La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 307 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (11:43 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría, consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada el acta.
Comunicaciones. Del Gobierno del estado de Oaxaca.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Comunicaciones. Del Gobierno del estado de Oaxaca, dos oficios del gobierno del estado de Oaxaca, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las naciones de Colombia y Ecuador para que agoten los mecanismos diplomáticos y de diálogo político para llegar a un acuerdo y solucionar el conflicto entre ambos países, por medios pacíficos.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación)…
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Señoras legisladoras y señores legisladores, estamos en votación. Les suplico de la manera más atenta que atiendan a la diputada Secretaria.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado, comuníquese.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita tanto al titular del Poder Ejecutivo federal como a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se realicen acciones que manifiesten la enérgica desaprobación del Estado mexicano respecto al programa fronterizo No Pase.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado. Comuníquese.
La Cámara de Diputados saluda con afecto a los alumnos de la escuela primaria Juan de Dios Rodríguez Heredia y a los alumnos de las licenciaturas de estudios internacionales, de ciencia política y de administración pública, de la Universidad de Monterrey. Bienvenidos a este recinto parlamentario.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: De la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política para que en el ámbito de sus respectivas competencias se prevean mecanismos que permitan mantener el mismo número de mujeres con el que se contó en el pasado Consejo General del Instituto Federal Electoral.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Consulte la Secretaría a la asamblea.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Junta de Coordinación Política, por el que se solicita a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta soberanía, que en ejercicio de sus facultades de control evaluatorio conferidas en el artículo 39, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proceda a investigar la edición, los contenidos y las autorizaciones del libro de texto Coahuila, un pasado con visión de futuro.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado. Comuníquese.
El siguiente punto del orden del día es posicionamiento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el día 8 de marzo.
Se han registrado para referirse al tema las siguientes diputadas y diputados: la diputada Elsa Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa; la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del Grupo Parlamentario de Convergencia; la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI; la diputada Irene Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD, y la diputada María Elena Álvarez Bernal, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
Por lo que se le concede el uso de la palabra a la diputada Elsa Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, hasta por cinco minutos.
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, aunque son detalles que se agradecen, el Día Internacional de la Mujer no es una fecha para el regalo de flores y chocolates; tampoco para que nos deseen felicidades a las mujercitas en este día.
Es una fecha en la que tenemos que dejar muy claro que reivindicamos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, en la que se estableció para las mujeres por los representantes de todo el mundo los siguientes puntos.
Que deben promoverse los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres en interés de la humanidad y tomarse acciones para erradicar la pobreza de la mayor parte de la población, particularmente de nosotras, con base en el crecimiento económico sostenido, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la justicia social.
Que todos los derechos de las mujeres son derechos humanos, por lo que debe impulsarse la igualdad en su reconocimiento y disfrute, particularmente a una vida libre de violencia.
Que debe impulsarse la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos de toda índole, incluidas la tierra, el crédito, la ciencia y la tecnología, la capacitación profesional, la información, las comunicaciones y los mercados, promoviendo en particular la independencia económica de las mujeres.
Que deben reconocerse e impulsarse la distribución equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades respecto de la familia y fomentar una asociación armoniosa entre ellas.
Que debe hacerse reconocimiento explícito y la reafirmación de derechos de todas las mujeres a controlar todos los aspectos de su salud, en particular los que tienen que ver con su propia fecundidad.
Que deben adoptarse las medidas necesarias para suprimir todos los obstáculos para lograr la igualdad de género y el adelanto y potencial del papel de la mujer.
El Día Internacional de la Mujer es el momento propicio para hacer un recuento de las metas fijadas por los países para lograr la igualdad y para analizar cuántas de estas metas hemos alcanzado.
Uno de los ejes fundamentales de la democracia es la participación de todos en igualdad de condiciones, por lo que la materia electoral ha sido un eje primordial en la búsqueda de instaurar acciones positivas que impacten de manera directa en las instituciones del país. Así, las disposiciones del Cofipe han sido torales para alcanzar una mayor participación de las mujeres en la política.
Por lo anterior y en un acto de congruencia, este día se ha puesto a consideración de este pleno un punto de acuerdo que incluye una de las acciones positivas de mayor relevancia en los tiempos recientes de nuestro país, se trata de un punto que esta asamblea ya ha votado y con el cual hemos garantizado que en la próxima integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral contemos con una representación mínima de mujeres.
Este 8 de marzo las mujeres de México podremos decir en voz alta que en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión conmemorar nuestro día se traduce no sólo en felicitarnos a las mujeres, sino en la aplicación de medidas concretas que abonan a la eliminación de la inequidad entre los géneros. Muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Elsa Conde Rodríguez. Se concede el uso de la palabra a la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Al no encontrarse en el recinto se concede el uso de la palabra a la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, orgullosamente decimos y lo tenemos que reivindicar en el pensamiento socialista postulado por Marx, Engels, Rosa Luxemburgo y Lenin, en el que se denunció la situación opresiva de la mujer en las sociedades clasistas y el cual demandó el derecho de ésta a la igualdad con los hombres y su emancipación.
Estos pensadores dijeron que es a raíz de que surgieron los sistemas de explotación del desarrollo de la división social del trabajo y de la aparición de las clases sociales que la mujer sufrió la opresión y que su liberación sólo podía darse en la medida en que la sociedad cambiara el sistema de producción explotador por un modelo productivo de propiedad social de los medios de producción.
Esta exigencia se hace más necesaria en el contexto de un modelo neoliberal que potencia la explotación de las mujeres.
El 8 de marzo de 1910, en Dinamarca se reunieron las mujeres socialistas, encabezadas por Clara Zetkin y lo denominaron Día Internacional de la Mujer y desde esa plataforma enarbolaron las demandas de justicia e igualdad para más de la mitad de la humanidad.
Las mujeres no solamente hemos sido juzgadas en el plano económico y político, sino de manera especial en el ideológico. Este hecho se observa en el pensamiento de Aristóteles, donde la acción política tiene lugar en la poli, donde la actividad pública se reservaba exclusivamente a los hombres y así ocurrió también con la práctica de la democracia directa que cultivaron los atenienses y espartanos desde antes de Aristóteles.
En América Latina el surgimiento y desarrollo del Estado, así como su relación con el colectivo femenino hizo evidente que se trataba de una relación de dependencia, basada en la concepción patrimonialista y utilitaria sobre las mujeres.
Asimismo, la familia y la iglesia actuaron como instituciones normativas y garantes del mantenimiento y modernización del orden patriarcal y de la exclusión de las mujeres del sistema político.
En el siglo XIX latinoamericano soplaban los vientos liberales y se iniciaba la secularización del Estado, existiendo una enorme participación femenina; sin embargo, la iglesia, aliada a oligarquías conservadoras, mantuvo su poder sobre la familia y la educación.
El estatus femenino confinado a la reproducción biológica y social no sólo se mantuvo, sino que se reelaboró en la modernización de los gobiernos populistas, que llevaron a cabo a partir de los años 30 del siglo XX.
Al reconocer su condición de ciudadanas y concederles el voto, el populismo hizo más funcional la relación con las mujeres. La mayoría de los gobiernos se vieron obligados a legitimar el voto femenino, primero por la lucha que emprendieron las mujeres; segundo, por el interés de mantenerse en el poder, porque las mujeres representan la mitad del porcentaje electoral.
La década de los sesenta y setenta conoció movimientos feministas vigorosos y una gran parte de ellos en América Latina se vincularon con la lucha revolucionaria de los pueblos, dando por resultado que hoy ningún Estado que se diga democrático niega la igualdad de la mujer y, promueve acciones afirmativas para la mayor participación de ellas.
Sin dejar de reconocer el enorme esfuerzo que realizaron millones de mujeres en el pasado y sin dejar de mencionar que gracias a ese esfuerzo hoy gozamos de limitados derechos, hoy, cuando ya existen algunos derechos favorables a la mujer, todavía hace falta que se traduzcan en hechos reales.
Por esta razón, la mejor manera de conmemorar el Día Internacional de la Mujer es continuar luchando por nuestros derechos y por transitar hacia un nuevo sistema productivo que garantice la igualdad con los hombres. Es cuanto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Rosa Elia Romero Guzmán. Se concede el uso de la palabra a la diputada Irma Piñeyro Arias.
La diputada Irma Piñeyro Arias: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, celebramos el 8 de marzo no sólo como un día en el que se debe enaltecer a las mujeres, sino como una fecha para recordar que debemos sumarnos con acciones y ejemplos en todos los espacios; porque todos tenemos el derecho de vivir en igualdad de condiciones.
En nuestra sociedad, los estereotipos y prejuicios en materia de género le han asignado a la mujer el rol de la reproducción y, por lo tanto, su papel en otros espacios ha sido sistemáticamente desconocido y subvalorado.
Además existe la creencia que es el hombre quien ejerce la función de cabeza de familia en el hogar. Sin embargo, cifras recientes revelan que la situación ha cambiado. Hoy, la mujer es quien dirige y se hace cargo de su familia en muchos hogares, cientos de miles de hogares mexicanos.
Paradójicamente, como fruto de la ancestral división del trabajo, socialmente reconocida y aceptada, las mujeres se enfrentan cotidianamente a un sinnúmero de obstáculos para llevar a cabo las actividades productivas con miras a asegurar la subsistencia de sus familias.
La tarea de la mujer en nuestro país está estrechamente vinculada a una doble jornada. Se caracteriza por la diversidad de labores que asumen en bienestar de sus familias y comunidades como madres, profesionistas, agricultoras en la producción de alimentos y comerciantes, entre otros.
En México más de la mitad de la población son mujeres y, de éstas, 12.5 por ciento millones se ubican en zonas rurales. Son 196 mil localidades menores de 2 mil 500 habitantes donde viven. Aquí, la vulnerabilidad de hogares encabezados por mujeres se intensifica por las condiciones de aislamiento y dispersión. Más de la mitad de esas localidades tienen un alto grado de marginación, donde muchas mujeres indígenas o son analfabetas o se enfrentan a las barreras del idioma o a la discriminación dentro de sus comunidades, en todos los ámbitos de la cotidianeidad en las mismas, sobre todo en la participación política.
Representan el 17.3 por ciento de la población económicamente activa. Asimismo, 68 por ciento de la población femenina rural vive en 10 estados de la República Mexicana. Oaxaca tiene más de 50 por ciento de la población rural femenina, seguida de Chiapas, Hidalgo, Guerrero y Michoacán.
Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las mujeres rurales en México constituyen el sector poblacional con menor nivel educativo y evidencian mayores tasas de analfabetismo y mortalidad materna. Tienen menos acceso a recursos y oportunidades de empleo, y presentan mayores niveles de desnutrición y anemia.
Aunque socialmente tan sólo se reconoce su función en la esfera reproductiva es decisivo el papel que desempeñan en todas las cadenas productivas.
Las mujeres rurales se ocupan, entre otras actividades, del cuidado de la huerta y de los animales, siembran, recolectan la cosecha, procesan alimentos, comercializan la producción, cocinan, cuidan y educan a los hijos.
Un gran número de campesinas forman parte de la fuerza de trabajo asalariado, temporal o permanente, en la agricultura comercial, o bien, participan como artesanas.
Podemos afirmar que la columna principal de apoyo de las actividades agropecuarias en México, en pequeña escala, está constituida por las mujeres rurales. Son también el sustento principal de las economías en sus hogares.
Por lo mismo, las estrategias que se planteen para lograr un desarrollo rural sostenido deben incluir el apuntalamiento de sus capacidades productivas y el acceso a recursos que den garantía de seguridad alimentaria, cuidando del medio ambiente, nutrición, gestión de los recursos forestales, uso apropiado del agua y mecanismos que las sitúen y mantengan en el mercado económico.
La pobreza en las zonas rurales tiene efectos devastadores en la salud, educación, nutrición, acceso a recursos, esperanza de vida, ingresos, empleo, mortalidad materna e infantil, participación política y violencia intrafamiliar, tanto para hombres como para mujeres.
La población femenina es la que resulta más afectada por la pobreza, en la cual impacta con mayor fuerza y severidad sobre ella. Además, es el sector de la población que sufre con mayor intensidad los efectos de la violencia doméstica.
Las mujeres rurales tienen mayores cargas de responsabilidad debido a que se les exige que cumplan con sus roles de manejo comunitario, productivo y reproductivo, actividades simultáneas con el cuidado del hogar.
Nueva Alianza comparte la lucha de las mujeres mexicanas y exige que el gobierno responda a las necesidades y demandas con políticas públicas inclusivas y con equidad para enfrentar los problemas de pobreza, opresión y desigualdad que se han profundizado con la política neoliberal.
Que se implemente vivienda con créditos blandos y sin condicionamiento para la mejora, compra y/o construcción de las mismas, que garanticen el acceso de las mujeres a una vida digna.
En México, la batalla por reivindicar a la mujer es de todos y se libra en todas partes y todos los días. La promoción de los derechos de las mujeres mexicanas se traduce en el respeto a la libertad, la justicia, la tolerancia y la dignidad. Muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Irma Piñeyro Arias. Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia?
Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 387 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: La Cámara de Diputados saluda la visita del Consejo Coordinador Empresarial, del Valle del Mezquital; del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales, número 166, del Distrito Federal; a los estudiantes de la Escuela Primaria del Colegio Alemán "Von Humboldt", plantel Xochimilco; y a los estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Unidad Regional de Tehuacan. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
Se le concede el uso de la palabra a la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Ana María Ramírez Cerda: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, el Día Internacional de la Mujer constituye no sólo una fecha histórica, sino un punto de partida para reflexionar sobre los avances alcanzados, los pendientes y el reconocimiento de la importante contribución que hacen las mujeres con su trabajo productivo para el desarrollo de la sociedad.
En el Día Internacional de la Mujer, las mujeres aún se encuentran en un estado de desventaja, inmersas en una sociedad que las hace objeto de discriminación y violencia. Mucho camino ha recorrido el movimiento de las mujeres que con energía ha enfrentado conflictos y ganado batallas. Batallas en las que la mujer ha luchado por el respeto a sus derechos e igualdad en todos los ámbitos: social, político, cultural, religioso y económico.
Sin embargo, y a pesar de los avances logrados, debemos reconocer que las mujeres reclaman el desarrollo de mejores y mayores políticas de igualdad. La insuficiencia de políticas para avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y democráticas, que eliminen las situaciones de violencia, pobreza y desigualdad en las que viven las mujeres.
Baste señalar tres importantes ejemplos de discriminación por razón de género: la segregación ocupacional, la discriminación salarial y la violencia contra la mujer. Según un informe de la OIT, el panorama mundial de la lucha por superar la discriminación evidencia un contraste de fracasos y de progresos decisivos.
De acuerdo con información de este organismo internacional, el mundo de las mujeres apenas alcanza el 28.3 por ciento de empleos de buena calidad, entre ellos, como legisladoras, funcionarias o gerentes. Bajo este rubrico se ubica a México entre los países con los índices más bajos en salarios mínimos reales, aunado a que su mayor desempleo urbano y empleo informal se focaliza en el sector femenino.
Para realmente mejorar la situación de las mujeres es urgente que éstas dispongan de empleos decentes y empleos de buena calidad. Reconozcámoslo, México requiere de un mercado de trabajo más productivo y competitivo, con medidas que impulsen la integración laboral de las mujeres mediante la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación por razón de sexo.
En este apartado no debemos olvidar a nuestras mujeres indígenas; además de enfrentar la marginación debido a su condición de mujer, enfrentan la pobreza y la exclusión cultural y lingüística en el contexto nacional, lo que origina que su participación social, económica y política sea aún más difícil que la del resto de las mujeres del país.
Por lo que se refiere a la violencia contra la mujer, es evidente que sigue siendo una realidad devastadora. Recordemos que se trata de una violación generalizada de los derechos humanos y un grave impedimento para el logro de la igualdad y el desarrollo.
Este año, la celebración del Día Internacional de la Mujer coincide con el LX Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para la cual la no discriminación, la igualdad y la equidad de género son elementos fundamentales de derechos humanos.
En consecuencia, compañeros y compañeras legisladoras, hacer de los derechos humanos una realidad para cada mujer requiere de voluntad política a todos los niveles. Hago un llamado para que el tema central sobre la situación de la otra mitad de la población no sea abordado de manera anecdótica.
Resulta imperativo examinar los datos duros que explican la falta de proporción y la injusticia. Hombres y mujeres tenemos que unirnos para que en nuestras sociedades, el derecho a una vida plena, se pueda ejercer en igualdad de condiciones.
Este día no debe de ser sólo un pretexto para la retórica con buenas intenciones. Debemos promover acciones efectivas, continuemos avanzando. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias diputada Ana María Ramírez Cerda. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del Grupo Parlamentario de Convergencia, hasta por cinco minutos.
La diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Gracias, Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores.
La libertad, la igualdad, la justicia y el desarrollo son virtudes a las que toda sociedad aspira. Por ello resulta tan insólito que siendo los mismos ideales que han perseguido por más de nueve décadas el Movimiento Internacional de Mujeres hayamos tenido por tanto tiempo tanta incomprensión.
Como sabemos, el Día Internacional de la Mujer fue propuesto por la obrera sindicalista alemana Clara Zetkin, en 1910. Durante su intervención en el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca.
Sin embargo, fue hasta 1975 que la ONU la oficializó en la primera Conferencia Mundial de la Mujer, realizada justamente en esta ciudad, la Ciudad de México.
Ya en los albores del siglo XX, ésta y otras mujeres iniciaban la defensa de sus derechos más elementales: el derecho al trabajo y a la participación en asuntos nacionales e internacionales, así como también la protección de las madres, las niñas y los niños.
El trágico suceso que recordamos cada 8 de marzo, el genocidio de 146 obreras textiles que fueron quemadas vivas, mientras reclamaban reducción de la jornada laboral y mejores condiciones en el trabajo, es parte de una consecuencia de hechos que marcaron el comienzo de un largo camino político organizativo, académico y sobre todo social.
Este camino que no llega aún a su puerto de arribo, ha ido conquistando, enhorabuena, sucesivos avances.
Día con día y especialmente cada 8 de marzo, celebrar esta efeméride nos permite mirarnos como sociedad a través de los ojos del género y en este escrutinio darnos cuenta de lo que hemos logrado. Y también de qué tan lejos seguimos estando de la sociedad equitativa justa y libre a la que tenemos derecho.
En el Día Internacional de la Mujer, a diferencia del Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de San Valentín, ninguno de nosotros gastaremos dinero en regalos.
No existe ninguna tienda departamental, ni un talentoso publicista que haya podido aprovechar comercialmente este día.
Sigue siendo entonces un momento para la reflexión, la denuncia, la concertación de voluntades, incluso para quienes no sienten parte de esta historia ni de esta terrible lucha.
México, con sus virtudes y problemas, no se explica a sí mismo sin el papel de las mujeres y aunque sólo unas pocas hayan marchado, hayan pegado carteles y hecho todo lo necesario para demostrar que el género es la mitad de la humanidad y que vale tanto como la otra mitad. Todas y todos nos hemos beneficiado de ello.
Muchos de los avances en materia de equidad de género nos resultan hoy tan elementales y obvios que difícilmente pensamos en ellos. Corríjanme, por favor, si no les resulta aberrante ahora, aún a los más conservadores, pensar en un país en el que las mujeres no puedan votar ni ser votadas, en el que nuestras hijas no pudieran estudiar ni ejercer diversas profesiones, y aún más, estuvieran expuestas a una violencia tal que fuera vista como un derecho natural del varón, frente al que nadie interviene.
Después de lo que hemos avanzado este país imaginario nos resulta totalmente inconcebible; sin embargo, hace pocos años ésa era nuestra realidad y parecía casi imposible de cambiar. Pensemos ahora en nuestras hijas, en nuestras madres, en sus esposas, en sus hermanas, en nuestras hermanas, en nosotras mismas y respondamos esto:
¿Las mujeres tenemos hoy la liberta de elegir? ¿Tenemos acceso a la educación? ¿Algunas de nosotras somos profesionistas? ¿Podemos escoger nuestra profesión? ¿Tenemos servicio médico? ¿Nos hemos auxiliado de una guardería? ¿Podemos recurrir al divorcio ante una situación de violencia o por simple incompatibilidad? ¿Podemos decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos o no, e incluso decidir si no queremos tenerlos? ¿Tenemos derecho a trabajar y a percibir un salario? ¿Tenemos derecho a formar una familia sin la obligación de contraer matrimonio? ¿Podemos elegir a quién tener como pareja sentimental? Pues nada de esto era posible hace pocos años y todos estos derechos han sido conseguidos gracias a otras mujeres que perdieron incluso la vida para que sus hijas y las hijas de sus hijas no sufrieran la misma indiferencia de la sociedad que ellas vivieron.
En materia de derechos civiles y políticos, las mujeres en prácticamente todo el orbe hemos avanzado lo suficiente para explotar y vivir nuestra ciudadanía integralmente. En materia de derechos laborales seguimos en un constante esfuerzo por lograr los puntos elementales que reza la equidad: igual salario por igual trabajo, horarios justos y derechos de maternidad, etcétera.
En materia de salud y educación hemos conquistado grandes cosas, por ello decimos que son sustantivos los avances, pero también lo son los renglones pendientes. Entre ellos desde luego la erradicación de la violencia de género.
La celebración el 8 de marzo en Naciones Unidas tiene este año un tema principal: poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas. Lo repito: poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas.
La directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Ann Veneman, dijo recientemente que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las formas más extremas de desigualdad, y desde luego suscribimos su dicho.
Quiero retomar las palabras de la Presidenta de la Mesa Directiva, Ruth Zavaleta, quien dijo hoy por la mañana en el Foro a favor de los derechos de las mujeres: "para que la mujer pueda llegar a una verdadera equidad de género es necesario que salve primero los problemas económicos y sociales que tiene". Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada María del Carmen Salvatori Bronca.
La Cámara de Diputados saluda la visita de los alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de su Facultad de Contaduría. Asimismo, a los invitados de Tlaxcala. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
Se le concede el uso de la palabra a la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
La diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza: Con su venia, diputado Presidente. ¿Qué es ser mujer? Una interrogante que sin duda ha cambiado diametralmente con el paso del tiempo.
Ser mujer hoy implica ser polifacética y versátil; implica tener el rostro de una estudiante, de una trabajadora, una madre, una hija, todas con la misma convicción. No hay un día para descansar en la lucha por la equidad. Ser mujer es tener el rostro del trabajo y la entrega, del amor y la perseverancia.
El Día Internacional de la Mujer, declarado en 1977 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y propuesto por la alemana Clara Zetkin en 1910, fue declarado en honor a la acción de las mujeres para promover la lucha por mejores condiciones laborales, sociales, culturales y políticas; para afirmar a la equidad, junto con la libertad y a la justicia, como valores fundamentales de la civilización contemporánea.
Este día ofrece una oportunidad para que mujeres y hombres nos unamos en pro de una causa de toda la humanidad. El empoderamiento de la mujer es no sólo un objetivo en sí mismo, sino una condición indispensable para mejorar la vida de todas las sociedades.
El Día Internacional de la Mujer pone de relieve los serios rezagos y los obstáculos existentes para que las mujeres puedan mejorar sus vidas. En México, aproximadamente el 36 por ciento de las mujeres mayores de 12 años participan en el mercado del trabajo; el 9 por ciento de las trabajadoras son comerciantes y vendedoras; 15 por ciento artesanas y obreras; 13 por ciento oficinistas y 12 por ciento trabajadoras domésticas.
Estos datos evidencian la desproporción entre el empleo y el volumen de la población femenina. En materia social, una de cada cuatro mujeres sufre violencia doméstica; una de cada cuatro mujeres ha sido violada o ha sufrido intento de violación y una de cada cuatro mujeres es acosada sexualmente en el trabajo.
En México las mujeres aportan el 85 por ciento del tiempo total de trabajo doméstico y los hombres sólo un 15 por ciento. Los hombres dedican en promedio 22 horas a la semana al esparcimiento y convivencia social y las mujeres 20 horas. Lo anterior demuestra que la atención de la esfera doméstica y familiar todavía es vista como una responsabilidad que compete, en gran parte de los casos, sólo a la mujer.
Por ello, el 8 de marzo es un día para reflexionar sobre la larga lucha por la igualdad que sigue hoy en curso. Es un día para tomar conciencia de la indignidad y la injusticia que motiva esa lucha. Pero es también un día para conmemorar y rendir homenaje al valor, la fortaleza y a los logros de todas las mujeres.
En México, en 1935, las mujeres del Partido Nacional Revolucionario —actualmente el Partido Revolucionario Institucional— y del Partido Comunista, conmemoraron por primera vez el 8 de marzo; y al igual que en ese año, en el Partido Revolucionario Institucional, seguimos comprometidos con una sociedad igualitaria, con políticas afirmativas que garanticen a la mujer la igualdad de trato en las diferentes actividades del quehacer humano, con el acceso de las mujeres a mejores condiciones de vida, así como a una protección de sus derechos en un plano de igualdad entre hombres y mujeres.
La conmemoración de este día es una oportunidad para poner de relieve que las mujeres seguimos transformando la visión y la evolución de las sociedades en todo el mundo; las oportunidades para acceder a mejores condiciones de desarrollo humano para las mujeres están en aumento y las diferencias entre mujeres y hombres van disminuyendo lentamente, gracias a nuestra lucha por la reivindicación de nuestros derechos y las relaciones humanas con base en una verdadera igualdad.
No obstante, aún estamos muy lejos de convertir ese entendimiento común en una práctica universal. En casi todos los países las mujeres siguen estando subrepresentadas en los puestos de adopción de decisiones. El trabajo de la mujer es subvalorado, insuficientemente remunerado o no remunerado en su totalidad.
A nivel mundial, de los más de 100 millones de jóvenes que no asisten a la escuela, la mayoría son niñas. Los más de 800 millones de adultos analfabetos que hay en el mundo, la mayoría son mujeres.
La situación por lo que compete a la mujer indígena no es menos alentadora, pues a lo largo de la historia, aún y cuando se esfuerza y trabaja al máximo por mejorar las condiciones de vida, sigue siendo víctima de la marginación, del hambre, de la falta de atención médica, de la violencia física y mental. Factores negativos que devalúan su condición de ser humano, viviendo una realidad caracterizada por la pobreza.
Hoy alzo la voz por todas las mujeres indígenas de nuestro país, para que sean consideradas dentro de los programas de desarrollo humano; que se les proporcionen las oportunidades de mejores ingresos, de una vida saludable, de acceso al tesoro del conocimiento, de libertad política, de seguridad personal, de participación comunitaria y derechos humanos garantizados.
El PRI se pronuncia por políticas afirmativas que garanticen a la mujer el mismo trato, reconocimiento a su contribución laboral, ideológica y científica; igual oportunidad en la toma de decisiones y misma oportunidad a los beneficios de progreso. Muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza.
La Cámara de Diputados saluda la visita de los diputados locales del estado de Baja California Sur. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Irene Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
La diputada Irene Aragón Castillo: Con su permiso, señor Presidente. En este día 8 de marzo en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer, las diputadas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no haremos un recuento histórico de las luchas de tantas mujeres en el ámbito internacional y nacional, particularmente de la lucha que las mujeres desde la izquierda hemos impulsado por la reivindicación de nuestros derechos.
Las legisladores del PRD no queremos reiterar la misma historia de cada año, las mismas efemérides. Hoy queremos decir que estamos cansadas, decepcionadas, escépticas de las instituciones, de esas instituciones que no han sido capaces de impartir justicia a las mujeres, de promover la equidad, de respetar nuestra dignidad, de prevenir la violencia de género, tanto institucional como doméstica.
La lista de agravios, señoras y señores diputados, que sufrimos las mujeres es extensa. No alcanzaría este día de celebración para nombrarlos. Esta violencia es tan cotidiana que por hoy se le ha dado carta de ciudadanía y ha conjuntado nuestro dolor en uno solo.
Por hoy, cualquiera de nosotras es Eufrosina Cruz, Enestina Ascencio, Lydia Cacho, las viudas de Pasta de Conchos, las vejadas en Salvador Atenco, las hermanas trikes Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Estado de México y el resto del país; las jóvenes ultrajadas de Castaños, Coahuila, las cientos de mujeres indígenas encarceladas por delitos relacionados con el hambre y la miseria.
Todas somos madres de algún desaparecido político, todas somos mujeres migrantes vulnerables. La lista es muy amplia.
Pero para ubicar este grave problema, en su justa dimensión, invitamos a cada uno de ustedes a un ejercicio de reflexión y agregar a este recuento las acciones y omisiones institucionales del Estado, de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial que, de manera directa e indirecta han contribuido a vulnerar los derechos humanos de las mujeres.
Por ello no estamos seguras de tener algún motivo para festejar. Sin duda el impulso, la persistencia y la tenacidad de cientos de mujeres han logrado incidir de alguna manera en el ámbito formal, logrando crear instancias y desarrollar leyes que, sin duda también, representan avances.
Reconocemos ese esfuerzo; sin embargo, no vemos la voluntad política para que todo ese capital humano que representamos la fuerza de las mujeres cuente con los instrumentos que nos permitan el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos y que la equidad de género sea una realidad.
En esta Cámara de Diputados la equidad es letra muerta. La aprobación de iniciativas tendientes a garantizar el ejercicio de derechos humanos como son la salud, la educación y la asistencia a los grupos vulnerables se analiza y dictamina en función del presupuesto y también de la moral, y si existe un impacto económico, entonces la prioridad social deja de serlo.
Si las propuestas sobre salud sexual y reproductiva fortalecen la autonomía de las mujeres, este Congreso se convierte en lanzador de piedras que juzgan a las magdalenas.
Las legisladoras del PRD abogamos por la vigencia de una democracia equitativa en términos económicos, sociales, jurídicos, políticos y culturales; por una verdadera reforma del Estado que incluya en la legislación esos mecanismos que nos permitan el ejercicio real de las garantías individuales y sociales contempladas en diversos instrumentos internacionales y en nuestra propia Constitución.
Estimamos que la transversalidad de la perspectiva de género es un propósito y un fin que debemos permear en los distintos temas del Capítulo "De las garantías sociales". Un gesto de buena voluntad política sería el que los diversos actores políticos que participan hoy en la reforma del Estado asuman con seriedad, profesionalismo y sobre todo con compromiso el tema del género. Sin duda eso sí, eso sí sería motivo de celebración.
Otro presente que las mujeres agradeceríamos en este día es el poder constatar la verdadera voluntad política del Ejecutivo federal para cumplir plenamente con la implementación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su respectivo reglamento, así como el reglamento del Sistema Nacional de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, cuya expedición lleva más de año y medio de retraso, así como la implementación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia.
Acciones de esta naturaleza nos harían pensar que tal vez las mujeres sí somos importantes para este gobierno federal. Lo demás es demagogia. Un valioso presente sin duda sería el esclarecimiento de los cientos de asesinatos de mujeres en todos los estados del país.
Lo que sí podemos hacer hoy es extender nuestro reconocimiento a todas aquellas mujeres que, desde diversos ámbitos de actuación, han impulsado grandes batallas y debates por el respeto a nuestros derechos y dignidad.
En honor a todas las mujeres que aspiran a construir un país democrático en donde hombres y mujeres tengamos igualdad de oportunidades y donde ser mujer no sea sinónimo de una debilidad. Exigimos congruencia a los poderes e instituciones de este país.
Por último, particularmente felicitamos y reconocemos el esfuerzo y valentía de todas esas mujeres que desde su pequeña trinchera particular van conquistando sus propios espacios y avanzando en pequeños logros, que en suma constituyen una gran fuerza social impulsada por el espíritu de la autonomía sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Gracias, Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Irene Aragón Castillo. Esta Presidencia hace notar la presencia del diputado José Bailleres Carriles, presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado de Puebla y la diputada María del Rocío García Olmedo, presidenta de la Mesa Directiva del mismo Congreso del estado de Puebla. Bienvenidos a este recinto parlamentario. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Elena Álvarez Bernal, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
La diputada María Elena Álvarez Bernal: Con permiso de la Presidencia. En esta conmemoración que estamos haciendo en este recinto sobre el Día Internacional de las Mujeres, yo quiero referirme a la relación que tiene la realidad de las mujeres en su vida, con el derecho, con las leyes que son nuestra responsabilidad y que afectan para bien o para mal, esa vida de las mujeres.
El derecho romano, el más grande monumento legal que ha creado la humanidad institucionalizó la inferioridad de las mujeres. Este cuerpo normativo dividió a las personas en dos clases: Las que están bajo la autoridad de otras y las que no lo están. En la primera clasificación se ubica a los esclavos, a los hijos y a las mujeres. En la segunda, a las que no lo están. En la primera clasificación están todas las mujeres.
En México, en la Colonia, nuestras Leyes de Indias hicieron suya esta formación jurídico-occidental y consideraron a la mujer sometida al poder del otro, al poder del varón y por tanto, la consideraban carente de capacidad para ser titular de derechos y sujeto de obligaciones.
En el México independiente, a pesar de las inspiradoras ideas de igualdad, continuaron las diferencias entre ambos sexos y no sólo en el derecho privado; también en lo relativo a los derechos políticos. Si posteriormente no se introdujeron conceptos igualitarios en la Constitución, menos podría estar en la mente de los legisladores, ni en la sociedad, la igualdad jurídica y política del hombre y la mujer.
En el artículo 37 de la Constitución, con sus diversas y posteriores reformas, no se habla de sexo ni de género; se habla de ciudadano como término común y según el Constituyente se decía a la persona humana de ambos sexos. Pero en la mente de los forjadores de nuestra ley suprema quedó claro que en lo que respecta a la ciudadanía no pensaron nunca en incluir a las mujeres, en otorgarles el derecho a votar y menos, a ser votadas.
Es por esto que en nuestras Constituciones, tanto la de 1857, como la de 1917 trataron como menores de edad a todas las mujeres y fue hasta 36 años después, cuando se les reconoció la ciudadanía plena en el orden municipal y posteriormente se haría en el orden federal.
Esta reivindicación no se dio por voluntad espontánea de los legisladores, todos eran varones en esa época; fue promovida por grupos de mujeres y desde ese momento se hizo evidente que la equidad para las mujeres tendría que ser promovida por las mismas mujeres.
Una vez que se les reconocieron a las mujeres sus derechos ciudadanos, los partidos hicieron tímidamente la inclusión de ellas en el Poder Legislativo. Llegó a la Cámara la primera legisladora en 1952, hasta esa fecha todas las leyes habían sido formuladas por varones.
Nuestras leyes han avanzado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en igualdad con los hombres, y no hay duda de que esto se debe a las mujeres. A las mujeres que en las cámaras y en los partidos políticos han dado lo mejor de sí para lograrlo.
Se ha alcanzado ya que no haya prohibición legal para que las mujeres ejerzan ciertas profesiones. Fue la primera diputada panista Florentina Villalobos la que logró con su iniciativa, que fue aprobada, que en la profesión de los notarios no se excluyera a las mujeres. Gracias a esa iniciativa, a partir de esa fecha, también las mujeres pueden ser notarias. Y así se han ido corrigiendo prohibiciones absurdas que discriminaban a las mujeres.
Con la aprobación de acciones afirmativas hemos logrado aumentar el porcentaje de funcionarias de elección. Se han aprobado presupuestos para crear políticas públicas que resuelvan las necesidades femeninas.
Se ha tipificado como delito la violencia contra la mujer, y tenemos leyes en diferentes órdenes, para ir parando esta pandemia. Pero todavía nos falta mucho por reformar.
En el área laboral nos urge borrar la desigualdad en las retribuciones. Falta aprobar más acciones afirmativas que rompan la barrera cultural, para que se dé en la práctica la igualdad de oportunidades para todas las mujeres.
En el campo político tenemos todavía aberraciones como las sustentadas en usos y costumbres que impiden a las mujeres ser ciudadanas plenas. Avergüenza a México lo que le sucede a Eufrosina Cruz Mendoza, que habiendo siendo electa por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de su municipio oaxaqueño no puede ejercer el cargo sólo por el hecho de ser mujer.
Todavía es necesario conmemorar un día de la mujer para impulsar el cambio cultural que derribe esas barreras. El Día Internacional de la Mujer es la oportunidad que tenemos para que la sociedad reflexione. Para que reflexione que la discriminación de las mujeres se estableció institucionalmente por las leyes que los varones aprobaron.
Tal vez por el nivel de desarrollo económico, social y científico de la época, pero no se justifica que aún en este momento esté todavía en muchas leyes y se siga la cultura y en la mente de muchos hombres y mujeres esa desigualdad.
Los varones, exceptuando la época de la esclavitud, nunca han estado legalmente bajo la autoridad de otro. Y lo más grave es que la mayoría de los mexicanos todavía no son conscientes de esto. Por eso hay algunas voces que en ocasiones se levantan diciendo que se requiere un día del hombre.
Nuestro propósito no es una competencia de sexos, no es una lucha entre hombres y mujeres. Lo que se pretende es cambiar la cultura, es cambiar nuestra historia futura. Pretendemos y esperamos que pronto haya igualdad de oportunidades para todas las mujeres y que ya no se requiera nunca más un Día Internacional de la Mujer para presentar nuestros reclamos. Muchas gracias.
El Presidente Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada María Elena Álvarez Bernal.
La Cámara de Diputados saluda a los alumnos de la escuela preparatoria Jean Piaget, de la escuela Secundaria Técnica número 39 Profesora Concepción Mercado Jardón, del municipio de Zumpango, del Estado de México. Y saluda también esta Presidencia al grupo Juventud Activa, del municipio Real del Monte del estado de Hidalgo. Bienvenidos todos a este recinto parlamentario.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio.
De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 13 y los párrafos tercero y sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Quedan de primera lectura.
El siguiente capítulo es el de Dictámenes a discusión
Se informa a la asamblea que esta Presidencia recibió solicitud de grupos parlamentarios para posponer la discusión y votación de los siguientes dictámenes:
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
De la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta dicha solicitud.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: En votación económica se pregunta si se retiran los dictámenes mencionados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se pospone la discusión de dichos dictámenes.
El siguiente punto es la discusión del Dictamen relativo a las modificaciones que la Cámara de Senadores hizo a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se le dispensa la lectura. En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto.
Se ha registrado para hablar en pro la diputada Arely Madrid Tovilla, por lo que se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
La diputada Arely Madrid Tovilla: Diputado Presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, he solicitado la palabra para hacer una adición a la exposición de motivos del dictamen a discusión que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria de la minuta que nos regresa el Senado de la República.
Se acepta la propuesta del Senado, pero considero que con la facultad que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para interpretar la norma jurídica, solicito que se agregue en la última parte de los considerandos lo siguiente:
Debe entenderse que la notificación al comisariado ejidal es para transmitir la citada notificación a la asamblea, que es la máxima autoridad en los ejidos.
En el tema que nos ocupa es muy delicado y es muy importante tomar en cuenta que se pueden cometer hechos delictivos si no se tiene presente que hay que respetar lo que marca la norma.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión, señor Presidente, para agradecer que se tome nota de lo que aquí he señalado. Muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Pregunto a la asamblea si existe algún legislador que estuviera en desacuerdo con las consideraciones hechas por las diputada Arely Madrid Tovilla. Si no es así, intégrese al expediente como penúltimo párrafo…
El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: ¿En contra de la propuesta?
El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): Para hablar a favor.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: ¿A favor del dictamen o de la propuesta de la diputada Arely?
El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: ¿Está usted a favor? ¿Quiere hacer uso de la palabra?
El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): Sí, Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Haga usted uso de la palabra. ¿Quiere hacerlo desde su curul? Sonido, por favor, al diputado Salvador Barajas.
El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): Gracias, Presidente. Nada más como autor de la iniciativa que el día de hoy recibimos por parte del Senado ya como minuta, sumarnos a la propuesta que hace la diputada Arely, considerando que es lo más pertinente, el que esté enterada la asamblea, que es la máxima autoridad en un ejido.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Barajas. Al no existir inconveniente por parte de la asamblea, intégrense estas consideraciones al expediente como penúltimo párrafo en el capítulo de consideraciones.
Al no haber ningún otro diputado registrado para este asunto, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Queremos destacar la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Urs Breiter, embajador de la Confederación Suiza en nuestro país, quien asiste el día de hoy a la ceremonia de instalación del Grupo de Amistad México-Suiza. Le damos la más cordial bienvenida y hacemos votos porque continúen estrechándose los lazos de amistad y de cooperación entre nuestras dos naciones. Bienvenido.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir el sentido de su voto?
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: La diputada Maricela Contreras.
La diputada Maricela Conteras Julián (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: El diputado Orihuela.
El diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Está abierto todavía el sistema, eh. Ciérrese el sistema de votación electrónica. Se emitieron 373 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 373 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Queremos destacar la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Alain Le Gourrierec, embajador de la República Francesa en nuestro país, quien asiste a la instalación del Grupo de Amista México-Francia de la Cámara de Diputados. Le damos la más cordial bienvenida y hacemos votos porque se fortalezcan los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.
Nos han solicitado que el siguiente punto del orden del día se posponga, por lo que pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de posponerse a votación el dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se pospone la discusión del dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se pospone.
El siguiente punto del orden del día es: dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se autoriza.
Esta Presidencia hace extensivo que se encuentran con nosotros los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, campus San Juan del Río. Muchas gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos. Continúe la Secretaría, por favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Comisión de Seguridad Pública, para exhortar al titular del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Procuraduría General de la República, a los gobernadores de los estados y al jefe de gobierno del Distrito Federal a fortalecer las acciones e implementar operativos coordinados con los municipios, encaminados a identificar y recuperar los automóviles robados. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Comisión de la Función Pública, para exhortar a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación para que realicen, dentro del ámbito de sus atribuciones, los procedimientos de revisión y en su caso de sanción que les confiere la ley en Pemex Exploración y Producción, Zona Norte. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: En votación económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
Esta Presidencia hace extensivo que se encuentran con nosotros los jóvenes de la escuela primaria Jorge Washington. Sean ustedes bienvenidos. También los comerciantes de Naucalpan, del Estado de México; grupo juvenil del PAN en Zapopan, Jalisco, y la Universidad Autónoma de Guerrero, plantel San Juan del Río. Sean todos ustedes bienvenidos.
También les damos la más cordial bienvenida a los participantes de los Congresos locales de Michoacán, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Durango, Hidalgo, Estado de México, Baja California, Chiapas y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que se encuentran acompañándonos el día de hoy. Sean bienvenidos.
Esta Presidencia recibió del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que expide la Ley de Aprovechamiento de Aceites Usados Automotrices, y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
También se recibió del diputado Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Chanona Burguete, del Grupo Parlamentario Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 153 de la Ley General de Población.
El diputado Alejandro Chanona Burguete: Con el permiso de la Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Alejandro Chanona Burguete: Señoras legisladoras y señores legisladores, esta iniciativa tiene como propósito corregir una práctica vergonzante para nuestro país: la constante violación de los derechos humanos de los migrantes que cruzan a través de la porosa frontera sur y dar los primeros pasos —falta mucho— para asegurarles condiciones de dignidad humana a ellos, a los migrantes, y que eventualmente están garantizadas por nuestra máxima carta fundamental.
Están en la conciencia de México las noticias recurrentes hasta el hartazgo, acerca de la sistemática violación de los derechos humanos de los migrantes que cruzan en la frontera sur con la intención de alcanzar la frontera norte y, eventualmente, encontrar una oportunidad en Estados Unidos. Y, ¿de qué huyen? Huyen de la exclusión social.
Sabemos que se trata de población vulnerable, generalmente indígena, mujeres, niños, ancianos, hombres en la pobreza, a quienes su condición, efectivamente de exclusión social, los hace presa fácil de lo que es sistemático: la extorsión, la violación, el maltrato, el robo, la explotación y muchas veces, compañeras y compañeros, muchas veces son presa del asesinato.
Y cuando son asegurados por los agentes del Instituto Nacional de Migración —o del Instituto Nacional de Inmigración— también sufren toda suerte de vejámenes. No ocultemos el sol con un dedo. La denigración humana de la que son objeto no es tolerable y menos aún por parte de un país como México, que se precia de una larga tradición humanitaria y de derecho de asilo y que mira al norte exigiendo específicamente eso: el respeto de los derechos humanos y fundamentales de nuestros migrantes.
No se pretende disminuir la alta responsabilidad del Estado con este tipo de propuestas, puesto que, por ende, las fronteras son una responsabilidad de éste, del Estado. Por ello no debe significar extender una carta blanca a las autoridades federales, estatales y municipales para la detención arbitraria y la consecuente violación de los derechos fundamentales de estas personas.
Lo que queremos, compañeras y compañeros, es personalizar en cada uno de estos migrantes los altos conceptos de dignidad y respeto a los derechos fundamentales que están consagrados en muchas convenciones globales de las que somos suscriptores y, desde luego, en nuestra Constitución Política.
Sometidos a la responsabilidad moral, social, constitucional e internacional —subrayo— debemos actualizar el marco normativo con miras a garantizar a los migrantes la protección de sus gobiernos —es muy importante—, como ya se prevé eventualmente en la ley reglamentaria de nuestro marco vigente.
Por otro lado —también es muy importante—, estos migrantes deben de contar con la orientación, la asesoría y la representación jurídica que les permita entender su situación y proteger sus derechos. Esto —subrayo— a través del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Actualmente está previsto este derecho sólo en casos cuando se enfrente una acusación por un delito. La propuesta que hoy someto a consideración de esta soberanía se inscribe en estos dos pilares para ser reforzados: la notificación consular, por un lado, y la defensoría pública de los migrantes.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, fortalezcamos este marco, el de los derechos humanos, ampliando, como lo mandata la Constitución, a estos migrantes la seguridad jurídica a la que tienen derecho aquí y en cualquier otro país del mundo.
Con este ánimo presento a este pleno, a esta soberanía, la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modificaría el artículo 153 de la Ley General de Población que plantea lo siguiente:
Con objeto de obligar desde la ley a la autoridad migratoria a notificar sin retraso alguno a la oficina consular o misión diplomática de la que se diga nacional el migrante".
Asimismo, en términos de la ley y las bases generales de organización y funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública sea obligatorio solicitar, para el asegurado, los servicios de un asesor jurídico fundamental.
Estoy cierto que de hacer eco a este tipo de reformas secundarias avanzaremos en el sentimiento de omisión en defensa de los derechos humanos de estos migrantes y, desde luego, de nuestros migrantes fuera del país.
Ruego a la Presidencia de la Mesa Directiva insertar el texto íntegro de esta iniciativa y mi intervención en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Alejandro Chanona Burguete. Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Se concede el uso de la tribuna al diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 16 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy: Con su permiso, Presidenta. Con esta iniciativa que presento el día de hoy, que reforma la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 16 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso General, y como integrante de esta Legislatura, considero que es importante ajustar los ordenamientos legales que nos rigen, con la finalidad de hacer más eficientes y cabales los procedimientos que se dan de manera interna.
La figura de la protesta de los funcionarios públicos ha sido trascendente en la historia, pues sustituyó a lo que se empleaba como juramentos religiosos y que tiene como objeto comprometerse individualmente para fundar y razonar todos sus actos como tal en la ley, preservando con ello la legalidad y el estado de derecho.
Sin embargo, en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo ordenamiento jurídico de nuestro país, en su numeral 128 establece la obligación de todo funcionario público que antes de tomar posesión, debe prestar la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, situación que no exime a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, pues con ello inician el ejercicio de su encargo, cumpliendo así además de lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso General, siendo de igual manera en el caso del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Atendiendo a ello, este precepto constitucional no otorga una garantía o un derecho a los funcionarios públicos, pues el estado de derecho consiste en lograr la vigencia real de sus ordenamientos jurídicos, cuyo fundamento es la propia Constitución.
Es así que al obligar a los depositarios de quienes desempeñen esta función y que ejercen una autoridad, deben comprometerse formalmente a cumplir con este máximo ordenamiento y con las leyes que de ella derivan, pues al investirnos del cargo que desempeñamos los legisladores, el cual otorga la legalidad de ese nombramiento, se entiende la aceptación de cumplir con cada una de las facultades que nos otorgan los diversos ordenamientos vigentes.
Es así también que debemos tomar una de las características de la ley que consiste en la claridad y precisión, por ello debemos considerarla dentro de los ordenamientos que nos rigen como Congreso.
El artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como una de las facultades de la Comisión Permanente, el resolver las licencias de los legisladores. Sin embargo, actualmente esta Comisión no cuenta con la facultad de tomar protesta de ley a los suplentes de los legisladores a los que les fue otorgada la licencia.
En este caso, lo que acontece en la práctica es que una vez que la Comisión Permanente en ejercicio de sus facultades le concede licencia a algún legislador que la solicita, al inicio del periodo ordinario respectivo le envía un oficio a la Mesa Directiva, en donde se le hace de su conocimiento que se le concedió licencia a dichos diputados, y es hasta ese entonces es que el Presidente de la Mesa Directiva ordena que se llame a los suplentes de dichos diputados y una vez que se les toma la protesta de ley entran en funciones.
En este sentido es que desde el tiempo en el que se concedió la licencia hasta que comienza el período ordinario pueden transcurrir hasta cuatro meses, quedando vacía la representación y el lugar del diputado, en tanto comienza el período ordinario, lo cual es sumamente preocupante si consideramos que, aunque el Congreso de la Unión formalmente se encuentra en receso, los trabajos legislativos siguen su curso al realizarse reuniones de trabajo en comisiones, donde realmente está el trabajo legislativo, para continuar con la dictaminación de las iniciativas pendientes de ese trámite.
La Comisión Permanente, como órgano institucional, cuenta con facultades de gran trascendencia e importancia. Y para cumplir con sus funciones de manera responsable, debe contar con esta facultad, la cual obviamente dejaría de funcionar al mismo tiempo que la Comisión Permanente y hasta que comienza el período ordinario de sesiones.
Es así que se ha valorado plantear esa reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la Ley Orgánica del Congreso General, para que no se encuentre una limitante legislativa para que el diputado o senador tome la protesta necesaria e inicie el ejercicio de su cargo y con ello retomar la perceptibilidad de la norma.
Ante esa tesitura, la propuesta del artículo 78 constitucional versa en que la Comisión Permanente tome protesta a los diputados y senadores suplentes, que se siga con el trabajo legislativo e inicien el ejercicio de su cargo, homologando en este caso el procedimiento interno dentro del Congreso, de los numerales 16 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicito, señora Presidenta, sea incluida íntegra en el Diario de los Debates esta iniciativa y esta exposición. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy. Insértese íntegro en el Diario de los Debates el texto y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Se le da un atento saludo a la doctora Columba Edith Reyes García, jefa de la Unidad de Terapia de Comunicación Humana, y a la licenciada María del Carmen Cores Masa, jefa del Servicio de Problemas de Voz y Habla, ambas del Instituto Nacional de Rehabilitación, que se encuentran el día de hoy con nosotras. Sean bienvenidas.
El diputado Carlos Sánchez Barrios: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, las eventualidades de la vida me colocan temporalmente en la situación que enfrenta la mayoría de discapacitados.
Sensible a esta realidad, y con apoyo de los preceptos legales que sustentan el ejercicio de la representación popular que ostentamos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
A fin de garantizar que el artículo 4 constitucional cobre plena vigencia y asegure el disfrute del derecho a la protección de la salud propongo reformar la Ley de Vías Generales de Comunicación, para que las personas que viajen con la finalidad de recibir tratamiento médico y las que enfrenten algún tipo de discapacidad reciban descuento en las tarifas de autotransporte de pasajeros, puesto que no obstante la existencia del derecho a la protección de la salud como garantía constitucional, la insuficiencia de los servicios hospitalarios y el fenómeno de concentración en las grandes ciudades obliga al traslado de las personas que requieren servicios médicos, lo que genera gastos que en muchas ocasiones les impide cumplir su tratamiento.
Un dato que revela la concentración existente de los servicios hospitalarios nos indica que de los 188 hospitales de especialidades con los que cuenta la Secretaría de Salud, 69 de ellos se ubican en el Distrito Federal.
Asimismo, en el territorio nacional sólo existe un Centro Médico para atender a la población con alguna discapacidad motriz, auditiva, de lenguaje o mental, y únicamente 12 unidades del sector salud en todo el país tienen esa especialidad.
En consideración a esos motivos propongo la siguiente iniciativa de Decreto para reformar la fracción II del artículo 58 y el artículo 59 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, con el propósito de introducir cambios en la fracción II del artículo 58 que persigue la finalidad de incorporar como sujetos de reducciones en el costo de tarifas de autotransporte de pasajeros por razones de beneficencia, a personas que viajen para recibir atención médica y a discapacitados.
La reforma al artículo 59 deja tal disposición en los siguientes términos…
Señor Presidente estoy consciente que el término del tiempo para mi exposición ha concluido. Le ruego me autorice un minuto más para terminar.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Está concedido, compañero diputado. Adelante.
El diputado Carlos Sánchez Barrios: Gracias.
Artículo 59. La expedición de tarifas reducidas hasta en un 50 por ciento de la cuota ordinaria solamente será obligatoria para las empresas porteadoras, y esto en los casos de calamidad pública para fines de beneficencia, a estudiantes en periodo de vacaciones, repatriados, personas que viajen para recibir atención médica y los discapacitados.
Se incluyen los siguientes artículos en el apartado de
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Solicito a la Presidencia que ordene la incorporación en el Diario de los Debates del texto íntegro de esta iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Carlos Sánchez. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Transportes.
Se pospone la presentación de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma los artículos 21, 94 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta Presidencia y la Cámara de Diputados le dan la cordial bienvenida a la escuela primaria Voceadores y a los invitados de la comunidad El Olivo, de Tlalnepantla, estado de México. Bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Adelante, diputado Alberto Amador Leal.
El diputado Alberto Amador Leal: Gracias, señor Presidente. Hace algunos días esta soberanía fue testigo de un debate de fondo, no sólo entre los legisladores, sino sobre todo con la sociedad mexicana.
La reforma en materia de seguridad y justicia penal, a virtud de la sensibilidad de senadores y diputados de escuchar y atender el reclamo social del mundo académico, de los abogados, permitió un producto legislativo, sin duda aún imperfecto, incompleto, pero mucho mejor que el proyecto que se venía discutiendo.
Me parece que es un tema que hay que seguir abordando. El debate legislativo no se agota en la presentación o en la aprobación de una iniciativa. El debate tiene que continuar en los diversos ámbitos, escarbando en lo que hemos aprobado, en lo que está en los archivos de las cámaras, que tampoco ha encontrado un cauce de conclusión y es el caso del tema que yo hoy quiero contribuir a la continuación de este debate.
Me parece que esta reforma, aprobada por el Congreso de la Unión y hoy sometida a los congresos de los estados, debe ser complementada en un tema central: la autonomía del Ministerio Público Federal.
Recuerdo o quiero recordar a ustedes que a este respecto existe una minuta de una iniciativa presentada el 7 de febrero de 2006, por el diputado Jorge Leonel Sandoval, de la fracción parlamentaria de mi partido, que quedó en suspenso en el Senado y que no ha sido motivo del dictamen correspondiente en la colegisladora.
Esta iniciativa recoge esa intención, pero va un poco más allá al considerar la experiencia del texto original de la Constitución de 1857, en la cual la acusación penal correspondía al particular afectado por el delito, correspondiendo a la Procuraduría General vigilar los procesos y observar cabalmente la legalidad y los principios procesales. Y a la Fiscalía presentar la acusación ante los tribunales de todo delito del que tuviera conocimiento y coadyuvar con el particular, víctima del delito, a la denuncia ante el juez de la causa.
Esta disposición fue transformada a través de una reforma del año de 1900, promovida por don Eduardo Ruiz, prominente tratadista de derecho constitucional, que convirtió a la Procuraduría General en dependencia del Ejecutivo federal siendo el propio Ruiz el primer procurador designado.
La Constitución de 17, don Venustiano Carranza y el mismo constituyente o a propuesta de Venustiano Carranza, esta reforma permanece. Es decir, la Procuraduría General de la República continúa adscrita al titular del Poder Ejecutivo.
De modo que la iniciativa que hoy presento a su consideración —y que pido al señor Presidente se inscriba en sus términos— tiene justamente el propósito de recuperar esta decisión que me parece fundamental, de autonomía al Ministerio Público federal a través de la constitución de una fiscalía general, dependiente del Poder Judicial de la Federación.
La otra vía sería constituir un organismo autónomo, es otra corriente, que habría que ahondar en su estudio. Pero en tanto eso sucede, yo he querido, compañeras diputadas, compañeros diputados, contribuir a este debate con una iniciativa que recoge esa tradición y que hoy someto a su consideración. Muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Alberto Amador. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Cámara de Diputados le da más cordial bienvenida a la dirigente de la Asociación Colimense de Universitarias, encabezadas por la licenciada Karel Ochoa Reyes y la maestra Celia Cervantes. Bienvenidas.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Gerardo Buganza Salmerón, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Gerardo Buganza Salmerón: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, no voy a consumir mucho tiempo. Simplemente para señalar el propósito de la modificación del articulo 9 constitucional, que tiene por objeto el de buscar el equilibrio de las marchas que se encuentran, principalmente en la Ciudad de México y, desde luego, en algunas otras capitales de las entidades que componen nuestro país.
La búsqueda es agregar, obviamente, que las asambleas y reuniones de petición o protesta a la autoridad no podrán considerarse ilegales, siempre que no afecten derechos de terceros ni se obstruyan las vías de comunicación.
Asimismo se propone el agregar un tercer párrafo, a efecto de establecer que las leyes locales deberán de regular en su respectivo ámbito territorial, tales manifestaciones públicas en los términos del propio artículo 9o. de la Constitución.
Simplemente terminaría leyendo las modificaciones en el
Decreto
Artículo único. Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un párrafo tercero al artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 9o…
No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.
Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, siempre que no se afecten derechos de terceros, no se obstruyan las vías de comunicación, no se profieran injurias o se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidar u obligar a la autoridad a resolver en el sentido que se desee.
Las leyes locales regularán, en su respectivo ámbito territorial, las asambleas o reuniones a que se refiere el párrafo anterior en los términos señalados en él.
Artículos transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán expedir, en un plazo no mayor de 90 días, las leyes a que se refiere la presente reforma.
Le pido a la Presidencia que incluya toda la iniciativa en el Diario de los Debates, obviamente que incluya también esta introducción de un servidor. Por su atención, gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Buganza. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra la diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, suscrita por los diputados Édgar Armando Olvera y Esmeralda Cárdenas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a nombre propio y del diputado Édgar Armando Olvera Higuera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 222; se reforma la denominación del Título Décimo del Libro Segundo, para quedar como "Delitos contra la Función Pública"; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 212; las fracciones I, II, III y IV, del artículo 214; las fracciones I, III y IV del artículo 223 y el artículo 224, todos del Código Penal Federal.
Y se adiciona los incisos 15) Bis y 15) Ter a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de fortalecer el marco jurídico en materia de combate a los delitos cometidos en contra de la función pública; misma que por la brevedad del tiempo sólo haré una presentación general, por lo que pido a la Presidencia que se inserte íntegra en el Diario de los Debates la presente iniciativa.
La corrupción es el uso indebido de la autoridad, entidad o poder público, para el beneficio privado por medio de soborno, extorsión, venta de influencia, nepotismo, fraude, cohecho o malversación, y constituye un fenómeno político, social y económico a nivel mundial. Es un mal universal que corroe las sociedades y las culturas.
Se vincula con otras formas de injusticias e inmoralidades, provoca crímenes y asesinatos, violencia y toda clase de impunidad; genera marginalidad, exclusión y miedo en los más pobres, mientras utiliza el poder en su provecho.
Afecta a la administración de justicia, a los procesos electorales, al pago de impuestos, a las relaciones económicas y comerciales, nacionales e internacionales, y a la comunicación social. Está por igual en la esfera pública como en la privada, y una y otra se necesitan y complementan.
Se liga al narcotráfico, al comercio de armas, a la venta de favores y decisiones, igual que al enriquecimiento ilícito. Además de que la corrupción refleja el deterioro de los valores y las virtudes morales, especialmente de la honradez y de la justicia, atenta contra la sociedad, el orden moral, la estabilidad democrática y el desarrollo integral de los pueblos.
La corrupción administrativa es un proceso perverso realizado por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, que consiste en apropiarse o desviar indebidamente recursos asignados directa o indirectamente a la atención de los usuarios. Es un mal para nuestra sociedad pues destruye, debilita, desarticula, resquebraja, desintegra un proyecto nacional de Estado y de sociedad. Es así que no podemos ni debemos aceptar la corrupción porque lesiona al ente social.
En México, por ejemplo, este fenómeno ha beneficiado intereses particulares en perjuicio de los públicos, razón por la cual nuestro país ocupó en 2007 la posición número 72 a nivel mundial en la tabla de Transparencia Internacional, en tanto que por entidad, el Distrito Federal es el estado con mayor índice de corrupción.
Es evidente que la solución al problema de la corrupción pública en México o en cualquier otro país en desarrollo no resulta tan sencilla y tampoco se limita a un esfuerzo nacional o a la voluntad política de sus líderes. Es claro que muchas de las soluciones dependen de reformas internas, pero también muchas otras dependen de la cooperación internacional en la materia.
Asimismo, no podemos negar que la alternancia política en México es un factor útil e importante en el combate a la corrupción, pero no es suficiente por sí solo sino que deben de existir acciones en paralelo.
Cierto es que el gobierno mexicano en los últimos años ha redoblado esfuerzos en la lucha contra la corrupción, de hecho fue en Mérida, Yucatán en donde se firmó el convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, lo que significó una prueba del enorme esfuerzo que instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de la Función Pública y la Procuraduría General de la República realizaron para llevar a cabo las negociaciones congruentes con la aplicación de políticas públicas anti corrupción.
Atendiendo lo anterior es que presentamos ante esta honorable asamblea diversas reformas al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de perfeccionar el marco jurídico en combate a la corrupción, proponiendo reformar el contenido del título décimo, a fin de precisar que el bien jurídico tutelado es la función pública sin distinción alguna sobre el sujeto que lo cometa, ya sea un funcionario o un servidor público.
Asimismo, se propone ampliar la lista de servidores públicos que puedan caer en el supuesto de la norma, pertenecientes a la administración pública federal, paraestatal, a los tribunales administrativos, a la Procuraduría General de la República, así como al jefe de gobierno y a los diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por los delitos que se cometan en contra de la función pública.
Se actualizan los contenidos de los artículos que integran el título décimo, como es el caso del capítulo sobre delitos cometidos por el ejercicio indebido al servicio público, se define tanto el ofrecimiento como entrega espontánea, así como en los casos en que no exista la espontaneidad, tratándose del delito de cohecho.
Se reforma el artículo relativo al peculado, en donde se precisa que lo comete el servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto de manera temporal o definitiva dinero, valores, fincas o cualquier bien mueble o inmueble perteneciente a los poderes federales, a la administración pública federal, a los tribunales administrativos, a la Procuraduría General de la República, a los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, a un particular que materialmente o por cualquier título legal se encuentre a su disposición.
Además, se prevé actualizar el delito de enriquecimiento ilícito. En cuanto a este delito, se desarrollan elementos normativos a efecto de determinar cuáles son los bienes y derechos que integran el patrimonio del servidor público.
De igual forma, se establece que es ilícita la conducta del particular que haga figurar como suyos los bienes que forman parte del patrimonio considerado como ilícito, de procedencia sin comprobar.
Se incorporan en el catálogo de delitos graves previsto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, los delitos de peculado, al igual que el de enriquecimiento ilícito, a fin de, en determinados casos quien comete este tipo de delitos no tenga la posibilidad de alcanzar la libertad bajo caución, entre otras cuestiones procesales.
Concretamente, se plantea establecer dicha medida de aquellos delitos en los que el monto distraído de los fondos utilizados indebidamente o del enriquecimiento ilícito exceda de las cinco mil veces el salario mínimo, para evitar la impunidad respecto de aquellas conductas cuya cuantía sea tal que constituya un grave perjuicio a la función pública.
En conclusión, el objetivo de esta iniciativa es presentar propuestas para evitar que continúe prevaleciendo la impunidad de los servidores públicos que utilizan su cargo en beneficio propio o de terceros, por lo que proponemos lo siguiente:
Perfeccionar la legislación en materia de combate a la corrupción; precisar el bien jurídico tutelado en la función pública, sin distinción alguna sobre el sujeto que lo cometa, ya sea ciudadano o un servidor público.
Sujetar a los servidores públicos a la posible comisión de delitos contra la función pública. Eliminar, en la medida de lo posible, la necesidad de acudir a otros ordenamientos jurídicos para acreditar los elementos de las conductas ilícitas descritas.
Prohibir, mediante sanciones, se actúe en contra de la función pública y garantizar el cumplimiento de los lineamientos contenidos en tres convenciones internacionales en materia de combate a la corrupción, de los que México es signatario.
En síntesis, la corrupción le cuesta a una sociedad en recursos económicos, en bienestar, en seguridad y en calidad de vida. Los costos sociales que representa la pérdida de oportunidades de crecimiento y desarrollo, la seguridad pública, tener servicios públicos deficientes y una injusta distribución del ingreso, son muy altos e imposibles de medir.
Por desgracia, el avance democrático no garantiza la eliminación de este mal y se requiere de acciones radicales que modifiquen de manera profunda este marco institucional, ya que se está minando la credibilidad que la sociedad tiene en sus dirigentes y en sus políticas públicas, y que nos puede condenar a un gobierno de bajo crecimiento, menor bienestar y mayores desigualdades.
Finalmente, es importante señalar que esta iniciativa contiene algunas propuestas hechas en su momento por el diputado Francisco Barrios Terrazas en la LIX Legislatura, las cuales se han enriquecido para mejorar en su alcance. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada María Sofía Castro Romero, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Esta Presidencia les da la más cordial bienvenida a todos los distinguidos invitados de la Coalición Nacional de Trabajadores del INEGI.
La diputada María Sofía Castro Romero: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada María Sofía Castro Romero: Compañeros y compañeras diputados, la suscrita, diputada federal María Sofía Castro Romero, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 5 y reforma el artículo 59 de la Ley de Radio y Televisión, con objeto de promover la eliminación de estereotipos en función del sexo de las personas en las transmisiones de estos medios de comunicación, conforme a la siguiente
Exposición de motivos
A lo largo de su historia, los medios de comunicación han reproducido los estereotipos de lo femenino y lo masculino mediante la emisión de contenidos con representaciones que fortalecen las iniquidades entre mujeres y hombres.
Cuando hablamos de estereotipos nos referimos al conjunto de creencias sobre las características de todas las personas que integran un grupo. Así, los estereotipos de género son el conjunto de creencias acerca de lo que significa ser hombre o ser mujer.
De esta manera, los estereotipos de género que se manifiestan en los medios muestran a las mujeres básicamente orientadas a los aspectos emocionales y afectivos, como si sólo les fuera posible desarrollar roles de esposas, madres y amas de casa.
Esto lleva a exaltar características, rasgos o cualidades asignadas socioculturalmente al sexo femenino, tales como la ternura, delicadeza, dependencia, inseguridad, indecisión, seducción, coquetería, belleza, entre otras. Al tiempo que se subestiman otras características como son iniciativa, inteligencia, independencia y asertividad para tomar decisiones.
Por el contrario, a los varones se les asigna el rol de proveedores económicos, aunque esto no necesariamente ocurre en los tiempos actuales. Así, se destaca en ellos la capacidad racional y el manejo del poder, lo que conlleva a la exaltación de calidades como inteligencia, control de cualquier evento, asertividad, audacia, independencia, dominación, fuerza, etcétera.
En la televisión observamos a las mujeres desempeñando papeles de sometimiento, sumisión, mientras que el poder y el estatus quedan reservados a los varones.
Al reforzar la imagen subordinada, abnegada, de las mujeres y al reproducir mensajes sexistas, los medios contribuyen a fomentar la violencia o, por lo menos, justificarla.
Es notable la diferencia de características que socialmente se asigna a cada sexo. El modelo masculino aparece como el ideal al que cualquier persona debería aspirar. Un modelo prestigioso, poderoso y prepotente que anula, invisibiliza o subordina al femenino.
Los estereotipos han funcionado durante muchos años como fuertes obstáculos para que las mujeres sean tratadas de manera digna y equitativa, y como limitantes de sus derechos a la igualdad de oportunidades en la educación, el trabajo, la familia y la sociedad, de tal suerte que los estereotipos de género se han erigido en agentes de desigualdad y discriminación entre los sexos, impidiendo su desarrollo personal e integral.
Por tanto, buscar alternativas para cambiar los viejos prejuicios y estereotipos sobre los papeles que mujeres y hombres cumplen como parte de la familia, la escuela, el trabajo y los distintos ámbitos en que participan constituye una prioridad impostergable.
Aún cuando los medios también han mostrado cómo las mujeres han ganado espacios en distintos ámbitos que anteriormente eran exclusivos de los hombres, no se ha operado un cambio significativo en los contenidos de los mensajes mediáticos.
Ante ello es importante mencionar que el análisis de los contenidos en los medios de comunicación fue uno de los temas centrales plasmados en la plataforma de acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, China, celebrada en 1995, a cuyos compromisos se sumó México.
Sin embargo, no ha sido posible aterrizarlos en la práctica, tal y como se marca en el Capítulo "J" de tal documento, que hace referencia a la necesidad de suprimir la proyección constante de imágenes negativas y denigrantes de la mujer en todos los medios de comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales o sonoros.
De acuerdo al documento base de la conferencia, el objetivo estratégico en relación con los medios es fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión y hace un llamado a involucrarse en esta tarea a los gobiernos, a los medios de comunicación, a las agencias de publicidad, al sector privado y a las organizaciones de la sociedad civil.
En el mismo documento, en su Apartado 243, destaca la importancia de difundir información tendiente a eliminar el abuso doméstico de cónyuges y de niños, y todas las formas de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia en el hogar.
En México se cuenta también con leyes y acuerdos nacionales que respaldan la necesidad de crear espacios que fomenten la erradicación de todos los tipos de violencia, dignifique los derechos humanos de la mujer y promuevan la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente
Iniciativa que modifica la Ley de Radio y Televisión en los siguientes términos:
Único. Se adiciona una fracción V al artículo 5o. y se reforma el artículo 59, ambos de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue.
Artículo 5o. …
V. Fomentar la eliminación de estereotipos establecidos en función de sexo.
Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos dedicados a difundir temas educativos, culturales, de orientación social, y fomentar la eliminación de estereotipos establecidos en función de sexo.
El Ejecutivo federal señalará a la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada María Sofía Castro Romero. Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Esta Presidencia hace extensivo y da la más cordial bienvenida a los jóvenes de la escuela primaria urbana Ramón López Velarde, y a los jóvenes de la Universidad Tangamanga, de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. Sean todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
También le damos la más cordial bienvenida a la escuela secundaria ESTIC-0070, de Zumpango, Estado de México. Bienvenidos.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Claudia Cruz Santiago para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por la ponente y el diputado Andrés Lozano Lozano, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago: Muchas gracias, señora Presidenta. México es heredero de un presidencialismo y de un sistema de partido de Estado que obstruyó durante más de 70 años toda forma de participación política y estableció en los hechos, un régimen fuerte, autoritario y antidemocrático.
Este sistema utilizó los peores métodos para sostener el poder. Se crearon organismos irregulares de represión como la Brigada Blanca; se establecieron cárceles clandestinas y se utilizó el equipo y las instalaciones del Ejército y la policía para perseguir a los adversarios políticos y se realizaron las peores violaciones de derechos humanos; el genocidio, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la tortura. Es decir, se implementó toda una política de Estado para eliminar a los adversarios políticos.
Actualmente las cosas no han cambiado significativamente. Los conflictos sociales se han intensificado, lo que ha generado que la cifra de presos políticos aumente considerablemente.
El acoso a las y a los luchadores sociales en México es un asunto de suma preocupación. Las autoridades lo tratan como si suya fuera la actividad delictiva o subversiva y lo someten a formas degradantes de persecución, que van desde las acusaciones falsas de delitos como asesinato, narcotráfico o robo, hasta calumnias, humillaciones y acusaciones públicas de estar relacionados con el terrorismo o la corrupción.
Por tanto, no es extraño que México, un pueblo con una larga historia de lucha, tenga dentro de las prisiones a un gran número de defensores de los derechos humanos, de los derechos económicos sociales y culturales, defensores del entorno ecológico, miembros de movimientos sociales, en una palabra, disidentes del sistema económico que prevalece en nuestro país.
No hay que olvidar que en nuestro país se han documentado casos por los organismos internacionales de derechos humanos, en los que los motivos son por asuntos meramente políticos. Dolosamente se acusa a los luchadores sociales de pertenecer a la delincuencia organizada.
Una muestra de cómo el Estado ha manipulado el concepto de delincuencia organizada para reprimir la lucha social es la sentencia de 67 años a los dirigentes de San Salvador Atenco, sentencia que contrasta con los 40 años a los que condenaron a Mario Aburto, supuesto asesino de Colosio, a los 13 años de prisión a los que fueron sentenciados narcotraficantes del nivel del Güero Palma, el Chapo Guzmán y Benjamín Arellano Félix.
En el año 2007 se confirmó la tendencia a la represión a las legítimas demandas de los movimientos sociales. El discurso oficial enfatizó la necesidad de enfrentar eficazmente al crimen organizado y garantizar la seguridad pública, dejando de lado lo relativo a la protección de los derechos humanos.
Prueba fehaciente de esta afirmación son los trágicos hechos de Oaxaca, donde numerosos participantes en las manifestaciones realizadas en esa ciudad fueron víctimas de detenciones arbitrarias, amenazas, violencia y actos de intimidación, tales como los que reporta el Observatorio Internacional de Derechos Humanos.
Estos hechos muestran que aún queda mucho por hacer para garantizar la adecuada protección de las víctimas. Los luchadores sociales siguen expuestos a la criminalización de sus acciones, a la descalificación y a la limitación de sus actividades.
Mientras tanto, los agentes del Estado responsables de estos actos continúan gozando de constante impunidad en México.
Por tanto, el sentido de esta propuesta es que se aplique todo el rigor de la ley a los narcotraficantes, a los que corrompen a nuestros menores y los utilizan como carnada sexual para los turistas, a los tratantes de personas y a todos los demás delincuentes que atentan contra nuestra sociedad.
Pero queremos evitar a toda costa que se manipule el sentido de la ley para reprimir a la ciudadanía que no está conforme con un determinado gobierno, que no se repitan los presos y desaparecidos del 68, las víctimas del halconazo y el fracaso rotundo de la fiscalía creada para investigarlos.
Las recientes reformas a la Constitución en materia de combate al crimen organizado fueron voluntad del Constituyente Permanente, que estableció dentro de las consideraciones al dictamen al precisar: "Las disposiciones excepcionales que se establecen para delincuencia organizada están dirigidas exclusivamente al combate de este tipo de criminalidad y de ninguna manera podrán utilizarse para otras conductas, lo que impedirá a la autoridad competente el ejercicio abusivo a las facultades conferidas en contra de las y los luchadores sociales o aquellas personas que se opongan o critiquen a un régimen determinado".
Vale la pena enfatizar que no es voluntad de estas comisiones incluir dentro del régimen de delincuencia organizada las conductas de personas en ejercicio de las garantías de libre manifestación del las ideas, libertad de imprenta, derecho a la información, derecho a la asociación, libre ejercicio de la profesión y derecho a la petición, toda vez que éstas son expresiones de un Estado democrático de derecho que postula nuestra Constitución.
Por las razones anteriormente señaladas, esta iniciativa agrega un segundo párrafo al artículo 1o. de la citada ley, con la finalidad de establecer claramente que las disposiciones de la misma no podrán aplicarse, en ningún caso, a lideres e integrantes de movimientos sociales o disidentes de un sistema político que de manera legítima se oponen a un régimen determinado o bien, que se denuncian actos de corrupción de aquéllos que ostentan el poder.
Asimismo, se modifica el primer párrafo a fin de establecer la definición de delincuencia organizada, siguiendo los lineamientos precisados en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se agrega un segundo párrafo con el objeto de adecuarlo con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución.
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 1o. y se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 2, ambos de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:
Artículo único. La presente ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y la aplicación en todo el territorio nacional.
Estas disposiciones no podrán ser aplicadas, en ningún caso, a líderes e integrantes de movimientos sociales o disidentes de un sistema político que de manera legítima se oponen a un régimen determinado o bien se denuncian actos de corrupción de aquéllos que ostentan el poder.
Artículo 2. Por delincuencia organizada se entiende un grupo de tres o más personas formado fortuitamente para cometer delitos en forma permanente o reiterada y en el que no necesariamente se hayan asignado sus miembros funciones formalmente definidas, ni haya continuidad con la condición de miembro o exista una estructura desarrollada que tenga además como propósito obtener un beneficio económico y material.
Cuando tres o más personas se organicen de hecho, para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que por si o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes serán sancionadas por el solo hecho, como miembros de delincuencia organizada.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación.
Por lo anterior solicito a la Presidencia de esta honorable Cámara, se inserte íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
La Presienta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Claudia Cruz. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma la fracción V del Apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Gracias, Presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores, como se ha dicho ya en innumerables ocasiones, nuestras leyes penales han sido hasta ahora permisivas con la violencia de género y lamentablemente en el trato que se da a víctimas y agresores hay de fondo una creencia acerca del valor de los delitos de violencia contra las mujeres.
Esta creencia vergonzosamente es que se trata de crímenes menores y las denuncias de violencia contra las mujeres no cesan, porque la incidencia de ella en todas sus formas está lejos de haberse erradicado. Entre esas modalidades de violencia destaca la sexual, siendo la violación la que con mayor claridad se identifica y sanciona en nuestro Código Penal.
Sobre el procedimiento que marca nuestra legislación para administrar justicia en estos casos, surgen cuestionamientos muy serios. ¿Es correcto enfrentar a la víctima con su agresor? ¿Los agentes del Estado encargados de facilitar los trámites y acompañar a la víctima están preparados para comprender el sufrimiento físico y psicológico por el cual ésta pasa?
¿Cómo tutelar o proteger durante el proceso judicial a la víctima, cuando la agresión es una violación? Si la obligamos a ratificar una y otra vez la denuncia en condiciones de infraestructura, que no le ofrecen un espacio de seguridad para ello y bajo las cuales se genera el fenómeno que conocemos como doble victimización.
El procedimiento actual que en la mayoría de los casos obliga al careo entre agresor y víctima, tal pareciera que busca juzgar a la víctima y no al que comete el delito. Parte de las agresiones que el Estado comete contra la víctima, se dan cuando se cuestiona su honorabilidad, su vestimenta, su comportamiento ulterior o cualquier conducta que el victimario interprete como consentimiento para la relación sexual.
El Estado debe proporcionar y propiciar que la víctima de violación tenga la garantía de que su integridad física y moral está salvaguardada. La declaración de la víctima debería por tanto prestarse a puerta cerrada o por medio de una grabación o de un video y jamás enfrente de su agresor.
Hoy en día contamos con los apoyos tecnológicos en comunicación, en medicina forense y pericial, que permitirían realizar exámenes proctocológicos y de psiquiatría, aplicables en beneficio de la víctima y en garantía de los derechos del presunto agresor.
Con respecto al careo está comprobado que es siempre la parte inculpada quien lo solicita, porque cualquier abogado que defienda agresores sexuales, sabe de cierto que el careo es una herramienta efectiva de intimidación. Presión que se ejerce, no lo olvidemos, sobre una persona ya atemorizada, humillada y confundida, por mencionar sólo alguno de los rasgos emocionales de la víctima de la violación.
Hay que entender que el careo es un medio de prueba complementario o accesorio que tiene por objeto aclarar los aspectos contradictorios de las declaraciones de las partes para que el órgano jurisdiccional esté en posibilidad de valorarla.
Debe destacarse que el Apartado A se refiere a las garantías "Del inculpado", en todo proceso de orden penal y el Apartado B a las garantías "De la víctima o del ofendido". La reforma que se propone busca un mejor equilibrio entre las garantías del inculpado y las de la víctima. Con esta reforma se pretende ampliar los casos de excepción para que, no sólo a los menores sino a cualquier víctima de violación no se les sujete a carearse con el inculpado.
Si bien es cierto que el artículo 20 constitucional impone al juez la obligación de carear al acusado con sus acusadores, los antecedentes legislativos e históricos llevan a la conclusión de que mediante esos careos no se cumple la finalidad de que el acusado conozca a sus acusadores para evitar acusaciones ficticias, por lo que hay razón para que se practiquen, además de que con ello se entorpece el proceso y se evita que la justicia sea expedita.
Esto fortalece la convicción de que la exclusión de los careos en todos los casos de violación no perjudica sustancialmente las defensas de los procesados penalmente y, por tanto, no sería violatoria de sus garantías fundamentales.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en atención a lo que marca nuestra Constitución, nuestras leyes generales como la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la suscripción de tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobemos esta reforma para que nuestra ley penal no siga agrediendo de nueva cuenta a las víctimas de violación.
Solicito a la Presidencia, en obvio de tiempo, que se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada María del Carmen Salvatori Bronca. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates. Y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Manuel Salvador Salgado Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Manuel Salvador Salgado Amador: Con su permiso, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Manuel Salvador Salgado Amador: Compañeras diputadas y compañeros diputados, actualmente existen marcadas desigualdades en el grado de desarrollo de los distintos estados y municipios de nuestro país, por lo cual debemos reflexionar en la posibilidad de replantear ciertas facultades, responsabilidades y esquemas que equilibren a los tres órdenes de gobierno para propiciar el fortalecimiento de los municipios.
En México existen 2 mil 439 municipios con características diferentes entre sí. Cada uno de ellos posee sus rasgos propios que lo diferencian de los demás; aunque en términos de la problemática que enfrentan se dan situaciones comunes tales como la insuficiencia de recursos financieros, de capacidad técnica y humana, en la prestación de servicios públicos e ineficiencia administrativa, entre otros.
El municipio es una instancia política y administrativa del Estado mexicano. Es la unidad básica territorial cuyas características básicas, de acuerdo a la Constitución, son libertad política, libertad de administración y personalidad jurídica.
Esta última se refiere a la capacidad que tiene el municipio para ser sujeto de derechos y obligaciones y manejar su patrimonio conforme a la ley. En este sentido es un poder público que puede celebrar convenios con otros entes sujetos a derechos y obligaciones; celebrar acuerdos dentro de su competencia y jurisdicción; dictar los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su respectiva jurisdicción y adquirir obligaciones y responsabilidades ante otras instancias gubernamentales.
En este orden de ideas, el ayuntamiento como órgano de representación popular encargado del gobierno y la administración del municipio cuenta con la oportunidad de aprovechar su personalidad jurídica, la cual le brinda el potencial para consolidarse como un promotor económico de éste.
Desde los 80 se reconoció la imperiosa necesidad de impulsar esta característica como forma de conducir económica y financieramente a las comunidades. Sobre todo, en un contexto en el que 44 por ciento de los municipios del país —mil 77 municipios— están clasificados como de alta y muy alta marginación, en donde la mayor parte de la población no alcanza a percibir dos salarios mínimos y que se encuentran concentrados fundamentalmente en el sur y sureste del país.
Actualmente el municipio, sobre todo el rural, tiene la necesidad de buscar alternativas de financiamiento o buscar recursos adicionales para constituirse como promotor real del desarrollo y así poder dar respuesta a las demandas ciudadanas.
En este sentido, el financiamiento municipal es fundamental, al entenderse como el conjunto de acciones a través de las cuales los ayuntamientos se allegan de fondos monetarios necesarios para cubrir las actividades operativas que requieren, así como también su ampliación y desarrollo.
Existen varios tipos de financiamiento que pueden ser utilizados por los municipios, pero para ello, los municipios deben generar recursos internos propios que satisfagan las expectativas de gasto, con lo cual pueden ser autofinanciables.
Sin embargo, la característica fundamental que priva a los gobiernos municipales es que no son autosuficientes, lo cual obliga a ver alternativas para proveerse de recursos. Lo anterior, genera gobiernos municipales altamente dependientes del gobierno estatal y federal.
Por otra parte cabe mencionar que los ayuntamientos se renuevan en su totalidad cada tres años y para ello la ley orgánica municipal y la ley electoral de cada entidad determinan el tiempo y la forma en la que deberá hacerse dicha renovación. Pero es una realidad que es una limitante para la planeación del gobierno municipal es el escaso tiempo de gestión con el que cuentan.
En tan sólo tres años deben conocer las necesidades vecinales, la cantidad de los recursos con los que cuentan y los que probablemente van a tener como resultado de su gestión. Asimismo, elaborar un diagnóstico de financiamiento, un análisis financiero del municipio, determinar las estrategias de financiamiento relacionadas al nivel de riesgo que adoptarán; presentación del programa de financiamiento para su aprobación. Y una vez aprobado, recurrir al gobierno a través de convenios para transferir recursos para el desarrollo.
Esto hace que programas y proyectos no coincidan en el tiempo, y que el dinero con el que cuentan en ese momento no sea suficiente para ejecutarlos. Definitivamente, en tres años de gestión de un ayuntamiento no se alcanzan a obtener los frutos de las gestiones hechas y la ciudadanía no observa los beneficios esperados.
Como puede apreciarse, la figura del municipio se ha visto obstaculizada para llevar a cabo sus atribuciones, debido al tiempo limitado con el que cuenta. En donde sus gestiones quedan inconclusas y sin recibir los beneficios esperados.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, por este motivo debemos otorgar tiempo suficiente a los ayuntamientos para que puedan gestionar convenios de colaboración con las instancias correspondientes, y al mismo tiempo tengan oportunidad de recibir los beneficios de éstos, durante sus administraciones. Es indispensable poner las bases que den continuidad a las políticas públicas elaboradas por los ayuntamientos.
Como legisladores es nuestra responsabilidad reconocer las nuevas necesidades de la federación y llevar a cabo acciones que permitan fomentar su fortalecimiento y paliar la heterogeneidad en todo el territorio nacional.
Por las razones antes expuestas y con el fin de fortalecer el desarrollo municipal en beneficio de los ciudadanos, la presente iniciativa pretende reformar el artículo 115 constitucional para ampliar el periodo de gobierno de los presidentes municipales a 4 años.
Señora Presidenta, en virtud de que la iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, le ruego que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Manuel Salvador Salgado Amador. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 44 de la Ley del Seguro Social.
Se encuentran con nosotros de visita, unos visitantes muy especiales, si voltean a ver hacia arriba se van a dar cuenta, son unos bebes del Jardin de Niños México, de la ciudad de Tepic, Nayarit, con sus mamás, que nos están acompañando el día de hoy aquí. Sean ustedes bienvenidos. Fueron invitados por la diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela, yo creo que los financió para traerlos, están muy bebitos.
El diputado Pablo Trejo Pérez: Con su permiso, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Pablo Trejo Pérez: El día de hoy, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, presentamos una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 44 de la Ley del Seguro Social, para que se suprima la obligación de interponer el recurso de inconformidad contra la calificación que del accidente o enfermedad de trabajo haga el IMSS de manera definitiva, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
La interposición de un recurso adicional va en contra de un principio jurídico esencial, el de una justicia pronta y expedita, además de mermar económicamente al promovente, con mayor razón cuando se trata de un trabajador. De ahí la importancia de luchar porque se suprima las instancias jurídicamente innecesarias.
Recordemos que el recurso de inconformidad es el medio que otorga la Ley del Seguro Social para que los patrones, los trabajadores y los beneficiarios impugnen cualquier acto definitivo del instituto que lesione sus intereses.
Partiendo de lo anterior, diremos que el artículo 44 de la Ley del Seguro Social obliga al trabajador a interponer el recurso de inconformidad en caso de no estar de acuerdo con la calificación que de su accidente o enfermedad de trabajo haga el instituto, lo cual es insostenible jurídicamente con base en los siguientes argumentos:
1. Está en abierta contradicción con los artículos 294 y 295 de la propia Ley del Seguro Social, mismos que marcan como opcional la interposición del recurso de inconformidad para los asegurados y sus beneficiarios, y no como obligación.
Si el recurso de inconformidad se instituye como un derecho respecto a cualquier prestación de la Ley del Seguro Social, con mayor razón tratándose de los riesgos de trabajo, semilla de todo el derecho laboral y de la seguridad social (justicia mínima al operario que ha visto afectada su salud, capacidades y vida en la consecución inmediata de los fines de lucro del empresario, relevado en este caso por el instituto) y que exigen una pronta reparación, ya que estos daños y perjuicios tienen jurídicamente, y en los hechos, carácter de alimentos.
2. La Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, en el artículo 51, equivalente al actual 44, marcaba como opcional, para estos casos, la interposición del recurso de inconformidad.
3. Esto significa que, por un craso error jurídico, se omitió modificar en el decreto de reformas de la Ley del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2001 el mencionado artículo 44 de la ley.
En conclusión: urge una reforma del artículo 44 de la Ley del Seguro Social, no sólo para que no continúe la contradicción normativa aludida, sino para evitar la oposición que existe en el seno del mismo artículo 44 de la ley, entre sus párrafos primero y segundo, ya que mientras en el primero se apunta la obligación de interponer el recurso de inconformidad, en el segundo párrafo, en la parte conducente, se dice: "entre tanto se tramita el recurso o el juicio".
En este momento, de concretarse la reforma del primer párrafo del artículo 44 de la Ley del Seguro Social, éste se armonizaría con el segundo párrafo, el que, por tanto, ya no habría necesidad de reformar.
Siendo los trabajadores que enfrentan un siniestro laboral merecen y necesitan con prioridad una definición de sus derechos, los que no pueden ser sustituidos por los paliativos que recibirán en otros seguros, como los ya precisados, con mayor razón, en los casos en que el Instituto Mexicano del Seguro Social, acepta el riesgo de trabajo y sólo el trabajador impugna el grado de evaluación.
Además, el apoyo económico en el ramo de enfermedad o invalidez, mientras se resuelve la impugnación del trabajador, intenta respetar, con limitaciones, lo preceptuado en la Ley Federal del Trabajo, que ordena no dejar en el desamparo al trabajador que ha sufrido un riesgo de trabajo, de la entrega de 100 por ciento de su salario y éste debe pasar a una pensión o indemnización, salvo lo que se señala.
En apoyo de todo lo expuesto, solicitamos, por tanto, la modificación del artículo 44 para que quede en los términos que se ha señalado en la presente iniciativa.
En virtud del tiempo, le pediría, diputada Presidenta, que la iniciativa en comento se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, tal y como fue publicada en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias diputado Pablo Trejo Pérez. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates, y túrnese a la Comisión de Seguridad Social.
Se recibió del diputado Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió también de la diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Antes de dar el uso de la palabra, les recuerdo a los diputados, si quieren que se turne alguna iniciativa o algún punto que hayan presentado, con mucho gusto estamos aquí en el área técnica tomando nota.
Se concede el uso de la tribuna al diputado José Antonio Arévalo González, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, suscrita por el ponente y el diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado José Antonio Arévalo González: Gracias, Presidenta. Compañeros diputados y compañeras diputadas, la nueva Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero del presente año, define los bioenergéticos como combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia orgánica, de actividades agrícola, pecuaria, silvícola, acuacultura, algacultura, residuos de la pesca doméstica, comerciales, industriales, de microorganismos y de enzimas, así como sus derivados producidos por procesos tecnológicos sustentables que cumplan con las especificaciones y normas de calidad establecidas por la autoridad competente, en los términos de esta ley. La anterior definición revela que la industria de los bioenergéticos está fundamentada en la producción agropecuaria, especialmente en los cultivos alimentarios.
Analizando la situación mundial de los bioenergéticos encontramos que los países pioneros de estas tecnologías han enfrentado serios problemas ambientales y sociales. Ejemplificando, Estados Unidos es el primer productor mundial de etanol a base de maíz. En este país las prácticas agrícolas involucran gran cantidad de fertilizantes, pesticidas y organismos genéticamente modificados, lo cual ha causado severos daños ambientales.
Por otro lado, Brasil es el primer producto mundial de etanol a base de caña de azúcar. En este país han surgido problemas como la sustitución de la selva amazónica por cañaverales, además de conflictos sociales debido al desequilibrio en los precios nacionales del azúcar.
Argentina, líder en la producción de biodiesel a partir de la soya, se ha topado con el inconveniente de que cada vez son más escasos y costos los alimentos a base de soya, ya que los productores ganan más si la venden como materia prima para generar biodiesel.
De estas experiencias previas se puede inferir que México es susceptible de sufrir las consecuencias negativas que sufrieron Estados Unidos, Brasil o Argentina; o podría ser aún peor, ya que el maíz es la base de la alimentación nacional y México es el centro de origen del maíz. Además, la introducción de variedades genéticamente modificadas para la producción de bioenergéticos constituye una fuerte amenaza para las variedades nativas del maíz y para la seguridad alimentaria de nuestra nación.
Lo ideal sería que el aprovechamiento de cultivos alimentarios se mantuviera debidamente separado de la industria de bioenergéticos. Esto es posible mediante los biocombustibles de segunda generación, es decir aquéllos obtenidos de la biomasa proveniente exclusivamente de residuos de tipo orgánico de cualquier actividad agropecuaria, doméstica o industrial.
Esta definición implica que toda la materia orgánica aprovechable será residuo, no alimento. Bajo este razonamiento consideramos necesario incluir el término de "bioenergéticos de segunda generación" en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.
Para complementar esta propuesta y minimizar los efectos de la industria de bioenergéticos sobre la seguridad alimentaria proponemos establecer una vigencia anual en los permisos de Sagarpa otorgada para la producción de bioenergéticos a partir de las proporciones comestibles del maíz y de otros cultivos alimentarios.
Para dar un verdadero impulso a los bioenergéticos de segunda generación sobre los bioenergéticos convencionales, proponemos darle prioridad en los ámbitos de infraestructura, tecnología, investigación y capacitación en las disposiciones actuales de la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos.
Compañeros legisladores, la propuesta del Partido Verde Ecologista de México, contenida en la presente iniciativa, es comparable con las recomendaciones sobre bioenergética, hechas por el Premio Nóbel de Química, Mario Molina.
Los biocombustibles de segunda generación permiten utilizar los productos del campo con una eficiencia máxima, disminuyendo la generación de residuos y abriendo nuevas posibilidades de negocio sin descuidar la producción local y nacional de alimentos.
Por tanto, si México busca alcanzar un sistema energético de primer mundo, necesita también imponer restricciones de primer mundo sobre los bioenergéticos; las necesidades locales deben tener prioridad sobre el comercio global para minimizar los impactos sociales y ambientales negativos de ésta, nuestra industria. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado José Antonio Arévalo González. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Patricia Villanueva Abraján, del Grupo Parlamentario del PRI. Se pospone esta iniciativa, no se encuentra en este momento la diputada. Se pospone también la que sigue.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Agrícolas.
La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez: Con el permiso de la Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez: La suscrita diputada Yolanda Rodríguez Ramírez a nombre propio y de las compañeras diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Asociaciones Agrícolas al tener de la presente.
La iniciativa que hoy se somete a la consideración de esta honorable asamblea propone reformar la Ley de Asociaciones Agrícolas, a efecto de impulsar la participación de las mujeres en el desarrollo económico rural a través de la organización de cadenas productivas y comercializadoras de los productos agrícolas constituidas por mujeres. Se prevé también que las asociaciones agrícolas locales, además de estar integradas por productores especializados, también lo sean por mujeres productoras.
De igual forma, se propone que las uniones regionales agrícolas acrediten ante la Confederación Nacional de Productores Agrícolas la participación de mujeres en los cargos de delegadas propietarias y suplentes, para que en ellas se encuentren representadas las asociaciones agrícolas conformadas por mujeres.
La democracia, la promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, inclusive el derecho al desarrollo sin ser concebido éste como asistencia social y la participación plena y equitativa de mujeres y hombres son indispensables a fin de alcanzar la seguridad alimentaria, sostenible para todos.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 5o., se adiciona una fracción VIII al artículo 3º., y un segundo párrafo al artículo 12, ambos de la Ley de Asociaciones Agrícolas, para quedar como sigue
Artículo 3º. "Las asociaciones agrícolas constituidas en los términos de esta ley tendrán las siguientes finalidades: …
VIII: "Impulsar la participación de las mujeres en el desarrollo económico a través de la organización de cadenas productivas y comercializadoras de productos agrícolas constituidas por mujeres".
Artículo 5o.: "Las asociaciones locales se denominarán asociaciones agrícolas locales y estarán integradas por productores especializados o por mujeres productoras. Para los efectos de este artículo se entiende por productores especializados a aquellos cuya actividad predominante se dedique a un cultivo o a una rama especial de la economía".
Artículo 12: "Las uniones regionales agrícolas también deberán acreditar ante esta confederación la participación de delegadas propietarias y suplentes para que en ellas se encuentre representadas las asociaciones agrícolas conformadas por mujeres".
Artículos transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las uniones regionales agrícolas deberán acreditar en un plazo de 90 días posteriores a la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación a las delegadas propietarias y suplentes ante la Confederación de Productores Agrícolas.
Tercero. Remítase a la honorable Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.
Vamos a posponer también las otras tres iniciativas. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Mónica Fernández Balboa, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
La diputada Mónica Fernández Balboa: Gracias, Presidenta, con su permiso. El artículo 25 constitucional determina que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación.
Igualmente la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, establecida como disposición reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de nuestra Carta Magna, determina que "el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia".
Por ello una de las responsabilidades fundamentales del Estado es procurar el abasto oportuno y suficiente de alimentos y productos a los grupos sociales menos favorecidos, con base fundamentalmente en la producción nacional.
Consideramos que el cacao y el plátano constituyen parte de la dieta de la mayoría de la población o al menos de manera diferenciada por regiones, siendo motivo más que justificado para que el gobierno federal, en la conducción de su política agropecuaria, considere a estos productos como básicos y estratégicos en cuanto a su importancia en la economía de los productores del campo o de la industria de Tabasco y Chiapas en particular, y de toda la región sur-sureste.
Por lo cual, estos productos deben ser considerados alimentos básicos y estratégicos en los términos de la fracción V del artículo 3o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, puesto que constituyen una base de importancia en la alimentación de la población y en la economía de un gran número de productores del campo.
La fracción XXII del artículo 3o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable define como productos básicos y estratégicos aquellos alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la población en general o diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos nacionales.
Se definen como alimentos básicos y estratégicos los productos básicos, los de mayor importancia en la alimentación de la mayoría de la población por su impacto en la economía de los productores del campo o de la industria. En este rubro entran el maíz, frijol, trigo, arroz, huevo, leche, carne, porcinos, aves y pescado.
Los productos agropecuarios estratégicos y básicos constituyen también la base de protección y ampliación del empleo y del salario de los trabajadores del campo mexicano. Prácticamente la totalidad de quienes dedican su trabajo al sector rural se enfocan en los productos que señala con este carácter la ley. Alrededor de ellos viven y progresan cientos de miles de familias rurales, formando también parte de su cultura regional.
Actualmente, México ocupa el octavo lugar como productor de plátano al participar con poco más del 3 por ciento de la producción mundial, y el duodécimo lugar como exportador, y participa con sólo 1.4 por ciento de las exportaciones totales.
Tabasco antes de las inundaciones de noviembre de 2007 era el segundo estado productor de plátano en México, con más de 17 por ciento de la producción, muy por debajo de Chiapas, que constituye el primer estado productor.
Además, se debe resaltar que en el sistema producto cacao participan alrededor de 33 mil productores de Tabasco y Chiapas y otras entidades del país. Este cultivo cuenta con la certificación internacional que reconoce la alta calidad del cacao mexicano.
La problemática que enfrenta la producción agrícola de nuestros campesinos tabasqueños es mayúscula. Nuestro territorio quedó devastado, con pérdidas de 100 por ciento en la producción agrícola, en particular el plátano y el cacao, principales productos agrícolas de la región, altamente dependiente del campo, donde se ubican fuentes importantes de trabajos rurales, lo cual representa el sustento de casi un tercio de la población del estado que depende del sector agropecuario.
Los daños en Tabasco amenazan también con reducir la producción nacional, pues el estado es una de las fuentes más importantes de carne y fruta en México, así como de electricidad y agua.
Está por demás decir que el plátano es el cuarto cultivo más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz, además de ser considerado un producto básico y de exportación, constituyendo una importante fuente de empleo e ingresos en numerosos países en desarrollo y constituyendo una parte esencial de la dieta diaria para los habitantes de más de 100 países tropicales y subtropicales, incluyendo a México.
Por lo que respecta al cacao se puede decir que éste es cultivado principalmente en Chiapas y Tabasco en 83 mil 300 hectáreas, generando la actividad de 4.98 millones de jornales al año y cuyo valor de producción es de 551 millones de pesos en este mismo periodo.
Tabasco necesita un trato especial y urgente y de ahí nace la preocupación y la inquietud por proponer a esta honorable soberanía la presente iniciativa que reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable por las repercusiones, todas positivas, que por motivos de tiempo no puedo mencionar en esta tribuna, de incluir el plátano y el cacao dentro de los productos básicos, facilitando que los grupos sociales menos favorecidos tengan acceso a su consumo y se dé prioridad a la producción nacional y estatal de este cultivo, por sí mismo estratégico.
Por esta razón propongo a ustedes esta iniciativa para que, dentro de este marco jurídico, los productores agropecuarios en general, y en particular los productores tabasqueños, tengan una percepción más amplia en cuanto a la construcción de cadenas productivas y conversión de cultivos, optando por productos de gran aceptación regional, nacional y mundial.
Nuestro país tiene el gran compromiso de consolidar la soberanía alimentaria para apoyar la producción agrícola de nuestros campesinos y así elevar la producción y el abasto de los alimentos que la población requiere para su desarrollo sano y nutritivo.
En este sentido, la soberanía alimentaria bien entendida es la capacidad que tiene un estado de determinar por sí mismo sus políticas agropecuarias y estimular las preferencias y hábitos culturales alimenticios, prevalecientes ante la población.
Señora Presidenta, por obviedad del tiempo le ruego que incluya el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, muchas gracias por su atención.
La Presienta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Mónica Fernández Balboa. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Madrazo Limón, para presentar iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el ponente y el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Carlos Madrazo Limón: Gracias, Presidenta. Con su permiso. Los suscritos diputados federales Carlos Madrazo Limón y Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 de la fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II a LVI y LXIII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión someten a la consideración la iniciativa que reforma el artículo 4o., párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente
Exposición de motivos
Desde los años ochenta comenzaron en México las acciones de descentralización de una considerable cantidad de materias. Aunque se han realizado esfuerzos de descentralización en las entidades y municipios, aún quedan pendientes varias materias en las que ciertas facultades podrían ser distribuidas. Un ejemplo de ello es la salubridad general.
La descentralización es viable en este ámbito, principalmente en servicios básicos y siempre y cuando se valoren cuidadosamente las materias de salubridad general, las condiciones que prevalezcan en los municipios y su aptitud para asumir responsabilidades de éstos.
Facultar al municipio implica retomar aspectos centrales de la concurrencia de facultades entre los tres órdenes de gobierno, involucra reconocer que existen municipios que de facto ya los realizan.
Que es imprescindible la participación y colaboración de los tres órdenes de gobierno en las acciones de organización, operación, supervisión y evaluación de la prestación de los servicios de salubridad general.
Algunos municipios han demostrado estar en capacidad de prestar esos servicios, tal y como lo hacen las entidades federativas en materia de salubridad general, como la atención médica preferente en los beneficios de los grupos vulnerables, a atención materno infantil, la salud visual, la salud auditiva, la planeación familiar, la salud mental, la organización; coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares, para la salud.
La promoción de la formación de los recursos humanos para la salud; la coordinación de la investigación para la salud y el control de ésta en los seres humanos; la información relativa a las condiciones, recursos y servicios de la salud en el país; la educación para la salud; la orientación y vigilancia en materia de nutrición; la prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre.
La salud ocupacional y el saneamiento básico; la prevención y el control de enfermedades transmisibles; la prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes; la prevención de la invalidez y la rehabilitación de los inválidos; la asistencia social; el programa contra el alcoholismo y el programa contra el tabaquismo.
Todos ellos comprendidos en el artículo 3o. de la Ley General de Salud vigente. Es preciso añadir que sólo aquellos municipios con las condiciones de desarrollo económico y social suficiente deberán ejercer las facultades que el Congreso les otorgue, mientras que el resto seguirá bajo el esquema federal y estatal hasta alcanzar las circunstancias y requisitos legales necesarios para llevar a cabo actos materiales que se descentralicen.
La descentralización de los servicios de salud es concebida como un proceso que debe culminar en el ámbito municipal, toda vez que esto representa una necesidad social y un reclamo popular.
La descentralización de la vida nacional se traduce en el fortalecimiento del federalismo y del municipio libre, es decir, se propicia la redistribución del beneficios entre regiones e individuos.
Por lo anterior, se propone y se pone a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al siguiente
Decreto
Único. Se adiciona el párrafo tercero del artículo cuarto constitucional para quedar como sigue:
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación, las entidades federativas y los municipios en materia de salubridad general, conforme a lo que se dispone en la fracción XVI del artículo 73, de esta Constitución.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo. Firma su servidor diputado Carlos Madrazo Limón, diputado Ector Jaime Ramírez Barba.
Presidenta, le suplicamos que se integre el documento completo, que le fue entregado, al Diario de los Debates y que sea pasada a la Comisión de Puntos Constitucionales con la opinión de la Comisión de Salud y de la Comisión del Fortalecimiento al Federalismo. Muchas gracias.
La Presidenta Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Carlos Madrazo Limón. Insértese íntegro en el Diario de los Debates el texto. Y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Salud y la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.
Se acaban de recibir dos oficios de la Cámara de Senadores. Proceda la Secretaría a dar cuenta, por favor.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados, presentes.
Para los efectos legales correspondientes me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Alcón, en Grado de Estrella de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la república de Islandia. Atentamente, senador José González Morfín, vicepresidente. Es cuanto.
La Presidenta Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados, presente.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso para que la licenciada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Alcón en Grado de Gran Cruz de Comendador con Estrella, que le confiere el gobierno de la república de Islandia. Atentamente, senador José González Morfín, vicepresidente. Es cuanto.
La Presidenta Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Esta presidencia recibió del diputado Jesús de León Tello, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para que a través de la Conagua realice estudios de factibilidad de transferencia de agua hacia la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos con opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
También se recibió del diputado Joaquín Díaz Mena, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, considere dentro del Programa del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, al Municipio de Valladolid, en el estado de Yucatán. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
Se recibió del diputado Modesto Brito González, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo a fin de que el estado de Guerrero sea integrado plenamente a los trabajos y proyectos para la celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana. Túrnese a la Comisión Especial para el Apoyo de los Festejos de Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución.
Se recibió también del diputado Irineo Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo relativo a los subsidios otorgados a los productores agrícolas en los Estados Unidos de América, en el Marco del Tratado de Libre Comercio. Túrnese a la Comisión de Economía.
Se recibió del diputado Irineo Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo relativo a la regularización del contenido de los corridos musicales, que hacen referencia a personas que se dedican a actividades ilícitas o delincuencia organizada. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (15:07 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 11 de marzo a las 11:00 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.