El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de las diputadas y los diputados.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 332 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez (11:35 horas): Se abre la sesión.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobada el acta.
Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: De la Junta de Coordinación Política, respecto al informe final de la Comisión Especial para Conocer las Responsabilidades y Origen de la Tragedia de la Mina de Pasta de Conchos.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: De enterado. Comuníquese.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Comunicaciones de la Mesa Directiva. Dictámenes negativos de puntos de acuerdo publicados en la Gaceta Parlamentaria el 8 de octubre, de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, Defensa Nacional, y Salud.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio del Congreso del estado de Campeche.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se tiene por recibido. Intégrese en el expediente.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio del Congreso del estado de Michoacán.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se tiene por recibido. Intégrese en el expediente el oficio del Congreso del estado de Michoacán. Continúe.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio del Congreso del estado de San Luis Potosí.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se tiene por recibido. Intégrese en el expediente.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio del Congreso del estado de Veracruz.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se tiene por recibido. Intégrese en el expediente.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Del Congreso del estado de Querétaro. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en sesión ordinaria del pleno de la Legislatura, celebrada el 3 de octubre de 2007, se aprobó la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adiciona el artículo 134 y se deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo le remito el decreto que contiene el voto a favor, a efecto de realizar el cómputo correspondiente.
Sin otro particular, le reitero mi respeto institucional. Atentamente. LV Legislatura del estado de Querétaro. Mesa directiva. Diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia, presidente. Diputado José Guadalupe García Ramírez, primer secretario.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se tiene por recibido. Intégrese en el expediente.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Del Congreso del estado de Sonora, por el que remite acuerdo de la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se tiene por recibido. Intégrese en el expediente.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Del Congreso del estado de Guanajuato, por el que remite acuerdo tomado en sesión ordinaria por el que se aprueba la minuta proyecto de decreto que reformar los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se tiene por recibido. Intégrese en el expediente.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Oficio del Instituto Veracruzano de las Mujeres con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a la comisión correspondiente, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Oficio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a la Comisión correspondiente, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Dirección General de Petróleos Mexicanos. Oficio de la Dirección General de Petróleos Mexicanos con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a la comisión correspondiente para su conocimiento.
Esta Presidencia informa de la visita de alumnos y alumnas de la preparatoria Colegio Alejandro Guillot, de la Delegación Tlalpan, en el Distrito Federal. Les damos una cordial bienvenida.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Junta de Coordinación Política. Acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere, en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, una partida presupuestal para asignar al Fideicomiso de los Fondos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la reasignación de recursos para el fideicomiso 2106 en este año fiscal.
En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobado. Comuníquese.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: De la Junta de Coordinación Política. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a vigilar, en el marco de sus competencias, el procedimiento de compra-venta de Aeroméxico.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la…
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Jacinto Gómez Pasillas, ¿con qué objeto? Le dan sonido a su curul, por favor.
El diputado Jacinto Gómez Pasillas (desde su curul): Solamente con el permiso de la asamblea, para solicitar que se insertara como anexo el cuerpo completo de la proposición con punto de acuerdo que es materia de la comunicación de la Junta. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con mucho gusto, diputado. Se inserta en el Diario de los Debates el documento anexo.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Junta de Coordinación Política. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de la Comisión Especial de Reforma del Estado de la LX Legislatura.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34 numeral 1, inciso c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente proyecto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. Que en sesión del día 13 de febrero del 2007, el pleno aprobó la integración de la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la LX Legislatura.
Segunda. Que para la integración la Junta de Coordinación Política consideró la pluralidad partidista representada en la Cámara y formuló las propuestas procurando incorporar en la comisión a diputados de todos los grupos parlamentarios.
Tercera. Que derivado de lo anterior, la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la LX Legislatura quedó integrada por 18 diputados, de la siguiente manera: seis diputados del Partido Acción Nacional, cuatro diputados del Partido de la Revolución Democrática, tres diputados del Partido Revolucionario Institucional, un diputado del Partido Verde Ecologista de México, un diputado del Partido de Convergencia, un diputado del Partido del Trabajo, un diputado del Partido Nueva Alianza y un diputado del Partido de Alternativa.
Cuarta. Que en este órgano de gobierno en el ánimo de contribuir al atinado y eficiente trabajo de los órganos legislativos consideró pertinente modificar la proporción de la integración de la Comisión, por lo que con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en los artículos 33, 34 numeral 1, inciso c), y 42, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la LX Legislatura.
Acuerdo
Primero. Se modifica la proporcionalidad de la integración de la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la LX Legislatura, hasta por 25 miembros, de la siguiente manera: nueve diputados del Partido Acción Nacional, seis diputados de Partido de la Revolución Democrática, cinco diputados del Partido Revolucionario Institucional, un diputado del Partido Verde Ecologista de México, un diputado del Partido de Convergencia, un diputado del Partido del Trabajo, un diputado del Partido Nueva Alianza y un diputado del Partido de Alternativa.
Transitorio
Único. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.
Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.
Palacio Legislativo, México, Distrito Federal a 24 de septiembre de 2007.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese.
Queremos agradecer y destacar la presencia en este salón de sesiones, de una delegación de legisladores del Parlamento de la República Checa, quienes son encabezados por el diputado Oldrich Vojir, Presidente de la Comisión de Economía de ese Parlamento, y a los que acompaña el excelentísimo señor Vladimir Eisenbruk, Embajador de la República Checa en nuestro país. Les damos la más cordial bienvenida y les deseamos que su estancia en nuestro país sea ampliamente fructífera. Enhorabuena y muchas gracias por su visita.
Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Comisión Nacional del Agua, con el que remite el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2007, de los recursos devueltos a los diversos municipios y prestadores de servicio de agua potable y saneamiento, inmersos en este programa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes del comercio exterior en el mes de agosto de 2007.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Doce oficios de la Cámara de Senadores con los que remite puntos de acuerdo relativos al Presupuesto de Egresos de 2008, presentados por diversos senadores de los grupos parlamentarios que integran esta LX Legislatura.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Tres oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Erick Alejandro Peña González, Jesús Ernesto Méndez Guadarrama, Juan de Dios Rodríguez Castro, Rafael Méndez Guadarrama, Agustín Torres Cortés, Iraís Martínez Esparza, Sergio Aarón Padrón Segovia, Maria Isabel López Carrillo, Erika Adriana Hernández Gómez y Sandra Leticia Agustín Quiroz, para que puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros, asimismo informa que la ciudadana Irma Ayala Castillo ha dejado de prestar servicios a gobierno extranjero.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Las solicitudes de permiso, túrnense a la Comisión de Gobernación.
Por lo que se refiere a la ciudadana que deja de prestar servicios, remítase a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para su conocimiento.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: De la Secretaría de Gobernación con el que remite el quinto informe de labores de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, correspondiente al periodo enero-diciembre de 2006.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado. Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
Iniciativas. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Yolanda Rodríguez Ramírez, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por la ponente y el diputado Luis Enrique Benitez Ojeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Yolanda Rodríguez Ramírez: Con su venia señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hago uso de esta tribuna a nombre del diputado Enrique Benitez y del mío propio, como autores de esta iniciativa con proyecto de decreto por el que solicitamos se adicione en el Libro Primero, Título Tercero, un capítulo IV denominado "De las Candidaturas Independientes", en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Sin la participación en el ejercicio de los derechos ciudadanos, no es posible tener una democracia plena. Mientras sigamos coartando los derechos de los ciudadanos y se dé voz real y participación a la ciudadanía.
Si no trabajamos en lo que realmente le preocupa a la gente, México no tendrá crecimiento, no tendrá un verdadero crecimiento como nación y no le daremos entrada a una verdadera reforma del Estado.
La participación de los ciudadanos en la política del país es una realidad, en países como Argentina, Colombia y El Salvador. En estas sociedades el régimen de partidos continúa vigente y no podemos permanecer alejados de esta realidad en nuestra sociedad.
En los últimos 15 años, en México se ha hecho constante revisión de diversas prácticas políticas impulsadas por la sociedad civil organizada y de los canales institucionales establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de los cuales se llevan a cabo estas prácticas.
Asimismo, los diferentes procesos de reforma del Estado han buscado, entre otras transformaciones, construir una regulación cada vez más congruente y adecuada con las nuevas circunstancias que a lo largo de los períodos comiciales se han venido suscitando en el terreno práctico.
Lo anterior, en virtud de que se ha estado trabajando en la legislación en materia electoral y en el perfeccionamiento de todas sus reglas aplicables a todos los actores directos e indirectos, antes y durante la contienda electoral. Y se han seguido cuidadosamente las actividades que los partidos políticos nacionales llevan a cabo durante los períodos no electorales.
En esta redefinición de las reglas electorales, dentro del marco de la reforma del Estado, una de las demandas que han marcado la mayor inquietud en la ciudadanía es el reconocimiento jurídico de las denominadas candidaturas independientes.
El fortalecimiento de los derechos ciudadanos es de mayor relevancia y deben ser objeto de reconocimiento en la ley; lo que constituye un paso más para la consecución de acuerdos nacionales hacia la gobernabilidad y una mejor democracia.
Para esto estamos planteando la posibilidad de que se reforme el artículo 22 y se incluya la participación de candidatos independientes a los cargos de elección popular para presidente de la república y fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa.
Para la procedencia de este registro en el caso de las diputaciones estamos proponiendo que debe presentarse una relación que contenga cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente a 15 por ciento del padrón electoral correspondiente al distrito en cuestión.
En el caso de la Presidencia de la República estamos planteando que se presente una relación que contenga cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente a 2 por ciento del padrón electoral correspondiente a todo el país, con corte al 31 de diciembre del año previo a la elección.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la democracia es un proceso, no un acto aislado. Para que no languidezca se requiere de un trabajo arduo que implique la construcción de nuevas figuras que protejan y garanticen el correcto ejercicio de los derechos de la ciudadanía y generen los espacios para propiciar el debate de las ideas, por lo que solicito su voto aprobatorio a la misma, así como la inserción de su texto íntegro en el Diario de los Debates. Gracias por su atención. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Rodríguez Ramírez. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Esta Presidencia informa de la visita de alumnas y alumnos de la Universidad para el Desarrollo Empresarial y Pedagógico, del Distrito Federal. Les damos la más cordial bienvenida.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que abroga la ley que determina que respecto de los impuestos de importación y exportación sólo son procedentes las exenciones consignadas en la Ley Aduanal.
El diputado Carlos Alberto García González: Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Carlos Alberto García González: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. El que suscribe, diputado Carlos Alberto García González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, 56 y 62, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa por la cual se abroga la ley que determina que respecto de los impuestos de importación y exportación sólo son procedentes las exenciones consignadas en la Ley Aduanal al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
La ley que determina que respecto de los impuestos de importación y exportación sólo son procedentes las exenciones consignadas en la Ley Aduanal que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1952, sin que hasta el momento haya sido reformada, adicionada o derogada.
El objetivo de esta ley fue mantener de ciertas leyes lo referente a las disposiciones en materia fiscal, con relación al comercio exterior, en donde el Ejecutivo trató con miras a salvaguardar la hacienda pública, brindar herramientas para un control más estricto sobre los fiscales entonces existentes en materia de intercambio comercial.
Esta situación provocó que se presentaran diversas controversias entre el gobierno y los particulares, con consecuencias desfavorables para el erario y para la planta productiva del país. El gobierno dejó de captar impuestos y miles de mercancías entraron al país sin pagar ningún tipo de arancel.
Ahora la situación es diferente, nuestro marco normativo para el comercio exterior se suscribe básicamente en la Ley Aduanera, la Ley de Comercio Exterior, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, La Ley Federal de Derechos y la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
Bajo este contexto, actualmente la Ley Aduanera, en su artículo 61, indica con precisión cuáles son las mercancías que no causarán impuestos al comercio exterior, por ejemplo: las donaciones, la materia prima para la emisión de monedas y billetes, el equipaje de pasajeros, entre otros.
La tarifa hace las exenciones aplicables para aquellas mercancías que de acuerdo con la política comercial del país son susceptibles de no pagar este tipo de impuestos, que en general es a todas las exportaciones, además de las mercancías que fueron negociadas en los diferentes tratados comerciales internacionales.
Aunado a lo anterior, año con año se realiza una actualización del marco que regula las operaciones de comercio exterior a través de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, en las que se mencionan los derechos que se pagan y que, desde luego, pueden incluir varios sectores productivos.
En consecuencia, la legislación en materia de comercio exterior ha abrogado tácitamente la ley en comento, entendido esto como que las nuevas disposiciones han suplido a las viejas, pero sin indicar que formalmente fueron revocadas.
Sin embargo, la abrogación de esta ley debe ser de manera expresa. Este acto de dejar sin efecto una ley o los preceptos legales contenidos en ella sólo puede emanar del Congreso de la Unión, ya que fue la autoridad que legalmente le dio origen.
Por lo anteriormente expuesto es que someto ante la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto en los siguientes términos.
Artículo único. Se abroga la ley que determina que respecto de los impuestos de importación y exportación, sólo son procedentes las exenciones consignadas en la Ley Aduanal.
Transitorio
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por último, solicito que la presente iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, así como que sea turnada conjuntamente a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado García González. Túrnese a la Comisión de Economía, y las que pidió el propio diputado e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Se concede el uso de la tribuna al diputado José Murat, para presentar iniciativa que reforma los artículos 1, 4 y 5 de la Ley de Planeación, suscrita por el propio diputado y el diputado José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado José Murat: Señoras y señores diputados. Señor Presidente, para hacer corta esta intervención le solicito que se inserte en el Diario de los Debates completa. Y en esa función haré algunos comentarios rápidamente.
Es necesario garantizar que el Plan Nacional de Desarrollo responda efectivamente a las demandas sociales. Es evidente y claro que el legítimo titular de la representación social y de sus demandas es el Congreso de la Unión. Sólo, en consecuencia, con la revisión efectiva que haga el Poder Legislativo federal se podrá verificar que el Plan Nacional de Desarrollo realmente responda a las necesidades del pueblo y si las comprende todas y si las prioridades que en él se establecen son las que el pueblo mexicano señala.
Por eso consideramos que es necesario modificar el marco legal para que el Congreso de la Unión, no sólo intervenga en el examen y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, sino que posteriormente pueda vigilar su cumplimiento.
En consecuencia, de conformidad con la propuesta que hacemos de reforma a la Ley de Planeación, nos permitimos presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto mediante el cual se propone reformar los artículos 1, fracción IV, 4 y 5 de la Ley de Planeación.
Decreto por el que se reforman los artículos 1, fracción IV, 4 y 5 de la Ley de Planeación.
Artículo único. Se reforma la fracción IV del artículo 1 y los artículos 4 y 5 de la Ley de Planeación, para quedar de la siguiente forma.
Artículo 1, fracción IV. Las bases para promover y garantizar la participación de la Cámara de Diputados en la elaboración y autorización del Plan Nacional de Desarrollo, así como la participación democrática en los programas a que se refiere esta ley, de los diversos grupos sociales y los pueblos y comunidades indígenas a través de sus representantes y autoridades.
Artículo 4. Es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 5. El Ejecutivo Federal, al tomar posesión como presidente de la república remitirá el proyecto del Plan a la Cámara de Diputados dentro de los primeros nueve meses de su administración, para su examen, modificación y, en su caso, aprobación, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. La Cámara de Diputados después de recibir el plan deberá aprobarlo antes del 15 de diciembre del mismo año en que lo recibió.
Los transitorios.
Firman el señor diputado José Rosas Aispuro y su servidor, José Murat. Por su atención, le agradezco señor Presidente y le solicito, en consecuencia, que se inserte completo en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado José Murat.
Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Esta Presidencia informa que contamos con la presencia de alumnas y alumnos de la preparatoria José María Morelos y Pavón, de la delegación Tláhuac, en el Distrito Federal. Les damos una cordial bienvenida.
Esta Presidencia rectifica e informa que la iniciativa del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN, se turna a Comisiones Unidas de Economía, de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Se concede el uso de la tribuna al diputado David Figueroa Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
El diputado David Figueroa Ortega: Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores. Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado David Figueroa Ortega: El que suscribe, diputado David Figueroa, presenta iniciativa de ley que reforma la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
La problemática que actualmente se tiene es la siguiente. Debido a que el contrato de adhesión es un contrato innegociable, esto trae como consecuencia dos dudas muy importantes acerca del consentimiento. El consumidor no tiene capacidad de negarse a firmar las condiciones dado que no tiene otra opción para conseguir este tipo de servicio. El cliente elige el servicio, pero es muy poco habitual que realmente entre a valorar las cláusulas del contrato que está firmando.
En muchas ocasiones las cláusulas se encuentran redactadas de forma oscura y entre otras, ni siquiera están a su disposición en el momento de la firma. Por último, muchos usuarios omiten su lectura a sabiendas de que no cabe ninguna negociación.
Con la finalidad de entender con una mayor amplitud el contrato bancario o financiero se requiere conocer las características del contrato de adhesión. Por tal motivo propongo lo siguiente.
Ante este tipo de problemática del contrato se propone que las entidades financieras, así como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) informe al público usuario que cualquier persona que desee realizar algún contrato dentro del sistema financiero mexicano tendrá el derecho de conocer el contrato de adhesión por anticipado, solicitándolo mediante escrito a la institución o mediante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros.
Esto tiene como principal finalidad dar la oportunidad al cliente de revisar y analizar, en el tiempo suficiente, el contrato de adhesión para que en su caso, sea aceptado, modificado o rechazado por el mismo.
Aunado a lo anterior, también propongo especificar lo siguiente:
Que el contrato de adhesión que se realice con alguna institución financiera dentro del sistema financiero mexicano se entregará al interesado de manera anticipada mediante solicitud expresa antes de la formalización y/o firma del contrato respectivo, con la finalidad de que conozca las cláusulas del mismo, así como sus alcances y sus consecuencias jurídicas.
En caso de que la entidad financiera haga caso omiso de lo anterior será responsabilidad de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros aceptar la queja, darle seguimiento, así como proporcionar información al interesado.
En obvio de tiempo, Presidente, le solicito que esta iniciativa sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Figueroa. Insértese íntegro el texto de la presente en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se concede ahora el uso de la tribuna a la diputada Marcela Cuen Garibi, para presentar iniciativa que reforma los artículos 73 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la propia diputada y el diputado Arturo Flores Grande, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Marcela Cuen Garibi: Buenos días. Con su venia, señor Presidente. Los suscritos diputados federales, Marcela Cuen Garibi y Arturo Flores Grande, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración de este honorable Congreso la presente iniciativa con proyecto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción XXI del artículo 73, así como el inciso h) de la fracción V, base primera, apartado C del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer un sistema de codificación penal único.
Por economía de tiempo, solicito se inserte de manera íntegra la iniciativa y la presentamos bajo los siguientes motivos.
Uno de los grandes problemas que ha venido enfrentando el sistema de coordinación existente en la actualidad, en materia de seguridad pública, ha sido la falta de una política criminal coherente, unificada y debidamente estructurada entre los distintos órdenes de gobierno.
Al respecto, es preciso señalar que el actual diseño constitucional prescribe la posibilidad de que cada entidad federativa y la federación puedan establecer sus propias disposiciones penales tanto sustantivas como adjetivas respecto de determinados delitos.
En efecto, es una interpretación actual del artículo 73, fracción XXI, con relación al artículo 124 constitucional, la facultad legislativa en materia penal por parte del Congreso de la Unión se constriñe únicamente al establecimiento de delitos y sus correspondientes sanciones, respecto de actos que impliquen una afectación directa a la federación, por lo que a contrario sensu y tomando en consideración lo previsto por el artículo 124, que establece que las facultades que nos encuentren expresamente previstas en la Constitución a funcionarios federales, se entienden conferidas a los estados.
Todas las demás conductas que desde el ámbito penal que no impliquen una afectación directa de la federación pertenecen, en cuanto a su facultad legislativa, a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Ello ha traído consigo la existencia de 33 criterios legislativos diversos, inclusive, discordantes en cuanto a sus postulados básicos, al existir 31 congresos locales que legislan en materia sustantiva y adjetiva penal, una asamblea legislativa del Distrito Federal que realiza lo propio para el Distrito Federal y el Congreso de la Unión que es facultado de expedir disposiciones sustantivas y adjetivas penales para regular las conductas y sanciones que implican una afectación directa de la federación.
Esta notable dispersión normativa, en materia penal, ha originado que hoy en día existan más de 100 cuerpos normativos penales federales, estatales y del Distrito Federal que prevén disposiciones penales tanto sustantivas como adjetivas, ello sin considerar las leyes especiales tanto del fuero federal como del fuero común, que prevén delitos especiales, situación que viene a aumentar más esta considerable cifra.
Si bien es cierto, se ha tratado de solucionar esta dispersión penal legislativa a través de reformas constitucionales que vengan a orientar, a poner límites a la facultad legislativa del legislador tanto federal como estatal, lo cierto es que en materia penal sustantiva y adjetiva no podemos abusar de dicha situación, pues prácticamente si lo que se quisiera fuera el homologar criterios legislativos a través de la Ley Fundamental, la Constitución se convertiría prácticamente en un código sustantivo y procesa penal, lo cual resulta poco imaginable, deseable y creíble.
Por ello es que se estima que una solución viable a esta problemática real, que ha venido presentando el actual diseño legislativo, es transitar hacia un sistema de codificación penal único para todo el país, en donde sea una sola instancia legislativa, el Congreso de la Unión, la encargada de establecer las disposiciones legales tanto sustantivas como adjetivas, que sean observables por todas las autoridades del país, respetando en todo momento los distintos ámbitos de competencia en cuanto a su implementación, así como respecto de la conformación orgánica a nivel legal, de los órganos de prevención, procuración y administración de justicia de las entidades federativas.
En apoyo de esta concepción existen diversas opiniones de especialistas en la materia que se inclinan por la propuesta, tal es el caso del maestro Ricardo Franco Guzmán, quien señala que durante el siglo XX tuvimos un verdadero mosaico de códigos penales y procedimientos penales en toda la República.
No ha habido uniformidad ni unidad ni concierto en todos ellos. Estamos en completo caos, proponiendo al efecto que urge plantear la posibilidad de redactar un código penal y un código de procedimientos penales, ambos de aplicación en todo el territorio de la República Mexicana, tanto del fuero común como en el fuero federal.
De esta forma, existe una corriente importante de especialistas en la materia que se pronuncian por transitar hacia un sistema de codificación penal única para toda la república, propuesta que inclusive fue presentada en la iniciativa de reforma constitucional al sistema de seguridad pública y justicia, planteada por el Ejecutivo federal en el mes de marzo de 2007, en donde se propone, entre otros aspectos, facultar a través de una reforma constitucional al Congreso de la Unión, para expedir un Código Penal, un Código de Procedimientos y una Ley de Ejecución de sentencias únicos aplicables en toda la República que deberán implementar la Federación y los estados y el Distrito Federal, determinando al efecto la competencia que corresponde a cada uno de ellos.
De igual forma han existido en pasadas legislaturas algunos proyectos legislativos encaminados a tal objeto como el presentado por el Partido de Convergencia en la Cámara de Diputados el 4 de noviembre de 2003.
En este sentido, la presente iniciativa tiene como objeto tomando en consideración los antecedentes legislativos existentes. Al efecto, venir a abandonar el proceso de discusión y enriquecimiento de esta importante propuesta legislativa enmarcada en el perfeccionamiento del sistema de justicia penal.
Es obvio que el tiempo se me ha terminado y que la iniciativa es muy larga y muy profunda. A mí me gustaría que todas las fracciones parlamentarias la analizaran y pudieran sumarse a esta propuesta. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias diputada Cuen Garibi. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Gerardo Priego Tapia, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma al artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El diputado Gerardo Priego Tapia: Buenas tardes.
En México hoy discriminamos por todo. En México discriminamos por el color, discriminamos por la estatura, discriminamos por el peso, discriminamos por la edad, por supuesto por el género, por el origen étnico también, por las preferencias sexuales, por la religión, en fin.
Nueve de cada diez personas hoy en México reconocemos algún tipo de discriminación y la brutalidad de ella. La discriminación pues tiene que ver con la exclusión, tiene que ver con la marginación, tiene que ver inclusive con la pobreza en nuestro país.
Un país con 45 millones de personas en pobreza, donde casi 12 millones de indígenas están dentro de ella y en los peores grados de pobreza tiene que preguntarse hoy cuál ha sido el valor de este factor dentro de esa brutal pobreza.
Todavía hoy en México, de una manera grotesca, hay quienes ven el decirles indio, como uno de los peores insultos que pudiera haber, cuando es precisamente algo que dignifica lo que hoy somos, como personas y como país.
"La justicia social es flor de convivencia human: ordenada y libre, segura y suficiente, fraternalmente solidaria. Es la tranquila convivencia en el orden". Nos decía Manuel Gómez Morín, en 1944.
En el PAN, hoy, en el Partido Acción Nacional estamos muy preocupados por esos miles y millones de personas en el país que parecieran no ser parte de México, que parecieran no existir.
Hoy quiero hablarles de la comunidad negra en México. Hay millones de mexicanos, miles de mexicanos en las regiones que ni siquiera saben que en México hay una comunidad negra de casi un millón de personas.
Hoy en los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Quintana Roo y una parte de Coahuila, la que está encabezada regionalmente por Múzquiz, hay una comunidad afrodescendiente que tiene 500 años trabajando en la comunidad mexicana y mezclándose con estas culturas propias, originales mexicanas.
Lo que estoy proponiendo hoy, como parte del Partido Acción Nacional, es el reconocimiento a esa comunidad que hoy es la de mayor exclusión en el país, tanto que ni siquiera está reconocida.
Hoy lo que proponemos es que se haga realidad lo que dice nuestra Constitución. Ese país, esa nación multiétnica y pluricultural que hoy, repito, desconoce a esta población con todo y sus características.
Hoy para poder generar políticas públicas incluyentes tenemos precisamente que hacer el reconocimiento de esas comunidades que integran nuestro país.
Hoy la comunidad afrodescendiente en México no puede estar considerada por las políticas públicas, precisamente, porque no se le reconoce.
Por lo anterior, puedo afirmar que el gobierno del presidente Calderón está impulsando políticas sociales que nos permitan erradicar la discriminación en México y mejorar el futuro de todos los grupos que integramos esta maravillosa nación.
Y es por eso, entonces, que someto a consideración de ustedes el decreto por el que se adiciona el último párrafo, del artículo 2, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los siguientes términos.
Que se adicione un último párrafo del artículo 2, para quedar como sigue:
Lo establecido en el presente artículo será aplicable en lo que corresponda a las comunidades de población afrodescendiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas.
Se pide a la Secretaria instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján. ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 428 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social.
La diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El aborto provocado y su eventual liberalización legal es un problema grave toda vez que se trata de la vida humana, valor primordial que es necesario proteger y promover.
La presente iniciativa con proyecto de decreto se fundamenta en la premisa que considera la existencia de vida humana desde el momento mismo de la unión de un óvulo con un espermatozoide.
Desde ese momento, desde la concepción, queda inaugurada una nueva vida humana que no es la del padre ni la de la madre. Desde ese instante está científicamente comprobado que tenemos un ser con un código genético determinado, en el que ya están marcados los caracteres más individuales del ser humano. Por tanto, lo que hay en el seno materno es una persona humana que tiene derecho a la vida.
En este sentido, desde este primer instante, la vida del nuevo ser merece respeto y protección tanto por la legislación positiva como por el Estado, porque el desarrollo humano es un continuo en el que no hay saltos cuantitativos, sino la progresiva realización de ese destino personal.
Así lo reconocen diversos tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por el Ejecutivo, de acuerdo con la Constitución y aprobados por el Senado mexicano, como la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Americana de los Derechos del Hombre y la Declaración Universal del Genoma Humano, donde se reconoce el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción.
Al concebido no nacido se le considera niño para los efectos del tratado, así como el derecho a la atención prenatal que debe recibir toda mujer, como el niño por nacer también.
Los abortos clandestinos son una realidad innegable, frente a ello algunos argumentan que la despenalización del aborto ayudaría a reducir el número de muertes por abortos clandestinos. Sin embargo, la experiencia de otros países nos advierte todo lo contrario.
La legalización del aborto lo convierte en un método que parece moralmente aceptable y por tanto, como opción posible que no es igualmente considerada ahí, donde no es legal. Ante esto es preciso señalar que, incluso en los países con legislaciones permisivas, el aborto clandestino sigue existiendo.
Además, el aborto supone un riesgo, para la salud de la mujer, significativamente mayor que el embarazo y el parto. Toda intervención quirúrgica por sencilla que sea y por segura que parezca tiene sus riesgos. La palabra seguridad se vuelve inadecuada para estas situaciones.
Si bien es cierto que las complicaciones y la mortalidad materna por prácticas abortivas no son muy frecuentes, debemos aceptar que existen secuelas importantes derivadas de estas manipulaciones que pueden influir seriamente en el desarrollo de embarazos posteriores. En suma, ningún aborto es seguro para la mujer que aborta.
Es evidente, además de las consecuencias negativas para la salud física de la mujer por la decisión de poner fin a la vida que llevan dentro de si y también con frecuencia traumas sicológicos.
El estudio más serio que se ha realizado al respecto fue llevado a cabo en Finlandia por el Centro Nacional Finlandés de Investigación y Desarrollo para la Salud y Bienestar. Dicho estudio demostró que las mujeres que han abortado, en comparación con las que han dado a luz un hijo, su índice de mortalidad es 3.5 veces superior. El porcentaje de suicidios es siete veces mayor. Tiene cuatro veces más probabilidades de riesgo de morir a causa de un accidente. Frecuentemente sufren trastornos sicológicos incluidos en el denominado síndrome posaborto caracterizado por la depresión, la baja autoestima, sentimientos de culpabilidad, desesperación, mayor tendencia a abusar del alcohol y las drogas o automedicación con sustancias antidepresivas o estimulantes.
Es ilusorio pensar que el aborto pueda solucionar los problemas sin causar otras dificultades o riesgos. Uno de los argumentos típicos de quienes están a favor del aborto es que la mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que le parezca mejor.
Pero esto es una falsedad porque el feto no es parte de la madre, sino que está alojado en ella o mejor dicho, está implantado en ella y tiene vida propia que nadie tiene el derecho a quitar, ni siquiera por una anormalidad o malformación en la criatura. Porque esto sería tanto como decir que el que es anormal o ha sufrido un accidente o una enfermedad o vejez, no debe de vivir.
En este orden de ideas debemos insistir que el ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante mismo de su concepción y por eso, a partir de este momento se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable que todo ser tiene a la vida.
Es tiempo que apoyemos con mayor decisión la maternidad, para que las mujeres que deseen dar a luz a sus niños encuentren el respaldo necesario para hacerlo. Estar a favor de la vida desde el momento mismo de la concepción no significa cerrar los ojos ante la terrible realidad de los abortos clandestinos, ni de la muerte materna por esta causa.
La presente iniciativa de ley pretende abrir un espacio de acción por parte del Estado a favor de la vida humana por nacer. Se trata de incluir una fracción XIII en el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social a efecto de influir, dentro de los servicios básicos de salud en materia de asistencia social, el apoyo a mujeres en período de gestación que enfrenten dificultades, con el fin de disminuir las prácticas abortivas y por ende el índice de muerte materna por abortos clandestinos.
Es sabido que el sistema DIF es una institución que actualmente brinda servicios y apoyos esenciales para las familias mexicanas de los grupos más vulnerables de la sociedad, entre los cuales se pueden contar las mujeres embarazadas que atraviesan problemas de cualquier índole.
En esta etapa de vulnerabilidad para la mujer, el consejo positivo, la orientación y el apoyo se vuelven fundamentales para afrontar los problemas y prevenir futuras complicaciones, tanto de salud como sicológicas.
La orientación y el apoyo a las mujeres embarazadas que así lo soliciten, por parte del personal especializado del DIF y de otras instituciones de asistencia social, podrán prevenir la muerte no sólo de niños que están por nacer, sino también de la madre y con ello abonar a la solución de un enorme y complejo problema social.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Artículo único. Se adiciona una fracción XIII al artículo 12 de la Ley de Asistencia Social y se recorre el numeral de la fracción subsecuente, para quedar como sigue:
Artículo 12…
XIII. Brindar servicios de orientación y apoyo a mujeres en período de gestación para la prevención del aborto, poniendo especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social. Sí, diputada Martha Tagle. Sonido a su curul, por favor.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (desde su curul): Diputado Presidente. Para solicitarle que también dé turno con opinión de la Comisión de Equidad y Género.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Con todo gusto, diputada. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Equidad y Género.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma los artículos 32 y 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su venia, señor Presidente. La obesidad y el sobrepeso en México se han convertido en un asunto de salud pública.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2006 señala que, en promedio cuatro de cada 10 niñas o niños, de cinco a 11 años de edad, tienen sobrepeso o son obesos. Los adolescentes entre 12 y 19 años de edad observan sobrepeso u obesidad en tres de cada 10. De continuar con esta tendencia, tendremos que para el año 2010 cinco de cada 10 niños y adolescentes van a padecer sobrepeso u obesidad.
De los hombres y mujeres de entre 20 y 59 años, siete de cada 10 adultos tienen problemas de sobrepeso u obesidad y, finalmente, en el caso de los adultos mayores de entre 60 años o más, su peso de propensión a la obesidad y al sobrepeso rebasa 70 por ciento.
Si relacionamos estos números con las proyecciones de población 2007 del Conapo, tenemos que al finalizar este año prácticamente 57 millones de mexicanos de ambos sexos y de todas las edades tendrán problemas de sobrepeso u obesidad. Esto representa el 54 por ciento de los 105 millones 790 mexicanos que seremos para el final de este año.
México, de acuerdo con la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, se encuentra en segundo lugar de sobrepeso y obesidad, sólo detrás de los Estados Unidos.
Diversos estudios científicos han comprobado que el sobrepeso y obesidad contribuyen, entre otras causas, a incrementar la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, diabetes, alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial e inadaptación psicosocial, entre las más importantes.
En este orden de ideas, se considera que una de las causas más importantes se encuentra en la ingesta excesiva de los alimentos chatarra y la influencia que tiene la publicidad principalmente en niños y jóvenes.
De un sonde propio de un canal infantil de televisión realizado el 28 de abril de 2007, las niñas y los niños mexicanos estuvieron expuestos a un bombardeo televisivo de 35 anuncios de comida chatarra por hora. Estudios especializados en publicidad infantil han concluido que un niño promedio está expuesto a cuatro horas diarias de televisión, cuando menos.
Si este comportamiento mediático es así, tenemos que los niños ven 140 anuncios diarios de producto chatarra. Casi mil anuncios a la semana y 4 mil al mes. Al año, los niños están expuestos a poco más de 47 mil anuncios de alimentos chatarra, que incitan a comprarlos y a consumirlos.
Por tanto, es necesario restringir la publicidad en medios electrónicos, de alimentos con un alto valor calórico que afectan a nuestros niños y jóvenes mexicanos.
Por tal razón, la presente iniciativa adiciona un párrafo tercero al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y retoma la propuesta original del Senado de la República, aprobada el 27 de abril de 2006, con el propósito de reafirmar la convicción legislativa que tuvo a bien presentar el senador panista José Antonio Haghenbeck, en la pasada legislatura.
Legisladoras y legisladores, acudo a su sensibilidad para que vayamos juntos en esta iniciativa necesaria para la salud pública de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito solicitarle, señor Presidente, se turne la presente iniciativa a la Comisión de Economía de esta Cámara de Diputados y se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates de esta honorable asamblea.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Sánchez Camacho. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Economía.
Esta Presidencia corrige el turno de la pasada iniciativa presentada por la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con opinión de la Comisión de Equidad y Género.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Augusto Bracho González, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.
El diputado Carlos Augusto Bracho González: Con el permiso de la Presidencia, muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Carlos Augusto Bracho González: Gracias. El objetivo de la presente iniciativa, que es una adhesión y una reforma a la Ley de Vivienda, tiene su raíz —y creo que muchos de los que estamos aquí cuando anduvimos recorriendo los distritos— porque una de las principales demandas de muchos ciudadanos y ciudadanas fue el limitante acceso a una vivienda, por el hecho de su marginación, de su vulnerabilidad y de su pobreza.
Por tanto, el objetivo de esta iniciativa, trataré de ser breve, es garantizar la no discriminación en el caso al crédito y los subsidios de vivienda para la población que se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
Tal parece que las personas con menos recursos que no tienen un estatus social están limitadas del derecho de alcanzar una vida digna y decorosa y que se les restringen de todas las oportunidades a que un ser humano aspira y tiene derecho, como es el caso a la obtención de un crédito personal para la adquisición de vivienda y apoyo con subsidios para que estas personas puedan obtener un patrimonio.
No debemos perder de vista que existen personas capaces de desarrollar cualquier actividad que se les encomiende, de una manera eficaz y responsable, que cuenten con la destreza, la pericia, la experiencia, la habilidad y el compromiso para seguir desarrollándose; personas que pueden ser responsables de garantizar la recuperación de los créditos que se les otorguen, como el de la vivienda, sin que esto cause un impacto negativo en la salud financiera de los organismos financieros del gobierno.
Si no hacemos esto vamos a ver los problemas que actualmente tenemos, como son los asentamientos humanos en lugares irregulares y peligrosos, poco favorables para el desarrollo físico y mental de cualquier persona.
La Ley de Vivienda nos señala que se aplicarán bajo los principios de equidad e inclusión social, de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional; el género, la edad, la discapacidad, condición social, económica; las condiciones de salud, religión, opiniones, alguna discapacidad, preferencias o estado civil, puede ejercer su derecho constitucional a la vivienda.
En los artículos que pretendemos reformar actualmente se establece sólo el término de pobreza, amparando a aquellas personas que se encuentren en dicha situación, pero cabe aclarar que el término de pobreza no necesariamente incluye a los marginados y a los vulnerables, por lo que es necesario incluir en la misma los términos de marginación y vulnerabilidad, atendiendo a los matices de las situaciones en que se encuentra nuestro pueblo y garantizar que estas personas también tengan oportunidades en la obtención de este patrimonio.
Es así que hacemos esta reforma y esta adición. En el caso particular del que habla, de los municipios del estado de Coahuila, que son Parras de la Fuente, Viesca, Matamoros y una gran parte de Torreón. Por lo tanto, la finalidad de esta iniciativa es que la asignación de créditos y subsidios otorgados, principalmente con recursos públicos, sea proporcionada sin discriminación y no sólo atendiendo al criterio de pobreza.
Solicito, si es tan amable, señor Presidente, sea insertada íntegramente la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto y muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Con gusto, diputado Bracho González. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Vivienda.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Damos el turno al diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 190 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón: Con el permiso de la Presidencia. En mi carácter de diputado federal de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55 fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 7 al artículo 190 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
En nuestro país, el proceso de transición a la democracia ha logrado avances significativos en las últimas dos décadas. La apertura a mejores condiciones de competencia a los puestos de elección popular, la transparencia en los procesos electorales, el mayor acceso a los medios de comunicación en la vida de los partidos políticos y la consolidación de las instituciones electorales son hechos que han permitido que nuestro Código Electoral esté en constante reforma y adaptándose a los nuevos tiempos.
Pero aun así, existen condiciones que propician vacíos en este marco jurídico. Tal es el caso del uso de la propaganda en las campañas electorales que si bien son de gran importancia para mostrar a la ciudadanía las diversas opciones políticas y propuestas de gobierno, también llevan consigo fuertes gastos económicos e impactos negativos desde el punto de vista ambiental.
En tiempos de campañas electorales, la forma más común que se utiliza para la publicidad e imagen de un determinado candidato a puestos de elección popular es por medio de pendones, pancartas, gallardetes, mantas, papeletas y demás propaganda impresa que es colocada en postes de alumbrado público, de energía eléctrica, de teléfonos, puentes peatonales e incluso sobre árboles y en lugares no permitidos como señalizaciones de tránsito, generando con todo esto una fuente de contaminación tanto visual como ambiental.
Al cumplirse el tiempo de las elecciones genera toneladas de basura electoral que, posteriormente, es tarea de los municipios retirar dicha propaganda de la vía pública y en consecuencia la generación de gastos extraordinarios para las arcas municipales por concepto de recolección y manejo de dicha basura electoral, recursos públicos que pudieran ser utilizados para otros gastos más necesarios.
Por tal motivo, los candidatos y los partidos políticos no sólo deben de invertir en su promoción, sino también en retirar la propaganda cuando los tiempos electorales hayan concluido.
Es importante señalar que en materia de retiro de propaganda electoral, las autoridades comiciales de entidades federativas del país sí cuentan con disposiciones en la materia, ya sea en su normatividad comicial a través de reglamentos o por acuerdos que en el curso del proceso se aprueban.
Tal es el caso del Código Electoral del Distrito Federal, que establece en el artículo 148 Bis la obligación de retirar la propaganda electoral e incluso establece que el material que se utiliza para la elaboración de propaganda, debe ser de naturaleza biodegradable o bien de naturaleza reciclable.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente reforma al artículo 190, numeral 7.
La propaganda electoral utilizada durante las campañas electorales debe ser retirada por los partidos políticos, en un término no mayor a 30 días posteriores al día de la jornada electoral.
En caso de no hacerlo, el instituto solicitará el retiro de las mismas a las autoridades municipales o administrativas de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las cuales entregarán al consejo general un informe que contenga la cantidad total de propaganda electoral generada por el partido infractor y el costo de su retiro, mismo que será cubierto por el instituto una vez descontado de las prerrogativas del partido político infractor.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Deschamps. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma los artículos 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez: Con su permiso, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputada.
La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez: Compañeras y compañeros diputados. Vengo a este pleno a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XX del artículo 27 y adiciona la fracción XXIX, inciso ñ), del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con base en la siguiente
Exposición de motivos
El tema de desarrollo rural aplicable a la política pública se circunscribe en el proceso de mejora del nivel de bienestar de la población rural, que tiende a lograr la equidad social, y de la contribución que el medio rural hace de forma más general al bienestar de la población en su conjunto, ya sea urbana o rural, con su base de recursos naturales.
En tal sentido, el espacio rural involucra el conjunto de territorios cuya población desarrolla diversas actividades o se desempeña en distintos sectores, como la agricultura, la ganadería, industrias rurales, comercio, servicios, acuacultura, minería, extracción y conservación de los recursos naturales, entre otras, en donde se dan relaciones sociales y en las que interactúan una serie de instituciones públicas, sociales y privadas.
En consecuencia, el desarrollo rural trasciende el ámbito de lo agropecuario e incursiona hacia horizontes de lo urbano, no sólo como provisor de alimentos sino con otras variables como la oferta y cuidado de los recursos naturales, los espacios para esparcimiento, y los aportes y desarrollo de la cultura.
Para darle vialidad a las aspiraciones sociales en el medio rural se requieren instrumentos institucionales adecuados a partir de la instalación de las competencias concurrentes en el tema de desarrollo rural en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que hasta la fecha la única entidad que tiene facultades expresas en la Constitución para legislar en materia de desarrollo agropecuario y rural es el Distrito Federal, a pesar de los intentos de algunos congresos estatales que han incursionado en legislar débilmente sobre estos asuntos.
Las Cámaras del Congreso de la Unión nos encontramos analizando los distintos temas de la reforma del Estado, que se traducirán en adecuaciones tanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como al marco jurídico que emana de ella.
Uno de los temas centrales es el federalismo. Por décadas se ha asumido con poca criticidad el desfase que evidencian algunos de nuestros referentes jurídicos más importantes con relación a nuestra realidad social.
Después de años en los que se ha desarrollado la costumbre de creer que nuestro sistema federal es una realidad oficial, hoy se hacen palpables los efectos del centralismo efectivo de nuestra historia cada vez más cohesionado, propiciando una reivindicación de las entidades federativas en la formulación de sus mecanismos para el desarrollo.
Es necesario, entonces, discutir sobre la solución que debe darse a la ambigüedad constitucional que mantiene en una misma línea de validez formal a las disposiciones que sostiene un federalismo de tipo clásico, con otras que sustentan al federalismo de tipo cooperativo.
Al respecto, destaca la adopción en ciertas materias de las llamadas leyes generales o leyes marco, a partir de las cuales se autoriza la distribución de competencias, por parte del legislador, entre los distintos órdenes de gobierno; tarea que antes estuvo reservada de manera exclusiva de la federación, tal ha sido el caso de las materias de educación, salud, asentamientos humanos, medio ambiente, pesca, turismo, deportes, entre otras.
Al hablar del marco de concurrencias de tipo legislativo, se trata de aquellas que derivan de la atribución combinada, segmentaria y hasta compartida que efectúa el Constituyente a favor de los distintos órdenes de gobierno en relación con una materia competencial específica, a través de la distribución que se establece en una ley del Congreso llamada "Ley General".
Como es de su conocimiento, la actual Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se fundamenta en una disposición constitucional de carácter federal, conforme a lo que dispone la fracción XX del artículo 27 y define la política agropecuaria y de desarrollo rural, a la cual los gobiernos estatales deben ajustarse en los instrumentos que la autoridad federal les establece, muy a pesar de la existencia del Programa Especial Concurrente, por el cual se hacen las mezclas de recursos para atender los problemas del campo.
Compañeras diputadas y compañeros diputados: para lograr una auténtica federalización y descentralización hacia cómo el enriquecimiento de las garantías sociales en el tema rural, debe traducirse un mandato constitucional mediante el cual puedan existir competencias concurrentes entre los distintos órdenes de gobierno que permite, incluso, transformar la actual Ley Rural por una ley general que establezca el marco de actuación de los gobiernos estatales y municipales para tener mayor injerencia sobre el tema de las actividades y el desarrollo rural.
Con esta iniciativa le estaríamos devolviendo a los estados una de las funciones centrales que permitan el desarrollo estatal a partir de la instauración de políticas que atiendan a las necesidades de la población local, ya que sus necesidades son distintas en las 32 entidades que conforman nuestra República Mexicana.
En tal sentido me permito proponer, ante este pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción XX del artículo 27 y se adiciona la fracción XXIX, inciso ñ) al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es cuando, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada Rosa Elva Soriano. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia informa que contamos con la presencia de alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bienvenidas, bienvenidos.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El diputado Carlos Ernesto Navarro López: Gracias, Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Carlos Ernesto Navarro López: Acudo a esta tribuna para hacer una propuesta de una iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para garantizar que las propuestas de las organizaciones de productores puedan ser incorporadas al Programa Especial Concurrente.
La motivación de la presente iniciativa se deriva de considerar la importancia que reviste para la nación en general y el desarrollo rural sustentable en particular, el papel de las organizaciones de productores organizados del sector social y privado que se define en el propio texto constitucional y en las leyes secundarias en la materia.
En el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece, en su primer párrafo, que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía alimentaria y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, de una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución.
De acuerdo con este mandato constitucional: "el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de las libertades que otorga la propia Constitución".
Es en este párrafo en el cual se ubica la importancia de las organizaciones de productores del sector social y privado.
De manera complementaria, en el artículo 27 constitucional, en la fracción XX, se establece la relevancia que tiene para la nación el desarrollo rural y el carácter de interés público de las organizaciones del sector social y privado al señalarse de manera muy precisa que "el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.
"Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización considerándolas de interés público".
Desde el punto de vista de la legislación secundaria, en el artículo 5o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se establece que en el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "el Estado, a través del gobierno federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural, que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos, entre otros:
"Primero. Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y en general de los agentes de la sociedad rural mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo en el medio rural, el incremento del ingreso de los productores.
"Segundo. Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada de las regiones de mayor rezago mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable.
"Tercero. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso a la producción agropecuaria del país".
El espíritu de la presente iniciativa es garantizar que en los procesos de planeación se mantenga, se fortalezca y se amplíe la planeación democrática y participativa prevista por la propia Constitución y las leyes secundarias en la materia y que efectivamente estén representadas y sean reconocidas todas las organizaciones y actores sociales y privados del medio rural sin discriminación por motivo de afiliación política o de intereses de cualquier otro tipo.
En este mismo sentido se considera también de gran relevancia que las propuestas de dichas organizaciones previo proceso amplio de análisis y argumentación social, económica y ambiental, no sólo sean consideradas como lo prevé actualmente el texto del propio artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural vigente, sino que se establezcan los mecanismos para que éstas sean realmente incorporadas al Programa Especial Concurrente.
Por lo anteriormente expuesto, con la presente iniciativa de reforma del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se garantiza que las organizaciones campesinas nacionales cuenten con elementos para llevar a cabo sus actividades, a través de su participación y en los procesos de planeación del medio rural, y en particular que sus propuestas sean realmente incorporadas en el proceso de elaboración del Programa Especial Concurrente.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para garantizar que las propuestas de las organizaciones del sector social y privado sean incorporadas en el Programa Especial Concurrente.
Artículo único. Reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
La Comisión Intersecretarial, en los términos del artículo 13 de este ordenamiento, promoverá la participación de las organizaciones del sector social y privado, y creará con el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, los mecanismos para garantizar que las propuestas de las organizaciones que concurren a las actividades del sector sean incorporadas en el Programa Especial Concurrente.
Igualmente, incorporará los compromisos que conforme a los convenios respectivos asumen los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, así como establecerán las normas y mecanismos de evaluación y seguimiento a su aplicación.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Señor Presidente, solicito que se publique íntegro el texto en el Diario Oficial. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Carlos Ernesto Navarro López. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo: Con su venia, señora Presidenta. En primer lugar quiero reconocer que esta iniciativa ha surgido de la iniciativa que presentó la diputada Blanca Gámez, en la legislatura pasada, ya que en Acción Nacional hemos estado comprometidos desde hace varias legislaturas, con nuestros electores, en el tema de la rendición de cuentas.
Sin embargo, esta iniciativa presenta diferencias significativas tanto en la rendición de la iniciativa como en la exposición de motivos, ya que a pesar de ser una modificación en el mismo sentido y que pretende adicionar un numeral 4 al artículo 11 de nuestra Ley Orgánica, la propuesta no contempla sanción alguna debido a que en este artículo se contemplan las obligaciones y las prerrogativas de los legisladores federales, y no es necesaria una sanción dentro de este apartado, suponiendo que pretende la obligatoriedad.
Asimismo, el espíritu principal de esta iniciativa radica en fortalecer y robustecer los esquemas de representatividad de esa misma democracia. Una de las características esenciales de la democracia es, que es la única forma de gobierno que garantiza el respeto a la voluntad de la mayorías mediante la decisión fundamental del pueblo delegada en sus representantes, ya que ante la imposibilidad de participar cada uno de los ciudadanos en las decisiones, elige a algunos de ellos para representarlos y ser portavoz ante la asamblea del Congreso.
Luego entonces, esta iniciativa pretende fortalecer la propuesta de mi antecesora en el sentido de la obligatoriedad de la rendición de cuentas, proponiendo una nueva redacción y participando a los demás grupos parlamentarios de lo que en Acción Nacional hemos adoptado como una obligación: una relación directa con nuestros representados.
De igual forma, a lo largo de esta iniciativa no se pretende hacer distinción entre legisladores electos por los principios de mayoría relativa o representación proporcional, considerando que son representantes de la nación.
Es así que el Diccionario universal de términos parlamentarios, editado por la LVII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, nos indica que la representación provine del latín repraesentare, entre cuyos significados encontramos los de "referir", "declarar" e "informar".
Una de las bases más importantes para la democracia norteamericana, y de algunos países europeos, radica en la rendición de cuentas en ese accountability, que varios teóricos mencionan como una rendición de cuentas obligatoria para los gobernantes y, en general, para todo aquél que tiene la responsabilidad y capacidad de tomar decisiones y representar a sectores sociales y, en general, a los ciudadanos.
Uno de los filósofos políticos más importantes en teoría política, Norberto Bobbio, mencionó que él preferiría visualizar a la democracia presentada como poder en público, expresión con la que se refería a todos aquellos mecanismos institucionales que obligan a los gobernantes a tomar sus decisiones a la luz del día y le permitía a los gobernados ver cómo y dónde se toman esas decisiones.
Estoy cierta que el nivel de la vida democrática de un país no sólo se mide por la transparencia de sus procesos electorales, sino también depende de la capacidad de los ciudadanos para participar en influir en el ámbito público sobre el derecho y la obligación a la información. Es un principio de eficiencia administrativa, ya que la publicidad de la información se traduce en un mecanismo de supervisión ciudadana de rendición de cuentas.
En Acción Nacional estamos conscientes de que el Congreso de la Unión es la asamblea que representa a la nación. Estamos claros que nosotros somos los responsables de velar por quienes representamos, ya sea por distritos o por los partidos que han propuesto que estemos aquí.
Asimismo, entendemos que la asamblea es quien representa a una nación y de ahí proviene su nombre y la representación, tal como lo menciona Jorge Carpizo, al establecer que la asamblea es una institución soberana en forma absoluta.
Luego entonces, los diputados integrantes del Congreso de la Unión son representantes de la nación y todas las actividades que éste desempeñe deberán ser informadas hacia quienes representa. Lo anterior según el artículo 51 de nuestra Carta Magna.
Se puede advertir que los otros dos Poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Judicial, están obligados a rendir informes, tal como lo establece el controversial artículo 69 constitucional. La obligación del primer mandatario de la nación es la presentación de un informe y la rendición de cuentas hacia quienes habitamos el territorio nacional.
Asimismo, el artículo 93 estipula la obligación de los titulares del despacho a rendir un informe detallado y sectorizado sobre el trabajo que han realizado en este año, lo cual forma parte de la glosa del informe del Ejecutivo federal en sesiones del pleno que sean públicas.
Señoras legisladoras y señores legisladores. Tenemos la responsabilidad de rendir cuentas a quienes nos han electo como sus representantes ante esta tribuna. Por la investidura que todos y cada uno de nosotros obtenemos debemos legislar a favor de los ciudadanos y para los ciudadanos, no sólo bajo el interés particular y mezquino de algunos partidos políticos que se oponen a la sujeción de las obligaciones de informar de nuestras actividades.
Como legisladores federales, en Acción Nacional tenemos la obligación de presentar un informe anual de labores; el compromiso para con quienes nos eligieron se ve reflejado año con año con la presentación del mismo.
Señora Presidenta, le pido sea publicado el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona un numeral 4 al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto y le pido una vez más sea insertada en el Diario de los Debates.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como lo pidió la diputada.
Tiene la palabra la diputada Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para suprimir partidas secretas.
La diputada Susana Monreal Ávila: Con su venia, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada Susana Monreal Ávila: La suscrita, diputada federal Susana Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscribo la presente iniciativa y someto a esta soberanía el proyecto de decreto que adiciona la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a la siguiente
Exposición de motivos
Hoy la rendición de cuentas y la participación son principios del buen gobierno, a la vez que la transparencia y responsabilidad son un requerimiento social para explicar y justificar los actos públicos, que es el último depositario de la soberanía en la democracia, porque rendir cuentas es estar por obligación disponible a ser requerido a informar del incumplimiento de responsabilidades.
Cada vez la ciudadanía exige a las instituciones públicas la administración de los recursos materiales, financieros y humanos con transparencia, exige también la demostración precisa de sus logros, del alcance de sus metas, del impacto social o económico de los resultados de su gestión, a través de la evaluación permanente de su desempeño en el ejercicio de atribuciones y facultades que realizan dentro de la esfera jurídica, situación que obedece a que ha venido percibiendo una política de abuso e iniquidad que predomina, que resulta subversiva y nos coloca en los linderos de la desconfianza social.
Actualmente, el artículo 74 constitucional regula las partidas secretas dejando totalmente al albedrío del presidente en turno su uso. Los diputados hemos buscado acotar la discrecionalidad con la que se ha ejercido por diferentes presidentes en nuestra historia.
Sin embargo, al definir como clasificada y reservada la información sobre la partida secreta destinada a gastos en seguridad nacional, no será posible conocer y evaluar el buen uso de estos recursos ni siquiera los diputados tenemos ese acceso a la información.
Consecuentemente, al no poder conocer esta información no se tendrá manera de comprobar si efectivamente la discrecionalidad se redujo; es decir, si efectivamente los recursos asignados a esta partida se destinaron a gastos en seguridad nacional.
A continuación, me permito señalar puntualmente, los retrocesos en materia de transparencia del tema que nos ocupa.
En un mundo de transparencia y rendición de cuentas, la existencia de partidas secretas en el gasto público federal es retrógrada tan obcecada como la existencia del artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que regula las referidas partidas secretas en materia de transparencia y seguridad pública.
El reglamentar, a través de referido artículo la partida secreta, parece a primera vista dar a creer que impide que los presidentes de ahora y en adelante, ejerzan recursos de manera discrecional y al margen de la rendición de cuentas.
Sin embargo, existen dos consideraciones que en realidad no se logra este objetivo. Por un lado, circunscribe el gasto de la partida secreta a la asignación de recursos para investigaciones en seguridad nacional.
El problema es que el ejercicio del gasto y los resultados que emanan de él, siguen estando fuera de la vista de los ciudadanos. No tiene ningún sentido para la democracia que el auditor Superior de la Federación conozca esta información y no pueda hacerla pública.
Por otro lado, y en términos políticos, la reglamentación de la partida secreta generaría nuevos incentivos y una justificación a la reactivación de un rubro que lleva desde 1998 sin ejercer recursos, y mientras no sea transparente el presupuesto la suspicacia racional de los ciudadanos nos lleva a creer que el gasto de la partida secreta tuvo como objetivo primordial las elecciones de 2006.
Nos preguntamos por qué se reactivó el gasto de la partida secreta ahora que el presupuesto federal lleva tantos años sin este lastre, si la voluntad de nosotros, los diputados y diputadas, está expresamente vinculada con la transparencia y con la abolición de la corrupción.
Compañeros, por qué no prohibir la partida secreta que lo único que ha hecho es generar conflictos de opacidad. Debemos tomar conciencia y explicarle a la ciudadanía quiénes son los diputados que desean y viven a favor de la corrupción por querer mantener una partida secreta, que en un mundo de transparencia y rendición de cuentas es innecesaria.
En una recapitulación, sabemos que el Poder Legislativo no ha sido consistente en su exposición por solucionar los problemas surgidos históricamente con respecto a la partida secreta. De manera fundada y motivada sigo exponiendo a ustedes, compañeros legisladores, las causas que motivan a muchos para que el manejo del gasto público federal sea responsable y transparente.
Se dice que el buen juez por su casa empieza, refrán muy sabio. Y me pregunto, ¿por qué el Ejecutivo que alega el cumplimiento de un gobierno transparente, por qué no acepta o envía iniciativa para derogar la multicitada partida secreta?
La partida secreta, en primer lugar, demuestra que es un resquicio de discrecionalidad que ningún actor político quiere desaparecer. En segundo lugar, muestra que quienes votaron a favor del artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad —que tiene nombre y apellido en la LIX Legislatura—, tienen incentivos muy fuertes para generar condiciones para que en los siguientes años se justifique y legitime la utilización de la partida secreta.
Estos incentivos estuvieron ligados con la posibilidad de que un partido tuviera que llegar a la presidencia en 2006. La desaparición de esta partida secreta es una demanda de transparencia que debe ser tomada en cuenta. Algunas razones expuestas para hacerlo son históricas y de magnitudes graves para el país.
Termino, señora Presidenta. Compañeros, tenemos en nuestras manos la oportunidad de corregir una de las más graves opacidades presupuestales que constitucionalmente aún guarda el Ejecutivo en el manejo de los recursos públicos.
Señora Presidenta, le solicito se integre todo el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Susana Monreal. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra la diputada Rubí Laura López Silva, para presentar iniciativa que reforma los artículos 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 26 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por la misma y el diputado Silvio Gómez Leyva, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Rubí Laura López Silva: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Los suscritos diputados federales, Rubí Laura López Silva y Silvio Gómez Leyva, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someten a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona: un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y un segundo párrafo al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
El Plan Nacional de Desarrollo asume como objetivo reducir la pobreza extrema, revertir las condiciones de desnutrición, generar igualdad de oportunidades para las personas más pobres y vulnerables, apoyar el desarrollo de las capacidades de las personas en condición de pobreza y fortalecer el tejido social a través de fomentar la participación y el desarrollo comunitario.
Estadísticas de estudios en pobreza demuestran que hubo una reducción de 24.2 por ciento al 20.3 por ciento en el número de personas que vivían en pobreza extrema en México. La pobreza moderada también se redujo de 53.7 por ciento a 51.7 por ciento. En gran medida se ha debido al aumento de las transferencias gubernamentales dirigidas a este rubro, en especial al Programa de Oportunidades.
Debemos cerrar brechas y abatir rezagos planteando el reto de alcanzar la equidad y el trato justo para igualar las oportunidades de acceso a una vida digna. Sin embargo, en la práctica han surgido inquietudes que tienen que ver con la operatividad de algunos de estos programas respecto a sus reglas de operación, pues si bien los objetivos que persiguen cada uno de ellos son similares, no permiten la inclusión, como beneficiarias, de personas que ya se encuentran asistidas por otros programas.
Estas inquietudes principalmente encuentran su origen en la fracción VII del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que a la letra dice:
Artículo 75. Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán…
Fracción VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos.
Al respecto existen dos programas sociales de suma importancia. El Programa de Desarrollo Social Oportunidades, el cual forma parte de la política de desarrollo social y humano del gobierno federal, promoviendo una política social e integral. Para ello el programa asume las siguientes acciones:
Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos, acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades de los mexicanos y ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza en las instituciones.
En esta perspectiva, el Programa Oportunidades promoverá la articulación con otros programas sociales que potencien el cumplimiento de sus objetivos y acerquen Oportunidades a los hogares beneficiarios.
En las reglas de operación, el Programa de Abasto Social de Leche Liconsa para el año 2007 establece que no podrán ser beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche los hogares de localidades que reciben apoyos alimentarios de estos programas de gobierno federal, incluyendo el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y el Programa de Apoyo Alimentario.
El fin último debe ser el beneficio integral de las familias. Es decir, para que la disminución de la pobreza sea permanente y sustentable en el mediano y largo plazo, deben consolidarse los programas exitosos, aspecto que debe ser eje de la política social.
La leche Liconsa actualmente beneficia a más de 5 millones de niños, potenciando sus capacidades y se ha demostrado que a través de los años, los niños y las niñas se han fortificado considerablemente, logrando reducir la tasa de anemia y la deficiencia de zinc, hierro y ácido fólico.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto
Artículo primero. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:
Artículo 75, fracción VII. En el caso del Programa de Abasto Social de Leche Liconsa y del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, no se considerarán como duplicidad en su ejercicio toda vez que son compatibles y complementarios, siendo convergentes en una población objetivo.
Artículo segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue —y con esto concluyo, señora Presidenta—:
Artículo 26. Las reglas de operación de los Programas de Abasto Social de Leche Liconsa y de Desarrollo Humano Oportunidades son convergentes en una misma población objetivo pues garantizan la complementariedad, sinergia e integralidad que requiere la política de desarrollo social, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, 4 de octubre de 2007.
Dado que la presente iniciativa se encuentra inscrita en la Gaceta Parlamentaria, solicito, señora Presidenta, a lo que he dado lectura sea inscrito en su ámbito integral en la Gaceta Parlamentaria. Si ya está inscrita, solicito que en el Diario de los Debates sea inscrita de manera total. Muchísimas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Rubí Laura López Silva. Túrnese a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates tal y como lo solicitó la diputada.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Víctor Aguirre Alcaide, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Víctor Aguirre Alcaide: Con su venia, señora Presidenta. Iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo, al tenor de las siguientes consideraciones.
La legislación tiene por objeto garantizar la justicia social a favor de todos los mexicanos y un grupo que está exigiendo intervención inmediata de este Poder Legislativo federal son los trabajadores del campo, especialmente los migrantes. Aquellos que emigran cada año a las regiones del norte de nuestro país.
En este contexto, es menester hacer hincapié que en México más de la mitad de los trabajadores del campo —es decir tres millones de personas— se emplean como jornaleros agrícolas y de tal porcentaje alrededor de 40 por ciento es procedente de los pueblos y comunidades indígenas, que sufren un índice mayor de injusticia.
Origen de lo anterior es que en México 73.9 por ciento de los municipios con habitantes indígenas no tienen la capacidad de brindar alternativas de empleo a su población, por lo que, durante las últimas tres décadas, personas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, entre otros estados de nuestra República Mexicana, han sido trasladados todos los pueblos y comunidades indígenas al noroeste del país, como son Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Norte.
Ante este contexto, es justo reformar algunas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de mantener las condiciones laborales de los trabajadores del campo, con base en el siguiente planteamiento.
Uno. Que los jornaleros agrícolas indígenas, junto con otros trabajadores como son las personas con capacidades diferentes, adultos mayores, entre otros, sufren de discriminación por su condición no obstante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primer artículo, párrafo primero, establece que en la Nación mexicana está prohibido toda forma de discriminación motivada por origen étnico, cultural, género, edad, entre otras.
Para este mismo fin, también existe la Ley Federal del Trabajo para prevenir y eliminar la discriminación, así como diversos instrumentos normativos internacionales y es así como diversos instrumentos normativos impiden esta situación, sin embargo la discriminación para estas personas prevalece en pleno siglo XXI.
Esto es inadmisible, y por estas razones se debe prohibir expresamente en la Ley Federal del Trabajo este tipo de discriminación, destacadamente la de tipo étnico y cultural.
Dos. Que de manera constante e indebida, en los campos agrícolas las jornadas de trabajo son prolongadas por más de ocho horas. Los patrones, aprovechando la necesidad de los trabajadores y sus familias, priorizan la actividad laboral a destajo de tal manera que los jefes de familia, con el afán de percibir un ingreso adicional, incorporan a sus pequeños hijos y a sus esposas para que realicen jornadas inhumanas y extraordinarias.
Tres. Que en la Legislación Laboral actual sólo se contempla como trabajadores del campo a los que ejecutan trabajos propios y habituales de la agricultura, ganadería y forestales.
En este artículo, es por lo tanto restrictivo al no reconocer otro tipo de actividades que den quedar incluidas y protegidas dentro de este capítulo especial de los trabajadores del campo.
En tal razón, es pertinente agregar las actividades acuícolas, pesqueras, de la micro, pequeña y mediana empresas agrícolas. De esta manera, este artículo abarcará a la mayoría de las personas que desempeñan labores del campo.
Cuatro. Que respecto a la duración de las relaciones de trabajo, el artículo 280 de la Ley Federal del Trabajo incluye un tipo de contratación que de facto existe en este tipo de actividades laborales: la llamada contratación de planta por temporada o por tiempo indeterminado discontinuo. Tal es el caso de los trabajadores que laboran por temporada, pero de manera repetida. Año tras año se repite esta situación.
Siendo indeclinable, conforme a lo ya dicho, la tutela de los menores, se adiciona un tercer párrafo al mismo artículo 280, en el sentido de que sólo podrán prestar sus servicios los mayores de 16 años, y una jornada que no excede de cuatro horas continuas ni de 22 horas semanales, además de que debe haber compatibilidad entre el estudio y la jornada de trabajo de los niños.
Cinco. Que la constante exposición a sus sustancias agroquímicas, falta de equipo apropiado, más la falta de capacitación y adiestramiento para manejarlas, causan perjuicios considerables en la salud de los trabajadores, particularmente en la de los niños y mujeres embarazadas.
En contraste con este escenario, es poco común que estos trabajadores tengan acceso a servicio de salud y a la seguridad social, tal como lo marca nuestra legislación. Es así que en el artículo 283 de la legislación multicitada se incorporan otras obligaciones especiales para que los patrones den alimentos, doten de agua, y que los alimentos sean meramente gratuitos.
Adicionamos también el artículo 284 con nuevas prohibiciones a los patrones, indispensables para mantener un mínimo de equidad y de respeto entre la relación laboral como patrón a trabajador.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 3o.; el artículo 56, fracción I, del artículo 133, el artículo 279, y el segundo párrafo del artículo 280; y se adiciona un primer y un tercer párrafos al artículo 280, pasando el actual primer párrafo a ser el segundo párrafo; y las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV al artículo 283… y el artículo 1004-B, todos de la Ley Federal del Trabajo, según lo publicado en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Víctor Aguirre Alcaide. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Esta Presidencia saluda la presencia de los estudiantes del Centro Universitario Albert Einstein, quienes están con nosotros, acompañándonos en esta sesión. Sean bienvenidos.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley Federal de Derechos.
El diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez: Compañeras y compañeros diputados. Hago uso de la tribuna de esta honorable Cámara de Diputados para presentar a nombre del diputado Héctor Ramos Covarrubias y del mío propio, iniciativa que reforma la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Federal de Derechos, solicitándole a la Presidencia se inscriba íntegra en el Diario de los Debates.
Con esta iniciativa se pretende dar atención al asunto de las concesiones para la extracción de materiales pétreos, que otorga la Conagua, buscando como objetivo primordial preservar el recurso agua y evitar los efectos nocivos que se generan por la falta de inspección y seguimiento a dichas concesiones.
Cito como antecedente importante el de que, con fecha 31 de julio de 2007 presenté ante el pleno de la Comisión Permanente, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conagua a que no se autoricen prórrogas sobre las concesiones para la extracción de materiales pétreos en el estado de Baja California, hasta que se realice un estudio de impacto ambiental particular y acumulativo que determine con precisión las afectaciones que se generan por esta actividad.
Cabe hacer notar que este punto de acuerdo, en fecha reciente, ha sido dictaminado a favor por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Ahora, con esta iniciativa propongo una reforma y adición a los artículos 7 Bis, 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales y el artículo 236 de la Ley Federal de Derechos, con el fin de establecer en ley cinco aspectos muy importantes:
Dar carácter de asunto de interés público al control de la extracción y explotación de los materiales pétreos.
Establecer como requisito indispensable, en la solicitud de concesión de extracción de materiales pétreos en los cauces de arroyos que previamente han sido objeto de concesiones, la presentación de la autorización de la manifestación de impacto ambiental, modalidad regional, que emite la Semarnat, en la que se analice integralmente toda la cuenca del arroyo que corresponda.
Considerar como causa de terminación de la concesión el cumplimiento del volumen de extracción estipulado en el título.
Tipificar que los recursos recaudados por el derecho pagado por concepto de extracción de materiales pétreos de cauces, vasos, zonas de corrientes y depósitos de propiedad nacional, serán destinados a la Semarnat para el fortalecimiento de programas de inspección a explotaciones de bancos de materiales pétreos a nivel nacional.
Y, obligar a la Conagua a considerar las políticas y lineamientos establecidos en los programas de ordenamiento ecológico locales, estatales o regionales vigentes en las respuestas que emita a solicitudes de concesión para la extracción de materiales pétreos en los cauces de arroyos.
En el caso de la sobreextracción de materiales pétreos, de los cauces de aguas nacionales, se han detectado numerosos efectos adversos para el medio ambiente, entre ellos: la desestabilización de taludes, la destrucción de parcelas de cultivo, la pérdida de terrenos productivos, disminución en la calidad de agua de los cauces asociados a procesos de extracción de materiales pétreos, etcétera.
Como resultado de lo anterior se han documentado un sinnúmero de casos que reflejan la preocupante realidad de la sobreexplotación de los materiales pétreos en nuestro país, particularmente en Baja California y en la franja fronteriza norte, que en gran parte de los casos se realiza con el propósito de comercializar dichos materiales en los Estados Unidos de Norteamérica.
Es fundamental considerar dentro del interés público, el control de la extracción y de la explotación de los materiales pétreos dentro de los cauces de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, en virtud de que es necesario destinar mayor atención a la problemática que la sobreextracción de estos elementos genera para el medio ambiente y para la sociedad.
Por otro lado, resulta de primordial importancia el fortalecimiento del marco jurídico para dotar a la Profepa y a la Conagua de herramientas mejor dirigidas en la aplicación de las leyes, así como a fomentar la corresponsabilidad de los gobiernos locales y estatales en la atención de asuntos ambientales que son de competencia del gobierno federal, pero que impactan directamente en la política social y económica de estas esferas de gobierno.
De lo anterior se desprende la importancia de que sea necesaria la presentación de una autorización de manifestación de impacto ambiental, modalidad regional, que emite la Semarnat, en la que se analice integralmente toda la cuenca del arroyo que corresponda, como requisito en la solicitud de un título de concesión para la explotación de los materiales pétreos, así como la observancia por parte de la autoridad federal en el otorgamiento de dicho título de concesión de las políticas y lineamientos que al respecto establezcan los ordenamientos ecológicos locales, estatales, regionales, vigentes.
Sabemos que los recursos presupuestarios otorgados a la Profepa no son suficientes y, en muchas ocasiones, esto restringe el número de operativos que puedan llevarse a cabo para vigilar el apego a la normatividad ambiental y evitar los saqueos de estos materiales.
En ese sentido, cabe señalar que los gobiernos estatales y municipales pudiesen ser grandes aliados de la Profepa y la Conagua en estos esfuerzos, si existieran los mecanismos y los recursos para ello.
Por esta razón, considero pertinente establecer como destino de los derechos que la federación obtiene, por concepto de explotación de los materiales pétreos, el programa de inspección a explotaciones de bancos de materiales pétreos a nivel nacional.
Como legisladores de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional asumimos el compromiso en nuestra plataforma política, entre otros, de fortalecer las atribuciones de la Profepa y de la Conagua, para así evitar y sancionar el uso irracional de los recursos naturales y la depredación ambiental.
Por lo anteriormente expuesto me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:
Artículo primero Se adiciona el artículo 7 Bis y se adiciona y se reforma el artículo 113 Bis, de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 7 Bis. Se declara de interés público el control de la extracción y de la explotación, uso o aprovechamiento de materiales pétreos localizados dentro de los cauces de las aguas nacionales y en sus bienes públicos inherentes.
Artículo 113 Bis. Es requisito en la solicitud de un permiso con carácter de provisional o una concesión para el aprovechamiento de los materiales pétreos, la presentación de la autorización de manifestación del impacto ambiental, modalidad regional que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la que se analice integralmente toda la cuenca del arroyo que corresponda, en los casos en que la concesión se solicite para la explotación en cauces previamente concesionados para el mismo fin.
Asimismo, en el otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento de materiales pétreos en arroyos deberá considerar las políticas y lineamientos establecidos en los programas de ordenamiento ecológico, locales, estatales o regionales vigentes.
Son causas de revocación. Se considera causa de fenecimiento ya sea del permiso con carácter de provisional o de la concesión, el cumplimiento del volumen de extracción de los materiales pétreos estipulado en el título de concesión o el permiso provisional.
Al extinguirse los títulos por término de la concesión, cumplimiento del volumen de extracción estipulado o cuando se haya revocado el título, las obras e instalaciones adheridas de manera permanente al motivo de la concesión deberán ser removidas sin perjuicio de que la autoridad del agua las considere de utilidad posterior, en cuyo caso se revertirán en su favor.
Artículo segundo. Se reforma el artículo 236 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Artículo 236. Los ingresos recaudados por este derecho se destinarán a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para el programa de inspección a explotaciones de bancos de materiales pétreos y demás programas cuyo propósito sea la preservación, cuidado y regeneración de bancos de materiales pétreos, mismos que implementará a través de la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y con la concurrencia que corresponda, de los gobiernos municipales y estatales.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Y solicito a la Presidencia turne esta iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Muchas gracias, diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez. Se turna esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, de Hacienda y Crédito Público y —como lo ha solicitado el propio diputado— con opinión de la Comisión de Medio Ambiente.
Se le concede el uso de la palabra al diputado Moisés Dagdug Lützow, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Moisés Felix Dagdug Lützow: Con su venia, señor Presidente. El suscrito, diputado federal Moisés Félix Dagdug Lützow, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
El artículo 74 constitucional ha venido regulando, desde la entrada en vigor de la Constitución de 1917, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de aprobar anualmente el proyecto de presupuesto de egresos y revisar la cuenta pública del año anterior. Desde ese año y hasta 2007 dicho precepto ha experimentado 13 reformas, de las cuales seis han tenido relación con la fracción IV.
En el presupuesto de egresos de la federación se concentran los recursos públicos que emplean las dependencias federales, y en algunos casos las estatales y las municipales, para satisfacer sus requerimientos financieros.
Éste es el instrumento más poderoso del gobierno federal, junto con la Ley de Ingresos de la Federación y la política monetaria, para incidir en la evolución económica del país.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público define al PEF como el documento jurídico, contable y de política económica aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a iniciativa del presidente de la república, en el cual se consigna el gasto público, de acuerdo con la naturaleza y cuantía que debe realizar el sector central y el sector paraestatal de control directo en el desempeño de sus funciones en un ejercicio fiscal.
Pero en realidad, el presupuesto de egresos de la federación es un instrumento legal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 74, donde establece: "… Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión, y en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deban decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior".
Es decir, definimos al PEF como el acto legislativo que permite a la administración pública usar los recursos monetarios del Estado durante un año fiscal. Es decir, sólo tiene validez para el ejercicio fiscal para el cual se expide y es precisamente la temporalidad anual del presupuesto uno de los sustanciales problemas del marco jurídico en materia presupuestaria que impactan a los programas y proyectos de inversión.
Es así que la administración pública federal, estatal y municipal, al iniciar sus programas o proyectos de inversión de mediano y largo plazo, en repetidas ocasiones, éstos, por no tener la fuente de financiamiento durante su tiempo de vida, quedan inconclusos. El escenario empeora todavía más cuando los mismos ya han sido evaluados socialmente rentables para el país.
Por ello, es vital que a los programas y proyectos de inversión se les asegurare su capitalización en el mediano y largo plazo que les garantice la viabilidad y certidumbre financiera para todo el periodo de su ejecución.
Lo anterior asegura su conclusión, y en consecuencia acrecienta el patrimonio nacional en aquellos programas y proyectos de inversión que son provechosos para el desarrollo de nuestra nación.
Precisamente esta iniciativa de reforma constitucional propone establecer que la Cámara de Diputados pueda plasmar, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación el autorizar programas y proyectos de inversión que comprendan varios ejercicios fiscales, a los cuales se les tengan garantizadas las asignaciones presupuestarias o su fuente de financiamiento durante toda la vida del proyecto.
Esta facultad de que la Cámara de Diputados pueda modificar o cancelar los programas y proyectos de inversión anuales que comprendan más de un ejercicio fiscal obedece, entre otros, a la integración de nuevos programas o proyectos de inversión, y a nuevas necesidades de infraestructura del país.
Nuestra Carta Magna de 1917 y las leyes reglamentarias de la materia a lo largo de estos años le han conferido al Congreso de la Unión, y particularmente a esta Cámara, suficiente autoridad en materia presupuestaria y de supervisión del gasto público. Sin embargo, tales preceptos normativos no se han convertido en mecanismos efectivos para aumentar la planeación del gasto público, contribuyendo así a evitar los malos manejos, la ineficiencia gubernamental, el despilfarro y la fulminante corrupción que, no obstante, actualmente siguen lacerando al Estado mexicano.
Si bien en la Cámara de representación popular la construcción del Presupuesto de Egresos de la Federación constituye, por sí mismo, un espacio incomparable para conjugar retos y posibilidades de viabilidad de políticas públicas que contribuyan a nuestra consolidación como una nación más justa y equitativa.
Para que esto sea efectivamente así, es necesario hacer reformas a nuestra carta fundamental que permitan someter cada año a esta Cámara de Diputados una relación escrupulosa, y debidamente fundamentada, de los programas y proyectos de inversión que requieren ser autorizados, modificados o cancelados.
Por los razonamientos anteriormente expuestos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que: los programas y proyectos de inversión que abarquen varios ejercicios fiscales tengan garantizadas las asignaciones presupuestarias correspondientes.
Artículo primero. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
La Cámara de Diputados podrá autorizar programas y proyectos de inversión que abarquen varios ejercicios fiscales. Los gastos correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos de la federación. Los programas y proyectos de inversión productiva en infraestructura física a que se refieren, se llevarán a cabo conforme a lo previsto en la ley.
Transitorios
Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las reformas y adiciones a la ley en la materia que se requieran para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en este decreto deberán entrar en vigor a más tardar a los tres meses de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor Presidente.
Solicito que el texto íntegro se inserte en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de Debates.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Así se hará, diputado Moisés Dagdug Lützow. Túrnese esta iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se le concede ahora el uso de la tribuna al diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El diputado Alberto Amaro Corona: Con su venia, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Adelante, diputado.
El diputado Alberto Amaro Corona: El que suscribe, Alberto Amaro Corona, que presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como se modifica el Título Único y se adiciona un Título Segundo del Libro Sexto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, referentes a la creación de una sexta circunscripción plurinominal que signifique como la representación política de los mexicanos en el exterior.
En razón de que la exposición de motivos es muy extensa y para obviar el tiempo, ante esta tribuna, solicito a la Presidencia se inserte íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates.
A partir de las consideraciones que se exponen en la versión completa de la presente iniciativa y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable soberanía la presente iniciativa de decreto, en virtud de la cual se adicionan y se reforman los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, reforma los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo primero. Se reforma el artículo 52. Se reforma el segundo párrafo del artículo 53. Se reforma el primer párrafo y las fracciones I, II y V del artículo 54. Se reforma el segundo párrafo de la fracción III y se adicionan dos párrafos más de la misma, así como se adicionan la fracción V, ambas del artículo 55. Se reforma y adiciona el artículo 56 y se reforma y adiciona el artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.
Por cuestión de tiempo solamente voy a mencionar los elementos más sustanciales de esta iniciativa con proyecto y empezaré mencionando que se constituirán seis circunscripciones electorales plurinominales. La sexta circunscripción se establece para el ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. Los ciudadanos mexicanos en el extranjero podrán elegir 25 diputados por la vía plurinominal.
Para el caso de la sexta circunscripción, la votación será directamente sobre las listas que presentan los partidos nacionales. La asignación de diputados entre los partidos correspondientes que hayan alcanzado el dos por ciento de la votación nacional se hará según los elementos de conciente natural y resto mayor, establecidos en la legislación electoral vigente.
Todo el proceso electoral relativo a la sexta circunscripción será conducido por una comisión especial integrada por decisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral, con facultades equivalentes a las de un consejo local, con cabecera de circunscripción plurinominal.
Para figurar en la lista de la sexta circunscripción electoral plurinominal como candidatos se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, poseer credencial de elector emitida por el Instituto Federal Electoral y acreditar la residencia no menor de tres años en el país extranjero de que se trate.
La vecindad en territorio nacional o en un país no se pierde por el desempeño de cargos de elección popular.
Artículo segundo. Se modifica el título único y se adiciona un título segundo del libro sexto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como se reforman y adicionan la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, Código Penal en lo conducente, el apartado de delitos electorales y además leyes aplicables en la materia, conforme a las siguientes bases:
Título segundo. Del voto presencial
Artículo 301. La votación de los candidatos inscritos en las listas de la sexta circunscripción será conforme a las siguientes bases:
a) En los Estados Unidos de América se instalarán casillas electorales en las 10 ciudades principales del país y en los 50 condados con mayor concentración de ciudadanos mexicanos, de acuerdo con la lista nominal de electores residentes en el extranjero, del Instituto Federal Electoral.
b) En otros países se instalarán casillas en las ciudades capitales y en aquellas ciudades donde vivan más de 5 mil ciudadanos mexicanos.
c) Para aquellos ciudadanos mexicanos registrados en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, del Instituto Federal Electoral, y que vivan a una distancia mayor de 200 kilómetros de la casilla más cercana, se pondrá en práctica el voto postal, según las instrucciones precisas que el mismo Instituto Federal elabora para el caso.
Por cuestiones de tiempo —son ocho incisos— vamos a darle solamente lectura a los
Transitorios
Primero. Las reformas a que se refiere el presente decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con las particularidades que se establecen en las disposiciones transitorias de cada uno de los artículos de este decreto.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Alberto Amaro Corona. Se turna esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, y de Justicia.
Se le concede ahora el uso de la tribuna al diputado Joaquín Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Adelante, diputado.
El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena: El suscrito diputado federal, Joaquín Díaz Mena, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite presentar la siguiente iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 120 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, al considerar la siguiente
Exposición de motivos
Esta iniciativa será de gran ayuda y dará certeza patrimonial a los productores del campo que, por uso del recurso hídrico y por desconocimiento —a veces— de la Ley de Aguas Nacionales, se han hecho acreedores de exorbitantes multas por parte de la Comisión Nacional del Agua.
La presente iniciativa busca proteger a los campesinos y a los productores que día a día dan su mejor esfuerzo para progresar y en ningún caso otorgará protección a los que contaminan el agua y realizan actividades que van en contra de la Ley de Aguas Nacionales.
La Ley de Aguas Nacionales en el artículo 14 Bis 5, fracción XIX, menciona que es derecho de la sociedad y sus instituciones en los tres órdenes de gobierno, proporcionar información oportuna, plena y fidedigna acerca de la ocurrencia, disponibilidad y necesidades de agua.
De igual modo en la fracción XX del mismo artículo señala que la participación informada y responsable de la sociedad es la base para la mejor gestión de los recursos hídricos y particularmente para su conservación. Por tanto, es esencial la educación en materia de agua en el campo mexicano.
En el párrafo anterior se centra la problemática de los productores del sector rural ya que muchos de ellos al vivir aislados de los medios de comunicación, desconocen las obligaciones que marca la Ley de Aguas Nacionales, por lo que continúan trabajando el campo y extrayendo el recurso hídrico para sus actividades productivas tal como lo aprendieron de generaciones pasadas, sin contar con un permiso o concesión otorgada por la Comisión Nacional del Agua.
Por tanto, como resultado del desconocimiento de las obligaciones por la extracción del agua, y por el paso del tiempo, cientos de productores rurales se han hecho acreedores a exorbitantes multas por parte de la Comisión Nacional del Agua que, en muchos casos, excede el valor catastral de sus unidades de producción.
Lo anterior dificulta el pago de las multas de los productores rurales a la CNA, ya que ni con la venta de sus propiedades podrían saldar la deuda, de manera tal que en vez de estar promoviendo el desarrollo estaríamos fomentando el abandono de las unidades productivas.
El artículo 14, que habla de los principios que sustentan la política hídrica nacional, menciona en su fracción V, como prioridad, ofrecer atención especial a las necesidades de la población marginada y menos favorecida, en atención a sus necesidades de agua provenientes de la sociedad y para el desarrollo de su economía.
Lo anterior contraviene las medidas tomadas por la Comisión Nacional del Agua, sancionando con multas que sobrepasan el valor mismo de las unidades de los infraccionados.
El objetivo de esta iniciativa es evitar que las multas que aplique la Comisión Nacional del Agua, en los casos expuestos en el presente artículo adicionado, no excedan el valor catastral de las unidades de producción, ya que de continuar con las presentes medidas, los productores rurales que se encuentren en esta situación tendrían que vender su patrimonio para saldar su adeudo con la Comisión Nacional del Agua y por consiguiente, perder el medio de sustento familiar.
A fin de concretar las medidas expuestas, en la presente iniciativa, propongo se adicionen las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales para quedar en los términos precisados en el apartado correspondiente de esta iniciativa.
Proyecto de decreto
Artículo único. Se adiciona el artículo 120-Bis de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 120. Fracción I. De 100 a mil en el caso de violación a las fracciones XVI y XXIV.
De mil uno a cinco mil, en el caso de violación a las fracciones VI, X, XVIII, XXI, y
Tercero. De cinco mil uno a 20 mil, en el caso de violación a las facciones I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XIX, XXI y XXII.
Artículo 120-Bis. Los montos de las infracciones a las que se refiere el artículo anterior no podrán sobrepasar el valor catastral de las unidades de producción, ni el valor comercial de las tierras ejidales, cuando dichas faltas sean por contravenir las fracciones del artículo 119.
De igual forma, la suma total de las multas más los posibles recargos por vencimiento del plazo concedido por la autoridad para subsanar las infracciones que se hubiesen cometido en el párrafo anterior, no podrán sobrepasar el valor catastral de la unidad de producción en cuestión, ni el valor comercial de las tierras ejidales.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Joaquín Díaz Mena. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Mario Salazar Madera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 13-Bis y reforma el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Mario Salazar Madera: Con su venia, Presidente. Hago uso de la voz para presentar ante esta tribuna la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal del Trabajo, creando el artículo 13-Bis y reformando el 16, bajo la siguiente
Exposición de motivos
La Ley Federal del Trabajo es el instrumento jurídico que contiene las disposiciones necesarias para cumplir con los derechos sociales vinculados al trabajo que señala nuestra Constitución.
Estos derechos sociales que constituyen una decisión política fundamental del pueblo deben ser definidos y acrecentados, y no deben ser, bajo ninguna circunstancia, susceptibles de cancelación o menoscabo.
En México no podemos hablar, desde el punto de vista legislativo, de una precarización de la relación laboral. Sin embargo, el blindaje legal no ha alcanzado de igual manera a la realidad y en los últimos años, muy marcadamente en la década de los noventa, han surgido diversas formas de trabajo precario al margen de la ley, ya sea en el ámbito de la informalidad como a través de las compañías que pretenden prestar servicios propios y que no hacen sino intermediar entre el trabajador y el verdadero patrón, o inclusive, bajo falsas fórmulas de autoempleo en las que el trabajador aparentemente trabaja por su cuenta cuando en realidad lo hace para terceras personas.
Se trata de compañías que actúan sin ningún capital y que ofrecen incorporar, a sus respectivas nóminas, a quienes en realidad prestan sus servicios en otras empresas y formalmente contratan a los trabajadores, cobrando un porcentaje de la nómina a cambio de sus servicios.
A este respecto y a pesar de que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 14, establece que el empleador que utiliza intermediarios no deja de ser responsable ante sus trabajadores, y además el numeral 13 imputa al intermediario la responsabilidad solidaria con el empleador.
Sin embargo, para ello, además de ganar el juicio en el que se consiga una condena en su favor, deberá adicionalmente obtener la resolución que determina la existencia del acto de intermediación que no es un escollo fácil de superar.
Pero además, la propia ley señala que si quien contrató al trabajador cuenta con los recursos propios suficientes para responder por sus obligaciones patronales, no será considerado intermediario sino patrón, con lo que la responsabilidad solidaria no podrá surgir sino hasta que se demuestre su insolvencia.
Esta fórmula se relaciona con la duración de la relación de trabajo, pues en la práctica la misma permite que a los que reciben el servicio, despedir fácilmente a los trabajadores y trasladar el problema a la compañía intermediaria, que en todo caso intervendría una pequeña parte de sus ganancias para arreglar el asunto.
Hay que agregar que esas compañías controlan a sus propios sindicatos a través de los llamados "contratos de protección", que no son otra cosa sino falsos contratos colectivos de trabajo que se utilizan para evitar que acudan con los trabajadores verdaderos sindicatos.
Por otra parte, la presente iniciativa también trata de acabar con una de las prácticas más arraigadas, así como recurridas para evadir el pago de utilidades por parte de las grandes empresas, que es el hecho de que las mismas, a efecto desligarse de su responsabilidad laborales para con los trabajadores, como motivo de la prestación de un trabajo personal subordinado realizado en su favor, crean a su vez empresas menores llamadas en la práctica sub-empresas para contratar trabajadores y por ende, entablar una relación laboral directa con éstos, en virtud de una obligación contractual de naturaleza laboral celebrada entre el trabajador y dichas empresas, es decir, prácticamente en la forma constituyen empresas independientes sin existir vínculo entre la empresa principal y la sub-empresa.
Para tratar de evitar lo anterior, se reforma el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo para que se entienda por empresa, independientemente de la forma o naturaleza jurídica que adopte a la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que de cualquier manera forme parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa, y que todos los elementos de una empresa sean considerados para los efectos de la responsabilidad de las obligaciones que deriven de todas las relaciones de trabajo que existen dentro de ella, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades.
Estamos ciertos de que necesitamos crecer, ser generadores de empleos, a través de una política económica responsable que genere las condiciones necesarias para la inversión y producción en nuestro país. Sin embargo, estamos convencidos que no debemos apartarnos de la decisión fundamental de nuestra nación que es la protección a la clase trabajadora.
Bajo lo anterior, presento ante ustedes la siguiente iniciativa de decreto que adiciona un artículo 13 Bis y reforma el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
Artículo 13 Bis. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevará un registro en el cual deberá inscribirse ya sea por los intermediarios como las empresas a las que hace relación el numeral 13, en caso de que el patrón beneficiado de los trabajos no contrate con una de las empresas registradas, se entenderá por este sólo hecho de que él es el único patrón.
Artículo 16. Para los efectos de las normas de trabajo que se entiende por empresa, independientemente de la forma, naturaleza jurídica que adopte a la unidad económica de producción y distribución de bienes o servicios y por establecimiento, la unidad técnica que de cualquier manera forme parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa.
Todos los elementos de una empresa serán considerados para los efectos de la responsabilidad de las obligaciones que deriven de todas las relaciones de trabajo que existan dentro de ella, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades.
Transitorios
Primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los intermediarios y las empresas a las que hace alusión la presente reforma tendrán un plazo de 90 días contando a partir de la entrada en vigor del reglamento que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social al efecto expida.
Es cuanto, diputado Presidente y solicito a usted que se realice la inserción del texto íntegro de la presente iniciativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Así se hará, diputado Mario Salazar Madera, y se turna su iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Daniel Dehesa Mora: Con su permiso, diputado Presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, elevar a rango constitucional la definición de que el mexicano debe ser un Estado de bienestar, es reconocer la imperiosa necesidad que tiene nuestro país de asentar en la Carta Magna garantías mínimas y de acceso universal.
Hablo de un estado de bienestar comprometido con la aspiración del progreso personal y familiar de los mexicanos y las mexicanas; de un estado de bienestar como estrategia para reducir las desigualdades y corregir los desequilibrios regionales.
México requiere una reforma de Estado democrática, que conduzca a la redistribución efectiva y equitativa del poder y de la riqueza. Los rezagos en esa materia son históricos e insostenibles.
Menciono a manera de ejemplo sólo algunos porque la lista es interminable: alta incidencia en cáncer de mama, en cáncer cervicouterino, falta de servicios básicos, 60 por ciento de la población sin derecho al servicio de seguridad social, los jóvenes no tienen empleo y 10 por ciento de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, porcentaje que se multiplica por 6 en la población indígena.
Sólo 3 de cada 10 jóvenes acceden a la educación superior; 44 por ciento de los indígenas se encuentran en el extremo más pobre del ingreso y sufren los mayores niveles de privación en términos de salud, alimentación y educación.
En cifras cerradas, el gobierno federal admite que casi 50 por ciento de la población padece pobreza patrimonial.
En algunos estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, este porcentaje se eleva a 70 por ciento. Cerca de una quinta parte de la población sufre pobreza alimentaria.
El estado de bienestar que propongo busca sentar las bases constitucionales para brindar oportunidades iguales a todos los mexicanos, que procure su movilidad social con garantías de acceso universal a una red de protección básica en alimentación, salud y educación.
México reclama un estado de bienestar para que la sociedad pueda elegir y conducir su propio destino. Un estado de bienestar que sea la expresión de una democracia sustentada en principios sociales y distributivos.
La política social no sólo es asunto de ética; lo es también de eficiencia y racionalidad. México requiere que la redefinición de su Estado abrigue una meta social de amplio horizonte.
Necesitamos una definición de Estado que sea la pieza nuclear de todo el proceso de cambio, que ponga en el centro de discusión la agenda del desarrollo social, un estado de bienestar para terminar con la prosperidad de pocos y la pobreza de muchos. Las metas sociales son sustantivas y los demás son vías de acceso.
Propongo asumir un estado de bienestar como principio y fin de la acción del gobierno, que gane la confianza de la sociedad para ganar también su cooperación.
Para el estado de bienestar, la mejor política-social es la enfocada hacia la educación. Reconoce que en la sociedad del conocimiento radica la base del nuevo desarrollo social.
México requiere, por tanto, un sistema educativo más robusto. Un sistema alimentario equitativo y un sistema público de salud que garantice efectivamente acceso universal.
En tal sentido someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución General de la República y de la cual leo los puntos relevantes, solicitando se inserte íntegra en el Diario de los Debates.
Artículo 4o. Esta Constitución reconoce y garantiza que el Estado mexicano es un estado de bienestar instituido para satisfacer mínimos sociales en alimentación, salud y educación, que asegure bajo la idea de universalidad de acceso el pleno desarrollo de todas las posibilidades, de los habitantes del país. Las garantías sociales mínimas que el estado de bienestar garantiza son: Uno, el acceso universal a la alimentación, el acceso universal a la salud y el acceso universal a la educación.
Para materializar lo anterior, el estado de bienestar se estructura con base en tres pilares institucionales: Uno, un sistema nacional de alimentación, un sistema único nacional de salud pública y un sistema nacional de acceso universal a la educación, en todos sus niveles educativos.
Sin menoscabo de otras acciones y políticas públicas, el estado de bienestar descrito en los párrafos anteriores será la base del desarrollo nacional y de la normalidad democrática.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Daniel Dehesa Mora. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Informo a la asamblea que se ha agotado el tiempo que está establecido para la presentación de iniciativas en esta sesión, como lo solicitó la Junta de Coordinación Política, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es la discusión del dictamen con proyecto de decreto, que adiciona una fracción XXX al artículo de la Ley General de Salud.
En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se le dispensa la lectura.
En virtud de que no se han registrado oradores a nombre de la Comisión, ni para la discusión en lo general y en lo particular, se considera suficientemente discutido. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Señor Presidente, pido se abra el sistema electrónico solamente por cinco minutos, en virtud de que los demás compañeros están comiendo.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Señor diputado, hay algunos legisladores que se encuentran en trabajos de comisiones y como ha sucedido en otras ocasiones que algunos legisladores o legisladoras se han accidentado por la premura del tiempo, otorgaremos 10 minutos para la votación. Adelante.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
(Votación)
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Esta Presidencia recibió del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma el artículo 76-Bis de la Ley de Amparo, reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se turna esta iniciativa a la Comisión de Justicia.
Saludamos al grupo de mujeres del municipio de Tetela de Ocampo, del estado de Puebla, las cuales nos visitan el día de hoy en esta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Bienvenidas.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Ciérrese el sistema de votación electrónica. Se emitieron 370 votos en pro, ninguno en contra y una abstención, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Aprobado en lo general y en lo particular por 370 votos el decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 3o. de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Gracias, diputada secretaria. Se le dispensa la lectura. Esta Presidencia informa a la asamblea que no se ha registrado ningún legislador para su discusión ni en lo general ni en lo particular, por lo que se considera suficientemente discutido.
Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del dictamen.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 331 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones. Para una rectificación la diputada Aurora Cervantes.
La diputada Aurora Cervantes Rodríguez (desde la curul): Señor Presidente, solamente para solicitar que se modifique mi voto y que sea a favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Fernel
El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Marcos Salas.
El diputado Marcos Salas Contreras (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Héctor Padilla.
El diputado Héctor Padilla Gutiérrez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Armando García.
El diputado Armando García Méndez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Jorge Toledo.
El diputado Jorge Toledo Luis (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Mota.
El diputado Adolfo Hernández Mota (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Deschamps.
El diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Rivera Bedoya.
El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Arnoldo Ochoa.
El diputado Arnoldo Ochoa González (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: A favor. Diputado González Betancourt.
El diputado Jorge Justiniano González Betancourt (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: A favor. Diputada Martínez Díaz.
La diputada María de Jesús Martínez Díaz (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: A favor. Diputado Luis Herrera.
El diputado Anuario Luis Herrera Solís (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: A favor. Se emitieron 344 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado en lo general y en lo particular por 344 votos, el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se dispensa la lectura. Esta Presidencia informa a la asamblea que no se han registrado oradores para hablar en lo general del dictamen que se presenta.
Se pregunta para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Al no reservarse ningún artículo para su discusión en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 337 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado en lo general y en lo particular por 337 votos, el decreto que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 71 de la Ley de Vivienda. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se le dispensa la lectura. Esta Presidencia informa a la asamblea que no se ha registrado ningún diputado o diputada para la discusión en lo general del dictamen.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo, en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
Señor Presidente, se emitieron 336 votos en pro, 2 votos en contra y 3 abstenciones.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado, en lo general y en lo particular, por 336 votos, el decreto que reforma y adiciona los artículos 4 y 71 de la Ley de Vivienda. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Enrique Acosta Bello y Felipe Flores Herrera, para que puedan prestar servicios en la embajada del Uruguay en México y en la delegación de la Comisión Europea en México, respectivamente.
Para que José Alberto Pérez Guerrero; Ana Priscila Ortiz Gutiérrez; Brenda Abril Zamarrón Saldaña; Lilia Elena Reyes Núñez y Roció Rojas Herrera, puedan prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México y en el consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se les dispensa la lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Enrique Acosta Bello y Felipe Flores Herrera, para prestar servicios en la embajada del Uruguay en México y en la delegación de la Comisión Europea en México, respectivamente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Alberto Pérez Guerrero; Ana Priscila Ortiz Gutiérrez, Brenda Abril Zamarrón Saldaña, Lilia Elena Reyes Núñez y Rocío Rojas Herrera, para que puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado, en un solo acto. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
(Votación)
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Ciérrese el sistema de votación electrónica.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde su curul): No se registró mi voto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Sí, diputado Cuauhtémoc Sandoval.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde su curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Cuauhtémoc Sandoval, a favor.
Se emitieron 355 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.
El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Aprobados los proyectos de decreto por 355 votos. Pasan al senado para sus efectos constitucionales.
Esta Presidencia informa que se acaban de recibir dos oficios de la Cámara de Senadores. Proceda la Secretaría a darles lectura.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficios de la Cámara de Senadores.
Ciudadanos Secretarios de la honorable Cámara de Diputados. Presentes. Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano, para aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito de Chile, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Chile.
Minuta con proyecto de decreto
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano, para aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito de Chile, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Chile.
Secretarios de la honorable Cámara de Diputados. Presentes. Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano, para aceptar y usar la condecoración Orden el Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República del Perú.
Minuta con proyecto de decreto
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano para aceptar y usar la condecoración Orden el Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno…
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Sonido a la curul del diputado Diódoro Carrasco, por favor.
El diputado Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Por tratarse de un asunto de urgente u obvia resolución, Presidente, quiero solicitarle que con base en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se sirva solicitar dispensa de trámite.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensan todos los trámites, y se ponen a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea, si se dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se dispensan todos los trámites. Proceda la Secretaría a dar lectura a los proyectos de decreto.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Dos proyectos de decreto.
El primero. Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano para aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito de Chile, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Chile.
Segundo proyecto. Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano para aceptar y usar la condecoración Orden del Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República del Perú.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: En consecuencia, están a discusión en lo general y en lo particular los artículos únicos de los proyectos de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se informa a la Presidencia que se emitieron 318 votos en pro, 11 en contra y 11 abstenciones.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobados en lo general y en lo particular por 318 votos los proyectos de decreto que conceden autorización a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano para aceptar y usar las condecoraciones Orden del Mérito de Chile, en grado de Gran Cruz, y Orden el Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le otorgan los gobiernos de las repúblicas de Chile y Perú, respectivamente. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se informa a la asamblea que se ha recibido oficio de la Junta de Coordinación Política, solicito a la Secretaría dé cuenta del mismo.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Junta de Coordinación Política. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por la diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que el diputado Manuel Portilla Diéguez cause baja en la Comisión de Turismo.
Que el diputado Jesús Sesma Suárez cause baja en la Comisión de Cultura.
Que el diputado Francisco Elizondo Garrido cause baja en la Comisión de Seguridad Pública.
Que el diputado Manuel Portilla Diéguez cause alta como secretario de la Comisión de Gobernación.
Que el diputado Jesús Sesma Suárez cause alta en la Comisión de Relaciones Exteriores.
Que la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas cause alta en la Comisión de Turismo.
Que el diputado Francisco Elizondo Garrido cause alta en la Comisión de Puntos Constitucionales.
Que el diputado Manuel Salvador Salgado Amador cause alta en las Comisiones de Seguridad Pública, de Cultura y de Fortalecimiento del Federalismo.
Que el diputado Javier López Adame cause alta en la Comisión de Investigación del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, suscribe el diputado Héctor Larios Córdova, Presidente de la Junta de Coordinación Política.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada.
El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se autoriza. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: De la Comisión de Cultura relativo a una moneda conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la muerte del muralista mexicano Diego Rivera.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.
Se han registrado de manera previa, para hablar en pro, los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD, y la diputada Blanca Luna Becerril, de Nueva Alianza. Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, hasta por tres minutos.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Gracias. Con su venia, señor Presidente.
Venimos aquí, a esta tribuna, para solicitar el apoyo de todos ustedes, para que este dictamen, que ya fue aprobado en la Comisión de Cultura, constituya una forma de homenaje al maestro Diego Rivera.
El próximo 27 de noviembre conmemoraremos el 50 Aniversario de su desaparición. Después de una larga enfermedad y una intervención quirúrgica, Diego Rivera dejó su creación y legó al pueblo mexicano no sólo su obra pictórica, sino también la colección extraordinaria de piezas arqueológicas y artesanía popular que atesoró a lo largo de los años.
Con esta conmemoración queremos dar respuesta a la solicitud que la familia del pintor hizo a esta soberanía, a efecto de que en una institución de gran prosapia y abolengo dentro de las instituciones de nuestro país, como es la Casa de Moneda, se acuñe una moneda conmemorativa que dé cuenta del homenaje que esta soberanía, esta representación popular, junto con la administración pública, hacemos a la memoria del maestro Diego Rivera.
Acuñar una moneda es una tradición que nos remonta a épocas pretéritas. Los grandes hombres de la antigüedad acuñaban monedas para conmemorar eventos sustantivos en el quehacer de esas culturas.
Y es por ello que nosotros en la Comisión de Cultura hemos considerado que es merecedor de este tipo de homenaje el que se acuñe la moneda conmemorativa en honor al maestro Diego Rivera, en ocasión del quincuagésimo aniversario de su fallecimiento. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Se le concede ahora el uso de la palabra a la diputada Blanca Luna Becerril, hasta por tres minutos.
La diputada Blanca Luna Becerril: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores diputados, la identidad de los pueblos se encuentra reflejada en las obras de sus artistas. Y justamente la obra de Diego Rivera es un ejemplo de lo anterior.
El valor que este extraordinario mexicano ha dejado a las nuevas generaciones, a través de sus creaciones, reside en el hecho de que con éstas se nos ofrece un mundo distinto de interpretaciones e imágenes de nuestro extraordinario pasado. Un mundo en el que el color, los trazos, las costumbres y las causas sociales a las que era fiel Diego Rivera nos invitan a reflexionar íntegramente sobre nuestra sociedad.
Cuántos de nosotros no nos hemos maravillado con su obra al recorrer los interiores bellamente decorados de la Secretaría de Educación Pública, del Antiguo Colegio de San Ildefonso, del Palacio Nacional y del Palacio de Bellas Artes o al contemplar el Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda, en donde el pueblo mexicano está representado.
Y qué decir de su obra de caballete, sus dibujos e ilustraciones, su pasión y defensa por las causas sociales.
Como bien indica la UNESCO, "el desarrollo y promoción de la educación artística, comprende no sólo la elaboración de programas específicos que despierten la sensibilidad artística y apoyen a grupos e instituciones de creación y difusión, sino también el fomento de actividades que estimulen la conciencia pública sobre la importancia social del arte y la creación intelectual".
Por tal, como legisladores tenemos el deber de llevar a cabo las acciones que sean necesarias para que la vida y obra de todos los mexicanos destacados, no sólo en el ámbito artístico, sea reconocida de manera digna y a su debido tiempo.
Así, los invito a que hagamos del aniversario luctuoso de Diego Rivera un momento especial para que, con su obra, como él mismo lo mencionó, liguemos un gran pasado con el que queremos que sea un gran futuro de México.
Por tales motivos solicito a ustedes el apoyo a este punto de acuerdo, para que un grupo de trabajo conformado por diputados atienda la acuñación de la medalla conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la muerte del muralista mexicano Diego Rivera. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: No habiendo más oradores inscritos, se considera suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado el punto de acuerdo. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Comisión de Comunicaciones, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que disminuyan el número de claves Lada, asignadas al estado de Tlaxcala.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado el punto de acuerdo. Continúe.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Comisión de Comunicaciones, por el que solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que remita el texto íntegro del título de concesión otorgado a la Comisión Federal de Electricidad, para operar una red pública de telecomunicaciones.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado el punto de acuerdo. Queremos agradecer la presencia en este salón de sesiones, de un grupo de participantes del curso de Política de México para funcionarios de las cancillerías de América Latina, que organiza el Instituto Matías Romero, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Les damos la más cordial bienvenida.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se autoriza. Dé cuenta de los resolutivos.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se desechan cinco iniciativas relativas a la Ley General de Educación y a la Ley Reglamentaria del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Comisión de Salud, por el que se desecha la iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción II, del artículo 115 de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Comisión de Salud, por el que se desecha la iniciativa que adiciona los artículo 226 Bis y 257 Bis, a la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Comisión de Salud, por el que se desecha la iniciativa que adiciona diversos artículos al capítulo IV de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras; Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se desecha la iniciativa para que se inscriba, con letras de oro, en el muro de honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana.
El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se desecha la iniciativa para que se inscriba, con letras de oro, en el muro de honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de la Academia Nacional de Medicina de México.
El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se desecha la iniciativa para que se inscriba, con letras de oro, en el muro de honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre del Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo.
El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
Se notifica a la asamblea que el punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se desecha la iniciativa para que se inscriba, con letras de oro, en el muro de honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros se ha retirado, a petición de la propia Comisión.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se desecha la iniciativa para que se inscriba, con letras de oro, en el muro de honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de la Academia Mexicana de la Lengua.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobados los puntos de acuerdo de los que se ha dado cuenta. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Continúe.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. Se han registrado de manera previa para hablar en contra del dictamen la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD, y para hablar a favor el diputado Carlos Chaurand Arzate, del Grupo Parlamentario del PRI, por lo que se le concede el uso de la palabra a la diputada Aleida Alavez, Ruiz hasta por tres minutos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Esta iniciativa lo que pretende es que, ante el rezago en el trabajo legislativo, los más de 170 puntos enlistados que no podemos desahogar y que se han vuelto una carga en la falta de debate político, la falta de atención a los puntos de acuerdo y que en cada sesión tenemos que agotar a las tres o cuatro de la tarde el orden del día y luego convertir esto en un rezago que vamos a heredar a la próxima legislatura, se propuso ampliar las sesiones de este pleno para el día miércoles; que sesionemos martes, miércoles y jueves, de tal forma que agotemos los puntos enlistados en el orden del día y que, además, también abramos el debate político.
Éste es el espacio en el que tenemos que procurar revisar los temas nacionales. Lamentablemente no se ha hecho. Tenemos un rezago muy importante. Tenemos que, también, asumir esto como una acción pública en donde atendamos esta parte en la que a los diputados se nos ubica igual que a los policías por la pereza en el trabajo que realizamos.
Qué bueno, sabiendo que hay otros poderes, como el caso de la Suprema Corte de Justicia que sesionan diario, precisamente para atender en debate todo el rezago que tienen. Que también nosotros, como legisladores, nos hagamos cargo de esta atención que debemos dar, no solamente a iniciativas sino a puntos de acuerdo que lamentablemente quedan en el tintero y que al irse rezagando pierden vigencia, pierden esa forma de ser atendidos de manera más puntual.
Además, de que en el dictamen se fundamenta, con un párrafo que a mí me llama mucho la atención, en el sentido de que esta propuesta será retomada en la discusión de la reforma del Estado. ¿Por qué si va a ser retomada en la discusión de la reforma del Estado ahora se desecha para tomarla como una propuesta totalmente inaceptable y que se esté argumentando de esa forma el desecho de esta iniciativa?
Por lo anterior, yo considero que necesitaríamos entonces que esta iniciativa se vaya a ese temario de la reforma del Estado, que los diputados que vayan a entrar o demos la discusión en ese ámbito, también asumamos que esa propuesta lo que pretende es eliminar ese rezago.
Son 170 puntos de acuerdo, 48 iniciativas, en el primer año tenemos una presentación de 703, de las cuales solamente se han aprobado 55 y se han negado 199. Todo lo demás está en rezago, está en pendiente. Además, de que esto no tiene que ver con que aquí agotemos lo que corresponde a comisiones.
En comisiones son los dictámenes, efectivamente, pero aquí es el debate político. Yo creo que es necesario que lo abramos no solamente los días martes y jueves, sino también los días miércoles.
Por lo anterior, yo considero que no procede el dictamen que ahora se nos presenta.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Aleida Alavéz. Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Carlos Chaurand Arzate, hasta por tres minutos.
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Con su permiso, señor Presidente. Estimadas compañeras y estimados compañeros, vengo a pedir el voto afirmativo al dictamen que se discute por las siguientes razones, que añado a las vertidas en la exposición de motivos del propio dictamen, y a la complejidad jurídica que en el mismo se reseña.
En primer término, no desconocemos la bondad de la iniciativa. En la comisión la discutimos ampliamente. Creemos que tenemos que dar pasos hacia delante para poder solventar el problema que tenemos de nuestro rezago legislativo, no únicamente de los puntos de acuerdo y las iniciativas que están rezagadas en este pleno, sino de todo el rezago en comisiones.
Una gran discusión se ha dado en torno de si tenemos que aumentar los días de periodos de sesiones, si tenemos que aumentar los periodos de sesiones, si debemos actuar en las dos vías, si tenemos que reglamentar y obligar a un mayor trabajo en comisiones, si tenemos la posibilidad de que en las comisiones a la segunda convocatoria pueda actuarse sin necesidad del quórum que hasta la fecha existe, en fin. Es un problema que creemos que debe ser visto de manera integral.
Al respecto he de manifestarles que tanto la Junta de Coordinación Política como la Mesa Directiva y, obviamente, la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos están haciendo un esfuerzo de consensuar una serie de normas de carácter interno a través del acuerdo que es la vía que tenemos para suplir estas deficiencias, ya sea de la ley o del reglamento, o más aún, para apresurar la posible solución y no culminar el proceso legislativo única y exclusivamente para este tema, y que espero que se esté socializando en los grupos parlamentarios, y que al final esto pudiera ya presentarse a la consideración del pleno.
En cuanto al punto concreto, nosotros creemos que en la mesa para la Reforma del Estado, en la subcomisión redactora para el fortalecimiento del Poder Legislativo, hemos estado tocando estos temas, y que creemos que el escenario ideal sería ir a una serie de reformas constitucionales para posteriormente proceder a una nueva ley del Congreso, y a la posibilidad de que ambas Cámaras puedan tener su propio reglamento…
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Permítame, diputado. ¿Con qué objeto, diputada Aleida Alavez? Sonido a la curul de la diputada Alavez, por favor.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, diputado Presidente. Es precisamente para saber si me acepta una pregunta el diputado que está en el uso de la palabra.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado Chaurand, ¿acepta usted una pregunta de la diputada Aleida Alavez?
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Si usted la acepta en los términos parlamentarios, yo con mucho gusto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Sí la acepta entonces. Adelante, diputada Alavez.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias. Diputado, es una inquietud. Los fundamentos del dictamen precisamente datan de que esto está a discusión, de que no está rechazada la propuesta. Entonces, ¿por qué no mejor regresar a comisiones esta iniciativa, y una vez que hayan revisado de manera integral toda esta revisión que están haciendo de la Ley Orgánica, ahí se dictamine esta propuesta?
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Con mucho gusto le doy respuesta. En primer lugar, tenemos término para la dictaminación y hemos convenido en principio que nos llevaría todavía algún tiempo poder analizar la reforma constitucional. Por una primera parte.
Por otra segunda parte, le explicaba yo a la asamblea que es necesario verlo integralmente, o sea, no únicamente en cuanto a que si vamos a aumentar el número de sesiones, sino también si vamos a aumentar el número de meses de los periodos, sobre todo del segundo periodo ordinario de sesiones; si vamos a dejar, si vale la pena dejarlo en ley o si es una materia de reglamento, pero que entendamos que en este momento no podremos nosotros ir haciendo una serie de adecuaciones a nuestro Reglamento, toda vez que la intencionalidad de las reformas a la Ley Orgánica y al propio Reglamento que se han hecho, nos han llevado a que tengamos el compromiso —que desafortunadamente no se ha hecho— de que cada Cámara tenga su propio reglamento.
Ahorita le contesto todas las preguntas que quiera, diputada, nada más permítame terminar.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado, ¿ha respondido usted o todavía no ha concluido su respuesta?
El diputado Carlos Chaurand Arzate: No, Presidente. Yo le comunico.
En este sentido, creo, estoy convencido de que no podemos ahorita efectuar o tener un reglamento exclusivo para la Cámara de los Diputados, si no media reforma constitucional que así lo posibilite.
Hemos estado en pláticas con la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado de la República, y concretamente, con el responsable del grupo de trabajo, el senador Arturo Núñez, precisamente para poder establecer ese mínimo de reformas constitucionales que requerimos para tener reglamentos acordes con esta nueva realidad de cada una de las Cámaras.
Amén de lo anterior, huelga decirle que el día de hoy tenemos una reunión las mesas directivas de las comisiones de Puntos Constitucionales, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para ir definiendo estas reformas constitucionales y la necesidad de acelerar algunas de ellas, como bien podría ser la posibilidad de que cada una de las Cámaras tenga su Reglamento.
Recapitulo, diputada, para ver si puedo ser aún más preciso.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Permítame, diputado. ¿Ha dado usted respuesta a la pregunta de la diputada Alavez?
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Sí, señor Presidente.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: ¿Con qué objeto, diputado Tonatiuh Bravo?
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Gracias, Presidente. Con el propósito de que le pregunte al orador si acepta una pregunta.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado Chaurand.
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Claro.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Sí la acepta. Adelante, diputado Tonatiuh Bravo.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Le agradezco, Presidente. Le agradezco al diputado por haberlo aceptado. La inquietud es muy sencilla, como presidente de la Comisión, usted, diputado, podría hacer suya la propuesta de que regresara a Comisión. Regresar a comisión no es ningún problema desde el punto de vista de trámite legislativo. En virtud de que están vivos los contenidos de la misma, pudiera ser objeto de dictaminación junto con todo lo demás que se está revisando del Reglamento y de la Ley Orgánica.
Pedirle respetuosamente y preguntarle si aceptaría, como presidente, esta moción del Grupo Parlamentario del PRD, en el sentido de que sólo ésta se regresara a comisión para que fuera considerada en lo demás que están dictaminando. Es cuanto, Presidente. Gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Puede usted responder.
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Diputado Bravo, es una decisión que no podría tomar yo en mi carácter de presidente de manera unilateral, tendría que hacer la consulta con la mesa directiva. Por lo menos creo que es lo que en este caso debería de hacerse.
Yo tuve la oportunidad de platicar con el secretario de la mesa directiva de su grupo parlamentario, a efecto de que viéramos la posibilidad de platicar con la iniciante y de discutir algunas cosas, a lo que a mí se me informó en ese momento que no era necesario. A sorpresa mía, posteriormente veo que no se quiso la plática que pudiéramos tener a ver si llegábamos a un punto de entendimiento y de convencimiento.
Pero le vuelvo a repetir, no es una cuestión que tengamos en este momento —yo en lo personal— posibilidades de hacer.
Creo que va a tocarse el tema de la reforma del Estado y, en concreto, de la mesa de trabajo de la Subcomisión Revisora en cuanto al fortalecimiento del Poder Legislativo, y que tendrá que tocarse en todos los aspectos que aquí hemos venido diciendo, diputado Bravo Padilla. Lo que yo ––en lo personal–– considero es que debe de ser una reforma reglamentaria y aquí estamos hablando de una reforma a Ley Orgánica.
En primer lugar, yo también considero que la Ley Orgánica que ahorita tenemos ha quedado rebasada y que ya no debe de ser una ley orgánica, que debe de ser una ley del Congreso, precisamente para tocar algunos puntos que no están contemplados en la organización y funcionamiento de los órganos de dirección del Congreso de la Unión.
Pero en fin, eso será motivo de algunas opiniones y de algunos estudios. El mismo Centro de Estudios de Derecho Parlamentario ha establecido, nos ha recomendado, que no es la vía de solución para estos problemas, amén de que el problema que tenemos pueda ser resuelto de manera pronta a través del acuerdo que están preparando la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y la Conferencia para los Trabajos Legislativos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Permítame un segundo, diputado. ¿Con qué objeto, diputada Aleida Alavez?
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, diputado Presidente. Es para pedir el uso de la palabra en términos del artículo 100 del Reglamento.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se ha inscrito de manera previa, para hablar en contra del dictamen, el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez. Con todo gusto, después de que haga uso de la palabra el diputado Sandoval.
¿Ha concluido usted, diputado Chaurand?
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Nada más decirle al diputado Bravo que —en lo personal— no tengo ningún inconveniente y si los secretarios de la mesa directiva de la Comisión estuvieran de acuerdo en que por lograr un consenso y en la búsqueda de mayor entendimiento pudiéramos retirarla, yo no tengo ese inconveniente, diputado Bravo.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: ¿Ha concluido, diputado Chaurand?
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Sí, señor Presidente, concluí.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: A ver, diputado Sandoval, ¿con qué objeto? Permítame que le den sonido a su curul, para que todos podamos escucharlo.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde su curul): El diputado Chaurand ha propuesto hacer una rápida consulta para ver si hay consenso con los secretarios de la Comisión. Lo cual es correcto. Y entonces ya nos ahorraríamos las siguientes intervenciones.
Creo que él ha dado una solución. Hagamos una moción suspensiva de unos minutos para que el diputado Chaurand pueda hacer esa consulta.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: ¿Podría concretar su propuesta, diputado Chaurand?
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Con mucho gusto, señor Presidente. Yo en un minuto podría hacer la consulta con mis compañeros secretarios de la Comisión, a ver cuál es su opinión.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Considera usted que lo propio sería que este dictamen lo presentáramos hoy mismo o la próxima sesión para que usted pueda hacer la consulta pertinente.
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Sería preferible que lo difiriéramos para la próxima sesión y que la Comisión le diera la respuesta por escrito.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Estaríamos entonces, a nombre del presidente de la Comisión, retirando de esta sesión este dictamen para que se hagan las consultas pertinentes y entonces no someterlo a votación en esta sesión. Muchas gracias, diputado Chaurand.
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Gracias a usted. Gracias a la asamblea.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: En consecuencia y siguiendo el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, pasaríamos al punto relativo a agenda política.
Se ha registrado el asunto relativo al proceso electoral en el estado de Oaxaca, a cargo de los grupos parlamentarios y para ello se han registrado los diputados Delio Hernández Valadés, del Grupo de Alternativa; el diputado Joaquín Humberto Vela González, del PT; Alberto Esteva Salinas, de Convergencia; el diputado Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI; el diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD; y la diputada Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN.
En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al diputado Delio Hernández Valadés, del grupo parlamentario de Alternativa, hasta por ocho minutos.
Si me permite un minuto el orador. Queremos saludar a los estudiantes de la Universidad Quetzatcóatl, de la ciudad de Moroleón, Guanajuato, que han sido invitados por el diputado federal Artemio Torres Gómez. Bienvenidos.
El diputado Delio Hernández Valadés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a señalar enfáticamente el malestar en marca del posicionamiento del Grupo Parlamentario Alternativa, ante las elecciones de este fin de semana en Oaxaca.
Malestar por la situación histórica de injusticia que viven los oaxaqueños y por la deplorable calidad de la elección de la que fuimos testigos. Partiendo del reconocimiento de que la democracia no es un estado fijo ni un lugar sino un proceso. En México podemos señalar con gran satisfacción el avance que la democracia ha tenido en los últimos años en nuestro país.
Tenemos indicadores que nos permiten visualizar una incipiente pero real transición democrática. Institutos federal y estatales electorales autónomos, ruptura de la hegemonía de un solo partido en el Poder, poderes Legislativo, federal y estatales más plurales, partidos políticos emergentes y una reciente reforma electoral que establece reglas nuevas —que redundarán en una más responsable utilización del dinero en las campañas políticas— dan cuenta como nunca antes en la historia moderna de que en nuestro país hemos avanzado hacia el estado democrático que queremos ser.
No obstante, a la par que contamos con tales logros, paralelamente tenemos que bregar con grupos o personas cuyas conductas ponen en riesgo lo alcanzado. Tal es el caso de la reproducción de prácticas de la vieja política que en no pocas ocasiones han traído como consecuencia elecciones poco confiables y resultados alterados a favor de un grupo asentado en el poder.
Aún más, contar con las instancias jurisdiccionales para recurrir ante eventuales inconformidades ha traído como consecuencia la judicialización de los procesos electorales.
Hace ya más de un año que la sociedad oaxaqueña inició una serie de manifestaciones de repudio al gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz. Muchos de los actos derivados de dichas manifestaciones han desencadenado incluso serios brotes de violencia en donde no puedo dejar de señalarlo, mujeres y niñas han sido objeto de abusos, y decenas de personas han visto violentados sus derechos humanos.
Hasta este momento, tal parece que el gobernador de Oaxaca vive en un mundo aparte en donde no se da por aludido y todas sus declaraciones además de timoratas e intrascendentes, señalan cosas tales como que se negocian acuerdos para resolver el conflicto, como si él mismo nada tuviese con ver con él y su mal desempeño como gobernante.
Las elecciones de este fin de semana en esta entidad dan cuenta de lo que he señalado anteriormente. La conducta del gobernador pone en grave riesgo los avances democráticos del Estado mexicano, porque el gobernador prácticamente ha hecho caso omiso de los reclamos sociales que le exigieron en varias ocasiones su renuncia. Aún más, tampoco nuestra legislación ha ofrecido un respaldo a ese pueblo con el que históricamente México tiene deudas sociales de la mayor envergadura.
En este escenario de conflicto social y de falta absoluta de resolución a las demandas sociales que subyacen al conflicto magisterial popular, curiosamente los resultados de la elección del domingo pasado le dan nuevamente al PRI-gobierno, un triunfo contundente.
En un estado de evidente inconformidad social con el partido gobernante, es un contrasentido que sea precisamente tal partido el que obtenga el triunfo. No nos corresponde calificar la elección ni es nuestro papel colocarnos en este sitio, pero tampoco nos pueden pedir que nos callemos ante la evidencia.
Hace apenas unas cuantas semanas, en el proceso electoral anterior, también el PRI-gobierno, recurriendo a la elección de Estado se llevó carro completo en la elección de diputados locales.
En Alternativa Socialdemócrata denunciamos desde esta tribuna lo que ahora señalamos como un hecho en el mes de diciembre del año pasado, cuando presentamos un punto de acuerdo para pedir que la Policía Federal Preventiva y la Policía Ministerial de Oaxaca enviasen un informe del estado físico en que se encontraban las personas detenidas, en especial las mujeres, por motivo del conflicto de Oaxaca.
Finalmente, queremos hacer un llamado para que se incluyan en nuestra Constitución las figuras como iniciativa popular, referéndum y revocación de mandato. Estamos seguros de que si a Ulises Ruiz el año pasado se le hubiese aplicado la revocación del mandato, desde hace muchos meses estuviera fuera del gobierno del estado. Es cuanto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Delio Hernández Valadés. Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Joaquín Humberto Vela González, hasta por ocho minutos.
El diputado Joaquín Humberto Vela González: Gracias, señor Presidente.
En las elecciones de Oaxaca destaca una particularmente importante, que es precisamente la de la ciudad capital.
En Oaxaca, capital, el Partido del Trabajo hizo alianza de hecho, con los compañeros de Convergencia. En consecuencia, nuestro candidato a presidente municipal es y fue Humberto López Lena.
Humberto López Lena fue un candidato, sin duda, el mejor para la presidencia municipal de Oaxaca y tuvimos un proceso que se caracterizó por injerencias permanentes de parte del Estado.
Hay una consideración particular por esta elección, porque la participación del Estado obviamente estaba centrada principalmente en tratar de oponerse a que hubiera un triunfo de la oposición en la ciudad de Oaxaca.
No es la primera vez que Convergencia ganaría la capital de Oaxaca. Ya hace seis años Convergencia triunfó y en consecuencia, era un candidato que tenían que estar permanentemente golpeteando para poder impedir que él triunfara.
Hay un dato que es totalmente significativo. La elección arroja cerca de 30 mil votos para la candidatura de Convergencia, de Humberto López Lena, que como les mencionaba, estuvo apoyado todo el proceso por el Partido del Trabajo.
En ocasiones anteriores, para poder ganar la ciudad capital se requerían cerca de 26 mil votos, ahora Humberto López Lena obtiene cerca de 30 y para poder ganarle tuvieron que hacer movimientos de todo tipo y aumentar la votación, en este caso, del candidato del PRI arriba de 33 mil votos. Es algo que no resulta creíble.
Existe una evidencia de que en días recientes hubo un acto político cerca de la ciudad de Oaxaca, donde el señor gobernador del estado de Oaxaca estuvo realizando proselitismo a favor del candidato del PRI. Existe y así fue entregado en las oficinas de campaña del candidato López Lena, una grabación de este evento político que, además, es un evento político que tenía que ser público, si hubo como tal evento político, pues tenía que ser público. No fue ninguna grabación de que se interfiriera o se lograra por métodos no legales; fue un acto político que existió y que, como tal, entiendo que fue público.
En él se señalan acciones políticas instrumentadas por el propio gobierno del estado para tratar de impedir el triunfo de nuestro candidato Humberto López Lena.
Es importante que se analice este hecho porque en la Ley Electoral de Oaxaca está claramente establecido, en la parte de sanciones, que intervenciones de este tipo tienen una implicación directa.
Nosotros venimos a esta tribuna a solidarizarnos con nuestro candidato, Humberto López Lena, y a señalar todo el apoyo que como partido político tenemos para poder apoyarlo en su demanda de que todas las irregularidades que se detectaron pudieran ser investigadas y, en su caso, de proceder pudiera efectivamente anularse la elección para poder plantear unas elecciones transparentes y claras.
Es entonces evidente, subimos a esta tribuna a dar todo el apoyo a nuestro candidato en alianza, en la ciudad de Oaxaca, Humberto López Lena, y a solidarizarnos con todas las peticiones que ellos estén expresando. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Joaquín Humberto Vela González. Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Esteva Salinas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, por favor.
El diputado Alberto Esteva Salinas: Con su permiso señora Presidenta. Causa asombro la ausencia del PRIAN en esta asamblea. Y bueno, es que no es un tema menor.
Hace algunos días efectivamente hubo elecciones en Oaxaca. Y estas elecciones, vergonzosamente para los oaxaqueños, con la intromisión del Ejecutivo del estado y sus colaboradores ensuciaron el proceso y evidenciaron aún más al Instituto Estatal Electoral, que siempre ha sido un apéndice del gobierno del estado.
Por cierto, las irregularidades son múltiples. No únicamente nos referimos al tema de la intromisión del Ejecutivo en una actitud de promoción directa de los candidatos del PRI, sino también al desvío de recursos financieros, de recursos materiales, de recursos humanos.
A miles de oaxaqueños les queda muy claro que el candidato ganador en el municipio de la capital de Oaxaca es Humberto López Lira, quien por cierto fue blanco de ataques poco antes de iniciar el proceso formal, durante el proceso formal y sigue siendo blanco de ataques en este momento. Su domicilio fue asaltado, sin que hasta el momento haya ningún avance en las investigaciones. ¿Qué de raro tiene esto en Oaxaca? Absolutamente nada.
También fue agredido por integrantes de la planilla del candidato del PRI y protegidos estos vándalos electorales y políticos por las propias corporaciones policíacas del estado y del municipio de la capital de nuestra entidad en el sur del país.
Por eso es que a plena luz del día nosotros tenemos todos los elementos para ir en la vía legal a impugnar este proceso. Pero además decir con claridad que esa acción de destruir propaganda, de denostar al adversario político, de pintarrajear todo el centro histórico y la colonias y las agencias de Oaxaca, denostando y atentando en contra del patrimonio de todos los mexicanos es signo de los priístas de esa vieja guardia que no entienden todavía que llegó el momento de la democracia en nuestro país.
La mayoría de medios de comunicación en el estado se uniformaron, entregados a los intereses del gobierno en turno, acoplándose a una estrategia para minimizar la presencia y el crecimiento de los partidos del Trabajo y Convergencia y de su candidato Humberto López Lena.
Porque hay que decirlo: Humberto López Lena representa, en este caso, en esta elección en el municipio de Oaxaca a la verdadera oposición al gobierno y a las alianzas que… yo coincido con algunos panistas decentes de talla nacional.
Pero los panistas que están en Oaxaca desfortunadamente son empleados de Ulises Ruiz Ortiz y de quien lo antecedió en el cargo. Por cierto esos candidatos y esas campañas fueron financiadas con dinero del Congreso local y hay muchas pruebas al respecto.
El gobierno del estado quiso confundir siempre a la opinión pública y siempre en esa campaña mediática manejó a la planilla de Humberto López Lena, impulsada y apoyada por el Partido del Trabajo y Convergencia, como una planilla en un cuarto lugar.
Hoy está demostrado que no solamente remontó la votación histórica del PRI, sino que sacó la mayo votación histórica que haya tenido candidato alguno de ningún partido político.
Por eso tenemos confianza en que el proceso electoral en su momento será revisado en la última instancia que es el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y no tenemos duda que se va a declarar la nulidad del proceso porque existen todos los elementos para que así sea.
Así que en este sentido habrá un nuevo proceso electoral en la capital del estado, no nos queda la menor duda. Y ahí vamos a acreditar nuevamente que Humberto López Lena es ya el presidente municipal en la capital del estado de Oaxaca.
Resulta totalmente inverosímil que el PRI tenga un triunfo por la vía del fraude, acreditándose votos que no obtuvo y acreditándose en operativos, lo que a nosotros hoy, con todas las pruebas que se están dando a conocer en los medios de comunicación, nos da la confianza de que habrá de resolverse en el tribunal favorablemente para la anulación y para la reposición del procedimiento.
La elección habrá de revisarse, y por el bien de México y de los oaxaqueños, este proceso, insistimos, debe repetirse.
Para Convergencia existen evidencias claras de la intromisión del Ejecutivo local. Todo el aparato de gobierno se volcó en el proceso. Funcionarios públicos del primero al cuarto nivel fueron obligados a promover el voto a favor del PRI, obteniendo para ello, en horarios de trabajo, la dispensa para abandonar sus labores de oficina durante más de cinco meses. Tanto el proceso de agosto como este proceso así fueron operados.
Estamos convencidos de que el desvío de recursos públicos, la compra de credenciales, la irrupción de supuestos grupos armados, la amenaza permanente en contra del comercio organizado, así como a familiares de funcionarios y prestadores de servicios fue parte de la ruta que siguieron para inhibir la votación, lo que afortunadamente no fue logrado por el gobierno del estado.
La sociedad salió de forma copiosa a participar y lo que ellos diseñaron no fue lo contundente para convencer a todo el país de que el PRI ganó ese proceso.
En Oaxaca siguen pendientes los agravios, y como lo señaló un ministro de la Suprema Corte hace unos meses: el estado sigue ardiendo internamente. Miles de oaxaqueños están decididos a defender sus sufragios, por lo que el Grupo Parlamentario de Convergencia, nuestro partido político, subraya, actuará con toda responsabilidad en el estado de Oaxaca, en el marco de la ley, convencidos de que nos asiste la razón y que afortunadamente otras instancias federales electorales han dado muestras de otros procesos locales cuestionados, resolviendo apegados a la ley.
Ya esta denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y es cuestión de tiempo.
Ahora no nos queda duda de que quizá a la elección en el estado de Oaxaca también se le debió haber puesto un chip, como en Berlín, a un corredor priísta, porque nos queda de manifiesto que son los representantes de la cultura del fraude y de las tramposadas electorales en nuestro país. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Alberto Esteva Salinas. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Jorge Toledo Luis: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados. El proceso electoral del estado de Oaxaca fue un proceso apegado a derecho y contó con una amplia participación de la ciudadanía.
De las 2 mil 889 casillas fueron instaladas 99.5 por ciento éstas. Hubo una participación electoral de 54.63 por ciento en esta contienda. Estuvieron más de 20 mil funcionarios de casilla atentos al proceso de Oaxaca. Hubo mil 500 observadores atentos al proceso de Oaxaca y el día domingo los oaxaqueños vivimos una etapa y un proceso tranquilo, sin incidentes en todo el estado de Oaxaca.
Nos preocupa que el clima de concordia que se ha venido construyendo en Oaxaca se vea ensombrecido por disputas postelectorales sin fundamento legal ni destino político.
Como pareciera que el tema central de este debate es la ciudad de Oaxaca, quisiera darles algunos datos. Durante la etapa de preparación, en la jornada electoral, no hubo ninguna impugnación por parte de los distintos partidos políticos. Durante la jornada electoral en la capital no existieron impugnaciones mayores en la casilla, incluso, no existe ni un solo escrito de protesta que pudiera justificar la interposición de los recursos de inconformidad. Todos los partidos contendientes acreditaron representantes en todas y cada una de las 350 casillas que se instalaron.
El día de la jornada electoral, en la ciudad de Oaxaca, hubo 200 observadores electorales. Quiero decirles que por parte del partido, que me antecedió en la palabra, no existe ninguna impugnación por escrito ni previa ni durante la jornada electoral.
Comentan de procesos que se van a presentar impugnaciones. Creo que es la vía legal que se puedan presentar ante las instancias que se tienen que hacer, y si hubiera alguna definición de los órganos electorales del tribunal, los priístas vamos a ser respetuosos de ese dictamen para poder enfrentar los que se tengan que enfrentar y si hubiera que repetir las elecciones, queremos decirles, volveremos a ganar.
Es raro que en el caso de Tehuantepec y Loma Bonita, en donde el resultado nos fue adverso, respetamos esos resultados y no estamos en una situación de confrontación en esas situaciones.
En la democracia, compañeros diputados, compañeras diputadas, el mejor juicio es el de las urnas y ése se vio reflejado el día domingo. La sociedad nos ha respaldado. Sí, hemos triunfado porque fuimos propositivos, porque velamos porque a Oaxaca le vaya mejor.
Es tiempo de construir un futuro mejor para Oaxaca y se requiere de todos, de la participación activa de cada uno de nosotros. Oaxaca requiere de ciudadanos y dirigentes comprometidos con sus necesidades. Abolir la pobreza y la marginación no es tarea fácil, pero debemos hacerlo todos anteponiendo Oaxaca a los intereses personales o de partido.
Yo quiero invitarlos a que podamos construir un Oaxaca del futuro, a que podamos construir el Oaxaca que pueda estar a la altura de las deficiencias y a la altura de las grandes necesidades que tiene nuestro estado. Nosotros no estamos ni hemos asumido una actitud triunfalista, sino una actitud de compromiso.
Estamos resueltos a cumplir, sin dilaciones, las exigencias de todos y cada uno de los oaxaqueños. Vivimos un proceso tranquilo, en paz.
Yo quisiera decirles, a todos, que revisemos sí el proceso que vivió Oaxaca, también los procesos internos de los partidos, que me parece que tenemos que estar autocríticos para poder definir la ruta que tenemos que plantear al interior de cada uno de los partidos de la cual nosotros somos respetuosos.
Oaxaca está en paz, tuvimos un proceso tranquilo, tuvimos un proceso en paz. Vamos juntos. Yo los invito a que vayamos juntos al Oaxaca que todos queremos. Muchas gracias.
El diputado Othón Cuevas Córdova (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí. ¿Con qué objeto, diputado? Diputado Othón. Le dan sonido, por favor a la curul.
El diputado Othón Cuevas Córdova (desde la curul): Ya, si me acepta el ponente, yo solicite mi palabra cuando él todavía estaba en tribuna, una pregunta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Acepta usted, diputado, una pregunta.
El diputado Jorge Toledo Luis: Si la acepto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Acepta una pregunta el diputado. Adelante, diputado Othón.
El diputado Othón Cuevas Córdova: Diputado Toledo, quisiera que usted nos externara una opinión respecto a la grabación que se hizo pública, en donde Ulises Ruiz instruía a los funcionarios del gobierno del estado a apoyar, en ese caso, al candidato de su partido.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Jorge Toledo Luis: Sí, con todo gusto. Quiero decirte que es una reunión privada, no es una pública —lo quiero aclarar— y quienes hicieron públicas esas situaciones son gente que se metió en las radiodifusoras de los candidatos que tuvieron ahí a bien hacerlo. No es un delito, y si así lo fuera yo les invito a que procedan legalmente.
Estamos convencidos de que el trabajo que se realizó fue transparente, fue honesto, que no hemos cometido ninguna irregularidad y que ganamos a cabalidad el proceso de Oaxaca. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Toledo. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD, por favor.
El diputado Carlos Altamirano Toledo: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en efecto en Oaxaca tuvieron lugar elecciones que se realizaron en paz y con tranquilidad, pero no gracias a Ulises, sino gracias al pueblo de Oaxaca que se tuvo fe en sí mismo, porque el gobierno de Oaxaca distorsionó las elecciones, pero le falló el carro completo.
El aspecto principal en los procesos electorales de Oaxaca fue la descarada intervención del gobernador Ulises Ruiz, tanto en la elección de diputados locales como en la de ayuntamientos. El gobierno del estado desvió recursos públicos, presionó a funcionarios públicos, intimidó y coaccionó a los votantes y eso sí es un delito.
Fue un operativo para secuestrar y manipular la voluntad de los oaxaqueños. Con todo cinismo, Ulises Ruiz se dedicó a recorrer el estado acompañado de los líderes del PRI y apoyando a los candidatos oficiales, violando sin ningún miramiento los acuerdos de la autoridad electoral.
Ulises Ruiz, como cacique que es, actuó de forma cínica e impune, porque siente una perversa solidaridad de las cúpulas de su partido y la protección cómplice de la Secretaría de Gobernación. Sintiéndose apoyado tuvo el descaro de dejar rastros de sus intromisiones en todo el estado de Oaxaca.
Las pruebas existen, hay fotos de candidatos del PRI tomando protestas a funcionarios del gobierno estatal. Hay testimonios en los que Ulises Ruiz le ordena a sus funcionarios que apoyen al PRI y amenaza con cesar a quien no cumpla la instrucción. Y lo ha cumplido, porque ha cesado a funcionarios que se han negado a apoyar a esos candidatos del PRI.
Hay grabaciones y testimonios de reuniones de funcionarios en las que consta que dejarían de lado sus responsabilidades para dedicarse de lleno a las campañas de los candidatos a presidentes municipales. Y eso también, señoras y señores diputados, es un delito: utilizar recursos públicos en destino distinto para los cuales fueron autorizados.
Hay fotos de candidatos del PRI inaugurando una carretera que se hizo con dinero del gobierno federal y estatal. Hay facturas de toneladas de cemento pagadas por el gobierno de estado y que fueron tomados por el pueblo de las comunidades y que estaban destinadas a ser distribuidas un día antes de la elección.
Hay ineptitud y muy probablemente encubrimiento en la Procuraduría del estado para enfrentar la violencia de grupos que a plena luz del día actuaron con armas de alto poder, en contra de los militantes de otros partidos y representantes electorales del PRD, secuestrándolos y golpeándolos.
Hay testimonios del operativo en que los funcionarios estatales condicionaron los servicios y programas, exigiendo que los ciudadanos le entregaran sus credenciales de elector.
Compañeras y compañeros diputados, ya basta de tanto cinismo. Ulises Ruiz no tiene compostura. Ulises Ruiz podrá darle votos al PRI, pero lo hace violando la ley con mapachería y comprando conciencias con los recursos públicos en una entidad marcada por la pobreza y la marginación. Él es una vergüenza para Oaxaca y para México, en todo el mundo.
Que ahora, además de ser un pésimo gobernante, Ulises Ruiz nos confirme que es un mapache y un delincuente electoral no puede ser más que motivo de pena para un partido político.
Lo que el operativo del gobierno del estado pretendía —y logró en forma parcial— era meterle miedo a los electores e inhibir su voto. De esta forma, los índices de abstencionismo son muy graves para el caso del Congreso del estado, y fueron superiores a 45 por ciento en el caso de estas elecciones municipales, cuando normalmente votaba más de 60 por ciento de la gente.
Pese a todo, el pueblo de Oaxaca tiene dignidad y se mantuvo luchando. Ulises Ruiz no pudo lograr el carro completo que pretendía. Los oaxaqueños lograron rescatar más de 45 municipios de la política del miedo y de la compra de votos. En estos casos, el gobierno del estado fracasó en su intento de imponerse y de vulnerar la voluntad popular. Oaxaca nos seguirá exigiendo atención. El expediente no se cierra con esta elección. Desde esta Cámara de Diputados todavía hay mucho que hacer.
Concluyo, compañeras y compañeros, exhortándolos a no cejar y exigir que los responsables de estos delitos y de los más de 20 muertos del año pasado, sean procesados; a llevar a Ulises Ruiz a juicio político, y a estar atentos para impedir y denunciar los intentos del gobierno del estado para ahogar financieramente a los municipios de oposición; y para que en la nueva Ley Electoral hagamos los cambios necesarios para cancelar las conductas de los caciques locales que destruyen y minan el desarrollo democrático del país. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Carlos Altamirano Toledo. Tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Dávila Fernández, por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Adriana Dávila Fernández: Compañeras y compañeros. Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada Adriana Dávila Fernández: Acudo a esta tribuna con profunda pena e indignación para hablar sobre las elecciones celebradas el pasado fin de semana en Oaxaca.
Benito Juárez gobernó en uno de los periodos más críticos de la historia de México. Utilizó la legalidad como instrumento para legitimarse e institucionalizó el poder. Qué lástima, qué pena, qué lejos está ahora Oaxaca de ser gobernado con esa dignidad.
No es posible defender condiciones de legalidad, independencia, imparcialidad, igualdad, objetividad, y regresar a las prácticas que tanta vergüenza ha causado al pueblo de México y que no dan certeza a los procesos democráticos.
Sí, son elecciones complejas y particulares si las comparamos con otros procesos electorales locales. Oaxaca elige a sus representantes populares por dos vías. Por un lado, el sufragio efectivo; y por el otro, usos y costumbres.
Para entender la crisis y movilización popular en Oaxaca tenemos que tomar en cuenta la situación de pobreza y marginación de este estado durante siglos. Es de los más pobres y el que cuenta con mayor población indígena.
Me pregunto, ¿qué garantía tienen los electores de Oaxaca si ni siquiera los partidos políticos tenemos condiciones de equidad en el proceso electoral? Los actores políticos no tuvieron igualdad de oportunidades en esta elección.
Nos encontramos con una serie de acciones, una serie de hechos oscuros que recuerdan tiempos que creíamos idos. Pero hoy, con las artimañas del pasado, la fuerza del Ejecutivo estatal y su cinismo electoral hacen necesario manifestar el repudio de este Congreso y la reflexión para atender y solucionar estos hoyos negros que sólo dañan los avances democráticos.
Como legisladores tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son las condiciones electorales del estado de Oaxaca? Con 570 municipios, Oaxaca tiene una población indígena superior al millón de habitantes que representa más de 30 por ciento del total de habitantes del estado, y que están distribuidos en 2 mil 563 localidades.
Oaxaca está inmerso en un delicado entorno social. Los habitantes resienten y aún padecen el desacuerdo entre el movimiento magisterial, la asamblea popular de los pueblos de Oaxaca y el gobierno estatal. Ponga atención, señor gobernador, porque parece que no se ha dado cuenta.
Hablar de las condiciones de desarrollo en la entidad es hablar de retos en cuanto a bienestar de la población. El hambre y la miseria son parte del entorno cotidiano, es hablar de la enorme deuda social con los más desprotegidos, es reconocer que la justicia y la igualdad de oportunidades no han llegado a Oaxaca.
Falta mucho, mucho trabajo por hacer. El rezago es evidente. Ese es el reto, señor gobernador, no se vale usar recursos públicos para la presión electoral. Es prioritario cubrir las necesidades básicas. "Se requiere del compromiso y atención de esta soberanía para dotar de los instrumentos que coadyuven a la solución de los problemas", decía don Benito Juárez.
La responsabilidad de los gobiernos sólo puede fundarse en la impartición absoluta de justicia. No hay duda, falta voluntad política para dar solución a estos terribles problemas.
Hace unos meses, en la primera semana de agosto, menos de 37 por ciento de los oaxaqueños acudieron a las urnas para elegir a sus diputados locales y bueno, en la elección del pasado domingo, el abstencionismo llegó al 57 por ciento.
Las cuentas democráticas en Oaxaca son dignas de análisis, porque se puede pensar que las condiciones electorales son igualitarias para todos. Es decir, todo aquél que tenga una credencial actualizada para votar y aparezca en el listado nominal puede ejercer su derecho. En apariencia parece verdadero, pero en los hechos no lo es porque las condiciones no son las mismas.
Hay que profundizar la democracia participativa y el ejercicio democrático, conservar la identidad de los pueblos indígenas, pero mejorar sus formas de gobierno y sus costumbres sociales, siempre con las condiciones económicas y de libertad que garantizan nuestra Constitución Política a todo ciudadano mexicano.
Por ello, la reciente reforma electoral, aprobada el día de hoy, hasta hoy por 29 congresos locales, permitirá mejores condiciones de competencia entre partidos políticos y ubicará al gobierno, el que sea, en su lugar. Gobierno que gobierne y deje con autonomía e independencia al Instituto Electoral y a los partidos políticos.
Si esta reforma electoral hubiera entrado en vigor antes de la elección en Oaxaca, otra sería la historia. Por ello, señor gobernador, no más impunidad en Oaxaca. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Adriana Dávila Fernández. Esta Presidencia recibió del diputado Gerardo Lagunes Gallina, del PRI, el texto de su efeméride relativa al centenario del natalicio del compositor veracruzano Francisco Gabilondo Soler, Cri-cri. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (16:58 horas): Gracias, diputada Secretaria. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 11 de octubre a las 11:00 horas y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto desde las 9:30 horas.