Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura

Versión estenográfica del martes 16 de octubre de 2007

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de las diputadas y los diputados.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 331 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (11:35 horas): Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día —perdón—. Se abre la sesión.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobada el acta.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Oficio del Congreso del estado de Guerrero.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se tiene por recibido. Intégrese en el expediente.

La Secretaria diputado María del Carmen Salvatori Bronca: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, que con motivo del 54 aniversario del derecho al voto de la mujer, tendrá lugar el 17 de octubre a las 10:00 horas.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Para asistir en representación de esta Cámara se designan a los diputados y a las diputadas siguientes: la diputada María Elena Álvarez Bernal, diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, diputada Sofía Castro Romero, diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y diputada Claudia Lilia Cruz Santiago.

El Secretario Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Comisión de Marina.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: De enterado. Como lo solicita el diputado, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio del Congreso del estado de Coahuila.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: De enterado.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio del Congreso del estado de Guerrero, relativo al Presupuesto de Egresos para 2008.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Nuevo León, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a la comisión correspondiente, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Oficio de la Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo, México Distrito Federal, 15 de octubre de 2007. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8o., tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de sus dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que el diputado Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo cause alta como presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Que la diputada María Ofelia Gloria Malcos Amaro cause alta como secretaria en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Que el diputado Andrés Bermúdez Viramontes cause alta como secretario en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Que la diputada Sara Shej Guzmán cause baja como integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Que el diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz cause alta como integrante en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Que el diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz cause baja como integrante en la Comisión de Pesca.

Que la diputada Sara Shej Guzmán cause alta como integrante de la Comisión de Pesca.

Que el diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo cause alta como integrante en la Comisión Especial de Reforma del Estado.

Que la diputada María Eugenia Campos Galván cause alta como integrante en la Comisión Especial de Reforma del Estado.

Que el diputado José Inés Palafox Núñez cause baja como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana.

Que el diputado José Inés Palafox Núñez cause alta como integrante en la Comisión de Juventud y Deporte.

Que la diputada María Dolores González Sánchez cause baja como integrante de la Comisión Especial sobre no Discriminación, Nuevos Sujetos y Nuevos Derechos.

Que el diputado Raúl García Vivián cause baja como integrante en la Comisión Especial sobre no Discriminación, Nuevos Sujetos y Nuevos Derechos.

Que la diputada María Dolores González Sánchez cause baja como integrante de la Comisión Especial de Pueblos que Viven en el Bosque.

Que la diputada María del Carmen Fernández Ugarte cause alta como integrante en la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.

Que el diputado Jesús de León Tello cause baja como integrante en la Comisión Especial para el Estudio de las Políticas para la Migración Interna.

Que el diputado José de Jesús Solano Muñoz cause baja como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Que el diputado José de Jesús Solano Muñoz cause alta como integrante de la Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios del país.

Que el diputado José de Jesús Solano Muñoz cause alta como integrante de la Comisión Especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos.

Lo anterior, para los efectos que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente, diputado Héctor Larios Córdova, Presidente.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobada.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Junta de Coordinación Política.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, 15 de octubre de 2007.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD.

Que el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez cause baja en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Que el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez cause alta en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente, diputado Héctor Larios Córdova, Presidente.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobada.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Junta de Coordinación Política.

Palacio Legislativo, 15 de octubre del 2007. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que el diputado Enrique Cárdenas del Avellano cause baja como integrante en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y como secretario en la Comisión de Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos.

Que la diputada María Mercedes Colín Guadarrama cause baja como secretaria de la Comisión de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros.

Que el diputado Francisco Rivera Bedoya cause baja como secretario de la Comisión de Justicia.

Que el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros cause baja como secretario de la Comisión de Defensa de los Derechos Sociales de Acceso al Agua y la Protección de Ambientes Acuáticos.

Que la diputada Patricia Villanueva Abraján cause baja como integrante de la Comisión de Salud.

Que la diputada Patricia Villanueva Abraján cause baja como integrante en el Comité de Información Gestoría y Quejas, y en el Comité de Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Que la diputada Patricia Villanueva Abraján cause baja como secretaria de la Comisión para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia Vinculadas a los Feminicidios en el País.

Que el diputado Carlos Chaurand Arzate cause baja como integrante en la Comisión Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, y que el diputado Jorge Luis de la Garza Treviño, cause baja como integrante en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted. Aatentamente, diputado Héctor Larios Córdova, Presidente.

En votación económica se pregunta a las diputadas y a los diputados si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobada.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: De la Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 15 de octubre de 2007.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva, Honorable Cámara de Diputados. Presente. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por la diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que la diputada Verónica Velasco Rodríguez cause alta en el Comité de Competitividad.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted. Firma el diputado Héctor Larios Córdova, Presidente.

En votación económica se consulta a las diputadas y a los diputados si lo aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobado.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.

De la Junta de Coordinación Política. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra un grupo de trabajo plural encargado de investigar el Fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural e intervenga ante las autoridades responsables para que se respeten los derechos laborales de los jubilados y pensionados de Banrural.

La Junta de Coordinación Política con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 14, del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente que presentan los diputados Javier González Garza, Ramón Almonte Borja, Daniel Torres García y María Eugenia Jiménez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. La Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados cree un grupo de trabajo plural para que investigue las presuntas irregularidades cometidas por el Fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural e intervenga ante las autoridades responsables para garantizar el respeto de los derechos laborales de los jubilados y pensionados de Banrural, otorgándole las facultades necesarias para su desempeño de conformidad con lo que establece la ley.

Segundo. Se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la honorable Cámara de Diputados, instruya al órgano técnico de fiscalización a llevar a cabo las auditorias necesarias para determinar la existencia de actos de violación a las disposiciones legales que norman la actuación del Fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, y en su caso, informar a la Junta de Coordinación Política sobre las acciones con motivo de observaciones o fincamiento de responsabilidades.

Firman los coordinadores de los grupos parlamentarios.

En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobado. Comuníquese.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de septiembre de 2007, desagregada por tipo de fondo, correspondiente al periodo enero-septiembre de 2007.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Leticia Alejandra Guerrero Méndez, Edgar Román Juárez Hernández, Juana Lorenza Acosta, Tricia Olivares Fernández, Juan Guillermo Molar del Ángel, Juan Ignacio Vélez Contreras, Miriam Pamela Moreno Escobar, Pablo Lucio Villalobos Rodas, Raúl Leal Heredia, Raymundo González Cervantes, Rosa Amada Mejía Ortiz, Sergio Sánchez Ruiz, Manuel Arturo Aguirre Rivera y Pedro Javier Portillo puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Eduardo Almada Valdés, Alejandro Ríos Cavazos, Ana Lilia Castro Vázquez, Carlos Gustavo Aguilera Guerrero, Herminio Reyes Benito, Jesús Vélez Contreras, Carlos Roberto Robles Ortiz, Eleazar Huiqui García, Francisco Matus Valenzuela, Isaías Romero López, José María Urbalejo Rodríguez y José Sabás Estrella Montes puedan prestar servicios a gobierno extranjeros y asimismo informa que la ciudadana Lilia Francisca Villarreal Vega deja de prestar servicios a gobierno extranjero.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación.

Y por lo que se refiere a la ciudadana que deja de prestar servicios remítase a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Señor Presidente, siete oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa que adiciona un artículo 31 a la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 2008, presentada por la senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Tres oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite puntos de acuerdo relativos al Presupuesto de Egresos del 2008, presentado por senadores de diversos grupos parlamentarios que conforman la LX Legislatura.

El presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Le informo a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 407 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarla por cédula. Es cuanto.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia informa que contamos con la presencia del Grupo Comunitario Franja Férrea, del estado de México. También tenemos alumnas y alumnos del Centro Escolar Frida Kahlo, y niñas y niños del municipio del Valle de Chalco, estado de México. Les damos una cordial bienvenida.

El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento con motivo del 12 de octubre. Se han registrado para referirse al tema las siguientes diputadas y los siguientes diputados.

La diputada Mónica Arriola, del Partido Nueva Alianza;

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Partido del Trabajo;

El diputado José Luis Varela Lagunas, de Convergencia;

La diputada Guadalupe García Noriega, del Partido Verde Ecologista de México;

El diputado Ismael Ordaz Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional;

El diputado Humberto Wilfrido Alonso Razo, del Partido de la Revolución Democrática, y

El diputado Alejandro Sánchez Domínguez, por parte del Partido Acción Nacional.

Tiene la palabra la diputada Mónica Arriola, del Partido Nueva Alianza.

La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputada.

La diputada Mónica Arriola: El 12 de octubre de 1492 es una fecha de unión, de contacto y de encuentro entre dos civilizaciones que vieron marcada su historia y transformada su visión, para dar paso a un conglomerado del cual, en la actualidad, todos somos parte.

El paso del tiempo ha visto nacer y desaparecer innumerables civilizaciones e imperios. En todas las ocasiones surgieron grandes personajes que intervinieron de forma decisiva en el devenir de los acontecimientos.

Hombres como José Vasconcelos y Justo Sierra, entendieron que el mestizaje no representó la aniquilación de la cultura prehispánica, sino la posibilidad de construir una historia en donde confluyera la cosmovisión de dos mundos.

Para Nueva Alianza es de suma importancia entender que con este encuentro hemos ganado todos: conocimiento, solidaridad y respeto. Es lo que debe prevalecer en la enseñanza de este día.

Como claramente explica Vasconcelos, en su ensayo La raza cósmica, el significado de este día adquiere importancia para las mexicanas y los mexicanos, en tanto es visto como una apuesta para integrarse en una raza universal.

El Día de la Raza es mucho más que una fecha en el calendario cívico, tiene un valor real conmemorativo y de gran riqueza histórica para los latinoamericanos, ya que se logró la enseñanza de comenzar a moldear lo que hoy es nuestra identidad, conocida como la hispanidad que es, justamente, la comunidad formada por las 23 naciones que compartimos una misma lengua y cultura.

En Nueva Alianza le apostamos a que las futuras generaciones mediante la educación aprendan que la tolerancia y el respeto hacia otras culturas es parte básica de la formación de todo ser humano.

Por ello, celebramos que se siga conmemorando este día como un reconocimiento a la fusión y enriquecimiento de las dos culturas. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Mónica Arriola. Tiene la palabra la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Partido del Trabajo.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputada.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Compañeras diputadas y compañeros diputados. El pasado 12 de octubre se dio el 515 Aniversario del llamado Encuentro de dos Mundos.

El 12 de octubre de 1492 comenzó el genocidio, el robo de sus recursos naturales y la subordinación y sobreexplotación de los pueblos indios. Toda la riqueza, representada por el oro y la plata de América, que saquearon los españoles, sirvió para amasar fortunas en Europa y para impulsar el desarrollo del sistema capitalista.

Para nosotros significó y significa ruina, pobreza y atraso, a tal grado que a más de 500 años de la conquista muchos de los países latinoamericanos siguen sumidos en la más oscura ignorancia y el abandono. Nuestros pueblos indios no tienen nada que festejar, porque de los 70 millones de mexicanos que viven en pobreza, 12 millones de ellos son indígenas.

Sin embargo, a pesar de que constituyen la base sobre la que se fundó nuestra cultura nacional y, en general, de nuestro continente, continúan siendo objeto de exclusión y marginación social. Prácticamente nada ha cambiado en los últimos siglos para los indios de América.

Es más, la sobreexplotación a la que siguen sometidos son las razones fundamentales por las que se han levantado en armas en Bolivia, Ecuador, México, Perú y otras partes de América. Porque en el marco del sistema capitalista las exigencias para defenderse del despojo y la expropiación de sus tierras se han tornado cada vez más violentas. En nuestro país los ejemplos de ello salen sobrando, ahí están Chenalhó, El Bosque, Aguas Blancas, Zongolica y Oaxaca, entre otros.

Por qué no decirlo, el ALCA y el Plan Puebla-Panamá son la amenaza más organizada, compleja y amplia que se ha puesto en operación de manera reciente para despojarlos de sus tierras y someterlos a la lógica del trabajo asalariado y a la sobreexplotación laboral.

Como puede verse, nuestros pueblos indígenas no tienen nada que celebrar, porque ningún día que se instituya a nombre de ellos puede resarcir la deuda social que se tiene con estas comunidades. Tampoco se puede detener la amenaza permanente a la que se encuentran sometidos.

Por eso, desde esta tribuna las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo queremos decir que, el único mecanismo eficaz para empezar a pagar esta deuda histórica que tenemos con los pueblos indios es impulsar la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena, propuesta por la Cocopa, así como el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Lo que hizo el gobierno foxista no sirvió para nada, porque no se cumplieron en su totalidad los acuerdos alcanzados con el EZLN en San Andrés. Sigue pendiente reconocer la autonomía y el usufructo de los recursos naturales de las tierras donde se asientan las comunidades indígenas, así como el respeto a sus tradiciones y cultura.

También es necesario que los gobiernos de los países colonialistas indemnicen a todos los pobladores indígenas y a los nativos de las naciones que fueron sometidos a la conquista y que sufrieron el saqueo de sus riquezas materiales.

Compañeras y compañeros legisladores, hoy, más que nunca, se hace necesario que desde esta Cámara de Diputados destinemos más recursos presupuestales al gasto social a favor de los pueblos indígenas, porque de nada va a servir que aquí estemos rememorando una fecha trágica de estos pueblos, si no pasamos a los hechos y hacemos algo por ellos. Es cuanto.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Romero Guzmán. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Varela Lagunas, del Partido Convergencia.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas: Con su venia, señor Presidente. Señores legisladores, honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Hoy 12 de octubre hay poco que celebrar y mucho que reflexionar y proponer. Al conmemorarse un aniversario más de la llegada de Cristóbal Colón a las tierras americanas, lo digno de celebración escasea y la fecha es ocasión propicia para la reflexión y, nacidas de ella, también un conjunto de propuestas cuya puesta en práctica puede contribuir al abatimiento de los efectos negativos de la Conquista y el coloniaje, sobrevivientes en el México contemporáneo y a punto de cumplirse 200 años del inicio de nuestra Independencia.

En reiteradas ocasiones la fracción parlamentaria de Convergencia ha señalado las prácticas discriminatorias, segregacionistas y hasta racistas que sobreviven en el seno de la sociedad y en las estructuras e instituciones del Estado. La existencia de un neocolonialismo de parte de la sociedad mestiza sobre los pueblos de las culturas originarias la padecen los indígenas en su tierra, pero también degradan y corrompen a los victimarios y son un escollo en la construcción de una sociedad y Estado democráticos.

En tanto los viejos lastres coloniales permanezcan enraizados y la interculturalidad no sea el fundamento de la relación con los pueblos originarios sólo podremos hablar demagógicamente de una nación democrática.

Hoy nos enorgullecemos de poseer una de las siete maravillas del mundo. Y a la par, el índice de mortalidad materno-infantil y el déficit de peso y talla en la niñez indígena es similar a naciones africanas sumidas en guerras intestinas y en el subdesarrollo.

Es legítimo aspirar y suponer que en una nación civilizada y democrática la existencia de leyes específicas para segmentos de población en razón de cultura, etnia, edad y género saldrían sobrando bajo el principio de igualdad ante la ley. Este escenario dista mucho de ser cierto en México, como en muchas otras partes del mundo, aun en aquellos países que se autoproclaman paradigmas de la democracia.

Lo anterior explica que en el concierto internacional y específicamente en el marco de la Organización de las Naciones Unidas se establezcan convenciones y emitan declaratorias tendientes a la protección de segmentos de población tradicionalmente discriminados. La más reciente, relativa a los derechos de los pueblos indígenas del mundo.

Desde esta tribuna invito y exhorto a la Comisión de Asuntos Indígenas —por cierto, hoy ausente de este recinto parlamentario—, a las coordinaciones de las fracciones parlamentarias y al seno de este pleno, para que de inmediato nos aboquemos al análisis de la declaratoria y a las eventuales incorporaciones y adecuaciones de la legislación nacional.

Propongo la conveniencia de reemplazar en nuestra Carta Magna, y a incorporar aquí, la Declaratoria de las Naciones Unidas que invoca más la coexistencia y convivencia de culturas y, con ello, daremos un claro mensaje didáctico a la nación.

Propongo, además, que en el artículo 3o. constitucional se incorpore como criterio de interculturalidad en la educación, sumándose a los laicismos y nacionalistas, ya que uno de los grandes fines educativos es la convivencia armónica de los individuos y las culturas.

Que esta fecha no se celebre, se conmemore dignamente, emprendiendo de nuestra parte acciones tendientes a superar los vicios del neocolonialismo que se prolongan como un signo inamovible hoy mismo.

Las florituras y lirismos las guardamos para las fiestas literarias, al fin y al cabo al indígena le hacen lo que el viento a Juárez. Evitemos la retórica que suena a demagogia. Emprendamos acciones concretas. Emprendamos lo que hoy nuestros pueblos indígenas requieren, que es nuestra solidaridad y es nuestro deseo que se vuelva una sociedad igualitaria. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado José Luis Varela. Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe García Noriega, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada María Guadalupe Josefina García Noriega: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Esta fecha es singular y significativa y debe ser conmemorada bajo una rígida óptica histórica, y tiene que ser analizada con una amplia visión de futuro. 515 años después de su arribo a este continente, cada americano es parte de ese encuentro entre culturas, donde sus orígenes y raíces viven aún.

Todo país debe tener claro cuáles son sus orígenes, pero reflexionando sobre el presente reconocemos que nuestra región permanece subyugada. Desde luego que no se trata de un coloniaje como el del siglo XVI, sino de un sometimiento a factores como la pobreza, el hambre, la desigualdad, la devastación de nuestros recursos naturales y el desprecio por nuestros pueblos originales. El principal problema de naciones como México es el haber negado recurrentemente ese pasado indígena.

Más del 50 por ciento de la población total de México vive en situación de pobreza. Más de 20 millones se encuentran en zonas rurales, la mayoría está compuesta por indígenas. Este grupo vive en la indigencia más abrumadora.

Los pueblos originarios sobreviven bajo amenazas como la discriminación, la iniquidad ante las leyes, la miseria, la falta de acceso a los medios de comunicación, los conflictos interétnicos y el olvido.

Millones de indígenas de las diversas comunidades permanecen relegados del progreso nacional pues cada vez más se enfrentan a mayores limitaciones que el mundo moderno les impone; las desventajas, en lugar de hacerse menores, se hacen cada vez más agudas y apremiantes. Tenemos enormes desafíos que hemos de resolver con creatividad, tolerancia y reflexión, pero sobre todo, sobre todo con premura.

Con el descubrimiento de América, los europeos advirtieron una diversidad impensable; no obstante, más de cinco siglos después, la realidad sobre los diferentes pueblos que la habitan no ha sido respetuosamente entendida y atendida.

Los gobiernos del mundo, por dispares que parezcan, tienen problemas comunes: el cambio climático, el terrorismo, la contaminación, el armamentismo, el Sida, el narcotráfico, la trata, la migración, por mencionar sólo algunos. Pero todos ellos perjudican de igual manera a la humanidad.

Resulta preeminente que alimentemos nuestra entereza y que rescatemos lo que verdaderamente es el pueblo. Seamos precursores de las grandes transformaciones. Sólo con acciones podremos salir de este nefasto coloniaje mental que aún impera.

Fomentemos el desarrollo en todas sus acepciones desde la escuela, desde los centros académicos, desde las organizaciones de la sociedad civil y de gobierno debemos promover el verdadero desarrollo nacional. Fortalezcamos nuestras raíces, nuestra idiosincrasia, nuestras tradiciones, para otorgarles a todas ellas su justo valor.

Seamos capaces de encontrar la unidad en la diversidad. Establezcamos los instrumentos e instituciones para que todos los indígenas reciban debida atención gubernamental y que, además, reciban las más amplias facilidades para que mejoren sus condiciones de vida. De esta manera, también salvaremos la diversidad biológica y cultural de la que nuestro país es depositario.

Hagamos un llamado para que, en este aniversario del 12 de octubre, se obsequie un reconocimiento a nuestro pasado que sirva para comprender qué tipo de país queremos ser.

Cuando Cristóbal Colón llegó a América se maravilló de las riquezas que encontró en este territorio. En este siglo que despunta promovamos un redescubrimiento de nuestra América, pero vayamos más allá, los invitamos a impulsar un autodescubrimiento de nuestra América para que podamos enseñarle al resto del mundo que este continente tiene un vigor excepcional.

No olvidemos que en cada uno de nosotros se encuentra la fortaleza para comenzar la batalla, por un nuevo futuro en el que nunca más tengamos choques entre civilizaciones. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada Guadalupe García. Tiene el uso de la palabra el diputado Ismael Ordaz Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Ismael Ordaz Jiménez: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante diputado.

El diputado Ismael Ordaz Jiménez: Distinguidos colegas diputadas y diputados, nabee-riale-ladxi-dua-gugapa-diuxe-laatu, -ne-didxa-zaa- didxa-zaa-nga- gule-nea-sakeca-rugapa-diuxe- giraavini- rinii-didxa –gadxe-lo-guidxi-layuu-dii.

Traduzco. Es mi deseo saludarles en mi lengua materna, el zapoteco. Saludo también a los pueblos de lengua indígena de este planeta tierra.

Conmemoramos una fecha que es trascendente para la historia de la humanidad por muchos motivos.

Hace ya 515 años dos mundos distantes, distintos y que por milenios se habían ignorado mutuamente, tuvieron un primer contacto que transformó por completo la economía, la sociedad, la cultura y la política en ambos mundos, muy especialmente en esta parte del planeta.

Hubo, es cierto, un enriquecimiento mutuo a partir de ese momento. América aportó y sigue aportando la inconmensurable riqueza de sus recursos naturales. Y aunque los europeos fueron desde el primer momento tras el oro y la plata, cuya cuantía cambió radicalmente la geopolítica de entonces, fueron principalmente los productos culturales de nuestro continente los que alimentaron el auge y la expansión capitalista de las naciones europeas, especialmente con alimentos y materias primas esenciales como el maíz, la papa, la grana cochinilla, el añil, el palo de campeche.

Mayor fue, por supuesto, el aporte cultura europeo, pero no para todos los americanos ni gratuitamente. Las relaciones humanas fueron desde el primer momento el lado oscuro y denigrante del encuentro de los dos mundos. Los conquistadores dudaron incluso de la condición humana de los nativos americanos. Y todo lo que se llevaron fue mediante el saqueo, el robo, la esclavitud y la muerte de millones de americanos.

Por eso, es inevitable señalar en esta conmemoración que en nuestro país todavía queda una cultura de discriminación a los indígenas y por extensión a las clases sociales más pobres.

Desde el inicio los malentendidos y los desencuentros han sido la constante entre ambos mundos. Empezó por la creencia errónea de haber llegado a las indias orientales, error del que surgió un equívoco mayor. A partir de él, dieron en llamar indios a los aborígenes americanos, ignorando los gentilicios con los que miles de pueblos americanos se identifican a sí mismos y se distinguen entre ellos.

Los llamados indios no son indios, son mixtecos, purépechas, rarámuris, quechuas, y como tales quieren ser reconocidos.

Hoy vivimos otros tiempos y pugnamos por hacer de la comunidad de naciones del planeta una sociedad regida por valores y leyes que expresen la maduración moral y política de la humanidad.

Juárez abrió las puertas de un nuevo derecho internacional con su famoso apotegma: "Entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz". A partir de entonces cayó en desuso el derecho a las guerras de conquista y a la apropiación de tierras ajenas. Con el concurso de las Naciones Unidas estamos a punto de dar por extinguidas las relaciones coloniales entre pueblos diferentes.

El 13 de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, casi por unanimidad, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo, una declaración que hace justicia a más de 350 millones de seres humanos surgidos a la condición de indígenas a partir de los correspondientes procesos coloniales que los privaron de sus tierras y de su condición de hombres libres.

El Grupo Parlamentario del PRI saluda ese hecho histórico y aspiramos a que su espíritu y su esencia sean recogidas por todas las legislaciones nacionales. Esperamos, sobre todo, que en nuestro país se cumpla cabalmente con el mandato del artículo 2o. constitucional que sienta las bases para el desarrollo integral de los pueblos indios y su derecho a la libre autodeterminación de sus formas de gobierno, y en su proceso de desarrollo de pueblos libres y diferentes que constituyen el sustento de nuestra identidad nacional.

Con ese espíritu conmemoramos los mexicanos, y esta soberanía, el 12 de octubre, no como el Día de la Raza, porque negamos la superioridad o la inferioridad de ninguna de las muchas razas del ser humano. No como el Día de la Hispanidad, al cual tienen perfecto derecho los españoles, pero no nosotros los pueblos americanos surgidos del colonialismo con ansias inagotables de libertad, de rechazo a toda sujeción, a toda dependencia y a toda servidumbre, y plenamente convencidos de nuestra identidad nacional, propia e inconfundible.

Vamos adelante a luchar por un pueblo unido, pluriétnico, pluricultural, donde la justicia social y la justicia a secas, sean una realidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Ismael Ordaz.

Esta Presidencia informa que contamos con la visita de alumnas y alumnos de la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Aragón. También nos visitan alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, campus San Juan del Río, así como alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Universidad del Valle Dorado y Liceo Universitario del Valle. A todas y a todos les damos una cordial bienvenida.

Tiene la palabra el diputado Humberto Alonso Razo, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Humberto Wilfrido Alonso Razo: Chari sesï jimbó tata juramuti sesï neranski iaminduecha tatas juramitis. Diputadas y diputados, ji vandas purepecha jimbo. En el idioma purépecha, en el idioma madre, pido permiso para hacer uso de esta tribuna. Con su permiso, señor Presidente.

12 de octubre, día de la resistencia y dignidad de los pueblos indígenas. Honorable asamblea, me dirijo a ustedes con la finalidad de recordar el 12 de octubre de 1492, fecha infausta para millones de habitantes de este país, descendientes de los habitantes originarios de este nuestro México.

Este día marcó el inicio del exterminio de innumerables pueblos indígenas que desaparecieron de la faz de la tierra por los efectos de la Conquista, así como la explotación de los sobrevivientes y el saqueo de las riquezas naturales.

Hoy, en los albores del siglo XXI, los 63 pueblos indígenas existentes a lo largo de este país, con una población de 13 millones de habitantes sobrevivientes de esta trágica historia, no han visto sus aspiraciones colmadas. Aun el Estado mexicano los mantiene en una situación de exclusión del desarrollo, destinando políticas y programas asistencialistas, clientelares, sin considerar sus propias aspiraciones y derecho a mantener la identidad indígena.

El actual gobierno federal sin mayor empacho y mostrando sus posiciones retrógradas, etnocidas, donde los derechos colectivos no existen, impulsa políticas y programas que regresan a los viejos esquemas del integracionismo indigenista, negador del derecho a la identidad y a los derechos indígenas, como ha declarado el titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En el Congreso de la Unión se ha detenido una profunda reforma que reconozca los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No ha quedado claro que la única pretensión que tenemos los pueblos indígenas ha sido y es, ser parte constitutiva de este Estado. Que reconozca nuestras verdaderas composiciones multiétnicas en donde nuestras formas de gobierno, territorio y sistemas normativos sean conocidos y reconocidos por la Constitución.

Aspiraciones que, por cierto, están contenidas en la reciente aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de la ONU de su pasada asamblea general, en donde el Estado mexicano votó a favor y fue actor activo.

En congruencia entonces, es nuestra responsabilidad homologar la legislación nacional al tenor de los contenidos de esta Declaración y colocarnos a la vanguardia de la defensa y el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a la vez que resarcir la deuda histórica del Estado mexicano, con estos pueblos que tanto han aportado y aportan al desarrollo nacional.

Por otro lado, es necesario que en el marco de esa Declaración y en justicia, los pueblos indígenas sobrevivientes al exterminio de la Conquista y a las poblaciones africanas descendientes de los esclavos que llegaron con el conquistador y que hoy son parte de esta nación, que este día 12 de octubre no sea conmemorado como el Día de la Raza y aniversario del descubrimiento de América.

Nombre que surgió en el siglo XIX adoptándose oficialmente durante el régimen del presidente Álvaro Obregón a sugerencia del maestro José Vasconcelos, en un contexto social y político del país, en donde se instauró el indigenismo integracionista como política del Estado, que dio como resultado, a mediados del siglo pasado, la creación del extinto Instituto Nacional Indigenista, cuya función central fue que el indio dejara de ser indio, como condición para su integración al desarrollo nacional a través de sus centros de coordinadores indigenistas, bajo la consideración de que solo debía haber un solo México y no el mosaico multiétnico que existe y existirá.

Por tal motivo, enviaré en breve, a esta soberanía, una reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, que modifica el inciso a), párrafo cuadragésimo octavo de su artículo 18, con el objetivo de oficializar el día 12 de octubre, como el día de la resistencia y la dignidad de las culturas indígenas de México.

Seguro estoy que el ánimo incluyente y visionario de esta asamblea adoptará con entusiasmo la iniciativa que he anunciado, además de fortalecer nuestras acciones legislativas para que en la reforma del Estado los derechos colectivos de los pueblos indígenas estén contenidos en la legislación, en concordancia con la Declaración de los Pueblos Indígenas, de la Organización de las Naciones Unidas.

Por todo ello, juchari uinapikua ka juchri juramukua, por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Alonso Razo. Le solicito a usted, diputado Alonso Razo, igualmente al diputado Ismael Ordaz Jiménez, si son tan amables de hacernos llegar el discurso en la parte de la lengua originaria para ser insertada en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Sánchez Domínguez, del Partido Acción Nacional.

El diputado Alejandro Sánchez Domínguez: Con su anuencia, señor Presidente. Diputadas y diputados. El 12 de octubre de 1492, ahora también llamado el Día de la Raza, de la Hispanidad, representan no solamente una nueva era en la historia, sino el inicio de la gestación de la patria iberoamericana en el parto de las naciones que la constituyen, entre ellas el nacimiento difícil y doloroso del México nuestro.

El significado de esta fecha convierte el avistamiento de Pedro de Triana en el inicio de una nueva época de la humanidad y con el grito desesperado de "tierra a la vista" se dio también un salto en la evolución del género humano. Cristóbal Colón, el gran navegante nunca tuvo la posibilidad de valorar las enormes consecuencias de su gran hazaña.

A partir de entonces, los habitantes nuevos y antiguos de las consideradas tierras nuevas por los europeos hubieron de superar una infinidad de obstáculos. Los prejuicios ideológicos acerca de si los habitantes del nuevo mundo eran o no seres humanos, las sangrientas guerras de conquista, los nuevos gobiernos impuestos por las potencias de ultramar, la evangelización, el nuevo lenguaje. Y todo ello acompañado por la mezcla de las culturas y las sangres, que fue conformando un nuevo tipo de humano, un sincretismo cultural al que José Vasconcelos llamaría "La raza cósmica".

Ante las realidades encontradas, desconocidas entonces para el europeo, se abrían nuevos horizontes para el conocimiento de las ciencias y las artes y nuevos procesos sociales que en nuestro territorio se fueron conformando ya en la etapa colonial, desde la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz, en 1519, y hasta el grito de la Independencia, en 1810, en el que ya se vislumbraba la conformación de una nueva nacionalidad, de una patria nueva en la que si bien existen cosas positivas que celebrar, existen también, junto a éstas, retrasos que deberían afrentarnos.

La guerra de Independencia representa el dolor de nuestro alumbramiento como el México que fuimos y que hemos llegado a ser. Sin embargo, nuestro proceso de integración sociocultural, nuestro mestizaje, es todavía incompleto.

Compartimos identidad y convivimos contradicciones y costumbres de diversas etnias. Por tanto, somos una nación plural y diversa a la que le falta lograr la plena integración donde predominen los rasgos que nos unen.

No obstante la discriminación heredada de otros tiempos que ya debía haber sido superada en nuestro país, subsiste y se renueva generación tras generación. Por ello, al día de hoy es común que entre grupos indígenas se afirme que éste no es un día de fiesta para ellos, sino de lucha y resistencia por una sociedad más justa. Porque no se puede hablar del encuentro de dos mundos cuando se conservan prejuicios que lastiman la dignidad de la persona humana.

En esta fecha, 500 años después del descubrimiento de América y casi 200 de vida independiente, tiempo en el que se dio el proceso histórico por el que hoy estamos aquí, nos vanagloriamos de las grandes civilizaciones que existieron en la época prehispánica y de las grandes aportaciones que dieron no sólo a México sino al mundo, como su arquitectura, el urbanismo, los descubrimientos científicos, tecnológicos y astronómicos, en fin una diversidad impresionante.

También presumimos de las majestuosas y exquisitas obras hechas por los conquistadores como lo son las ciudades coloniales, una de las cuales es catalogada como patrimonio cultural de la humanidad, pero nos hemos puesto a pensar: ¿qué hemos logrado como país independiente? ¿Qué estamos legando a México y al mundo en la actualidad?

Es momento de reflexionar y, por ello, los quiero exhortar sobre el gran reto que como líderes de esta nación tenemos, ya que nos falta mucho para considerarnos como un país justo, en el que podamos convertir las potencialidades heredadas en acciones, que nos lleven a una realización cada vez más plena y, con ello, podamos evitar el dolor evitable proveniente de la injusticia y de la discriminación, y también así poder ayudar a nuestras naciones hermanas latinoamericanas a cumplir con el mismo objetivo.

Es cuanto, Presidente. Gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Alejandro Sánchez. Se concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Armando Reyes López, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

El diputado Carlos Armando Reyes López: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

El diputado Carlos Armando Reyes López: El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por conducto del suscrito, diputado federal Carlos Armando Reyes López, y en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 253, 254, 368 Quáter del Código Penal Federal; y se reforman los artículos 18 y 27 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El tamaño y complejidad de la cadena de distribución de Pemex Refinación ha identificado a lo largo de los últimos años diversos puntos susceptibles que han sido vulnerados por bandas delictivas para extraer y comercializar ilícitamente los productos destilados.

Esta actividad se presenta a gran escala por la instalación de tomas clandestinas, la extracción en válvulas de ductos, el contrabando, la sustracción de productos en refinerías, terminales de almacenamiento y distribución, así como por la ordeña y robo de autotanques.

Reportes de la paraestatal señalan que algunos transportistas venden productos adulterados sin el conocimiento de los propietarios de las estaciones de servicio. En otras ocasiones, son los mismos dueños los que añaden solventes o algún producto químico a los combustibles para elevar el volumen e incrementar sus ganancias.

El cambio de grado es otra forma con la que los dueños de las estaciones se benefician con el diferencial del precio de venta, al ofrecer al consumidor gasolina Magna como Premium. Asimismo, se han detectado ventas de diesel marino en lugar de Pemex Diesel con la consecuente ganancia e incremento en su utilidad.

El mercado negro de combustibles ha crecido en forma considerable en los últimos años. Recientemente la paraestatal declaró que el número de tomas clandestinas se incrementó en un 100 por ciento al pasar de 110 en 2004 a 220 en 2006, y en lo que va de 2007 han sido detectadas 192 tomas clandestinas.

De acuerdo con una estimación econométrica realizada por Pemex, donde se compara el pronóstico de la demanda actual con el costo de venta real, durante el periodo 2004-2006, Pemex habría obtenido una recuperación potencial de 51 mil 900 barriles de gasolina y diesel, con un valor de 15 mil 994 millones de pesos.

Por otro lado, es de conocimiento público el esfuerzo de las autoridades por el combate al despacho de litros incompletos realizados por las gasolineras. La visita oportuna por parte de las autoridades tuvo un efecto positivo en el combate a esta actividad, sin embargo, el grupo interdisciplinario integrado por la Profeco, Pemex y el SAT determinó que el despacho del combustible con un faltante del 5 por ciento es equivalente a una defraudación de 20 mil millones de pesos anuales.

Si hacemos la suma correspondiente a los últimos seis o siete años, podemos concluir que esta actividad ilícita le ha costado al país más de 100 mil millones de pesos, cantidad aproximada a la que se discutió en la pasada reforma fiscal.

Dada la magnitud del problema y a fin de reducir de manera significativa las pérdidas por actos ilícitos en el año 2004, Pemex Refinación propuso reforzar una serie de medidas específicas para su combate en el transporte y la comercialización de productos mediante el proyecto integral Combate al Mercado Ilícito de Combustibles.

Por lo anterior, se proponen reformas al Código Penal Federal y al Código de Procedimientos Penales, con las siguientes especificaciones:

Se reforma el artículo 53 del Código Penal, asimismo, se fortalece la redacción de la fracción IV del artículo 53; las reformas al artículo 54 y 368 Quáter, del Código Penal; la reforma a las fracciones XVIII y XXVII del Código Federal de Procedimientos establece la gravedad de las reformas a los artículos anteriormente señalados.

En mérito de lo anterior y considerando que las reformas propuestas serán herramientas que permitan enfrentar de manera integral la problemática abordada a lo largo de esta exposición de motivos, me permito solicitar, por obvio de tiempo, la inserción íntegra de esta iniciativa en el Diario de los Debates y se proceda a ser entregada a la comisión o comisiones correspondientes. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Armando Reyes. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Justicia.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, para presentar iniciativa que reforma los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los suscritos diputados federales Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo; María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil; María Gabriela González Martínez; Alejandro Landero Gutiérrez; Juan Manuel Villanueva Arjona; Marcela Cuen Garibi; María Mercedes Corral Aguilar; Ramón Landeros González; Jaime Verdín Saldaña; Yolanda Mercedes Garmendia Hernández; María Esperanza Morelos Borja y Antonio Medellín Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la diputada Irma Piñeyro Arias, del Partido Nueva Alianza, sometemos ante esta soberanía la presente

Iniciativa

En sus conclusiones, la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales de 1982 define la cultura como el conjunto de rasgos definitivos, distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además, las artes y las letras, los modos de vida, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su Informe sobre Desarrollo Humano 2004, en el que valoriza las libertades culturales, afirma:

"Si el mundo desea lograr los objetivos de desarrollo del milenio y erradicar definitivamente la pobreza, primero debe enfrentar con éxito el desafío de construir sociedades inclusivas y diversas en términos culturales".

De manera similar, la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, adoptada en 2005, resalta la importancia de la diversidad cultural para la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos universalmente reconocidos.

De acuerdo con estas posiciones de organismos y convenciones internacionales, el acceso y la participación en la vida cultural son un derecho inherente de las personas de toda comunidad y los gobiernos están obligados a crear las condiciones necesarias para el pleno goce de este derecho.

México se caracteriza por una gran diversidad cultural manifiesta en todos los ámbitos de la vida social, que debe ser incluida en los principios esenciales de una política cultural de Estado, ajena a la homogeneización y el dogma de una corriente única de pensamiento.

Desde el inicio de la pasada administración, el Ejecutivo federal tenía claro que uno de los requerimientos normativos para situar a la política cultural como prioridad en la agenda nacional y darle medios necesarios para el logro de sus objetivos, era promover una reforma constitucional a fin de garantizar el derecho de todo mexicano al acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, así como la promulgación de una ley en materia cultural que estableciera el marco para la formulación de políticas culturales y la distribución de competencias de cada uno de sus principales campos de acción.

De igual manera, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se incluye, como uno de los objetivos, lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

En este contexto, no hay duda que las políticas culturales, motor de la diversidad cultural, deben crear las condiciones propicias para la elaboración y la difusión de bienes y servicios culturales diversificados.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, las reformas a las leyes secundarias son impostergables, pero nos veríamos imposibilitados de llevarlas a cabo si no concretamos la reforma constitucional que les dé sustento y reflejen los principios que contengan las políticas culturales.

Actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción V del artículo 3o, establece la obligación del Estado mexicano de alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Pese a que esta disposición jurídica es un adelanto importante, adolece de una trascendental característica: no genera un verdadero derecho vinculante.

La cultura, en concreto los bienes y servicios culturales, ya no pueden verse exclusivamente bajo la óptica de una obligación del Estado, sino también desde la perspectiva de un derecho subjetivo de los ciudadanos.

A fin de garantizar el derecho al acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales de los ciudadanos, es necesario establecerlo expresamente en la Constitución, de manera tal que esté sólidamente sustentado en los derechos mencionados.

En Acción Nacional nos hemos distinguido por la oposición a establecer derechos meramente declarativos —termino, señor Presidente— que no cuenten con los mecanismos e instrumentos que permitan su cabal cumplimiento. Lo que nos obliga a presentar esta propuesta de reforma constitucional, incluyendo, en el artículo 73, la facultad del Congreso de legislar en la materia para que, de esta manera, se pueda cumplir con los fines previstos en el párrafo noveno del artículo 4o., a través de una ley de materia cultural.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, los exhorto a sumarse a esta iniciativa con el fin de contribuir a situar la política cultural como prioridad en la agenda nacional y darle los medios necesarios para el logro de los objetivos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto.

Artículo único. Se adiciona el párrafo noveno al artículo 4o. y la fracción XXIX, inciso o), al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 4º. …

Toda persona tiene el derecho al acceso, participación y disfrute de la creación cultural y de los bienes y servicios culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural y con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y la participación a cualquier manifestación y expresión cultural.

Artículo 73. …

Inciso XXIX-O. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la federación, estados, municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura, y los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo noveno del artículo 4o. de esta Constitución.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente. Le solicito inserte el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Lemus. Insértese el texto en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Arnulfo Elías Cordero Alonzo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma los artículos 6 y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo: Con su permiso, señor Presidente. El suscrito, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, diputado federal por el VIII Distrito del estado de Chiapas, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 6o. y reforma el artículo 18, fracción X, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Si bien es cierto que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores fue creada para el interés social de todos aquellos mexicanos y aquellas mexicanas que cuenten con 60 años o más, y también para mejorar las circunstancias de carácter social que impiden al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de las personas en estado de necesidad o desventaja física y mental hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva, es importante mencionar que las personas adultas mayores, en muchas ocasiones carecen de los medios económicos para poder llevar a cabo sus actividades diarias, sin dejar de mencionar que en ocasiones muchas de estas personas son abandonadas y olvidadas en las casas-hogar especializadas para gente adulta mayor, sin recibir el ingreso correspondiente.

Sin embargo, es momento y estamos a tiempo de girar nuestras vidas hacia ese sector social que si bien es cierto ha tenido un crecimiento gradual en los últimos años, en tiempos futuros y con base a la pirámide poblacional que presenta nuestro país, ese sector tendrá un crecimiento exponencial hasta llegar a impactarse o ser aún mayor que el número de población infantil en México.

Exposición de motivos

En su comunicado de fecha 24 de mayo de 2006 el INEGI da a conocer los resultados definitivos de su conteo de población y vivienda donde publica que la población de la tercera edad crece en términos absolutos y relativos. Es así que durante el último quinquenio la población de 60 años y más se incrementó en 1.4 millones, pasando a representar de 7.1 por ciento del total en el año 2000, al 8.1 por ciento en el presente.

De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) residen en México 8.5 millones de personas de 60 años o más, y para el 2030 se espera que sean 20.7 millones; y para la mitad del siglo alcanzarán 33.8 millones. Esto se reflejará en el aumento de las proporciones de adultos mayores en las próximas décadas.

Sin embargo, la problemática continúa ya que actualmente por cada 28 personas de la tercera edad hay 100 menores de 15 años, y en menos de 30 años —en el 2035— habrá la misma cantidad de niños y de viejos, mientras que en el 2050 el país tendrá 165 adultos mayores por cada 100 niños.

Es por lo anterior que los tres niveles de gobierno necesitan hacer mayor hincapié en la creación de programas sociales para adultos mayores, no sólo para apoyos económicos que son de suma importancia para este estrato social, sino también para la generación de empleos. Y así poder crear en ellos una cultura de ocupación temporal basada en el trabajo, y por ende generarían un ingreso que les permitiría tener una mejor calidad vida.

Los recursos pueden ser sustentados principalmente por el gobierno federal en un 50 por ciento, los estados con un 35 y los municipios con un 15. Todo esto derivado de que en el 2008, al alza de la gasolina, dicho impuesto podrá ser dirigido en pro del bienestar del mexicano, sin importar el estatus social ni la edad a la que pertenezca, pero sobre todo, cumpliendo el objetivo del Ejecutivo de proveer recursos a los que menos tienen.

En tal virtud, someto a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al articulo 6o., y reforma el artículo 18, fracción X, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Único. Se adiciona una fracción IV al artículo 6o., y se reforma al artículo 18, fracción X, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 6o. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores. Asimismo, deberá establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro. Igualmente proporcionará:

IV. Financiamiento: Crear un fondo que aporte al sostenimiento y mejora continua de todas aquellas instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores destinado a mejorar la infraestructura de los inmuebles y para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y garantizar las condiciones de calidad de vida.

Dicho fondo será sustentado principalmente por el gobierno federal en un 50 por ciento, los estados con un 35 por ciento, y los municipios con un 15 por ciento. Dichos recursos serán otorgados a todos y cada uno de aquellos asilos, casas hogar y albergues afiliados al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Articulo 18. Corresponde a las instituciones públicas del sector salud garantizar a las personas adultas mayores:

X. Los cuidados proporcionados a las personas adultas mayores por la familia, por los responsables de su atención y cuidado, o, en su caso, por las instituciones públicas o privadas que tengan a su cargo a estas personas, comprenderán los siguientes aspectos:

a) Las personas adultas mayores tendrán el derecho de ser examinados cuando menos dos veces al año para el mantenimiento de su salud y mejoramiento de su calidad de vida; además de recibir los tratamientos tanto médicos y psico-emocionales que requieran en caso de enfermedad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Elías Cordero. Esta Presidencia informa que la iniciativa del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, que reforma los artículos 6o. y 18 de la Ley de Derechos de la Personas Adultas Mayores, se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

La siguiente iniciativa presentada por el diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN, se pospone a petición del mismo.

La siguiente iniciativa de reforma al artículo 75 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputado María Gabriela González Martínez y Alejandro Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN, se retira del orden del día.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Efraín Morales Sánchez: Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

El diputado Efraín Morales Sánchez: El que suscribe, diputado Efraín Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la normatividad vigente someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el capítulo 14 Bis al título sexto de la Ley Federal del Trabajo, a objeto de establecer tutela laboral a las y los sexoservidores, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Un Estado moderno, democrático, exige crear y reformar las bases sociales, políticas, económicas, culturales y legales a fin de insertar a todos los grupos de la sociedad en el ámbito público que les garantice las condiciones para el ejercicio cabal de sus derechos humanos y garantías sociales.

En este marco se inscribe la importancia de rescatar a un sector de nuestra sociedad, cuya actividad ha sido objeto no sólo de marginación, sino de toda clase de abusos.

Tal es el caso del sector del sexoservicio en nuestro país, para el cual no han sido efectivos los derechos humanos que la propia evolución de la sociedad ha establecido, pues al igual que en otras latitudes este sector padece una larga historia de rechazo, desprecio y estigmatización. Lo que ha contribuido significativamente a la degradación de aquellas personas que, independientemente de las circunstancias, han elegido el sexoservicio como su modo de vida y fuente de ingresos, es decir, como su actividad laboral.

Por ello, pese a establecerse nacional e internacionalmente la libertad como un derecho fundamental del ser humano, debemos reconocer la inexistencia en México de un marco jurídico que, de forma específica y clara, reconozca esta actividad atendiendo a la libertad y derecho de elección de cada individuo y a la garantía individual de trabajo que la propia Constitución Política establece en su artículo 5o.

Artículo que al respecto dice "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial".

Pese a que en gran parte del país se ha reglamentado el sexoservicio, es decir, se han establecido obligaciones a las y los sexoservidores y pese a que penalmente se castiga el delito de lenocinio y de trata de personas, carecemos de una política legislativa que establezca derechos para este sector.

Por tanto, resulta imperante que consideremos el sexoservicio como cualquier trabajo lícito regido por el estado de derecho, a fin de que se incorpore a los regímenes y mecanismos que garanticen el acceso equitativo y oportuno a los beneficios de la educación, salud y vivienda, entre otros, que propicien su mejor nivel y calidad de vida.

Ya que de lo contrario esta actividad seguirá controlada por grupos de criminales proxenetas y autoridades corruptas, quienes hasta ahora se han beneficiado de las grandes ganancias derivadas de este oficio, las cuales se estima que a nivel mundial ascienden a aproximadamente a 12 mil millones de dólares anuales.

En tanto el sexoservicio lo ejerza voluntaria y libremente una persona mayor de edad, como su actividad laboral, se trata de una decisión personal que el Estado no debe reprimir, en tanto no afecte los derechos y libertades de los demás.

Por el contrario, son decisiones que el Estado debe proteger, tal y como lo refiere John Stuart Mill, respecto a que la única finalidad por la cual el poder puede con pleno derecho ser ejercido sobre un miembro de la comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás, su propio bien, físico, moral, no es razón suficiente. La única parte de la conducta de cada uno por la que él es responsable ante la sociedad, es la que se refiere a los demás.

En la parte que le concierne meramente a él, su independencia es derecho absoluto sobre si mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano.

En suma, la presente iniciativa tiene por objeto establecer el sexoservicio como una actividad laboral tutelada por la ley y con ello favorecer la dotación de derechos laborales mínimos hacia este sector.

Al mismo tiempo, se pretende contribuir a erradicar la explotación de la que es objeto este grupo social, principalmente por proxenetas y autoridades públicas corruptas.

Es importante señalar que de ninguna forma esta iniciativa promueve el ejercicio del sexoservicio ni la legalización de los establecimientos que otras normas relacionadas con esta práctica sancionan. Por el contrario, se parte de la idea general respecto a que es una actividad con una vasta presencia en nuestro país, a la cual no podemos cerrar los ojos y negar que está inmersa en grandes problemas que no tan solo afectan a los sujetos, sino calientan otras graves prácticas y procedimientos que atentan física y materialmente contra la colectividad debido a su falta de reconocimiento específico en nuestro estado de derecho.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo XIV Bis, al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo.

Solicito a la Mesa Directiva de esta Cámara que se inserte íntegramente la iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez. Muchas gracias, diputado Efraín Morales. Insértese íntegro el texto de la presente iniciativa. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos.

El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras y compañeros diputados. En virtud de que la presente iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito que el texto íntegro de la misma se inserte en el Diario de los Debates.

No obstante, deseo hacer algunas reflexiones sobre el contenido de la iniciativa. El sector aeroportuario ha venido arrastrando una problemática por el proceder de los grupos concesionarios, motivando la atención reiterada de diputados y senadores en la LVIII, LIX y en la actual LX Legislatura, con la solicitud de investigar los términos en que se otorgaron los concesiones y revisar en lo posible, el incumplimiento de las condiciones contenidas en las mismas.

Los argumentos para promover las bondades de la inversión privada en los aeropuertos mexicanos señalaban que habría un mejor servicio, se fomentaría el desarrollo regional, habría más empleos y se modernizarían los aeropuertos. Desafortunadamente en los hechos ni ha habido tal fomento del desarrollo ni las inversiones que están previstas se llevaron a cabo y menos los servicios mejoraron.

La delicada situación en los aeropuertos que han sido concesionados se presenta en gran parte por la existencia de un ordenamiento jurídico redactado en términos del menor costo para los inversionistas, con el mayor beneficio.

La Ley de Aeropuertos ha resultado ser un instrumento protector de los intereses de ciertos grupos que encuentran en sus disposiciones los mecanismos necesarios para hacer nula cualquier posibilidad seria de revisión, ya no de los términos en que se otorgó la concesión, sino del cumplimiento de las obligaciones que contrajeron al recibirla.

En este contexto la Comisión Federal de Competencia ha externado su preocupación por la situación insostenible en el Sistema Aeroportuario Mexicano y ha presentado un importante análisis orientado a promover la aplicación de los principios de competencia y libre concurrencia en la proveeduría de servicios aeroportuarios.

Por lo anterior, creo importante plantear en la presente iniciativa las siguientes

Propuestas

Las mejores experiencias internacionales en términos de logros en reducciones tarifarias y calidad de los servicios se basan en el diseño de un marco regulatorio eficiente, la instauración de reguladores autónomos independientes, el fortalecimiento de una política de competencia y la protección a los usuarios.

Por ello, en la presente iniciativa se propone una Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios que asumiría las atribuciones y facultades en materia de regulación de los servicios aeroportuarios, cuyos integrantes serían propuestos por el Ejecutivo federal y deberían ser aprobados por la Cámara de Diputados. Los miembros de la comisión durarían en su encargo cinco años.

Dos. Consecuentemente, con lo anterior se debe lograr una revisión quinquenal más transparente, considerando la elaboración del Programa Maestro de Desarrollo, así como la aprobación de la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios, y la opinión de la Comisión Federal de Competencia.

Por otra parte, si consideramos que el nivel de las tarifas por los servicios aeroportuarios es artificialmente alto debido al criterio de asignación a los grupos aeroportuarios, a los términos de implementación de las bases de regulación y que el resultado buscado con la privatización fue incrementar los ingresos gubernamentales por las licitaciones y no generar las mejores tarifas para los usuarios, la presente iniciativa establece que dentro de las bases de regulación tarifaria se atiendan los criterios que pretenden influir en la eficiencia económica y se reconozcan en una sola bolsa los ingresos por servicios aeroportuarios y comerciales, procurando la intervención del caso a la Cofesa y la Cofeco.

Cuatro. Con el propósito de eliminar la barrera en que se erigen los horarios de despegue y aterrizaje en aeropuertos saturados para nuevos competidores, la presente iniciativa faculta a la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios a contemplar el sistema de subasta como un mecanismo que no favorezca a las aerolíneas establecidas y sí eficiente la asignación de horarios.

Con tal fin, dicha Comisión podrá definir a la brevedad las reglas de participación en las subastas y atendería la opinión de la Comisión Federal de Competencia para garantizar el proceso de competencia y libre concurrencia.

Adicionalmente se da la mayor intervención posible a la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios en el proceso de otorgamiento de concesiones, ya sea por licitación o por asignación directa, estableciendo la obligación de contar con la opinión favorable de la misma y de la Comisión Federal de Competencia.

Con esto se evitaría que en futuras legislaciones o asignaciones de aeropuertos un mismo grupo o persona concentre más de un aeropuerto en la misma ciudad, y en el otorgamiento de concesiones se da prioridad al principio de asignación basada en el menor precio por los servicios.

Se establece como principio, en materia de concesiones, el que la Secretaría y la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios velen puntualmente por el carácter estratégico del sistema aeroportuario, buscando en todo momento el mayor beneficio para dicho sistema en términos de eficiencia, otorgando garantías suficientes a la inversión sin que ello represente un lucro excesivo, un daño o perjuicio para el país o se vulnere la soberanía nacional.

Dentro de las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el otorgamiento de las concesiones, deberá anteponerse siempre el interés nacional, absteniéndose en todo momento de favorecer a algún inversionista en lo individual, como ha venido ocurriendo.

En la iniciativa se detallan otros planteamientos que van en función de la experiencia que hemos tenido nosotros en la revisión de los trabajos de los grupos aeroportuarios, particularmente del GAP, y también coincidimos con los planteamientos que hace la Comisión de Competencia Económica.

En virtud de que se encuentra íntegra esta iniciativa que ha sido publicada, ruego a la Presidencia se incluya en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Velasco. Insértese el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Transportes.

La siguiente iniciativa presentada por el diputado Jorge Justiniano González Betancourt, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, se retira del orden del día.

Se concede el uso de la tribuna a la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Aurora Cervantes Rodríguez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. La suscrita, diputada Aurora Cervantes Rodríguez, a nombre de diputados y diputadas de los grupos parlamentarios del PRD, PAN, PRI y Convergencia, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar los derechos humanos de las familias de los migrantes.

México es un país en el que año con año emigran hombres, mujeres y niños en calidad de indocumentados a los Estados Unidos de América en busca de ingresos suficientes para brindar sustento y un mejor nivel de vida a su familia que, en la mayoría de los casos, vive en la pobreza.

En el periodo 1995-2000 las entidades con mayor peso relativo de migrantes con destino a Estados Unidos continúan siendo las de mayor tradición migratoria. De acuerdo con el peso relativo de las mujeres y de los hombres migrantes, con respecto a su población residente, Zacatecas ocupó el primer lugar tanto en cuanto a la población de mujeres con un 1.9 por ciento, como en cuanto a la de hombres con un 8 por ciento. El segundo lugar lo ocupó Michoacán, seguido de Morelos.

Este fenómeno implica múltiples dimensiones jurídicas, sociales, políticas, económicas, culturales, psicológicas, tanto en las personas que abandonan su país como en sus familiares que se quedan.

Empero, emigrar a otros países no significa resolver los problemas que pudieron dar origen a la partida. Las condiciones de vida para las familias que se quedan muchas veces empeoran, debiendo enfrentar, además del problema económico, la educación de los hijos y el duelo por la separación del ser querido, que se fue y no regresa, bien porque fundó otra familia o debido a la muerte ocasionada por las dificultades del paso a Estados Unidos.

Las instituciones del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, aún no cuentan con un marco legal que se adecué a tal realidad, garantice los derechos humanos de estas familias y coadyuve a apalear la problemática que viven.

La realidad en que viven imposibilita a quienes integran las familias de los migrantes a acceder a una serie de derechos fundamentales, tales como el derecho al desarrollo, a la vivienda, a la salud, a la protección y asistencia de la familia, a la educación, a la cultura, al trabajo, a la seguridad social y a tener una vida digna. El valor cardinal de estos derechos, también llamados económicos, sociales y culturales, no debe ser minimizado.

Conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en vigor en nuestro país desde junio de 1981, el Estado mexicano se comprometió a adoptar las medidas necesarias, inclusive las legislativas, para lograr la plena efectividad de los derechos en él reconocidos.

Por ello, es nuestra obligación reformar nuestro orden jurídico fundamental, a fin de actualizar los derechos planteados garantizando su respeto y ejercicio. En consecuencia, al garantizar los derechos de las personas que integran las familias de los migrantes, estaremos dando también contenido, calidad y sustancia a los derechos fundamentales.

Asimismo, en la resolución 2001/56 de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la protección de los migrantes y de sus familias, se alienta a los Estados de origen a que promuevan y protejan los derechos humanos de las familias de los trabajadores migrantes que permanecen en sus países de origen y presten especial atención a los niños y a los adolescentes cuyos padres han emigrado.

Consideramos urgente y necesario que el Estado mexicano garantice la protección de los derechos de las personas que integran las familias de los migrantes, por encontrarse en mayor grado de vulnerabilidad.

Por lo que se propone reformar el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se integren a la gama de derechos humanos que tutela, se propicie la armonización de las normas jurídicas secundarias a que haya lugar, se logre una reforma legislativa integral y se brinde una respuesta real y efectiva a la situación de las familias de los migrantes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración el siguiente proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución de la Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos de las familias de los migrantes.

Artículo único. Se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Párrafo décimo. Esta Constitución reconoce los derechos de los migrantes mexicanos y sus familias. En consecuencia, el Estado garantizará el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito a la Presidencia se integre el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Cervantes. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se concede el uso de la tribuna, al diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Competencia Económica.

El diputado José Antonio Almazán González: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. En razón del tiempo no daré lectura completa a esta iniciativa, por lo que de antemano solicito que todo el texto de la misma se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Como todos estamos enterados, la actual escalada inflacionaria en artículos de consumo popular está profundizando la pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados en México. Asimismo, el reciente aumento a las gasolinas va a generar un alto impacto inflacionario que se va a reflejar, en primer lugar, en el transporte que utilizan estos combustibles, y en cadena se va a reflejar en el alza de los precios de las mercancías que son transportadas, y en general, el incremento en el precio de los bienes y servicios cuyos precios no son controlados, desatando una grave espiral inflacionaria.

Al respecto hay que señalar que el artículo 28, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses".

Está muy claro que este párrafo establece la facultad del Estado para no permitir el disparo de los precios de consumo popular, y por tanto, establecer el control de precios como una protección al poder adquisitivo de los trabajadores asalariados. Sin embargo, el gobierno federal, aplicando una ley secundaria, en este caso la Ley Federal de Competencia Económica, le da una negativa a los sindicatos planteando que solamente podrán sujetarse los precios siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva; es decir, cuando existan monopolios que dicten los precios de estos artículos básicos.

Asimismo, en términos económicos es urgente que el Ejecutivo establezca un control de precios para artículos de consumo popular, en virtud de la escalada inflacionaria que se ha venido dando en lo que va de este año, que de acuerdo al seguimiento que hemos dado a 20 artículos básicos, éstos han tenido un incremento de más de 20 por ciento en el periodo comprendido del 1 de diciembre del año pasado al 4 de septiembre de éste.

Si comparamos este incremento desmedido a los precios con el aumento que se le otorgó a los salarios mínimos generales, de 3.9 a partir del 1 de enero, así como 4.28, en promedio, otorgado a los salarios contractuales, todo ello de acuerdo a datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a julio de este año, se hace evidente la insuficiencia de los salarios frente a los desmedidos precios de los artículos básicos.

Incluso este proceso inflacionario se hace más severo, como se ha dado a conocer por los medios de difusión, a raíz del aumento reciente tanto a las gasolinas como al diesel, los cuales entrarán en vigor en el mes de octubre próximo y que se han visto reflejados ya en el alza a diversos artículos como el pan blanco, en la carne de res, etcétera, lo que de acuerdo a cifras oficiales encareció en más de un 34 por ciento los productos básicos.

Es decir, en nueve meses los productos que integran la canasta básica registraron un aumento de 7.5 veces con respecto a los salarios concedidos a los trabajadores. Precisamente por ello es que presento esta iniciativa de ley que reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Competencia Económica, para que en términos de congruencia jurídica se ajuste esta ley secundaria a la norma constitucional que fija el artículo 28, para establecer un control de precios a productos básicos.

Asimismo, esta iniciativa busca eliminar un obstáculo jurídico que ha hecho posible que un puñado de hipermillonarios se beneficie de la liberalización de los precios de artículos de consumo popular, profundizando los niveles de pobreza de millones de trabajadores asalariados. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Almazán, Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Economía.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Juan Manuel San Martín Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Juan Manuel San Martín Hernández: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

El diputado Juan Manuel San Martín Hernández: Compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para presentar iniciativa de reformas a nuestra Ley Fundamental, solicitándole, señor Presidente, se inscriba íntegra esta iniciativa en el Diario de los Debates, así como lo que expondré a continuación.

La presente iniciativa tiene como finalidad sentar bases jurídicas con implicaciones de política pública, para responder a los problemas derivados de la desarticulación prevaleciente entre los programas habitacionales y la precaria planeación urbana, misma que carece de aplicaciones efectivas, tanto por la prioridad gubernamental de favorecer a los inversionistas que controlan la oferta habitacional, como por la inexistente regulación de los procesos urbanos en nuestro país.

Los postulados que fundamentan esta iniciativa de reformas a nuestra Ley Fundamental se insertan en cuatro principios legislativos, que considero indispensable concretar en un nuevo orden constitucional.

Primero. El derecho a la vivienda en México requiere de definiciones amplias, en sincronía con el derecho internacional aplicable y con preceptos constitucionales ya vigentes en el orden jurídico nacional. Recordemos que México suscribió, en su calidad de Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1981.

Que en el numeral uno de su artículo 11 reconoce el derecho de toda persona a la vivienda adecuada, lo que conlleva a un sentido más amplio que la noción del derecho de la familia a la vivienda digna y decorosa acotada en el quinto párrafo del artículo 4o. de la Carta Magna.

De este modo estaremos en condiciones de dar coherencia a este mandato constitucional con otros derechos postulados en el referido artículo 4o. enfocados a la persona, como consta en lo relativo a los derechos al esparcimiento de los hijos, a la salud y al medio ambiente.

No olvidemos que el artículo 1o. de la propia Carta Magna refiere la no discriminación al individuo.

Por otra, adicionamos al quinto párrafo del artículo en comento la ineludible obligación del Estado para velar por el ejercicio del derecho irrestricto a la vivienda.

Segundo. Partiendo de una concepción multidimensional del desarrollo, proponemos que un componente central del desarrollo nacional debe ser la calidad de vida que involucre las garantías sociales enunciadas en la Constitución, razón por la cual en el artículo 25 proponemos vincular este aspecto en las responsabilidades del Estado en su carácter de rector del propio desarrollo de nuestro país.

Tercero. En concordancia con lo anterior, consideramos necesario incorporar el equilibrio territorial y regional como un aspecto medular del sistema de planeación que postula el artículo 26 de nuestra ley fundamental.

Lo anterior, en concordancia con el derecho de la nación a imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público, lo cual debe ser reforzado estableciendo en el tercer párrafo del artículo 27 constitucional la regulación de los proyectos que afectan el desarrollo urbano y metropolitano, considerando que en las ciudades y zonas metropolitanas vive aproximadamente el 80 por ciento de la población nacional.

Cuarto. Finalmente, y tomando en cuenta que el artículo 115 constitucional establece las atribuciones del municipio, atribuciones en materia de planeación territorial, resulta inaplazable consolidar la aplicación del principio del interés público como eje de la política de desarrollo urbano, facultando a éste orden de gobierno para supervisar y velar el acatamiento de las disposiciones legales aplicables en materia de licencias y permisos de construcción.

Por otra parte, para avanzar en el federalismo democrático se requiere que lo estipulado en el tercer párrafo del artículo 27, arriba mencionado, incorpore la coordinación entre las entidades federativas y los municipios, a fin de superar las omisiones y contradicciones observadas en materia de ordenamiento territorial y vivienda, consolidando así la concurrencia y coordinación en este rubro de la política pública, en la perspectiva de contribuir a dar mayor solidez a los soportes normativos del derecho a la ciudad y a la vivienda.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a ustedes —compañeras legisladoras y compañeros legisladores— su apoyo a la presente iniciativa a fin de que renovemos los soportes legislativos de la hasta ahora débil política de ordenamiento territorial en la cual deben insertarse los programas de vivienda, acatando el derecho a la vivienda adecuada, digna y decorosa.

Por su atención, compañeras y compañeros, muchísimas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado San Martín. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley de Vivienda y de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil.

La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez: Con su permiso diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo a este pleno a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el artículo 3o. de la Ley de Vivienda y la fracción VII del artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, con base en la siguiente

Exposición de motivos

El 4 de diciembre del 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al párrafo tercero del articulo 1o. de nuestra Carta Magna. El espíritu de esta reforma fue eliminar el concepto de capacidades diferentes de la Constitución y cambiarlo por el concepto las discapacidades.

Dicha reforma derivó, porque tanto la Organización Mundial de la Salud como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones especializadas en este rubro señalan que este término de "capacidades diferentes" es incorrecto, porque todos tenemos capacidades refiriéndonos al desarrollo de habilidades y todos tenemos alguna capacidad diferente.

El concepto de capacidades diferentes nació en el sexenio anterior toda vez que el Ejecutivo, con el ánimo de saltar las virtudes o habilidades de las personas con discapacidad, estableció el término de capacidades diferentes, sin considerar que todas las personas tenemos capacidades diferentes, por lo que su propuesta terminó etiquetando, diferenciando y discriminando a las personas con discapacidad.

El diccionario de la Real Academia Española señala que el término "capacidad", viene del latín capacitas, mismo que tiene varios significados entre los que destacan: actitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. Actitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación.

Por ello, es incorrecto usar dicho término para las personas que tengan alguna discapacidad, toda vez que todos los seres humanos tenemos capacidades diferentes.

En el ámbito internacional, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad señala que estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que todos, y estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano.

El artículo 1o., numeral 1, del mismo documento señala que el término de discapacidad significa "una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social".

El artículo 3o., numeral 1, del mismo ordenamiento, señala que los Estados-parte se comprometen a:

"1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación…"

Por tanto, considerando que los conceptos y términos alusivos a las personas con discapacidad deben ser expresados en un mismo sentido y significado, desde la Carta Magna hasta la legislación general, evitando con ello confusiones y malas interpretaciones por parte de los juzgadores, se debe armonizar nuestra legislación ya que no se trata solamente de un término mal empleado sino que es toda una conceptualización la que esta iniciativa quiere modificar.

Es por ello que la iniciativa que presento el día de hoy viene a contribuir a la armonización de la legislación mexicana toda vez que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., párrafo tercero, fue reformado para dar paso al concepto de discapacidad, eliminando con ello el concepto de capacidades diferentes de nuestra Carta Magna.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, me permito proponer ante este pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley de Vivienda y la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Ciudadano Presidente, por economía procesal, solicito se inscriba íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Soriano. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Equidad y Género, de Vivienda, y de Participación Ciudadana.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

El diputado Gerardo Priego Tapia: Con su permiso, Presidente. Quisiera pedirle también que por cambios menores me permita inscribir este texto dentro del Diario de los Debates; cambios muy menores que hice a esta presentación.

Quisiera comentarles hoy algo que todos recordamos. En el mundo hoy existen más de 200 países, de ésos solamente 12 son considerados megadiversos y albergan en conjunto entre 60 y 70 por ciento de la biodiversidad total del planeta.

México es precisamente uno de ellos. México se encuentra, pues, entre los nueve países con el mayor grado de diversidad cultural y de diversidad biológica. México ocupa el primer lugar en el mundo en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas. En términos generales se puede decir que México tiene por lo menos 10 por ciento de la diversidad terrestre de todo el planeta.

Además de la explotación agropecuaria, la fauna silvestre, en el país, es aprovechada de diversas maneras, la más común son los distintos tipos de cacería, como la de subsistencia para alimentación doméstica, deportiva, con fines comerciales, de control de plagas y la cacería ritual, practicada por grupos indígenas para la reafirmación y preservación de tradiciones.

Otra forma de uso de la fauna silvestre es la captura y aprovechamiento de las aves canoras y de ornato, la cual según estimación del Instituto de Ecología, proporciona empleo a aproximadamente 3 mil 400 familias en todo el país, aunque la captura solamente se permite en 26 estados.

Para poder realizar una legislación integral en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable, es necesario tomar en cuenta que la mayoría de las comunidades en nuestro país tienen una relación directa con la biodiversidad, algunas han mantenido las prácticas ancestrales en cuanto a los medios de apropiación de la biodiversidad, la pesca, la caza, la cosecha y recolección y algunas prácticas agrícolas. Por supuesto, también las prácticas forestales.

Sin embargo, muchas comunidades han sucumbido ante presiones externas y han abandonado las prácticas tradicionales, menos destructivas, que son para adoptar otras que ocasionan impactos irreversibles en los ambientes naturales del país.

El futuro de cualquiera de estas comunidades y de sus economías locales está ligado directamente al aprovechamiento de sus recursos sustentables y recursos biológicos.

Así pues, es necesario buscar que en la sociedad mexicana se promueva y arraigue una cultura de uso y valoración de la biodiversidad como recurso vital para el mantenimiento y mejora de nuestra calidad de vida, es decir, lograr que se reconozcan y valoren aquellos bienes y servicios de la biodiversidad que forman parte de la vida diaria de los mexicanos para integrarlos de manera explícita a la economía del país.

De igual modo debemos promover que una mayor parte de los componentes de nuestra biodiversidad nativa se integre de forma sustentable a la actividad económica.

Es importante señalar que ante la doble problemática de conservación y uso comercial sustentable, tenemos que establecer lineamientos que puedan servirnos para atacar en ambos frentes, sin que por ello pongamos uno subordinado al otro.

No existe hoy en México una identificación real del número de especies que tienen algún uso comercial en nuestro país. Si bien la Ley General de Vida Silvestre, promulgada en el año 2000, ha tenido como objetivo la conservación de las especies de vida silvestre y su hábitat, mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, lo cierto es que este ordenamiento jurídico no contempla identificación de especies que estén siendo usadas comercialmente o que de acuerdo a su característica tengan algún potencial de uso comercial.

Es prioritario promover el uso sustentable de nuestra biodiversidad, que tengamos identificadas las especies que tienen este potencial de uso comercial, esto por varios motivos.

Al tener identificados los nichos de potencialidad de desarrollo se pueden planificar políticas públicas más eficientes y enfocadas a la realidad de la población, permite identificar nichos poco explotados o aquellos sobreexplotados. Además, si esto es fundamental para la conservación, nos permite identificar aquellas especies que pueden verse afectadas si su uso comercial no se da de manera sustentable.

En este sentido es que se expresa la presente iniciativa en un momento crucial para nuestro país, donde es necesario proteger de manera integral la biodiversidad, al mismo tiempo que el uso sustentable de los recursos es prioritario para la solución de complejos problemas sociales y económicos.

En un país con 45 millones de personas en pobreza, saber cuáles son precisamente las especies que pueden ser usadas comercialmente de una manera sustentable, es muy importante para el país.

Y aquí recuerdo a todos los estados que están cerca del Golfo de México o tienen relación con el golfo, el caso, por ejemplo, del cocodrilo moreleti. En el estado de Tabasco el cocodrilo moreleti es un cocodrilo que se da de manera natural, está en todas las lagunas y pantanos del estado, pero al mismo tiempo en un estado de dos millones de habitantes con comunidades en algún grado de pobreza, no hay una relación entre esta abundancia de la naturaleza y lo que sustentablemente pudiéramos aprovechar para efecto de beneficiar a quienes tienen los ingresos más sacrificados en el estado, en el sureste y repito, en todos los estados cercanos al golfo.

Es por eso que hoy presento este decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Único. Se reforman los artículos 5, 9, 16 y 49, se adiciona párrafo a los artículos 39, 83 y 92; se adiciona la fracción XIX, pasando las actuales fracciones XIX a la LXV a ser la XX a la LXVI del artículo 3º. Se adiciona inciso g) al artículo 46 y se adiciona el artículo 61 Bis, todos de la Ley General de Vida Silvestre.

Por su atención muchísimas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Destacamos la presencia en este salón de sesiones y les damos la bienvenida a los estudiantes del Centro Universitario de la UAEM, del estado de México, a los estudiantes de la Universidad de Hidalgo, a los jóvenes del Colegio de Bachilleres 17, delegación Tláhuac, y a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenidos todos ustedes.

Denle sonido a la curul del diputado Díaz Garibary.

El diputado Felipe Díaz Garibay (desde la curul): Gracias señor Presidente. A propósito de la iniciativa que acaba de presentar mi compañero, diputado Gerardo Priego, solamente quisiera hacer un exhorto, que finalmente se hiciera un exhorto a través de este órgano legislativo, a efecto de que tanto el área de protección civil de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la del estado de Michoacán, tomaran participación en el asunto de que el río Duero, en el municipio de Vista Hermosa en el estado de Michoacán, a la altura de la comunidad de El Capulín, hay varios cocodrilos en una zona donde no es habitual que existan.

La sociedad está alarmada, sobre todo los pescadores que están en esa zona. Eso me lo reportaron ayer en un recorrido que hacía yo en esos municipios. Ojalá que a través de esta Cámara pudiera hacer un exhorto a las autoridades correspondientes. Gracias señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se toma nota para los efectos correspondientes. Continuamos.

Se concede el uso de la tribuna al diputado José Inés Palafox Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Inés Palafox Núñez: Con su permiso, señor Presidente. Amigas y amigos legisladores, el que suscribe, José Inés Palafox Núñez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PAN del esta LX Legislatura, con las facultades que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este honorable Congreso de la Unión la siguiente

Iniciativa de reforma a nuestra Carta Magna, para efecto de modificar el primer párrafo del artículo 114 constitucional para ampliar el plazo de inicio de procedimiento del juicio político en contra de los servidores públicos.

Históricamente ha habido infinidad de servidores públicos en todos los niveles de gobierno que por negligencia, o por malos manejos, han incurrido en responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, ocasionando con esto un quebranto a la administración para la que laboraron y que por tener una ley obsoleta en el presente artículo, les ha permitido seguir causando daño al gobierno del cual dependen.

Dado que por tener solo un plazo de un año para que se les pueda iniciar juicio político, en la gran mayoría de las ocasiones pasa el año y las mismas autoridades se dedican a proteger a los servidores públicos, además de que el plazo de un año para iniciar el juicio político es muy poco tiempo, término que en la mayoría de las ocasiones es insuficiente para detectar irregularidades.

Nuestra sociedad requiere de servidores públicos honestos y bien preparados que realmente se dediquen a servir y no busquen de administración en administración para servirse. Es el momento de que dicho precepto constitucional cuente con un plazo más rígido que permita una mejor investigación de los resultados de cada servidor público que ha terminado con su encomienda.

En tal sentido, la presente iniciativa se refiere al perfeccionamiento del término de la prescripción para hacer exigible la responsabilidad política en que puedan incurrir determinados servidores públicos, incluyendo ésta como aquel tipo de responsabilidad en que pueden incurrir servidores públicos previsto por el primer párrafo del artículo 110 constitucional, cuando su conducta violenta los intereses públicos fundamentales y su correcto despacho, así como en la que incurren los funcionarios estatales previstos por el segundo párrafo referido en el artículo 110, cuando incurran en violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen o por el mal manejo de los recursos o los fondos federales.

La misma cuestión ocurre en el caso de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos cuyo plazo de prescripción para el fincamiento de dichas responsabilidades es de tres años por regla general y de cinco tratándose de infracciones graves, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Inclusive el propio texto constitucional dispone al respecto, en el artículo 114, que la prescripción por responsabilidad administrativa que deriva de una infracción grave no podrá ser menor de tres años.

Lo anterior demuestra la necesidad de encontrar criterios uniformes de responsabilidad de los servidores públicos, ya que constitucionalmente los límites de prescripción de la responsabilidad administrativa y penal del propio texto constitucional los fija en tres años como mínimo, cuando en otro tipo de responsabilidad los fija en un año a partir de que el servidor público ha dejado su cargo.

La finalidad de la presente propuesta es tener un plazo más acorde para identificar a aquellos funcionarios que han incurrido en responsabilidad para que sean sujetos a juicio político, haciendo así que dichos servidores públicos no se dediquen a andar de puesto en puesto en cualquier nivel de gobierno de que se trate, y por supuesto, evitar que nuestros tres niveles de gobierno tengan quebrantos en perjuicio de la sociedad mexicana.

Actualmente es claro que son mínimos los procedimientos de juicio político en contra de servidores públicos que incurrieron en responsabilidad durante su encargo, puesto que los plazos para iniciarlos prescriben al año del término de su gestión, plazo que en realidad es demasiado corto, ya que en la mayoría de los casos un año es insuficiente para detectar dichas irregularidades, y por ende, castigar a los referidos servidores públicos.

La propuesta de ampliar el término de tres años es porque se considera que es el plazo suficiente para detectar las irregularidades, además de que se cuenta con una Ley de Transparencia que nos permite, de manera eficaz, contar con información obligatoria.

Es tiempo de que nuestro gobierno cuente con funcionarios honestos y preparados y que la mejor manera de garantizárselo a los mexicanos es con esta reforma que permite tener más tiempo para detectar a los malos funcionarios.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 114 constitucional para quedar como sigue:

Artículo 114. El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de los tres años siguientes de finalizada su gestión en dicho cargo. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año, a partir de dictarse la resolución respectiva y que la misma sea inatacable.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Palafox Núñez. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

El diputado Alberto Amaro Corona: Con su venia, señor Presidente. El suscrito, diputado federal Alberto Amaro Corona, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quiero manifestar que en México se destinan muchos recursos públicos para la educación, pero insuficientes.

Año con año, el Ejecutivo federal propone y el Poder Legislativo autoriza —con algunos cambios— la distribución al gasto educativo. Es poca la atención que el Legislativo ha puesto para establecer formas de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas sobre cada uno de los programas federales.

Es el momento de tomar medidas que hagan del sector educativo un espacio de evaluación real de todos los programas y actores involucrados. Nuestra visión de país pasa por un cambio impostergable de la vida pública nacional. Ninguna acción de gobierno debe escapar del escrutinio público, mucho menos la educación.

Es común hablar de las deficiencias de infraestructura educativa. El 45 por ciento de las escuelas públicas urbanas tiene como principal problema las cuarteaduras de techos y paredes; el 38 por ciento tienen en mal funcionamiento los sanitarios; y el 35 por ciento de las aulas padece goteras.

¿Quiero decir, que el presupuesto que anualmente se destina para subsanar esta problemática, no se aplica? ¿Es un abuso pedir cuotas a los padres de familia para el mantenimiento de las mismas escuelas? ¿Cómo se mide esta deficiencia? ¿Quien y cómo aporta la información?

Quiero, compañeras y compañeros, pasar directamente a la reforma y adiciones de los diferentes artículos que estoy proponiendo, de la Ley General de Educación. Quiero comenzar con el párrafo de la fracción II, del artículo 7, para quedar como sigue:

Artículo 7...

I...

II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; y sobre todo, favorecer la instrumentación de los mismos conocimientos.

XIII. Fortalecer la conciencia que hay entre los mexicanos que viven en el extranjero y por ello la necesidad de fomentar actitudes solidarias con ellos y sus familias.

XIV. Infundir el conocimiento y la práctica de valores que fortalezcan actitudes que apunten a contener el papel nocivo de los contenidos de los medios de comunicación electrónicos.

Artículo 10. La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público, por lo que sus decisiones y acciones deberán estar marcadas por el mayor beneficio para las comunidades y ciudadanos más desprotegidos.

Artículo 12…

III. Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, así como del Poder Legislativo.

Artículo 13...

II. Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan que incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, con la correspondiente consulta de las autoridades municipales.

Se reforma el artículo 15 y queda como sigue: El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y local, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en la fracción V y VII del artículo 14, con el apoyo del gobierno del estado.

Se adiciona un tercer párrafo en el artículo 29, para quedar como sigue: La evaluación deberá ajustarse a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que conlleva toda acción pública, además se definirán esquemas de participación de los estados y municipios.

Se adiciona la fracción VIII Bis y la de la fracción X Bis del artículo 33, para quedar como sigue:

VIII Bis. De manera especial se instrumentará un programa de becas para hijos de migrantes.

X Bis. Otorgarán estímulos a aquellas organizaciones sociales que apoyen la educación de hijos de migrantes.

Se reforma el artículo 34 para quedar como sigue: Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que concierten las proposiciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas deben realizar para reducir y superar dicho rezago. En dichos programas compensatorios se deberán priorizar aquellos dirigidos a hijos o familiares de migrantes.

Se reforma el artículo 35 para quedar como sigue: En el ejercicio de su función compensatoria y sólo tratándose de actividades que permitan mayor equidad educativa, la Secretaría podrá, en forma temporal, impartir de manera concurrente educación básica y normal en las entidades federativas. De manera especial, se deberá considerar aquellos municipios con altos grados de intensidad migratoria.

Se reforma el segundo párrafo del artículo 39, para quedar como sigue: De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, también podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades. En especial deben considerarse programas y contenidos sobre problemática migratoria.

Se reforma el párrafo tercero del artículo 48, para quedar como sigue: Las autoridades educativas locales propondrán, para consideración y en su caso autorización de la Secretaría, contenidos regionales y migratorios que, sin mengua de carácter nacional de los planes y programas citados, permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos.

Se reforma el artículo 49 para quedar como sigue: El proceso educativo se basará en los principios de libertad, equidad y responsabilidad, que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas.

Compañeros y compañeras, esta iniciativa de reforma y adiciones son a varios artículos y sólo quiero concluir mencionándolos.

Se adiciona la fracción VI del artículo 57; se reforma el artículo 58; se reforma la fracción V del artículo 65; se reforma el artículo 66; se reforma la fracción III del artículo 67; se adiciona un último párrafo del artículo 69; se adiciona un párrafo del artículo 70; se adiciona un párrafo del artículo 71; se adiciona un párrafo del artículo 72 y se reforma el artículo 73.

Quiero decirles que es una iniciativa que invade varios artículos de la Ley General de Educación, por lo cual pido respetuosamente al Presidente de esta Mesa que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Insértese íntegramente en el Diario de los Debates.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

El diputado Javier Guerrero García: Con su permiso, señor Presidente. Es sin duda importante fortalecer en este periodo de cambios la presencia del federalismo, a pesar de la limitada idea de que la federación debe cobijar y proteger a los estados y que redunda en un trato de minoría de edad para las propias entidades. La visión federalista se ha estado consolidando y abriendo camino.

Éste es el móvil fundamental de esta iniciativa. El dar los pasos para avanzar en un federalismo más útil para los ciudadanos, en fortalecer las haciendas locales para impulsar un mejor gobierno local.

A partir del 1 de enero de 2005 entró en vigor el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, con el objeto de evitar que se cuestionara la constitucionalidad de la base de dicho impuesto. Sin embargo, aun y cuando no se buscaba afectar los ingresos que por concepto de dicho impuesto les corresponden a las entidades federativas, sí se dio la circunstancia de que éstos fueron, en los hechos, afectados negativamente.

Esto se dio porque mediante dichas reformas se modificó la periodicidad de la actualización de las tarifas contenidas en la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Al Modificar dicha periodicidad se eliminó la disposición que actualizaba la propia base del impuesto para los vehículos usados, es decir, el valor de dichos vehículos.

La consecuencia fue que al calcular el impuesto aplicable a los vehículos usados, si se les aplica la depreciación que les corresponde dependiendo del año modelo, se pierde la actualización del valor de dichos bienes generando con ello una disminución considerable en la base del impuesto, y por consiguiente, una disminución en los ingresos que por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos reciben las entidades federativas.

Esta disminución en la recaudación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos impacta de manera significativa a los ingresos de las entidades, ya que en algunos casos representa una recaudación mayor a la que obtienen por otro tipo de impuestos.

Dado que el nivel de la reforma mencionada, que además incluyó a los automóviles destinados al transporte eléctricos, aeronaves y motocicletas usados, no era reducir los ingresos que recibieran las entidades federativas por concepto del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, se propone reformar la ley en la materia para corregir la situación descrita con anterioridad.

Esta propuesta no pretende incrementar las tarifas aplicables para el cálculo del impuesto que se debe pagar por la tenencia o uso de vehículos, sino establecer adecuadamente los mecanismos de ajuste que reconozcan el efecto inflacionario en los valores que se toman como base para la determinación del citado impuesto y con ello evitar la disminución de los ingresos que perciben las entidades federativas por la recaudación de la citada contribución.

El cálculo promedio de lo que se está perdiendo en recaudación es de un 30 por ciento, al no darse la actualización en el precio base que determina la diferencia entre la depreciación propia de los vehículos y la actualización del valor real de estos procesos inflacionarios.

Hay además otro elemento importante en esta propuesta. Uno de los vehículos que han venido en aumento de uso y aceptación de los ciudadanos, es la motocicleta, no sólo por su carácter de mayor movilidad en el medio urbano sino por su economía y su importancia ecológica.

La motocicleta ha aumentado en uso también para ser un vehículo muy versátil para la distribución de mercancías perecederas y de consumo inmediato, así como para mensajería y movilidad postal.

Hay en la actual ley un trato desigual frente a otro tipo de vehículos. El límite de base de cálculo de su tenencia es reducido, lo que hace que su registro —sobre todo en las entidades y en los municipios— sea eludido, en tanto los costos de registro de estos vehículos no son proporcionales a los valores comparables de otros medios de transporte.

Por ello, se considera conveniente proponer el incremento de los límites de ingresos de la tarifa aplicable a las motocicletas nuevas, a efecto de que un grupo mayor de estos vehículos vea disminuir su carga impositiva. Lo anterior, con el fin de facilitar la adquisición de este tipo de vehículos para actividades comerciales de distribución, de seguridad, entre otras.

En este sentido, se propone que en el primer rango de la tarifa queden comprendidas las motocicletas cuyo valor total sea de hasta 200 mil pesos. Esta medida beneficiaría hasta un 90 por ciento del parque vehicular de motocicletas del país.

Por último, es fundamental resaltar que la entrada en vigor de las modificaciones propuestas no afecta a los ciudadanos en los pagos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, efectuado conforme a las disposiciones vigentes.

Estos cambios propuestos permitirán sólo ajustar, en la medida de lo posible, la situación del parque vehicular nacional en razón de los valores reales de los vehículos en tenencia, propiciando así una transición adecuada de las facultades fiscales de los estados en el camino hacia un federalismo fiscal real y útil para los ciudadanos.

En este tenor, señor Presidente, le hago entrega de la iniciativa con las reformas correspondientes. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Javier Guerrero García. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Saludamos a los estudiantes de la Universidad del Distrito Federal y a los ciudadanos regidores del ayuntamiento de Ensenada, Baja California, Adela Lozano López y Rocío López Gorosave. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 75 de la Ley General de Educación.

El diputado Manuel Portilla Diéguez: Con su permiso, diputado Presidente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o., establece el derecho a recibir educación gratuita y laica. Asimismo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, manifiesta que toda persona tiene derecho a la educación y deberá ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.

La educación es el motor del desarrollo de cualquier país, debido a que incrementa la calidad de vida de la población al momento de obtener una mejora del ingreso por el pago de un trabajo calificado, ya sea técnico o profesional.

En las comunidades rurales y marginadas contribuye a eliminar el rezago educativo y el acceso a mejores fuentes de empleo.

Asimismo, la educación desde temprana edad fomenta la sana competencia entre los estudiantes hasta el momento de su incursión en la vida laboral. Un mayor nivel educativo influye en el comportamiento social, debido a que fomenta y refuerza el civismo, la democracia, la equidad de género y contribuye a disminuir las tasas de delincuencia y corrupción.

La formación de los estudiantes desde la educación básica debe ir de acuerdo con las necesidades que exige el mercado laboral de cada región, aunado a la creación de nuevas carreras técnicas y profesionales que desahoguen la sobresaturación en las licenciaturas como derecho, administración de empresas, psicología y contaduría, entre otras.

Por ende, para combatir el rezago educativo no basta con tener una amplia red de cobertura, sino incrementar la calidad de la educación para agilizar el desarrollo del país. Existe una gran concentración de nichos educativos en muy pocas ciudades y municipios del país, provocando el incremento de la brecha educativa entre estados y regiones, aunado a la desigualdad en el acceso a recibir educación de calidad.

En ese sentido, no cabe duda que la educación es un tema fundamental para el desarrollo del país y cuando por alguna circunstancia se violenta temporal o definitivamente la garantía constitucional relativa al derecho a la educación, por una parte se propicia una deficiencia en los estudiantes.

Lo que sin duda, a largo plazo, se verá reflejado en el acceso a la planta laboral con un salario bajo. Toda vez que no cuentan con los conocimientos necesarios que le permitan competir en un mercado laboral altamente demandante.

Lamentablemente, en nuestro país hemos sido testigos de circunstancias que aun sin proponérselo han violentado la garantía educacional consagrada en el artículo 3o. constitucional.

Por ejemplo, con el ausentismo de personal y las constantes huelgas en las escuelas, aun cuando la fracción X del apartado B del artículo 123 de nuestra Carta Magna dice que los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes, así como hacer uso del derecho de huelga.

Por tanto, no podemos ignorar que este derecho constitucional, de asociarse en defensa de sus intereses comunes, ha sido utilizado en detrimento de los alumnos que ven cancelada la impartición de las clases.

Del mismo modo, la forma en que se ha manejado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha provocado corrupción dentro de la organización y ha reflejado en la sociedad misma el poco nivel educativo con el que cuenta nuestro país, dejando a un lado el objetivo primordial que es el de la educación de los alumnos.

Al respecto, es importante aclarar que no nos oponemos al derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes, pero no tolerar por ello que se afecte el futuro de los niños y jóvenes que representan el progreso de este país.

Por tanto, se busca a través de la presente iniciativa de reforma erradicar la impunidad en los centros de enseñanza por parte de algunos trabajadores de la educación. Debido a que lo establecido actualmente en la Ley General de Educación, en el último párrafo del artículo 75, cobija y entorpece la aplicación de sanciones e infracciones a elementos que no cumplan con sus obligaciones laborales.

Por tanto, para combatir la impunidad, actos de corrupción, ausentismo injustificado, falta de transparencia, negación a sistemas de evaluación, entre otros, es necesario el cumplimiento de la Ley General de Educación, a través de la aplicación de un sistema de sanciones e infracciones que sea justo y equitativo, en donde se pueda corregir a los que prestan servicios educativos sin excepción, dando como resultado una mayor eficiencia de calidad del personal que imparte educación en las escuelas del país.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Manuel Portilla Diéguez. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Se recibió de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa que reforma los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Túrnese a la Comisión de la Función Pública.

Se concede el uso de la tribuna a la diputada Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario de Alternativa, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Gracias, señor Presidente.

Los relatos de abuso sexual en Latinoamérica son conocidos y algunos son emblemáticos. Las denuncias esporádicas, especialmente cuando los responsables pertenecen a fuerzas policíacas o militares, cuesta mucho hacer denuncias públicas, tanto por factores sociales como por el miedo de las mujeres a ser estigmatizadas. Más aún cuando se dan en el contexto de una guerra convencional o no, donde las violaciones a los derechos humanos son comunes y las vejaciones sexuales son consideradas un mal menor por quienes sólo quieren sobrevivir.

En un conflicto armado, en una situación de tensión política o policiaca, la violencia menos visible es la violencia sexual contra las mujeres. Miles de historias se guardan en lo más íntimo, ya sea por vergüenza o por temor a las represalias. Mujeres de México, Colombia, Chile, Perú y el resto del continente comparten un secreto común: el de haber sobrellevado estas torturas durante algún episodio de la historia de sus países.

La historia del Ejército y las Fuerzas Armadas es, sin lugar a dudas, la historia de México, al ser una expresión del pueblo y símbolo del patriotismo. Sin embargo, en los últimos tiempos la actuación del Ejército y las Fuerzas Armadas se ha visto lesionada cuando alguno de sus miembros ha faltado al honor militar y a la responsabilidad que tiene con el pueblo de México.

En el contexto de nuestro país las mujeres sufren de manera específica las consecuencias de la militarización al crearse un clima de inseguridad e intimidación, sobre todo en las regiones donde existen antecedentes de organización indígena-campesina, y hasta hace muy poco, de crimen organizado.

Según los informes de Amnistía Internacional desde 1994 a la fecha se han documentado 60 agresiones sexuales contra mujeres indígenas, campesinas y urbanas por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, sobre todo en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

Impunidad y racismo encontraron las hermanas Méndez Sántiz, tres mujeres tzeltales violadas en un retén militar en Altamirano, Chiapas, en marzo de 1994; Delfina Flores y Aurelia Méndez, mujeres tlapanecas de Guerrero, fueron violadas por cinco soldados el 3 de diciembre de 1997. Las 12 mujeres indígenas de la zona de Loxichas, Oaxaca, violadas por efectivos del Ejército Mexicano en 1997; las mujeres nahuas Victoriana Vázquez Sánchez y Francisca Santos, también de Guerrero, interceptadas y violadas por militares en casas abandonadas en abril de 1999.

Valentina Rosendo, agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería en Barranca del Bejuco, Acatepec, Guerrero, en febrero de 2002. Inés Fernández Ortega, violada en su casa por once soldados el 22 de marzo de 2002 en Barranca Tecoani, Ayutla de los Libres, en Guerrero.

Las 23 mujeres agredidas sexualmente en Atenco, por fuerzas de seguridad en mayo de 2006; las 13 mujeres de Castaños, Coahuila, que el 11 de julio de 2006 fueron víctimas de una violación tumultuaria por parte de 13 soldados, y recientemente las cuatro menores violadas en Nocupétaro, Michoacán. Y no podemos olvidar el caso de Ernestina Ascencio.

Los cuerpos de las mujeres se han convertido en campo de batalla para un sistema y un gobierno patriarcales que desarrollan una guerra no declarada contra nosotras. La violación es una colonización que degrada la sexualidad de las mujeres.

Análisis de género en otras regiones del mundo señalan que en contextos de conflicto político militar la sexualidad femenina tiende a convertirse en un espacio simbólico de lucha política y la violación sexual se instrumenta como una parte para demostrar poder y dominación sobre los hombres del grupo enemigo, cualquiera que éste sea. Chiapas, Atenco, Castaños, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Michoacán, no son una excepción.

Las violaciones sexuales a mujeres por parte de integrantes del Ejército, en general, no han recibido justicia.

A excepción del caso de Castaños, en todas las denuncias la justicia militar es quien ha juzgado a los soldados delincuentes.

El fuero de guerra se encuentra arraigado en la tradición jurídica mexicana y es dable para poder juzgar a quienes cometen delitos contra la disciplina militar. En este contexto el Constituyente del 17 redactó el artículo 13 constitucional, el cual es muy claro respecto a los lineamientos que debe de seguir dicho fuero al señalar que los tribunales militares sólo y de manera exclusiva pueden atender de delitos y faltas contra la disciplina militar. Éste es sin lugar a dudas el límite y criterio de los alcances de la jurisdicción militar.

Lo anterior nos da claridad para establecer que el artículo 57 del Código de Justicia Militar, se excede, otorga y amplía la jurisdicción militar, lo cual contraviene el espíritu del Constituyente.

Quiero ser muy precisa y dejar en claro que no podemos juzgar a una institución tan noble como es el Ejército y las Fuerzas Armadas, por elementos que no respondieron a la confianza que les fue conferida por la sociedad y por las instituciones.

Sin embargo, atendiendo este criterio, la presente iniciativa propone reformar el artículo 57 del código, para que cuando en delitos del orden común o federal concurran militares y civiles, ambos sean juzgados por tribunales del fuero común o federal, quedando a disposición de esta autoridad, sin perjuicio de que los militares sean procesados por la disciplina militar.

Si bien es claro que la reparación del daño resulta de una sentencia jurisdiccional, llama la atención que la jurisdicción militar se reserva conocer delitos del fuero común, pero paradójicamente rechace conocer las reclamaciones en vía penal de las víctimas u ofendidos por la reparación del daño.

Consecuentemente, también esta iniciativa prevé el establecimiento de un fondo de compensación que no pretende sustituir la reparación del daño ni se ajusta a sus lineamientos, sino que busca disminuir de manera significativa e inmediata el impacto del delito en quienes fueron víctimas en la comisión de un ilícito por parte de militares.

El caso más representativo es el de las mujeres de Castaños, toda vez que han presentado estrés postraumático significativo y la conducta delictiva les generó conflictos familiares y sociales.

Por tanto, es urgente y de obvia justicia social que el estado las auxilie y compense el perjuicio que les causó la comisión del delito, con independencia de la llamada reparación del daño.

Por ello, de conformidad con lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 57, fracción II, inciso a), e inciso e); el 58; el 83, fracción VI. Adiciona un quinto párrafo al artículo 80, adiciona una fracción VIII al artículo 422 y un segundo párrafo al artículo 435. Asimismo le adiciona al artículo 436 un Bis y un Ter, del Código de Justicia Militar. Por su atención, gracias. Pido que se inserte mi intervención íntegra en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Así se hará. Muchas gracias, diputada Marina Arvizu Rivas. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional. Se recibió del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Dígame, diputada Arvizu.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas (desde la curul): Por favor turnar mi iniciativa con opinión a la Comisión de Equidad y Género.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

La diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su permiso, señor Presidente. Diputadas y diputados: El recientemente galardonado Premio Nóbel de la Paz, señaló que la crisis del clima no es asunto político sino un reto moral para toda la humanidad.

El cambio climático como efecto del calentamiento global, resulta de la quema de combustibles fósiles en su mayoría, está produciendo en México graves daños. Esto lo podemos constatar con las últimas inundaciones ocurridas en los estados de Hidalgo y Veracruz. Tan solo en esta última entidad se evacuaron alrededor de 100 mil posibles afectados por las lluvias provocadas por el huracán Lorenzo.

En mi estado, Chihuahua, las lluvias del 2006 provocaron el desbordamiento de los diques para contener el agua proveniente de las sierra de Juárez, causando la muerte de seis personas y el desalojo de más de 600 familias de diferentes colonias.

Las múltiples inundaciones que ocurren en todo el territorio nacional resultan del mal manejo de la cubierta vegetal, me llevan a presentar hoy, ante esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar, modificar y reformar la Ley de Aguas Nacionales, con el fin de proveer de mantenimiento continuo a las presas, cuencas y otros receptores para el flujo continuo de agua y no se produzcan inundaciones que afecten gravemente a la población más vulnerable.

Más allá de los discursos no existe una política pública de prevención integral por causas hidrometeorológicas que permitan la coordinación de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en general. Por lo que los invito, compañeros legisladores, a efectuar las reformas necesarias, al marco legal, que permitan establecer las bases de una verdadera política eficiente y eficaz de todas las instancias públicas y privadas en beneficio de los mexicanos.

De ser aprobada la presente iniciativa, se establecería la competencia del Ejecutivo federal en materia de prevención de inundaciones, así como la participación de los gobiernos estatales y municipales en el ejercicio del presupuesto otorgado para el mantenimiento de las cuencas.

Por otra parte, también que los consejos de cuencas tengan la facultad de ejecutar acciones que se definan como parte de la prevención de inundaciones, fomentando una cultura de mantenimiento y cuidado del medio ambiente que evite las inundaciones.

Por lo tanto, estimo que es necesario modificar la Ley de Aguas Nacionales en sus artículos 6 y 9 para que los tres niveles de gobierno respondan con eficacia y se eviten los efectos devastadores que ocasionan los fenómenos hidrometeorológicos en las diversas regiones del país, que lamentablemente lastiman a las poblaciones más pobres de México.

Solicito a la Presidencia se inserte de forma íntegra en el Diario de los Debates la presente iniciativa.

El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Publíquese íntegramente, como lo ha solicitado la diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza y túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Se pospone la iniciativa que presentaría el diputado Antonio Valladolid Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 60 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señor Presidente. Amigas y amigos diputados. En México uno de los principios fundamentales del orden jurídico es el de la supremacía constitucional, tutelado en el artículo 133 que significa la garantía de que ninguna ley de carácter secundario se encuentra por encima de nuestra Carta Magna.

El orden establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se rompe no sólo cuando se violan las garantías individuales de los gobernados, sino también cuando los órganos legislativos emiten normas de carácter general contrarias al pacto federal.

La Constitución federal requiere normas de carácter procesal para llevar a cabo su justa aplicación, por lo que el medio procesal eficaz para protegerla es la llamada acción de inconstitucionalidad, la cual es estudiada y forma parte del derecho procesal constitucional.

El espíritu jurídico de la presente iniciativa tiene que ver con la protección irrestricta de la Constitución, pues está claro que el estado social del derecho o el estado constitucional está basado en los principios de la legalidad.

El concepto genérico de la defensa de la Constitución se desdobla en dos categorías fundamentales: la protección de la Constitución y las garantías constitucionales.

La protección de la Constitución se integra por todos los actores políticos, económicos, sociales e incluso de técnica jurídica incorporados a los textos fundamentales con la finalidad de limitar el poder y lograr el funcionamiento de los poderes públicos.

El estudio de las garantías constitucionales cobra especial relevancia en México a partir de la reforma constitucional del 97 y especialmente la del 94, debido a que la Suprema Corte de Justicia materialmente realiza las funciones de un tribunal constitucional, a pesar de conservar todavía algunas competencias de mera legalidad, conociendo ésta de las acciones de inconstitucionalidad.

La intención de la presente participación es reformar el artículo 60 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional con el objeto de que haya coherencia para la aplicación de la iniciativa que propuse reformar el artículo 115 de la Carta suprema, en noviembre del año pasado, con la finalidad de ampliar el término para la presentación de la demanda de las acciones de inconstitucionalidad.

De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se reforma el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II, para quedar como sigue:

Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de 45 días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

Transitorio

Único. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Le solicito, señor Presidente, de manera respetuosa, se incluya esta participación en el Diario de los Debates. Es cuanto.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros. Túrnese a la Comisión de Justicia y atiéndase su petición.

Se recibió del diputado Miguel Ángel González Salum, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el ramo del petróleo; de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Gobernación.

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 y con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Quedan de primera lectura.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se dispensa la lectura. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Se ha registrado para hablar a favor del dictamen, el diputado Jesús de León Tello, por lo que se le concede el uso de la palabra.

El diputado Jesús de León Tello: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Vengo a pedirles su apoyo y su aprobación a este dictamen de reforma al artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles, que tiene que ver con un mecanismo más ágil de apoyo a los trabajadores, para que puedan acudir a los juzgados de distrito y llamar a cuentas, a través del juicio de concursos mercantiles, a aquellas empresas, a aquellos establecimientos que a través de la práctica tratan de eludir el pago de unas prestaciones laborales.

Esta reforma tiene que ver con la exención de fijar una garantía de mil 500 días de salario mínimo que le exige la ley a cualquier persona que quiera acudir ante un juzgado para iniciar este tipo de procedimientos.

Creemos que exigir este requisito no solamente hace nugatorio el derecho del trabajador de hacer efectivas prestaciones que ya fueron litigadas, que ya fueron ganadas ante una junta de conciliación y arbitraje, y que a pesar de que el laudo contiene una cantidad líquida para ser efectiva, algunas empresas buscan, a través de cambios de domicilio, desaparecer y los requisitos que marca la misma ley a una persona moral hacen prácticamente nugatorio este derecho.

Esta reforma es de dotar de este mecanismo al trabajador, poder solicitar no solamente que acudan a la demanda a defenderse en el procedimiento de concurso mercantil, sino también, si de las mismas actuaciones se desprende la comisión de un delito en fraude de acreedores, se pueda iniciar un proceso penal en contra de los socios de estas personas morales, que tendrán la obligación de responder con su patrimonio propio y hacerle frente a estas prestaciones laborales.

Creo que es de gran avance. Actualmente la ley exenta de este requisito cuando la parte que inicia el procedimiento es el Ministerio Público. Creemos que no solamente se debe de exentar a esta representación social, sino también a la clase trabajadora dotarle de estos mecanismos para que pueda hacer efectiva una prestación.

Después de que lleve a cabo un procedimiento laboral por más de tres, cuatro años, obtiene su laudo y se encuentra con la imposibilidad de hacerlo efectivo, este mecanismo les permitirá, a aquellos socios de las personas morales, poder obligarlos a cubrir dichas prestaciones que ya se encuentran en un lado firme con cantidad líquida.

Por eso, compañeros diputados, les pido el voto a favor del dictamen y una felicitación a los integrantes de la Comisión de Economía. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Jesús de León Tello. Consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido, en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Actívese el micrófono de la diputada Violeta Lagunes Viveros.

La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros (desde la curul): Violeta Lagunes, a favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: La diputada Valentina Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): La propuesta es a favor. Quisiera, a nombre de mi grupo parlamentario, nos dieran dos minutos para rectificar nuestra votación a favor de la propuesta.

El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Señores diputados, el sistema electrónico de votación ha sido cerrado. Quien quisiera expresar el sentido de su voto, lo puede hacer desde su curul. No puede haber un voto grupal. Voy a pedir que los diputados que quieran expresar el sentido de su voto lo hagan saber, porque no es posible volver a abrir el sistema electrónico de votación.

Pido a la gente de apoyo parlamentario nos auxilie para hacer, con la mayor agilidad posible, que los diputados que quieran expresar el sentido de su voto, lo puedan hacer de manera expedita. Vamos a empezar de abajo para arriba, señores diputados, para que pueda haber un orden y evitar que después vaya a faltar algún diputado de expresar el sentido de su voto.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Iniciamos con el Grupo Parlamentario del PRD. La diputada Susana Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: El diputado Silvano Garay.

El diputado Silvano Garay Ulloa (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: El diputado Camerino Márquez.

El diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: La diputada Aurora Cervantes.

La diputada Aurora Cervantes Rodríguez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: La diputada Mónica Fernández.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Dagdug.

El diputado Moisés Félix Dagdug Lützow (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Orcí Martínez.

El diputado Juan Adolfo Orcí Martínez (desde la curul): A favor.

El diputado José Murat (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Permítame, diputada Secretaria. ¿Con qué objeto, diputado José Murat?

El diputado José Murat (desde la curul): Para el sentido de mi voto.

El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: ¿Para el sentido de su voto? Si me permite desahogar los diputados que han pedido previamente la palabra. ¿Tiene alguna otra moción? Sonido a la curul del diputado José Murat, por favor.

El diputado José Murat (desde la curul): Que se abra otra vez el mecanismo electrónico, porque somos varios quienes no hemos podido emitir nuestro voto. No sé si técnicamente sea posible. Si esto fuera válido, es más práctico. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Gracias, diputado José Murat. Ha sido realizada una votación y declarado por la Secretaría cerrado el sistema electrónico de votación. El repetir de manera electrónica dejaría un mal precedente, diputado, por eso es que estamos recogiendo la votación nominal de los diputados que así lo solicitaron. Continúe.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Continuamos, señor Presidente. Diputado Lizárraga.

El diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada López Torres.

La diputada María Soledad López Torres (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Sánchez Cabrales.

El diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: El diputado Mendoza Flores.

El diputado Roberto Mendoza Flores (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado López Rojas.

El diputado Alberto López Rojas (desde la curul): A favor

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: La diputada Luna Munguía.

La diputada Alma Lilia Luna Munguía (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: El diputado Raciel Pérez Cruz.

El diputado Raciel Pérez Cruz (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Martínez Martínez.

El diputado Francisco Martínez Martínez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: La diputada Irene Aragón.

La diputada Irene Aragón Castillo (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: El diputado Celso Pulido.

El diputado Celso David Pulido Santiago (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: El diputado Cuitláhuac Condado.

El diputado Cuitláhuac Condado Escamilla (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada Hernández Gaytán.

La diputada Daisy Selene Hernández Gaytán (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada Sonia Ibarra.

La diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Raymundo Cárdenas.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Zepeda.

El diputado Martín Zepeda Hernández (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Suárez del Real.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Chávez García.

El diputado Higinio Chávez García (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Armando Barreiro.

El diputado Armando Barreiro Pérez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada Lourdes Alonso.

La diputada Lourdes Alonso Flores (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Irineo Mendoza.

El diputado Irineo Mendoza Mendoza (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada Ojeda Hernández.

La diputada Concepción Ojeda Hernández (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Lozano Lozano.

El diputado Andrés Lozano Lozano (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Amaro Corona.

El diputado Alberto Amaro Corona (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Villicaña García.

El diputado Rafael Villicaña García (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Alonso Razo.

El diputado Humberto Wifrido Alonso Razo (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada Soriano Sánchez.

La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Ríos Gamboa.

El diputado Raúl Ríos Gamboa (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Santos.

El diputado Francisco Javier Santos Arreola (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado San Martín Hernández.

El diputado Juan Manuel San Martín Hernández (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Saavedra Coronel.

El diputado José Antonio Saavedra Coronel (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada Lilia Cruz.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada Guadalupe Flores.

La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Efraín Morales.

El diputado Efraín Morales Sánchez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada Silvia Oliva.

La diputada Silvia Oliva Fragoso (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Silbestre Álvarez.

Diputado Silbestre Álvarez Ramón (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Rutilio Cruz.

El diputado Rutilio Cruz Escandón Cadenas (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado José Luis Aguilera.

El diputado José Luis Aguilera Rico (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Pablo Arreola.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado José Murat.

El diputado José Murat (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Emilio Gamboa.

El diputado Emilio Gamboa Patrón (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada Maricela Contreras.

La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada Torres Baltazar.

La diputada María Elena Torres Baltazar (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Víctor Varela.

El diputado Víctor Gabriel Varela López (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado José Jacques.

El diputado José Jacques y Medina (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Mario Vallejo.

El diputado Mario Vallejo Estevez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada Nelly Hurtado.

La diputada Nelly Asunción Hurtado Pérez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputada María Eugenia Jiménez.

La diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Gustavo Caballero.

El diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Juan de Dios Castro.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: A favor. ¿Algún diputado o diputada falta de emitir su voto? Diputado Daniel Torres.

El diputado Daniel Torres García (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: A favor. Diputado Luis Sánchez.

El diputado Luis Sánchez Jiménez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: A favor.

Diputado Presidente, se emitieron 310 votos en pro, 0 en contra y 34 abstenciones.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Secretaria. Solicito que para los registros de votación de la Cámara de Diputados, se ajuste a los videos de los que cuente la Secretaría.

Aprobado, en lo general y en lo particular, por 310 votos, el decreto que reforma el último párrafo del artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día, es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Alejandro Oswaldo Pérez Frías, Rubén Sánchez Solano, Sergio Ramírez Torres, Edgar Leonardo Valenzuela Arroyo, Eduardo Arvizu Sánchez, Miguel Alfredo Calvillo Bonilla, María Elena Flores Ochoa, María Concepción Marroquín Torres y Fernando Gómez Luna, para prestar servicios en la embajada de Australia, en México y en la embajada de los Estados Unidos de América en México y sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; en Guadalajara, Jalisco; en Monterrey, Nuevo León y en Tijuana, Baja California, respectivamente.

Andrés Lira González y Héctor Rivero Borrell Miranda, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República Francesa y de Finlandia, respectivamente.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se les dispensa la lectura. En consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alejandro Oswaldo Pérez Frías, Rubén Sánchez Solano, Sergio Ramírez Torres, Edgar Leonardo Valenzuela Arroyo, Eduardo Arvizu Sánchez, Miguel Alfredo Calvillo Bonilla, María Elena Flores Ochoa, María Concepción Marroquín Torres y Fernando Gómez Luna para prestar servicios en la embajada de Australia, en México y en la embajada de los Estados Unidos de América, en México y sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; en Guadalajara, Jalisco; en Monterrey, Nuevo León y en Tijuana, Baja California, respectivamente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Andrés Lira González y Héctor Rivero Borrell Miranda, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República Francesa y de Finlandia, respectivamente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado en un solo acto. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

(Votación)

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Ciérrese el sistema de votación electrónica. Se emitieron 308 votos en pro, 2 en contra y 5 abstenciones.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobados los proyectos de decreto por 308 votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se recibió comunicación del gobierno del estado de Nuevo León, con relación al tema de ciencia y tecnología en el proceso de discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se recibió de la Cámara de Senadores iniciativa de decreto por el que se adiciona un artículo tercero transitorio a la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, presentada por el senador Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del PRD. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibió oficio de la Cámara de Senadores en el que transcribe acuerdo aprobado en relación con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Con las facultades que me confiere el artículo 23, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta un receso (15:27 horas) y se cita para mañana, miércoles 17 de octubre a las 11:00 horas.


(Receso)


La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (11:26 horas): Se reanuda la sesión. Proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaría diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Oficio de la Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, 16 de octubre de 2007.

Con fundamento en el artículo 36, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitarle, por acuerdo de este órgano de gobierno, se agenden los asuntos que se anexan al orden del día de la sesión del miércoles 17 de octubre del año en curso.

Asimismo se acordó solicitarle, de la manera más atenta, si para ello no existe inconveniente, que al inicio de la sesión se desahogue el posicionamiento con motivo del 54 Aniversario del voto de la mujer hasta por cinco minutos por cada grupo parlamentario en forma creciente.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, atentamente ingeniero Alfredo Rivadeneira Hernández, secretario ejecutivo. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si es de aprobarse.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa ciudadana Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado.

Esta Presidencia recibió del diputado Carlos Torres Torres, del Grupo Parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presupueste el proyecto de la red carretera para la ruta del vino, ubicada en Ensenada, Baja California. Túrnese a la Comisión de Transportes.

Esta Presidencia recibió del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se solicita a esta soberanía integre un comité para que se investiguen las irregularidades que están cometiendo funcionarios de la Conagua, derivados del Tratado de Distribución de Aguas Internacionales. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Se recibió también del diputado Robinson Uscanga Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo para la realización de un acuerdo Pemex-gobierno del estado de Veracruz y municipios que cuentan con este tipo de instalaciones, para su desarrollo económico, social y ambiental. Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se recibió también del diputado Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, asigne recursos para la rehabilitación y modernización de la carretera federal número 54 en el tramo que comprende las ciudades de Monterrey-Ciudad Mier. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la palabra el diputado Gustavo Mendívil Amparán, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo con relación a la situación que guarda la presa Plutarco Elías Calles, en el municipio de San José de Gracia, Aguascalientes.

¿No se encuentra el diputado? Vamos a dejarlo pendiente. Tiene la palabra la diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cofetel crear un registro nacional de terminales de telefonía celular.

Vamos a continuar dando nombres y el diputado que esté va a pasar y los que no, los vamos a turnar solamente.

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoria a los recursos destinados a los programas sociales de la Sedesol correspondientes al ejercicio fiscal de 2006.

El diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Con su permiso, compañera diputada. Compañeras y compañeros diputados. En virtud de la reducción del tiempo y de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, me permito plantear de manera general el objetivo de este punto de acuerdo que es con el objetivo fundamental de que a los mexicanos, que a la sociedad mexicana le quede claro el uso de los recursos que realizó la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio 2006. Y para eso estamos presentando este punto de acuerdo, con el objetivo de que se haga una auditoria por parte de la Secretaría de la Función Pública.

El punto de acuerdo es con el objetivo precisamente de que la Auditoría Superior de la Federación haga esta auditoria y que pueda transparentarse el uso de los recursos que fueron utilizados de manera ilegal, ilícita, en el pasado proceso electoral federal de 2006.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, un compromiso que nosotros adquirimos con la sociedad mexicana es velar por sus intereses, representar con toda claridad el manejo y el uso de los recursos públicos.

Por eso pido a esta soberanía, compañeras diputadas y compañeros diputados, que tengan a bien aprobar este punto de acuerdo que presento, parar que le quede claro a los mexicanos de qué forma se utilizaron los recursos públicos y que en el futuro ninguna secretaría, ningún funcionario público, ninguna instancia del gobierno, de los tres niveles, haga mal uso de los recursos públicos.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda a realizar una auditoria a los recursos destinados a los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, correspondientes al ejercicio fiscal 2006. Es cuanto, compañera diputada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En consecuencia, está a discusión la proposición.

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación) gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada Salvatori, me permite, por favor.

Le quiero pedir al ponente, aunque estamos votando ya —toda vez que no es clara la votación por la poca afluencia que tenemos— si podemos posponer este punto que es de urgente resolución y también todos los demás puntos de urgente resolución hasta que tengamos un mayor quórum en este pleno, para poderlos votar.

Si nos permiten posponer esta votación para más tarde, para cuando haya un mayor quórum, para poderlos votar. Si está de acuerdo el pleno. Consulte por favor la Secretaría al pleno si está de acuerdo con esta propuesta.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Las diputadas y los diputados…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, diputada. Diputado Peña Sánchez.

El diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (desde la curul): Señora diputada, compañeros diputados. Ha sido votado por el pleno y por mayoría se aprobó. Yo solicito…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se aprobó la urgente resolución, se aprueba que se vote ahorita, pero el punto no se aprobó. Si usted revisa la votación, no lo van a aprobar. Por eso estoy pidiendo que haya un mayor quórum, porque tampoco sería válida la votación como la estamos llevando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, diputado Curiel.

El diputado Leobardo Curiel Preciado (desde la curul): Yo considero que todos deberíamos de estar aquí. Estos puntos de acuerdo de obvia resolución son situaciones que se están presentando en el país y que nosotros nomás estamos amortiguando.

Yo creo que se le debe dar seguimiento y salir. Hay campesinos a los que ya desalojaron en Puerto Vallarta y todavía estamos esperando a que salga el punto de obvia resolución.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Yo estoy de acuerdo con usted, diputado. Sólo pedimos que haya mayor afluencia de diputados. Están llegando de sus reuniones. Si nos permiten que los de urgente resolución se puedan votar después de los posicionamientos de la una de la tarde, para que votemos todos los que estamos posponiendo ahorita. Después de la una de la tarde empezaríamos a votar los de urgente resolución. ¿Les parece, diputado? Así lo haríamos.

Termine de consultar, la Secretaría, si se aprueba que se voten después de la una de la tarde los puntos de acuerdo de urgente resolución, nada más.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba que se voten los puntos de acuerdo de urgente resolución después de la una de la tarde.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputados. Vamos a continuar. Voy a ir nombrando los de urgente resolución y los normales. Van a ir pasando a posicionar los normales. Los de urgente resolución los vamos a empezar a votar a partir de la una de la tarde.

Se recibió del diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se crea un Fondo Especial de Apoyo para Recuperación de Desastres para las entidades federativas. Está propuesto para urgente resolución.

Tiene la palabra el diputado Mario Salazar Madera, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo para que se apoye a la designación del Lago de Chapala como Sitio Ramsar.

Miren, diputados, sí quiero que quede claro para que no nos vayan a reclamar los diputados: los puntos de urgente resolución los vamos a empezar a mencionar a partir de la una.

Pero los puntos de acuerdo normales, que no son de urgente resolución, no los vamos a agendar a partir de la una; los vamos a posponer a la siguiente sesión, porque no están presentes los diputados. No están aquí para pasar. Los vamos a posponer hasta el final de la lista.

Se recibió del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que esta soberanía se da por enterada de las observaciones del Ejecutivo federal al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales para fortalecer el federalismo fiscal y se propone discutirlo como lo señala el inciso c) del artículo 72 constitucional. Está para urgente resolución.

El diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno para que destinen recursos presupuestales para la rehabilitación del Acueducto del Choro y la pavimentación del circuito carretero Bajos del Ejido-Tixtlancingo, Agua Zarca-Platanillo-Ocotillo en el estado de Guerrero. Tiene la palabra para este caso el diputado Armando Barreiro Pérez.

El diputado Armando Barreiro Pérez: Con su permiso, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Armando Barreiro Pérez: Toda vez que tenemos muy poco tiempo para hacer referencia a este punto, solicito de usted que el texto sea completo incluido en el Diario de los Debates, toda vez que ya ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Compañeras y compañeros diputados, a lo largo de toda esta legislatura uno de los puntos fundamentales que hemos venido abordando en diferentes vertientes ha sido la problemática del agua; la importancia que ésta tiene para el desarrollo de las sociedades y el grave peligro en el que se encuentra el preciado líquido para el desarrollo de las comunidades.

Es el caso que toca, entre otros, este punto de acuerdo en donde los pueblos del oriente del municipio de Coyuca de Benítez y el poniente del municipio de Acapulco han venido solicitando desde hace varios años la posibilidad de regularizar el abasto del preciado líquido, que por razones y conflictos derivados de los usos y costumbres de algunos de los pueblos de estos municipios en el estado de Guerrero ha traído como consecuencia la interrupción del mismo, afectando a más de 20 pueblos y comunidades para servirse de él.

Es el caso de El Chorro, que es un escurrimiento de agua superficial, de flujo permanente, que se localiza a mil 300 metros sobre el nivel del mar en el oriente del municipio de Coyuca de Benítez, a unos 30 kilómetros del puerto de Acapulco y que tiene sus orígenes sobre los terrenos comunales de Ixtlatzingo, en alguna ocasión hace un par de años, por estos conflictos a los que he hecho alusión, se ha interrumpido el suministro del agua, por lo que ahora, habiendo ya en su mayor parte subsanado estos conflictos, los pueblos de estos municipios están de acuerdo en que les sea posible la reparación o la construcción de un nuevo acueducto que pueda abastecer de agua a sus comunidades.

Y de la misma manera, se está solicitando el que sean condonados o marcados con facilidades para su pago, los adeudos del agua que se tienen con la Camapa, para poder regularizar también el abasto al municipio de Coyuca de Benítez.

Por otra parte, también en este punto de acuerdo se aborda la posibilidad de la construcción total de la carretera y los caminos rurales de estas comunidades, y que para estos efectos estaríamos nosotros beneficiando a seis poblaciones rurales como Ocotillo, Texca, Loma Larga, Lomas del Aire, El Pelillo y El Zapote.

Por todo ello y por el tiempo que se me ha agotado, y para concluir diputada Presidenta, quisiera poner a su consideración el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, de manera respetuosa también al gobierno del estado de Guerrero y a los gobiernos de los municipios de Coyuca de Benítez y Acapulco de Juárez, a destinar los recursos presupuestales para la rehabilitación total del acueducto El Chorro y abastecer de agua primordialmente a los pueblos de la región, así como crear un fondo que permita realizar estudios hidrogeológicos regionales y comunitarios para determinar fuentes alternativas de suministro de agua.

Segundo. Que esta Cámara exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la misma manera al gobierno del estado de Guerrero y a los municipios de Coyuca y Acapulco, a destinar los recursos presupuestales necesarios para pavimentar los 25 kilómetros que comprenden el circuito carretero bajos del ejido Tixtlancingo, Ahusarca, Platanillo, Ocotillo, y

Tercero. Que está Cámara exhorte a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Comisión Nacional Forestal, así como de manera respetuosa al gobierno del estado de Guerrero, a que trabajen conjuntamente en las medidas de conservación, restauración y manejo sustentable de los recursos naturales en la microcuenca El Chorro, así como en los estudios técnicos y sociales para declarar dicha microcuenca área nacional protegida.

Y por último, que esta Cámara exhorte también de igual manera a la Semarnat, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, para que acuerden la forma para poder liquidar el adeudo referido del gobierno municipal de Coyuca, que tiene con la citada dependencia federal.

Por su apoyo, por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Armando Barreiro. Túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, de Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se recibió del diputado Mario Salazar Madera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se apoya la designación del lago de Chapala como sitio Ramsar. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se recibió del diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se crea un fondo especial de apoyo para recuperación de desastres para las entidades federativas. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se retira del orden del día la propuesta del diputado Arnoldo Ochoa González, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la SEP informe a esta soberanía sobre el destino de los recursos provenientes del programa Redondeo, operado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio.

Tiene la palabra la diputada Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos modifique los lineamientos de asistencia e inasistencia de los diputados a las sesiones, a efecto de cumplir con el compromiso ético de su función.

La diputada Mónica Fernández Balboa: Con su venia, señora Presidenta. El 23 de noviembre de 2006 se acordó aplicar en esta Cámara, de manera permanente, el principio ético en las actividades y se constituyó un Comité de Ética para que estudiara y propusiera las mejores prácticas en la materia, teniendo como principal objetivo el de mejorar la imagen de los legisladores frente a la nación, combatir la corrupción y transparentar la rendición de cuentas.

Esto ha sido un hecho inédito en la historia del Congreso y un gran paso que todos los diputados dimos, de todos los grupos parlamentarios. Cabe resaltar que en este Comité de Ética acordamos que el actuar con base en valores y convicciones democráticas implica asumir, por quienes ejercen la elevada función de representar al pueblo, las consecuencias y responsabilidades de sus actos.

En este sentido, como legisladores, hemos sido sensibles a la exigencia social de cambiar de actitud y el comportamiento de los legisladores. Entre otras cosas, ustedes recuerdan que a principio de este periodo ordinario aprobamos por unanimidad en esta Cámara, la iniciativa de la diputada Álvarez en el sentido de sancionar a los legisladores que no asistan al trabajo en comisiones.

Sin embargo, en esta Cámara de Diputados, también el último día del periodo ordinario pasado, aprobamos por unanimidad un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política donde se disculpa que los diputados estemos en este salón de sesiones. En este punto de acuerdo que nos pasaron de última hora se señala que los legisladores nada más estemos en el pleno para pasar lista y en las votaciones.

En este sentido, quiero decirles que debemos ser los primeros en acatar las leyes, y tanto en nuestra Carta Magna, en los artículos 63 y 64, así como en la Ley Orgánica del Congreso General, se hace énfasis en la importancia de la asistencia y permanencia de los legisladores durante el desarrollo de los trabajos plenarios, previendo sanciones en caso de que no cumplan con este deber. Por tal motivo, este punto de acuerdo es un

Exhorto

Primero, a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos para que proponga al pleno la modificación de este acuerdo que fue aprobado el último día del periodo ordinario pasado, en el que se establecen los lineamientos para acreditar la justificación de las inasistencias de las diputadas y los diputados, y para garantizar que éstos cumplan con el compromiso ético en su función legislativa, y

Segundo. Es un exhorto a que, como legisladores, cumplamos con nuestra obligación de permanecer en las sesiones de principio a fin, en congruencia con lo dispuesto en la normatividad aplicable en la materia, absteniéndonos de buscar la manera de contravenirla, y nada más recordarles que en este asunto, ningún acuerdo, puede estar por encima de nuestra normatividad.

Yo los exhorto a que estemos aquí presentes en las sesiones y estemos atentos para, además, con el respeto que se merecen todos los compañeros que suben a la tribuna, podamos estar al tanto de todo el acontecer y de todo el quehacer legislativo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Mónica Fernández Balboa. Túrnese a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Tiene la palabra el diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar punto de acuerdo, por el que se exhorta el Ejecutivo federal a que modifique el decreto de creación de Televisión Metropolitana, Sociedad Anónima, de Capital Variable (Canal 22) para que transmita programas con contenidos dedicados a la concientización, educación y difusión de temas ambientales. Adelante, diputado.

El diputado Manuel Portilla Diéguez: Gracias. Con su permiso, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Manuel Portilla Diéguez: El tema medioambiental hoy en día ha cobrado gran importancia, razón por la cual en todo el mundo se están tomando medidas para revertir los efectos del cambio climático y de los altos índices de contaminación.

Lograr que los ciudadanos tengan una conciencia ecológica, para que contribuyan impetuosamente en el cuidado y conservación de nuestros recursos naturales, se ha convertido en un gran reto para el Estado, que —sin duda alguna— se puede lograr mediante la educación y difusión del problema para que los individuos estén conscientes de las repercusiones y de que piensen aún más en las acciones que van en contra del bienestar de nuestro medio ambiente.

Es muy conocido que el alcance de los medios tecnológicos es ilimitado y, por ende, se convierte en una de las herramientas más importantes para lograr la concientización de la población sobre las consecuencias que seguiremos teniendo en caso de no tomar en serio nuestro ecosistema.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en esta Legislatura, propone la utilización de los recursos tecnológicos ya existentes para difundir el problema y la solución por medio de la televisión, principalmente del Canal 22, con la incorporación, en su barra de programaciones, de 48 horas a la semana de programas con contenidos ambientales.

Fue elegido el Canal 22, porque en los dos últimos años se ha incrementado en un 600 por ciento respecto a las 10 barras más vistas, ocupando su producción nacional el 49 por ciento del total de su programación con un auditorio potencial de 36 millones de personas que reciben la señal a nivel nacional en 437 poblaciones del país.

Es importante destacar que en México tenemos una carencia de educación ambiental, ya que la información difundida por los principales medios de comunicación, en televisión mexicana, solamente manejan el 3 por ciento de su programación anual en temas ambientales, mientras que en entretenimiento destinan más de 32 por ciento.

Por lo anterior, la existencia del problema ambiental en nuestro país y la capacidad para realizar televisión de gran nivel se pueden conjugar para dar paso a la difusión, tanto de la problemática como de las acciones para solventarla, ya que de la programación ecológica no solamente se nos tienen que dar a conocer las riquezas naturales, sino que debe instruir cómo cuidar, proteger y no contaminar nuestro medio ambiente.

La educación es y debe ser un instrumento que permita que sus ciudadanos no sólo tengan conciencia, sino que lleven a cabo una participación activa en el rescate y mantenimiento del medio ambiente.

Con esta propuesta se enriquecerá la perspectiva y el pensamiento intelectual de los individuos. Este es un proyecto que enfoca la importancia de la cultura, entendida como un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.

En tal virtud, y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo las adecuaciones al decreto de creación de Televisión Metropolitana, SA de CV, (Canal 22), a fin de que, en su barra de programación, se transmitan cuando menos 48 horas a la semana de programas con contenido ambiental a fin de crear conciencia, educar y difundir los problemas de temas ambientales en nuestro país.

Segundo. Asimismo, se exhorta al Ejecutivo federal para que dentro del Consejo Directivo de Televisión Metropolitana, SA de CV, sean incluidos la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología, a fin de garantizar la calidad de los contenidos de los programas de medio ambiente.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Manuel Portilla Diéguez. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Esta Presidencia envía un saludo y agradece la presencia de los invitados especiales para la Premiación del Primer Concurso de Ensayo Coyotepec, y los jóvenes estudiantes Programa Estudiantil Juventud Siglo XXI, AC, de Los Cabos, Baja California Sur. Sean bienvenidos.

Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para que se cree una Comisión de Investigación que tendrá como objeto revisar y analizar los accidentes ocurridos en las instalaciones de Pemex.

El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras y compañeros diputados, la situación de Pemex, a nuestro juicio, ha llegado a un preocupante nivel de gravedad. Al maltrato presupuestal que ha sufrido la paraestatal, ahora se agregan los atentados en los gasoductos, que afectan seriamente su funcionamiento.

En el primer caso, la insuficiencia de recursos originó la reducción en el gasto de mantenimiento en las instalaciones de Pemex, ocasionando el incremento de derrames y fugas de hidrocarburos.

En 96 y en 97, esa paraestatal canalizó a este rubro arriba de 30 mil millones de pesos, pero en 99 lo redujo a 20 mil millones de pesos y actualmente es de aproximadamente 11 mil 500 millones de pesos, para este año de 2007.

Más de 60 mil kilómetros de la red de ductos de la paraestatal se encuentran en una situación obsoleta e insegura, porque ya rebasaron su periodo de vida útil de 30 años y requieren de una inversión de 15 mil millones de dólares, según el Colegio de Ingenieros Civiles de México.

La situación de la paraestatal, que además no es clara, se perfila con toda nitidez en esta comunicación que recibimos en respuesta a un punto de acuerdo que presentamos en la Comisión Permanente, para que se entregaran recursos a Pemex para que se invirtiera en mantenimiento, se gastara en mantenimiento y no hubiera tantos accidentes.

Y la respuesta es francamente escalofriante, porque dice —eran dos puntos—. Con relación al punto número 2 le informo que el 18 de mayo de 2007, la Secretaría de Hacienda autorizó a Petróleos Mexicanos la modificación presupuestal en la que el rubro de mantenimiento pasó —óigase bien— de 4 millones de peso asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, a 4 mil 649.5 millones de pesos.

De acuerdo con esta modificación, oficialmente para este año tenían cuatro millones de pesos y gracias a esta gestión de la Cámara de Diputados se aumentó en más de cuatro mil millones de pesos.

A esta situación de continuos accidentes por la falta de mantenimiento se agregan ahora los atentados a las instalaciones petroleras. Traigo aquí la relación completa de todos los atentados y de todo lo que esto significó para Pemex.

Hemos estado viendo en la prensa el daño que le ocasionaron a muchas empresas, inclusive, que tienen inversiones importantes en nuestro país, mismas que ya están pensando llevarse a otro país.

Yo creo, y nuestra fracción parlamentaria considera, que este tipo de situaciones deben reclamar la atención de la Cámara de Diputados por la significación y el alcance que tienen. Es por eso que estamos proponiendo un punto de acuerdo para la creación de una comisión especial que tenga como objetivo revisar y analizar los accidentes ocurridos en las instalaciones de Pemex.

Y en segundo lugar, para que dicha comisión dé seguimiento a las averiguaciones de los hechos que originaron las explosiones en las instalaciones de la paraestatal y particularmente en la red de ductos en materia de mantenimiento y seguridad de los mismos, y así rendir un informe detallado a esta Cámara. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Jesús Arredondo Velázquez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que los órganos que conforman dicha institución se abstengan de tomar fotografías e impresiones de huellas dactilares de probables responsables que estén sujetos a investigación por su presunta participación en un hecho ilícito.

No estando el diputado presente, tiene la palabra el diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud que emita declaratoria y las sanciones correspondientes ante el producto de Coca-Cola denominado Coca Zero.

El diputado José Luis Aguilera Rico: Muchas gracias, Presidenta. Con el permiso de la Mesa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado José Luis Aguilera Rico: Gracias. Con la siguiente

Exposición de motivos

El pasado 4 de septiembre del presente año se llevó a cabo la confirmación de las sustancias que contiene el producto de Coca-Cola denominado Coca-Cola Zero, que se comercializa en nuestro país y que contiene un endulzante prohibido ya en los Estados Unidos de Norteamérica, esto desde hace casi 40 años; y que esta sustancia puede tener efectos cancerígenos.

En estos resultados, que se hicieron a través del Instituto Politécnico Nacional, y difundidos en los medios de comunicación, tanto en la prensa nacional como internacional, se detectó en el producto que se consume, se detectó el uso del ciclamato de sodio, que no se permite en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios en los Estados Unidos de Norteamérica desde octubre de 1969. Dicha información también fue difundida en diversas entrevistas en los medios de comunicación.

Y la catedrática de la Escuela Nacional de Ciencia Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, la doctora Laura Olguín, explicó que el ciclamato de sodio puede provocar cáncer si se consume en forma excesiva.

La presencia del compuesto mencionado, dicen, ya está controlada en los productos como la Coca-Cola Zero, que contiene 25 miligramos sobre 100 gramos en cada una de las latas de 355 mililitros, según los datos proporcionados por la empresa refresquera.

Pero según lo dicho por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, un ser humano no debe consumir más de 11 miligramos del ciclamato de sodio para cada kilo de su peso corporal.

Esto es una muestra clara que debe tomarse en cuenta por la Secretaría de Salud federal y hacer un llamado enérgico a las secretarías de los estados de los gobiernos estatales, respectivamente.

El refresco contiene endulzantes que son nocivos para el ser humano. Y la página de Internet que maneja Coca-Cola en México dice todo, también, lo contrario. Ante estas características y los fuertes señalamientos, lo hemos tomado, precisamente, como un punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Salud del gobierno federal que emita dicha declaratoria, y en su caso, haga las sanciones correspondientes ante el producto de Coca-Cola, denominada Coca-Cola Zero.

Y en su caso, también solicitamos, diputada Presidenta, que se pueda inscribir esto en el Diario de los Debates, y en su caso, retirarla del mercado consumidor.

Para terminar, diputada Presidenta, quisiéramos solicitar, después de haber sostenido una reunión con atletas de alto rendimiento y en mi calidad de secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, independientemente de turnarla a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, pudiera también turnarse a la Comisión de Juventud y Deporte para su análisis, su discusión y también tomar en cuenta la opinión de la Comisión de Juventud y Deporte. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado José Luis Aguilera Rico. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Juventud y Deporte.

Tiene la palabra el diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo para que esta soberanía conceda al ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola como iniciador de la conmemoración del Día de la Bandera. No estando el diputado en la sesión, se pospone.

Tiene la palabra el diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Sedena y en coordinación con los gobiernos estatales, se instaure una bandera nacional monumental en cada capital de los estados de la república.

El diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada: Con su permiso, señora Presidenta. La identificación como pueblo y nación proviene de nuestra historia, de nuestras luchas, de nuestros sacrificios pasados y presentes de unificarnos como un pueblo libre y soberano.

Así, a lo largo de nuestra historia la necesidad de constituirnos como un país republicano y democrático hizo que los mexicanos adoptáramos símbolos que nos identifican y nos unen. De entre ello, la bandera nacional puede considerarse el símbolo por excelencia de la unidad y la soberanía nacional de los mexicanos.

En 1810 el pueblo se levantó en armas bajo el liderazgo de Miguel Hidalgo, quien tomó de la iglesia de Atotonilco un lienzo con la imagen de la Virgen de Guadalupe, el cual se convirtió en la bandera del sentimiento libertador, misma que se constituye como el origen de nuestro actual lábaro patrio.

Más adelante, otro sacerdote cercano a la realidad social prevaleciente, José María Morelos y Pavón, daría a nuestro país la primera constitución, la proclamación de nuestra independencia y la ideología que cimentó las bases para el crecimiento político de nuestro país. Morelos también se acompañó de una bandera, la cual, según su pensar, reflejaba el espíritu nacional de libertad. Y a lo largo de nuestro periodo independiente diversas banderas fueron izadas en nuestro país, reflejo de esa búsqueda de identificación nacional.

Compañeros diputados, nuestra bandera nacional es un orgullo para todos los mexicanos. Va en nuestra sangre, en nuestro sentir. Es el reflejo de nuestro nacionalismo. Por ello es importante que este símbolo patrio hondee en nuestros suelos, para así seguir dirigiéndonos bajo la orientación soberana, republicana e independista que lo caracterizan.

Por ello es muy positivo que en los últimos años se hayan instalado algunas banderas monumentales en ciertos puntos de la república y es precisamente el motivo de este punto de acuerdo impulsar la instalación de megabanderas en todo el territorio nacional que, lejos de representar un gasto innecesario ante tantas carencias sociales de nuestro país, sea ello visto como una inversión para consolidar el sentimiento nacional que siempre nos debe acompañar a todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta honorable soberanía el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y en cooperación con los gobiernos de los estados, instaure una bandera nacional monumental en cada capital de los estados de la república donde no exista alguna. Con su permiso y gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Fernando Rodríguez Ahumada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Defensa Nacional.

En vista de que las dos siguientes propuestas son del diputado Obdulio Ávila y no se encuentra en la sesión, se posponen.

Tiene la palabra la diputada Alma Hilda Medina Macías, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación informe a esta soberanía sobre la situación que guardan los braceros migrantes del estado de Aguascalientes.

No encontrándose en la sesión la diputada Alma Hilda Medina, continuamos con el diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal considere a la Rivera de Chapala, Jalisco, en el Programa de Pueblos Mágico.

El diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar la Rivera de Chapala, Jalisco, en el Programa Pueblos Mágicos, suscrito por el diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz, del Grupo Parlamentario del PAN.

El suscrito diputado federal de la LX Legislatura Francisco Javier Gudiño Ortiz, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 55, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta asamblea la siguiente.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a considerar la Rivera de Chapala, Jalisco, en el Programa Pueblos Mágicos que promueve la Secretaría de Turismo, en virtud de que cumple con los requisitos culturales, históricos y de infraestructura para su adecuado desempeño y desarrollo, a través de la siguiente

Exposición de motivos

Enclavado en la parte central de Jalisco, Chapala significa el lugar de búcaros u ollas pequeñas. También el lugar mojado o empapado. Del mismo modo, el lugar de los chapulines sobre el agua. Es la población que da el nombre al lago más importante de México, municipio del estado de Jalisco, México, ubicado en la zona central del estado, Chapala es también el nombre de la cabecera municipal y del lago más grande del país.

En sus orígenes Chapala, o Chapalan, fue un asentamiento prehispánico cuya antigüedad más remota es encontrada en el siglo XII de nuestra era, cuando una migración de tribus de origen náhuatl, provenientes del noreste del país, tocaron estas latitudes encontrando la rivera norte del lago sumamente poblada, como lo refiere el Fray Antonio Tello, fray iconista franciscano.

Fruto de la labor evangelizadora, los franciscanos Fray Miguel de Bologna, Fray Martín de Jesús o de la Coruña, Fray Juan de Amolón, se constituyeron en 1531 con zacate y adobe el convento y el hospital del lugar que ocupa la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Ajijín y la Iglesia de Tlacayapan, San Antonio, en 1548 en el Convento de Chapalán o Chapala.

De 1825 a 1838, perteneció a la tercera región de La Barca, posteriormente la primer región de Guadalajara. El 27 de marzo de 1824 se le concede el título de Vía a Chapala en la proposición quinta del Plan de División Territorial del estado. Es a partir de 1885 cuando Chapala comienza a desarrollarse como centro turístico por el decreto 747, del 30 de diciembre de 1896. Se erigen en siete regiones los municipios de Chapala, Tlajomulco, Ixtlahuacán de los Membrillos, Teocuicatl, Tizapán el Alto, siendo Chapala la cabecera.

Además, las fincas de estilo europeo construidas entre los años 1878 y 1920 tomaron asiento hacia el oriente y poniente de la Parroquia de San Francisco de Asís sobre la orilla y sobre la calle que desemboca al embarcadero, constatando así la arquitectura como un paisaje.

Frente al primer hotel, el Arzapalo, cubierto por el mirador del Restaurante Beer Garden, la Casa Baniff —hoy Restaurante Cazadores—, la casa del arquitecto Luis Barragán al costado sur del Supermercado, sobre la avenida Madero; el Hotel Palmera; posteriormente el Hotel Lido, hoy convertido en el Palacio Municipal.

El lago se ubica a mil 492 metros sobre el nivel del mar. Su extensión es de mil 750 kilómetros cuadrados y cuenta con una capacidad de embalse de aproximadamente 8 mil millones de metros cúbicos. Es el lago natural más importante de la República Mexicana, ubicado en los cantones de Chapala y La Barca. Alrededor del agua existen pequeños manantiales de aguas termales, siendo los principales los de Chapala y Tizapán el Alto. Cuenta con dos islas: la de Mezcala y la isla de los Alacranes.

El lago de Chapala es una de las zonas turísticas más importantes del estado. Los servicios turísticos han formado espacios muy especializados, de renombre internacional, como Ajijic. Se cuenta además con otros atractivos: balnearios con aguas termales, templos, construcciones coloniales, riqueza artesanal y gastronómica, cascos de haciendas, fiestas populares y la combinación de atractivos paisajes.

En general, la Ribera de Chapala es una de las zonas turísticas del estado más importantes. En ella se asientan 43 establecimientos de hospedaje, con mil 69 habitaciones, las cuales representan 3 por ciento, con respecto al estado.

El objetivo principal de este punto de acuerdo es proteger, conservar y equilibrar el desarrollo de la ribera fortaleciendo la afluencia turística de Chapala y la región, con el proyecto de desarrollo integral de Chapala que permita consolidar la afluencia local, regional, nacional e internacional. La Ribera del lago, y el municipio, representan un importante activo económico.

Reconocemos que se requiere la participación de casi todos los sectores productivos y como tal, debe de encauzarse la participación entre los distintos sectores involucrados en la actividad turística, en especial en áreas como infraestructura, transporte, abasto de alimentos y servicio urbanísticos.

Por lo expuesto y con base en el óptimo estado de conservación de sus balnearios termales, templos, construcciones coloniales, riqueza artesanal, gastronómica, cascos de haciendas, fiestas populares y la combinación de atractivos paisajes, consideramos procedente y justificado el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, a considerar a la Ribera de Chapala, Jalisco, en el Programa Pueblos Mágicos que promueve dicha secretaría.

Lo anterior, en virtud de que un servidor, al igual que los alcaldes y habitantes de la región, hemos constatado desde hace muchos años y estamos convencidos de que dicha zona cuenta con un rico patrimonio cultural y natural, digno de ser considerado dentro de los criterios adoptados por Sectur para designar a Chapala en el Programa Pueblos Mágicos.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 17 de octubre de 2007. Diputado Francisco Javier Gudiño.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz. Túrnese a la Comisión de Turismo.

Tiene la palabra el diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco y a la Cofetel para que solucionen el problema de cobros indebidos por servicios 01 900. Se pospone esta propuesta.

Tiene la palabra el diputado Antonio del Valle Toca, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. En su lugar va a pasar el diputado Mauricio Duck, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades electorales federales y estatales a que resuelvan de manera imparcial y justa los medios de defensa interpuestos que calificarán y solventarán la elección realizada en el estado de Veracruz, el pasado 2 de septiembre del año en curso. Se pospone también esta presentación.

Tiene la palabra… Se pospone el siguiente punto en virtud de que no está el diputado Borboa.

Tiene la palabra el diputado José Luis Contreras Coeto, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo porque se solicita al gobierno del estado de Puebla y al gobierno municipal de Tepeaca que destinen un espacio físico, adecuado para el tianguis prehispánico que se instala en dicho municipio. Compañeros diputados, después de la presentación del diputado José Luis Contreras Coeto se va a iniciar con el posicionamiento respecto al evento del voto de la mujer, por parte de los grupos parlamentarios.

El diputado José Luis Contreras Coeto: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, someto a consideración el siguiente punto de acuerdo. El municipio de Tepeaca se localiza en la parte central del estado de Puebla, limita al norte con Nopalucan, al sur con Cuapiaxtla de Madero, Tecali de Herrera y Santo Tomás Hueyotlipan; al oriente con Acatzingo y Los Reyes de Juárez y al poniente con Acajete, Cuautinchán y Tecali de Herrera.

En la cabecera de dicho municipio se celebra los viernes de cada semana un tianguis de origen prehispánico, considerado el más antiguo de Latinoamérica, ya que desde el año de 1466 fue instaurado por los mexicas que conquistaron este municipio.

Es importante mencionar que dicho mercado es tradicional, ya que aún conserva detalles como el trueque que se realiza entre agricultores, comerciantes y compradores para adquirir un bien servicio o producto sin mediar el dinero, sólo mediante el intercambio de productos y mercancías.

La mayoría de las veces no puede realizar esta actividad prehispánica por el hecho de no tener lugar dónde establecerse.

Que es un tianguis muy importante, ya que asisten comerciantes y compradores de diversos municipios, estados del país y de la región y por su magnitud se pueden adquirir ahí diversos bienes y productos de consumo, ya sean agrícolas, artesanales, textiles, perecederos, animales, entre otros, considerado, de esta forma, uno de los más grandes de nuestro país.

Que dentro de las actividades realizadas por el municipio se encuentran las del comercio, agricultura, ganadería, con un promedio de 78 por ciento del ingreso a las arcas del gobierno y de los ciudadanos, siendo para muchos comerciantes una fuente importante para el abasto de sus familias, ya sea por medio del trueque o por la venta directa.

Que es de suma importancia para el estado dicho mercado, ya que forma parte del abasto de los municipios que concurren a dicho lugar con el fin de ejercer el comercio, además de que conserva muchas tradiciones mexicanas y, sobre todo, el caudal económico que se recauda semana tras semana es imprescindible para la realización de actividades a favor de las comunidades que se encuentran en pobreza extrema.

Que la realización del tianguis se hace en las explanadas que se ubican a un costado de la central de abastos de la ciudad de Tepeaca y en las áreas de rodamiento de la misma, ocupadas por diversas organizaciones de comerciantes y como consecuencia, no tiene un espacio físico las personas de escasos recursos económicos que concurren a desarrollar el trueque del producto y mercancías.

Que, por tal motivo, es de suma importancia que en las instancias del gobierno estatal y municipal, en primera conserven nuestras tradiciones prehispánicas, ya que es parte de nuestra historia y parte de nuestra identidad como mexicanos.

En segundo lugar, preservar la costumbre del origen prehispánico en el tianguis de Tepeaca, la actividad del trueque.

Y en tercera, se le asigne un espacio físico, o instalaciones, únicamente a los comerciantes que realizan la actividad del trueque en el tianguis, para un mejor desarrollo de las actividades y de este modo la tradición prehispánica, no se convierta en un cacicazgo por parte de los líderes de diferentes organizaciones de comerciantes, manchando de esta forma nuestra cultura.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. Se solicita al gobierno del estado de Puebla, y al gobierno municipal de Tepeaca, realicen las gestiones necesarias para destinar un espacio físico adecuado para las personas que concurren y realicen el trueque en el tianguis prehispánico que se instala los viernes de cada semana en el municipio de Tepeaca. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado José Luis Contreras Cueto. Túrnese a la Comisión de Cultura. Tiene el uso de la palabra la diputada Silvia Luna Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, sobre el posicionamiento del LIV aniversario del voto de la mujer.

La diputada Silvia Luna Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, es innegable que la condición jurídica de la mujer a nivel mundial ha logrado cambios fundamentales.

Las mujeres hemos desplegado grandes esfuerzos de reflexión y acción, en la búsqueda del reconocimiento expreso y específico de nuestros derechos. Sin embargo, la equidad, la legítima, fundamental, esencial igualdad de género no ha sido todavía conquistada en nuestro país.

Pero debemos de estar satisfechas de estos avances, producto del trabajo, la voluntad y la dedicación de muchas mujeres y de muchos hombres también, pero —de manera señalada— de mujeres que nos han puesto el ejemplo, que nos han trazado el camino.

Para Nueva Alianza, el derecho al voto, además de su valor intrínseco, tiene una importante carga simbólica, porque constata e hizo realidad la ciudadanía de las mujeres. Aunque es cierto que hoy los derechos humanos, civiles, políticos y económicos de las mujeres están contenidas en las declaraciones, leyes y tratado, nuestro mundo cotidiano revela una realidad diversa y contradictoria.

En la gran mayoría de las legislaciones internas e internacionales se puede constatar que aún las cuestiones específicas de las mujeres siguen recibiendo un tratamiento secundario y marginal.

El logro más visible de las mujeres hoy es el haber colocado en la agenda pública mundial la temática de su situación en todos los aspectos, especialmente la referida a la violencia de género, considerándola como un grave problema social. Ser mujer en el mundo de hoy no es tarea fácil, constituye un gran desafío en una larga lucha por el pleno reconocimiento y vigencia de nuestros derechos.

Buscamos obtener nuestra propia visibilidad como ser social, cultural, político y productor de riqueza y tener voz y voto en todas las instancias de deliberación para la integración y plena participación de las mujeres en la construcción de un nuevo mundo más equitativo.

Para lograr lo anterior, las mujeres debemos atrevernos a romper definitivamente las cadenas que nos atan, pues, como dice una de las más bellas frases de Octavio Paz: "La mujer vive presa en la imagen que la sociedad masculina le impone. Por tanto, sólo puede elegir rompiendo consigo misma, si se atreve a amar, a elegir; si se atreve a ser ella misma. Debe romper esa imagen con que el mundo la encarcela".

México era uno antes de 1953 y es otro después de ese año, cuando se reconoció oficialmente el derecho de las mujeres a elegir a sus gobernantes, a ser electas, pero ese reconocimiento no fue un obsequio ni una concesión, sino el resultado de movimientos universales y locales a favor de la igualdad.

Cuando por fin, aquél 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del artículo 34 constitucional. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguiente requisitos:

I.- Haber cumplido 18 años, siendo casados o 21 si no lo son, y

II.- Tener un modo honesto de vivir.

Se inició un proceso que se empezó a reflejar con mayor fuerza hasta los años setenta, cuando las mujeres empezaron a ejercer su derecho en un mundo que vivía una revolución ideológica, cultural y política de amplio impacto en todas las naciones.

En esos años se construyó el concepto de género como categoría de análisis para explicar los mecanismos de opresión y a partir de ahí se abrió la posibilidad de superarlos. Lo que en la práctica sembró la semilla de la democracia entendida como la igualdad de géneros.

En una mirada retrospectiva en la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer, debemos dar el justo reconocimiento a los avances, pero al mismo tiempo continuar la batalla social que concluya un día con la afirmación categórica de que los fines han sido alcanzados. Pues si el Congreso de la Unión se integra por representantes populares y la mayoría de la población de nuestro país es del género femenino, entonces lo deseable es que este sector se encuentre representado en un porcentaje congruente, a sabiendas de que esta representación es determinada por los electores mediante el ejercicio del derecho político por antonomasia: el derecho al voto.

A 54 años de un hecho histórico nos queda todavía un buen trecho por recorrer a las mujeres mexicanas para hacer plenamente efectivo nuestro derecho a la equidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias a usted, diputada Silvia Luna Rodríguez. Se concede ahora el uso de la palabra a la diputada Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario de Alternativa.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Gracias, Presidente. He pensado que cada vez que celebramos un año más del Aniversario del Sufragio Femenino en México, las mujeres reflexionamos una y otra vez en lo que esto nos ha costado: de las luchas que hemos dado a través de la historia, de lo que hemos invertido generaciones de mujeres demócratas para llegar hasta el día de hoy.

Hace 54 años apenas que las mujeres en México tenemos derecho a votar y ser votadas —aunque esto de ser votadas está en duda. Después de tantos años, las mujeres mexicanas todavía no tenemos garantizado nuestro derecho a la elegibilidad, así que el asunto de ser votadas en igualdad de condiciones que los varones está muy lejos de ser una realidad cotidiana.

Quienes estamos aquí hoy, "las mujeres empoderadas en esta Cámara", entre comillas, somos mujeres-muestra, todas, en nuestro íntimo sentir, pensar y vivir, sabemos que estar aquí en esta legislatura ha significado, en términos de costo en otros ámbitos de nuestra vida, fuertes costos que los varones no tienen que pagar.

Hoy quiero hablarles a mis compañeras diputadas, a estas mujeres que —como yo— están convencidas de que para construir una nación donde hombres y mujeres puedan transitar del mundo privado al mundo público y del público al privado, lo único que debiera requerirse es la voluntad de cada persona para hacerlo, y que este tránsito es la condición sine qua non para acabar con la desigualdad y la pobreza en la que la discriminación de género ha colocado a las mujeres de este país.

Les hablo a mis compañeras diputadas, a las que saben que compartir con las mujeres la riqueza y el poder —sí, señores, el poder— será la garantía del mejoramiento de vida de las generaciones actuales y de las generaciones futuras; a las que están convencidas de que las mujeres nos hemos convertido en nuevos sujetos políticos multifacéticos y maravillosos; que tenemos una visión del mundo ilustrada y un proyecto de nación cuyo eje fundamental son las relaciones humanas igualitarias, porque, en efecto, no somos ni más buenas ni más pacíficas ni más honradas.

Estas características, como otras, son dadas por la condición humana, no por la condición de género, porque ésta última es una construcción cultural, un invento del patriarcado, para decirnos a las mujeres qué debemos hacer, cómo debemos sentir y cómo debemos construir las definiciones de nuestro propio ser.

En el terreno de lo político hemos avanzado, aunque a veces parece que la democracia representativa no es precisamente nuestra mejor aliada, hemos logrado conquistas impensables, no graciosas concesiones. Sin embargo, nos falta mucho para lograr la igualdad entre los géneros. Nos falta mucho para lograr que nuestra diferencia no se traduzca, como hasta hoy, en desigualdad social. Nos falta mucho para lograr que las mujeres no sigan siendo víctimas en todos los ámbitos de la vida por su condición de género.

Y entonces, es nuestra responsabilidad, como diputadas, contribuir de manera concreta, desde nuestra trinchera, a cerrar esa brecha en la búsqueda de nuestros objetivos.

Dicen que las oportunidades sólo se presentan una vez. Diputadas de esta Legislatura. La coyuntura política nos coloca una oportunidad impensable para contribuir, desde este espacio, al mejoramiento de las condiciones de la vida de las mujeres de México. Les propongo a todas empujar juntas dos asuntos muy puntuales, pero trascendentes, los cuales abonarán a las buenas cuentas que deberemos entregar a las mujeres que representamos.

Primero, hagamos de este Presupuesto de Egresos de la Federación que estamos por aprobar, un presupuesto que incluya la perspectiva de género de manera transversal. Ya Hacienda escuchó nuestras demandas, agarrémosle la palabra, apoyemos a las mujeres mexicanas con acciones afirmativas que se traduzcan en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Recuerden que amor que no se refleja en el presupuesto, no es amor. No sólo pidiendo más recursos para los programas que existen, revisemos concienzudamente y con mirada de mujer, hagamos propuestas de vanguardia.

La segunda cosa que les quiero proponer. Como ustedes saben, la perspectiva de género ha estado ausente en la reforma del Estado. Habrá aquí quienes me digan que no es cierto, que existen propuestas en las mesas de trabajo de los distintos temas que reflejan los asuntos de género. Sí, es verdad, pero todas estas demandas son de la ciudadanía, de lo cual aquí no nos hemos hecho cargo de manera responsable y seria.

Empecemos, compañeras, con la reforma electoral, planteemos nuestras demandas. La paridad es una de las muchas que podemos poner en la mesa de la discusión. Además, recuerden que tenemos el compromiso de todos los coordinadores de los grupos parlamentarios hecho en este pleno, cuando votamos las reformas constitucionales, así que nuevamente tomémosle la palabra y hagamos cumplir su compromiso con las mujeres de México.

Compañeras, trabajemos en la coincidencia y dejemos de lado la diferencia. Votar una reforma electoral que refleje las necesidades, las aspiraciones y las exigencias de las mujeres, será una buena forma de celebrar el 54 aniversario de sufragio femenino en México, y reconozcamos que las mujeres, al igual que los hombres, buscamos el poder para transformar la vida, nuestra vida. Y digo nuestra vida, y cuando digo esto, por supuesto que en el imaginario femenino también están ellos, los hombres. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Marina Arvizu Rivas. Se le concede ahora el uso de la palabra a la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados.

Desde que se inició el tránsito del régimen de la comunidad primitiva al esclavismo, las mujeres hemos tenido que luchar contra todas las adversidades que imponen los sistemas clasistas.

Primero fue contra los prejuicios que la sociedad impuso contra nosotras. Esa lucha comenzó en el propio seno de la familia, que no les permitía desarrollarse libremente creando su propia identidad. Había una serie de restricciones que iban desde la forma de vestirse hasta la forma de actuar ante la sociedad.

Todavía, en pleno siglo XXI, hay regiones del planeta en que las mujeres aún no logran tener plenos derechos y libertades. Hemos tenido que luchar fuertemente para tener derechos a las distintas modalidades de propiedad. Eso mismo ocurrió con el derecho a votar y a ser votadas.

Conforme la lucha fue favoreciendo se empezaron a abrir algunos espacios que reconocieron nuestro derecho a participar en la vida económica, social y política, como cualquier ciudadano. En nuestro país, fue larga la búsqueda de la aceptación de los derechos políticos de las mujeres.

En 1953, se reconoció tardíamente el derecho de las mujeres a votar y a ser votadas. Hoy estamos celebrando el 54 aniversario de la consagración de este derecho, porque hasta ese año se estableció en los artículos 34 y 115 el reconocimiento de esta atribución. Dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953, ese reconocimiento no fue gratuito, porque en un sistema político donde una clase, o sectores de clase, dominan a los demás, nada es gratis.

Este triunfo fue producto de una correlación de lucha que favoreció a las mujeres y que se venía dando en el mundo desde fines del siglo XIX. Esto fue el comienzo en el campo político.

Después de los años 60, del siglo pasado, comenzamos a pelear porque se nos dieran mayores oportunidades en el campo laboral, producto de la modernización capitalista que había alcanzado nuestro país y que no reconocía el derecho de las mujeres de ser incorporadas al trabajo productivo.

Ahora estamos enfrentando problemas más complejos frente al conjunto de la sociedad, que se niega a admitir plenamente los aportes vitales que hemos hecho al país y que seguimos haciendo.

La desigualdad salarial en las actividades económicas y el derecho a acceder a los cargos más importantes de representación popular son dos ejemplos en los que todavía tenemos una muralla que derribar.

Para las mujeres petistas está claro que el simple acceso de las mujeres hacia algunas posiciones políticas no es suficiente para romper con todas las barreras que aún tenemos enfrente. El verdadero campo de batalla de nuestra lucha son los paradigmas de un sistema económico y político que posibilita que unos cuantos sean beneficiarios de él, dominen a toda la sociedad, incluidos hombres y mujeres explotados.

Éste es el verdadero desafío de los años por venir. Ésta es la verdadera prueba de fuego, para que el triunfo que logramos con el reconocimiento al derecho de votar y hacer votadas no sea una victoria sin sentido. Es cuanto.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Rosa Elia Romero Guzmán. Se le concede ahora el uso de la palabra a la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Con el permiso de la Presidencia. El 17 de octubre de 1953, el Estado mexicano reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser electas, cuando se promulgó la reforma a los artículos 34 y 115 de nuestra Constitución.

Dicho acontecimiento fue el fruto de más de medio siglo de lucha, de mujeres convencidas de que para hablar de desarrollo era fundamental que se les tomara en cuenta en la toma de decisiones.

Yucatán fue el primer estado donde se reconoció el derecho a votar de la mujer, con un decreto promulgado por el gobernador de entonces, Felipe Carrillo Puerto, en 1922.

Elvira Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Dzib Cícero, fueron las tres primeras diputadas locales de la historia de México. El voto de la mujer se reconoció posteriormente en la legislación de San Luis Potosí en 1923 y en Chiapas en 1925.

El reconocimiento del derecho de las mujeres al sufragio es, sin duda, un hecho trascendental que sentó las bases para la incorporación de más de la mitad de la población a la vida cívica y a los procesos políticos de nuestro país.

Con ese reconocimiento hace 54 años —hace apenas 54 años— a las mujeres se nos consideró como ciudadanas. A 54 años de este acontecimiento, las mujeres hemos asumido como ningún otro el papel de ser ciudadano.

Las mujeres son hoy en día quienes más acuden a votar, son quienes más participan en las campañas electorales, son quienes además aceptan la responsabilidad de presidir las mesas directivas en el día de la jornada electoral. Y sin embargo, a pesar de ello sólo el 20 por ciento, un poco más del 20 por ciento de esta Cámara, está integrada por mujeres.

Hasta la fecha sólo hemos tenido cinco gobernadoras. Y qué decir de los municipios donde apenas llegamos al tres por ciento de presidentas municipales, sin duda existe un déficit democrático muy importante.

Las cuotas ya no nos son suficientes. Ahora tenemos que estar unidas, como lo hemos dicho aquí, desde el Grupo Parlamentario de Convergencia, para luchar por la paridad.

La paridad debe ser un principio de las democracias modernas. Pero no hablemos de la paridad como un simple porcentaje, no. La democracia paritaria es un paradigma político cuyos fundamentos políticos van más allá de las acciones afirmativas como los sistemas de cuotas.

La paridad no es una cuestión de repartirnos el botín político en partes iguales. La paridad, como paradigma político, arremete contra la dominación y discriminación histórica que sólo fomenta una ciudadanía de segunda para las mujeres.

Lo que la democracia paritaria busca es romper con un sistema patriarcal basado en prácticas autoritarias, antidemocráticas, que nada tienen que ver con la promoción del ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de las mujeres y hombres en nuestro país.

Incluir la perspectiva de género como uno de los ejes transversales de las políticas de gobierno, y en particular en la vida política del país, no es una concesión. Significa que el Estado asume las responsabilidades que ha adquirido al ratificar los diversos tratados internacionales que México ha ratificado ante la comunidad internacional.

En suma, la incorporación de los acuerdos firmados y ratificados por México en nuestras leyes reflejará la disposición y compromiso del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres y no sólo de los derechos civiles y políticos.

En Convergencia estamos convencidos de que para que exista un verdadero motivo de la celebración de este 17 de octubre el Estado tiene que propiciar que se generen las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas necesarias para que las mujeres puedan ejercer plenamente su ciudadanía.

El ejercicio de los derechos civiles y políticos no puede seguir siendo un privilegio de aquellas quienes tenemos acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la cultura. Tenemos que ver más adelante y trascender el discurso.

Celebremos este 54 aniversario, como lo dijo la diputada Marina Arvizu, legislando para otorgar a las mujeres el espacio que les corresponde en la conducción de la nación en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, y en todas y cada una de las esferas de la vida laboral, comunitaria, y en todos los niveles de la actuación pública: en las elecciones federales, estatales y municipales, en condiciones de paridad para garantizar la igualdad.

Hemos llegado al momento en que nuestro sufragio, no sólo el de las mujeres, debe estar respaldado por los principios ciudadanos que nos permitan vivir y desarrollarnos en un ambiente de relaciones sanas, justas y equitativas en las familias, en el trabajo y en la comunidad. Sin mujeres no hay democracia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Martha Angélica Tagle Martínez. Se concede ahora el uso de la palabra a la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas. María Guadalupe García Noriega en su lugar.

La diputada María Guadalupe Josefina García Noriega: Gracias, señor Presidente. Con su venia. Compañeras y compañeros legisladores. Quisiera comenzar mi intervención con una reflexión del revolucionario venezolano Miranda, que data del siglo XVIII. Él decía: "Por qué en un gobierno democrático la mitad de los individuos no están directa o indirectamente representados, siendo así que ellas, las mujeres, se hayan igualmente sujetas a esa severidad de las leyes que los hombres han hecho conforme a su voluntad". Fin de la cita.

Los hombres lo sabían, pero las mujeres tuvimos que luchar mucho y esperar aún más. Hoy se cumplen 54 años del sufragio femenino en México gracias a las reformas a los artículos 34 y 115 de la Carta Magna, que facultan a las mexicanas a votar y ser votadas en elecciones federales.

Si bien es cierto que el sufragio femenino ha sido fundamental en el proceso de democratización de la sociedad, la presencia de las mujeres en la participación social, comunitaria y ciudadana aún se expresa de manera poco visible en los espacios de representación y toma de decisiones, sea en los ámbitos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como en el terreno de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación y de las instituciones públicas y privadas.

Sin lugar a dudas, el reconocimiento de nuestros derechos nos ha llevado a la ruptura de inercias que no permitían trascender en el mundo práctico y, sobre todo, en el mundo político.

Hay que reflexionar que el sector de la mujer representa el 51.8 por ciento de la población. Que si bien tiene necesidades particulares y también su voto constituye una obligación constitucional, no es más que un derecho del mismo rango que obliga al establecimiento de políticas públicas que satisfagan sus necesidades.

No es accidental que, consecuencia de la desatención que se ha dado a las mujeres, se presente el fenómeno de la pobreza femenina o de la pobreza en las mujeres. Por eso, no es circunstancial que las mujeres hayamos buscado cargos de representación con el objeto de continuar con la búsqueda del reconocimiento, de la equidad y de la igualdad que debe darse en todos los seres humanos. Sin embargo, la realidad demuestra que aún seguimos subrepresentadas.

Recordemos, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, que una democracia que se realiza sin la participación activa de la mujer es una democracia incompleta. Cito a Norberto Bobbio. "El desarrollo de un pueblo se mide por la condición de sus mujeres".

Con este nuevo aniversario del voto de la mujer se nos da una oportunidad más para refrendar el compromiso no sólo de nosotras las mujeres, sino también de aquellos hombres abiertos de mente para tomar en sus manos y en sus decisiones la actividad, el pensamiento y el esfuerzo de las mujeres.

No es suficiente que las condiciones favorezcan solamente en ley a la mujer. Todavía falta encontrar y derribar todas esas trabas para que el ejercicio de esa ley se vuelva realidad en el día a día, que nos permita continuar con nuestra construcción de una sociedad más justa.

Y más allá de los votos, está pendiente atender la feminización de la pobreza, que cabe reconocer, sigue persistiendo en un contexto de desigualdad entre hombres y mujeres que, junto con la violencia y la exclusión, son un pesado lastre en el que transita una mujer hacia una sociedad aparentemente más igualitaria. Y así como la pobreza, tenemos que acabar con todos aquellos problemas sociales que agudizan por siempre o hace muchos años, la condición de ser mujer.

Compañeros diputados, compañeras diputadas, refrendemos nuestro compromiso con las mujeres. Fortalezcamos los liderazgos femeninos, promovamos la participación de las mujeres y su potenciación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, para tener mujeres que puedan estar en la toma de decisiones y puedan acceder al poder que, como saben, es indispensable para el logro de la igualdad y el desarrollo. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada María Guadalupe García Noriega. Esta Presidencia saluda a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y a los integrantes del grupo Novelistas y Economistas Grupo Novec. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez: Con su permiso, señor Presidente. Cincuenta y cuatro años, poco tiempo para hablar de democracia y de igualdad. Sin embargo, la posibilidad de votar y ser electas, como un legítimo derecho ciudadano para las mujeres mexicanas, que fue reconocido el 17 de octubre de 1953, dentro del gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, representó ese momento la concreción de una demanda colectiva impulsada años atrás por organizaciones de mujeres promotoras de este derecho a nivel federal.

Contar con una memoria clara y firme como mujeres, acerca del proceso que implicó poder votar, es importante para no perder de vista que los derechos nunca derivan de una concesión voluntaria. Se han conseguido a base de muchos esfuerzos.

Hablar del derecho al voto y del derecho a ser electa, en los diferentes cargos de elección popular, es hablar de una serie de peldaños y una serie de tramos y trechos que nos hace falta por recorrer.

Arribar a esta etapa conlleva también a revalorar esfuerzos previos que en diferentes ocasiones se han hecho en nuestro país. En el año de 1975 se realizó la primera Conferencia Mundial de la Mujer y es declarado "El decenio internacional de la mujer" por la ONU.

En 1981 se ratifica por México la Convención Internacional para la eliminación de la discriminación hacia las mujeres.

En 1995, como resultado de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, se incluye el requerimiento de implementar desde la legislación y desde los gobiernos, acciones positivas dentro de las dos esferas de especial atención de la plataforma de acción mundial.

En 1998 se instala el Parlamento de Mujeres de México, que es un espacio inédito que se construyó para impulsar avances a favor de los derechos humanos de las mujeres.

En el 2000 se firma el primer pacto entre mujeres candidatas de los distintos partidos políticos nacionales, así como estuvieron presentes organizaciones feministas.

En diciembre del 2001 se ratifica, por el Senado de la República, el protocolo facultativo de la CEDAW.

En el 2002 se reforma el Cofipe y se establece el sistema de cuotas por el género para ser aplicadas en las elecciones del 2003.

En el 2005 se llevó a cabo la reunión del Parlamento de Mujeres, que de alguna manera busca fomentar una mayor participación también desde los estados de la República.

Una de las cuestiones más recientes que tenemos y que se hizo aquí en esta Legislatura en marzo del 2007, la firma del Pacto Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la participación de ambas cámaras y del Instituto Nacional de las Mujeres.

Pero para los siguientes períodos, para lo que viene, es importante hacer un llamado a todos los actores políticos y sobre todo ahora en la reforma electoral, para que pasemos del discurso a los hechos y para que en la reforma electoral se impulse el criterio de paridad en materia de representación política, por medio de reformas al Cofipe, que se garanticen no sólo a nivel de candidaturas sino también en los cargos de elección popular que se obtengan al final de las contiendas.

También tenemos que promover, desde el marco de la reforma del Estado, la capacitación para mujeres desde los partidos políticos nacionales, por lo que desde aquí hacemos un llamado para que en el presupuesto se etiquete un porcentaje obligado para tal actividad.

Es una tarea pendiente que tenemos los diputados y diputadas de esta Legislatura, el avanzar en políticas de conciliación familiar y laboral, en calidad de un sistema interinstitucional básico para la equidad de género a nivel nacional.

Finalmente, creemos que es importante eficientar la relación y los resultados entre el Instituto Nacional de las Mujeres y las comisiones de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Como pueden ver, tenemos tareas pendientes que podemos hacer los diputados federales y diputadas de esta legislatura. Nos hace falta mucho para avanzar pero podemos hacerlo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez. Se le concede ahora el uso de la palabra a la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Holly Matus Toledo: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. La lucha por el derecho de las mujeres a compartir y competir en igualdad de condiciones con los varones, por acceder a las prerrogativas del gobierno representativo y para ser consideradas como parte activa y determinante en la democracia mexicana, no es algo nuevo.

En México se reconoce como antecedente de esta lucha la Carta de las Mujeres Zacatecanas al Congreso Constituyente de 1824. Las mujeres tuvieron que pugnar por la creación de un marco jurídico para acabar con la situación de desigualdad que ha prevalecido desde la primera Constitución Política de México en el siglo XIX, hasta la Constitución vigente de 1917.

Históricamente las mujeres hemos participado en la construcción de México, trabajando sin descanso en la crianza de los hijos, en las labores domésticas, en el cuidado de los miembros de las familias, y fuera de casa en el campo, cultivando una tierra que nunca nos ha pertenecido; en las fábricas, principalmente en las textiles, recibiendo generalmente pago inferior a la de los compañeros trabajadores por realizar el mismo trabajo.

En la Revolución, soldaderas, adelitas y marietas participaron activamente en el movimiento. Algunas dejaron las faldas para portar los pantalones de mando y convertirse en oficiales. Pero la Revolución aún no ha hecho justicia a las mujeres. No reconoció ni reconoce aún todos los derechos.

La Revolución concluyó y logró acuñar en la Constitución de 1917, los derechos sociales de los trabajadores del campo y de la ciudad, no así el de las mujeres.

En enero de 1916 las conclusiones del Congreso Feminista destacaron que la mujer del porvenir podría desempeñar cualquier cargo público que no exigiera coraza ni constitución física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre, era tan capaz como éste de ser elemento dirigente de la sociedad.

Posteriormente surgieron nuevas asociaciones femeninas cuyo principal objetivo era obtener los derechos políticos plenos.

El Partido Feminista Revolucionario y el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias también llevaron a cabo tres congresos nacionales de obreras y campesinas de donde surgió el Frente Único Proderechos de la Mujer.

Durante la campaña presidencial del general Lázaro Cárdenas se conformó el Frente de Mujeres Mexicanas y anunció en Veracruz que colocaría a las mujeres en el mismo plano que a los hombres, porque no sería justo que estuviéramos reclamando su presencia en los actos sociales si no las hemos colocado en un plano de igualdad política. Está asignatura sigue estando pendiente.

Pese a ello México reconoció los derechos políticos de sus mujeres hasta 1953, después de que la Organización de Naciones Unidas recomendara en 1952 a todos los países que como México, iban a la zaga en el reconocimiento de los derechos políticos de su población femenina.

Aún ahora hay partidos que se niegan a que haya un número igual de candidatos de cada género a puestos de elección popular.

Se argumenta muchas veces que las mujeres no estamos preparadas para ocupar dichos cargos, por lo que hay que incluirlas en las suplencias o en las candidaturas que de antemano se consideran perdidas, cubriendo tramposamente el requisito legal.

La paridad por hoy no es considerada como prioridad y más aún atenta contra los privilegios de los hombres.

Actualmente las mujeres sólo ocupamos el 30 por ciento de las jefaturas de departamentos en el sector público, el 15 por ciento de direcciones generales. De 31 entidades federativas y un Distrito Federal, sólo contamos con dos gobernadoras.

Después de la elección de 2006, la participación y representación política no ha variado mucho. En este Congreso nuestra representación es solamente de 22.6 por ciento en comparación con el 77.4 por ciento de los compañeros varones.

Las mujeres somos la mitad del mundo y queremos la mitad del poder. La intencionalidad, colaborar en la construcción de una sociedad más congruente, más justa, más democrática, sin discriminación e intolerancia en un marco de justicia y de equidad, en donde todos y todas tengamos la misma igualdad de oportunidades.

Sólo la congruencia nos salva. Atrevámonos a legislar dentro de la reforma del Estado, para poder garantizar la justicia social. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Holly Matus Toledo. Se le concede ahora el uso de la palabra a la diputada María Soledad Limas Frescas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada María Soledad Limas Frescas: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El reconocimiento pleno de los derechos de la mujer ha tenido un gran auge a finales del siglo XX.

La construcción de un México de igualdad, en donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, se ha consolidado fuertemente y se vislumbra una evolución positiva, en la que el tema de género no sea un impedimento para el desarrollo de la mujer en el ámbito laboral, social y político.

El día de hoy, al conmemorar el 54 aniversario del sufragio femenino en México, el Partido Acción Nacional, hace un reconocimiento a la mujer mexicana. Reconocimiento a su labor como mujer que ha enriquecido y ha forjado la patria. A la mujer que desde el anonimato ha luchado por el respeto de su dignidad y de sus derechos.

Es evidente que la mujer está llamada a formar parte de la estructura viva y operante en la construcción de nuestra patria. Por eso, hoy reconocemos y exaltamos la labor de tantas mujeres que lucharon en la conquista del voto femenino, reconocido oficialmente el 17 de octubre de 1953 al publicarse en el Diario Oficial de la Federación, el reconocimiento de la ciudadanía femenina y con esto, su derecho a votar y a ser votada.

Esta larga lucha en la que estamos implicadas ha consistido, precisamente, en que se nos abran espacios de participación y estemos debidamente representadas. Que se nos reconozca nuestra contribución en la historia de la humanidad, ya que se ha luchado para que se reconozcan nuestros derechos y se respete nuestra dignidad.

Son muchas las mujeres a quienes les debemos lo anterior, pero no me atrevo a mencionar los nombres, ya que no sería justo para muchas de ellas que han quedado en el anonimato. Sin embargo, no estamos seguras de que ese reconocimiento y esa participación sea la meta de todos nuestros esfuerzos.

Al hablar de representación debemos preguntarnos, ¿estamos lo suficientemente representadas? ¿Basta con tener a alguien al enfrente, e impulsar la cuotas de género? ¿Con un porcentaje de mujeres en las cúpulas de poder, diremos entonces, que hay representación?

Me atrevo a mencionar que el género femenino intuye una representación mucho más profunda. No debemos objetar la lucha para alcanzar las cuotas del género. Reconocemos que es una meta que debemos conquistar, pero creo que no es suficiente.

Nuestro ser mujer no puede conformarse con concesiones. Hay algo dentro de nosotras que nos invita a participar más ampliamente en todos los contextos. Y en este sentido, desde que existió la primera mujer sobre la tierra, hay una forma de representación que permanece vigente con el transcurrir del tiempo, y es la influencia que tiene la mujer en la persona concreta del hombre. Porque cuando no ha sido posible que una mujer encabece una nación ha influido en el hombre que gobierna a los pueblos.

Queremos que se respeten las cuotas de género, pero no olvidemos que nuestro protagonismo es colectivo y va mucho más allá de las individualidades. Moldea a la sociedad desde lo más hondo y la transforma imperceptible, pero profundamente.

Quizá sea hora de reescribir la historia, reconociendo el mérito a innumerables mujeres que, desde la oscuridad de su hogar, moldearon a los hombres que transforman su tiempo. Pues sin su labor, oculta pero contundente, estos hombres nunca hubieran sido lo que fueron.

No es suficiente la cuota de género, tampoco basta con que la mujer tenga derecho al trabajo, no se trata simplemente de imitar al varón. La mujer debe participar en todo su esplendor para la transformación de la humanidad, para transformar el mundo en un hogar y en un lugar para todas y para todos. Ahí es donde nuestro sello femenino tiene su más plena realización.

Por lo mismo, no queremos renunciar a la maternidad, para alcanzar un puesto y esta sutil distinción nos debe llevar a reorientar las políticas públicas para un auténtico desarrollo familiar y social.

No podemos convertir la conquista del reconocimiento de los derechos de la mujer en una lucha de clases, una lucha en donde se enfrenten hombres contra mujeres. La lucha por nuestros derechos debe partir de un principio muy firme, los derechos provienen de la dignidad.

Precisamente porque somos personas tenemos derechos y queremos hacerlos valer. Afirmar nuestro ser mujer es confirmar que no somos inferiores en ningún sentido y así queremos ser respetadas.

La fuerza de la mujer está dada porque en su naturaleza se le ha confiado el género humano y sólo en la conciencia de la entrega que esto significa es posible, incluso, bajo las condiciones de discriminación social en lo que pueda encontrarse la mujer se levanta y se convierte en punto de partida para una sociedad más justa y mucho más humana.

En el Partido Acción Nacional estamos a favor de las mujeres, a favor de su incorporación a la vida pública, de su incorporación en los espacios de poder y en los puestos de toma de decisiones, como lo ha manifestado desde sus inicios.

Ello, impulsando el desarrollo de la mujer en la vida interna del partido. Proponiendo las primeras candidaturas femeninas y en los puestos de elección popular. Conquistando las primeras presidencias municipales femeninas en la historia de México, así como diferentes gubernaturas encabezadas por las mujeres. Conquistando la primera vicepresidencia femenina en la Cámara o creando desde el Ejecutivo el Instituto Nacional de las Mujeres, el Inmujeres.

En el Partido Acción Nacional apoyamos el pleno ejercicio de la ciudadanía en las mujeres, ya que desde sus inicios enarboló en su plataforma el voto ciudadano de la mujer. Fue el primer partido en postular a una mujer candidata a un gobierno estatal en Aguascalientes y tuvo la primera mujer diputada federal en 1964.

Este impulso al desarrollo de la mujer también se ha dado en la vida interna del partido, incorporando desde sus inicios una sección femenil, así como reconociendo espacios para las mujeres como consejeras y en puestos de decisión.

Para finalizar, hacemos votos para que llegue el día en que los derechos humanos sean los derechos de la mujer. El día en que, al hablar de equidad, no se generen confrontaciones.

El día en que no sea necesario poner una denuncia para que un hombre deje de golpear a su esposa. El día en que la mujer no se sienta presionada a limitar su maternidad por cuestiones laborales.

El día en que la mujer, no sea un obstáculo para tener acceso a un puesto en el poder. El día en que la mujer tenga acceso a todas las oportunidades y el pleno ejercicio a todos sus derechos, porque sin derechos de la mujer no hay derechos humanos.

No olvidemos que en la conquista de los derechos de la mujer está la conquista de una sociedad más justa y mucho más humana. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada María Soledad Limas Frescas.

Continuando con la presentación de puntos de acuerdo, se le concede el uso de la palabra al diputado Mauricio Duck, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades electorales, federales y estatales resuelvan de manera imparcial y justa los medios de defensa interpuestos que calificarán y solventarán la elección realizada en el estado de Veracruz el pasado 2 de septiembre del año en curso.

El diputado Edgar Mauricio Duck Núñez: Con su venia, señor Presidente en funciones.

Este punto de acuerdo fue presentado por el diputado Antonio del Valle Toca y como coordinador de los diputados federales del PAN del estado de Veracruz y a nombre del diputado del Valle y de los diputados de Veracruz, presento el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Las elecciones del pasado 2 de septiembre del año en curso, realizadas dentro del estado de Veracruz, fueron las más sucias de la historia del estado, donde la intervención del gobierno del estado y su gobernador han sido y fueron de manera descarada, sostenida, permanente, desde el inicio del proceso y, desde luego, hasta el final de la jornada electoral.

La acreditación de los presuntos delitos electorales ocurridos en todas las secciones, en todos los distritos, municipios, casillas, cualquier región del estado, cualquier ciudad y población, son irregularidades e ilegalidades que, por supuesto, han dañado terriblemente el proceso electoral.

Es importante sostener, y por supuesto que se demuestre por las vías legales, la sujeción permanente del Instituto Electoral veracruzano, en función de obedecer la táctica y la estrategia diseñada desde el gobierno del estado.

La campaña desarrollada a lo largo de los últimos meses en este estado fue una campaña que rebasó los miles de millones de pesos, por lo menos, y que evidentemente la malversación en cualquier tipo de despensa, electrodoméstico, material de construcción, animales, apoyos agrícolas, en cualquiera de éstos, se tipifica el exagerado gasto emanado del gobierno del estado de Veracruz para las campañas en favor de su partido.

Además, por si esto fuera poco, en la última etapa de las campañas electorales fueron de amenaza, de amedrentar, de generar un estado de consternación y sobresalto. En la última semana de agosto en Veracruz se vivió un estado de terror, mismo que fue creciendo conforme se acercaba la jornada electoral, de tal manera que vieron ingresar al estado de Veracruz, a cientos de ciudadanos de otras partes del país, armados, y que evidentemente generaron prácticamente en todos los municipios esas campañas de antipatía y terror.

La forma de actuar, horas antes de la jornada electoral, fue la de detonar sus armas de fuego durante varias ocasiones. Esto provocó que se llegara al miedo entre los votantes. Son éstos los elementos que Acción Nacional ha acreditado dentro del proceso jurídico para demostrarle a la opinión pública nacional, y al propio estado de Veracruz, que desafortunadamente es y fue una campaña de Estado basada en la compra de votos y en una campaña del terror para bajar la participación ciudadana.

Hemos impugnado los distritos y municipios donde hemos perdido. Nosotros ya acudimos a las instancias legales oportunas y correspondientes, tanto en la estatal como en la federal.

Descartamos cualquier uso radical, cualquier toma de carretera, cualquier toma de palacios. Esas vías están descartadas, pero no los medios de defensa establecidos en la Constitución y en las leyes. A ellos acudimos como el deber ser lo marca. Por todo ello, solicitamos:

Único. Que se exhorte a las autoridades electorales, tanto locales como federales, a que de acuerdo a sus facultades legales, resuelvan de manera imparcial, justa y en estricto apego a derecho, los medios de defensa interpuestos que calificarán y solventarán esa elección.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Jesús Ramírez Stabros, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo con relación a la situación que guarda la presa Plutarco Elías Calles, en el municipio de San José de Gracia, Aguascalientes.

El diputado Jesús Ramírez Stabros: Gracias, Presidente. Compañeras, compañeros. La presa Plutarco Elías Calles, construida entre 1927 y 1928, en el municipio de San José de Gracia, en el estado de Aguascalientes, es una verdadera obra de la ingeniería mexicana en la que se invirtieron recursos federales incalculables a precios actuales, por la desaparecida Comisión Nacional de Irrigación.

Resultaría interminable enunciar todos y cada uno de los beneficios de esa magna obra pública para los habitantes de una importante región de ese estado, ya que es el elemento principal para las actividades agropecuarias que conforman el distrito de riego número uno de México.

Es inaceptable que en los últimos tres meses durante el pleno periodo pluvial se mantenga abierta la compuerta de la presa referida, lo que nos permite deducir que la Comisión Nacional del Agua no estaría aplicando en forma correcta la legislación federal en materia del uso del agua.

Nos parece inaceptable que durante la temporada de lluvia se esté permitiendo la salida de volúmenes impresionantes del vital líquido, sin que se informe sobre los motivos que justifiquen tal hecho, por lo que estimamos que se está poniendo en grave riesgo la operación del distrito de riego número uno del país.

Con la consecuente afectación a decenas de miles de familias que habitan en los municipios de Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, Cosío, Tepezalá, entre otras regiones del estado de Aguascalientes, y que pudiera derivar en un grave problema público.

Por lo anterior se hace necesario y, por lo tanto, urgente, que la Cámara de Diputados se pronuncie enérgicamente en el sentido de exigir a la Comisión Nacional del Agua un informe detallado sobre la situación actual que guarda la presa de referencia, en cuanto a su capacidad y nivel de almacenamiento, fechas de apertura de compuertas para la irrigación de la superficie que conforma el distrito de riesgo, así como respecto de la situación jurídica actual de la construcción de instalaciones permanentes en su vaso.

Solicitamos una respuesta inmediata del director de la Comisión Nacional de Agua, ya que no es aceptable, desde ningún punto de vista, que el asunto que nos ocupa pudiera diluirse, configurando un acto más de negligencia o de impunidad que afectaría a un amplio sector de la población aguascalentense.

Diputadas y diputados, me permito llamar su atención para que no descuidemos este asunto de la mayor importancia. El cuidado del agua y del medio ambiente son asignaturas de la más alta prioridad nacional.

Impulsemos las políticas públicas que permitan que la infraestructura hidráulica del país cumpla con los objetivos para los que fue construida. Es decir, para que se almacene, distribuya y haga un buen uso del agua.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara de Diputados, como de urgente resolución el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al director general de la Comisión Nacional del Agua para que informe, a la brevedad, a esta soberanía sobre la situación que guarda la presa Plutarco Elías Calles, ubicada en el municipio de San José de Gracia, del estado de Aguascalientes, respecto de su capacidad de almacenamiento, apertura de su compuerta durante los meses de junio, julio y agosto del presente año, así como del estatus jurídico en que se encuentran las construcciones definitivas en su vaso.

Por su atención, muchas gracias. Firman este punto de acuerdo el diputado Héctor Hugo Olivares y la diputada Lorena García, nuestra compañera. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Jesús Ramírez Stabros. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se considera, entonces, de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición y se abre el registro de oradores.

En virtud de que no existen oradores inscritos, se considera suficientemente discutida. Consulta la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados, que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada. Comuníquese.

Esta presidencia saluda a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Yadhira Ivette Tamayo Herrera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que solicita a la Cofetel crear un registro nacional de terminales de telefonía celular.

La diputada Yadhira Ivette Tamayo Herrera: Con su permiso, Presidente. Como todos sabemos, los teléfonos celulares son hoy muy populares. Hoy en México tenemos más teléfonos celulares que fijos.

Para el año 2006 teníamos 56 millones de usuarios de teléfonos celulares, o sea, más de la mitad de la población mexicana y cada día son miles y miles de líneas las que se activan.

Ha habido un vertiginoso crecimiento por la reducción de tarifas y por el popular uso de los servicios de mensaje cortos, que incluso nosotros usamos todos los días. Este gran crecimiento por supuesto lleva consigo un crecimiento muy grande en cuanto a los ilícitos que se cometen con estos teléfonos celulares.

Todos hemos conocido casos de secuestros, de extorsiones y, por supuesto, del mercado de robo de celulares. Los de más gravedad son los secuestros. Hay una patente incapacidad de rastrear las llamas telefónicas que tienen las autoridades y es por el registro inadecuado de éstas.

También hay extorsiones de las que oímos hablar de ellas muy frecuentemente. Gente a la que llaman a su casa, que le sacan información diciéndole que hablan por sorteos, por encuestas, etcétera o gente que se asume como autoridad y que dice: oye, tenemos aquí, —por ejemplo, hay delincuentes que dicen—: hablo de la aduana y tengo aquí a su sobrino fulanito de tal que está pasando el Río Bravo porque quiere ir a California. Yo soy de Michoacán y en Michoacán pasan esos asuntos todos los días.

Se burla de la gente, se abusa de la gente a través de estos teléfonos celulares que han servido para que estas personas se aprovechen y obtengan un beneficio indebido. Hemos oído también hablar de la copia o clonación de los teléfonos celulares.

En México vemos que este fenómeno de la telefonía móvil, que es muy creciente, vuelvo a repetir, no ha sido investigado. Existen investigaciones de mercado que hacen las empresas, por supuesto, para beneficio de su empresa, pero no hay información al respecto para que puedan hacerse políticas públicas que sirvan para regular este tema, para legislar sobre este tema, sobre el uso debido de los teléfonos celulares y ésta es la problemática que motiva que hoy yo presente este punto de acuerdo ante todos ustedes.

Advertimos que no hay reglamentos ni sanciones formales para el uso indebido de celulares y es de urgente discusión este tema. También vemos que es importante una legislación adecuada para el uso de este tipo de aparatos para combatir los delitos realizados con ellos.

Así, considerando que la Comisión Federal de Telecomunicaciones tiene una facultad regulatoria que le confiere el numeral 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con esa atribución vengo hoy a pedir el siguiente punto de acuerdo para que se exija a las empresas que reporten toda activación y desactivación de líneas para regular la venta de telefonía celular y que dicho registro se remita a Cofetel, o sea a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para los efectos legales y regulatorios correspondientes.

Con el objeto de establecer un control de la telefonía móvil, a través de la tecnología celular, vengo ante ustedes a someter a su consideración, de urgente y obvia resolución, por lo cual pido que me apoyen, por favor, para esto—, el siguiente punto de acuerdo que quedaría así:

Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y con fundamento en sus atribuciones regulatorias, obligue a los concesionarios de empresas de telefonía móvil a llevar un registro de usuarios de comunicación móvil fidedigno y, que a su vez, dicho registro sea remitido a la Cofetel para los efectos legales correspondientes. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias.

Solicito a la Mesa Directiva que inserte el punto de acuerdo en los términos de mi documento. Gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Yadhira Yvette Tamayo. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputado Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se ha registrado para hablar en pro de ella el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya: Con su permiso, señor Presidente. Como presidente de la Comisión de Seguridad quiero secundar la propuesta de mi compañera, la señorita diputada que acaba de hacer uso de la palabra, por la importancia que tiene la propuesta.

Se nos ha informado que son cerca de 70 millones de teléfonos celulares que se manejan en el país sin ningún control. En las últimas investigaciones del crimen organizado se han detectado en bandas organizadas hasta 200, 300 teléfonos que no tienen un control.

Para la debida organización y control del uso de estos teléfonos, que a veces cambian nada más con el chip y no tienen un registro, es importante que se tome muy en cuenta esta propuesta que considero fundamental para integrarla a los programas de seguridad nacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Rivera Bedoya. Al no estar inscrito ningún otro legislador para hablar respecto a la proposición, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada. Comuníquese.

Tiene la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que esta soberanía se da por enterada de las observaciones del Ejecutivo federal al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales para fortalecer el federalismo fiscal y se propone discutirlo como lo señala el inciso c), del articulo 72 constitucional.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Gracias, Presidente. Para ahorrarme la lectura de algunas cosas y paren el reloj, en términos del artículo 113, le solicito que instruya a la Secretaría a efecto de que le dé lectura al artículo 72 de la Constitución, además los párrafos A, B y C; el artículo 89 de la Constitución y la fracción I. Además, tomado de la página de la Presidencia, un discurso o un razonamiento de Felipe Calderón, solicito también que se le dé lectura a lo que está resaltado en negritas, del punto de acuerdo que estoy presentando, que vienen contenidos en la página 3 y 4.

Le solicitaría por favor y para que paren el reloj y me recuperen el tiempo, toda vez que lo estoy planteando en estos términos, del artículo 113 para que sean leídos por escrito antes de iniciar mi intervención.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Solicito a la Secretaría, dé lectura al artículo 72 constitucional incisos A, B y C, como lo ha solicitado el diputado Juan Guerra Ochoa. Y del artículo 89 constitucional, la fracción I.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

Apartado A. Aprobado un proyecto en la cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta la aprobaré se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviera observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.

Apartado B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la cámara de su origen, dentro de 10 días útiles, a no ser que corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá de hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.

Apartado C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto con sus observaciones a la cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

Fracción I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo a la esfera administrativa a su exacta observancia;

Del texto del documento del diputado: El Congreso determinó que fuera la federación la que aplicara directamente un impuesto especial a la gasolina y al diesel, consistente en un incremento mensual de dos centavos por litro y cuyos recursos se transferirían en su totalidad a los gobiernos de los estados, no a la federación.

En este contexto, un aumento a las gasolinas generaría un impacto aún mayor en los bolsillos de los mexicanos, especialmente de las familias con menores ingresos y debemos evitarlo.

Para evitar esta afectación, he decidido detener la entrada en vigor del aumento al precio a la gasolina en los términos solicitados por los legisladores, sin embargo, para mi gobierno es prioritario el respaldar la economía popular y evitar que se genere una escalada de precios que perjudique a la gente. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Continúe el orador con su intervención.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Sí, inicio, muchas gracias. Esto que se leyó está en la página oficial de la Presidencia, nada más resaltamos algunas cosas. Y lo quiero señalar porque hay ya antecedentes de que no es necesario que se envíe un escrito o se le notifique por escrito a la Cámara, para que, en el caso de estarse violando una ley, la Corte pueda intervenir y declarar la ilegalidad.

Ésta es una acción que ya emprendió esta Cámara, más que acción, controversia, fue un acuerdo de toda la Cámara, frente a la violación de la ley que estaba haciendo el presidente Fox, con motivo de unos spots, o sea, no fue necesario que se le notificara oficialmente a la Cámara, sino por el hecho de existir, que se tomó y prosperó la controversia constitucional.

De manera que, les quiero decir que si esto está en una página oficial, este Congreso, para evitar que se siga con la inconstitucionalidad en la que estamos, donde ni se publicó en lo inmediato la ley como lo mandata la Constitución y donde a pesar de que no se giró un escrito a la Cámara, hay en una página, que se tomen esas observaciones como lo que son, porque están en una página oficial.

De manera que la Cámara tendría dos opciones: o modifica el transitorio porque la observación es de tiempo, el transitorio que establecía que "todo entrará en vigencia en enero, excepto lo que se refiere a las gasolinas" o lo modifica, o bien, si quiere superar esa observación y dejarlo igual, tendría que votarla por dos tercios.

Pero no puede ser la Cámara omisa al respecto. No puede la Cámara decir "como no me mandó un escrito, aunque esté en una página oficial, yo no me doy por enterada". Porque aquí la estamos enterando, con este punto de acuerdo. A la Cámara le estamos estableciendo que se dé por enterada y que actúe conforme a la Constitución y no que esté dejando que la Presidencia se salga de la Constitución y, por consiguiente, esta Cámara también esté en la inconstitucionalidad.

Les quiero decir una cosa más: le estamos haciendo un favor porque con las gasolinas, que nada más provocaron inflación, van a recaudar, según lo que viene en la Ley de Ingresos, que también sería otro acto inconstitucional, van a recaudar ocho mil millones de pesos.

Y resulta que nada más cuando se anunció esto, cuando Felipe Calderón anunció esto y dejaron de actualizarse las tarifas de las energías, del sistema energético: gasolinas, etcétera, esta actualización que se estaba dando en precio, resulta que ya perdió, por esta suspensión, 14 mil millones de pesos en este año…

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Permítame el orador. ¿Con qué objeto, diputado Rutilio Cruz?

El diputado Rutilio Cruz Escandón Cadenas (desde la curul): Para hacerle una pregunta al orador.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado Juan Guerra ¿acepta usted una pregunta del diputado Rutilio Cruz?

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Sí, con muchísimo gusto.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Adelante, diputado.

El diputado Rutilio Cruz Escandón Cadenas (desde la curul): De acuerdo a lo que está explicando —diputado— quisiera saber su opinión. ¿Entonces el impuesto sobre la gasolina debe ser o no debe ser considerado formalmente en el presupuesto, en la Ley de Ingresos y en la Ley de Egresos?

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Como en México las leyes no surten efecto hasta que no son publicadas por el Ejecutivo, no hay ninguna ley todavía que se presuma como tal.

Hay un proceso de aprobación de un decreto de ambas Cámaras, pero para que sea considerada como ley, para que tenga plena vigencia, tendría que ser publicada.

De no ser publicado, no hay ninguna razón ni fundamentación para que se incorpore en la Ley de Ingresos, por una razón elemental, porque cualquiera puede especular que podría pasar cualquier cosa y nunca publicarse esa ley y no tendría por qué haberse introducido si no ha sido publicada y no está vigente como ley.

Es un absurdo realmente, es un absurdo éste en el que han caído, un absurdo ahora, que lo debatiremos luego de quererlo meter y yo les digo que esto es ilegal, esto es inconstitucional porque no hay leyes vigentes en este país que no hayan sido publicadas por el Ejecutivo, ése es el asunto. Entonces, no tenemos todavía una ley vigente.

Lo que tenemos es una violación de la Constitución, porque Felipe Calderón ni manda formalmente —y a la Cámara, aquí la estamos dando por enterada—, pero ni manda en concreto, sino que hace un conjunto de observaciones. Por otro lado, tampoco la publica de inmediato como lo establece la Constitución.

Entonces, para subsanar esta circunstancia, le digo a la Cámara: démonos por enterados de que ha sido observado. Tenemos dos opciones: o se supera con el voto de dos terceras partes, o se hacen las modificaciones que al caso se remiten de la entrada en vigencia, que es una observación de tiempo. Que eso es lo que debería hacerse si se quiere mantener.

Insisto, y si no quieren, la verdad es que ya lo inútil, lo demagógico del gasolinzo, ya está más que probado. No son más que 8 mil millones; ya se están perdiendo 14 mil millones. El aumento que se le está dando en la Ley de Ingresos de un dólar por barril es superior a la suma que se va a recaudar en el próximo año. Es decir, se recurrió a eso para provocar inflación. Si no suspendemos eso —que lo podemos hacer—, lo que va a ocurrir es que en enero van a tener otro asunto de crecimiento de la inflación.

Por eso le pido a la Presidencia, que le dé lectura la Secretaría al punto de acuerdo, en concreto, para que se ponga a consideración de este pleno.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Proceda la Secretaría a dar cuenta, únicamente de los resolutivos de la proposición presentada por el diputado Juan Guerra.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados se da por enterada de las observaciones del Ejecutivo federal al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales para fortalecer el federalismo fiscal expedido por el Congreso de la Unión y que le fue remitido para sus efectos constitucionales el 18 de septiembre de 2007.

Segundo. Como Cámara de origen y en términos del inciso c), del artículo 72 constitucional, la Cámara de Diputados acuerda someter a discusión del pleno las observaciones del Ejecutivo al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales para fortalecer el federalismo fiscal, con el objeto de confirmarlo por las dos terceras partes de los votos de los legisladores presentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de octubre de 2007. Diputado Juan Guerra Ochoa.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Secretaria. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Hay mayoría, diputado Presidente; pero no dos terceras partes.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se requieren las dos terceras partes para el procedimiento de urgente resolución, señores diputados. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra el diputado Moisés Dagdug Lützow, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública, a que instruya una auditoria sobre los recursos que ha recibido el gobierno del estado de Tabasco, por parte de Pemex, desde la creación de la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social.

El diputado Moisés Félix Dagdug Lützow: Con su venia, señor Presidente. El que suscribe, diputado federal Moisés Dagdug Lützow, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretario de la Función Pública que instruya para que se realice una auditoria minuciosa sobre los recursos que ha recibido el gobierno del estado de Tabasco, por parte de Pemex, desde la creación de la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social (Cimades), y en caso de encontrar malversación de fondos, se finquen responsabilidades.

Consideraciones

Desde los años setenta se han creado una serie de instituciones gubernamentales para encargarse del manejo de recursos que Pemex ha autorizado para contener el descontento social provocado por los efectos negativos de la actividad petrolera en Tabasco.

Como es de todos sabido, Pemex canaliza recursos destinados al desarrollo social y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población asentada en las cercanías de las instalaciones petroleras —previa autorización de su consejo de administración—. Estos recursos se entregan principalmente a gobiernos estatales y municipales y, en menor medida, a asociaciones civiles.

En el caso de Tabasco, la instancia estatal que administra los recursos entregados al gobierno estatal es la Comisión Interinsitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social, Cimades, la cual fue constituida el 28 de abril de 1995.

Cimades es un órgano público descentralizado del gobierno estatal, cuyo propósito fundamental es conciliar las actividades de Pemex con el desarrollo social de Tabasco, realizar funciones de arbitraje en conflictos ambientales y reclamaciones hacia Pemex. Como una segunda instancia, propicia la participación social, y de los tres niveles de gobierno, en la asignación de los recursos otorgados por Pemex.

Igualmente, resulta preocupante el hecho de que el consejo directivo, que es el máximo órgano de decisión dentro de la Cimades, esté presidido por el gobernador en turno y que el resto de los miembros sean los titulares de varias secretarías que forman parte del Poder Ejecutivo estatal.

Esta estructura proporciona, al gobernador, mucho margen de maniobra para la decisión del manejo, aplicación y evaluación de los recursos, convirtiendo al gobierno del estado en juez y parte del reparto de los beneficios petroleros en Tabasco.

Se tienen datos de que Tabasco es la entidad que entre 1995 y 2006 recibió más de 2 mil 300 millones de pesos de apoyo social de Pemex, así como el hecho de que es un estado que no contó con una ley estatal de transparencia y acceso a la información hasta el 28 de diciembre de 2006. Razones que hacen que el monitoreo de los recursos asignados a Tabasco por Pemex, sea un caso para revisar a fondo.

En ese sentido, a más de 10 años de haberse creado la Cimades, es evidente la falta de información sobre los criterios de asignación y el destino de los recursos en el estado de Tabasco. Cobijados por la falta de canales institucionales adecuados que permitan una verdadera rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos que esta institución estatal maneja.

Cimades recrea el largo camino de instituciones que reciben recursos por parte de Pemex y lo destinan de manera discrecional sin dar explicaciones a la sociedad.

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta al director de Pemex a que tenga a bien informar a esta soberanía el importe de los recursos que ha entregado a la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social, Cimades.

Segundo. Se exhorta al honorable Congreso del estado de Tabasco a revisar el decreto que da origen a la creación de la Cimades, en la que participe Petróleos Mexicanos, académicos y representantes de la sociedad civil tabasqueña, para tener como resultado un modelo alternativo de administración de los recursos que otorga Pemex, que asegure más transparencia en el ejercicio de dichos recursos.

Tercero. Se exhorta al secretario de la Función Pública para que, conforme a sus facultades, instruya lo conducente, a objeto de que se realice una auditoría minuciosa de los recursos que ha recibido el gobierno del estado de Tabasco desde la creación de la Cimades, y en caso de encontrar malversación de fondos, se finquen responsabilidades en contra de quién o quiénes resulten responsables. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Es mayoría calificada, mayoría por la afirmativa, es mayoría calificada, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se considera entonces de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición y se abre el registro de oradores.

Al no haber oradores inscritos, se considera insuficientemente discutida la proposición. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada, comuníquese.

Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Ernesto Navarro López, para presentar proposición sobre el conflicto laboral en la mina de Cananea, Sonora, suscrita por él mismo, por la diputada Rosario Ortíz, el diputado Antonio Almazán, y el propio que hará uso de la voz.

El diputado Carlos Ernesto Navarro López: Con su permiso, diputado Presidente. El día de ayer una manifestación de mineros enfrente del palacio de Hermosillo, Sonora, demandó la intermediación del gobierno del estado en este conflicto laboral de los trabajadores mineros con al empresa Minera México.

Esta huelga de los mineros de Cananea, Sonora, inició hace más de 70 días. Tiene un reclamo fundamental que tiene que ver con la exigencia de mejores condiciones de seguridad y de higiene en el centro de trabajo.

Grupo México argumenta que dicha situación no existe, ya que sus empresas laboran en total seguridad y para eso ha contado con la protección de las autoridades laborales.

Una evidencia de la colusión entre Grupo México y las autoridades laborales fue el hecho de que el encargado del despacho laboral patronal, anunció que la huelga de Cananea, Taxco y Sombrerete serían declaradas inexistentes horas antes de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje lo hiciera. Es decir, el abogado de la empresa da a conocer lo que después van a resolver las autoridades laborales.

En el caso de Cananea, ellos lograron un amparo definitivo el pasado 16 de agosto emitido por el jurado quinto de distrito en materia laboral. Desgraciadamente esta resolución no fue acatada y Grupo México buscó dividir al movimiento e intentó continuar con la operación normal de trabajo, hecho que ocasionó un enfrentamiento entre mineros, sindicalizados y personal contratado por la empresa.

Antes, en Nacozari hubo otro enfrentamiento auspiciado por la empresa en la cual murió el minero Reynaldo Hernández González. Hasta el momento no se han deslindado responsabilidades de este asesinato en Nacozari, y en Cananea se profundiza la tensión por el conflicto que se vive.

Es necesario recordar que Grupo México es responsable de la muerte de 65 mineros ocurrida el 19 de febrero de 2006, en las instalaciones de la mina de Carbón, Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, por no ofrecer las medidas mínimas de seguridad para laborar ahí y soslayar las denuncia que vaticinaban una tragedia como la que efectivamente ocurrió.

Hace unos días, un grupo de legisladores federales, entre ellos el diputado José Antonio Almazán, la diputada Rosario Ortiz y su servidor acudimos hasta Cananea para realizar un recorrido por las distintas áreas de producción, concentración y perforación con la finalidad de conocer las condiciones imperantes de inseguridad que acontecen.

De acuerdo a los testimonios de los trabajadores y a lo que observamos en el centro de trabajo concluimos que la empresa no está cumpliendo con su obligación, incluso la salud de los trabajadores está en peligro. Ellos afirman que no se les han practicado análisis de sangre para detectar cuánto es el nivel de plomo que tienen en ella.

En este lugar se manejan sustancias muy peligrosas como el ácido sulfúrico, cobalto o plomo, y los trabajadores constantemente están expuestos a su inhalación o al contacto físico con ellas, incluyendo fuentes radioactivas.

Existen derramas permanentes de líquidos como aceite, agua y productos químicos. Hay también cables de electricidad expuestos sin el plástico protector que podrían ocasionar que alguien pudiera electrocutarse; estructuras dañadas y sin mantenimiento; recolectores de polvo obsoletos ya que han terminado su vida útil, así como poca higiene en los comedores, entre otras cosas más. En fin, numerosas condiciones propicias para que ocurra una tragedia.

Los mineros aducen que Grupo México se niega a realizar la reparación general de las estructuras y a solventar todos los desperfectos porque eso conllevaría a detener la producción 6 horas. Por cierto, bastante alta la producción de cobre y la empresa dice que dejarían de ganar 3.5 millones de dólares.

Tan sólo en el primer trimestre de este año Grupo México reportó ganancias por más de 11 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 48 por ciento respecto de ese mismo lapso el año pasado.

Tal y como lo aseguró en su momento el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien vivió de cerca el siniestro de Pasta de Conchos, esas ganancias son a costa de la seguridad de los mineros de todo el país, que trabajan para la empresa de Germán Larrea.

Minera México produce, concentra 55 por ciento del cobre nacional…

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Concluya su intervención, diputado.

El diputado Carlos Ernesto Navarro López: Voy a concluir, Presidente. Y en estos reclamos bastaría solamente con un día, de lo que dice, pierde la empresa para resolver el problema.

El día de ayer se agravó la atención en Cananea, por la Distribuidora de Gas de Occidente, el cual suministra todo el gas natural que se utiliza en la ciudad. Amenazó con cortar a todos los pobladores el suministro de gas, buscando que la gente les reclame a los mineros en este conflicto.

Y en función de estas consideraciones les hago la siguiente

Propuesta

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario de Trabajo y Previsión Social, para que en el marco de sus atribuciones y con estricto apego a la ley, atienda las demandas de los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, en Sonora, integrantes de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, e instruya que se verifique el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de seguridad e higiene en dicho centro de trabajo.

Segundo. Finalmente, exhorta a las partes involucradas en este conflicto a encontrar por la vía del diálogo una solución a este conflicto en un marco de respeto a los derechos individuales y colectivos, consagrados en el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo de trabajo vigente y las demás disposiciones que sean aplicables.

Pido en particular el respaldo de los diputados de Acción Nacional para que nos puedan respaldar en este punto de acuerdo urgente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Carlos Ernesto Navarro López. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). No hay dos terceras partes, Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Si les parece, para que no haya duda, pedimos la votación nominal para certificar que efectivamente existan las dos terceras partes. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación para certificar el procedimiento de la asamblea.

Permítame, diputada Secretaria. ¿Con qué objeto, diputado Carlos Ernesto?

El diputado Carlos Ernesto Navarro López (desde la curul): Para reclamar el mismo trato que se les ha dado a los puntos que antecedieron. Se solicitó la votación de urgente u obvia resolución, votamos visiblemente los legisladores que estamos en el salón y fueron dos terceras partes de urgente resolución.

En este punto, que es muy urgente, muy necesario para contribuir al diálogo, dos diputados están en contra y no hay dos terceras partes. Veo parcialidad en la Mesa Directiva y solicito el mismo trato.

Si van a someter a votación nominal éste, voy a pedir que en todos los anteriores pase lo mismo, porque no estamos aquí dos terceras partes del pleno, en esta sala, y se decreta que están las dos terceras partes porque son temas de interés de otros diputados.

Presidente, con todo respeto pido que no haya parcialidad, pido que se levante, en votación económica, como se hizo en los anteriores, y sean decretadas las dos terceras partes, como lo hicieron con los anteriores puntos.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Entiendo su preocupación, diputado. Le comento que la atribución para certificar la votación de la asamblea, exclusivamente, le corresponde a los secretarios de la Mesa Directiva.

Ante la declaración de la diputada Secretaria o de la Secretaría de la Mesa Directiva en cuanto a la votación, tendría que someterme exclusivamente a lo que ha dicho la diputada. En virtud de que ha habido algunos cuestionamientos por no tener la certeza de las dos terceras partes, es que estoy pidiendo que se abra el sistema para certificarlo.

En caso de que no estuvieran de acuerdo para que, por el sistema electrónico, se certificaran las dos terceras partes, nos tendríamos que someter a lo que ha expresado ya la Secretaría de la Mesa Directiva.

Vamos a repetir la votación de forma económica. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, no hay dos terceras partes.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: En caso de no considerarse, como lo ha expresado la Secretaría, de urgente resolución, se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Adelante, diputado Navarro.

El diputado Carlos Ernesto Navarro López (desde la curul): Señor Presidente, le solicito a usted que quede asentada en el Diario de los Debates mi protesta, la inconformidad por la parcialidad, insisto, en la que se están abordando los temas.

Si tenemos un acuerdo parlamentario para que aquí desahoguemos los puntos de acuerdo de urgente resolución y nadie ha solicitado, en tema de interés de Acción Nacional, por ejemplo, que se constaten las dos terceras partes, en un ánimo de acuerdos parlamentarios que se tienen, así lo estuvimos haciendo.

Pero evidentemente hay una parcialidad —en este caso la diputada Secretaria no actuó como actuó en los anteriores temas—; yo protesto, reclamo que entonces todos los puntos de urgente u obvia resolución, con que un diputado aquí lo demande, tengan que venir todos los diputados a votar, rompiendo los acuerdos que tenemos, por una visión parcial que busca, en dado caso, darles un trato a los diputados de Acción Nacional, diferente a los diputados de los otros partidos.

Asiento mi protesta y creo que eso no va a ayudar a resolver ningún punto de acuerdo en lo que sigue, de manera económica.

El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Cuando algún legislador lo solicite o haya duda respecto de la votación económica, con todo gusto se hará de manera nominal. Diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Gracias. Yo sí quiero, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, censurar la actitud de la Vicepresidencia en funciones de Presidencia.

Las maniobras no se hacen de la Presidencia, no se puede asumir la Presidencia para favorecer al grupo al que perteneces.

Eso podría haberlo solicitado, lo podría haber solicitado algún miembro de Acción Nacional —de la bancada— y romper el acuerdo que teníamos, pero lo que no se puede es esa parcialidad y maniobrar desde la Presidencia. La Presidencia no es para eso, si se quiere dar a respetar, aunque sólo sea Vicepresidente, hoy en funciones de Presidente.

De manera que, sí censuro acremente esa maniobra parcial a favor de Acción Nacional que se acaba de hacer. Porque no podemos —el pleno— estar sujetos a que cuando usted esté en funciones de Presidente —se le ocurra— para proteger a su grupo, pedir votación y cuando no, no. Para eso no se ejerce la Presidencia.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: A ver, diputado Juan Guerra. Se solicitó una votación económica, la Secretaría expresó que no había las dos terceras partes. Varios de sus legisladores protestaron por esta expresión de la Secretaría. Por eso solicité que, si estaban de acuerdo, se podría abrir el sistema electrónico para constatar las dos terceras partes.

Mi obligación inmediata era someterme a la expresión de la Secretaría. Y, en virtud de que la Secretaría determinó que no había esas dos terceras partes, se hizo únicamente en consideración de los legisladores de su bancada —diputado Juan Guerra— que así protestaron. La conducción de la sesión y de todos los asuntos seguirán siendo de manera institucional.

Se le concede el uso de la palabra al diputado Ramón Almonte Borja, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación declare zona de desastre y contingencia climatológica a diversos municipios del estado de Guerrero, afectados por el paso de la tormenta tropical Henriette y destine recursos del Fonden y del Fapracc para su atención, suscrito por él mismo y por el diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Ramón Almonte Borja: Con su permiso, Presidente. Pudiera pensarse el hecho de que el punto de acuerdo que sometemos a la consideración de esta soberanía se encuentra desfasado, en atención a que fue presentado desde el día 3 de septiembre, pero por las actividades de este pleno, hasta esta fecha nos dan la oportunidad de poder plantearlo a ustedes, señores diputados y señoras diputadas.

No está desfasado, en atención a que si bien es cierto el pasado 29 de agosto de 2007 la tormenta tropical Henriette provocó muchos daños materiales en la infraestructura del gobierno y muchos daños en el patrimonio de muchas familias guerrerenses, de manera muy especial en 23 municipios.

Y si bien es cierto que la Secretaría de Gobernación declaró zona de desastre a tres municipios del estado de Guerrero: Acapulco de Juárez, Coyuca de Benítez y San Marcos, también es cierto que ese desastre no solamente estuvo limitado a esos tres municipios, sino que fue parte de los 23 que consideró el gobierno del estado.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Permítame un segundo, diputado. Diputada Mónica Fernández ¿con qué objeto? Sonido a su curul.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidente. Perdón al compañero diputado por la interrupción, pero dado que es un tema tan importante y de interés creo que no solamente de todos los diputados, sino de todos los mexicanos, le solicito amablemente si pudiera pedir la verificación del quórum porque ya casi no hay nadie en la sesión.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Si están de acuerdo, que termine la intervención el diputado y entonces procedemos a la verificación del quórum. Continúe diputado, por favor.

El diputado Ramón Almonte Borja: Gracias, Presidente. Señalaba el hecho de que efectivamente, la Secretaría de Gobernación declaró zona de desastre solamente a tres municipios y no a los 23 considerados por el gobierno del estado.

Además, desde la contingencia provocada precisamente por la tormenta tropical Henriett, suscitada el 29 de agosto de 2007, hasta esta fecha el Fonden y el FAPRACC no han mandado los recursos suficientes para restaurar los daños provocados por esa contingencia climatológica.

Luego entonces, no solamente basta que la Secretaría de Gobernación declare zona de desastre A determinados lugares de la república, sino que para aplicar o para eficientar precisamente en justicia, en bien de los mexicanos, se deben mandar con prontitud los recursos que requieran las entidades federativas y los municipios para restaurar esos daños.

El Fonden, el director general del Fonden, argumenta que la falta del suministro de esos recursos es porque las dependencias federales no han emitido los dictámenes correspondientes; sin embargo, el hecho de que los delegados federales en nuestra entidad federativa de Guerrero no hayan cumplido con atingencia y con oportunidad la obligación que deben cumplir, eso no es obstáculo para que el Fonden remita de manera inmediata los recursos que estamos requiriendo en Acapulco de Juárez, de manera fundamental, porque aquellos que han visitado el puerto en las últimas fechas saben que tres de las principales vialidades de nuestro puerto están totalmente destruidas y que muchos de los habitantes de ese municipio, de ese puerto de manera especial, no cuentan ni con lo suficiente para poder reponer sus bienes, sus enseres personales, sus enseres de familia.

Luego entonces, propongo a esta soberanía que apoyen a los guerrerenses. Les pido que votemos el presente acuerdo como de obvia o urgente resolución para el efecto de que el Fonden y el FAPRACC remitan los recursos suficientes para la restauración de los daños en Guerrero, de manera oportuna y de manera inmediata.

El punto de acuerdo lo sustento en los siguientes términos:

Primero. Se solicita se declare estado de emergencia y se declaren como zonas de desastre natural y de contingencia climatológica a 23 de los municipios del estado de Guerrero, y de manera especial al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Segundo. Se exhorte al secretario de Gobernación y al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que de inmediato procedan a emitir la declaratoria de desastre referida, y ordenen la aplicación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por las Contingencias Climatológicas (FAPRACC), de manera respectiva en el estado de Guerrero, a 23 de sus municipios, y de manera especial al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, los cuales fueron afectados por el desastre derivado del paso de la tormenta tropical Henriett; recursos éstos contenidos en la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007, derivados del Ramo 23, Anexo 10 y del Ramo 08, Anexo 07.

Tercero. Se exhorte a los titulares de las dependencias federales mencionadas para que consideren la inclusión de mayores recursos para atender las tareas de reconstrucción en sus correspondientes proyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2008, en atención a que los recursos que hemos destinado con este objeto han resultado insuficientes para atender los reclamos de todas las entidades federativas en esta materia.

Por el tiempo, señor Presidente, solicito que el texto íntegro del punto de acuerdo propuesto se inserte en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Ramón Almonte Borja. Cúmplase con su solicitud de integrar el texto completo en el Diario de los Debates y solicito a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presiente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se considera entonces de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores.

Se le conde el uso de la palabra al diputado Pedro Montalvo, para hablar a favor de la proposición. Si están de acuerdo, señores diputados, terminando la votación de esta proposición vamos a proceder a consultar, a verificar el quórum como lo mandata el artículo 27 de nuestro acuerdo parlamentario.

El diputado Pedro Montalvo Gómez: Con su permiso, Presidente. La intervención nuestra va en el sentido afirmativo sobre este tema porque, evidentemente, cuando hay una contingencia como las que ha vivido permanentemente, yo diría tiro por viaje, cada año Veracruz, no tiene sentido que haya un fondo programado y presupuestado en este Congreso y que tenga tanto problema para que baje después de que ha sido escénico el hecho de la contundencia del embate climatológico, la necesidad urgente de llegar el recurso al más necesitado, a reparar infraestructura, a hacer cada vez más evidente que el Estado mexicano está pendiente del recurso para el ciudadano y que tarde tanto.

En primera, la posición nuestra es para que las declaratorias sean más rápidas, sean más rápidas es de ya.

Pero otro tema que también quiero proponer aquí, al honorable Congreso, es de que en esta ocasión que tenemos del presupuesto el recurso del Fonden no necesariamente vaya a paripaso el peso por peso que le piden al Estado para que finalmente llegue, que se presupueste y baje al 100 por ciento como un tema federal.

Acordémonos, finalmente, que de cada peso que este Estado mexicano tiene, el 80 por ciento va centralizado a la república y el otro 20 al estado y al municipio. Y en un momento de desgracia no puede pedírsele el paripaso al Estado y mucho menos en la época que normalmente se da el asunto climatológico, porque ya va al cierre del ejercicio anual, me refiero a las precipitaciones pluviales que son los huracanes y que finalmente todo está convenido, está acreditado, está plenamente identificado en infraestructura y el gobierno del estado, el que sea, difícilmente pude acceder al peso por peso.

Por eso démonos la oportunidad, ahora que vamos a tener el presupuesto, para que los recursos del Fonden previamente identificados por las contingencias, previamente declaradas por las delegaciones federales, lo más rápido vaya al 100 por ciento verdaderamente a resarcir el daño al estado, a la infraestructura, al municipio, a la gente que requiere la mano de este gobierno y por eso insisto que tenemos esta oportunidad, bien vale la pena que nos demos el aplauso todos para este presupuesto que cerrará en próximos días. Es cuanto.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Suficientemente discutida. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada. Comuníquese.

Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el juicio de amparo promovido el 17 de agosto por el sindicato de trabajadores de la empresa Ingenio El Potrero, SA, contra la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Si me permite previamente la diputada. En términos del artículo 27 del acuerdo parlamentario, se pide a la Secretaría abrir el registro electrónico por 10 minutos para verificar el quórum. Mientras tanto, continuará el desarrollo de la sesión. Permítame, diputada Elsa Conde, nada más para instruir la apertura del sistema.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para la verificación del quórum.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Adelante, diputada Conde.

La diputada Elsa Guadalupe Conde Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Agradezco al diputado Agustín Mollinedo Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, al diputado David Pulido Santiago del Partido de la Revolución Democrática y a la diputada Irma Piñeyro del Partido Nueva Alianza, sumarse a este punto de acuerdo de obvia o urgente resolución.

Expongo un caso ante ustedes, paradigmático. El conflicto que enfrenta el sindicato de trabajadores del Ingenio El Potrero SA, con registro de la Secretaría del Trabajo y que en 1998 demandó a su empresa y al sindicato de trabajadores de Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana por la titularidad del contrato colectivo, argumentando representar el interés de la mayoría de los trabajadores.

La demanda fue seguida del despido de más de 180 trabajadores, quienes lograron su reinstalación cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo y el correspondiente del contrato mencionado.

Se ordenó entonces un recuento en el que votaron en forma abierta mil 98 trabajadores, 249 en un acto de valentía lo hicieron a favor del sindicato actor y el resto a favor del sindicato demandado. No por convicción, sino por el temor a las represalias sufridas por sus compañeros, cuyos salarios fueron congelados en una categoría inferior y se les privó de sus derechos escalafonarios y de diversas prestaciones.

En 2004, el sindicato de la empresa presentó una nueva demanda, reiterando su reclamo original y la autoridad ordenó otro recuento, en el que se debe garantizar que el voto de los trabajadores en el recuento sea secreto. En los términos de la resolución número 578 de la Organización Internacional del Trabajo, que expresa textualmente el derecho a la garantía del voto secreto y que de acuerdo con el artículo 133 constitucional tiene rango de ley suprema en nuestro país.

Pero, el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo obliga a que los votos de los trabajadores sean públicos y abiertos. Así que la autoridad laboral ordenó el desahogo del segundo recuento mediante voto público y no secreto, con lo cual los derechos de los trabajadores se vieron nuevamente violentados.

¿Qué ordenamiento debe privar? No es nuestro papel juzgar sobre la constitucionalidad del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, pero sí lo es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución.

Único Se solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su conocimiento y resolución, ejerza la facultad de atracción que le confiere la fracción I, del artículo 182 de la Ley de Amparo y atraiga el juicio de amparo presentado el pasado 17 de agosto, por los trabajadores del sindicato de trabajadores de la empresa Ingenio El Potrero, ante el Tribunal Colegiado del Primer Circuito, reclamando que la aplicación del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, es inconstitucional.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez. Consulte la Secretaría a la asamblea si considera de urgente u obvia resolución.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Hay dos terceras partes, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se considera de urgente u obvia resolución. En consecuencia está a discusión la proposición, y se han inscrito para hablar en pro de ella: el diputado Celso Pulido, del Grupo Parlamentario del PRD y el diputado Agustín Mollinedo, de Acción Nacional. Por lo que se le concede el uso de la palabra, en primer término, al diputado Celso Pulido, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Celso David Pulido Santiago: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, pocas son las oportunidades y pocos los temas en los que encontramos oportunidad de reivindicarnos con nuestros representados. Éste es uno de ellos.

Compañera, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, en esta ocasión hago uso de la tribuna para manifestar mi total apoyo a favor del punto de acuerdo que acaba usted de dar a conocer al pleno de esta soberanía, en los términos presentados, por una poderosa razón: soy veracruzano y mi estado es el primer productor de caña de azúcar, y por lo mismo, el estado con la mayor cantidad de ingenios en el país.

Conozco bien la problemática obrera y la problemática del hombre trabajador del campo, especialmente la de los productores de caña, así como la de los trabajadores de los ingenios. Muchos de ellos no sólo padecen las malas políticas para el campo, sino también las injustas resoluciones que se dictan en los tribunales encargados de impartir justicia en las problemáticas obrero-patronales.

Por ello, compañeras diputadas y compañeros diputados, les exhorto a votar a favor de este punto de acuerdo para que, entre otras razones, conste a los trabajadores del ingenio El Potrero, la solidaridad de la LX Legislatura, no sólo con su problemática, sino también con la causa y la lucha, que sin duda, es la de muchos trabajadores de los ingenios de nuestro país.

De igual manera, me uno al exhorto y solicitud del punto de acuerdo para hacer un llamado respetuoso a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en uso de la facultad que le confiere el artículo 182 de la Ley de Amparo, realice lo conducente y se imparta justicia a este ejemplar grupo de trabajadores del ingenio antes mencionado.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Celso Pulido. Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Agustín Mollinedo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Agustín Mollinedo Hernández: Con su permiso, señor Presidente. Vengo en nombre de mi bancada, el Partido Acción Nacional, a unirme al punto de acuerdo de urgente u obvia resolución que pone a consideración la diputada Elsa Conde Rodríguez.

Soy nativo del municipio de Atoyac, donde existe y está establecido el ingenio El Potrero, pero además de ser cañero, soy nieto de un fundador del Sindicato Azucarero que hoy en día preside un líder corruptor como es Enrique Ramos, que ha perseguido a todos los trabajadores.

En el ingenio El Potrero fue precisamente donde se inició el movimiento de los sindicatos independientes azucareros. ¿Y por qué hasta la fecha no ha sido ese sindicato independiente establecido? Porque desgraciadamente todos y cada uno de los trabajadores han sido perseguidos y cuando han habido recuentos, los han hecho abiertamente, con amenazas y coaccionando muchos votos, aplicando la necesidad de todos los trabajadores.

Por eso, exhortamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que, por favor, y con el voto de todos nuestros compañeros aquí presentes, en la Cámara de Diputados, se dé una inmediata resolución al punto de acuerdo de nuestra compañera. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Al no haber más oradores inscritos se considera suficientemente discutida la proposición. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada, comuníquese.

Tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Mendívil Amparán, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas a que autorice a Capufe expedir a residentes las laminillas que les permitan el paso preferente en la carretera federal 15.

El diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados.

No voy a leer mi punto de acuerdo y le solicito a la Presidencia que por encontrarse publicado en Gaceta, ordene se inserte en el Diario de los Debates íntegro. Voy a más bien a tratar de explicar a mis compañeros diputados y compañeras diputadas y, al mismo tiempo, demandar su apoyo para un hecho que estamos viviendo en Sonora y que difícilmente, difícilmente se repite en alguna otra parte del país.

Les voy a platicar la historia de la carretera de Sonora. La carretera de Sonora, la carretera federal número 15, así conocida, México-Nogales, hace algunos años fue ampliada a cuatro carriles. Fue ampliada a cuatro carriles y una vez concluida la obra, ésta se concesionó y se le pusieron casetas de cobro. ¿Qué significa esto? Significa que la carretera, otrora libre, se convierte en carretera de cuota sin llenar las especificaciones de una autopista.

Vengo de una región del estado, al sur del mismo, en el que los municipios colindantes se comunican exclusivamente por la carretera. No hay otra alternativa, no hay otro camino alterno para comunicar. Voy a mencionar a dos de los municipios más importantes, el municipio de Cajeme, Ciudad Obregón, Sonora, con el municipio de Navojoa, cabecera de mi distrito, y los habitantes de uno y otro municipio para comunicarnos tenemos que pagar cuota.

Se instituyó la posibilidad de tener tarjeta de residente, pero el Fideicomiso de Apoyo al Rescate Carretero, los integrantes del Comité Técnico de este Fideicomiso decidieron ser ellos quienes decidan quién tiene la categoría de residente o no. Desde aquí, desde la Ciudad de México, estos señores deciden si yo soy residente de mi municipio o no, para poder transitar por una carretera, otrora libre.

Yo entiendo, como seguramente ustedes entenderán, que una autopista concesionada se construye ex profeso y que es válido que se cobre una cuota, porque esta carretera viene a dar mayor seguridad, comodidad, etcétera.

Estamos hablando, en este caso, de la carretera federal número 15. Y quiero decirles que lo más agraviante del caso es que en un tramo no mayor de 100 kilómetros existen 3 casetas de cobro, 3 puentes de peaje. Al sur de Navojoa a 25 kilómetros, al norte de Navojoa a 35 kilómetros y adelantito de ciudad Obregón, en cada uno con tarifas cercanas a los 60 pesos.

Los habitantes del sur de Sonora, los habitantes básicamente del municipio de Cajeme y Navojoa, y los municipios en derredor, han demandando insistentemente desde hace 10 años, al menos, la desaparición de una caseta.

El puente de peaje identificado como número 149, establecido en Fundición, para poder provocar ese tránsito libre entre estos dos municipios. Esto es lo que venimos a demandar.

Venimos a demandar la desaparición de la caseta de Fundición. Los habitantes del sur de Sonora no aguantan más y les han advertido a los integrantes del Comité Técnico del Farac que, si no toma las medidas del caso, habrán de hacerse justicia por su propia mano. Esto es, habrán de impedir el cruce por los municipios.

Porque sucede, señoras y señores, que la carretera cruza por el centro de los municipios, allá en la carretera cobra Farac, pero por los municipios pasan deteriorando los pavimentos de las ciudades y no les queda un solo peso de los ingresos de las casetas. Así pues, sí indigna de por sí el cobro de peajes, con mayor razón cuando se trata de una carretera que nació libre y que se hizo prisionera de las casetas que puso y opera Capufe.

Pido el apoyo de ustedes para exhortar a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo al Rescate Carretero Farac, para que en la próxima sesión ordene la remoción, la supresión, la desaparición de la caseta del puente de peaje número 149 en función.

Por el apoyo de ustedes, para que se haga justicia a los habitantes del sur de Sonora, muchísimas gracias. En votación de urgente u obvia resolución. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Gustavo Mendívil Amparán. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la asamblea…

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: A ver, permítame diputado Secretario. Con qué objeto diputado Félix Holguín. Sonido a su curul.

El diputado Armando Jesús Félix Holguín (desde la curul): Señor Presidente, únicamente para pedirle al diputado Gustavo Mendívil, si me acepta, como apoyándolo en su punto de acuerdo, sumarme con él.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado Mendívil, ¿está usted de acuerdo que suscriba también el diputado Félix Holguín su proposición?

El diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán: Sí, por supuesto, el diputado Félix Holguín, ex presidente municipal de Cajeme entiende perfectamente este planteamiento. Claro que sí. Agradecemos su apoyo y el de todos los compañeros diputados.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Muchas gracias, diputado. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se considera, entonces, de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Al no haber oradores inscritos, se considera suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada. Comuníquese.

Tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, para presentar puntos de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Semarnat y de las dependencias pertinentes, intervenga en la recuperación y prevención de efectos secundarios en las zonas forestales dañadas por el huracán Dean, en el estado de Quintana Roo, suscrito por los diputados Sara Latife Ruiz Chávez y Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui.

El diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui: Honorable Legislatura. Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Quintana Roo es un estado que hace unos cuantos días fue nuevamente abatido por el huracán Dean y muy en particular en comunidades rurales de la zona sur de Quintana Roo.

Quintana Roo es cierto que es la primera fuerza económica en materia de turismo de nuestro país, pero también tiene la actividad forestal, que es la segunda en importancia en el estado, y además Quintana Roo tiene ejidos reconocidos a nivel nacional, certificados por el buen manejo que le dan a los bosques, transmitiendo esta cultura de buen manejo a las nuevas generaciones.

En Quintana Roo, hace unos cuantos días, el huracán Dean devastó los bosques de Quintana Roo. Un huracán de categoría cinco que a su paso destrozó toda la flora y la fauna de casi un millón 300 mil hectáreas. Todavía tenemos los daños a la vista y tenemos mucho trabajo por hacer en Quintana Roo, sobre todo por el daño ecológico.

Pero además, estamos expuestos nuevamente a los problemas de los incendios forestales. Asimismo, a reactivar de una manera inmediata y compartida con los órdenes de gobierno la actividad forestal porque la gente de los ejidos forestales se está muriendo de hambre, porque no tiene forma de poder sacar tantos árboles que están acostados en la tierra, por falta de recursos y por falta de actividades inmediatas que permitan la recuperación económica de esta gente, que tanto lo necesita.

Este punto de acuerdo lo solicité hace aproximadamente un mes y medio y hasta ahora tengo la oportunidad de subir a exponerlo. Algo tenemos que hacer para que los puntos de acuerdo que sean de urgente resolución y que sean para beneficio de nuestros ciudadanos tengan una mayor oportunidad de subirse a esta tribuna de una manera más expedita, más inmediata.

Por ello presento este punto de acuerdo para apoyar la actividad forestal y sobre todo la actividad del medio ambiente en el estado de Quintana Roo.

Primero. Solicitar al Ejecutivo federal, a través de las secretarías correspondientes, que se liberen los recursos faltantes de los fondos nacionales de desastres naturales para atender de inmediato la recuperación de selvas y manglares, y para rescatar y recuperar la vida silvestre del estado de Quintana Roo.

Segundo. Que la Semarnat y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) activen de inmediato los programas y recursos económicos necesarios para apoyar la reforestación, la prevención de incendios forestales y la asistencia técnica a productores.

Tercero. Que se anticipe este año cuando menos 50 por ciento de los recursos orientados a los productores de plantaciones forestales debido a que las reglas de operación actuales no lo permiten, y que se orienten a actividades de recuperación de los recursos forestales.

Cuarto. Que las instancias pertinentes consideren y prevean recursos económicos suficientes para el Presupuesto de Egresos de 2008 para hacer frente a una posible segunda contingencia forestal.

Solicito, con todo respeto, sea turnado el presente documento a la Comisión de Medio Ambiente, a la Comisión de Presupuesto, a la Comisión de Desarrollo Económico, a la Comisión de Asuntos Forestales y que se envíe de manera inmediata al Diario de Debates.

Quiero pedirles, compañeras y compañeros, su voto a favor de este punto de acuerdo que es verdaderamente de urgente resolución, en función de que en esta actividad forestal viven alrededor de 15 mil quintanarroenses. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Confirma el diputado Eduardo Elías Espinosa que está solicitado de urgente resolución. Por lo tanto, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). No hay dos terceras partes, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ector Ramírez Barba, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a que tomen las medidas necesarias para garantizar la potabilidad y calidad adecuada del agua que se distribuye para consumo humano, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Ector Jaime Ramírez Barba: Muchas gracias, señor Presidente. La enteritis y otras enfermedades diarreicas ocupan el segundo lugar entre las 20 principales causas de enfermedad nacional desde 1985 y las enfermedades infecciosas intestinales desde el año 2000.

En 2006 fallecieron solamente 3 mil 655 mexicanos, 37 por ciento de ellos, menores de cinco años, por esta enfermedad. Durante este año se han presentado 3.4 millones de enfermedades infecciosas intestinales. El agua limpia sin contaminantes contribuyó primordialmente al control del brote de cólera que recordamos todos y que inició en 1991, logrando así que el último caso de cólera se presentara en el año 2001.

Sin embargo, compañeros diputados, se ha registrado un incremento de 22.6 por ciento en el número de brotes de enfermedad diarreica y 31.5 por ciento en el brote de hepatitis. A nivel nacional, a partir de 2005 y 2006. En este mismo periodo se ha registrado un incremento considerable del aislamiento del bibrio-cólera y del bibrio-parahemofílico en muestras de agua y alimentos.

Los brotes y las defunciones registrados ocurren con mayor frecuencia en poblaciones marginadas en área rural o urbana que carecen de agua de calidad para consumo humano.

En todos los estudios de brote de enfermedad diarreica aguda, la principal fuente de transmisión fue el consumo de agua contaminada, donde el cloro residual se encontraba fuera de norma.

México tiene una población de 103 millones de habitantes. Sólo 89 millones cuentan con agua entubada y 89 por ciento de éstos deben recibir agua con cloración efectiva. De los 11 millones que carecen del servicio de agua entubada, el 69 por ciento se encuentra en zonas rurales y los restantes en zonas marginadas de las ciudades. Asimismo, 8 millones de habitantes utilizan agua directamente de norias o pozos someros, río, lago, arroyo. Casi 2 millones de habitantes reciben agua de pipa.

Dado que las enfermedades infecciosas intestinales ocupan un lugar importante en la enfermedad en el país, principalmente en la población más susceptible, como los menores de cinco años, la Secretaría de Salud en coordinación con la Comisión Nacional del Agua se ocupa de la vigilancia de la calidad para el uso y consumo humano, a fin de contribuir a la prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias.

La desinfección del agua tiene el propósito de asegurar que el consumidor reciba agua salubre, mediante la destrucción e inactivación de la gran mayoría de los agentes que producen la enfermedad, manteniendo una barrera protectora sobre ellos cuando se introducen en el sistema de distribución, suprime el posible crecimiento de las bacterias y de esta forma protege a los mexicanos de las enfermedades diarreicas.

Hay una norma oficial mexicana. Corresponde a la Secretaría de Salud, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, las comisiones nacionales de agua y saneamiento y con la Comisión Nacional del Agua, vigilar el cumplimiento de la norma.

Aunado a lo anterior, México por sus características geográficas es un país susceptible al embate de fenómenos naturales, principalmente las lluvias y huracanes. A través del tiempo, y debido al calentamiento global, la frecuencia de este tipo de meteoros se ha ido incrementando entre el 2005 y el 2006.

Los huracanes y las lluvias traen, entre otras consecuencias, inundaciones y afectaciones a las redes de agua potable cuyo mantenimiento e instalación en general no es adecuado, debiendo tomar medidas preventivas y correctivas como la cloración de los depósitos de agua, compra e instalación de bombas potabilizadoras de agua, y distribución de desinfectantes como cloro y plata coloidal casa por casa, para evitar que las consecuencias de los fenómenos naturales deriven en emergencias sanitarias generando brotes que pongan en riesgo la salud de la población y la muerte, como ya ocurrió, de más de 3 mil 600 mexicanos.

Por lo antes expuesto y derivado de los recientes brotes de enfermedades diarreicas, de origen bacteriano y viral, asociadas a la calidad de agua de consumo humano, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. De urgente u obvia resolución por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y municipales, a la Comisión Nacional del Agua, a las comisiones estatales y municipales del agua, a la Secretaría de Salud federal y a las secretarías de Salud de las entidades federativas, a tomar medidas necesarias en sus respectivos ámbitos de competencia y fortalecer la coordinación intersectorial de los diferentes órganos de gobierno para garantizar la potabilidad del agua que se distribuye para consumo humano, con el propósito de garantizar que la misma tenga calidad adecuada, es decir que cumpla con los límites permisibles en cuanto a sus características microbiológicas, todo ello para evitar y prevenir la transmisión de enfermedades gastrointestinales como el cólera, la hepatitis A y el rotavirus, entre otras.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Ector Ramírez Barba. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición y se ha inscrito de manera previa para hablar en pro de ella, el diputado Humberto Dávila Esquivel, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Humberto Dávila Esquivel: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Organización de las Naciones Unidas ha ubicado a nuestro país en los últimos lugares de calidad del agua, ocupando México el lugar 106 de 120 países evaluados.

En varios estados de la República Mexicana casi toda el agua se va a los arroyos. Situación que deriva en la contaminación a la naturaleza y enfermedades entre la población.

El agua sucia que sale del uso doméstico, de industrias, escuelas y hospitales, se vierte en el río Tula; de ahí pasa al río Panuco y finalmente desemboca en el Golfo de México.

La contaminación que se genera en las grandes urbes y en especial en el Distrito Federal y su área metropolitana, afecta directamente a varios estados de la república, entre ellos San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas y a las aguas del Golfo de México. De esta manera estamos contaminando las fuentes de abastecimiento de otras poblaciones, ya que contaminado el líquido con que riegan los cultivos, en consecuencia, tanto ellos como nosotros ingerimos a menudo frutas y verduras contaminadas por nuestros propios desechos.

Como bien se refiere en el punto de acuerdo, existe una norma oficial expedida por la Secretaría de Salud, pero ésta resulta insuficiente ante el escenario que se nos presenta.

Por poner un ejemplo, estudios del Instituto de Ecología de la UNAM han evidenciado que en el agua que se bebe en las zonas urbanas y conurbadas es común encontrar una bacteria asociada con las úlceras de estómago y duodenales, así como cáncer gástrico.

La prevalencia de esta enfermedad alcanza al 90 por ciento de los adultos mexicanos, lo que nos da una pauta de la necesidad urgente de coordinar acciones concretas entre las dependencias respectivas en los diferentes órganos de gobierno para reducir los riesgos de infección.

Un tratamiento eficiente del agua implica que este recurso llegue a los puntos de consumo sin bacterias coliformes, no importando cuán contaminada haya estado el agua desde su extracción.

Por eso es preciso este exhorto y más considerando que actualmente el gobierno federal está tres veces y medio por debajo de las necesidades de inversión para el saneamiento del agua.

Actualmente se requieren alrededor de 30 mil millones de pesos anuales para trabajar en el problema de escasez del agua, problema que afecta a 12 millones de mexicanos y 33 mil comunidades.

Asimismo, consideramos imperante y urgente que se vigilen constantemente los niveles de cloro del agua a todo lo largo de las redes de distribución, con énfasis especial en las zonas donde se detectan roturas de las mismas.

En este sentido, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos conscientes de esta realidad y por ello nos sumamos a esta solicitud de articular acciones conjuntas que garanticen a la población un suministro de agua en las condiciones que se necesitan y se merecen. Por su atención, compañeros, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Al no haber más oradores inscritos se considera suficientemente discutida la proposición. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la misma.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada. Comuníquese. Se informa a la asamblea que la diputada Presidenta ha dejado pendiente el siguiente trámite y se retoma el mismo de la proposición presentada por el diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, por el que se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación para que realice una auditoria sobre los recursos destinados a los programas sociales de la Sedesol correspondientes al ejercicio fiscal 2006.

Esta proposición ya fue presentada en tribuna, ya se consultó a la asamblea si se consideraba de urgente resolución y no habiéndose registrado oradores para su discusión, sólo resta que se consulte a la asamblea si se aprueba. En consecuencia consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse dicha proposición.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada. Comuníquese.

Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo, para que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional atienda el exhorto formulado por la Cámara de Diputados, con el fin de modernizar los puntos de revisión carretera.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señor Presidente. El problema de la inseguridad que vive nuestro país ha llevado a las autoridades a la implementación de diversos programas tendientes a combatir la delincuencia en todos sus ámbitos y modalidades.

Uno de estos programas es el denominado: Puntos de Revisión Carretera, en el que la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante retenes ubicados a lo largo de las carreteras federales, realiza operativos para detectar a personas que pretendan ingresar o salir ilegalmente del territorio nacional, así como interceptar el tráfico de sustancias y bienes tales como narcóticos, armas u otros objetos, cuya posesión, transportación y comercialización están prohibidos.

Desde hace más de una década los Precos han buscado elevar los niveles de seguridad de las personas, que para su tránsito se alejen de cualquier hecho ilícito. Sin embargo, la preocupación que hoy presento por segunda ocasión a esta alta tribuna, deriva de una exigencia que comparte la sociedad en su conjunto y en sus diversas actividades como son: el comercio, los productores hortofrutícolas, los transportistas de carga y usuarios de transporte público en general.

Este reclamo ya ha sido cuestionado en diversas ocasiones tanto por autoridades estatales, empresarios y transportistas, así como ésta honorable Cámara de Diputados sin que a la fecha se haya atendido, por lo menos enviado alguna respuesta a las peticiones y quejas que derivan del mal funcionamiento de los Precos.

Un servidor, en acuerdo a la sesión celebrada el 13 de marzo de 2007, subí a esta tribuna exponiendo el caso de la carretera internacional México 15-Nogales, en la que los Precos operados por personal del Ejército mexicano no cuentan con las instalaciones ni el equipo adecuado para realizar las inspecciones y el manejo cuidadoso de los productos que se exportan bajo las normas de calidad que exige nuestro principal socio comercial en el extranjero.

Consideramos de trascendental importancia hacer un nuevo exhorto a la Sedena, para que informe a esta soberanía las razones por las cuales, la dependencia a su cargo, no ha podido atender las múltiples quejas y recomendaciones hechas tanto por esta soberanía, como para las autoridades estatales y particulares afectados.

Es importante mencionar que en días pasados el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional acudió a esta Cámara de Diputados para solicitar un incremento en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2008 por más de 2 mil 500 millones de pesos. Es decir, una variación real, en comparación con el presupuesto asignado de este año, de 4.2 por ciento.

Finalmente, quiero dejar claro que no estamos en contra de que nuestras Fuerzas Armadas cuenten con mayores recursos para el próximo ejercicio fiscal, ya que efectivamente, son indispensables para mejorar su infraestructura material humana. Sin embargo, sí exigimos que se atienda este problema que afecta a miles de mexicanos que transitan por la red de carreteras de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al secretario de la Defensa, para que de manera inmediata atienda la solicitud hecha por el pleno de la honorable Cámara de Diputados, desde el pasado 13 de marzo, informando a esta soberanía sobre las acciones realizadas para la modernización de los puntos de revisión carretera.

Segundo. Se solicita respetuosamente al secretario de la Defensa Nacional, que incorpore en su Programa Operativo de 2008, mecanismos para la modernización de los puntos de revisión carreteros que incluyan tecnología de punta que permita eficientar y optimizar las acciones que viene realizando el Ejército mexicano, sin afectar los derechos humanos de la población. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El diputado Armando Jesús Félix Holguín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: ¿Con qué objeto, diputado Félix Holguín?

El diputado Armando Jesús Félix Holguín (desde la curul): Señor Presidente, para pedirle al señor diputado Vargas Landeros, si me permite sumarme a ese punto de acuerdo, porque se me hace muy importante, ya que vienen las vacaciones decembrinas y viene la gente que vive fuera de nuestro país. Es importante darle todas esas facilidades en los Precos y la gente batalla muchísimo, y como sonorense quisiera sumarme también a ese punto de acuerdo, si él está de acuerdo.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado Vargas ¿acepta usted la solicitud?

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Concedida, diputado Félix Holguín. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Hay dos terceras partes, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se considera de urgente resolución y, en consecuencia, está a discusión la proposición. Al no haber…

El diputado Roberto Badillo Martínez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Perdón, diputado Badillo, ¿quiere usted hacer uso de la palabra a favor de la proposición?

El diputado Roberto Badillo Martínez (desde la curul): Para lo siguiente, señor Presidente. Únicamente para aclararle al diputado que el señor secretario de la Defensa Nacional no vino a pedir aquí aumento del presupuesto. Yo soy de la Comisión de Defensa y estoy seguro de lo que estoy diciendo.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Muchas gracias por la aclaración, diputado Badillo. ¿Algún legislador que quiera hablar a favor o en contra de la proposición?

Al no haber oradores inscritos, se considera suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada. Comuníquese.

Esta Presidencia informa que se acaban de recibir cinco oficios de la Cámara de Senadores, relativos al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2008. Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se recibió del diputado Carlos Augusto Bracho González, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, expida las adecuaciones reglamentarias acordes con el decreto de reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Se recibió del diputado Gerardo Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional implemente acciones para modernizar el procedimiento del Registro Federal de Armas. Túrnese a la Comisión de la Defensa Nacional.

Se recibió del diputado Antonio Medellín Varela, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incremente, para el ejercicio fiscal 2008, los recursos asignados al programa Procaprinos y para los rastros TIF, así como a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, para que elabore y publiqué las reglas de operación para el mismo programa.

Proceda la Secretaría a dar lectura del orden del día de la próxima sesión.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Orden del día de la próxima sesión.

(Lectura del orden del día)

El diputado Carlos Zataráin González (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado Zataráin, ¿con qué objeto?

El diputado Carlos Zataráin González (desde la curul): Únicamente hubo un diputado —diputado Carlos Zataráin— hubo un diputado que pidió verificación del quórum, y quiero justificar a muchos de nuestros compañeros y compañeras, porque ahorita hay reuniones importantes de comisión.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene comparecencia con el secretario de la Semarnat. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública desde las 11 de la mañana está sesionando.

Entonces, es importante justificar eso, 294 diputados, pero una gran mayoría está trabajando en comisiones. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras (15:13 horas): Efectivamente diputado Zataráin, en el transcurso de la mañana se desarrollaron 24 reuniones de comisiones.

La propuesta del diputado Antonio Medellín se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 18 de octubre a las 11:00 horas a sesión ordinaria, y a sesión solemne para inscribir en el Muro de Honor la leyenda "Constituyentes de Apatzingán", a las 13:30 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto desde las 9:30 horas.