La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados, por favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 297 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (11:34 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura.
Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta.
Compañeros diputados, quiero destacar la presencia en este momento en este salón de sesiones del señor Li Xiaojie, coordinador del gobierno provincial de Gansu, China, así como el excelentísimo señor Yin Hengmin, embajador de la República Popular China en nuestro país, quienes asistieron a la inauguración de la exposición Paisaje y tradición nacional folklórica de Gansu-China. A nombre de todo el pleno, les damos la más cordial bienvenida. Van a estar unos momentos con nosotros, quienes deseen saludarlos.
También le voy a pedir al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y al compañero presidente de la Comisión de Amistad, si nos pudieran hacer el favor de auxiliarnos para que nos firmaran el libro de visitas, toda vez que no lo pudieron hacer hace unos momentos. Gracias.
Vamos a continuar con la sesión. Comunicaciones. De la Junta de Coordinación Política. Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Comunicación de la Junta de Coordinación Política, movimiento solicitado por el diputado Javier González Garza.
Que el diputado Celso David Pulido Santiago sustituya al diputado Octavio Martínez Vargas como secretario del Grupo de Amistad México-República Checa.
Que el diputado Celso David Pulido Santiago sustituya al diputado Octavio Martínez Vargas como integrante en los grupos de amistad con Alemania, Austria. Lo anterior para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted, diputado Héctor Larios Córdova, Presidente.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada.
Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno. De la Junta de Coordinación Política. Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a las gobernadoras y a los gobernadores de las entidades federativas a que suscriban el Pacto Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2007.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo XIV del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presentan los integrantes de la Comisión de Equidad y Género.
Por lo que se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las gobernadoras y a los gobernadores de las entidades federativas para que suscriban el Pacto Nacional 2007 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, 20 de febrero de 2008.
Firma el diputado Héctor Larios Córdova, Presidente y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, únicamente.
En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación): gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado, comuníquese. Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a derogar el decreto por el que se reforman los diversos por los que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados y por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país.
Lo anterior, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del estado de Sonora y en los municipios de Cananea y de Caborca, estado de Sonora, publicados el 22 de agosto de 2005 y el 26 de abril de 2006, respectivamente, publicado el 1o. de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente. Firman los coordinadores de los grupos parlamentarios: Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; Javier González Garza, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejando Chanona Burguete, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del Grupo Parlamentario del PT; diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputada Aída Marina Arvizu, coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha.
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a enero de 2008, desagregada por tipo de fondo.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítanse al promovente, para su conocimiento. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, un reconocimiento a los migrantes muertos en la frontera con Estados Unidos y se decrete al año 2009 "Año del Migrante", presentada por el senador Antonio Mejía Haro, a nombre propio y de los senadores Claudia Sofía Corichi García y Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias y de Gobernación,
El siguiente punto del orden del día es posicionamiento con motivo del segundo aniversario de los hechos ocurridos en la mina de carbón Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila. Se han registrado para referirse al tema las siguientes diputadas y diputados:
El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Partido Alternativa; el diputado Humberto Dávila Esquivel, del Partido Nueva Alianza; el diputado Pablo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo; el diputado José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Elías Cárdenas Márquez, del Partido Convergencia; el diputado Jericó Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional; el diputado José Antonio Almazán González, del Partido de la Revolución Democrática; y el diputado Juan Manuel Sandoval Munguía, del Partido Acción Nacional.
Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, de la fracción parlamentaria de Alternativa.
El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados. A dos años de ocurrido el colapso en la mina ocho, Unidad Pasta de Conchos, la empresa y los gobiernos federal y local han incumplido los compromisos con las 65 familias de los obreros que perecieron e imponen el cierre definitivo de la mina.
De esta manera, pretenden abandonar los 63 cuerpos que permanecen bajo los escombros y con ello la posibilidad de un peritaje que deslinde responsabilidades por la explosión de la mina, ocurrida el 19 de febrero de 2006.
A pesar de las múltiples pruebas encontradas por el equipo nacional de Pastoral Laboral, de la Conferencia del Episcopado mexicano, así como por instancias gubernamentales que demuestran la culpabilidad del Grupo México, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana, éstos no han sido cabalmente sancionados ni se ha resarcido el daño a las familias de las víctimas.
De nada han valido protestas de las más de 40 esposas y familiares de los trabajadores muertos frente a las instalaciones de la transnacional Industrial Minera México. Desde el principio hasta hoy, la denuncia es la misma: nos han engañado todo el tiempo y no es verdad que les interese encontrar a los cuerpos, como no les interesa hacer justicia ni retirar la concesión a quien ha cometido crimen industrial.
A veces en broma y muchas veces en calificación de una realidad apabullante, hemos escuchado la frase coloquial de que en México vivimos en el país de no pasa nada. Ni la evidencia ni el clamor de la verdad ni la justicia parece mover las conciencias de quienes no asumen o que son responsables de esta tragedia.
Para todos quienes formamos esta legislatura, para quienes desde sus distintos ámbitos han sido testigos de la tragedia, para aquellos y aquellas que han vivido en carne propia y para quienes a nivel mundial han sabido, por la magnitud de la explosión, lo que ocurrió ese 19 de febrero, las incógnitas siguen siendo las mismas.
¿Por qué no hay responsables? ¿Qué se está haciendo para prevenir nuevos accidentes? ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa y cuál la de las autoridades? La lista de cuestionamientos es interminable, tan perpetua como la negligencia y la irresponsabilidad de autoridades y empresarios.
Somos representantes populares y, por ello, más allá del color de nuestra ideología, podemos y debemos representar aquellos y aquellas que merecen justicia. Familiares de los trabajadores, quienes han recibido no sólo la muerte de sus familiares sino la ignominia como respuesta, porque es ignominioso que además de suspender la búsqueda de los restos te digan que no tienes interés jurídico en el asunto, de acuerdo con la resolución que ayer dio el juzgado XV de distrito, a solicitud de amparo para que se reanude la búsqueda.
En el grupo de Alternativa sabemos que la mayor de las responsabilidades es el silencio, por ello es indispensable y urgente exigir que los hechos se aclaren no mañana, sino hoy.
Exijamos a las autoridades respuestas inmediatas, el conocimiento de la verdad, la entrega de los restos a sus deudos, el pago de indemnizaciones y pensiones fundadas en la justicia y no en la necesidad de acallar voces y conciencias. Así como el castigo justo a quienes resulten responsables, antes, durante y después de la explosión.
Todas estas demandas se encuentran respaldadas institucionalmente por las recomendaciones que la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos, de esta Cámara de Diputados, presentó en su informe publicado en la Gaceta Parlamentaria el pasado 31 de julio de 2007, y cuyo seguimiento se hace necesario.
Finalmente, es necesaria la revisión del primer informe elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Laboral Pasta de Conchos, Una tragedia que debió evitarse. En él se consignan, con mayor amplitud, las conclusiones que, desde la sociedad civil, contradicen los informes oficiales, que únicamente tienen como propósito sepultar en el tiempo las esperanzas de justicia de las familias agraviadas.
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta Diputada Ruth Zavaleta Salgado: Queremos agradecer la presencia, la honorable presencia y despedir en este momento al vicegobernador Lin Xiaojie y al embajador de la República Popular China Ying Hengmin a quienes agradecemos muchísimo su presencia y esperamos que regresen pronto.
Muchísimas gracias.
Tiene el uso de la palabra el diputado Humberto Dávila Esquivel del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Humberto Dávila Esquivel: Con su permiso, señora Presidenta.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado
El diputado Humberto Dávila Esquivel: Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy recordamos una de las tragedias más dolorosas de la historia de la minería en México. Un hecho que nunca debió ocurrir: la vida de 65 mineros se perdió como resultado de un accidente que fue producto de la negligencia y la corrupción de quienes tienen la obligación de garantizar las condiciones de seguridad de los trabajadores.
Pero también de la ambición desmedida del grupo México, uno de los grupos mineros más poderosos de nuestro país que, con el fin de optimizar su ganancia, sacrifica la salud y la seguridad de quienes trabajan en sus minas. A dos años de la tragedia las familias de los mineros continúan exigiendo justicia y aquí también nos preguntamos ¿dónde están los responsables? ¿Qué se ha hecho por las 65 familias, se les ha dado el apoyo prometido? Porque se ven obligados a realizar plantones y manifestarse frente a la empresa? ¿Qué hemos aprendido de esta tragedia para que no vuelva a ocurrir algo semejante?
Son muchas preguntas sin respuesta, lo único que hemos recibido de las autoridades son acciones que parecen más orientadas a dar carpetazo al asunto, a cerrar el expediente y dejar en la impunidad a quienes son los verdaderos responsables de este accidente.
La inhabilitación por un año a cuatro de sus trabajadores, posibles chivos expiatorios; fue la acción correctiva que impuso la Secretaría del Trabajo. La exoneración de cinco directivos del Grupo México y/o pago de fianza es la respuesta del Poder Judicial y la oferta de una indemnización por parte de la empresa a cambio de que se olviden del rescate de los cuerpos de los mineros. Así, así es como se traduce la justicia en el México de hoy.
Qué lejos estamos de un derecho, de un estado de derecho, qué distantes estamos de acceder a una sociedad en la cual el cumplimiento de la ley sea una realidad. En Nueva Alianza no podemos permitir que esta tragedia quede en el olvido y que con el pasar de los años se convierta en un hecho más al que se debe recordar.
Para Nueva Alianza esta tragedia debe constituirse en un referendo histórico. Un referente de aplicación de la ley hasta sus últimas consecuencias. Un referente para transformar la legislación laboral en materia de seguridad social, para que esto no vuelva a ocurrir. Un referente para que se forme una instancia de supervisión laboral, libre de corrupción, autónoma y que haga cumplir las normas de seguridad. Un referente para demostrar que en la Cámara de Diputados sí escuchamos a los ciudadanos y adquirimos un compromiso con la justicia.
Nuestra solidaridad con los deudos de 65 mineros que perdieron la vida en el desempeño de su trabajo y nuestra exigencia a las autoridades federales para que cumplan con su responsabilidad y con honestidad y transparencia hagan cumplir la ley.
Exigimos que se continúe con la investigación hasta sus últimas consecuencias, que se deslinde de responsabilidades y se sancionen a quienes pudiendo preverlo no tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores.
No podemos permitir que en pro del beneficio del capital se exponga la vida de los trabajadores. No podemos tolerar que las autoridades sean cómplices de las grandes empresas, si aspiramos a construir un México mejor, desde aquí, desde la Cámara de Diputados debemos comenzar por generar certidumbre y confianza; exigiendo que se cumpla la ley y se castigue a los responsables de este accidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Pablo Arreola Ortega, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con su permiso, Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el 19 de febrero de 2006 se produjo un accidente en la mina de Pasta de Conchos, concesionada a la Industrial Minera México, del Grupo México.
Dirigida por Germán Larrea Mota Velasco, ubicada en la comunidad de San Juan de Sabinas, en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila.
La falta de cumplimiento de un elemental protocolo de seguridad que la minera debió haber establecido, conjuntamente con las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y con el sindicato respectivo, desembocó en el accidente en que 65 mineros fallecieron precisamente por la indolencia antes referida.
A la fecha, no se han clarificado las causas de la catástrofe y lo único cierto es que 65 familias se quedaron sin el sostén que significa un jefe de familia en cada una de ellas, no sólo en lo económico, sino también en diversos aspectos de la vida cotidiana.
Por parte de las autoridades lo único cierto es que hace unos cuantos días, como resultado de sus arduas investigaciones se tomó una medida ejemplar, según ellos. Se sancionó con un año de inhabilitación a cuatro empleados menores de la delegación de la Secretaría en comento. Esto último, si no fuera un asunto por demás serio, sería una burla del gobierno en el poder.
En la época en que los hechos sucedieron durante el sexenio de Vicente Fox, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social era Francisco Javier Salazar Sáenz, connotado panista y miembro de El Yunque, en donde se le conoce como "Capa Blanca", quien ante la ira justificada de los familiares que lo increpaban por su falta de acción, fue captado corriendo cubierto por sus guardaespaldas y que ahora pretende que le premien con la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí.
En el pasado reciente, Javier Lozano Alarcón, actual titular de la Secretaría citada, no ha hecho nada que se le deba agradecer para dilucidar lo acaecido y fincar las responsabilidades que corresponden a quienes resulten culpables por los ilícitos cometidos, salvo la inhabilitación mencionada con anterioridad.
El encargado actual de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo no hecho en Pasta de Conchos y por su desempeño como camorrista al servicio de Felipe Calderón, ha sido premiado con la interlocución oficial de los problemas campesinos que protestan por un sinfín de hechos e incluye aquí el Tratado de Libre Comercio.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, a dos años de la tragedia de Pasta de Conchos los deudos de los mineros fallecidos claman por justicia porque no bastan los miserables recursos económicos que les quieren dar para comprar su silencio, sin que se le entreguen los cuerpos de las víctimas para darles sepultura de acuerdo a sus creencias.
Es indispensable que, en esta evocación fatal, Felipe Calderón Hinojosa, titular del gobierno federal, haga honor a su encomienda y ordene que de inmediato la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría General de la República se aboquen a llevar a cabo la investigación que finalmente instaure los juicios penales que previsiblemente resulten.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone a esta soberanía que se haga un exhorto al Poder Ejecutivo Federal para que se ordene a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a la Procuraduría General de la República, que se hagan las indagatorias correspondientes, con el fin de esclarecer los hechos acaecidos el 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, ubicada en San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, Coahuila, concesionada a Industrial México, del Grupo México.
Asimismo, que informe puntualmente a esta representación popular sobre las pesquisas que realicen y las conclusiones inherentes. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Arreola. Tiene el uso de la tribuna el diputado Sergio Augusto López Ramírez, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Sergio Augusto López Ramírez: Con su venia, diputado Presidente. Colegisladoras, colegisladores.
A dos años de la muerte de 65 mineros, las malas condiciones que dieron origen a una explosión de alta magnitud que pudo evitarse, desafortunadamente prevalecen a nivel nacional en todo el sector energético.
Desafortunadamente, compañeros colegisladores, a pesar de las pésimas condiciones en que actualmente se explotan las minas en nuestro país y que han motivado diversos accidentes y la pérdida de vidas humanas, no se han logrado grandes avances en esta materia.
Si bien es cierto que la Secretaría de la Función Pública, casualmente, a seis días de que se cumplieran dos años del accidente dio a conocer que determinó inhabilitar y destituir por un año a cuatro servidores públicos adscritos a la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el estado de Coahuila, por incurrir en responsabilidad administrativa al efectuar inspecciones de seguridad de manera inadecuada y no dar seguimiento al resultado; es decir, compañeros, los sancionó por haber tenido responsabilidad en la explosión de la mina de Pasta de Conchos, donde perdieron 65 mineros su vida.
En este punto debemos destacar que los cuatro funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que fueron destituidos e inhabilitados podrán en un año volver a prestar sus servicios en la administración pública federal, lo que equivale, compañeros, a que la muerte de 65 personas sólo merece la sanción administrativa de un año y la destitución de quienes ocupaban cargos menores.
Definitivamente esta sanción resulta a todas luces cuestionable si tomamos en cuenta que derivado, en su momento, de las prácticas de inspección en la mina unidad Pasta de Conchos, se determinó que existían condiciones que impedían garantizar íntegramente la salud y vida de todos los trabajadores.
Compañeros legisladores, la injusticia que comenzó con la muerte de 65 mineros continúa a dos años de la tragedia; aun cuando la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila remitió a la Procuraduría General de la República el resultado de sus investigaciones, de la que se desprende la probable responsabilidad penal de diversos servidores públicos de la delegación de la Secretaría del Trabajo de aquel estado. A la fecha, la Procuraduría General de la República no ha informado sobre el particular.
Compañeras y compañeros, según información disponible, hasta el 17 de enero de 2007 han muerto en las minas de la región carbonífera aproximadamente 1 mil 600 mineros; repito la cifra: 1 mil 600 mineros.
En consecuencia, resulta evidente que la explotación minera demanda urgentemente reformas legales y que las dependencias competentes de la administración pública federal cumplan cabalmente con las funciones de diversos ordenamientos legales vigentes en materia de seguridad y apliquen, en caso de incumplimiento, todas y cada una de las sanciones correspondientes; como sería el caso de la Secretaría de Economía, quien, en términos de la ley minera, está obligada a la práctica de visitas de inspección para determinar que se mantengan las obras permanentes de fortificación, los ADM y demás instalaciones necesarias para la estabilidad y seguridad de todas las minas del país.
Debemos reconocer que la mayor responsabilidad en materia de explotación de minas corresponde, entonces a la autoridad que tiene la obligación de tutelar la protección de un bien jurídico de la mayor importancia, como es la vida. Por ello, exigimos que en este caso se sancionen a todos los que incurrieron en responsabilidad, sea penal, sea administrativa o civil.
Finalmente, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reitera su solidaridad con los familiares de los 65 trabajadores mineros que perdieron la vida en tan lamentable accidente, y quienes lo integramos estamos convencidos de que los diputados de la honorable Cámara continuaremos en la lucha por que las autoridades competentes adopten las medidas necesarias para evitar otra tragedia; que se apliquen las penas y sanciones correspondientes a los responsables del accidente minero ocurrido hace dos años en Pasta de Conchos.
Por su atención, diputados, muchísimas gracias. Es cuanto, diputado.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado López Ramírez.
Se pide a la Secretaría instruya el cierre electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: ¿Falta alguna diputada o algún diputado por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 404 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna el diputado Elías Cárdenas Márquez, de la fracción parlamentaria de Convergencia.
El diputado Elías Cárdenas Márquez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la tragedia de Pasta de Conchos debe acumularse a las políticas erráticas del neoliberalismo aplicadas en México torpemente. Hoy debemos recordar que desde la Colonia, hasta nuestros días, el trabajo en las minas mexicanas ha sido cruz y calvario para miles de mexicanos.
Nuestra memoria histórica se ve disminuida cuando no tenemos en cuenta antecedentes como el de Cananea y el de Pinos Altos, que precedieron a la Revolución de 1910. Pero es también actual expresión dramática del choque entre los proyectos de nación en conflicto. Es, simplemente, la protección de los intereses de la clase privilegiada en contra de los más elementales derechos humanos y conquistas obreras de la clase trabajadora.
Los cadáveres de los mineros que aún permanecen en la entraña profunda de los socavones son una carga contundente a la falta de conciencia de un gobierno clasista que se quiere refugiar en un ilusorio futuro, con total menosprecio presente a las angustias y al dolor de los humildes.
Convergencia habrá de apoyar la iniciativa que ya se prepara sobre este tema y que define con precisión los conceptos de Comisión Nacional de Seguridad e Higiene en las Minas y su órgano consultivo, los peligros o riesgos inminentes, los accidentes o siniestros de trabajo, y hace énfasis en la responsabilidad social e indica los requisitos para otorgar las concesiones mineras y las sanciones correspondientes.
Convergencia, partido con profunda raíz socialdemócrata, apoya totalmente en esta tribuna las reformas a la Ley Minera, que se presentarán, así fuera como un paliativo y una prevención para que el holocausto de Pasta de Conchos quede como una lección permanente en los anales infaustos de la historia nacional.
Los mineros mexicanos constituyen una fuerza tradicional en las grandes conquistas revolucionarias pero también han sido pioneros y coadyuvantes en la construcción de México como una nación libre e independiente.
Propongo ante esta soberanía nacional, que se construya en el provisional cementerio de trabajadores mineros, mientras no sean rescatados sus cadáveres, un mausoleo que nos recuerde a los mexicanos responsables, que ahí está una deuda pendiente y como oprobio para quienes han actuado en forma irresponsable encubriendo los intereses de la oligarquía nacional e internacional minera.
La justicia, compañeros, llegará tarde o temprano. Y si así no fuera, que la nación nos lo demande. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Cárdenas Márquez.
Tiene el uso de la tribuna el diputado Jericó Abramo Masso, de la fracción parlamentaria del PRI.
Aprovechamos para saludar la presencia de alumnas y alumnos de la primaria Chitle, de la delegación Coyoacán. De alumnas y alumnos de la Universidad Anáhuac, del Estado de México y de alumnas y alumnos de la secundaria del Instituto Oriente, Arboledas, del municipio de Atizapán. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.
El diputado Jericó Abramo Masso: Ciudadano Presidente, solicito respetuosamente un minuto de silencio para recordar dos años de la muerte de los mineros en Pasta de Conchos.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Pido a las diputadas y los diputados ponerse de pie para dar un minuto de silencio en memoria de los mineros caídos en Pasta de Conchos.
(Minuto de silencio)
Muchas gracias.
El diputado Jericó Abramo Masso: Compañeras y compañeros, diputadas y diputados: este día se cumplen dos años de la tragedia que enlutó los hogares de 65 mineros y del pueblo de México, por la explosión de la mina ocurrida en Pasta de Conchos.
Vengo por ese motivo a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, a expresar lo siguiente: A dos años de esta tragedia, Pasta de Conchos resume la historia de eventos que han demostrado la fragilidad de la seguridad de quienes laboran en el subsuelo mexicano para extraer las riquezas minerales.
A dos años de esta tragedia continuamos luchando porque se haga justicia para los niños y las niñas que perdieron a su padre, a quienes perdieron al hermano, al hijo, o a las viudas que perdieron no solamente a su marido, sino al ser amado que les llevaba el sustento diario.
A dos años de aquella tragedia siguen las demandas para recuperar los cuerpos, o restos de los mineros que la madrugada del 19 de febrero de 2006 encontraron la muerte. A pesar de los resolutivos de los estudios realizados, que concluían que era posible si las condiciones de la mina cambiaran… ¿qué se ha hecho para cambiar las condiciones?
A dos años de esta tragedia, lamentamos profundamente las resoluciones de la Secretaría de la Función Pública, ya que no son acordes con las responsabilidades de los funcionarios que tuvieron la tarea de vigilar la aplicación de las medidas de seguridad que, por ley, debieron hacer, originando la muerte de 65 trabajadores, y de no castigar a quienes debieron hacerlo.
A dos años de la tragedia, la vida de muchos trabajadores sigue estando en riesgo. Y que esta labor, de acuerdo con el marco de la ley, es una actividad cuya jurisdicción es federal. Y que en esta Cámara de Diputados ampliamos el presupuesto para la contratación de 100 nuevas plazas de inspectores, las cuales no han sido satisfechas al cien por ciento. ¿Cuánto más debemos esperar?
A dos años de la tragedia, la LIX Legislatura, a propuesta de los diputados y las diputadas de Coahuila, aprobó la reforma que permite la explotación del gas grisú, o metano, para aprovechar este elemento natural y al mismo tiempo extraer un material altamente explosivo, que permitiera resguardar la vida de los mineros del carbón. Y aún no existe el reglamento correspondiente.
¿Cuánto más deben esperar las autoridades de Pemex y de la Secretaría de Energía para sacar este reglamento? Ya es una ley y aún no sacan el reglamento. A dos años de la tragedia de la mina en Pasta de Conchos, la PGR no ha concluido la investigación. Ni ha castigado a los culpables, a pesar de contar con los elementos de una consignación y declaración de culpables, realizada por la Procuraduría de Coahuila, de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del informe de la Comisión Especial para conocer las responsabilidades de origen, de la tragedia de la mina Pasta de Conchos.
A dos años de esta tragedia, nos comprometimos a realizar acciones que evitaran tragedias como la que hoy, desgraciadamente, nos trae a esta tribuna.
Hoy presentaremos una iniciativa que reforma a la actual Ley Minera con el objetivo de hacer más rigurosos los procedimientos de emergencia, de protección civil, de las medidas de seguridad e higiene, de sanciones más fuertes y de una mayor regulación y vigilancia de esta actividad. A dos años de esta tragedia convocamos a todos a realizar la tarea de proteger a quienes laboran en las minas de carbón, en los pocitos y en todas las minas de nuestro país.
Debemos pugnar por concientizar a quienes ostentan una concesión de que ésta no es sólo para generar riqueza por medio de la explotación de un mineral, sino que debe hacerse como lo establece el artículo 27 de nuestra Constitución, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
A dos años de la tragedia llamamos a todos los que intervienen en la industria minera metalúrgica a hacer de esta actividad, una actividad segura que beneficie a quien ahí trabaja y a sus comunidades, que sirva de pilar del desarrollo sustentable, que garantice el cuidado del medio ambiente. Que sea, por último, la industria que todos queremos por el bien de México.
A dos años de la tragedia, el Partido Revolucionario Institucional pone su compromiso y esfuerzo para lograr aquí, en esta Cámara de Diputados, en esta Legislatura número LX, las reformas necesarias del marco aplicable para que, como hemos venido diciendo, sea una actividad segura, remuneradora y una de las columnas del desarrollo sustentable siempre guiados por el beneficio de quienes menos tienen y de toda la nación.
Desde aquí, un saludo fraterno y solidario a quienes hoy siguen esperando a que regrese el ser querido. Justicia social para todos. Buenas tardes.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Abramo Masso. Tiene el uso de la tribuna el diputado José Antonio Almazán González, de la fracción parlamentaria del PRD.
El diputado José Antonio Almazán González: Con su permiso, compañero diputado Presidente.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, pareciera innecesario comenzar subrayando lo que todos los oradores que me han antecedido han precisado: hoy se cumplen dos años, dos años y la justicia no llega para castigar a quienes aquí en esta Cámara de Diputados el 4 de octubre del año pasado, conforme al informe final que se presentó por parte de la Comisión Especial para conocer sobre esta tragedia de la Mina de Pasta de Conchos, se señalaron a los autores intelectuales y a los autores materiales.
Hoy, con algunos chivos expiatorios, se pretende acallar y con los oídos sordos de las autoridades se pretende resolver la demanda fundamental de los familiares y viudas, que es el rescate de los restos mortales de los mineros que fueron asesinados en esa mina. En ese largo peregrinar, en esas fechas, ese 4 de octubre aquí los familiares y las viudas obtuvieron un espacio de solidaridad.
Aquí hubo un pronunciamiento a favor de que se realizara el mayor esfuerzo para lograr el rescate de los cuerpos y aquí fue designada, por el pleno de esta soberanía, una comisión de diputados para que acompañara a los familiares y viudas ante los oídos sordos que, en ese entonces, hizo el actual secretario del Trabajo y Previsión Social.
Qué ha pasado de esa fecha a este momento. Tenemos pleno conocimiento, conforme lo establece la Ley Minera, que el día 30 de noviembre de 2007, una vez que concluyeron las diligencias resultado del emplazamiento para que se diera cumplimiento a una de las consideraciones del Foro consultivo, científico y tecnológico, que determinó que si bien en ese momento no existían las condiciones de seguridad e higiene para rescatar los cuerpos, sí planteaba que se realizaran obras y trabajos pertinentes en ese sentido que dieran garantía a futuro.
Por supuesto, la empresa minera incumplió este emplazamiento, pese a que en dos ocasiones se realizaron diligencias en este sentido. De tal manera que el 30 de noviembre la empresa Industrial Minera de México fue formalmente notificada que corría un plazo de ley de 45 días, para que pudiera inconformarse frente al dictamen de suspensión definitiva.
¿En qué condiciones estamos actualmente? Conforme a lo establece el artículo 55 de la Ley Minera, en la fracción II, en donde se establece el nivel de sanciones, se dice que se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones siguientes —y cita en la fracción II—: no ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos en esta ley en los términos y condiciones que señalan la misma y su reglamento. Es decir, debe de ser retirada la concesión en lo que hace a la explotación en esta área que circunda a la mina ocho de Pasta de Conchos.
Pero el problema fundamental sigue pendiente. Es decir, una vez que no hay un tercero que se haga responsable de lo que es un derecho humano fundamental, como lo plantean las viudas y los familiares, debe ser el Estado mexicano y sus instituciones quienes recojan y den posibilidad y cauce a esta demanda fundamental, que hoy, que se cumplen dos años de este homicidio industrial, levantan como demanda fundamental los familiares y las viudas de Pasta de Conchos.
Por lo mismo, compañero Presidente, quiero someter a la consideración de este pleno, atendiendo a lo que ha sido una práctica parlamentaria, el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión se pronuncia a favor de que se realice el mayor esfuerzo para lograr el rescate de los cuerpos.
Segundo. Que una comisión de diputados, de los diversos grupos parlamentarios, acompañen a los familiares a la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo federal, a efecto de poder ser recibidos por su titular, el secretario Juan Camilo Mouriño.
Repito y propongo, compañero Presidente, como punto de acuerdo, atendiendo a la práctica parlamentaria, para que sea sometido en este momento a este pleno de esta honorable Cámara de Diputados.
Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Señor compañero diputado, el punto del orden del día que estamos abordando es el posicionamiento con motivo del segundo aniversario de los hechos ocurridos en la mina Pasta de Conchos. No podemos someter a votación ningún punto de acuerdo. No está agendado. No hay práctica parlamentaria que nos permita alterar de esta manera el orden del día.
Le ruego, señor diputado, en todo caso, que lo promueva con la Junta de Coordinación Política para que pase como un asunto inscrito.
El diputado José Antonio Almazán González: Con el debido respeto, compañeras diputadas y compañeros diputados, compañero diputado Presidente, estoy aludiendo a la práctica parlamentaria y me refiero de manera muy específica a un debate pactado.
Doy la fecha: el 24 de abril del año pasado. El Presidente de ese periodo de sesiones, el diputado Sergio Zermeño, lo permitió. El debate pactado fue en relación con el tema de la soberanía alimentaria. Y en virtud de la trascendencia e importancia, que así le reconoció, lo puso a consideración de esta soberanía. A esto me refiero cuando hablo de la práctica parlamentaria.
Estoy dando un hecho específico, a efecto de actuar por analogía con relación a esta práctica parlamentaria. Por lo que quiero insistirle, con todo respeto, que someta a la consideración de esta soberanía la lectura del punto de acuerdo que estoy señalando. Gracias.
El Presidente Diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Pido a la Secretaría que nos lea el artículo tercero, primer párrafo, y el cuarto párrafo del artículo tercero del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones aprobado el 26 de septiembre de 2006 con modificaciones del 21 de diciembre de 2006.
La Secretaria Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Artículo tercero. La Mesa Directiva formulará la orden del día de las sesiones. Para el efecto deberá considerar las propuestas que reciba oportunamente de la Junta de Coordinación Política, los dictámenes y resoluciones que le turnan las comisiones, así como los asuntos que reciba de la Cámara de Senadores, los otros dos poderes de la Unión, los poderes de los estados, las autoridades locales del Distrito Federal y demás organismos públicos y en su caso de los particulares.
Artículo cuarto, párrafo cuarto. Siempre que se trate de iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y excitativas el oficio deberá anexarse en la versión electrónica en el documento, señalando el nombre y la firma de la diputada o diputado que lo suscribe y el trámite que solicita.
Sin un asunto registrado no se acompaña del documento correspondiente no podrá inscribirse en el orden del día.
Es cuanto diputado Presidente.
El Presidente Diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias compañera Secretaria. Vamos a proceder, entonces, a según acuerdo con el propio diputado ponente. Vamos a consultar de otra manera como lo metemos, lo sometemos a consideración. Muchas gracias.
Continúe diputado Juan Manuel Sandoval Munguía de la fracción parlamentaria del PAN.
El diputado Juan Manuel Sandoval Munguía: Con su permiso, diputado Presidente.
El Presidente Diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Juan Manuel Sandoval Munguía: Antes de iniciar con mi participación deseo expresar a los deudos de los 65 compañeros fallecidos hace dos años, la solidaridad de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en esta Cámara.
Hace dos años ya de la tragedia que en esta tribuna se ha citado. Dos años en los que no hemos podido llegar todavía a la conclusión que nos permita conocer ni las causas, ni los responsables de la tragedia. Dos años en los que no obstante la formación de diversos grupos para investigación de este hecho y una comisión especial en esta legislatura no hemos podido todavía satisfacer la exigencia de nuestros compañeros deudos de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos.
Y es que, compañeras diputadas y compañeros diputados, la justicia en México no se da por contentillo de fracciones parlamentarias, la justicia en México se otorga, la justicia en México se asigna con base en datos duros y concretos. No se da como parte del revanchismo político que luego suele prevalecer en nuestra sociedad.
Por supuesto que el Partido Acción Nacional expresa su conformidad con que los trabajos de rescate de los cuerpos en mina Pasta de Conchos continúen, en tanto no se ponga en riesgo la integridad física de las personas que en él puedan participar y en tanto se acredite la viabilidad, el rescate de los propios cuerpos que se encuentran ahí enterrados.
La realidad es que hoy, hay varias tragedias que lamentar. Una es la que nos encontramos señalando, pero hay otra que no podríamos dejar pasar en esta tribuna y que no es menos trágica que la primera. Me refiero al manejo político, estrictamente político que diversos actores de la sociedad mexicana le han dado a un suceso que nos conmueve y que pesa en la conciencia nacional.
La posibilidad de los señores actores políticos de realizar carroña política, carroña política a través de los beneficiarios, a través de los deudos de nuestros compañeros y de nuestros propios mineros enterrados.
Es momento de que la Cámara de Diputados pueda entender que este tipo de prácticas que se dan hace dos años, con respecto a este suceso, son totalmente repudiadas por la sociedad mexicana. Repudiamos desde esta tribuna la posibilidad de que los diversos actores continúen sacando raja para los diversos programas o actividades políticas que se realizan.
Igual de trágico es el manejo que el gobernador de Coahuila ha hecho acerca de este suceso: mucha preocupación, mucho discurso, muchas expresiones de apoyo, pero en la realidad hemos encontrado solamente un gobernador que se caracteriza por diversas circunstancias, una de ellas es la tragedia. Por eso conocemos de él.
La segunda es la explosión del camión apenas hace unos meses en Coahuila y la tercera, y vale la pena señalarle aquí: las habilidades que ha mostrado para bailar al compás que la delincuencia le va marcando, según los medios de comunicación, hace apenas algunos meses.
¿Y el dirigente sindical Napoleón Gómez Urrutia? No ha sido señalado en esta tribuna, no nos explicamos todavía por qué. ¿Qué hay de él? ¿Que él no era corresponsable según el informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a esta soberanía? ¿Que no era corresponsable de la tragedia? ¿Que no tiene absolutamente nada que ver? ¿Dónde está la preocupación del dirigente sindical por los mineros? Parece que vivimos realidades diferentes.
Un dirigente sindical que lo encontramos en este momento en Canadá viviendo como príncipe, a través de los recursos que le aportan los mineros y miles de trabajadores mineros que se encuentran en este momento en las minas, enterrados todavía tratando de ganar el pan de cada día, en realidades totalmente diferente, pero que se obvian en esta tribuna.
Y ese sindicalismo democrático que de pronto dice que participa con los trabajadores, y que sale y se manifiesta, y hace a veces excesivo ruido en las calles de nuestras ciudades, ¿dónde está?
Lo último que supimos de él, respecto a este suceso, fueron las manifestaciones de apoyo al dirigente sindical que, insisto, se encuentra todavía fugado y que consideramos todavía como un pillo que no ha sabido dar la cara a sus representados.
Podríamos continuar, porque la lista no termina. La realidad es que persiste la exigencia de todos los que nos encontramos aquí por satisfacer la inquietud de los deudos de nuestros compañeros. Esperamos que este segundo aniversario, más allá de los discursos sentidos, que no dejan de ser medio retórica de pronto y que no se corresponden contra la exigencia de los familiares ni de los pobladores de Coahuila, pasen a objetivarse en situaciones concretas.
Ya que hablan del informe final en esta tribuna, habría que preguntar —ya para terminar—: ¿cuando se habla del informe final, de qué informe se habla? ¿Del informe que nos presentan como proyecto de informe final y que no sabemos dónde se realizó todavía, pero que lo presentan para discusión en la Cámara de Diputados, en mayo de 2007?
¿O se habla de informe final del que ya no tuvo conocimiento en ninguna plenaria la comisión especial? ¿O se habla del tercer informe final presentado un mes después con respecto a Pasta de Conchos? ¿Cuál de éstos es el efectivo? ¿Cualquiera de los tres, compañeras diputadas y compañeros diputados?
Cualquiera de los tres, sociedad mexicana, no cumplen las principal expectativa de los mineros en este momento, y la principal exigencia. Ninguno de los tres llega a considerar el rescate de los cuerpos del que jactanciosamente en esta tribuna estamos exigiendo.
Por su atención, muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado.
El siguiente punto del orden del día es el de la efeméride con motivo del Día del Ejército Mexicano. Se han registrado para referirse al tema las siguientes diputadas y los siguientes diputados:
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Abundio Peregrino García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; el diputado Manuel Portilla Diéguez, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México; el diputado José Manuel del Río Virgen, de la fracción parlamentaria de Convergencia; el diputado Roberto Badillo Martínez, de la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional; el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática; y el diputado Jorge Justiniano González Betancourt, de la fracción parlamentaria del PAN.
Tiene el uso de la tribuna el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza.
Aprovechamos para saludar al grupo de alumnos y maestros de la escuela Normal Antonio Martínez Atayde, de Mazatlán, Sinaloa. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Hoy, cuando conmemoramos el LVIII aniversario del Ejército Mexicano, reconocemos su valor y su servicio a nuestra patria y nos expresamos para lograr que se mantenga como una institución confiable y una mejoría en su funcionalidad.
Los integrantes compatriotas de todos los rincones del país que integran al Ejército Mexicano deben de ser reconocidos. Ellos provienen de todos los credos, de todas las etnias, son hombres y mujeres de la más variada condición social y con el más amplio abanico de oficios, profesiones, conocimientos y aptitudes. Es, sin temor a hipérbole, un ejército del pueblo, del que venimos y en el que nos reflejamos.
En el Ejército Mexicano se privilegia la lealtad, la disciplina, el honor y el patriotismo. Todo ello lo desarrollan con abnegación. Valores que no se les deben regatear y sí reconocer sin titubeo. Contamos con un ejército que tiene sentido de pertenencia y orgullo de servir a México. Eso hace dable que nuestro ejército garantice la vida de los mexicanos, custodie su patrimonio y el patrimonio nacional, sea factor de armonía y de orden.
Pero como toda institución, el ejército también es perfectible y no está ajeno a intereses perversos o mezquinos, provengan de donde provengan y vive también un proceso de evolución constante. Por ello es pertinente abordar con sentido crítico el hecho de tener a decenas de miles de nuestros soldados en las calles haciendo las tareas que le corresponden a la policía.
Vale la pena recordar el decreto por el que se crea el cuerpo especial del Ejército y Fuerza Aérea, denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal que en su artículo 2º señala: "Proporcionar apoyo a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno en tareas de restauración del orden y seguridad pública, en el combate a la delincuencia organizada o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la nación, para lo cual contará con los recursos humanos, materiales, técnicos, tecnológicos, tácticos, estratégicos que le permitan cumplir con las misiones encomendada."
De ahí pues, que debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos y el destino que pudiéramos quererle dar a las decisiones de involucrar al ejército. Ya hemos dicho y se ha establecido que la delincuencia organizada se ha incrustado en las instituciones del país y de ello no ha sido ajeno el ejército.
Lo grave es que el general Ángeles Dauahare, subsecretario de la Defensa Nacional, sostiene que en los recientes 7 años han desertado 117 mil soldados. ¿Cuál ha sido el destino de ellos? ¿Por qué el Ejército Mexicano no tiene un sistema que le permita tener control de su inclusión y cuál va a ser el destino que tienen estos elementos cuando lo abandonan y desertan.
¿Será esa familiaridad la que nos encontramos en las calles cuando, al llegar a abordar o tratar de detener algún ilícito, o perseguirlo cuando éste ha sido cometido, se encuentran a compañeros de otro tiempo de las Fuerzas Armadas?
Debemos tener mucho cuidado desde el Legislativo y debemos ratificar nuestro compromiso de vigilar que el Ejército nacional cuente con los medios necesarios para cumplir su alta responsabilidad, y que no sean los elementos del Ejército quienes allanen sin ley alguna, quienes abusen sin orden alguno y sin vinculación alguna con el castigo correspondiente a la sociedad mexicana.
Hay que hacer esa denuncia, pero también queremos hacer un Ejército Mexicano mejor atendido, más eficaz, digno. Y por eso debemos luchar.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Ejército Mexicano ha sido, es y deberá seguir siendo una institución confiable y ejemplar; a eso nos convocamos. Saquemos a los malos elementos del Ejército y logremos de esa institución patria y orgullo. Viva el Ejército Mexicano.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Cárdenas Fonseca. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Abundio Peregrino García, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.
El diputado Abundio Peregrino García: Con la venia de la Presidencia.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Abundio Peregrino García: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el 19 de febrero de 1913 el entonces gobernador del estado de Coahuila, don Venustiano Carranza, desconoció al asesino y usurpador Victoriano Huerta como presidente de la república.
Con este acto un estado de la federación inicia la segunda etapa de la Revolución Mexicana. Al ejército levantado por el gobernador Carranza se le denominó "Ejército Constitucionalista". Años después se decidió conmemorar en esta fecha el Día del Ejército. Como reconocimiento a la labor institucional que como defensor de nuestra soberanía, y a su institucionalidad, se ha ganado el apoyo popular.
A diferencia de los ejércitos de otros países, que tienen una concepción aristocrática de la función militar, el Ejército Mexicano tiene un claro origen popular, producto del levantamiento armado de 1910.
Su origen le ha permitido colaborar de manera estrecha en el auxilio a la población afectada por desastres naturales. Ha sido un valuarte de nuestra soberanía y de nuestra seguridad nacional. Y en tal virtud el Ejército Mexicano enfrenta una guerra frontal contra el crimen organizado; en particular, contra el narcotráfico, que incluso le ha significado el asesinato de varios de sus efectivos.
A quienes han caído en el cumplimiento de su deber, desde esta alta tribuna les rendimos un merecido homenaje; y a su familia, nuestra solidaridad.
El combate al narcotráfico, por parte del Ejército Mexicano, debe llevarse a cabo en el marco del respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos. No puede existir arbitrariedad en las acciones del Ejército en esta lucha, porque la sociedad mexicana ve con buenos ojos su participación, pero si se cometen excesos y se lastima a la población, la percepción puede cambiar.
Desde luego, no podemos soslayar que en virtud de la subordinación del Ejército al poder civil, se han cometido excesos en cruentos momentos de nuestra historia. El 2 de octubre de 1968 es clara muestra de ello. El 2 de octubre no se olvida.
Además, malos elementos del Ejército se han encargado de desvirtuar la actividad castrense al desertar para pasarse a las filas de la delincuencia o bien cuando abusan de las mujeres, como ocurrió en Castaños, Coahuila.
Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el Ejército Mexicano debe continuar estando al servicio del pueblo. Como parte de las transformaciones que se han operado en nuestra sociedad, debe adecuarse a la nueva realidad del país.
Por ello, resulta un avance la creación de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este organismo velará, sin perjuicio, la disciplina que debe existir en el Ejército. La línea de mando; no se ejerce de manera arbitraria en contra de sus miembros. El Ejército Mexicano requiere modernizarse y contar con mayor presupuesto para realizar sus tareas adecuadamente.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, a los integrantes del Ejército Mexicano les expresamos desde esta tribuna, nuestro reconocimiento por este día. Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Peregrino. Tiene ahora, el uso de la tribuna el diputado Manuel Portilla Diéguez, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Manuel Portilla Diéguez: Con su permiso, diputado Presidente. En un día como este pero de 1950, el Ejército mexicano fue reconocido legalmente cuando el presidente Miguel Alemán declaró como Día del Ejército Mexicano, el 19 de febrero.
Si reflexionamos sobre este día encontraremos que la historia del Ejército Mexicano es, en cierta manera, la historia de nuestro país. En gran medida porque nuestra nación se construyó sobre la base de numerosas batallas que permitieron la libertad y demás garantías individuales a los mexicanos.
Actualmente, el Ejército Mexicano es la rama terrestre de las Fuerzas Armadas de México que se ha encargado de defender la soberanía del país, así como de ayudar a proteger la integridad de sus habitantes. Pero a lo largo de las últimas décadas el Ejército se ha constituido como el custodio de nuestras demás instituciones y se ha destacado por su vocación eminentemente pacífica.
Asimismo, el Ejército se ha caracterizado por ser una de las instituciones que inspiran mayor respeto y credibilidad por su solidaridad con la sociedad mexicana, por su lealtad y apego a los principios y valores nacionales.
A esta institución debemos no sólo el reconocimiento de sus actos heroicos en campos de batalla, sino también de nuestra seguridad, la paz pública y su auxilio eficaz en situaciones de peligro; ha mantenido el orden en casos de desastres, ha dado atención a la población afectada por fenómenos naturales como inundaciones, terremotos y huracanes.
Ha sido crucial su labor social en comunidades apartadas y de bajos recursos al proporcionar atención médica, odontológica, al dar mantenimiento a escuelas, al participar en programas de alfabetización y educación de adultos, así como en dotar de agua a comunidades alejadas.
Para el Partido verde ha significado de gran labor su participación en labores de reforestación y de combate contra incendios y encomienda que desde 1993 el Ejército haya tomado acciones en la producción de plantas y reforestación bajo el esquema de solidaridad forestal.
Ello sin contar que el Ejército a través de la Secretaría de la Defensa Nacional iniciará en el 2008, con un compromiso de sembrar 80 millones de árboles durante la presente administración, programándose la siembra de 16 millones cada año.
Y no podemos dejar de mencionar su determinante participación en operaciones contra el narcotráfico, donde la destrucción de los centros de producción y el decomiso de drogas han contribuido a impedir que lleguen a otros lugares, y más jóvenes sean presa de sus efectos dañinos. Además de que sus miembros arriesgan su vida al vigilar y enfrentar el desarrollo de guerrillas o grupos que atentan contra la paz social. Como hemos podido apreciar, las fuerzas armadas forman parte de la identidad nacional. Por eso, la mejor forma de homenajearla es respetarla.
Debemos hacer una reflexión retrospectiva de lo que ha significado esta institución. Con lo cual debemos reconocer los logros, pero también identificar con humildad lo que como legisladores debemos hacer para corresponder a sus esfuerzos mediante acciones que fortalezcan y reanimen sus ímpetus. Ahí se ve reflejado todo el dinero canalizado a la secretaría, realmente bien utilizado. Por eso como legisladores hoy manifestamos nuestro agradecimiento por su compromiso con México.
El Partido Verde Ecologista de México expresa una gran felicitación a los casi 250 mil hombres y mujeres que conforman el Ejército Nacional Mexicano, en éste, su día. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Portilla. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado José Manuel del Río Virgen, de la fracción parlamentaria de Convergencia.
Esta Presidencia informa de la visita de alumnas y alumnos de la escuela primaria Ramón López Velarde, del municipio de Huixquilucan, en el Estado de México; y de alumnas y alumnos de la escuela primaria Alfredo del Mazo, también del Estado de México. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, celebramos hoy 19 de febrero, el Día del Ejército. Con todo respeto queremos darle una felicitación muy sentida, al general Badillo y al general Betancourt, diputados federales aquí presentes.
Y también queremos con ese mismo entusiasmo, señor Presidente, que le pregunte usted a la asamblea, si acepta un minuto de silencio por los soldados que han muerto con motivo del combate contra las bandas delincuenciales.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Solicito a las diputadas y a los diputados, así como a todos los presentes, ponerse de pie para dar un minuto de silencio en memoria de los integrantes del Ejército Mexicano caídos en actividad.
(Minuto de silencio)
Muchas gracias. Continúe el orador.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Gracias, Presidente.
Compañeras y compañeros, el 22 de marzo de 1950 se estableció que este día se festejara, se celebrara como Día del Ejército Mexicano. Se busca conmemorar la creación de nuestro actual instituto armado, que es una de las instituciones con mayor credibilidad dentro de la ciudadanía.
El Ejército Mexicano tiene un papel fundamental en la protección de la soberanía nacional y la seguridad del territorio mexicano. Actualmente ejerce otra función no menos importante: el combate frontal al crimen organizado, en el cual ha obtenido importantes victorias, con el despliegue promedio mensual de más de 45 mil efectivos.
El Ejército se ha reafirmado como una fuerza armada de paz, ya que desempeña labores de asistencia a la población que permiten mejorar la calidad de vida de los mexicanos y de salvamento ante amenazas naturales a la población civil.
A quienes cuestionan al Ejército Mexicano no se les debe de olvidar jamás que cuando tenemos que enfrentar al crimen organizado están ellos, que cuando tenemos algún problema con algún huracán o alguna depresión tropical, está el Ejército Mexicano, cuando tenemos que auxiliar a alguna población, siempre están los soldados de este país para salvaguardar la integridad de todos los mexicanos.
Lo mismo participan plantando árboles, en campañas de sanidad, prestan atención médica y alimenticia a sectores marginados y hasta se han dado el lujo de auxiliar a los norteamericanos cuando el ciclón Katrina los trató muy mal.
Por eso, Convergencia tiene muy claro que los soldados de México merecen ser festejados con todo el respeto y el cariño que se les tiene. También merecen que este Congreso vea con sumo cuidado las percepciones que tienen, porque son percepciones que están muy por debajo de lo que en otras secretarías de Estado se pagan.
Es muy importante que este Congreso voltee sus ojos hacia la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública y le diga que es el momento de apoyar al Ejército Mexicano para que pueda tener mayores recursos y pueda afrontar con toda decisión y con todo valor a las bandas delincuenciales, pero también puedan entregarles a sus familiares el apoyo económico que se requiere.
Es muy importante que hoy, que festejamos el Día del Ejército Mexicano, podamos decirles de frente a nuestros soldados y con toda tranquilidad: "felicidades, ustedes han servido a la patria y han servido bien". Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado del Río Virgen. Tiene ahora, el uso de la tribuna el diputado Roberto Badillo Martínez de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Roberto Badillo Martínez: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en primer lugar, le agradezco sus palabras a mi amigo el diputado Virgen. No tengo más mérito que la invitación que me hizo el PRI para ser diputado plurinominal.
Al conmemorarse hoy el 95 aniversario de la creación del Ejército Constitucionalista el 19 de febrero de 1913, el Grupo Parlamentario del PRI hace un reconocimiento al Ejército Mexicano, al espíritu de sacrificio de sus integrantes, a la entrega incondicional para el desempeño de todo tipo de servicios que la nación le demanda a fin de que el pueblo disfrute de las libertades que la Constitución Política otorga a todos los mexicanos, convirtiéndose así en la columna vertebral de las instituciones políticas nacionales.
El Grupo Parlamentario del PRI rinde en este día un homenaje póstumo a los más de 600 militares, entre generales, jefes, oficiales y tropa, pertenecientes al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México que, cumpliendo con la patria, han entregado lo más valioso del ser humano, que es su vida, en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado en los últimos 30 años.
Reconocemos a sus madres, a sus padres a sus esposas, a sus hijos y demás familiares que se han quedado sin el apoyo de los militares muertos en esta lucha que es benéfica para el pueblo de México.
Hoy, en el desayuno conmemorativo del Día del Ejército Mexicano, el ciudadano presidente de la república y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, ha informado de un merecido aumento de 500 pesos mensuales a los más necesitados de las Fuerzas Armadas: al personal de tropa, soldados, cabos y sargentos.
Es la mitad de lo solicitado por los diputados, de todas las fracciones, integrantes de la LX Legislatura ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ser incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008. Reconocemos este incremento a nuestros soldados.
Los mexicanos queremos alcanzar la plena democracia y la justicia social haciendo vigentes los principios y las instituciones consagradas en la Constitución de 1917. El surgimiento de una institución ejemplar como lo es el Ejército Mexicano, fue y sigue siendo trascendente por estar conformado por ciudadanos que han surgido de un pueblo esforzado y genuino, que ha cumplido con esmero y gallardía sus altas responsabilidades de salvaguardar la soberanía nacional y la integridad del territorio, sirviendo a las instituciones con absoluta lealtad y patriotismo.
Al celebrar hoy, 19 de febrero, el Día del Ejército Mexicano reconocemos, no sólo por su desempeño eficaz en las tareas que la patria le asigna, sino por ser parte esencial del pueblo mexicano, que garantiza la estabilidad, la paz social y la vida de la república, marcada por una etapa complicada y difícil en el ámbito de la seguridad y de la gobernabilidad, por lo que sus funciones y tareas deberán siempre estar orientadas al fortalecimiento de nuestro sistema político y democrático, donde las libertades públicas sean plenamente respetadas.
En esta etapa institucional de México el Ejército constituye la piedra angular para el ejercicio civilizado y democrático de la política y del poder para servir al pueblo, con la vigencia plena del Estado de derecho.
Consideramos que a partir del análisis de las diferentes etapas en las que ha tenido un papel fundamental el Ejército podremos descubrir elementos importantes para recrear el debate actual y encontrar las respuestas que en un futuro nos permitan alcanzar el fortalecimiento de todas las instituciones de la república del siglo XXI.
Debemos estar conscientes de que también las Fuerzas Armadas, en general, y el Ejército, en particular, han enfrentado retos y dificultades propios de un país, en ocasiones revuelto, devastado por los fenómenos naturales, y pobre, pues no hemos sabido organizarnos para resolver los problemas ancestrales de miseria.
Sus tareas fundamentales deben seguir desempeñándose bajo los principios y postulados que le dieron origen, y que enaltecen a todos sus integrantes y son el orgullo de todas las generaciones.
El Ejército no es simplemente una dependencia más del gobierno, sino el resumen de las gestas históricas y del proyecto de nación que nos hemos trazado los mexicanos. Por tanto, debe seguir siendo el soporte para el ejercicio pleno del estado de derecho donde se combata con eficacia todo signo de alteración de la paz social, de vulneración en nuestra soberanía y de la integridad de la nación.
Los diputados priistas también extendemos un incentivo, un reconocimiento a quienes han dedicado prácticamente su vida al Ejército. Por ello demandamos para ellos pensiones justas y dignas, así como para las viudas y los huérfanos de quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber a favor de la patria.
El mejor homenaje que podemos hacer a nuestro Ejército, en su día, consiste en que esta representación popular por su naturaleza colegiada y plural comprenda el de mantener una relación institucional y de apoyo al Ejército para que siga trabajando con patriotismo y lealtad al pueblo de México y a sus instituciones, como hasta ahora lo han venido haciendo.
Queremos recordar que en esta LX Legislatura probablemente, por primera vez en muchas de ellas, todas las fracciones parlamentarias ha estado apoyando las peticiones de un mayor presupuesto para las Fuerzas Armadas. Felicidades en su día a los soldados de México. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Roberto Badillo Martínez. Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Con su permiso, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, en primer lugar queremos unirnos también a la felicitación a nuestros dos colegas generales, el General Badillo quien acaba de intervenir y al presidente de la comisión de Defensa, el General Justiniano González Betancourt.
Compañeras y compañeros, nuestro Ejército Mexicano hereda la tradición trigarante que surge del Plan de Iguala, posterior al Abrazo de Acatempan el 10 de diciembre de 1821, del Ejército Liberal que surge del Plan de Ayutla y del moderno que nace del seno de las fuerzas constitucionalistas en 1913.
A lo largo de los siglos XIX y XX ha dado muestra, en múltiples ocasiones, de su institucionalidad y profesionalismo. Sin embargo, en esta ocasión, es preciso recordar que esta institución fundamental del Estado Mexicano fue utilizado en épocas pasadas por el poder civil para reprimir expresiones legítimas del pueblo como sucedió el 2 de octubre de 1968, del cual fui testigo como entonces estudiante de la vocacional número 7 del Instituto Politécnico Nacional, ubicada justamente en la plaza de Tlatelolco.
En esos, años el gobierno en turno -autoritario y déspota- decidió que la sociedad civil y los estudiantes éramos un peligro para la nación y se hacía necesario borrar, de la manera más violenta, las manifestaciones genuinas que exigían libertad y democracia.
Actualmente, nuestro reto como Poder Legislativo se centra en no permitir nunca más que esta institución, baluarte de la soberanía nacional, vuelva a hacer utilizada en contra de la sociedad, este es nuestro desafío en los tiempos actuales.
En lo personal, solicité a mi Grupo Parlamentario del PRD participar en la Comisión de Defensa Nacional y he podido constatar que dentro de las fuerzas armadas hay gente patriota que ya no esta dispuesta a cumplir tareas distintas a las que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De manera equivocada, en la actualidad, se utiliza al Ejército en tareas de combate al narcotráfico y al crimen organizado que corresponden institucionalmente a las fuerzas policíacas y ha situado a nuestras fuerzas armadas en un doble riesgo: el de ser infiltrados y corrompidos por el poder de estas nefastas redes y el de cometer violaciones graves a los derechos humanos de la población que deben proteger.
Desde esta tribuna, es preciso que inclinemos nuestras banderas de lucha a la memoria de los soldados caídos en esta lucha contra el narco y la delincuencia organizada. Expresemos a sus familiares nuestra profunda solidaridad.
Este Poder Legislativo debe de mandar, al Ejecutivo federal, que se instrumente de inmediato todo un plan de profesionalización y erradicación de la corrupción de las fuerzas policíacas que permitan el retorno del Ejército a sus cuarteles y se encarguen de las tareas de seguridad nacional que le son sustantivas.
Así mismo, es necesario que en el marco del proceso de reforma del Estado, que actualmente se discute en el Poder Legislativo, se incluya el tema de la seguridad nacional y una política de defensa nacional, de lo cual carecemos a la fecha.
En fechas recientes, el tema de la participación del Ejército en tareas policiacas ha sido objeto de la atención internacional, y ha habido contundentes declaraciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Louise Arbour, quien estuvo recientemente en nuestro país y afirmó que la participación de militares en tareas policiales no es apropiado en el largo plazo, e incluso podría ser peligrosa, ya que los soldados son entrenados para otros fines, para el uso excesivo de la fuerza.
No debemos soslayar, asimismo, los acuerdos firmados por los gobiernos de Fox, Bush y el primer ministro de Canadá en el marco del Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que nos pretende ubicar en el perímetro de seguridad de la potencia del norte. Este hecho nos lleva a adquirir enemigos gratuitos, allende nuestras fronteras, olvidando que la máxima del Benemérito de las Américas, Benito Juárez era: "El respeto al derecho ajeno es la paz".
La política exterior de George W. Bush ha arrastrado las naciones pacíficas, como la nuestra, a una grave disyuntiva: servir de cómplices o impulsar medidas que respeten la autodeterminación de los pueblos. No debemos ser ingenuos, la administración de Bush busca la ampliación de su perímetro de seguridad. Y en ese contexto las Fuerzas Armadas Mexicanas tienen frente a sí otro grave riesgo, como los contenidos en el llamado "Plan Mérida", que actualmente se discute en el capitolio estadounidense.
No son pocos los desafíos que se nos presentan hoy para la consolidación de nuestro frágil estado de derecho. Es cierto que el Ejército Mexicano enfrenta graves dificultades estructurales que se evidencian en la falta de movilidad interna y los altos niveles de deserción.
Resulta innegable que es necesaria la modernización de los elementos técnicos de equipamiento; sin embargo, consideramos ineludible nuestro compromiso para aumentar los precarios haberes de la tropa y garantizar la atención médica y la seguridad social de los efectivos militares.
Nos comprometemos a presentar en breve una iniciativa de ley que permita que los jubilados reciban plenamente los beneficios de la seguridad social. Asimismo, los militares que sufren el virus del VIH-sida, problema que en la actualidad representa un nuevo desafío.
Por ello, los legisladores que integramos esta Cámara y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD hacemos un público reconocimiento al Ejército Mexicano, que hace 24 años… 23 años, el 19 de septiembre de 1985, auxilió a la población de la Ciudad de México después del desastre producido por los terribles sismos de la región centro-sur del país.
Es ese mismo Ejército el que auxilió a la población mexicana en Tabasco y Chiapas, y en los estados del golfo en las inundaciones sufridas a finales de 2007. Éste es el Ejército que queremos, un Ejército moderno y profesional, un Ejército solidario, un Ejército de paz. Muchas gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez.
Esta Mesa Directiva comparte con ustedes que se encuentra con nosotros un grupo de mujeres del sur de Jalisco. Sean bienvenidas a este pleno.
Tiene el uso de la palabra, el diputado Jorge Justiniano González Betancourt, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por favor.
El diputado Jorge Justiniano González Betancourt: Con su permiso, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Jorge Justiniano González Betancourt: Durante febrero de 1913 el Presidente Francisco I. Madero tiene la certeza de que se gesta un cuartelazo en contra de su gobierno. Envía al teniente coronel de artillería, a su jefe de ayudantes, Jacinto B. Treviño, a entrevistarse con el ciudadano Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, para que reúna tropas que apoyen al gobierno federal.
Antes de lograr esta organización, el presidente Madero es detenido, apresado y asesinado. Pero ya Venustiano Carranza había hecho el llamado a reunión por las fuerzas de los estados, la primera fuerza que se reúne es la de las fuerzas de Coahuila, destacamento que el 19 de febrero de 1913 realiza un combate en las cercanías de la población de Ramos Arizpe en contra de las fuerzas del usurpador Victoriano Huerta. Esta acción, del 19 de febrero de 1913, es el primer acto formal de lo que con el tiempo se convirtió en nuestro Ejército Mexicano.
El Ejército Mexicano, a lo largo de la historia, ha demostrado ser el pilar indefectible que sostiene la libertad, la soberanía, la legalidad y la seguridad de todos los mexicanos. Es un solo cuerpo, un solo orden formado por mexicanas y mexicanos patriotas que ponen su vida entera a favor de la nación. Para todos nosotros se entiende, cito: "como el lugar que he jurado defender hasta la muerte".
De norte a sur, y del Golfo de México al Océano Pacifico, el Ejército se abre paso y está presente en todas partes. El artículo 89 constitucional en su fracción VI dispone que: "Son facultades del Ejecutivo Federal preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército, la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación".
Por otro lado, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece en sus primeros dos artículos lo siguiente: "El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas".
En su artículo segundo: "Las misiones enunciadas podrán realizarlas el Ejército y la Fuerza Aérea por sí o en forma conjunta con la Armada o con otras dependencias de los gobiernos federal, estatales y municipales. Todo conforme lo ordene y lo apruebe el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades constitucionales".
El crimen organizado representa un cáncer que aniquila a las instituciones, organizaciones y a la sociedad mexicana en su conjunto. No es desconocido para nadie que esta enfermedad ha debilitado a las instituciones policíacas. Es por ello que, para combatir los efectos nocivos y destructivos de estos grupos, es necesario que una dependencia libre de toda sospecha, asuma esta encomienda.
Por lo anterior, el presidente de la república ha dispuesto que el Ejército Mexicano, con toda la legalidad y legitimidad, combata al crimen organizado para preservar la seguridad interior de la nación. Es de vital importancia que esta lucha sea combatida de manera frontal y con todo el peso del Estado.
Ésta debe realizarse en las diversas instancias de seguridad militares y civiles, manteniendo una coordinación que permita enfrentar eficaz y eficientemente esta lucha pues, el oponente no es un delincuente común, sino es perfectamente organizado que posee grandes recursos económicos, que tiene la posibilidad de adquirir ilegalmente armas poderosas y, por tanto, su capacidad destructiva es de grandes dimensiones.
El Plan DN-3-E constituye la herramienta más útil del Estado mexicano para hacer frente a las desgracias naturales. Recientemente, la labor del Ejército para la evacuación de las comunidades damnificadas en Tabasco y Chiapas arrojó las siguientes cifras: mil 140 militares en las zonas inundadas, 19 comunidades apoyadas, 20 camiones todo terreno suministrando víveres diariamente a esas 19 comunidades, 206 mil sacos con tierra para la formación de diques y puentes para el tránsito en las calles de Villa Hermosa.
El Ejército Mexicano es una institución constitucional, de carácter permanente, que garantiza la soberanía de la nación y de su gobierno. Por ello no debe existir la menor duda en cuanto a que una de las funciones más importantes de nuestro Ejército es avalar el respeto a las garantías constitucionales de los habitantes de un país.
Para el Ejército Mexicano velar por la defensa de los derechos humanos es un asunto de suma importancia, por ser el instituto armado garante de la seguridad nacional. Estamos conscientes de que esta batalla no puede ser ajena a la defensa de los derechos humanos, por lo que ha sido una constante preocupación del gobierno y del propio Ejército Mexicano hacerlos respetar en todo momento.
En México los organismos internacionales y las Comisiones de Derechos Humanos en el país saben que tienen completa libertad para emitir recomendaciones y realizar trabajos de observación para garantizar la plena observancia de los derechos humanos.
Consideramos que no se deben aminorar los empeños por enaltecer el honor del Ejército Mexicano, ya que su historia de ninguna manera es una crónica de fracasos; por el contrario, se ha ganado un verdadero prestigio ante la sociedad.
En este día, 19 de febrero de 2008, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional me ha distinguido con el honor de ser portavoz del más alto reconocimiento para nuestro Ejército.
Esta fracción parlamentaria, a nombre de los ciudadanos que representa, se enorgullece en contar con el Ejército Mexicano, institución preparada leal y patrióticamente; pieza fundamental en el desarrollo, la paz, la tranquilidad y la seguridad de todos los mexicanos.
Agrego: hace algunos momentos, durante el desayuno en celebración del Día del Ejército, el presidente Felipe Calderón anunció que su gobierno impulsa una iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas, a fin de lograr un aumento decoroso en los haberes del personal en retiro con 30 años o más de servicios.
Confía el señor presidente de la república contar con el apoyo de todos nosotros, los legisladores, al expresar su orgullo por las Fuerzas Armadas y, muy especialmente, por el Ejército Mexicano. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Jorge Justiniano González Betancourt.
Esta Presidencia comparte con ustedes que se encuentran aquí en este pleno los jóvenes de la Escuela Primaria Federico Froebel, del municipio de Naucalpan, Estado de México, y los invitados especiales del estado de Tlaxcala. Sean todos bienvenidos.
El siguiente punto del orden del día es el proyecto de declaratoria de reformas constitucionales en materia de gasto público. Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: México, Distrito Federal, 5 de febrero de 2008. Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. Presentes.
Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos constitucionales, el expediente con el proyecto de declaratoria que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene los votos aprobatorios de los Congresos de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Atentamente, senador José González Morfín, Vicepresidente.
Proyecto de declaratoria.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
Antecedentes
En sesión de la Comisión Permanente de fecha 20 de junio de 2007 el Ejecutivo federal presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de gasto público, la cual se turnó para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
En sesión celebrada el 12 de septiembre de 2007 el pleno de la Cámara de Diputados conoció de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando de primera lectura, siendo en sesión del 13 de septiembre de 2007 cuando discutió y aprobó al dictamen por 463 votos a favor, remitiendo la minuta correspondiente a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
En esa misma fecha, 13 de septiembre de 2007, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dio cuenta a su pleno de la recepción de la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnándose a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.
El pleno de la Cámara de Senadores en su sesión del 14 de septiembre de 2007, conoció el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedando de primera lectura.
Posteriormente, en su sesión del 18 de septiembre de 2007, discutió y aprobó el dictamen a la minuta por 118 votos a favor. Aprobado el proyecto de decreto se remitió a las de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional.
En sesión celebrada el 5 de febrero de 2008, la Cámara de Senadores realizó el cómputo de los votos aprobatorios de los Congresos de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas y declaró reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitiendo el expediente con el proyecto de declaratoria a la Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales.
Consideraciones
Primera. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las reformas constitucionales deben sujetarse a un proceso legislativo específico, en cuyo caso los proyectos deben ser aprobados por las dos terceras partes de los individuos presentes en cada Cámara del Congreso de la Unión, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las de los estados.
Además, el Congreso de la Unión o en su caso la Comisión Permanente, deben realizar el cómputo de los votos de las y, consecuentemente, llevar a cabo la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.
Segunda. Que la reforma constitucional descrita en los antecedentes del presente, ha cumplido con el proceso legislativo constitucional en cuanto a que
a) El proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue aprobado por la Cámara de Diputados por 463 votos, el 13 de septiembre de 2007.
b) El proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue aprobado por el Senado de la República por 118 votos, en su calidad de cámara revisora, el 18 de septiembre de 2007.
c) El proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuenta con la aprobación de las de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
d) Que el Senado de la República emitió, con fecha 5 de febrero de 2008, el proyecto de declaratoria conducente y lo remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Tercera. Que en la remisión del expediente a las de los estados que contiene los antecedentes de la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el dictamen realizado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, el Senado de la República enfatizó, de manera expresa, la voluntad del legislador en cuanto a.
Es menester señalar que la propuesta de reforma y adición al artículo 134 constitucional que se dictamina, no representa contradicción alguna con la adición aprobada al mismo precepto legal dentro del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122, se adiciona el artículo 134 y se deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el día 12 de septiembre del año en curso, en referencia a la reforma electoral.
Cuarta. Que, como consecuencia de lo expresado en la consideración que antecede y con la finalidad de otorgar certeza y claridad a la presente reforma constitucional en materia de gasto público, debe observarse que el legislador reconoció e identificó el proceso de reforma constitucional que simultáneamente se llevaba en materia electoral. En específico lo concerniente al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Quinta. Que la reforma constitucional en materia electoral ha entrado en vigor en virtud de su publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de noviembre de 2007, siendo el caso que siguió el siguiente proceso:
a) El proyecto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116, 122, adiciona el artículo 134 y deroga el tercer párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue aprobado por el Senado de la República por 107 votos, el 12 de septiembre de 2007.
b) El proyecto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122, adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos fue aprobado por la Cámara de Diputados en su calidad de Cámara revisora por 408 votos, el 14 de septiembre de 2007.
c) El proyecto que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122, adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contó con la aprobación de las legislaturas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Así como el voto negativo del Congreso del estado de Coahuila.
d) Que la Cámara de Diputados emitió con fecha 31 de octubre de 2007, el proyecto de declaratoria conducente.
e) Que el Senado de la República emitió con fecha 6 de noviembre de 2007 la declaratoria conducente.
Sexta. Es de resaltar que entre el 12 y 18 de septiembre de 2007, como se refiere en las consideraciones segunda y quinta, el Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 135 de nuestra Carta Magna, remitió a la consideración de las siguientes legislaturas sendos proyectos de reformas constitucionales, que de manera paralela modificaban el artículo 134, en el proemio en cada uno de ellos:
En cuanto a la reforma en materia de gasto público.
Artículo Único. Se reforman los artículo 74, fracción IV, actuales primero y octavo párrafos; 79, fracciones I y II, y actual quinto párrafo; 122 C, base primera, fracción V, inciso c), primer párrafo, y 134, actuales primero y cuarto párrafos.
Se adicionan los artículos 73, fracción XXVIII; 74, fracción VI; 79, segundo párrafo, pasando los actuales segundo a sexto párrafos, hacer tercer a séptimo párrafo respectivamente, y fracción IV, segundo párrafo; 116, fracción II, párrafos cuarto y quinto; 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso c), tercer párrafo; y 134, segundo párrafo, pasando los actuales segundo a quinto párrafos a ser tercero a sexto párrafo, respectivamente.
Y se deroga el artículo 74, fracción IV, quinto, sexto y séptimo párrafos, pasando el actual octavo párrafo a ser quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
En cuanto a la reforma en materia electoral.
Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 6o. Se reforman y adicionan los artículos 41 y 99. Se reforma el párrafo primero del artículo 85. Se reforma el párrafo primero del artículo 108. Se reforma y adiciona la fracción IV del artículo 116. Se reforma el inciso f) de la fracción V de la base primera del artículo 122. Se adicionan tres párrafos finales al artículo 134. Se deroga el párrafo tercero del artículo 97.
Todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Séptima: Que las Cámaras del Congreso de la Unión, siguiendo los principios de técnica legislativa, en la redacción de los proemios de ambas reformas constitucionales descritas anteriormente, hicieron referencia a adiciones y modificaciones por separado, tomando como base normativa, al artículo 134 constitucional, que al 18 de septiembre de 2007, se encontraba en vigor. Éste es:
Artículo 134. Los recursos económicos de que disponga el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
El manejo de recursos económicos federales se sujetará a las bases de este artículo. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del título IV de esta Constitución.
Octava. Que en el estudio y discusión que realizaron las legislaturas de los estados sobre los procesos de reformas constitucionales en materia de gasto público y en materia electoral. En específico, lo relativo al artículo 134, contaron con los elementos de valoración necesarios para identificar la independencia y no contradicción entre ambos proyectos, mismos que están sustentados en los expedientes remitidos en cuanto al orden de los párrafos por las reformas y adiciones al artículo 134 de la Constitución.
Novena. Que siendo el caso que las legislaturas de los estados dieron cuenta con mayor celeridad y aprobaron, en primera instancia, la reforma constitucional en materia electoral. El Congreso de la Unión emitió el cómputo y la declaratoria y, consecuentemente, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 13 de noviembre de 2007.
Resulta evidente que el nuevo proyecto de declaratoria que recaiga sobre la aprobación de la reforma constitucional en materia de gasto público debe dejar claridad explícita sobre la intención del legislador y el espíritu de las reformas que pretendía alcanzar al momento de sus aprobaciones.
Décima. Que el Senado de la República ha realizado el cómputo de la aprobación de la reforma constitucional en materia de gasto público por parte de las legislaturas de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas y emitido el proyecto de declaratoria, remitiéndolo a esta Cámara de Diputados.
Décima primera. Que la Mesa Directiva, con las atribuciones que le confiere el artículo 20, numeral 2, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo que establece el artículo 140 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, actualiza el proemio de la reforma constitucional en materia de gasto público para quedar como sigue:
Artículo único. Se reforman los artículos 74, fracción IV actuales, primero y octavo párrafos, 79, fracciones I y II y actual quinto párrafo, 122, Apartado C, base primera, fracción V, inciso c), primer párrafo y e) y 134 actuales, primero y cuarto párrafos.
Se adicionan los artículos 73, fracción XXVIII, 74, fracción VI, 79, segundo párrafo, pasando los actuales segundo a sexto párrafos a ser tercero y séptimo párrafos, respectivamente, y fracción IV, segundo párrafo, 116, fracción II, párrafos cuarto y quinto, 122, Apartado C, base primera, fracción V, inciso c), tercer párrafo y 134, segundo párrafo, pasando los actuales segundo a octavo párrafos a ser tercero y noveno párrafos respectivamente y se deroga el artículo 74, fracción IV, quinto, sexto y séptimo párrafos, pasando el actual octavo párrafo a ser quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.
Por lo que el artículo 134 constitucional, con la integración de las reformas y adiciones queda de la siguiente forma:
Artículo 134: Los recursos económicos de que disponga la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan respectivamente la federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza, y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o se llevarán a cabo a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que asegure las mejores condiciones para el Estado.
El manejo de los recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias.
La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del título cuarto de esta Constitución.
Los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como el Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad, de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En consecuencia, y por las consideraciones anteriormente expuestas, la Cámara de Diputados, con el cómputo de los votos aprobatorios de las legislaturas de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, emite la siguiente
Declaratoria
El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa a la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformados los artículos 74, 79, 122 y 134, adicionados los artículos 73, 74, 79, 116, 122 y 134, y derogados tres párrafos del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de gasto público.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, y en lo conducente hágase del conocimiento al Senado de la República.
Queremos destacar la presencia, en este salón de sesiones, de la excelentísima señora Gioconda Ubeda Rivera, embajadora de la Republica de Costa Rica en nuestro país, quien hoy asistió a la instalación del Grupo de Amistad México-Costa Rica. Le damos la más cordial bienvenida y hacemos votos por que continúen estrechándose los lazos de amistad y cooperación entre las dos naciones.
El siguiente punto del orden del día son los dictámenes de primera lectura. De las comisiones unidas de Agricultura, Ganadería y de Salud con proyecto de decreto que adiciona los artículos 378 bis y 456 bis de la Ley General de Salud de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Quedan de primera lectura.
Esta Presidencia informa que se acaba de recibir fe de erratas de la Cámara de Senadores en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia y seguridad publica aprobada el 13 de diciembre de 2007 y devuelta a esta Cámara para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y publíquese en la Gaceta Parlamentaría. De hecho, ya se les entregó la publicación.
Dictámenes a discusión. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
En virtud de que se encuentra en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría de asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura.
Se ha inscrito, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior, la diputada María Esperanza Morelos Borja, por lo cual tiene el uso de la palabra en este momento.
La diputada María Esperanza Morelos Borja: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada, adelante.
La diputada María Esperanza Morelos Borja: Compañeras diputadas y compañeros diputados, con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, expongo a ustedes la fundamentación del dictamen que adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), tenga bajo su responsabilidad la creación de un registro único de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores.
Hemos aprobado este dictamen y se los proponemos porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que el ser humano tiene derecho a la existencia, a la integridad física, a los medios indispensables y suficientes para un nivel de vida digno, especialmente en cuanto se refiere a la alimentación, al vestido, a la habitación, al descanso, a la atención médica, a los servicios sociales necesarios.
Sin embargo, en México no se está cumpliendo. En nuestro país, debido al crecimiento demográfico de la población, los adultos mayores cada día se incrementan más, y esto exige una revisión de las políticas públicas y de los servicios que se requieren para atenderlos.
Este grupo de adultos mayores de 60 años es muy heterogéneo. Sus características culturales, biológicas, sociales y económicas son muy diferentes; particularmente les afecta la modificación de la dinámica familiar. Hoy, los adultos mayores con frecuencia se encuentran solos y abandonados; ahora tiene que recurrirse a la creación de asilos, de casas hogar, de centros de atención.
Muchos de estas instituciones sí tienen modelos adecuados de atención, sí tienen un modelo que beneficia tanto a las personas adultas mayores, como a la comunidad y sus familias, y sí les da atención con calidad y les permite una vida digna. Sin embargo, muchas otras instituciones no dan tal servicio.
Con frecuencia los adultos mayores, en ciertas instituciones de asistencia, tienen que enfrentar la cultura negativa hacia el envejecimiento. En el que se piensan que son gentes que ya no son razonables, que tienen ideas fijas, que no tienen control de esfínteres y que, en muchas ocasiones, es verdad. Sin embargo, es un proceso natural del envejecimiento, y tenemos que ser sensibles a él.
Tienen enfermedades y padecimientos crónico-degenerativos. Con frecuencia tienen discapacidad, se les excluye y margina. Ellos, cuando se refieren a sí mismos, expresan que están lejos de la ley y cerca de la violencia. Por tanto, viven abandono, soledad, inseguridad, despojo, pobreza y, con frecuencia, depresión.
Y ante esta realidad les podemos decir que en México va en aumento el número de adultos mayores. Hoy representan 7.3 por ciento de la población; es decir, uno de cada 15 mexicanos. Para 2030 serán 17.5 de la población; es decir, 1 de cada 6. Y para 2050, en caso de continuar con el proceso demográfico que está teniendo actualmente México, serán 28 por ciento de la población, es decir, 1 de cada 4 mexicanos.
Compañeras y compañeros, esto requiere una revisión profunda de cómo visualizamos a los adultos mayores en México. ¿Los queremos en su casa? ¿Los queremos en la comunidad? ¿Los queremos en instituciones? Tenemos que prepararnos para ellos. Y una forma de prepararnos y una forma de dar mejor calidad de vida a los adultos mayores es contando y registrando cuántas instituciones, asilos o albergues hay en México.
El Centro Nacional de Investigaciones y Estudios de Geriatría y Gerontología informó en 2003 de la existencia de tan sólo 411 asilos para personas adultas mayores y personas con discapacidad, operados por la iniciativa privada. Y saben, los espacios públicos no son contabilizados.
Y a pesar de que existe la Norma Oficial Mexicana NOM 167SSA11997 para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, que exige que la prestación de los servicios de asistencia social contemple alejamiento temporal o permanente, alimentación, vestido, fomento y cuidado de la salud, actividades educativas y recreativas, atención médica y psicológica, trabajo social y apoyo jurídico, no se está cumpliendo. Por ello la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables está proponiendo a ustedes esta adición que implica que el INAPAM (Instituto Nacional para Personas Adultas Mayores), contabilice conjuntamente con la Federación, los estados y los municipios, cuáles son las instituciones y después que ya es atribución, valore y fiscalice, evalúe y supervise cómo se está dando la atención a nuestros adultos mayores que ya han dado mucho por la patria, que ya han cumplido con su responsabilidad y con frecuencia son excluidos y despojados.
Por ello y por lo expuesto, les solicito su apoyo para la aprobación del dictamen que el día de hoy sometemos a votación. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada María Esperanza Morelos Borja.
Se han inscrito para la discusión en lo general y en lo particular, el diputado David Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del PRD y la diputada Blanca Luna Becerril, del grupo parlamentario de Nueva Alianza. Tiene el uso de la palabra el diputado David Sánchez Camacho.
El diputado David Sánchez Camacho: Con su permiso, diputada Presidenta. En México, según el Banco Mundial, existen 48 millones de pobres, lo cual significa que cerca de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza. Pese a ello, aún dentro de este grupo existen subdivisiones de la pobreza que afectan de manera particular a integrantes de éstas, y que por tanto enfrentan una doble discriminación y/o desventaja, como son las mujeres, las y los indígenas y de manera muy particular las personas adultas mayores.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se calcula que en el año 2007 se contaba con una población de 3.7 millones de adultos mayores y que para 2012 se elevará a 4.4 millones aproximadamente.
Pese a que existe la necesidad y el reconocimiento por parte de la sociedad de que las personas adultas mayores cuenten con el derecho a una vida digna, justa, donde gocen un mínimo de bienestar, tengan garantizada su alimentación, salud, cultura, recreación, ocupación de tiempo libre, etcétera, la realidad que enfrenta es muy distinta. Contrario a esto, en nuestro país las y los adultos mayores enfrentan condiciones adversas, escasas oportunidades y viven bajo situaciones de desventaja social y económica.
La compleja problemática que enfrentan las personas adultas mayores va más allá de su condición económica, de manera frecuente son víctimas de abandono, maltrato y marginación aun por su propia familia. Es frecuente conocer casos de despojo, agresiones y violencia. Estas condiciones son elementos fundamentales del entorno de vulnerabilidad que caracteriza la cotidianeidad de estas personas.
Lo anterior es socialmente reconocido, muestra de ello es la Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México, realizada por la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con el objeto de investigar la percepción que el conjunto de los ciudadanos tienen en relación con la discriminación de algunos grupos poblacionales, siendo uno de ellos las y los adultos mayores.
A la pregunta, ¿qué opinan las y los mexicanos sobre la situación que enfrentan los adultos mayores en nuestro país?, casi la mitad de los entrevistados considera a los adultos mayores como el grupo de la población más desprotegido en nuestro país. 36 por ciento reconoce que son las personas que sufren más por su condición.
Casi el 90 por ciento de los adultos mayores opinan que en México sí hay discriminación en contra de ellos; 3 de cada 4 considera que una persona mayor tiene pocas o nulas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. 40 por ciento de los adultos mayores se sienten rechazados por la sociedad.
Los mayores sufrimientos de este grupo de población son la pobreza, la falta de trabajo y el abandono. El espacio más recurrente para ingresar a un adulto mayor son las casas-hogar, albergues de asistencia o residencias de día. Esos lugares proporcionan hospedaje o asistencia, en su mayoría se crean bajo el régimen de asociaciones civiles y su financiamiento generalmente depende de las donaciones voluntarias de particulares.
Hay casos en las que son apoyadas económicamente por gobiernos municipales o estatales, pero la inexistencia de un modelo de atención acorde con los requerimientos de este grupo poblacional hace que no exista el lugar adecuado donde se les pueda brindar, cuidar, ayudar, orientar y hacerles conocedores de sus derechos.
Las personas adultas mayores recluidas en estos espacios pueden tener pérdida de autoestima debido a que son abandonadas, se les considera poco importantes e inútiles y tratan de deshacerse de ellas; por lo que van generando un vacío existencial, pues llegan a pensar que su propia vida no tiene sentido y pueden padecer síntomas depresivos.
Existe también un prejuicio profundamente arraigado en diversas sociedades que lleva a ver a los adultos mayores como gente incapaz de valerse por sí misma, gente que ha agotado su ciclo de vida laboral y no es capaz de aportar más, cuando en muchos casos son perfectamente capaces de seguir trabajando y valerse por sí mismos.
Por ello es necesario modificar nuestra visión sobre la problemática de los adultos mayores, generando por parte del Ejecutivo políticas públicas que coadyuven en la tarea.
Parte de ello es el dictamen que se encuentra a discusión, ya que la adición de la fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores complementa lo establecido en las fracciones XIII y XIV del mismo artículo, así como lo contemplado en el artículo 5o. del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.
Con la aprobación del dictamen se crea para las casas-hogar, albergues de asistencia o residencias de día, la obligatoriedad de registrarse, y de esta forma entrar al marco del cumplimiento de la ley, evitando el establecimiento y funcionamiento de espacios clandestinos. Así también, daríamos paso a la verificación puntual del correcto funcionamiento, condiciones y capacitación del personal que atiende a nuestros adultos mayores.
Les invitamos a votar a favor del dictamen en comento. Avancemos en garantizar una mejor calidad de vida para estas personas; es también parte del respeto a sus derechos. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado David Sánchez Camacho.
Tiene el uso de la palabra la diputada Blanca Luna Becerril, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Blanca Luna Becerril: Con el permiso de la Presidencia.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada Blanca Luna Becerril: Compañeras diputadas y compañeros diputados, en la actualidad, ya sea por la edad, por la pérdida de habilidades, por alguna enfermedad, por el desinterés o por la falta de tiempo de sus familiares, muchas personas adultas mayores son enviadas a instituciones públicas o privadas donde se les proporciona alojamiento y sustento.
Estos centros son para muchos de ellos una opción que les permite desarrollar actividades, incentivar sus capacidades y convivir con otras personas de su misma edad. Sin embargo, para muchos otros lamentablemente estos asilos son lugares en donde son objeto de discriminación, violencia, olvido y poca atención.
Por ello, como una primera acción, la creación obligatoria de un registro de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o centros de atención permitirá identificar claramente a quienes prestan estos servicios, para así tener más vigilancia sobre las condiciones y el trato que se les da.
Para Nueva Alianza la importancia de crear este registro único radica en que, a través de él, podremos verificar si los lugares son apropiados para la atención que requieren las personas adultas mayores, de acuerdo con sus características físicas e intereses.
Asimismo, también nos permitirá saber si los inmuebles cuentan con una adecuada accesibilidad que permita libre desplazamiento; si éstos se encuentran en buenas condiciones, si son seguros y si cuentan con las instalaciones médicas necesarias.
Debemos responder a las necesidades de las personas adultas mayores y, al mismo tiempo, reconsiderar el papel que tanto las mujeres como los hombres de edad avanzada, desempeñan en nuestra sociedad.
Por ello, Nueva Alianza apoya este dictamen con el fin de promover medios y lugares que potencien sus capacidades y desarrollo, donde se respeten sus derechos. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Blanca Luna Becerril. No habiéndose registrado ningún orador más, se da por suficientemente discutido, en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: ¿Falta alguna diputada o diputado por registrar el sentido de su voto? Ciérrese el sistema electrónico. Se va a tomar votación de viva voz. Diputado, su nombre.
El diputado Raúl Ríos Gamboa (desde la curul): Ríos Gamboa, a favor.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ríos Gamboa, a favor.
Diputado Iñigo Laviada.
El diputado Iñigo Antonio Laviada Hernández (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Diputado Serrato.
El diputado Luis Gerardo Serrato Castell (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Diputado Santiago López.
El diputado Santiago López Becerra (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Diputado Israel Beltrán.
El diputado Israel Beltrán Montes (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Diputado Rivero.
El diputado Rolando Rivero Rivero (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa a la Presidencia que se emitieron 378 votos en pro, 1 en contra.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular, por 378 votos, el proyecto de decreto que adiciona una fracción trigésima al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Alejandro Díaz y Pérez Duarte, para aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden del Fénix, que le otorga el gobierno de la República Helénica.
Guillermo Galván Galván, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz Peruana al Mérito Militar, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Perú.
Óscar Cruz Barney, para aceptar y usar la condecoración de Caballero de Mérito de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, que le otorga el gobierno del Reino de España.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura de los dictámenes. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se les dispensa la lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alejandro Díaz y Pérez Duarte para aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden del Fénix, que le otorga el gobierno de la República Helénica.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al general Guillermo Galván Galván para aceptar y usar la condecoración de la Cruz Peruana al Mérito Militar, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Perú.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Óscar Cruz Barney para aceptar y usar la condecoración de Caballero de Mérito de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, que le otorga el gobierno del Reino de España.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
(Votación)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia saluda a los invitados del municipio de Chilapa de Díaz, Oaxaca, y los integrantes del ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz. Sean bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Diputado Iñigo Laviada. ¿Ya votó? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 330 votos en pro, uno en contra y 15 abstenciones.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados los proyectos de decreto por 330 votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se autoriza.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores para exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicite al gobierno de los Estados Unidos de América detenga la construcción del muro fronterizo.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha inscrito ningún orador, por lo que se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores relativo al tema de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad para América del Norte.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que la Cámara de Diputados se solidariza con el pueblo ucraniano, con motivo de la reciente conmemoración del 75 aniversario del Holodomor.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que la Cámara de Diputados se solidariza con las iniciativas de los congresistas norteamericanos que benefician y promueven el desarrollo económico y social de México.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores relativo al proyecto de resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas para poner fin al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos de América a la República de Cuba.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que la Cámara de Diputados respalda el comunicado de prensa 050-27/03/2007 de la Secretaría de Gobernación, y solicita a la Iglesia Católica que se conduzca dentro del marco legal mexicano.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores relativo al caso de la realización de un juicio justo y legal de los cinco presos cubanos.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que refuerce la seguridad de las representaciones consulares.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que instrumente estrategias que permitan defender y proteger a nuestros connacionales ante las leyes antiinmigrantes de Estados Unidos de América.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores relativo al lanzamiento de gases lacrimógenos en la frontera con Estados Unidos de América.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores relativo a la discusión con el gobierno de Estados Unidos de América sobre una reforma migratoria integral.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores relativo al tema de la política migratoria en México.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Están a discusión los puntos de acuerdo mencionados.
En virtud de que no se registró ningún orador en ninguno de ellos se consideran suficientemente discutidos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobase.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los diputados y las diputadas que están por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
Esta presidencia informa que se encuentran entre nosotros los presidentes de la estructura municipal de Tlaxcala. Sean ustedes bienvenidos.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No se encuentra la diputada en el salón de sesiones. Y le daríamos el uso de la palabra también a la diputada Susana Monreal. ¿Se encuentra también aquí en el salón? Tampoco.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
El diputado Adolfo Mota Hernández: Gracias, ciudadana Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Adolfo Mota Hernández: La rápida respuesta de las demandas ciudadanas ha exigido mayor participación de las entidades federativas en las decisiones de la república. Por ello se hace necesaria la colaboración del gobierno federal con los gobiernos estatales, para que haya acciones eficaces en el menor tiempo posible.
La Ley de Juegos y Sorteos fue promulgada el 31 de diciembre de 1947 y no responde a una nueva realidad que está viviendo el Estado mexicano, el de una participación con mayor nivel de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
La finalidad de esta propuesta, es decir, la adición al artículo 10 de la ley mencionada, es que se permita mayor participación a las entidades federativas y a los municipios en la vigilancia, control y desarrollo de eventos que requieran mayor seguimiento por parte de todas las instancias reguladoras y de seguridad en los tres órdenes de gobierno, como son las carreras de caballos y las peleas de gallos.
Con el fin de brindarle, no sólo a los veracruzanos, sino a todos los mexicanos mayor seguridad a la hora de acudir a dichos eventos, propongo adicionar un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos mediante el cual se faculte a las autoridades de las entidades federativas a tener mayor grado de participación y coadyuvar en el ejercicio oportuno de la autoridad.
Sobre todo cuando se trate de eventos que, por las características de sus participantes, demanda la atención inmediata de las autoridades. Por lo anteriormente expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para terminar en los siguientes términos:
Artículo 10. Todas las autoridades federales, las locales y la fuerza pública cooperaran con la Secretaría de Gobernación para hacer cumplir las determinaciones que ésta dicte de acuerdo con esta ley.
Los gobierno de las entidades federativas y de los municipios, en los que se verifique carreras de caballos, peleas de gallos y otros análogos con el cruce de apuestas autorizadas, colaboraran con la Secretaría de Gobernación para la supervisión, el control, la vigilancia y del desarrollo de esos eventos y podrán nombrar al personal respectivo con facultades de verificar:
La autorización debida de la autoridad federal en la materia, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, federales, estatales y municipales correspondientes y proceder de ser necesario, a suspender el evento respectivo si se detectase cualquier anomalía o violación a la legislación respectiva, enterando en forma inmediata a la autoridad federal competente.
Transitorios.
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, y
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Al mismo tiempo, hacemos pues un llamado a la sensibilidad de la Secretaría de Gobernación para que en la autorización de la Ley de Juegos y Sorteos de carreras de caballos, de peleas de gallos y de otros juegos de azar, sean avisadas las entidades federativas.
Lo anterior, debido a que son éstas, en algunas ocasiones, los lugares donde la violencia se desarrolla y tienen que intervenir los estados y municipios. Pero no existe la coordinación suficiente y necesaria para que estos juegos se desarrollen con plena seguridad.
No se trata pues, de inhibir los mismos, sino dar mayor seguridad, mayor certeza, mayor cuidado, y desde luego mayor coordinación en los tres órdenes de gobierno. Le ruego a la ciudadana Presidenta se sirva, con las facultades que tiene, turnarla a comisión. Desde luego, hago de conocimiento a esta soberanía esto que me parece una propuesta muy sencilla, pero que traerá seguridad para todos aquellos que le gusten este tipo de eventos.
Por su atención, muchas gracias. Es cuanto Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias diputado Adolfo Mota Hernández. Túrnese a la Comisión de Gobernación. Se concede el uso de la tribuna a la diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para presentar iniciativa que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo: Gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante.
La diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo: Compañeras diputadas y compañeros diputados, diversas iniciativas se han presentado por los grupos parlamentarios para adecuarse a las necesidades socio políticas y culturales y, pese a ello, sigue siendo confusa la redacción de uno de los artículos pilares de la Carta Magna para el trabajo legislativo.
Es decir, el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual determina el procedimiento por el cual se llevará a cabo la gestación de una iniciativa y la formulación de leyes en general.
Se afirma si, ávida cuenta de que los plazos, las observaciones y los votos mínimos para su aprobación y remisión de una Cámara a otra en la práctica resultan confusos. Por ello, y con la única intención de ofrecer vías claras y concluyentes en el proceso de creación y reforma de una ley, se propone establecer un mecanismo jurídico que favorezca la posibilidad de entendimiento entre las Cámaras, por el que la confusión se disipe.
Esta reforma contempla que las resoluciones que sean competencia de ambas Cámaras se discutan sucesivamente en ellas, iniciando el procedimiento de manera indistinta, con excepción de los asuntos cuyo contenido alude empréstitos, presupuestos, contribuciones o reclutamiento de tropas, que se discutirán primero en la Cámara de Diputados.
A contrario sensu, y de acuerdo con las competencias especiales de la Cámara de Senadores, se discutirán en ésta los que se centren en materia internacional. El medio idóneo para la publicación de los dictámenes y resoluciones será el oficial de la correspondiente Cámara.
Con ello se pretende alcanzar la seguridad y certeza de que los contenidos guardarán fidelidad respecto de la intención de sus proponentes.
Es una preocupación importante de este proyecto reconsiderar el valor de las propuestas contenidas en las diversas iniciativas no aprobadas por la Cámara revisora, mediante su presentación en proyectos alternativos propuestos aquí, que permitan retomar, redimensionar y enriquecer los presupuestos, inquietudes y planteamientos derivados del ejercicio legislativo y su vinculación con la problemática social.
Se considera estimar el uso del lenguaje de acuerdo con los principios de congruencia y claridad de la técnica legislativa, con objeto de abonar precisión semántica a la expresión días útiles, contenida en el artículo en comento, propósito de esta reforma, para sustituirla por días naturales. Evitando con ello confusión, imprecisión e interpretaciones ambiguas que tengan por efecto consecuencias de carácter legal.
Es cuanto, señora Presidenta. Quisiera pedirle que, por lo extenso de mi propuesta, se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforman los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Susana Monreal Ávila: Con su venía, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada Susana Monreal Ávila: Acudo nuevamente ante ustedes, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, para proponer esta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 74 y 79 constitucionales, en materia de fiscalización y rendición de cuentas, en atención a la siguiente
Exposición de motivos
El jueves 13 de septiembre de 2007 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de nuestra Carta Magna en materia de fiscalización y rendición de cuentas, que fue aprobado por la Cámara de Senadores el 18 de septiembre del mismo año.
Esta iniciativa tiene por objeto hacer algunas precisiones y dejar muy en claro que la Cámara de Diputados tiene la facultad de dictaminar las Cuentas Públicas con un alcance y efecto jurídico, para que las autoridades correspondientes puedan ejercer las acciones legales a que haya lugar en contra de aquellos funcionarios que desviaron recursos o hicieron mal uso del erario.
También se insiste en prohibir definitivamente el uso de partidas secretas para el Ejecutivo federal.
El plazo para dictaminar la Cuenta Pública es el 15 de diciembre del año siguiente, y deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el último día hábil de febrero.
Debido al rezago legislativo existente, y ante la insistencia de algunos compañeros legisladores de detener estos trabajos que evidencian un mal ejercicio en el gobierno federal, se propone una sanción a los propios legisladores que incumplan esta obligación, debido a que es una responsabilidad de nosotros los legisladores dictaminarla.
También se propone que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación apruebe, para la Auditoría Superior de la Federación, entre 0.5 y el 1 por ciento sobre el total del presupuesto autorizado por la misma Cámara el año anterior. Además, sujetar a rango constitucional la función de fiscalización, de anualidad, legalidad, imparcialidad, legitimidad y confiabilidad.
En este orden de ideas, se precisa quiénes son las entidades fiscalizadas que tienen a su cargo, y deberán llevar el control y registro contable patrimonial y presupuestal de los recursos de la federación que les sean transferidos y asignados de acuerdo con los criterios que establezca la ley.
La entidad de fiscalización superior de la federación iniciará la revisión de los recursos presupuestales, así como su desempeño del ejercicio fiscal concluido, a partir del 15 de enero del año siguiente al cierre de los ejercicios respectivos. Para lo cual contará con un programa de auditorias, visitas e inspecciones preliminares. Y una vez que reciba la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados elaborará el programa definitivo de auditorias, visitas e inspecciones, incorporando las que hubiera iniciado y las que se deriven de la misma.
La Cámara de Diputados y la entidad de fiscalización superior de la federación podrán solicitar y revisar información de ejercicios anteriores cuando se trate de auditorias al desempeño, de las cuentas colectivas de la hacienda pública federal, de actos de autos de autoridad de tracto sucesivo, siempre y cuando revisen conceptos u operaciones realizadas por la entidad fiscalizada en el ejercicio fiscal concluido y en la Cuenta Pública objeto de revisión.
Las observaciones y recomendaciones que la entidad de fiscalización superior de la federación emita sólo podrán referirse a los recursos públicos del ejercicio fiscal concluido de la Cuenta Pública correspondiente.
Y desde esta tribuna les pido, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, que no posterguemos más este tema, no tengamos miedo a encontrar irregularidades. Quienes incumplan las reglas merecen una sanción. No politicemos este asunto. No se trata de partido o personas. Se trata de que nunca más haya impunidad, empezando por quien dirige los destinos de este país.
Por último, señor Presidente, le solicito con todo respeto que se incluya el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Inclúyase el texto íntegro, por favor, y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados, nuestro país en la actualidad padece de graves rezagos en materia de salud, muy a pesar de los esfuerzos realizados y del discurso saturado de pragmatismo. La entrega de informes con un alto margen de supuestos beneficios a favor de la población aún deja mucho qué decir, puesto que nada se compara con nuestra realidad, pues se carece de servicios de primera necesidad.
Enfermedades como las crónico-degenerativas y aquellas producidas por la constante presión y explotación de las personas trabajadoras por parte de los patrones dependientes del sistema capitalista en que vivimos, son un ejemplo de la falta de interés por prevenir sus repercusiones.
Padecimientos cardiovasculares, como la hipertensión; psicológicos, como la depresión; y fisiológicos, como la obesidad, son temas que debemos tratar con la mayor prontitud debido a su creciente aparición y desarrollo en nuestra sociedad. Éste último es uno de los más peligrosos para la salud del ser humano, y en nuestro país poco se ha hecho para prevenirlo y erradicarlo.
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud señaló en 2005 que en promedio 17 millones de personas morirán cada año en el mundo a causa de la obesidad. Y que con el paso del tiempo esto se convertirá en un creciente problema de salud pública en todo el orbe, en especial en aquellos países con bajos niveles de desarrollo económico.
Hay que decirlo, el estrés generado por la explotación excesiva del trabajo, los problemas familiares originados por la insolvencia económica, así como la publicidad engañosa de productos supuestamente sin repercusiones en la salud de los consumidores, llevan al consumo de alimentos chatarra causantes de la obesidad.
Hasta ahora el gobierno mexicano no ha tomado las decisiones correctas para enfrentar el asunto de la obesidad. Muestra fehaciente es que nuestro país ocupa el segundo lugar de países con mayor índice de población obesa en el mundo.
En nuestro país es recurrente para las personas utilizar como mecanismo de compensación alimenticia el consumo de alimentos de baja calidad y con un exceso de contenidos en carbohidratos, edulcorantes, conservadores, grasas, sales y azúcares; es decir, la ingesta de alimentos chatarra.
Cabe señalar que por alimentos chatarra nos referimos a todo aquel producto o sustancia procesada, no natural o industrializado para el consumo humano, que contiene una muy baja calidad nutricional, como son refrescos, gomas de mascar, frituras, supuestos jugos con colorantes artificiales, pastelillos, dulces y caramelos, entre otros.
A lo anterior se suma que por la aspiración de obtener mayores recursos para la subsistencia económica familiar, las personas caen en la rutina de adoptar malos hábitos alimenticios, dedicando menos tiempo a sus horarios de comida.
Ahora el trabajador tiene que comer en la calle o bien llevar comida de mala calidad e insuficiente para reponer su desgaste físico. Esta ingesta masiva lleva por consecuencia al sobrepeso y después, si no hay control, a la obesidad.
Ahora los nuevos patrones de alimentación derivan de los modelos de comportamiento que imponen los procesos productivos y la adopción de hábitos y costumbres de otras latitudes. Por tanto, la cultura alimentaria es una expresión de los cambios sufridos en el ámbito laboral, educativo, social y emocional del mundo laboral de los últimos 20 años.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, la presente iniciativa busca atender este grave problema de salud pública. Por esa razón el combate a las enfermedades en general, y en particular el caso de la obesidad, tiene que partir de la modificación de los factores antes señalado.
Al mismo tiempo, se debe concientizar a los mexicanos a buscar patrones nutricionales acordes con nuestra propia naturaleza en materia de alimentación; todo ello para erradicar los malos hábitos alimentarios.
Por ello se hace indispensable que en este proyecto de reforma a la Ley General de Salud y a la Ley General de Educación se establezca una serie de regulaciones y prohibiciones para disminuir el consumo de alimentos chatarra.
En este orden de ideas proponemos que las empresas productoras de tales alimentos fijen claramente las especificaciones alimenticias que poseen sus productos y que en cada producto se incluya la leyenda que diga: "El abuso en el consumo de este producto puede provocar obesidad".
Proponemos también, que en las escuelas, se prohíba la venta de alimentos chatarra y también la prohibición de la publicidad gancho, entendida ésta como aquella que ofrece algún premio, regalo u obsequio derivado de la adquisición y consumo de los alimentos chatarra.
Sin lugar a dudas, la lucha por mejorar los niveles de salud de nuestra sociedad dará inmejorables resultados que se traducirán en mejores oportunidades de desarrollo para todos. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Cantú Garza. Túrnese a la Comisión de Salud. Se concede el uso de la tribuna al diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma la fracción II del artículo 7o., y se adiciona el artículo undécimo de la Ley General de Población.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, presento ante ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción II del artículo 7o., y se adiciona el artículo 11 de la Ley General de Población, con el objeto de establecer especial énfasis en las acciones de verificación migratoria a quienes se encuentran en tránsito internacional por vía aérea, terrestre o marítima y que se internen en nuestro país.
Como antecedentes tenemos que el objeto de la Ley General de Población es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social y atender las situaciones referentes a posibles inestabilidades por cuanto a seguridad nacional y los derechos de los mexicanos.
Como antecedentes tenemos el decreto sobre colonización del 18 de agosto de 1824; posteriormente, la Ley de Extranjería y Naturalización del 20 de mayo de 1886; en 1908, la primera Ley de Inmigración y en marzo de 1926 se promulgó una nueva ley sobre la materia.
Así, transcurrió el tiempo y el 30 de agosto de 1930 fue promulgada una nueva Ley de Migración para que, en agosto de 1936, se promulgara la Ley General de Población, misma que sufrió modificaciones en 1947 y se creó la nueva Ley General de Población. El 7 de enero de 1974 fue publicada una Nueva Ley General de Población.
Como podemos ver, éste es un instrumento jurídico que ha venido evolucionando en el tiempo, de tal suerte que en 1977 se creó la Dirección General de Población que posteriormente se transformó en Dirección General de Servicios Migratorios para que el 19 de octubre de 1993 se creara el Instituto Nacional de Migración, que es el que actualmente conocemos.
A la luz de lo anterior, es imprescindible adecuar la Ley General de Población para obligar a las autoridades migratorias a cumplir con su obligación en uso de sus facultades de ejecución, control, supervisión de los servicios migratorios que la propia norma. Esto obedece a que, en estos momentos, y en tiempos no más de dos años para acá, hemos venido discutiendo una serie de problemas que están íntimamente ligados con la delincuencia y el crimen organizado.
Por un lado, tenemos lo ineficaz, lo ineficiente que es el Sistema de Administración Tributaria para atender su responsabilidad de combatir y detener el contrabando. Ah, pero sí decimos y exhortamos al gobierno de nuestro vecino Estados Unidos de América, a que detengan ellos el tráfico de armas y de otros productos, pero fundamentalmente de armas, que se internan al país de contrabando.
Independientemente de lo que pueda hacer ese gobierno, nosotros tenemos que hacer lo propio. Quienes viven el trasiego fronterizo, tienen muy claro que cuando se cruza la frontera del sur y del norte del país vía terrestre, las autoridades migratorias no hacen absolutamente nada.
Es un esquema aleatorio insuficiente, ineficaz, que no nos permite tener control. No nada más de quienes en un vehículo con placas mexicanas se puedan internar con armas, sino que a su vez, puedan internar a extranjeros con fines de dañar a nuestro país y a nuestra población.
Ampliar el debate sobre algo que es de todos conocido, se vuelve innecesario. Es por ello que, ante la falta de cuidado en el cumplimiento de sus funciones, se presenta esta iniciativa para que las autoridades migratorias no sólo proporcionen y verifiquen la documentación necesaria en el tránsito internacional de personas por vía aérea, sino que además se realice, invariablemente, en las vías marítima y terrestre.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 7o. y adiciona el artículo 11 de la Ley General de Población.
Artículo primero. Se reforma la fracción II del artículo 7o. de la Ley General de Población para quedar como sigue:
Artículo 7o. Por lo que se refiere a los asuntos de orden migratorio a la Secretaría de Gobernación corresponde
Fracción II. Vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros y revisar exhaustivamente la documentación de los mismos.
Artículo segundo. Se adiciona el artículo 11 a la Ley General de Población, para quedar como sigue:
Artículo 11. El tránsito internacional de personas por puertos, aeropuertos y fronteras, sólo podrá efectuarse por los lugares designados para ello y dentro del horario establecido.
Con la intervención de las autoridades migratorias, se cuidará la verificación de la nacionalidad y la identidad de las personas en tránsito internacional por puertos, aeropuertos y fronteras, así como de la documentación y formas migratorias determinadas por la Secretaría.
Transitorio
Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Compañeros legisladores, no le dejemos a otros países lo que podemos hacer por nosotros mismos. Cuidemos nuestras fronteras y evitemos ser "caldo de cultivo" para la delincuencia organizada. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Cárdenas Fonseca. Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján. Orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, compañera diputada. Antes de retirarnos saludamos a los trabajadores de las direcciones de servicios aéreos y de erradicación de cultivos de la Procuraduría General de la República que nos visitan. Bienvenidos.
(15:10 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 21 de febrero a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.