La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados y diputadas.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 321 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (11:19 horas): Se abre la sesión. Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura.

Le solicitamos a los señores diputados que nos están observando en medio electrónico, si puedan asistir al salón de sesiones porque vamos a tener un evento de toma de protesta y necesitamos que estén aquí en el salón de plenos, por favor. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta.

Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Rosaura Virginia Denegre-Vaught Ramírez, diputada federal electa en distrito 15 del Distrito Federal.

Se designan en comisión para que la acompañen en el acto de rendir de protesta de ley para entrar en funciones, a las siguientes diputadas y los siguientes diputados:

A la diputada María Gabriela González Martínez; al diputado Adrián Fernández Cabrera; a la diputada Dora Alicia Martínez Valero; al diputado Rogelio Carbajal Tejada; a la diputada Aurora Cervantes Rodríguez; al diputado José Manuel del Río Virgen; al diputado Jesús Sesma Suárez, y al diputado Silvano Garay Ulloa.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple con su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Ciudadana Rosaura Virginia Denegre-Vaught Ramírez: �¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Rosaura Virginia Denegre-Vaught Ramírez: Sí, protesto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Continuamos la sesión, con las comunicaciones de la Secretaría de Gobernación, por favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase al promovente para su conocimiento.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas, con el que remite iniciativa que adiciona un inciso d) a la fracción II del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento relativo a la agenda legislativa de la Cámara de Diputados para el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio. Se han registrado para referirse al tema las siguientes diputadas y diputados.

Voy a mencionar a los diputados y voy a dar la palabra conforme estén en el pleno. Se han inscrito para este tema el diputado Delio Hernández Valadés, el diputado Rubén Aguilar Jiménez, el diputado Francisco Elizondo Garrido, la diputada Patricia Castillo Romero y el diputado Adrián Fernández Cabrera. De las otras tres fracciones parlamentarias no tenemos los nombres, si nos los hacen llegar, por favor.

Vamos a dar inicio con la participación del diputado Francisco Elizondo Garrido, quien está en este momento en el pleno. Por favor.

El diputado Francisco Elizondo Garrido: Con el permiso de la Presidencia.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Francisco Elizondo Garrido: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta LX Legislatura ha demostrado, a base de su trabajo y resultados, estar comprometido con el bienestar de la sociedad y el futuro de nuestro país.

Nuestra agenda legislativa es resultado de un proceso amplio de ideas y compromiso con el objetivo de instrumentar una planeación legislativa, cuyo contenido esté determinado de manera práctica, congruente y viable y que no resulten falsas promesas ni yerros legislativos.

Por ello, en los distintos periodos ordinarios de sesiones se han propuesto una serie de reformas a diversos ordenamientos para buscar la protección del medio ambiente, a fin de sentar las bases para un desarrollo sustentable, así como de instrumentos que protegen a los ciudadanos en sus más básicos derechos: la salud, educación, seguridad personal, seguridad social, entre otros.

Hoy, hoy comenzamos el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de está LX Legislatura. Es decir, falta año y medio para que sigamos trabajando todos en pro de nuestro país.

En el Partido Verde Ecologista de México siempre ha permeado la voluntad para construir acuerdos y lograr los avances que todas y todos necesitamos para nuestro desarrollo. Ejemplo de ello es la participación activa de nuestros legisladores en las mesas de diálogo y debate de los temas de gran trascendencia en la vida nacional.

La reforma fiscal y la reforma del Estado son dos temas en que hemos participado abierta y transparentemente de cara a la sociedad. Es necesario, sin embargo, que sigamos construyendo los puentes necesarios para continuar en la refundación de las bases del Estado mexicano. Así consideramos necesario continuar nuestro trabajo en temas como los derechos a la salud, en especial la difusión y consumo de productos, la protección al ambiente evitando el mal manejo de residuos peligrosos, la regulación de las playas, zonas federales, marítimas, terrestres; también consideramos necesario el impulsar los efectos jurídicos de las manifestaciones de impacto ambiental como mecanismos de control del Estado.

Por ello es necesario establecer lineamientos generales para la conservación protección, restauración, producción, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas en el estado, mediante una política ambiental que promueva la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la concertación entre los sectores social y privado.

En esta línea de ideas consideramos necesario que la Cámara de Diputados cuente entre sus servicios administrativos, con el sistema de calidad ambiental a fin de diseñar los procedimientos administrativos necesarios para aplicar las políticas y la gestión ambiental, integral y concretar acciones a favor del medio ambiente.

Asimismo impulsar la agenda y las políticas en materia de adaptación y mitigación ante los efectos adversos del cambio climático.

En materia industrial y económica, promover la producción y comercialización de biocombustibles de segunda generación, maximizar la eficiencia de los sectores pesqueros y acuícolas nacionales.

Por lo que hace a la protección de derechos laborales, se pretende garantizar el pago efectivo de la participación en las utilidades de las empresas a los trabajadores.

Por otra parte, y reconociendo la necesidad de regular el uso racional del agua, se busca eficientizar su explotación para consumo humano.

En el marco del nuevo federalismo y la relación municipal, se pretende establecer un mecanismo más eficiente a fin de que puedan actuar dentro de un marco de respeto de los poderes en sus tres niveles de gobierno.

En el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, se busca establecer medidas de planeación que permitan dar seguridad a la población en caso de emergencia como los ocasionados por desastres naturales.

Otros de los grandes pendientes nacionales esta en concretar la reforma del Estado y la energética, la modificación del modelo educativo que incluya una educación ambiental, entre otros.

Nuestra agenda legislativa, en materia ambiental, incluye también la defensa de las normas ya aprobadas por esta Cámara de Diputados, en lo que respecta la conservación de los ecosistemas del manglar, reiterando nuestra oposición frente a cualquier intento por modificar la ley vigente.

Por ello, reiteramos nuestro compromiso como grupo parlamentario con las necesidades primordiales de la población para un desarrollo más justo y humano. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Francisco Elizondo Garrido. Tiene el uso de la palabra el diputado Delio Hernández Valadés.

El diputado Delio Hernández Valadés: Con el permiso de la diputada Presidenta. Con la apertura de este periodo de sesiones, la LX Legislatura da comienzo a la segunda mitad de su gestión. El balance del primer tramo de su recorrido queda enmarcado por los claroscuros de reformas trascendentales por su contenido y su amplio consenso, como las reformas constitucionales en materia de transparencia y electoral, y por aquellas modificaciones cuestionables a diversas leyes, dados sus alcances y deficiencias, sobre todo por el ánimo de exclusión que se hizo patente en su elaboración.

Debemos preguntarnos con toda honestidad: �¿qué gana el país si continuamos con el derrotero de la marginación, incluso, qué gana esta Cámara de Diputados con tal insistencia en la exclusión? Más allá de evidenciar el conflicto y la divergencia, sólo mostramos una incongruencia con la propaganda de la propia Cámara en los medios de comunicación, que reitera una y otra vez nuestra capacidad para generar acuerdos. �¿Cómo vamos a fortalecer nuestra credibilidad entre los ciudadanos si nuestros actos no corresponden con nuestro discurso?

El inicio de este periodo de sesiones, a la mitad de nuestra trayectoria en esta legislatura, es una oportunidad para rescatar aquellos aspectos positivos de nuestro trabajo y eliminar aquellas prácticas que sólo nos conducen a la disputa superficial.

Porque también debemos decirlo: ni siquiera podemos afirmar que toda la divergencia mostrada derive de nuestras distintas visiones de México, porque si algo debemos reconocer es que las buenas propuestas no tienen tintes partidistas, así como la técnica y el conocimiento no se supeditan a la ideología. Precisamente el diálogo y el debate racional nos permiten encontrar los puntos de coincidencias y divergencias. Pero éstas no saldrán a relucir si no encuentran un espacio de discusión; rasgo esencial de un órgano deliberativo como esta Cámara de Diputados.

Es en este marco que el Grupo Parlamentario de Alternativa presenta ante esta soberanía su agenda legislativa, con la confianza y la apuesta de que, más allá de nuestros diferentes puntos de vista, nuestros planteamientos son correctos. Pero sobre todo, responden a diferentes capas y sectores sociales que reclaman de nosotros, sus representantes populares, atención a sus demandas y necesidades, que como las de cualquier ciudadano, vote por quien vote, exige nuestra atención.

De esta agenda, una de sus primeras tareas es la conclusión de los trabajos derivados de la Ley para la Reforma del Estado. Es obligado redoblar los esfuerzos para rendir aceptables cuentas en los temas aún faltantes.

En primer término, formularemos las propuestas para ajustar las leyes faltantes en materia electoral a la reforma constitucional, particularmente las relativas a las instancias jurisdiccionales.

En materia de régimen de Estado, justicia y federalismo propondremos diversas iniciativas para fortalecer la división de poderes, así como de los diferentes niveles de gobierno, particularmente el municipal, permitiendo una participación más activa y vigilante de los ciudadanos sobre sus autoridades más cercanas.

Se trata de hacer más efectivo y eficiente el ejercicio del poder público, eliminando aquellos espacios que permitan la discrecionalidad y la arbitrariedad de las autoridades. Asimismo, habremos de presentar diversas iniciativas para atender los altos niveles de inseguridad y las omisiones en las leyes correspondientes en materia de negligencia e irresponsabilidad que afecten el bienestar, los bienes y la salud de los individuos.

Sin embargo, ningún tema resulta tan importante como el relativo a las garantías sociales, no sólo como compromiso de la Ley para la Reforma del Estado, sino como compromiso siempre pendiente con los millones de mexicanos que viven en situación de pobreza y que sufren todo tipo de vejaciones y marginalidad.

Por lo anterior, formularemos un conjunto de propuestas que hagan realmente efectivo el principio de igualdad ante la ley, lo cual implica modificar aquellas leyes que propician la desigualdad y la discriminación, así como universalizar los derechos y beneficios sociales ante personas en igualdad de condiciones, con independencia de su condición social, religiosa, étnica, de género o preferencia sexual.

Al mismo tiempo, presentaremos iniciativas para lograr una efectiva y responsable actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De igual forma innovaremos en aquellos temas que por prejuicio, desconocimiento o simple descuido no han sido considerados en la agenda legislativa del país.

Dentro de esos temas, uno de los más relevantes será el de la regulación en el uso de la Conavit (Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo) para fines médicos y terapéuticos. Paralelamente, desarrollaremos propuestas para un alto desarrollo de los programas de desintoxicación de las personas adictas, así como el desarrollo de actividades de combate al narcotráfico, garantizando el pleno respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos.

En materia de equidad de género insistiremos en aquellas fórmulas que no sólo formulen de manera retórica la igualdad entre hombres y mujeres, sino que garanticen, de manera específica y concreta, tal igualdad en todas las ramas de la actividad de la población y muy particularmente en el acceso a los cargos públicos.

Uno de los problemas que enfrentamos en el presente es la conflictiva relación entre los temas ambientales y de desarrollo económico. Para el Grupo Parlamentario Alternativa tales temas no tienen porqué presentarse como antípodas en el debate, sino que exigen creatividad e inteligencia para que puedan coexistir en un círculo virtuoso de sustentabilidad.

Asimismo, presentaremos iniciativas que garanticen el derecho a la intimidad de todas las personas y buscaremos reformas en materia penal para castigar la negligencia en caso de muerte cerebral.

En suma, y como desde el primer día que asumimos nuestro encargo legislativo, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario Alternativa Socialdemócrata estamos abiertos a la discusión y ofrecemos nuestro mejor esfuerzo y capacidad para atender los problemas que aquejan a nuestro país.

Desde esta tribuna requerimos lo mismo de las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso. Un trato digno y entre pares es lo mínimo que nos debemos entre legisladores, para bien de la nación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Gracias, diputado Delio Hernández Valadés. Se le concede ahora el uso de la palabra a la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Mónica Arriola: Con su permiso, diputado Presidente. Señoras y señores legisladores. La agenda legislativa de Nueva Alianza tiene como objetivos, entre otros, contribuir al fortalecimiento institucional de la Cámara de Diputados, mediante el debate responsable y el impulso de las reformas que contribuyan a elevar la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos.

En el marco de la educación, desde el inicio de esta LX Legislatura Nueva Alianza ha impulsado iniciativas, puntos de acuerdo, exhortos y consensos para hacer realidad una reforma integral desde el nivel básico hasta el superior.

La reforma integral que proponemos tiene como finalidad transformar nuestro sistema educativo en términos estructurales, curriculares, académicos y culturales. Una reforma de esta magnitud debe convocar y contemplar una estrecha colaboración y compromiso con los agentes que participan en el proceso: maestros, administradores, madres y padres de familia y las y los alumnos. Como acciones inmediatas, los legisladores de Nueva Alianza impulsaremos la creación del sistema de indicadores de evaluación de la gestión educativa y al sistema educativo en su conjunto, garantizando con ello información pública y periódica sobre la situación en que se encuentra cada entidad federativa.

De igual forma promoveremos la generación de un sistema nacional de información educativa, con la participación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que permita contar con datos confiables para el diseño y ejecución de políticas públicas en materia educativa.

Nuestra política social contemplará dos vertientes fundamentales:

1. La formulación e implementación de bases legislativas para las políticas en educación, salud, seguridad social y vivienda, con cobertura universal.

2. Las bases para la implementación de programas orientados a compensar la desigualdad, atención a la población vulnerable y combate a la pobreza a través de infraestructura básica, creación de empleo, fortalecimiento y modernización del campo, la defensa de nuestra población migrante y el mejoramiento del capital humano mediante educación, salud y alimentación.

El rubro de la promoción y protección de los derechos de las niñas y los niños constituye para los diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, un desafío y una prioridad.

Promoveremos acciones legislativas para hacer efectivos los compromisos ratificados por el Estado mexicano, adecuando la legislación federal en la materia en aras de garantizar la salvaguarda de la dignidad humana y erradicar cualquier forma de abuso, abandono y explotación de los menores.

Impulsaremos una reforma constitucional para la creación de la figura del ombudsman de los niños, de conformidad con diversos instrumentos jurídicos internacionales que México ha ratificado en la materia.

Para Nueva Alianza es prioritario también promover acciones y políticas que combatan la discriminación que sufren las mujeres mexicanas y les procuren una vida libre de violencia.

En el ámbito laboral apoyaremos la equidad y exigiremos la no discriminación por género en los centros de trabajo, el derecho al mismo salario por trabajo igual, la eliminación del examen de ingravidez y acciones contra el despido del empleo por embarazo, discapacidad y edad, e impulsaremos iniciativas que eliminen el uso del lenguaje sexista en leyes y en medios de comunicación.

En tema de salud, obligar a ampliar y elevar la calidad de sus servicios. Las mejoras en la salud deben traducirse en una mayor esperanza y calidad de vida para todos, en especial la salud de las mujeres mexicanas representa un verdadero reto para el México de hoy.

En el combate a la obesidad infantil, hoy México tiene 4 millones de niños en edad escolar con problemas de este tipo, situación que involucra tanto a la familia y a medios de comunicación, por lo que promoveremos iniciativas que reformen disposiciones en dicha materia.

Buscaremos consensos que permitan a México invertir en el desarrollo de infraestructura productiva que nos hagan competitivos.

Por lo que respecta al tema de seguridad pública y justicia penal, Nueva Alianza promoverá iniciativas que den certidumbre a la coordinación entre los órganos de seguridad pública en los tres niveles de gobierno.

En el marco de la reforma al sistema de justicia promoveremos iniciativas que fortalezcan a nuestro sistema judicial, teniendo como mira que la justicia sea pronta y expedita. Impulsaremos la construcción de un pacto social en la prevención del delito, teniendo como actores centrales a padres de familia, maestros, medios de comunicación, iniciativa privada y sociedad en general.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza apoyaremos la propuesta de iniciar el debate sobre la reforma laboral, convencidos que la legislación de la materia debe estar acorde a los cambios y transformaciones por los que transita el país. Y de esta forma, siempre garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores.

En la esfera constitucional, Nueva Alianza promoverá reformas en este ámbito y en el legal, a fin de lograr una eficaz distribución de competencias que redefinan los tres órdenes de gobierno desde la perspectiva de la recaudación fiscal, el ejercicio del gasto público, la transparencia, el manejo de los recursos y los mecanismos de fiscalización e imputación de responsabilidades de los servidores públicos.

En materia de medio ambiente y recursos naturales, el compromiso del grupo parlamentario con la preservación del medio ambiente y nuestros recursos naturales, nos obliga a impulsar las reformas a la Ley de Aguas Nacionales para que los tres órdenes de gobierno y la ciudad mexicana sean corresponsables en el control de extracción, así como la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales del subsuelo y las superficiales, a través de un manejo que garantice la sustentabilidad hidrológica, preservando los ecosistemas vitales en acuíferos, cuencas y regiones hidrológicas.

Finalmente, como parte de nuestra agenda ambiental, modificaremos ordenamientos con el objetivo de sentar las bases de políticas públicas que garanticen el mejoramiento de nuestro entorno y una de ellas es, sin duda, la educación ambiental. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Mónica Arriola. Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Rubén Aguilar Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El diputado Rubén Aguilar Jiménez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Partido del Trabajo tiene como primer evento la huelga legislativa para evitar acuerdos que autoricen la venta de Pemex.

Estamos iniciando los trabajos del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura. Tenemos la responsabilidad de seguir aprobando leyes que vayan en beneficio de los mexicanos que depositaron su confianza en los legisladores que representan sus intereses.

Por esa razón, los legisladores del Partido del Trabajo honraremos esa confianza promoviendo mejores leyes para el pueblo. Estamos convencidos de que es necesario transformar al país y llevarlo hacia un nuevo rumbo que brinde bienestar y mejores condiciones de vida para todos.

Es preciso también seguir renovando y perfeccionando las instituciones públicas, para lo cual es una exigencia de los mexicanos que la reforma de Estado sea concluida, que además refleje, efectivamente, se mejore el funcionamiento de las instituciones públicas y que no van en sentido regresivo. Acabar con el régimen autoritario a introducir elementos de poder popular al poder público. Debe haber cambio de régimen político.

Tenemos claro que apenas estamos comenzando a construir instituciones democráticas, porque nuestra propia historia ha mostrado que quienes se han beneficiado de la democracia representativa ni siquiera han respetado los estrechos márgenes de libertad que brinda, toda vez que para conservar el poder han recurrido a fraudes sistemáticos.

Creemos que ha llegado la hora en que el pueblo de México debe rebasar el marco representativo de nuestra democracia y conjugarlo con la democracia directa y representativa, tal como se hace en la mayoría de las democracias del mundo.

Nosotros no tenemos porqué seguir rezagados en esta materia y, además, es una exigencia del pueblo de México que todo lo anterior se vuelva una realidad. Es momento de incorporar a nuestro marco constitucional las figuras de democracia participativa como son el plebiscito, el referéndum, la afirmativa ficta, la iniciativa popular y la revocación de mandato.

El país reclama cambios y se viven momentos cruciales para la república. El campo mexicano está en una difícil encrucijada y esta soberanía debe ser sensible a ello y coadyuvar para que salga adelante. Éste será uno de los temas centrales que abordaremos como fracción parlamentaria en este periodo ordinario.

Asimismo, estaremos alertas y promoveremos que el congreso de la Unión y la administración federal trabajen a favor de mejorar las condiciones de vida de los hombres del campo y de los desposeídos de nuestro país.

En este contexto, la renegociación del capítulo agropecuario del TLC es un tema prioritario y estratégico de este periodo de sesiones. En tanto, de todas formas, la nación mexicana debe defender su campo y a sus trabajadores.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo ha incluido como parte de su agenda legislativa la propuesta de que los campesinos mexicanos cuenten con programas de financiamiento o subsidios a sus actividades productivas, para garantizar la soberanía alimentaria y para enfrentar la coyuntura económica de desaceleración mundial.

Propondremos a la Cámara de Diputados facultades para legislar en materia de reglas de operación de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en conjunción con el Ejecutivo federal, con el objeto de que los recursos lleguen de manera oportuna y en su totalidad a los beneficiarios y para que se acaben las cancelaciones que el Ejecutivo suele hacer de los planes y acuerdos de este Congreso.

Nuestra primera acción como legisladores será proponer que en las actuales condiciones por las que atraviesa el ciclo económico mundial, que el Ejecutivo federal presente de manera inmediata el plan de acción indispensable para atenuar las consecuencias sobre México, de la desaceleración económica en el mundo.

Entre otras medidas, debe considerarse un paquete de reformas que consideren la reducción y la eliminación de impuestos, la reducción de las tasas de interés, el aumento del gasto en infraestructura en comunicaciones y transportes, la reducción de las tarifas de luz, los precios del gas, del diesel y de las gasolinas, así como mayor inversión en la construcción de vivienda popular, por ser un sector en el que tenemos déficit de vivienda y por lo tanto, no sería inflacionario.

Compañeras y compañeros diputados. En el Partido del Trabajo y su Grupo Parlamentario no permitiremos que se agravie al pueblo mexicano privatizando los recursos de la nación y mucho menos que sean transferidos a manos de extranjeros.

Para nosotros está claro que el Estado mexicano está promoviendo una corriente de opinión contraria a los intereses del pueblo al plantear que Pemex, la CFE y Luz y Fuerza del Centro requieren capital privado para seguir operando. Pretextos para obtener objetivos negativos para los mexicanos.

Este hecho es totalmente falso porque gracias a los cuantiosos recursos que estas empresas pagan como impuestos y contribuciones, así como los enormes excedentes petroleros, los grandes capitalistas de este país no pagan los impuestos que debieran pagar. Por tanto, la viabilidad de estas empresas mexicanas depende de que se lleve a cabo una aplicación puntual de los impuestos que se pagan y deben pagar para que no se usen en el gasto corriente y sí sirvan para financiar los proyectos que demanda el sector energético.

Tampoco permitiremos que se quieran conculcar las conquistas laborales que los trabajadores mexicanos han logrado, incluso a costa de su propia sangre, en la historia pasada y reciente de nuestro país, porque la reforma laboral que propone el gobierno incluye la cancelación del contrato colectivo, la cancelación de la jornada de trabajo para la imposición de pago a destajo, así como la anulación de la libre sindicalización, para llevarlos a un esquema de sindicatos patronales.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Rubén Aguilar Jiménez. Se concede ahora el uso de la palabra a la diputada Patricia Castillo Romero, del Grupo Parlamentario de Convergencia, hasta por cinco minutos.

La diputada Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero: Gracias, señor Presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el 2008 empieza con grandes pendientes para la Cámara de Diputados: la elección de los consejeros del IFE, la aprobación de la reforma judicial y el fin de la Ley para la Reforma del Estado.

El primer caso es, sin duda, grave, porque ejemplifica la prepotencia de las fuerzas políticas mayoritarias que no sólo nos obligaron a violar la Constitución en diciembre, sino que además continúan en su negociación de cuotas para repartirse el IFE. Seguramente por eso no hay muchos diputados en esta sesión el día de hoy.

Convergencia ha ofrecido una solución que permita recuperar algo del decoro perdido: elijamos por insaculación al consejero presidente y a los dos consejeros más.

Demos imparcialidad y ciudadanicemos el proceso. Regresemos al IFE su autoridad moral y la confianza de la ciudadanía y, por qué no, escojamos a los tres consejeros que por mandato de ley habrán de asumir sus cargos en agosto. �¿O acaso queremos volver a tener este estancamiento a fines de abril o resolverlo en un periodo extraordinario? Es la usanza, parece ser.

Con ánimo constructivo la fracción de Convergencia está dispuesta a aprobar cuanto antes las reformas al sistema de justicia. Qué bueno que la colegisladora corrigió lo que era inaceptable para nosotros y para el pueblo: dotar a la policía con una patente de corso para violar las garantías individuales que tutela la Constitución. Sin embargo, como grupo seguiremos insistiendo en la necesidad de ampliar esa reforma para darle autonomía a la Procuraduría General de la República y para quitar al Ministerio Público el monopolio de la acción penal, porque queremos que el ciudadano tenga formas más eficientes de procuración de justicia.

Al concluir este periodo ordinario termina también la vigencia de la Ley para la Reforma del Estado. Tenemos que aceptar, a tres meses de que finalice la vigencia de la ley, que los resultados no son los esperados al privilegiar el aspecto político que pervirtió el espíritu pluralista con el que nació la ley.

La CENCA se convirtió en una coartada para los acuerdos de sólo tres partidos. Y qué cara ha salido esa negociación y esa ley al pueblo de México.

A nosotros nos interesa más el tema de garantías sociales. Creemos firmemente que la dimensión social de la reforma es un mayor beneficio para la ciudadanía que los arreglos entre los políticos. Necesitamos un Estado democrático, social y de derecho, capaz de generar un proyecto de nación que dé esperanza a los millones de pobres, generen empleos bien remunerados, propicien el desarrollo, reduzcan las desigualdades sociales, fomenten la empresa socialmente responsable y vinculen conocimiento al desarrollo económico.

Impulsaremos iniciativas en apoyo de grupos vulnerables y trabajaremos con la armonización del marco jurídico interno, con los instrumentos internacionales ratificados por México en materia de derechos humanos.

Para nosotros serán muy importantes las iniciativas que se puedan impulsar para combatir y erradicar cualquier tipo de discriminación. En sentido paralelo también fortaleceremos diversas normas para ofrecer igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, promoviendo políticas públicas integrales con enfoque de género. Es preciso garantizar los derechos humanos de toda persona que se encuentre en territorio nacional, incluyendo los extranjeros sin documentos migratorios.

Se habla ya de la intención del Ejecutivo de emprender una reforma al sector de energía. Desde aquí le decimos: Convergencia se opondrá a cualquier intento de suprimir la propiedad pública en las empresas del sector, pero apoyaremos todas las medidas que permitan su modernización y garanticen su viabilidad futura. El petróleo y su industria son bienes públicos y propiedad de la nación.

Como un partido que está a favor de los acuerdos y que es respetuoso de la pluralidad en el Congreso, mantendremos contacto con todas las fuerzas políticas presentes en la Cámara. Los consensos son deseables para nosotros, pero no a costa de los principios que defendemos.

Convergencia reitera al inicio de este nuevo periodo ordinario, su compromiso con la sociedad para dar un nuevo rumbo a la nación. Esperemos que así sea. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Patricia Castillo Romero. Se le concede el uso de la palabra al diputado César Duarte Jácquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado César Horacio Duarte Jácquez: Gracias, Presidente. Para el Partido Revolucionario Institucional, el inicio de ese periodo de sesiones, último sin la sombra del proceso electoral 2009, es trascendental. Es trascendental porque iniciaremos por desahogar la institución más importante como eje rector de los procesos electorales del país. Desahogar la responsabilidad en los tres consejeros, al sancionarlos junto con el consejero presidente, resuelve y le da una dinámica a esa institución que debemos seguir fortaleciendo. Ese compromiso ha quedado saldado al resolverlo esta semana y sin duda será de los puntos más trascendentales de este periodo.

Otro tema que preocupa y nos ha ocupado en el Poder Legislativo ante la serie de inconformidades que han salido a las calles del país por el tema de la aplicación del presupuesto 2008, con reglas de operación en el tema del campo. Hemos sido enérgicos porque fuimos a una reforma fiscal para que el país y el campo tuvieran mayores recursos.

Fuimos atendiendo y condensando acuerdos que pudieran compactar los programas y la aplicación más eficiente de los recursos en el campo de México. Pero nos sentimos utilizados, porque de manera unilateral la Sagarpa ha pretendido establecer reglas del juego, excluyendo naturalmente a quienes construimos acuerdos. Hoy se justifica que esos acuerdos se dan con organizaciones que no existen. Y que les quede muy claro, tampoco tienen un solo diputado.

Así es que esa dinámica que ha llevado a un falso debate y a una confrontación permanente, debemos resolverlo por el bien del país, por el bien del país, porque no puede esta Cámara seguir limitándose en sus facultades constitucionales en el tema del gasto, en el tema del Presupuesto, a que finalmente el Ejecutivo —de manera discrecional— atienda o aplique los recursos en donde convenga.

Debemos madurar en el ejercicio y en la relación. Hacemos un llamado al Ejecutivo, para que esa relación verdaderamente se constituya en dos poderes que deben mantener un vínculo institucional y hacer políticas públicas en bien del país.

Habremos, y es un acuerdo muy claro del grupo parlamentario, ser exigentes y estrictos en la aplicación de las facultades constitucionales que los legisladores tenemos, que los diputados federales tenemos, para la aplicación del gasto.

En el tema del Presupuesto el seguimiento de éste es fundamental, porque los problemas que se han degenerado en seguridad pública son problemas que viene naturalmente de un conflicto económico-social que ha expulsado a los habitantes del campo, que ha expulsado a los habitantes de las zonas pobres de las ciudades del país, a que sean los elementos y los soldados del crimen organizado.

Es un tema que tenemos que resolver de fondo, y no con armas y tanquetas. Sofocar la degeneración del problema social de la seguridad pública es un tema que debe llevarnos con una gran responsabilidad y dejar a un lado el debate falso y, sobre todo, la descalificación de las instituciones.

Mi partido, el partido histórico, hoy 5 de febrero reconoce, en el marco constitucional, el espléndido eje para que los poderes, como el nuestro, tengan la participación responsable que el pueblo de México nos exige.

Es por eso que en el tema de la reforma energética estamos esperando la iniciativa del presidente o de su partido. Desde aquí lo sostenemos y, que quede claro, en ningún momento permitiremos dejar a un lado la rectoría del Estado en el tema energético.

Estamos conscientes de las dificultades económicas de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, pero también tenemos, sin duda, las mejores herramientas para poder hacer de estas empresas, como lo han sido, los motores económicos del país.

Así, pues, entramos con una actitud constructiva, positiva, abierta y de la enorme responsabilidad que mi partido, el partido histórico, le ha abonado a la tranquilidad, a la gobernabilidad y al desarrollo del país. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado César Duarte Jáquez. Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez: Diputadas y diputados, objetivo fundamental del Grupo Parlamentario del PRD es: un México más justo y democrático.

Un México que signifique una patria para todos. Un país donde todas las mujeres y los hombres tengan condiciones dignas de vida, que hagan realidad los derechos consagrados en la Constitución y que le den vigencia a los derechos sociales. Abatir desigualdades y defender el patrimonio de los mexicanos será nuestra prioridad.

La agenda parlamentaria que presentamos hoy, sintetiza las propuestas formuladas en la plataforma de la Coalición por el Bien de Todos, del Frente Amplio Progresista y de la Convención Nacional Democrática.

Recoge, en suma, los compromisos adquiridos por nuestras legisladoras y legisladores con la sociedad y con un amplio movimiento popular que respalda su lucha por democratizar al país y erradicar la iniquidad y las desigualdades ancestrales.

Hoy, que en el mundo se muestran los avances de gobiernos con una visión social, al mismo tiempo, el neoliberalismo entra en una de sus más claras contradicciones, cuando en Estados Unidos, su principal promotor, se aplica un programa de fomento al consumo interno que, de aplicarse en México, ellos mismos llamarían "populismo".

Entregamos un documento amplio que aborda de manera detallada una visión de país sin discriminación y sin pobreza. Pero de manera sobresaliente abordamos lo siguiente en la agenda social.

En el marco de la reforma del Estado, avanzar en los temas relacionados con las garantías sociales como: elevar a rango constitucional los derechos humanos y el derecho a la alimentación, aprobar la pensión universal ciudadana.

En el ámbito laboral fomentaremos una reforma que impulse la competitividad para fortalecer a las empresas mexicanas, generar los empleos que tanto se requieren, sobre todo aquellos que proporcionan un ingreso razonable para una vida digna de los trabajadores.

Pero nos opondremos a cualquier intento de reforma a la legislación laboral que implique un retroceso para los trabajadores y atente contra sus derechos, como la estabilidad en el empleo, la organización sindical, la contratación colectiva, la seguridad social y el derecho a huelga.

En materia educativa impulsaremos una reforma para abatir los rezagos del sector en materia de cobertura, eficiencia terminal, calidad y presupuestación que fortalezca además su carácter público y gratuito en todos los niveles. Defenderemos un mejor trato para las universidades públicas y las normales rurales y, en general para todas las instituciones públicas, sobre todo en nivel medio superior y superior.

Necesitamos más oportunidades para muchos jóvenes a los que año con año el país les cierra la puerta al negarles un espacio para estudiar una profesión.

En la agenda económica, en el sector energético nos opondremos decididamente a que se privaticen nuestros recursos naturales, y a que el dominio de la energía eléctrica y el petróleo pase a particulares bajo cualquier modalidad, pues con un cambio de nombre no permitiremos que el patrimonio del país cambie de manos.

Defenderemos la soberanía nacional y las actividades estratégicas de la economía a cargo del Estado, desarrolladas a través de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que se siga aplicando el dogma neoliberal de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.

Defenderemos y daremos seguimiento a la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de diversos grupos parlamentarios contra el gasolinazo.

Buscaremos que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte nuestros campesinos tengan mejores condiciones que les permitan competir con nuestros socios comerciales.

Queremos campesinos prósperos. Nuestros campesinos son reconocidos por su entrega al trabajo y si no están como debieran se debe fundamentalmente a las erráticas políticas del gobierno federal.

Impulsaremos una reforma migratoria. Lograr, a través de la creación de una comisión bicameral, cabildear con los candidatos norteamericanos para una posible reforma migratoria integral que beneficie a los trabajadores migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos.

En materia de derechos humanos pugnaremos porque la reforma constitucional en materia de derechos humanos, así como una ley de amnistía se aprueben antes que la reforma sobre justicia penal en discusión.

En otros temas relevantes promoveremos la reforma constitucional sobre libertad de expresión y medios de comunicación ya presentada por el PRD. En consecuencia, propondremos reformar la Ley Federal de Radio y Televisión para crear un nuevo pacto entre el Estado, los medios y la sociedad en materia de comunicación.

Queremos también recuperar la paz y la seguridad, no permitiremos que el Estado mexicano se vea desafiado, amenazado y, mucho menos, rebasado por el crimen organizado.

En materia de fiscalización superior propondremos los cambios necesarios en la legislación, derivados de la reforma constitucional, para que permitan consolidar el proceso de revisión de la cuenta pública.

Y por último, en la elección de los nuevos consejeros electorales, nuestro grupo parlamentario insistirá en que el perfil del nuevo consejero presidente del IFE, así como de los consejeros electorales que deberá elegir la Cámara de Diputados responda a las necesidades de independencia, profesionalismo, imparcialidad y experiencia por encima de los intereses partidistas. Muchas gracias, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Francisco Javier Calzada Vázquez. Se le concede el uso de la palabra, al diputado Adrián Fernández Cabrera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Adrián Fernández Cabrera: Con el permiso de la Presidencia. Señoras diputadas y señores diputados, Acción Nacional presenta los temas prioritarios que conforman la agenda legislativa que guiará nuestro trabajo durante los próximos meses.

En primer lugar, manifiesto a ustedes nuestra preocupación por la situación de las empresas públicas encargadas de generar y dotar de energía nuestro país, así como la situación de los recursos, reservas y suministros energéticos.

Acción Nacional, asume el compromiso de realizar un diagnóstico amplio y exhaustivo en materia energética para, en su caso, integrar una iniciativa que contemple la sustentabilidad de los recursos, pensando en el corto, mediano y largo plazo.

Cabe señalar, como lo hemos dicho, que nuestra propuesta por ningún motivo será la de privatizar las empresas del Estado, por ningún motivo las venderemos a inversionistas extranjeros y por ningún motivo o razón será una propuesta que vulnere la soberanía nacional.

En materia de democracia y fortalecimiento institucional seguiremos puntualmente con el proceso de reforma de las 16 leyes secundarias, pendientes para complementar la reforma constitucional en materia electoral aprobada por el Congreso el año pasado.

Como protagonista de la transición democrática de México, Acción Nacional buscará que las reglas del juego electoral dejen satisfechos a todos, que se apliquen a la vista de todos para que en el 2009 se realice un proceso electoral cuyos resultados sean aceptados por todos.

Con el fin de consolidar las instituciones del Estado, el Grupo Parlamentario del PAN considera necesario empezar por casa; por ello, queremos impulsar la modernización del marco jurídico del Congreso, con el fin de que el trabajo legislativo rinda mejores frutos; esto es lo que espera la sociedad de nosotros y debemos ser ejemplo que acompañe a las grandes transformaciones de nuestro país.

En este sentido, nuestro deber es modificar ya el obsoleto e insostenible formato del informe presidencial. Ya basta que el 1 de septiembre sea causa de desencuentros, conflictos entre partidos y cerco policial al Palacio Legislativo. Legislaremos para encontrar el marco de una ceremonia republicana que permita el diálogo, una verdadera rendición de cuentas y respete la dignidad del Ejecutivo y del Legislativo.

Otro tema a impulsar es el tema de seguridad pública y justicia. Trabajaremos para concluir los esfuerzos realizados en el anterior periodo de sesiones. En materia social, impulsaremos los mecanismos legales y presupuestales que permitan que la pensión universal para adultos mayores sea viable, y se garantice la transparencia en la entrega de estos recursos.

En lo que respecta a salud pública, propondremos una reforma para garantizar los servicios básicos mediante la cobertura universal de los mismos. Queremos un país sano, que nadie se quede sin la posibilidad ser atendido en los centros de salud a causa de su condición económica o social.

Impulsaremos reformas para garantizar que los pacientes en estado terminal tengan acceso al tratamiento en contra de dolor y, de esa forma, evitar el sufrimiento tanto del propio paciente como de sus familias. No se trata de cortar la vida de nadie o de decidir sobre el otro, sino simplemente ayudar a las personas a morir sin dolor. A terminar su vida en las mejores condiciones posibles.

Aunado a esto, estamos decididos a impulsar una cultura de donación de órganos para su utilización en transplantes. Estamos conscientes de los grandes problemas que enfrenta nuestro país en materia agropecuaria. Es por ello que estaremos atentos a la discusión y análisis de los temas que permitan al campo mexicano salir adelante.

Acción Nacional propondrá reformas a la Ley de Metrología y Normalización con el fin de establecer estándares de calidad a los productos agropecuarios para que, de esta forma, compitan con productos semejantes de otros países; y que los elementos de producción y comercialización externos afecten lo menos posible a nuestros productores.

Es necesario reglamentar la publicación del padrón de beneficiarios de los programas sociales destinados al campo para que exista transparencia y no se utilicen los recursos de manera parcial con fines electorales.

En Acción Nacional tenemos un gran compromiso con el medio ambiente, los recursos naturales y, particularmente, nos preocupa el tema del tratamiento de aguas residuales. Es urgente una reforma a la Ley de Aguas Nacionales que contemple el tratamiento del vital líquido como una prioridad, es un recurso que sin duda debemos cuidar.

Asimismo, y con el mismo fin, vamos a proponer una iniciativa que establezca un sistema de codificación nacional ambiental. Los diputados federales del PAN nos comprometemos a impulsar los acuerdos que conlleven la aprobación de todos aquellos relevantes para la nación. Actuaremos responsablemente bajo la exigencia y escrutinio de la sociedad. Haremos propuestas serias no derivadas de meras coyunturas, sino pensando en el presente y en el futuro de México. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias diputado Adrián Fernández Cabrera.

El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento en conmemoración del 5 de febrero, y se han registrado para referirse al tema, las siguientes diputadas y diputados: diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo; el diputado Alan Notholt Guerrero, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia; el diputado Luis Enrique Benítez Ojea, del Grupo Parlamentario del PRI; el diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD, y el diputado Juan José Rodríguez Prats, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Por lo que se le concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras diputados.

La promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una de las consecuencias más significativas de la Revolución Social Mexicana de 1910. El Constituyente de Querétaro procedió a la adecuación de la Ley Fundamental del país; era necesario incorporar las demandas de las grandes mayorías de la población, particularmente se trató de atender las aspiraciones de las clases marginadas.

La Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, una de las más avanzadas del mundo, tomó en cuenta los postulados de la conciencia social como el derecho a la educación, los derechos agrarios y laborales, para lograr la gobernabilidad y la consolidación de los derechos ciudadanos y responder a problemas urgentes, como es el de los derechos indígenas.

Los principios contenidos en nuestra norma fundamental deben ser una realidad, por lo que no valen discursos demagógicos y populistas. Sin excepción, todos debemos conocer las bases del pacto social establecido entre las instituciones con el fin de fortalecer la convivencia pacífica, así como los fundamentos jurídicos del carácter republicano y las reglas que sustentan el pacto federal.

La celebración del aniversario de la norma suprema es una oportunidad para la reflexión del estado en que se encuentra la sociedad y de verificar si el gobierno de la república está rigiendo su mandato mediante el fiel cumplimiento de los preceptos constitucionales.

En Nueva Alianza nos preocupa que aún haya conflictos políticos que afectan la actividad legislativa y la consecuente mejora de la sociedad mexicana. Entre las dificultades que agobian a la mayoría de la población señalemos los más relevantes: la extrema pobreza en que está sumergida gran parte de la sociedad, la falta de oportunidades para los jóvenes, una inflación latente en los productos básicos, la inseguridad que sufre la ciudadanía, la falta de una política exterior acorde a las nuevas circunstancias que vive el mundo, un salario mínimo raquítico, por sólo mencionar algunos.

La justicia social es el rumbo que el país debe seguir para hacer posible las aspiraciones de todos los mexicanos. El trabajo y el pacto social es el compromiso inmediato de los actores políticos y de los diversos sectores de la sociedad, porque sólo juntos y unidos haremos posible que las familias colmen sus satisfactores.

Finalmente, me parece importante recordar que el discurso oficial debe ser congruente con la realidad social. De esta forma se pueden mejorar los niveles de credibilidad de los mexicanos en las instituciones sociales, que debe estar comprometida con las normas jurídicas que rigen la vida nacional.

Una tarea primordial e ineludible es ponderar prácticas que tiendan al respeto y a la búsqueda de acuerdos entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, porque en términos de la Constitución los tres son la base que sustenta el pacto federal y el carácter republicano de México.

Por otro lado, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que el mejor camino para abordar el proceso de reformas estructurales que tanto necesita el país es mediante el trabajo y formular una agenda de contenidos que procuren los mayores acuerdos posibles entre los partidos políticos, por lo que es necesario reconsiderar las alternativas de solución al tratar el tema de la Constitución vigente en el México del siglo XXI.

Es urgente concienciar a la nación sobre este tema e indispensable que la cultura constitucional impere en todos y en cada uno de los mexicanos, pero sobre todo en las legisladoras y en los legisladores, representantes de la legitimidad de una nación, del pueblo de México.

Los legisladores de Nueva Alianza trabajando por la unidad nacional, anhelamos celebrar un aniversario por el cumplimiento de la Constitución de 1917, un aniversario en que las garantías individuales, sociales y económicas consagradas en nuestra Carta Magna se respeten y se cumplan.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Mónica Arriola. Se concede ahora el uso de la palabra a la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos. Permítame un segundo, compañera diputada.

Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: �¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Aún está abierto el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 445 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 445 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias. Adelante, diputada Maciel Ortiz.

La diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Con el premiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. El día de hoy, 5 de febrero de 2008, conmemoramos el 91 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.

Nuestra norma fundamental es producto del proceso social armado iniciado en 1910. Este texto ha sido reformado y adicionado en infinidad de ocasiones para permitir que la sociedad mexicana tenga viabilidad institucional. Algunas reformas han sido malas y otras peores, como la contrarreforma al artículo 27 constitucional en 1992, para privatizar la propiedad social.

Sin embargo, de los aspectos fundamentales que podemos destacar del texto original que actualmente nos rige es la incorporación de las garantías sociales para establecer los derechos de los campesinos en el artículo 27 y de los trabajadores, consignado en el artículo 123 constitucional. Nuestra Constitución hoy se ve seriamente amenazada por intentos de contrarreforma.

Cuando el modelo económico neoliberal avasalla los derechos de los pueblos, se pretende modificar el artículo 123 para conculcar los derechos de los trabajadores, cancelar el derecho de huelga, la jornada máxima de trabajo y la libertad sindical, entre otros derechos.

Pero no sólo son los derechos de los trabajadores los que se ven amenazados, también se pretende privatizar los recursos del subsuelo, en particular, para que los inversionistas privados se apropien del petróleo que a la nación, a los mexicanos, todos, nos pertenece.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo aprovecha esta oportunidad para dejar en claro, de manera categórica, que el petróleo no se vende. Que les quede claro a quienes pretenden regalar los activos de la nación: un no rotundo a la privatización del petróleo mexicano, un no rotundo a la modificación al artículo 27 para permitir la inversión extranjera en Pemex.

El Partido del Trabajo y su Grupo Parlamentario en esta Cámara de Diputados es solidario con los campesinos que enfrentan una férrea batalla para defender su derecho a la tierra y el derecho de todos los mexicanos a la alimentación.

Qué poca memoria histórica de aquéllos que olvidan o, en el peor de los casos, ignoran el papel decisivo que los campesinos tuvieron en la Revolución de 1910. Para ellos y para los obreros de México nuestra solidaridad fraterna y el mensaje de que el Partido del Trabajo no claudicará en la defensa de sus derechos.

A 91 años de la Promulgación de la Constitución que nos rige debemos hacer efectivos los derechos que la propia Constitución nos otorga. Debemos pugnar por un efectivo acceso a la salud, por un efectivo derecho a la vivienda y fundamentalmente, porque la educación que el Estado mexicano imparte sea de calidad y que permita contribuir a transformar la realidad material de los mexicanos y que no se le conciba como un medio para contar con mano de obra calificada que permita su explotación y el aumento de la riqueza de la clase empresarial.

La sociedad mexicana actual presenta graves contradicciones en su seno. Casi 40 millones de mexicanos se encuentran en la línea de pobreza extrema; millones de mexicanos se han visto obligados a emigrar por no encontrar en México un empleo dignamente remunerado que les permita sostener a sus familias. Éste es el México de desigualdades que enfrentamos y las que tenemos que superar.

Sólo la unidad de las fuerzas progresistas de este país podrá evitar que se sigan conculcando los derechos de todos los mexicanos. Invocamos la unidad de la izquierda, de las fuerzas de izquierda de nuestro país para evitar que la derecha nos avasalle. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada María Mercedes Maciel Ortiz.

Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Alan Notholt Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El diputado Alan Notholt Guerrero: Muchas gracias, diputado Presidente. Nuestra Constitución desde sus inicios ha sido objeto de innumerables debates en el ámbito político, jurídico y social y ello es resultado de la importante función que desempeña como pilar en la construcción de nuestra nación y como base de todos nuestros marcos normativos, conformando con ello, la identidad del pueblo mexicano.

Nuestra Carta Magna cumple 91 años de haber sido promulgada y ha sido objeto de innumerables cuestionamientos sobre su vigencia, ya que hemos de recordar que la Constitución tiene sus raíces en las constituciones de 1824 y de 1857, cuyo fin ha sido la construcción de un Estado republicano, representativo, democrático y federal, características que aún persisten en nuestra forma de gobierno.

A lo largo de estos 91 años nuestra Carta Magna ha ido adoptándose a la fisonomía y necesidades de un Estado moderno, en donde el pueblo mexicano ha ratificado su deseo de constituirse en un estado soberano en el cual el pueblo elige a sus representantes y en donde los gobernantes ejercen el poder en representación del titular de la soberanía, es decir, el pueblo.

Por este simple hecho los mexicanos gozamos de la igualdad en el disfrute de los derechos políticos, sociales y humanos que nuestra Carta Magna nos otorga.

Así pues, tenemos como resultado de todas estas modificaciones a nuestra Carta Magna, un Estado en el que la paz social e institucional permitan la transmisión periódica y pacífica del poder, elementos indispensables en todo Estado democrático que evoluciona de acuerdo a las necesidades y exigencias de un mundo moderno.

Por ello considero que la evolución del Estado mexicano tiene su sustento en la fortaleza política, jurídica y social de nuestra Carta Magna, en donde las constantes transformaciones estructurales de la sociedad han dado como resultado un crecimiento del pluralismo político de nuestra nación, en donde la construcción colectiva de acuerdos ha impactado en todos los ámbitos de la vida nacional, traduciéndose en un intenso trabajo legislativo que intenta poner a México en la mira mundial como un país constructor de acuerdos y respetuoso de los derechos humanos.

Hoy en día las modificaciones hechas en nuestra Carta Magna son impensables sin el curso y el consenso de las fuerzas políticas presentes en las Cámaras del Congreso de la Unión.

Tal situación, además de que ha fomentado la cultura del diálogo y el acuerdo, ha propiciado una mayor representatividad y legitimidad de las formas a la Ley Fundamental, haciendo posible la reproducción estable de una comunidad compleja y plural.

Es por ello que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no debe verse como un documento cerrado cuyo fin último sería la coherencia interna y mantenimiento como pieza jurídica inmutable.

Las modificaciones a nuestra Carta Magna, que en los años recientes se han dado en el marco del proyecto sobre la reforma política del Estado, han tenido como común denominador la transformación de nuestro entramado jurídico institucional, a fin de que siga siendo la traducción legal de las sentencias y demandas de una sociedad abierta y plural, que no guarda mucho parecido con aquella que prevalecía hasta hace apenas unas cuantas décadas.

Es así que nuestra Constitución ha enfrentado el desafío de actualizar su modelo de organización político-institucional, de cara a un tejido social que ha tenido alteraciones drásticas en todos los órdenes, desde el demográfico y educativo, hasta el económico y el político.

En este sentido, las reformas constitucionales han tocado distintos aspectos esenciales de la vida política nacional, resultados que han permitido llevar adelante las trasformaciones estructurales estatales y también de la relación entre el Estado y la sociedad.

La evolución constitucional de los últimos años ha abarcado aspectos tan importantes como el de la normatividad electoral, el equilibrio entre los poderes públicos y el impulso a federalismo.

Por esto, nuestra Carta Magna siempre será una referencia instituida de la vida nacional, en tanto derecho positivo y como instrumento privilegiado de una transición social y política que nos ha permitido ubicarnos en una fase de desarrollo político distinta a la que nos encontrábamos hace algunos años.

La premisa para seguir avanzando en la construcción de acuerdos tendrá que ser el establecimiento de esquemas de negociación política que partan de la convicción de que nuestra Carta Magna permite recrear la pluralidad, sin la cual sería difícil alentar el bienestar y la justicia social para los mexicanos.

Para mirar al futuro es esencial considerar lo que hasta ahora se ha logrado y ello forzosamente nos remite a nuestra Carta Magna: pilar indiscutible de nuestra soberanía. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Notholt Guerrero. Se concede el uso de la palabra al diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Esta Presidencia aprovecha para saludar a los alumnos del Colegio Liceo del Valle, de Toluca, Estado de México, y a los alumnos de la escuela primaria Gabriela Mistral, del Estado de México. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

El diputado Elías Cárdenas Márquez: Con su permiso, señor Presidente. Distinguidos legisladores y distinguidas legisladoras, desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el actual, el desmantelamiento constitucional del Estado mexicano mediante la reforma soterrada o abierta, o desde la aprobación de leyes reglamentarias y secundarias, es hoy práctica intensificada y consuetudinaria.

La soberanía nacional ha sido una de las principales víctimas tanto de las derechas pragmáticas, como de las izquierdas modernizadoras y flexibles. El patrimonio nacional es diariamente enajenado a los intereses extranjeros y a capitales testaferros vía fideicomisos. Nuestros litorales y fronteras, a contrapelo de lo establecido en el artículo 27 constitucional, son entregados a inversionistas en aras de crear empleos para el turismo, la pesca y actividades conexas.

El artículo 3o. cotidianamente es desvirtuado de sus nobles propósitos y en sus bases constitucionales de la educación en México, por la ineficacia deliberada del gobierno y las complicidades con los mercaderes de la educación y los líderes corruptos que han destruido los principios de la educación laica, democrática, solidaria y nacional.

Se ofende la dignidad de los ciudadanos al intentar aprobar la garantía de inviolabilidad del domicilio al autorizar a la policía y al ejército a realizar cateos sin previa orden judicial, como lo disponen los artículos 14 y 16 de la Constitución, con el pretexto de combatir la supuesta delincuencia organizada, que se encuentra precisamente infiltrada y enraizada en los propios cuerpos militares y de seguridad pública.

La rectoría del Estado y la planeación democrática que contemplan los artículos 25 y 26 se han convertido en auténticas falacias, cuando no en ruinas de propósitos y deseos jamás cumplidos. Ahora mismo, en este espacio donde debería imperar la majestad de la Ley Suprema, se urde la privatización del petróleo y demás energéticos, en abierta traición histórica a los principios rectores establecidos en nuestros primigenios principios constitucionales de la Constitución de 1917.

Aún más, la designación de consejeros electorales ha dado motivo para acusar a la propia Cámara de Diputados de haber violado los transitorios constitucionales de la mal dada, desaseada y precipitada reforma electoral.

Pero no, señores. La violación proviene sólo de los coordinadores de los tres partidos tradicionales, no de la totalidad de los legisladores, líderes camarales cuyas incapacidades manifiestas los tienen atrapados en sus propios intereses políticos futuristas, pues han violado la norma constitucional que ellos mismos aprobaron.

Muchos legisladores, señores, no lo hemos aprobado. Por eso generalizar que la Cámara de Diputados ha aprobado esto, o ha fallado, o ha violado la Constitución, es simplemente una falacia.

Por eso, en este día de efemérides me interrogo, como lo hizo el artista plástico mexicano Gilberto Aceves Navarro, con motivo del sainete denominado "Celebremos México", en el Palacio de Bellas Artes, montado por Televisa y el presidente Fox, quien preguntó con ironía: "�¿qué celebramos, señor presidente?" Ante el tiradero que ha dejado el gobierno foxista en esta república.

Repito, �¿qué clase de efemérides conmemoramos, diputados y diputadas? �¿Seremos capaces —me pregunto— de salvar el decoro del mandato que nos concedió la soberanía popular a los integrantes de la LX Legislatura?

Recordemos nuestro juramento y protesta de hacer cumplir la Constitución y si no que la nación nos lo demande. A todos y a todas, gracias, muy amables.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Elías Cárdenas Márquez. Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda: Con el permiso de la Presidencia. El día de hoy conmemoramos el XCI aniversario de la Promulgación de nuestra Carta Magna, la cual, sin duda, es el resultado más acabado del triunfo de la Revolución Mexicana.

La Constitución, fundamento y razón de los objetivos democráticos y libertarios de los mexicanos, tiene en sus pasajes más prometedores la huella inconfundible de la pasión y el ingenio de los constituyentes, quienes en 1917 tradujeron el reclamo social y el aliento moral de la revolución en la norma fundamental de todas y todos los mexicanos.

El último gran movimiento popular de masas que alumbró al México contemporáneo inscribió sus razones en la Constitución y fijó los propósitos últimos de nuestra nación. Nuestra Constitución contiene los fundamentos normativos de la convivencia pacífica de los mexicanos en la democracia, las libertades, el respeto a los derechos y la relación con el exterior.

Ella consagra los fines del Estado y asegura la propiedad nacional, al tiempo que distribuye en un marco del equilibrio las funciones de cada uno de los poderes.

No debemos perder de vista que en este aniversario recordamos también una parte importante de nuestra historia nacional, porque no debemos olvidar que nuestra ley fundamental nace con el establecimiento de los ideales revolucionarios del pueblo mexicano.

En la Constitución del 17 se reconoció el poder del pueblo, mandatando que éste ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los estados en lo que toca a sus regímenes interiores.

La Constitución nos asegura el imperio del derecho para evitarnos el riesgo del dominio y la prepotencia de los hombres, libertades individuales garantizadas para que cada individuo pueda realizar plenamente todas sus capacidades, libertades políticas protegidas para que todos los ciudadanos, a través de las organizaciones que ellos mismos decidan darse, construyan y fortalezcan el Estado democrático.

Normas precisas, claras y ordenadas que determinen las acciones del gobierno y le fijen límites, normas para defender y promover los derechos sociales de los mexicanos.

Con toda razón llamamos a la Constitución, nuestra Carta Magna, la que otorga certeza jurídica a las relaciones entre la sociedad y las de éstas con el gobierno, la que no contempla otro privilegio que la igualdad ante la ley y el sometimiento a ella.

Pero también es la Carta Magna de la justicia social para todos, la que fija responsabilidades precisas e irrenunciables al Estado en la promoción de una sociedad regida por la equidad y la igualdad.

A través de sus grandes ejes normativos, la Constitución ha sido y es la gran convocatoria a la participación de todos los mexicanos en las tareas de consolidar al Estado, construir la nación y fortalecer la soberanía en el mundo contemporáneo.

Es una convocatoria nacionalista que nos ha unido y nos ha cohesionado. Durante más de nueve décadas, varias generaciones de ciudadanos han confiado en la Constitución y, bajo sus preceptos, han edificado el México que hoy está ante nosotros.

La Constitución del 17 ha sido siempre guía para la acción y el compromiso de los mexicanos. Es mandato vivo que ha dado dirección a las transformaciones del país. Durante estos decenios, los grandes cambios nacionales han encontrado su viabilidad a través de cada una de las reformas constitucionales emprendidas.

Recordar nuestra historia me anima a discutir el presente y vislumbrar el futuro. Sabemos que la Constitución Política ha sido objeto de numerosas reformas que han sido el pilar fundamental para construir nuestras instituciones y objetivar los más altos valores democráticos.

Por ejemplo, se ha reconocido el derecho de voto de las mujeres, se ha dado autonomía a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha fortalecido al Poder Judicial, se ha avanzado en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se han acotado los excesos de presidencialismo, se ha fortalecido al Poder Legislativo, se ha dado autonomía de los pueblos indígenas y se han hecho numerosas reformas en materia electoral para hacer efectiva la representación y lograr elecciones equitativas, transparentes y legales.

Los nuevos tiempos están orientados a reafirmar las bases del pacto social establecido entre las instituciones, con el fin de fortalecer la convivencia pacífica, así como los fundamentos jurídicos del carácter republicano y las reglas que sustentan el pacto federal.

Al Grupo Parlamentario del PRI le preocupa que haya aún problemas graves que limitan la marcha del país, lo que constituye una evidente contradicción con los mandatos constitucionales.

Nuestro país enfrenta muchos desafíos que no podemos ocultar ni ignorar, pero mucho menos heredar a las futuras generaciones. Es por ello que la reforma del Estado es una oportunidad para adecuar nuestra Constitución con los nuevos tiempos.

Compañeras y compañeros legisladores: somos un pueblo que debe estar orgullo de sus raíces, y la Constitución es parte de esa rica memoria histórica. El país ha cambiado de manera gradual y paulatina. Somos una sociedad que ha consolidado su régimen de libertades y su sistema democrático.

La nueva economía y la apertura comercial, el rostro actual de la política y las aspiraciones de las nuevas generaciones reclaman un contrato social renovado. Los cambios se forjan en el seno de la sociedad, y sus inquietudes y demandas deben ser recogidas por nosotros, los legisladores, para convertirlas en alternativas que orienten en el quehacer nacional a un nuevo y más justo equilibrio federal.

Finalmente quiero resaltar que desde hace varios años buena parte de la discusión constitucional en México se ha centrado en la llamada reforma del Estado. Las sucesivas y constantes reformas a nuestra Constitución son un indicio de adecuación a los nuevos tiempos.

No debemos olvidar que la responsabilidad en las reformas que se han emprendido deberán estar encaminadas a recoger la demanda social, así como los avances observados en las más recientes experiencias de la modernidad política.

Compañeras y compañeros, ésta, la LX Legislatura, está llamada a ser la legislatura de los cambios y de las transformaciones de la nación mexicana. Hagámoslo, todos, con responsabilidad patriótica y republicana. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Luis Enrique Benítez Ojeda. Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El diputado Octavio Martínez Vargas: Con su permiso, compañero Presidente. Estamos en vísperas de festejar un centenario, el primer centenario de nuestra revolución. Un movimiento que se gestó precisamente por el incumplimiento de garantías individuales de los derechos sociales en nuestro país.

Fue Venustiano Carranza —quien por cierto lleva el nombre de esta delegación, Venustiano Carranza— quien convocó a elegir al nuevo Constituyente en el 16, a finales del 16, llamando a elegir un diputado por cada 60 mil habitantes. Se combatía en ese momento al usurpador, a Huerta, a él se combatía, al hombre que había despojado del poder a quien había sido electo.

Entonces Venustiano Carranza era gobernador de Coahuila. Junto con muchos hombres valientes iniciaron un levantamiento importante en el sur del país, en el norte, en el este y en el oeste, un movimiento revolucionario.

Una vez electo el Constituyente, recogieron los sentimientos más revolucionarios, más vanguardistas que había en nuestra república; me refiero al acta constitutiva de la federación, a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, a las siete leyes constitucionales de 1835 y 1836; por supuesto, a las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843 y, desde luego, no podía faltar el acta constitutiva y de reformas de 1847.

Y de igual forma recogían en esta documentación la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Las garantías individuales, los derechos sociales que se elaboraban por el Constituyente en la ciudad de Querétaro, dieron como resultado un documento que le dio a los mexicanos, en ese entonces, certidumbre y rumbo. Quedaron plasmados un número de artículos, capítulos y fracciones que fueron modelo en Europa.

Se hablaba, por ejemplo, de la educación gratuita, del derecho a la salud, de la libertad de tránsito, de la libertad de expresión, de la libertad de asociación. Por supuesto también se mencionaba con gran lucidez el tema y la protección a los ciudadanos de que cuidaran lo más preciado del ser humano: la propiedad privada, su patrimonio.

Por eso, desde entonces, fue constitucionalmente plasmado y prohibido el asunto de que nadie podía introducirse a un domicilio sin mandamiento judicial. �¿Dónde quedaron compañeras diputadas y compañeros diputados, los pensamientos de grandes hombres lúcidos que venían resguardando permanentemente las garantías individuales y los derechos sociales de los mexicanos?

Hace algunas semanas en este Constituyente Permanente dimos reversa a este avance importante. Estamos convalidando el allanamiento a las familias mexicanas. Grave error. Por eso, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este tema particular y muchos en lo general, estuvimos en contra, y lo vamos a estar permanentemente, porque va en contra y en perjuicio del genuino espíritu del Constituyente del 17.

Y de igual forma hay otros temas, sin duda importantísimos, que fueron plasmados en este documento. El juicio de amparo, por ejemplo. La garantías individuales del inculpado, temas sustanciales, vanguardistas que daban certidumbre y rumbo a nuestro país.

Ojalá que las próximas discusiones de este periodo que estamos iniciando privilegien el respeto a nuestra Constitución, privilegie la memoria de los hombres y mujeres que murieron no solamente en la Revolución, años atrás, décadas atrás que se construyó todo este acervo que sirvió para tener vigente la Constitución de 1917.

Ni un paso vamos a dar en mi grupo parlamentario para privatizar a Pemex. Ojalá que lo que han dicho aquí mis compañeras legisladoras y compañeros legisladores sea congruente con su actuar y mantengamos vivo el espíritu de nuestra Constitución vigente, que hoy nos rige y que en este Constituyente Permanente tenemos la obligación de mantenerla vigente y de respetar cada uno de los artículos que se contemplan en esta misma. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Octavio Martínez Vargas. Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Juan José Rodríguez Prats, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señor Presidente.

Cuando hemos escuchado hoy los discursos sobre la agenda legislativa de este periodo que se inicia, y sobre la efemérides que ha dejado de ser efemérides de la promulgación de nuestra Constitución, podemos ratificar una evolución clara y que estamos en otros sistema político.

A la Constitución se le ha bajado de su altar para analizarla como un documento jurídico. Por eso digo que ya no es efemérides, sino que es un análisis al que le deberíamos dedicar muchísimo tiempo para analizar sus efectos, sus orígenes y si realmente ha sido un documento útil que oriente la vida política nacional.

Hay muchas definiciones de Constitución, pero tal vez la más certera sea aquella que dice que se entiende por Constitución la que se refiere a los principios que están en el vértice de cualquier sistema normativo, principios, lo que está en el comienzo pero también lo que es fundamento de todo el aparato legal. Y a eso nos debe conducir si nuestra Constitución contiene principios o si en realidad —y creo que es una de sus fallas fundamentales—incurre muchas veces a nivel de reglas y a nivel de artículos casuísticos que de ninguna manera deben corresponder a nuestra Carta Magna.

Creo también que nuestra Constitución está conformada en el enfrentamiento de dos corrientes filosóficas jurídicas, por una parte el liberalismo del siglo XIX, poniendo énfasis en el respeto a los derechos humanos, y por otra parte el nacionalismo revolucionarios del 17, que pone énfasis en el fortalecimiento del Estado, y esto hace que nuestra Constitución sea ambivalente, esto hace que sea contradictoria y esto obliga al Legislativo a un análisis objetivo.

Tal vez lo más importante —y yo creo que lo requiere México— sea precisar el alcance del derecho, para qué sirven las normas jurídicas, qué es el derecho. Creo que hemos sobre estimado los efectos que puede tener en la realidad y ésta ha sido una falla que hemos arrastrado desde el origen de nuestra vida independiente, por eso creo que tenemos un excesivo derecho, 249 leyes federales; 97 de las cuales se han promulgado en los últimos 10 años; un derecho que contrasta mucho con la realidad, un choque entre el México legal y el México real.

Desafortunadamente hemos sido negligentes haciendo normas y hemos sido persistentes en violarlas y creo que eso es nuestra tarea, hacer un derecho que podamos identificar con la realidad. Así pienso en una frase certera de Lenin cuando hablaba de aquel pescado que, estando a la orilla del mar, en lugar de brincar al agua murió soñando que era pájaro. Y eso nos sucede mucho cuando hacemos nuestras iniciativas. Nos olvidamos de la realidad y ante nuestra impotencia para transformar nuestra realidad, nos conformamos con modificar las leyes.

Una Constitución, o es un cuerpo de leyes obligatorias o no es nada. No interpretemos en forma equivocada nuestra realidad ni hagamos refugio del derecho de anhelos e ilusiones.

La realidad camina muchas veces más aprisa. El derecho sigue la realidad y la guía, pero yo podría decir que, por ejemplo, el 2 de julio de 2000 la ciudadanía de México modificó radicalmente nuestro esquema jurídico, con su voto y con la transición derogó todas las normas no escritas, pero que regían a la vida política nacional.

Hoy estamos sujetándonos a la norma jurídica y por eso creo que es conveniente analizar, por ejemplo, la tesis profesional de Benito Juárez que defendió en 1829 para obtener el título de licenciado en derecho. Ahí, Benito Juárez hablaba de la responsabilidad de los poderes, pero también, que al final de cuentas, del pueblo emanará la última palabra.

Creo que iniciamos un periodo de sesiones —termino, señora Presidenta— y si el derecho busca la justicia, si el fin del derecho es la justicia, creo que la justicia es, sobre todo, una ética de respeto. Comprender es respeto hacia el otro; es comprender la justicia.

El Nigromante, Ignacio Ramírez, uno de los más grandes legisladores, observa que se conocen dos clases de constituciones: una, inventada por los que viven de los abusos para defender el statu quo; y otras, cuyo medio intentan los oprimidos, para abrirse paso a la libertad y a las mejoras. Ojalá estas ideas nos orienten, porque como Poder Legislativo no podemos perder el tren de la historia, y debemos estar a la altura de lo que el pueblo de México espera de nosotros.

Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Juan José Rodríguez Prats.

Esta Cámara de Diputados da la más cordial bienvenida a los invitados especiales del estado de Chiapas que se encuentran aquí con nosotros. Muchas gracias.

El siguiente punto del orden del día es la discusión o el posicionamiento relativo al impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el campo mexicano. Para este caso se han inscrito los siguientes diputados.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, el diputado Pablo Arreola Ortega, el diputado Jesús Sesma Suárez, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, el diputado Héctor Padilla Gutiérrez, el diputado Juan Guerra Ochoa y el diputado Gerardo Antonio Escaroz Soler. Por tanto, tiene el uso de la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Grupo Parlamentario de Alternativa. Por favor.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la marcha de más de 150 mil campesinos en la Ciudad de México y las efectuadas en 25 entidades federativas del país el pasado 31 de enero, dejan claro que en el campo existe un gran descontento social.

Fueron dos las demandas que hicieron posible la unidad del movimiento campesino: la renegociación del Tratado de Libre Comercio en su cláusula agropecuaria y la elaboración de nuevas reglas de operación para el campo en el ejercicio presupuestal 2008.

El primero de enero entró en vigor el Capítulo Agropecuario del TLC. Es decir, se eliminó la última fase de la desgravación arancelaria de México con Estados Unidos y Canadá. Bajo esta nueva realidad, los campesinos mexicanos no están en condiciones de competir con los altos subsidios que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá otorgan a sus productores y quedarán en una situación permanente de desventaja si no se renegocia el citado Capítulo Agropecuario.

Por ello, la responsabilidad de los legisladores es velar por el interés nacional. Debemos tomar medidas extraordinarias para afrontar estos difíciles momentos que vive el campo mexicano.

En la vida cotidiana del campo mexicano domina la visión expresada por el titular de la Sagarpa, que desprecia e ignora a todas las propuestas de los campesinos, de los legisladores y de sus organizaciones.

Toma medida de apoyo y protección solamente para los grandes agricultores y grupos asociados con el capital estadounidense y reduce la política pública de desarrollo rural al asistencialismo sin rumbo.

A finales de 1993, cuando el Congreso de la Unión dio su visto bueno para que el Poder Ejecutivo firmara el Tratado, se podría argumentar, de parte de este poder, desconocimiento de las implicaciones.

Hoy, en el año 2008, la situación es totalmente compleja y distinta por los impactos desastrosos que ha tenido el TLC en la agricultura mexicana, entre los que destacan: un raquítico crecimiento del producto interno bruto en este periodo: perdida de dos millones de empleos agropecuarios; la caída de los precios reales de los productos del campo; el incremento de la dependencia alimentaria de México. No hubo, durante este tiempo, transición ni programas de inversión para el sector de productores que producen los productos básicos del país: maíz y frijol.

El 70 por ciento de la población rural se encuentra en condiciones de pobreza. Para salir de esta situación se requiere, en primer lugar, reconocer que la seguridad alimentaria, la recuperación productiva y el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos son asuntos estratégicos y de seguridad nacional.

En virtud del papel estratégico del campo mexicano como productor de alimentos, de que no existen fondos de compensación para disminuir las asimetrías y los efectos del Tratado de Libre Comercio, de que el actual presupuesto asignado por el Programa Especial Concurrente no será suficiente para hacer competitivo al sector frente a la agricultura de los Estados Unidos y Canadá, considerando el artículo 21 de la OMC, el artículo 89 constitucional, fracción X, porque el mismo Tratado de Libre Comercio en su capítulo agropecuario referente a las medidas de emergencia lo permiten y, en virtud de las facultades que la nación le otorga al Poder Legislativo, se propone que analicemos la revisión del capítulo agropecuario del TLC y propongamos de inmediato al Ejecutivo se inicien las gestiones para su renegociación.

La aprobación por esta Cámara de Diputados de las reglas de operación de la Sagarpa, así como una ley para la administración del comercio exterior del maíz blanco y frijol y la creación de la reserva estratégica alimentaria.

Solicitar a la Cámara de Senadores la aprobación de la ley de planeación para la soberanía y la seguridad alimentaria.

La renuncia de secretario de la Sagarpa sería la primer señal del gobierno federal de que tiene voluntad de establecer un diálogo cierto, sincero con las organizaciones campesinas para construir una propuesta que rescate al campo y a los campesinos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte es eso, un acuerdo comercial, no es un acuerdo migratorio; es un acuerdo comercial, no es un acuerdo de integración. Es un acuerdo que lo que pretende es darnos certidumbre jurídica respecto de las medidas discrecionales unilaterales con las que se conducen los países más fuertes, más ricos, contra los débiles. Eso es lo que busca el acuerdo de libre comercio para América del Norte y eso es lo que ha logrado.

No hay acuerdo comercial perfecto, es cierto. No debemos de sobre reaccionar, también es cierto. Pero también es cierto que todos los actores, y con mayor responsabilidad el Ejecutivo federal, no hemos caminado al mismo ritmo en estas nuevas disposiciones de apertura comercial.

Otros países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, han tomado medidas en aras de su fortaleza económica, de tener en el padrón de causantes a cerca del 96 por ciento de su población económicamente activa, en tener en el área rural, cuando mucho el 6 por ciento de su población. Es otra estructura y es muy fácil para ellos que la gran masa de los causantes que están en el sector secundario y en el sector terciario, soporte a los que están en el sector primario.

Y eso pudiéramos dar el debate y no creo que hubiera descuerdo. Lo que sí es cierto también, es que antes de firmar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, México tenía un déficit comercial con Estados Unidos, de aproximadamente 17 mil millones de dólares; hoy, tenemos un superávit de más de 70 mil millones.

Y con este acuerdo ha habido convergencia en el consumo; ha habido convergencia en la inversión; ha existido y se ha dado la convergencia macroeconómica; se ha reducido la pobreza. En los primeros 15 años de este tratado, la pobreza alimentaria se ha reducido en 7.4 puntos porcentuales, es decir, pasó de 21.2 a 13.8.

La pobreza patrimonial se ha reducido en 9.8 puntos. Ha habido crecimiento de nuestro comercio internacional. Las exportaciones como porcentaje del PIB han crecido 15.1 punto porcentuales. Y también se ha dado la reducción de la pobreza en el sector rural, de 1994 a 2006. Así, la pobreza alimentaria en el sector rural se redujo en 12.5 puntos. La pobreza de capacidades, en 14.8 y el crecimiento del comercio agroalimentario de 1994 a 2006, alcanzó casi 30 mil millones de dólares, 2.6 veces al registrado en 1994.

Lo que habría que preguntarnos es: �¿cuál es el debate? El debate es un acuerdo comercial que, como todos, no es perfecto o el debate son algunos productos dentro de lo que es el sector agrícola o agroindustrial o agroalimentario o como lo queramos plantear.

Aquí se ha hablado de cuatro productos: el maíz, el frijol, la leche en polvo y el azúcar. Sí, efectivamente esos cuatro productos son sensibles por diversas causas, entre otras nuestras condiciones geográficas, climatológicas y de tenencia de la tierra. Así, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, contiene los elementos…Perdón Presidenta, no sé si le están llamando allá…

El diputado Isidro Pedraza Chávez (desde la curul): Pido la palabra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Me está pidiendo la palabra diputado y no se la había otorgado porque en los posicionamientos de los grupos parlamentarios no hay debate. Entonces, quisiera pedirle al diputado que dejara continuar al orador.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, Presidenta, continúo entonces. Es usted muy amable.

Y entonces lo que tenemos que hacer es aplicar lo que el propio Tratado de Libre Comercio establece. Desafortunadamente en aras del formato no se da el debate. Me hubiera encantado dar el debate. Me hubiera encantado que cada uno de nosotros estuviéramos en contexto y dejáramos a un lado posiciones demagógicas y de politiquería.

El Tratado de Libre Comercio contempla que en caso de que los subsidios existan, éstos se investiguen y se impongan cuotas compensatorias. El Tratado de Libre Comercio establece los mecanismos de consulta para evitar la adopción de subsidios a la exportación. El Tratado de Libre Comercio permite que México tenga programas como el Procampo o programas para la superación de la pobreza.

Lo que tenemos que hacer es que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y utilice, use y establezca, conforme a lo que le atribuye la Organización Mundial del Comercio, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, lo que su responsabilidad es.

Si el debate respecto del Tratado de Libre Comercio para América del Norte lo queremos establecer en función de las reglas de operación para el gasto público en el 2008, señores, es un debate entre nueces y manzanas. Reorientémoslo y establezcámoslo plenamente.

Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Manuel Cárdenas Fonseca. Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con el permiso de la Presidencia.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Compañeras diputadas y compañeros diputados, en casi 15 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio, sus resultados son contundentes; no ameritan demostración alguna. La economía del pueblo de México ha empeorado.

Todo ello era previsible desde antes de la firma de este tratado, porque nuestros socios comerciales nos llevaban una ventaja considerable en materia agropecuaria. Mientras en Estados Unidos el rendimiento físico de la tierra tuvo un crecimiento medio anual de 2.4 por ciento para el periodo 80-98, para México fue apenas de 0.4 por ciento; es decir, 6 veces más en Estados Unidos que en México.

En cuanto a la magnitud de la superficie cosechada, en Estados Unidos para el 98 alcanzaba 177 millones de hectáreas; en cambio en México, en ese mismo año, únicamente fue de 25 millones de hectáreas.

En síntesis, la asimetría era más que evidente. Nada teníamos que hacer en términos de competencia frente a un gigante en la agricultura como es Estados Unidos, y tampoco nada que hacer frente a Canadá. Mucho menos íbamos a competir con los oligopolios a nivel internacional de la agricultura, como Cargill o Nestlé, por citar algunos.

En materia de subsidio y de financiamiento estábamos —y seguimos estando— en la calle, pues los productores de Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá poseen más ventajas absolutas, mientras que nuestros productores reciben marginalmente estos apoyos.

En el caso específico del financiamiento al campo, éste cayó en un 90 por ciento durante la entrada en vigor de este tratado en nuestro país, provocando que se desintegrara la producción nacional de semillas, quedando cada vez más en manos de extranjeros estos procesos productivos.

Entonces surge una pregunta obligada: �¿por qué, si era tan evidente nuestro fracaso ante Estados Unidos y Canadá, se incorporó nuestro campo en el tratado? La respuesta es categórica: se trataba de beneficiar exclusivamente a los grandes exportadores de frutas y hortalizas, que sí son los beneficiarios del Tratado del Libre Comercio. Mientras los pequeños propietarios, productores ejidales y comunales se han arruinado. Ése es el verdadero impacto del Tratado de Libre Comercio para la mayoría de los productores del campo mexicano.

Las repercusiones del Tratado de Libre Comercio también se expresan en la creciente emigración del campo hacia las ciudades de nuestro país y a Estados Unidos, porque más de medio millón de compatriotas se van cada año a ese país.

Qué decir de nuestra dependencia alimentaría. Ahora no sólo importamos maíz forrajero y transgénico del extranjero, sino que nos hemos convertido en importadores de casi todos los productos agropecuarios, cuando en el pasado fuimos grandes exportadores agrícolas.

Al mismo tiempo se han conformado dos Méxicos: el México boyante y moderno de unos cuantos poderosos y el México de millones de desposeídos y sumidos en la miseria. Ése es el resultado del Tratado de Libre Comercio.

Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio no es sólo una apertura total del sector agropecuario. Es también un instrumento muy poderoso que está empleando el Estado mexicano para despojar a los campesinos rurales de sus tierras y transferirlas a los inversionistas privados.

Esta línea de despojo es complementaria con la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, que permite la transformación de la propiedad comunal y ejidal en propiedad privada, para que termine en manos del gran capital nacional e internacional.

Es ésta la razón de la resistencia que están emprendiendo los hombres y mujeres del campo para revertir las repercusiones negativas del Tratado de Libre Comercio sobre la economía rural, que no sólo van contra la apertura del sector agropecuario, sino también para revertir los efectos de las políticas neoliberales sobre sus espaldas.

En este contexto, esta soberanía tiene el deber legal, político y moral de apoyar a los campesinos de nuestro país con medidas que reviertan sus condiciones de vida; también para exigir a la administración federal su obligación de renegociar este Tratado, porque está demostrado que no ha sido benéfico para el sector rural de nuestra economía.

Además, los propios campesinos afectados están exigiendo, con gigantescas movilizaciones, que este Tratado sea renegociado en su capítulo agropecuario, porque sus resultados han sido contrarios a los intereses de la mayoría de los productores de nuestro país. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Pablo Arreola Ortega. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Jesús Sesma Suárez: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeros y compañeras, son conocidos los problemas que está enfrentando el país en el rubro agropecuario en torno al Tratado de Libre Comercio, y las organizaciones campesinas dejan de manifiesto que las condiciones de pobreza y marginación no se han superado.

El pasado jueves, en la Ciudad de México, se suscitó la marcha de la soberanía alimentaria más grande que se ha efectuado en el país, caracterizada sobre las propuestas que ha llevado el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

Sin embargo, hay que dejar de manifiesto la posibilidad de solicitar el apoyo a la Organización Mundial de Comercio para dirimir las controversias en torno a la protección de los bienes que conforman la canasta básica, en razón de que la agricultura es un sector estratégico para cualquier nación, debido a que da autosuficiencia y seguridad alimentaria.

México, al igual que Canadá, debe defender sus productos ante la implementación de leyes agrícolas que inhiben su desarrollo y su estabilidad. Los productos básicos como el maíz, el azúcar, el frijol y la leche pudieron haber gozado, por medio de la Organización Mundial de Comercio, de un trato especial favorecido y diferenciado, al ser nuestro país una nación subdesarrollada.

Asimismo, me permito expresar que el mayor problema del agro mexicano tiene sus raíces en el cacicazgo y en la miseria de la gran mayoría de los campesinos, obreros y jornaleros, que todavía subsisten en nuestro país.

Otro de los efectos adversos de esta explotación fue el retraso tecnológico y la no modernización del sector agrícola, provocando así un mercado interno débil y vulnerable al momento de celebrar la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

Es también una necesidad reconocer que las desventajas en la productividad agrícola se han debido a la desventaja tecnológica que enfrenta el país respecto de economías más avanzadas. He de manifestarles que esta soberanía apoya al sector campesino, como se demostró al aprobar que se destinaran al campo 200 mil millones de pesos en el Presupuesto, la cifra histórica más alta recibida para este sector.

Somos sabedores que este presupuesto por sí mismo no será la solución, que las condiciones del campesinado son difíciles y que los obstáculos para lograr que la economía rural crezca son mayores para este año.

Por ello, reitero la invitación de este grupo parlamentario al gobierno federal, de ofrecer un diálogo con el campesino, a fin de realizar un acercamiento en el cual puedan participar los legisladores, ya que desde el Congreso se puede impulsar un verdadero cambio estructural al campo mexicano en beneficio de todo el país.

Asimismo es importante resaltar que los legisladores estamos muy interesados y comprometidos en garantizar oportunidades reales de crecimiento y de competitividad a los productos agropecuarios.

Exhortamos para que los próximos días, ya sea trabajando desde la Secretaría de Economía y de Agricultura, demos los primeros pasos para plantear al campesinado y la ciudadanía, las alternativas concretas para llevar por buen camino este campo que tanto lo necesita.

Asimismo, me permito mencionar que la apertura del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica ha acentuado las diferencias entre la capacidad productiva del campesino mexicano y de los apoyos gubernamentales que vía subsidio se reciben.

Hay una desventaja real entre Estados Unidos, Canadá y México. Es un hecho que no se puede dar marcha atrás a la apertura, pero lo que sí puede hacer en principio es procurar que estos 204 millones de pesos asignados en el Programa Especial Concurrente, conocido como el PEC, sean eficientemente empleados y justamente entregados.

Se trata de que el gobierno mexicano, por sus propios medios, redoble esfuerzos para su campesinado y así logremos que México salga adelante. Muchas gracias, señora Presidenta, compañeros y compañeras.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Jesús Sesma Suárez. Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras diputadas y compañeros diputados, la libre recesión arancelaria del maíz, fríjol, leche en polvo y caña de azúcar plantea un escenario que requiere de forma urgente, de nuestra atención y acción.

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se han presentado importantes asimetrías para México. En el plano externo resulta necesario insistir en la renegociación del tratado, respecto a los productos mencionados, sensibles para la economía nacional, en virtud de las evidentes desventajas existentes entre el campo mexicano y el de nuestros socios comerciales como son los costos de producción no competitivos en México.

Los precios mayores en insumos como diesel, energía eléctrica, costos financieros, etcétera; así como mayores costos de transacción por la deficiente infraestructura carretera y de almacenamiento, costos que son ajenos al poder de influencia de los productores.

A diferencia de nuestros socios comerciales, México no excluyó del Tratado de Libre Comercio a los productos más sensibles para la economía nacional, como lo hizo Canadá con sus productos avícolas y lácteos.

De forma reiterada, y sin argumentos de peso, el gobierno federal se ha negado a la posibilidad de renegociar el tratado, cuando éste prevé mecanismos de revisión en su artículo 2202, que dice: las partes podrán convenir cualquier modificación a este tratado e inclusive de separación en su artículo 2205.

El gobierno federal no ha considerado la posibilidad de revisión, suspensión, moratoria u otros instrumentos de protección a la planta productiva nacional, argumentando que se abriría una caja de pandora cuando, por ser un acuerdo de voluntades soberanas, cualquier incumplimiento o perjuicio del mismo, es posible resolverlo con los mecanismos propios del tratado o acudiendo a instancias internacionales como la Organización Mundial de Comercio.

A lo anterior se suma la desigualdad jurídica, ya que Estados Unidos negoció un acuerdo comercial, mientras que para México es un tratado con carácter de ley y de ello se derivan márgenes jurídicos para la revisión del TLCAN. Sin embargo, es claro que nuestro orden jurídico en ningún tratado puede estar por encima de los derechos que tutela nuestra Constitución. De hecho, durante el tiempo de vigencia del Tratado de Libre Comercio se han realizado poco más de 60 enmiendas, la mayoría de ellas promovidas por el gobierno de los Estados Unidos y aprobadas por el gobierno de México, derivadas de las reglas de origen y del proceso de desaceleración arancelaria.

�¿Esto qué significa? Que jurídicamente es posible revisar el tratado. Además de moral, existe una obligación constitucional del Ejecutivo federal de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.

Por tanto, es posible esta renegociación para modificar los términos del Tratado de Libre Comercio —destaco— en productos altamente sensibles para la economía nacional como es caso del maíz, frijol, leche en polvo y caña de azúcar, incluidos en el Capítulo Agropecuario.

Cabe preguntar: �¿por qué aferrarse a no tocar algún acuerdo comercial cuando éste le genera tanto daño al país? Han sido ya mencionados y publicados muchos de los efectos negativos de este Tratado. Traigo aquí una larga relación que no voy a repetir; sin embargo, se mencionan una serie de desigualdades que se han traducido en graves daños económicos y sociales para el sector agrícola si consideramos que 22 por ciento de la fuerza laboral en México se concentra en el campo; que la producción de maíz ocupa al 60 por ciento y que la producción de frijol es la segunda empleadora de fuerza laboral agrícola.

Sin duda, cualquier evaluación que se haga sobre los impactos del Tratado de Libre Comercio debe ponderar los objetivos que entraña el mismo. Se dijo que habría crecimiento económico y éste ha resultado claramente insuficiente, y sobre todo en el campo.

Adicionalmente se debe tener en cuenta que las consecuencias de no llevarse a cabo esta renegociación no sólo van a tener efecto en México sino que se va a reflejar en problemas como el incremento de la migración a Estados Unidos.

En el plano interno es evidente que nuestro país no se encuentra preparado para que los campesinos y agricultores puedan hacerle frente a toda la liberalización comercial. Por ello, exigimos que se instale, a la brevedad, la mesa de negociación aprobada con organizaciones campesinas que esta Cámara de Diputados aprobó el año pasado y que recientemente la Comisión Permanente reiteró y en ella se evalúe, junto con los sectores involucrados, la posibilidad de renegociar el tratado exclusivamente con relación a los productos sensibles de la economía del país.

Adicionalmente debería abordarse el fin de la unilateralidad y autoritarismo con que se han manejado las reglas de operación, sin mezclar ambas cosas. De esa manera, en tanto se estudie de manera seria y reflexiva esta acción urgente de renegociación respecto a los productos altamente sensibles, en Convergencia exigimos también que se aprovechen las medidas de emergencia previstas en el Capítulo VIII del Tratado de Libre Comercio que hace unas semanas planteamos en la Comisión Permanente, el diputado Alejandro Chanona y un servidor, pues esto permitirá hacer uso de los mecanismos legales previstos en el mismo tratado, para no desproteger al campo mexicano y evitar mayores daños, de los aquí reseñados, desde que entró en vigor dicho acuerdo comercial.

Por eso es que en Convergencia reiteramos que se requiere de una actitud abierta y flexible de parte del gobierno federal, a fin de entrarle ya al análisis de una próxima renegociación en cuanto a los productos sensibles al país. Que con esa misma actitud se establezca la mesa respectiva para abordar la situación del campo y las posibles soluciones a esa problemática y, que finalmente aprovechemos las salvaguardas que el mismo tratado contempla para evitar mayores daños a las familias del campo.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Héctor Padilla Gutiérrez: Con su permiso, compañera Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Héctor Padilla Gutiérrez: Con el permiso de todos, compañeros diputados y compañeras diputadas. Al abordar el tema del TLC, en estos 14 años de vigencia, sin duda que para sacar conclusiones contundentes debemos hacer un análisis sensato, profesional, contundente, con cifras reales de lo que ha estado pasando en estos 14 años.

De nada sirven las descalificaciones absolutas, pero tampoco los éxitos deslumbrantes de un TLC al que se le atribuye todo lo bueno que está pasando en nuestro país. De nada sirven los mensajes mediáticos de que los mexicanos en el medio rural ya vivimos igual que los gringos y los japoneses. Este tipo de mensajes enrarecen el clima de análisis y discusión y complican llegar a conclusiones que pudieran ser empujadas por todas las fuerzas políticas en esta Cámara de Diputados.

Es cierto que en el marco regional del TLC México incrementó sustancialmente las exportaciones a los vecinos del norte, pero también es cierto que en el análisis seccionado del TLC el campo, el medio rural de México ha salido profundamente destrozado y lastimado, incluso en las exportaciones agropecuarias.

En la última década anterior al TLC las exportaciones agropecuarias a los socios del norte se incrementaron en el lapso de 10 años, 202 por ciento y, en los 14 años que tenemos de TLC, las exportaciones mexicanas han crecido 50 por ciento. Sin embargo, las importaciones de Estados Unidos a México antes del TLC, en la última década, habían crecido 28 por ciento y en los últimos 14 años crecieron 179 por ciento.

Pasamos de un buen nivel de soberanía alimentaria a una profunda dependencia alimentaria, especialmente de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, compañeros, hay que recordar que la política agrícola norteamericana la aplica el Departamento de Agricultura, pero la define el Departamento de Estado, porque es considerada una política en términos estratégicos, porque para Estados Unidos le representa una herramienta de influencia política con los países con los que tiene fuerte relación comercial.

Esta dependencia alimentaria se refleja en cifras muy concretas. En maíz hace 14 años importamos un millón de toneladas de maíz, en el año pasado importamos 10 millones de toneladas. En trigo importamos al año pasado 55 por ciento del consumo nacional. Antes del TLC éramos autosuficientes y exportábamos temporalmente trigo.

En soya éramos exportadores de soya, al año pasado importamos el 95 por ciento de nuestro consumo interno y en arroz importamos el 75 por ciento a cifras de 2006 del consumo nacional, cuando éramos autosuficientes antes de la firma del TLC.

Se ha mencionado el enorme impacto benéfico en los consumidores. Yo sólo menciono que el precio de la tortilla en los 14 años de vigencia del TLC se incrementó 759 por ciento. Antes del TLC, con un salario mínimo se compraban 35 kilos de tortilla, ahorita se compran 6 kilos de tortilla. Antes del TLC con un salario mínimo se compraban 8 kilos de frijol, hoy se compran 3 kilos de frijol. Antes del TLC con un salario mínimo comprábamos 46 litros de leche, hoy compramos 5 litros de leche.

Ésos son los resultados que tenemos en el caso del TLC para el campo y hemos sido exitosos en la exportación de frutas y hortalizas que está en manos de alrededor de 2 por ciento de los productores rurales de México. El 98 por ciento restante está al margen de estos beneficios.

Nuestro grupo se pronuncia por hacer una revisión, fortalecer lo que funciona bien y corregir lo que está funcionando mal en términos de la negociación del TLC y aplicar una vigorosa política interna para recuperar la capacidad productiva del campo, que la hemos tenido, igual que como la hemos tenido en otros tiempos en nuestro país con subsidios, inversiones, desarrollo tecnológico, producción de fertilizantes, producción de semillas mejoradas, almacenamiento y financiamiento—, que nos lleve a recuperar lo que hemos perdido en este periodo de vigencia del TLC.

No le podemos también pedir al TLC que recomponga lo que tenemos nosotros obligación de aplicar en nuestro propio territorio. Es cuanto, compañera Presidenta y compañeros.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Héctor Padilla Gutiérrez. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Gracias, ciudadana Presidenta. Compañeras y compañeros. Por azares de la vida a mí me toco —de alguna— participar en aquellas discusiones sobre las ventajas de firmar el TLC. Y particularmente en el campo, se decía entonces por el gobierno de Salinas, que íbamos a importar los granos pero mucho más baratos y las oleaginosas también mucho más baratas. Que no nos preocupáramos por eso. Pero que íbamos a exportar hortalizas y frutales.

Incluso se dio la locura de que en todos los estados —como si pensaran que el mercado es elástico y podría ampliarse indefinidamente—, empezaron a analizar si sembraban también hortalizas y frutales y se abandonaban los granos. Pero se decía "no hay problema, el consumidor va a salir favorecido con granos baratos del extranjero y los productores favorecidos al exportar".

A 14 años esas premisas no se cumplieron. Los granos hoy están más caros que nunca en el mundo y en México. Evidentemente el uso de biocombustibles, la entrada al mercado de naciones consumidoras tan grandes como China ha provocado que en lugar de granos de maíz barato, de azúcar barata, de todos estos básicos, de frijol, lo que tengamos sean granos caros.

Las exportaciones sí han aumentado, pero han aumentado favoreciendo a aquéllos que concentran —porque tienen los canales de comercialización— todo ese tipo de productos; pero en muchos casos el campesino sigue en la miseria, no se ve favorecido por estos incrementos o estas ventajas que se obtienen. La ganancia se concentra en un sector, en lo que es el agronegocio. Y en el caso de los granos, lo padecemos todos.

�¿Cuáles son en cifras los datos tan dramáticos que nos han arrojado 14 años del TLC? El promedio edad, según el Centro de Estudios de Desarrollo Rural de esta Cámara, el promedio de edad de los campesinos hoy, en este país, es de 60 años. Ya no hay una próxima generación asegurada para el campo.

La gente ve, el hijo del ejidatario ve como una maldición que le heredes la tierra y lo pongas a trabajar, porque nadie vive ya con una parcela; porque nadie vive con aquella porción pequeña de tierra que tenía para explotar. No es el caso, como se ha dicho, que son tan pequeñas las parcelas que no dan, porque en el mundo los japoneses sobreviven con una hectárea y los europeos con cinco hectáreas. Aquí con más hectáreas no se puede sobrevivir. Se ve como una desgracia el que se deje la tierra. No hay próxima generación de campesinos.

Esto se refleja en términos también comerciales y de quienes están produciendo. El 70 por ciento de las mejores tierras, en general de las tierras que se dedican a la agricultura comercial, están rentadas. Sólo sobrevive un 30 por ciento que se convierte en arrendador, que dispone no de una parcela, sino de más. No hay, obviamente, forma de que la gente que se ha mantenido en el autoconsumo salga de ello. No hay un programa de empleo emergente para el campo.

�¿Qué es el resultado? El incremento de mano de obra que se exporta de braceros hacia Estados Unidos, de gente que se viene a las ciudades. Esas desgracias no las van a borrar las pobres ventajas que se digan de que algunos agronegociantes han incrementado sus exportaciones, porque el campo está deplorable. Eso no es de hoy, eso viene acumulándose en estos 14 años.

Pero la mayor desgracia de todo esto —desde entonces—, iniciado por los gobiernos del PRI y continuado por los del PAN, es que no quisieron tener política para el campo. Todo lo dejaron a que el mercado lo iba a solucionar. No hubo una planeación.

Firmado el TLC, Canadá y Estados Unidos se meten a hacer sus programas para el campo. En México se dijo: "Déjenlo. Ahí que camine solo…". No hay política para el campo y sigue sin haber política para el campo.

Hoy estamos en la circunstancia de que se le dice al campesino pobre: �¿Quieres regresarte? �¿Sabes qué? Te voy a dar hasta 50 por ciento de apoyo productivo, nada más consíguete el otro 50 por ciento con un banco". Claro está que el campesino no tiene acceso a esos créditos.

Hoy hasta con subsidios como Procampo es con lo que pagan. El campesino se lo entrega al arrendador y con eso le paga la renta de la tierra. "Lo que recibo de Procampo, del Estado, te lo doy en pago porque tú no puedes producir. Tú vete a Estados Unidos. No tienes nada qué hacer aquí".

Los apoyos al diesel igual se concentran en unos pocos. Los apoyos que se dan a los granos finalmente termina comiéndoselos el círculo del mercado y dicen: "Te lo descuento de tu precio y te pago más barato". Éste es el asunto. No hay una política para el campo.

No sé para qué tanto funcionario, no sé para qué tanto dinero si no se viene a concentrar más que en manos de los amigos. Desde que se firmó el TLC quedó fuera el sorgo. �¿Por qué? Porque el señor Robinson Burs —termino—, que estaba negociando eso, dijo: "Yo soy Bachoco. Déjenme fuera". Quedó fuera el trigo y por eso hoy tenemos que importar tal volumen, porque Bimbo dijo: "Déjenmelo fuera".

Lo que hoy sigue en complicidad entre la Secretaría de Agricultura es el gran negocio con unos cuantos acaparadores que son los que se benefician de los canales de comercialización, y el campo está abandonado. El campo no tiene campesinos para la próxima generación y la tierra se está rentando.

Cuando menos les diría que hay que defender lo poco que queda y no seguirlo sangrando. Por eso hay que renegociar el TLC, porque esto se da en el marco de implementar una nueva política, una verdadera política de soberanía alimentaria, que hasta ahora se ha carecido de la misma. Ése es el reto.

Las luchas, las presiones de las organizaciones van a seguir. También nosotros somos solidarios hasta que tengamos una política. Defendamos nuestros granos básicos y que lleguen los apoyos al sector más desprotegido de nuestro campo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Juan Guerra Ochoa. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Antonio Escaroz Soler, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Gerardo Antonio Escaroz Soler: Con su permiso, compañera Presidenta. El primero de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este acuerdo comercial incluyó un capítulo sobre el sector agropecuario, el cual sentó las bases para aprovechar las ventajas comparativas de los productos mexicanos de exportación, y logró aprovechar y complementar los sectores agroalimentarios de los tres países.

Desde 1939 el Partido Acción Nacional ha cimentado en su doctrina que deben tomar medidas necesarias para proporcionar a los agricultores un precio justo por sus productos y hacerles posible una vida en condiciones humanas, consolidar, incrementar y mejorar nuestra producción agrícola para que la población rural deje de ser víctima de la explotación económica y política y pueda ejercitar con posibilidades materiales y con valores morales positivos la actividad que le corresponde en la formación y el desarrollo de nuestra patria.

A través del tiempo fuimos luchando por definir con seguridad jurídica el régimen de producción, sus condiciones y garantías, así como las oportunidades de créditos y el acceso material y económico, al mercado.

Hemos sido impulsores del establecimiento de cadenas productivas donde los productores primarios participan en el proceso de dar valor agregado a sus productos y con esfuerzo hemos ido alcanzando la meta de ser competitivos en diferentes ramas de la producción.

En el campo está el primero y más hondo problema de la economía social de México. Pero sólo los que hemos crecido en él tenemos la sensibilidad y el leal deseo de hacer del campo y sus campesinos el lugar de progreso y desarrollo que pueda llegar a consolidarnos como país. Porque sólo aquéllos de mentes obtusas pueden comprometer la seguridad alimentaria de una nación como la nuestra.

Ante la liberalización agropecuaria prevista para el 2008 y debido a la firma del Tratado de Libre Comercio debieron tomarse acciones específicas, previendo los efectos sobre este sector. De este esfuerzo resulta la creación de programas como el Procampo, el PEC, el Programa Especial Concurrente, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, entre otras, que se han venido a complementar en esta administración, con los planes emergentes para los cuatro productos agropecuarios que han sido liberados de aranceles, como es el maíz, la leche, el azúcar y el frijol.

El incremento de las exportaciones tanto del maíz como del frijol a partir de la firma del Tratado, responde a condiciones de desigualdades en términos de subsidios que existen principalmente en Estados Unidos. Sin embargo, las políticas de competitividad han hecho que en el caso del maíz se pueda exportar incluso a Centroamérica. No así para el frijol, cuyos mayores volúmenes de cosecha dependen de la temporalidad.

El sector azucarero ha sido uno de los más golpeados y controvertidos dentro del tratado comercial, aunado a los conflictos entre sindicatos, organizaciones, industria y gobierno, debemos agregar el incumplimiento de los cupos de importación de los Estados Unidos. El Partido Acción Nacional está a favor de diseñar medidas que le permitan a la agroindustria azucarera atender las necesidades de inversión que requiere el sector para modernizarse, introduciendo innovación tecnológica, diversificando productos y eliminando el control administrativo o corporativo.

En la producción de leche, las cifras fueron más alentadoras y se registró un incremento entre el 94 y el 2002. Esto como parte del apoyo otorgado por el gobierno al sector lechero, a través del programa de Alianza para el Campo. Sin embargo, en este mismo periodo y a raíz de la modificación a la Ley de Inversiones Extrajeras, algunas de las empresas procesadoras han sido vendidas a compañías extranjeras que se han apropiado de marcas nacionales de derivados de leche y que para su producción no utilizan la leche mexicana.

La apertura comercial a raíz del Tratado de Libre Comercio y la desgravación gradual en la importación de polvos y lacto-sueros ha provocado la proliferación de fórmulas lácteas que se venden como leche en el mercado nacional; lo que constituye una competencia desleal con la leche auténtica producida en el país.

De 1993 al 2001, los precios promedio de nuestras exportaciones agroalimentarias disminuyeron 15 por ciento, mientras que los precios de las importaciones se incrementaron un 2 por ciento.

Este comportamiento en los precios implícitos del comercio exterior significan que desde el principio del Tratado de Libre Comercio, el sector agropecuario del país no ha generado los beneficios que todos esperábamos, por la disminución de las barreras comerciales. Pero nos ha obligado a buscar un campo autosustentable, tecnificado y más competitivo.

Es hora de focalizar nuestros esfuerzos e ir incluyendo en nuestras acciones de apoyo a aquellos cultivos poco convencionales, donde estamos teniendo rentabilidad. Ejemplo de estos son las hortalizas y las frutas, y donde el potencial de exportación ha crecido considerablemente y concentra más del 30 por ciento del total de las exportaciones agroalimentarias.

En Acción Nacional estamos conscientes de la problemática que el sector enfrenta, con la parte final de la desgravación arancelaria del tratado. Sin embargo, estamos procurando que los diferentes programas del gobierno, como lo establece nuestra plataforma, cumplan con la función de apoyar a nuestros productores y los ayuden a ser más productivos, más eficientes y se puedan integrar a las diferentes cadenas productivas.

En aras de contar con una patria más justa y más ordenada, porque en teoría el espíritu de cualquier tratado comercial entre países siempre ha sido y será buscar el crecimiento de las economías entre los socios. Y es hora de que los mexicanos nos comportemos como tal.

Seamos congruentes, dignifiquemos la posición de los trabajadores del campo y busquemos, en conjunto con el Poder Ejecutivo federal, el México próspero y competitivo que todos queremos y deseamos. Muchas gracias.

La Presidenta diputado Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Gerardo Antonio Escaroz Soler. Esta Presidencia informa que se acaba de recibir oficio de la Cámara de Senadores, proceda la Secretaría, por favor, a dar lectura.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. Presentes. Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta de proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 14 de febrero de 2008. A efecto de realizar una gira de trabajo por las ciudades de Nueva York, Boston, Massachusetts, Chicago, Illinois, Sacramento y Los Ángeles California, en los Estados Unidos de América. Atentamente el senador José González Morfín, vicepresidente.

Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, secretaria. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores. El siguiente punto del orden del día es la presentación de iniciativas, por lo que se concede el uso de la tribuna a la diputada Martha Margarita García Müller, del Grupo Parlamentario del Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.

La diputada Martha Margarita García Müller: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

La diputada Martha Margarita García Müller: Compañeras y compañeros legisladores. Me voy a permitir leer una síntesis de la exposición de motivos de la iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda en materia de accesibilidad y adaptabilidad.

La suscrita diputada Marta García Müller, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, somete a su consideración la siguiente:

Iniciativa

La política de vivienda es un instrumento gubernamental que tiene como objetivo contribuir con la equidad entre los mexicanos, contrarrestando las desigualdades sociales.

La vivienda no es sólo es el espacio edificado donde habitamos las personas. Es el lugar del que más dependemos porque nos brinda protección, seguridad y privacidad. Es el ámbito en el que establecemos nuestras relaciones más primarias y cercanas. Más aún, es parte fundamental del patrimonio familiar.

Por todo ello constituye un referente obligado para nuestro desarrollo personal y comunitario, de ahí que sea un deber ineludible del Estado garantizar a su población el acceso a una vivienda que cuente con las condiciones necesarias para alcanzar dichos objetivos, principalmente para aquellas personas que tiene alguna discapacidad o desventaja, como son los adultos mayores y las personas con discapacidad.

Ellas tienen la necesidad de habitar viviendas que cuenten con determinadas características que permitan su libre movilidad y desempeño. En consecuencia, es necesario que dichas viviendas sean construidas con criterios de adaptabilidad.

Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2000, del INEGI, en México existen 2.2 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad; es decir el 2.3 por ciento de la población total. De ellos, 45.3 por ciento tiene discapacidad motora, 26 por ciento son débiles visuales o ciegos; 15.7 son sordos o escuchan con algún aparato auditivo; 16.1 tiene discapacidad intelectual y 4.9 son personas con problemas del habla, entre otros.

Respecto a los adultos mayores, existen 8.3 millones con edades entre 60 años y más, según información del Conteo de Población y Vivienda del 2005 generado también por el INEGI.

Por ello, propongo la presente iniciativa que tiene como objeto incorporar a la Ley de Vivienda la obligación de las autoridades gubernamentales de promover que la construcción de vivienda se realice con criterios de adaptabilidad y accesibilidad.

La accesibilidad no puede traducirse en un sinónimo de aislamiento, inseguridad o malestar en aquellas personas con discapacidad, cuyos requerimientos son especiales. Para ellas la distribución, las condiciones de la vivienda, así como la comunicación con el exterior se convierten muchas veces en un conjunto de barreras que les impide desenvolverse de manera independiente dentro y fuera de ella.

En septiembre del año pasado, el Senado de la República de nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual promueve la adopción de medidas a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente de todos los aspectos de la vida.

En este sentido, nuestro país ha asumido el compromiso de generar las condiciones físicas para garantizar la ley de movilidad en los edificios, los caminos, el transporte y otras obras, bajo techo y al aire libre, como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.

De esta forma, en esta iniciativa se establece que la accesibilidad debe formar parte integral de la vivienda y del entorno urbano, como un factor que propicie la movilidad y la comunicación con sus habitantes, ofreciendo condiciones propicias para el desarrollo y convivencia de los adultos mayores y las personas con discapacidad.

Por lo anterior, propongo que la Comisión Nacional de Vivienda promueva el establecimiento de que en todos los desarrollos habitacionales se exija que los mismos cuenten con un mínimo de 3 por ciento de viviendas destinadas a las personas con discapacidad y a los adultos mayores, por lo que en los mismos deberán observarse las características de accesibilidad y adaptabilidad.

Éste es un pequeño reconocimiento a las personas con discapacidad y responde al compromiso que nuestro grupo parlamentario tiene con este sector de la sociedad que requiere de condiciones que le permitan participar plenamente en todos los ámbitos de la vida nacional.

Compañeras y compañeros, los conmino a dar su apoyo a esta iniciativa como un paso más en la cristalización del derecho a una vivienda realmente digna y decorosa. Es el momento de seguir avanzando. También es el ideal al que, como país, aspiramos.

La igualdad de oportunidades de todas las mexicanas y todos los mexicanos es una necesidad. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Martha Margarita García Müller. Túrnese a la Comisión de Vivienda.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Miguel Arellano Pulido, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido: Con su permiso, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, antes de iniciar la exposición de motivos sobre la pertinencia de la iniciativa que hoy presento es indispensable mencionar que la misma alude a una reforma al artículo 20 constitucional, el cual fue modificado en el proyecto de reforma aprobado por esta Cámara y por el Senado en diciembre del año próximo pasado, en la llamada reforma judicial.

Sin embargo, en ésta última, se conserva el mismo texto que propongo, por lo que una vez que entre en vigor sólo tendría que adecuarse el orden del apartado y número del párrafo de la iniciativa de reformas a las que haré referencia.

Hecha esta aclaración, quiero referirles que en el marco jurídico de nuestro país, en las últimas décadas se han establecido verdaderas garantías legales para los inculpados, creando toda una estructura burocrática y jurídica para garantizar el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas en un asunto penal y se han realizado grandes esfuerzos por atender y garantizar los derechos de las víctimas u ofendidos de un hecho delictuoso, empezando por evitar la doble victimización, participar como coadyuvantes del Ministerio Público y el pago de la reparación del daño.

Es en éste último punto donde me interesa abundar y es este rubro hacia donde va dirigido el presente proyecto de iniciativa legal.

El derecho penal no sólo se ha caracterizado por contar con procedimientos ágiles que protejan a las víctimas u ofendidos de los ilícitos penales y menos aun que garanticen adecuadamente la restitución del bien jurídico afectado en un delito; entendiendo por ello: la restitución de derechos, bienes materiales, proporcionar tratamiento médico o psicológico a la víctima, entre otros más.

Esta problemática tiene diferentes causas, algunas obedecen a la propia naturaleza del bien jurídico tutelado, a lo subjetivo que puede resultar su valoración o bien, a diferentes resquicios legales.

La propuesta legislativa que hoy presento se compone de dos grandes rubros: por una parte busca garantizar que la autoridad judicial cuente con elementos objetivos para condenar y cuantificar la reparación del daño, siempre que proceda y, por otra parte, que ante cualquier beneficio de libertad anticipada, sea un requisito sine qua non el pago de la reparación del daño.

Primero. Como ya he señalado, en los últimos años se han hecho esfuerzos para garantizar el respeto a los derechos de las víctimas u ofendidos de los delitos y sus logros se han consagrado en las diversas reformas legales al apartado B del numeral 20 de nuestra Carta Magna.

En este loable esfuerzo se ha llegado a extremos contrarios a la razón y a la lógica jurídica. Tal es el caso, que la ley contempla que siempre que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria, se sancione al inculpado a la reparación del daño; dejando fuera diversas consideraciones de hecho y de derecho, que debería tomar en consideración el juez, al individualizar la pena en lo concerniente a la reparación del daño.

Segundo. En la práctica, a la mayoría de los inculpados se les sanciona con la reparación del daño. Sin embargo, es una minoría quienes cumplen con esta obligación legal, pues la ley contempla la figura de la prescripción, donde el simple transcurso del tiempo —que por cierto es de dos años— exime su cumplimiento.

Asimismo, nuestro sistema de justicia penal contempla diversos beneficios de libertad anticipada para los sentenciados, como el tratamiento preliberacional, la libertad preparatoria o la remisión parcial de la pena.

Estos beneficios de libertad que son positivos para los internos, sin embargo, no es lo mismo para las víctimas u ofendidos de los delitos y que son del todo injustos. Y más aún si valoramos que la inmensa mayoría de las personas que obtienen estos beneficios no pagan la reparación del daño y que sólo esperan el transcurso del tiempo para solicitar su prescripción y su no exigibilidad.

Por tal razón, considero que si una persona que cometió un delito y con el tiempo se le otorga un beneficio de libertad anticipada, lo menos que se debe esperar es que pague la reparación del daño, como una muestra de equidad procesal para la victima u ofendido, por lo que propongo una adición al artículo 113 del Código Penal Federal y que el tiempo para que prescriba la reparación del daño sea el mismo que se necesita para que prescriba la pena privativa de libertad.

Tercero. Nuestra Carta Magna y el Código Procesal de la materia establecen el pago de daños y perjuicios para quien comete un delito. Sin embargo, estimo que en tratándose de materia penal, la legislación solamente debería sancionar la reparación del daño y no así los perjuicios, que son una figura de naturaleza civil toda vez que debe entenderse como perjuicios la ganancia o utilidad licita que dejó de percibirse por responsabilidad de un tercero o la indemnización por un tratamiento, por un detrimento patrimonial. En cambio la reparación del daño, en sentido penal, tiene otro fondo, de una justicia restaurativa para el daño físico y moral.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de decreto en el que se reforma el artículo 20, apartado A, fracción I, párrafo segundo, y apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma y adiciona los artículos 30, 31 Bis y 113 del Código Penal Federal y reforma los artículos 135, 149, 293 y 365 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Por razones de tiempo no es posible enunciar todo el proyecto de reformas de la iniciativa. Sin embargo, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito se dispense su lectura y se tenga por reproducida íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Miguel Ángel Arellano Pulido. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Se recibió del diputado Humberto Dávila Esquivel, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. Túrnese a la Comisión de Energía.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Antonio Medellín Varela, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 5 Bis a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

El diputado Antonio Medellín Varela: Con su permiso, diputada Presidenta. El suscrito, diputado federal de esta LX Legislatura, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y en ejercicio de sus facultades, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de decreto que adiciona un artículo 5 Bis a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El incremento de los establecimientos de centros de apuestas remotas, así como las salas de sorteos de símbolos o números, ha venido en ascenso en nuestro país; de igual forma, la cantidad de personas que día a día acuden a estos centros ha crecido de forma exponencial.

Actualmente se encuentran funcionando cerca de 130 salas de sorteos de símbolos o números, de un universo de alrededor de 330 salas de este mismo tipo autorizadas actualmente. Estos centros funcionan por medio de terminales electrónicas donde se realizan sorteos de números mediante soporte electrónico, con números seleccionados de forma aleatoria.

Los jugadores introducen una cantidad determinada de dinero vía efectivo, fichas, tarjetas electrónicas o algún otro medio, y a través de un botón o palanca se acciona el dispositivo que genera una cantidad de números o imágenes de forma aleatoria, según sea el modelo de la máquina. Del resultado arrojado y según la ubicación de los símbolos depende el pago o ganancia que habrá de obtener el jugador.

Dentro de esas máquinas existe un porcentaje de devolución al público, mismo que refiere el porcentaje de dinero devuelto a los jugadores vía premios sobre la cantidad total depositada por los mismos clientes durante la vida útil de estas máquinas.

Este porcentaje de devolución al público es determinado en la fábrica de las máquinas al momento de instalar el software o la programación de algunos modelos, y ese porcentaje se programa en un circuito integrado o alguna memoria temporal o algún otro dispositivo, como lo puede ser un disco compacto u otro similar.

Ese porcentaje de devolución en Estados Unidos varía según el estado, entre 75 por ciento, por ejemplo, en el estado de Nevada, el 85 por ciento en el estado de Florida y el 78 por ciento en Nueva Jersey. En Latinoamérica, por ejemplo en el Perú, este porcentaje de devolución es de 85 por ciento.

Los usuarios de nuestro país se encuentran indefensos al no existir ninguna regulación al respecto, lo que los coloca ante una desventajosa situación con las operadoras de las salas de juegos. Además que resulta importante que la autoridad competente proteja los derechos de los consumidores en cualquiera de sus modalidades, en este caso concreto para los jugadores en las salas de sorteos de símbolos o números.

Por ello resulta necesario que por ley se establezca un porcentaje mínimo que habrá de devolver a los usuarios de la cantidad total que depositen en las mencionadas terminales electrónicas.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 5 Bis a la Ley Federal de Juegos y Sorteos en los siguientes términos.

Único. Se adiciona el artículo 5 Bis a la Ley Federal de Juegos y Sorteos para quedar de la siguiente forma:

Artículo 5 Bis. "Las terminales electrónicas en las que se realicen sorteos de símbolos o números mediante soporte electrónico con número seleccionados de forma aleatoria, habrán de devolver a los poseedores, vía premios, por lo menos el 75 por ciento de la cantidad total que durante su vida útil reciban por concepto de apuestas.

La Secretaría de Gobernación establecerá los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior".

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Antonio Medellín Varela. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Muchas gracias, ciudadana Presidenta. Compañeras y compañeros.

En noviembre del año pasado algunos legisladores, senadores de Acción Nacional, también del PRI y también compañeros del PRD, nos vimos beneficiados con un evento muy importante donde estuvo gente de la talla del doctor Antonio Guidi, del propio maestro Roldán Chopa, que organizaron un evento junto con otros destacados especialistas y organizaciones de consumidores, a efecto de discutir cómo en México protegemos los derechos y garantías colectivos; cómo se tutelan en México derechos difusos.

Este tema ya avanzó en toda Latinoamérica, en todo el mundo. En México no. Tiene que ver, lo quiero decir, con la circunstancia de que en derechos humanos hemos pasado de las garantías individuales, derechos sociales, ahora lo que se llama "la tercera generación", derechos colectivos, derechos solidarios. Pero nuestro marco jurídico constitucional y legal sigue anclado en el liberalismo que le heredamos, donde sólo se tutela el derecho y la garantía individual. No tenemos instrumentos legales para hacer exigibles jurídicamente derechos colectivos, garantías colectivas, para que se tutelen derechos difusos.

Les quiero decir a todos ustedes que esto también lo estamos trabajando con instituciones como la Procuraduría Federal del Consumidor.

�¿De qué se trata? Se trata de que frente al abuso de algún proveedor, llámese privado o estatal, el consumidor tenga derechos para protegerse.

Actualmente si a mí me cobran por abuso en algún banco una comisión indebida, yo no voy a ir a un juicio porque me sale más caro este proceso que lo que voy a recuperar. El problema sería: que si es un error, y me lo hacen a mí, pues no pasa nada. Pero cuando ocurre que se lo están haciendo a miles o a cientos de miles �¿cómo se defiende todo eso?

Lo mismo puede ser si es el caso de la Comisión Federal de Electricidad o de Luz y Fuerza o si es otro proveedor.

Esta forma o este asunto, este tema, en distintos países toma distintos nombres. En Estados Unidos son muy conocidos por lo que se ve luego en películas, las famosas class actions o acciones de clase, acciones colectivas donde un abogado junta y va a defender, a encausar ante los tribunales la defensa de determinados consumidores o de determinados ciudadanos afectados por algo, sea de carácter privado o público.

No es éste el modelo que estamos presentando porque ese modelo de tipo individual en su gestión de tipo de abogados, se presta para que se vea como un asunto de negocio.

Lo que estamos planteando es que instancias del Estado como la Procuraduría Federal del consumidor, no jueguen un rol de juez y parte. No estén queriendo quedar bien con todo mundo, sino que se aboquen a tutelar y a proteger el derecho de la gente más desprotegida, del ciudadano.

Entonces estamos hablando de una iniciativa muy noble, de una iniciativa que vamos a requerir —porque es constitucional— el apoyo de la bancada de Acción Nacional, del apoyo obviamente del PRI, pero de todos los legisladores.

Lo he platicado con algunos y en principio hay interés de que protejamos estos derechos colectivos o difusos. De manera que ese es el carácter.

Ojalá estos sean de los temas más importantes de este periodo ordinario, toda vez que con esto vamos a propiciar nada más que un bien e instrumentos de defensa a los ciudadanos.

El artículo que se reforma es el 17 constitucional y lo que se agrega es un último párrafo que dice: "Las leyes regularán aquellas acciones y procedimientos para la protección adecuada de derechos e intereses colectivos así como medidas que permitan a los individuos su organización para la defensa de los mismos".

Esto es, obviamente nos va a implicar después reformar el marco legal, Ley de Protección al Consumidor, otras cosas, pero ahorita de entrada lo que le daría base es esta reforma constitucional y sólo se requiere agregar este párrafo. Porque sé que todos lo vamos a apoyar, muchas gracias a todos ustedes.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Juan Guerra Ochoa. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se recibió de la diputada Beatriz Collado Lara, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, iniciativa que adiciona una fracción VI al artículo 7 de la Ley General de Educación. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Tiene la palabra el diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partidito de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona una fracción VII Bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su permiso, señora Presidenta. El incremento de precios representa la pérdida del poder adquisitivo de las familias mexicanas. Con un aumento en los precios no es posible llevar a cabo una planificación estratégica ni para las empresas y mucho menos para la familia de los trabajadores.

Durante los últimos seis años la economía mexicana ha registrado una relativa estabilidad en el nivel de precios, a tal grado que desde el 2000 fue posible disminuir el alza de precios hasta un dígito. Sin embargo, en el 2007 terminó esta relativa estabilidad en los precios de los bienes y servicios. El comienzo fue duro principalmente para las familias pobres, al experimentar un aumento en el precio de la tortilla de entre 40 y más de 80 por ciento arriba de los 6.5 pesos a que se compraba este insumo nutricional básico a finales de diciembre de 2007.

No obstante, el incremento de precios no se ha dado sólo en la tortilla. En 2007 y lo que va de 2008, los precios de la canasta básica se han incrementado sobremanera; mientras, el salario mínimo general tan sólo se ha incrementado, en el caso de 2007, 4 y 5 por ciento y para 2008 el asunto es desalentador: 2 pesos al día de incremento salarial. Esto implica una pérdida del poder adquisitivo del salario de entre 30 y 45 por ciento.

Hay que señalar que los precios de los principales productos de la canasta básica están a merced de los precios internacionales. Sin embargo, esto no exime al Ejecutivo federal y las instituciones que le dan sustento, de garantizar el poder adquisitivo de todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos.

Por ejemplo, la Ley de la Administración Pública Federal, en su artículo 34, fracción VII, dispone que a la Secretaría de Economía le corresponde establecer la política de precios y con el auxilio y participación de las autoridades locales, vigilar su estricto cumplimiento, particularmente en lo que se refiere a artículos de consumo y uso popular.

Aquí se puede señalar que sólo el anuncio del incremento al impuesto de la gasolina y el diesel en el 2007, impactó los precios de los bienes y servicios, y en octubre esto fue evidente.

Es por ello, legisladoras y legisladores, que se propone que cuando se registre un incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en la canasta básica, por arriba del salario mínimo vigente, teniendo como referencia que el incremento sea mayor a 2 puntos porcentuales del salario mínimo y que éste se sostenga durante tres meses consecutivos, se lleve a cabo y de inmediato, un control de precios por parte del Ejecutivo federal, y en concreto, de la Secretaría de Economía, para evitar la especulación. Pero sobre todo, garantizar el poder adquisitivo de la población mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito solicitarle, señora Presidenta, que se inscriba el texto íntegro en el Diario de los Debates de esta honorable Cámara de Diputados, de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción VII Bis, al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Alejandro Sánchez Camacho. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La siguiente exposición se pospone. Era un punto para reformar el artículo 3o., fracción III, numeral 9, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Se concede el uso de la tribuna a la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez: Con su permiso, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez: Compañeras diputadas y compañeros diputados. Vengo a este pleno a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona un párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de motivos

Es indiscutible que uno de los grandes temas universales, de innegable reconocimiento y aceptación lo constituyen los derechos fundamentales, que son aquellos derechos que, en un momento históricamente dado, se consideran indispensables para asegurar a todo ser humano la posibilidad concreta de una vida vivida con amplia libertad y justicia.

Es así como el derecho constitucional es inseparable de la formulación y defensa de esos, sus derechos subjetivos. Y una prueba de que ya se le concibió así, en los inicios del constitucionalismo, se le encuentra en el artículo 16 de la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que dice: un Estado sin derechos fundamentales y sin división de poderes no tiene Constitución.

En este contexto los derechos se debían hacer exigibles frente al Estado, no así frente a los individuos, pues únicamente se reconocía la intraspasable esfera jurídica de libertad de las personas, la cual, tal como se indica, no podía ser afectada en ningún sentido por la actuación de las entidades estatales.

De ahí que para garantizar procesalmente estos derechos de libertad, surgieran en México procedimientos constitucionales de relevante trascendencia mundial como lo es el juicio de amparo, que remonta su origen a la Constitución Política del estado de Yucatán, promulgada el 31 de marzo de 1841.

El juicio de amparo es el medio protector por excelencia de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. A través de éste podemos protegernos de las leyes o actos de las autoridades que los violentan, más no así de los particulares.

Es necesario insistir que nuestra Carta Magna otorga medios para defender los derechos fundamentales que le corresponden a todo ser humano por el sólo hecho de serlo. Sin embargo, nuestra Constitución no contempló las medidas necesarias parar evitar la violación de los derechos fundamentales consagrados en la misma, por parte de entes privados.

Para describir lo anterior mencionaré tres ejemplos. El primero de ellos relativo a la discriminación ejercida en contra de alguna persona física cuando se le niega la entrada en algún centro de esparcimiento sin razón alguna.

Otro ejemplo lo encontramos al advertir la enorme capacidad de destrucción del medio ambiente que tienen diversas empresas privadas. En este caso, �¿cómo se salvaguardan los derechos de particulares afectados por otros particulares?

Y finalmente el relativo a �¿cómo nos podemos enfrentar ante las prácticas monopólicas de los grandes corporativos, que a través de los llamados "contratos de adhesión" nos someten a condiciones y cláusulas inequitativas e incluso leoninas, por decir los menos?

Es preciso reconocer que, aún cuando en México no contamos con alguna disposición constitucional expresa para hacer valer los derechos fundamentales frente a particulares, sí tenemos antecedentes importantes vertidos en diversos comentarios realizados por expertos académicos en nuestra Carta Magna.

Especialmente me refiero a lo dicho respecto al artículo 1o. constitucional, cuando se ha afirmado que el principio de no discriminación rige no solamente para las autoridades sino también, con algunos matices, para los particulares, pues como aquí lo he comentado, no es posible discriminar por motivos de raza o de sexo, lo cual significa, entre otras cuestiones que la prohibición de discriminar supone un límite a la autonomía de la voluntad y a la autonomía de las partes para contratar.

Por ello, propósito esencial de esta iniciativa es el reconocimiento sustantivo de los derechos fundamentales frente a diversas actuaciones de entes privados que pudieran incurrir en su afectación, con lo cual lograríamos dar un paso significativo en la evolución del estado de derecho constitucional que nos lleve a garantizar jurisdiccionalmente los derechos fundamentales en México.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, me permito proponer ante este pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona un cuarto párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Los derechos fundamentales son oponibles a todo acto u omisión de entes públicos y privados que lesione, restrinja, altere o amenace en cualquier medida esta Constitución y a las disposiciones legales que emanen de ella, así como a los tratados internacionales celebrados en términos del artículo 133 constitucional. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Rosa Elva Soriano Sánchez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Por lo que se refiere a la iniciativa presentada por el diputado Antonio Medellín Varela, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que adiciona un artículo 5 Bis a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, voy a modificar el turno para enviarla solamente a la Comisión de Gobernación, por favor.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Miguel Ángel Arellano Pulido, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 189 Bis y reforma el Capítulo IV del Título VI del Código Penal Federal.

El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en el México de hoy, uno de los temas más sensibles en la población y uno de los más importantes en la agenda nacional es sin duda la seguridad pública y el incremento en los índices de criminalidad. Sin duda, la atención a estos asuntos torales sigue siendo una asignatura pendiente.

En los últimos años, la violencia se ha recrudecido e incrementado y, más grave aún, la delincuencia organizada ha prosperado significativamente. Los hechos delictuosos se cometen con un alto grado de violencia, saña y vejaciones, como lo apreciamos en las llamadas ejecuciones.

El narcotráfico ha extendido sus redes a la comisión de otros delitos graves como el secuestro, la trata de personas, la venta de armas de fuego de uso reservado del Ejército, entre otros más.

Otro aspecto relevante es su infiltración en las instituciones de seguridad pública, procuración, administración y ejecución de justicia penal, obteniendo seguridad e impunidad con sobornos o bajo amenazas.

Algo característico de los años más recientes es que la delincuencia ha buscado tener un control total de su territorio y actividades, infiltrándose en los cuerpos de seguridad pública o bien a través de la intimidación, practicando una especie de terrorismo contra los cuerpos de seguridad, ejecutando a los mandos a plena luz del día, con operativos impresionantes por el número de sicarios y vehículos utilizados, así como el uso de armas de fuego de alto poder.

Aunado a lo anterior, en la delincuencia común es cada vez más frecuente que opten por enfrentar a las policías con armas altamente sofisticadas e incluso con explosivos, que indudablemente buscan causar el mayor daño posible a los elementos policiacos.

A la fecha, no es de fácil acceso la consulta a las estadísticas oficiales que contemplan cifras reales sobre los homicidios contra policías y mandos medios. Sólo existen algunas cifras contempladas por revistas y organizaciones no gubernamentales que podrían darnos una visión general de este grave problema.

Sin embargo, es de conocimiento general lo alarmante de la situación, pues diariamente vemos en los medios de comunicación que ejecutan a mandos policiacos o elementos de las diferentes corporaciones, sin importar si se trata de corporaciones federales, estatales o municipales.

Es por ello que, pensando en los casos donde elementos de seguridad o de una corporación policiaca sean agredidos por uno o más delincuentes, con el propósito de evitar su captura o su detención, propongo que esta conducta en sí misma constituya un delito que se agrave dependiendo del uso de armas blancas, de fuego o explosivos, buscando resguardar la integridad de los elementos policiacos que pueden resultar víctimas de un delito.

En este orden de ideas, considero importante legislar al respecto y que esa agresión y violencia contra los cuerpos de seguridad, ya sea que se cause resultados o no, por sí misma constituya un delito.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Proyecto de decreto

Artículo primero. Se adiciona el artículo 189 Bis y se reforma el Capítulo IV del Título Sexto del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Título Sexto

Capítulo IV. "Delitos Cometidos contra Servidores Públicos".

Artículo 189 Bis. Comete el delito de agresión contra agentes de la autoridad, el que ataque a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, procuración de justicia, de los centros de reclusión o del Ejército mexicano, con la finalidad de evitar su detención o evadirse de la misma.

1. Se aplicará de 1 a 3 años de presión si la agresión fuere sólo física y sin el uso de ningún tipo de arma.

2. Se aplicará de 1 a 8 años de prisión si se utilizare un arma blanca u otro tipo de instrumentos que puedan ocasionar lesiones en la víctima.

3. Se aplicarán de 3 a 15 años cuando se utilicen armas de fuego o explosivos.

Las penas anteriores se aplicarán tomando en consideración las particularidades del ataque y serán independientes de aquellas que merezcan por la comisión de otros delitos que pudieren producirse.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Miguel Ángel Arellano Pulido. Túrnese a la Comisión de Justicia.

La siguiente propuesta también se pospone. Era para presentar iniciativa que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Se concede el uso de la tribuna a la diputada Irene Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

La diputada Irene Aragón Castillo: Con su permiso, compañera Presidenta diputada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

La diputada Irene Aragón Castillo: La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, en uso de las facultades que se me confieren presento al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto

La Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, ratificada por el Estado mexicano en 1990, constituyó un instrumento fundamental para construir una nueva visión sobre la infancia y, por ende, para establecer compromisos y lineamientos que garanticen los derechos señalados en la misma. En este sentido, los estados partes han adoptado todas la medidas administrativas, legislativas y de otra índole, para dar efectividad a los derechos establecidos en la misma.

Este compromiso sirve para que diversos organismos, como el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, insistan en la necesidad de armonizar las leyes para que garanticen su aplicación en el corto y en el largo plazo.

En México durante los 10 años de vigencia de la Convención han ocurrido diversas reformas legislativas con los derechos de la niñez, en temas tales como la violencia intrafamiliar, las adopciones, la tipificación de delitos cometidos contra niñas y niños, entre las principales.

Estas medidas introducen por primera vez, en la historia del país el concepto de niña, niño y de sus derechos, aspectos que resultan fundamentales para un trato diferente hacia esta población.

Lo anterior ha llevado a reflexionar en torno a la necesidad de contar con un marco legal amplio que garantice los derechos de la niñez y las condiciones que son básicas para hacerlos valer.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes define, en su artículo 2o., que son niñas y niños aquellas personas hasta los 12 años de edad incompletos, y como adolescentes, a las personas desde los 12 años cumplidos a los 18 años cumplidos o los 18 años incompletos.

En este sentido, es indispensable el reconocimiento del Estado mexicano de que todo niño o niña o adolescente tiene derecho a vivir en condiciones de bienestar y la obligación a que todas las medidas que se adopten deban atender a su interés superior. Tal es el caso de la Ley del Seguro Social, ya que su distinción etaria está hecha hasta los 16 años, dejando a las personas en el rango de edades de 16 años cumplidos hasta los 18 años incompletos conculcados en sus derechos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone armonizar esta ley, homologándola a la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, en lo que respecta al rango de edad antes mencionado y someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

Artículo Único. Se reforman las fracciones IV y VI del artículo 64; V y VII del artículo 84; 134, 136, fracciones I y II y antepenúltimo y último del artículo 138, para quedar como sigue:

Fracción IV, del artículo 64. "A cada uno de los huérfanos, que lo sean de padre o madre, menores de dieciocho años, se les otorgará una pensión equivalente al veinte por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado, tratándose de incapacidad permanente total. Esta pensión se extinguirá cuando el huérfano cumpla dieciocho años.

"Deberá otorgarse o extenderse el goce de esta pensión, en los términos del reglamento respectivo, a los huérfanos mayores de dieciocho años, hasta una edad máxima de veinticinco años, cuando se encuentren estudiando en planteles del sistema educativo nacional, tomando en consideración, las condiciones económicas, familiares y personales del beneficiario y siempre y cuando sea sujeto del régimen obligatorio".

Fracción VI. "A cada uno de los huérfanos cuando lo sean de padre y madre, menores de 18 años o hasta 25 años si se encuentran estudiando en los planteles del sistema educativo nacional, o en tanto se encuentre totalmente incapacitado debido a una enfermedad crónica de efecto físico o psíquico, se les otorgará una pensión equivalente al 30 por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado, tratándose de incapacidad permanente total.

Tendrán derecho a recibir pensión de orfandad cada uno de los hijos menores de 18 años, cuando muera el padre o la madre si alguno de éstos hubiera tenido el carácter de asegurado y acrediten tener ante el instituto un mínimo de 50 cotizaciones semanales o haber tenido la calidad de pensionados por invalidez.

El huérfano mayor de 18 años que desempeñe un trabajo remunerado no tiene derecho a percibir esta pensión, salvo que no puede mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica de efecto físico o psíquico, para cada uno de los hijos menores de 18 años del pensionado, el 10 por ciento de la cuantía de la pensión.

El instituto concederá en los términos de este artículo las asignaciones familiares a los hijos del pensionado mayores de 18 años, si cumplen con las condiciones mencionadas.

Transitorio

Único. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario de los Debates.

Solicito se inserte en forma íntegra este decreto en el Diario de los Debates. Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Irene Aragón Castillo. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

Dictámenes de primera lectura. El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto que reforma la fracción XVI del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

De las comisiones unidas de Gobernación, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda: "A los constituyentes de 1857", y

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se les dispensa la lectura.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Quedan de primera lectura.

Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Lectura del orden del día de la próxima sesión.

(Lectura del orden del día)

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (14:57 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 7 de febrero a las 11:00 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.