La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de los diputados y las diputadas.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 290 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (11:17 horas): Se abre la sesión.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta.
Comunicaciones
Del Congreso del estado de Chiapas
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Oficio del Congreso del estado de Chiapas.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se tiene por recibido. Intégrese en el expediente.
Del Congreso del estado de Quintana Roo.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Oficio del Congreso del estado de Quintana Roo.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se tiene por recibido. Intégrese en el expediente.
De la Presidencia de la Mesa Directiva.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Comunicación de la Mesa Directiva, en relación a dictámenes negativos de puntos de acuerdo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del 22 de octubre, de las comisiones de Defensa Nacional, Seguridad Social, Energía, Gobernación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Relaciones Exteriores.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, que con motivo del 190 aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González, benemérito de la patria, tendrá lugar el 27 de octubre a las 10:00 horas.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Para asistir en representación de esta Cámara, se designan a los siguientes ciudadanos diputados: Christian Martín Lujano Nicolás, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y María Beatriz Pagés Llergo Rebollar.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio del Congreso del estado de Sonora, relativo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que remite acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados su respaldo, colaboración y coordinación para la realización del X Congreso Iberoamericano de Biología Celular.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las Comisiones del Distrito Federal y de Ciencia y Tecnología, para su conocimiento.
De la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva. H. Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña cause alta como secretaria de la Comisión de Desarrollo Social.
Que la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña cause baja en la Comisión de Cultura.
Que la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña cause baja como secretaria y quede como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Que la diputada Guillermina López Balbuena cause alta como integrante en las Comisiones de Asuntos Indígenas y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Desarrollo Social.
Que el diputado Sergio Sandoval Paredes cause alta como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Que el diputado Servio Sandoval Paredes cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Social.
Que el diputado José Luis Cerrillo Garnica cause alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
Que la diputada María del Carmen Pinete Vargas cause alta como secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Que el diputado Rogelio Muñoz Serna cause alta como secretario de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos Aportados para los Trabajadores Mexicanos Ex braceros.
Que el diputado Andrés Carballo Bustamante cause alta como secretario de la Comisión del Fortalecimiento al Federalismo.
Que el diputado Tomás Gloria Requena cause alta como secretario de la Comisión Especial para la Promoción de Acceso Digital a los Mexicanos.
Que la diputada Elda Gómez Lugo cause alta como secretaria de la Comisión Especial sobre no Discriminación, Nuevos Sujetos y Nuevos Derechos.
Que el diputado Nemesio Domínguez Domínguez cause alta como secretario de la Comisión Especial del Café.
Que la diputada Martha Hilda González Calderón cause baja como integrante de la Comisión Especial sobre no Discriminación, Nuevos Sujetos y Nuevos Derechos.
Que la diputada María Mercedes Colín Guadarrama cause alta como integrante de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros.
Que el diputado Gerardo Sosa Castelán cause baja como secretario de la Comisión Especial de Prospectiva para la Definición del Futuro de México.
Que el diputado Gerardo Sosa Castelán cause alta como integrante de la Comisión Especial de Prospectiva para la Definición del Futuro de México.
Que el diputado José Edmundo Ramírez Martínez cause baja como secretario de la Comisión Especial para el Estudio de las Políticas para la Emigración Interna.
Que el diputado José Edmundo Ramírez Martínez cause alta como integrante de la Comisión Especial para el Estudio de las Políticas de Emigración Interna.
Que el diputado Adolfo Mota Hernández cause alta como secretario de la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos Sociales de Acceso al Agua y a la Protección de Ambientes Acuáticos.
Que el diputado Daniel Amador Gaxiola cause alta como secretario de la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos Sociales de Acceso al Agua y a la Protección de Ambientes Acuáticos.
Que la diputada Martha Hilda González Calderón cause baja como integrante de la Comisión Especial para Conocer las Políticas y Procuración de Justicia vinculada a los feminicidios del país.
Que la diputada Martha Hilda González Calderón cause baja como integrante del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
Que el diputado Isael Villa Villa cause baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Especial para la Atención a Pueblos que Viven en el Bosque y de la Comisión Especial para el Estudio de las Políticas para la Emigración Interna.
Que la diputada Lourdes Quiñones Canales cause baja como integrante de la Comisión del Distrito Federal.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, atentamente diputado Héctor Larios Córdova, Presidente de la Junta de Coordinación Política.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobada.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Junta de Coordinación Política.
Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, 1o. de octubre del 2007. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Por este conducto me permito comunicarle que en sesión de trabajo celebrada el día primero de octubre del año en curso y con relación al oficio suscrito por los diputados Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, esta Junta de Coordinación Política acordó aprobar se integre un diputado del PRD y un diputado del PRI como integrantes en la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
Lo anterior a efecto de que se modifique la integración inicial de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, de 28 a 30 integrantes con la finalidad de que el diputado José Luis Cerrillo Garnica cause alta como integrante en la mencionada Comisión.
Sin otro particular, quedo de usted atentamente, diputado Héctor Larios Córdova, Presidente.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobada.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De la Junta de Coordinación Política
Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva, honorable Cámara de Diputados, presente. Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, 17 de octubre de 2007. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado Javier González Garza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:
Que el diputado Alejandro Martínez Hernández cause baja en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted, atentamente, diputado Héctor Larios Córdova, Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: De enterado.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Liliana Monroy Flores, Araceli Romero Romero, Enrique Vidal Morales, César Acosta Gámez, Martha Paola Sánchez González, Míriam Citlali Villegas Tenorio, Eduardo Régules Bukantz y Arturo Muradas Ruiz puedan prestar servicios en la Embajada de Corea en México y en el Centro de Comercio e Investigación de Corea de la Embajada de ese país en México, respectivamente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa que reforma la fracción X del artículo 109 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, presentada por la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite iniciativa que reforman el artículo 226 y se adiciona un 226 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se reforman los artículos 19, 37, 44 y 45 de la Ley Federal de Cinematografía, presentada por el senador Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito, y de Radio, Televisión y cinematografía.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Cámara de Senadores, con el que se remite excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia, y de Seguridad Pública, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Nueve oficios de la Cámara de Senadores con los que remite puntos de acuerdo relativos al Presupuesto de Egresos de 2008, presentada por senadores de diversos grupos parlamentarios que conforman la LX Legislatura.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Cámara de Senadores, con el que remite la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Cámara de Senadores, con el que remite la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 3-Bis de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Justicia.
Tiene la palabra el diputado Ismael Ordaz Jiménez del Grupo Parlamentario del PRI para presentar punto de acuerdo para constituir una subcomisión plural en el seno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, integrada por legisladores de la comisión referida y de las de Agricultura y Ganadería, de Economía y de Desarrollo Rural, para que con la concurrencia de las dependencias del Ejecutivo que la subcomisión considere pertinentes, analicen y propongan medidas y soluciones de corto, mediano y largo plazo, que traducidas en la iniciativa de ley, defiendan los intereses de los productores mexicanos en las condiciones de total liberalización del comercio agropecuario dispuesto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El diputado Ismael Ordaz Jiménez: Con su permiso, señor Presidente. Distinguidos colegas. Diputadas y diputados. Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En primer término vengo a hacer una aclaración de procedimiento parlamentario. Reservé un artículo transitorio para la Ley de Ingresos, aprobada ya por esta soberanía con el propósito de sustituir una propuesta de este transitorio, por la creación de una subcomisión para atender, estudiar y resolver los efectos de la apertura total del TLC a partir del 1o. de enero de 2008.
Existieron algunas confusiones porque no puede votarse como transitorio la creación de una subcomisión que sólo compete a esta soberanía decidirlo. Por ello, con toda propiedad, el diputado Héctor Padilla Gutiérrez retiró la propuesta ya que sería jurídicamente inaceptable.
Sin embargo, vengo a esta tribuna para que quede claro que esta subcomisión debe crearse por instrucciones del pleno y debe trabajarse de inmediato para evitar que los productores mexicanos se queden a merced de las inequidades de la apertura total del Tratado de Libre Comercio, para lo cual no estamos preparados.
Por eso vengo, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, a insistir que se vote la creación de la subcomisión, ya que consideramos de la mayor importancia que esta Cámara de Diputados cuente con una subcomisión que le dé especial atención a la problemática que afrontarán los productores mexicanos.
Son reiteradas las reclamaciones al respecto, de las organizaciones campesinas. Por estas razones el Grupo Parlamentario del PRI proponemos para la aprobación de este pleno lo siguiente
Punto de acuerdo
Único —y solicito a la Mesa que se apruebe como de urgente u obvia resolución. Constituir una subcomisión plural en el seno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados, integrada por legisladores de las comisiones de Hacienda, Agricultura, Economía y Desarrollo Rural para que, con la concurrencia de las dependencias del Ejecutivo que la comisión considere pertinentes, analicen y propongan medidas y soluciones de corto, mediano y largo plazos que, traducidas en iniciativas de ley, defiendan los intereses de los productores mexicanos en las condiciones de total liberalización del comercio agropecuario, dispuesto en el TLCAN.
Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución. Permítame, Secretaria. Sí, diputado Rutilio Escandón.
El diputado Rutilio Cruz Escandón Cárdenas (desde la curul): Pido la palabra para posicionamiento.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Vamos primero a ver si se acepta de urgente resolución. Gracias.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Se han registrado para participar los diputados Ismael Ordaz Jiménez, perdón, el diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena, del PRI; el diputado César Horacio Duarte Jáquez, del PRI; el diputado Rutilio Escándon, Juan Guerra.
Han pedido también el uso de la palabra, el diputado Javier González Garza, el diputado Juan Guerra Ochoa, el diputado Gustavo Pedro Cortés, el diputado Pablo Arreola, el diputado Ernesto Oviedo. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Ríos Camarena, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena: Con su venia, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena: En primer lugar, me parece un tiempo demasiado corto 3 minutos, para un tema substancial que afectará la vida de millones de productores mexicanos.
Cuando aquí se planteó en el debate de la Ley de Ingresos un transitorio, por parte de los diputados del Frente Amplio, ni siquiera pudimos debatir el tema ni siquiera tuvimos la oportunidad de decir aquí, que el TLC es una mazmorra, es una cadena que se le ha impuesto a los campesinos mexicanos y, por eso, las organizaciones campesinas hemos pedido la revisión del capítulo agropecuario.
Los tratados de libre comercio no son otra cosa que una extensión de una política neoliberal que ha afectado a millones de seres en el mundo y que ha producido desamparo, tristeza, desesperanza, desempleo y muerte. Una política neoliberal, que se nos ha impuesto en América Latina y que, particularmente, en México nos ha hecho sufrir y romper los conceptos trascendentes y fundamentales que están establecidos en la Revolución Mexicana y en la Constitución mexicana.
Por eso, interrumpo mi alocución para pedir que se lea el párrafo tercero del artículo 28 constitucional, señor Presidente, le ruego dé instrucciones a la Secretaría de que lo lea.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Proceda la Secretaría a dar lectura al párrafo tercero del artículo 28 constitucional.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Artículo 28, párrafo tercero: Las leyes fijarán las bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.
El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena: Es claro, que el texto constitucional implica que este país no es un país de oferta y demanda abiertos. No es la vieja mano invisible de Adam Smith ni las teorías de Friedman o de Von Hayek las que rezan en el concepto económico de nuestra Constitución. Es otra cosa.
Es una política social, es una democracia social, es un estado social de derecho, no es una economía de mercado. Ahí está el 27 constitucional que detiene y define la propiedad privada; por eso, no podemos permitir que este TLC agriete y ahonde las diferencias abismales de la clase productora campesina.
Es necesario reformar el capítulo agropecuario de ese injusto tratado y, también, es necesario que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, consideremos fondos suficientes para apoyar a los productores de maíz, de azúcar, de frijol, de leche, que van a ser llevados a la catástrofe en una economía que está subsidiada por fuera y que aquí se ha desmantelado por los neoliberales de los últimos cuatro sexenios presidenciales.
Se ha desmantelado al país. Se ha desmantelado la Constitución. Se ha impedido el progreso de los campesinos y ahora les pedimos ser responsables y productivos. Es necesario, señores diputados, tomar medidas urgentes para apoyar a los campesinos más pobres de este país. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Ríos Camarena. Tiene la palabra el diputado Rutilio Cruz Escandón, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Rutilio Cruz Escandón: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros, desde hace tiempo ustedes mismos, y desde años anteriores, crearon una comisión para ver este tipo de asuntos, una comisión que está integrada pluralmente por toda esta Cámara de Diputados.
Esta comisión ha pugnado precisamente para los apoyos al campo, es la Comisión Especial para el Acuerdo Nacional del Campo y el Tratado de Libre Comercio en el Capítulo Agropecuario.
No es posible que esta Cámara, so pretexto de apoyar al campo —cosa que no hemos visto—, siga creando instituciones burocráticas. Hoy la propuesta es de crear una subcomisión para ver este tipo de asuntos. Nosotros hemos estado insistiendo permanentemente en esta Cámara este tipo de asuntos. Y ustedes la han rechazado y ahora solamente le quieren jugar el dedo en la boca a los campesinos de este país, diciendo que con una nueva subcomisión vamos a apoyar este tipo de asuntos.
El compañero Navarro subió ahora que discutimos la Ley de Ingresos, para proponer un artículo transitorio y ni siquiera nos dignamos a discutirlo y ahora van con la propuesta de una subcomisión.
Porqué no apoyamos mejor la que ya tenemos, porqué más gastos, porqué más pretextos, más justificaciones vacías. Y el campo sigue igual. Sin ningún apoyo. Tienen mucha razón, y mucho derecho, los campesinos de criticar. La sociedad ya está cansada.
Aquí no damos soluciones, solamente venimos a crear más instancias para justificarnos, pero yo sí les digo, compañeros, fortalezcamos la comisión especial que ya existe para estos asuntos, no que no tenemos ni siquiera un asesor, no tenemos apoyo de nada. Hemos insistido en esta Cámara que se nos apoye.
Hemos estado trabajando, hemos estado insistiendo. Es más, cuando presentamos el acuerdo de urgente u obvia resolución, que no solamente la hizo suya por unanimidad la comisión especial, sino que la hizo suya esta Cámara dos o tres veces, para que México se registrara como tercero interesado en la competencia ante la ONU, para ver que Estados Unidos no abusara de los subsidios a sus productores en materia del país. Y ni siquiera el día de hoy tenemos noticia de que México se haya registrado como tercero interesado.
Ya hay otras experiencias en el mundo en las que México no ha participado, y otros países han salido beneficiados. No es posible, compañeras y compañeros, que nos estemos justificando nada más ante la sociedad creando nuevas subcomisiones y solamente para que las cosas sigan igual.
Trabajemos las comisiones que ya tenemos, discutamos estos asuntos, démonos la oportunidad de analizarlo y de atender de esta manera estos asuntos urgentes, que con mucho derecho y mucha razón discute la sociedad mexicana, sobre todo los que están más afectados por este tipo de acuerdos que en nada han beneficiado a México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Escandón.
El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Sí, diputado Escajeda, ¿con qué objeto?
El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Sobre el mismo tema, señor Presidente, para abonar a lo que el compañero presidente de la comisión especial ha dicho. Yo creo que es un asunto, más que de otra cosa, es un asunto de voluntad política.
Es un asunto…
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado, ¿quiere usted inscribirse para participar? Con todo gusto lo hacemos.
El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Sí, señor.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Esta Presidencia informa la visita de alumnas y de alumnos del colegio particular Profesora Enedina Lozano Olvera, del municipio de Tepeapulco, Hidalgo. También de estudiantes de la Universidad Latina, de la delegación Coyoacán, y de la Universidad Mexicana. Les damos la más cordial bienvenida.
Tiene el uso de la palabra el diputado César Horacio Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Yo agradezco esta extraordinaria oportunidad después de una serie de dificultades en el trámite legislativo, que el jueves originó precisamente este asunto: el haber interrumpido la votación final de la Ley de Ingresos y haber determinado continuarlo el martes y, finalmente, hasta hoy podemos discutir un asunto de verdadera importancia para esta soberanía.
El tema de un transitorio es, de alguna forma, seguir complaciendo un mecanismo que ha servido a intereses no claros y que no ha permitido realmente que el Estado mexicano plantee una política de fondo respecto al Tratado de Libre Comercio.
No podemos seguirle dando vueltas al asunto. Aquí el diputado Ismael Ordaz ha planteado un mecanismo en el que, sentados con el Ejecutivo, podamos discutir la realidad de este tema.
Y este tema va más allá de tener o no un transitorio, en el que finalmente las fronteras han estado abiertas siempre para el contrabando y son las que han quebrado a los productores nacionales. Es un asunto de voluntad, de fondo.
Hay un Acuerdo Nacional para el Campo firmado que no se cumple. No requeriríamos un transitorio para ello si hubiera voluntad del Ejecutivo para verdaderamente resolver el tema.
El transitorio cuando lo conocimos, históricamente como el sexto, el décimo y ahora el tercero en la Ley de Ingresos, yo lo descifro cuando, como todos, me preguntaba qué hace una reglamentación de importaciones y exportaciones en la Ley de Ingresos ahí perdido entre si es ley o es mandato. Y siempre lo califiqué —y lo digo con la mayor claridad— como que era un acuerdo de bandidos. Era un acuerdo de bandidos porque no había transparencia en el manejo de esos cupos, y sobre todo, el mandato en cómo se transparentaba y hasta de ahí mismo se le daban los recursos a Liconsa para el manejo, por ejemplo, en el tema de la leche.
Si bien el primero de enero entraremos de lleno al tratado en cuatro importantísimos productos, debemos reconocer que en maíz blanco somos superavitarios. Debemos reconocer que en frijol producimos la suficiencia para el mercado nacional. Debemos reconocer que somos los mayores importadores del mundo en leche. Pero, ¿qué hacíamos con ese transitorio? Meterle candados a los productores y con recursos fiscales ponerle el pie en el cuello a los productores de leche del sector social del país.
Eso es precisamente lo que tenemos que combatir. Eso es precisamente en lo que tenemos que hablar con claridad. Si bien aquí el diputado Ríos Camarena ha dado hasta petición de lectura del artículo constitucional que plantea con claridad cuál es la conducción y la orientación que debe dar el Estado en este tema, también es una realidad que es un asunto ideológico.
Es un asunto de visión que no tendremos nunca en una visión absolutamente neoliberal, no tendremos nunca la voluntad política de ello. Pero tenemos que pedirle respetuosamente al Senado de la República, que es el facultado constitucionalmente para el tema de tratados, revisar el Tratado de Libre Comercio, plantearnos de fondo un esquema en el que no estemos simple y sencillamente transitando eventualmente en un transitorio para resolver un problema que ya nos llega y que en diez años no hemos resuelto, desde que entró en función el Tratado de Libre Comercio.
No podemos culparnos ni podemos ser parte tampoco de venir a avalar una posición política del gobierno en la que pretende seguir dando honduras a un problema de fondo del sector social del país.
Es por eso que invitamos a que nos sentemos en la mesa con el gobierno y de una vez por todas definamos en la revisión del acuerdo nacional para el campo, en la revisión de los compromisos establecidos de la firma más alta en ese momento de la Presidencia de la República –concluyo Presidente– para determinar finalmente qué es lo que tenemos que hacer como país para proteger a los productores del sector social.
Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Duarte. Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 418 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Diputada Adriana Díaz, ¿con qué objeto?
La diputada Adriana Díaz Contreras (desde la curul): Hace un momento que el diputado Duarte estaba tomando la palabra, solicité a usted la palabra para hacerle una pregunta. No sé, ya terminó su intervención y no sé si tendría inconveniente en que le hiciera una pregunta.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Discúlpeme, diputada. No me percaté de su solicitud y el orador ya concluyó su intervención. Disculpe usted.
Esta Presidencia va a dar a conocer el registro de participantes: El diputado Javier González Garza, del PRD; el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, de Alternativa; el diputado Juan Guerra Ochoa, del PRD; el diputado Pablo Arreola Ortega, del PT; el diputado Ernesto Oviedo Oviedo, del PAN; el diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del PRI y el diputado Carlos Ernesto Navarro López.
Al final de este último participante, preguntaremos si está suficientemente discutido…
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señor Presidente, Juan José Rodríguez Prats, si me anota, por favor.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Correcto. Al final de la participación del diputado Rodríguez Prats, preguntaré si está suficientemente discutido. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier González Garza.
El diputado Javier González Garza: Gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros, en este tema efectivamente ha habido una discusión muy importante, pero no queremos que se quede en eufemismos y en discusiones aquí.
El diputado Duarte acaba de decir que se discuta la revisión del Tratado de Libre Comercio en el Senado, que es donde compete. El único problema es que, en el Senado, sus senadores votan en contra y entonces el problema no tiene salida.
Tenemos un problema gravísimo con la especulación. Estamos en contra de la especulación y el transitorio tenía que ver exclusivamente con eso, con que el gobierno federal tome en sus manos la responsabilidad que tiene legalmente para evitar la especulación. Y que sea una comisión intersecretarial la que diga en qué momento se pueden importar alimentos, y en qué momento se pueden exportar, porque son las dos cosas.
Y lo que nosotros cifrábamos es, en ese transitorio, un asunto trascendental. El problema primero de la soberanía nacional y de la soberanía alimentaria. Ése era nuestro punto y no un negocio, no un negocio de gente que importa o gente que exporta, sino qué nos va a pasar cuando de pronto se exporte nuestra producción y tengamos un problema de desabasto. Ése era el primer punto.
El segundo era, efectivamente en los productores, ¿qué pasa cuando de pronto se abren las fronteras y nuestros productores quedan en desventaja? Eso es exactamente lo que queremos. Nos están proponiendo una comisión de aquí, una comisión de legisladores.
El único problema —como ya lo dijo Escandón— es que esa comisión, si no hay voluntad, no va a ninguna parte. Y entonces podemos tener las comisiones de investigación y las comisiones que quieran y no se resuelve el problema, pero éste es un problema fundamental, porque es un problema de soberanía alimentaria, cuando tenemos en el mundo hoy un problema grave.
Resulta que nosotros, si no tomamos medidas, podemos quedar al vaivén de los especuladores mundiales y entonces el problema es si se quiere hacer —porque perdimos la votación— si se quiere hacer a través de una comisión de acá. Reforcemos las comisiones que tenemos, punto uno. Y punto dos, démosle dientes para ver cómo lo vamos a hacer.
No estamos en contra de la propuesta, de lo que estamos en contra es de la demagogia. Ése es el problema, porque aquí podemos estar diciendo muchas cosas, pero luego resulta que no hay un solo resultado. Y esa es la bronca, si no va a haber demagogia, si hay voluntad para entrarle a este asunto en una comisión que tenga dientes, para poder asegurar el asunto alimentario del país, estaremos de acuerdo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Presidente, para alusiones.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Tiene el uso de la palabra el diputado Duarte, por alusiones.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: No hay demagogia más grande que cambiarse de camiseta, señor diputado.
Hay que ser conscientes y yo acepto, perfectamente, la posición, coincido con la del señor coordinador del PRD. Creo, y además estoy convencido, que el tiempo nos alcanzó, que es un tema que no hemos resuelto y que tuvimos diez años para resolverlo, sin duda.
Ningún esfuerzo sale sobrando, todos serán útiles. Ningún tema será demasiado para resolver un problema tan grave. Pero al asunto, insisto, debemos darle el tamaño que tiene.
Debemos darle el tamaño que tiene porque si bien hubo, incluso, una firma en el Acuerdo Nacional para el Campo, en la que el presidente de la república en ese momento se comprometía a establecer las reservas alimentarias del país, y no se ha cumplido. Entonces ¿cómo vamos a poder establecer la voluntad del gobierno de otra forma si no ha sido con la misma firma del presidente para resolver el tema?
El tema es, insisto, en que tenemos nosotros la capacidad de plantearnos soluciones, de revisarlo.
Hablé de facultades, por eso, por eso registré el tema del Senado. Hablé de posiciones, por eso estamos planteándola precisamente aquí.
Pero si no le damos el tamaño a la solución del problema, seguiremos con transitorios transitando —valga la redundancia—, pero finalmente las fronteras, insisto como habitante de la zona norte, y aquí hay productores que me acompañaron —o que los acompañé, mejor dicho— a las fronteras a detener los camiones de contrabando, de productos de desecho, de productos importados con toda la facilidad de las autoridades mexicanas, históricamente, no de ahora, y que eso finalmente si bien está fuera de la ley, es una práctica que ha mantenido quebrados a los productores nacionales.
Hay que poner orden, hay que poner rigidez, pero hay que revisar el "Capítulo Agropecuario", del Tratado de Libre Comercio, y establecer —lejos de dividirnos— una estrategia conjunta que nos permita resolver el problema de fondo. Es cuanto.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Duarte. Tiene el uso de la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés.
El diputado José Manuel Minjares Jiménez (desde la curul): Presidente, pedí hacer uso de la palabra.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Sí, diputado. Está usted anotado para hechos. Hechos va al final de los participantes, de los oradores. Tiene el uso de la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés.
El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Compañeras diputadas y compañeros diputados. Con el permiso de la Presidencia. En el discurso coincidimos con los planteamientos que los compañeros del PRI han hecho, particularmente los diputados de la CNC.
El problema es que a la hora de tomar decisiones su voto es en sentido contrario. Ése es el gran problema. En la reciente reunión que se realizó en este Palacio Legislativo se planteó el tema que hoy nos ocupa y nosotros sí esperábamos que el PRI, con ese compromiso que se hizo, de los diputados que ahí estuvieron, se concretara en medidas que garanticen la soberanía nacional.
El tema que hoy nos ocupa tiene implicaciones con la soberanía nacional, tiene implicaciones con la justicia social, que al campo no ha llegado, y tiene que ver con la tranquilidad social.
Quisiéramos que los compañeros, particularmente del PAN —porque espero que el PRI reflexione sobre esta parte— nos expliquen cómo a partir del primero de enero, cómo le van a hacer la inmensa mayoría de campesinos del sector social para competir con los productores de otros países, particularmente de Estados Unidos. Ése es el problema, compañeros.
Hay productores en este país que sí pueden exportar, pero el sector social no tiene condiciones para enfrentar este Tratado de Libre Comercio. Ése es el problema, compañeros.
Los datos que han dado del Banco Mundial mismo, establecen que es en ese sector, en el sector social, de donde salen el mayor número de migrantes. Es aquí donde se concentra la pobreza. No es posible entonces que nosotros, que los diputados ahora seamos insensibles a esta realidad.
Quiero recordarles que si a los productores no les damos salida, tampoco pensemos que se van a quedar cruzados de brazos. Si queremos tranquilidad en este país necesitamos encontrar las medidas que permitan que la justicia tan anhelada, y tantas veces repetida en esta Cámara, llegue al campo. Ése es el problema, compañeros.
La apertura del Tratado de Libre Comercio va a acabar con los productores, particularmente del sector social de leche, con los productores de maíz y con los productores de frijol.
Invito a los compañeros del PRI a que, no sé si en el PAN haya receptividad en ese sentido, a que avancemos en esta propuesta que se ha hecho, de revisar el Tratado de Libre Comercio, que ha sido una demanda reiterada de las organizaciones campesinas, incluso de la CNC. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Pedro Cortés. Esta Presidencia informa de la visita de alumnas y alumnos de la preparatoria federal Basilio Cantabrana, de alumnas y alumnos de la preparatoria oficial número 82, José Revueltas. Les damos una cordial bienvenida. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Yo sí quiero preguntarle sinceramente al PRI y al PAN, qué tan en serio se toman este tema. Qué tanto realmente les interesa, para saber si vale la pena empujar o mejor digamos claramente, que no tiene caso.
Lo digo por hechos. Voy a empezar con hechos. ¿Cómo es que se disparó el precio de la tortilla? Más o menos ocurrió hace un año en una situación similar a la de ahora. Hay una reserva, un excedente de la producción, por ejemplo, de la cosecha de Sinaloa, ahorita habrá de maíz de 500 mil, 600 mil toneladas y vino una presión, ya estaba el asunto del bioenergético y vino una presión para exportar en Sudáfrica. Ahorita ya hay una demanda de Sudáfrica. Y dijeron: Ah, hay un excedente. El excedente no es porque no tengamos déficit, es un excedente coyuntural porque no te lo puedes comer ahorita, lo tienes que administrar.
Pero entonces viene ese excedente coyuntural, le dice: Mandémoslo a Sudáfrica y luego, para noviembre, ya está el asunto que la cosecha no era lo que se esperaba y están presionando los precios internacionales y se nos dispara el precio de la tortilla. Esto ahorita puede ocurrir.
El problema no es solo ya a Estados Unidos y Canadá, el problema es cuál es la comercialización que va a tener este país con el mundo. Pongo ese caso.
Voy a ponerles otro. En este momento no baja el frijol, aquí en el DF, de 14, 15 pesos. Sin embargo, hay productores en Zacatecas que lo más que lo pueden vender es a tres 50 o cuatro pesos, no tienen precio. Y ahí están con el producto y ya viene la próxima cosecha y no saben qué hacer, no saben si Agricultura va a implementar un programa o qué va a haber.
Y somos autosuficientes en frijol y nos sale más caro el de afuera. Esta situación la estamos teniendo, pero también coloco un hecho que está ocurriendo aquí en la Cámara, ahorita se va a dar primera lectura a una Ley de Bionergéticos. ¿Es esa la solución en una política alimentaria de este país?
Se va a discutir el presupuesto. Se demandan muchos apoyos y no se nos dice una idea de cómo resolver los problemas de alimentos en este país, que beneficie a los consumidores y que también beneficie a los productores. Esa política no la veo, no la veo en el gobierno federal; no la veo en esta Cámara de Diputados y perdónenme, tampoco la veo en las organizaciones.
Es más, la discusión del PEF es una demanda clientelar, a ver quién jala más recursos, sin decirnos cómo nos van a resolver el problema de los alimentos, del maíz no solo humano sino también el pecuario, que es el que presiona sobre el humano. De cómo se va a resolver el problema del frijol y cómo se van a resolver otros productos.
Por eso pregunto ¿está discusión es en serio para tener una política nacional alimentaria como la tienen los europeos, como la tiene Estados Unidos, que la está discutiendo en este momento o es salirle al paso demagógicamente a algo? Es discutir no solo en beneficio del productor sino de este país, de cómo enfrente su situación.
Nos dijeron y lo quiero señalar, nos dijeron hace tiempo que el mercado iba a planear y resolver los problemas de alimento por nosotros. En ninguna parte del mundo es así, el mercado no planea ni resuelve, el mercado, les quiero decir el hecho más dramático que hay, el mercado lo que ha arrojado en estos años de TLC, este dado les va a interesar.
El mercado ¿qué hizo ahorita con el verdadero campesino? El verdadero campesino al que conocimos hace 10, 15 años en la parcela, perdónenme, ahorita el promedio de edad —y los datos los tienen aquí los centros— es de 60 años. Ya no hay próxima generación de campesinos en este país. Ya no hay joven que quiera decir: voy a trabajar mi pequeña parcela. Porque eso lo ven como una maldición.
Ha entrado una nueva estructura social en el campo, pequeño, mediano empresario que arrienda las tierras a este campesino, y con eso vamos a tener que partir, lo quiero decir. Ésa es la estructura actual.
Por eso les quiero señalar que hay manera de resolver los problemas en beneficio de la población. Hay manera de resolverlos en beneficio de los productores, lo hacen otros países. ¿Es en serio la discusión o es coyuntural o es demagógica? La pregunta vale la pena.
Si es en serio, hagamos esa comisión, pero que tomen desde ahora medidas para ver que no nos vayan a salir con que se fue la producción a Sudáfrica y que luego no supimos que hubo escasez. Que realmente pueda intervenir, que nos prepare una política bajo el concepto que tiene el mundo: o de soberanía alimentaria o de seguridad alimentaria, que se haga cargo del productor, pero también del consumidor. Ése es el asunto. Gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Guerra Ochoa. Tiene la palabra el diputado Pablo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con su permiso, Presidente. El asunto que estamos discutiendo en estos momentos es de suma importancia para nuestro país. No es un asunto menor. Estamos hablando de que están en juego los recursos económicos, los ingresos de muchísimas familias en el campo, que se dedican todavía a la producción de granos básicos en nuestro país.
El tercero transitorio es insuficiente. El problema real, el fondo de este asunto está en una revisión exhaustiva, en una modificación del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio.
Y quién tiene las facultades constitucionales, legales para hacerlo. En primera instancia las tiene el Ejecutivo. El artículo 89 de nuestra Constitución, fracción X, habla de que el presidente de la república tiene la facultad de firmar los tratados internacionales, entre ellos, los tratados de comercio. Pero también tiene la facultad de modificar, de derogar, de hacer observaciones a los tratados internacionales, entre ellos, los de comercio.
Y también el Senado tiene la facultad de ratificar dichos tratados. Si realmente queremos entrar a fondo a resolver este asunto, tenemos que revisarlo desde su perspectiva, desde que se firma el Tratado de Libre Comercio, en 94.
Hubo un compromiso del gobierno federal de apoyar con programas de reconversión productiva a todos los productores del campo, especialmente a los productores de frijol, de maíz, a los productores de leche.
Se nos viene un problema muy grave. Hace pocos días supimos del incremento del precio de la leche a nivel internacional y ahora en el presupuesto vamos a tener que revisar el asunto de la distribución de leche a muchas familias a las que se les entrega a través del programa de Liconsa.
Esa cuestión se las hacíamos ver desde el tiempo que revisamos el problema del subsidio a la leche y de implementar un programa efectivo de apoyo a los productores. Y esto no se ha hecho.
Por eso nosotros consideramos, en el Partido del Trabajo, que lo primero que se tiene que hacer es un exhorto al presidente para que intervenga de manera decidida en la revisión del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio. Y al Senado también, para que participe en esta revisión.
Nosotros mismos tenemos ya comisiones ex profeso para la revisión de estas situaciones. Hay que aprovecharlas. A mí no se me hace conveniente que a través de una subcomisión integrada por otros elementos de otras comisiones se revise eso junto con el Ejecutivo. Hay manera de hacerlo. Lo que se requiere es voluntad política, si no, a partir del primero de enero vamos a ver las consecuencias.
Ya hay denuncias de las organizaciones campesinas, de los productores en el campo, de que si no hay una solución a este problema se van a cerrar carreteras internacionales, se van a cerrar los puertos nacionales, porque el problema no nada más es la importación; también es el contrabando indiscriminado que hay de estos productos.
Pero nosotros decimos, el Partido del Trabajo, una revisión a fondo del Tratado de Libre Comercio en el Capítulo Agropecuario. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Arreola. Tiene el uso de la palabra el diputado Ernesto Oviedo Oviedo, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Ernesto Oviedo Oviedo: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Ernesto Oviedo Oviedo: He escuchado con mucha atención los comentarios que se han dado en esta tribuna. Estamos conscientes de las necesidades que existen en nuestro país. Sabemos el problema del campo, pero éste no se va a solucionar con una subcomisión. Ésas no son las formas. Esto, el crear más comisiones no nos va a llevar a ningún lado. Si de por sí las comisiones no trabajan. ¿Creen ustedes que las subcomisiones…? Primero, no tienen ellos el soporte para poder resolver el problema del que estamos hablando, que es muy importante.
Sabemos que el problema en el campo no es de dar migajas, sino buscar el cómo poder ayudar a toda esta gente, que son los productores. Porque sabemos que hay dos tipos de personas que viven en el campo: unos de ellos que ya se han arraigado por muchos años, pero hay otros que son productores. Tenemos que apostarle a la productividad.
Estamos conscientes de que estamos dentro de un mundo globalizado que nos obliga cada día a ser competitivos, pero, ¿de qué manera lo podemos hacer? Sabemos que el gobierno federal, en este caso el Ejecutivo, tendrá que hacer su trabajo, pero tendremos que trabajar de la mano. Debe haber reglas de operación, pero reglas de operación que faciliten a los productores que lleguen en tiempo y forma los recursos.
Sabemos que en el caso de Estados Unidos se ha peleado mucho, por cierto, por los subsidios que se dan a los productores. En el caso de México no existen, pero tenemos que buscar y unirnos de la mano para lograr dicho objetivo. También quiero decirles, compañeros, que esto ya se viene trabajando desde hace muchos años, pero nada más de palabra, y eso es grave.
Si realmente nos interesa esto me gustaría que nos pongamos a trabajar a la de ya. Poder escuchar las propuestas de cada uno de ustedes para lograr tal objetivo, porque sabemos que el campo, o en este caso, las personas que viven en el campo, que son los productores y que muchos de ellos, los productos hasta esta fecha hay muchos de ellos que no han tenido los resultados esperados. Eso lo sabemos.
Pero, ¿qué es lo que pasa si queremos realmente trabajar sobre lo de las importaciones, sobre las exportaciones? Lo primero que tenemos que hacer es: los partidos políticos a un lado y trabajar por un solo México que es el que nos une a todos.
Yo sí les pediría, compañeros, de la manera más atenta a todos los grupos parlamentarios, que nos pongamos a trabajar, pero que lo hagamos con seriedad y no tratando de aprovechar única y exclusivamente esto para los grupos, porque México no es un grupo. México es un país. Un país que requiere, de cada uno de nosotros, que demostremos que al estar aquí en la Cámara requerimos de esa gran responsabilidad para luchar y sacar adelante a los productores. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Oviedo. Tiene el uso de la palabra el diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Con su permiso, señor Presidente. He subido a esta tribuna con el fin de opinar en un tan importante tema.
Se ha hablado aquí, por parte de todos los partidos de voluntad política, se ha dicho que es un tema común que nos junta a todos, pero compañeros diputados, es hora de tomar decisiones y hacer cosas que demuestren lo que aquí se dice.
En el punto de acuerdo, en la propuesta que aquí se ha hecho por parte de mi partido, subo para decir que estoy de acuerdo porque, si bien es cierto, la subcomisión que aquí se plantea no es la panacea que resuelva todo, es un paso muy importante en la solución de este grave problema.
Soy parte de la comisión que tiene que ver con el seguimiento al Tratado de Libre Comercio y por ello, interesado en que esta comisión juegue el papel protagonista para el que fue creada, vengo a proponer que la propuesta que hizo el compañero diputado Ordaz, en donde dice que se integren las comisiones que tienen que ver: la Comisión de Agricultura, de Economía y de Desarrollo Rural.
Por supuesto que la solución al debate que aquí se ha dado puede ser que la comisión que encabeza el compañero Rutilio Escandón, por supuesto, forme parte de esta subcomisión en un rol importante que encabece y resuelva los problemas que aquí se han planteado.
Entonces, mi planteamiento concreto es que la comisión que ya existe sea parte de esta subcomisión, pero que además, como aquí se ha mencionado, necesitamos la voluntad política de todos.
Aquí está representado el partido al cual pertenece el titular del Ejecutivo. Necesitamos acciones, necesitamos presupuesto, necesitamos medidas que de veras resuelvan el problema, y esas medidas se pueden tomar en esta Cámara de Diputados. Es necesario hacer lo que nos toca a cada quien, pero en los hechos, no con palabras.
Yo creo que esta subcomisión que se ha planteado, por el hecho de que podrá tener la operatividad al seno de la Comisión de Hacienda, por el hecho de que estarán representadas todas las comisiones unidas para el campo y por supuesto —subrayo— la comisión que encabeza el diputado Rutilio Escandón, podrá jugar esta subcomisión un rol importante que de veras resuelva cosas en este tema coyuntural que a todos nos preocupa. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Escajeda Jiménez. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Carlos Ernesto Navarro López: Con su permiso, Presidente. Solicito se lea el artículo 131 constitucional en su segundo párrafo, para de ahí hacer la intervención.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Con todo gusto. Léase el segundo párrafo del artículo 131 constitucional.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Artículo 131: "El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida". Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Secretaria.
El diputado Carlos Ernesto Navarro López: Justamente en atención al mandato constitucional del artículo 131, hemos estado insistiendo en que requerimos discutir a fondo el problema de la soberanía alimentaria del país, de la formación de una reserva estratégica de alimentos.
Yo creo que la discusión que hoy se está presentando era importante, incluso que se hubiera dado, para la aprobación o el rechazo del artículo tercero transitorio que propusimos, porque sin ninguna argumentación las bancadas básicamente del PRI y del PAN la rechazaron, sin hacer ninguna propuesta que no fuera una subcomisión que en el pleno pasado se presentó aquí. Yo no entendí por qué la presentan y luego la retiran en ese momento, y ahora se vuelve a presentar.
La verdad no estamos en contra de que se puedan armar una o dos o varias subcomisiones, pero hoy creo que el fondo no es ese tipo de mecanismos, más cuando tenemos muchos acuerdos incumplidos en esta Cámara de Diputados.
Yo voy a leer el punto de acuerdo en su parte resolutiva, que acordamos el 15 de febrero de este año, a raíz de la crisis de la tortilla, a raíz del problema que estábamos discutiendo con el acaparamiento y la especulación del maíz.
Porque ciertamente, diputado Duarte, tenemos suficiente producción de maíz. Pero lo acapararon, lo embodegaron y especularon tres empresas, entre ellas Maseca. Y la PGR, a pesar del exhorto de la Cámara de Diputados, no hizo ninguna investigación y así continuamos con la especulación, con la impunidad en este país.
El punto de acuerdo dice: "se acuerda se establezca una mesa de análisis y discusión de las propuestas de renegociación del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte integrada por legisladores, Sagarpa, productores y expertos en el tema".
Es decir, que acordemos trabajar esa mesa de análisis y después discutiéramos con Estados Unidos y Canadá. Esto se aprobó por unanimidad en este pleno.
Al señor secretario de Agricultura le entregamos la resolución del pleno. Lo invitamos a que el Ejecutivo federal, por su conducto, se sentara con legisladores de todos los partidos, con expertos en el tema y sobre todo con los productores, que nosotros decimos serán afectados y el señor secretario dice que serán beneficiados.
Le dijimos: pues sentémonos en una mesa —como dice la Cámara— para analizar ese capítulo agropecuario y a la mejor nos convence que va a beneficiar a los productores, o a la mejor lo convencemos de que se tiene que revisar, que se tiene que analizar por los mexicanos, para que después podamos analizarlo con los legisladores de los otros países. Y eso sería lógicamente también la intervención del Senado en nuestro país.
Yo tengo una propuesta, que la someto también a consideración, sumándome al reclamo del diputado Rutilio Escandón, que encabeza esa Comisión Especial de Seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo y el Tratado de Libre Comercio. La Propuesta es la siguiente, compañeros.
Propongo que la Cámara de Diputados resuelva se apruebe el apoyo pleno a la Comisión Especial de Seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo y el Tratado de Libre Comercio, para dotarla de todo lo necesario para su funcionamiento y actuación en el proceso de revisión y discusión del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio, como se acordó por unanimidad de la Cámara de Diputados el pasado 15 de febrero de 2007.
Esta es la propuesta que les hago. Lógicamente, si acordamos fortalecer esta comisión, no riñe con que se puedan sumar diputados de la Comisión de Hacienda, de la Comisión de Agricultura, de Desarrollo Rural, sumarse a los trabajos de la comisión especial que tenemos que fortalecer. Esa es la propuesta y la entrego a la Presidencia.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Esta Presidencia informa la visita de un grupo de ciudadanos del municipio de León, Guanajuato. Sean ustedes bienvenidos.
Tiene el uso de la tribuna el diputado Juan José Rodríguez Prats, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señor Presidente. Solicité la palabra para rectificar hechos porque me parecen muy graves una serie de afirmaciones que se han hecho en esta tribuna.
En primer lugar, la naturaleza jurídica de la Ley de Ingresos. ¿Correspondía a un tercero transitorio el crear esta Comisión? La Ley de Ingresos, lo dice Felipe Tena, lo dicen muchos juristas, es una ley muy especial; prácticamente no es una ley. Equivale a un transitorio para que entre en vigencia toda la legislación fiscal que tiene como periodicidad un año.
La Ley de Ingresos hay otros autores que dicen que es una estimación, porque su artículo primero es un catálogo de lo que tiene que estimarse para percibir como ingreso, para posteriormente aprobar un presupuesto.
Por tanto, cuando se hablaba de que la Ley de Ingresos no debería contener una serie de disposiciones que están estimadas para el año próximo, nosotros sostenemos que la Ley de Ingresos tiene una naturaleza jurídica muy especial y que precisamente lo que constituye es una estimación, es una apreciación de lo que se puede recaudar en el siguiente año.
En segundo lugar, aquí se ha discutido mucho la política agropecuaria. Nada más complejo que la política agropecuaria, por lo casuístico, y definitivamente tenemos que irnos al detalle y a lo que sucede en cada producto.
Efectivamente, hay productos afectados con el Tratado de Libre Comercio, pero también hay que ver lo que en Estados Unidos se consume en limón, en melón, en sandía, en aguacate, en frutales de lo que se produce en México y que ha sido un sector muy beneficiado el campo.
Yo creo que cualquier análisis de la política agropecuaria tiene que partir de un hecho: hay 5 millones de población económicamente activa en el campo; 250 mil corresponden a una agricultura, a un sector agropecuario competitivo que hace negocio; 750 mil están en transición; un millón de jornaleros y tres millones de pequeños productores de lo que son minifundistas, y tiene razón el diputado que aquí afirmó que tienen una edad de más de 60 años. Éstos son hechos que tenemos que considerar en cualquier diseño de política agropecuaria.
Me parece que hay una contradicción entre los discursos que aquí se han pronunciado, inclusive de un mismo partido. Hablar de demagogia y hablar de soberanía alimentaria me parece que es lo mismo.
Soberanía alimentaria. Desde 1965 México está importando y exportando productos agropecuarios. Debemos hablar de un concepto diferente: seguridad alimentaria. Eso sí que nos lleva definitivamente a diseñar, junto con el Ejecutivo, y yo creo que ya hay una gran experiencia… Sí, señor diputado.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: ¿Sí, diputado Santiago?
El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés (desde la curul): Presidente, por su conducto quisiera preguntarle al orador si me permite una pregunta.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Señor diputado, ¿acepta una pregunta del diputado?
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con muchísimo gusto.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés (desde la curul): Qué opinión le merece, señor diputado, el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que establece, efectivamente, define el tema de la soberanía y de la seguridad alimentaria.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señor Presidente. Voy a contestarlo y si usted me permite, concluiría yo mi discurso después de responder a la pregunta.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, señor diputado.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Yo discutí mucho la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Inclusive recuerden ustedes que hubo un veto y me opuse a ese concepto, Seguridad alimentaria, sí. Soberanía es un concepto acuñado por el pensamiento absolutista del siglo XVI, su origen es de Juan Bodino, que ha sido trasladada a la política agropecuaria.
Soberanía, quiere decir "poder supremo" (super omnia). No tiene nada que hacer en la política agropecuaria. Seguridad alimentaria, sí. Tenemos que garantizar los cupos, las importaciones desde hace muchos años. Desde 1965 dejamos de ser autosuficientes en maíz y tenemos que importar muchísimos otros productores en carne. Ya entramos en una dependencia globalizada —como aquí se ha dicho— y definitivamente ya la política agropecuaria no puede ser encajonada en conceptos totalmente erróneos, que no corresponden a la política agropecuaria. Por eso sostengo que no es correcto el término soberanía agropecuaria o alimentaria, sino seguridad alimentaria.
Por otra parte, se habla de la receptibilidad del PAN. El PAN está dispuesto a discutir en esta comisión, en las subcomisiones que se creen y junto con el Ejecutivo, una política agropecuaria que ha venido acuñándose desde hace muchos sexenios, y que me parece que responde a las expectativas y a lo que se le ha asignado al presupuesto.
Yo creo que el Partido Acción Nacional ha sostenido una serie de tesis…
Estoy respondiendo, no sean tan impacientes. Estoy respondiendo. Yo creo que el Partido Acción Nacional ha presentado una serie de tesis en la política agropecuaria que me parecen vigentes, y cuidado, señores —y con esto concluyo— hay voces allá, en Estados Unidos, que están pidiendo —en Canadá—, que están pidiendo la revisión del Tratado de Libre Comercio. Cuidado y no vayamos a salir más perjudicados de los beneficios que creíamos suponer. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Rodríguez Prats.
Para rectificación de hechos, tiene el uso de la tribuna el diputado José Manuel Minjares Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado José Manuel Minjares Jiménez: Gracias, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado José Manuel Minjares Jiménez: Me inscribí para rectificación de hechos al escuchar las palabras del diputado Javier González Garza, consideradas hace unos momentos, en esta misma tribuna.
Y respecto a la demagogia y otros conceptos que vertía, y entendiendo la preocupación fundamental de todos los grupos parlamentarios aquí representados, en este tema agropecuario que a todos nos duele y a todos nos preocupa.
El artículo transitorio que nos proponía el diputado…
El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Permítame el orador. Diputado Pedro Cortés, ¿con qué objeto?
El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés (desde la curul): Para apuntarme después del orador.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado Minjares.
El diputado José Manuel Minjares Jiménez: Decía yo, honorable asamblea, que respecto de la propuesta que teníamos en la mesa el pasado jueves, del artículo transitorio propuesto por el grupo del Partido de la Revolución Democrática, ahí se nos hablaba, obviamente, otra vez del concepto de la soberanía alimentaria, de una serie de consideraciones adicionales.
Y proponía, finalmente —palabras más, palabras menos— que en el caso de importaciones, solamente se autorizaran aquellas cuando hubiere en un producto determinado, un comprobado faltante de abasto nacional.
Y asimismo, nos decían que en el caso de las exportaciones no se permitiera ninguna exportación de producto a menos de que estuviese comprobado una sobreoferta en el mercado nacional y simple y sencillamente parecería que, si queremos proteger a los campesinos, si queremos proteger a los productores nacionales y a los consumidores que son mayoría en este país, parecería que hay objetivos encontrados.
Y me explico. En el caso de las importaciones tuvimos el problema en enero de este año, del incremento importante en el precio del maíz blanco y que no se debió, en forma alguna, no fue motivado en forma alguna por un desabasto en el mercado nacional, fueron los mercados internacionales los que promovieron y que motivaron que este producto sufriera un incremento de precio importante.
El gobierno de la república en ese momento autorizó y promovió la importación de grano adicional para promover una baja en el precio. Y esa es precisamente la orientación de un gobierno que, fiel a los principios en los que cree, interviene en el marcado para corregir los desequilibrios del mismo.
Y en el punto de prohibir una exportación de un producto determinado, a menos de que estuviese garantizado el abasto nacional. También, si queremos proteger a los campesinos, y hay una mejor oferta por un precio en un producto determinado en otro país, por qué le vamos a prohibir a un productor nacional que exporte su producto a un mejor precio si se lo pagan. Simple y sencillamente se contrapone la idea de proteger a nuestros campesinos y hacerlos más ricos, que mejoren su nivel de vida y sus ingresos. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, disuado Minjares. Para rectificación de hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés.
El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Compañeros de Acción Nacional, cuando ustedes hablan de exportación ¿a qué sector se refieren? Tendrían que ser más precisos porque no todos los campesinos en este país tienen la posibilidad de exportar productos. El sector social no tiene esa posibilidad, a menos que ustedes demuestren lo contrario.
Quisiera decirle al diputado Rodríguez Prats, que la ley no es demagogia, que los diputados estamos obligados a cumplir con la ley.
Que ha sido tan discutido el tema del campo, que se aprobó una ley, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y que en el artículo 178 —se lo leo— establece lo siguiente:
Artículo 178. El Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos, dando prioridad a la producción nacional.
Éste es el problema, compañeros diputados. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Habiéndose agotado las participaciones…
El diputado Ismael Ordaz Jiménez (desde la curul): Señor Presidente…
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado Ismael Ordaz ¿con qué objeto?
El diputado Ismael Ordaz Jiménez (desde la curul): Gracias, Presidente. Sólo hacer, en relación con la propuesta del compañero diputado Rubén Escajeda, y en el espíritu de la propuesta presentada por nuestro grupo parlamentario, de formar una subcomisión plural, no estaríamos en desacuerdo de que además de las comisiones mencionadas en el texto se agregara la participación de un diputado que forme parte de la Comisión Especial para el Seguimiento del Tratado de Libre Comercio. Entonces, no estamos en desacuerdo y espero que quede registrada nuestra aprobación para esta adición.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Vamos a considerar su participación. Tenemos dos propuestas en este momento. Vamos a consultar si se sostiene la propuesta del diputado Carlos Ernesto, o se adiciona —como usted lo propone—. Pero vamos a ver si está suficientemente discutida la propuesta.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputado que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias. Suficientemente discutida. Vamos a proceder a la votación de la proposición. Primeramente la del diputado Ismael Ordaz Jiménez y posteriormente la del diputado Carlos Ernesto Navarro López.
El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): Señor Presidente, permítame la palabra.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Sí, diputado Ríos Camarena.
El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): Estamos discutiendo y lo que se aprobó para que fuera discutido de urgente u obvia resolución es la propuesta del diputado Ismael Ordaz, a la cual adicionó el punto que ya mencionó de la otra comisión que se agregara. No estamos discutiendo dos proposiciones. Este pleno discutió y aprobó la discusión de una sola y solo ésa es la que se puede discutir. Después, si se presenta, vemos si se discute o no, pero es absolutamente por práctica parlamentaria, Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Usted está en lo correcto, diputado, y así estamos procediendo. Vamos a votar esta proposición con la adición que se hace por parte del propio diputado. Posteriormente pondremos a discusión y a votación, a consideración de la asamblea, la propuesta del diputado Carlos Ernesto. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición con la adición presentada por el mismo diputado Ordaz Jiménez.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición con la adición hecha por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobada. Comuníquese. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la proposición presentada por el diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado Carlos Ernesto Navarro. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). No puedo definir el sentido de la votación.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Vamos a hacerlo de manera nominal entonces. Consulte la Secretaría en votación nominal si es de aceptarse esta proposición. Si se acepta a discusión.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos.
(Votación)
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Esta presidencia informa la visita de estudiantes de la escuela primaria Profesor Leopoldo Kiel, del Distrito Federal, y estudiantes de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les damos una cordial bienvenida.
Igualmente informa de la visita de estudiantes de la primaria Mariano Matamoros. Sean bienvenidos.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Está abierto aún el sistema electrónico. Ciérrese el sistema electrónico.
Le informo, diputado Presidente, que se emitieron 139 votos a favor, 221 en contra y 3 abstenciones.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se desecha la proposición.
Pasamos al capítulo de iniciativas de diputados.
Esta Presidencia recibió del diputado Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Túrnese a la Comisión de Energía.
Esta Presidencia recibió del diputado Antonio Xavier López Adame, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley Minera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía.
Se concede ahora el uso de la tribuna al diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
El diputado Omar Antonio Borboa Becerra: Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Omar Antonio Borboa Becerra: Compañeras diputadas y compañeros diputados, la cultura física de una nación se manifiesta a través de sus costumbres, creencias, ideologías, y se utiliza como medios de educación física el deporte y la recreación. El deporte constituye un factor de especial trascendencia, individual y social que colabora a la salud física y mental de los seres humanos.
Desde la perspectiva, la cultura física y el deporte son valorados por la energía que se pone en juego, por su capacidad de forjar un carácter sano y por ser una vía de superación física y moral. Desde la perspectiva, la cultura física y el deporte son valorados a través de los beneficios, que no debemos olvidar que existe una demanda no satisfecha de los programas y acciones, por las instalaciones que promueven y permiten el desarrollo de la cultura física y el deporte.
Entre la población, las instituciones educativas —sobre todo— con las personas con discapacidad, un elemento que resulta necesario para lograrlo es la existencia de instalaciones deportivas, remodeladas y rehabilitadas y que son utilizadas en su mayor capacidad posible.
La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta la interrelación entre las personas con las deficiencias y barreras debidas a la actitud, al entorno que evita la participación plena, efectiva, en la sociedad.
Una de estas barreras son las arquitectónicas. Es indispensable promover la infraestructura que permita la movilidad y el mejor acceso a las personas con discapacidad a servicios de salud, educación, capacitación, empleo, cultura y deporte e integración de las personas con alguna discapacidad, y la incorporación al desarrollo es necesario de garantizar el pleno respeto al ejercicio de sus derechos humanos, políticos y sociales.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, estamos comprometidos a impulsar acciones efectivas a favor del desarrollo del deporte entre las personas, los estudiantes con discapacidad, los resultados son los grandes logros que han confirmado nuestros deportistas con alguna discapacidad.
No hay duda que una manera de contribuir a impulsar los talentos deportivos entre las personas y los estudiantes con discapacidad es promoviendo el mejoramiento de las instalaciones deportivas y, por otro lado, impulsando que las futuras infraestructuras deportivas y recreativas cumplan con lo establecido por la normatividad vigente y lo estipulado en la Ley de Cultura Física y Deporte.
En esta tarea es necesaria la participación y colaboración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y las autoridades educativas. Estamos seguros que existe una base para conseguirlo, debemos impulsar y valorar el hábito del ejercicio y la práctica organizada del deporte. Con esta iniciativa que hoy presento quiero contribuir a lograrlo.
Por los fundamentos anteriormente expuestos, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto.
Artículo único. Se reforman las fracciones XI y XXII del artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:
Artículo 29. …
XI. Fomentar y promover la construcción y conservación, adecuación, uso y mejoramiento de las instalaciones destinadas a la cultura física y deporte. Dichas instalaciones deberán considerar los requerimientos de las personas con discapacidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 80, de esta ley.
XXII. Formular programas para promover la cultura física y el deporte entre las personas y los estudiantes con discapacidad, con participación de la Secretaría de Educación Pública.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Borboa Becerra. Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.
Esta Presidencia informa de la visita del presidente municipal de Monte Escobedo, Zacatecas, e integrantes de su honorable ayuntamiento Serapio Acevedo Menchaca, sean bienvenidos.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que expide la Ley de Derechos de las Víctimas del Delito y de Acceso Efectivo a la Justicia.
El diputado Mario Enrique del Toro: Con el permiso de la Presidencia.
En virtud de que ha sido modificado el texto de acuerdo que originalmente se publicó en la Gaceta Parlamentaria, solicito que el documento de que voy a hacer entrega se inserte íntegro en el Diario de los Debates.
Con base en lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de este Congreso, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Derechos de las Víctimas del Delito y de Acceso Efectivo a la Justicia.
De acuerdo con su situación histórica, todos los pueblos han dejado ver diferentes características en sus procesos de cambio y transición a la democracia. Nuestra nación ha vivido esos cambios desde inicios del siglo anterior, pasando del fortalecimiento de las instituciones frente al caudillismo, a la transición pacífica y democrática en el año 2000.
Muchos catedráticos coinciden en que un elemento fundamental en el fortalecimiento de la democracia es la defensa y promoción de los derechos civiles a la par de los derechos humanos, enarbolados desde finales de la década de los 80 del siglo pasado, tanto por organizaciones civiles y académicas, como por fuerzas políticas de distinto signo, que llevaron al establecimiento de instituciones autónomas y confiables.
Queda pendiente, sin embargo, la consolidación hacia una democracia incluyente que procure equidad entre los individuos, por lo que ésta no puede ser concebida sin el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de todos, como columna vertebral e ineludible de un Estado moderno.
Reflexionando sobre los resultados de la transición y fortalecimiento de la democracia en nuestro país, en primera instancia podemos apreciar importantes cambios; sin embargo, esta consolidación tan añorada trae consigo otros retos. Uno de ellos, y que destaca de entre todos, es el fortalecimiento de la impartición de justicia que procure el mantenimiento de la paz social y que tenga un carácter restrictivo respecto de la relación víctima-delincuente.
En las sociedades modernas, donde se busca un correcto funcionamiento y movilidad, el núcleo de representación de la justicia es la idea de la dignidad humana y libertad, así como el principio de equidad entre las personas, quienes, por lo mismo, deben ser tratadas por igual y consideradas en igualdad de condiciones.
Por lo anterior, una condición sine qua non en el combate de la pobreza es la lucha por la defensa de la justicia y los derechos fundamentales. De lo anterior podemos desprender que para alcanzar el ideal de democracia nuestras instituciones, la sociedad y sus ciudadanos deben tomar parte en la consolidación del sistema de justicia que permita la equidad entre los individuos, pero sobre todo, el respeto a la inminente dignidad de las personas.
Por otro lado, la transformación del mundo ha influido sin duda en las nuevas relaciones entre los miembros de cada comunidad, lo que ha tenido como resultado una nueva integración social y la presencia de nuevas problemáticas.
Entonces, para asegurar una correcta protección de cada uno de sus miembros se requiere adaptar el marco legal a las nuevas realidades. Las reformas y adiciones a nuestras leyes manifiestan un derecho vivo que surge de las transformaciones sociales, es por ello que nos corresponde analizar y conocer de esta problemática y coadyuvar en el perfeccionamiento del estado de derecho.
En este punto es imprescindible plantear una pregunta: ¿Cuál es la concepción de justicia que resulta mayormente benéfica para nuestra sociedad, con instituciones en vías de consolidación que permitan a los individuos una igualdad de condiciones de vida, y que a su vez, sea adecuada para impulsar la democracia frente a las nuevas condiciones de la globalización?
A esta demanda John Rawls —que postula desde la visión de país— desarrolló su famosa teoría de los bienes primarios representados por los derechos, las libertades y las oportunidades. Esta teoría considera que toda persona debe tener igualdad de derechos y acceso al más extenso sistema de garantías públicas, que sea además compatible con un sistema social que busque también la equidad.
Por ello, todas las instituciones ligadas al Estado deben respetar las libertades básicas de todos los ciudadanos, las cuales no pueden ser reducidas ni eliminadas bajo ningún concepto.
En materia de procuración de justicia y debido al incremento en el índice de desigualdad social que se registra en el mundo, se ha originado un nuevo problema social: el reconocimiento eficaz de los derechos de las víctimas del delito.
Todos los intereses que el Estado y el derecho mexicano intentan proteger son de importancia incalculable; sin embargo, la prioridad de algunos de éstos se refleja en una tutela mayormente estricta debiendo ser asegurados a toda costa por ser fundamentales para garantizar la supervivencia de éstos.
Para lograr lo anterior, el Estado está naturalmente facultado y obligado a valerse de los medios adecuados, originándose así la necesidad y justificación de derecho penal, que por su naturaleza sencillamente punitiva es capaz de crear y conservar el orden social.
Por lo anteriormente expuesto, solicito se inscriba en el Diario de los Debates íntegro el texto de este proyecto de decreto.
Artículo único. Se crea Ley de Derecho de las Víctimas del Delito y Acceso a la Justicia. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Del Toro. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibió del diputado Gustavo Mendívil Amparán, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Samuel Aguilar Solís, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa de Ley que Establece las Bases para otorgar Pensiones y Prestaciones a los Ciudadanos que Hayan Desempeñado el Cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Samuel Aguilar Solís: Con su permiso, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Samuel Aguilar Solís: Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a presentar una iniciativa de ley que le dé marco jurídico y regule las pensiones de los ex presidentes de la república. Esta iniciativa, de aprobarse por esta soberanía, habrá de ahorrarle al país de manera inmediata 205 millones de pesos.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, la seguridad social se identifica como parte de un sistema de protección social, resultado de la conformación de los Estados modernos así como de las demandas de trabajadores para conseguir mejores condiciones de vida y debe estar orientada a promover la universalidad, equidad y solidaridad en el acceso a esas prestaciones. En nuestro país existe una gran diversidad de sistemas de pensiones y algunos pocos con muchos privilegios.
El número de pensionados en el IMSS son 2.5 millones. El promedio anual de pesos por pensionado es de 22 mil. Del ISSSTE son 612 mil pensionados. El promedio anual en pesos por pensionado es 68 mil pesos.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia son 53 titulares y 28 viudas. El promedio anual de pensionado es poco más de 1 millón 600 mil pesos. Los ex presidentes de la república son cinco y se conoce que cada año el pago de pensiones cuesta en promedio más de 1 millón 900 mil pesos. Esto es parte de las inequidades que tienen que resolverse.
Si se busca un sistema de seguridad social que sea acorde con el país para que todos puedan gozar de una pensión básica, sería suficiente con respetar principios generales referidos a aportaciones, de acuerdo al nivel salarial y a fijar topes en los montos de las pensiones.
Según un estudio del Senado de la República, la protección para los ex presidentes mexicanos incluye 78 elementos de las fuerzas federales para cada uno de ellos: 45 del Ejército (32 de tropa, 8 oficiales, 4 jefes y un general); 22 de la Armada (16 de tropa, 4 oficiales y 2 jefes); 11 de la Fuerza Aérea (8 de tropa, 2 oficiales y un jefe).
También tienen a su disposición a 25 empleados de la federación, tres choferes y personal de oficina. Incluso se cubren los servicios de telefonía, tienen acceso a viajes nacionales o al extranjero y en su pago reciben primas mensuales, aguinaldo, bono, prima vacacional, estímulos especiales y apoyo para despensa.
Las pensiones de los ex presidentes no tienen sustento legal, toda vez que no están incluidos en ninguna ley o cuerpo normativo, son acuerdos de carácter administrativo sin ninguna fuerza jurídica que los sostenga, por lo que es indispensable poner fin a la discrecionalidad con la que se erogan los recursos públicos.
En México, el Poder Legislativo federal no ha participado directamente en el establecimiento de las prerrogativas y beneficios que reciben los expresidentes de la República.
La determinación de tales prebendas está basada en prácticas discrecionales y en acuerdos dictados por los propios presidentes en turno, quienes se beneficiaron de sus propias decisiones siendo juez y parte en la asignación de sus propios ingresos.
El 25 de noviembre de 1976, por acuerdo del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, se dispuso, cito: "que al concluir el mandato, el ciudadano que hubiese desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, requiere disponer para el desempeño de servicios generales, a sus órdenes directas, de personal del Ejército, Armada y Fuerza Aérea".
El 31 de marzo de 1987, mediante acuerdo, el presidente Miguel de la Madrid formalizó el disfrute de una pensión, prestaciones de seguridad social equivalentes a las que percibe un secretario de despacho y se reguló el derecho de la cónyuge para disfrutar de la pensión presidencial y de los seguros de vida y gastos médicos mayores incluyendo a los hijos.
Estas y otro tipo de prerrogativas son las que gozan los expresidentes de la República.
De manera concreta, ¿qué propone esta iniciativa que estoy presentando a esta soberanía? La aplicación y seguimiento de esta ley por conducto de las secretarías de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Pública.
Que el expresidente constitucional tendrá derecho a disfrutar de una pensión vitalicia equivalente al 60 por ciento del salario del presidente constitucional en funciones. Dicha pensión será suspendida si el beneficiario recibe otro ingreso de cualquier otro cargo público, por ejercicio profesional o actividad laboral incluido los pagos en especie, si fuere condenado por juicio político o algún delito grave y por algún acto que atente contra la seguridad, las autoridades o las instituciones nacionales.
En caso de muerte del exmandatario, su cónyuge disfrutará de una pensión equivalente al 50 por ciento del salario del presidente constitucional en funciones. En caso de muerte del cónyuge viudo, la pensión beneficiará de la misma cuantía a los hijos, hasta alcanzar la mayoría de edad. El expresidente contará con cinco puestos de trabajo de naturaleza eventual, sin ser el familiar de tercer grado.
Para preservar la seguridad del expresidente, la Secretaría de la Seguridad Pública dispondrá de ocho elementos de la Policía Federal Preventiva, los cuales tendrán funciones sólo en territorio mexicano, así como de tres vehículos oficiales.
El expresidente gozará de las prestaciones establecidas para pensionados y jubilados en el sistema de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. Concluyo, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que hoy presento a esta soberanía, busca poner orden donde hay abuso. Se busca establecer disciplina presupuestal y desplegar la mayor solidaridad posible frente a una sociedad empobrecida. Los invito a considerar la propuesta pues sólo con acciones concretas y precisas convertidas en ley, estaremos defendiendo los intereses del pueblo y haciendo valer la soberanía de nuestras instituciones.
De aprobarse esta iniciativa de manera inmediata, vuelvo a reiterar, el país se estaría ahorrando anualmente 205 millones de pesos. Los actuales son tiempos de puntual rendimiento de cuentas y de plena revisión de las normas. Son tiempos de austeridad republicana para hacer vigente el principio juarista que exige a los servidores públicos mantenerse dignamente con la honrosa medianía de sus ingresos.
Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias diputado Samuel Aguilar. Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública… ¿Sí, diputado Navarro? Adelante.
El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero (desde su curul): Es Seguridad Social, dijo Seguridad Pública.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Sí dije Seguridad Pública.
El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero: Es Seguridad Social.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: ¿Usted solicita que se le turne también a su comisión?
El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero (desde su curul): Sí, porque involucra el sistema de pensiones, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese para su opinión a la Comisión de Seguridad Social.
El diputado Rafael Plácido Ramos Becerril (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado Ramos.
El diputado Rafael Plácido Ramos Becerril (desde la curul): Que se turne a la Comisión de la Función Pública.
El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Al diputado Navarro denle sonido a su curul, por favor.
El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero (desde la curul): Señor, Presidente, con todo respeto, yo considero que la Comisión de Seguridad Social no únicamente debe dar opinión, sino que debe estar involucrada en la dictaminación de la iniciativa aquí propuesta, por ser un tema de seguridad social las pensiones de los presidentes.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Pública, de Seguridad Social y de la Función Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Faustino Javier Estrada González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.
El diputado Faustino Javier Estrada González: Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Faustino Javier Estrada González: Compañeras diputadas y compañeros diputados. El aumento en la introducción y comercialización ilegal de mercancías de procedencia extranjera está dañando la planta productiva y comercial nacional.
De acuerdo con información de la Cámara Americana de Comercio, nuestro país ocupa el primer lugar en América Latina y el cuarto lugar mundial en la venta de contrabando y piratería, lo que sólo en 2006 provocó pérdidas por mil 200 millones de dólares en diversas industrias.
Lo anterior, debido a que el contrabando pone en riesgo a la planta productiva, fomenta la evasión fiscal, impide una competencia comercial transparente, y provoca el cierre de empresas; por lo consecuente, pérdida de empleos.
La planta productiva nacional ha sido afectada en los últimos años por el incremento del llamado contrabando técnico documentado, que de acuerdo con las autoridades, ya supera el contrabando tradicional y que entra por las aduanas bajo pedimentos de importación, con información falsa para evadir el pago de impuestos.
La información falsificada puede referirse a la cantidad del bien importado, al precio o tipo de producto o al origen de la mercancía. En este último supuesto bajo el amparo de acuerdos comerciales que el Estado mexicano tiene celebrado con otros países, triangulando y reetiquetando los productos para ser introducidos a territorio nacional libres de aranceles.
De esta forma se afecta a la economía nacional a través del mal uso que se hace de los programas gubernamentales de fomento a la producción. Es así que en México este fenómeno económico se ha intensificado en los últimos años y aunque se han adoptado medidas legislativas y administrativas para su combate, aún constituye una grave amenaza para la economía nacional.
A manera de ejemplo, en lo que va de la presente administración la Procuraduría General de la República ha asegurado más de 600 toneladas de productos introducidos ilegalmente al país.
En este tenor, a pesar de las acciones gubernamentales que se han emprendido para combatir el contrabando, como las cuatro resoluciones de cancelación de patente de agentes aduanales emitidas en el primer semestre del año presente, aún es necesario emprender otras acciones que permitan un combate frontal a esta actividad ilícita que tanto ha dañado a productores nacionales y al ingreso de muchos mexicanos.
Bajo este contexto propongo reformar el Código Fiscal de la Federación, a fin de que el equiparable del contrabando sea un delito que se persiga de oficio.
Actualmente, en términos al artículos 92 del Código Fiscal de la Federación, para proceder penalmente por los equiparables al delito de contrabando, previsto en el artículo 105 del mismo ordenamiento, se requiere que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule querella y en el caso del delito de contrabando descrito en el artículo 102, es necesario que el fisco federal formule declaratoria de perjuicio.
De conformidad con los preceptos citados, la querella y la declaratoria del perjuicio constituyen requisitos de procedibilidad que condicionan el inicio de una averiguación previa y el ejercicio de la acción penal contra probables responsables de la comisión del delito de contrabando o de su equiparable.
Bajo este contexto del periodo de septiembre de 2005 al 30 de junio de 2006, la Procuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, adscrita a la Procuraduría Fiscal de la Federación, sólo ha formulado 38 querellas declaratorias de perjuicio y/o denuncias por el delito de contrabando y sus equiparables.
En tanto la Procuraduría General de la República, en el periodo enero a junio de 2006, sólo realizó cinco operativos, cateó un inmueble y aseguró 5 mil 679 objetos, principalmente de la industria del calzado, vestido y bebidas.
Cabe mencionar, según información disponible de la procuraduría, que los resultados obtenidos en este semestre presentan una tendencia negativa, en virtud de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es la dependencia facultada para presentar querellas en los casos que sufran daños el erario, ésta no los ha presentado, lo que ocasiona que se carezca de elementos para proceder jurídicamente, para realizar un mayor número de operativos.
Lo anterior resulta contrastante con la enorme cantidad de mercancías que se introducen de manera ilegal a nuestro país y que afecta gravemente la economía nacional y la generación de empleos.
De tal suerte que ya no se justifica como requisito de procedibilidad la formulación de querella.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, la reforma propuesta resulta apremiante a pesar del esfuerzo de la autoridad para detener la introducción ilegal de mercancías al país, si el Ministerio Público de la federación debe cumplir con un requisito de procedibilidad, esta actividad ilícita seguiría cometiéndose y, consecuentemente, afectando gravemente a la industria nacional, al comercio legalmente establecido y al país en general.
Por lo que es urgente que en ejercicio de nuestra facultad constitucional legislemos en esta materia. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se recibió de la diputada Patricia Castillo Romero, del Grupo Parlamentario de Convergencia, iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Se pospone la iniciativa presentada por la diputada Elsa Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa.
Esta Presidencia informa de la visita de estudiantes de la Universidad Insurgentes, plantel Tlalpan; de vecinos de la colonia Candelaria de los Patos, del Distrito Federal, e invitados del Parlamento Infantil del municipio de Aguascalientes. Sean todas y todos bienvenidos.
Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Valladolid Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
El diputado Antonio Valladolid Rodríguez: Con su venia, señor Presidente. El suscrito diputado federal Antonio Valladolid Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 fracción II, 78 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, mismo que se fundamenta y motiva bajo los siguientes puntos.
Quisiera empezar leyendo dicho artículo, el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades que dice a la letra: "La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos. En la fracción II, habla de la declaración de conclusión del encargo dentro de los 60 días naturales siguiente a la conclusión".
Y me remito al párrafo sexto que habla de la sanción en caso de no llevarse a cabo esta situación y dice: "Para el caso de omisión sin causa justificada en la presentación de la declaración a que se refiere este artículo, la fracción II, se inhabilitará al infractor por un año".
Quisiera exponer aquí a la Cámara la motivación que hemos vivido en donde me ha tocado ser, honrosamente, secretario en la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, donde tenemos un organismo que es la Unidad de Evaluación y Control y éste a su vez recibe las declaraciones de conclusión de encargo de la Auditoria Superior de la Federación y se nos presentan como parte del procedimiento cuando se pasan de estos 60 días para ser sancionados por un año a quien no cumpla con esta obligación.
Pero nos deja con una situación que no podemos valorar. Por ejemplo, si es un asunto de reincidencia, qué nivel jerárquico tiene el funcionario, la antigüedad en el servicio o bien la gravedad que tiene el funcionario. No nos da elementos para poder tomar una sanción adecuada, sino más bien nos impone una sanción única de un año.
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción, frente a lo antijurídico. En uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida.
En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitativa del estado, entendida como la facultad que éste tiene de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de actos ilícitos.
Dada la similitud y la unidad de la potestad punitativa en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, puede acudirse a los principios penales sustantivos en la medida que resulta compatible con su naturaleza. Por lo tanto, es válido tomar de manera prudente las técnicas garanticistas del derecho penal.
En lo que respecta al artículo 37 de esta ley, podemos concluir que resulta violatorio de las garantías de los gobernados, por un lado porque no da pauta a observar reglas normativas para la individualización de sanción según sea el caso. Es decir, obvia las exigencias a que se refiere al artículo 14 de la ley mencionada.
Por lo tanto, la sanción siempre será igual a cualquiera que incurra en este supuesto y por el otro porque no establece un rango mínimo ni un rango máximo de la sanción a imponer sobre los cuales la autoridad sancionadora puede desplazarse para determinar la sanción que atienda de forma concaminante las características personales de los sujetos y particularidades del hecho, que haga congruente el grado de responsabilidad observad y la sanción impuesta.
Por otro lado, también hay ya resoluciones del juzgado tercero de Distrito, donde en su sentencia manifiesta que es violatorio de las garantías individuales, porque no se toman en cuenta esos elementos de reincidencia, del nivel jerárquico, de la antigüedad en el servicio, la gravedad de la responsabilidad en que se incurrió, Y esto, resultado en la violación de los derechos de las personas que están sujetas a esta situación.
En todo lugar es nuestra responsabilidad, como legisladores, perfeccionar estas normas para tener un mejor funcionamiento de las instituciones, por lo que proponemos esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que dice:
Único. Se reforma el párrafo sexto del artículo 37, para quedar como sigue:
Artículo 37…
Párrafo sexto. Para el caso de omisión sin causa justificada en la presentación de la declaración a la que se refiere la fracción II, se inhabilitará al infractor, de tres meses a un año.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Le pediría a la Presidencia que incluya el texto íntegro en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Valladolid. Túrnese a la Comisión de la Función Pública.
Tiene la palabra el diputado Rafael Villicaña García, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Rafael Villicaña García: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El que suscribe, diputado Rafael Villicaña García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LX Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, presenta a esta honorable asamblea iniciativa proyecto de decreto con la siguiente
Exposición de motivos
Desafortunadamente en todos los partidos políticos existen individuos que han aprendido y que practican con gran maestría lo que coloquialmente se ha denominado trapecismo político. Personas que en ejercicio de un cargo de elección popular, aun sin haber concluido el periodo para el cual fueron electas, y lo que es más grave, a veces inmediatamente después de haber tomado posesión en sus cargos, dejan esta encomienda solicitando licencia para postularse a otro cargo de elección popular.
Mexicanos a los que seguramente no los mueve un interés colectivo en beneficio del electorado, sino perpetuarse en el poder para gozar de ciertos privilegios como las dietas económicas, para vivir del presupuesto, del fuero constitucional y de cualquiera otra clase de beneficios estrictamente personales.
Es necesario que se establezcan limitantes para quienes se apartan del acceso y ejercicio responsable del poder político, para aquellos que prometieron beneficios, para aquellos que formularon una oferta electoral o un plan de gobierno en el cual estipularon metas y objetivos y que nunca lograrán debido a que después les movió buscar otro cargo en el gobierno, y dejan uno anterior, a medias, o que en la realidad nunca ejercieron eficazmente; nunca devengaron la remuneración que desvergonzadamente cobraron, por los costos económicos que representa para el país pagar sueldos, dietas, apoyos, viáticos, etcétera. Costos que son pagados depredando la riqueza nacional y con los impuestos de los mexicanos.
Es responsabilidad de nosotros trabajar para que esta práctica irresponsable no se dé más. Nuestra Carta Magna en diversos artículos establece la prohibición de la reelección inmediata para diversos cargos de elección popular.
El artículo 59 para los diputados y senadores federales, el 115 para cargos municipales y el 116 para gobernadores de los estados y diputados de las legislaturas locales. Es decir que quien haya ocupado el cargo de presidente municipal, diputado federal o local, etcétera, no podrá ocupar este mismo cargo para el periodo inmediato, aun ni en calidad de suplente.
Pero esta prohibición no aplica para quienes ocupando uno de los mismos cargos aspire y se postule a otro de elección popular diferente, no importando que éste se separe, pida licencia y deje inconclusa una gestión grave.
Específicamente, por mencionar algunos ejemplos, quien ocupando el cargo de presidente municipal sí puede postularse para ser diputado local o federal, quien siendo senador sí puede postularse para diputado federal, etcétera. Quienes han tenido acceso al poder político tienen que cumplir plenamente con el término de su función y en virtud de que sabían o saben cuál era el tiempo que duraría su cargo y de que el electorado los ha favorecido con su voto y quieren que ocupen ese cargo por el tiempo que establece la ley.
Cuando se es gobernante emanado de elección popular y por diferentes circunstancias, se tiene la necesidad y/o deseo de separarse del cargo, esto es posible, porque al final a nadie se le puede obligar a realizar algo en contra de su voluntad. Pero cierto es que tampoco se debe dejar al antojo de quienes aprovechándose de una posición privilegiada brincan de un cargo a otro, provocando divisionismo al interior de los propios institutos políticos, limitan la posibilidad de acceder a cargos de esta naturaleza a otros ciudadanos, incumplen con promesas de campaña, con planes, metas y objetivos y, sobre todo, con las atribuciones y obligaciones que por ley debieran de cumplir.
La presente iniciativa pretende sustentarse en la reiterada práctica que se da en todos los partidos políticos, llámese del color que sea, quienes ya tienen el compromiso por haber sido beneficiados por el voto de la ciudadanía y en lo mínimo que deben cumplir a sus votantes en términos del periodo de sus cargos.
Por las anteriores consideraciones presento a esta honorable asamblea, el siguiente
Proyecto de decreto
Único. Se adiciona el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con un párrafo segundo para quedar como sigue:
Artículo 125…. —ya termino, señor Presidente—.
Quienes ejerciendo un cargo de elección popular federal, local o municipal y no concluyan con el periodo para el cual fueron electos, no podrán postularse para otro cargo de elección, ya sea federal, local o municipal; prohibición que cesará una vez que transcurra el término de la gestión para el cual fueron electos. Lo anterior sin perjuicio de las prohibiciones y requisitos que para ocupar cargos de elección popular se establece en esta Constitución y las particulares de los estados.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Yo sé que esto no va a ocurrir, compañeras diputadas y compañeros diputados, porque así es esto, porque no hay voluntad de gobernar por el periodo que se requiere o como lo señala la elección para la cual fuimos postulados.
En virtud de que la presente iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito, señor Presidente, se incluya su texto íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Villicaña. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Rojas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 31, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.
El diputado Carlos Rojas Gutiérrez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, la iniciativa que hoy pongo a su consideración tiene como propósito fundamental la justicia.
Las Fuerzas Armadas de nuestro país, en especial después de la Revolución de 1910, adquirieron un carácter popular; es decir, su origen y su razón de ser son el pueblo de México.
El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Armada están integrados por hombres y mujeres que tienen la alta responsabilidad de salvaguardar nuestra soberanía nacional, garantizar la integridad del territorio y proteger a la población.
Las Fuerzas Armadas representan para los mexicanos mucho más que un cuerpo de seguridad, su labor ha sido determinante en diversas etapas de nuestra historia y cuando el país ha estado en riesgo siempre han actuado con lealtad y disciplina, anteponiendo el interés de todos los mexicanos.
Hablar de nuestras Fuerzas Armadas significa referirse a un ejército de paz. Su trabajo y esfuerzo ha sido y es decisivo para el desarrollo del país. Desde mediados de los años 50, en el siglo XX, al haber dado paso a los gobiernos civiles las Fuerzas Armadas asumieron tareas de enorme trascendencia, en primer término su propia profesionalización, lo cual significó abrir a miles de mexicanos una oportunidad para servir a su patria y para acceder a una calidad de vida digna.
El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada están presentes en todo el territorio, pero no sólo para resguardar la seguridad nacional, sino como entidades actuantes que permiten a las comunidades mejorar sus condiciones de vida.
Sólo por mencionar algunas de las actividades en la que participan, hay que recordar su labor en miles de jornadas de promoción y cuidado de la salud de la población con menores recursos o el trabajo extraordinario que durante años han realizado para reforestar y restaurar el medio ambiente.
Incluso hay que reconocer que de manera inconveniente, pero con eficacia, a muchos miembros de las Fuerzas Armadas se les han encomendado tareas propias de la seguridad pública, como es la lucha contra el crimen y la delincuencia organizada.
Nuestras Fuerzas Armadas merecen un reconocimiento amplio de la sociedad y de las instituciones por todas estas razones.
Pero si hay una especial por la que debemos hacerlo es por su compromiso y entrega en las circunstancias de desastre. Sin su intervención, su enorme capacidad organizativa y logística, pero sobre todo sin la solidaridad de un ejército popular que entiende las necesidades sociales, porque es parte de la sociedad misma, sería impensable que en muchas regiones y en las condiciones más adversas se pudieran recuperar y reestablecer comunidades enteras afectadas por desastres naturales.
Sin denuedo, sin escatimar esfuerzos, con absoluta disciplina, profesionalismo y un respeto irrestricto a las instituciones democráticas, los integrantes de las Fuerzas Armadas han sabido estar a la altura de las circunstancias, han sido y son un factor fundamental de la estabilidad y la paz social.
Siendo un ejército surgido de la Revolución y formado por los gobiernos que de ella emanaron, actuaron con patriotismo y lealtad en los momentos de alternancia, sin embargo debemos reconocer que siendo un elemento indispensable e inseparable del Estado mexicano, las instituciones no siempre han sabido retribuir su esfuerzo y compromiso con México, por eso no es casual que una de las principales decisiones que tomó el presidente de la república desde los primeros días de su administración haya sido incrementar los ingresos de los militares.
Pero aumentar sus haberes no es suficiente para hacer justicia. De ahí la razón de ser de esta iniciativa. El sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas requiere de un renovado compromiso y apoyo en los hechos del gobierno federal.
En este sentido, ha habido diversas propuestas legislativas. Hace casi una década se otorgó el beneficio de la denominada ayuda para militares retirados, la cual, si bien todavía insuficiente, fue un avance pues era el equivalente al sobrehaber mínimo vigente para los miembros de las Fuerzas Armadas en activo.
No obstante, este beneficio fue parcial, no se hizo extensivo a los pensionados ni a los familiares derechohabientes en caso de muerte del militar, ya sea en situación de retiro o en activo.
Más tarde, en el año 2002, a propuesta del Legislativo se aprobaron reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Lamentablemente en esa ocasión y como en tantas otras cosas, este esfuerzo de los legisladores no fue interpretado correctamente por quien entonces tenía la responsabilidad de ser el presidente de la república.
La falta de compromiso y el profundo desconocimiento de las instituciones que mostró Vicente Fox durante su administración, lo llevó a cometer una grave injusticia al vetar el decreto que aprobó el Congreso de la Unión, dejando sin efecto los beneficios para los militares en retiro y para sus familiares. Imperaron, como suele suceder en estos casos, los criterios de la tecnocracia que se asusta o reacciona con petulancia cuando se trata de un acto de justicia.
Es evidente que el sistema pensionario de las Fuerzas Armadas sólo puede ser financiado a través del erario, y esgrimir otro tipo de argumentos resulta una injusticia y una falta de visión con quienes brindan literalmente su vida al servicio de los demás.
Por eso, la iniciativa que hoy proponemos busca reformar la Ley del ISSFAM para recalcular los montos que corresponden a los haberes de retiro, es decir, para reconsiderar las pensiones militares, y decirlo en términos muy concretos: se trata de que los militares tengan un ingreso para asegurarles una vida digna, después de haber trabajado durante décadas al servicio de México. Pero también se plantea reconocer de manera íntegra su esfuerzo, como son las percepciones por condecoraciones, perseverancia y asignaciones técnicas por vuelo, salto o especiales.
Se trata de una propuesta que favorece a todos los militares que pasen a situación de retiro, pero con un criterio de justicia y proporcionalidad; es decir, se busca beneficiar con mayores incrementos porcentuales a los militares que perciben menos ingresos antes de pasar a retiro. Esta iniciativa, a quienes otorga la mayor prioridad, es a aquellos que menos ganan y, en consecuencia, tienen acceso a una calidad de vida con mayores limitaciones.
Con ello, compañeras y compañeros, además de un acto de justicia social elemental, se contribuye también a fortalecer el espíritu de cuerpo y dar incentivos que premien la perseverancia y la permanencia de los miembros de nuestras fuerzas armadas en beneficio de los altos intereses del país, del desarrollo, de la estabilidad, de la paz social, de la seguridad, pero sobre todo, de la soberanía nacional.
Estoy convencido de que con esta reforma se hará justicia, sin duda, a los soldados y marinos de la patria y al mismo tiempo se fortalecerán nuestras fuerzas armadas.
Nos han hecho favor de sumarse a esta iniciativa los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, los diputados Jesús Arredondo, Roberto Badillo, Israel Beltrán, Andrés Carballo, Diódoro Carrasco, César Flores Maldonado, José Guillermo Fuentes Ortiz, Javier González Garza, Nelly Asunción Hurtado, Alma Lilia Luna, Lilia Merodio Reza, Pedro Montalvo, Celso Pulido, Cuauhtémoc Sandoval y Alfonso Suárez del Real.
Por la Comisión de Marina, su presidente José Manuel del Río, José Luis Blanco Pajón, Jorge Toledo y Carlos Chaurand.
Han suscrito también esta propuesta los coordinadores parlamentarios Marina Arvizu, de Alternativa; Alejandro Chanona Burguete, de Convergencia; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Emilio Gamboa Patrón, del Partido Revolucionario Institucional; Javier González Garza, en su calidad de coordinador del PRD; Héctor Larios Córdova, del PAN; Mónica Arriola, del Panal, y Gloria Lavara, del Partido Verde Ecologista de México. Y se suma en estos momentos el diputado Mariano González Zarur. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Carlos Rojas Gutiérrez. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional.
La siguiente propuesta que iba a realizar la diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela García, se pospone.
Esta Presidencia, a nombre del pleno agradece y da la más cordial bienvenida, a la visita de la Universidad del Valle de México, plantel San Rafael; de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, campus Tejupilco, Estado de México; al Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla y a la Universidad de Monterrey. Sean ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarias.
La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón: Gracias, Presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El Estado mexicano debe promover el desarrollo social como un conjunto de derechos para todos los mexicanos, en el que la universalidad, integralidad y equidad habrán de ser principios rectores.
Sólo en este marco tiene sentido la focalización de esfuerzos dirigida hacia la población en condiciones de pobreza.
En los programas actualmente en operación existen diversas vertientes: productivas, de incentivo para la inscripción y permanencia en las escuelas, de fortalecimiento al ingreso de las familias, de educación en la salud y de apoyo alimentario.
Acorde con esta última vertiente, es necesario elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación, incluso, como parte de los derechos humanos. Por ello, apoyamos toda acción del Estado mexicano que contribuya, mediante la nutrición, al nacimiento y desarrollo de niños y niñas con un mejor piso de potencialidades para el desarrollo de sus capacidades, a la evolución satisfactoria de mujeres gestantes y al disfrute de una vejez alejada de padecimientos degenerativos, todos atribuibles a una alimentación deficiente.
Hagamos un recuento rápidamente sobre este rubro. Destacan tres programas: Oportunidades, el PAAL, Programa de Apoyo Alimentario de Diconsa y el Programa de Abasto Social de Leche de Liconsa.
Es importante llamar la atención a que el Programa Oportunidades, el Programa de Apoyo Alimentario y el Programa de Abasto Social de Leche, sean excluyentes entre sí.
De hecho, en más de una ocasión se han presentado y aprobado en la Cámara de Diputados, puntos de acuerdo que exhortan al gobierno federal para que elimine esta restricción de las reglas de operación de estos programas, sin haber obtenido, hasta el momento, respuesta positiva por parte de las dependencias del Ejecutivo federal responsables de estos programas.
En la evaluación externa de resultados del Programa de Abasto Social de Leche enero-diciembre 2006, realizada por el Centro de Estudios Estratégicos del Tecnológico de Monterrey, se reiteran las recomendaciones de eliminar la mutua exclusión de beneficiarios entre Oportunidades y el Programa de Abasto Social de Leche, contenidas en las evaluaciones de 2003, 2004, 2005 y primera etapa de 2006 que no han sido atendidas apropiadamente por las autoridades y especialmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que las ha rechazado sistemáticamente, sin proveer argumentación o evidencia alguna.
Por lo anterior, se recomienda una vez más a Liconsa, Sedesol y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que modifiquen las reglas de operación del Programa de Abasto Social de Leche, para eliminar la mutua exclusión de beneficiarios con respecto de Oportunidades, tanto a nivel de las familias, como de los individuos elegibles.
Un obstáculo más que evita que las personas en condiciones de pobreza puedan ser beneficiarias de ambos programas, es legal y es que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 75, fracción VII, establece que debe de haber coordinación entre dependencias y entidades para evitar duplicidad en la aplicación de los recursos destinados a subsidios.
En el marco de las observaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, respecto al tercer informe de México sobre niñez, se destacan dos recomendaciones.
La primera, que reitera la necesidad de aplicar todas las medidas necesarias para reducir las disparidades en el acceso a la salud, las altas tasas de mal nutrición entre niños menores de cinco años y niños en edad escolar, especialmente en zonas rurales y apartadas, y entre los niños indígenas.
Y la segunda, para que se intensifiquen las medidas para reducir considerablemente la pobreza y las disparidades sociales, a fin de alcanzar las metas del milenio al respecto, y vele porque todos los niños tengan acceso igualitario y suficiente a los servicios de salud, servicios sociales, alimentos, vivienda y educación de calidad.
En este sentido, los estudios respecto de los beneficios de consumir con regularidad la leche fortificada, arrojan algunos de los siguientes resultados: una menor incidencia de anemia, mayores concentraciones de minerales y neurotransmisores, así como mejoramiento en las habilidades cognoscitivas y físicas, y una mejor proporción entre talla y peso corporal, entre quienes consumen la leche respecto de quienes no la consumen.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción VII del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Señora Presidenta, solicito se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates, por obvio de tiempo y por el respeto de mis compañeros diputados. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias diputada Ana Yurixi Leyva. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Esta Presidencia, a nombre del pleno, le da la más cordial bienvenida, a los estudiantes de la Escuela Normal de Tejupilco, Estado de México. Sean ustedes bienvenidos.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, suscrita por el ponente y la diputada Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario, del PRI.
El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: La Ley de Asistencia Social contempla, en su artículo 4o., los sujetos de asistencia social, entre los cuales menciona a las niñas, niños y adolescentes, que se encuentran en situación de riesgo por vivir en la calle. Sin embargo, no hace referencia a los niños en la calle.
Con la presentación de esta iniciativa, se propone reformar los artículo 4 y 12 de la Ley de Asistencia Social, entre otras cosas, para incorporar como sujetos de asistencia social, a niñas, niños, adolescentes, que padezcan algún tipo de adicción, que vivan en la situación de la calle, ya sea porque son niños de la calle, por no tener familia, o niños en la calle, los cuales tienen familia pero pasan el mayor tiempo en la calle, así como a la infancia trabajadora.
Esta infancia trabajadora es otra categoría que, aun cuando se encuentra contemplada como sujeto de asistencia social, es preciso incluir específicamente aquella que obtiene ingresos de la economía informal, lo cual se propone con la reforma del inciso h) de la fracción I del artículo 4o. de esta citada ley.
La sociedad generalmente rechaza a niñas, niños y adolescentes que desarrollan labores como pepena, estiva, mendicidad, venta ambulante, limpia de parabrisas y actuación en la vía pública, pues son considerados como un sector peligroso y al que el Estado debe retirar de cruceros y calles y, en un momento dado, hasta castigarlo.
Existen varios programas implementados para combatir los riesgos contra este sector, pero no existe un precepto jurídico concreto que implique obligatoriedad para que las autoridades en los tres niveles de gobierno lleven a efecto su cumplimiento y ejecución.
Por ello, con la adición de la fracción XV al artículo 12 de la Ley de Asistencia Social se impulsa que los estados y la federación implementen formal y plenamente acciones tendientes a darle un tratamiento adecuado a este sector de la infancia desprotegida.
Con la reforma propuesta al artículo 12 de la referida Ley de Asistencia Social, se pretende, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, la implementación de acciones tendientes a garantizar a los infantes en situación de calle, o trabajadores, su derecho a la educación, salud y recreación, así como a la reintegración a su medio familiar, en los casos en que esto sea benéfico para su normal desarrollo físico, psicológico y mental.
El interés superior del niño debe servir de base y consideración fundamental en la elaboración de las políticas sociales y de asistencia. Ello deberá ser coherente con la definición del presupuesto público y de inversión dirigida a salvaguardar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños.
Con esta propuesta se pretenden establecer pasos específicos a seguir para que se detecte a los menores que sufren la vulnerabilidad por sus circunstancias específicas de vida y que de este modo cuenten con la asistencia social por parte del Estado al establecer claramente programas y acciones afirmativas, libres de discrecionalidad y temporalidad por parte de las autoridades, y que con ello se logre una sociedad más justa e incluyente.
Por las consideraciones antes expuestas, mi compañera diputada Yolanda Rodríguez y un servidor, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Asistencia Social.
Único. Se reforman los incisos f) y h) de la fracción I del artículo 4o., y se adiciona un nuevo inciso m) a la misma fracción del artículo, y una fracción XV al artículo 12, ambos de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:
Artículo 4o….
Inciso f) Vivir y/o realizar sus actividades en la calle;
Inciso h) Trabajar en el sector formal e informal en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental.
El artículo 12 en su fracción XV:
XV. La implementación por parte de la federación, los estados y los municipios de programas semestrales de detección, diagnóstico, seguimiento y atención para las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, así como para quienes laboran dentro del sector formal e informal, a efecto de otorgarles el apoyo necesario para reintegrarse a sus familias en los casos que sea benéfico para su normal desarrollo físico, psicológico y mental, y para su educación, salud y recreación.
Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Gerardo Octavio Vargas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Martha García Müller, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social.
La diputada Martha Margarita García Müller: Con su permiso, señora Presidenta. En nuestro país existe un importante sector de la población que vive con alguna limitación física, mental o sensorial. A este sector comúnmente se le denomina personas con discapacidad.
Una persona con discapacidad es aquella que presenta una limitación física o mental, de manera permanente o por más de seis meses, que le impida desarrollar sus actividades en forma que se considere normal para un ser humano.
Hoy en día los tipos de discapacidad más conocidos son la discapacidad motriz, la visual, la mental, la auditiva y la del lenguaje.
De acuerdo con los datos arrojados por la Organización Mundial de la Salud, en México existen 10 millones de personas con discapacidad. Sin embargo, en contraste con los datos de la OMS, el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000 reporta un dato que parece subestimar de manera importante la magnitud del problema. Se dice que de los 97 millones 14 mil 867 mexicanos que habitaban el país en este año, 2.2 millones, o sea, 2.3 por ciento, tiene algún tipo de discapacidad. Igualmente, los resultados en la Encuesta Nacional de Salud mostraron que la incidencia de personas con discapacidad era de 2.3 por ciento.
Dado lo anterior, nuestro país en materia de discapacidad ha adquirido compromisos importantes a nivel internacional a través de la ratificación de diversos tratados que a su vez han sentado las bases jurídicas para la legislación interna.
Por tal motivo fue publicada el 10 de junio de 2005 la Ley para Personas con Discapacidad con el objeto de permitir la plena inclusión de las personas con discapacidad en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades en todos los ámbitos de la vida.
Asimismo, se han creado programas dirigidos a estos grupos vulnerables. No obstante la presencia de acciones por parte del gobierno a favor de las personas con discapacidad se presenta un problema referente al rezago enorme que existe en el aspecto estadístico sobre personas con discapacidad.
No existe suficiente información sistematizada que pueda servir de insumo para estudios de investigación que apoyen el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Esta situación no permite establecer adecuadamente planes, programas, presupuestos que realmente contribuyan a la integración de las personas con discapacidad en los ámbitos social, cultural, jurídico y económico.
Como ya se ha expresado, al comparar las cifras oficiales en cuanto al número de personas con discapacidad dadas a conocer por nuestro país, con los parámetros internacionales, se observa que la cifra nacional no concuerda.
De lo anterior se puede deducir que las estadísticas nacionales no siempre son confiables o comparables y que se requiere de otro instrumento que permita recabar estos datos. Sólo con el conocimiento del número exacto de las personas con discapacidad se podrá llevar a cabo diseños precisos de políticas públicas eficaces, que atiendan las necesidades y demandas cotidianas de este sector.
Por lo cual, la intención de la presente iniciativa es puntualizar la trascendencia de crear un registro nacional de personas con discapacidad que contengan datos tales como el nombre de las personas, su domicilio, su edad, género, estados civil, tipo de discapacidad y características de la misma, así como los datos que se consideren necesarios incluir para su plena identificación.
Lo anterior en estricto apego a las disposiciones del Capítulo Cuarto de la protección de los datos personales de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. este registro nacional será de gran utilidad, puesto que mostrará a través de la información captada dónde residen las personas con discapacidad, facilitando de esta manera la puesta en práctica de determinadas medidas.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, se identifica con la serie de instituciones que por disposición de la ley deben apoyar a las personas con discapacidad. Es el órgano responsable de proporcionar los servicios de asistencia social y tiene como objetivo llevar a cabo acciones en materia de prevención, de invalidez y de rehabilitación e integración a la vida productiva o activa de personas con algún tipo de discapacidad. Igualmente es el encargado de coordinar el sistema nacional de información en materia de asistencia social, en colaboración con el INEGI.
Por su parte, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene como objetivo contribuir al establecimiento de una política de Estado en materia, así como proveer, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
Entre las atribuciones que la ley le confiere se pueden mencionar las siguientes: Realizar estudios de investigación que apoyen el desarrollo integral de las personas con discapacidad y concertar acuerdos de colaboración entre organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.
De ahí la importancia de que una institución como el sistema DIF sea la encargada de elaborar y actualizar con la colaboración del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y entidades como el INEGI y la Secretaría de Salud.
En Acción Nacional estamos convencidos de que el registro que se propone se constituirá como una herramienta fundamental para llevar a cabo acciones de planeación, seguimiento y evaluación de programas y servicios nacionales orientados a lograr la igualdad de oportunidades para la población con discapacidad.
Permítame, señora Presidenta, terminar con los artículos que pretendemos reformar. Se reforma el artículo del inciso k) del artículo 28 y se adiciona un párrafo tercero al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social para quedar como sigue:
Artículo 28. El organismo será el coordinador del sistema y tendrá las siguientes funciones.
En el inciso k). Elaborar y actualizar el directorio nacional de las instituciones públicas y privadas de asistencia social y el Registro Nacional de Personas con Discapacidad.
El artículo 29, el segundo párrafo. Elaborará y actualizará el registro nacional de personas con discapacidad, con la colaboración del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y en coordinación con dependencias y entidades federales, estatales y municipales.
Lo anterior en estricto apego a lo que corresponde a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Martha García Müller. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a los Grupos Vulnerables. Se concede el uso de la tribuna al diputado… Sí, diputado Del Río Virgen.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Señora Presidenta, el diputado Marco Antonio Peyrot y su servidor estábamos en la reunión de presupuesto pidiendo más recursos para Fidena y para otras áreas.
Queremos rogarle, señora Presidenta, que nos pueda enviar a la Comisión de Marina la iniciativa que presentó el diputado Carlos Rojas Gutiérrez que reforma el artículo 31 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Solamente se envió a Defensa y Marina puede emitir una opinión si usted lo autoriza, señora Presidenta. A nombre del diputado Peyrot y de un servidor, muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Así se va a hacer, diputado Del Río Virgen. Vamos a modificar el turno de la iniciativa que presentó el diputado Carlos Rojas Gutiérrez, que reforma el artículo 31 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, con opinión de la Comisión de Marina.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.
El diputado Sergio Hernández Hernández: Con su permiso, señora Presidenta. Vivimos en un mundo globalizado en el que la competencia comercial y la competencia científica están haciendo que aquellos países más poderosos sigan haciendo más pobres a los que ya lo están.
Dependemos en nuestro país básicamente de la explotación del petróleo y, según los expertos, nos quedan 9 o 10 años todavía para poder hacer esta explotación y nuestro país siga viviendo de estos recursos.
Dependemos en gran medida de las remesas que envían nuestros connacionales que viven y trabajan ya en los Estados Unidos. Dependemos de la mano de obra barata para miles de maquiladoras que funcionan en nuestro país. También de los abundantes recursos naturales de que disponemos en México.
Nuestra economía ha sido insuficiente para abatir los enormes rezagos por los que pasan miles y millones de mexicanos. Pero, ¿qué hemos hecho al respecto? Los países más avanzados, como Israel, como Finlandia, están invirtiendo en ciencia y tecnología.
Por ejemplo, Israel el 4.5 por ciento de su producto interno bruto. Suecia el 3.95, Finlandia el 3.51, Japón el 3.13, Suiza el 2.94, Estados Unidos el 2.85 de su producto interno bruto y están generando, por invertir en ciencia y tecnología, los empleos que sus países están requiriendo.
Pero no basta con compararnos únicamente con los países de América, de Europa o de Asia, que están invirtiendo en ciencia y tecnología. Aquí, en nuestro continente, Costa Rica está invirtiendo ya el 1 por ciento de su producto interno bruto, Cuba el 0.93, Brasil el 0.91, Panamá el 0.90, Paraguay el 0.85, Chile el 0.68, Argentina el 0.49 y nosotros, en México, estamos invirtiendo en este año apenas el 0.33 de nuestro producto interno bruto.
¿A qué nos va a llevar esto? A seguir siendo un país dependiente, a estar mirando pasar el progreso y a seguir consumiendo lo de los demás, que si están invirtiendo en ciencia y tecnología, y seguirlos mirando cómo siguen desarrollándose y nosotros mandando cada vez miles y millones de mexicanos a laborar en Estados Unidos.
Por eso, he decidido hacer esta iniciativa de ley para reformar el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología. ¿Por qué? Porque ya se establece en la legislación que nuestro país debe destinar 1 por ciento del producto interno bruto a este ramo, y sin embargo, no lo hemos podido lograr.
Escuchamos de Felipe Calderón, hace unos días, que va a haber un incremento a este ramo en ciencia y tecnología para el año que viene, y eso indudablemente es un buen signo, pero no podemos depender, nuestro país no puede estar esperando la disposición que tenga solamente quien preside el Ejecutivo en nuestra nación. Necesitamos dar cauce para que el 1 por ciento del producto interno bruto pueda destinarse a ciencia y tecnología.
Por eso, quiero proponer a esta soberanía que el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología sea mejorado para que podamos destinar en poco tiempo el 1 por ciento del producto interno bruto a ciencia y tecnología. ¿Cómo? Asignando en términos reales cada año más recursos que en el año próximo anterior, y de esta manera estaremos asegurando en corto tiempo asignar el 1 por ciento del producto interno bruto a ciencia y tecnología.
Nuestro país lo merece, nuestros hijos lo van a reconocer. Estoy seguro que con el apoyo de todos ustedes habremos de lograrlo. Lo he dicho muchas veces: en ciencia y tecnología no hay partidos políticos. En ciencia y tecnología no hay ideología que valga. Es por el progreso de nuestro país.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Sergio Hernández Hernández. Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada María Gabriela González Martínez, para presentar iniciativa que reforma el artículo 75 de la Ley General de Educación, suscrita por la ponente y el diputado Alejandro Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada María Gabriela González Martínez: Con su permiso, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada María Gabriela González Martínez: Todas las sociedades, en todas las épocas han elaborado imágenes y valores sobre la persona del maestro y su labor pedagógica. Estas representaciones expresan la finalidad social asociada a la educación y a la impartición de conocimientos que son legitimados a través de las doctrinas pedagógicas que predominan en cada periodo histórico.
Un sistema educativo de mejor calidad, con igualdad de oportunidades, es considerado uno de los pilares que permite alcanzar un desarrollo integral para la sociedad. Favorecer el desarrollo de los conocimientos y las competencias equitativamente para formar a las personas en los valores, principios éticos, capacidades intelectuales, habilidades instrumentales y favorecer el acceso a la información socialmente necesaria para desempeñar en los diferentes ámbitos de la vida social.
La calidad del sistema educativo de un país, sin duda alguna, depende en gran parte de sus docentes. La correlación entre la preparación profesional de los docentes y sus prácticas en clase tienen un efecto relevante en el desempeño académico y en el aprendizaje de los estudiantes.
El maestro es el actor principal en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa pues es el nexo en los procesos de aprendizaje de los alumnos y las modificaciones en la organización institucional. Las reformas educativas se traducen en las escuelas y llegan al aula por medio del docente.
El trabajo docente es central. Los maestros son fundamentales en el rescate de la escuela pública. Por ello, resulta fundamental su compromiso por mejorar la calidad educativa en el país; sin embargo, en México la política actual de profesionalización del docente no compensa ni corrige el déficit formativo que padece parte del magisterio.
Cabe destacar que con ello no pretendemos menoscabar la labor educativa de docente alguno, sino por lo contrario, deseamos motivar la reflexión del magisterio nacional sobre la necesidad de fortalecer a los profesores que cumplen dedicada y esforzadamente con su vocación.
La presente iniciativa pretende, asimismo, mejorar la formación de los recursos docentes para que respondan a las nuevas necesidades no sólo del proceso educativo, sino de las formas actuales de organización del trabajo, la adopción de nuevas tecnologías y la reconversión permanente a la cual están sometidas todas las profesiones.
Por lo anterior se hace necesario que se suprima el último párrafo del artículo 75 de la ley en la materia, con el objeto de que las disposiciones señaladas en las 12 fracciones del artículo citado sean también aplicables para los trabajadores de la educación. De esta forma se pretende que ya no existan exclusiones de las disposiciones aplicables, promoviendo la justicia y la equidad que en el México democrático de hoy debe existir en todos los niveles.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con
Proyecto de decreto
Artículo único. Se deroga el último párrafo del artículo 75 de la Ley General de Educación.
Pido a la Presidencia se integre el texto de forma completa. Muchas gracias, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada María Gabriela González Martínez. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad y adiciona los artículos 9 y 41 de la Ley General de Educación.
El diputado Jorge Quintero Bello: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeros diputados, el suscrito, Jorge Quintero Bello, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LX Legislatura del Congreso de Unión, como proponente me permito resumir la
Exposición de motivos
Grupos como el de las personas con discapacidad aún se encuentran en la zaga del disfrute real y pleno de algunos derechos fundamentales. Los actos discriminatorios y de restricción o desigualdad de oportunidades son de diversa índole, sin embargo, quiero llamar la atención sobre uno en particular: la discriminación en el ámbito educativo.
Para la consecución de los objetivos anteriormente planteados, propongo la adición de un párrafo al artículo 41 de la Ley General de Educación, con el cual se introduce uno de los valores y méritos más importantes de la educación especial, que es el de alentar la creatividad, talento y capacidad de las personas con discapacidad. Además planteo la adición de un párrafo al artículo 9 de la misma ley, a fin de resaltar la importancia de extender la obligación de garantizar el acceso a la educación superior y formación profesional a las personas con discapacidad.
Por último, señalo la necesidad de añadir el término de "sordo-ceguera" a la Ley General de Discapacidad en su artículo 10, con la finalidad de que se garantice la educación a este grupo, adecuando los planes de estudio al lenguaje o modalidad de comunicación que mejor se acople a sus necesidades.
En Acción Nacional consideramos vital atender las demandas no satisfechas por todos los sectores de nuestro país. Tomamos como un compromiso erradicar las barreras que limitan el desarrollo y la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad.
De aprobarse esta iniciativa estaríamos generando condiciones de igualdad sustancial para las personas con discapacidad. Garantizaríamos, asimismo, su derecho a un desarrollo cultural y educativo más justo, con miras a su participación activa dentro de la sociedad.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, quedando como sigue:
Artículo 10. La educación que imparta y regule el Estado deberá contribuir a su desarrollo integral para potenciar y ejercer plenamente sus capacidades, habilidades y aptitudes. Para tales efectos, las autoridades competentes establecerán, entre otras, las acciones siguientes.
Fracciones I y VII quedan igual.
La VIII queda así: "Garantizar el acceso de la población sorda, ciega y sordo-ciega a la educación pública obligatoria y bilingüe, que comprenda la enseñanza del idioma español y la lengua de señas mexicana o cualquier otro sistema de comunicación apropiado, en función de las necesidades, características y posibilidades de cada persona.
"El uso suplementario de otras lenguas nacionales se promoverá cuando las circunstancias regionales así lo requieran".
Segundo. Se adiciona un párrafo a los artículos 9 y 41 de la Ley General de Educación quedando como sigue:
Artículo 9. "Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá directamente, mediante sus organismos descentralizados a través de apoyos financieros o bien por cualquier otro medio, todos los tipos y modalidades educativas, incluida la educación superior necesaria para el desarrollo de la nación.
"Apoyará a la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.
—Se agrega— "Lo anterior se ajustará a fortalecer el acceso pleno a todos los tipos educativos considerando, sin discriminación alguna, a quienes presentan alguna discapacidad y que pretendan incorporarse a nivel de educación superior en cualquiera de sus modalidades".
Artículo 41. "La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social. Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.
"Para quienes no logren esta educación, procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didáctico necesarios.
—Se añade— "Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a alumnos con necesidades especiales de educación.
—Se agrega también en términos generales— "Se pretenderá que los alumnos con discapacidades desarrollen en el máximo de sus posibilidades, tanto su capacidad creativa como sus talentos".
Diputada Presidenta, en virtud de haber sido resumida, solicito se inserte íntegramente el texto en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Jorge Quintero Bello. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Educación Pública y Servicios Educativos.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Silvia Emilia Degante Romero, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 31 y 32 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
La diputada Silvia Emilia Degante Romero: Muchas gracias, señora Presidenta.
Silvia Emilia de Gante Romero, diputada federal de San Luis Potosí, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados en esta LX Legislatura, presento, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para su estudio y dictamen respectivo, la iniciativa de reforma a los artículos 31 y 32 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
El diputado Jaime Aceves, del Partido Acción Nacional, presentó el 10 de abril de 2003 la iniciativa de Ley Federal para las Personas con Discapacidad, la cual fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. El 30 de abril del mismo año fue aprobado por la Cámara de Diputados un dictamen con proyecto de decreto que crea la Ley Federal para las Personas con Discapacidad. Dicho proyecto fue remitido para sus efectos constitucionales a la colegisladora.
Por unanimidad y en un profundo compromisos con la sociedad, y en lo particular con ese sector de la población, demostrando voluntad entre todas las fracciones partidistas que representan no solamente un reclamo social y el apoyo a la lucha por más de una década de estas personas con discapacidad y sus organizaciones, las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social; de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, segunda y del pleno senatorial, el 9 de diciembre de 2004, aprobaron el dictamen de los instrumentos enunciados en el anterior numeral.
El 31 de marzo de 2005 la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables convocó a las organizaciones civiles involucradas en el tema de la discapacidad a efecto de que expresaran sus inquietudes para una nueva Ley General de las Personas con Discapacidad, tales como libre acceso, vida independiente, Confe, Apac, Asociación Tutelar, entre otras, no podemos dejar de lado los esfuerzos que la sociedad civil ha tenido en la construcción de este andamiaje de leyes sobre la discapacidad.
Es por ello que la presente modificación al articulo 35 de la Ley General de las Personas con Discapacidad a que se refiere el Consejo Nacional Consultivo y que hasta hoy sólo opina, dejando de explotar la gran experiencia que tienen las organizaciones civiles, y peor aún, la continuidad con la que vienen trabajando en el corto, mediano y largo plazo. En consecuencia, el 6 de junio de 2005 en la publicación del Diario Oficial de la Federación se expide el decreto que crea la Ley General de las Personas con Discapacidad, misma que prometía ser una ley que impulsaría el desarrollo de este sector.
Sin embargo, y reconociendo la verdad, esto no ha sucedido, ya que con la entrada en vigor de la ley algunos programas se han desalentado.
Por otro lado, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad desde su instalación el 14 de septiembre de 2005, no se ha reunido en pleno, aún sí a través de su secretaría técnica, realizando un trabajo constante y de acercamiento con el Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad.
A decir de las organizaciones civiles y de la secretaría técnica del Consejo varios programas federales deben acercarse y además contar con mayor presupuesto.
Por otro lado, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, el pasado 4 de septiembre de 2007 celebró su segunda reunión ordinaria de Consejo, misma que logró una participación exitosa de funcionarios públicos de las secretarías, que establece el artículo 31 de la misma Ley General de las Personas con Discapacidad.
La presente iniciativa tiene como principal objetivo el poder incorporar al Consejo Nacional a tres secretarías de la administración pública federal que han impulsado programas en beneficio de las personas con discapacidad, como la Secretaría de Economía, con el Programas Emprendedores, como Pymes y Fonaes. Este último designado un área administrativa que impulsa proyectos de mujeres y personas con discapacidad.
Por otro lado, Sagarpa, quien con su Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad en el Medio Rural, y la Secretaría de la Reforma Agraria, con sus programas Fapas y Promusag; secretarías que con voluntad política en la administración anterior desarrollaron programas para este sector de la sociedad.
Por otro lado, dar la convivencia para la elaboración de programas entre sociedad y gobierno, un avance entre la administración en la participación de las organizaciones sociales para que elaboren programas y además participen en las decisiones, representando con ello seis organizaciones sociales, las que con un espíritu de igualdad deben de participar no solamente en numero mayor sino también para que se puedan incrementar a nueve organizaciones sociales.
Esta modificación no contraviene ni afecta las facultades del Consejo Nacional, no genera mayor gasto público, no genera acciones administrativas, pero sí ayuda a la revisión de los programas, a la opinión de los mismos, a la revisión de los programas y organización social, a la revisión de los presupuestos de egresos, los cuales les impactan directamente a ellos.
Iniciativa con proyecto de decreto
Artículo único. Se adicionan las fracciones VIII, IX y X del artículo 31 de la Ley General de las Personas con Discapacidad para quedar como sigue:
Artículo 31.
Del I. a VII, como está establecido.
La fracción VIII. La Secretaría de Economía —como Secretaría que se agregaría—.
Fracción IX. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
Fracción X. Secretaría de la Reforma Agraria.
Artículo 32. Podrán participar como miembros del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad nueve integrantes del Consejo Consultivo, los cuales tendrán derecho a voz y voto.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de octubre de 2007. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Silvia Emilia Degante Romero. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
La Mesa Directiva lamenta los hechos ocurridos en el estado de Campeche, en los que perdieron la vida trabajadores de la empresa Petróleos Mexicanos. La Cámara de Diputados se solidariza con la pena que embargan sus familiares y amigos. Por eso invitamos a todos los presentes a ponerse de pie, para guardar un minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
Se concede el uso de la tribuna al diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
El diputado Jorge Quintero Bello: Con su venia, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Jorge Quintero Bello: Compañeros diputados, el suscrito, Jorge Quintero Bello, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, como proponente me permito resumir la
Exposición de motivos
Pongo a consideración de esta respetable soberanía una iniciativa con el fin de extender los alcances de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Con ella busco involucrar aún más la participación de todos los sectores del país en la lucha contra la discriminación y de las condiciones de iniquidad que aún permean en nuestra sociedad.
Son diversas las áreas y temas en las que se pueden cristalizar el objetivo arriba referido, pero en esta iniciativa abordaré el tópico de la movilidad personal, como área en la que se puede propiciar el interés de otros sectores para que contribuya no sólo a eliminar la discriminación contra la persona con discapacidad, sino que también coadyuve para que éstas tengan mayores y mejores posibilidades para movilizarse, al tiempo de lograr una mayor independencia en sus movimientos y actividades.
La movilidad personal es una de las aristas que mayor trabajo requieren en aras de trascender y superar estos rezagos.
Los medios tecnológicos o físicos con los que se cuenta para hacer frente a una discapacidad, en ocasiones son muy limitados. Esto puede ser por distintos factores, como son el desabasto de los mismos. El alto costo que expone la ignorancia de su existencia, el desconocimiento para usarlos y por último, la falta de interés de algunos sectores productivos para producirlos.
Es sobre el último aspecto al que se orienta esta iniciativa. Cabe mencionar, en el sector privado, la industria de artículos médicos y de rehabilitación se ha quedado a la zaga en lo que se refiere al desarrollo y promoción de dichos medios.
Las situaciones arriba descritas impactan de manera negativa en el entorno y en las posibilidades que tiene el sector con discapacidad de nuestro país.
Debemos propiciar un mayor interés entre esta rama de la industria y el sector con discapacidad.
Habiendo señalado lo anterior, presento esta iniciativa, la cual tiene como único objeto el siguiente: alentar a las compañías o empresas que fabrican ayudas o dispositivos para las personas con discapacidad, a que tomen en cuenta las necesidades y peculiaridades especiales de las personas con discapacidad.
Con miras a cumplimentar este objetivo, propongo la adición de la fracción XVIII al artículo 30 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
La adición propuesta contempla que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, en pleno uso de sus facultades, pueda celebrar convenios con las empresas encargadas de la producción y comercialización de ayudas y dispositivos dirigidos a las personas con discapacidad.
De aprobarse esta iniciativa, estaríamos participando en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, contribuiríamos a promover una mejor relación entre distintos sectores de la sociedad mexicana y propiciaríamos que las personas con discapacidad tuvieran a su alcance un mayor número de dispositivos y de información potenciando así su capacidad de movimiento e independencia.
La integración y una mayor participación de este sector históricamente olvidado es posible, sólo precisa de un mayor esfuerzo de la sociedad en su conjunto y de un marco normativo que abra las puertas tan anheladas y necesarios cambios.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito somete a la elevada consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVIII del artículo 30, recorriéndose la subsiguiente, en la Ley General de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue.
Artículo 30, fracción XVIII. Promover la suscripción de convenios o acuerdos para que las organizaciones y empresas que producen dispositivos o ayudas técnicas para personas con discapacidad consideren las disposiciones vigentes en materia de desplazamiento y accesibilidad para dichas personas.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputada Presidenta, en virtud de haber sido resumida, le solicito se inserte íntegramente el texto en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Jorge Quintero Bello. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Esta Presidencia menciona que se encuentran entre nosotros los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, de León, y de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, plantel Morelia, Michoacán. Sean ustedes bienvenidos.
Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Martínez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Alejandro Martínez Hernández (desde la curul): Se pospone, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se pospone, me dice el diputado. También se pospone la propuesta del diputado Carlos Alberto Puente Salas, para presentar iniciativa que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la tribuna al diputado Rubén Aguilar Jiménez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El diputado Rubén Aguilar Jiménez: Con su permiso, señora Presidenta. En virtud de lo extenso de la iniciativa, me voy a permitir solicitar se inserte íntegra en el Diario de los Debates y me voy a permitir hacer solamente una presentación.
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esa soberanía, iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 12, 15, 17, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Lo anterior con base en lo siguiente. A diferencia de otras naciones de Latinoamérica, en nuestro país el derecho de acceso a la información pública por disposición expresa de la ley no fue una realidad hasta principio del presente siglo.
Además de tratarse de derechos fundamentales, el acceso a la información pública y la protección de los datos de carácter personal son de suma importancia para la construcción de un Estado moderno, y de la ciudadanía, fundamental en un país con una arraigada historia y opacidad en la función pública.
Frente a esta realidad el fortalecimiento de los órganos garantes del derecho de acceso a la información en las entidades federativas, y al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, es imprescindible en este sentido la búsqueda de la autonomía del IFAI. Favorece además la apertura de los anquilosados sistemas de gobierno y el contrapeso de Poderes, característica esta última, de los países democráticos.
Las características más sobresalientes de esta iniciativa serían las siguientes. Claramente determina que es derecho de los mexicanos la información en poder del Estado, que actualmente no se dice y parece una concesión del mismo. Se hace énfasis a que uno es dueño de su información personal en poder del Estado, y uno sabe qué hacer con ella. Por ejemplo: la información de los desaparecidos políticos, la información que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad o la información de los hospitales del Estado.
Amplía el espectro de los sujetos obligados a proporcionar información en la idea de que uno de los principales sentidos de las leyes de Acceso a la Información tiene que ver con el seguimiento a los recursos públicos como herramienta eficaz para inhibir la corrupción.
En este sentido se especifica la obligación de sindicatos, partidos y agrupaciones políticas y de los entes privados a dar información a las personas sobre el uso de dichos recursos.
La imposibilidad de clasificar como reserva la información que tenga que ver con investigaciones cuando se trate de crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos a fin de evitar que las leyes respectivas en cualquiera de los ámbitos sirvan como herramienta para la opacidad de cuestiones de interés público y se desvirtúe el sentido que se pretende sobre la reserva de información.
En este caso, por supuesto, no puede existir un conflicto entre el interés público y el daño probable, presente y específico, derivado de la publicidad de información por el mismo interés público que reviste la protección de los derechos fundamentales por sobre cualquier otra consideración.
La sencillez para el acceso a la información es sin duda uno de los principios que permitirá que los sistemas de información pública sean en la práctica una herramienta para que los ciudadanos puedan mejorar su calidad de vida.
La obligación de legislar en todos los ámbitos en materia de archivos públicos pues la ausencia de esta normatividad es en gran parte la causa de la inaccesibilidad de la información, lo que se traduce en inoperabilidad de los sistemas de información pública. Es decir, los entes ponen como pretexto que como no tienen la información organizada, no la pueden dar.
La autonomía constitucional del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y por supuesto, la designación de los comisionados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Esto es por supuesto fundamental para mejorar el accionar del instituto, pues no es posible que aún sean nombrados los comisionados por el Poder Ejecutivo, del cual también dependen la mayoría de las entidades públicas, que son por supuesto, sujetos obligados por la ley.
La facultad del instituto de reformar el reglamento de la ley, y en su caso, de expedir los reglamentos de las leyes en la materia, de archivos y protección de datos personales, una vez creadas.
Es importante señalar, además, que hay que destacar que esta iniciativa se da en ocasión de una circunstancia más o menos de concurrencia de lo siguiente: Fue presentada hace un año por los diputados del PRI de Chihuahua, lo que llamaron la Iniciativa Chihuahua. Ésta fue criticada ampliamente por muchos senadores, pues decían que le daba demasiada importancia a la transparencia y que esto no era importante para países como el nuestro, donde apenas estamos en reformas de derechos de primera generación, como son los derechos humanos.
La transparencia tiene un impacto directo en la democracia, pues permite lo que se llama contraloría social, es decir, permite que los ciudadanos sepan qué, cómo, cuándo, por qué y con qué está haciendo el gobierno. Así se supone en países como Suiza, donde este sistema existe hace 300 años. Esto ha generado que los ciudadanos tomen decisiones informadas sobre su gobierno y quien lo ejerce en lo que se refiere específicamente a irregularidades, hechos de corrupción o acciones de gobierno específicas.
La transparencia va directamente ligada a la rendición de cuentas. La primera se refiere al derecho ciudadano a la información; la segunda a la obligación que tienen los entes obligados a informar verazmente.
La transparencia es considerada un derecho de tercera generación. Los de primera generación son los que garantizan los derechos humanos, los de segunda son los derechos de la generación de garantías electorales y los terceros son de garantías democráticas.
La transparencia no es un sistema big brother, no genera el derecho de los ciudadanos a saber la vida personal de los funcionarios; ésta está protegida por otro derecho que se llama habeas data o información privada o íntima.
La información puede ser clasificada y reservada para que se denomine así: información reservada. Esto sucede cuando la información dañe la seguridad nacional o el derecho de intimidad o derecho íntimo de las personas. Esta reserva debe darse por un órgano autónomo que no dependa de ningún poder para que no ayude a que el poder haga trampa, como sucede ahora con el IFAI, y la reserva que hizo Fox, por ejemplo, con el escándalo del gasto de las toallas conocido como toallagate.
Para poder reservar la información en poder del gobierno que no sea información íntima, será necesario que quien reserve la información pruebe cuál es el daño que causa. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Rubén Aguilar Jiménez. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública.
La siguiente propuesta se pospone. Era de la diputada Mónica Arriola. Tiene la palabra el diputado Gustavo Pedro Cortés, del Grupo Parlamentario de Alternativa, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El juicio de amparo mexicano es ejemplar, pero necesitamos que efectivamente ampare y proteja a todos los ciudadanos. Debemos suprimir la fórmula que impide que una declaración de un acto o una ley inconstitucional no tengan un carácter general.
En nuestro derecho el amparo es la última línea de defensa que el gobernado tiene contra leyes y actos de autoridad que amenazan o lesionan sus derechos fundamentales. Se tramita en forma de juicio ante el Poder Judicial de la Federación y tiene como propósito lograr la nulidad del acto reclamado y restituir al agraviado con el goce de la garantía violada.
Creación del genio de dos abogados mexicanos, don Manuel Crescencio Rejón y don Mariano Otero, conserva signos excepcionales que lo prestigian. Hecho en México, el juicio de amparo ha sido reconocido y admirado internacionalmente, situando a nuestra ciencia jurídica en el mapa mundial.
Recordemos que el amparo vio la luz en Yucatán hace más de 160 años, cuando se instauró la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes. Después, el acta constitutiva de reformas de 1847 declaró que los tribunales de la federación ampararán a cualquier habitante de la república en el ejercicio y conservación y los derechos que le concede la Constitución contra todo ataque de los poderes Legislativo y Ejecutivo, limitándose a impartir su protección en el caso particular, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o el acto que lo motivare.
Desde ese año de 1847 el Constituyente evitó que el beneficio se extendiera a todos los ciudadanos, aunque el acto de autoridad o la ley combatidos fueran finalmente declarados inconstitucionales por causas que quizá fueron justificadas en su tiempo.
Es posible que ese candado conocido como la Fórmula Otero tuviera sentido en un México revuelto en las guerras de invasión y en las contiendas intestinas, pero ya no responde a esas motivaciones.
Hoy, los problemas constitucionales no son primariamente problemas de derecho, sino de poder. En nuestros días la defensa de esa fórmula tiene su fundamento en las cúpulas del poder y en el deseo de conservar prebendas.
Hoy, el amparo dejó de ser un medio de defensa accesible para el pueblo y se ha convertido en una institución compleja, exótica, buena sólo para especialistas y para quienes puedan pagarla, secuestrando así el carácter social que le dio origen.
Lo anterior, no ha pasado inadvertido para algunos talentosos legisladores, cuyas ideas han sido las raíces para proyectar desde ahí esta iniciativa. Nuestro reconocimiento, pues, a los diputados Jesús Ramírez Stabros, del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Mendoza y Victorio Montalvo, del Partido de la Revolución Democrática y a las diputadas María del Pilar Ortega y Dora Alicia Martínez, y el diputado Carlos Bracho, de Acción Nacional.
Ellos han percibido la necesidad de un cambio conceptual en el juicio de amparo, los derechos de tercera generación demandan de los legisladores un cuidado mucho más eficaz, conservar en rigor formalista, sólo puede llevar al menoscabo de nuestro propio entorno con pérdidas difícilmente reparables, es preciso innovar o al menos mantener el paso de los tiempos.
No puede haber estado de derecho donde existen seres más iguales que otros y donde los supuestos mínimos de seguridad, propiedad y formalidades de la ley no se acatan. Es impensable la existencia de un estado de derecho sin el imperio de la ley. Legislemos y traigamos el amparo al siglo XXI, sólo de esta manera podremos lograr la equidad entre los ciudadanos y proveer de paz a nuestra sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos reformar las fracciones I y II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que quien lo promueva sólo deba acreditar interés legítimo y para que la sentencia, además de ocuparse de quien la promueve amparándolo y protegiéndolo haga una declaración general, respecto de la ley o acto que la motivare en los términos y condiciones que disponga una nueva ley de amparo.
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Gustavo Pedro Cortés. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.
Tiene la palabra el diputado Felipe González Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
El diputado Felipe González Ruiz: Con su permiso, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Felipe González Ruiz: Compañeras diputadas y compañeros diputados, 11 millones de mexicanos tienen algún tipo de discapacidad y esto afecta a 22 millones más, contando a sus familiares.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 78 por ciento de las discapacidades son adquiridas a lo largo de la vida, mientras que sólo 22 por ciento son discapacidades de nacimiento. De éstas, sólo 2 de cada 100 personas están plenamente integradas a la sociedad, el resto no tiene acceso a la escuela ni al trabajo, son dependientes de su familia y son estigmatizados dentro de su círculo social.
Es por ello, que en la medida de la efectividad de los programas de atención a las niñas, niños y adolescentes discapacitados, está dada, en gran parte, por el grado de integración social que se logra.
Lo complejo del problema de la discapacidad que afecta a la población infantil y adolescente, lo variado de sus manifestaciones clínicas y la amplia individualidad de los casos afectados, determina que lograr la integración social requiera no sólo de la participación de los profesionales de la salud o de la educación especial, sino de la comunidad de forma general, por lo que resulta fundamental divulgar en la población cómo la niña, el niño o el adolescente a pesar de enfrentar una reducción permanente de su capacidad funcional —en la mayoría de los casos—, mediante el pleno desarrollo de sus potenciales residuales, pueda ser capaz de una plena integración social.
En esta línea es necesario diseñar materiales en diferente formato para divulgar en la comunidad la existencia de factores como las barreras arquitectónicas que pueden limitar la integración social y divulgar, además, todo lo que la niña, el niño o adolescente discapacitado es capaz de realizar, y paralelamente tratar de contribuir a facilitar condiciones que permitan su desarrollo en el campo de la expresión artística y deportiva.
La experiencia científica acumulada en este aspecto demuestra que la educación artística y el deporte en la niñez discapacitada tienen un impacto directo sobre el desarrollo de habilidades: incrementa su autoestima, condiciona patrones adecuados de conducta y comportamiento social y repercute de forma positiva en el ajuste psicológico de las niñas y los niños y sus familias.
Instrumentos de derecho internacional como la propia Convención sobre los Derechos del Niño señalan que todas las niñas y los niños tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad, a la protección contra cualquier intento de privarles de su identidad, a disfrutar de la libertad de expresión, disfrutar de la libertad de pensamiento, de conciencia y religión; de la libertad de asociación, a una vida privada plena, a la protección contra la tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como a la detención ilegal y la privación injustificada de la libertad.
Es imprescindible homologar nuestras leyes en esta materia con la finalidad de que en el Estado mexicano, las niñas, los niños y los adolescentes discapacitados dispongan de la información necesaria sobre las opciones que existen y las consecuencias que se derivarían de cada una de ellas.
De aquí la necesidad y el interés de contribuir para armonizar la Ley General de las Personas con Discapacidad con nuestra legislación sobre la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que hasta hoy no guarda un referente directo con nuestra legislación nacional.
En este sentido, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Único. Se reforma el artículo 29 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue.
Artículo 29. Para efectos de esta ley, se considera persona con discapacidad a toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputada Presidenta, con respeto le solicito que el texto de esta propuesta sea incluido de manera íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención, muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Felipe González Ruiz. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Silbestre Álvarez Ramón, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma los artículos 261 de la Ley Federal de Derechos y 2 A de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Silbestre Álvarez Ramón: Con el permiso de usted, ciudadana Presidenta. Compañeros y compañeras diputados. El de la voz, Silbestre Álvarez Ramón, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y con fundamento en lo que establecen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía legislativa la presente iniciativa de decreto, de conformidad con la siguiente
Exposición de motivos
Hablar y debatir sobre el patrimonio energético de nuestra nación no es una simple divagación, es hablar del pasado y presente, pero sobre todo, de cómo va a ser el futuro de nuestro país.
El petróleo y las otras energías, pero sobre todo el petróleo, ha condicionado o marcado el destino de México desde su conformación como Estado independiente. Los ingresos de este rubro han sostenido en gran medida la economía mexicana.
En la actualidad el petróleo es una mercancía estratégica para el funcionamiento de la economía mundial. Los países consumidores que dependen en alto grado del petróleo importado a través de sus gobiernos, buscan garantizarse el abasto oportuno, suficiente y barato, interviniendo y manipulando los mercados. Establecen acuerdos entre ellos para regular la demanda y recurren a toda clase de mecanismos de persuasión o francas amenazas a los países productores para lograr sus objetivos.
México es un país afortunado por tener enormes fuentes de riqueza energética, sin embargo, durante mucho tiempo la política energética ha sido manejada en forma irresponsable y con sorprendente falta de visión y de sentido común. Lo único que ha importado es vender el petróleo crudo al extranjero, haciendo a un lado la transformación, dejando en el abandono las plantas petroquímicas y las refinerías.
Todo esto nos ha llevado a una gravísima situación de dependencia, ya que estamos comprando en el exterior la cuarta parte del gas que necesitamos y el 10 por ciento de la gasolina que consumimos. Por si fuera poco, esta paradoja, en México la gasolina, la electricidad y el gas, cuestan más que en Estados Unidos o que en muchas otras partes de Europa.
Tenemos que llegar a un acuerdo nacional para tener una planeación energética con perspectiva de largo plazo y apegada a nuestros propios recursos. El verdadero negocio del petróleo no es para los países que lo exportan como materia prima, sino para aquellos que lo transforman industrialmente en productos de mayor valor, generando empleo y estimulando el desarrollo de su planta productiva.
En virtud de lo anterior, el planteamiento que vengo a formular aun cuando no es novedoso porque toda vez que se han pronunciado en el mismo sentido los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática por conducto de los diputados Antonio del Valle Toca y Moisés Dagdug Lützow en esta Legislatura, sin que exista un pronunciamiento de este órgano constitucional al respecto.
Este es, desde mi concepto, uno de los más significativos para el desarrollo económico del país, razón por la cual me permito distraer su atención para someterlo nuevamente a esta soberanía.
Es el que se encuentra vinculado con la necesidad de modificar el criterio para la distribución de los recursos por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, los cuales en la actualidad sólo se otorgan a los municipios que son colindantes con las fronteras o litorales, por lo que se realiza materialmente la salida del país de los hidrocarburos, sin considerar aquellos en los cuales se extraen y refinan hidrocarburos, siendo éstos los lugares en los cuales se genera principalmente una afectación al medio ambiente, contaminación de suelos y mantos acuíferos, afectándose las actividades económicas, entre otras.
El tema de los energéticos es un tema que me interesa y preocupa mucho al mismo tiempo. Esto obedece a muchas razones, entre ellas, a que vengo de un estado petrolero —Tabasco— donde se viven directamente los efectos de las políticas gubernamentales respecto a este rubro.
Lamentablemente les tengo que decir que son más las sombras que las luces las que predominan al respecto. Por mencionar sólo dos estragos, los daños medioambientales y la afectación a la salud de los habitantes de la zona.
Por ejemplo, en Tabasco cada año se registran accidentes graves con altos costos de pérdidas humanas y materiales ecológicos. En el presente año centenares de familias afectadas por fuga de gas y explosiones se han visto en la obligada necesidad de reubicarse por no poder seguir viviendo cerca de los ductos. Los municipios más afectados son Huimanguillo y Cárdenas, Tabasco.
Por ello, tal como lo sostuvo el diputado Antonio del Valle Toca, la reforma al régimen fiscal de Pemex permitió disminuir la gran carga fiscal a la empresa, así como también contribuyó a una mejor distribución de los derechos de la paraestatal, erogado al fisco federal. Resultando ser un acierto que se destinaran recursos a los municipios por los cuales se realiza la salida de los hidrocarburos ya que se ocasionan costos económicos para una actividad federal.
Sin embargo, esa distribución no es suficiente por lo que en los municipios en los cuales se extraen los hidrocarburos, no necesariamente tienen las mismas afectaciones económicas que en los municipios donde se transita para su salida del país.
Sabedores de esta reforma de orden legal, no implica modificación alguna sobre las finanzas públicas, pues sólo se modifican la distribución de los recursos, al incluir un mayor número de municipios participantes, no se procede afectación de ninguna índole, me permito someter al pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente reforma al artículo 261, fracción II, de la Ley de Derechos y el artículo 2o-A, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal.
En razón de que expusimos a grandes rasgos la iniciativa, Presidenta, le solicitamos se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias diputado Silvestre Álvarez Ramón. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se acaban de recibir oficios de la Cámara de Senadores. Proceda la Secretaría a darles lectura, por favor.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Cámara de Senadores. Mesa Directiva. México, Distrito Federal, a 25 de octubre de 2007. Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden el Sol del Perú, en grado de Gran Cruz con Brillantes, que le confiere el gobierno de la República del Perú.
Atentamente, senador José González Morfín, vicepresidente. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Gobernación. Continúe, por favor.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Cámara de Senadores. Mesa Directiva. México, Distrito Federal, a 25 de octubre de 2007. Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional del 6 al 10 de noviembre de 2007, a efecto de que participe en la XVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, a celebrarse en la ciudad de Santiago de Chile, y para que realice visitas oficiales a Panamá, Colombia y Perú.
Atentamente, senador José González Morfín, vicepresidente. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Dictámenes de primera lectura. El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura de los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que expide la Ley de Promoción y Desarrollo de los bioenergéticos.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud.
En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Quedan de primera lectura. Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: (15.26 horas) Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el martes 30 de octubre a las 11:00 horas y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto desde las 9.30 horas.