La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de los diputados y las diputadas.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 342 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: (11:36 horas): Se abre la sesión.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Está a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta.

Comunicaciones

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que establecen las reglas sobre el debate, votación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

Con fundamento con el artículo 38, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se permite someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de acuerdo parlamentario que establece las reglas sobre el debate, votación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.

Considerando

Primero. Que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos tiene facultades para establecer las formas que seguirán los debates y discusiones y deliberaciones.

Segundo. Que el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Cámara de Diputados debe aprobar anualmente, previo examen, discusión, y en su caso, modificación del proyecto del respectivo proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, de tal manera que pueda ejercerse a partir del primero de enero del año siguiente.

Tercero. Que siguiendo los principios básicos de derecho presupuestario, la legislación, doctrina y jurisprudencia mexicanas han sostenido inveteradamente el principio de anualidad del Presupuesto de Egresos.

Cuarto. Que con fundamento en el artículo 74, fracción IV, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara de Diputados, a más tardar el 8 de septiembre, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Quinto. Que el artículo 74, fracción IV, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

Sexto. Que el artículo 42, fracción VIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece los principios que deberán observar los legisladores en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Octavo. Que en la legislación mexicana vigente, en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el principio de que el pleno es el órgano supremo, y puede por tanto, en casos extraordinarios, dispensar los trámites ordinarios a que quede sujeto un dictamen, tanto en lo que se refiere a los tiempos establecidos para la publicación, como a su lectura previa, motivado por la urgente resolución para la discusión de un dictamen.

Noveno. Que en consecuencia es necesario establecer reglas para la expedita discusión y votación del dictamen con el objeto de cumplir en tiempo y forma el deber constitucional de la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo anterior y en cumplimiento de lo ordenado en los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 39 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 38, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 22 del Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones y las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación de la Cámara de Diputados, del 26 de septiembre de 2006, se expiden las siguientes

Reglas para el debate, votación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

Primera. Es objeto único del presente acuerdo determinar la forma y términos en que se discutirá, votará y aprobará en el pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.

Segunda. Que tanto el dictamen como el voto particular, si lo hubiere, publicados en cualquier momento, se considerarán de urgente resolución y tendrán dispensa de trámites en cuanto a sus lecturas.

Tercero. La discusión en lo general se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

1. Podrán hacer uso de la palabra para fijar su posición, hasta por cinco minutos, un orador por cada grupo parlamentario. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente en razón del número de diputados de cada grupo partidista.

2. Se registrará para hablar en contra y en pro del dictamen, se abrirá una ronda de dos oradores en cada sentido, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno.

3. Acto seguido se consultará al pleno, de conformidad con el artículo 133 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se reservan artículos y/o anexos del dictamen para su discusión en lo particular.

En este caso, los diputados deberán precisar con exactitud el párrafo, fracción o inciso de los artículos o el rubro, ramo, programa, partida o concepto de los anexos que reservan, o bien los artículos que se pretendiera adicionar al proyecto de decreto.

4. Una vez que la primera Secretaría de la Mesa Directiva hubiese registrado las reservas que se formularen a los artículos y/o anexos para su discusión en lo particular, se procederá a tomar la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos y/o anexos no impugnados del dictamen.

5. Si el dictamen hubiera sido aprobado en lo general por la mayoría de los votos de los diputados presentes, se procederá a la discusión, en lo particular, de los artículos y/o anexos reservados.

Cuarto. La discusión en lo particular se llevará a cabo de la siguiente manera:

1. Primeramente harán uso de la palabra, hasta por cinco minutos, cada uno de los diputados que hubiesen reservado artículos y/o anexos, sólo para su impugnación, sin propuesta alguna, pudiendo hablar en cada caso por el mismo tiempo un orador en pro de los términos del dictamen.

La Secretaría recogerá la votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen, en los artículos solamente impugnados. De conformidad con el artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior, se podrá solicitar votación nominal por separado de un artículo y/o anexo de los referidos en esa fracción.

2. En seguida se desahogarán los artículos y/o anexos reservados contenidos en el proyecto de decreto para presentar propuestas de modificación o adición, de acuerdo con el siguiente procedimiento.

a) Hará uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado que hubiera reservado el artículo y/o anexo para presentar su propuesta de modificación o adición. En caso de que la propuesta implique la creación o incremento de erogación, el diputado que presente dicha propuesta deberá señalar la correspondiente fuente de financiamiento, indicando el programa específico al cual deberá reducirse la asignación prevista en el dictamen para cubrir el nuevo gasto, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

b) Acto seguido se consultará a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Si la respuesta es negativa, la propuesta se tendrá por desechada y el artículo y/o anexo en cuestión se reservará para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen. Si la respuesta es afirmativa, podrá hablar hasta por cinco minutos cada uno, un orador en pro y otro en contra de la propuesta.

c) Inmediatamente después, la Secretaría dará lectura a la propuesta de modificación o adición, mencionando el nombre de su autor y, en caso de que implique la creación o incremento de erogaciones, se mencionará el programa específico al cual deberán reducirse las asignaciones prevista en el dictamen para cubrir el nuevo gasto. La Secretaría consultará a la asamblea, en votación económica, si se aprueba. Si la respuesta fuera negativa, se tendrá por desechada, pero si fuera afirmativa el artículo y/o anexo de referencia se reservará para su votación nominal en conjunto, con la modificación o adición admitida.

d) Agotados los artículos y/o anexos reservados para presentar propuestas de modificación o adición contenidos en el proyecto de decreto, el Presidente dará lectura a la lista de los artículos reservados, que se votarán en conjunto en los términos del dictamen y a la lista de los que se votarán en conjunto, con la modificación o adición aprobada y la Secretaría recogerá, en cada caso, la votación nominal correspondiente. De conformidad con el artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior, se podrá solicitar votación nominal por separado de un artículo y/o anexo de los referidos en esta fracción.

3. Todas las propuestas de modificación y adición, artículos y/o anexos considerados en el proyecto de decreto deberán ser presentados de conformidad con lo siguiente:

a) Deberán entregarse a la primera secretaría de la mesa, en hoja membretada, sin tachaduras ni enmendaduras, firmadas por su autor o autora.

b) Se deberá resaltar con negrillas el texto y cantidades a modificar o adicionar. Si se trata de anexos, deberá precisar el número de los mismos, el ramo o rubro, así como el programa al que haga referencia. Aunado a lo anterior, si se tratara de la creación o incremento de erogaciones, se resaltará el programa específico al cual deberá reducirse la asignación prevista en el dictamen para cubrir el nuevo gasto.

c) La recepción de las propuestas de modificación o adición se harán desde el inicio de la sesión y hasta que concluya el apartado de los posicionamientos de los parlamentarios en la discusión en lo general. De ninguna manera se admitirán proposiciones manuscritas o fotocopia de la Gaceta Parlamentaria, así como respecto de artículos o anexos no contemplados en el dictamen.

IV. Una vez que se haya verificado que las propuestas reúnan los requisitos señalados de esta fracción, las mismas serán rubricadas por lo menos por la mayoría de los Secretarios de la Mesa, a efecto de proseguir su trámite en los términos de este acuerdo. Asimismo, se entregará el acuse de recibo respectivo debidamente rubricado por la mayoría de los Secretarios de la Mesa, al diputado que realizó la propuesta.

V. Se autoriza a la mesa directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, de conformidad con los artículos 139 y 140 del Reglamento para el Gobierno Interior, realice las adecuaciones de cálculo y los ajustes de cifras y cantidades que resultaren, en plena correspondencia con las modificaciones o adiciones aprobadas por la asamblea.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2007.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta; diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Javier González Garza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia; diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y diputada Aida Marina Arvizu Rivas, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata.

Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Continúe la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: En votación económica se pregunta a los diputados y a las diputadas si se aprueba este documento. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados que estén por la…

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, diputado. Sí, diputado Javier González Garza.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Muchísimas gracias, compañera Presidenta. Creo que nadie va a tener ninguna dificultad en votarlo, pero apenas se va a repartir el documento. Esperemos un momentito a que se reparta el documento y lo votamos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Ya se está votando, compañeros. Vamos a darle la atención al compañero Javier González; sin embargo, recordemos que en la Junta de Coordinación Política… es el mismo documento del año pasado y del antepasado. No se le movió ni un punto ni una coma, y habían acordado que se votaba. Es realmente de trámite para cómo se van a llevar a cabo las discusiones del Presupuesto.

Realmente no le vemos mayor problema. Si hubiera alguna observación de este trámite, nos pueden hacer llegar las observaciones y en todo caso sometemos a votación si hay algún cambio. Es realmente para el mecanismo de trabajo de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto.

Sí, diputado Javier González Garza.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Tiene usted razón, compañera. Lo que tengo en este momento es unas cuantas diputadas y diputados que lo quisieran tener, leer. Nada más. No creo que vaya a pasar nada. Quiero decir se va a aprobar, se va a votar. Pero cómo usted quiera, vaya.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí. No, diputado no es como yo quiera, es que lo leímos. Acabamos de leer el documento aquí en público. Ese es el único detalle. Vamos a dejar que los diputados que no lo han leído, que llegaron tarde aquí a la plenaria, aunque ya tomaron asistencia porque sí hay quórum y ya habíamos instalado, lo puedan leer y vamos a pasar para que en una media hora se pueda terminar la votación.

Diputado Secretario, por favor. Continúe la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Junta de Coordinación Política por el que se somete a la consideración del pleno, el acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplíe el plazo de la investigación de los hechos suscitados en Oaxaca.

Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, nada más quiero ver si el diputado va a tomar la palabra. Están hablando con él. Ya terminamos de leer el punto, es el momento en que usted nos diga si va a tomar la palabra a este respecto, porque si no, lo vamos a someter a votación.

�¿Va a pasar a participar?… El diputado Alberto Esteva va a pasar a tomar la palabra sobre este asunto. �¿Alguien más se va a anotar para participar en este punto? Nos pasan a dar su nombre, por favor porque nos hacían el reclamo de que no se podía tomar la palabra en los puntos.

Se ha dado la palabra cuando lo piden, si alguien va a tomar la palabra también sobre este asunto, nos pasan a dar su nombre, por favor.

El diputado Alberto Esteva Salinas: Muchas gracias. Con el permiso de la señora Presidenta de la Mesa Directiva y quienes integran la misma. El Grupo Parlamentario de Convergencia celebra esta propuesta de la Junta de Coordinación Política, toda vez que los últimos meses en el estado de Oaxaca, no solamente no está resuelto el conflicto social sino que este se ha acentuado.

Hace menos de 48 horas ejecutaron a un servidor público del gobierno federal, del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, en la agencia municipal de Dolores y tan sólo esta semana ha habido secuestros o levantones de empresarios que han propiciado que el día de ayer el gobierno del estado se reuniera con las distintas presidencias de las Cámaras en el estado de Oaxaca, para garantizar que debe atenderse el tema de la inseguridad que priva en el estado de Oaxaca.

Pero esto no sería posible si se hubiera atendido con prontitud la demanda de impartición de justicia. En Oaxaca lo que se vive es un estado de impunidad. Lo vimos en la administración pasada con el asunto del autoatentado, que es la séptima ocasión que aquí se menciona en la tribuna, nunca hubo la aplicación de justicia.

Hoy lo vemos con el tema del movimiento social. Se ha ampliado el tema para solicitar que el plazo de investigación o el lapso de investigación se amplíe hasta octubre de este año. Esto es procedente toda vez que justamente en Oaxaca en este momento la violencia, la inseguridad provocada por los propios servidores públicos que están organizados en una camarilla de delincuentes, esto ha provocado esta incertidumbre en el estado de Oaxaca.

Y por eso celebramos esta posición de la Junta de Coordinación Política y desde luego que apoyamos esta posición para ampliar el plazo de las investigaciones porque solamente así puede llegar la tranquilidad a Oaxaca en el momento que se termine la impunidad, el abuso y el saqueo. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Alberto Esteva Salinas. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Altamirano Toledo, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Carlos Altamirano Toledo: Con su venia, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, qué bueno que la Junta de Coordinación Política se ha pronunciado en el caso de Oaxaca para que se amplíen las investigaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Estamos exactamente a un año de que aproximadamente 20 personas fueron asesinadas en Oaxaca y a un año todavía no se lleva a juicio a los culpables. No hay culpables de 20 muertos en Oaxaca.

Al contrario, Ulises Ruiz sigue campante, sigue dizque gobernado al estado de Oaxaca, gastándose el dinero en campañas electorales, gastándose dinero público en fiestas y en demás cosas y el pueblo de Oaxaca vive en la pobreza y en la marginación. Por eso celebramos el día de hoy, este punto de acuerdo.

En el PRD estamos porque haya justicia para los muertos en Oaxaca, en que haya justicia para las familias que han perdido su patrimonio; negocios y empresas perdieron su patrimonio y nadie hace nada por ellos.

Por esa razón la fracción del PRD apoya y estará al pendiente de estas investigaciones. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Carlos Altamirano Toledo. Continúe la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Antes de someterlo a votación queremos hacer la precisión siguiente: El diputado Emilio Gamboa Patrón, no firmó este acuerdo. La diputada Gloria Lavara Mejía y el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, tampoco. En votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputado que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en el mes de septiembre de 2007.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento.

Oficios de la Secretaría de Gobernación.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación. con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Vamos a pasar a la votación que suspendimos hace unos momentos respecto a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Toda vez que ya se había dado lectura al documento, pido a la Secretaría que consulte, en votación económica si se aprueba la propuesta que se leyó en este pleno.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: En votación económica se pregunta a los diputados y a las diputadas si se aprueba el presente documento. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese.

Proyecto de Declaratoria

Proceda la Secretaría a dar cuenta de las aprobaciones de los estados respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adiciona el artículo 134 y se deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Se recibieron de los Congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adiciona el artículo 134 y se deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Solicito a la Secretaria realice el cómputo correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Señora Presidenta, del cómputo se informa que se recibieron 30 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adiciona el artículo 134 y se deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, esta Secretaría da fe de la recepción de 30 votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adiciona el artículo 134 y se deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados, la Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto de declaratoria:

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República, y previa a la aprobación de la mayoría de los honorables Legislaturas de los estados, declara reformados los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122, adicionado el artículo 134, y derogado un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: �¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Está abierto el sistema electrónico, aún pueden registrar su asistencia.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia menciona y saluda a las escuela primaria Las Américas de Naucalpan, del Estado de México, y a la Universidad Privada del Estado de México, plantel Ecatepec, que se encuentran con nosotros. Sean ustedes bienvenidos a este pleno.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 404 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, secretaria.

El siguiente punto del orden del día es: comentarios en relación en relación a la venta de Aeroméxico a Banamex.

Se han inscrito para participar en este tema: el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, el diputado Jacinto Gómez Pasilla, el diputado Pablo Arreola Ortega, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, el diputado Carlos Alberto Puente Salas, el diputado Jesús Ramírez Stabros, el diputado Raymundo Cárdenas Hernández y el diputado Tomás Del Toro del Villar.

A este efecto tiene el uso de la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Grupo Parlamentario Alternativa.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el Consejo Coordinador Empresarial durante las elecciones presidenciales de 2006 encabezó una campaña sucia para enlodar al candidato Andrés Manuel López Obrador.

Fue el Consejo Coordinador quién lanzó la consigna que Andrés Manuel era un peligro para México. Le pagaron el favor a José Luis Barraza González, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y el club de ricos y dueño del país…

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame diputado. Diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, el diputado Rodríguez Prats le quiere hacer una pregunta, diputado.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Sí, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Si usted permite que le haga una pregunta el diputado Rodríguez Prats.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Al final de mi intervención, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Al final de la intervención. Gracias. Adelante diputado.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Le pagaron el favor a José Luis Barraza González, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial y el club de ricos y dueños del país, cediéndoles Aeroméxico en menos de la mitad de lo que nos costó rescatarlo.

El gobierno ya nos pegó con el gasolinazo, está preparando la venta del petróleo y de la electricidad y ya nos dio otro golpe con nuestra mayor línea aérea. Para quienes no lo sabemos, con 70 aviones, 300 vuelos diarios, el 19.3 del total de vuelos nacionales e internacionales, servicios de carga, centros de capacitación y vuelos de bajo costo, resulta que Aeroméxico es la mayor aerolínea del país y era nuestra.

Muchos países conocen la importancia estratégica de mantener el control de su espacio aéreo, pero el gobierno, con una ligereza que da mucho qué pensar, entregó el patrimonio del pueblo de México al capital extranjero, pues como todos sabemos, Banamex no es más que una fachada.

Las leyes del IPAB y del Mercado de Valores no pueden estar por encima de la Constitución y ésta impone un deber de cuidado a los gobernantes para no despilfarrar los recursos públicos. �¿Por qué en lugar de vender la compañía por medio de la Bolsa de Valores, no se siguió el procedimiento y se subastó públicamente? �¿Por qué no se licitó mediante el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes? La venta del consorcio Aeroméxico estuvo arreglada para beneficiar al grupo patrocinado por Banamex y al gobierno le urgía concretar la operación.

Pero hay otras preguntas. �¿De dónde obtuvo recursos Banamex, si su matriz tiene serios problemas de cartera vencida en Estados Unidos? �¿Por qué se admitió la oferta de una institución que se benefició del rescate bancario?

De acuerdo con la ley, la operación debió efectuarse mediante el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes ya que el artículo décimo tercero transitorio de la Ley del IPAB define que el lapso máximo de venta de los activos en poder del instituto es de cinco años. Este plazo venció en 2004. �¿Por qué vendió el IPAB? Y, �¿por qué así? Nada más falta que el precio de Aeroméxico se esté pagando con dinero de ese rescate.

Los funcionarios del gobierno del cambio se aprendieron bien la fórmula que nos aplicaron cuando se vendió Banamex y nos volvieron a hacer la misma jugada. El 18 de octubre se vendieron 586 millones 198 mil 208 títulos accionarios, lo que significó algo más de mil millones y medio de pesos.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, �¿saben cuánto se va a pagar de impuesto por esta operación? Ni un peso.

Es nuestro deber, compañeras diputadas y compañeros diputados, servir como verdaderos representantes populares y ser contrapeso al saqueo y al abuso del poder del Ejecutivo.

Defendamos lo nuestro. Que se investigue el fondo de la venta de Aeroméxico. Muchas gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: �¿Va a aceptar usted la pregunta del diputado Rodríguez Prats? No acepta la pregunta, diputado Rodríguez Prats.

Tiene el uso de la palabra el diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la competencia suscitada entre particulares por el consorcio integrado por las empresas Aeroméxico, Aerolitoral, Aeromexpress, Seat, Alas de América y Sabre, generó diversas controversias en torno al proceso, condiciones y oferta de venta, así como el destino tanto de la operación de la empresa, como de sus trabajadores.

La importancia del caso reside en que, como todos sabemos, Aeroméxico es una de las compañías líderes en el mercado de la aviación mexicana, con amplia presencia internacional, por lo que no podía ni debía de ser ofertada a un precio por debajo de su valor real.

Dado lo anterior, en el grupo parlamentario Nueva Alianza, como promotores de la libre y sana competencia, en su momento exhortamos a las autoridades competentes a que vigilaran el procedimiento de compra-venta de esta empresa, en especial en lo que respecta a las disposiciones relativas a la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

Cabe resaltar que esta proposición fue asumida por la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara y aprobada por el pleno de la misma.

Hoy, habiéndose concretado el proceso, reconocemos que se hayan respetado las disposiciones preventivas para la creación de monopolios, así como los derechos sindicales de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México y que se haya avanzado en la transparencia del proceso a través de la información pública del mismo, aunque aún no es suficiente.

Sin embargo, reprobamos el precio final de venta. Basta decir —y sólo para efectos de comparación— que Gayosso, una empresa funeraria, se vendió en 67.9 millones de dólares más que Aeroméxico, la mayor aerolínea del país, que fue vendida en 249.1 millones de dólares a Banamex y el grupo de compradores privados.

Es por ello que a fin de garantizar su competitividad exhortamos a que los nuevos dueños garanticen la cobertura de rutas, procurando su ampliación, y la persistencia de Aeroméxico como una compañía representativa del interés nacional.

Las experiencias pasadas, como la venta de Mexicana de Aviación, han demostrado que no basta cubrir el precio de compra sino garantizar que se haga frente a la creciente competencia, las obligaciones laborales y los altos costos de combustibles, más ahora con el reciente incremento al diesel y a las gasolinas, evitando también que los adquirientes busquen posteriormente devoluciones de una parte de lo pagado.

Nueva Alianza exhorta al gobierno federal a que continúe, en el ámbito de sus atribuciones, vigilando el respeto a las condiciones laborales de los trabajadores de dicha aerolínea de las diversas organizaciones que los representan, así como garantizar la plena transparencia en futuras enajenaciones que pudieran darse por parte del gobierno federal. Agradezco su atención.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Gómez Pasillas. Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados. En días pasados se concretó la venta de la línea aérea Aeroméxico, a través del proceso de enajenación efectuado por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.

La transacción fue realizada por la cantidad de 249 millones de dólares, siendo el grupo ganador el encabezado por el grupo financiero Banamex. Hay muchas dudas respecto del proceso de enajenación de esta empresa.

Es preciso recordar que cuando acudió a comparecer el titular del IPAB señalamos que en el proceso de venta de esta empresa se percibía que pudiera haber conductas constitutivas de tráfico de influencias y además también de corrupción, que nacen desde el momento mismo en que la Comisión Federal de Competencia aprobó la asignación para el Grupo Saba por un importe de 100 millones de pesos.

Dicha cifra a todas luces es notoriamente inferior al valor en libros de todas estas acciones y mucho menor al valor que tiene en el mercado. Las acciones tienen un valor en libros de cuatro pesos por cada una de ellas, dándonos un total de 330 millones de dólares, mientras que el Grupo Saba las iba a comprar a 1.10 pesos por acción, para dar un total de 100 millones de dólares. A simple vista había una diferencia no explicada de 230 millones de dólares.

No hay duda de que el mencionado grupo empresarial iba a obtener una ganga que despertó la codicia y la ambición de otros grupos de inversionistas, entre ellos el liderado por Banamex, que de entrada ofreció 150 millones de dólares, todavía muy por debajo del valor de libros que maneja dicha empresa.

Al final de cuentas, la oferta ganadora no cubrió el valor en los libros de acciones. Esto es, se vendió por debajo de su valor.

Como los mexicanos hemos atestiguado que el IPAB es especialista en malbaratar los activos que administra, como ocurrió con la venta que se dio de las viviendas a los hijos de Martha Sahagún, son comprensibles nuestras dudas de lo que pueda ocurrir en Aeroméxico.

El desempeño del IPAB en la recuperación de activos deja mucho que desear. Existen cifras oficiales que demuestran que del total de activos que administró el IPAB, no se recuperó ni el 10 por ciento de su valor. Ello demuestra que desde el inicio de la enajenación de los activos del IPAB, la tendencia es "la casa siempre pierde" con cargo al patrimonio de los mexicanos. Muy al contrario de lo que sucede en los casinos.

Es necesario recordar que en esta licitación se detectan conductas sospechosas. �¿Cuáles son las que nosotros detectamos?

Uno. La enajenación se da antes de que entre en vigor la reforma que grava el IETU, la enajenación de acciones. Lo que tratan de evadir es el pago de este impuesto.

Dos. Se vende a un banco cuyos dueños son extranjeros y que, además, fueron parte de las instituciones de crédito saneadas por el IPAB. Por ese simple hecho, las reglas de esta institución prohíben vender activos a quienes han caído en el esquema de insolvencia y de saneamiento.

Tres. Nunca entregó al despacho de Mackey, auditor del Fobaproa, toda la información de autopréstamos, créditos relacionados y créditos sin garantía que sus funcionarios se auto otorgaron. La Ley de Inversión Extranjera establece una participación al capital extranjero hasta del 25 por ciento en el capital de las empresas de esto tipo, y esto no se está cumpliendo y no se está respetando en esta transacción.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está en contra de que los activos de la nación sean privatizados, máxime cuando se trata de un área altamente sensible para la seguridad nacional.

Solicitamos que la Auditoría Superior de la Federación audite el proceso de venta de Aeroméxico. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Arreola. Esta Presidencia, a nombre de las diputadas y diputados, les da la más cordial bienvenida a los invitados especiales del Consejo Estatal de Ecología de Morelia, Michoacán; y a las alumnas y alumnos de la Universidad "Dorados de Cocoyoc", Oaxtepec, Morelos. Sean bienvenidos.

Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario Convergencia.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeros y compañeras, hace unos días pudimos presenciar un capítulo más de la extraña relación entre poder y dinero. Todos fuimos testigos de la venta de la aerolínea más importante —hasta entonces en manos del Estado— a favor de uno de los grupos con mayor poder económico. Aeroméxico fue vendida dejando en su operación una larga lista de interrogantes.

�¿Por qué se vendió mediante oferta pública y no mediante subasta o licitación pública? �¿Por qué se vendió a Grupo Banamex, si estaba impedido por haber sido saneado con recursos públicos? �¿Por qué en un precio evidentemente muy por debajo del valor real de la aerolínea? �¿Por qué a José Luis Barraza, autor de la campaña de desprestigio en contra de Andrés Manuel López Obrador? �¿Se trata de un pago de facturas? Lo anterior, no obstante que el consorcio Aeroméxico opera una flota de 70 aviones tipo Boeing y realiza cerca de 300 vuelos diarios; cuenta con una subsidiaria, Aerolitoral, y tiene una participación de 50 por ciento en una empresa de servicios terrestres con activos por 10 mil 713 millones de pesos —unos 980 millones de dólares.

La venta de Aeroméxico en 249 millones de dólares es una transacción que ha despertado obviamente suspicacias ya que después de sucesivas ofertas —la penúltima oferta se presentó poco antes de que se cerrara el plazo y que la última se hizo llegar una vez fenecido el término, según se dijo, dos minutos después—, se entrega la línea aérea en un proceso poco transparente.

La venta de Aeroméxico refleja la poca pulcritud observada en todo el proceso pues pasó de una devaluación planificada de los activos de Cintra, hasta la venta de Mexicana y Aeroméxico, que en conjunto —según dijo aquí el subsecretario Decker—, en aquel entonces valían unos 800 millones de dólares, a principios de 2005, y terminaron siendo rematadas en 165 millones, Mexicana, y 249 Aeroméxico; esto es, en aproximadamente la mitad de su valor real.

Ello constituye un quebranto mayúsculo al erario, que confirma la falta de transparencia con que ha operado el IPAB: rematando los bienes rescatados con dinero público por medio del Fobaproa.

En conjunto sólo se ha recuperado 30 por ciento del valor de tales activos y ello no sólo ha representado una cuantiosa pérdida para las finanzas de la nación, sino también una oportunidad para la realización de negocios fáciles para los compradores.

Las sospechosas condiciones de la venta deben ser revisadas a fondo por todas las instancias, incluyendo obviamente el Congreso de la Unión.

Tenemos una clara violación a la Ley del IPAB. Independientemente del monto que ofrecieron por el consorcio Aeroméxico, tanto la familia Saba como el Grupo Banamex estaban impedidos por la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, para adquirir mediante subasta —o cualquier otra forma— algún activo proveniente del rescate bancario.

Baste recordar que el 12 de agosto de 1999, el IPAB dio a conocer un Programa de Enajenación de Bienes con el cual se llevarían a cabo todas las operaciones de ventas de activos que realiza ese instituto, estableciendo que no podrán constituirse como oferentes y adquirientes las personas físicas que en su carácter de accionistas de una institución que haya sido sujeta a programas de saneamiento financiero, en términos del artículo séptimo transitorio de la ley, o implementados por el instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la ley, hayan formado parte del grupo de control de dicha institución en términos de la Ley de Instituciones de Crédito.

Como aquí se ha señalado también, hay un posible pago de facturas. Llama la atención que una gente que en su momento fue José Luis Barraza, promotor de una serie de spots de radio y televisión que costaron aproximadamente 130 millones de pesos en contra de López Obrador, haya resultado premiado con esta oferta.

Otro elemento que ha motivado suspicacias es el relativo al anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informando que la venta de las acciones de Aeroméxico a Banamex y 14 empresarios quedó exenta del pago de impuestos. Ésta es la segunda ocasión en que este banco, ahora propiedad de Citigroup, elude tributar por operaciones bursátiles.

Por lo anterior, en Convergencia tenemos claro que la operación de venta de Aeroméxico a Banamex violó el marco legal del IPAB y obviamente es impugnable jurisdiccionalmente.

Representó pérdidas para las finanzas públicas; permitió un trato privilegiado a Banamex frente al universo de los contribuyentes; el costo para el Fobaproa e IPAB por saneamiento de Mexicana y Aeroméxico fue de más de 500 millones de dólares y después de casi ocho años se recuperaron sólo 350 millones de dólares; y favoreció a un grupo como posible pago de facturas por apoyos recibidos en el pasado proceso electoral.

En ese sentido, Convergencia aplaude la intervención de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ante la opacidad y el manejo discrecional de los recursos públicos, y demanda que la Auditoría Superior de la Federación haga lo propio para investigar el manejo poco claro, que desde su constitución se hizo, de los recursos de Cintra; el proceso de venta de Aeroméxico; el posible menoscabo para las finanzas públicas, y en consecuencia, la cancelación de la licitación hasta en tanto no se resuelva sobre la legalidad de la operación de venta.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Velasco Oliva. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la aeronáutica comercial en nuestro país se ha caracterizado por un avance muy lento en la transportación de personas y de carga en territorio nacional e internacional.

Asimismo, debemos reconocer que la aviación comercial nacional padece un problema de estructura, así como un retraso en materia de concesiones y operación de las empresas.

En concreto, México carece de una verdadera política aeronáutica. Ante este panorama desolador debemos agregar la falta de transparencia en el ejercicio de la función pública, concretamente nos referimos al reciente proceso de venta de una empresa estratégica debido a que es la aerolínea mexicana más importante del país y la tercera de Latinoamérica.

Compañeros legisladores, el proceso de venta de Aeroméxico se ha caracterizado por una falta de seriedad y aún cuando se ha manifestado que se dio estricto cumplimiento al procedimiento establecido en las leyes del Mercado de Valores y de Protección al Ahorro Bancario, quedan ciertas dudas que deberán ser esclarecidas por los titulares de las diversas secretarías involucradas en el proceso de venta.

Sabemos que diversos funcionarios del gobierno federal han manifestado que la venta de Aeroméxico al fideicomiso Banamex no deja lugar a dudas y que fue, incluso, hasta impecable; pero claro, qué podíamos esperar.

Primero les perdonamos el pago de los impuestos en la compra-venta del banco, ahora se les dan todas las facilidades para que se queden con la línea aérea más importante de la nación. Estaremos atentos a ver qué otro favorcito se les ofrece a los señores de Banamex.

Sin embargo, quedan ciertas dudas que el pueblo de México demanda despejar, a fin de conocer los verdaderos alcances jurídicos, financieros y administrativos de esta operación.

Compañeros diputados, no estamos en contra de que se creen las mejores condiciones para los usuarios mexicanos del servicio aéreo, ya que el país requiere de aerolíneas que trabajen reconociendo la necesidad de fortalecerse y trabajar en puntos del país que requieren más competencia y competitividad en transporte aéreo.

Lo anterior con el fin de establecer un mercado aeronáutico nacional abierto a la competitividad y con tarifas justas para los usuarios.

Por lo tanto, el Partido Verde Ecologista se manifiesta a favor del esclarecimiento y solicita a la Comisión de Vigilancia realice los trabajos para que se dé a conocer de manera detallada el proceso de venta de Aeroméxico, así como la nitidez de la intervención del gobierno federal. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Puente Salas. Tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús Ramírez Stabros, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Jesús Ramírez Stabros: Compañeras y compañeros, mucho daño le han hecho a México los procesos de concesión y privatización de empresas públicas que quedaron marcados.

Por la sospecha ante la creciente polémica que ha generado la venta de Aeroméxico, resulta de la mayor importancia conocer el proceso y los términos en que fue hecha la subasta.

Se cuestionan por esta venta, como lo hemos estado escuchando, una venta que debiese ser clara y tersa en el mandato que tiene el IPAB, se cuestionan incluso hasta las campañas presidenciales. Eso cuesta al país un debate y eso cuesta al país, en sospechas y en suspicacias de proceso, que no son claros.

Una encuesta realizada y expresada en medios nacionales de comunicación el pasado 27 de octubre revela que 63 por ciento de los entrevistados piensa que en la venta de Aeroméxico hubo "mano negra" y 48 por ciento cree que la venta fue para pagar los spots en contra de un ex candidato a la presidencia.

Hablar del tema del sector aeronáutico del país, compañeras y compañeros, es sin duda hablar de la crisis estructural del mismo, del abandono y de la pérdida del potencial que nuestro país tiene y que es aprovechado por otros.

La venta de Aeroméxico pone al descubierto la poca seriedad y hasta el desprecio que se tiene por la materia aeronáutica en este país, por los trabajadores que trabajan en la industria y por los usuarios.

Estimamos que el proceso que concluyó con la venta de la aerolínea más importante de este país tiene diversas cuestiones de omisión por parte de algunas dependencias del gobierno federal que se mantuvieron al margen del asunto, argumentando falta de atribuciones o falta de facultades, por lo que podrían estar incurriendo en omisiones.

Me refiero a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la de la Función Pública, al Instituto de Protección al Ahorro Bancario y a la propia Comisión Federal de Competencia, por lo que pudiera estar actuando por omisión y en consecuencia incumpliendo el mandato del artículo 109 constitucional que es muy preciso en el sentido de que todas las autoridades deben de actuar en absoluta responsabilidad en los asuntos que le han sido encomendados.

Estamos de acuerdo que en el servicio de transporte aéreo de nuestro país es una concesión que se otorga por el Estado, para ser administrada por particulares. Sin embargo en éste como en otros casos, se presenta una serie de dudas que tendrán que ser aclaradas.

Por esa razón nos ha sorprendido y preocupado el argumento de que se otorgó mandato a Nacional Financiera para que junto con el IPAB, llevar a cabo la enajenación de Aeroméxico. Lo que se vendió la semana pasada compañeros, no fue una tienda departamental, sino una concesión otorgada por el Estado Mexicano en términos de transporte público federal y que ocupa y opera el 40 por ciento de la aviación de este país.

Las acciones que se pusieron a la venta no tienen ningún valor ni tendrían ningún valor si no fuera por la concesión que tiene y de que goza, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En otras palabras, es la concesión de Aeroméxico lo que vale y es responsabilidad ineludible de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En este tema va a dar mucho de qué hablar y se trata de subir a la agenda nacional el asunto de la aviación nacional. Dentro de unos días nos van a anunciar también el asunto de la terminal dos y la inauguración pomposa que se va a hacer de la terminal dos del aeropuerto de la ciudad de México.

Terminal que costó ocho mil millones de pesos al erario y esa terminal no resuelve los problemas aeronáuticos del país, como no resuelven los problemas aeronáuticas del país por haber puesto a subasta una empresa como Aeroméxico, sin consultar, sin especificar, sin darle una conducción de transporte público federal, sin darle una conducción de política pública aeronáutica.

Nadie en este recinto, nadie en el gobierno federal pueden garantizar que Aeroméxico va a poseer inversiones. Que Aeroméxico va a respetar las fuentes laborales. Que Aeroméxico va a dar la cara por el país hacia el futuro.

La venta de Aeroméxico, por otro lado, en términos legales como ya lo mencionaron varios partidos aquí con el tema del decimotercero transitorio de la Ley del IPAB, que ya había vencido el fideicomiso más el 109 constitucional en términos de omisiones por parte de funcionarios y dependencias del gobierno, debe ser forzosamente aclarado en esta Cámara de Diputados.

Por ello, mi fracción parlamentaria pide a la Comisión de Vigilancia entre al tema, a través de la Auditoria Superior de la Federación, y genere a partir de esta situación, un proceso de transparencia para el país; pero sobre todo, que esta Cámara de Diputados ingrese al tema de la aeronáutica nacional, del proceso que México debe vivir de transformación de esta industria y que demos al país y a los usuarios, de este país, acceso, y demos al país competitividad, y demos al país posibilidades de crecer y de mantenerse en el contexto nacional con la aviación nacional.

Señores, muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Pablo Trejo Pérez: Con su permiso, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, compañero.

El diputado Pablo Trejo Pérez: Compañeras y compañeros, no es la primera vez que ocurre en México que empresas, una vez saneadas, son puestas a la venta. Recordemos el polémico caso de la banca mexicana rescatada por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro —ahora IPAB— y vendida en un 90 por ciento a extranjeros.

Habría que hacer un recuento. En 1995 las instituciones financieras mexicanas acreedoras de Aeroméxico convirtieron 100 por ciento de su deuda por 90.8 por ciento del capital social; y en 1996 hicieron lo mismo con Mexicana; es decir, la banca pasó de acreedora a accionista mayoritaria de ambas empresas.

Pero lo grave vino después, cuando la banca tuvo que ser rescatada por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, cuya historia es de todos conocida.

El problema —esta vez— es la evidente violación a la Ley del IPAB, que entre otras cosas prohibe que una empresa rescatada con fondos públicos —como lo fue Banamex— compre a otra, que también fue rescatada, como es el caso de la aerolínea.

Aeroméxico durante los últimos 14 años ha sobrevivido entre fraudes administrativos, deudas bancarias, capitalizaciones, saneamientos públicos. Era de los últimos activos en poder del gobierno federal, cuyo rescate financiero, junto con la aerolínea Mexicana, costó alrededor de 515 millones de dólares y cuya venta asciende a la mitad, considerando, además —como ya lo señalaron quienes me antecedieron— que es una concesión del Estado y que representa 40 por ciento del espacio aéreo.

Por otro lado, no es coincidencia que al grupo encabezado por José Luis Barraza González se le adjudicara la compra de Aeroméxico, sobre todo, porque no es la primera vez que este personaje aparece en el acontecer nacional.

Algunos datos. En el discurso se esgrime que el IPAB fue claro en la aplicación de las reglas que establece la Ley del Mercado de Valores y del propio instituto, de los dos contendientes: Banamex versus Saba.

La oferta de la familia Saba llegó 2 minutos después del vencimiento del plazo, o sea a las 4:02 de la tarde; por ello se adjudicó la operación al grupo de empresarios que participa en Banamex. Las dos ofertas más altas son la de Grupo Saba y la de Banamex, con un diferencial de algunos centavos.

Cabe señalar que la propuesta —como ya lo hemos señalado— simple y sencillamente se retrasó por unos minutos. Pero, �¿cuál es el fondo del asunto? La venta del consorcio de Aeroméxico, como estamos viendo, pues estuvo arreglada. �¿Y arreglada para qué? Para beneficiar fiscalmente al grupo patrocinado por Banamex, al evitar que los pasivos de la empresa, que alcanzan los 400 millones de dólares, fuesen susceptibles del pago al impuesto empresarial tasa única.

En la subasta debió dejarse fuera a Banamex, ya que es un banco beneficiado con el rescate bancario y maneja recursos de sus usuarios, por lo que está impedido legalmente para realizar operaciones que pongan en riesgo dicho capital, pues de incurrir en un quebranto, afectaría a los ahorradores.

Entonces, se debiera interrogar al Banco de México sobre el monto de las reservas que se exigieron a Banamex para garantizar las posibles pérdidas en operaciones riesgosas. Mientras que al IPAB hay que interrogarle sobre las investigaciones que debió llevar a cabo esa instancia, para verificar que las personas que conforman el grupo ganador no hayan sido las mismas que causaron un quebranto multimillonario a bancos rescatados por ese Instituto, y si se investigó la posible participación en la compra de acciones de personas que fungieron como puente con personas inhabilitadas para adquirirlas.

Mientras que a la Secretaría de Hacienda hay que interrogarle sobre la medidas que tomó para evitar que los compradores sean prestanombres de responsables de quebrantos del sistema financiero, entre otras causales.

Todos los accionistas ganadores son beneficiarios de un subsidio federal. Varios funcionarios de la Junta de Gobierno del Banco de México laboraron o mantuvieron negocios con Banamex. Se adquirieron acciones a nombre de terceros y nuevamente, una empresa fue adquirida sin que la cabeza visible del grupo beneficiado cuente con la solvencia técnica, financiera y moral para la adquisición.

Concluyo, diputado Presidente. De nueva cuenta tenemos ante nosotros un ejemplo de cómo se puede torcer la ley a favor de quienes, en su momento, apoyan a un candidato presidencial. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Trejo. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Tomás Del Toro del Villar, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Tomás Del Toro del Villar: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

El diputado Tomás Del Toro del Villar: Compañeros diputados, a ver, debo manifestar como antecedente que, esta soberanía registró en la LIX Legislatura una serie de comparecencias tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados respecto a la venta de Mexicana.

La coordinación y participación del Poder Legislativo se atendió a través de las comisiones permanentes y no especiales, para que no se distorsionara el trabajo parlamentario.

Esta Cámara en la LIX Legislatura recibió en múltiples ocasiones la visita de funcionarios del IPAB y trabajadores por la venta del grupo aludido. Por lo tanto, si esta coordinación se dio en términos de un esquema de licitación, en caso de Grupo Mexicana, no debe ser obstáculo el estribillo de presunta accesibilidad pública a la información, cuando se trata de un esquema que se supone a todas luces más transparente.

La venta del Consorcio Aeroméxico, se trata de la recuperación de recursos públicos, que de lo contrario se verían obligados a pagar los contribuyentes en tiempos en los que el Estado requiere más dinero.

Si bien la información es pública y los medios de comunicación escrita registraron dos meses de intensa cobertura sobre las ofertas públicas de adquisición, el Poder Legislativo cumplió cabalmente sus facultades constitucionales de fiscalización.

En cumplimiento a estas responsabilidades, en todo caso concurrimos las fuerzas políticas representadas en el Congreso, el día 26 de septiembre del presente año, para plantear nuestros cuestionamientos, posicionamientos y señalamientos respecto al proceso de enajenación del activo más importante del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que es el Consorcio Aeroméxico.

Los grupos parlamentarios, sin abstracción, planteamos la necesidad de valorar, sí, los pasivos del consorcio, pero sobre todo, los activos y los intangibles, comparando en todo momento el proceso de licitación de 2005 que concluyó el 2006 en el caso de Mexicana de Aviación.

Fuimos imparciales en la valoración de la información. Esta comparecencia de tres horas se acredita en la versión estenográfica y en los documentos que todos los legisladores que acudimos a esta responsabilidad, contamos, y consta de 21 fojas.

Fuimos exitosos en el terreno de recuperar la mayor cantidad posible en esta venta, ya que de 99 millones de dólares de la oferta inicial, gracias a nuestra intervención y actuaciones, el consorcio fue enajenado por la cantidad de 249.1 millones de dólares. Es decir, 150 por ciento más del precio inicial, garantizándole al contribuyente tanto el cumplimiento de la ley, como a los trabajadores estabilidad, ya que el comprador estaría lejos de una simple operación financiera de haberla adquirido a un precio menor, contribuyendo al beneficio de las familias de los trabajadores que dependen de esta actividad altamente tecnificada.

En todo caso, los diputados fuimos capaces de dar cauce a un sinnúmero de cuestionamientos y dudas. Hoy estamos convencidos que este proceso garantizó imparcialidad de parte de los legisladores, porque fuimos capaces de abstraernos de la contingencia de posturas mercantiles que pretendían defender legítimas posiciones de lucro.

Si hoy estas actuaciones evidentes resultan insuficientes, debemos reconocer que algunos fuimos entonces incapaces de acreditar las pruebas de las nuevas imputaciones que hoy se señalan. Tampoco se ejerció en tiempo el derecho de retener el proceso.

Estamos en la cultura de que sobre hechos consumados vienen las críticas infundadas como parte de la comentocracia. Rechazamos cualquier pretensión de uso político del cumplimiento de la ley. No podemos ni debemos violar nuestra institucionalidad y de insistir en los supuestos que se han ventilado recientemente, debemos dar cauce a los planteamientos por vía del órgano competente de conformidad con el artículo 79 constitucional.

La entidad de fiscalización superior de la Federación cuenta con autonomía técnica de gestión para el ejercicio de sus atribuciones y decidir en su organización interna funcionamiento y resoluciones.

Por lo que respetuosamente propondría que las inquietudes que hoy súbitamente se presentan, sean canalizadas a través de la Comisión de Vigilancia para ser respetuosos de las normas jurídicas que nos hemos dado, y ésta en un plazo perentorio emita la resolución correspondiente.

Para el grupo parlamentario de Acción Nacional esta venta es un ejemplo de transparencia y acceso a la información. Y creo que debemos canalizar todos nuestros esfuerzos a la evolución de la industria y propugnar por la actualización y la existencia de una política aeronáutica de Estado con visión de largo plazo. Muchas gracias por su atención. Es cuanto

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado del Toro. Para la segunda ronda de comentarios en relación a la venta de Aeroméxico a Banamex, tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús Ramírez Stabros, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Jesús Ramírez Stabros: Gracias. Compañeros, el tema de fondo del debate de hoy, más allá de la defensa de algunos que pusieron las computadoras, un proceso y lo siguieron por minutos y le dieron ahí un carácter casi cardiaco al tema y anunciaron la venta de Aeroméxico, sigue y seguirá siendo ése un falso debate.

El debate de fondo es que se enajenó una concesión de los cielos nacionales, un tema que tiene que ver con soberanía nacional, un tema que tiene que ver con seguridad nacional, un tema que tiene que ver con seguridad laboral de los que trabajan ahí y un tema que tiene que ver con la competitividad del país.

Si hablamos de la recuperación por parte del IPAB, de 249 millones de dólares, habrá que recordar que el IPAB tiene 70 mil millones de dólares en su seno y entonces no es un problema que le resuelva al país la deuda pública, la venta de Aeroméxico. No es un problema de deuda pública. Es un problema de transporte público federal aeronáutico.

Lo que está en el fondo del debate es el abandono que tiene la industria aeronáutica de este país. Es el desprecio a construir en el país una fuente de empleo, una fuente de ingresos, una fuente de poder nacional que muchas de las actuaciones como la que vimos en este caso, entra también la suspicacia de para quién estamos trabajando desde el gobierno federal.

Pareciera entonces que se están promoviendo los intereses extranjeros por encima de los intereses que tiene que tener el país en esta materia. En materia de seguridad, en materia de aeropuertos, en materia de monopolios. Por cierto que la Comisión Nacional de Competencia es muy estricta en señalar la monopolización que se puede dar si se juntan las dos principales aerolíneas del país, como lo hacen en otros países como Estados Unidos o Francia, empresas que compiten todos los días contra la aviación nacional desde sus Estados, con estructura monopólica, con subsidios, con apoyo por parte del Estado a esas industrias que vienen y compiten todos los días contra México.

Miren compañeros, el asunto de Aeroméxico pone a la vista el abandono en el que estamos en esta materia. Los trabajadores de la industria aeronáutica nacional han sostenido en sus espaldas evidentemente a los usuarios de las aerolíneas. A través de precios caros, de tarifas inalcanzables, los trabajadores, a través del sacrificio de contratos colectivos y cláusulas contractuales, han sostenido a la aviación nacional, ante el desprecio que tiene el Estado por ella.

El debate de fondo es el proceso en la toma de decisiones que se dio con la venta de Aeroméxico en 249 millones de dólares. Una empresa que es la columna vertebral de la aviación nacional, que es la que más ciudades atiende en México, que es la que presenta nuestra única cara de competencia hacia Europa, por ejemplo. Cuáles fueron las decisiones que llevaron a venderla así, sin una conducción, sin una política clara, sin una visión clara sobre el desarrollo aeronáutico que el país debe tener.

No dudo que, igual que en las otras privatizaciones, como la que aquí se mencionó, sean los trabajadores los que acaben pagando lo que a final de cuentas firmaron los empresarios que compraron ahora Aeroméxico.

Si esta Cámara de Diputados no atiende el tema en su concepto amplio, en la política aeronáutica que debe de sostener este país, esta materia de seguridad nacional no tiene futuro en el país.

Hay que meterle la atención, hay que meter una nueva estructura en la administración pública federal y hay que meter a la aviación nacional como una materia prioritaria para el desarrollo del país.

Solamente 5 por ciento —y con esto concluyo— 5 por ciento de la población nacional utiliza el avión como medio de transporte. 5 por ciento nada más. Somos los mismos privilegiados de toda la vida los que usamos el avión, cuando en los países contra los que competimos andan en el orden de 60 o 70 por ciento de la población nacional.

Un tema así no puede dejarse suelto. Un tema así no puede dejarse en manos de extranjeros. Es un asunto de seguridad nacional el debate que hoy nos convoca. Gracias, compañeros.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Ramírez Stabros. Tiene el uso de la tribuna el diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Érick López Barriga: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el asunto en la venta de Aeroméxico es principalmente de transparencia y de rendición de cuentas. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Eso es lo que queremos saber y lo que tiene que quedar muy claro para nosotros.

No es un asunto de un negocio. No se trata de ver cuánto se ganó, cuánto se perdió; se trata del destino de la aeronáutica en este país y de que los intereses del Estado mexicano estén garantizados, sean transparentes, sean claros para todos nosotros.

No sabemos dónde están los estados financieros. Cuando se hizo la venta de Aeroméxico los estados financieros de Cintra estaban disponibles en Internet; los podíamos consultar, teníamos mucha mayor información, cosa que hoy no se tiene y que no se tuvo en el caso de Aeroméxico.

No sabemos bien a bien cuál fue el funcionamiento, cómo se fue desarrollando financieramente esta empresa y no tenemos hoy la certidumbre de que esto se manejó de acuerdo con los intereses del Estado mexicano.

Queremos que quede perfectamente claro para todos los mexicanos cómo se han manejado los destinos de la aeronáutica, cuál es el rumbo que estamos buscando, si este tipo de transacciones que se van haciendo no por manejarlas muy correctamente en los mercados a través de unas subastas, nos van a quedar perfectamente claras si no tenemos la información necesaria de los estados financieros de esta empresa.

Cuando se hace el rescate de esta empresa —como decía el diputado Ramírez Stabros—, que finalmente representa una porción ínfima de lo que tiene hoy el IPAB, se adquiere a un precio y después el costo final de la recuperación es otro. No sabemos cuál es el costo fiscal que tuvo Aeroméxico. Queremos saberlo, necesitamos transparencia, necesitamos exigirlo.

En segundo lugar, quiero dejar claro algo que no nos puede estar confundiendo: esto no fue un negocio. No fue un negocio para el Estado mexicano. No fue una gran venta, no fue una gran transacción que hubieran hecho. Que en un principio hubieran presentado una postura que estaba muy baja y después la duplicaran y se vendiera en una subasta en los 249 millones de dólares no quiere decir que fue un gran negocio, que fue una gran venta o que hicieron este movimiento de la mejor manera. Creo que tiene que quedar claro.

Tenemos que dejar también de manera muy enfática —lo preguntábamos en la ocasión anterior en la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes— cuál es finalmente el criterio que se toma. Cuando estamos hablando de la aeronáutica del país, no puede ser solamente el costo financiero, no podemos estar hablando únicamente de pesos y centavos, sino cuál es el proyecto de mediano y largo plazo que queremos para darle a este país las bases en comunicación para su desarrollo. Me parece que tenemos que dejar muy claro hacia dónde vamos.

Yo les doy un dato que tenía la ocasión anterior de los costos de los aviones, independientemente de que muchos se renten dentro de las empresas. Aeroméxico tiene una flota de 105 aviones aproximadamente. Tan solo uno de los Boeing que tiene, cuesta entre 200 y 225 millones de dólares. Me pregunto, independientemente de cuál sea la operación —creo que solamente 30 son propiedad de Aeroméxico— �¿suena lógico para nosotros que se haya vendido una concesión, una línea aérea, el prestigio del Estado mexicano durante mucho tiempo en el costo de lo que cuesta un solo avión? Aclarémoslo.

Insisto, el asunto es de transparencia y de rendición de cuentas. Gracias, Presidente.

El Presidente Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado López Barriga. Tiene el uso de la tribuna el diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

El diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre: Compañeros diputadas y compañeros diputados, se ha estado manifestando en esta tribuna la capacidad del gobierno en su transparencia. Hoy, México —y lo manifesté hace un año— es un México de instituciones. Es un tema irreductible la transparencia en las instituciones.

Hoy pareciera que a cada proceso que tiene el gobierno federal con sus instituciones le ponemos duda, lo criticamos, inclusive denostamos los procesos transparentes y públicos que se llevan a cabo.

El proceso de venta de Aeroméxico no es un evento nuevo. Es un proceso que viene desde 2005, donde Cintra decide la venta de estas dos aerolíneas mexicanas y con esto reducir el pago de intereses al IPAB del gobierno federal. Es ahí donde entra la responsabilidad de nosotros los legisladores, de observar cuáles son las finanzas del gobierno federal.

Hoy se habla que si es a pago de favores, hoy se habla que es un proceso amañado, pareciera que estamos en el tema de volver al pasado. Ese es el gran tema. Hay quien añora estar en tiempos pasados y no, compañeros y compañeras diputadas, México se está transformando.

México está transformando sus instituciones y consecuentemente sus procesos, con procesos abiertos, con procesos sí que marcan reglas internacionales, sí con procesos que orientan a que los productos del gobierno hoy llegan a un punto donde podamos estar todos conscientes y concretamente en el caso de México, de que las cosas se están haciendo bien.

Hoy basta recordar que hace años la venta de Aeroméxico no se llevó a cabo porque no hubo una posición financiera que fijara la mínima requerida. Hoy la venta de Aeroméxico obedece a reglas claras, así es que —compañeras diputadas y compañeros diputados— la transparencia que hoy ofrece el gobierno federal no está a discusión, está a discusión la añoranza de algunos miembros de esta Legislatura, a volver a tiempos de antes…

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Permítame diputado, por favor…

El diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre: No, señor, México ya cambió. México se está transformando. Gracias, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Sonido a la curul del diputado Ramírez Stabros, por favor.

El diputado Jesús Ramírez Stabros (desde su curul): Gracias, Presidente. Pues ya no dio oportunidad el compañero orador, pero el punto era preguntarle. Todas las fuerzas parlamentarias expresamos la necesidad de transparentar el proceso para bien del país, efectivamente, como él lo dijo y pareciera que la intervención, de que como todo está claro nada hay que investigar ni nada hay que aclarar.

Era la pregunta que quería hacerle, porque quedó como que todo está claro y no es cierto. Precisamente el debate de esta Cámara se dio hoy porque el proceso no está claro, mucho menos el proceso de toma de decisiones en esta materia. Muchas gracias, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Bien diputado, gracias. Esta Presidencia informa a las diputadas y diputados, de la presencia del diputado Enrique Barón Crespo, miembro del Parlamento Europeo. Señor diputado, bienvenido a México. Bienvenido a esta Cámara de Diputados.

El siguiente punto del orden del día es: iniciativas de diputados.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de decreto para que Pemex-Refinación y Pemex-Petroquímica cumplan con las funciones que les asigna la ley en la materia y puedan cubrir las necesidades de la demanda nacional de productos refinados y derivados también del petróleo que requiere actualmente nuestro aparato productivo de la economía de México.

La propuesta que hacemos es para llenar el vacío legal que produjo la creación de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios de 1992, que subdividió a Pemex en cuatro empresas subsidiarias bajo la coordinación de un corporativo pero no previó la forma de satisfacer la demanda nacional de los productos petrolíferos.

Por esta razón hoy tenemos que importar 28 por ciento de las gasolinas que se consumen en nuestra nación y otros lubricantes que son importados a precios fijados por el mercado internacional y eso hace que dependamos de los vaivenes de la economía internacional y de la salida de divisas, que se convierte en un problema crónico en la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos.

En este contexto es fundamental reactivar la economía y la industria petroquímica y de refinación en México porque cada día es más creciente la importación de productos petroquímicos y el desembolso de divisas que de ello deriva.

El costo total por estas importaciones fue, durante el año 2002, de 3 mil 316 millones de dólares y en el 2006 sumó ya la cantidad de 11 mil 282 millones de dólares.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que es necesario reforzar y profundizar en la producción de petrolíferos, refinados y petroquímicos básicos por parte de las áreas de Pemex enfocadas en este propósito.

Actualmente la orientación que se le está dando a Pemex en estas áreas es totalmente contraria a los intereses de la nación porque en lugar de reconfigurar y modernizar nuestras plantas de refinación de petróleo, así como las plantas petroquímicas, lo que se está haciendo es desmantelar a estas plantas y desaparecerlas.

Con estas acciones hemos perdido la oportunidad de obtener mayor valor agregado del gas asociado al petróleo y al petróleo crudo, porque se estima que de cada barril de petróleo crudo vuelto petroquímico se eleva 40 veces su valor.

Con estos datos podemos concluir que hemos regalado nuestra riqueza petrolera al habernos abocado a la exportación de nuestra mezcla de petróleo en lugar de procesar y obtener mayores derivados del crudo y del gas.

Por tanto, es preferible invertir en plantas petroquímicas y en las refinerías porque a largo plazo dicha inversión se recompensa con los altos niveles de rentabilidad que arroja la producción de petroquímicos básicos y secundarios.

Otra conclusión que podemos extraer de estos datos es que hemos regalado el petróleo a los países que se benefician de él, porque terminamos importándolo en sus derivados a precios desorbitantes, porque como se sabe, las plantas petroquímicas reciben el gas asociado al petróleo para obtener diversos derivados que están en función de la capacidad de derivación de los procesos productivos que integran cada planta, de cuya cadena de valor se puede obtener el etano, que es la materia prima para producir el etileno, que es a su vez la materia prima para producir el monómero de cloruro de vinilo, que es a la vez la materia prima para producir el PVC, y así sucesivamente.

Por su parte, las refinerías reciben petróleo crudo para extraer diversos derivados como las gasolinas, el diesel, las turbosinas, el combustóleo, los aceites y lubricantes, entre otros.

Por ejemplo, el etano es una materia prima fundamental de la que se obtienen otros derivados químicos necesarios para otras industrias.

Entonces lo que ha ocurrido es que como nuestra industria petroquímica y de refinación no tiene la infraestructura necesaria para obtener todos los derivados posibles del petróleo crudo y del gas, eso ha hecho que hayamos perdido la oportunidad de aprovechar nuestra riqueza petrolera al máximo y de poder convertir a esta industria en un verdadero baluarte de nuestro desarrollo.

En este sentido estamos proponiendo establecer en la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos la obligación de Pemex de destinar anualmente a la producción de petroquímicos básicos y secundarios, un porcentaje específico de su presupuesto anual para cubrir la demanda nacional de derivados del gas y del petróleo crudo mediante la creación de la infraestructura necesaria para estos propósitos.

Compañeras diputadas y compañeros diputados: Sabemos que para hacer que Pemex retome su papel de promotor del desarrollo nacional se requiere cambiar la orientación de la política petrolera de nuestro país y reforzar el papel de la paraestatal como empresa pública, desterrando la inversión privada nacional y extranjera que hoy sangra y la tiene asfixiada financieramente mediante la deuda de los Pidiregas.

Solicito a usted, señor Presidente, se sirva ordenar que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates de esta honorable asamblea. Es cuanto.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Energía e insértese íntegramente el texto en el Diario de los Debates. Se concede el uso de la palabra al diputado Javier Guerrero García, para presentar iniciativa que reforma los artículos 42 y 54 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por los diputados Javier Guerrero y Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Javier Guerrero García: Con su permiso, señor Presidente. Honorable asamblea. Me permito presentar ante esta soberanía la iniciativa de reforma de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en razón del accidente ocurrido en la comunidad de Celemania, municipio de Nadadores, Coahuila, el 9 de septiembre del presente año.

Esta iniciativa impulsada en conjunto por el diputado Cervantes Andrade y el de la voz, está encaminada no a resolver casuísticamente una situación que hace crisis en un momento determinado, sino a proteger legalmente el tránsito de los ciudadanos en los caminos en donde no solo se manifieste la peligrosidad de lo transportado, sino que se evite de tajo transportar material reactivo que ocasione accidentes como el referido.

El accidente mencionado y al que los medios dieron amplia difusión, tuvo un alto costo, en vidas, de gente inocente que no solo por curiosidad se acercaron al accidente, sino también afectó a los que lo hicieron en un acto de solidaridad para dar ayuda a los accidentados, y a quienes se acercaron en busca de cumplir su labor de informadores.

Precisamente por las consecuencias de este accidente es que decidimos no hacer una propuesta que se centrara en la Ley de Armas y Explosivos, porque en este caso es clara esta ley respecto a lo que implica su transporte. Ahí está muy clara la visión de lo que es controlar el transporte de explosivos.

El enfoque de esta iniciativa se centra en la reforma de la Ley de Residuos, porque se enfoca a la naturaleza del material transportado que muchas veces por no estar mezclado puede no ser catalogado como explosivo. Pero que en un accidente, como sucedió en este caso, la mezcla puede generar una reacción en cadena de trágicas consecuencias.

Nuestra propuesta se concentra en que lo transportado no puede contener materiales que generen cadenas reactivas que lleven a un accidente más allá de los accidentes inevitables en los caminos y otras formas de transportación de mercancías.

Desde nuestro punto de vista el enfoque no debe ser punitivo; debe ser preventivo. El implicar, por ejemplo, que esos transportes de explosivos tengan una mayor vigilancia no evita que los accidentes se den. Un resguardo mayor de este transporte que implique por ejemplo a nuestras Fuerzas Armadas, hace involucrar a esta institución en potenciales accidentes que tendrían además, demérito para su participación y no resolvería la posibilidad de dichos eventos.

Al obligar al Ejército o a la Policía resguardar el transporte de material peligroso referido en la Ley de Armas, no se resuelve el manejo de otros materiales que no son propiamente explosivos o armas y que con un mal manejo y la posibilidad de tener reacciones en su mezcla, puedan generar un accidente de graves dimensiones. De igual forma el no actuar preventivamente implicaría operativos muy costosos.

La reforma propuesta coadyuva a una cultura de la prevención, a una cultura del manejo claro de materiales dañinos para la población. Esta iniciativa, además, tiene una aplicación general, que define como espacio a toda la nación.

No requiere de leyes complementarias, ni de mecanismos de coordinación entre diferentes órdenes de gobierno. Ayuda a transparentar toda la materia que se transporte y que sea peligrosa, no sólo en razón de accidentes explosivos sino en accidentes ecológicos que dañan el medio ambiente. Éstas son las razones de nuestra propuesta.

Es cuanto, señor Presidente, y le solicito sea publicada tal cual en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Guerrero. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tiene la palabra Esperanza Morelos Borja, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma al artículo 8 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

La diputada María Esperanza Morelos Borja: Con permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputada.

La diputada María Esperanza Morelos Borja: Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Organización Mundial de la Salud, en sus informes, reporta que en nuestro país, al igual que en el resto del mundo, la población que vive con alguna discapacidad está aumentando.

Además, se estima que aproximadamente 10 por ciento de la población mundial tiene alguna discapacidad, con variaciones de un país a otro, dependiendo de acontecimientos sociales o naturales, tales como: epidemias, guerras, catástrofes, crecimiento de la población, accidentes, procesos de envejecimiento, etcétera.

En México, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno y organizaciones sociales, lamentablemente no tenemos datos confiables acerca de la población con discapacidad; quienes además de esta invisibilidad padecen por falta de solidaridad. Por falta de una cultura en la que las y los mexicanos convivamos, valoremos y respetemos la diversidad, que abandonemos prejuicios y estigmas que nos perjudican como sociedad.

Personas con discapacidad auditiva, visual, física, sensorial y mental, tanto del campo como de la ciudad, no aparecen en las estadísticas nacionales y con frecuencia quedan al margen de todo beneficio de los programas sociales.

No hay suficiente conocimiento sobre aquellos lugares con mayor incidencia de discapacidad y cuál es su origen. Tenemos que impulsar la investigación, realizar estudios sociales y análisis sobre el tema.

�¿Cuáles son las causas de las discapacidades? �¿Cuáles son sus consecuencias? �¿Su frecuencia? �¿Cómo se previenen? �¿Cómo se atienden? Ciertamente, por medio de los censos se puede llegar a una aproximación sobre los datos de la población de un país.

También es un hecho que un censo de población es un evento que per se tiene lugar cada determinado tiempo y durante este lapso países como el nuestro, con dinamismo en la población, requiere de un mayor esfuerzo para legislar conforme a las necesidades de una sociedad democrática.

Una sociedad democrática es aquélla que, entre otros avances, tiene la capacidad de proporcionar a la persona vulnerable las facilidades para que desde su cotidianidad pueda realizar toda actividad, evitándole cualquier obstáculo que impida su pleno desarrollo.

Cuando una persona con discapacidad acude a solicitar algún servicio, ya sea de salud, educación, recreación, transporte, vivienda, laboral, se encuentra con trabas debido a que la mayoría de las instituciones públicas y privadas exigen un certificado de salud que tiene vigencia por un determinado tiempo.

También, embajadas, universidades y otras instituciones del extranjero requieren de este certificado de salud para otorgar sus servicios.

Podría pensarse que solicitar y obtener un certificado de salud resulta un trámite ágil y eficiente, sin embargo, no es así, ya que implica una mayor inversión en tiempo y en esfuerzo, para desplazarse, por parte de las personas con discapacidad, por lo que muchas de ellas no lo pueden hacer, dadas las características propias de su discapacidad.

Por lo expuesto, es necesario e importante que legislemos para facilitar la vida a esta población, que ya tiene bastante con la falta de oportunidades, con los problemas de accesibilidad y con la batalla diaria que tiene que dar para incorporarse al desarrollo.

Es urgente contar con un certificado de reconocimiento y calificación de la discapacidad que sea uniforme en todo el país, que sirva a todas las personas con discapacidad como identificación de condición, que sea similar a la credencial de elector en el sentido de contener los datos de cada persona: nombre, domicilio, sexo, fecha y lugar de nacimiento, y lo más relevante, su tipo y grado de discapacidad. Este certificado avalado por un equipo de especialistas tendría validez en todo el país.

Por lo anterior, propongo la creación en México de un sistema para el registro y valoración de la discapacidad. Este certificado servirá como un documento de identificación de la o las discapacidades de las personas.

Por tanto, será de obligatoriedad portarlo cuando la persona con discapacidad acuda a realizar algún trámite ante cualquier institución. Será válido para toda la vida, susceptible de modificarse de ser necesario.

Con él facilitaremos a las personas con discapacidad el acceso al disfrute de los derechos que nuestra Constitución política obliga a las instituciones mexicanas que les proporcionen: salud, educación, alimentación, vestido, empleo, recreación, cultura, deporte, accesibilidad, etcétera.

Compañeros diputados y compañeras diputadas: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 8o., de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Único. Se reforma la Ley General de las Personas con Discapacidad adicionando dos párrafos al artículo 8o., para quedar como sigue:

Artículo 8o. …

La Secretaría de Salud, en coordinación con el Consejo, emitirá la clasificación nacional de discapacidades. Asimismo, otorgará a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad, con validez nacional y como documento oficial para certificar la discapacidad ante las dependencias e instituciones públicas o privadas que lo requieran.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud tendrá un plazo de 120 días a partir de la publicación del presente decreto para iniciar la expedición del certificado.

Solicito a la Presidencia que el texto completo de la iniciativa se integre en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Morelos Borja. Insértese íntegro el texto de la iniciativa y túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Raymundo Cárdenas Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Gracias, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, compañero.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Compañeras y compañeros, vengo a presentar un proyecto de reforma constitucional en nombre de las diputadas Claudia Lilia Cruz Santiago, Aleida Alavez Ruíz y Mónica Fernández Balboa, y de los compañeros diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Ramón Pacheco Llanes, y el de la voz. Tiene por objetivo modificar los artículos 2o., 3o., 4o., 6o., 28, 73 y 76 de nuestra Carta Magna, en materia de telecomunicaciones.

Inicio refiriéndome al hecho grave que se dio ayer en el seno de los trabajos del grupo especial que el Senado de la República creó para estudiar el tema de la reforma a la Ley de Medios, a la normatividad de medios de comunicación.

Los concesionarios fueron a exigir a los senadores que no tomen en cuenta la sentencia de la Corte con relación a la Ley Televisa. No están de acuerdo en que la Corte haya señalado que la ley debe prohibir la concentración de concesiones.

No están de acuerdo en que la Corte haya decidido echar abajo parte de la Ley Televisa porque determinaba que el dinero fuera el factor fundamental para la asignación de concesiones.

Yo pienso, compañeras y compañeros, que con la actitud que mostró ayer la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión queda claro que si no dotamos al pueblo de México de una legislación clara en el nivel constitucional, vamos a tener graves problemas con litigios eternos en la Corte y eso, a mi juicio, estamos en condiciones de resolverlo de una vez por todas. Eso intenta nuestra propuesta de reforma constitucional.

En primer lugar he de decir que en nuestra reforma se plantea que el artículo 2o. sea modificado para garantizar que nuestros pueblos indios tengan radiodifusoras, canales de televisión, sin que ninguna autoridad inferior se los pueda negar.

También planteamos algo que a nuestro juicio es fundamental, sostenemos que hoy ser analfabeta es equivalente a no estar conectado en las redes de telecomunicaciones. Hoy un joven, un adulto, cualquier persona que no esté conectada en las redes es como si no supiera leer y escribir, sobre todo en el siglo pasado.

Por esas razones, creemos que en el artículo 3o. debemos establecer claramente que el Estado deberá garantizar esa conectividad, que todos tengamos posibilidades de acceder equitativamente, libremente a los contenidos y tecnologías de la información.

Ya se puede hacer esto, sí. La Comisión Federal de Electricidad tiene montada la segunda red de fibra óptica más grande del país. Después de Teléfonos de México, la CFE tiene una red muy grande que ya la está sometiendo a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que se la renten.

Quiero ser un carrier de carriers, como dicen en la jerga actual, y nosotros decimos, por qué no el Estado mexicano les lleva la televisión, el teléfono y la Internet a las comunidades indígenas, por qué hemos de estar sometidos a los criterios de las empresas privadas y, sobre todo, ahora de las extranjeras.

Hay grupos de diputados que están exigiendo que abramos a la inversión extranjera las telecomunicaciones, como si eso fuera la solución. Nosotros decimos, vamos a llevarles todos estos servicios a través de la red de la Comisión Federal de Electricidad.

También planteamos —y con esto quiero terminar, Presidente— que es lo principal, una reforma al artículo 4o. para que se garantice que existirá una red de radiodifusoras y televisoras públicas y comunitarias.

Nosotros creemos que ese ámbito debe garantizarse desde el nivel de la Constitución de la República y el 6o. constitucional debe garantizar la libertad de expresión de todos los mexicanos.

Este es un aspecto fundamental que la Corte resolvió. El principal peligro para la libertad de expresión de los mexicanos es la concentración de concesiones en pocas manos. Allí está el peligro.

Y el sistema de medios de comunicación de México debe garantizar que todos los mexicanos tengamos acceso a ellos para obtener información y para emitir información. Ésa es la concepción moderna sobre la libertad de expresión, aceptada en los distintos órganos internacionales en los que México participa y a cuyas resoluciones está obligado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece, sin lugar a dudas, que los seres humanos, no sólo los mexicanos, que todos los seres humanos debemos tener derecho a acceder al sistema de medios de comunicación.

Por eso, compañeras y compañeros, proponemos estas reformas a la Constitución, además de una al 28 para que se genere un consejo nacional de telecomunicaciones, como lo tiene Francia, como lo tiene España, autónomo e independiente, para que las concesiones no se otorguen, como se está haciendo ahorita, al mejor postor o a los amigos y compadres.

Por último, la reforma para que este Congreso pueda legislar en materia de comunicaciones. No tenemos hoy expresamente señalada esa facultad. Hagámoslo, compañeras y compañeros, démosle al país el régimen de telecomunicaciones que este país merece. Muchas gracias.

El presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Cárdenas Hernández. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se recibió del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y del Código de Comercio. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Economía.

Se concede el uso de la tribuna a la diputada Arely Madrid Tovilla, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales.

La diputada Arely Madrid Tovilla: Muchas gracias, compañero Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales.

La suscrita, Arely Madrid Tovilla, diputada a la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformas el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente.

Exposición de motivos. En el México de actualidad los derechos humanos constituyen el paradigma de legitimidad y justicia de las relaciones entre el gobierno y el pueblo como elemento del Estado. Representan uno de los pocos signos positivos de esta época caracterizada por alarmantes problemas sociales como la delincuencia organizada, el narcotráfico, el terrorismo, la tortura, la desaparición forzosa de personas, el abuso de autoridad y la detención en arraigo domiciliario por más tiempo del autorizado en el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional, a pesar de los cuales sobresale la creciente importancia otorgada al tema del reconocimiento y respeto de los derechos humanos.

Ciertamente, México debe pugnar contra estos males. Debe prevenir el delito aunque debiendo establecer, en congruencia, una definición de política criminal con acatamiento de los derechos humanos. De nada sirve combatir el delito, otorgar seguridad pública, si a cambio de ello se violan los derechos, se conculcan las libertades del gobernado y se toma el rumbo ventajoso y egoísta de un gobierno.

Es decir, sin importar la clase de intereses nacionales o supranacionales que se pudieran tener, el gobierno no debe caer en autoritarismo ni valerse del ius puniendi para controlar al pueblo y someter al individuo, so pretexto de luchar contra el delito.

Bajo ninguna circunstancia debe tolerarse que la autoridad pase por encima de la Constitución y viole ilícitamente la libertad de la persona, sin obstar el subterfugio que esgrima para justificar la mala actuación.

Por necesidad, por política criminal, la Constitución del país autoriza la detención de un individuo por breves horas por parte de las autoridades competentes en los casos siguientes:

Mediante orden de aprehensión dictada por autoridad judicial, quedando obligada la autoridad ejecutora a poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad.

Por virtud de auto de formal prisión dictado por el juez de la causa, dentro del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición.

En hipótesis de delito flagrante, donde se obliga a quien realice la detención a poner sin demora al indiciado a disposición de la autoridad inmediata y es el Ministerio Público quien realiza la consignación o decretará la libertad del indiciado, en un plazo no mayor de 28 horas.

En casos urgentes, tratándose de delitos graves ante el riesgo fundado de que el indiciado se sustraiga a la justicia y no se pueda acudir a un juez, el Ministerio Público puede realizar la detención bajo su responsabilidad, supuesto en que tendrá ordinariamente un plazo de 48 horas para poner al detenido a disposición de la autoridad judicial, la que de inmediato ratificará la detención o decretará la libertad.

Esto es, en los precitados casos de privación de libertad personal se prevén plazos momentáneos establecidos en horas para que el inculpado sea puesto a disposición inmediata del órgano jurisdiccional de la causa y ésta determine su situación jurídica.

Sin embargo, existe en nuestra legislación un precepto legal, el 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, que expresamente transgrede nuestra Constitución, que abiertamente viola el párrafo séptimo del 16 constitucional al establecer una detención espuria de más de 48 horas; una privación de libertad en arraigo domiciliario hasta por 30 días.

Tal violación constitucional deriva de que cuando fue creado el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, en ese tiempo —o sea, en 1983— el artículo 16 constitucional no establecía plazo alguno para la detención de inculpados durante la averiguación previa. Esto es, no existía el citado párrafo séptimo del artículo 16 constitucional, que fue adicionado hasta el año de 1993, estableciendo un plazo máximo de 48 horas para la retención. Es decir, este párrafo séptimo se añadió 10 años después de haber entrado en vigor el artículo 133-Bis.

Es imperioso actualizar la legislación que versa sobre la materia penal federal, para ajustarla a las reformas aprobadas al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar eficaz soporte a la lucha contra las actuales tendencias de la delincuencia y aún al abuso del poder político, que por la magnitud de sus efectos dañosos y sus alcances está conformando un nuevo fenómeno de criminalidad.

El texto actual del artículo 133-Bis del Código Federal de Procedimientos Penales establece lo siguiente: Artículo 133-Bis. La autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público, decretar el arraigo domiciliario o imponer la prohibición de abandonar una demarcación geográfica sin su autorización, a la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga la acción de la justicia. Corresponderá al Ministerio Público y a sus auxiliares vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.

El arraigo domiciliario o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica se prolongarán por el tiempo estrictamente indispensable, no debiendo exceder de 30 días naturales en el caso del arraigo, y de 60 días naturales en el de la prohibición de abandonar una demarcación geográfica.

Cuando el afectado pida que el arraigo o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica quede sin efecto, la autoridad judicial decidirá, escuchando al Ministerio Público y al afectado, si deben o no mantenerse.

El texto vigente del párrafo séptimo del artículo 16 constitucional señala: Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público, por más de 48 horas, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial.

Ese plazo podrá duplicarse en aquellos tiempos en que la ley prevea como delincuencia organizada todo el abuso a lo anteriormente dispuesto, que será sancionado por la Ley Penal.

Claramente puede verse que este citado artículo 133 expresamente viola el párrafo séptimo del 16 constitucional y sin duda alguna que esta incongruencia entre los precitados artículos 133 y párrafo séptimo del 16 constitucional, ha convertido el arraigo en un abuso de autoridad que vulnera flagrantemente la garantía individual y que en tal sentido otorga el artículo 16 constitucional.

El arraigo domiciliario es una medida cautelar, por lo que sólo se autoriza para asegurar a una persona con el fin de que quede a disposición de la averiguación previa, sometido a vigilancia del Ministerio Público.

Me permite, Presidente por el tiempo, concluir.

Asimismo, estos atropellos a la Constitución de parte del Ministerio Público Federal, sobre el plazo de hasta 30 días de arraigo, impunemente se han pretendido justificar en el antiguo artículo del 133-Bis del Código Federal de Procedimientos Penales de 1983, que vulneran también, a la vista de todos, las garantías individuales contenidas en la fracción II del Apartado A del artículo 20 constitucional.

Luego entonces, lo que procede es someter a un riguroso análisis la legalidad del arraigo domiciliario, subordinándolo, como corresponde en derecho, a las aludidas disposiciones constitucionales, con el único objeto de que se sirva a la lucha contra el delito y a la justicia, y no como hasta ahora se ha hecho, para utilizarlo con fines aviesos y represivos propios de algunos gobiernos y que no nos acomodan, y que no son propios de México que está constituido democrática y republicanamente.

Termino concluyendo. El proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133-Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, debe quedar.

Artículo único. Se reforma el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue

Artículo 133 Bis: Cuando con motivo de una averiguación previa el Ministerio Público estime necesario el arraigo del indiciado o imponer la prohibición de abandonar una demarcación geográfica sin su autorización, tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales de aquel, recurrirá al órgano jurisdiccional fundando y motivando su petición para que éste oyendo al indiciado resuelva el arraigo con vigilancia de la autoridad o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica sin su autorización que ejercerán el Ministerio Público y sus auxiliares.

Estas medidas se prolongarán por el tiempo estrictamente indispensable y no deberán exceder los plazos establecidos en el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional, dentro de los cuales al indiciado se le consignará al juez y se le pondrá en libertad.

Transitorio

Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Autora: Arely Madrid Tovilla y firman los diputados Carlos Chaurand, diputado Carlos Rojas, Antonio Díaz Athié, Jorge Mario Lescieur, Héctor Hugo Olivares, Yary Gebhardt, Arnulfo Cordero y Beatriz Pagés Llergo. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar iniciativa que reforma el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con su permiso, Presidente. Iniciativa de reformas al segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 97 del texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció en su párrafo tercero la facultad de investigación de algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual o la violación del voto público o algún otro delito castigado por la ley federal.

Es pertinente destacar que el ejercicio de esta facultad se realiza de manera excepcional y únicamente cuando el sistema de procuración e impartición de justicia ha demostrado su ineficiencia.

El mecanismo de control constitucional creado para restituir al quejoso el goce de la garantía individual violada es el juicio de amparo, previsto en los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución.

En tal virtud el procedimiento normal de interposición del juicio de garantías se da por actos de molestia que causen perjuicio al quejoso o por actos de privación. En cualquiera de estos casos el particular inicia ante el juez del distrito competente o ante la misma autoridad responsable, en el caso de sentencias definitivas el procedimiento de amparo indirecto o directo, según sea el caso.

Sin embargo han existido en la historia del país muchos casos donde las violaciones de garantías individuales no son susceptibles de ser reparadas a través del juicio de amparo, en virtud de que quienes han sido víctimas de estos actos, han sido privados de la vida.

Ahora bien, surge la pregunta de que si el pleno de la Corte acepta integrar una comisión investigadora de oficio a petición de alguno de los sujetos legitimados para tal fin, qué efectos produce el informe que sea el resultado de la investigación de esta comisión.

La propuesta específica del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que somete a su consideración, es en el siguiente sentido, de que dicho informe —cuando se acredite la existencia de violaciones a las garantías individuales de los gobernados— se presente ante el Ministerio Público de la federación o del fuero común, como una denuncia de hechos presuntamente constitutivos de delitos para que la representación social inicie la averiguación previa correspondiente, y en su caso, consigne al juez competente.

Mucho se ha hablado de que el resultado final del informe presentado por comisiones de este tipo no sirve para nada. Sin embargo, es necesario reconocer que sí tiene un peso moral específico que debe ser traducido en efectos legales para que él o los responsables de estas violaciones de garantía sean sancionados en los términos que prevengan las leyes aplicables.

No podemos pasar por alto el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido ejercer esta facultad de investigación en casos que han estremecido la conciencia nacional.

En la solicitud 396, con motivo de la matanza de Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, fueron ampliamente conocidas cuando a nivel nacional se difundieron estas imágenes. Se comprobó que no hubo enfrentamiento entre los campesinos o provocación por parte de ellos a los cuerpos policiacos. Lo que existió fue una matanza de campesinos inermes que no ofrecieron ninguna resistencia.

En el caso de la solicitud de la investigación 2/2006, la sociedad mexicana se enteró a través de los medios de comunicación de la confabulación que desde los más altos niveles de gobierno del estado de Puebla, pasando por el gobernador, la Procuraduría General del estado de Puebla y el Poder Judicial de dicho estado, se orquestó una campaña para detener y desprestigiar a la periodista Lydia Cacho. Las grabaciones de la conversación entre el gobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, así lo acreditan.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara la iniciativa de reforma al artículo 97 constitucional, que dice así:

Artículo 97. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros, o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual.

El informe que resulte de dicha averiguación servirá de base para la denuncia ante el Ministerio Público que corresponda o los hechos presuntamente constitutivos de delito. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.

Creemos nosotros que esto transformaría radicalmente las facultades que derivan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que los resultados de las investigaciones puedan dar inicio a procedimientos administrativos y judiciales.

Solicito a usted, señor Presidente, que se sirva ordenar que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates de esta honorable asamblea. Es cuanto.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Leopoldo Arreola. Insértese íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se pospone la iniciativa presentada por el diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario del PAN, y se concede el uso de la tribuna al diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Efraín Morales Sánchez: Con el permiso de la Presidencia. Con fundamento en los ordenamientos legales correspondientes, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 70, 72, 74 y 135, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de respeto al principio de división de Poderes, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, promulgada en 1917, es la cristalización de la voluntad del pueblo, a fin de garantizar la libertad, igualdad y seguridad jurídica como una forma de hacer efectivo el estado de derecho, cuyo principio fundamental es la división de Poderes; es decir, el equilibrio y armonía entre los poderes constituidos, así como los contrapesos para evitar el abuso del poder.

En este orden de ideas debe reiterarse, que el Ejecutivo federal participa en el procedimiento legislativo a través de la iniciación de leyes, la facultad de observarlas y la publicación de las mismas o de decretos enviados por el Congreso de la Unión.

Lo que ha dado lugar en la práctica jurídica a interpretar la facultad de observación como sinónimo de veto, término éste que alude a impedir, prohibir o rechazar. En tanto que el término observar, el cual corresponde plenamente al espíritu del texto constitucional, significa advertir, reparar e informar. Por lo que es menester que de una vez por todas se reitere y precise que el concepto válido, único y consecuente con la letra y espíritu de la Constitución, es el de observar.

Al respecto, vale señalar, que los antecedentes constitucionales de nuestra Carta Magna vigente en ningún caso utilizaron literal ni en esencia, el concepto de veto y sí en cambio, en espíritu y letra ha prevalecido el concepto de observar.

En virtud de que la facultad de observar por parte del presidente de la república, al trabajo legislativo del Congreso de la Unión se enmarca en el seno y espíritu de la colaboración y coordinación entre los poderes constituidos, es necesario efectuar en el artículo 70 constitucional la corrección correspondiente para que la Constitución sea uniforme en sus términos y conceptos, así como para consolidar la certeza de la misma.

Debo subrayar que la precisión y certeza que esta iniciativa propone, en ningún momento atenta contra la importante figura jurídica que representan las observaciones del Ejecutivo en nuestro sistema constitucional, puesto que significa una colaboración de razón por parte del presidente de la república en el procedimiento legislativo y contrapeso entre ambos Poderes.

Por ello, también es propósito de esta iniciativa reiterar el respeto que debe imperar hacia las facultades y atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, que en ningún momento pueden ser sujetas de observaciones por parte de otras instancias de poder.

En este sentido, el presidente de la república debe ser el primero en respetar el principio de legalidad, ya que con ello garantiza el derecho constitucional de seguridad jurídica, pues conlleva el respeto y colaboración con las facultades generales y exclusivas de los otros órganos de poder, que específica y legalmente la Constitución les concede. Pues de no hacerlo se contravienen flagrantemente algunas de las prevenciones generales y lo dispuesto por el artículo 128 constitucional, el cual consigna: todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Así pues, la Constitución Política establece las facultades y obligaciones a cada uno de los poderes del supremo poder de la federación y con ello el sistema de pesos y contrapesos queda plenamente fundamentado.

Por tanto, no es jurídicamente procedente que las facultades exclusivas que otorga expresamente nuestra Constitución sean vulneradas y sobrepasadas, de ahí pues que las observaciones que pueda hacer el presidente de la república al quehacer legislativo tienen límites que debe respetar, ya que de no hacerlo incumpliría los preceptos constitucionales y, por ende, violaría el principio de legalidad.

Debe anotarse que el argumento esgrimido hasta hoy, para observar indebidamente las atribuciones y facultades exclusivas de la Cámara y potencialmente las reformas constitucionales, se debe a que la propia Constitución no lo impide expresamente, dando lugar a utilizar el criterio contrario sensu que dependiendo de su interpretación puede terminar con un vacío legal o también generarlo.

Si se logra atender el vacío constitucional en estos temas fundamentales, la división de Poderes así como las atribuciones y responsabilidades de cada uno de los Poderes constituidos, quedarán a salvo y permitirán, en consecuencia, la legalidad que el estado de derecho demanda, permitiendo de esta manera la convivencia y desarrollo social de una forma igualitaria, certera y con seguridad.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 70, 72, 74 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Solicito a la Mesa Directiva de esta honorable Cámara se inscriba íntegramente la iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Insértese íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates, y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se ha recibido en este momento una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Junta de Coordinación Política.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, 31 de octubre de 2007. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados, presente.

Con fundamento en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted, atentamente, consultar al pleno, la modificación del orden del día para la incorporación y trámite correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto:

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al desahogo de las proposiciones con punto de acuerdo relacionadas con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, que aparecen en el orden del día de la sesión del 31 de octubre de 2007. Firman, todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Proceda la secretaría a dar lectura a la proposición.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativa al desahogo de las proposiciones con punto de acuerdo relacionadas con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, que aparecen en el orden del día de la sesión del 31 de octubre de 2007.

Considerando

Primero. Que en fecha 27 de septiembre de 2007, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitió acuerdo que establece el mecanismo de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del presupuesto por sectores. El cual señala en su artículo 2o., inciso b), que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados harán llegar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a más tardar el miércoles 31 de octubre las propuestas de gasto que consideren ajustes a programas y proyectos de inversión vigentes.

Segundo. Que en el orden del día de la sesión de hoy, miércoles 31 de octubre de 2007, aún existen proposiciones con punto de acuerdo relacionadas con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008.

Tercero. Que este órgano de gobierno considera importante culminar con el desahogo de las proposiciones con punto de acuerdo relacionadas con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, con la finalidad de que sean turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, párrafo uno, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a consideración el siguiente

Acuerdo

Único. La Junta de Coordinación Política sugiere que en el momento que la Mesa Directiva considere pertinente durante la sesión del día de hoy, se turnen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, las proposiciones con punto de acuerdo relacionadas con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008.

Palacio Legislativo, México, DF a 31 de octubre de 2007. Firman todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo presentado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Proceda la Secretaría a dar lectura a las proposiciones.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Proposición de la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de acuerdo relativo a la aplicación de los recursos correspondientes al Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2008.

Proposición del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se consideren recursos para la construcción del tramo carretero del crucero de la autopista México-Tulancingo-Cuidad Sahagún-Emiliano Zapata, en el estado de Hidalgo.

Proposición del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se incluyan recursos para el desarrollo integral del estado de Puebla.

Proposición de la diputada Layda Elena Sansores San Román, del Grupo Parlamentario de Convergencia, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se asignen recursos para establecer un centro de acopio de salado, fileteado y desmenuzado de pescados y mariscos en la comunidad de Sabancuy, municipio de Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche.

Proposición del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se consideren recursos para la construcción y ampliación del tramo carretero Tizayuca-General Felipe Ángeles.

Proposición del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se consideren recursos en el Ramo 33 para la construcción de escuelas, aulas, centros y casas de salud, la ampliación de la red de agua potable y de drenaje, y para un programa de electrificación en las zonas marginadas del estado de Hidalgo.

Proposición del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se consideren recursos para el reencarpetamiento y encarpetamiento de carreteras en el estado de Hidalgo.

Proposición del diputado Gustavo Santiago Pedro Cortes, del Grupo Parlamentario de Alternativa, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 considere recursos adicionales para la Universidad Juárez, del estado de Durango.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se consideren recursos para el Fideicomiso de los Fondos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos, suscrito por integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros.

Proposición del diputado Gustavo Mendivil Amparán, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne una partida presupuestal en el Ramo 20 al Programa Hábitat, para crear una red de centros integrales de prevención y atención de la violencia familiar.

Proposición de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones ordinarias de esta soberanía para que incluyan la perspectiva de género en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.

Proposición del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo con relación al fortalecimiento de las finanzas y la competitividad de la Universidad de Puebla.

Proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se aumenten los recursos al Fonaes, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Proposición de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de acuerdo relativo al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres de las entidades federativas.

Proposición del diputado Ramón Salas López, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo para que se destinen recursos al estado de Nuevo León dentro del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zonas Urbanas.

Proposición de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de acuerdo por el que se solicita la asignación de los recursos necesarios para la instrumentación de las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Proposición del diputado Víctor Manuel Méndez Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo para incrementar los recursos destinados al estado de Campeche.

Proposición del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo por el que se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se asignen recursos a los municipios de la Sierra Norte del estado de Puebla.

Proposición del diputado Ramón Salas López, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se destinen recursos para instalar sistemas de potabilización y sanitarios secos en las comunidades de extrema pobreza del estado de Nuevo León.

Proposición del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se destinen recursos para el Centro Metropolitano para la Atención Integral de la Seguridad en el estado de Nuevo León.

Proposición del diputado Alfredo Barba Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo por el que se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se destinen mayores recursos a la Universidad de Guadalajara.

Proposición del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo por el que solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se destinen recursos para proyectos estratégicos para el desarrollo agropecuario forestal del estado de Puebla.

Proposición de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo por el que se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se asignen recursos para proyectos estratégicos de inversión para el estado de Durango.

Proposición del diputado Alfredo Barba Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se aumenten recursos destinados al Ramo 33 a diversos municipios del estado de Jalisco.

Proposición del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se consideren recursos para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puebla y la cuarta zona metropolitana.

Proposición del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se asignen recursos para el saneamiento y desarrollo integral de la cuenca de Necaxa.

Proposición del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se destinen recursos para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria de primero y segundo niveles en el estado de Nuevo León.

Proposición del diputado Alfredo Barba Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se consideren recursos para diversas obras carreteras, así como para infraestructura en diversos municipios del estado de Jalisco.

Proposición del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se destinen recursos para el fortalecimiento de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Proposición del diputado Alberto Leal, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo con el que solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se destinen recursos para promover la infraestructura carretera del estado de Puebla.

Proposición del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo por el que se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se destinen recursos para la construcción y equipamiento del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud y de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Proposición del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo por el que se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se destinen recursos para dar mantenimiento al hospital universitario Doctor José Eleuterio González, de la Universidad Autónoma del estado de Nuevo León.

Proposición del diputado Gilberto Ojeda Camacho, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo por el que se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 se considere una partida presupuestal para que el Canal del Congreso adquiera la tecnología requerida para transmitir en señal abierta.

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se reduzca la meta de reservas del IMSS, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación se modifique el artículo 8, a fin de reducir la meta de reservas del IMSS. Documento anexo.

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se considere la creación del anexo 6 Bis de erogaciones, para atender a la población migrante, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Proposición del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se consideren las particularidades geográficas, sociales y económicas del estado de Chihuahua.

Proposición del diputado Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo por el que solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se destinen recursos para proyectos estratégicos en el desarrollo de la Ciudad de México.

Proposición de la diputada Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se eliminen las partidas a que se refieren los gastos y gratificaciones a funcionarios de nivel superior de la administración pública federal y a los ex presidentes.

Proposición de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se destinen recursos para construir y rehabilitar los caminos rurales y alimentadores del estado de Sinaloa.

Proposición con punto de acuerdo por el que solicitan que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se destinen recursos para prolongar la canalización del arroyo Topo Chico, correspondiente al municipio de Apodaca en el estado de Nuevo León, suscrita por los diputados José Luis Murillo Torres y Gustavo Ramírez Villarreal, del Grupo Parlamentario del PAN.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnense las anteriores proposiciones con punto de acuerdo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Proposición del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública atiendan la problemática que se presenta en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Proposición del diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Educación Pública destinen los recursos necesarios para la adquisición del predio y la construcción donde opera el jardín de niños Toltecayotl, ubicado en la delegación Atzcapotzalco, Distrito Federal.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: La proposición del diputado Cárdenas Fonseca túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública y Servicios Educativos.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Proposición del diputado Humberto López Lena, del Grupo Parlamentario de Convergencia, con punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a comparecer ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para que informe de la tecnología en materia de radiodifusión.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se ha recibido en este momento una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de esto.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre del 2007.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.

Con fundamento en el artículo 20o., del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos a usted atentamente que se sirva consultar al pleno, en el primer turno posible, la modificación al orden del día para incluir y dar el trámite correspondiente a la siguiente proposición.

Con punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuentan Pública, al momento de analizar el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, considere la asignación de mil 500 millones de pesos para la infraestructura hidráulica de saneamiento en municipios de interés turístico a través de la Comisión Nacional del Agua, a cargo del diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre, del Grupo Parlamentario del PRD. Sólo turno a comisión.

Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar al presente. Atentamente,

Firma el diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del Partido Acción Nacional; diputado Javier González Garza, coordinador del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Partido Revolucionario Institucional; la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, coordinadora de Alternativa; el diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del Partido del Trabajo.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobada. Túrnese la proposición a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se ha recibido, en este momento, una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de esta.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo. México, Distrito Federal, a 31 de octubre de 2007.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día para la incorporación y trámite correspondiente en el primer turno posible, del siguiente asunto.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se cita en conferencia a los titulares de diversas dependencias y entidades de la administración pública federal al seno de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a la Procuración de Justicia Vinculada al Ejercicio de la Función Pública durante la gestión administrativa del expediente de Vicente Fox Quesada, en relación con los señalamientos del incremento de su patrimonio.

Suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se cita en conferencia a los titulares de diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, al seno de la Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento a la Procuración de Justicia Vinculada al Ejercicio de la Función Pública, durante la Gestión Administrativa del Expediente de Vicente Fox Quesada, en Relación a los Señalamientos del Incremento de su Patrimonio.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente que presenta el diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto en los artículos 53 y 90 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión, acuerda citar en conferencia al seno de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a la Procuración de Justicia Vinculada al Ejercicio de la Función Pública, durante la Gestión Administrativa del expediente de Vicente Fox Quesada, en relación a los Señalamientos del Incremento de su Patrimonio, a los titulares de las siguientes dependencias y organismos: Secretaría de la Función Pública, Procuraduría General de la República, Instituto de Protección al Ahorro Bancario, Petróleos Mexicanos, Sistema de Administración Tributaria, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Administración General de Aduanas.

Palacio Legislativo, México, D. F., a 30 de octubre de 2007. Suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); gracias. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Se ha recibido en este momento una comunicación más de la Junta de Coordinación Política, proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Junta de Coordinación Política, Palacio Legislativo, México, D. F., a 31 de octubre de 2007. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados, presente.

Con fundamento en el artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día para la incorporación y trámite correspondiente en el primer turno posible, del siguiente asunto:

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al gobierno federal para que el Fonden atienda con prontitud y eficiencia las zonas afectadas por las intensas lluvias en el estado de Tabasco y el norte de Chiapas, para que concluya de manera integral el plan hidráulico para el estado de Tabasco.

Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta a las ciudadanas diputadas y a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con la modificación al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); gracias. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición.

La Secretaría diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al gobierno federal para que el Fonden atienda con prontitud y eficiencia las zonas afectadas por las intensas lluvias en el estado de Tabasco y el norte de Chiapas, para que concluya de manera integral el plan hidráulico para el estado de Tabasco.

La Junta de Coordinación Política con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral uno del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el diputado Alfonso Izquierdo Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno federal para que el Fonden atienda con prontitud y eficiencia las zonas afectadas por las intensas lluvias en los estados de Tabasco y Chiapas.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal para que los apoyos y recursos se hagan llegar de manera inmediata a la población afectada sin que medie dilación alguna.

Tercero. Se exhorta al gobierno federal para que concluya de manera integral el plan hidráulico para el estado de Tabasco.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal a 31 de octubre del 2007. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se han inscrito para participar, en torno a este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, los diputados Alfonso Izquierdo, del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada María Guadalupe García Noriega, del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Juan José Rodríguez Prats, del Grupo Parlamentario del PAN. Tiene el uso de la tribuna el diputado Alfonso Izquierdo, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante: Con su permiso señor Presidente. Primero que nada reconocer la solidaridad de la Junta de Coordinación Política para que precisamente este pleno asumiera un punto de acuerdo con respecto a la situación que guarda el estado de Tabasco y la zona norte de Chiapas.

Como saben ustedes, Tabasco tiene el uno por ciento del territorio nacional y hasta hace unos días el 30 por ciento del agua. Porque en este momento tenemos el 75 por ciento del territorio tabasqueño inundado y evidentemente en iguales condiciones la zona norte de Chiapas.

Nosotros hemos solicitado y recibido la solidaridad de la Junta de Coordinación Política en torno a dos puntos fundamentales: nos urge que bajen los fondos del Fonden —valga la redundancia— y nos urge porque no quiero pensar que se esté esperando una fotografía presidencial para que le lleguen los recursos a la gente.

En este momento, en los albergues del estado de Tabasco, con más de 300 mil ciudadanos involucrados en una condición que no la deseo para ninguno, están faltos de recursos porque no se han liberado los mismos. Pero quiero decirles que ésta es una vieja historia comprometida con una cultura del agua, pero también comprometida con una circunstancia que no podemos eludir.

Hace diez años venimos reclamando que se active el plan hidráulico para Tabasco. No quiero mencionar las presas chiapanecas, los ríos tabasqueños, ni el número de frentes fríos.

Pero hace diez años que tenemos una sordidez respecto a desazolvar los ríos, a levantar las escolleras y, en la circunstancia que se nos está prestando en el estado, urge no solamente que expresemos esa solidaridad con este punto de acuerdo, sino que las políticas públicas de inmediato actúen en el sentido de justicia para un pueblo que sabe aportarle al proyecto nacional.

No se nos olvide que los recursos energéticos vienen precisamente de la zona norte de Chiapas y del estado de Tabasco, en cuanto a energía eléctrica y en cuanto a gas y petróleo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Izquierdo Bustamante.

Tiene el uso de la tribuna la diputada María Guadalupe García Noriega, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada María Guadalupe Josefina García Noriega: Gracias, con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputada.

La diputada María Guadalupe Josefina García Noriega: Buenas tardes a todos los diputados. Las actuales y radicales transformaciones que ha sufrido el clima en el mundo tienen una causa, y México desafortunadamente no es la excepción, y ahora Tabasco, nuestro hermano estado de Tabasco es, hoy en día, el más claro ejemplo.

El 75 por ciento de su territorio se encuentra cubierto de agua debido a las intensas lluvias registradas en estos últimos dos días. Los saldos son alarmantes. Por lo pronto, 200 mil afectados, de los cuales sólo 10 por ciento, aproximadamente, se ha podido resguardar en albergues oficiales. Las cosechas de plátano, cacao, pimienta y caña están totalmente pérdidas y un gran número que aún es incierto de cabezas de ganado están extintas.

Este estado, que según Carlos Pellicer "es agua y verde", hoy se encuentra devastado por los fenómenos naturales que cada día se presentan más intensos y que justamente inciden negativamente sobre los recursos naturales que lo caracterizan. Así, su zozobra se debe al desbordamiento de los ríos Grijalva, La Sierra, Samaria y Usumacinta, que han ocasionado que alrededor de 364 comunidades se encuentren afectadas. Tabasco se ha convertido en una laguna y la ciudad de Villahermosa está siendo evacuada.

Es un hecho que debido al calentamiento global existe la inminente realidad de fenómenos meteorológicos extremos, los cuales no sólo tienen efectos drásticos en nuestros recursos naturales, sino también en la preservación del ser humano.

Pero en el ámbito nacional no dejaremos de insistir, no es ocioso insistir, que han sido años en que el Partido Verde Ecologista de México, de forma constante ha alertado a diversas autoridades, tanto nacionales como internacionales, sobre la pérdida de áreas boscosas y de selvas, de las tierras cultivables, sobre la pérdida de manglares, y del avance de la deforestación y la desertificación, así como por la carencia de agua, lo que genera un ciclo vicioso de pobreza, hambre y desastres.

Hoy es Tabasco, pero está en constante riesgo todo nuestro territorio. Debemos tomar conciencia y concretar medidas que nos permitan lograr este objetivo: enfocarnos a la prevención que evidentemente reducirá estos efectos.

Esperamos que para el caso de nuestro estado hermano se destinen los recursos suficientes del Fonden; que estos recursos sean inmediatamente entregados y que lleguen a la población damnificada, y que los recursos también sean verdaderamente canalizados a quienes más los necesitan.

Pero a la par, no olvidemos atender la situación de los estados del sur-sureste. Como bien lo dijo el compañero diputado de Tabasco, no solamente es Tabasco, son Chiapas, Veracruz, Campeche, Quintana Roo. Todos los estados del sur-sureste están en grave peligro y cabe señalar que continuarán siendo afectados por los efectos del cambio climático.

Esta mañana el químico Mario Molina dejó claro que las intensas lluvias, así como la elevación del nivel del mar son efectos del calentamiento global. Estas nuevas condiciones climáticas harán que el escenario futuro del estado de Tabasco, entre otros, sea muy distinto al que tuvimos en años pasados.

Es urgente no perder de vista nuestra responsabilidad, de proponer políticas para que los asentamientos humanos se ubiquen en zonas de no riesgo y que los nuevos proyectos habitacionales cumplan con toda la normatividad y los estudios necesarios para garantizar que las personas puedan conservar sus bienes, pero ante todo, su vida.

Es por esto que el Partido Verde Ecologista de México considera de gran importancia que las políticas públicas que se impulsen desde esta soberanía tengan esta perspectiva de combate al cambio climático, ya que esta batalla resulta indispensable para restaurar el medio ambiente que tanto hemos deteriorado.

Recordemos, compañeros diputados, el buen juez por su casa empieza. Es Tabasco, no queremos que sigan siendo el resto de los estados de la zona sur-sureste de este país. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna el diputado Juan José Rodríguez Prats, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señor Presidente. Desde luego que el Partido Acción Nacional manifiesta su apoyo a esta entidad federativa por los momentos que está pasando.

Hoy tuve oportunidad de platicar con el delegado de la Comisión Nacional del Agua y me hacía la reflexión o me daba el dato, de que en el mes de octubre ha llovido 48 por ciento más que el histórico en 60 años que se lleva el registro.

O sea, han sido precipitaciones verdaderamente extraordinarias. Desde luego que han funcionado las hidroeléctricas que detienen el río Mezcalapa, sin embargo, la última presa, Peñitas, no tiene prácticamente capacidad de almacenamiento, su vaso es muy reducido y está soltando 2 mil 500 metros cúbicos por segundo, en lo que se está turbinando y está provocando derrames en el río Carrizal, y por otra parte, sobre la sierra en el llamado río Grijalva.

Tabasco tiene 25 mil kilómetros cuadrados, es una llanura. Está debajo de la sierra chiapaneca y por tanto, está sufriendo, como aquí se ha dicho, una terrible inundación que cubre el 75 por ciento de su territorio.

Quisiera yo destacar que el gobierno federal ha dado todo su apoyo. Hoy en la tarde, el presidente de la república, Felipe Calderón, estará en la entidad para coordinar todos los apoyos. Han estado allá los secretarios de Estado, se ha trasladado buena parte del Ejército. El gobernador Andrés Granier, hay que reconocerlo, ha hecho un extraordinario esfuerzo, él personalmente ha encabezado todas las acciones de rescate y de apoyo.

Debo decir también que el plan hidráulico que viene desde hace muchos años, como aquí se dijo, desde hace 10 años, pero que se han construido 102 kilómetros de bordos, hacen falta 80 kilómetros de bordos más, y también el problema de desasolve, porque todavía sigue bajando, fundamentalmente por el río Mezcalapa y el río Platanar, lo que son las arenas del Chichonal de cuando hubo erupción, que esto ha complicado, definitivamente, a los ríos y ha hecho que se desborden con mucho facilidad.

Efectivamente hay pérdidas cuantiosas en la zona platanera de Teapa, en lo que es la zona cañera, también en Cárdenas, en lo que es la zona ganadera de distintas partes y se ha complicado también con accidentes que han sucedido en las explotaciones de Pemex.

Pero ahí está pendiente el gobierno federal. Ahí está pendiente el gobierno del estado, y desde luego que el Partido Acción Nacional suscribe y da el apoyo a este acuerdo para que desciendan con la mayor prontitud, como lo ha dicho el diputado Alfonso Izquierdo, los fondos correspondientes y apoyo a los municipios, que se le dé el apoyo a los damnificados y que se continúe con el plan hidráulico para poder prever estos fenómenos que tanto dañan a Tabasco cada año. Es cuanto, señora Presidenta, y muchísimas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Juan José Rodríguez Prats. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Mendoza Flores, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Roberto Mendoza Flores: Con su permiso, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante diputado

El diputado Roberto Mendoza Flores: Tabasco está sufriendo hoy, actualmente, una inundación peor que la que ha sufrido hace 70 años. Hoy, actualmente las estadísticas no están mostrando que cerca de 300 mil habitantes están en una desgracia que no es apetecible para nadie.

Hace 10 años tuvimos algo semejante, pero fue por mitad de lo que se está sufriendo hoy. Hoy Tabasco necesita que la federación vea hacia ese estado que tanto ha dado a la federación misma y pedimos que no le niegue ninguno de los apoyos que está pidiendo la federación, ya que Tabasco ha sido muy benévolo para la federación, con todo lo que se ha estado extrayendo de petróleo y ahorita actualmente los tabasqueños necesitamos de ese apoyo de la federación y junto con los demás compañeros que nos solidaricemos en esto.

Queremos que en una forma integral, tanto Chiapas como Tabasco, solucionemos estos problemas que ya se han venido dando desde hace mucho tiempo. La Comisión Federal de Electricidad no ha hecho nada tampoco y nosotros sabemos que es mucha la culpa que tiene la Comisión en el desahogue de las aguas para turbinares, esa agua que es lo que nos está afectando a Tabasco.

Esperamos pues que tome conciencia la federación como la misma Comisión Nacional del Agua, y también la Comisión Federal de Electricidad, para que ya se solucione en definitiva el problema que tenemos de Tabasco.

Les agradecemos a todos y que nos apoyen en esta propuesta, de que no se escatimen esfuerzos ni recursos humanos ni financieros para los habitantes de Tabasco, que todos estamos sufriendo y que ahorita nos encontramos todos unidos.

Ya lo había dicho aquí el compañero que nos antecedió, actualmente se está trabajando junto con el gobernador y estamos en esta situación de desastre y esperamos su apoyo para esta situación que está sufriendo Tabasco. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias a usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Martín Ramos Castellanos, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Martín Ramos Castellanos: Gracias, señor Presidente.

Este punto de acuerdo a lo mejor en esta Cámara fue algo que debimos haber previsto desde hace mucho tiempo. Hoy es Tabasco, es Chiapas, pero hace algunos días, algunos meses fue Quintana Roo, ha sido Guerrero, ha sido Oaxaca. Y es aparte de la marginación y la pobreza que tenemos los estados del sur-sureste, también estamos a merced de fenómenos naturales, como lo que ya está persistiendo.

Por eso nosotros en diferentes foros, y como presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste, hemos venido planteando que tenemos que buscar los mecanismos de cambiar las reglas de operación.

Sabemos que los gobiernos estatales han estado haciendo sus esfuerzos por atender estas emergencias, pero también una vez que ha pasado esta emergencia en los recursos de reconstrucción ahí vienen los problemas, en donde no se tiene la parte que les corresponde a los gobiernos estatales, para que sean atendidos por el Fonden.

Por eso exhortamos también a esta soberanía, a que podamos pedirle y solicitarle a la Secretaría de Gobernación, de que pudiéramos adecuar las reglas de operación del Fonden, para que sea la atención más pronta y expedita para todos los estados, principalmente para los estados de la región Sur-Sureste, que son los que están a merced frecuentemente de estos fenómenos naturales.

Por eso pedimos y respaldamos, como fracción parlamentaria del PRD, como diputado federal de Chiapas, como presidente de la Comisión Sur-Sureste, este punto de acuerdo para que se le pueda dar la atención lo más pronto posible a las comunidades afectadas de nuestro estado hermano de Tabasco, así como también la parte norte y selva del estado de Chiapas.

Por eso sentimos que es importante que podamos irnos a fondo y que podamos de una vez por todas tener esa conciencia y adecuar las reglas de operación, para que también se hagan las medidas pertinentes y se le dé la atención y la reparación de los daños que nos están dejando cada vez los fenómenos naturales.

Agradecemos la solidaridad que ha tenido la Junta de Coordinación Política y a todos los diputados federales, de unirnos en esta causa, en esta desgracia que están teniendo nuestros hermanos de Chiapas y Oaxaca. Y ojalá podamos dar esa atención a todos los estados del sur-sureste, ya que de la mano con la pobreza van los ataques de los fenómenos naturales.

Le pedimos y, como fracción parlamentaria, también nos solidarizamos con este punto de acuerdo y estamos seguros de que va a haber una respuesta muy pronta de los tres niveles de gobierno, para que atendamos de manera coordinada y que los recursos lleguen en tiempo y forma a los compañeros y a los amigos, a las comunidades que han sido afectadas. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Martín Ramos Castellanos.

En virtud de que se ha agotado la lista de oradores, se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición con punto de acuerdo presentada por la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada.

Se acaban de recibir dos comunicaciones de la Cámara de Senadores con relación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, presentadas por senadores de la república. Túrnense éstas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes

Dictámenes

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la orden El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz con Brillantes, que le confiere el gobierno de la República de Perú.

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Medalla de Honor, en el grado de Gran Cruz, que le confiere el Congreso de la República de Perú.

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Karla Negrete Aranda, Andrea Karla Gómez de la Casa Rivera, Ayesha Karina Dávalos Sánchez, Mónica Madera Reveles, María del Rosario Rueda Castro y Mario Priego Álvarez para prestar servicios en las Embajadas de Francia, de Australia y de Estados Unidos de América en México, y en su Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Liliana Monroy Flores, Araceli Romero Romero, Enrique Vidal Morales, César Acosta Gámez, Martha Paola Sánchez González, Míriam Citlalic Villegas Tenorio, Eduardo Régules Bukantz y Arturo Muradas Ruiz para prestar servicios en la Embajada de Corea en México y en el Centro de Comercio e Inversión de Corea, de la Embajada de Corea en México, respectivamente.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Quedan de primera lectura.

Diputado Juan José Rodríguez Prats, con qué objeto quiere usted hacer uso de la palabra.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señor Presidente, en virtud de los dictámenes que autorizan para aceptar condecoraciones, y estamos ya más sobre el tiempo, yo suplicaría que le pudiera usted consultar a la asamblea si se dispensa la segunda lectura y se ponen a votación de inmediato. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la orden El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz con Brillantes, que le confiere el gobierno de la República de Perú y la Medalla de Honor, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Congreso de la República de Perú, consulte la Secretaría a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura a los dictámenes y se ponen a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se les dispensa la segunda lectura. En consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la orden El Sol de Perú, en grado de Gran Cruz con Brillantes, que le confiere el gobierno de la República de Perú.

No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Medalla de Honor en grado de Gran Cruz, que le confiere el Congreso de la República de Perú.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y del anteriormente reservado, en un solo acto. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por 10 minutos.

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

(Votación)

La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 221 votos en pro, 10 en contra y 60 abstenciones.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobados los proyectos de decreto por 221 votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 31 de octubre de 2007. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en el artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día para la incorporación y trámite correspondiente en el primer turno posible del siguiente

Asunto

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a las autoridades competentes para que se informe la probable responsabilidad de servidores públicos y/o terceros en el accidente de la plataforma Usumacinta, ocurrido el 23 de octubre del presente año.

Firman el diputado Héctor Larios Córdova, Presidente y coordinador del Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional; diputado Javier González Garza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día, en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada. Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a las autoridades competentes para que se informe la probable responsabilidad de servidores públicos y/o terceros en el accidente de la plataforma Usumacinta, ocurrido el 23 de octubre del presente año.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativo a la materia objeto del presente que presentan los diputados Víctor Manuel Méndez Lanz, Aracely Escalante Jasso, Arturo Martínez Rocha, del Grupo Parlamentario del PRI; Jorge Rubén Nordhausen González, del Grupo Parlamentario del PAN; Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Verde y Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Por lo que se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades competentes para que se informe la probable responsabilidad de servidores públicos y/o terceros en el accidente de la plataforma Usumacinta, ocurrido el 23 de octubre del presente año y que a través de un peritaje independiente realizado por instituciones especializadas, permita llegar a resultados confiables de las causas y consecuencias de este accidente.

Segundo. Se exhorta a la Semarnat para que cuantifiquen e informen los daños ecológicos derivados de este mismo hecho.

Tercero. Se exhorta a las autoridades competentes para que cuantifiquen e informen los daños económicos y sociales derivados de este mismo hecho.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 29 de octubre de 2007.

Firman: Diputado Héctor Larios Córdova, Presidente y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Javier González Garza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; diputada Aída Marina Arvizu Rivas, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Social Demócrata. Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada la proposición. Continué la Secretaría, con el orden del día de la próxima sesión.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Orden del día de la próxima sesión.

(Lectura del orden del día)

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras (15.21 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 6 de noviembre a las 11:00 horas, y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto desde las 9.30 horas.