La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 339 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (11:44 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo…

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, permítame compañera. Sí, diputada Layda Sansores.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, diputada. Permítame tantito.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Presidenta, quiero manifestarle que no estoy de acuerdo con la orden del día.

Hice una propuesta para que el caso Mouriño o Mouriño-Calderón fuera agendado el día de hoy, porque creo que ya es urgente la creación de la comisión que investigue los contratos con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad.

No es posible que habiendo pasado 17 días que se presentaron estos documentos en la Cámara no se haya tocado el tema más sensible ante la opinión pública, por tanto le exijo que se agende hoy mismo ese tema, y de ser posible inmediatamente que empiece la sesión, lo abordemos.

Yo quisiera tomar…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañera diputada, está en el orden del día el punto que usted está tratando. Está en el orden del día y usted sabe que la agenda la aprueba la Junta de Coordinación Política. Nosotros solamente nos sujetamos al orden del día que nos ha enviado la Junta y está agendado el punto que usted nos está pidiendo que se agende.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, denle sonido, por favor, a la diputada.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Sí, pues no me dan sonido. Presidenta, usted sabe bien que el agendarlo en el último lugar de estos puntos de acuerdo y esta agenda política equivale a no hablar en este periodo ni en el que viene, al ritmo que se llevan los trabajos de la Cámara, entonces eso es vernos la cara.

No, yo quiero que se agende como un punto prioritario de la Junta de Coordinación porque así debería de serlo. Desde cuándo se ofreció que se iba a integrar una comisión investigadora y no se ha hecho. Y no se ha tocado ni siquiera el tema, no se ha debatido, no se ha discutido en esta tribuna.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Yo estoy de acuerdo con usted, compañera, la integración que entregamos del orden del día es aprobada por la Junta de Coordinación Política y por la Mesa Directiva con base a la normatividad. Cuando ustedes quieren que un tema se adelante para discusión política se hace un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, nos envían la solicitud y nosotros la agendamos antes de otros puntos. Yo le sugiero que se pueda revisar con los compañeros líderes parlamentarios que se pueda adelantar la discusión de este punto, toda vez que la normatividad nos exige presentarla en este formato.

Si me permite… Perdón, eso no lo decido yo, lo decidirán ustedes y su líder parlamentario. Así lo inscribió y estuvo de acuerdo en la Junta de Coordinación Política.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): En la junta de vicecoordinadores, pedimos que esto fuera agendado como un punto de la Junta de Coordinación y ésta es la hora en que no se ha discutido. Pues entonces yo le pido que me dé la palabra para que yo explique mis puntos de vista en el caso Mouriño-Calderón o llámele "las corruptelas de Calderón-Mouriño" o llámelo como quiera, pero agéndeme.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, compañera, está agendada. Está agendado el punto que la compañera diputada está exigiendo. Adelantar su discusión implica que la Junta de Coordinación lo acuerde. Les recuerdo a los señores diputados que la Mesa Directiva no hace la agenda. Ojalá que ustedes puedan discutirlo y votarlo en mayoría para que nos den esa atribución. A mí me daría más gusto que a todos.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: La diputada Batres, por favor. Le dan sonido a su curul por favor.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputada Presidenta, el punto de acuerdo número 124 que exhorta al gobierno de Zacatecas en cuanto a las elecciones internas del PRD no lo metió la Junta de Coordinación, lo metió usted, diputada Ruth Zavaleta. Sí está en su función, si ya nos demostró que puede meter estos puntos, sí está en su función determinar el orden del día de hoy.

Usted pertenece a la fracción del PRD, pero no así se coordinó con el coordinador del PRD, para que a través de la Junta de Coordinación, como usted lo acaba de indicar, se ordenara, se discutiera y se aprobara el orden del día.

Por lo cual, yo le pido en solidaridad y en convicción de que el tema Mouriño-Calderón es más urgente de aclarar que el orden del día que usted propuso y que usted metió, no siendo parte de la Junta de Coordinación. Me parece que en esa facultad que se dio puede usted proponer cambiar el orden del día para que iniciemos esta sesión con un tema que está afectando los intereses de los mexicanos y que urge una explicación por parte del secretario de Gobernación y sus triquiñuelas, sus negocios familiares que están afectando el erario público de la nación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañera Batres, le aclaro que los compañeros que pasan directamente a la Mesa Directiva a pedir que se inscriba un punto en el orden del día y la Junta de Coordinación Política no lo acordó, porque no es un acuerdo del grupo parlamentario, lo tiene que aprobar la Mesa Directiva.

Todos los puntos que presentan diputados de diferentes fracciones a título personal, si no fue acuerdo de la Junta de Coordinación Política tenemos nosotros que aprobarlo en la Mesa Directiva y no fue una decisión personal. Este punto se trató en la Mesa Directiva y se votó para que pudiera integrarse en el orden del día, no solamente el del diputado del PRD sino dos puntos de los compañeros diputados del PT que, también, no pasaron por la Junta y que pidieron se les pudiera agendar.

Con respecto al orden del día, compañeros, este pleno podría modificar en cualquier momento el orden del día, incluso a petición de las compañeras en este momento podríamos nosotros incluir el punto que las compañeras diputadas están solicitando. ¿Le dan sonido a la curul de la diputada Layda Sansores, por favor?

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Insistimos en que…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañeros, bajan la manta. No me disgusta la manta, pero no me dejan ver a la compañera.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Tampoco a nosotros nos deja ver claro cuál es la situación del país y cuál es la gobernabilidad del país cuando se tienen los casos Mouriño. Estamos hablando de honestidad de servidores públicos y del destino de México.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañera, no la observo porque está la manta cubriéndome, por eso estoy pidiendo que la bajen un poco.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Insistimos, Presidenta, que nos dé la oportunidad de agendar en primera instancia este tema, es fundamental. Sométalo aquí a votación para que sepamos con quiénes perdemos, quiénes son los que están solapando, porque aquí sospechamos que usted también solapa este tipo de corruptelas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañero Rodríguez Prats, por favor.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidenta, verdaderamente me sorprenden estas contradicciones en que incurren muchísimos diputados que son los primeros que han violado las normas fundamentales de esta Cámara y de repente se convierten en rigurosos observadores de lo que disponen estas mismas normas.

Tengo entendido que a la una de la tarde habrá una reunión de la Junta de Coordinación Política y, como usted lo ha sustentado, es el procedimiento que señalan nuestros ordenamientos internos para que de ahí emane el acuerdo y este punto se toque.

De ninguna manera estamos rehuyendo el debate y estamos dispuestos a darlo y estamos preparados para darlo. Inclusive, no voy a entrar en argumentación de fondo, porque me parece que también esto sería una falta de observancia a los ordenamientos internos. Yo le suplico que proceda a desahogar los puntos que están ya aprobados en el orden de día y que la Junta de Coordinación Política en la sesión, a la una de la tarde, nos indique y lo proponga a este pleno, si hay un cambio en el orden del día.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Me permiten los compañeros del pleno? Me voy a tomar dos minutos con los compañeros de la Mesa Directiva. Por favor, si pasan a esta parte alta para consultarles algo a los compañeros de la Mesa Directiva, por favor. Dos minutos solamente. ¿Me permiten dos minutos, por favor? Vamos a consultarles algo a los compañeros de la Mesa Directiva.

(Receso de dos minutos)

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañeros diputados, vamos a solicitarles, antes de concluir con la votación del orden del día, la siguiente propuesta. Que iniciemos con las comunicaciones, las proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno y los dictámenes a discusión y los dictámenes negativos.

Inmediatamente que terminen los dictámenes, iniciar con el debate político que seguramente la Junta de Coordinación Política ratificará que se lleve a cabo, toda vez que lo han comentado los líderes parlamentarios.

Estaríamos hablando que continuaríamos con el orden del día, a excepción de que se metería ya con un orden el punto de discusión que estaríamos esperando, en primera instancia, que lo entregara la Junta. Pero si lo decide el pleno, ya lo podríamos agendar de esa forma. Si nos permiten que así lo podamos votar.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Si me permiten votar esto, compañero Calzada. Le dan sonido al diputado Calzada, por favor.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez: Diputada Presidenta, el día de ayer le remití un oficio en el que solicito que el punto de acuerdo que está agendado el día de hoy, en el número 124, no fuera incorporado a la agenda, toda vez que el artículo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que está integrada por la Junta de Coordinación Política y por la Mesa Directiva, establece con precisión que para que se incorpore un punto de acuerdo deberá turnarse al coordinador y, éste, a su vez, someterlo a través de la Junta de Coordinación Política y en este caso no se cumplió con este procedimiento.

Esta es la segunda ocasión que la Mesa Directiva incorpora un punto que está por fuera de esta normatividad. Ya nuestro coordinador de proceso legislativo había remitido un primer oficio con fecha 6 de marzo donde un diputado hizo exactamente el trámite de solicitar que se registrara un punto de acuerdo, directamente a la Mesa Directiva.

La pregunta es, diputada Presidenta: ¿Cuál es la atribución que tiene la Mesa? ¿Con qué facultad puede someter a votación un punto que va por fuera del acuerdo de la Conferencia? Y entonces, ¿qué caso tiene que se esté reuniendo la Junta de Coordinación a construir la agenda parlamentaria?

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, compañero. Solamente le recuerdo que la Ley Orgánica faculta, en el artículo 20, a esta Mesa Directiva para llevar a cabo la presentación de un orden del día, primera.

Segunda, que dentro de las facultades de los diputados está la de presentar los asuntos a discusión a este pleno. Si el grupo parlamentario no presenta como grupo parlamentario lo que está presentando el diputado, no le pueden quitar el derecho a ningún diputado de hacerlo. Tal es el caso que hemos hoy inscrito, un asunto del PRD y dos asuntos de diputados diferentes del PT, porque es su derecho presentar ante la Mesa Directiva los puntos que no hayan sido agendados por su grupo parlamentario.

Con esa facultad nosotros hemos inscrito estos puntos y no es la primera vez que se realiza. Ha habido otros momentos, de otros legisladores, que se han tenido que integrar al orden del día porque el grupo parlamentario avala el planteamiento que hace el diputado a título personal.

Vamos a pasar a votar la propuesta que les hemos realizado de orden el día, por favor. Sí, diputado Javier González.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Evidentemente se va a votar el orden del día, lo que le pido, dada la intervención de mi vicecoordinador, que se retire del orden del día el asunto de la propuesta de la cual ha… el asunto de Zacatecas que ha explicado el compañero Calzada. Le pido a usted que retiren ese punto del orden del día. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le voy a dar la palabra a la diputada Batres y posteriormente a la diputada Susana Monreal, por favor.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputada, quiero hacerle una pregunta y hacerle una solicitud.

La pregunta es: ¿hay algún coordinador de otro partido político que apoye suscribir, ingresar este punto de acuerdo de Zacatecas al orden del día?

Y dos, diputada Ruth Zavaleta, le pido prudencia, le pido apego a su partido y le pido que no utilice la Mesa Directiva para solucionar conflictos internos del PRD. Los dos casos de los dos puntos de acuerdo, curiosamente, que ha asistido usted aplicando el artículo 20, no han sido para favorecer los trabajos legislativos de su fracción, sino para darle entrada a conflictos internos del PRD.

Yo le pido, en apego a lo que usted ha declarado muy institucional, respete a la fracción del PRD en el procedimiento interno para ingresar los puntos de acuerdo que van con firma del grupo parlamentario, como viene aquí registrado en el orden del día, y que no cumplió ese requisito porque no viene a nombre de un diputado en lo individual, sino dice: Grupo Parlamentario del PRD.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le agradezco sus comentarios, diputada Batres. Por favor, diputada Susana Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Diputada Presidenta. Solamente para solicitarle que se quede ese punto de acuerdo en el orden del día. Yo fui una de las que suscribió ese punto de acuerdo; en uso de mis facultades como legisladora le solicito que lo mantenga. No fui la única legisladora del PRD que lo solicitó, se sumaron diputados del PT, del PAN y del Verde Ecologista.

Estamos haciendo uso de nuestro derecho, como legisladores parlamentarios. Es un asunto que requiere de toda la importancia y es un tema que nos compete a todos, no sólo a la fracción parlamentaria del PRD. Por eso es que se sumaron diputados de otras fracciones parlamentarias. Diputada Presidenta. Le solicito que se mantenga ese punto del orden del día. Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. Al diputado David Mendoza le dan sonido en su curul y posteriormente a la curul del diputado Pablo Arreola y luego a la curul de la diputada Dolores María Manuell-Gómez.

El diputado David Mendoza Arellano (desde la curul): Diputada Presidenta. Efectivamente, para pedir que no sean utilizadas ni la tribuna ni la voz de ninguno de los diputados para dirimir posiciones político-partidistas. En ese tenor, dar cuenta de que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso nos permite a los diputados en lo individual: presentar iniciativas de ley o proposiciones con punto de acuerdo. Voy a dejar aquí una copia del citado documento.

También señalar que ningún acuerdo parlamentario está por encima de la Constitución ni de la Ley Orgánica que nos rige como Cámara y como Congreso.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado David. Le damos el uso de la palabra al diputado Pablo Arreola, por favor.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Gracias, señora Presidenta. La solicitud es de manera respetuosa para que se mantenga este punto de acuerdo. No es un asunto para dirimir problemas internos de un partido, como lo quieren hacer ver algunos diputados del PRD.

Yo soy del PT y el problema en Zacatecas no es una cuestión de partidos, es una cuestión del uso indebido de recursos públicos que se está dando para la promoción de algunos funcionarios y también de gente de un partido.

Por eso, nosotros queremos que esto se mantenga y la discusión que demos la vamos a hacer en ese nivel, en un nivel donde vamos a hacer saber cuál es la situación concreta que se está presentando en Zacatecas. El favor es que se mantenga el punto, por favor.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Arreola. La diputada Dolores de María Manuell-Gómez.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (desde la curul): Gracias, señora Presidenta. Mire, desde…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Le dan sonido? Por favor.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (desde la curul): Desde el primer día de inicio de este periodo ordinario de sesiones tengo agendado de urgente resolución un punto de acuerdo. Quien tiene hambre, le atiza a la olla. Son recursos que Comisión Federal de Electricidad no ha aclarado y me urge presentarlos, señora Presidenta.

No podemos avanzar en esta Cámara con todos los asuntos que interesan de veras a toda la ciudadanía, a los afectados. Este asunto, que se convierte en político, yo le pido que lo deje al último. No estoy en contra de que se investigue. Porque van a agarrar ahorita monte, señora Presidenta, y se complica lo político de veras con lo trascendente de esta Cámara. Le pido, por favor, que lo agende para presentarlo hoy.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le agradezco, diputada. Está agendado, diputada, y llevamos un orden en el orden del día. No podemos pasar un punto antes que otro, a menos que la asamblea lo apruebe de esa manera.

Yo le pido si podemos continuar con el orden del día y decirle que mañana va a haber sesión y que seguramente vamos a poder desahogar todos los puntos que tenemos pendientes entre hoy y mañana. Si le dan sonido a la curul de la diputada, por favor. ¿Le dan sonido a la curul? Ya tiene sonido la curul.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (desde la curul): Señora Presidenta, con todo respeto. Me faculta la Ley Orgánica como representante popular, como diputada federal, como representante de un pueblo humillado por Comisión Federal de Electricidad a presentar este punto de acuerdo y que no se pase hasta el próximo o se mande a la congeladora. Por favor le pido que lo agende.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está agendado, diputada.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (desde la curul): Pero, ¿para cuándo?

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está agendado el punto que la diputada está pidiendo y esperemos que hoy podamos concluir con las iniciativas y mañana podamos continuar con los puntos de acuerdo. No tenemos mayores posibilidades, no le puedo engañar.

¿Le damos sonido a la curul del diputado Juan Guerra? Por favor.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Sí, muchas gracias, Presidenta. El asunto lo quiero situar, que estamos comentando, es relativo a que un grupo de legisladores, diputadas y diputados, solicitaron la incorporación de un punto de acuerdo para el orden del día.

La Ley Orgánica, en efecto, establece esta facultad de los compañeros y compañeras legisladoras; eso es así. Sin embargo, el acuerdo de Conferencia que los coordinadores de los grupos parlamentarios, junto con la Presidencia proponen, que es el acuerdo que votó este pleno, proponen en el artículo 4o. que el vehículo para hacer llegar los puntos de acuerdo es a través de los coordinadores y solamente los diputados independientes, que no son de ningún grupo, lo podrán hacer llegar de manera directa.

De manera que, al inscribirlo la Presidencia, aquí caben dos cosas y es lo que quiero que quede claro. Una, ya no se va a respetar el acuerdo parlamentario que establece un procedimiento y nos vamos a la Ley Orgánica.

Entonces, yo le quiero decir que no tenemos inconveniente, de aquí en adelante desconocemos todo acuerdo parlamentario. Y todos los debates, las sesiones, las discusiones se van a normar de acuerdo con la Ley Orgánica.

Debido al desconocimiento que usted misma está haciendo de este acuerdo, debido al derecho que tienen algunos diputados, está bien. Como grupo parlamentario también desconocemos este acuerdo.

Y le pido que de aquí en adelante todo lo norme de conformidad con la Ley Orgánica y el Reglamento, inclusive, los tiempos para debatir.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañero diputado Guerra y al compañero Javier González, les quiero aclarar que no fue una determinación personal mía. El asunto lo discutí en la Mesa Directiva. Se escucharon las opiniones de todos los integrantes de la Mesa Directiva para tomar una decisión a este respecto, precisamente porque ya preveía que se convirtiera en un asunto político en contra mía, como ustedes acostumbran a convertir últimamente todos los asuntos en esta Cámara de Diputados.

Entonces lamentablemente no es una decisión personal, es una decisión de todo el equipo que está trabajando conmigo en la Mesa Directiva. Y vamos a llevar a cabo la votación del orden del día, que nosotros consideramos que ya se debe llevar a cabo. Si le dan sonido a la curul del diputado Javier González, por favor.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): No quisiera entrar en una litis. Como dicen por ahí, no es nada personal. Lo del diputado Juan Guerra es un asunto mucho más general.

Yo lo único que pedí es que ese punto se quitara del orden del día. Soy el coordinador de un grupo parlamentario que no ha discutido el punto y que sería muy importante para nosotros discutirlo. Nada más.

Si usted quiere someterlo a votación, lo votamos. No hay ningún problema. Lo único que quiero aclarar es que —por parte mía— no hay ningún asunto personal. Es un asunto que estamos discutiendo de orden del día. Entonces esa aclaración quería hacer. Muchísimas gracias, compañera Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí. Tampoco mía. No es un asunto personal, compañero diputado Javier González. Usted me mandó un escrito junto con el compañero Juan Guerra y el compañero Javier Calzada, y ése punto no se trató en el grupo.

Vamos a votar, por favor, el asunto que nos compete en el pleno. Si por favor lleva a consulta del orden del día, que hice la propuesta de que el asunto político quedara de una vez agendado dentro de la discusión del día de hoy.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea la propuesta hecha por la Presidenta. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los que estén en contra favor de manifestarlo (votación). Mayoría a favor de su propuesta, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado el orden del día. Continuamos, por favor.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta. Compañeros diputados, he recibido una solicitud de un diputado, que voy a ponerla en práctica, no la voy a consultar. Es del diputado Antonio Vega Corona, solicita un minuto de silencio por la lamentable noticia de que hoy nos enteramos por los medios de comunicación; sucedida ayer a 9 niños de un kinder en la ciudad de Salamanca, que desafortunadamente fallecieron al tener un accidente junto con su maestra. Por favor, voy a pedir un minuto de silencio, si nos paramos.

(Un minuto de silencio)

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Comunicaciones. Por favor, continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica que, con motivo del 683 Aniversario de la Fundación de México-Tenochtitlan tendrá lugar el 13 de marzo a las 10:00 horas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados y diputadas: al diputado Christian Martín Lujano Nicolás, al diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, y a la diputada Martha Hilda González Calderón.

Continúe la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a la ceremonia cívica con motivo del 70 Aniversario de la Expropiación Petrolera, el 18 de marzo a las 10:00 horas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados y diputadas: el diputado Christian Martín Lujano Nicolás, el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, y la diputada Elda Gómez Lugo.

Continúe la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a la ceremonia cívica con motivo del 202 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García, el 21 de marzo a las 10:00 horas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados y diputadas: a la diputada María Gabriela González Martínez, al diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, y al diputado Mauricio Ortiz Proal.

Continúe la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Comunicación de la Mesa Directiva, en relación a dictámenes negativos a puntos de acuerdo, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día 7 de marzo, de las comisiones: de Atención a Grupos Vulnerables, del Distrito Federal, de Economía, de Equidad y Género y de Salud.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

De la Junta de Coordinación Política. Continúe, por favor.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva, honorable Cámara de Diputados, presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8o., tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Que el diputado José Amado Orihuela Trejo cause alta como secretario en la Comisión Especial de estudios de las políticas para la migración interna.

Que la diputada Arely Madrid Tovilla cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-España.

Que la diputada Lourdes Quiñones Canales cause baja como secretaria en el Grupo de Amistad México-India.

Que el diputado Alberto Amador Leal cause alta como secretario en el Grupo de Amistad México-India.

Que el diputado Alfonso Izquierdo Bustamante cause baja como integrante en el Grupo de Amistad México-Palestina.

Que el diputado Alfonso Izquierdo Bustamante cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Chile.

Que el diputado Samuel Aguilar Solís cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Francia.

Atentamente, diputado Héctor Larios Córdova.

En votación económica se pregunta si se aprueban los movimientos solicitados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados.

Se informa a este pleno que está en el salón de sesiones, y le damos la más cordial bienvenida, a la diputada Miguelina Vecchio, del Partido Democrático de los Trabajadores de Brasil. Sea usted bienvenida a este pleno, con nosotros.

También compartimos con este pleno la presencia de los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Sean ustedes bienvenidos, gracias por acompañarnos.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados, que realice una investigación de los contenidos de los libros de texto gratuitos y los materiales de apoyo utilizados en las entidades federativas como parte de las asignaturas estatales, para asegurar que cumplan con los lineamientos establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y el acuerdo 385 de la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno de la Mesa Directiva. Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: De la Mesa Directiva. Acuerdo por el que se hace un reconocimiento a la trayectoria de la C. Elena Sánchez Algarín, directora general de Proceso Legislativo de la H. Cámara de Diputados.

La Mesa Directiva, en el marco de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. Que el día 8 de marzo del presente año se festejó el Día Internacional de la Mujer, mismo que representa el reconocimiento general a las mujeres en el ámbito mundial.

Segundo. Que la Cámara de Diputados tiene la virtud de contar hoy día con mujeres que desempeñan su trabajo con dedicación, esfuerzo, entrega, profesionalismo, las cuales sin duda alguna significan un motor fundamental en las actividades de esta institución.

Tercero. Que la señorita Elena Sánchez Algarín, directora general de Proceso Legislativo de la Cámara de Diputados es la expresión viva de lo señalado en el considerando anterior, toda vez que ha laborado durante 46 años ininterrumpidos a favor de esta institución, traduciéndose en más de 15 Legislaturas.

Cuarto. Que parte de su valiosa aportación se ve reflejada en la confianza que ofrece a la Mesa Directiva a través del apoyo que brinda al momento de la conducción de las sesiones plenarias y en el desahogo y trámite de los diversos asuntos remitidos a la misma.

Quinto. Que este órgano de gobierno, en el marco de los festejos del Día Internacional de la Mujer, desea expresar su gratitud a la señorita Elena Sánchez Algarín, quien ha entregado su vida y experiencia al pleno de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto, la Mesa Directiva somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados hace un reconocimiento por los 46 años de valiosa trayectoria de la C. Elena Sánchez Algarín, directora general de Proceso Legislativo y manifiesta su agradecimiento por la dedicación, esfuerzo y profesionalismo en el desempeño de sus funciones en favor de esta institución.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de marzo de 2008.

Atentamente. Firman los integrantes de la Mesa Directiva.

En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Vamos a entregarle su reconocimiento a la ciudadana Elena Sánchez Algarín, si nos permiten en este momento frente al pleno.

(Se entrega el reconocimiento)

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Les está dando las gracias la compañera María Elena Sánchez Algarín. Vamos a continuar, por favor, con la sesión. Iniciativa del Congreso del estado de Colima.

La Secretaría diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Oficio del Congreso del estado de Colima, con el que remite iniciativa que adiciona un artículo 50 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Transportes.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Araceli López Vázquez y Santiago Ballina García puedan prestar sus servicios en las embajadas de la República de Bulgaria y del Japón en México, respectivamente.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesaria para que los ciudadanos Yazmín Yamel Donlucas Badillo, Oscar Antonio Aguirre Meza, André Caire Contreras y Vanesa Lizeth Vázquez López puedan prestar servicios en los Consulados de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Hermosillo, Sonora y en Nuevo Laredo Tamaulipas, respectivamente.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Tres oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que informa que los ciudadanos María Graciela Saldaña y Berthier, Virginia Ayala flores y María Elena Ibarra Guerra dejan de prestar servicios a gobiernos extranjeros.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En el primer caso túrnese a la Comisión de Gobernación y en este último túrnese a las comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítanse a los promoventes para su conocimiento.

De la Cámara de Senadores. Continúe la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Ciudadanos Secretarios de la honorable Cámara de Diputados, presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con el siguiente

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión hace votos por la paz y la conciliación mundial y expresa su más enérgico rechazo a cualquier acto de violencia represiva que vulnere los derechos humanos y las libertades cívicas y políticas, y formula un respetuoso exhorto a todos los integrantes de esta LX Legislatura a fomentar y reafirmar esta postura en los diversos foros y reuniones parlamentarias internacionales a las que asistan en representación del Congreso de la Unión.

Atentamente, senador José González Morfín, Vicepresidente.

Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Minutas, por favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Justicia.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores con el remite la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 27, tercer párrafo, 28, fracción I, y 33; y se adiciona el artículo 87 con un párrafo tercero, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Justicia.

Dictámenes de primera lectura

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del siguiente Dictamen

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Queda de primera lectura.

Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados, por favor.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 432 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia comparte con el pleno que están con nosotros los alumnos de la Universidad La Salle, de Cuernavaca, Morelos. Sean bienvenidos. Los alumnos del Colegio Nacional de Estudios Profesionales de la delegación Tláhuac y los alumnos del Colegio de Bachilleres, plantel Venustiano Carranza, de Michoacán. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos.

Dictámenes a discusión.

El siguiente punto del orden del día es la discusión con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se le dispensa la lectura.

Tiene la palabra el diputado Sergio Augusto López Ramírez, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Sergio Augusto López Ramírez: Con su venia, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Sergio Augusto López Ramírez: El día de hoy, como integrante de la Comisión de Economía…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, diputado.

¿Sí, diputado? Si le dan sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats, por favor.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Dado el respeto que los señores han exigido de los ordenamientos internos, yo les suplicaría ya no que regresen a sus lugares, pero, cuando menos, que se corran para que permitamos que el orador pueda exponer sus argumentos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Córranse.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Desde esta mesa se hace un atento llamado para que los diputados puedan estar en sus lugares, no están interrumpiendo el orden de la sesión; sin embargo, algunos diputados han hecho la observación y se hace este llamado desde esta mesa.

Adelante, diputado, por favor.

El diputado Sergio Augusto López Ramírez: Gracias. Como integrante de la Comisión de Economía, hablar del presente decreto de esta minuta que envió el Senado, es para mí un honor hablar de este posicionamiento y felicitar a la Presidenta, a la Comisión de Economía, porque fue un gran trabajo; mucho cabildeo y al fin tenemos un producto que hoy, esperemos se vote a favor.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 96 y 98 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo a esta tribuna para posicionar el dictamen con proyecto de decreto de la minuta que reforma y adiciona diversos artículos al Código de Comercio.

En la actualidad los tribunales se ven saturados de asuntos mercantiles que se han prorrogado en su resolución debido a que la legislación vigente es manipulada por litigantes sin escrúpulos, lo que no sólo afecta al sistema de impartición de justicia, sino directamente a las personas involucradas en un proceso de esta índole.

Es bien claro que cuando un litigio de materia mercantil se ventila en los juzgados competentes, lo que está en juego es el patrimonio de las partes, sin prejuzgar a quien asiste el derecho a nuestra Constitución Política.

Prevé que la justicia debe ser pronta y expedita, imparcial e igual para todos. Pero es el caso de que los procesos mercantiles, de acuerdo a su sustanciación, se ven afectados por dilaciones en el proceso, llenando de incertidumbre jurídica a alguna de las partes.

Ahora bien, es responsabilidad del Honorable Congreso de la Unión velar porque la ley sea cada día más adecuada, la realidad y las necesidades en materia jurídico-mercantil; por lo que modificar el proceso mercantil haciéndolo más claro respecto de la legislación supletoria aplicable, eficientar y hacer más expedito el desahogo de probanzas, permitirá brindar mayor seguridad y certeza jurídica a los ciudadanos.

Respecto de la impugnación de documentos, separar la figura de objeción e impugnación permitirá el ahorro en tiempos procesales, evitando también la duplicidad de probanzas por lo que hace al recurso de apelación, para agilizar los procedimientos mercantiles.

Se propone la apelación preventiva, así también se cambian los plazos para la contestación y la demanda atendiendo al principio de equidad procesal entre las partes, porque consolidar este principio trae beneficio en todo, pero en todo el procedimiento. Ya que no siempre al demandante le asiste la razón.

Todo lo anterior agilizará los procesos y evitará el uso de artimañas legales que retracen la impartición de justicia. Es por todo lo anterior que a ustedes, legisladoras y legisladores de esta honorable asamblea, los invito a hacer una reflexión de la importancia que tiene sanear estos defectos legales, que se ven traducidos en incertidumbre jurídica y saturación en los tribunales.

Asimismo, consideramos apoyemos este proyecto de decreto, que por su objetivo permitirá adecuar y mejorar el procedimiento mercantil, agilizando y eficientando la función de todos y cada uno de los juzgados en el país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Sergio Augusto López Ramírez. En consecuencia está a discusión en lo general el dictamen.

No se ha registrado, para fijar posición de sus grupos parlamentarios, ningún diputado o diputada, por lo cual se agota también la discusión en lo general y en lo particular de este punto.

Consulto al Pleno si se reservan algún artículo en lo particular. No habiéndose reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de dictamen.

(Votación)

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a los directores adscritos a la zona escolar 175 del Sector 24 de la SEP, de la delegación Benito Juárez, que se encuentran aquí con nosotros.

Y también le damos la más cordial bienvenida a los alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sean todos bienvenidos.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por ejercer su voto? ¿Alguien más?

Ciérrese el sistema electrónico de votación. El diputado Leonardo Melesio de Jesús Magallón ejercerá su voto de viva voz.

El diputado Leonardo Magallón Arceo (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa a la Presidencia que se emitieron 375 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular por 375 votos el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del Dictamen con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 13 y los párrafos tercero y sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría si se dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se le dispensa la lectura.

Tiene la palabra el diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez: Con su venia, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez: Honorable asamblea, compañeras diputadas y compañeros diputados, después del análisis a que fue sometida la iniciativa en cuestión resulta obligado establecer las siguientes precisiones con la que se fundamenta el presente dictamen.

En primer término es necesario señalar que la finalidad de la iniciativa que se dictamina es prescribir en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos un rango mínimo y máximo de sanción a imponer al servidor público que no presente su declaración de conclusión del encargo, obligación establecida en el artículo 37 de dicha ley.

La importancia de esta iniciativa radica en el argumento de máxima fuerza jurídica de que la facultad conferida a la autoridad sancionadora no puede ser producto de una actuación caprichosa o arbitraria sino que debe ser justificada para la evaluación de toda la circunstancias que rodean la situación de hecho advertida por la autoridad y que se concretiza mediante los elementos de convicción aportados en el curso del procedimiento respectivo, en el que el servidor público tiene oportunidad de rendir las pruebas que estime pertinentes, en concordancia con las normas que regulan el ejercicio de esta facultad sancionadora.

Por otra parte, en la redacción actual del sexto párrafo del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no establece un rango mínimo y máximo para establecer la sanción a imponer, en el caso de que un servidor público no presente su declaración patrimonial de conclusión del encargo. En dicho artículo solamente se establece que: "para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración de conclusión del encargo, se inhabilitará al funcionario por un año".

De modo tal que, para imponer la sanción, en el caso que un servidor público omita presentar la declaración de conclusión del encargo, no se toma en consideración en lo establecido en el artículo 14 de la misma ley, en lo que se refiere a los elementos que la autoridad debe tomar en cuenta para la imposición de las sanciones.

En el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que: "para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta". Entre los que podemos encontrar los siguientes:

La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la ley a la que se dicten con base en ella.

Las circunstancias socioeconómicas del servidor público.

El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio.

Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y

El monto del beneficio, lucro o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Mediante el estudio realizado a esta iniciativa por esta Comisión, se determinó que, efectivamente, en la redacción actual del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no se toman en cuenta los lineamientos que establece el artículo 14, por lo que la reforma planteada por el iniciante es jurídicamente congruente y adecuada para actualizar nuestra legislación.

De igual modo se determinó la imperiosa necesidad de establecer un rango en la sanción que se imponga a los servidores públicos que hayan omitido la presentación de su declaración de conclusión del encargo, en razón de que la autoridad administrativa debe ceñirse a lo establecido por el artículo 14 para imponer las sanciones relativas en el ámbito de su competencia, atendiendo estos criterios para sancionar, en cada caso concreto y adecuado a las circunstancias del mismo.

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en tesis jurisprudencial que dada la similitud y la unidad a la potestad punitiva en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo, sancionador, puede acudirse a los principios penales sustantivos, aún cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible mediante que resulten compatibles con su naturaleza.

De donde resulta que, la razón de ser de fijar límites mínimos y máximos de sanción es que la autoridad atienda a criterios específicos establecidos en la propia legislación, para determinar la sanción correspondiente a cada caso concreto.

De manera tal que, relacionando lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia citada, con lo estipulado por el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos podemos concluir que la forma planteada resulta atinada, razón por la que la Comisión de la Función Pública de esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados presenta a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen a favor de la iniciativa referida. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez.

Ha solicitado la palabra el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera para presentar moción suspensiva, con base en los artículos 109 y 110 del Reglamento Interior, por lo que tiene el uso de la palabra.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señora Presidenta, y de conformidad al artículo 103 del Reglamento, me atendré a no exceder el tiempo marcado en él.

El suscrito, diputado federal de esta legislatura, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 20, numeral II, inciso e), 23, numeral I, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 109, 110 y 148 del Reglamento para nuestro Congreso, sometemos a la consideración de esta soberanía la presten moción suspensiva, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. El 25 de octubre de 2007 el diputado Antonio Valladolid Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto de reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta honorable Cámara dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de la Función Pública.

Tercero. El día 20 de febrero del presente año, la Comisión de la Función Pública se reunió para el análisis y discusión del dictamen, con una asistencia de sólo 10 integrantes, sin existir el quórum necesario para estos fines, votando en sentido positivo el dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la ley en comento.

Cuarto. En esa misma fecha y durante la reunión ordinaria de la comisión se propuso, de manera verbal, incluir en el dictamen la reforma al artículo 13 del mismo ordenamiento. Sin embargo posteriormente a esta fecha no se celebró reunión de la comisión para presentar y votar el nuevo dictamen.

Quinto. El dictamen que se presenta a discusión reforma dos párrafos del artículo 37, siendo sólo la reforma del párrafo VI el objeto de la iniciativa, sin contar con una justificación de la que dictamina, a las reformas propuestas en la exposición de motivos del párrafo III y la reforma al artículo 13, sin haberse efectuado para ello la reunión ordinaria de la comisión para que se discutiera y se votara el dictamen en esos términos.

Aunado a lo anterior, sometemos a consideración lo siguiente:

Primero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento para el Gobierno Interior regulan el procedimiento legislativo, tanto de una iniciativa de ley o de decreto.

Segundo. Que dentro de las atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva se encuentra el dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable.

Tercero. Que atendiendo al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, las comisiones son órganos constituidos por el pleno que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuyan a que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales.

Cuarto. Que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior, toda comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que los haya recibido y deberá contener una parte expositiva que teniendo en cuenta que, al emitirse un dictamen en donde se analiza un ordenamiento jurídico, debe examinarse y posteriormente hacer la valoración del mismo a efecto de que se funde y se pueda concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación, en términos del artículo 87 del reglamento.

Quinto. Que de aprobarse un dictamen en estos términos se estarían vulnerando las disposiciones constitucionales y legales que rigen el procedimiento legislativo. Adicionalmente, se estaría aprobando disminuir en términos reales una sanción administrativa de inhabilitación por incumplimiento de un servidor público en la presentación de la declaración patrimonial de conclusión del encargo, con un rango de tres meses a un año sin contar con una justificación del porqué este periodo es el adecuado en las consideraciones de los dictámenes presentados por la dictaminadora, estando establecido en la ley vigente un periodo de inhabilitación de un año para el infractor.

El problema radica en que ésta es una obligación de los servidores públicos que es continuamente violada con la normatividad vigente, por lo que, de reducir este rango, se estaría incurriendo en un desincentivo, para que no se cumpla con esta obligación, debilitando un mecanismo para identificar probables conductas de enriquecimiento ilícito.

Se observa que en leyes de responsabilidades administrativas de los estados no hay homologación en los criterios para aplicar este tipo de sanción por incumplimiento en la entrega de esta declaración, encontrando legislaciones rígidas al asignar una sanción económica de 15 días a seis meses acompañada de una inhabilitación que va de uno a seis meses, como es el caso de la que aplica en el Estado de México.

En Michoacán se contempla una inhabilitación de uno a seis años. Estados como Oaxaca y Querétaro plantean la aplicación de una sanción económica de 15 días a 6 meses del salario vigente en la capital del estado y/o la inhabilitación de 1 a 7 años.

Otras legislaciones plantean inhabilitaciones de un año, como es el caso de los estados de Tabasco, Nayarit y Aguascalientes, así como otras contemplan adicionalmente a la inhabilitación hasta por un año, una sanción pecuniaria, como es el caso de Chihuahua, Campeche y Puebla.

Asimismo, existen otras legislaciones estatales en que la sanción por este incumplimiento es más laxa, como el caso que priva en Chiapas, cuya sanción económica es hasta por el monto de 30 días de un salario vigente en la capital del estado e inhabilitación hasta por 30 días.

Por ello, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD sometemos a la consideración de esta soberanía esta

Moción suspensiva

Único. Se suspende la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo del artículo 13, y tercero y sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que presenta la Comisión de la Función Pública, con objeto de que se devuelva a la misma; ésta reponga el procedimiento legislativo y tome en consideración las objeciones de fondo aquí formuladas para que dicho dictamen sea reelaborado.

Presidenta, consideramos que los argumentos vertidos a favor de la disminución lo que hacen es incentivar el incumplimiento de éste, que es el último acto administrativo de un servidor público que está concluyendo el encargo de sus funciones y esto nos preocupa enormemente. Si con un año de inhabilitación contemplada por la actual ley existen casos de incumplimiento no justificado de esta obligación, estamos ante la posibilidad de que esto abra el que muchos funcionarios que tienen cosas que no son claras, que no son correctas, se amparen bajo esta disminución a tres meses para no presentar su declaración de conclusión.

Consideramos que es grave, sobre todo en la situación actual por la que atraviesa nuestro país, en una situación en donde está en crisis la credibilidad sobre funcionarios públicos de primer nivel que se pretenda disminuir una sanción que, como hemos visto en otras entidades, se entiende de su importancia y se aplican parámetros o rangos que van de mínimo un año a máximo seis años de inhabilitación, contemplando así la posibilidad de que a ese funcionario que incumple injustificadamente con esta obligación se le pueda inhabilitar por todo un sexenio y deshacerse así de esos malos funcionarios, servidores públicos que de manera deliberada omiten el cumplimiento de esta sanción.

Solicito a esta presidencia que esta moción suspensiva sea publicada íntegra en el Diario de Debates y asimismo quiero solicitarle, con fundamento en el artículo 148 de nuestro Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, que esta moción suspensiva a la discusión del dictamen de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma párrafos segundo del artículo 13, 3o., y 6o., del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades, sea votada en forma nominal.

Para ello entrego el escrito con la firma del suscrito, del diputado Zazueta, de la diputada Gómez, del diputado Villanueva y del diputado Pablo Trejo, como lo solicita nuestro propio Reglamento. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Consulto a la asamblea si hay algún diputado que quiera hablar en contra de la moción. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación nominal, tal y como lo ha pedido el diputado, por cinco minutos, si se acepta o se desecha la moción suspensiva presentada por el diputado Alfonso Suárez del Real.

La Secretaría diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para saber si se aprueba o no la moción suspensiva.

(Votación)

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia comparte con el pleno y saluda y les da la más cordial bienvenida a las directoras y directores de las escuelas oficiales e incorporadas, así como a la supervisora de la zona escolar 175. Sean ustedes bienvenidos con nosotros.

También les damos la más cordial bienvenida a los jóvenes de la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial número 52 de Tultitlán, Estado de México. Sean bienvenidos.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: ¿Falta algún diputado de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 103 votos a favor de la moción suspensiva, 251 en contra y nueve abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la moción suspensiva. No se ha registrado ningún diputado o diputada para fijar la posición de su grupo parlamentario ni tampoco se ha registrado alguno para discutir en lo general.

Consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Damos la bienvenida a las distinguidas visitas de los siguientes municipios que se encuentran con nosotros:

De Tehuipango, de Maltrata, de Aquila, La Perla, Atzacan, Tlacotepec de Mejía, Tlilapan, Omealca, Huiloapan de Cuauhtémoc, Astacinga, Xoxocotla, Totutla, Atoyac, Chocamán, Nogales, Acultzingo, Tequila. También a los síndicos que se presentan de Orizaba, Ixtaczoquitlán y Zongolica y en especial a la diputada Bernardina Tequiliquihua Ajactle, del distrito de Zongolica. Sean ustedes bienvenidos a este pleno con nosotros.

Ahorita que termine la votación, diputada Valentina. Ya observamos el problema técnico que tiene, seguramente.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Está abierto el sistema. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Está abierto el sistema todavía. Está abierto, lo puede hacer desde su curul.

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 259 votos a favor, 92 en contra y 7 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 259 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 3o. y los párrafos tercero y sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día en la discusión es el proyecto de decreto que expide la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se le dispensa la lectura. No habiendo quien haga uso de la palabra para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se le va a otorgar la palabra a los siguientes diputados que han pedido voto particular: a la diputada Valentina Batres Guadarrama y posteriormente al diputado Salvador Ruiz Sánchez; por lo que tiene el uso de la palabra…

Sí, el diputado Soto. Por favor le dan sonido a la curul del diputado Soto.

El diputado Antonio Soto Sánchez (desde la curul): Presidenta, no me estaba usted volteando a ver para acá, pero…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Discúlpeme, diputado Antonio Soto.

El diputado Antonio Soto Sánchez (desde la curul): Estoy solicitando para posicionar al Grupo Parlamentario del PRD respecto al dictamen en discusión.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado, está usted inscrito conforme al Reglamento en la discusión en lo general. Ahorita estamos apenas en el voto particular. Está usted inscrito para tomar la palabra en el momento procedente. Sí está inscrito. Gracias.

Tiene la palabra la diputada Valentina Batres Guadarrama.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Quisiera empezar con informar que voy a hacer uso de mi prerrogativa que otorga el artículo 103 del Reglamento, para leer el siguiente voto particular.

La suscrita diputada, Valentina Valia Batres Guadarrama, diputada federal, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno para el Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, el presente voto particular con relación al dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Que la Cámara de Senadores en fecha 25 de abril del presente año turnó a la Cámara de Diputados la minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta honorable Cámara dispuso que se turnara a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación.

2. Con fecha 7 de abril de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se declaran reformados los artículos 26 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se adicionó un apartado B al artículo 26 de la propia Constitución, que estableció que el Estado mexicano contará con un Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica y que la responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonios propios.

Por su parte, la reforma a la fracción XXIX, inciso d), del artículo 73 facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de información estadística y geográfica de interés nacional.

3. Es necesario enfatizar en que el eje fundamental de la reforma constitucional consistió en la conversión del INEGI en un órgano constitucional autónomo, con la responsabilidad de regular y coordinar al Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, a fin de que en el ejercicio de sus nuevas facultades se convirtiera en un órgano de Estado que no estuviera sujeto a la autoridad del gobierno en turno o a las coyunturas políticas que en el pasado marcaron un sesgo a su trabajo institucional.

Es un requerimiento de esta sociedad cada vez más compleja y en continuo proceso de transformación, el fortalecimiento de la captación, procesamiento y divulgación de la información, estadística y geográfica de interés nacional.

Para estar en condiciones de brindar a todos los sectores del país —público, privado, social, académico y profesional— información objetiva y confiable como base para la toma de sus decisiones.

Segundo. Bajo estas consideraciones.

A continuación me permito exponer los conceptos que se violentarían, de aprobarse la minuta en cuestión.

Se pretende revertir la autonomía constitucional concedida al Instituto, replanteando su competencia y sus atribuciones, pues lo que en realidad se pretende es crear un sistema débil en su coordinación y normatividad.

Se pretende, por ejemplo, reformar la vía de una ley reglamentaria a lo dispuesto expresamente por la Constitución en su artículo 26, apartado B, párrafo tercero, que faculta al Senado a aprobar los nombramientos de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto y el nombramiento del presidente.

En contrasentido con esta disposición, la ley le quiere conferir al titular del Poder Ejecutivo federal la facultad exclusiva de nombrar al presidente del INEGI, el Senado sólo lo ratificaría. Con esto se le da carta abierta al titular del Ejecutivo federal para que sea él quien decida quiénes serán los miembros de la Junta de Gobierno que integren el Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica.

De ese modo, no existe ninguna obligación del presidente de llevar a cabo ningún procedimiento de selección, pues esta reforma se traduce en que únicamente se requiere la designación omnipotente del jefe del Ejecutivo federal y la aprobación en general por parte de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente.

Con esto se elimina la autonomía que establece la reforma constitucional al artículo 26, aún y cuando hay jurisprudencia que obliga a que la ley derivada de un artículo constitucional coincida plenamente con la disposición de motivos que le da origen.

Además establece un procedimiento de remoción que no corresponde con la naturaleza jurídica de un órgano constitucional autónomo, ya que se deja en el ámbito de la responsabilidad del Ejecutivo, y de los otros integrantes de la Junta, valorar la gravedad de las faltas de los miembros del órgano de gobierno del instituto. Con ello, la autonomía funcional y de gestión de los integrantes de la Junta de Gobierno estará permanentemente amenazada por la remoción unilateral del Ejecutivo federal.

Poco interesó —a quienes aprobaron este dictamen— que los órganos constitucionales autónomos, para conservar esa calidad, no tienen que estar adscritos a ninguno de los poderes tradicionales del Estado, su objetivo es servir como órgano de equilibrio constitucional y político, sin la intervención de otro poder, manteniendo una paridad de rango con los demás órganos del Estado, lo que la Ley Reglamentaria que están a punto de aprobar no pretende respetar, no pretende garantizar.

Por otro lado, el INEG, o sea antes INEGI, no tiene garantizada la autonomía presupuestaria prevista en nuestra Constitución, tanto el INEGI como las unidades productoras de información dependen de la voluntad de Hacienda para otorgarles recursos, dándoles trato de paraestatal, cuando no lo es.

Provocando que con el sólo hecho de no darles recursos, que fácilmente pueda ser silenciada la verdad, quedando sujeto al techo presupuestario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decida ponerle, violando la garantía de suficiencia de recursos públicos.

Con ello se menoscaba la autonomía presupuestaria del INEGI y se le usurpa la categoría de organismo constitucional autónomo, ya la que había ganado con la reforma constitucional.

Mientras la pasada legislatura dio un paso adelante, hoy el PRI y el PAN quieren retroceder cinco.

Al pretender, esta ley, que el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica se integre por 20 representantes del Poder Ejecutivo y sólo 9 de otros Poderes. A saber 1 del Poder Judicial, 1 de esta Cámara de Diputados, 1 de la Cámara de Senadores, 5 representantes de las entidades federativas. Es decir, que en esta estructura pretenden que un estado de la república hable ante el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, a nombre de los otros estados de la república y 1 representante del Banco de México.

Sin duda, se ve vulnerada la autonomía del sistema y menoscaba nuestro sistema federalista, pues por lo que en realidad se adquiere es tener un sistema de información debilitado, donde la participación de las entidades federativas sea casi nula.

El Consejo Consultivo sólo se encuentra obligado a reunirse una vez al año. La convocatoria será formulada por el presidente del instituto, pudiendo solicitar por escrito al presidente, convocatoria a reunión extraordinaria por parte de cualquiera de los comités ejecutivos de los subsistemas. Es decir, 1 miembro de la Junta de Gobierno o con al menos el 25 por ciento de los miembros del Consejo.

Por lo que los representantes de las entidades federativas no van a tener el porcentaje necesario para tener la oportunidad de solicitar una reunión extraordinaria del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Información, ya que no sumarían un 25 por ciento del Consejo debido a su representación minoritaria.

El artículo 10 de la ley en estudio establece que el Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica tendrá una proyección de al menos 24 años. Es decir, puede ser incluso mayor a 24 años, más no menor.

Esto resulta incorrecto, puesto que la temporalidad del programa debe sujetarse a la temporalidad de los miembros del instituto, en el caso concreto de la Junta de Gobierno, el presidente permanecerá en su encargo solamente 6 años, pero podrá hacer proyección de trabajo a 24 años, y los vicepresidentes durarán sólo 8 años, según la propuesta del artículo 68 de la ley en comento.

Sin embargo señala también de forma por demás ventajosa, que podrán ser designados para ocupar el cargo hasta por dos ocasiones. Es decir, desde el inicio se decidirá poner a un presidente que dure en su encargo 12 años o a un vicepresidente que dure 16 años.

Además de que los nombramientos serán escalonados, es decir, el jefe del Ejecutivo actual podrá imponer su programa, con ello la información estadística y geográfica del país no podrá tener garantías de objetividad, precisión, transparencia, certeza y oportunidad. Nos volverán a informar en un informe presidencial que desaparecieron 3 millones de pobres como dato estadístico.

Es decir, nos volverán a tomar el pelo como lo hace el Banco de México, de que la tortilla sólo aumento el 5.8 por ciento, cuando es obvio que el aumento significa más del 30 por ciento, porque todos sabemos, compañeros diputados, que la tortilla subió en el 2007 de 6 pesos a 8 pesos, y eso no significa un aumento de 5.8 por ciento, como nos quiere tomar el pelo, sistemáticamente, el Banco de México.

Ya que el ordenamiento que se pretende aprobar está confeccionado para que el Poder Ejecutivo pueda seguir haciendo uso faccioso de la información, vemos entonces —de aprobar esta ley— por perdido el derecho de todos los ciudadanos a que el Estado nos proporcione datos fidedignos de lo que somos como nación.

No obtendremos, aprobando la ley como está, un reflejo fiel de la condición y situación social y económica en la que está el país ya que lo único que obtendremos son espejismos de la realidad, otro foxilandia, ahora se llamará "calderonlandia" —o no sé cómo—, "mouriñolandia". No sé cómo le llamen hoy.

La diputada Rocío del Carmen Morgan Franco (desde la curul): ¿Es un chiste? Para reírnos.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Sí, es un chiste cruel, diputada del PAN, demasiado cruel porque no tendremos garantizado el derecho a la información que está establecido en el 6o. constitucional.

Sí, si lo pregunta es un chiste, chiste cruel para la población de este país, que seguirá escuchando o pretenderán que siga escuchando por los próximos 25 años; "que el país va viento en popa", aunque aumente la cantidad de millones de pobres en este país, aunque aumente la cantidad de millones de pobres en extrema pobreza. Eso lo seguiremos escuchando si ustedes siguen empecinados en votar este proyecto de ley, así como viene, incorrecto, de retraso, temeroso.

Porque si algo hay que destacar, ya que me dijo la diputada del PAN que si era chiste, pues yo le preguntaría más bien a las fracciones del PAN y del PRI —y no es un chiste—: ¿Para qué se robaron la elección si les da miedo gobernar? ¿Para qué se robaron la elección si quieren desmantelar a las instituciones del Estado? ¿Para qué continúan en el poder si no pueden darle la dimensión de interés nacional a los propósitos, funciones y facultades de un instituto del Estado? ¿Para qué se robaron la elección?

Lo vamos a estar repitiendo una y otra vez porque no nos queda duda alguna de su incapacidad para gobernar. De su tremenda incapacidad para gobernar, pero eso sí, de su abusiva capacidad de seguirle robando al pueblo mexicano, no solamente la voluntad popular, sino de robarle el dinero a través de la familia Mouriño con sus contratos hacia Pemex.

Sí compañeros…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañeros. Compañera, por favor… Compañeros, les pido…

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Estoy en uso de mi palabra…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, permítame compañera, permítame. Por favor, compañeros, dejen que la oradora continúe con su discurso, toda vez que se apegó al 103 de la ley reglamentaria de nosotros. Tiene la compañera derecho a hablar hasta 30 minutos, por lo que voy a pedir a este pleno que llegando a los 30 minutos se pueda consultar si continúa, pero por el momento déjenla que concluya con su discurso, por favor.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Dicen que son calumnias los contratos que aparecen con la firma de Mouriño. Oigan, pero si ustedes vean en la televisión lo que declaró Mouriño, dijo que efectivamente era su firma. A esa mentira sistemática nos referimos cuando no se le quiere dar el valor de autonomía que ya logró el Instituto de Información, el antes INEGI, con una reforma constitucional.

Yo sé que la verdad les incomoda muchísimo, pero tienen que empezar a rendir cuentas, tienen que ser investigados hasta el último de sus contratos. Tenemos que dimensionar corresponsabilidad del Estado, investigar hasta el fondo hasta dónde se ha robado dinero la familia Mouriño. Es un descaro y una vergüenza que lo quieran seguir tapando como si se tapara el sol con un dedo.

Investiguen a quien quieran, compañeros, nadie les ha puesto una mordaza, pero hoy pretenden que la Cámara de Diputados cierre los ojos ante la corrupción de sus funcionarios y eso no lo vamos a permitir ni hoy ni nunca.

Continúo. Súbanse a debatir, súbanse, lo voy a explicar, porque la televisión del Canal seguramente no oye los gritos de los diputados del PAN, pero deberían, en lugar de gritar desde sus curules, atrás de sus curules, deberían subirse a debatir, deberían permitir que en esta máxima tribuna se debata el tema de Mouriño y su corrupción y se debata el tema de la intención de privatizar la riqueza nacional, que es el petróleo de México. Den la cara, súbanse a debatir, no sean cobardes atrás de sus curules.

Continúo con el tema. La pretensión de la reforma constitucional era tener un INEGI fuerte, no supeditado a las necesidades políticas de cada presidente de la República para emitir los indicadores nacionales, sino con la autonomía necesaria para que los mexicanos contemos con un retrato fiel de la realidad respecto a cuántos pobres, cuántos migrantes, cuánta inflación existe, pero si no tenemos esto vamos a seguir desperdiciando, despilfarrando el erario público.

Los diputados, no les hablo a sus bancadas, las hablo a los diputados representantes de sus comunidades, de sus municipios, vergüenza les va a dar que en cinco años no podamos tener datos fidedignos y sean obligatorios los indicadores que produzca el INEGI. ¿Y saben qué va a pasar? Que el que no esté supeditado ideológicamente, políticamente a quien ocupe la silla presidencial, no va a tener recursos para su población y así, compañeros, la población va a decidir otra cosa. No va a decidir seguir votando por representantes populares que lo traicionen aquí en la toma de decisiones.

Es gravísimo lo que pretenden aprobar el día de hoy, va a convertir únicamente en una decisión discrecional con fórmulas, donde nos roban población, donde maquillan las cifras para no darles recursos que por distribución de la riqueza le pertenece a cada municipio, a cada localidad, a cada estado de nuestra República. Por eso se lo roban, porque pierden.

En cuanto al perfil de los integrantes de la Junta de Gobierno son insuficientes los requisitos señalados por esta ley, que por cierto es hechura del actual director del INEGI, que tiene una bronca laboral con sus trabajadores, porque quiere violentarles su derecho laboral y quiere correr a más de 300 trabajadores sin darles indemnización y sus garantías laborales.

¿Cuántos empleos nos dijeron que iban a crear? No se llama el candidato del empleo, se llama —y se lo ha ganado a pulso— el candidato de la infamia, del desempleo. Vamos a hacer cuentas desafortunadamente al cabo de esta legislatura, de millones de empleos perdidos en esta legislatura, y eso por la obstinación de una política que cada vez está dejando más pobre al pueblo de México.

En cuanto a la formación profesional, la ley no indica un requisito mínimo. O sea, pueden tener licenciatura, pueden tener un perfil vago profesional para ocupar los cargos de la Junta de Gobierno.

Por eso reiteramos que esta ley establece garantías para que el jefe del Ejecutivo no ponga a profesionales de la estadística, de la geografía, no. Ponga a sus cuates y lo único que tienen que cumplir es que no rebasen el máximo de edad. Bueno, ahí está Mouriño ¿verdad?

En cuanto a la formación profesional, el enunciado indica que es un requisito ser profesional distinguido, y ni el PRI ni el PAN nos han podido decir qué es un profesional distinguido.

Nosotros hemos tenido en este gobierno federal y han pasado por la presidencia de la república muchos profesionales distinguidos para robar, para seguirle sacando dinero al erario. No hay ni un mínimo requisito para pensar en grande, como una institución del Estado. Su visión es pequeñita, que nada se les salga de control.

Qué tal si nos dicen la realidad de cómo está el país, qué tal si nos enteramos de cuántos pobres realmente hay, qué tal si nos enteramos verdaderamente con cuánto dinero vive en promedio una familia aquí. No con su salario, señores diputados, no. En cuánto vive una familia mexicana y la mayoría, no las 125 que han enriquecido el PRI y el PAN con sus gobiernos abusivos.

Pregunta —diputada Presidenta— ¿cuánto tiempo me queda del uso de mi palabra?

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada, depende si se quiera regir al acuerdo o se quiera regir al marco jurídico que usted convocó.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Me quedan 10 hojas. Quisiera preguntarle respetuosamente —calculando que el Reglamento me da hasta media hora— ¿cuánto me queda?

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Nueve minutos.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Continúo. Definitivamente hacen falta requisitos para los integrantes de la Junta de Gobierno que es necesario incluir, así como un procedimiento de remoción democrático, no la voluntad de quien ocupa ilegítimamente hoy la silla presidencial y un objetivo útil para una verdadera autonomía constitucional.

Deberán establecerse requisitos más estrictos, pensando en la profesionalidad y la función del órgano a fin de que la remoción de sus miembros, así como su designación, no esté sujeta a la voluntad del Ejecutivo, por lo que aquí se propone cambiar el texto de los artículos 70 y 71, porque el procedimiento para nombrar al presidente de la Junta de Gobierno en caso de vacante, se le deja discrecionalmente al Ejecutivo federal como si se tratara de un órgano subordinado a éste, dejando a los miembros de la Junta de Gobierno en completo estado de indefensión actuando siempre con el temor a la remoción, limitando su autonomía y su papel, ya que se pretende establecer como mecanismo de purga o escarmiento o sanción o castigo a la no subordinación, que por propuesta de tres miembros de cinco de la Junta de Gobierno y del presidente de la república en turno, cualquier miembro incómodo podría ser removido.

Con esto no pedimos asegurar la remoción inmediata de los integrantes de la Junta de Gobierno, sino un procedimiento claro y preciso señalado en la ley, por lo que es necesario definir y ampliar el listado de las causas graves que motivan la remoción de los miembros de la Junta de Gobierno, ya que como ésta está planeada anula cualquier posibilidad de crítica, de profesionalismo o de autonomía entre sus miembros.

Por lo que hace al segundo párrafo del artículo 37 de la ley en comento —la que van a aprobar y que no conocen—, éste no tendría por qué restringir la información de los datos que proporcionen los informantes del sistema a las unidades. Éstos deberán tener un tratamiento igual al que se le da a toda información pública, según la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, puesto que contraría su artículo 3, mismo que establece que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado, información de calidad, pertinente, veraz, confiable y oportuna.

Este proyecto de ley está formulado atendiendo a requerimientos democráticos, al temor del PAN, al control y centralismo del PRI, pues sólo podrá ser considerada información de interés nacional y por ende, materia del sistema, si es necesaria para la formulación de políticas públicas.

Es decir, los usuarios para este sistema no existen, como son los investigadores, los académicos, los ciudadanos, además de que los requerimientos que llegasen a tener las entidades federativas o cualquiera de los Poderes, Legislativo o Judicial, simplemente no podrán ser considerados en este sistema, puesto que sería el Poder Ejecutivo quien determine qué información es necesaria, o sea, si al presidente ilegítimo, Felipe Calderón, no le interesa la verdad ni la realidad económica del país, no le interesa saber cuántos millones de pobres ha dejado su administración, no considerará necesario un censo para que se determine el nivel de vida de los mexicanos.

Regreso. Simplemente no podrán ser considerados en este sistema puesto que sería el Poder Ejecutivo quien determine qué información es necesaria para el diseño de las políticas públicas, con su sobrerrepresentación en el Consejo Consultivo Nacional, además de que paradójicamente la información de interés nacional la van a determinar las secretarías de Estado, no los diferentes niveles de gobierno.

En otro orden de ideas, resulta imprescindible que el INEGI emita la información que la ley le autoriza, pero sin indicadores, toda vez que éstos lo único que hacen es entorpecer la labor de los usuarios del Sistema de Información. Es decir, que los académicos, profesionistas, investigadores de este país no solamente requieren los indicadores que, maquillados, produce el Ejecutivo federal, o ahora el INEGI, que va a hacer lo mismo. No, necesita los datos de base, los datos reales, no la proyección de indicadores a 24 años. Somos 50 millones de pobres, 15 más en la extrema pobreza pero van a ser ricos dentro de 20 años. Eso es lo que nos puede estar diciendo el INEGI.

Por último, se plantea una intromisión del Banco de México en el Sistema Nacional Estadístico por lo que es necesario aclarar que el Banco de México es el que dicta la política monetaria nacional, y el artículo 28 constitucional, restringe su actuación a procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, excluyendo su participación en el fomento de crecimiento económico y del empleo, como lo establecen los bancos centrales de otros países como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Canadiense y el propio Banco Central Europeo.

El Banco de México, por mandato constitucional y del artículo 1o. y 2o. de la Ley del Banco de México, se ha convertido en un simple instituto de control de la inflación, con el objetivo de lograr sus propósitos legales.

Para lograr estabilizar los precios aplica diversas políticas monetarias de contracción de la demanda efectiva y posteriormente la cuantifica a través de la elaboración y publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor y al Productor.

Esto lo lleva a ser parte del diseño de políticas públicas y a evaluar al mismo tiempo, su propio desempeño a través de cuantificaciones estadísticas de inflación. Esto le denomina en términos coloquiales, ser juez y parte de un asunto de relevancia nacional como es la política monetaria, es decir, éste cuenta con todo un sistema de cuantificación e información para lograr sus objetivos constitucionales y legales; no necesita meterse a la función del INEGI.

En el caso de la reforma que nos ocupa, se pretende que sea el Banco de México quien le determine las normas relativas a la información que produzca y requiera para la conducción de la política monetaria.

Sin embargo, el Apartado B del artículo 26 constitucional es muy claro al establecer que, además de que el Estado contará con un sistema nacional de información, estadística y geográfica, faculta a un ente público con autonomía técnica y de gestión para regular la captación —éste es el nuevo INEGI—, procesamiento y publicación de la información que genere, por lo que se considera que el artículo 33 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en su último párrafo, es inconstitucional del artículo 26 de nuestra Constitución y que el Banco de México se estaría extralimitando de las facultades que le confiere la propia Constitución y su ley. Por tanto, se propone su exclusión.

En términos prácticos, la autonomía del Banco de México implica que ninguna autoridad puede exigirle la concesión del crédito, con lo cual se garantiza el control ininterrumpido del instituto central sobre el monto del dinero, billetes y monedas en circulación. La finalidad de la autonomía es que la operación del banco central sea conducente a la conservación del poder adquisitivo de la moneda nacional.

Voy a tener más oportunidad de estar insistiendo, porque voy a insistir en que esta ley se haga bien, compañeros; no las hagamos con las patas. Nos pagan mucho los ciudadanos.

Quiero aprovechar el micrófono para invitar a todos los ciudadanos que queremos a nuestra nación a defender la riqueza nacional; el petróleo es de todos, no de la familia Mouriño. El petróleo es de todos, no del PRI y del PAN. Invitamos a todos los ciudadanos este martes 18 a asistir al Zócalo. 70 Aniversario de la Expropiación Petrolera.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Salvador Ruiz Sánchez, para presentar voto particular.

El diputado Salvador Ruiz Sánchez: Con su permiso, señora Presidenta. Hubiéramos querido una sesión más de Comisiones Unidas de Hacienda y de Gobernación, para poder hacer una ley secundaria menos débil, menos laxa, donde tuviera por lo menos la incorporación de puntos de vista importantes.

No es posible que la Junta de Gobierno de este instituto, sencillamente de 27 integrantes, 17 sean los secretarios de Estado, solamente cinco gobernadores y ningún presidente municipal.

Cosas tan sencillas como éstas se pudieron haber evitado si hubiera habido sensibilidad de otras fracciones para darnos tiempo a una sesión más.

El 7 de abril de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformados los artículos 26 y 73, fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció que el Estado mexicano contará con un sistema nacional de información estadística y geográfica y de igual manera que la responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estaría a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonios propios.

Esta reforma constitucional tuvo el objetivo claro de que con el ejercicio de estas nuevas facultades el INEGI se convirtiera en un órgano de Estado que no estuviera sujeto a la autoridad del gobierno en turno o a coyunturas políticas que en el pasado marcaron un sesgo a su trabajo institucional ya que existe la preocupación de que el Estado provea verdaderamente de información confiable, basada en los principios de universalidad y de objetividad, así como la concepción de que la información estadística y geográfica deben ser generadas por unidades autónomas, no dependientes de ninguna agencia pública que eventualmente pudieran provocar o permitir alternación de los datos.

Fue en ese sentido que se originó la propuesta de dotar al Instituto Nacional de Información, Estadística y Geográfica de autonomía en el ejercicio de sus funciones y el propósito de fortalecer su carácter institucional, mediante la atribución de competencias que le permitieran garantizar la objetividad de la información gubernamental; a partir del diseño de la metodología de sus estudios y levantamientos estadísticos y geográficos hasta la integración final de los resultados obtenidos y su difusión, y el dictamen de las comisiones dictaminadoras constituyeran un proceso evidente al Estado en que se encontraba el INEGI antes de la reforma constitucional. Esto es una violación al espíritu y a lo que disponen las normas constitucionales.

La Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados solicitó la opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM una opinión con respecto a la constitucionalidad del dictamen que estamos discutiendo.

En el estudio se concluyó —abren comillas— "que existen varios artículos que violan tanto la letra como el espíritu del Apartado B del artículo 26 constitucional", y recomienda reformar estos artículos antes de aprobar la nueva Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, para asegurar mayor coherencia entre el texto constitucional y la ley reglamentaria, y así prevenir la posibilidad de una exitosa acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional.

En este mismo sentido, sostenemos que una verdadera reforma de Estado debe plantear que las decisiones en materia de información, de disponibilidad de los datos y el acceso público a ellos deben estar sometidos siempre a criterios que trasciendan a los intereses partidistas y se caractericen por su objetividad y transparencia.

Con el texto del presente proyecto de ley estamos convencidos de que no será así y que, por el contrario, se seguirá manejando la información que produzca el sistema con sesgos políticos, con lo que se viola claramente el mandato constitucional en la autonomía que se le otorgó.

Por ello, es que presentamos voto particular sobre el dictamen de la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, el cual pido a la Presidenta de la Mesa Directiva que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates.

Nuestro partido, el de la Revolución Democrática, considera que no se puede violentar de manera flagrante la autonomía de este instituto. Consideramos que es la oportunidad para que tengamos realmente objetividad, que los datos de estadística que se nos puedan presentar sean confiables.

Consideramos que es un abuso, es un abuso de poder que las fracciones mayoritarias o en alianza puedan imponer la voluntad, atropellando la voluntad de las minorías.

Requeríamos diálogo y éste no fue suficiente. Por ello, hoy presentamos este voto particular, manifestando totalmente nuestra inconformidad por el atropello que estamos a punto hoy de ver en esta Cámara.

La propuesta de dotar al Instituto Nacional de Información, Estadística y Geográfica de autonomía en el ejercicio de sus funciones y el propósito de fortalecer su carácter institucional, mediante la atribución de competencias que le permitieran garantizar la objetividad de la información gubernamental a partir del diseño, de la metodología, de sus estudios y levantamientos estadísticos y geográficos, hasta la integración final de los resultados obtenidos y su difusión.

El dictamen de las comisiones dictaminadoras constituye un retroceso de las comisiones, evidencia el estado en que se encontraba el INEGI antes de la reforma constitucional. Esto es una violación al espíritu de que disponen las normas constitucionales.

Se pretende, a través de esta ley, revertir la autonomía concedida al instituto replanteando su competencia y sus atribuciones de manera clara y premeditada, con lo cual rechazamos categóricamente aún más tomando en cuenta la situación en la que se encuentra esta institución pública.

Para asegurar el funcionamiento efectivo y cabal de un sistema integrado, en el cual la producción, integración y difusión de información y estadística sea objetiva, se requiere tener una transparencia precisa, fidedigna y oportuna.

Se plantean en el texto del voto particular dos características:

Una, que en cada sector administrativo de la administración pública federal se defina una unidad productora como coordinadora, concentradora y difusora de la información estadística y geográfica en ese sector, y se le denomina "unidad coordinadora".

Se propone que estas unidades sean las que coordinen las actividades de cada sector administrativo en que se ubican. También se identifica con precisión este tipo de unidades en los organismos autónomos y en los poderes Legislativo y Judicial del nivel federal.

Éstas unidades pasarían a depender jerárquica, presupuestal y administrativamente del instituto rector del sistema, aunque seguirían operando en el respectivo receptor y dependencia de inscripción anual.

Dos, en refuerzo de lo anterior se propone elaborar un presupuesto horizontal integrado, para aglutinar y proteger en todo el gasto federal en estas materias y que incluya también los apoyos a entidades federativas y municipios que se otorgarían bajo convenios de concertación de acciones en seno del sistema.

Para esto se recreará un ramo de información estadística y geográfica en el Presupuesto de Egresos de la Federación resaltando que se le asigne una importante función a los órganos colegiados en el proceso de elaboración de los programas y en el presupuesto de este ramo.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Salvador Ruiz Sánchez. Con base en los artículos 109 y 110 del Reglamento para el Gobierno Interior, tiene el uso de la palabra la diputada Valentina Batres Guadarrama, para presentar la argumentación de una moción suspensiva.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Voy a hacer uso del tiempo, no abusando de otra media hora, procurando ser breve, si así nos lo permite el tema. Vengo a proponerle al pleno una moción suspensiva. Voy a tratar de no leer, pero si me remito a una información que precise fechas, voy a regresar a la lectura.

Yo sé que están muy echados para adelante, tanto el PRI como el PAN, en aprobar esta ley. Esta ley se aprobó el 4 de julio del año pasado. Venía del Senado y en el dictamen del Senado la fracción parlamentaria del PRD votó en contra. De todas maneras así poco importa cuando se habla de engrandecer la función de una institución del Estado. Aun así, al PRI y al PAN les viene valiendo un comino la voluntad de las minorías, sobre todo, cuando se habla de la institución del Estado.

Llegó aquí del Senado, se aprobó en comisiones y estaban muy apurados en votar esta iniciativa, esta ley, el PRI y el PAN. Argumentamos todas nuestras reservas. Hemos peleado que se modifiquen, prácticamente, 16 artículos del proyecto de ley.

Había en la Comisión de Gobernación, en la Cámara de Diputados, hay más bien, cinco iniciativas de modificación que hablan de la Ley del Sistema Nacional de Información. Había una en particular, que era una ley alternativa que fue la que leyó mi compañero que me antecedió, que es una iniciativa que nunca dictaminó la Comisión de Gobernación, que es una iniciativa alterna de ley que presentó nuestro compañero ex diputado Julio Boltvinik.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada, me disculpa. ¿Podría interrumpirla un momento para pasar una cortesía diplomática? Me apena mucho, pero está el embajador de la República de Bulgaria desde hace algunos minutos esperando entrar.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Adelante, adelante.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Queremos destacar la presencia en este salón de sesiones, del excelentísimo señor Sergey Penchev Michev, embajador de la República de Bulgaria en nuestro país, quien asiste el día de hoy a la ceremonia de instalación del Grupo de Amistad México-Bulgaria. Le damos la más cordial bienvenida y hacemos votos porque continúen estrechándose los lazos de amistad y cooperación entre nuestras dos naciones. Sea usted bienvenido, embajador.

Disculpe, diputada. Gracias, le agradezco.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Bienvenido, representante del país de Bulgaria. Voy a continuar con esta intervención de solicitar moción suspensiva.

Decía que venía del Senado, decía que aquí en la Comisión de Gobernación había cinco iniciativas para modificar la ley en comento y que había una que era un proyecto de ley alternativa, que la había presentado el PRD.

Poco le importó a la Comisión de Gobernación que hubiese estas iniciativas. Nada responsable, porque ni siquiera fueron de su atención y de su respeto para involucrarlas en el dictamen, a la comisión solamente le obedecía la urgencia mandatada por el Senado para aprobar este proyecto de ley, y así se dictaminó.

Los partidos opositores al PRI y al PAN manifestamos que lo responsable sería que en el dictamen viniera la discusión de estos proyectos y como si no hubiésemos dicho nada.

Llegamos al 4 de julio y dimos un debate de 3 horas, 2 horas; donde, incluso, pedimos que se leyera —completa— la exposición de motivos de la reforma constitucional al 26, apartado B, para que no perdiéramos el objetivo de cuál era el espíritu del legislador ante la reforma constitucional, aun así poco valió.

Nosotros hemos identificado en esta ley varios aspectos inconstitucionales, pero el PRI y el PAN nos dijeron que ni una coma le cambiarían al dictamen. Quién sabe por qué, pero ni una coma le quieren cambiar.

Hay un asunto dentro de esta propuesta de ley que tiene que ver con que contradice, obviamente, la disposición del 6o. constitucional que entró en vigor 16 días después de aprobado el dictamen en comisiones; es decir, el 20 de julio. Pero la disposición constitucional nueva que obliga al acceso y transparencia de la información no es de respetar por los legisladores del PAN y del PRI.

No es que estemos diciendo algo nuevo, sino siempre esperamos condiciones diferentes. No es que esperemos en que al PRI le interese transparentar y al PAN lo mismo. No es que esperemos que al PAN y al PRI les interese que se garantice el acceso a la información. No, no, no lo esperamos mucho menos después de que se robaron una elección y que no quieren transparentar el voto por voto. No, no lo esperamos, pero somos la segunda fracción en número de esta Cámara de Diputados.

Y vamos a seguir insistiendo en nuestro derecho de incidir en la elaboración de leyes. Nos parece vergonzoso que se insista, que se insista en hacer leyes hechas encima de las rodillas. Nos parece vergonzoso que lleven a capa y espada a aprobar una ley visualmente, fácilmente, visiblemente, anticonstitucional. Pero eso no les importa al PRI y al PAN, porque han sido sus políticas, porque ha sido su manera sistemática de asumir el poder.

Nada más que aquí el poder no lo ejemplifica una persona, sino 500 diputados y siempre tenemos la esperanza de que estas condiciones de historia y de costumbre tanto del PRI y del PAN, cambien.

Siempre las pelearemos y como el debate es nuestro, compañeros, seguiremos insistiendo. Queremos proponer esta moción suspensiva porque el día de ayer, en la exposición que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de su estudio que mandó a hacer la Junta de Coordinación Política, el cual es un documento oficial y que con solo ese motivo debería de ser motivo suficiente para regresar la discusión a Comisiones Unidas, pero no se hace obvio, la UNAM ayer nos reiteró, nos reiteró dos razones fundamentales por las cuales valdría la pena volver a discutir esa ley y hacerla mejor.

La UNAM nos da la razón de un hecho que hemos argumentado, se trata de un organismo constitucionalmente autónomo, y eso habría que explicarles a todo el resto, que para nuestra normatividad solamente existen dos tipos de organismos: los organismos de desconcentración administrativa o de descentralización administrativa que dependen del Poder Ejecutivo, en este caso, o los de descentralización política que son los órganos autónomos.

Y este es un órgano autónomo. Sin embargo se trata de abaratar su autonomía porque hay un temor bastante fundado en que se tenga acceso a la verdad de lo que ocurre en nuestro país. Quiero solamente seguir solicitando y exhortando su responsabilidad. Existen dos hechos supervenientes después de la aprobación de este dictamen: uno es la entrada en vigor de la reforma al artículo 6o. constitucional que hace obligatorio que todas las instituciones del Estado tengan un procedimiento facilitador de acceso a la información.

Y otro hecho superveniente es el estudio de la UNAM que declara, que argumenta que esta ley es en 16 artículos, inconstitucional, contraviniendo a las disposiciones del 6o., contraviniendo las disposiciones del 6o., en materia de transparencia y acceso a la información, singularmente, pero son 16 y el replanteamiento de la autonomía, que ya lo informé en la intervención pasada, la ley impone todo un modelo de intervención del Ejecutivo federal para no solamente sugerir al Senado la integración de la Junta de Gobierno, sino decidir cuándo es removido un miembro de esta Junta, no dándole un carácter de independencia, no respetando ni garantizando su autonomía.

Compañeros, volvemos a comentar cuál es lo trascendental y lo dañino. Si dejamos al INEGI supeditado a la voluntad del Ejecutivo federal no solamente se van a producir los datos que el temor de un presidente inconstitucional, de un presidente ilegítimo, no quiera mandar hacer. No solamente nos van a maquillar datos, no solamente van subordinar a los tres niveles de gobierno, a los dos restantes al Ejecutivo federal. No, compañeros, va a haber más pobreza en este país.

No quieren que les quitemos la venda de los ojos, de verdad no quieren acceso, de verdad no quieren saber, claro, es tiempo de hacer instituciones fuertes, sólidas, que generen datos veraces, creíbles. Sí, es tiempo de la democracia en este país, es tiempo de que suelten, de que dejen de secuestrar los procesos democráticos en nuestro país. De eso es tiempo.

Es tiempo imperante de respetar la riqueza que le pertenece a todos los mexicanos, como es el petróleo de México. Es tiempo de transparentar las cuentas y contratos de Mouriño. Sí, compañeros, de eso es tiempo.

Es tiempo de darle un alto a la corrupción infame de los 70 años de gobierno del PRI, pero de los verdaderamente impresionables, de los 7 años que viene gobernando el PAN. No les bastaron 70 años…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañera, ¿podrá concluir su participación?

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: … con siete tuvieron suficiente… ¿perdón?

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Que pueda usted concluir su participación, compañera. Dijo que no se sujetaba al 103, que iba usted a procurar hacer un resumen de su participación, por favor.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: ¿Ya me llevé la media hora?

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No, compañera, es que usted no se sujetó al 103 en esta ocasión, dijo que iba a procurar ser breve en su exposición.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Bueno, compañeros, sé que están muy echados para adelante, pero están cometiendo un atropello a la voluntad popular y les voy a decir por qué.

Aquí ganamos mensualmente más de 100 mil pesos. Un mexicano común tiene una entrada de aproximadamente 3 salarios mínimos. Es verdaderamente una ofensa que no haya el tiempo para reconsiderar hacer buenas leyes y que las hagan sobre las piernas, sobre las rodillas y queden artículos obviamente inconstitucionales.

Será una vergüenza, compañeros, porque estarán devengando mal un salario que les otorga la nación, que se paga con los impuestos de los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Me han solicitado que la votación que se va a realizar en unos minutos sea de manera electrónica, por lo que solicito que instruya la Secretaría para que se abra el sistema electrónico por 10 minutos para consultar si la moción suspensiva que ha presentado la diputada Valentina Batres es de aceptarse o no.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de la moción suspensiva. Si se acepta o se desecha.

(Votación)

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se les da la más cordial bienvenida a los alcaldes y a sus distinguidos invitados que se encuentran con nosotros, de los municipios de Caltepec, San José Miahuatlán, Zinacatepec y Vicente Guerrero, los cuales vienen desde el estado de Puebla y se encuentran aquí con nosotros.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico.

El diputado Antonio del Valle Toca (desde la curul): Señora Secretaria, no he emitido mi voto.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Actívese el micrófono de la curul 473, del diputado Antonio del Valle Toca.

El diputado Antonio del Valle Toca (desde la curul): Mi voto en contra, por favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se emitieron 111 votos en pro, 276 votos en contra y 3 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la moción suspensiva. En consecuencia, está a discusión en lo general el dictamen.

Se han inscrito para tal caso, representando y para fijar posiciones de sus grupos parlamentarios, el diputado Humberto Dávila Esquivel, el diputado Carlos Alberto Puente Salas, el diputado Alberto Esteva Salinas, el diputado Carlos Ernesto Zataráin González, el diputado Antonio Soto Sánchez y el diputado Rogelio Carbajal Tejada; por lo cual tiene el uso de la palabra el diputado Humberto Dávila Esquivel, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Humberto Dávila Esquivel: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Humberto Dávila Esquivel: Compañeras y compañeros legisladores, con motivo de la reforma del Estado se han generado diversos debates en torno al diseño que actualmente presentan diversos organismos públicos, en especial aquellos pertenecientes a la administración pública federal. Aún más. La tendencia legislativa en pro de la eficiencia pareciera enfocarse hacia la descentralización de funciones e incluso, optar por la autonomía constitucional.

En el caso concreto del INEGI, la iniciativa refiere el inicio de una nueva etapa en la historia de los sistemas de información, estadística y geografía. Todo esto en el marco de la nueva cultura de transparencia y acceso universal a la información.

La tendencia de dicha propuesta versa sobre la consolidación de una autonomía técnica y presupuestal del Instituto, con miras a una autonomía orgánica constitucional en una reforma posterior.

Aún y cuando existen varios puntos que pudieran pulirse en posteriores reformas, siempre hemos atendido las necesidades tangibles de información y coordinación entre dependencias y los distintos niveles de gobierno. Esta iniciativa representa un avance para las políticas públicas.

En tanto el gobierno federal y las entidades federativas cuenten con mayor información sobre la realidad y necesidades de la población mexicana estarán en condiciones de articular mecanismos efectivos de combate a la pobreza y con mayor incidencia en los grupos más afectados.

Asimismo nos permitirá comparar objetivamente el desempeño tanto en el diseño como en la aplicación de los programas sociales y más porque la información que produzca el INEGI será obligatoria para todas las dependencias de la administración pública.

En Nueva Alianza apoyamos este esfuerzo, pero no olvidamos que es sólo un paso más en el diseño y adecuación de las instituciones al servicio de los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Humberto Dávila Esquivel. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los invitados de la Comunidad 21 de Marzo, de Tlanepantla, Estado de México. Sean ustedes bienvenidos.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación han oportunamente revolucionado el Sistema Nacional de Estadística y Geografía, al enmarcarlo bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia.

Con relación al dictamen que hoy se discute, quiero expresar que por primera vez se precisa la pluralidad en la estructura del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, con lo que podrán participar representantes de instituciones públicas, sociales y privadas, a través de la integración del Consejo Consultivo Nacional y los Susbsistemas Nacionales de Información.

También quiero destacar que por primera vez la nueva organización del Sistema de Información será seccionada por subsistemas de información para una mayor comprensión, quedando divididos en los Subsistemas Nacionales de Información Demográfica y Social, de Información Económica, de Geografía y Medio Ambiente.

Del contenido del dictamen se vislumbra claramente que se dota de cierta autonomía al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través del patrimonio que administra y sus nuevas atribuciones, lo cual es aprobado por la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, ya que es en pro del interés nacional, el interés que el instituto pueda sin trabas realizar oportunamente las actividades censales de cuentas nacionales e índices nacionales de precios, funciones que constituyen las bases indispensables de información para la realización de la planeación nacional.

Así también se establece que en el año en que deban efectuarse los censos, cuentas nacionales e índices de precios, el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá contemplar los recursos suficientes para llevarlos a cabo.

También hay que hace hincapié que la presente iniciativa invoca la expedición de las normas técnicas y metodológicas comunes a los productores de la información y armoniza los criterios internacionales para su entrega, con lo cual se optimizará la participación de las entidades federativas desde el diseño e integración del Sistema Nacional de Información, y además la calidad de la información procurará estándares técnicos que redundarán en claridad y precisión de sus contenidos.

También quiero expresar con esta intervención el acuerdo de parte del grupo parlamentario que el dictamen es positivo en relación con el lugar en que se coloca la participación del INEGI en la planificación del país. Particularmente serán provechosos para la federación y las entidades federativas los programas estratégicos del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para la generación de la información de interés nacional ya que podrán disponer de una herramienta veraz y precisa para la planeación de políticas publicas que serán sustentadas con indicadores más completos.

Es la experiencia la que nos ha demostrado que la elección de la información, las fuentes y los temas son fundamentales para la planeación estratégica, particularmente para el legislador, el administrador o todo aquel que tome decisiones que afecten al país; debe antes tener conocimiento de sus indicadores más relevantes. Por ello fue necesario renovar el sistema de la presente ley.

Hoy todo ciudadano cuenta con una diversidad de fuentes de información, muchas de ellas no oficiales, para formarse un criterio sobre cualquier tema. En este asunto quiero llamar su atención a que muchas de ellas presentan falsedades y ello en muchos casos se convierte en un obstáculo al momento de proponer soluciones a una ciudadanía que está mal informada.

Dando cuenta de esta situación, quiero decirles que la información es indispensable para atender los problemas ambientales del país. Esta reforma al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica será pionera en establecer un Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales eficiente, que generará indicadores sobre los siguientes temas: atmósfera, agua, suelo, flora, fauna, residuos peligrosos y residuos sólidos, todos ellos indicadores indispensables para llevar a cabo acciones que combatan los efectos del cambio climático.

Este innovador y ambicioso Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales impactará directamente en la investigación, la educación y el desarrollo tecnológico y dimensionará ambientalmente a nuestro país y ojalá esto nos conciencie de la gravedad de los efectos del calentamiento global.

Por ello ratificamos nuestro voto a favor del presente dictamen. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Carlos Alberto Puente Salas. Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Esteva Salinas, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

El diputado Alberto Esteva Salinas: Con el permiso de la Presidenta de la Mesa Directiva, quiero entregar a la Secretaría de esta Mesa el posicionamiento con respecto a la votación de acuerdo con este dictamen que el Grupo Parlamentario de Convergencia, por mi conducto, quiere que se integre de manera puntual en el Diario de los Debates.

Y quiero referirme, en relación con este tema, a un artículo que en su habitual colaboración —una columna política— un cercano y joven diputado federal, cercano al presidente pirata, Felipe Calderón, publicó ayer en un diario nacional.

Hace referencia a la inmoralidad —y ojalá para hechos pida el uso de la palabra y se atreva a hacer uso de esta máxima tribuna el diputado federal Rogelio Carbajal. Ojalá se atreva y suba a decir aquí lo que ayer escribió un diario nacional.

Él dice que es inmoral atacar a Juan Camilo Mouriño y dice que el PRD es inmoral. Pues no, diputado Rogelio Carbajal, no es el PRD, es la sociedad mexicana la que señala a Juan Camilo Mouriño. Y usted, como muchos diputados, se han asumido cascos azules.

A petición del secretario de Gobernación, los soldados dicen que defenderán al presidente pirata. De lo que no se han enterado es que esa embarcación ya tiene un enorme boquete y está haciendo agua. Él dice que es inmoral defender este tema, como lo plantea el PRD.

Yo nada más quiero citar, en relación al INEGI, ciudadano diputado, la inmoralidad. El actual titular del área jurídica del INEGI, José Manuel Contreras Botti, tuvo una liquidación —cuando era el titular de la Secretaría de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex Felipe Calderón— de 2 millones 300 mil pesos. Eso es lo que tuvo como liquidación el actual titular del área jurídica del INEGI.

Eso sí es inmoral, ciudadano diputado, y no las liquidaciones que les quieren dar a cerca de 3 mil trabajadores del INEGI, de 40 mil pesos, sin mediar siquiera laudo de por medio. Eso es inmoral, ciudadano diputado Rogelio Carbajal.

Hoy, más de 800 millones de pesos se han utilizado de manera irregular en el INEGI, ciudadano diputado Carbajal, para liquidar a estos trabajadores. Y digo de manera ilegal porque no fueron aprobados por este Congreso.

Por eso nos sorprende mucho que quiera, el gobierno federal, a través de sus soldados en el Congreso mexicano —entiéndase a los cascos azules aquí sentados—, quieran presentar el día de hoy un dictamen que no le va a dar autonomía al INEGI. No, lo que quieren es tener control en el INEGI. ¿Por qué no lo dicen como es? ¿Para qué disfrazan las cosas?

Ayer ya estuchamos puntualmente la posición de la Universidad Nacional Autónoma de México en relación a que es inconstitucional esta minuta, por 16 razones puntuales que ellos han señalado y de las que aquí se ha hecho mención. Por eso, ojalá aquí, para hechos, escuchemos al joven diputado, casco azul, Rogelio Carbajal. Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Ernesto Zataráin González, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Carlos Ernesto Zataráin González: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Carlos Ernesto Zataráin González: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, me dirijo a ustedes para exponer algunas reflexiones respecto de los beneficios que traerá consigo la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica que hoy se somete a consideración de esta soberanía.

Desde su inicio, la actual LX Legislatura asumió la responsabilidad de materializar las reformas a los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en esta materia, a través de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica.

El proyecto de ley que discutimos regula el Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, los derechos y las obligaciones de los informantes del sistema; la organización y el funcionamiento del Instituto Nacional de Información, Estadística y Geográfica y las faltas administrativas; así como el medio de defensa administrativo frente a los actos o resoluciones del instituto.

La ley establece con claridad las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, y cumple con el objetivo de garantizar la calidad, oportunidad y objetividad de la información de interés nacional.

El Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica es concebido como un sistema descentralizado, coordinado y normado por el Instituto Nacional de Información, Estadística y Geográfica, que tendrá la finalidad de suministrar, a la sociedad y al Estado mexicano, información de calidad pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.

Esta concepción permitirá la colaboración constructiva entre los productores de información de todos los órdenes de gobierno, bajo la coordinación y responsabilidad del instituto.

Para conseguir el objetivo mencionado, la ley también considera a la autonomía técnica y de gestión, del instituto, cuya Junta de Gobierno se integrará por especialistas en la materia, quienes deberán haber ocupado cargos de alto nivel en los sectores público o privado, o ser académicos de reconocido prestigio.

La transparencia, la rendición de cuentas, la calidad y disponibilidad de la información son componentes medulares de la ley.

En lo que se refiere a transparencia, el proyecto de ley contempla la obligación de difundir y recibir opiniones sobre las metodologías para la producción de la información y el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto de la gestión del instituto.

En cuanto a la rendición de cuentas. El proyecto de ley prevé que el instituto rinda al Congreso de la Unión informes de actividades y del ejercicio de recursos. Asimismo, cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión tendrá la facultad de citar al presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía cuando así lo requieran.

En lo relativo a la calidad de la información, la ley precisa, además de su divulgación, que las metodologías que se empleen en el sistema cumplan los estándares y las mejores prácticas internacionales y serán revisadas periódicamente por organismos internacionales especializados.

Respecto a la disponibilidad. La ley subraya que se pondrá a disposición del público la totalidad de la información de interés nacional, así como bases de datos de las encuestas nacionales y muestra representativa de los centros nacionales. Al mismo tiempo, se otorga al instituto facultades exclusivas para llevar a cabo los censos nacionales e integrar el sistema de cuentas nacionales.

Es de destacarse que se confiere al instituto la responsabilidad de producir el índice nacional de precios al consumidor, con lo que se eliminará el posible conflicto de intereses que puede tener el Banco de México al medir la inflación y cumplir simultáneamente con la obligación de procurar la estabilidad de precios, estableciendo un pedido de transición de tres años para la adecuada transmisión de esta función.

Finalmente es de señalar que la ley retoma en todos sus términos las premisas básicas establecidas en los artículos 26 apartado B, 73 fracción XXIX inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al reglamentar las características del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, las funciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como el tratamiento y procesamiento que deberá darse a la información, estadística y geográfica de interés nacional que se genere al seno del propio sistema en estricto apego al marco constitucional.

Por las razones expuestas, compañeras y compañeros diputados, considero que la aprobación del proyecto de ley contribuirá a generar, integrar y publicar la información estadística y geográfica de interés nacional que requiere el desarrollo de nuestro país, por lo que me permito solicitar su voto aprobatorio. Muchas gracias. Gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Carlos Ernesto Zataráin González. Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Antonio Soto Sánchez: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Antonio Soto Sánchez: Esta determinación legislativa ha sido muy tortuosa porque no han cedido en nada para que logremos un organismo autónomo en realidad, que permita darle viabilidad a lo que ahí se produce.

Recuerdo que en el Senado de la República todos los grupos parlamentarios aprobamos la reforma constitucional al artículo 26, porque con esa reforma habría de garantizarse un órgano verdaderamente autónomo del Estado, igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, igual que el Instituto Federal Electoral, igual que el Banco de México.

Y vaya que para crear estos órganos autónomos del Estado mexicano se tuvo que trabajar mucho y con muchas resistencias de parte de quienes gobernaban nuestro país en aquel tiempo.

Ahora se repite la historia, el IFE hasta el 96 logró la autonomía, cuando pudo haber sido antes. El Banco de México recuerdo también que en 1993 se logró esa autonomía y en 1999 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Compañeras y compañeros, este órgano que hoy se crea con este dictamen, con esta nueva ley, no garantiza —bajo ninguna circunstancia—la autonomía, y más bien pareciera un organismo público descentralizado, pero que depende jerárquicamente del presidente de la república, el cual queda bajo su subordinación; por tanto, no puede ser autónomo si jerárquicamente depende del presidente que lo puede manipular.

Por tanto, el producto, la información, las estadísticas que de ahí se deriven no pueden ser confiables ni objetivas y no pueden garantizar que sean elementos clave para que al país, en la economía y en los distintos órdenes de la vida pública sirvan, para que México y nuestra nación salga adelante.

Yo quiero comentar, a todos ustedes, que hay la intención de algunos legisladores de Acción Nacional y del PRI, no sé si de todos, de que hagamos una reforma, una vez que aprobemos hoy este dictamen, que hagamos una reforma entre septiembre y diciembre para enmendar lo que hoy no queremos aceptar que no va a funcionar en el futuro inmediato.

Pero yo me pregunto, si esas propuestas, que ya se tienen con tanta claridad de algunos legisladores, ¿por qué no incluirlas en el cuerpo del dictamen, Rodríguez Prats? Por qué no incluirlas ahora que se regrese al Senado con estas modificaciones, que demos garantía verdaderamente de la autonomía que requiere este órgano constitucional, igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que el Banco de México, que el Instituto Federal Electoral, y que el Senado pudiera aprobarlas y entonces se publiquen y sea una ley plenamente vigente.

Por qué esperar a que se pudiera presentar alguna acción de inconstitucionalidad que pudiere echar abajo este dictamen, que es un dictamen verdaderamente que adolece de muchísimas cosas que se requieren para que este órgano sirva a todos los mexicanos.

Y termino, compañeros y compañeras, diciéndoles que yo no sé qué sea esto, no le encuentro pies ni cabeza. La Constitución habla de órganos autónomos, éste no lo es, habla de organismos descentralizados, tampoco es organismo descentralizado. No es un órgano desconcentrado, esto es algo muy raro que han inventado el gobierno, el PAN y desgraciadamente aprobado por el PRI en las comisiones dictaminadoras.

No va a servir, no va a funcionar, no va a dar los resultados que esperamos los mexicanos y vamos a tener nuevamente que legislar en la materia para darle garantías al país de que un órgano autónomo y de Estado garantice las estadísticas, la información que se requiere para la toma de decisiones de nuestro país.

Por eso el PRD no puede ir a favor de este adefesio administrativo que no tiene ni pies ni cabeza y que no va a garantizar lo que queremos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene el uso de la palabra el diputado Rogelio Carbajal Tejada, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Diputado Esteva, ¿le permite, por favor, al orador, tomar su lugar?

El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Gracias, Presidenta. Sin que contara para mi tiempo, le pediría a la Secretaría que pudiera el artículo 61 de la Constitución.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le solicito a la Secretaria pueda leer el artículo 61 de la Constitución.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: "Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiestan en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnen a sesionar". Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Secretaria.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Alberto, si le podrá otorgar al diputado su espacio, por favor.

El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Gracias, Presidenta. No me referiré más a ese asunto. Me ciño al tema de discusión.

La minuta es constitucional. La minuta atiende a la reforma que el Constituyente Permanente aprobó para modificar el artículo 26, creando así un sistema nacional de información, estadística y geográfica.

La reforma, contrario a lo que aquí se ha dicho, garantiza la autonomía técnica de lo que la Constitución dice respecto del Instituto. Ello incide fundamentalmente, esta autonomía técnica, en la calidad de la información con la que el Estado mexicano contará para realizar censos, para efectuar el agregado de las cuentas nacionales e incluso, para elaborar los índices nacionales de precios, facultad novedosa de esta institución.

Para ello la minuta le asegura al INEGI, la suficiencia de recursos, contrario a lo que aquí se ha firmado, para llevar a cabo sus tareas. La minuta también, señoras diputadas y señores diputados, asegura, por un lado, la protección de los datos personales y la confidencialidad de la información que por virtud de la ley así se considere. Todo ello también, con estricto apego a la fracción I del segundo párrafo del artículo 6o. constitucional. No hay ninguna contravención al derecho a la información que tienen los ciudadanos consagrado en ese artículo constitucional.

Asegura también, por el otro lado, la publicidad y el acceso a la información de los datos, censos, cuentas e índices nacionales estatales y municipales. Aquí es justamente donde estriba la publicidad del Instituto y no en otro lugar.

La minuta también salvaguarda la autonomía del propio Banco de México y del propio Instituto y hace compatibles ambas autonomías. Me detengo en ello. Ambos organismos poseen cierta autonomía, según lo establece la Constitución. Ambos organismos poseen también funciones inherentes que no pueden invadirse.

Por eso en su función primaria de conducción de la política monetaria —lo dice el artículo 28 de la Constitución y eso también hay que recordarlo aquí— el Banco de México determina las normas necesarias, las que pondrá a disposición del propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para llevar a cabo sus tareas de información.

La minuta establece así un mecanismo de cooperación que deja a salvo las autonomías de ambas instituciones, que preserva las disposiciones constitucionales de los artículos 26 y 28, que hablan del INEG y del Banco de México respectivamente.

La minuta es constitucional y preserva la autonomía del instituto. Me refiero ahora también al mecanismo de nombramientos de la Junta de Gobierno, que empata con el extremo constitucional que señala el apartado B del artículo 26, al establecer una facultad compartida entre el Presidente de la República y el Senado de la República, para el nombramiento de su Junta de Gobierno. No hay ninguna invasión a la independencia, a la autonomía técnica con la que deberá desempeñarse esta institución.

El mecanismo, por cierto, que prevé el apartado B del artículo 26 es similar al establecido para el propio Banco de México, similar también al que la Ley del IFAI determina para el propio Instituto Federal de Acceso a la Información, que por cierto también goza de autonomía por virtud de aquella reforma constitucional al artículo 6º, pero es diferente por ejemplo, al mecanismo de integración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o del propio IFE.

Qué quiero decir con ello, que existen tantas formas de integración de órganos autónomos como órganos autónomos hay en la Constitución, por ello los diputados del PAN sostenemos, creemos y afirmamos que este mecanismo no violenta por ningún motivo la autonomía con la que deberá desempeñarse esta institución.

Señoras y señores diputados, por estas razones y por la importancia que significa contar con la fortaleza de una institución dedicada y encargada a la elaboración de la información estadística y geográfica en el país, por esas razones el PAN votará a favor de esta minuta y del dictamen que la contiene.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Vamos a pasar a la discusión en lo general y tiene el uso de la palabra para ello la diputada Valentina Batres Guadarrama, del PRD, para hablar en contra del dictamen.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Antes de empezar mi intervención le informo a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara que voy a hacer uso de mi derecho de acuerdo al artículo 103 del Reglamento.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Si le toman por favor el tiempo con el reloj a la diputada, en términos del 103.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Qué bueno que me toca después del diputado Carbajal, porque se ha negado a discutir y a debatir de frente y entonces quiero empezar por tres cosas fundamentales de las que dijo.

Dice el diputado Carbajal que hay órganos autónomos tanto los que se establecen en la Constitución, y fíjense, compañeros, los que están aquí presentes y los que se encuentran comiendo y que nada más vienen a votar porque se los pidió su coordinador, cada artículo de la Constitución que le da vida a un órgano autónomo tiene diferente redacción; solamente el que establece la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le da autonomía presupuestaria. Todos los demás no. Y, efectivamente, parte de que es jurídicamente un órgano autónomo.

Éste es el estudio que entregó la UNAM a la Cámara de Diputados el 5 de noviembre y que nos entregaron a los diputados, después de estar insistiendo —como diputada— que les dieran acceso al conocimiento de este estudio. Aunque era un documento oficial, la Junta de Coordinación, presidida por un diputado del PAN, no quería darla a conocer al pleno. ¿Y saben por qué no le han dado ese valor al estudio de la UNAM? Porque no dice lo que ellos quieren. Porque dice, efectivamente, lo que sospechamos.

Más de 130 diputados de esta legislatura le dijimos a la Junta de Coordinación que había sospechas de inconstitucionalidad de la ley, que valdría la pena mandar hacer un estudio a la UNAM para comprobar su inconstitucionalidad. Y todos los partidos políticos representados en la Junta de Coordinación votaron a favor de que se mandara hacer el estudio de la UNAM, reconociéndole al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM su alta calidad, capacidad y profesionalismo en el estudio de las leyes. Pero llegó el estudio y en el estudio podemos ver en la cuarta hoja que afirma la UNAM, dice:

Después de un examen minucioso del dictamen en comento, así como de las tesis jurisprudenciales y relevantes aplicables, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha concluido que existen varios artículos que violan, tanto la letra como el espíritu del Apartado B del artículo 26 constitucional.

Se recomienda reformar estos artículos antes de aprobar la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para asegurar mayor coherencia en el texto de la reforma constitucional y la ley reglamentaria; así prevenir la posibilidad de una exitosa acción de inconstitucionalidad o de controversia constitucional. —Dice y sigo leyendo el estudio que entregó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM—.

Existen tres áreas donde habría inconsistencias entre el dictamen de la Cámara de Diputados y el Apartado B del artículo 26:

a) Violaciones a la autonomía constitucional del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica —o sea el nuevo INEGI—, así como de los principios de objetividad e independencia del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

b) Violaciones a la organización coherente, unificada y federal del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

c) Violación a los principios de transparencia y accesibilidad del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como la falta de coherencia entre el texto del dictamen y las reformas al artículo 6o. constitucional en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de julio.

Cité esto por lo siguiente: no hace falta, no es suficiente, no es argumentativo que solamente alguien venga, se suba porque viene de la fracción mayoritaria del PAN, a decir "la minuta es constitucional". ¿Porque lo dice el PAN? No. La minuta es inconstitucional después de un exhaustivo estudio de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que merece todo nuestro respeto, porque, compañeros, es la mejor universidad de América Latina y está dentro de las 100 universidades mejores del mundo. No sabemos si es el mejor diputado, eso lo calificará su comunidad, pero la UNAM sí es y tiene la capacidad suficiente de plantearnos un análisis no parcial, no convenenciero, sino objetivo y profesional.

Por eso quiero remitir a que efectivamente hay tantos organismos autónomos como lo dice la Constitución, nada más que los tratan como organismos autónomos, no como organismos descentralizados de la administración pública federal.

Y dentro de este estudio, viene la cita de lo que dijeron los diputados, bueno, perdón, los senadores de las fracciones parlamentarias que trabajaron y que aprobaron la reforma constitucional.

Quiero citar, porque merecen y porque merece quien nos escucha, saber qué dijeron cuando se reformó el artículo 26, los diputados de otras fracciones.

Y cito: "a partir de hoy el INEGI dejará de ubicarse en la esfera del Poder Ejecutivo, dejará de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y será autónomo. Nace así un nuevo órgano constitucional". Eso dijo Dulce María Sauri, del PRI, cuando aprobaron la reforma constitucional al 26, apartado b). O séase, no había duda de que se trataba de un organismo autónomo, sin limitante.

También el PAN expresó, en ese entonces, que se trataba de un organismo autónomo. Voy a referirme y quiero buscar, perdón porque esta parte… hemos estado estudiando tanto este estudio que entregó la UNAM, dijo el senador Adrián Alanís Quiñones, pronuncio. "que el proyecto de decreto bajo discusión, dice, se refiere a la transformación del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática en un organismo de autonomía constitucional para otorgarle independencia de los poderes el cual gozará de personalidad jurídica y patrimonios propios y será el responsable de la política nacional y de los sistemas estadísticos y geográficos en el marco de la nueva cultura de transparencia y acceso universal a la información que fortalece a la planeación democrática nacional". ¿Cuándo se arrepintieron, diputados, legisladores del PRI?

Y sigo. Finalmente el senador Alfredo Martín Reyes Velázquez, sostuvo que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, dice, "hemos buscado desde hace 15 años que instituciones como la que hoy nos ocupa —INEGI— tengan un marco normativo que les permita actuar con independencia y objetividad, para que de esa forma su función técnica no se vea opacada por intereses particulares".

O séase, quien está tergiversando el espíritu del legislador cuando se reformó la Constitución, son los diputados actuales del PAN, ignorando incluso el trabajo que llevó más de cuatro años para concretar una reforma constitucional.

¿Por qué insistimos en el tema? Sigo insistiendo, porque se pensó en un organismo autónomo que generara cifras auténticas, confiables, objetivas, reales, porque además se le dio una responsabilidad como institución del Estado: generar los indicadores, los indicadores que serán obligatorios para los tres niveles de gobierno y para cualquier institución del Estado y que ésa será la base o punto de partida para aplicar o autorizar políticas de Estado.

En fin, este debate nos tiene que dimensionar porque va a venir, después de mi intervención, un diputado del PRI que va a venir a contarnos y a leernos y a echarnos un rollo sobre la teoría jurídica.

Quiero comentarles, para que sea comprensible para todos y no nos chutemos un rollo jurídico, que quién sabe si además sea comprensible, que le demos validez a este estudio de la UNAM, que vale la pena darle su lugar a una institución tan prestigiada y a un Instituto de Investigaciones Jurídicas conformado pluralmente, que no se equivoca.

Voy a darle lectura a los 16 artículos.

El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Permítame por favor, diputada. Pedimos a los integrantes de la asamblea escuchar con atención la exposición de la oradora. Continúe.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: El dictamen del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM observa al artículo 14 de la ley en comento, de la ley del instituto, que en relación con su compatibilidad constitucional, al artículo le hace falta una reforma integral para equilibrar la representación federal, estatal y municipal en el Consejo Consultivo. Asimismo, se recomienda incluir de manera formal y no únicamente por invitación excepcional a representantes de la sociedad civil.

Cuáles son las funciones de este Consejo Consultivo que tanto hemos mencionado aquí en tribuna. Se va a reunir para aprobar prácticamente el programa de trabajo del INEGI. Qué hace el INEGI actualmente. Hace los censos de población.

Pero va a hacer más en colaboración y en unificar información que se haga llegar de las unidades productoras de información. Pero en este organigrama solamente integran, como unidades de información, a las secretarías de Estado. Y quiero hacer mención de esta estructura.

Si permitimos que así se apruebe, la unidad de información, llámese secretaría, por ejemplo, de Desarrollo Social, que tiene a su cargo 55 programas de fondos federales que se aplican en los estados, imagínense que sea la misma Secretaría juez y parte y, además parte de aplicar la política social del país, sea la que suministre los datos al INEGI diciéndole qué tanta efectividad ha tenido la política social para combatir la pobreza. Obviamente que va a mentir, compañeros, como nos han mentido los últimos 25 años.

Pero nosotros insistimos en no tirar a la basura un proceso de reforma constitucional que llevó cuatro años.

Sigo. El mismo estudio observa al artículo 33 con la compatibilidad con el artículo 26, Apartado B, y dice la opinión de la UNAM. "Se propone eliminar que el Banco de México determine las normas relativas a la información que produzca y requiera para la conducción de la política monetaria". Y decimos esto porque ha sido parte del debate. Las funciones del Banco de México no están a debate con las funciones del INEGI. Al INEGI le tocará producir los indicadores de cómo andan los precios reales en el mercado, no los que invente el Banco de México.

Articulo 37. Con respecto a la compatibilidad con el artículo 6, el orador que me antecedió dice que es constitucional porque él dice que es constitucional. Sin embargo, la UNAM refiere que el artículo 37 —se los voy a leer como viene en el proyecto de ley—: "Los datos que proporcionen para fines estadísticos los informantes del sistema a las unidades, en términos de la presente ley, serán estrictamente confidenciales". Hasta ahí estamos de acuerdo.

Luego dice: "… y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico". ¿Por qué no? Y luego dice otro párrafo: "El instituto no deberá proporcionar a persona alguna los datos a que se refiere este artículo para fines fiscales, judiciales, administrativos o de cualquier otra índole".

Nosotros hemos propuesto, más bien el Instituto de Investigaciones Jurídicas —en lo cual nosotros hemos ingresado una reserva en el mismo sentido— propone que en el primer párrafo se inserte "personas", cuando se trata de datos personales, después de la palabra "datos", para que vaya en congruencia con el artículo constitucional y con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

También propone la UNAM, y me parece lógico, eliminar que "bajo ninguna circunstancia podrá utilizarse para otro fin que no sea estadístico". No puede limitar esta ley los fines con los cuales se utilice la misma producción de información, porque eso no es competencia del INEGI; será competencia de las instituciones que hagan uso de esa información, bajo lo que ya determina la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

En el segundo párrafo propone el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que se elimine: "El instituto no deberá proporcionar a persona alguna los datos a que se refiere este artículo para fines fiscales, judiciales, administrativos o de cualquier índole".

Viene el artículo 47. Dice el diputado del PAN que me antecedió que es constitucional y que está en apego al 6o. constitucional, pero el artículo 47 de la Ley del INEGI dice a la letra: "La información no queda sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sino que se dará a conocer y se conservará en los términos previstos de la presente ley".

Compañeros, no existen términos previstos en esta ley; no habla de términos ni de criterios. Con lo único que nos podemos quedar es con los criterios que ya establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Por qué, entonces, plasmar otros que no existen?

Porque más abajo le dan facultades a la Junta de Gobierno de determinar criterios que no están regidos bajo ninguna norma, para determinar, etiquetar información confidencial, más allá de los criterios que marca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿A qué información temen? No lo sabemos.

Hay otro artículo que, además, prohíbe que sean públicos los contratos, los convenios de intercambio de información entre países y nosotros no sabremos porque estará etiquetado como confidencial qué contratos hicieron, qué convenios hicieron con otros países para proporcionarles nuestra información a cambio de información de otros países. O sea que tienen más derechos ciudadanos de otros países por encima de los que nosotros tendremos para conocer de la información y tener acceso a ella. Eso es inconstitucional.

Y así nos vamos al artículo 73, donde también establece una contradicción con el 6o. Dice el artículo 73, en la fracción V: "Son causas de remoción de un miembro de la Junta de Gobierno —fracción V— utilizar en beneficio propio o de terceros la información confidencial o de otra naturaleza que disponga en razón de su encargo".

Hasta ahí estamos de acuerdo, pero dice más: "… así como divulgar tal información en términos diferentes a los autorizados por esta ley". Así que, si un miembro de la Junta de Gobierno cumple con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información eso será motivo de remoción. Pero es constitucional, en fin.

Artículo 74, aquí nos refiere y hace una observación a la violación de la autonomía del órgano. Y viene en el artículo 74, la intromisión del Ejecutivo federal para señalar cuándo podrá intervenir para la remoción del cargo de un miembro de la Junta de Gobierno, así que el equilibrio que se establece en los órganos autónomos se violenta flagrantemente, porque aunque los haya ratificado el Senado, pretenden que el presidente de la república en turno los pueda remover si no son de su completa subordinación o supeditación. Eso es violentar la autonomía.

No sé, entonces, qué tipo de autonomía, porque aquí suben, hablan de órganos autónomos. Hablan de categoría de órganos autónomos, hablan de grados de autonomía, pero nosotros sabemos que solamente la normatividad, la ley tiene normados a dos tipos de organismos: los órganos autónomos que tiene en su propia ley y los órganos descentralizados de la administración pública que están normados por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Y entonces quieren hacernos creer que creamos un híbrido. Si nosotros les aceptáramos esta teoría, la pregunta sería: ¿y este híbrido por qué se norma? Por la Constitución, por la Ley Orgánica de la Administración Pública, o en función de mi conveniencia la regulo para unas cosas como órgano descentralizado y para otras como órgano autónomo.

Resulta que dentro de estos tesoros que guarda esta ley, que no son petroleros, sino de estas cosas incongruentes, resulta que en el artículo 83 y en otros 3 más viene una leyenda de que las funciones del INEGI sobre sus encomiendas, su naturaleza, su funcionamiento, estarán supeditadas a la suficiencia de recursos, dice: a la suficiencia de recursos presupuestales.

Y entonces volvemos a una discusión: ¿díganme en qué ley existe esta leyenda? En ninguna. Y ya no estamos hablando ni de órganos autónomos ni de órganos descentralizados de la administración pública en ninguna ley que norma a los órganos, a las instituciones del Estado. Viene la leyenda "que sus funciones estarán acotadas siempre y cuando tenga recursos presupuestales".

Lo meto a colación por lo siguiente. Ya en la vía de los hechos han venido acotando presupuestalmente al INEGI, y eso que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ya los censos para medir el nivel económico de vida de los mexicanos, ya se hacen con recursos de la Secretaría de Desarrollo Social, lo que supedita al INEGI a que "el que manda paga" y entonces el que paga propone la metodología y obviamente que no produce información objetiva.

Poner este articulado, permitirlo, es terrible. Es un precedente terrible, porque ahora ya lo tendremos en todas nuestras leyes y entonces decidirá Hacienda si le permite funcionar un órgano o no, de acuerdo al capricho de aplicación de recursos federales.

Bueno, no solamente es terrible eso, sino es terrible supeditar que la producción de la información de los indicadores trabaje de acuerdo al techo presupuestal de las secretarías de Estado y sean las secretarías de Estado las que normen su metodología para obtener los datos.

Seguimos insistiendo. Hay posibilidades de crear instituciones grandes, fuertes, que no generen mucho recurso, pero que sirva su información para políticas responsables, que atienda la verdadera problemática que enfrenta el país ante la pobreza, ante el desempleo.

Hay una estrategia desde la administración pública federal, donde llevamos ya el conteo y lo vamos a dar a conocer en próximos días del número de desempleados por Secretaría de Estado.

Y llevan, compañeros del PAN, récord, su presidente ilegítimo. Las secretarías de Estado han venido abusando para vaciar, para correr a los profesionistas de nuestro país, a los doctores con perfil académico, a gente formada en el Estado mexicano. Han venido aprovechando su espacio de poder para correr a los buenos profesionistas de este país que han trabajado al servicio de su patria, para proponer a sus amigos.

Les vamos a dar a conocer los datos reales, independientemente de lo que aquí se apruebe llevaremos el marcaje por noticia. Y ojalá y por la información que nos proporcione la gente y aquí aprovecho para decirle a los ciudadanos: si esta Cámara de Diputados por la mayoría del PRI y del PAN deciden no darle la dimensión correcta a la reforma constitucional para construir instituciones fuertes del Estado, sino por el contrario, instituciones débiles, aquí en los diputados del PRD, seremos receptores de la verdadera información que hay como realidad en nuestro país para seguir proponiendo leyes que le den dimensión a un Estado mexicano, responsable con su población.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Valentina Batres Guadarrama. Se informa a la asamblea que se han registrado adicionalmente a la diputada Batres Guadarrama, en contra: el diputado Juan Guerra Ochoa, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, el diputado Pablo Trejo Pérez y el diputado Salvador Ruiz Sánchez. Y en pro: el diputado Raúl Cervantes Andrade y el diputado Jorge Estefan Chidiac Charbel. Por lo que se le concede el uso de la palabra al diputado Raúl Cervantes Andrade.

El diputado Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Presidente, pediría acogerme al 103 para tener el mismo tiempo de la diputada, por favor. Pido que se calcule el reloj, conforme al artículo 103.

Y segundo, le pido a la Secretaría, le dé lectura a la tesis jurisprudencial número 20/2007, Órganos Constitucionales Autónomos. Notas distintivas y características.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que:

1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado.

2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados. Es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado.

3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.

Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son:

a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal;

b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación.

c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera.

d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal, 7 de noviembre de 2006, mayoría de 9 votos. Votó en contra Genaro David Góngora Pimentel. Ausente, Guillermo Ortiz Mayagoitia. Ponente, José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Secretaria. Continúe, diputado Cervantes.

El diputado Raúl Cervantes Andrade: Gracias. He escuchado con atención tanto en la Comisión, así como hice el estudio del documento que realizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la información que nos dieron el día de ayer y los diferentes puntos de vista de los diputados en la Comisión de Hacienda.

El tema de fondo sí es un tema legal. No es legaloide, es legal. Nosotros sí tenemos facultades, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y las entidades federativas somos poder renovador de la Constitución, o algunos doctrineros le llaman Constituyente Permanente.

Pero cuando hacemos leyes reglamentarias, que es el caso, estamos obligados a hacer un estudio de constitucionalidad y ésa es una facultad que tenemos nosotros y no, con todo el respeto, las universidades.

Los institutos y la academia tienen una función: la generación del conocimiento y debatir el conocimiento. Y a los que nos gusta estudiar y volvernos estudiosos, tenemos la obligación de allegarnos de opiniones de diversos doctrinarios y poder generar un criterio. Es como si acusáramos a un juez de que determinara una sentencia, o a la misma Corte, en sus resoluciones como Corte constitucional, que no fueran adecuados a la opinión de la doctrina. No la pueden desconocer, pero tampoco tienen la obligación de acatar.

Segundo. Por tanto, sí tenemos facultades constitucionales y sí debemos tener la obligación y la responsabilidad ante el Estado mexicano y en específico ante la población, tendríamos que hacer un análisis de lo que aquí se da por sentado que dijo la Corte, en tesis, y por eso pedí que se leyera, porque ése es el quid del asunto.

No es, si se tiene una visión errónea o no y tampoco es, porque nada más lo dijo uno de los académicos que vino ayer —no lo dijeron los tres y está la versión estenográfica de la Comisión de Hacienda— que fue el que comparó el que sólo hay órganos constitucionales o hay descentralizados.

Y yo comparto su opinión, ¿eh? No existen grados de autonomía. Y por eso ayer informaba o di mi punto de vista en la Comisión de Hacienda. Ni hay grados de autonomía ni hay acotamiento. Lo que hay es un diseño específico de órganos autónomos, porque tan es así que todos los órganos autónomos constitucionales no tienen estrictamente la misma redacción constitucional para su creación. No la tiene.

Y si no, veamos el ejemplo de Banco de México. Banco de México no está, no tiene el tema metido en el Presupuesto porque se financia con sus propios recursos, por eso ya no sería un órgano autónomo constitucional, porque le falta específicamente la autonomía presupuestal.

¿Porque no la requiere? Nos atreveríamos a decir que el Banco de México no es un órgano autónomo constitucional. Yo lo dudo, y todas las autonomías constitucionales a nivel de teoría sólo se justifican por la funcionalidad del órgano. No se pueden justificar por sí mismas o por posicionamientos políticos, porque el avance del trayecto de la modificación de nuestra Constitución —como también lo dice esta tesis— es encontrar un camino constitucional completamente diferente de los tres Poderes: el típico Judicial, Legislativo y Ejecutivo, que no están dándole una respuesta funcional a su población y que por tanto nacen de la Constitución, se genera su distribución de competencias y facultades, y después se le da por su naturaleza técnica una facultad, un ejercicio inherente al Estado mexicano que la realiza, ese órgano autónomo constitucional.

Por eso cuando se lee la tesis a la inversa de los cuatro incisos: a), b), c) y d), como conclusivos y la nota dice "órganos constitucionales autónomos", "notas distintivas". Ése es el razonamiento para llegar a características; no se llega a las características sin llegar al razonamiento.

Qué quiero decir con esto, porque anunciaron que hay diputados que hablan técnicamente y yo creo que los demás sí entienden —éste es un asunto de estudio, no es un asunto de posicionamiento— es cómo se interpreta la Corte, cómo es el procesal constitucional, por qué obedece a la Corte, cómo se procesa una acción de inconstitucionalidad y cuál debería ser el estudio de fondo.

El tema de fondo va a ser si la ley reglamentaria que se está presentando a través de este dictamen cumple con la funcionalidad de la redacción específica cuando se modificó la Constitución y por qué sí cumple.

Nace en Cámara de Senadores, se va a Cámara de Diputados y el tema presupuestario es específicamente el que cambia la Cámara de Diputados y regresa al Senado, es explícita la votación o la voluntad, lo que se llama en la doctrina interpretación auténtica del legislador.

También dijeron ayer los académicos, con una altura intelectual y de miras, que era una opinión, que no podían asegurar si la Corte la compartía, que el derecho es debatible y que había problemas en el dictamen, no todos de fondo y no todos por la misma razón.

Esto también es muy importante que se le informe al pleno. No asumieron, no juzgaron y yo insisto y se los aplaudo, desde el punto de vista de autoría intelectual, que ellos generaron una versión única de interpretación.

A veces en el derecho sí existe una sola, un solo camino con altos grados de probabilidad de la resolución constitucional de la Corte, en éste no, y uno de los motivos que va a ser es ese espíritu, porque como también dije y como muchos de ustedes lo deben saber, las cortes constitucionales son legisladores negativos, no positivos —no lo digo yo, lo dice toda la doctrina europea, latinoamericana, sudamericana, anglosajona— del control constitucional directo o el difuso. En cualquiera de esos casos siempre se tiene un orden para la interpretación constitucional. Tienen los congresos las facultades de interpretación y las cortes siempre son legisladores negativos.

También dijeron los investigadores que había una deficiencia legislativa cuando se modificó la Constitución, textual fue la cita, y que la facultad era implícita, no explicita. ¿Qué significa entre estos dos momentos desde el punto de vista legal? Que esta interpretación, las modificaciones constitucionales —ya dijo también otra corte— no pueden ser sujetas de control constitucional por sí mismas y ahorita haciendo una ley reglamentaria, la acción de inconstitucionalidad sólo tendría la litis específica si se cumplió la funcionalidad de las palabras de autonomía, patrimonio propio y que se interpreta implícitamente el estudio de la UNAM, lo interpreta diciendo que por esa razón es un órgano autónomo constitucional y que se debe interpretar en la ley reglamentaria que no tenga el techo presupuestal y que tenga la autonomía presupuestal, cuando el legislador no lo puso de manera expresa y fue uno de los pasos del proceso del 72 constitucional para su modificación constitucional.

Que la Corte lo que va a hacer es la interpretación auténtica, por tanto, ni grados ni acotamiento constitucional, lo que sí existe y lo que sí hay es una voluntad expresa de hacerlo de una forma diferente y funcional, y la discusión, nos guste o no nos guste, va a ser en términos de mayorías parlamentarias versus acciones de inconstitucionalidad y lo que se denomina democracia constitucional.

También compartí delante de los investigadores que no deberíamos, en el Poder Legislativo, tener un resquemor de cuando se hace una interpretación constitucional y se llega a una conclusión de mayoría, que hay los recursos propios para que nuestra Corte lo pueda modificar, porque eso se llama democracia constitucional y no ex ante, no por la Corte y no por la facultada por la Constitución, hacer nuestros criterios que no han podido convencer a la mayoría y no por cerrazón, no por ausencia, no por omisión, sino por convicción, que es muy diferente.

¿Por qué mi partido va a favor del dictamen? Primero porque estudió el tema de por qué se modificó y qué significa tener un INEGI con este grado y con esta modificación y con este alcance que se diseñó en la Constitución, y por tanto, en la ley reglamentaria.

¿Cuál es el kit del asunto, cuál es la verdadera preocupación del tema? El tema que preocupa es si va a dar una información neutra, ésa es la esencia y también lo dijo el director del Instituto. Comentó: "lo más importante es la funcionalidad del órgano —fue su conclusión— encontrar el equilibrio de coordinación encontrar el equilibrio entre el INEGI y el Banco de México no sólo ahí, sino con los demás poderes y entes autónomos de gobierno.

¿Cómo buscamos que sea funcional y cómo logramos el que sea neutra esta información? Que nos den la información estadística adecuada. Y dos, que nos dé y que nos genere —específicamente— un grado de certeza en su información. Ese es el tema.

El diputado Antonio Soto Sánchez (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Permítame el orador. ¿Con qué objeto, diputado Soto?

El diputado Antonio Soto Sánchez (desde la curul): Para ver si pudiera hacerle alguna pregunta al orador.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado ¿acepta usted una pregunta del diputado Soto?

El diputado Raúl Cervantes Andrade: Claro que sí, diputado Soto.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Adelante, diputado Soto.

El diputado Antonio Soto Sánchez: Pareciera, diputado, muy convincente desde el punto de vista técnico-jurídico —además es su especialidad— el que la justificación que está dando para el voto de su grupo parlamentario a favor de este dictamen. Sin embargo yo tendría alguna duda que me gustaría que pudiera ser aclarada.

En lo que se refiere al último párrafo del artículo 74 del dictamen en comento, donde el Ejecutivo federal, el titular del Ejecutivo federal tiene la decisión final sobre la remoción de algunos de los integrantes de la Junta de Gobierno, del órgano del cual estamos hablando ¿eso no le parece a usted jurídicamente, en base a la interpretación —porque dice que hay muchas interpretaciones— jurídica que usted sostiene y defiende, que eso le quita autonomía a alguien, a un órgano, si alguien puede —otro poder— remover o pedir la remoción de alguno de los integrantes? Eso sería todo. Gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Adelante, diputado Cervantes.

El diputado Raúl Cervantes Andrade: Esta discusión no se tuvo sólo por esta ley reglamentaria, sino por una modificación constitucional que también hizo esta Legislatura. Y no se discutió sólo aquí ni en la Cámara de Senadores ni en las Legislaturas de los estados, sino se discutió en todo el país. Le voy a poner un ejemplo, para después entrarle al tema.

La forma, para mí el grado supremo de una democracia, es la forma de integración de su Corte constitucional, porque es la que puede sacar, abrogar, expulsar las normas jurídicas de un sistema por su sola determinación y sujeta a lo que dice la Constitución. Se lo puede hacer al Legislativo en el proceso de ley o se lo puede hacer el ejecutivo en el proceso administrativo. Y se denomina que las minorías se imponen a las mayorías legislativas aunque tengan representación directa, cuando una sociedad en su conjunto debe de estar sujeta a la Constitución.

Recordará que cuando se hizo el IFE justamente ese fue el tema: si se podía o no se podía remover. Y yo recuerdo la posición de su partido que dijo que sí. Es más, los vi votando que sí y modificaron la Constitución y de facto se hizo quitar a consejeros electorales por una modificación constitucional.

La forma de conformar la Corte o en muchos órganos técnicos, no necesariamente órganos autónomos constitucionales. Tenemos Cofetel que es un desconcentrado y que ahí no puede ser tocado, se dan una serie de normas y tiene una serie de construcción diferente; o la Comisión Federal de Competencia Económica. Le podría citar varios, lo importante del diseño es siempre el equilibrio entre los poderes y que más de uno determine cómo su conformación, y el otro que justifique hacerlo.

Le voy a poner el ejemplo. En algunas Cortes constitucionales sólo lo decide el Poder Judicial, el otras el Parlamento del Poder Judicial, en otra intervienen los tres. Y no hay ningún doctrinario —específicamente— que diga que la forma de intervención de los poderes lo hace inconstitucional por sí mismo y lo hace una falta de autonomía. Lo que genera una diferencia es que no exista el equilibrio y los por qué de justificación.

Continúo —espero que esté ya contestada su pregunta. Acabando la reflexión de por qué aquí sí se cumple y lo que se tiene que buscar es una figura de coordinación, tendríamos que analizar concretamente las facultades del Banco de México. Ojo, es un mandato constitucional. Un órgano autónomo constitucional con otro órgano autónomo constitucional y cómo los vamos a coordinar; no puede separarse. La figura de coordinación entre poderes y órganos es importantísima y lo que pretende este dictamen es lograrlo.

Lo que pretende este dictamen es hacerlo funcional. Lo que pretende este dictamen es cambiar la figura de estructura y de organización que, insisto, no lo digo yo, son tesis y votos particulares de la Corte en cómo se puede y se debe analizar a los órganos autónomos constitucionales.

Conclusión, el estudio no asegura el que la Corte tuviera un criterio diferente. Aseguró, con metodología jurídica y científica, generar un criterio jurídico equis y que tampoco aseguraban tener la verdad, que no se ha informado al pleno.

Segundo. Lo que pidieron era la reflexión sobre la funcionalidad del órgano como conclusión del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Y nosotros lo que hicimos fue estudiar, analizar y pretender interpretar, nosotros sí con facultades constitucionales, lo que quiso decir la reforma constitucional. Es cuanto, compañeros.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Raúl Cervantes Andrade. Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Juan Guerra Ochoa.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Gracias, señor Presidente. Obviamente hablo en términos del artículo 103 y debo agradecer a la Presidencia esa circunstancia, porque además establezco que desde ahora sólo voy a hablar en términos del 103, esto para que quede en la versión estenográfica, no porque me vaya a extender los 30 minutos, sino porque realmente uno se ve muy constreñido a veces a argumentar, cuando sólo se disponía, en un acuerdo parlamentario, de cinco minutos.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Ya está considerada su solicitud.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Gracias. Nadie va a discutir si el Poder Legislativo tiene facultades constitucionales, de aprobar reformas o adiciones a la Constitución y de aprobar las leyes, es decir, es muy difícil controvertir o siquiera poner en tela de duda que como legisladores, como Congreso, como parlamento, no estamos facultados para aprobar esta ley o cualquier otra.

La discusión no puede estar ahí en el procedimiento, que es un procedimiento que reserva en materia constitucional, se reserva para nosotros.

La pregunta es: la ley que se expide, ésta que se pretende aprobar, ¿corresponde a lo que se aprobó por el Legislativo cuando se modificó la Constitución? Es decir, es una ley que, luego entonces, es constitucional porque corresponde enteramente a lo que establecen los preceptos que establece la Constitución o la ley rompe con los preceptos y con lo establecido en la Constitución. No es el procedimiento.

La constitucionalidad o inconstitucionalidad tiene que ver con el fondo, con que si la ley se aparta de la Constitución o se mantiene dentro del marco de la Constitución. Nosotros no solamente por el estudio de la UNAM, desde antes lo dijimos en Hacienda. Les dijimos: "este sistema que se va a crear y los órganos que lo van a regir, no corresponden a la reforma que hicimos en la Constitución. No es el órgano autónomo que señalamos en la Constitución, sino que por la vía de la mayoría se quiere retroceder de lo que ya se había avanzado en la Constitución". Se quiere menoscabar o negar lo que ya estaba establecido en la Constitución.

En la Constitución se establece un órgano con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, es correcto; pero en la ley no se establece eso. En la ley se establece un órgano cuasi dependiente del Poder Ejecutivo, no del Legislativo, sino del Poder Ejecutivo. Éste es el gran problema. Y esto le resta autonomía al órgano. Es un órgano que va a estar sujeto más y pendiente más a las decisiones del Ejecutivo que con una autonomía plena, como se establece para estos órganos en la Constitución. Y la materia de la importancia es por la calidad de la información que se produce.

Nosotros queremos un órgano autónomo para que la calidad de la información que produzca este sistema sea válida para todos los poderes, como lo dice la Constitución; sea confiable para todos los poderes, sea creíble por todos los ciudadanos y se pueda, con base en esa información, hacer muchísimas cosas a las que nos obliga a todos los poderes esa misma información.

Con base en la información se van a distribuir los recursos a las entidades. Y esto es muy importante por cómo ha venido funcionando. Tenemos casos como en Guadalajara, que se tuvo que ir a un recurso, porque le estaban negando recursos a los que tenía derecho el municipio, por un asunto de manipulación o de manejo de cifras.

El DF ha perdido miles de millones de pesos, porque le subestimaron la población. Hoy el INEGI nos va a dar todos los datos obligados para distribuir los recursos, no solamente poblacionales sino económicos. El INEGI incluso, si va a utilizar las mismas técnicas de una encuesta para determinar, va a poder afectar o beneficiar a tales o cuales poblaciones.

El problema es que tal vez por la excesiva injerencia del Ejecutivo ya no afecte a Guadalajara, pero qué tal a estados que gobierna el PRD o el PRI. Yo podría entender, le quiero decir al PRI, esto de aceptar un órgano cuasi dependiente del Ejecutivo o cuasi autónomo, lo podría aceptar si gobernaran y quisieran tener injerencia en cómo distribuir los recursos. No lo entiendo, porque finalmente sus entidades pueden ser afectadas.

Entiendo que el PAN le tenga confianza al Ejecutivo y diga, aunque no sea lo suficientemente autónomo: pues yo le creo y confío, pero ni es de confianza ni es de no confianza; es que el órgano en sí mismo no reúne todas las características en la ley para ser autónomo.

Para empezar, ¿quién nombra al presidente del órgano? Dice la ley que el Ejecutivo propone cinco para el órgano de dirección, pero el Ejecutivo resuelve quién preside. No es el Senado quien va a resolver quién preside. El Ejecutivo va a decidir el que quiera que presida, el que le acomode a él, el que le parezca simpático, el que le guste por las razones que sean. El que decide no es el Senado, no se le envía una propuesta al Senado por separado, para presidente, que tiene más facultades que los otros miembros, que son vicepresidentes, sino el Senado nombra al conjunto de los cinco y el Ejecutivo es el que va a resolver quién es el que preside.

Otra circunstancia que ata al órgano terriblemente. Todos los órganos autónomos, lo sabemos, nos envían su presupuesto. Se lo pueden enviar a Hacienda, pero Hacienda nos envía íntegro el presupuesto de los órganos autónomos, llámese Derechos Humanos, llámese el IFE. En este caso no va a ser así.

Depende de la aprobación del presupuesto del Ejecutivo y del visto bueno y cómo lo encuadre Hacienda. Cómo se puede hablar de patrimonio propio y de autonomía de un órgano que va a depender en sus recursos de lo que quiera Hacienda o de lo que no quiera.

Otra razón más es ¿cómo se integra el Consejo Consultivo? Resulta que cada secretario tiene una representación en el Consejo Consultivo, de manera que hay, podríamos decir, decenas del Poder Ejecutivo —hay como 30— y solamente cinco son de los estados. O sea, el secretario de Turismo, el secretario de cualquiera otra secretaría tiene una representación y los 32 estados sólo tienen cinco. Y los municipios cuántos tienen. Ni uno.

Ah, pero las decisiones son obligatorias para los estados y son obligatorias para los municipios, no solamente para el Poder Ejecutivo. ¿Dónde está ese equilibrio en el órgano consultivo?

Nuevamente tenemos aquí una supremacía del Poder Ejecutivo. Si ustedes no querían, haciendo uso de sus facultades de Constituyente Permanente, y pueden reunir dos tercios, podrían haber modificado la Constitución y decir: el órgano que queremos es cuasi autónomo, pero dependiente del Ejecutivo.

El problema es que la Constitución dice una cosa y en la ley quieren poner absolutamente otra. No hay ningún problema en que el Banco de México sea autónomo, este órgano se va a coordinar. Pero el Banco de México regula el asunto de la emisión de billetes. No tiene por qué regularle la información a éste, porque éste es el Sistema Nacional. No tiene por qué tener una injerencia en una materia que no es de él.

Yo entiendo esa lógica. Banco de México va a estar terriblemente asustado de que si la inflación se fue a tanto, se vaya a decir la verdad; o que si el desempleo se fue a tanto, se vaya a decir la verdad y quiere manipular las cosas para acomodarlo. No para información objetivamente a los ciudadanos, para manipularlo.

Puedo entender esa lógica, pero no entiendo que los legisladores, sobre todo el PRI, avalen —cuando ni gobiernan— ceder la autonomía de un órgano y entregárselo al Poder Ejecutivo, entregárselo a Calderón, para que él haga y deshaga. Éste es el gran problema.

Lo lógico es, si ya no les gusta, cambien la Constitución. Porque, obviamente, no es lo que diga la UNAM. Obviamente que quien va a valorar si esto es constitucional o no va a tener que ser la Corte. Si nosotros presentamos la acción de inconstitucionalidad va a tener que ser la Corte la que diga: ya no este poder, porque tuvo facultades y las uso mal; el que va a decir: esto es inconstitucional. Obviamente es el recurso que nos queda.

Pero, además, no es cierto que el PRI esté tan convencido. Y nosotros todavía esperamos que, sí lleguemos a un acuerdo, lo que nos comentaban es que, como la minuta viene del Senado habría que aprobarla, y luego tratar de hacer algunas modificaciones. Lo aceptamos, aunque sea tarde.

Nosotros no podemos avalar eso y votar a favor. No porque no nos guste llegar a acuerdos, porque no le vemos sentido a no enviarle ya estas modificaciones al Senado, si vamos a coincidir en otras cosas.

Entonces, no hay tanta convicción. Más bien el asunto quizá sea la presión del Senado y que esta minuta ya tiene bastantes meses, y había un plazo para que, incluso, hubiese sido ya resuelta. Y esto ya nos lo brincamos con mucho.

Puedo entender esas presiones, pero creo que de lo que se trata es de garantizar que la calidad de la información que va a permitir repartir los recursos; que la calidad de la información que tiene incidencia en toda nuestra vida nacional, cuente y sea responsable de un órgano que no dependa del Poder Ejecutivo; que no sea tan vulnerable al Ejecutivo; que no esté sometido al Ejecutivo.

Éste es el problema y si ustedes se mantienen en esto, no nos queda más que presentar la acción de inconstitucionalidad. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Juan Guerra Ochoa. Se le concede el uso de la palabra al diputado Tonatiuh Bravo Padilla.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Con su permiso, diputado Presidente.

Respeto mucho a dos o tres de quienes han argumentado aquí a favor del dictamen y, sin embargo, respetuosamente discrepo de algunas de sus afirmaciones.

La primera que aquí se ha señalado. No puede el Poder Legislativo federal, de manera unilateral, hacer una ley reglamentaria que violente lo que estableció el Constituyente en una reforma de carácter constitucional. ¿Por qué razón? Porque como ustedes lo saben, el Constituyente no solamente involucra al Congreso de la Unión; involucra a los poderes legislativos de todos los estados o cuando menos de la mayoría de éstos.

De tal manera, que si para las entidades federativas fue una buena noticia que haya habido una reforma constitucional para dotar de plena autonomía al Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática —en aquel momento llamado así—, no es buena noticia que ahora de manera unilateral, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, es decir, el Congreso de la Unión, modifique lo que dice la Constitución, el sentido de la autonomía, y regrese al Poder Ejecutivo lo que el Constituyente le retiró por conveniencia de la nación.

La misma cita que ha sido aquí leída de la controversia constitucional por parte de la secretaría, en la que claramente se establece que los órganos constitucionalmente autónomos tienen como propósito contribuir al equilibrio de los Poderes, contradice y contrapone los argumentos que aquí han sido esgrimidos para favorecer el dictamen, ya que el dictamen lo único que hace es regresar al Ejecutivo las facultades que pretendieron ser objeto de autonomía, y lo peor de todo es que las regresa fingiendo o simulando una autonomía de orden constitucional. De tal manera, pues, que lo que el dictamen pretende es hacer pasar como autónomo un organismo cuya actividad estará subordinada al Poder Ejecutivo.

Puntualmente, sin darle muchas vueltas, señalo los seis argumentos por los cuales se violenta la autonomía que el Constituyente le dio, no el Poder Legislativo federal.

La primera de ellas es, porque en el artículo 67 se elige la Junta de Gobierno como órgano superior de dirección del instituto, a propuesta del presidente o del titular del Ejecutivo con la aprobación de la Cámara de Senadores. Hasta ahí todo está bien. Pero hay una atribución adicional que se le da al presidente, Ejecutivo, de que una vez electa la Junta de Gobierno, él va a elegir quién es el presidente. Eso no es posible. Es una injerencia inadmisible.

Es como si una vez designado el Consejo del IFE, el Ejecutivo designara unilateralmente quién es el presidente del IFE. Cuando el sentido de la reforma constitucional que separó al IFE del Ejecutivo federal precisamente le dio la prerrogativa a la Cámara de Diputados con la finalidad de que no ocurriera una intervención indeseable.

Y lo mismo ocurre en los demás órganos constitucionalmente autónomos. Entonces esto es una primera injerencia contraria totalmente a la autonomía.

La segunda, el Ejecutivo federal puede intervenir en la remoción de un miembro de la Junta de Gobierno. Esto es un instrumento de subordinación de la Junta de Gobierno a los designios del Ejecutivo federal, en virtud de carecer de los mecanismos de defensa constitucional que le permitieran a ese miembro, o al conjunto de integrantes de la Junta de Gobierno, tener su legítima defensa.

De tal manera que dice el artículo 74: el dictamen con la documentación que lo sustenta, incluida la argumentación por escrito, que en su caso el afectado hubiera presentado, será enviada al Ejecutivo federal para su resolución definitiva. Eso no puede ser admisible.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, respecto de la cuestión de autonomía presupuestal del INIEG, aquí se condiciona al techo presupuestal que presente Hacienda, contrario a lo que ocurre con los demás organismos constitucionalmente autónomos.

El IFE presenta su proyecto de presupuesto, es presentado al Ejecutivo para que lo incluya en la iniciativa, pero definitivamente no se le condiciona a un techo presupuestal, y en este caso concreto, sí, y es otro mecanismo justamente de control.

Ahora resulta, y voy al quinto, que el Estado mexicano solamente está conformado por dos ámbitos de gobierno, el federal y el estatal y queda suprimido el municipal. Compañeras y compañeros, esto no puede ser. Claro que la Constitución establece con toda oportunidad, con toda claridad, que el municipio forma parte del Estado mexicano.

Díganme, explíquenme una razón válida para que sea excluido de una Junta de Gobierno de la cual va a ser objeto, si son muchos municipios hay formas válidas de representación, y de hecho déjenme comentarles una cosa; en muchas constituciones locales de los estados no se admite a todos los municipios, sino se establece una forma en la que quede representado el municipio para efectos de la coordinación fiscal local y para otras más.

Explíquenme ¿cuál es la razón por la cual se excluye al municipio y se le va a imponer la estadística, la información y todo un conjunto de cosas que afectan no solamente al país, sino que afectan al país en el ámbito internacional?

Pongo solamente un ejemplo para que ustedes tengan una perspectiva local. Hace varios años se generó una controversia entre el municipio de Guadalajara y el Ejecutivo federal, porque el Ejecutivo federal le asignó un número de habitantes al municipio de Guadalajara, y como el municipio también tiene entre sus atribuciones constitucionales las de los conteos de población, el municipio de Guadalajara decidió hacer su propio conteo.

Y entonces resultó que el municipio de Guadalajara tenía varios cientos de miles de habitantes más que los que reportó la autoridad federal. Pero la autoridad federal tenía un propósito en este hecho concreto, maquillar las cifras frente a los organismos internacionales para fingir que cumplía los tratados en materia demográfica y el municipio de Guadalajara tenía una legítima razón en defenderse, que es: que se le diera la justa asignación presupuestal que le correspondía.

Ahora, si votamos en favor de esta letra, de este dictamen, dejaremos al municipio, que es todo un nivel de gobierno y que es un nivel de gobierno cuyas atribuciones en el 115 son bastas y serían materia suficiente para que no cometiéramos este atropello.

Por último, doy un argumento adicional a los que aquí se han manejado. Si algo ha traído la alternancia en el país, es decir, que puede existir un gobierno federal de un partido, un gobierno de una entidad de otro partido y gobiernos municipales de otros partidos, es justamente la posibilidad de transitar a órganos y organismos constitucionalmente autónomos para que, independientemente de cuál sea el origen de un gobierno, todos ellos tengan garantías constitucionales de manejo imparcial.

Por eso, con todo respeto: no nos demos gato por liebre. La ley que hoy se va a votar contraviene lo que el constituyente aprobó, que es una categoría constitucional totalmente distinta a la del Congreso de la Unión.

El organismo que se pretende hoy reglamentar, a través de esta ley, no es un órgano para la alternancia, no es un órgano para el futuro del país. No es un órgano para fomentar el equilibrio entre ámbitos y Poderes de la Unión. No es un órgano que vea de cara al siglo XXI, es un órgano que ve de cara a etapas ya superadas del partido único o del partido de Estado.

Por estas razones, pido a las diputadas y los diputados, respetuosamente, votemos en contra de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Pablo Trejo Pérez: Con su permiso, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

El diputado Pablo Trejo Pérez: Compañeras y compañeros legisladores. Hace un tiempo compañeros en el Senado soñaban con un organismo autónomo que nos diera la certeza de que la información que se genera y que va a alimentar asuntos tan importantes como es la distribución del Presupuesto, fuera una realidad. Eso fue lo que motivó que se hiciera la reforma al artículo 26 constitucional en su Apartado B.

Después, como suele ocurrir, en algunos casos se habla de un organismo autónomo que se quiere limitar a través de su ley reglamentaria. Y de verdad es lamentable que confundamos este tipo de organismos y que estemos el día de hoy tentados a construir una nueva rama del derecho, el derecho impositivo.

Si no, vean ustedes, este nuevo organismo cuenta con algunas características que lo hacen autónomo. Está establecido directamente por la Constitución. Mantiene relaciones de coordinación con otros órganos del Estado. Cuenta con autonomía e independencia funcional y esto significa autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio.

Y además autonomía financiera, libre administración. No transferencia y suficiencia de recursos públicos. Además atiende a una función primaria originaria del Estado: la información estadística y geográfica. Pero ¿qué vemos en lo que se pretende aprobar? Vemos, cuando menos que estas disposiciones se violentan en los artículos 14, 22, 33, 37, 47, 51, 52, 59, 69, 74, 83 y el décimo primer transitorio.

Por ejemplo, en el artículo 67, de este organismo autónomo, resulta que es el Ejecutivo federal quien va a nombrar al presidente del Instituto. Ése es un ejemplo de autonomía. En el artículo 74 dice que compete a la Junta de Gobierno dictaminar sobre la existencia de las causas de remoción de uno de sus miembros, debiendo hacerlo a solicitud del presidente de la república. Eso es autonomía.

En el artículo 83 habla de la Ley de Responsabilidad y Presupuesto, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y señala lo que tienen otros organismos autónomos, que tiene que pasar por el Ejecutivo el presupuesto para que sea aprobado y entonces sí contará con sus recursos.

Yo creo que eso tampoco es autonomía, aunque aquí han venido especialistas a decirnos lo contrario.

El instituto, en el artículo 57, deberá elaborar y someter a consideración del Comité Ejecutivo correspondiente, las normas técnicas y las metodologías que sean necesarias para realizar las actividades estadísticas y geográficas de alguna materia o sector, cuando la unidad que corresponda no las proponga oportunamente o éstas no tomen en cuenta los estándares nacionales e internacionales, y aquí la injerencia en el artículo 33, último párrafo, del Banco de México.

Si eso es un organismo autónomo, no nos cabe la menor duda que suele ocurrir como ha estado pasando reiteradamente en este Congreso, que aunque tiene características particulares, torcemos la ley para que aparente que cumple con la norma.

Compañeras y compañeros, no nos hagamos más bolas en este asunto. De lo que se trata es de cumplir con la Constitución o no cumplirla y lo que estamos viendo ahora es que no hay voluntad para hacerlo. Que se pueden hacer las cosas bien, pero nos gusta tomar el camino largo, tedioso y hacerlas mal aunque después las tengamos que corregir. Por eso el día de hoy les pedimos que reflexionen sobre este tema y que junto con nuestro grupo parlamentario, votemos en contra este dictamen y que hagamos bien las cosas por el bien del país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Trejo Pérez. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Salvador Ruiz Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD. Diputada, dígame. Denle sonido a la curul de la diputada Layda Sansores, por favor.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): En vista de que ya se revocó el acuerdo parlamentario de que no se podía pedir quórum, le solicito con base al 106, que verifique el quórum.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Permítame, diputada. Adelante, diputado.

El diputado Salvador Ruiz Sánchez: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Habíamos dado la palabra al diputado. Después de su intervención procedemos a su solicitud, diputada. Adelante, diputado.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): A ver, Presidente. Cuando es verdaderamente notorio por falta de quórum, por favor. Tomo la palabra.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputada Valentina Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde su curul): Diputado Presidente, una moción de procedimiento para solicitar con base al Reglamento, que se verifique si hay quórum. Que le permita, a ver si le puede permitir al orador que se confirme si hay quórum o no, para proseguir la sesión el día de hoy, en términos del artículo 109 del Reglamento.

El diputado Salvador Ruiz Sánchez: Yo no tengo inconveniente, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Vamos a pedirle a la Secretaría instruya se abra el sistema de cómputo para verificar el quórum, hasta por 10 minutos.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Señor Presidente, es evidente la falta de quórum. Con una simple declaratoria, puede suspender la sesión.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: El artículo 112, si usted lo revisa, estoy fundamentando mi actitud en ello. Por favor, abran el sistema.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos, para proceder a la verificación del quórum.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Señor Presidente, si usted se está basando en el 112, léalo. Lea el 112. Cúmplalo.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Continúe el desarrollo de la sesión, señor diputado.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Usted apeló al artículo 112 y en base al 112, cúmplalo. Aquí dice que cuando es evidente la falta de quórum, debe declararse ya suspendida la sesión.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Señora diputada, le ruego mantener el orden. A mi parece hay quórum, por eso he pedido la verificación electrónica de quórum. Continúe el orador, continúe el orador.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Qué falta de respeto tiene para los diputados y para la Ley Orgánica. Hace lo que se le pega la gana. Así no puede haber orden en esta Cámara.

El diputado Salvador Ruiz Sánchez: Con su permiso nuevamente, señor Presidente. Basta que ilustremos dos ejemplos para que tengamos el pulso de la importancia que se requiere para tener datos objetivos que sean realmente comprobables, verdaderos, como lo dice la ley.

Tenemos el caso de Colima. Por un error del INEGI, no se le otorgaron a este estado 240 millones de pesos, nada más porque le rebajaron 60 mil habitantes. Eso es un claro ejemplo de la importancia que se requiere tener para la objetividad de la información de este nuevo organismo autónomo.

El otro ejemplo, diputadas y diputados, es el municipio más grande de este país. A mi municipio, Ecatepec de Morelos, se le da una población en el 2000 de un millón 671 mil habitantes —el INEGI—, mientras que la Conapo reporta menos de esta cifra, 50 mil habitantes menos: un millón 622 mil habitantes. En 2007 la diferencia entre la Conapo y el INEGI, aumenta una diferencia de 151 mil 835 habitantes.

Es decir, esto es a lo que hoy estamos viendo la importancia de tener muy claras las cifras. En Ecatepec la población rebasa los 3 millones y medio. Nada más aparecen en el padrón electoral un millón 250 mil electores. No puede ser que hablemos de que Ecatepec tiene un millón 700 mil habitantes o un millón 800 mil. Esta es la gravedad y ese es el manejo y el manoseo que provoca manejar las cifras desde una perspectiva política.

Por ello requerimos que realmente se cumpla lo que dice el artículo 26 en su apartado b): "que se tiene que crear un órgano autónomo, independiente, con capacidad técnica".

Lo más grave que nosotros vemos es que el Banco de México no está facultado para aportar datos. Ni la Secretaría de Hacienda ni el Banco de México pueden o deben guardar la información que sea de interés de todos, menos aún cuando es facultad exclusiva del Banco de México la emisión y acuñación de monedas porque ese organismo sólo tiene autonomía de gobierno, pero no sobre el control de la información.

En caso de que el Banco de México tenga la exclusividad, como lo dice el decreto, del control de información, sólo se justificaría constitucionalmente si tuviera derecho a realizar operaciones de especulación, lo cual obviamente la ley se lo prohíbe.

Los graves defectos que vemos en este decreto, son los siguientes:

Uno, que en los hechos revierte la autonomía del INEGI y pasa de ser un órgano normativo, a un órgano normado.

Dos, no desarrolla el sistema como lo exige el decreto.

Tres, no traduce la programación en presupuestos para su realización cabal, y

Cuatro, deja al margen a las entidades federativas.

Es inconcebible que los gobernadores tengan que estarse rolando y que nada más tengan acceso a cinco integrantes en el órgano de gobierno. Pero lo más aberrante aún es que los municipios que son los más afectados en el reparto del presupuesto anual, no tengan a ningún representante.

Esta ley, compañeras y compañeros diputados, debería ser revisada, deberá ser más analizada y que no tengamos el día de mañana una reversión de las cosas. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Señoras diputadas, señores diputados, el número que estaba computándose es del orador, son cinco minutos los que tomó el orador. Tenemos cuatro minutos todavía para la verificación del quórum.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Presidente, no hay quórum.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aún faltan cuatro minutos, señora diputada, permítame.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): No, perdóneme pero no, ya transcurrieron los cinco minutos señalados…

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Le exijo respeto, señora diputada, no puede usar ese aparato en esto. Las cosas no son como usted quiere que sean, hay que aplicar los minutos que dimos, son 10 minutos.

Han participado 15 oradores hasta este momento. Consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): No hay quórum señor Presidente, por favor cómo lo va a someter a votación si no hay quórum. Ya levante la sesión, Presidente, por favor.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Estamos esperando a que concluya el tiempo que dimos de 10 minutos para la verificación de quórum.

Recordamos a los asistentes, diputadas y diputados, que para efectos de seguir participando en este debate, se hace con el pase de lista. Si no han pasado lista, no podrán seguir participando en el debate.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se encuentra abierto el sistema.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz Carlos Alberto Puente Salas.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas (desde la curul): Presente.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Carlos Altamirano.

El diputado Carlos Altamirano Toledo (desde la curul): Presente.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Héctor Larios.

El diputado Héctor Larios Córdova (desde la curul): Presente.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputada Arvizu.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas (desde la curul): Presente.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputada Gloria Lavara.

La diputada Gloria Lavara Mejía (desde la curul): Presente.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Alejandro Chanona.

El diputado Alejandro Chanona Burguete (desde la curul): Presente.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Ricardo Cantú.

El diputado Ricardo Cantú Garza (desde la curul): Presente.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Emilio Gamboa.

El diputado Emilio Gamboa Patrón (desde la curul): Presente.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Neftalí Garzón.

El diputado Neftalí Garzón Contreras (desde la curul): Presente.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputada Mónica Fernández.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Presente.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Cuauhtémoc Sandoval.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): Presente.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Solís Parga.

El diputado Rodolfo Solís Parga (desde la curul): Presente.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Miguel Ángel Arellano.

El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido (desde la curul): Presente.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Odilón Romero.

El diputado Odilón Romero Gutiérrez (desde la curul): Presente.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Elías Cárdenas.

El diputado Elías Cárdenas Márquez (desde la curul): Presente.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Isael Villa Villa.

El diputado Isael Villa Villa (desde la curul): Presente.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Joaquín Vela.

El diputado Joaquín Humberto Vela González (desde la curul): Presente.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 359 diputadas y diputados. Hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Diputado Ramírez Barba.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (desde la curul): Muchas gracias, Presidente. Me da mucho gusto que ya hayan votado los compañeros diputados que estaban ausentes, porque yo iba a solicitar que se aplicara el artículo 64 de la Constitución, que a la letra dice: "Los diputados y senadores que no concurran a una sesión sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten". Me da mucho gusto que hayan votado y estén presentes. Gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: No está a discusión su asunto, diputado. Muchas gracias de cualquier manera.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Se han reservado para su discusión en lo particular los artículos 8o., párrafo segundo; 10, fracción I; 14, fracciones IV, V y VI, y suprime el segundo párrafo de la fracción VI y la VII; 33, fracciones I y VI y penúltimo párrafo, y se suprimen las fracciones II, IV y el último párrafo; 67; 69, fracciones I y II, y se adicionan las fracciones IV, V, VI, VII y VIII; 71; 73, fracción VI, y se suprime la fracción IV y, 74, párrafo segundo. Esto, por la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama.

Los artículos 9o. y 83, por el diputado Víctor Varela López. El artículo 14, por el diputado Salvador Ruiz Sánchez. El artículo 18, por el diputado Salvador Ruiz Sánchez, e igualmente el artículo 21. El artículo 22, por el diputado Pablo Trejo Pérez. El artículo 33 y el undécimo transitorio, reservado por el diputado Pablo Trejo Pérez. El artículo 33, fracción VII, se suprime el tercer párrafo, por el diputado Salvador Ruiz Sánchez.

Los artículos 37, 47, 51, 75, 78, 90; 102, fracción I y, 104, fracción III, por la diputada Valentina Batres Guadarrama. Los artículos 37, 47, 51 y 57, reservados por el diputado Salvador Ruiz Sánchez.

Los artículos 52 y 83, reservados por el diputado Pablo Trejo Pérez. El artículo 59, modificación de las fracciones I y II, y adición de las fracciones IV y V, por el diputado Pablo Trejo Pérez.

El artículo 67, por el diputado Salvador Ruiz Sánchez. Los artículos 67, 71 y 74, por el diputado Víctor Gabriel Varela López. El artículo 69, por el diputado Pablo Trejo Pérez.

Los artículos 73, 74 y 75, por el diputado Salvador Ruiz Sánchez. El artículo 76 y el artículo cuarto transitorio, por la diputada Rosario Ortiz Magallón. El artículo 83, por el diputado Salvador Ruiz Sánchez. Y por último, el artículo 102, reservado también por el diputado Salvador Ruiz Sánchez.

Se pregunta si se reserva algún otro artículo. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.

(Votación)

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 259 votos en pro, 111 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobado por 259 votos en lo particular los artículos no impugnados.

Tiene el uso de la tribuna para argumentar la reserva presentada por la diputada Valentina Batres Guadarrama, a los artículos 8, 10, 14, 33, 67, 69, 71, 73 y 74, con las modificaciones a las fracciones y párrafos citados anteriormente.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Al igual que el diputado Juan Guerra, quiero que quede registrado en el Diario de Debates, que cada vez que use la tribuna voy a hacer uso de mi derecho que me otorga el artículo 103 del Reglamento, para no mencionarlo en cada intervención.

Quiero empezar mi intervención lamentando profundamente que la fracción del PRI y del PAN, siguen impidiendo el esclarecimiento de los contratos y negocios de Juan Camilo Mouriño con Pemex. Y que tratando de limitar las funciones de la comisión investigadora, hoy pretendían acotar a la comisión investigadora únicamente para investigar los negocios de transportación.

Si ésa es la disposición del PRI y del PAN quiere decir que temen mucho a que se sepa la verdad. Y después van a ir a la prensa a decir: es mentira lo que dice el PRD. Pues demuéstrennos con los hechos y transparentando las cosas que es mentira. No gritando ni más bien mintiendo ustedes. Lamento profundamente que esta Cámara no esté a la altura de combatir la impunidad y la corrupción emanada del gobierno panista.

Vamos a dar inicio a la reserva. Voy a subir dos veces a tribuna y vuelvo a insistir en dos temas fundamentales: la autonomía y la transparencia. Y esta reserva tiene que ver con el tema de la autonomía.

Pero antes quiero seguir insistiendo en este debate jurídico que se dio y quiero leer lo que dice el artículo 26 constitucional, Apartado B, en su penúltimo párrafo, dice la Constitución, como quedó reformada: … la ley —la Ley del INEGI— la ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia.

Los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.

Último párrafo. Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerables en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución; o sea, la que refiere a los servidores públicos.

Al leer el artículo constitucional, reitero que el espíritu del legislador, al reformar el artículo 26 habla de dos cosas fundamentales: de un órgano autónomo, porque le pide y le concede independencia al mismo; y habla de un Sistema Nacional de Información al servicio del Estado, no al servicio de una de las instituciones del Estado como es el Poder Ejecutivo federal.

Por eso voy a seguir insistiendo en la posibilidad de modificar esta ley. La reforma al artículo 26 constitucional publicada el 7 de abril de 2006 creó el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Esta reforma convirtió al INEGI en un órgano constitucional autónomo, con autonomía técnica y de gestión, porque la naturaleza del INEGI no son las elecciones, no es la defensa de los derechos humanos, no es otra función como la que le establece a órganos autónomos, que también le da vida la Constitución mexicana.

Como la naturaleza del INEGI es crear estadísticas, a eso se refería el espíritu del legislador, para darle autonomía técnica y de gestión; le dio personalidad jurídica y patrimonio propio, que en voz de los investigadores de la UNAM, argumentaban los propios investigadores de la UNAM, conocedores del derecho, estudiosos del derecho, que tan sólo esta característica era la independencia financiera como característica intrínseca de un órgano autónomo; no la autonomía presupuestaria que andan buscando que diga en este artículo constitucional, los legisladores del PRI y del PAN, y a la cual no refiere la jurisprudencia de la Corte para determinar una de las cuatro características de los órganos autónomos.

Lo dotó con la responsabilidad de regular y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; sin embargo, parece que quienes votaron a favor del dictamen en comisiones tienen la intención de revertir la autonomía que ya ganó el INEGI en 2006.

De aprobarse el dictamen el día de hoy, se otorgará un cheque en blanco a Felipe Calderón para que escoja entre sus amigos a los miembros de la Junta de Gobierno del INEGI y no una persona que garantice autonomía e independencia.

Una sociedad cada vez más compleja como la nuestra y en continuo proceso de transformación requiere que se fortalezca la captación, procesamiento y divulgación de la información estadística y geográfica de interés nacional, para estar en condiciones de brindar a todos los sectores del país: público, privado, social, académico y profesional, información objetiva y confiable; que en verdad sea útil para la toma de decisiones.

Existe la preocupación de que el Estado provea de información confiable, basada en el principio universal de objetividad, así como en la concepción de que la información estadística y geográfica debe ser generada por unidades autónomas, no dependientes de alguna agencia pública que eventualmente pudiese provocar o permitir la alteración de los datos.

Del contenido de la minuta se vislumbra claramente que lo que en realidad se pretende es revertir su autonomía constitucional concedida al Instituto, por ejemplo, el artículo 67 del dictamen es inconstitucional, ya que pretende reformar la vía de una ley reglamentaria, lo dispuesto expresamente por la Constitución, ya que el Senado está facultado para aprobar los nombramientos de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto y el nombramiento de presidente. Y no es un proceso que señale la Constitución en su artículo 26, como una parte perteneciente al Senado y otra parte perteneciente al Ejecutivo federal. Sin embargo, la ley reglamentaria le quiere dar este contrasentido.

En contrasentido con esta disposición la ley le confiere al titular del Poder Ejecutivo federal, la facultad exclusiva de nombrar el presidente del INEGI, ya que se ubica esta designación como un momento posterior, apartando del control legislativo que previene nuestra ley fundamental.

Asimismo, es necesario blindar las facultades que le otorga la Constitución al Senado de la República, en el caso de que se den vacantes en la Junta do Gobierno, pues atendiendo la naturaleza del artículo constitucional, en ningún momento le deja la posibilidad de que con argucias se pretenda renunciar a la atribución, a la facultad del Senado, para ser éste el que nombre finalmente a los miembros de la Junta de Gobierno, y la ley le quiere quitar esa facultad al Senado y apropiársela para el Ejecutivo federal.

Porque la redacción actual faculta indebidamente al titular del Poder Ejecutivo a hacer estas designaciones en contravención total al texto constitucional que le da vida al INEGI.

En el mismo tenor, violatorio también de la autonomía del Instituto, las disposiciones contenidas en el dictamen establecen un procedimiento de remoción que no corresponde con la naturaleza jurídica de un órgano constitucional autónomo, ya que se deja en el ámbito de responsabilidad del Ejecutivo y de otros integrantes de la Junta, valorar la gravedad de las faltas de los miembros del órgano de gobierno del Instituto, y es que no desarrollaron lo que establece la Constitución en un listado real de faltas graves y queda discrecionalmente cuál serían consideradas faltas graves.

De mantenerse esta redacción, la autonomía funcional de la que tanto hablan los del PRI, que esa sí tiene sentido, pero que no está desarrollada en la ley secundaria y de gestión de los integrantes de la Junta de Gobierno, estará permanentemente amenazada por la remoción unilateral por parte del Ejecutivo federal, no dándole ni siquiera la independencia mínima al órgano.

Por otro lado, se propone en el capítulo tercero de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, una estructura que no coincide con la autonomía que debe tener el Instituto, ya que en el artículo 14 de la ley, pretende que el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica se integre por 20 representantes del Poder Ejecutivo y sólo 9 de los otros poderes. Y obviamente, la ausencia del último nivel de gobierno, que es el municipal. Uno del Poder Judicial, uno de la Cámara de Diputados, uno de la Cámara de Senadores, cinco representantes de las entidades federativas y un representante del Banco de México.

Debo decir que a criterio nuestro tendrían más naturaleza los representantes de los estados de la República y los representantes de los municipios, que el propio representante que la Cámara pudiera enviar al Consejo Consultivo, de esta Cámara o de la Cámara de Senadores.

El Consejo Consultivo sólo se encuentra obligado a reunirse una vez al año, la convocatoria será formulada por el presidente del instituto, pudiendo solicitar por escrito al presidente convocatoria a reunión extraordinaria por parte de cualquiera de los comités ejecutivos de los subsistemas, es decir, un miembro de la junta de gobierno —ya lo mencionábamos antes— o con al menos el 25 por ciento de los miembros del consejo, por lo que los representantes de las entidades federativas nunca van a poder tener la posibilidad de solicitar una reunión extraordinaria para temas que competen, porque será el INEGI generador de los indicadores que obligatoriamente, como dicta la Constitución, de observancia obligatoria para los estados de la República y municipios.

Sin embargos, éstos en la estructura del Consejo Consultivo ni siquiera son el 25 por ciento de representación con la posibilidad de que pudieran convocar a una reunión extraordinaria.

Los requisitos señalados en las tres fracciones del artículo 69 de la ley propuesta resultan insuficientes para garantizar la autonomía del instituto. Así como para cumplir con los principios rectores del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, los principios.

No es una cuestión abstracta y obviamente que al referirnos a los principios o al referirse la Constitución a los principios son los que están establecidos en las normas actuales, en las leyes actuales, por lo tanto a los principios que hace mención el articulado constitucional, a los principios que serán rectores del sistema.

Vuelvo a leer lo que la Constitución dice. Se regirá por los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia. No son los que nosotros inventemos, son los que ya existen dentro de las normas de la misma Constitución, pero quieren generar otros.

Por eso decimos, insistimos, es inconstitucional esta ley, no porque sea una facultad nuestra poder hacer leyes malas o leyes buenas, es congruente o tiene sentido que el camino lo andemos y lo andemos lo más largo posible, porque va a bastar menos de un año para demostrar y evidenciar que esta ley es inoperante, que esta ley no le da ninguna certeza jurídica ni desarrolla el Sistema Nacional de Información, y ve tú a saber qué indicadores vaya a producir en estas circunstancias el nuevo INEGI.

Además hacen falta requisitos para los integrantes de la Junta de Gobierno, por lo que formulo una propuesta al respecto. Ante la eventualidad de que algún candidato incómodo llegara a la Junta de Gobierno, la nueva y antidemocrática ley señala que de manera discrecional el titular del Ejecutivo decidirá quién de los cinco miembros fungirá como presidente del instituto. Con lo que la titularidad del organismo seguramente quedará en manos de aquel que asegure mayor sometimiento al Ejecutivo, marginando cualquier expresión de disidencia o de independencia.

Por si eso fuera poco, en cualquier momento el jefe del Ejecutivo federal podrá solicitar la remoción de uno o de varios de los miembros de la Junta de Gobierno y decidirá, en última instancia, sobre la procedencia de un eventual despido. En suma, los titulares del nuevo INEGI autónomo como lo dejó esta ley, serán meros empleados del Presidente de la República, en este caso del Presidente espurio de la República.

La autonomía simulada del INEGI es preocupante por el campo de acción que abre para la vieja práctica de manipulación de cifras económicas y sociales para favorecer al gobierno en turno.

Si no tenemos un Instituto de Información Estadística que cumpla con su obligación de generar estadísticas y estudios fidedignos de nuestra realidad económica, política y social, difícilmente los estados y municipios tendrán la posibilidad de elaborar políticas públicas que sirvan para diseñar programas de gobierno eficaces en materia de desarrollo social, ya que los datos que el INEGI provea serán de uso obligatorio y si éstos no son objetivos, la elaboración de las políticas públicas estarán basadas en falacias y de poco o de nada van a servir a la ciudadanía.

Por eso estoy invitando a votar en contra de este dictamen y a votar a favor de estas reservas. Los invito a que reflexionen su voto, a que reflexionen si de verdad quieren votar una ley inconstitucional y regresiva; una ley que desprecia y hace nulos los avances constitucionales en materia de transparencia, violando con ello flagrantemente nuestra Carta Magna en su artículo 6o.

Ojalá que este dictamen, a todas luces inconstitucional, regresase a comisiones. Pero ojalá que además proceda la controversia constitucional.

Por lo antes expuesto, la suscrita formula reserva a los artículos 8o., 10, 14, 33, 67, 69, 71, 73 y 74 para regresarle la autonomía al nuevo INEGI, debiendo decir así, empezando por el artículo 8o.

"El instituto es el órgano constitucional autónomo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica con facultades para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia, por ende, el funcionamiento de los órganos colegiados a que se refieren las fracciones anteriores".

Se reforma la fracción I del artículo 10 para quedar como sigue:

Artículo 10. …

I) El programa estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica:

Tendrá una proyección de seis años y deberá ser revisado y actualizado por la Junta de Gobierno cada dos años al inicio del primer año del periodo correspondiente al presidente de la república en turno.

Se forman las fracciones IV, V y VI, eliminándose el párrafo segundo de esta fracción y la fracción VII del artículo 14 para quedar como sigue: "El Consejo Consultivo Nacional estará integrado por tres representantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; tres representantes del Senado de la República; 32 representantes de las entidades federativas, uno por cada estado de la república y del Distrito Federal".

Se propone eliminar la fracción VII.

Se reforman las fracciones I y VI del artículo 33 y se eliminan las fracciones II y IV y el párrafo último de este mismo artículo para quedar como sigue: "Las unidades de estado distintas al instituto cuando desarrollen actividades relacionadas con la producción, integración, conservación y difusión de información de interés nacional deberán:

Fracción I. "Observar las bases, normas y principios que el instituto establezca y dé a conocer para producir, integrar y difundir información". Tan sólo con esta elaboración se le estaría regresando el valor de rector al INEGI, de rector del Sistema Nacional de Información; por tanto, se propone que se eliminen las fracciones II y IV.

En la fracción VI se propone que quede el texto: "… resguardar la información, así como los métodos o especificaciones concretas de la aplicación de las metodologías que hubieren utilizado en la elaboración de las mismas en la forma y términos que previo acuerdo con el coordinador de la unidad que corresponda, señale el instituto y, cuando por mandato legal las unidades estén facultadas para producir y dar a conocer información estadística y geográfica, deberán observar lo que al respecto determine la ley correspondiente".

O sea, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, no los criterios discrecionales que podrían determinar meta constitucionalmente la Junta de Gobierno.

También se propone reformar el artículo 67 para quedar como sigue:

Artículo 67. "La Junta de Gobierno es el órgano superior de dirección del Instituto y estará integrado por cinco miembros, uno de los cuales fingirá como presidente de ésta y del propio organismo.

"Serán designados por el presidente de la República en turno, con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

"El resto de los miembros de la Junta de Gobierno actuarán como vicepresidentes de la misma".

Se reforman las fracciones I, II, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 69 para quedar como sigue:

Artículo 69: "La designación de los miembros de la Junta de Gobierno deberá recaer en personas que reúnan los requisitos siguientes:

1.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento —que no adquiera otra nacionalidad, por que si no pasa lo que en el caso de Mouriño. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Tener más de 35 años cumplidos y no tener más de 70 años a la fecha en que la designación sea entregada al Senado de la República o, en su caso, a la Comisión Permanente para su ratificación.

2.- Poseer al día de la designación título profesional o formación equivalente en las materias relacionadas con la estadística, para que no sean cuates, sino sean profesionales del trabajo y de la misión encargada para este Instituto, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en el sector público, para que sepa lo que es la administración pública federal.

3.- Sea buen servidor público; no sea alguien que vaya a hacer negocios, porque después va a querer hacer negocios y convertir al INEGI en una empresa de encuestas, porque así nos ha determinado la función de los funcionarios públicos del PAN. O ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas.

4.- Haber residido en el país durante los últimos dos años, para que sepa de qué realidad va a sacar estadísticas.

5.- No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente de comité ejecutivo nacional o equivalente, de un partido político, para garantizar independencia política.

6.- No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cinco años anteriores a la designación.

7.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los cinco últimos años inmediatos, anteriores a la designación, y

8.- No ser secretario de Estado ni procurador general de la República o del Distrito Federal, subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal, jefe de gobierno del Distrito Federal ni gobernador ni secretario de gobierno, a menos que se haya separado de su encargo seis años antes de su nombramiento.

Se reforma el artículo 71 para quedar como sigue: "Las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno, serán cubiertas por el nuevo miembro que designe para integrarla. En caso de vacante en el puesto de presidente del Instituto, el miembro de la Junta de Gobierno con mayor antigüedad en el cargo será presidente interino del Instituto y presidirá la Junta de Gobierno.

En caso en que hubiere dos o más miembros con igual antigüedad, la propia Junta de Gobierno elegirá entre ellos al presidente interino a más tardar en la siguiente sesión de dicho órgano colegiado, y de no llegar a un acuerdo, la designación se realizará por el presidente de la República.

Tanto el nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno designados para cubrir las vacantes y la designación definitiva del presidente del Instituto serán aprobados por la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de conformidad con el tercer párrafo del apartado b) del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se elimina la fracción IV del artículo 73 y se reforma la fracción VII del mismo artículo, para quedar como sigue:

Artículo 73. Son causas de remoción de un miembro de la Junta de Gobierno.

VI. Incumplir los acuerdos de la Junta de Gobierno o actuar deliberadamente o en exceso o en defecto de sus atribuciones. Se propone que se elimine. No hay ningún parámetro real que determine cuándo actúa un funcionario público en exceso de su trabajo. Entonces resulta que si se queda más de ocho horas trabajando en su oficina, eso pudiera interpretarse como un exceso. De verdad es ilógico que se queden este tipo de cosas que solamente dan vergüenza.

Fracción VII. Participar en actos políticos partidistas o religiosos —y se propone se elimine— con la representación del Instituto, o sea que no participe en ningún acto político partidista o religioso.

Se reforma el artículo 74 para quedar como sigue: Artículo 74. Compete a la Junta de Gobierno dictaminar sobre la existencia de las causas de remoción señaladas en el artículo inmediato anterior, debiendo hacerlo a solicitud del Presidente de la República o de cuando menos dos de sus miembros.

El dictamen se formulará según resolución de la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno, después de conocer el derecho de audiencia al afectado y sin que éste participe en la votación.

El dictamen con la documentación que lo sustente, incluida la argumentación por escrito que en su caso el afectado hubiera presentado, será enviado al Ejecutivo federal para que lo remita a la Cámara de Senadores o, en sus recesos, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su resolución definitiva, y el que resuelva la remoción definitivamente de uno de los miembros de la Junta de Gobierno sea el Senado de la República porque él es el que lo ratifica, él es el que ratifica el nombramiento y no discrecionalmente el jefe del Ejecutivo federal.

Por su atención muchísimas gracias, esperando que de verdad se asuma una responsabilidad para la aprobación de esta reserva.

El presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se admiten a discusión las modificaciones propuestas por la diputada Batres Guadarrama. Denle sonido a la curul de la diputada Valentina Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputado Presidente. Es obvio, y usted se puede dar cuenta como yo me di cuenta haciendo uso de la tribuna, que no habemos 250 diputados presentes en la sesión.

Me parece que nosotros tenemos la opción y usted la tiene en su encargo como Presidente de la Mesa Directiva, de seguir simulando o asumir la responsabilidad, como Presidente de la Mesa Directiva, y obviando el trámite de abrir el tablero para registrar quórum, abaratando la función y el trabajo legislativo. Me parece que usted, haciendo uso de sus atribuciones, podría decretar la falta de quórum y dejar para otra ocasión donde estén interesados más de 250 diputados en esta discusión, que no es menor por la importancia que cobra en las nuevas reglas de distribución de la riqueza o de las aportaciones federales.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputada Valentina Batres, no nos dejó sus propuestas. Quisiera pedirle nos entregue sus propuestas que ha leído, por favor. Denle voz, por favor. Denle sonido a la curul del diputado Cuauhtémoc.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputado Presidente...

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Permítame, diputada, tiene la voz primero el diputado Cuauhtémoc Sandoval y después usted.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): Presidente, de acuerdo con el artículo vigésimo tercero del acuerdo parlamentario dice que la Mesa Directiva podrá acordar que la discusión en lo particular de un dictamen se realice en la sesión inmediata siguiente a aquella en que se discuta en lo general.

Entonces, de acuerdo a este artículo vigésimo tercero, está en facultad suya diferir para la próxima sesión la discusión en lo particular.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Sí, diputado, sólo que ya estamos en la discusión precisamente; ya estamos dentro de la discusión. Muchas gracias. Diputada Valentina Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputado Presidente, insisto que el pleno, que el respeto al trabajo legislativo merece otro trato; no la simulación.

No habemos 250 legisladores aquí. No estamos presentes dentro de la discusión y creo que usted puede decidir, tomar su decisión responsablemente de no entrarle a la simulación. De verdad asumir sus funciones como Presidente que está ejerciendo en la Mesa Directiva, y posponer esta discusión para mañana que tenemos sesión.

No es una fatalidad, señor Presidente. A los que nos ha interesado esta discusión hemos obviado hasta ir a comer. Me parece que usted tiene la obligación de actuar responsablemente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado Carlos Zataráin. Sonido a la curul del diputado Carlos Zataráin, por favor.

El diputado Carlos Ernesto Zataráin González (desde la curul): Diputado Presidente, en primer lugar yo creo que debemos darle continuidad al trabajo legislativo. La dirección que está usted llevando es correcta, de acuerdo a la normatividad. Y si, como dice la diputada, algunos diputados no se encuentran, es que ahorita hay reunión de comisiones y están siguiendo la realización del trabajo legislativo a través de las televisiones de este Congreso. Es cuanto.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado Gildardo Guerrero.

El diputado José Gildardo Guerrero Torres: Gracias, Presidente. Solamente para comentar que ahora sí se invoca un acuerdo parlamentario que han estado violentando una y otra vez, referente a que dice que 10 minutos tenemos los diputados para hablar en esta tribuna. Ahora sí se invoca, a su conveniencia.

Ha sido respetado el quórum, ha sido invocado una y otra vez, y ahí están las anteriores rectificaciones de quórum; por tanto, los diputados nos encontramos dirigiendo, viendo esta sesión en los monitores y le pido que continúe la sesión.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputada Valentina Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): No estamos invocando acuerdos, diputado Presidente; nada más para que deje claro en esta sesión. Estamos invocando responsabilidad, congruencia.

Si, como dice el diputado que me antecedió, hay trabajos de comisiones, pues que se atiendan éstos plenamente. Pero yo creo que no están atendiendo ni uno ni otro, porque van un ratito a la comisión y regresan aquí para hacer quórum.

Si no hay posibilidades de estar en ambas partes y los dos temas son importantes, diputado Presidente, invocando la ley reglamentaria, el reglamento, invocando la normatividad vigente, le pido a usted que por obviedad, sin abrir el tablero, decrete usted un receso y mande al día de mañana la discusión. Si no, lo que vamos a tener es que ahorita, simuladamente, van a pasar asistencia y se van a volver a salir.

Diputado Presidente, lo que le pido a usted es que no abaratemos el trabajo legislativo y, en su caso, si hay cosas más importantes que atender, pues entonces que le demos entrada a ello y suspendamos, hasta el día de hoy, esta discusión.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Bien. Diputado Carlos Alberto Puente Salas.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas (desde la curul): Gracias, diputado Presidente. Simplemente para solicitarle que, por favor, podamos continuar con la sesión, toda vez que vemos que los compañeros diputados se están reincorporando a esta sesión.

Y decirle a la compañera diputada que es obvio que todos se ausentan del salón de sesiones, ya que ella se está acogiendo al artículo 103 para tomar hasta por 30 minutos, y como el mensaje está siendo repetido por tercera ocasión y que ellos ya han roto el acuerdo parlamentario, le solicito de la manera más respetuosa podamos continuar con la sesión. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: En un momento. Solamente vamos a dar la palabra aún a quien nos está solicitando. Diputada Layda Sansores.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Presidente, ahora yo también apelo al artículo 112 y dice claramente que cuando es dudoso usted lo puede declarar, que hay falta de quórum, o si no a petición de un miembro de la asamblea. Entonces pase lista, por favor. Prenda otra vez el tablero electrónico y vamos llevando, apegados a la ley, esta sesión.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Sí, diputada, un momento nada más. Gracias. Vamos a hacer lo siguiente. Debemos consultar si se aceptan las modificaciones propuestas por la diputada Valentina Batres, vamos a hacerlo de manera electrónica, para así cubrir las dos peticiones que nos hacen, de si se aceptan las modificaciones y al mismo tiempo consultar si hay quórum.

Diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Es evidente, señor Presidente, que estamos ante claras maniobras para que esta iniciativa no prospere. Vuelve a pedirse que se prenda el tablero para ver si hay quórum, pero estando presentes los señores diputados del PRD no votan por su asistencia.

Yo quisiera, dado este prurito que la diputada Batres demuestra por la Ley Orgánica o por el Reglamento, que me dijera en qué artículo se sustenta su fracción parlamentaria para que estando presentes no pasen lista, porque ahí está la intención para seguir frenando nuestro trabajo legislativo, al que ella dice tanto respetar.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Les recuerdo que no podemos hacer diálogo entre los diputados. Estoy solicitando se levante la votación, si se admiten o no las modificaciones propuestas por la diputada Valentina Batres. Se abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Valentina Batres.

(Votación)

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a los invitados de Colima; los invitados de la diputada Esmeralda Cárdenas. Sean ustedes bienvenidos.

(Votación)

Se pide a la Secretaría, instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia y de la votación que se acaba de emitir.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz, el diputado Luis Sánchez Jiménez.

El diputado Luis Sánchez Jiménez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Rectificación de voto del diputado Alfonso Suárez del Real.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Es a favor el voto, no abstención como está ahí.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Francisco Fraile.

El diputado Francisco Antonio Fraile García (desde la curul): En contra.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: La diputada Beatriz García.

La diputada Beatriz Eugenia García Reyes (desde la curul): En contra.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Cuauhtémoc Sandoval.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Antonio Ortega Martínez.

El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Sánchez Barrios.

El diputado Carlos Sánchez Barrios (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Juan Abad.

El diputado Juan Abad de Jesús (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputado Pedro Landero.

El diputado Pedro Landero López (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Diputada Alonso Flores.

La diputada Lourdes Alonso Flores (desde la curul): Abstención.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Marcos Salas.

El diputado Marcos Salas Contreras (desde la curul): En contra.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se emitieron 82 votos en pro, 257 en contra y 8 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la reserva propuesta por la diputada Valentina Batres y se reservan los artículos para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen al final de la discusión en lo particular.

Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Varela López, para presentar su reserva al artículo 9 y 83 relativos al techo global del presupuesto del INEGI.

(El diputado Víctor Gabriel Varela López: Con su autorización, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Víctor Gabriel Varela López: Adelante, diputado. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 124 y 125 para el Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a consideración de esta asamblea, reserva al artículo 9o. y a las fracciones I y III, y al último párrafo del artículo 83 del dictamen, con proyecto de decreto que expide la Ley para el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El tema esencial de la discusión que hoy presenciamos no es otro que la defensa de la naturaleza jurídica del nuevo INEGI. Se trata de, compañeras y compañeros, defender la autonomía e independencia que le otorgó la Constitución.

Se trata de resguardar el ejercicio libre de sus funciones, de evitar injerencias indebidas por parte del Ejecutivo federal en los asuntos que constitucionalmente le competen a este nuevo órgano.

Transformamos al INEGI y le otorgamos autonomía constitucional para contar con un órgano productor de estadísticas oficiales, objetivo y confiable, separado de la tutela de la Secretaría de Hacienda.

Como ya lo hemos demostrado a lo largo de este debate, esta obligación constitucional está siendo revertida con esta ley reglamentaria y uno de los aspectos más preocupantes, sin lugar a dudas, es la negativa del PRI y del PAN a reconocer su autonomía financiera y, con ello, sujetar a este nuevo órgano a la aplicación discrecional de las disposiciones presupuestales por parte de la Secretaría de Hacienda.

Es decir, aun cuando la Constitución le otorga al nuevo INEGI facultades para administrar libremente su patrimonio, le garantiza la suficiencia presupuestal y la no reducción de sus recursos. El dictamen lo sujeta a disposiciones jurídicas que le concede a la Secretaría de Hacienda las atribuciones para recortar y controlar el presupuesto de este órgano.

Como todos lo sabemos, la autonomía financiera es fundamental para garantizar el ejercicio autónomo de las facultades de este órgano. Es indispensable para garantizar su independencia técnica, ya que sin ello estará sujeta a presiones financieras y a la imposición de prioridades y criterios ajenos a su naturaleza.

La discusión que han querido introducir los voceros de Hacienda es que en tanto la Constitución no refiere explícitamente a la autonomía financiera, el nuevo órgano carece de ella e incluso de su carácter de órgano constitucional autónomo.

Aceptar esta grosera afirmación equivaldría a negarle automáticamente la autonomía presupuestal al IFE, al Banco de México y a las universidades públicas, y no sólo eso sino también a cuestionar su naturaleza jurídica.

En razón de lo anterior se propone eliminar del último párrafo del artículo 9 para suprimir el candado que amarra el cumplimiento de las obligaciones legales del instituto, a la disponibilidad presupuestaria, que por supuesto establecería como lo hace siempre la Secretaría de Hacienda.

Asimismo, se modifica el artículo 83 para hacer coherente el régimen presupuestal del nuevo órgano a las disposiciones constitucionales y ubicarlo en los supuestos establecidos en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es aplicable a los entes constitucionalmente autónomos.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de la asamblea reserva al último párrafo del artículo 9 y a las fracciones I y III; y al último párrafo del artículo 83 del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley para el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para quedar como sigue:

Artículo 9o. La ordenación y regulación de las actividades necesarias para la planeación, programación, producción y difusión de la información de interés nacional se llevará a cabo a través de los instrumentos siguientes: una vez aprobadas, el programa estratégico del Programa Nacional de Información Estadística y Geográfica y el Programa Nacional de Estadística y Geografía deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y serán obligatorios para las unidades del Estado.

Le pido a la Presidencia me pueda conceder unos minutos más, ya que son varias reservas en una sola intervención.

Artículo 83. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para su tratamiento presupuestario el Instituto se sujetará a lo siguiente:

Fracción I. Aprobará su proyecto de presupuesto y deberá enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, observando los criterios generales de política económica.

Fracción III. Autorizará las adecuaciones a su presupuesto sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las actividades estadísticas y geográficas que en adición a las señaladas en el anterior que el Instituto determine llevar a cabo, en los términos de esta ley.

Atentamente, diputado Víctor Varela. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Varela.

Consulte la Secretaría, en votación económica, si se acepta la reserva que ha presentado el diputado Víctor Varela López.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Víctor Varela, al artículo 9 y 83.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta presentada por el diputado Víctor Varela López y se reservan los artículos para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen al final de la discusión en lo particular.

Tiene el uso de la palabra el diputado Salvador Ruiz Sánchez, quien ha hecho cerca de 10 reservas y va a presentarlas en una sola exposición en este momento. Catorce.

El diputado Salvador Ruiz Sánchez: Con su permiso, señora Presidenta. Voy a solicitar algo más de cinco minutos para poder hacer la exposición de 14 artículos. Media hora.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Salvador Ruiz Sánchez: Yo digo que sería muy conveniente y lo solicito a la Presidencia, con el apoyo de cinco diputados, para que estas reservas de ley de su servidor sean votadas por tablero electrónico, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, al final de su exposición daremos la instrucción, diputado.

El diputado Salvador Ruiz Sánchez: Resulta que hemos votado ya en lo general una ley que va a tener mucho cuestionamiento y podrán rectificar en los próximos meses, mientras tanto seguirá siendo una ley, si no espuria, por lo menos ilegítima, legal pero ilegítima.

El eje fundamental de esta reforma constitucional consistía en darle al Instituto el carácter de órgano constitucional autónomo, con la responsabilidad de regular y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, como un órgano del Estado, que no de gobierno, que no estuviera sujeto a la autoridad del gobierno en turno o a coyunturas políticas que en el pasado marcaron un sesgo en el trabajo institucional.

Mantenemos la preocupación de que el Estado provea información confiable, basada en el principio universal de objetividad, así como la concepción de que la información estadística y geográfica debe ser generada por unidades autónomas, no dependientes de otras entidades públicas que eventualmente pudiesen provocar o permitir alteración de los datos.

Este dictamen es un organismo que responde de forma jerárquica al presidente de la república y que no corresponde a la voluntad del Constituyente, dejando al margen la autonomía constitucional para dar paso a un organismo híbrido, descentralizado y subordinado a la administración pública federal, que es totalmente incompatible con el propósito original de crear un verdadero órgano de un sistema de información confiable, verdadero y objetivo. Esto es una violación al espíritu y a lo que disponen las normas constitucionales.

Por las consideraciones antes expuestas, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, propongo ante esta soberanía las siguientes modificaciones al dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

En el artículo 14 estamos planteando que el Consejo Consultivo se integre por tres representantes de la Cámara de Diputados, por tres representantes de los senadores, por 32 representantes de los Poderes Ejecutivos estatales —que tenga uno por cada estado— y el Distrito Federal, para darle un base legal al mandato federalista de la Constitución. Y que se elimine la fracción VII del mismo artículo.

En el artículo 18 estamos planteando que se suprima la palabra "indicadores" por "datos", que son cosas distintas.

En el artículo 21 planteamos que se elimine en forma absoluta este artículo porque es totalmente aberrante, ya que al ordenar "generar indicadores", se presta mucho a la manipulación en cuanto a la población y los censos de vivienda y demás.

En el artículo 33 pedimos que se elimine el párrafo tercero que le da al Banco de México una facultad indebida para determinar las normas relativas a la información que produzca y requiera para su conducción la política monetaria.

En el artículo 37 planteamos que se añada la expresión "datos personales" y se elimine el segundo párrafo del mismo. Todo ello en concordancia con la Ley de Transparencia Federal.

En el artículo 47 que se diga que los datos personales que proporcionen los informantes del sistema serán de uso público salvo los que sean confidenciales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta ley y de las reglas que conforme a ellas, dicte el instituto, y se elimine el segundo párrafo.

Al final del artículo 51, que habla sobre las solicitudes de información de interés nacional que formulen gobiernos extranjeros, organismos y agencias internacionales a las dependencias y entidades de administración pública federal; al Poder Judicial de la Federación; al Poder Legislativo Federal; a organismos constitucionales autónomos; a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas; a organizaciones o agrupaciones de los sectores social o privado o a particulares, deberán ser atendidas en términos de las disposiciones aplicables, se diga que por el instituto, previa consulta con la autoridad, organización, agrupación o en particular de que se trate.

En el artículo 57 solicito que sólo quede que "el instituto elabore y someta a consideración del Comité Ejecutivo correspondiente las normas técnicas y las metodologías que sean necesarias para la realización de las actividades estadísticas y geográficas de alguna materia o sector".

En el artículo 67 —es muy importante— propongo que si bien el presidente propone a los cinco integrantes … Bien, propongo que no sea por omisión del trabajo de las unidades para que se pueda elegir al presidente.

En el artículo 67 se plantea que sea la Junta de Gobierno la que elija a su presidente y que no sea además de que el presidente proponga a los cinco consejeros, él mismo elija al propio presidente.

En el artículo 73 nos dice que se puede despedir a los miembros, que prácticamente no se alineen para aquellos que den información que no sea autorizada por la ley. Ése es un artículo muy subjetivo y se presta a la manipulación para que la gente incómoda sea separada del cargo por parte del presidente de la república.

El 74. "… que el dictamen con la documentación que lo sustente, incluida la argumentación por escrito, de que en su caso el afectado hubiere presentado, sea enviado al Congreso de la Unión para su resolución definitiva", estamos planteando que sea enviada al Congreso, a esta soberanía y no al presidente de la república.

Artículo 75. "… que se eliminen todos los textos". El sexto párrafo, que es una exageración a la confidencialidad que deban guardar las personas que asistan a las sesiones de la Junta de Gobierno. Partimos del principio de que en las sesiones públicas no hay secretos de Estado y que por ello debe de ser eliminado el sexto párrafo.

En el artículo 83 se plantea que se elimine en las fracciones I y III la frase "de los techos o lugares de gasto establecidos por el Ejecutivo federal y siempre y cuando no rebasen el techo global de su presupuesto aprobado, respectivamente", ya que esto genera una dependencia del instituto a la voluntad presupuestaria de Hacienda.

Y en el artículo 102 agregamos que para que quede en su fracción I, el instituto no estará obligado a proporcionar aquella información que tenga en virtud de cualquier disposición legal el carácter de confidencialidad clasificada o reservada. Es cuanto, señora Presidenta. Entrego el documento de las reservas de los artículos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Salvador Ruiz.

Consulte la Secretaría en votación económica si se admiten las reservas presentadas por el diputado… Ah, permítame, diputada, porque se pidió por votación nominal, entonces instruya para que se abra el sistema electrónico, por favor, por cinco minutos para ver si se admiten las reservas que ha presentado el diputado. Por 10 minutos, diputada Secretaria, por favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación nominal, para ver si se admiten las reservas que presentó el diputado Salvador Ruiz Sánchez.

(Votación)

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Está abierto el sistema. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz emitan su voto. Diputado Luis Sánchez Jiménez.

El diputado Luis Sánchez Jiménez (desde la curul): A favor.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañeros, por favor les pido orden. Compañeros, no se va a tomar votación de viva voz ya. Vamos a dar el resultado de la votación.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se emitieron 8 votos en pro, 240 en contra y 3 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta presentada por el diputado Ruiz y se reservan los artículos para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen, al final de la discusión en lo particular.

Compañeros, sí había quórum. Son 251 de quórum. No se tomó en cuenta ninguna de viva voz. No, no se tomó ninguna en cuenta. Solamente estamos llevándonos por el tablero. Compañeros, estamos tomando en cuenta exclusivamente los del tablero; no estamos tomando en cuenta de viva voz ya nada. Aquí están los 251 votos.

Tenemos que continuar con la sesión; sin embargo, los compañeros que no tomaron asistencia no pueden tomar ya la palabra.

Solicitamos a los compañeros coordinadores puedan asistirnos, a la Mesa Directiva. Nos dan un receso de cinco minutos para poder continuar con esta sesión.

Les pedimos a los compañeros coordinadores puedan asistir con nosotros a esta parte de la tribuna, por favor.

(Receso)

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (6:55): Compañeros diputados, hemos llegado a un acuerdo con los líderes parlamentarios. En este momento se va a levantar un receso y vamos a convocar para continuar la sesión mañana.

Se les cita mañana miércoles 12 de marzo a las 11:00 horas, para continuar con la sesión. Se continuaría con el mismo orden del día que hemos estado desahogando hasta este momento.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se informa a la asamblea que, para la reanudación de la sesión se instruyó la apertura del sistema electrónico de asistencia, con objeto de verificar la existencia del quórum reglamentario.

Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados y diputadas, por favor.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 393 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (12:27 horas): Se reanuda la sesión.

Antes de continuar la sesión pido a la Secretaría lea un comunicado de esta Mesa Directiva, por favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Mesa Directiva. Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de marzo de 2008.

Honorable asamblea. Presente. Los integrantes de esta Mesa Directiva, en el marco de sus atribuciones y en el ánimo de disponer lo necesario para que las sesiones se conduzcan conforme a las normas que rigen los trabajos del pleno, instan a los diputados y a las diputadas a coadyuvar con este órgano de gobierno, a efecto de que el desarrollo de las sesiones se realice, en todo momento, apegado a un clima de respeto, civilidad política, tolerancia y responsabilidad.

En este sentido hace un llamado para hacer a un lado las expresiones y actitudes ofensivas y discriminatorias, así como aquellas acciones que pretendan entorpecer o denostar el actuar de cualquier diputada o diputado.

La Mesa Directiva, donde tienen representación todos los grupos parlamentarios, tiene la certeza de que la suma de esfuerzos y voluntades entre todas las corrientes políticas que integran esta soberanía, se traducirá en resultados benéficos y significativos para nuestra nación. Atentamente. Firman todos los integrantes de esta Mesa Directiva.

Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, Secretaria.

Esta Presidencia informa que se seguirán discutiendo las reservas, en lo particular, de los artículos que quedaron pendientes. Voy a dar mención en este momento de a quien le correspondería pasar para fundamentar sus reservas.

Al diputado Pablo Trejo, para fundamentar —sí tiene el uso de la palabra— el artículo 22, 33 y undécimo transitorio, 52 y 83, 59, fracciones I y II, y adición de las fracciones IV y V, facultades exclusivas del instituto, y el artículo 69.

Tiene el uso de la palabra, por favor, el diputado Pablo Trejo.

El diputado Pablo Trejo Pérez: Diputada Presidenta, había pedido —como son cinco las reservas que vamos a presentar— si podía contar con 15 minutos para exponerlas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Por favor, diputado, adelante.

El diputado Pablo Trejo Pérez: Con su permiso, diputada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Pablo Trejo Pérez: En la iniciativa que estamos discutiendo, el artículo 22 indica que el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social deberá generar un conjunto de indicadores clave que atenderán, como mínimo, los temas de población y dinámica demográfica: salud, educación, empleo, distribución del ingreso y de pobreza, seguridad pública, impartición de justicia, gobierno y vivienda.

Se debe tomar en cuenta que el INEGI no determina indicadores. Decía que el INEGI no determina indicadores, sino datos que pueden ser usados para construir indicadores por organismos evaluadores que permitan una interpretación de los mismos.

Ante esto podemos pensar que la misma razón por la que se determina que el INEGI debe calcular la inflación y es el Banco de México quien es el responsable de dirigir la política que mantenga un control en los cambios del nivel general de precios, es que el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social debe generar un conjunto de datos y no indicadores.

Por tal motivo, proponemos que el artículo 22 quede de la siguiente manera: "El instituto elaborará con la colaboración de las unidades los datos a que se refiere el artículo anterior, a partir de la información básica que se obtenga". Aquí es una adición, es un cambio de indicadores por datos.

En cuanto al artículo 33 y undécimo transitorio vemos que en el Apartado B del artículo 26 constitucional se establece que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuyos datos serán considerados oficiales para la federación, estado, Distrito Federal y municipios. Los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer su observancia.

El organismo a su vez tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como presidente de ésta y del propio organismo. Serán designados por el presidente de la república, con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Ahora bien, el artículo 33 en su último párrafo establece que el Banco de México determinará las normas relativas a la información que produzca y requiera para la conducción de la política monetaria, por lo que la autonomía técnica y de gestión que constitucionalmente tiene el organismo encargado de operar el sistema queda vulnerada.

Asimismo, en el artículo undécimo transitorio se indica en su espíritu que, a partir de la entrada en vigor de la fracción III del artículo 59, el Banco de México tendrá acceso sin restricción alguna a la metodología, base de datos, información y procedimientos utilizados por el instituto para calcular los índices nacionales a que se refiere este precepto. Dicho artículo contraviene el espíritu del artículo 26, Apartado B, constitucional.

Por los motivos expuestos, se propone eliminar el último párrafo del artículo 33 y el undécimo artículo transitorio del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para quedar de la siguiente manera.

Artículo 33. Las unidades del Estado distintas al instituto, cuando desarrollen actividades relacionadas con la producción, integración, conservación y difusión de información de interés nacional deberán:

I. Observar las bases, normas, principios que el instituto, a propuesta de los comités ejecutivos de los subsistemas establezca y dé a conocer para producir, integrar y difundir la información.

II. Colaborar en la integración del Catálogo Nacional de Indicadores a que se refiere el artículo 56 de esta ley.

III. Elaborar, sujetándose a las disposiciones aplicables y a las disponibilidades presupuestarias los anteproyectos de presupuesto anuales de los trabajos estadísticos y geográficos de su competencia, en concordancia con los programas a que se refiere el artículo 9o. de esta ley.

Así sucesivamente hasta la

VII. Realizar las demás actividades que sean necesarias para el cumplimiento de las previsiones anteriores cuando, por mandato legal, las unidades estén facultadas para producir y dar a conocer información estadística y geográfica deberán observar lo que al respecto determine la ley correspondiente, sin perjuicio de que aplique en lo conducente lo señalado en la fracción I de este artículo.

Transitorio undécimo. Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Banco de México y el instituto formarán un grupo de trabajo que tendrá como objetivo planear e instrumentar la transferencia al segundo del cálculo y publicación de los índices nacionales de precios a que se refiere el artículo 59 de esta ley, a partir de la entrada en vigor de la fracción III del artículo 59.

El instituto publicará los referidos índices nacionales de precios, por lo que cualquier referencia a los citados índices a cargo del Banco de México se entenderá efectuada a partir de esa fecha al que publique el instituto.

A partir de la publicación del presente decreto y hasta el día anterior de la entrada en vigor de la fracción III del artículo 59, el Banco de México continuará publicando los índices a que se refiere el párrafo anterior con la participación creciente del instituto.

En cuanto a los artículos 52 y 83 del dictamen con proyecto de decreto, debemos señalar que en el artículo 5o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que la autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de supresión, comprende

Uno. En el caso del Poder Legislativo y Judicial y los entes autónomos, conforme a las respectivas disposiciones constitucionales las siguientes atribuciones

a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la secretaría para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de la política económica.

b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta ley sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por la secretaría y la función pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos correspondientes.

Como vemos, el precepto nos señala claramente que la Secretaría de Hacienda no debiera tener inclusión. Por tal motivo, proponemos que el artículo 52 quede de la siguiente manera

"El instituto es, conforme a lo dispuesto en el apartado B del artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un organismo constitucional autónomo con plena independencia presupuestaria, con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de realizar con exclusividad las actividades a que se refiere el artículo 59 de esta ley".

Artículo 83. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 5o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para su tratamiento presupuestario, el instituto se sujetará a lo siguiente

Uno. Aprobará su proyecto de presupuesto y deberá enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación observando los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo federal. Y así hasta la fracción VI.

Finalmente se señala que las actividades estadísticas y geográficas que en adición a las señaladas en el párrafo anterior, el instituto determine llevar a cabo en los términos de esta ley, estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria que en su caso se apruebe para tales efectos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En cuanto al artículo 59, la propuesta que hacemos es para quedar como sigue

Artículo 59. El instituto tendrá las siguientes facultades exclusivas

Uno. Realizar los censos y conteos nacionales.

Dos. Integrar y difundir el sistema de cuentas nacionales incluyendo la balanza de pagos y las matrices de insumo-producto de la economía.

Tres. Elaborar los índices nacionales de precios siguientes

a) Índice Nacional de Precios al Consumidor; y

b) Índice Nacional de Precios al Consumidor, y

c) "Índice Nacional de Precios Productor".

Cuatro. "Los registros y actividades geográficas relativos a

a) "Marco geoestadístico

b) "Inventario nacional de viviendas

c) "Registro nacional de unidades económicas

d) "Marco de referencia geodésico

f) "El inventario de recursos naturales no renovables

i) "Atmósfera, agua, suelo, residuos peligrosos y residuos sólidos.

La fracción V. "La difusión de los productos de sus actividades exclusivas, la de anuarios estadísticos nacionales y la difusión de otra información que su Junta de Gobierno determine.

"Las denominaciones, ‘censo nacional’, ‘cuentas nacionales’, no podrán ser empleadas en el nombre ni en la propaganda de registros, encuestas o numeraciones distintas a las que practique el instituto.

"Cualquier contravención a lo dispuesto en este párrafo se sancionará en términos de lo dispuesto en el título cuarto de esta ley.

"El instituto podrá producir cualquier otra información de interés nacional cuando así lo determine la Junta de Gobierno".

Y en lo referente al artículo 69, lo que planteamos es que el constante intervencionismo del Estado en la vida individual y social del hombre hace que se concentre el poder público en pocos órganos. Es por ello que surge la necesidad de crear y establecer en la Constitución órganos con autonomía de actuación que no estén atribuidos a la estructura de los depositarios clásicos del poder, obteniendo una mayor especialización, agilización, control y transparencia de las mismas.

Estos entes públicos han recibido la denominación de "órganos constitucionales autónomos". Los órganos de este tipo también contribuyen en el contexto de Estado moderno, a la despartidización, descorporativización y democratización de los órganos del gobierno del Estado.

Por ello la integración y estatuto de sus titulares, designados por el titular del Ejecutivo federal, con la aprobación de una de las Cámaras del Poder Legislativo, tiene por objeto la politicidad de los órganos. Es decir, carácter técnico y no político, y en unidades para que sus titulares sólo puedan ser removidos por incurrir en responsabilidades. Son responsables por lo que deben rendir cuentas ante el Congreso y los ciudadanos, deben ser transparentes, salvo excepciones hechas por la ley y su funcionamiento interno, siempre y cuando esté ajustado estrictamente a derecho.

Por ello, dada la naturaleza del instituto, es necesario que en el capítulo referente a la administración del mismo, en su artículo 69 donde se establecen los requisitos que deben cumplir los integrantes de la Junta de Gobierno, estos deben ser ampliados a fin de garantizar un verdadero profesionalismo en el desempeño del cargo, por lo cual es necesario agregar la especificación de la actuaría, la demografía, la sociología o la ecología, como profesionista distinguido, además de ampliar el tiempo de experiencia de cuando menos siete años en un cargo de alto nivel exclusivamente en el sector público.

Por los motivos expuestos se propone modificar la fracción II del artículo 69 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para quedar de la siguiente manera:

Artículo 69. La designación de los miembros de la Junta de Gobierno deberá recaer en personas que reúnan los requisitos siguientes:

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y no tener más de 70 años cumplidos a la fecha en que la designación sea entregada al Senado de la República o, en su caso, a la Comisión Permanente para su ratificación.

2. Ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la actuaría, la geografía, la economía, la demografía, la sociología o la ecología, así como haber ocupado, por lo menos durante siete años, algún cargo de alto nivel en el sector público o ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas, y

3. No haber sido sentenciado por delitos intencionales, inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público y removido de algún cargo del sector público o privado.

Le pediría, diputada Presidenta, que la votación fuera de tipo nominal de estas cinco reservas. Es cuanto, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Pablo Trejo. Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 404 diputadas y diputados.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Ahora instruya la Secretaría para que se pueda abrir el sistema electrónico por 10 minutos para pasar a la votación de si se acepta o se desecha la propuesta de reserva presentada por el diputado Pablo Trejo.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento. Actívese el sistema electrónico de votación por 10 minutos para consultar si se admiten a discusión las modificaciones propuestas por el diputado Pablo Trejo.

(Votación)

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto todavía el sistema de votación. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 94 votos a favor, 240 en contra y 6 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta y se reservan los artículos para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen o al final de la discusión en lo particular.

Tiene el uso de la palabra la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, para fundamentar sus reservas al artículo 37, 47, 51, 75, 78, 90, 102, fracción I, y 104, fracción III. Con respecto a la junta de gobierno del INEGI y la transparencia.

En lo que llega la diputada, les compartimos a todo el pleno que mandamos un cordial saludo y bienvenidos los presidentes municipales de Amatitán, Huejuquilla, Hostotipaquillo, Ahualulco, Arenal, Etzatlán, Villa Guerrero, del estado de Jalisco, invitados del diputado Gustavo Macías. Sean bienvenidos.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Quiero empezar comunicándole a la Mesa Directiva de la Cámara, que voy a seguir haciendo uso de la prerrogativa que otorga el artículo 103 del Reglamento.

Quiero empezar por pedirle una reacción a la Mesa Directiva el día de hoy. Hoy, en la síntesis informativa, en la prensa del día de hoy, vienen relatados los hechos del día de ayer, pero quiero pedirle hoy, que la Presidenta de esta Cámara de Diputados se manifieste en contra de las expresiones vulgares, soeces, de que fue víctima nuestra compañera diputada Layda Sansores.

Podemos tener diferencias políticas, pero aquí en esta Cámara de Diputados, encabezado por usted, diputada Ruth Zavaleta, se ha manifestado puntualmente en contra de lo que usted ha llamado "víctima de misoginia", pues el día de ayer la bancada panista, de manera cobarde porque atrás de sus curules lanzó ofensivas vulgares y soeces a una de nuestras compañeras diputadas en este recinto.

Y me parece preciso y puntual que usted se manifieste no en una manifestación general en contra del desbordamiento político que se puede dar. No. Que se manifieste solidariamente a favor de nuestra compañera diputada Layda Sansores, y que no permitamos de ninguna manera que ante la diferencia política se permitan estas expresiones hacia ninguna compañera.

Me llama la atención que hoy no se haya conformado el comité de diputadas panistas en solidaridad con una diputada que fue víctima de misoginia de sus compañeros de bancada. Pero no vamos a esperar el comité prodecencia del PAN.

Quiero pedirle, en el uso de la palabra, diputada Ruth Zavaleta, representante de esta Cámara como Presidenta de la Mesa Directiva de la misma, que sin ningún "a otro tiempo" se manifieste ahorita en contra de estos agravios y que sentencie, que se sancione, por lo menos con la opinión, severamente a cualquier diputado o diputada que se dé el lujo de estas expresiones misóginas.

Voy a esperar, en el uso de la palabra, para que se pueda manifestar.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, diputada. Sí, permítame. Sí, diputada Susana Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Diputada Presidenta, solamente para coincidir con la diputada Valentina de que rechazamos cualquier ofensa a las diputadas y más viniendo de otra compañera diputada no puede denigrarse a ninguna mujer que hace uso de su expresión.

Y yo le solicito, diputada Presidenta, sé que ya hay un comunicado de la Mesa Directiva rechazando esta serie de situaciones. Sé que la Mesa Directiva tiene ahí un comunicado, le solicito a la Presidencia que se pueda leer, ya que la diputada Valentina lo está solicitando.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputada. Ya lo leímos. Sin embargo, pido a la Secretaría que vuelva a leer el comunicado que hace unos minutos antes de que llegaran algunos compañeros diputados escucharan.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Sí, diputada Ruth Zavaleta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputada Valentina, ¿nos permite? Vamos a dar lectura al documento que se leyó por la Mesa Directiva y que yo firmé, que yo propuse a esta Mesa Directiva.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Mesa Directiva. Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de marzo de 2008. Honorable Asamblea, presente.

Los integrantes de esta Mesa Directiva, en el marco de sus atribuciones y en el ánimo de disponer lo necesario para que las sesiones se conduzcan conforme a las normas que rigen los trabajos del pleno, instan a las diputadas y a los diputados a coadyuvar con este órgano de gobierno, a efecto de que el desarrollo de las sesiones se realice en todo momento apegado a un clima de respeto, civilidad política, tolerancia y responsabilidad.

En este sentido hace un llamado para hacer a un lado las expresiones y actitudes ofensivas y discriminatorias, así como aquellas acciones que pretendan entorpecer o denostar el actuar de cualquier diputada o diputado.

La Mesa Directiva donde tienen representación todos los grupos parlamentarios, tiene la certeza de que la suma de esfuerzos y voluntades entre todas las corrientes políticas que integran esa soberanía se traducirá en resultados benéficos y significativos para nuestra nación. Atentamente. Firman todos los integrantes de esta Mesa Directiva. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Salvatori. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Fernández. Le dan sonido a la curul, por favor, me auxilia un técnico. Adelante, diputada.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidenta. Para sumarme a la solicitud de la diputada Batres, porque si bien es cierto que la Mesa Directiva, acabamos de leer por segunda vez el comunicado, que es muy loable, no está condenando y no hay una disculpa pública para la diputada Sansores.

Yo creo que sí es muy importante que la Mesa Directiva sí condene enérgicamente estas actitudes misóginas que ante la falta de argumentos políticos, prefieren atacar a los diputados y diputadas.

Y en ese sentido pedir que la Mesa Directiva haga una condena enérgica a estas actitudes y que los responsables ofrezcan una disculpa pública a la diputada Sansores. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: La diputada Pilar Ortega, por favor. Le dan sonido a la curul de la diputada, me auxilian.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Solamente para manifestar, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que efectivamente ayer hubo falta de respeto por parte de la mayoría de los integrantes de esta Cámara de Diputados, que no fueron faltas de respeto única y exclusivamente por parte de los miembros del Partido Acción Nacional.

Reconocemos que hubo estos excesos y hacemos eco al llamado que nos está generando en este momento la Mesa Directiva, el Partido Acción Nacional se compromete a acatar el exhorto que nos gira la Mesa Directiva, siempre también pidiendo el respeto de los otros grupos parlamentarios, porque —insisto— la falta de respeto no solamente se dio por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Y además, no se originó en el Partido Acción Nacional sino se originó por la provocación de otros grupos parlamentarios.

Por tanto, hacemos eco del llamado que nos está haciendo la Mesa Directiva, pero también pedimos el respeto de los otros miembros, de los otros grupos parlamentarios.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le damos el uso de la palabra al diputado David Mendoza. Le dan sonido a la curul del diputado David Mendoza, por favor.

El diputado David Mendoza Arellano (desde la curul): Diputada Presidenta, para sumarme a esta postura de condenar todo hecho de misógina. Pero también para pedirle a la diputada Batres, respetuosamente desde luego, que deje de utilizar la tribuna para golpear a la Presidenta de esta Cámara, como un hecho que solamente pretende incidir en el proceso interno del PRD.

Le pedimos respetuosamente, a la diputada, que dirima sus diferencias en la instancia correspondiente, en el espacio político partidario, que no es éste.

Y creemos que esta consideración debe ser tomada en cuenta, porque de otra manera lo único que estamos generando es una imagen incorrecta, no solamente para el Grupo Parlamentario, sino para toda la Cámara que representamos. Se lo estoy diciendo respetuosamente y le solicito a la diputada Batres, de la misma manera, se deje de utilizar la tribuna para golpear política y sistemáticamente la figura de la Presidenta de esta Cámara.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañeros, me permiten, antes de que sigamos dando la palabra para no seguir haciendo un falso debate de este asunto.

Porque yo quiero pedirles, y me sumo al exhorto que hace la diputada Valentina Batres, por supuesto. Pido respeto para todas mis compañeras diputadas y es lamentable el hecho que sucedió ayer con la compañera, independientemente de las diferencias políticas que tengamos internamente en esta Cámara de Diputados.

Yo hago un exhorto para que todos se dirijan con respeto a mis compañeras diputadas y, por supuesto, en este caso hago el exhorto para que se respete a la compañera Layda Sansores en las expresiones que ella quiera hacer. Tiene la libertad de hacerlo aquí en la Cámara de Diputados, siempre y cuando, obviamente también ella vaya respetando el proceso de esta Cámara de Diputados y lo ha hecho y pienso que debe seguirlo haciendo así.

Yo denuesto cualquier actitud misógina y por supuesto no estoy de acuerdo en que siga sucediendo esto, y por eso se suscribió este asunto por la Mesa Directiva. Si gustan podemos continuar con la sesión para poder dar cauce a la participación de la compañera Valentina Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Miren, aunque no les están dando el uso de la palabra a dos diputados que se encuentra allá…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, también hay diputados del PAN y del PRI pidiendo la palabra, diputada.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: No, no, estoy en el uso de mi palabra. Voy a continuar mi turno. Diputada, ya permití que se me interrumpiera y voy a continuar.

Y quiero continuar con un debate que hemos pospuesto, compañeros. Aquí, nadie tiene el derecho de censurar la libre expresión de ningún compañero. Y aquí, los gritos que vienen de Cámara vienen porque falta darle el uso de la palabra a los diputados.

No podemos, de ninguna manera avalar a quién sí se le da la palabra y a quién no, y cuándo…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le recuerdo que el artículo 105 del reglamento me faculta para eso, diputada, y le llamo al orden, por favor…

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Estoy en el uso de la palabra Ruth Zavaleta….

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: … Sujétese al tema que estamos discutiendo, diputada.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Estoy en uso de la palabra, diputada Ruth Zavaleta, y le pido que respete el uso de la palabra y respete mi derecho de expresión y yo sabré cómo uso esta tribuna mientras, compañeros, mientras no usemos esta tribuna para ataques misóginos y denuestos, como lo han hecho desde abajo, desde su curul.

Porque no se trata de debatir ideas, porque no suben aquí, porque no le han demostrado con debate a la diputada Layda Sansores, no le han debatido sus ideas, sino han aprovechado el anonimato de su curul, cobardemente, para denostar, calificar y hacer ataques misóginos. A eso me refería yo, diputada Ruth Zavaleta, de que usted se manifestara, no en una manifestación general de desbordamiento político y de mociones aquí en la Cámara, al calor de un debate político. No, sino que se manifestara en contra de las agresiones directas, misóginas a nuestra compañera Layda Sansores y que no son producto de ningún debate político. Denuestos físicos a ningún compañero.

Quiero aclarar también, a mi compañero de bancada. Quiero aclarar a mi compañero de bancada que afortunadamente existe un artículo 6o. constitucional. Compañero David, aquí yo no he aprovechado la tribuna para agredir a su compañera, diputada Ruth Zavaleta. Aquí he aprovechado la tribuna y así dan cuenta, la versión estenográfica el día de ayer, de un debate que tiene que ver con el INEGI, con el nuevo INEGI, y si no se ha dado cuenta, ésa iniciativa ni siquiera la está firmando la diputada Ruth Zavaleta, por lo cual no puede ser ningún ataque personal.

Ojalá nos respetemos la liberta de expresión y que los que se salgan hoy del recinto, no sea porque no pueden aguantar la diferencia de pensamiento que se expresa aquí desde la tribuna. Ojalá que el PRI no sea intolerante o esa intolerancia en cuanto a la libertad de expresión no sea la que esté expresando con su salida del recinto.

No nos extrañaría. Hoy ya no ocupa el poder. Es un grupo parlamentario más de la Cámara. No es la primera fuerza. Ojalá que rectifique. Lo que estamos hablando aquí es de nuestra libertad de expresión y la vamos a requerir constantemente, sobre todo en esta tribuna porque lo que presenciamos constantemente es el debate político.

Aquí habemos ocho fracciones parlamentarias esencialmente diferentes, políticamente de orígenes diferentes; concepciones y visiones de cómo gobernar este país. Si permitimos que esta Cámara de Diputados le cierre la puerta al debate no estaremos construyendo la mejor vía de cómo producir, cómo encaminar y cómo guiar a este país con la pluralidad que lo caracteriza.

El respeto a los demás no está condicionado en ninguna actitud. Les pido a los compañeros del PAN que se abstengan de cualquier agresión a cualquier compañera que no comparta sus ideas.

Voy a entrar el tema del INEGI, tengo una reserva y así le voy a dar lectura.

El pasado 20 de julio de 2007, como lo hemos reiterado en las últimas intervenciones desde ayer, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 6o. constitucional, en el que estableció la obligatoriedad para todas las instituciones del Estado —sin excepción alguna— de crear los mecanismos que garanticen el acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.

Lo que obliga a que en el diseño de las leyes y de las instituciones públicas se realicen las adecuaciones necesarias para garantizar el acceso a la información pública, debiendo prevalecer siempre el principio de máxima publicidad.

Sin embargo, se quiere llevar a votación a este pleno de la Cámara una ley que flagrantemente viola el artículo 6o. constitucional. Este proyecto borra los avances que hemos tenido en materia de transparencia, anula cualquier posibilidad de que los ciudadanos conozcan la realidad del país, propiciando incluso que los datos que produzca el instituto, que serán de uso obligatorio para toda la nación, puedan ser fácilmente manipulados.

Como estará exento de cumplir la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no habrá posibilidad alguna de solicitar cuentas claras.

El caso más grave lo constituye el artículo 47 contenido en el dictamen, puesto que establece que la información que produzca el nuevo instituto no estará sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Es decir, esta nueva ley reglamentaria permitirá que el INEGI se aparte de la Constitución con el propósito de que reserve, de manera indiscriminada, amplias áreas de documentos e información pública. De ser éste el caso, estaríamos aprobando una trasgresión al artículo 133 de la Carta Magna, ya que esta nueva ley se coloca por encima de la Constitución.

Indebidamente, se faculta a la Junta de Gobierno del Instituto de Información Estadística y Geográfica con potestades propias del IFAI o de órganos u organismos especializados e imparciales, que garantizan la transparencia en las entidades públicas del país.

Si se llegase a aprobar esta ley, será la Junta de Gobierno la que determine la información que deba ser divulgada o de divulgación restringida por motivos de seguridad nacional, no los criterios que ya vienen contenidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

Esto bajo ningún criterio en específico, sólo el de la discrecionalidad del servidor público que posea la información; como también podrá discrecionalmente decidir qué convenios de intercambio, de información celebrados con otros organismos o agencias nacionales o extranjeras da a conocer y cuáles no.

También se prohíbe a los servidores del nuevo INEGI divulgar cualquier información que disponga en razón de su cargo, en términos distintos a los autorizados por esta ley; que, además, jamás aclara cuáles. Es decir, busca inaplicar de manera general y sin justificación la Ley Federal de Transparencia y el mismo artículo 6o. constitucional.

Así que, cuando un servidor público del INEGI tenga la osadía de cumplir con la Ley Federal de Transparencia será sancionado de acuerdo a la lógica de esta ley.

Además, se atenta contra las facultades competenciales del Poder Judicial, en tanto que establece una secrecía absoluta respecto a los datos que los informantes del Sistema Nacional de Información Estadística le proporcionen para fines fiscales, judiciales, administrativos o de cualquier otra índole; pues establece que el instituto no deberá facilitar a persona alguna dichos datos. Esta prohibición vulnera las facultades del Poder Judicial establecidas en la Constitución Federal en sus artículos 94, 97 y 99 y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, violando abiertamente el principio de accesibilidad de la información al prohibir que se le proporcionen datos al Poder Judicial.

El estudio sobre la constitucionalidad del dictamen de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México a petición de la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, concluye también que el dictamen que nos ocupa viola principios constitucionales y que no se garantiza la transparencia y la rendición de cuentas.

Es decir, además de haber argumentos políticos de peso para votar a favor de que se regrese a comisiones este dictamen o que se acepten las modificaciones que hoy venimos a proponerles, los argumentos jurídicos para decir que este proyecto es inconstitucional son sólidos, son objetivos, son imparciales, elaborados por nuestra máxima casa de estudios, que es un organismo —por ciento— público, descentralizado del Estado, basado en los principios de libertad de cátedra y de investigación que toma en cuenta todas las corrientes de pensamiento sin ser parte de actividades militantes, derrotando cualquier interés individual. Se trata de un estudio elaborado por la mejor universidad de Latinoamérica.

Por lo antes expuesto, formulo la reserva a los artículos 37, 47, 51, 75, 78, 90, 102 y 104, contenidos en el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para quedar como sigue:

Se reforma el artículo 37 y se elimina su segundo párrafo para quedar como sigue

Artículo 37. Los datos que proporcionen para fines estadísticos los informantes del sistema a las unidades en términos de la presente ley, serán de uso público y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.

Se eliminaría el siguiente párrafo prácticamente completo; y se eliminaría "estrictamente confidenciales", ya que la propia Constitución y la ley de Transparencia y Acceso a la Información determinan su confidencialidad para datos personales.

Se reforma el artículo 47 y se elimina su segundo párrafo para quedar como sigue:

Artículo 47. Los datos que proporcionen los informantes del sistema serán de uso público salvo los que sean confidenciales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Esta ley y de las reglas generales que conforme a ella dicte el instituto, de tal manera que se eliminaría un párrafo que plantea discrecionalidad para meter otros elementos de confidencialidad.

Se reforma el artículo 51 para quedar como sigue:

Artículo 51. Las solicitudes de información de interés nacional que formulen los gobiernos extranjeros u organismos y agencias internacionales a las dependencias y entidades de la administración pública federal; al Poder Judicial de la federación; al Poder Legislativo federal; a organismos constitucionales autónomos; a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas; a organizaciones o agrupaciones de los sectores social o privado o a particulares, deberán ser atendidas en los términos de las disposiciones aplicables por el instituto previa consulta con la autoridad, agrupación o particular de que se trate.

Se elimina el sexto párrafo del artículo 75 para queda como sigue:

Artículo 75. El presidente del instituto o cuando menos dos vicepresidentes, podrán convocar a reuniones de la Junta de Gobierno". Eliminaríamos el quinto párrafo.

Se reforma el primer párrafo del artículo 78 y se elimina su fracción II. El artículo 78 quedaría así:

Además de los temas señalados en las fracciones de la I a la III del artículo 59 del presente ordenamiento, se considera información de interés nacional para efectos de esta ley, la que satisfaga a los cuatro criterios siguientes…

Y prácticamente lo que estaríamos eliminando es la fracción II, que limita la información. Dice la fracción actual "…resulte necesaria para sustentar el diseño, la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional".

Quitando este elemento, se puede considerar un concepto mucho más amplio del interés nacional de la información y no solamente restringirla a aquellas que se hayan mandado a hacer para sustentar diseño y políticas públicas del Ejecutivo federal.

Se elimina el segundo párrafo del artículo 90 para quedar como sigue.

Artículo 90. El instituto deberá hacer del conocimiento público a través del Internet, los convenios de intercambio de información que celebre con otros organismos o agencias nacionales o extranjeras.

Y estamos eliminando el último párrafo que le daba posibilidades a la Junta de Gobierno que pudiera determinar que esta información de hacer público este convenio, se hacen con otros países, con nuestra información.

Hasta ahorita, como viene la ley, dice que "… la Junta podrá no proporcionar esta información". Si quedase así, es un riesgo grandísimo porque sí nuestras leyes generan candados para proteger los datos personales, pero esta misma ley le da atribuciones discrecionales a la Junta de Gobierno para determinar si publica o no los convenios de información con otras naciones.

Por eso es necesario que se elimine para hacer transparente cualquier convenio de información con otras agencias nacionales o extranjeras.

Se reforma la fracción I del artículo 102 para quedar como sigue.

Artículo 102: "El instituto no estará obligado a proporcionar aquella información que

Uno. Tenga en virtud de cualquier disposición legal el carácter confidencial clasificada, reservada.

Hasta ahí. Y eliminaríamos "…o de cualquier otra forma se encuentre restringida su decisión".

Como no hay otra forma que conciba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, estamos solicitando que se elimine ésta que no estaría regulada por ningún criterio.

Se reforma la fracción III del artículo 104 para quedar como sigue.

Artículo 104. Son infracciones imputables a los servidores públicos del instituto o a los servidores públicos de las unidades, las siguientes…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada Batres ¿me permite? Quiere hacer uso de la palabra la diputada Fernández Balboa. ¿Le dan sonido, por favor?

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidenta. Sólo para solicitarle verificación de quórum. Habemos más de cinco diputados que lo solicitamos a la Mesa Directiva.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Ahorita que termine la oradora pido el quórum.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Con mucho gusto pueden interrumpirme, se queda el reloj congelado.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No, diputada, prefiero que usted termine y ahorita pedimos el quórum. Por favor concluya.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Es que no van a saber, los diputados que van a entrar corriendo, qué van a votar. Si van a venir a votar por consigna de su fracción y, me parece, por respeto a la oradora, que si se va a pedir quórum, se haga de una vez. Con mucho gusto yo… Si quieren además…

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputada, por favor, continúe, ahorita que termine usted voy a pedir el quórum. Por favor, continúe.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: A ver, yo voy a continuar —yo le pido diputada—, voy a continuar para generar un espíritu de unidad en mi fracción. Pero también debo decirles a los que dejaron de guardia de la bancada del PAN y del PRI que por respeto a lo que se vota deberían de estar presentes para saber qué van a votar y no por consigna de su fracción.

Y como hay otras bancadas aquí presentes, por respeto a las mismas y a los que me han estado escuchando, sobre todo a mi fracción y para no ponerlos en ningún predicamento, ya voy a terminar para que se pueda ratificar el quórum.

Se reforma la fracción III del artículo 104 para quedar como sigue:

Artículo 104. Son infracciones imputables a los servidores públicos del instituto o a los servidores públicos de las unidades —y estaba en eso cuando vino la interrupción:

III. La inobservancia de la reserva en materia de información para eliminar cuando por causas de seguridad nacional hubiese sido declarada la divulgación restringida por la junta.

De dejar el texto como está presente en el proyecto de dictamen pareciera que no solamente la inobservancia del cumplimiento de la ley generaría una sanción o una infracción al servidor público de la junta y de las unidades, sino que por criterio discrecional de la junta, cuando ésta establezca que la información que se divulgó debería de ser restringida.

Para mayor claridad, ojalá que se pudiera dar paso a estas precisiones de la ley para que se pudiera trabajar y fortalecer un verdadero Sistema Nacional de Información.

Antes de que termine, ya que todavía me quedan siete minutos, quiero invitar a toda la ciudadanía que nos ve por el Canal del Congreso, a la movilización, al mitin en el Zócalo el próximo martes 18 de marzo, 70 aniversario de la expropiación petrolera, lo cual nos compete a todos los mexicanos ante los posibles escenarios cerrados de un verdadero debate en cuanto a las intenciones de privatización que tienen el PRI y el PAN.

Ojalá se dé este debate para dejarle claro a la ciudadanía y que la ciudadanía tenga claridad sobre las prácticas de Mouriño, que son exactamente una partecita de lo que nos mostraron de sus intenciones de privatizar Pemex.

Aunque ellos dicen que no están privatizando Pemex, sino solamente quieren la inversión privada, pues es ésta la inversión privada para sacar ganancias jugosas del erario público y que ya no bajen para desarrollo económico y social de nuestro país.

El petróleo es de todos, el petróleo es de los mexicanos, el petróleo y Pemex no se venden. Ojalá nos acompañen todos los ciudadanos este 18 de marzo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tal y como lo ha solicitado una serie de diputados, instrúyase para abrir el sistema electrónico por 10 minutos, para llevar a cabo la votación nominal sobre si se aceptan a discusión o se rechazan las propuestas hechas por la diputada Valentina Batres.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación nominal de las reservas hechas por la diputada Valentina Batres.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: También servirá esta votación para tomar asistencia, tal y como lo ha solicitado la diputada Fernández Balboa.

(Votación)

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema de votación.

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 99 votos a favor, 243 en contra y 7 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desecha la propuesta de reserva presentada por la diputada Valentina Valia Batres, y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen o al final de la discusión en lo particular.

Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Gabriel Varela López, para fundamentar sus reservas al artículo 67, 71 y 74, que significa la integración de la Junta de Gobierno, vacantes en la misma y procedimientos sobre las remociones.

El diputado Víctor Gabriel Varela López: Con su permiso, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

El diputado Víctor Gabriel Varela López: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto a consideración de esta asamblea reserva al párrafo del artículo 67, y modificaciones a los artículos 71 y 74 del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley para el Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, al tenor de las siguientes consideraciones.

El artículo 67 del dictamen es claramente inconstitucional. Se pretende modificar por la vía de una ley reglamentaria a lo dispuesto expresamente por la Constitución en su artículo 26, apartado B, párrafo III, que faculta expresamente al Senado de la República o en sus recesos a la Comisión Permanente para aprobar los nombramientos de los integrantes de la junta de gobierno del instituto y del sujeto que habrá de desempeñarse como presidente.

En contrasentido con esta disposición constitucional, el dictamen a discusión ubica como un acto unilateral del Poder Ejecutivo federal la designación del presidente del nuevo instituto. Esto es así, cuando se establece que dicho nombramiento se constituye en un acto desvinculado de la ratificación legislativa que previene nuestra ley fundamental. Por esta razón, proponemos que el artículo 67 de la ley en comento, exprese fielmente el espíritu y la letra de la Constitución.

En consecuencia, proponemos restituir la facultad del Senado de la República de ratificar a quien habrá de desempeñarse como titular del instituto y, con ello, garantizar la autonomía del instituto.

En ese sentido, también se propone modificar el artículo 71, para proteger las facultades que le otorga la Constitución al Senado de la República, y dejar explícitamente asentado que ocupar las vacantes definitivas en la junta de gobierno, incluido el presidente, deberá seguirse el mismo procedimiento que señala la Constitución para su nombramiento.

Por otra parte, es indispensable modificar el artículo 74 del proyecto de dictamen, toda vez que de prevalecer dicho texto se colocará al instituto y su junta de gobierno bajo la amenaza permanente de remoción. Aquellos que no acaten las órdenes del Ejecutivo, serán fácilmente desechados, ni siquiera se requiere del conocimiento del órgano legislativo responsable de su ratificación.

Es evidente que dichas disposiciones establecen un procedimiento de remoción que no corresponde con la naturaleza jurídica de este órgano constitucional autónomo, toda vez que se deja en el ámbito de responsabilidad del Ejecutivo y de los otros integrantes de la junta, valorar la gravedad de las faltas de los miembros del órgano de gobierno del instituto.

De mantenerse esta redacción, la autonomía funcional y de gestión de los integrantes de la Junta de Gobierno estará permanentemente amenazada por la remoción unilateral del Ejecutivo federal.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de la asamblea la modificación a los artículos 67, 71 y 74 para quedar como sigue:

Artículo 67. La Junta de Gobierno es el órgano superior de dirección del instituto y estará integrada por 5 miembros, uno de los cuales fungirá como presidente de ésta y del propio organismo.

Serán designados por el Presidente de la república, con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El resto de los miembros de la Junta de Gobierno actuarán como vicepresidentes de la misma.

Artículo 71. Las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno serán cubiertas por el nuevo miembro que se designe para integrarla. En el caso de vacante en el puesto de presidente del instituto, el miembro de la Junta de Gobierno con mayor antigüedad en el cargo será presidente interino del instituto y presidirá la Junta de Gobierno.

En caso de que hubiere dos o más miembros con igual antigüedad, la propia Junta de Gobierno elegirá entre ellos al presidente interino a más tardar en la siguiente sesión de dicho órgano colegiado. Y, de no llegar a un acuerdo, la designación se realizará por el presidente de la república.

El nombramiento de la Junta de Gobierno, designados para cubrir las vacantes y la designación definitiva del presidente del instituto serán aprobados por la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

De conformidad con el tercer párrafo del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 74. Compete a la Junta de Gobierno dictaminar sobre la existencia de las causas de remoción señaladas en el artículo inmediato anterior, debiendo hacerlo a solicitud de cuando menos dos de sus miembros.

El dictamen se formulará según resolución de la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno después de conceder el derecho de audiencia al afectado y sin que éste participe en la votación.

El dictamen, la documentación que lo sustente, incluida la argumentación, que por escrito en su caso el afectado hubiere presentado, será enviado al Ejecutivo federal para que lo remita a la Cámara de Senadores o en sus recesos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para su resolución definitiva.

Hacemos el llamado para que se vote a favor, pero sabemos que la consigna es decirle que sí a todo lo que su jefe el señor Calderón mande, pues van a votar en contra, queda bajo su responsabilidad estar haciendo este tipo de perversiones constitucionales que una ley reglamentaria le quita a la autonomía, a un órgano que la propia Constitución se lo había dado.

Apelo a los diputados, que tengan un poquito de conciencia y de dignidad, a que apoyen estas modificaciones. Sería todo, diputada Presidenta. No sin antes invitar a los ciudadanos y diputados dignos a la concentración de conmemoración del 18 de marzo de la Expropiación Petrolera y en defensa del patrimonio nacional. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, compañero diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Varela, en votación económica, por favor.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación del diputado Varela. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los diputados y diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se desechan las propuestas realizadas por el diputado Varela y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen, o al final de la discusión en lo particular.

Tiene el uso de la palabra la diputada Rosario Ortiz Magallón, para fundamentar su reserva al artículo 76 y artículo cuarto transitorio, que significaría la naturaleza de las relaciones laborales de los trabajadores del instituto.

La diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón: Con su venia, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

La diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón: Reserva a los artículos 76 y cuarto transitorio del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Desde su creación, el INEGI incumple de forma sistemática y continúa con la legislación laboral vigente, a pesar de haberse encargado de la compilación de información estadística imprescindible para las decisiones políticas de la mayor importancia para la nación.

Quienes realizan esta tarea viven la falta más absoluta de derechos y garantías que nuestra Constitución y las leyes prevén para el resto de los trabajadores y las trabajadoras de la nación.

Una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras del instituto con 30 o más años de antigüedad no tienen el reconocimiento de sus derechos y mediante figuras de simulación se les contrata como trabajadores eventuales o por honorarios, pese a que desarrollan un trabajo permanente a favor de la institución.

Según la información disponible, de 30 mil trabajadores contratados por el INEGI, sólo 5 mil son de base o confianza, el resto son eventuales. Éstos no tienen estabilidad en el empleo ni gozan de diversas prestaciones o ven reducido su acceso a la seguridad. De hecho, esta figura ha provocado cientos de demandas contra el instituto; en muchos casos al ganar los juicios los demandantes son presionados para aceptar liquidaciones fraudulentas.

De acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación, el instituto ha desviado fondos por 800 millones de pesos a programas de retiro voluntario, liquidación de trabajadores o convenios a cambios de juicios laborales. La impunidad laboral se ha extendido a la represión contra los trabajadores que han demandado el cumplimiento de sus derechos.

En Jalisco están bajo proceso judicial 9 personas por manifestarse ante instalaciones del INEGI. Lo mismo sucede con 2 trabajadores en Hidalgo y 2 en Coahuila, y en Guerrero 4 ex trabajadores fueron encarcelados durante una semana por sostener un plantón en Chilpancingo; otros 24 que participaron del mismo, cargan con órdenes de aprehensión, todo esto tan sólo en 2007.

El director jurídico de INEGI ha llegado al grado de advertir a los quejosos, que: o aceptan las miserables propuestas de liquidación que les ofrecen o empezarían con las detenciones "a ver si desde la cárcel lo piensan mejor" —ha dicho el director.

El dictamen que está sometido a votación hace caso omiso de la realidad de estos trabajadores. Sólo remite a continuar con un sistema de impunidad laboral sin mandatar al instituto a regularizar las condiciones y relaciones de trabajo.

Irregularidades que incluyen un adeudo histórico con el ISSSTE; el que a raíz de su nueva ley puede llevar a que se les nieguen los servicios médicos a quienes sí cuentan con seguridad social, por el hecho de no tener al día el pago de sus obligaciones.

Propongo, en consecuencia, que en la ley se establezcan mecanismos para que el instituto cumplan con sus obligaciones hacia sus trabajadores y trabajadoras, y dejar atrás este negro capítulo en la larga historia de impunidad que sufren las trabajadoras y los trabajadores del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta asamblea la siguiente reserva a los artículos 76 y cuarto transitorio del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para quedar como sigue:

Las relaciones laborales de los trabajadores del instituto, así como de toda persona que preste servicios personales remunerados, se sujetará a lo dispuesto en el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Transitorio cuarto. En el lapso no mayor de 90 días, a partir de la vigencia del presente decreto, el instituto regularizará la situación laboral de todos sus trabajadores, a fin de cumplir íntegramente con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentario del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las condiciones generales de trabajo, vigentes, así como los derechos adquiridos en el desempeño de sus labores.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Rosario Ortiz. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las modificaciones propuestas por la diputada ponente.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Ortiz. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No se aceptan y se reservan los artículos para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen o al final de la discusión en lo particular.

No habiendo más reservas por discutirse, se considera suficientemente discutido el tema. Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de los siguientes artículos: 8o., 9o., 10o., 14, 18, 21, 22, 33, 37, 47, 51, 52, 57, 59, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 83, 90, 102, 104, cuarto transitorio, undécimo transitorio, en un solo acto, por favor. Todos ellos en términos del dictamen.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación nominal de los artículos señalados por la Presidenta en los términos del dictamen.

(Votación)

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar?

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 234 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (14:15 horas): Compañeros diputados, en vista de que no hay quórum se levanta la sesión y se cita para la que tendrá oportunidad de celebrarse mañana, y se les informa que desde las 9:30 horas estará abierto el sistema electrónico para que puedan tomar su asistencia.