La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de los diputados y las diputadas.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 287 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (11:52 horas): Se abre la sesión.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta.

Comunicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes en sentido negativo de proposiciones con punto de acuerdo que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre las metas cumplidas del Programa de Educación Ambiental y que establezca un programa extraordinario de capacitación de docentes para el inicio del ciclo escolar 2006-2007. De fecha 10 de septiembre.

Comisión de la Función Pública

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los estados y a la Asamblea del Distrito. Federal, para que constituyan un Comité Técnico de valoración salarial. De fecha 10 de septiembre.

Comisión de Gobernación

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a no expedir permisos para la instalación y operación de salas de juego en el país. De fecha de publicación, 10 de septiembre.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que rinda un informe acerca de la política de Estado que el gobierno federal asume respecto de la construcción del proyecto: Chevron-Texaco, en las Islas Coronado en Baja California. De fecha de publicación, 10 de septiembre.

Dictamen por el que se desecha la proposición…

El diputado Jesús Vicente Flores Morfín (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame diputada. ¿Sí, diputado? Le dan sonido, por favor al diputado, me dice su nombre cuando le den el sonido, por favor.

El diputado Jesús Vicente Flores Morfín (desde la curul): Diputada, respetuosamente pido a esta soberanía un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia en Coahuila, en el municipio de Nadadores, donde más de una cuarentena de ciudadanos cayeron en la tragedia, y más de 200 heridos. Esto se considera una tragedia nacional. Respetuosamente, pido un minuto de silencio de esta soberanía.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia hace eco de la petición del diputado. Si todos se ponen de pie, por favor, para guardar un minuto de silencio por las víctimas de este accidente.

(Minuto de silencio)

Gracias a todos. Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que exponga los motivos y fundamentos legales de la autorización de la Minera San Xavier, en el estado de San Luis Potosí. De fecha 10 de septiembre.

Dictamen por el que se desechan 11 proposiciones con punto de acuerdo turnadas durante la LIX Legislatura. De fecha de publicación: 10 de septiembre.

Comisión de Relaciones Exteriores

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la visita a México del presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush del 12 al 14 de marzo de 2007, por considerarse extemporáneo. De fecha 10 de septiembre.

Solicito a ustedes lo hagan del conocimiento de la honorable asamblea. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 septiembre de 2007.

Firmado por la Presidenta, diputada Ruth Zavaleta Salgado.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

De la Comisión Nacional del Agua.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Oficio de la Comisión Nacional del Agua.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento. De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Comunicación de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterado, comuníquese. De la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con relación a cambios de integrantes en comisiones.

Que el diputado Cristián Castaño Contreras cause baja como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Que la diputada María Elena Álvarez Bernal cause alta como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Que la diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez cause baja como secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Que el diputado José Gildardo Guerrero Torres cause alta como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Que el diputado Francisco Javier Plascencia Alonso cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

Que el diputado José Gildardo Guerrero Torres cause alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

Que el diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo cause alta como integrante del Comité de Competitividad.

Que el diputado Cristián Castaño Contreras cause baja como integrante de la Comisión de Gobernación.

Que la diputada María del Carmen Fernández Ugarte cause alta como integrante de la Comisión de Gobernación.

Que la diputada María del Carmen Fernández Ugarte cause alta como integrante de la Comisión de la Función Pública.

Que el diputado Jorge Quintero Bello cause alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Social.

Que la diputada Gloria María Perroni Merino cause alta como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana.

Que la diputada Gloria María Perroni Merino cause alta como integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Que la diputada María Ofelia Malcos Amaro cause alta como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana.

Que la diputada María Ofelia Malcos Amaro cause alta como integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Que la diputada María Soledad Limas Frescas cause baja como integrante de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

Que la diputada Esmeralda Cárdenas Jiménez cause baja como integrante de la Comisión de Marina.

Que la diputada María Nieves Noriega Blanco cause baja como integrante de la Comisión del Distrito Federal.

Que el diputado Antonio Medellín Varela cause alta como integrante de la Comisión Especial para el Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo y el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio.

Que la diputada Adriana Dávila Fernández cause baja como integrante de la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos Sociales, de Acceso al Agua y la Protección de Ambientes Acuáticos.

Que la diputada Adriana Dávila Fernández cause baja como integrante de la Comisión Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia vinculada a los Feminicidios del país.

Que la diputada María Nieves Noriega Blanco cause baja como secretaria de la Comisión Bicameral de Sistema de Bibliotecas.

Que el diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo cause alta como secretario de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas.

Que el diputado Carlos Augusto Bracho González cause abaja como integrante de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la integración del Parlatino.

Que la diputada María Mercedes Corral Aguilar cause alta como integrante de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la integración del Parlatino.

En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los cambios de comisión mencionados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados, presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por la diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que la diputada Ana María Ramírez Cerda cause alta como secretaria en la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.

Que la diputada Ana María Ramírez Cerda cause alta como integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Que la diputada Ana María Ramírez cause alta como integrante de la Comisión de Seguridad Social.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular. Firma el diputado Héctor Larios Córdova, Presidente de la Junta.

En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado.

Proposiciones de los órganos de gobierno de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes, así como a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) a respetar el acuerdo suscrito con los diputados federales del estado de Guerrero para mantener el descuento de 20 por ciento del cobro en la Autopista del Sol, hasta en tanto se terminen los trabajos de rehabilitación.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Comuníquese.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que realice la evaluación y cuantificación de daños que sufrió la infraestructura carretera de diversos municipios del estado de Guerrero, ocasionados por la tormenta tropical Henriette, y con ello se obtengan los apoyos previstos del Fonden para su inmediato restablecimiento.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al gobierno federal a que, a través de la Conagua, destine recursos para la ejecución de obras de reencauzamiento, desazolve y contención del río La Sabana, en el municipio de Acapulco de Juárez, del estado de Guerrero, para hacer frente a los daños ocasionados por la tormenta tropical Henriette.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se condenan los hechos ocurridos por las explosiones de Pemex en el estado de Veracruz.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por lo que se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados condena los actos de violencia perpetrados en contra de las instalaciones de Pemex, en el estado de Veracruz, y exhorta a las autoridades federales y estatales competentes, a realizar las investigaciones necesarias tendientes a deslindar las responsabilidades a que haya lugar. Firman los coordinadores de la Junta de Coordinación Política.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese.

Esta Presidencia les da la más cordial bienvenida a los alumnos que se encuentran con nosotros el día de hoy, que son de la licenciatura en derecho de la FES Acatlán y del Centro Universitario Isidro Fabela. Sean bienvenidos. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: De la Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Se solicita respetuosamente al ejecutivo estatal del estado de Coahuila y al Ejecutivo federal, para que agilicen las investigaciones en torno a la explosión ocurrida en el kilómetro 38 de la carretera Monclava-San Pedro y se apoye a los afectados de manera inmediata y suficiente.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta la diputada Maria Arvizu Rivas, del grupo parlamentario del Partido Alternativa Social Demócrata, por lo que se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente al Ejecutivo estatal del estado de Coahuila y al Ejecutivo federal, para que coordinen las acciones necesarias a efecto de atender de manera inmediata y suficiente a los afectados por la explosión ocurrida en el kilómetro 38 de la carretera Monclava-San Pedro. Asimismo, realicen las investigaciones a que haya lugar para conocer las causas de dicha explosión, el desempeño de las autoridades involucradas y se deslinden las responsabilidades correspondientes.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, 10 de septiembre del 2007.

Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto.

En votación económica, se pregunta a las diputadas y diputados si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese. Iniciativas del Ejecutivo.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Iniciativas del Ejecutivo.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Presente.

Para los efectos de lo dispuesto por el inciso h) del artículo 72 y por el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 74, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido por la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por instrucciones del ciudadano presidente de la república me permito enviar a usted iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008.

Asimismo, acompaño al presente copia del oficio número 353 A-0941, signado el día 4 del mes en curso, a través del cual el ciudadano licenciado Max Diener Sala, director general Jurídico de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, manifiesta que la citada iniciativa se sujeta al procedimiento específico previsto en el artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Atentamente. Armando Salinas Torre, subsecretario.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Cámara de Diputados. Presente.

Para los efectos de lo dispuesto por el inciso h) del artículo 72 y por el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 74, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido por la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por instrucciones del ciudadano presidente de la república, me permito enviar a usted Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008.

Asimismo, acompaño al presente copia del oficio número 353 A-0941, signado el día 4 del mes en curso, a través del cual el ciudadano licenciado Max Diener Sala, director Jurídico de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, manifiesta que el citado proyecto se sujeta al procedimiento específico previsto en el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Atentamente. Armando Salinas Torre, subsecretario.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ciudadana diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Cámara de Diputados, presente. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso h), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en la fracción I, del artículo 27 de la Ley Orgánica de la administración pública federal, por instrucciones del ciudadano presidente de la república me permito enviar a usted iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Asimismo, acompaño al presente copia de los oficios número 353-A-0941 y 312-A-1-4198 Bis, signados el 4 del mes en curso, a través de los cuales los ciudadanos licenciados Max Diener Sala y licenciado Felipe Angulo Sánchez, director general Jurídico de Egresos y director general adjunto de Programación y Presupuesto, de Desarrollo Agropecuario, Recursos Naturales, Hacienda y Turismo, respectivamente, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remiten el dictamen de impacto presupuestario de la citada iniciativa.

Sin otro particular reciba un cordial saludo. Atentamente, Armando Salinas Torres, subsecretario.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ciudadana diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Cámara de Diputados. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso h), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en la fracción I, del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por instrucciones del ciudadano presidente de la república, me permito enviar a usted informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo federal en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia arancelaria, durante el periodo comprendido de diciembre de 2006 a agosto de 2007.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Atentamente, Armando Salinas Torres, subsecretario.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Cámara de Diputados, del H. Congreso de la Unión, presente. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso h), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en la fracción I, del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por instrucciones del C. presidente de la república, me permito enviar a usted, Criterios generales de política económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al año de 2008.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Atentamente Armando Salinas Torres, subsecretario.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presente. Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el oficio número 529-2-DGLCFP signado por la C. Guadalupe Araceli García Martínez, directora general de Legislación y Consulta Fiscal y Presupuestaria de esa dependencia, mediante el cual solicita se les haga llegar copia del oficio número 100-278 suscrito por la C. Beatriz Peniche, secretaria de Desarrollo Social. Y los anexos que en él se mencionan.

Sin otro particular reciba un cordial saludo. Atentamente Armando Salinas Torre, subsecretario.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Se recibieron dieciocho oficios con los que se remite el primer informe de labores de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesa y Alimentación, Comunicaciones y Transportes, Defensa Nacional, Desarrollo Social, Economía, Educación Pública, Energía, Función Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Marina, Reforma Agraria, Relaciones Exteriores, Salud, Seguridad Pública, Trabajo y Previsión Social, Turismo y de la Procuraduría General de la República.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: De enterado, distribúyanse a las diputados y los diputados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite su calendario de sesiones del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa que reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite punto de acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados tome en cuenta la eventual flexibilización de los requisitos de ingreso al Padrón de Beneficiarios del Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos, que incluye en el Presupuesto de Egresos 2008, una partida para cubrir la deuda existente con los ex trabajadores mexicanos, presentada por el senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite punto de acuerdo por el que solicita una partida presupuestal extraordinaria para reparar los daños ocasionados a las vías de ferrocarril por el huracán Stan, presentado por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Es cuanto.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos, incluyan en el Presupuesto de Egresos de 2008 una partida presupuestal extraordinaria para la Universidad de Aguascalientes que le permita subsanar su déficit acumulado, presentado por el senador Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Remítase a las comisiones correspondientes y al promoverte, para su conocimiento.

El siguiente capítulo es el de iniciativas de los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas. Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio signado por el diputado Adrián Fernández Cabrera.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Subcoordinación de Proceso Legislativo. Grupo Parlamentario del PAN. Diputado Adrián Fernández Cabrera, Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de septiembre de 2007.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la honorable Cámara de Diputados.

Por este conducto solicito a usted girar las instrucciones necesarias a efecto retirar del orden del día de hoy el siguiente asunto.

Iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda "Braceros del 42 al 67", a cargo del diputado Antonio Valladolid Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Agradeciéndole de antemano la atención que se sirva a darle a la presente. Aprovecho la ocasión para enviarle un respetuoso saludo.

Atentamente, firma y suscribe el diputado Adrián Fernández Cabrera, subcoordinador de Proceso Legislativo, del Grupo Parlamentario del PAN.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Muchas gracias. Se concede ahora el uso de la tribuna, al diputado Francisco Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.

El diputado Francisco Sánchez Ramos: Con el permiso de la Presidencia.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal. Delitos Electorales.

El que suscribe Francisco Ramos, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal, "Delitos electorales". Al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Nuestra Constitución establece que la soberanía nacional reside originalmente en el pueblo. Que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal. Que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de las competencias de éstos, y por los estados en lo que le toca a sus regímenes internos, y que la renovación de los poderes se realizará mediante elecciones libres, auténticas.

Consecuentemente cualquier acción u omisión que violente estos principios tiene que ser prohibida y castigada. De ahí que los delitos electorales se encuentren estrechamente vinculados al sistema político electoral del que depende y al cual buscan proteger no son los mismos en los países ni tampoco lo han sido en diversas etapas de la historia.

Sin embargo, durante el pasado proceso electoral del 2 de julio de 2006, los mexicanos fuimos testigos de cómo se violentaron los principios de certeza, legalidad e imparcialidad a los que están obligados a tutelar todos los órganos electorales por mandato constitucional y legal.

Hasta el momento los delincuentes electorales que en ella intervinieron no han sido sancionados conforme a la ley. La implementación de la guerra sucia y de odio a través de spots, correos electrónicos, las campañas promovidas por el Consejo Coordinador Empresarial, el intervencionismo del presidente de la república, la utilización de los programas sociales con fines electorales, los excesivos gastos en medio de comunicación, el rebase de topes de gasto de campaña y de precampaña de los partidos políticos, la participación e intromisión de extranjeros son tan sólo una muestra de impunidad en materia de delitos electorales.

Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no puede haber reforma electoral sin una reforma al capítulo de los delitos electorales del Código Penal Federal, que actualice a las realidades de nuestro país conductas que afecten los valores de la democracia y del sufragio universal, libre, directo y secreto.

De ahí que en la agenda legislativa de los partidos que integramos el Frente Amplio Progresista hayamos suscrito:

Otorgar plena garantía constitucional al derecho de sufragio y revisar el sistema contencioso electoral para que las violaciones a la ley sean debida y oportunamente sancionadas.

Fortalecer los mecanismos de fiscalización del IFE. Regular las precampañas y los gastos de los candidatos. Reducir el tiempo y tope de gastos de campaña. Suprimir el financiamiento privado a los partidos políticos y campañas electorales. Prohibir el uso comercial de la radio y televisión para fines electorales y la propaganda oficial en forma permanente. Otorgar suficiente acceso a los partidos en tiempos oficiales.

La iniciativa que ponemos a consideración de esta soberanía responde a estos compromisos. En su esencia plantea la incorporación de las figuras de precandidatos y de organizadores de actos de campaña o precampaña y un aumento en las penalidades, en las participaciones de éstos, en las conductas ya tipificadas en el Código Penal.

Propone además, un aumento en las penalidades a aquel que utilice fondos provenientes de actividades ilícitas o del extranjero para el apoyo de precandidatos, candidatos, partidos políticos o coalición.

Decreto por el que se reforman diversos artículos del Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal (delitos electorales).

Señor Presidente, toda vez que la iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito que se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias a usted, diputado. Así se hará, y túrnese su iniciativa a la Comisión de Justicia.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 57, y adiciona un artículo 57 Bis, a la Ley de Vivienda.

No estando presente el diputado, pasará al final de este capítulo.

Tiene, entonces, el uso de la palabra la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

No estando en el salón de sesiones, también se pasará al final de este capítulo.

Entonces se le concede el uso de la palabra a la diputada María Gabriela González Martínez, para presentar iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por ella misma y por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada María Gabriela González Martínez: Con su permiso, diputado Presidente.

Las suscritas, diputadas federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Las defunciones por lesiones causadas por el tráfico vial y, en particular, por accidentes de tránsito, debidas a vehículo de motor, representan en todo el mundo una epidemia silenciosa que afecta a todos los sectores de la sociedad.

La Organización Mundial de la Salud calcula que 25 por ciento de todas las muertes debidas a lesiones son resultados de las lesiones causadas por accidentes de tránsito. Las principales causas de estas muertes incluyen: conducir bajo la influencia del alcohol, manejar en alta velocidad y no usar el cinturón de seguridad.

En el año 2000, 1.2 millones de niños, mujeres y hombres murieron en todo el mundo en accidentes de tránsito. Centenares de organizaciones llevan a cabo actividades para aumentar la sensibilización acerca de los traumatismos causados por los accidentes de tránsito, sus graves consecuencias y los enormes costos que suponen para la sociedad. Contribuyeron también a que se sepa que esos traumatismos pueden prevenirse.

Por eso, la Organización Mundial de la Salud eligió a la seguridad vial como el tema del Día Mundial de la Salud el año 2004.

La comunidad de salud pública considera que las lesiones causadas por accidentes de tránsito son un problema de salud pública que ha sido descuidado, y que requiere de esfuerzos de prevención concertados y multisectoriales.

Las estadísticas actuales, publicadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), muestran que Estados Unidos, Brasil, México, Colombia y Venezuela son las cinco naciones con el mayor número de muertes relacionadas con el tránsito.

Aunado a los datos anteriores, existe un sector aún más vulnerable para este tipo de accidentes, que son las niñas, niños y adolescentes, toda vez que, categóricamente en nuestro país no existe la cultura de protección integral a menores durante los traslados vehiculares. En el caso de los bebés, por ejemplo, existe la nula utilización de las sillas de seguridad para bebés.

Cuando los niños viajan en automóvil, los adultos tenemos la obligación de vigilar que vayan seguros. Un punto importante a considerar es su peso y edad.

En México los accidentes de tránsito ocupan la posición número 11 dentro de las causas de mortalidad general, y la posición uno y dos entre las principales causas de muerte, conforme a la Encuesta Nacional de Salud del año 2000.

Cada año más de dos millones de personas mayores de 18 años de edad sufren lesiones a consecuencia de eventos no intencionales, principalmente caídas y accidentes de tránsito.

Las estrategias de prevención en pocos ámbitos son tan obvias como en este caso. Si hiciera falta traer a colación alguna dolorosa evidencia en este sentido, se puede mencionar que en el año 2003 se presentaron tres muertes de niños menores de un año de edad en accidentes de motocicleta.

En muchos países se ha documentado una reducción importante de la letalidad de los accidentes vehiculares, con medidas tan sencillas como la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad. La prohibición de que los niños viajen en los asientos delanteros de los automóviles. La reducción de los límites de velocidad permitida. El control del consumo del alcohol.

Conforme a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática y la Secretaría de Salud, durante el año 2005 los accidentes de tránsito vehicular de motor representan la causa número 15 de mortalidad infantil entre niños menores de un año, empero, esta misma causal es la número uno de mortalidad en niños en edad escolar de cinco a 14 años.

En Estados Unidos de Norteamérica los accidentes automovilísticos son la causa más frecuente de muerte de los niños menores de 14 años de edad, el 50 por ciento de los niños de hasta 14 años, que murieron en accidentes automovilísticos, no estaban correctamente sujetados. Aproximadamente 220 mil niños de hasta 14 años sufrieron lesiones en accidentes automovilísticos durante el año 2002.

Estudios muestran que la mayoría de niños que mueren en accidentes de auto no están asegurados en asientos infantiles y, que pudieran haber salvado la vida si hubieran estado sujetados a un asiento.

Los niños son los que se lesionan más a menudo, sufren lesiones más graves o mueren en los accidentes automovilísticos cuando no están sujetos correctamente.

Con las medidas de precaución correctas, como el uso de los asientos infantiles de seguridad apropiados para su edad, puede prevenirse la mayoría de las lesiones accidentales y de las muertes.

Los niños pueden lastimarse cuando los padres o personas a cargo de ellos no los sujetan correctamente cuando van en automóvil, o no están enterados de los peligros asociados con determinadas situaciones automovilísticas.

Físicamente, un niño es más pequeño que un adulto medio. Esto significa que los cinturones estándar de seguridad de los automóviles no se ajustan correctamente para proteger los cuerpos de los niños.

Un grupo de edad de los cuatro a los ocho años corre un riesgo especialmente alto por el uso incorrecto de los cinturones de seguridad en los automóviles. De acuerdo con los Centros para la Prevención y Control de las Enfermedades en Estados Unidos, los niños no encajan en el cinturón para el hombro y cintura, hasta que tienen una altura de 1.4 metros y pesan 36.2 kilogramos.

No obstante, los niños entre las edades de cuatro a ocho años que ya no caben en su asiento de seguridad para niños, a menudo se colocan demasiado pronto con el cinturón de hombro/cintura de adultos, sin un asiento elevador. Desafortunadamente, se calcula que sólo el cinco por ciento de los niños de este grupo de edad están asegurados correctamente con asientos elevadores en los automóviles.

Por otro lado, los bebés son frágiles, sus cuerpos y huesos no son tan fuertes como los de los adultos o niños más crecidos. Los bebés son propensos a lastimarse si ocurre un accidente. Aún los accidentes pequeños a baja velocidad o paradas súbitas, pueden causar heridas graves en la espina dorsal, epilepsia y retraso mental si no están bien sujetados.

Otros estudios muestran que los padres que aseguran a sus hijos en asientos de seguridad se distraen menos mientras conducen. Debido a menos distracciones, estos padres tienen menos accidentes de auto.

Frente a estos datos existe una baja concientización por parte de los ascendientes, tutores y custodios de los menores, quienes tienen el deber de preservar los derechos de los niños, que incluyen primordialmente el derecho a la integridad física y emocional.

Actualmente, la red operada por Caminos y Puentes, la dependencia del gobierno que administra las autopistas, carreteras de cuota y negocios similares, está trabajando en la consolidación de una base estadística sobre la siniestralidad observada por los vehículos de motor en las carreteras con el propósito de generar información analítica detallada que posibilite la generación de indicadores que sustenten, además de la orientación de diversas acciones preventivas, la formulación de proyectos específicos de inversión en materia de obra pública y señalización, que propicien la disminución de accidentes carreteros.

Con base en lo anterior, que Caminos y Puentes oriente su información muy especialmente a la seguridad de los menores, exhortando a los padres y acompañantes adultos a que pongan especial cuidado en vigilar que las niñas, los niños y adolescentes viajen con seguridad, considerando su peso y edad.

Por enunciar un ejemplo del daño que ocurre cuando no existen las medidas mínimas de seguridad para un menor en caso de accidente: si el auto frena contra el obstáculo y el vehículo circulaba a una velocidad promedio de 50 kilómetros por hora, los cuerpos de los ocupantes del vehículo siguen moviéndose hacia delante a la velocidad que el auto traía hasta ese momento, impulsados por una fuerza enorme que equivale a 40 veces el peso de cada persona desplegada en la desaceleración brusca.

Si no están atados, golpearán contra la parte de adelante del automóvil y contra el parabrisas y los ocupantes de los asientos traseros, si los hubiere, serán impulsados con esa misma fuerza hacia la parte de adelante, golpearán a los ocupantes delanteros y a la parte frontal del vehículo y eventualmente todos pueden ser despedidos fuera del auto, aumentando seis veces las posibilidades de morir al impactar contra el suelo.

Para combatir la problemática enunciada con anterioridad, son necesarias la cooperación entre autoridades federales y locales para instrumentar políticas públicas necesarias a fin de asegurar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, según lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, y las diferentes leyes en materia de protección a los derechos de los niños.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto

Artículo 1. Se reforma y adiciona el primer párrafo del Apartado A y el Apartado B, y se adiciona un último párrafo, al artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación, en los términos establecidos en los artículos 3o. y 4o. constitucionales. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas.

Enunciativamente se les protegerá cuando se vean afectados por:

a) El descuido o la negligencia que les cause, o pudiera llegarles a causar, cualquier perjuicio o daño, tanto en el hogar, en la escuela, como en su traslado en cualquier vehículo.

b) El abandono, el abuso emocional físico y sexual.

c) La explotación, el uso de drogas y enervantes, el secuestro y la trata.

A fin de garantizar la protección aquí prevista, las autoridades federales, locales y del Distrito Federal dispondrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas pertinentes que permitan prever y evitar las conductas antes mencionadas.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 466 diputadas y diputados.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Gracias, diputada Secretaria. Damos la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados a los invitados especiales que nos acompañan del Estado de México. Sean bienvenidos.

Se concede el uso de la palabra al diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma los artículos 80, 108, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Efraín Morales Sánchez: Con el permiso de la Presidencia. El que suscribe, diputado Efraín Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los ordenamientos legales correspondientes, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 80, 108, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de contribuir a hacer efectivo el estado de derecho, la división de poderes, la supremacía constitucional e igualdad ante la ley, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

En diversos ámbitos y como parte de lo cotidiano se habla del estado de derecho. Sus distintos protagonistas utilizan este concepto como pilar de una sociedad moderna y democrática.

El estado de derecho se funda en el reconocimiento de los derechos individuales y en el poder gubernamental limitado. Ambos aspectos plasmados en el pensamiento político de John Locke, de cuya obra se desprende la idea de que la legitimidad de un gobierno radica en el control que el ciudadano ejerce sobre él. Se trata entonces del gobierno del Estado autorizado y vigilado por la sociedad, cuyo supremo poder se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

En este tenor no podemos dejar de mencionar las ideas de Rousseau, de cuya obra destaca la soberanía del pueblo y no del gobernante. Para este pensador, hablar de estado de derecho significa hablar de la continuidad absoluta entre la libertad individual y la voluntad general y los intereses públicos sólo pueden ser expresados a través de las leyes que representan la voluntad general y velan por el bien común.

La ley como expresión de la voluntad general, la división de poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; la legalidad en la administración y la efectiva realización de derechos y libertades fundamentales son, en conjunto, características esenciales de un estado de derecho. El estado de derecho se visualiza a través de su Constitución Política y su división de poderes públicos.

En la Constitución se inscribe el valor de la libertad como la expresión del ordenamiento jurídico que regula las actividades de los particulares y de los órganos públicos de poder. Es en este documento y ordenamiento máximo donde se plasman los derechos fundamentales de los gobernados tales como igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica.

Se establece la estructura de los diversos órganos del poder público y la competencia para el desarrollo de sus funciones. Es decir, es la norma que articula, estructura y regula los poderes del Estado, y los derechos fundamentales que sirven de base a todo el orden jurídico respecto a la división de poderes. Ésta significa, de acuerdo al pensamiento de Montesquieu, reconocer que el Estado debe cumplir funciones específicas a través de órganos públicos diferentes.

La división de poderes es un principio histórico que reconoce, primero, diferentes funciones del Estado. Y segundo, que cada una de ellas debe ser conducida por titulares diferentes, a fin de garantizar el eficaz funcionamiento de los órganos del poder público y evitar la concentración del poder en cualquiera de ellos.

Es Montesquieu, en cuya obra destaca que todo está perdido si el mismo hombre hace leyes, ejecuta las resoluciones públicas y juzga a los criminales. Por ello la división de poderes responde a la necesidad histórica de libertad y a la necesidad de distribuir, controlar y equilibrar el ejercicio del poder público.

En este mismo orden de ideas debemos insistir que hay dos momentos relevantes que le dan vida al estado de derecho. El primero corresponde a la creación de las leyes que representan los derechos de cada individuo y la colectividad. Y al segundo corresponde la ejecución de las mismas. Esto denota sin lugar a dudas la relevancia del Poder Legislativo respecto a los demás poderes, que no supremacía o superioridad, sino únicamente se trata de situar en su justa dimensión el papel del hacedor de las leyes en representación y para garantizar los intereses nacionales. Lo que indudablemente conlleva a reconocer en el Poder Legislativo el contrapeso, principalmente, del Poder Ejecutivo. Contrapeso, cuya finalidad es evitar el quebrantamiento de las normas, es decir, la trasgresión de la voluntad del pueblo y su soberanía.

Este principio histórico y fundamental de la división de Poderes, como elemento constitutivo e inherente del estado de derecho, categóricamente se encuentra establecido en la Constitución Política de nuestro país.

Así pues, en la Ley Suprema queda plasmado, a través del artículo 39, que la soberanía reside en el pueblo, que todo poder público emana de él y se instituye para beneficio de éste, por lo que el pueblo tiene en todo momento el derecho de modificar la forma de su gobierno.

Así también, a través del artículo 41 se establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión. Y en el artículo 49 se consigna que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y no pueden reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación.

La supremacía constitucional tácitamente se reconoce a través del artículo 133 del mismo ordenamiento, donde se establece que gobernados y gobernantes están obligados a acatar sus preceptos. Todos estos aspectos fincan de manera general el estado de derecho en nuestro país.

Por todo lo anterior, la pregunta que corresponde hacer entonces, es si el ejercicio político en nuestro país, a través de su larga historia, nos ha permitido lograr hacer efectivo este fundamental principio del estado de derecho, que es la división de Poderes, si se ha logrado un real equilibro y colaboración entre los Poderes del Estado.

Y al tratar de dar respuesta a tal cuestionamiento, necesariamente debemos decir que han sido los propios hechos que refiere la historia, los que han destacado la supremacía del Poder Ejecutivo sobre los demás Poderes de la Unión, toda vez que han sido diversas las reformas en las etapas históricas en México que han acrecentado las facultades formales o informales del presidente de la república.

Y con ello, cimentado un régimen presidencialista que aún en la actualidad le han permitido —en su calidad de titular de la administración pública federal— en muchas ocasiones, abusar de ellas violando los preceptos constitucionales sin ser sometido a juicio, en virtud de que el propio artículo 108 de la Constitución restringe sólo a delitos de traición a la patria y delitos graves del orden común, como causales de enjuiciamiento al presidente de la república.

Este, inevitablemente se inscribe en un marco de incipiente, lenta y elemental democracia en nuestro país, toda vez que como refiere Diego Valadés, en México sólo podemos elegir presidente de la república pero no podemos controlar su ejercicio, pues los otros Poderes de la Unión, Legislativo y Judicial, no han logrado avanzar de forma importante en materia de control político.

Si consideramos lo establecido en el artículo 87 constitucional, respecto a que el presidente de la república, al tomar posesión de su cargo, debe protestar guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, así como desempeñar leal y patrióticamente su cargo, formalmente se asume que él mismo debe sujetarse al principio de legalidad, de manera tal que antes de hacer valer las disposiciones normativa a los gobernados que le otorgaron su representación, debe ser él, primeramente, quien debe asumir y respetar los principios constitucionales.

A este respecto, el artículo 126 constitucional reconoce que el presidente de la república es un servidor público, y más adelante, en el artículo 128 del mismo ordenamiento, queda establecido que todo funcionario público, sin excepción, antes de tomar posesión de su cargo debe protestar guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan.

En este sentido, vale apuntar que un efectivo sistema de responsabilidades de los servidores públicos es crucial para el funcionamiento de un estado de derecho, pues de aquél depende que institucionalmente se hagan valer, de forma efectiva, derechos y obligaciones de los mismos.

Este es precisamente el argumento que le da sentido a la presente iniciativa; es decir, la necesidad de hacer efectivo el estado de derecho, división de Poderes, supremacía constitucional e igualdad ante la ley. Y con ello, representados y gobernantes, sin excepción, sean respetuosos de los instrumentos normativos, por los que el Ejecutivo, obviamente, no debe quedar excluido o ser privilegiado.

Razones éstas, por las que se propone la reforma al artículo 80 constitucional, con objeto de eliminar la frase Supremo Poder Ejecutivo, en virtud de que el supremo poder es de la federación, no es del Ejecutivo y además porque la propia Constitución define adecuadamente a los Poderes Legislativo y Judicial sin emplear el término supremo, por lo que no debe haber diferencia de estos con el Poder Ejecutivo y tampoco asignarle a éste categorías impropias y obsoletas.

También se propone derogar el segundo párrafo del artículo 108, con el objeto de dar trato igualitario a todos los servidores públicos, incluido el presidente de la república. Asimismo, se propone reformar el artículo 110 del mismo ordenamiento, a fin de que en el caso de que hubiere lugar y tal como se establece para todos los servidores públicos de la nación, el presidente de la república deba ser sujeto de juicio político.

Por último, se propone la reforma al artículo 111 con el propósito de derogar el párrafo IV por resultar incongruente e innecesario con la reforma aquí planteada.

Finalmente debemos de reconocer y reiterar que es necesario pugnar por una real división de poderes que permita a cada uno ejercer autónomamente sus funciones, pero no por ello en discrepancia y discordancias, sino por el contrario en colaboración y equilibrio, apegados invariablemente a la ley.

Sólo a través de un equilibrio real podrá materializarse el control y vigilancia del pueblo hacia sus gobernantes y sólo así podrá ejecutarse la voluntad de los ciudadanos expresada en sus normas.

El equilibrio, distribución y control del poder es requisito de un Estado moderno donde indiscutiblemente los tres poderes del Estado juegan un papel importante. En este sentido debemos todos fortalecerlo y hacerlo efectivo mediante la división de poderes, así como la observancia y aplicación de las leyes para todos los actores.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 80, 108, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual solicito a la Mesa Directiva de esta honorable Cámara se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Muchas gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el diputado Alfredo Barba Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Alfredo Barba Hernández: Con su permiso, señor Presidente. Como diputado federal de esta LX Legislatura, integrante del Partido Revolucionario Institucional, y con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento que nos rige, someto a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

México vive una reconformación social, económica y política con un gran dinamismo. Las reglas del juego en materia político electoral se van modificando de acuerdo a las circunstancias vigentes.

La geografía política se ha modificado con la alternancia y la participación de nuevos partidos políticos.

La participación ciudadana en la organización de los procesos electorales es cada vez más participativa y está resuelta a seguir exigiendo que estos sean verdaderos instrumentos de la democracia, transparentes, imparciales, propiciando con ello credibilidad en los gobernados.

En una sociedad democrática como la nuestra, las instituciones se deben de renovar y los procesos electorales se deben innovar y perfeccionar, manteniéndose como la única vía legal para acceder al ejercicio del poder público.

Las demandas ciudadanas nos obligan a incorporar elementos tendientes a proponer, a analizar y discutir los procedimientos electorales que den certidumbre en las elecciones, que permitan consolidar las reformas que reflejen las preferencias electorales ciudadanas, esto en un marco de libertad y de justicia.

Los últimos procesos electorales han sido muy competidos. Las diferencias en los resultados entre los contendientes a ocupar un cargo de elección popular han sido muy estrechos, por lo que los partidos políticos impugnan sistemáticamente buscando ganar en el tribunal lo que no lograron en las urnas, derivando una gran desconfianza en el electorado.

Desde el año de 1963 se han implementado diversos sistemas para la integración de la Cámara de Diputados con respecto a la conformación exclusivamente mayoritaria que predominaba hasta entonces. En ese año se instrumenta el sistema de diputados por partido, lo cual permitió la representación formal de los partidos políticos diversos en un contexto de pluralidad.

El cambio del sistema exclusivo de mayoría por un mixto no sólo permite a los partidos políticos tener representación formal, sino incide en la conformación de la Cámara de Diputados, ya que impide, por la vía de la ley, que un partido pueda por sí solo dar la mayoría calificada, supuesto que hasta hoy en día se mantiene vigente.

Es hasta 1977 que se incorpora el principio de representación proporcional mediante el sistema de las listas regionales votadas en sus circunscripciones plurinominales y el número de diputados que serán elegidos bajo esta modalidad. Trescientos diputados electos por el principio de mayoría relativa y 100 diputados electos por el principio de representación proporcional, estableciendo que el partido mayoritario no tendría acceso a estos últimos.

En 1982 se estableció el incremento de 100 a 200 el número de diputados que serían electos por el principio de representación proporcional y se otorgó al partido mayoritario la posibilidad de tener, de manera acotada, diputados por este principio.

Otra reforma importante es la que da origen a la figura jurídica de primera minoría, la cual es implementada para la Cámara de Senadores, que tiene la finalidad de que le sea asignada la senaduría de primera minoría a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar en la elección, respetando el principio de partido en la representación de los estados.

En este sentido se han registrado avances significativos en algunos congresos locales por parte de las entidades federativas, como son los estados de Coahuila, Jalisco, México, Nuevo León, que cuentan con esquemas de modalidades de asignación de diputados plurinominales muy semejantes, con variables en la forma y no en el fondo.

En algunos estados tienen fórmulas algo complicadas que buscan equidad entre los participantes de un distrito y otro, pero el fondo es el mismo: que los candidatos que contendieron en la fórmula de mayoría y no alcanzaron la votación mayoritaria en sus respectivos distritos electorales, pero sí la votación más alta de sus partidos, obtengan la diputación, representando a su partido.

Esto es, hay diputados que alcanzaron votación mayoritaria, diputados plurinominales y diputados de porcentajes mayores de votación, o como los conocemos popularmente, de repechaje.

Se reforma para cambiar, pero se deben mantener vivos los principios fundamentales: tener un Congreso cada vez más representativo del pueblo y que la participación de la sociedad en la elección se vea reflejada, viendo cómo su diputado fue electo por su distrito.

Compañeras y compañeros diputados, la propuesta de esta iniciativa consiste en incorporar la figura jurídica de primera minoría aplicable a la Cámara de Senadores, en la Cámara de los Diputados. La intención de esta iniciativa es la asignación de la primera minoría a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar en número de votos, con la variante que la asignación de la primera minoría será para las primeras 20 fórmulas de candidatos a diputados en cada una de las circunscripciones previamente establecidas por la ley, observando el cumplimiento por lo establecido en las fracciones I, II, III, IV y V, del artículo 54 constitucional.

En resumen, esta iniciativa pretende que esta Cámara esté integrada por 300 diputados de mayoría relativa, 100 diputados de representación proporcional y 100 diputados de primera minoría, que serían 20 diputados de cada circunscripción que hayan obtenido el segundo porcentaje de votación más alto dentro de cada una de las mismas.

Con esto tendremos una Cámara de Diputados que refleje la voluntad de los electores en las urnas, un incentivo a los partidos y sus candidatos más competitivos, un Congreso que manifieste el avance de la vida demográfica.

Por lo anterior expuesto, someto a la amable consideración de este honorable pleno la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 52, 53, párrafo segundo, 54 párrafo cuarto, quinto, y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos 11, numeral 1, y se adiciona un numeral 2, recorriéndose los numerales subsecuentes, y 13, numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por respeto al tiempo estipulado para la presentación de la iniciativa que presenté aquí, sólo doy la exposición de motivos y los artículos que se reformarán. Por lo que solicito, al señor diputado Presidente, sea incluido en el Diario de los Debates el texto íntegro de la presente iniciativa, así como mi intervención en esta tribuna. Muchas gracias por su atención, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias a usted, diputado Barba Hernández, así se hará conforme a su petición. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

A petición de su grupo parlamentario, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Layda Elena Sansores San Román, Juan Abad de Jesús, Alberto Esteva Salinas y Humberto López Lena. Se pospone.

Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Pablo Trejo Pérez, para presentar iniciativa que reforma los artículos 32 al 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el mismo y por Gerardo Villanueva Albarrán y Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Pablo Trejo Pérez: Con su permiso, diputado Presidente.

Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

A partir de la década de los ochenta en nuestro país se sentaron las bases de un esquema de coordinación fiscal amplio y de reparto de participaciones más equitativas, toda vez que se expidió la Ley de Coordinación Fiscal, la cual modificó sustancialmente la forma de repartirlas, pues se consideró que cierta cantidad de ellas deberían distribuirse no sólo en función de donde se genera la recaudación, sino dependiendo del grado de desarrollo regional, aunado a que se estableció la colaboración administrativa entre los ámbitos de gobierno federal y local a través de la celebración de convenios.

Dentro de la nueva Ley de Coordinación Fiscal quedó regulado el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con el objeto de evitar la doble tributación, señalar el ámbito de competencia de la federación y de las entidades federativas, así como distribuir a los estados miembros una proporción de la recaudación federal, mediante el establecimiento de convenios de adhesión.

Si bien es cierto, con el establecimiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal las entidades federativas cedieron una parte de sus facultades impositivas, también lo es el que se estableció un orden fiscal más o menos homogéneo, toda vez que ganaron mayores recursos en el otorgamiento de participaciones federales provenientes de ingresos tributarios y no tributarios, así como los obtenidos por la producción y venta del petróleo.

Es durante la década de los noventa que los procesos de descentralización de recursos destinados al combate a la pobreza inciden con mayor fuerza en la Ley de Coordinación Fiscal. En el año de 1998 se incorporan en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y en el capítulo V de la ley de mérito, los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33.

Con la incorporación de los Fondos de Aportaciones Federales, la federación transfiere recursos a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal, en los ocho fondos.

Ahora bien, dentro de los fondos que conforman el Ramo 33, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social adquiere una especial importancia para los gobiernos locales, ya que representa una importante fuente de recursos financieros y plantea un nuevo esquema de administración de recursos y programas transferidos para la aplicación de la política social.

En cuanto al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social es de señalarse que éste se encuentra dividido en dos vertientes: la vertiente estatal (FAISE) y la municipal (FAISM). Los criterios de distribución son ponderados en una fórmula que calcula un índice global de pobreza a nivel familiar, municipal y estatal.

Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los estados y los municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

En el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.

En el Fondo de Infraestructura Social Estatal: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.

No obstante las bondades de dicho fondo, es de destacarse que en el Distrito Federal sigue en la actualidad excluido de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social.

En este sentido la presente iniciativa tiene por objeto incorporar al Distrito Federal y a sus demarcaciones territoriales en este fondo, con el objetivo de que la población del Distrito Federal se vea beneficiada con estas aportaciones federales bajo la premisa fundamental de dedicar los recursos del fondo a obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o entre sus demarcaciones territoriales.

En este tenor es de destacarse que el Distrito Federal ha dejado de percibir por este conducto, 4 mil 250.1 millones de pesos, necesarios para la creación de infraestructura básica.

Por ello, resulta de vital importancia y de justicia social, que tanto el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales sean incluidas y beneficiadas del Fondo de Infraestructura Social. El argumento de que no es un estado y no cuenta con municipios para excluirlo de dicho fondo, no es una consideración jurídica lógica, ya que desde el año de 1977, el Distrito Federal ha sufrido una evolución en cuanto a su régimen interno.

Sobre este punto en particular, es de señalarse que el primer párrafo del artículo 122 es incompleto en su pretensión de considerar que el artículo 44 de la propia Ley Suprema, fija la naturaleza del Distrito Federal, toda vez que el propio artículo 44 no determina de manera completa la naturaleza jurídica del Distrito Federal, puesto que sólo señala que es la sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que el Distrito Federal es una parte integrante de la Federación, lo que significa que adquiere la categoría de entidad federativa, la cual es reconocida por los artículos 26, 73, fracción XXIX-A, entre otros, donde se abarcan igualmente a los estados y al Distrito Federal.

Con base en lo anterior se desprende la categoría de entidad federativa del Distrito Federal y en consecuencia se justifica la incorporación del mismo para participar en el Fondo de Infraestructura Social contenido en la Ley de Coordinación Fiscal, desde el próximo ejercicio presupuestal, a partir de la aprobación de la presente iniciativa.

A lo anterior hay que agregar que los dos requisitos de procedibilidad para participar en dicho fondo los cubre el Distrito Federal: la satisfacción de requerimientos y obligaciones financieras de las entidades y la atención a necesidades en materia de seguridad pública, por un lado; y el reparto que establecía como indicador el número de habitantes por entidad federativa, por el otro.

A mayor abundamiento, el Distrito Federal concentra más de 8 por ciento de la población nacional. Es la de mayor concentración de actividades económicas y de población, con sueldos menores a dos salarios mínimos; aunado a que la inversión pública requerida en materia de servicios, mantenimiento y expansión ha ido en aumento y va en razón directa tanto de la población flotante, como de la permanente; elementos que constituyen razones extra para fundamentar y motivar la presente iniciativa.

Conscientes que la inclusión del Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social implica cambios de fondo y forma y que es necesario que la actual participación de las entidades federativas y municipios no se vea afectada, es que se propone un cambio en los porcentajes, mismo que se incluye en la presente iniciativa.

En virtud de lo anteriormente expuesto, los suscritos sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Ya que la iniciativa ha sido publicada en la Gaceta, solicitaría al Presidente de la Mesa Directiva que sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias a usted, diputado Pablo Trejo Pérez. Así se hará conforme a su solicitud y túrnese su iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Damos la bienvenida a los invitados del Sindicato Independencia de Aviación, y a los estudiantes del Tecnológico de México, de la delegación Iztapalapa. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Luis Blanco Pajón, para presentar iniciativa de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por él mismo y por José Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Luis Blanco Pajón: Con su permiso, señor Presidente. Con el permiso de mis compañeras y mis compañeros diputados. El suscrito, diputado federal José Luis Blanco Pajón, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El Poder Legislativo es una institución esencial en un sistema democrático. Existen argumentos de peso —históricos, teóricos y normativos— para que sigamos considerando al Legislativo como una institución clave de la democracia. Lamentablemente vemos que todavía en la democracia mexicana el Poder Legislativo es débil con un claro dominio del Ejecutivo.

En este sentido, es necesario resaltar que si bien su debilidad tiene importantes raíces estructurales, la idea de que se trate de una tendencia permanente es inaceptable. Por ello es imperativo reforzar el papel, el valor y la importancia del Poder Legislativo, ya que de la relación entre ambos poderes se circunscribe el proceso de consolidación de la democracia mexicana.

Es importante reconocer que debido a la abrumadora presencia del partido hegemónico dentro de los órganos de representación popular, pudieron esconderse las deficiencias del diseño constitucional en materia de los poderes otorgados a cada rama de gobierno y de su relación, en donde las diferencias entre la elite política podían ser procesadas de manera casi automática, debido a que el Ejecutivo era reconocido como el árbitro final de toda disputa.

El arribo de la democracia electoral trajo aparejada la pluralidad y con ella se materializó, por primera vez a nivel federal, la aparición de un gobierno dividido. Éste, a su vez, ha sacado a flote algunas imperfecciones institucionales en lo que respecta a la relación que existe entre ambos poderes, las cuales requieren ser atendidas en beneficio del pueblo mexicano.

Aunque los controles sobre el Ejecutivo mexicano se han ido ampliando tanto por la vía de las reformas constitucionales como por la vía de la pluralidad, en los órganos de representación popular subsisten imprecisiones que deben de ser corregidas.

Asimismo, no puede dejarse de lado la consideración de que la gobernabilidad pasa por el fortalecimiento del Congreso, por lo que para ser un órgano actuante, capaz de asumir las responsabilidades que le toca asumir y desempeñar, debe establecerse un mecanismo legal que le permita obtener respuesta, por parte del Ejecutivo, a exhortos, solicitudes y comunicados que desde cualquiera de las Cámaras integrantes del Congreso de la Unión se realicen. Esto a su vez, alentará la cooperación y construcción de consensos, disminuirá la confrontación y permitirá una mejor y equilibrada relación entre estos poderes.

Lo anterior resulta importante, ya que es en estos poderes en donde radica en buena parte la posibilidad de una fluida acción gubernamental, además de determinar, en primera instancia, la posibilidad de tener una eficacia política de gobierno o una confrontación y estancamiento institucional.

Bajo este orden de ideas, se vuelve necesario encontrar un diseño institucional que encuentre un equilibrio entre poder y control, porque tan grave es tener una presidencia despótica, como una presidencia desvalida.

Con todo, el actual marco constitucional en teoría, con sus defectos, imprecisiones y aciertos, no otorga al titular del Ejecutivo facultades excesivas ni deja al Congreso sin autoridad suficiente para desempeñar las labores de legislar- Es necesario que el Poder Legislativo realmente cuente con la posibilidad de controlar y supervisar al Poder Ejecutivo en beneficio de los representados.

La finalidad de dotar de un diseño institucional adecuado a la separación de poderes debe estar orientada a resolver los vacíos de las disposiciones institucionales a través de reformas constitucionales y leyes secundarias, así como evitar tener una parálisis gubernamental alentada por revanchas partidistas.

Algunos datos que es necesario ponderar para comprender la importancia del tema son: la fragmentación del voto que se ha observado en los últimos procesos electorales y que, según la mayoría de las encuestas, se va a repetir en las siguientes, es decir, en el futuro la formación de mayorías sólidas en el Congreso será cada vez más escasa, por lo que ante un Poder Legislativo sin mayorías claras, los actuales instrumentos de control recíproco entre los poderes son claramente insuficientes o incluso inservibles, pues están pensados para operar bajo el sistema presidencial clásico que imperó por años en México.

Por lo anterior, resulta necesario realizar, a la brevedad, una reforma importante del marco legal que permita a los legisladores y al presidente llevar a cabo sus tareas, logrando a la vez que el Poder Legislativo cuente con un mecanismo que le permita obtener respuesta, ya sea en sentido negativo o positivo a los exhortos, solicitudes y comunicados realizados desde alguna de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión. Con esto se pretende complementar el proceso de reforma del Estado que se ha venido desarrollando con intensidad en los últimos años.

Desde luego, la idea misma de comprometer al Ejecutivo a dar respuesta a los exhortos y comunicados realizados desde el Congreso de la Unión, requiere de la participación activa de nosotros los legisladores, de forma que constituyamos esta herramienta como un ejercicio riguroso de intercambio de información y de puntos de vista de determinados temas de suma importancia para la nación.

Es preciso tener claro que el siglo XXI demanda una gobernabilidad nueva, madurez, constancia y compromiso. Por ello resulta necesario tener claro que estamos transitando, a pesar de las resistencias del Poder Ejecutivo, de un régimen presidencialista compartido hegemónico a uno presidencial y multipartidista, rigurosamente sustentado en el derecho y en los valores democráticos.

Nuestra tarea es buscar la forma de hacer funcional esta realidad política, resolver el espacio de acción de cada poder del Estado, así como hacer más efectiva su responsabilidad en esta nueva circunstancia, por lo que es necesario destrabar las inercias y resistencias que complican el proceso de diálogo y acuerdo. Para ello es indispensable empezar a crear un ambiente que priorice las coincidencias.

Finalmente, podemos decir que debido a que las relaciones institucionales entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo son de gran relevancia para garantizar la gobernabilidad de todo sistema democrático, en donde la gobernabilidad democrática depende en gran medida de la capacidad del sistema político para atender los reclamos y las demandas ciudadanas, en un marco de recíproca limitación y equilibrio entre los poderes públicos. Así pues, resulta necesario impulsar que exista una relación constructiva entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto

Único. Se reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal quedando de la siguiente forma:

Artículo 5o. Las dependencias, entidades y organismos que integran la administración pública centralizada y paraestatal, deberán dar respuesta debidamente motivada y fundada en un plazo no mayor a 15 días hábiles, a las solicitudes, exhortos y comunicados que el Congreso, alguna de sus Cámaras o la Comisión Permanente les realicen.

Transitorios

Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se oponga al presente ordenamiento.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto.

El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación. Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Francisco Sánchez Ramos, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 300 de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Francisco Sánchez Ramos: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El suscrito diputado federal de esta Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 300 del Título Sexto, "Trabajos especiales"; Capítulo Décimo, "Deportistas profesionales", de la Ley Federal del Trabajo a la siguiente

Exposición de motivos

El deporte y la práctica del ejercicio cotidiano han logrado un importante incremento en su popularidad, así como un insospechado desarrollo, tanto en el mundo como en México. Somos testigos de cómo este fenómeno alcanza su máxima expresión en los Juegos Olímpicos cada cuatro años, pero abarca también campeonatos regionales, continentales y mundiales en un buen número de especialidades deportivas y con una frecuencia predeterminada.

Sin embargo, el deporte de alto rendimiento es sólo la parte más visible de una pirámide en cuya base millones de personas se vuelcan a la actividad física y al deporte, encontrando en él un canal de esparcimiento, recreación, salud, integración y educación.

El avance de esta incorporación masiva a la práctica deportiva trae como consecuencia la necesidad de que áreas específicas de la medicina se dirijan a la cobertura de las consecuencias que se desprendan de este ejercicio físico.

Así, la medicina del deporte y, de manera particular, la fisiología del esfuerzo se va a ocupar de las manifestaciones funcionales del ser humano sometido al estrés propio de distintas prácticas laborales.

Con el advenimiento del fenómeno deportivo comenzó un impensado crecimiento en la investigación fisiológica ligada al entrenamiento y a la competición. Esto consolidó a la fisiología del ejercicio como una ciencia básica para la comprensión de los efectos y consecuencias del entrenamiento en el organismo humano.

Así entonces, hoy la fisiología del ejercicio y del esfuerzo está relacionada con áreas especiales de la medicina, tales como la traumatología, ortopedia, cardiología, neumonología, endocrinología, nutrición pediátrica, ginecología, obstetricia, geriatría y otros cúmulos de subciencias y subespecialidades.

Por tanto, la medicina del deporte representa una verdadera clínica médica ligada al ejercicio y al deporte con innumerables áreas del conocimiento no practicadas por médicos, y con una rica interacción al servicio de la planificación y el desarrollo científico de la actividad deportiva en sus manifestaciones de prevención, educación, recreación, entrenamiento y competencia.

Es fundamental que un deportista profesional o de alto rendimiento cuente con todos los elementos que le permitan un desarrollo integral y pleno a lo largo de la carrera deportiva ya que el deporte en los actuales momentos ha avanzado cada vez más, alcanzando niveles técnicos muy elevados, lo que trae consigo entrenamientos muy intensos donde se deben tomar en cuenta algunos factores que por falta de tiempo y atención se relegan entre ellos, y que pueden ser: la alimentación, descanso, distracción, entorno familiar, económico, aspecto psicológico y otros.

Estos mismos factores inciden directamente durante las prácticas y las consecuencias son lesiones que se traducen en períodos de inactividad, que en ocasiones son cortos pero en algunos casos pueden ser motivos de intervenciones quirúrgicas y también pueden ser el final de una carrera deportiva.

De acuerdo con las estadísticas, entre un 25 y un 30 por ciento de los deportistas de alto rendimiento se lesionan.

En un deportista de élite, entre un 30 y un 40 por ciento de su peso corporal corresponde al tejido muscular y existen múltiples causas de lesiones, las cuales pueden ser ligamentosa, muscular o articular, o bien presentar una combinación ya sea músculo-ligamentosa o ligamento-articular.

Además, los músculos de los miembros inferiores se afectan con mayor frecuencia que los miembros superiores. Los factores por los cuales puede ocurrir una lesión pueden ser diversos, pero los mencionaremos a partir de los grandes factores internos y externos.

Entre los primeros encontramos que están relacionados con el deportista en sí, su estado nutricional antes y durante la práctica deportiva, así como el equilibrio adecuado de electrolitos y sales.

Si existen las adecuadas reservas de energía en un músculo, las probabilidades de lesión sin duda son menores.

En los segundos encontramos que cuando se trata de deportes de contacto, suelen darse golpes entre un jugador y otro, entre un jugador y el terreno o con algún objeto propio del área del juego: marcos, barandas, paredes y otros.

Los deportes de contacto con mayor frecuencia causan lesiones son: el fútbol, tal como lo conocemos en nuestro país; el fútbol americano, el hockey sobre hielo, el waterpolo, entre otros.

Otro factor importante para prevenir una lesión es un buen calentamiento y estiramiento previo al entrenamiento.

Se ha demostrado que en los deportes de salto, carrera y rotación, el sitio más afectado son los miembros inferiores, de ellos, el 90 por ciento en orden de frecuencia corresponden a contusiones, distensiones y esguinces.

También se afirma que en el voleibol, en el básquetbol, el 48 por ciento las lesiones son de los miembros superiores en el siguiente orden el hombro, el codo y la muñeca, respectivamente.

En los deportes de colisión, como el balompié y el baloncesto, el 63.9 por ciento de las lesiones corresponden a los tejidos blandos. De ellos el 52.8 por ciento, en el miembro inferior, con la siguiente frecuencia: rodillas, 20.9 por ciento; tobillo, 19 por ciento; pierna, 8.9 por ciento y otros, 4 por ciento.

Los resultados deportivos reclaman cada vez más altas exigencias de entrenamiento, por ello las lesiones deportivas por sobreuso han aumentado hasta alcanzar la incidencia más elevada en la actualidad.

Uno de los factores a corregir es el enfoque utilitario de ganar a cualquier precio, y la visión de que los deportistas no son tratados como un fin en sí mismo, sino simplemente, como un medio para el triunfo.

En los deportistas profesionales y de alto rendimiento el tiempo vale oro. No hay nada peor para un deportista que sufrir una lesión. Las exigencias que imponen los calendarios de la mayoría de los deportes suelen ser mayúsculos, por ello la demanda que sufre el atleta es muy grande y las competencias extenuantes, los límites que deberían tener están ya rebasados.

Además la fatiga física, los factores emocionales, psicosociales, la presión para no fracasar y la presión mediática resultan insoportables.

Lo anterior se agudiza cuando se conoce que muchos dueños de equipos de deportes grupales no cuentan con servicio médico especializado y en algunos casos se ha llegado al extremo de solicitar su desincorporación al Seguro Social. Como ya se ha mencionado, es importante dar servicio específico que se adecue a los requerimientos de su profesión.

Es un hecho excepcional que un deportista no haya sufrido una lesión importante a lo largo de su carrera. Desafortunadamente, muchas veces las lesiones provocan disminución en el rendimiento o incluso obligan a una retirada temprana de la práctica deportiva, pese a que hablamos de espacios de tiempo relativamente cortos en el ejercicio profesional de las deportistas y los deportistas.

Es por eso que nos abocamos a la creación de una iniciativa que garantice a las deportistas y a los deportistas profesionales un servicio médico especializado, acorde a sus necesidades y requerimientos de atención a sus lesiones y más allá, responsables de una cultura de la prevención y dosificación de tiempos de entrenamiento y calendarización de competencias que den como resultado la seguridad de una mejor y más larga vida profesional.

Generar las condiciones adecuadas para una justa relación laboral y la preservación de los derechos sociales es parte de nuestra tarea legislativa.

Por ello someto a este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 300 del Título VI, "Trabajos especiales", Capítulo X, "Deportistas profesionales", de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 300 del Título VI, "Trabajos especiales", Capítulo X, "Deportistas profesionales", de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Capítulo X. Deportistas profesionales. Artículo 300. Son obligaciones especiales de los patrones. Primero. Organizar, mantener y proporcionar servicio médico especializado para prevenir o atender las lesiones o enfermedades que se originen y desarrollen como resultado de un ejercicio profesional, habiéndose de practicar reconocimientos periódicos.

Único. Este decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los tres días de de septiembre de 2007. El que suscribe, el de la voz. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Muchas gracias, diputado. Túrnese esta iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Edmundo Ramírez Martínez, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por él mismo y por el diputado José Luis Blanco Pajón, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Edmundo Ramírez Martínez: Con su permiso, señor Presidente. La disminución y erradicación de las desigualdades y la pobreza que presenta México constituyen un reto prioritario para el Estado. Por ello es necesario implantar mecanismos fiscales que permitan a los sectores más vulnerables del país subsanar sus carencias y sus necesidades.

El Estado mexicano cuenta con un conjunto de elementos que le permita atender a la población más vulnerable a través de mecanismos de asignación del gasto del gobierno federal. Tal es el caso de la Ley de Coordinación Fiscal, en la cual se establecen los lineamientos generales respecto de cómo el gobierno federal redistribuye los ingresos a cada una de las entidades federativas del país, a través de las denominadas "participaciones".

El objetivo fundamental de la Ley de Coordinación Fiscal es redistribuir de manera equitativa el Fondo de Participaciones Federales que tiene a su cargo el gobierno federal y con ello subsanar las diferencias que existen entre los estados del norte, centro y sur del país. Lo anterior, en beneficio de la población que habita en dichos lugares.

Sin embargo, los recursos destinados en la mayoría de los casos resultan insuficientes, ya que el grado de marginación y de pobreza es muy alto. La pobreza y la marginación se han convertido en una característica de la población que habita en la región centro-sur del país, en donde las oportunidades de desarrollo son limitadas, la infraestructura básica es insuficiente, y en muchos casos carecen de los beneficios de los programas sociales.

El problema de la pobreza lo podemos considerar como un desafío importante, ya que un alto porcentaje de la misma está asociada con la desigualdad y la exclusión social, principalmente de los grupos indígenas.

Si bien es cierto que en el periodo 2000 y 2002, según el Banco Mundial, la pobreza extrema se redujo, dicha disminución es efecto de la gran cantidad de remesas que los mexicanos en Estados Unidos han enviado a sus familias, las cuales se ubican primordialmente en zonas rurales.

Es importante destacar que 44 por ciento de los indígenas se encuentra en el extremo más pobre del ingreso y sufren los mayores niveles de privación en términos de salud, educación y acceso a los servicios básicos. En 2004 la mitad de la población en México se ubica en algún nivel de pobreza y una quinta parte de los mexicanos en pobreza extrema. La marginación es otro de los elementos que afectan a una gran cantidad de mexicanos.

Lo anterior lo podemos corroborar mediante los Índices de marginación, que elaboró el Consejo Nacional de Población para 2004. En ese documento se señala que las entidades federativas del país que presentan el mayor grado de marginación son Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz. Además de que en dichos estados se concentra el mayor número de población indígena del país. La importancia de considerar a la población indígena del país dentro de la fórmula de las participaciones en entidades federativas radica en que no debemos perder de vista que, del total de población de México, el 10.5 por ciento es indígena.

De los 2 mil 443 municipios del país, 871 de ellos cuenta con población indígena, el 48 por ciento de los municipios de México cuenta con una población mayoritariamente indígena, la proporción llega en esto a superar el 70 por ciento del total de la comunidad.

He de destacar que en Chiapas el porcentaje de la población hablante de lengua indígena es de 24.7 por ciento: en Guerrero del 13.9, en Hidalgo del 17.3, en Oaxaca del 37.2 y finalmente en Veracruz de 10.9. Estos datos reflejan lo importante que resulta considerar a la población indígena y el papel que desempeñan en el desarrollo de los estados donde radican.

Las entidades anteriormente mencionadas tienen el enorme reto de combatir la pobreza y la marginación con recursos limitados.

Lo anterior hace necesario adecuar la Ley de Coordinación Fiscal con el objeto de incluir una variable en la fórmula del Fondo General de Participaciones, con la finalidad de que se considere la existencia de población indígena y marginada que habita en las entidades del país, con el propósito de que se les proporcione una mayor cantidad de recursos que les permita contar con las condiciones propicias para el desarrollo pleno de los grupos marginados y en situación de pobreza.

Es importante señalar que se han realizado varias propuestas para modificar las fórmulas de participación que forman parte de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que se considera que la distribución de las participaciones es inicua.

Los programas sociales han dado —en algunos casos— buenas cuentas; sin embargo, resultan insuficientes ya que muchas comunidades no son beneficiarias de los mismos debido a que por sus características no cubren los criterios diseñados por la Secretaría de Desarrollo Social. Este caso se presenta, primordialmente con menos de 2 mil 500 habitantes, en las que vive la mayor parte de personas en situación de pobreza y marginación.

En este sentido, los grupos sociales marginados y en pobreza, requieren que se les proporcione apoyo de manera inmediata, el Estado tiene la responsabilidad de velar porque los mexicanos cuenten con las oportunidades suficientes que le permitan lograr subsanar sus diferencias económico-sociales, a fin de coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de dichos grupos.

En razón de lo anteriormente señalado, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente decreto.

Único. Se modifica el artículo 3 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 3: La cantidad que a cada entidad federativa corresponda en la parte del Fondo General de Participaciones a que se refiere la fracción II del artículo 2 de esta ley, se obtendrá mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determinará conforme a la siguiente fórmula.

Se expresa en la Gaceta Parlamentaria la fórmula y se incluye un índice, que es: el indicador de población indígena que habita en la entidad.

Transitorios

Primero. El decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar las adecuaciones correspondientes al presupuesto de egresos del año en curso en un plazo no mayor de 60 días.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, firma el diputado José Edmundo Ramírez Martínez, el diputado José Luis Blanco Pajón.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias a usted, diputado Ramírez Martínez. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Neftalí Garzón Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Neftalí Garzón Contreras: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, la presente iniciativa tiene por objeto proponer a esta soberanía, una reforma constitucional que cree un organismo descentralizado, encargado de coordinar la seguridad social en México.

La seguridad social —como sabemos— vive un momento crucial, ya que los organismos detentadores del poder económico y social, en México, pretenden atesorar para su exclusivo beneficio personal hasta el último centavo de las instituciones que las operan, y el ejemplo inmediato es, ya a la entrada del quebranto del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, apuestan por su involución hasta su total extinción.

Contrariamente, los trabajadores y en general el pueblo de México, desde cuya lucha histórica y sangre derramada se ha originado esta aspiración aumentando para sus integrantes la libertad y la dignidad junto con el bienestar. No obstante hoy libran una lucha, por la preservación de la seguridad social, por su expansión y su fortalecimiento.

En este sentido la llamada Ley del ISSSTE uniforma y entrelaza el funcionamiento de dos principales instituciones de seguridad social como son el IMSS y el ISSSTE, borrando diferencias legales y orgánicas artificiales, que pasan por dividir a la clase trabajadora y pretender establecer tutelas de primera y de segunda clase.

Y por esta vía va el planteamiento central de la presente iniciativa: concretizar el planteamiento ya lejano de los especialistas y los trabajadores, y acabar con duplicidades en materia de seguridad social para impulsar su fortalecimiento, eficiencia y unidad y mejoramiento personal de los trabajadores.

El Ejecutivo actúa en México por un lado y los grupos financieros por otro. Buscan precisamente justificar ante la nación el desmantelamiento de las diversas instituciones que operan la red de seguros sociales en perjuicio del pueblo de México para resolver y volver a etapas de la desprotección total de los trabajadores y sus familias conforme a los principios del llamado neoliberalismo, buscando una acumulación inconstitucional y monstruosa de la riqueza que es producto del trabajo de los mexicanos.

La mayoría de los ciudadanos que viven de su trabajo, por el contrario, luchan por preservar a estas instituciones que administran estos seguros, por un lado, y propugnan por la extensión de la seguridad social hacia la tutela de otros riesgos y en bien de toda la población necesitada de esta protección social.

Es decir, proponen continuar la lucha por la seguridad social integral o comúnmente conocida como universal. Sin embargo, para hacer realidad esta seguridad social, se hace necesario impulsar transformaciones igualmente en lo orgánico en general y en la esfera administrativa.

Desde tiempo atrás en México y en el resto del mundo, va cobrando fuerza el enfoque hacia la unidad de gestión y administración y a la simplificación de las leyes y procedimientos en materia de seguridad social. Las prestaciones de seguridad social a cargo de una pluralidad de instituciones provoca, aparte de una basta existencia de instrumentos legales, el incremento de los gastos de operación, el rompimiento de una sola dirección actuarial para tener una visión de conjunto de las instituciones de seguridad social, entre otros aspectos.

Esta problemática llama necesariamente a un proceso de integración. El futuro de la seguridad social marcha hacia servicios nacionales integrada a los servicios de seguridad pública, que abarca a la totalidad de la población.

Para ampliar y fortalecer los beneficios de la seguridad social se exige la coordinación de los servicios que prestan las instituciones de seguridad con los otros organismos responsables de la política social.

Es preciso instrumentar de manera unitaria y programada todos los esfuerzos que se están realizando en nuestro país para proteger a la población de los estados de necesidad para mejorar su nivel de vida. La tarea de bienestar es una sola y deben aprovecharse de manera óptima los medios de que dispone el país, evitándose duplicidades.

Lo anterior se hace indispensable toda vez que la implementación de los seguros sociales en los diversos países, y concretamente en México, se realizó sin partir de un plan general y de conjunto, con independencia unos de otros. Situación que ha provocado el surgimiento de diversas leyes y regímenes administrativos diferentes, sin responder a un sistema. Pero en la actualidad para seguir expandiendo y fortaleciendo la seguridad social es necesario dar pasos firmes para suprimir estas disparidades.

El ideal será llegar a una fusión legislativa y orgánica, lo que será central para alcanzar la seguridad social integral. Pero esto sólo será resultado de un proceso más o menos largo que es preciso iniciar impulsando medidas mínimas de coordinación entre las diversas instituciones de seguridad social en México. Es decir, la necesidad de una unificación de los seguros sociales y demás servicios sociales a cargo del gobierno, como un todo sistemático y coordinado, formando un cuerpo único para alcanzar mayores niveles de eficiencia.

Para el caso, en primera se crearía una entidad federal que coordinara a los distintos organismos de seguridad social. Dentro de esta unidad quedarían el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM, la Secretaría de Salud, los servicios médicos de los gobiernos estatales y municipales, las prestaciones de seguridad social otorgadas por la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, programas sociales como Solidaridad, Progresa y Oportunidades, banca de desarrollo, Infonavit y demás organismos públicos de vivienda, 30 organismos estatales de seguridad social y las demás instituciones en la materia que en lo futuro se deberían integrar.

La coordinación se realizaría en el marco de la Ley General de Seguridad Social que deberá expedirse. De esta manera, además de reducir costos, se romperían las inequidades entre las personas que viven de su trabajo, permitiéndose abarcar sectores cada vez más amplios de la sociedad, abriéndose brecha —insisto— hacia la seguridad social universal. Por ello proponemos sólo una ley general, para que las instituciones y las entidades puedan avanzar en esta aspiración de los mexicanos.

En suma, sin renunciar a una futura fusión legal y orgánica, lo que en esta iniciativa proponemos es llegar por el momento a una indispensable coordinación efectiva y eficiente entre todas las instituciones de seguridad social en el país, con base en la convergencia en materias de planificación, integración y control, por lo que no se busca que el Estado absorba estas funciones en una sola entidad.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la adición de un segundo párrafo a la fracción IX, del artículo 73 constitucional, en los siguientes términos:

Artículo 73 constitucional

Fracción IX. Para expedir una Ley General de Seguridad Social. Constituyendo en el marco de la misma un organismo público descentralizado con personalidad y patrimonio propios, encargado de coordinar la seguridad social.

Pido respetuosamente a la Presidencia que permita inscribir el texto íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Así se hará, diputado, conforme a su solicitud, y se turna su iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Desarrollo Social.

El diputado Víctor Gabriel Varela López: Con su venia, diputado Presidente. Nuestro grupo parlamentario asume la evaluación como un mecanismo público, independiente, multidisciplinario, cuyo objeto fundamental es conocer el impacto y los resultados de los programas y las acciones que implanta la administración pública federal, y con ello adoptar medidas orientadas a corregir, fortalecer o cancelar dichos instrumentos.

Esta tarea, para que sea efectiva y útil, no puede quedar en el ámbito exclusivo de atribuciones del Ejecutivo, no debe estar a la discreción normativa y operativa de los propios ejecutores de los programas y a la realización de ejercicios autoevaluatorios complacientes y parciales. Esto no ayuda a la transparencia, o a la efectiva rendición de cuentas, o a la eficiencia de las políticas públicas.

Como sabemos, el Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas de reformas a diversas disposiciones legales en materia de evaluación de las políticas públicas que significan un serio retroceso en la materia.

Con esas iniciativas, el órgano descentralizado con autonomía técnica, funcional y presupuestal que actualmente establece la Ley General de Desarrollo Social queda absolutamente desnaturalizado y sujeto al control absoluto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se establece la autoevaluación por parte de las dependencias ejecutoras como regla general y se deja como una excepción la evaluación independiente. Se deja en manos de las dependencias y entidades el control de procesos normativos fundamentales de la evaluación, y con ello se transforman en juez y parte. Se elimina la autonomía del órgano responsable de la evaluación y se coloca en situación de minoría absoluta a los consejeros académicos en el órgano de consejo del nuevo gobierno.

Se transfiere al ámbito de responsabilidades del Ejecutivo el nombramiento de los consejeros. Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría de la Función Pública para tutelar, supervisar, autorizar y, por supuesto, censurar las acciones del consejo. Y se le conceden poderes absolutos al presidente del organismo para suplir las facultades de un órgano colegiado.

Se diluye la autoridad del consejo en materia de medición de pobreza, y con esto el propósito establecido en la Ley General de Desarrollo Social de establecer un mecanismo legal, público y transparente, objetivo y auditable, además de obligatorio para las dependencias y entidades de la administración pública federal, para medir la evolución de la pobreza en México, y con ello acabar con la autocomplacencia y generar una base única en la planeación y concertación de las acciones del Estado orientadas a combatir los rezagos estructurales de millones de mexicanos.

Es evidente que la propuesta legislativa del Ejecutivo se encuentra orientada a darle soporte jurídico a un sistema de evaluación de desempeño rechazado por la Cámara de Diputados y con cuestionamientos en torno a su legalidad.

En contravención de disposiciones expresas de la ley, se genera un sistema de autoevaluación a cargo de las dependencias ejecutoras de la política y los programas, quienes serán responsables tanto de la elaboración y emisión de normas, como de la contratación de las evaluaciones y el seguimiento de sus resultados.

Por ello presentamos esta iniciativa, mediante la cual le damos expresión jurídica y operacional a la facultad que tiene la Cámara de Diputados para monitorear y evaluar las actividades de la administración pública federal, derivada del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, facultándola expresamente para evaluar los programas, los proyectos y las acciones a cargo del Ejecutivo federal.

Con esto mantenemos la facultad que tiene la Auditoría Superior de la Federación para realizar auditorías de desempeño y emitir recomendaciones vinculatorias sobre el diseño, operación, resultados, impacto y calidad de las políticas públicas del Ejecutivo federal. Y por el otro avanzamos en la creación de un diseño institucional que permita el cabal cumplimiento de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados en materia de evaluación, seguimiento y monitoreo, de las políticas públicas.

Asimismo, proponemos adecuaciones legales para garantizar que la evaluación que hace el Ejecutivo, a través del Coneval o de los ejecutores de programas, sea independiente y autónoma.

En consecuencia, con estos principios se propone reformar disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer en forma clara y explícita las facultades normativas y operacionales de la Cámara de Diputados en materia de evaluación; las obligaciones del Ejecutivo en la materia; los mecanismos de coordinación entre este órgano y otros entes evaluadores; las cualidades de las evaluaciones y la transparencia y publicidad de las mismas.

En este sentido, se proponen modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General para crear el Centro de Evaluación de las Políticas Públicas de la Cámara de Diputados, como un órgano especializado con autonomía técnica y funcional que tendrá a cargo la evaluación de las políticas públicas, a cargo de la administración pública federal.

Dicho centro será dirigido por un órgano colegiado integrado por expertos en la materia, electos por el voto de las dos terceras partes del pleno de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, se establece un mecanismo de coordinación entre las comisiones legislativas y el Centro, para determinar el programa anual de evaluación y elaborar los instrumentos necesarios para su evaluación.

Por último, se proponen adecuaciones legales para garantizar la autonomía e independencia del órgano evaluador de la política de desarrollo social dependiente del Poder Ejecutivo.

Se le otorga claramente un carácter colegiado. Se elimina la indebida intromisión de las dependencias y entidades en las determinaciones sustantivas y operacionales de este órgano. Se le otorga un trato excepcional con respecto a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, para garantizarle autonomía necesaria en el desarrollo de sus funciones y se define el estatus jurídico de sus consejeros.

Con estas reformas creamos un sistema de evaluación del Poder Legislativo, que respeta y fortalece al órgano evaluador existente, avance en la objetividad, transparencia, independencia y rigor técnico de la evaluación de las políticas públicas.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Desarrollo Social.

Por razones de tiempo, solicito a la Presidencia incluya íntegramente el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates y turne para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Desarrollo Social, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que sea considerada en el proceso de dictamen del paquete de iniciativas referidas al tema de la evaluación de las políticas públicas. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Muchas gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público.

A petición de su grupo parlamentario, la iniciativa que sería presentada por los diputados José Luis Blanco Pajón y José Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, para reformar los artículos 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se pospone.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 57 y adiciona un artículo 57 bis a la Ley de Vivienda.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Los que suscriben, Cuauhtémoc Velasco Oliva, Layda Elena Sansores San Román, Alliet Mariana Bautista Bravo, Gerardo Villanueva Albarrán y Joaquín Humberto Vela González, en nuestro carácter de diputados federales de la LX Legislatura, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a su consideración el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 57 y adiciona el artículo 57 Bis a la Ley de Vivienda, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos.

El tema de la vivienda en nuestro país se ha tornado, desafortunadamente, en un problema social de gran impacto, cuya atención demanda el trabajo conjunto del Gobierno en sus diferentes órdenes y de la sociedad organizada, a fin de revisar detalladamente los esquemas de crédito vigentes e impulsar la aplicación de una política pública que propicie la construcción de vivienda popular en un modelo inherente al desarrollo sustentable.

El derecho a la vivienda en nuestro país tiene importantes raíces históricas. La Constitución, en su artículo 123, fracción XII, establece como obligación de los patrones el proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas.

A partir de esto, el país se abocó a construir la infraestructura de seguridad social para atender las diversas necesidades de la población, siendo la vivienda una prioridad.

En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objetivo de brindar seguridad social a los trabajadores. Posteriormente, cuando nuestro país entró en una etapa de urbanización y desarrollo industrial más avanzada, se crearon los principales organismos nacionales de vivienda.

En 1972, con la reforma al artículo 123 de la Constitución, se obligó a los patrones mediante aportaciones, a constituir el Fondo Nacional de la Vivienda y a establecer un sistema de financiamiento que permitiera conceder crédito a bajo interés y suficiente para adquirir vivienda. Esto dio paso a la creación del Infonavit, a través del decreto de ley con fecha de 24 de abril de 1972.

En ese mismo año, se crea por decreto, en adición a la Ley del ISSSTE, el Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste), pero fue hasta 1983 cuando el derecho a la vivienda se elevó a rango constitucional y se estableció como una garantía individual.

Como sabemos, un anhelo para todos los mexicanos es contar con una vivienda y, obviamente, formar un patrimonio. Sin embargo, a raíz de la crisis de 1994, muchas familias que ya contaban con un crédito no pudieron pagar sus hipotecas y la inestabilidad económica imperante ocasionó que muchas se olvidaran de adquirir una.

Esta situación frenó el crecimiento del sector, ya que los bancos cerraron el camino para el otorgamiento de créditos. Un ejemplo de ello son los 160 mil créditos hipotecarios que cayeron en la cartera vencida de Bancomer en ese año.

En este escenario, surgen las sociedades financieras de objeto limitado, las famosas Sofoles, que logran posicionarse de manera contundente en el mercado hipotecario, ofreciendo créditos individualizados con la apariencia de solicitar menos requisitos de los que demandaba la banca comercial, así como enganches más bajos. Las Sofoles cimentaron su fortaleza al tomar en cuenta sectores de la población que hasta ese momento habían quedado al margen de la cobertura de los bancos.

En ese contexto, el argumento central para proponer la presente iniciativa que reforma el artículo 57 y adiciona el 57 Bis de la Ley de Vivienda, es la regulación de las sociedades hipotecarias de objeto limitado (Sofoles), que si bien en el momento de su aparición en el mercado nacional, en 1995, representaron una auténtica oportunidad para atender a sectores de la población que entonces no eran sujetos de crédito, tanto por organismos nacionales de vivienda como por la banca comercial, pero que en la actualidad representan un riesgo para el patrimonio de los beneficiarios, entrecomillado, de algún crédito en virtud de las altísimas tasas de interés y de los convenios, muchas veces leoninos, generalmente desconocidos por los acreditados.

Asimismo, resulta incierta la solidez y transparencia con la que han operado estas instituciones debido a que, a pesar de su origen privado, su crecimiento se basó en los recursos aportados por la Sociedad Hipotecaria Federal y cuentan con importantes concesiones y facilidades.

Uno de los riesgos radica en que los créditos de las Sofoles se otorgan en unidades de inversión (Udi) y deben sujetarse a un contrato de cobertura de hasta 45 mil Udi, equivalente a 170 mil pesos, lo que permite mantener estabilidad en los rangos de cobro mensual a los solicitantes de crédito. No obstante, después de esa cantidad no existe garantía para usuarios de servicios financieros, lo que provoca el aumento progresivo de los pagos mensuales.

Esos incrementos en los pagos se recrudecen por la existencia de Sofoles que no respetan ese monto de 45 mil Udi y aplican indiscriminadamente condiciones críticas al alza provocando que si bien de forma inicial se paga el equivalente a un salario mínimo mensual, al año se puede incrementar a 2 mil 500 pesos mensuales, situación grave para los sectores de escasos recursos.

A esto se suma que por disposición oficial, las Sofoles tienen que ajustar las Udi a pesos el día de cobro de cada mensualidad, así como la variación por el monto de los seguros que están obligados a contratar. Esos factores disparan de manera importante el monto que se paga por el crédito a través de una Sofol.

Por si fuera poco, todavía se agrega una comisión por el financiamiento de Sociedad Hipotecaria Federal y otra por el costo de administración del crédito; todo ello —debe ser esto, sin consecuencia— amortizado por el trabajador.

Así pues, el reto y compromiso de la iniciativa que se pone a su consideración, es eliminar el manejo discrecional y proempresarial que ha impedido articular una política nacional coherente y con claro compromiso social en materia de vivienda, y que procure en todo momento velar por el cabal cumplimiento constitucional del derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, tutelado en el artículo 4o. constitucional.

Con tal espíritu la iniciativa busca establecer en la ley los instrumentos mínimos necesarios que permitan volver realidad dicho precepto constitucional sustrayendo del ámbito discrecional a las Sofoles a través de la creación de principios generales que garanticen canalizar los créditos a tasas preferenciales para la población de bajos recursos y en la emisión de las reglas de operación se observen los principios establecidos en el artículo 57 Bis que se adiciona a la Ley de Vivienda en esta iniciativa.

De igual modo, busca terminar con el trato privilegiado del gobierno federal y las entidades federativas que bajo el argumento de apoyar programas de vivienda exentan o subsidian a los intermediarios financieros del pago de derechos por licencias, permisos e impuestos sobre la adquisición de inmuebles y el Registro Público de la Propiedad.

Con esta iniciativa buscamos evitar que la adquisición de vivienda a través de un crédito con un intermediario financiero, se convierta en una deuda por el incremento de su valor y sea impagable, y paralelamente se traduzca en un jugoso negocio para las inmobiliarias en complicidad con entidades financieras.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 y adiciona el artículo 57 Bis a la Ley de Vivienda.

Se reforma el artículo 57 para quedar de la siguiente forma:

Artículo 57. El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, y la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, deberán emitir reglas de carácter general que permitan canalizar recursos a tasas preferenciales para la población de bajos recursos, así como la movilidad habitacional en viviendas financiadas por ellos mediante procedimientos para facilitar, en su caso, el arrendamiento o transmisión del uso por cualquier título de dichas viviendas, tomando como base para dichas reglas los principios que establezca esta ley.

Y en lo que se refiere al artículo 57 Bis que se propone agregar… Se habla, en primer lugar, de los programas, proyectos, estímulos, apoyos e instrumentos económicos que deberán tener cobertura nacional. Estarán dirigidos preferentemente a todas aquellas personas de bajos recursos. Podrá ser beneficiaria cualquier persona sin distinción alguna de género.

El valor de la vivienda será determinado en pesos. El comportamiento del crédito deberá contemplarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Para recibir el subsidio, el beneficiario deberá obtener un crédito y deberá contar con capacidad de pago necesaria. El término de pago del monto total de crédito no podrá exceder de 300 meses, 25 años, para la liquidación del mismo.

Y así se subrayan las diversas propuestas de reglas generales de operación que estamos planteando para darles garantía a los trabajadores, y a las familias, de poder tener acceso a una vivienda digna.

Porque ya se me agotó el tiempo solicito a la Presidencia se inserte íntegro el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Velasco. Así se hará conforme a su petición. Túrnese esta iniciativa a la Comisión de Vivienda.

Sonido a la curul del diputado Víctor Gabriel Varela López. ¿Con qué objeto diputado Varela?

El diputado Víctor Gabriel Varela López (desde la curul): Para insistir que se turne la iniciativa que presenté a la Comisión de Hacienda.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Con todo gusto diputado. Será turnado a una quinta comisión su iniciativa, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La iniciativa que presentaría la diputada Mónica Arreola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, a petición de su grupo parlamentario, se pospone.

Solicito a la Secretaría dé cuenta del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por favor.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Junta de Coordinación Política. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a asignar oportunamente y con fluidez los recursos del Fonden, para afrontar los efectos el huracán Henriette, en los municipios de Sonora.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b) numeral 1del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo XIV del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya a proposición con punto de acuerdo relativo a la materia objeto del presente, que presentan diputados federales del estado de Sonora, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que, en el ámbito de colaboración entre los poderes y en cumplimiento del Pacto Federal y la Ley General de Protección civil, gire sus instrucciones a los secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que se asignen los recursos suficientes y oportunamente del Fonden, para afrontar los efectos del huracán Henriette, en los municipios de Sonora. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de septiembre de 2007. Atentamente. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

En votación económica se pregunta a las diputadas y los diputados, si se aprueba. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Junta de Coordinación Política. Diputada Ruth Zavaleta Salgado. Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de la sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Javier González Garza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Que el diputado Miguel Ángel Navarro Quintero cause baja como integrante de la Comisión de Marina.

Que el diputado Miguel Ángel Navarro Quintero cause alta como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Que el diputado José Antonio Almazán González cause baja como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente, diputado Héctor Larios Córdova, presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: De enterado.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se sometan a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo:

Que el diputado Ricardo Cantú Garza cause alta como integrante de la Comisión de Gobernación, en sustitución del diputado Gustavo Santiago Pedro Cortés.

Que el diputado Ricardo Cantú Garza cause baja como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente, diputado Héctor Larios Córdova.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: De enterado.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, 11 de septiembre de 2007.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

Que el diputado Luis Xavier Maawad Robert sustituya al diputado Edgar Martín Ramírez Pech como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Que el diputado Edgar Martín Ramírez Pech sustituya al diputado Luis Javier Maawad Robert como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente, diputado Héctor Larios Córdova, presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: De enterado. El siguiente capítulo en el orden del día son dictámenes de primera lectura. Pido a la Secretaría que dé cuenta de la solicitud hecha por los coordinadores de los grupos parlamentarios.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de septiembre de 2007.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en el inciso b) del artículo undécimo del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes, y la operación del sistema electrónico de votación, los suscritos, coordinadores de los grupos parlamentarios, solicitamos posponer la primera lectura del siguiente dictamen registrado en el orden del día de la sesión de hoy.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. Firman los coordinadores de los grupos parlamentarios. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se pospone entonces para su discusión. El siguiente capítulo en el orden del día es "dictámenes a discusión".

El siguiente punto es el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se le dispensa la lectura.

Esta Presidencia ha recibido la solicitud para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento Interior, del diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo, y del diputado Apolonio Méndez Meneses, por lo cual, cada uno de ellos tendrá cinco minutos.

Se le concede entonces el uso de la palabra para hacer dicha fundamentación, conforme al artículo 108 del Reglamento, al diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo.

El diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, hoy, después de seis años de ir y venir la ley, primero entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, después entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores decidimos-

En conferencia con la Cámara de Senadores, buscar juntos, revisar la propuesta de adición a la Ley de Aguas Nacionales para que de alguna manera pudiéramos traer una alternativa debidamente revisada y debidamente acordada por ambas Cámaras. A fin de que de una vez por todas podamos sacar adelante esta ley tan necesaria para el país en su primera etapa, porque seguro estoy, no es un trabajo que va a resolver de manera estructural los problemas del agua, simple y sencillamente es un trabajo que va a permitir que se transiten decisiones por parte de la Comisión Nacional del Agua y por parte del funcionamiento de los diferentes organismos que conforman y que participan en su organización.

El proyecto, pues, de reforma de Ley de Aguas Nacionales data de diciembre de 2001 y ha requerido de dos procesos legislativos desarrollados en las últimas tres Legislaturas.

En abril de 2003 se aprobó el proyecto de reforma a la Ley de Aguas Nacionales que descentraliza a Conagua, crea los organismos de cuenca como órganos descentralizados y establece las disposiciones pertinentes a este tipo de organismos.

En septiembre de 2003, el Ejecutivo federal devolvió el proyecto con observaciones del Senado para su nueva revisión, destacando el rechazo a la descentralización de la Conagua.

El Congreso atendió las observaciones aprobando en diciembre un nuevo proyecto para establecer como órgano desconcentrado a la Conagua, quedando los organismos de cuenca como unidades administrativas de la misma.

En abril de 2004, el Ejecutivo publicó el decreto aprobado por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso, el cual está contenido en la ley vigente.

Entre abril de 2004 y abril de 2006, el Senado se percató de las incongruencias entre las disposiciones de la Ley y la naturaleza jurídica de la comisión y los organismos de cuenca que imposibilitaban la aplicación correcta de la ley.

En abril de 2006, el Senado aprobó el proyecto de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, adecuando sus disposiciones al carácter de órgano desconcentrado de la Conagua y de unidades administrativas de los órganos de cuenca.

En el mismo mes, la Cámara de Diputados recibió la minuta correspondiente, turnándola para su dictamen a la Comisión de Recursos Hidráulicos, permaneciendo como rezago legislativo para la presente Legislatura. En síntesis, el proyecto original de reforma data desde diciembre de 2001 y ha requerido de dos procesos legislativos desarrollados en las últimas tres Legislaturas.

Los esfuerzos legislativos realizados no han resuelto la problemática del agua en México. Subsisten las incongruencias legales que dificultan la eficiencia de la autoridad del agua en la administración del recurso, en detrimento de los derechos de los usuarios que se manifiestan, entre otros.

No hay claridad en las disposiciones sobre las atribuciones de la autoridad del agua en los niveles nacional y regional hídrico administrativo. Las multas, donde los montos establecidos resultan desproporcionados respecto a la capacidad económica de la gran mayoría de los usuarios, y actualmente se han impuesto alrededor de 8 mil multas a nivel nacional que representa poco más de 66 millones de pesos, de los cuales solamente se han impugnado 110: sólo aquellos que cuentan con los recursos para la debida atención jurídica.

La falta de registros de derechos de agua, la centralización de autorizaciones de volúmenes para usos y trasvasos de agua, la propuesta del Senado de eliminar los permisos provisionales, el Impta y sus atribuciones, y la Profepa y sus facultades.

No se permitía la transmisión temporal de derechos, salvo en los casos de sesión de las mismas autoridades del agua. Se prohibía la transmisión de derechos. Todo esto nos llevó en la Comisión de Recursos Hidráulicos a realizar una consulta exhaustiva a nivel nacional, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, legisladores de ambas Cámaras del Congreso, el Consejo Técnico Consultivo del Agua, asociaciones de usuarios, académicos, investigadores y todo lo demás.

Nuestra posición es pedirle a los compañeros diputados que nos apoyen en esta ley que viene a revertir exactamente esos conceptos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo. Tiene el uso de la palabra el diputado Apolonio Méndez Meneses.

El diputado Apolonio Méndez Meneses: Con su permiso, señora Presidenta. Esto que voy a leer grosso modo es la argumentación para las modificaciones que se le hicieron a la Ley de Aguas Nacionales. Voy a tratar de sintetizar porque es un poco largo.

Las modificaciones hechas al dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales que ahora nos ocupa, son las siguientes:

Uno. Se adiciona una fracción XIV, al artículo 3 de la ley, propuesto en el dictamen, para definir al Consejo Científico y Tecnológico Nacional del Sector Agua, así como el objeto de su creación.

La determinación de agregar esta fracción al artículo 3o. radica en que el Consejo Científico y Tecnológico del Sector Agua está previsto en la fracción XII, del artículo 14 Bis 3 de la ley vigente, la cual señala como atribución del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, presidir el Consejo Científico y Tecnológico Nacional del Sector Agua, en cuya creación y funcionamiento intervendrán la Secretaría, la Comisión y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Por lo anterior, se propone adicionar la fracción XIV, al artículo 3o., para que diga como sigue:

Fracción XIV. Consejo Científico y Tecnológico Nacional del Sector Agua. Órgano colegiado sectorial que tiene por objeto fomentar y fortalecer la concertación y participación entre las instituciones y organismos dedicados a la investigación científica y el desarrollo tecnológico en materia de agua y su gestión, a fin de impulsar la transversalidad e integralidad de las tareas y apoyos necesarios entre los actores vinculados con estas actividades a nivel nacional.

Dos. Se modifica la fracción XII, del artículo 14 Bis 3 propuesto en el dictamen. La modificación al dictamen de la fracción XII del artículo 14 Bis 3 es con el propósito de que dicha fracción no se derogue, como lo propuso el Senado de la República, y quede en los términos de la ley vigente, atribuyendo al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua la presidencia del Consejo Científico y Tecnológico Nacional del sector agua, el cual se define en la fracción XIV que se propone adicionar al artículo.

Tres. Se modifica la propuesta de reforma del artículo 113 Bis. La modificación planteada a la reforma del artículo 113 Bis propuesta en el dictamen obedece a la necesidad de sustituir el término "estados" con el de "entidades federativas", para el acuerdo de coordinación que celebre la autoridad del agua a que se refiere la reforma en el segundo párrafo del artículo 113 Bis.

Artículo 113 Bis. Será obligatorio contar con concesión o permiso provisional para el aprovechamiento de los materiales referidos, salvo que se celebre acuerdo de coordinación con las entidades federativas. (Está en negritas en el documento). Esto es lo que se agregaría.

Cuatro. Se modifica la propuesta de adición de un artículo 118 Bis 2. La modificación propuesta de adición de un artículo 118 Bis 2 a la ley planteada en el dictamen consiste en que las medidas a que se refiere este artículo se realicen no sólo por la autoridad del agua, sino también por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, y quedaría agregado en el artículo 118 Bis 2.

Dice: En caso de existir riesgo inminente de daño o deterioro grave a la salud o a la seguridad pública, a las aguas nacionales, a los bienes a que se refiere el artículo 113 de esta ley, a la biodiversidad o a los ecosistemas vinculados al agua, la autoridad del agua o —esto es lo que se agrega— la Procuraduría, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Cinco. Se adiciona un párrafo final a la propuesta de reforma del artículo 119, quedando como sigue:

En el supuesto previsto por la fracción I de este artículo, la Comisión, con el concurso de la Procuraduría, impondrá las medidas técnicas correctivas y de seguridad, así como la reparación del daño ambiental.

Se adiciona un artículo tercero transitorio al proyecto de decreto, que quedaría así —y aquí termino.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción XII del artículo 14 Bis 3, la Secretaría, la Comisión y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología publicarán el reglamento del Consejo Científico y Tecnológico Nacional del Sector Agua dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este decreto, en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, integrarán y pondrán en función a dicho Consejo dentro de los 90 días siguientes a la publicación de su reglamento.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Apolunio Méndez Meneses.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la Comisión.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por la Comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En consecuencia, está a discusión, en lo general, con las modificaciones propuestas por la Comisión y aceptadas por la asamblea.

Para fijar posición de los grupos parlamentarios, se han anotado en el siguiente orden: el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, de Alternativa; el diputado Humberto Dávila, de Nueva Alianza; el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergencia; el diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán, del PRI; la diputada Lourdes Alonso Flores, del PRD; el diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del PAN, y, para hablar en pro, el diputado Antonio Medellín Madera, del PAN.

Tiene el uso de la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Grupo Parlamentario de Alternativa.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el premiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputadas, como miembro integrante de la Comisión dictaminadora, subo a esta tribuna para expresar mi apoyo al dictamen que reforma la Ley de Aguas Nacionales.

Me consta, por el trabajo desarrollado, que para llegar a ese dictamen fue necesaria la construcción de consensos, en la que participaron los diferentes representantes de los grupos parlamentarios en la comisión.

Fue importante también, en la construcción de este dictamen, el papel que jugó el Consejo Técnico Consultivo del Agua, en el que participan 30 expertos en áreas como la parte técnica, la jurídica y la financiera.

Ello no significa que la ley no tenga ausencias y no sea perfectible. Quedan aún asuntos pendientes, como son el derecho humano al agua y que la Comisión Nacional del Agua se convierta en un organismo autónomo, entre otros.

No obstante lo anterior, me permito hacer los siguientes comentarios:

Como señalan diversos estudios sobre la problemática del agua, el abasto de ésta empieza a ser insuficiente e irreversible en el territorio nacional, debido al crecimiento demográfico y al deterioro ambiental. El desperdicio del líquido ha provocado la pérdida de fuentes de agua y la sobreexplotación o agotamiento de otras, de las cuales dependen numerosas poblaciones. Hay registros de organismos internacionales que señalan que en menos de 20 años la población del país requerirá 85 millones de metros cúbicos de agua potable.

La Comisión Nacional del Agua señala que por el manejo inadecuado del agua en los distritos de riego, esto provoca la pérdida de 50 por ciento del líquido destinado a la agricultura, lo cual representa 50 millones de metros cúbicos, mientras que en las zonas urbanas se pierde 40 por ciento en la red de distribución.

Además, la disponibilidad de agua en México presenta una desigual distribución regional y estacional, que dificulta su aprovechamiento sustentable. En el norte del país la disponibilidad de agua por habitante alcanza niveles de escasez críticos, mientras que en el centro y en el sur hay mayor disponibilidad.

Entre los años 2000 y 2005 la disponibilidad por habitante disminuyó de 4 mil 841 metros cúbicos a 4 mil 573. Los escenarios estudiados por la Comisión Nacional del Agua, así como las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población, indican que para 2030 la disponibilidad media de agua por habitante se reducirá a 3 mil 705 metros cúbicos por año.

Por todo lo anterior, es evidente que el abatimiento del rezago existente en materia de infraestructura para el suministro de agua potable, el establecimiento de los servicios de drenaje y alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales, constituyen uno de los grandes retos que enfrenta México en los próximos años.

Es imprescindible invertir en tecnologías que permitan hacer un mejor uso de este recurso incluyendo el uso de plantas desaladoras, tecnologías avanzadas para riego y reciclaje de aguas residuales.

En la actualidad nadie puede poner en duda la estrecha relación entre el desarrollo de la población y el acceso al agua, ya bien sea por el consumo doméstico de sus habitantes o para el cultivo de los productos de la tierra.

Si reconocemos, como lo ha hecho el derecho internacional de los derechos humanos, el desarrollo es un proceso que debe atender al mejoramiento constante del bienestar de la población, y sólo se puede alcanzar sobre el reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales. Resulta obvio que uno de los elementos indispensables para alcanzar dicho bien es el agua. Si no hay agua, no hay mejoramiento posible del bienestar.

En el orden jurídico nacional no existe un diseño intencionado y sistemático capaz de orientar la creación de leyes para mejorar la relación entre agua y desarrollo. Ello se debe en importante medida a que dicho orden jurídico no toma en cuenta el agua como un bien común para el desarrollo.

La falta del reconocimiento del agua como un derecho fundamental en nuestra Constitución es la primera prueba de ello, situación que debe ser revertida en la iniciativa de ley que estamos discutiendo en este momento.

Por lo anterior, propongo que la legislación mexicana, en especial la Ley de Aguas Nacionales, establezca una visión de derechos fundamentales.

Actualmente, en la normatividad sólo se establecen los derechos como líneas programáticas que orientan las políticas de Estado y no como derechos exigibles y justiciables para las personas, por ello es necesario que en la ley que nos ocupa se creen mecanismos de exigibilidad, lo que implica que las personas puedan acudir a las distintas instancias estatales para demandar su cumplimiento.

En este sentido, es necesario que en las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales que estamos discutiendo se armonice con los tratados internacionales. Un primer paso indispensable será el reconocimiento constitucional al derecho al agua, de acuerdo a la observación 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por el Senado el 18 de diciembre de 1980 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 1981 y así hacer exigible lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, de establecer el acceso al agua como un derecho inalienable, así como garantizar la gestión de los recursos hídricos con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y la sociedad.

Por otra parte, también tenemos el reto de transformar la Comisión Nacional del Agua en un organismo autónomo que no esté sujeto a las vicisitudes de los tiempos de la política, con una visión continua a largo plazo. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés. Tiene el uso de la palabra el diputado Humberto Dávila Esquivel, del grupo Nueva Alianza.

El diputado Humberto Dávila Esquivel: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. En el mundo mueren más de tres millones de personas, cada año, por enfermedades causadas por falta de agua potable.

Para una gran mayoría de la población mundial el acceso al agua limpia y en cantidades adecuadas, es una lucha diaria. Es por ello que el suministro de agua y el saneamiento resulten esenciales para la satisfacción de las necesidades básicas.

En este sentido, la iniciativa en comento atiende a una necesidad fáctica de adecuar las disposiciones existentes a la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional del Agua, a fin de constituirse en un órgano superior técnico, normativo y consultivo de la federación en temas de recursos hídricos.

De esta forma, estamos pugnando porque la Conagua cumpla con sus objetivos de manera eficiente, eficaz, transparente y ajustada a la ley. Y para lograrlo, era necesario asegurarnos que dicha institución tuviera lo necesario para que tanto sus criterios como el ejercicio de sus recursos atiendan y realmente se apliquen, con base en la realidad nacional, en materia de agua.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está a favor de este dictamen que reforma la Ley de Aguas Nacionales, por constituir una base en el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Aguas Nacionales y dar mayor certeza jurídica al cumplimiento de sus facultades.

Como legisladores estamos obligados a hacer lo que está dentro de nuestras facultades para que se tomen las medidas inmediatas en beneficio de las generaciones futuras.

México necesita actualizar sus normas y leyes, a fin de tener una política en materia de recursos hidráulicos moderna, eficiente y clara para su aplicación.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza nos hemos manifestado en diversos foros por una política firme que promueva la protección de un recurso natural escaso en amplias regiones del país.

Por eso ratificamos hoy nuestro apoyo a este dictamen, porque fortalece las facultades de la Conagua y contribuye a que este recurso se distribuya con equidad a todos los mexicanos. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Humberto Dávila Esquivel.

Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Para Convergencia plantear el tema de los recursos hídricos limitados nos lleva a reflexionar sobre lo ineludible que resulta debatir los factores relativos al derecho que todos los seres humanos tenemos para contar con este recurso en cantidad y calidad suficientes para cubrir nuestras necesidades más elementales.

Debemos considerar que el problema de la escasez de agua no sólo es resultado de la carencia física de recursos hídricos, sino que se ha convertido en un acontecimiento que se agrava por factores relacionados con la gestión de esos recursos, de lo que se ocupa esta iniciativa de ley.

También por el crecimiento demográfico, el desarrollo económico, la contaminación y los cambios climáticos. Asimismo actividades humanas como la agricultura, la deforestación, la construcción de represas y la creciente extracción y explotación de los mantos acuíferos afectan los procesos hidrológicos naturales y a los recursos hídricos disponibles, por lo que se pone de manifiesto la importancia de una actuación responsable y urgente en este ámbito.

En el mundo la carencia de agua potable se debe tanto a la falta de inversiones y sistemas de mejoramiento hidráulico y de tratamiento de agua, como a su mantenimiento adecuado. Cerca de 50 por ciento del recurso en los sistemas de suministro de agua potable en los países en desarrollo se pierden por fugas, conexiones ilegales, e incluso, vandalismo.

En la mayoría de los países el agua potable es altamente subsidiada para aquellos sectores en una mejor situación económica, o por la industria, mientras que la gente de escasos recursos y con alto grado de marginación depende de proveedores privados costosos o de fuentes inseguras. Basta decir que México ocupa el segundo lugar mundial en consumo de agua embotellada, incuso por los sectores populares.

Otro gran problema en México y el mundo es la conservación de las aguas subterráneas. Éstas constituyen 97 por ciento del agua dulce terrestre. Treinta y tres por ciento de la población mundial, sobre todo la rural, depende de ella, pero está amenazada tanto por la contaminación de los acuíferos como por la mala utilización de los pozos existentes.

La sobreexplotación de éstos provoca el descenso de la capa freática y hace necesario excavar más hondo. El aumento de los costos que esto supone perjudica primero a los más pobres. Paradójicamente tanto a nivel mundial como nacional, el agua dulce no está homogéneamente distribuida: ni geográfica ni temporalmente.

Este manejo irracional del agua está trascendiendo las esferas social, económica y de salud, dando pie a conflictos político-sociales por el acceso al agua; lo que se ha denominado "la guerra por el agua".

En este escenario, para Convergencia resulta apremiante atender la escasez y la desigual distribución del agua a partir de la construcción de una política integral.

Nos parece que en esta iniciativa de ley que está en discusión se dan pasos importantes, que indudablemente van en la ruta correcta y adecuada, pero que es el principio de una tarea legislativa que tiene que ser muy vasta dada la problemática prevaleciente en materia del agua.

Hacen falta modificaciones al artículo 115 constitucional. No es posible que se haya transferido a los municipios la responsabilidad de los sistemas operativos de agua y no se le hayan dado las facultades para poder operar estos sistemas, y cobrar lo necesario a dependencias federales, a gobiernos estatales. Ahí hay una problemática que es importantísimo subsanar.

También hace falta una ley de agua potable y saneamiento. Es claro y evidente que la actual legislación en materia de aguas nacionales no es suficiente. Por eso es que hace falta también esta ley.

Hay toda una tarea legislativa por realizar. Pero nos parece muy importante en el contexto de la iniciativa que hoy se discute, que se den pasos concretos para que se pueda aprovechar mejor la tecnología disponible en materia del agua.

Convergencia organizó en este año, los días 7 y 8 de febrero, una exposición de agua, aquí mismo en la Cámara de Diputados, donde presentamos el desarrollo de una tecnología que lamentablemente, como pasa con muchas otras, ha pasado desapercibida en México. Estos esfuerzos no es posible que se pierdan.

Por eso es muy importante que haya una modificación legal, como la que aquí se plantea que haya una integración de esfuerzos y que a final de cuentas se creen los instrumentos para que México pueda aprovechar esta tecnología.

Los avances en esta tecnología del agua sin los cuales no será posible atender esta problemática. Por eso el voto de convergencia a favor de esta iniciativa de ley.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva. Tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Ildefonso Mendivil Amparán, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán: Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reconocemos que el agua es un recurso estratégico y fundamental para el desarrollo económico, social del país y representa un tema de seguridad nacional.

De ahí la importancia de proveer una legislación adecuada para regular su explotación, uso o aprovechamiento, su distribución y control así como la preservación de su calidad y cantidad para alcanzar su desarrollo integral sustentable.

Es por eso que la Ley de Aguas Nacionales debe ser revisada y, en su caso, reformada con minuciosidad profunda para que sus disposiciones respondan a las necesidades y problemática que la gestión integrada del recurso hídrico presenta.

A nivel nacional la problemática del agua es grave. La sobreexplotación de las aguas superficiales y subterráneas y la contaminación de los mantos acuíferos devienen del uso indiscriminado del recurso a causa, entre otros factores, de la falta de control por parte de las autoridades responsables, de los volúmenes del recurso autorizado para su explotación, mediante las concesiones y asignaciones otorgadas, así como la falta de vigilancia sobre la explotación que se realiza sin contar con la autorización correspondiente y a la falta de supervisión de volúmenes y calidad del agua residual autorizados en los permisos de descarga.

Los priístas reconocemos los esfuerzos realizados por el Legislativo federal para darnos un ordenamiento jurídico que permita la conjugación de esfuerzos de la autoridad del agua con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como de los usuarios y la sociedad en general para desarrollar políticas, programas y acciones tendientes a lograr la gestión integrada del recurso en un proceso de descentralización de dicha gestión, que tenga como unidad básica de la administración la región hidrológica administrativa por cuenca hidrológica.

No obstante, reconocemos también que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, de abril de 2004, aunque originalmente fue concebida para un esquema de descentralización en el cual la Comisión Nacional del Agua se transformaba en una entidad paraestatal y se creaban los organismos de cuenca, como órganos desconcentrados de dicha entidad, terminó manteniendo un esquema de desconcentración administrativa que mantiene a la Conagua como órgano desconcentrado de la Semarnat, y a los organismos de cuenca como unidades administrativas de dicho órgano desconcentrado.

De tal manera, la Ley de Aguas Nacionales vigente presenta serias incongruencias, principalmente en la distribución de atribuciones a la Conagua y a sus organismos de cuenca, ya que sus disposiciones atributivas no corresponden a la naturaleza jurídica de dichos órganos.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI reconoce las bondades de la reforma que hoy discutimos, en la que destacan, entre otros aspectos de importancia, los siguientes:

Primero. Redefine las atribuciones de las autoridades del agua para hacerlas congruentes con la naturaleza jurídica de éstas.

Segundo. Atiende la realidad económica, financiera, de los usuarios del agua, ajustando a la baja los montos de las multas por infracciones a la ley.

Tercero. Fortalece el registro de derechos de agua, convirtiéndolo en un registro nacional operado por la Conagua a través de una unidad administrativa especializada con fe pública registral.

Cuarto. Redefine las atribuciones del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, adecuándolas para favorecer la coadyuvancia de estas instituciones, con la autoridad del agua, en la materia de sus respectivas competencias, conforme a las leyes que las rigen.

Quinto. Amplía la transmisión de derechos para que ahora proceda la transmisión temporal de derechos de concesiones, asignaciones y permisos, aunque la transmisión de asignaciones no permite que los volúmenes se dediquen a usos diversos del uso público urbano o el uso doméstico establecido en los títulos de asignación.

Para el Grupo Parlamentario del PRI la reforma que hoy discutimos y aprobaremos no es la solución completa que pretendemos dar a la problemática del agua en el país. Sin embargo, representa un avance importante para alcanzar dicho objetivo, en virtud de que permitirá el tránsito hacia la revisión y reforma integral de la legislación en materia hídrica con una autoridad del agua que realice sus funciones con los instrumentos jurídicos apropiados, para darle eficiencia a su desempeño y eficacia a sus resultados.

Por otra parte, favorece la gestión integrada del recurso hídrico, fortaleciendo la participación de entidades federativas y municipios, así como organizaciones de usuarios, y sociedad civil en general, en la toma de decisiones para impulsar el desarrollo económico y social de todos los mexicanos.

Por todo lo anterior, y seguros de que estamos en el camino de una legislación enfocada hacia la descentralización de la administración del agua en el país, las legisladoras y los legisladores integrantes del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor del proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, e invitamos a todos ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados, a emitir el voto a favor del proyecto de decreto y en beneficio de la sociedad mexicana. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Gustavo Ildefonso. Tiene el uso de la palabra la diputada Lourdes Alonso Flores, del Grupo Parlamentario del PRD.

Diputada, permítame un momento.

Esta Presidencia agradece la presencia de la Preparatoria número 3, Justo Sierra, que está aquí presente con nosotros, a petición e invitación del diputado Ricardo Cantú Garza. Gracias.

Adelante, diputada.

La diputada Lourdes Alonso Flores: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeros diputados y compañas diputadas. Acudo a esta tribuna para fijar la postura en torno al voto que emitirá el Grupo Parlamentario del PRD para la reforma de la Ley de Aguas Nacionales.

La construcción de un acuerdo para presentar este dictamen resultó ardua y no fue sino hasta el último momento que el PRD decidió apoyarlo sólo si se respetaban y fortalecían las funciones de control, inspección y sanción que en materia de aguas se le han otorgado a la Profepa y que en la minuta del Senado se pretendían eliminar.

Del mismo modo sucedía en el dictamen con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en donde se pretendía eliminar todas sus funciones en la ley, lo que nos parecía inadmisible por completo.

Afortunadamente, en este dictamen y a propuesta de nuestro grupo parlamentario, se han clarificado las funciones del IMPTA en lugar de eliminarlas. A propuesta del PRD se evitó que se cancelara la autonomía de los organismos de cuenca, garantizando con ello que sean las entidades federativas las que establezcan los mecanismos de designación de su representación, acorde al pleno respeto que debe observar la soberanía de los estados.

También se clarificaron los criterios para ajustar a la baja las multas e infracciones y mantener aquellas que la ley considera sumamente graves, como lo es la contaminación intencional del acuífero y el acaparamiento del agua, tal y como esta soberanía lo había acordado casi al finalizar la pasada Legislatura.

La incorporación de estos puntos mínimos, pero de gran relevancia, nos conmina a otorgar nuestro apoyo a este proyecto de reformas, sin embargo, expresamos nuestra reserva crítica porque consideramos que las nuevas adecuaciones a la Ley de Aguas Nacionales implican un retroceso en el ámbito administrativo, comparado con la última reforma que en el 2004 experimentó la ley.

El fondo de este asunto tiene que ver con el carácter administrativo y diseño institucional que se necesita para la Conagua y los 13 organismos de cuenca que formalmente operan la política hidráulica del país.

Desde luego que este dictamen es entendible y aceptable jurídicamente, puesto que existía una incompatibilidad jurídica entre el texto de la ley vigente, su reglamento y las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Como igualmente aceptable hubiera sido otorgar a Conagua la categoría de órgano descentralizado.

Esto hubiera redundado en una mayor consistencia jurídica y en un beneficio para la operación de los organismos de cuenca, implicando también un mayor beneficio en la gestión democrática y regional de los recursos hídricos, a través de los consejos de cuenca. Por ello nuestra reserva crítica al aprobar este dictamen.

Nuestro voto como segunda fuerza parlamentaria —que se escuche muy bien—, no es un cheque en blanco, otorgaremos nuestro voto favorable, con el compromiso de todos los grupos parlamentarios de impulsar una reforma integral de la Ley de Aguas Nacionales, en la que en el primer lugar de la agenda estará el garantizar el derecho social irrestricto de acceso al agua; estará el eliminar las cláusulas de privatización; estará el aclarar el carácter público de los bancos de agua; el aprovechamiento del agua de lluvia y ampliar la participación de la sociedad en la gestión del recurso hídrico.

Es bajo estas condiciones y bajo este acuerdo, que aprobaremos este dictamen. Compañeras diputadas y compañeros diputados, son ustedes hombres y mujeres de palabra, confiamos en ella. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Lourdes Alonso Flores. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Víctor Manuel Torres Herrera: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados.

En el sexenio pasado el presidente Fox declaró al agua como un asunto de seguridad nacional éste y otros motivos orillaron a los integrantes de la Comisión de Recursos. Hidráulicos de la LVIII Legislatura de ambas Cámaras a revisar el marco legal de la gestión del agua, debido a que la Ley de Aguas Nacionales vigente ya no respondía a la realidad nacional y la crisis en el sector hidráulico empezaba a generar conflictos y problemas sociales.

Bajo este contexto se llevaron a cabo foros regionales de consulta en materia de agua, con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, así como usuarios, investigadores y académicos interesados en aportar ideas para preservar y modernizar el uso del vital líquido en México.

Así se formuló la primera reforma integral a la Ley de Aguas Nacionales, aprobada por unanimidad en abril de 2003 por ambas Cámaras; misma que fue revisada por el Ejecutivo y remitida nuevamente al Senado con observaciones para que después fuera finalmente aprobada, con las enmiendas y adiciones, y publicada en el Diario Oficial de la Federación en abril de 2004.

En virtud de que toda ley es perfectible y dado que las reformas al entrar en vigor denotaron algunas omisiones e incongruencias que generaron problemas no sólo a la propia Comisión Nacional del Agua, sino también a los organismos operadores del agua y sobre todo a los derechos de los usuarios en general, la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República de la LIX Legislatura procedió nuevamente a revisar a fondo el marco legal para subsanar dichos errores, destacando entre ellos los relacionados con las prórrogas para la solicitud de concesiones y asignaciones, así como las elevadas tarifas en el cobro de multas por violaciones a la ley, entre otros temas trascendentes.

El 26 de abril de 2006, casi al final del periodo legislativo, el Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen, mismo que siguiendo el proceso legal, fue turnado como minuta a la Cámara de Diputados de la anterior legislatura y que, en razón de tiempo ya no fue posible dictaminar.

Hoy, los diputados integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos hemos llegado a importantes consensos. En el primero nos comprometimos a revisar minuciosamente el contenido de la presente minuta, enriquecerla con nuevas consideraciones para darle más operatividad a la ley, dictaminarla y presentarla al pleno para su discusión y aprobación lo más pronto posible.

El segundo compromiso asumido por los diputados del Partido Acción Nacional y los demás grupos parlamentarios, una vez aprobado el presente dictamen, ha sido el de iniciar, en el marco de los trabajos de la reforma del Estado, una profunda revisión del marco jurídico en materia de aguas nacionales que garantice, en primer término, avanzar hacia un desarrollo sustentable del recurso hídrico que contribuya a disminuir la sobreexplotación de los acuíferos y la degradación de la calidad del agua; impulsar a través de las instituciones educativas responsables, una oportuna y eficaz cultura del agua, cimiento necesario para alcanzar el desarrollo hídrico sustentable que asegure también el acceso al agua en cantidad y calidad y que éste sea un derecho inalienable de todos los mexicanos.

Esto permitirá que el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento llegue hasta los rincones más marginados de nuestra nación. Compromiso también asumido, tal y como lo ha manifestado el presidente Felipe Calderón, y que se encuentra contenido en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional Hídrico, por lo que será necesario que se establezca, como mandato supremo, el principio de subsidiaridad en las reglas de operación de los programas federales para la construcción de obras para el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como las acciones correspondientes a la modernización de los sistemas de riego agrícola.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso de impulsar, con la colaboración del Consejo Consultivo del Agua, instituciones académicas y de investigación y asociaciones de usuarios, un minucioso análisis de los aspectos jurídicos, técnicos, operativos y financieros que nos permitan definir la viabilidad de que el órgano rector de la gestión del agua, es decir la Conagua, pueda convertirse en un organismo público descentralizado, con las facultades y atribuciones que esto conlleva, pero sobre todo con la participación de representantes de todos los niveles de gobierno.

Compañeras y compañeros diputados, con la aprobación del presente dictamen le aportaremos a la Comisión Nacional del Agua un importante instrumento jurídico que dará viabilidad a la Ley de Aguas Nacionales vigente, reformas que se requerían urgentemente para una adecuada gestión hídrica nacional.

Con este trabajo nos sentimos satisfechos al quedar demostrada la capacidad de los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, de buscar consensos y construir acuerdos. Esta es la actitud que nos demanda la sociedad y éste es precisamente el papel que hoy hemos asumido.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Acción Nacional votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. No habiendo más oradores inscritos, el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Para efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se han inscrito para reservar el artículo 9o., fracción XLIV, la diputada Aleida Alavez Ruiz y el artículo 12 Bis 1 y 12 Bis 6, por el diputado Antonio Medellín Varela.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general, con las modificaciones aceptadas por esta asamblea, y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con las modificaciones propuestas por la Comisión y aceptadas por esta asamblea.

(Votación).

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia envía un saludo a los alumnos de la escuela oficial Ricardo Flores Magón, del municipio de Jalapa, Veracruz. No están aquí en la sala, pero nos están viendo en la sesión de uno de los salones con el diputado Adolfo Mota.

También esta Presidencia hace mención y le da una cordial bienvenida al grupo de empresarios jóvenes de Zacatlán de las Manzanas, estado de Puebla, que acaban de llegar, a invitación del grupo parlamentario del PAN.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Ciérrese el sistema electrónico. Se emitieron 380 votos en pro, 0 en contra y 7 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 380 votos, con las modificaciones que la asamblea aprobó.

Esta Presidencia ya informó qué artículos se han reservado. Se han registrado para su presentación la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD, y el diputado Antonio Medellín Varela, del Grupo Parlamentario del PAN.

Tiene el uso de la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, para presentar la reserva del artículo 9o., fracción XLIV.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Me permito hacer notar a este pleno la necesidad de modificar la fracción XLIV del artículo 9o. del dictamen en comento, para eliminar la palabra operar y que se le agregue al final la frase asegurando el cumplimiento de las funciones sustantivas de este servicio.

Lo anterior, en virtud que la Comisión Nacional de Agua, per se, no puede operar al Servicio Meteorológico Nacional sino sólo coordinarlo, tal y como está en la ley vigente.

El artículo 14-Bis-2 de la Ley de Aguas Nacionales señala que el Servicio Meteorológico Nacional es una unidad técnica especializada, autónoma, que tiene por objeto generar, interpretar y difundir la información meteorológica, su análisis y pronóstico que se consideran de interés público y estratégico, de tal suerte que es el mismo sistema el que opera mediante las funciones que le han sido conferidas.

Cabe recordar que el Meteorológico Nacional fue creado desde 1877, precisamente el pasado 3 de marzo cumplió 130 años, inaugurado en la azotea del Palacio Nacional. A pesar que el Servicio cuenta actualmente con 72 observatorios meteorológicos, 15 estaciones de radio sondeo, 12 radares meteorológicos en todo el territorio nacional, una estación terrena receptora de imágenes de satélite y 250 especialistas que trabajan hasta 12 horas diarias para cumplir la demanda diaria de pronósticos para la toma de decisiones no sólo para los gobiernos federal, estatal y municipal sino para todos los sectores que se benefician del servicio, como la iniciativa privada, medios de comunicación y centros meteorológicos de terceros países que no cuentan con el presupuesto suficiente.

De ahí que es importante que la Comisión Nacional de Agua, como coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, no sólo lo coordine, sino también asegure el cumplimiento de las funciones sustantivas del propio servicio.

Este organismo es el mecanismo referencial prescindible para el sistema de protección civil de la nación, y el marco para la prevención de desastres.

Esta propuesta de modificación al dictamen fue incluso consultada con servidores públicos del Servicio Meteorológico Nacional que están de acuerdo con esta reserva, ya que consideran que no debe señalarse a la Comisión Nacional de Agua como operadora del Servicio, ya que no es su función, de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, sino como está en la ley vigente, como coordinadora únicamente, y además que garantice el funcionamiento del mismo.

A decir de la autoridad, es muy importante aclarar que las funciones sustantivas del servicio son mucho más amplias y extensas que la de Conagua. De acuerdo con la versión del Reglamento Interior, publicado en noviembre pasado, atiende las necesidades de toda la economía nacional, el desarrollo social y seguridad nacional, y el Servicio debe trabajar en términos, estándares y normas de la Organización Meteorológica Mundial para poder comparar nuestros registros climatológicos, someterlos a los modelos de predicción y de simulación con las condiciones atmosféricas, entre otras.

Es muy importante situar el Servicio como el único responsable en cumplimiento de estas tareas y funciones técnicas muy específicas.

La Ley de Aguas Nacionales habla de agua, su gestión y administración. El Servicio trabaja con la atmósfera y los procesos en ésta. La generación de agua por medio de los procesos en la atmósfera es un tema importante en las funciones del Servicio, pero no son únicas, y si colocamos el Servicio exclusivamente en tareas de agua, dejará de ser el Servicio… sino el Departamento de Hidrometeorología Aplicada al Sector Agua.

¿Quién, entonces, atenderá las demás funciones del Servicio? En tal sentido, solicitamos al pleno de la Cámara de Diputados la aprobación de esta reserva al artículo 9o. del dictamen en comento, en beneficio del Servicio Meteorológico Nacional.

Cabe señalar que esta reserva ha sido comentada con varios grupos parlamentarios y también tenemos un difícil problema en el Servicio Meteorológico, año con año se le viene reduciendo el presupuesto. De 200 millones ha bajado a 180.

En esta iniciativa que manda el Ejecutivo federal del Presupuesto de Egresos, baja a 135 millones y ha tenido diferentes problemas en su operación.

De tal forma que no podemos entonces dar con este dictamen un revés a la forma como vienen operando. La operación es propia de los técnicos, de quienes están en el servicio, no de Conagua, porque estaríamos hablando de algo distinto, que además entraría en contradicción con lo que estipula la propia Ley de Aguas Nacionales.

Por lo anterior solicito puedan respaldar esta recomposición en el dictamen que ahora se discute. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea si acepta la modificación propuesta por la diputada Aleida Alavez Ruiz, en votación económica.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por la diputada Aleida Alavez Ruiz. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta de la diputada Aleida Alavez Ruiz. Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Medellín Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar modificación al artículo 12 Bis 1 y 12 Bis 6.

El diputado Antonio Medellín Varela: Con su permiso, señora diputada Presidenta. La reserva del artículo 12 Bis 1, párrafo tercero,…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, diputado, por favor discúlpeme. Si, diputada Alavez.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. No tuve claridad en la votación, la verdad es que la vi muy pareja, en esos términos me gustaría solicitarla nominal, para poder garantizar quién está en este acuerdo y entonces ver si puede tener mayoría esta propuesta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada, ya está votada la propuesta y a vista de la Secretaría y de la Presidencia era mayoría por la negativa. Continúe por favor, diputado.

El diputado Antonio Medellín Varela: Gracias. La reserva del artículo 12 Bis 1, párrafo tercero, tiene por objeto hacer una aclaración pertinente a las disposiciones contenidas en dicho párrafo.

Se ha reconocido en el dictamen que la Conagua, como órgano desconcentrado de la Semarnat, que no puede gozar de la autonomía presupuestaria que se le podría haber asignado como organismo descentralizado.

De tal manera a los organismos de cuenca, como unidades administrativas de Conagua, tampoco se les puede atribuir autonomía presupuestaria.

En ese sentido proponemos la modificación del párrafo tercero, del artículo 12 Bis 1, para establecer que los organismos de cuenca actuarán con autonomía en sus decisiones y en el manejo de los bienes y recursos que se les destinen, aclarando que los bienes y recursos, objeto del manejo autónomo, sean distintos a los presupuestales.

Con esta propuesta salvamos interpretaciones gramaticales que suponen autonomía en el manejo de bienes y recursos presupuestarios.

Con la modificación que proponemos, el párrafo tercero, del artículo 12 Bis 1 queda como sigue:

"Los organismos de cuenca, conforme a su carácter especializado y atribuciones específicas que la presente ley les confiere, actuarán con autonomía en sus decisiones y en el manejo de los bienes y recursos, excepto los recursos presupuestarios que se les destinen. Y ejercerán en el ámbito de la cuenca hidrológica o en el agrupamiento de varias cuencas hidrológicas que determine la comisión como de su competencia, las facultades establecidas en esa ley, sus reglamentos y el Reglamento Interior de la Comisión, sin menoscabo de la actuación directa por parte de la comisión, cuando le competa, y del titular del Poder Ejecutivo federal.

La reserva del artículo 12 Bis 6, tiene por objeto proponer la modificación de la disposición contenida en la fracción XXIV de dicho artículo, para aclarar que la autonomía técnica, administrativa y jurídica en el manejo de los recursos, atribuida a los organismos de cuenca, está referida a recursos distintos a los presupuestarios, en virtud de que como ya se ha expresado en la discusión de diversos aspectos de la ley, ni la Comisión Nacional del Agua, ni sus unidades administrativas como son los organismos de cuenca, pueden tener autonomía presupuestaria, dado el carácter de órgano desconcentrado de la primera, y de unidad administrativa de órgano desconcentrado, de los segundos.

En esa consideración propongo modificar la fracción XXIV, del artículo 12 Bis 6 de la Ley de Aguas Nacionales, para que diga:

Artículo 12 Bis 6. Actuar conforme a su naturaleza y carácter especializado que la presente ley les confiere, con autonomía técnica, administrativa y jurídica, en el manejo de los recursos, excepto los recursos presupuestarios que se le destinen y de los bienes que tengan en los términos de esta ley, y actuar con autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objetivo, y de los objetivos y metas señaladas en sus programas y presupuesto, observando lo dispuesto en el presente artículo 9 fracción XXIII, 12 fracción X, 12 Bis 1, 12 Bis 2, 12 Bis 3 y 12 Bis 4, y en las demás disposiciones aplicables contenidas en la presente ley y en sus reglamentos.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Antonio Medellín. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Antonio Medellín Varela, del Grupo Parlamentario del PAN.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Antonio Medellín Varela. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación) Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se acepta. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónica por tres minutos. Vamos a votar este artículo y luego vamos a votar el otro artículo que ya pasó, por tres minutos, para proceder a la votación del artículo 12, la modificación los artículos 12 Bis 1 y 12 Bis 6, propuesta por el diputado Antonio Medellín Varela.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación nominal del artículo propuesto, 12 Bis 1, 12 Bis 6.

(Votación)

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Patrón Montalvo.

El diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo (desde la curul): Nada más para que se haga la aclaración porque primeramente se hizo la votación nominal. La pregunta es que si estamos participando en el segundo punto o en el primero.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En el segundo. En el que propuso el diputado Antonio Medellín Varela. En este punto estamos ratificando la votación nominal.

Sí, diputada Aleida.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Diputada Presidenta, para aclarar el procedimiento porque entonces entiendo que sigue la votación nominal de la reserva que presenté del dictamen.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí. La vamos a votar posterior a ésta, por eso les dije que van a haber dos votaciones: la que usted presentó se va a votar en sus términos, se va a consultar a la asamblea para voto nominal, pero cuando termine esta votación.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se les está dando la oportunidad de votar a todos los que están llegando. Todavía está abierto el sistema electrónico.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Señora, Presidenta. Se emitieron 355 votos en pro, 9 abstenciones, y 2 en contra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada. Aprobado el artículo 12 Bis 1, 12 Bis 6, por 355 votos, con la modificación aceptada por la asamblea.

Ahora vamos a votar la propuesta que hizo la diputada Aleida Alavez Ruiz, para dejar en sus términos el artículo que se propuso.

Se pide a la Secretaría que se abra el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación del artículo 9, fracción XL, que propuso la diputada en sus términos.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento interior.

Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación del artículo 9, en sus términos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, diputada. Diputado César Duarte.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Diputada Presidenta.

El Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado. Le auxilian, alguien técnico, por favor. Al diputado César Duarte, si le dan sonido a la curul. Sí, diputado.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Sólo verificar el trámite. Tenemos la apreciación de que ese punto había sido desechado previamente. Entonces consideramos que no es necesario éste otro trámite, Presidenta, sólo para ponerlo a consideración.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Fue desechado, pero como se reservaron los artículos en la votación en lo general y en lo particular, se tiene que ratificar la votación en lo particular.

Se vota en sus términos el artículo que ya había sido desechado, para que quede ratificado en sus términos el dictamen.

Señores diputados, para evitarnos confusiones, lo que estamos votando es que el artículo quede en sus términos, toda vez que fue desechada la propuesta que se presentó.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Ciérrese el sistema electrónico de votación.

La diputada Érika Larregui Nagel (desde la curul): Presidenta, nada más para pedirle que le recuerde a los compañeros diputados que están fumando, que no se debe hacer eso en el salón de plenos.

El diputado Mario Mendoza Cortés (desde la curul): Mi voto es a favor.

El diputado José Edmundo Ramírez Martínez (desde la curul): Edmundo Ramírez, a favor.

La diputada Lorena Martínez Rodríguez (desde la curul): A favor, Presidenta.

El diputado Isael Villa Villa (desde la curul): Para confirmar que mi voto es a favor.

El diputado José Luis Varela Lagunas (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se emitieron 241 votos en pro, 117 en contra y 2 abstenciones, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en sus términos el artículo por 241 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se autoriza.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Comisión de Economía, para exhortar al titular del Ejecutivo federal a que incremente los apoyos gubernamentales a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas.

De la Comisión de Gobernación, relativo a la salvaguarda de los derechos de los menores migrantes.

De la Comisión de Gobernación, para exhortar a la Secretaría de Gobernación a que, a través del Instituto Nacional de Migración, garantice el trato digno a los extranjeros asegurados en las estaciones migratorias del país.

De la Comisión de Cultura, para exhortar al Ejecutivo federal, a la SEP, al Conaculta, al INAH y al GDF a adoptar las medidas necesarias para atender las alteraciones arquitectónicas realizadas por particulares en la ex fábrica de hilados y tejidos La Fama Montañesa.

De la Comisión de Cultura, para solicitar al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes un informe relativo a las donaciones recibidas y otorgadas en 2006.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que se expresan las condolencias a la familia Domínguez Rivera por la muerte de Francisco Javier; exhorta al Ejecutivo federal a continuar una política de diálogo con Estados Unidos; y solicita un informe de la situación a la Secretaria de Relaciones Exteriores.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, para que la Cámara de Diputados haga un llamado a los Estados Unidos de América para que frene los abusos a los derechos humanos en contra de los connacionales.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, para exhortar al Ejecutivo federal a que tome las medidas necesarias para normalizar las relaciones diplomáticas y políticas con la República de Cuba.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, para exhortar al Ejecutivo Federal a que informe sobre los trabajos de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Belice.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, para exhortar al gobierno federal a que dirija una política exterior respetuosa en la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que solicita al Ejecutivo Federal que promueva ante la ONU la realización de una convención amplia e integral en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, relativo a la situación del doctor méxico-estadounidense, Agustín Aguayo.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, relativo al Plan de Desarrollo y Aprovechamiento Sustentable de la Huasteca, en el estado de Nuevo León.

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban… Diputado Parga. Si alguien me auxilia para darle sonido a la curul del diputado.

El diputado Rodolfo Solís Parga (desde la curul): Para intervenir a favor del dictamen relativo de la Comisión de Relaciones Exteriores, en relación a la normalización de las relaciones con la República de Cuba.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está bien, diputado. Tiene el uso de la palabra, si gusta pasar a la tribuna, hasta por tres minutos, para argumentar su punto de vista.

El diputado Rodolfo Solís Parga: Muchas gracias. Con su venia. Honorable asamblea, vengo en nombre de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo y del mio propio, a solicitar a ustedes el voto a favor del dictamen que ha emitido la Comisión de Relaciones Exteriores, por el cual se propone un punto de acuerdo para que se excite al Ejecutivo federal a la normalización de las relaciones diplomáticas y políticas con la República de Cuba.

Cabe hacer mención que en fechas recientes han sido nombrados por el Estado mexicano el excelentísimo señor, Enrique Gabriel Jiménez Remus, como embajador de México en Cuba y también el excelentísimo señor Manuel Aguilera de la Paz, como embajador de Cuba en México, quien estaría presentando sus cartas credenciales el próximo 14 de este mes.

Aparentemente la situación está zanjada, sin embargo, creo que es pertinente el dictamen en estos términos, en razón de que no son solamente los actos formales los que establecen la normalización de las relaciones diplomáticas y políticas, como señala el dictamen, sino que es además, una cuestión que tiene relaciones históricas, la relación entre el pueblo de México y la Revolución Cubana.

Que hoy, como un gesto, debemos respaldar también la reiterada reivindicación de la República de Cuba respecto del ejercicio pleno de la soberanía del Estado cubano sobre la totalidad del territorio de la isla, en referencia, por supuesto, a la presencia del ejército de los Estados Unidos de América en la región de Guantánamo, que no solamente implica una afrenta a la soberanía de la República de Cuba, sino también una afrenta a la humanidad en razón de que en esa parte de la isla, bajo el dominio militar del ejército de Estados Unidos se ha instalado una cárcel inhumana que afecta los derechos humanos.

Esto es más importante aún en razón de que esta semana se realiza una jornada internacional de apoyo y de solidaridad a los cinco cubanos detenidos injustamente en los Estados Unidos, cuyo delito ha sido informar al gobierno de los Estados Unidos de actividades terroristas en contra de la isla, del gobierno de Cuba, realizado por la mafia de Miami.

Nos congratulamos por la reciente resolución judicial que ordena la revisión del caso en Estados Unidos y la reposición del antijurídico proceso que se les ha seguido a estos cinco cubanos.

En esta virtud, y para terminar, propondría una adición a este dictamen de un artículo tercero que estableciera que esta soberanía respalda las gestiones del gobierno y del Estado cubano a favor del respeto a los derechos humanos de los cinco cubanos detenidos y nos pronunciamos a favor de un juicio justo y legal.

Es cuanto. Estaríamos presentando en unos momentos, a la Secretaría, la redacción del documento de esta adición.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Van a pasarle la propuesta por escrito. Va a leer la Secretaría la propuesta que hizo el diputado en la tribuna para que la escuchen y se pueda hacer la consulta de la votación.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: La propuesta de redacción es la siguiente: "Esta soberanía respalda las gestiones del gobierno y del Estado cubano a favor del respeto de los derechos humanos de Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez y René González. Y por un juicio justo." Ésa es la propuesta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse la modificación propuesta por el diputado Solís Parga. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada Esmeralda, vamos a abrir tres minutos la votación nominal para certificar la votación. Instruyo para que se abra el sistema electrónico hasta por tres minutos, para saber si se acepta la modificación propuesta por el diputado.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento y ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Qué pasa con el sistema electrónico? Tres segundos, porque los del sistema ya se habían ido a comer. Esperamos tantito. Ya está abierto el sistema.

(Votación)

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Ciérrese el sistema electrónico, por favor. Dé cuenta la Secretaría de la votación.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Fonseca: Ciérrese el sistema electrónico. Señora Presidenta, se emitieron 103 votos a favor, 181 en contra y 10 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta que ha presentado el diputado Rodolfo Solís Parga. Le dan sonido por favor —alguien que nos auxilie— al diputado Gildardo Guerrero.

El diputado José Gildardo Guerrero Torres (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. Solamente para que en subsecuentes votaciones se cumpla el proceso parlamentario y haya la confiabilidad en la Secretaría cuando toma las votaciones. Muchas gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. ¿Alguien más? ¿Para votación? Por favor, le toman la votación al diputado Cárdenas Fonseca.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Diputado Cárdenas Fonseca, en contra.

Diputado Carlos Madrazo, en contra.

El diputado Carlos Navarro, en contra.

Se pueden acercar para que puedan emitir su voto, de favor.

El diputado Vázquez Martínez, en contra.

El diputado Pedro Landeros, a favor.

El diputado Monraz, en contra.

El diputado Blanco Pajón, en contra.

El diputado Parra Noriega, en contra.

El diputado Jesús Sesma, en contra.

El diputado Díaz Mena, en contra.

La diputada Omeheira López, en contra.

La diputada Liliana Carbajal, en contra.

El diputado Borrego Estrada, en contra.

La diputada Yadhira Tamayo, en contra.

La diputada Alcaraz Hernández Alma, en contra.

La diputada Marisol Mora, en contra.

El diputado Eduardo Moreno Álvarez, en contra.

El diputado Moctezuma Pereda, en contra.

El diputado Arredondo, en contra.

El diputado Moisés Dagdug, a favor.

El diputado Héctor Ramos, en contra.

El diputado Arturo Martínez Rocha, en contra.

El diputado Felipe González, en contra.

El diputado Nabor Ochoa, en contra.

La diputada Ángeles Jiménez, en contra.

Se emitieron 105 votos a favor; 204 en contra y 10 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta hecha por el diputado Rodolfo Solís Parga, respecto del punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores para exhortar al Ejecutivo Federal tome las medidas necesarias para normalizar las relaciones diplomáticas y políticas con la República de Cuba.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense. Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Orden del día de la próxima sesión.

(Lectura del orden del día)

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (16:25 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, miércoles 12 de septiembre, a las 11:00 horas y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto desde las 9.30 horas.