El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Se va a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.

(Pase de lista)

¿Falta algún legislador de pasar lista?. Merodio Reza Guadalupe, en sustitución de Escajeda Jiménez José Rubén. El señor diputado Juan Carlos Velasco, en sustitución de José Ascención Orihuela.

¿Falta algún legislador?. Rolando Rivero, en sustitución de Luis Fernando. Gracias, diputado. Señor presidente, hay una asistencia de 33 legisladores. Hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (12:26 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Por instrucciones de la Presidencia...

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: A ver, permítame diputado. ¿Con qué objeto?

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Gracias, compañero presidente. Le solicito que me permita hacer uso de la tribuna, a fin de plantear la modificación del trámite con fundamento en el artículo 19 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, diputado.

El diputado Octavio Martínez Vargas: Con su permiso, compañero presidente. Está planteado en el orden del día, de la sesión de hoy, tomar protesta a un compañero que se presume que es legislador integrante de esta legislatura; sin embargo, esta soberanía, esta Comisión Permanente tiene la obligación de cuidar cómo protestamos todas las legisladoras y todos los legisladores, en ambas Cámaras; cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución. Y el artículo 78 constitucional, en sus ocho fracciones, establece claramente las facultades de la Comisión Permanente, cada una de ellas, a qué está facultada la Comisión Permanente. Y no encontramos en ninguna de las facultades de la Comisión Permanente que pueda tomarse protesta a un legislador.

La fracción VIII refiere conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores, "licencia", no "toma de protesta". Creo que sería un mal inicio, un precedente que no va a ayudar a cumplir las normas en este país.

Usted, señor presidente de esta Cámara, compañeras y compañeros de la Mesa Directiva, están obligados a escuchar a los legisladores, a hacer cumplir el reglamento que nos rige y, principalmente, a cumplir la Constitución.

Propongo, luego entonces, que se modifique el trámite y que se le dé curso en el periodo ordinario, que inicia en algunas semanas.

Por cierto, en los artículos 8o. y 9o. del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se establece puntualmente el método de toma de protesta de cada uno de los legisladores, y se subraya claramente que tendrá que ser en la Cámara a la que pertenece.

Le pido, compañero presidente, de manera muy respetuosa, que se ponga a votación este planteamiento de modificación de trámite, a efecto de poder hacer cumplir nuestra Constitución. Por su atención, muchas gracias.

El diputado Ramón Valdés Chávez (desde la curul): Señor presidente, solicito la palabra.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado Ramón Valdés, por favor.

El diputado Ramón Valdés Chávez: Qué curioso que cuando las cosas nos son favorables, las instituciones existen. En el PRD, cuando se habló del FAP, estuvieron de acuerdo de acuerdo con el Trife. Cuando se ha hablado de otras situaciones, están de acuerdo con el Trife. Hoy no.

La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le da la razón a Convergencia, pero sobre todo, le da la razón a un ciudadano, al ahora diputado José Francisco Melo. En ese sentido es todo un triunfo de los ciudadanos y del estado de derecho.

La soberbia de la partidocracia no puede quitar ni conceder derechos a discreción; para eso están las leyes, para impedir la utilización arbitraria y abusiva del poder. Para eso existe el equilibrio de poderes, para que no se utilice el Congreso como un vehículo para la venganza política.

En la revocación se fundamentó de una mayoría construida mediante quién sabe qué oscuros acuerdos. Es cierto. En la democracia se toman las decisiones por mayoría, pero ello jamás ha significado el atropello de los derechos de las minorías y mucho menos de los ciudadanos. Por cierto, la primera parte de nuestra Carta Magna está dedicada a defender y preservar las garantías de los individuos, no de los partidos ni de los órganos de gobierno. Por algo será.

En este caso la justicia afortunadamente se ha empatado con la legalidad dándole la razón a quien desde el principio la tuvo. La simple lectura del artículo 63 de la Constitución y del artículo 20 del anterior Cofipe, nos da la claridad de que la vacante de la Cámara de Diputados debería ser cubierta por quien seguía en la lista de Convergencia.

Para ilustrar a la asamblea citaré lo que dice el tribunal. "La interpretación gramatical, sistemática y funcional, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o, párrafo segundo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 2º, párrafo primero de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, permite advertir que una vez que finaliza la coalición ?esto es cuando concluye el proceso electoral federal?, sólo subsisten los partidos políticos. Por ello, las vacantes que ocurran respecto de las diputaciones federales por el principio de representación proporcional deben reconocerse salvo imposibilidad jurídica o material a la siguiente forma de candidatos del mismo partido político al que originalmente se hubiera asignado y que se hubiere conformado la coalición, porque propiamente se trata de una sustitución.

Tal se lo hemos dicho al pleno de la Cámara de Diputados, cuando se cometió el error de echar para atrás su acuerdo del 14 de octubre.

Se nos acusó de haber querido sorprender al pleno. Hoy queda claro quienes fueron los que conocieron la ley, intentaron torcerla para cobrar supuestos agravios y además lo hicieron mal. No tiene caso abundar en pifias jurídicas que se cometieron en torno a este caso porque ya sabemos, la soberbia es mala consejera.

Qué paradójico es que quienes usaron políticamente a la Cámara para denostar a uno de sus miembros, hoy invoquen al respecto a su soberanía. Si el Poder Judicial no puede defender al ciudadano, de qué democracia estamos hablando.

Invito a los compañeros del PRD, del PAN y de las demás fuerzas, que demos la vuelta a esta página y a ese asunto y dediquemos nuestros esfuerzos a los temas de mayor trascendencia para que la ciudadanía al menos, esto es, lo que harán como siempre los 19 diputados, respetemos la ley.

Que se cumpla la ley, que se acate el fallo del tribunal y que se tome protesta al compañero Francisco Melo. Ni más ni menos el que incumple la ley y viola la Constitución, que se atenga a las consecuencias. Ahora el tribunal está ordenando a este Supremo Poder, que tome la protesta al compañero Francisco Melo, esto es lo que queremos, ni más ni menos. Gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, senador. Ha habido una propuesta de modificación del orden del día, por parte del señor diputado Octavio Martínez Vargas y hemos conocido una posición en contra del señor senador Ramón Valdés.

Pregunto al diputado Martínez Vargas, si hay legisladores que respaldan, como lo establece el reglamento.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Sí, compañero presidente, suscribe esta solicitud el legislador Javier Calzada y el legislador Carlos Altamirano.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muy bien. En tanto, tiene el uso de la palabra en contra, el señor senador Alejandro González Yáñez.

El senador Alejandro González Yañez: Muchas gracias, diputado presidente César Duarte. Estimadas y estimados colegisladores, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asume una resolución, ella por su naturaleza es inatacable. Sería, es profundamente lamentable que este órgano colegiado de la nación, incluso entrara a debatir, a cuestionar dicha resolución.

Procede, en consecuencia, que se asuma a plenitud la determinación del tribunal. No hacerlo así iniciaríamos un severo proceso de ilegalidad por parte del Congreso de la Unión.

Debe de ser José Francisco Melo Velázquez quien en este día tome la protesta de ley correspondiente, así es el mandato, es directo. Acariciar otra posibilidad es colocarse fuera de la legalidad.

El artículo 99 señala claramente que esas resoluciones tienen ese mandato, e incluso esta específica resolución dice: Tómese la protesta a José Francisco Melo Velázquez como diputado en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente.

Le pedimos a usted, diputado presidente César Duarte, a toda la Mesa Directiva y, por supuesto, a todas y a todos los integrantes de esta Comisión Permanente, que demos el curso correspondiente.

Incluso no debería de votarse, porque una resolución de esta trascendencia no puede considerarse a votación de si se acata o no. Simplemente se acata y se le da curso. Es lo que les pido a ustedes, compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor senador don Alejandro González Yáñez. Ha solicitado el uso de la palabra, en pro, el señor diputado Javier Calzada.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez: Gracias, diputado presidente. Nuestro compañero, el diputado Octavio Martínez, en los términos del artículo 19 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, hace la solicitud de que el trámite se lleve en los términos que establece la Constitución Política.

La Constitución Política, en el artículo 78, da la claridad sobre las atribuciones de la Comisión Permanente. Y la Comisión Permanente, de acuerdo con el artículo 78, fracción VIII, tiene la facultad de conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.

El principio de autoridad establece que nosotros, como un poder del Estado mexicano, tenemos solamente las atribuciones que la ley establece. No es el caso de los ciudadanos, a quienes lo que no les está prohibido, les está permitido.

De tal manera que no vemos en esta solicitud que se hace a la Presidencia de la Mesa, la circunstancia de debatir una resolución del tribunal. No estamos entrando al fondo ni pretendemos entrar en la dinámica de si esta resolución es inatacable o no lo es. Sencillamente lo que pretendemos es que la Constitución se cumpla.

En el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, en el artículo 8o., se establece el mecanismo de la toma de protesta. Y la toma de protesta de los legisladores y las legisladoras, en los artículos 8o. y 9o. del Reglamento para el Gobierno Interior, se establece con absoluta claridad que debe ser ante el pleno de la respectiva Cámara de que se trate.

En esos términos, diputado presidente, respaldamos la solicitud que hace nuestro compañero Octavio Martínez Vargas. Dejamos claro que no estamos entrando al fondo de la resolución, sino que lo que pretendemos es hacer que la Constitución se cumpla.

Por último, si en el texto de la resolución del tribunal se está dando una indicación a un poder independiente, nosotros debemos tener la madurez para tener claro que lo que está legislado está en la Constitución, está en el Reglamento Interior y no en esta ocasión, como en otras, permitamos que legislen desde el Poder Judicial. Es tanto, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado. Tengo en la lista todavía a la diputada Lariza Montiel Luis. Sonido en la curul del diputado Gerardo Villanueva.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Gracias. Es solamente un llamado respetuoso, fraterno, a mis compañeros y compañeras legisladores para que en los debates en esta Comisión Permanente, sobre todo cuando abordan temas de legalidad, aborden los temas que al pueblo de México le interesan que son su bienestar, enfrenar la crisis económica, la seguridad pública.

Me parece que el debate que estamos dando es penoso, es preocupante. Si en tres semanas se toma protesta o si es en este momento creo que es olímpicamente intrascendente para la opinión pública y para los intereses del pueblo de México.

Luego entonces, yo les ruego a los compañeros legisladores que podamos omitir este debate y que se tome una definición por parte de la Mesa Directiva, para que este señor legislador entre en funciones cuando tenga que entrar legalmente.

Pero me parece que es algo ofensivo, por las características de miras que debe tener este Parlamento, que esta Comisión Permanente esté dando este debate.

Por otro lado, insistir en que por la unidad de las fuerzas progresistas tiene que ponerse por encima de intereses menores. Es cuando, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado, por su moción. La señora diputada Lariza Montiel Luis tiene el uso de la palabra.

La diputada Lariza Montiel Luis: Gracias, presidente. Es una pena que al diputado no le interese discutir sobre la legalidad. El Poder Legislativo tiene su origen etimológico en lege facer. Si no es este órgano colegiado, donde se encuentran reunidas todas las fuerzas políticas que representan a este país, no sé en dónde más pudiéramos discutir actos de legalidad que afectan o no puedan afectar a un ciudadano.

Indudablemente, la situación del país es algo que se debe analizar y ya se está haciendo. Sin embargo, no es el único propósito que debemos tener quienes en política estamos ocupados en este país.

Estimados compañeros. Es evidente que el asunto que nos ocupa el día de hoy no versa sobre a quién le corresponde el derecho para asumir una vacante a la diputación. En ese sentido, la autoridad jurisdiccional ya se ha pronunciado, a petición de los interesados.

Siendo el Partido Acción Nacional un impulsor permanente del respeto a la legalidad y a los cauces institucionales, y respetuoso de la vida interna de los partidos políticos, en ese sentido nos hemos conducido durante más de 70 años de participación activa en la vida política de nuestro país.

Es un hecho innegable que el Tribunal Electoral cuenta con facultades para conocer de un juicio para la protección de los derechos del ciudadano cuando cualquiera de ellos considere que sus derechos han sido violentados. Uno de ellos, el derivado del derecho de votar y ser votado en la asunción de un cargo público para el que fue electo.

Sobre esto no tenemos duda y el artículo 99 constitucional así lo señala.

En ese sentido, se promovieron efectivamente diversas alegaciones, teniendo como fondo únicamente la interpretación gramatical del artículo 63 constitucional, en el supuesto que refiere la existencia de una vacante en la Cámara de Diputados, en atención a un acuerdo votado por el pleno de la Cámara de Diputados ya señalada.

El pronunciamiento del Tribunal Electoral evidentemente no se cuestiona. Sin embargo, lo que es preocupante es que yendo más allá de lo solicitado y aún de lo que en deber le corresponde, de manera excesiva el Tribunal Electoral haya determinado ordenar al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente, lo que sucediera primero, citar a los ciudadanos Francisco Melo Velázquez y Carmen Patricia Palma Olvera, a rendir la protesta constitucional en la próxima sesión.

Es un hecho que por encontrarnos en un periodo de receso el supuesto correspondiente sería la Comisión Permanente.

Como todos sabemos, el cumplimiento de las resoluciones judiciales es una obligación; sin embargo, no sólo es cierto, sino que además es un principio de derecho que tiene además por objeto dotar de certeza jurídica a cualquier ciudadano, que los servidores públicos y las autoridades no podemos llevar a cabo actos que no nos estén conferidos, que no nos estén conferidos en el marco jurídico que rige nuestra función.

En ese sentido, consideramos necesario establecer de manera clara y contundente, la posición del Partido Acción Nacional de inconformarse ante lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal, única y exclusivamente en el sentido de ordenar a esta Comisión Permanente la rendición de la toma de protesta a una fórmula de diputado, siendo que el órgano legislativo no cuenta con facultades para ello dentro de lo que refiere el artículo 78 constitucional.

Lo anterior, evidentemente al margen del derecho que le haya sido reconocido a los ciudadanos y que nuestro partido no puede menos que respetar.

Sin embargo, también en estricto respecto a la legalidad, nos pronunciamos en contra de cualquier posición de un órgano o autoridad que pretenda de manera infundada llamar a otro, obligarlo, siendo Cámara de Diputados o de Senadores y en el caso que nos ocupa, la Comisión Permanente, a la realización de un acto que exceda de las facultades que nos han sido previstas constitucional o legalmente.

En consecuencia, lo conducente debe de ser que la rendición de la protesta correspondiente se realice, a la fórmula de diputados mencionada, en la primera sesión ordinaria del segundo periodo de sesiones del tercer año de la Legislatura, como en derecho corresponde.

Esa es la postura de Acción Nacional y nos parece que como partidos políticos debemos asumir una posición al respecto y pronunciarnos en esta Cámara. Es cuanto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputada Lariza Montiel Luis. En contra, ha solicitado el uso de la palabra el señor diputado Ramón Valdés Chávez.

El diputado Ramón Valdés Chávez: Gracias, señor diputado, se reconoce. Es curioso, quienes inician hablan de hablar ante la opinión pública de no usar esta tribuna para cosas menores, sean los que primero iniciaron el debate, sean los que iniciaron que se suspenda el orden del día; un orden del día que estaba aprobado. Sin embargo, nosotros queremos insistir que es un resolutivo de la autoridad máxima en materia electoral.

Ya no invitemos al pleno de la Comisión Permanente a violar la Constitución, la ley. Los que invocan el artículo 78 quieren violar el artículo 63, pues se desafía el fallo, que es muy claro y meridiano, que dio el tribunal pidiendo que se convoque a Francisco Melo, y así se hizo ayer por el presidente de esta Comisión Permanente.

Reitero que quien descarta y no cumple la ley, viola la Constitución; puede ser incluso sujeto a juicio político. Que se cumpla el resolutivo, compañeros diputados y senadores. Procedamos a la toma de protesta de Melo.

No hay, como ustedes dicen, gran diferencia entre un día y otros días. No hay ninguna diferencia, ¿cuál es el problema en que se tome ahora? ¿O pretenden buscar alguna argucia más para que después no tome la protesta Francisco Melo, como lo hicieron desde octubre? Es todo, compañeros. Gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias. El diputado Raúl Cervantes tiene el uso de la palabra, en pro.

El diputado Raúl Cervantes Andrade: Muchas gracias, señor presidente. Tomo la tribuna para hacer uso de la palabra, para razonar el porqué del sentido del voto de la bancada del PRI en esta Comisión Permanente de los senadores y diputados.

Nosotros no estamos cuestionando el fondo del tema que resolvió el Tribunal Federal Electoral. Me parece, en mi criterio como abogado, que es impecable. Me parece que el tema de una democracia y un desarrollo democrático de un país es el respeto a las instituciones y al derecho.

En el fondo el tema del Tribunal Federal Electoral pudiera ser no impecable, siempre inapelable; pero en este caso yo creo que cumple la dos. No tengo duda de que la resolución, en el fondo, cumple con el principio adecuado de administración de justicia en materia electora; no tengo duda. Y segundo, que es evidente para todos los presentes que es su última instancia constitucional en materia electoral.

El tema no está ahí, el quid del tema no está en el tema electoral, está en el tema de las facultades constitucionales de una Ley Orgánica y de un reglamento que nos rige. La naturaleza de la ley que genera un Congreso y que se da a sí mismo.

Como una excepción, por ejemplo, es uno publicación, somos un órgano creador de normas y somos un órgano que creamos nuestra propia norma para autorregularnos. Quiere decir que somos los creadores de la norma y, al mismo tiempo, los sujetos destinatarios de la norma. De eso se trata, de si sabemos o no respetar las normas que se da este Congreso, no la individualidad de bancadas o de diputados, o de senadores, porque pudieron haber sido en otra legislatura, sino en el cumplimiento por tener capacidad de iniciativa, de que si pensamos que hay normas que son inadecuadas en el ejercicio de nuestras funciones, ésas normas son las que habrían que cambiar. Y, me parece que el tema de fondo es, por qué la Permanente debe o no debe tomar protesta en casos de este tipo.

Y cuál es el razonamiento constitucional, sobre de por qué sólo es pedir licencia y por qué hasta la excepción constitucional de una toma de protesta, como dice la Constitución: "en su caso, en un Presidente de la República".

Me parece que el análisis constitucional sí tiene una lógica adecuada. Tú tomas protesta ante tu Cámara, porque tomas protesta entre pares. Sólo somos Congreso en sesiones de Congreso General, y sólo convivimos y coexistimos en el mismo órgano, senadores y diputados, cuando estamos en una Comisión Permanente; mandatada específicamente para casos concretos. Ése es el bien jurídico que está a discusión en este momento.

Si nosotros lo que queremos es cambiar el criterio de la naturaleza jurídica de la Comisión Permanente, cambiar el criterio de las normas que nos dimos a nosotros mismos y también darle cumplimiento a una resolución del Tribunal Federal Electoral. No es un tema menor.

No es un tema menor que en la casa en la que se producen las leyes se respeten las leyes. No es un tema menor que en donde se debate y siempre se debe debatir en un Congreso es, cómo deben manejarse los principios jurídicos en su aplicación y ponernos como ejemplo.

La Permanente no tiene expresamente una facultad y, aun y cuando no está prohibido, hay un principio de legalidad a todas las autoridades que no le aplica a los privados, sólo le aplica a las autoridades y es el principio de legalidad; nadie puede hacer lo que no está expresamente en la ley, primero.

Y segundo, el otro bien jurídico tutelado sería la temporalidad del ejercicio del ciudadano que va a tomar protesta y que tiene en legítimo derecho, que ya se le otorgó en una norma particular el Tribunal Federal Electoral, para poder ejercer su función.

Lo que se tomará a votación es, le daremos cumplimiento. Será así; toma protesta ahorita o pasa al periodo ordinario. Y si en la primera semana dejamos de manera pulcra, impoluta y sin ninguna duda, desde el punto de vista político y jurídico, que el ciudadano sea diputado conforme a derecho en la primera sesión, en el periodo ordinario.

No negamos su derecho; sólo respetamos a las instituciones y al Tribunal, respetamos a su partido y respetamos al ciudadano que será diputado. Lo único que estamos haciendo y razonando es, por qué preferimos hacerlo dentro de dos semanas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario senador Jesús Garibay García: En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto planteado. Los legisladores y las legisladoras que consideren que está suficientemente discutido levanten la mano (votación). Los legisladores y las legisladoras que consideren que no está suficientemente discutido favor de emitir su voto (votación). Por mayoría se considera suficientemente discutido, presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 y 19 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se ratifica el trámite considerado en el orden del día de esta sesión. Es decir, si se ratifica el orden del día propuesto. De no ser ratificado, se plantearía la modificación propuesta por el señor diputado Martínez Vargas.

El Secretario diputado Jesús Garibay García: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se ratifica el orden del día que ha sido publicado. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: No se ratifica el orden del día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Secretario diputado Jesús Garibay García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se aprueba la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario del PRD al orden del día. Los que estén por que se apruebe sírvanse manifestarlo (votación). Los que estén por que no se apruebe sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría para que se apruebe.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se modifica el orden del día con la propuesta hecha por el Grupo Parlamentario del PRD. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Jesús Garibay García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el orden del día con la modificación que fue aprobada. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Aprobado el orden del día por mayoría.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se aprueba el orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada el acta. Continúe con comunicaciones la Secretaría.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Comunicaciones. Oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado.

El Secretario senador Jesús Garibay Grcía: Oficio del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Senadores.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

Tiene la palabra el señor senador Fernando Castro Trenti para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, suscrita por los señores senadores Rogelio Rueda Sánchez, Ramiro Hernández García, Cleominio Zoreda Novelo, Mario López Valdez y Raúl Mejía González, integrantes todos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El senador Fernando Castro Trenti: Con el permiso de la Mesa Directiva. Señor presidente, voy a dar a conocer en sus términos esta iniciativa con proyecto de decreto, por la que se plantea reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en forma específica los artículos 84, 84 ter, 84 quarter y todos los demás relativos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con base en lo siguiente.

Como ustedes saben, el análisis que se ha hecho alrededor de las circunstancias políticas y de convivencia en un estado de derecho en la república nos lleva a considerar que uno de los graves flagelos que azota a la sociedad es la inseguridad, ya que alrededor de seis mil mexicanos, seis mil compatriotas, fueron victimados por hechos delictivos violentos y que pagaron con su vida la ineficacia de las instituciones del Estado mexicano, encargadas, sobre todas las cosas, de garantizar una legítima convivencia de la sociedad.

Este flagelo sin duda se ve facilitado, íntimamente ligado a la falta de control y de regulación que existe en la comunidad internacional y particularmente con nuestros vecinos del norte respecto de la comercialización en forma indiscriminada, de las armas de fuego.

Esta es una circunstancia que al evaluarla el Grupo Parlamentario del PRI presentó, en la Cámara de Senadores, una iniciativa, planteando un exhorto a la Cámara de Senadores y a las Cámaras legislativas estatales en los Estados Unidos de Norteamérica, con el propósito de que asuman su responsabilidad a partir de cambiar su régimen jurídico que permite, en este momento, que cualquier persona con escasos conocimientos y con una cantidad ínfima de recursos, en algunos casos, hasta una AK-47 se comercializa por 15 y 20 dólares, para que estas disposiciones cambien a partir de constituir una nueva política que considere, no solamente su idiosincrasia y su realidad nacional, sino su responsabilidad que tiene este país en el concierto de las naciones.

Ya lo hemos visto, estamos padeciendo gracias a una serie de políticas económicas fallidas y sobre todo, políticas económicas que hoy en día no pueden ser sostenidas, como generar un flagelo y detonar un problema gravísimo en el mundo.

Hoy igual sucede, por esa política orientada sólo a satisfacer los intereses económicos de las grandes industrias encargadas de la fabricación y comercialización de estas armas y que entran a toda Latinoamérica en forma indiscriminada.

Justamente esta iniciativa plantea no solamente voltear los ojos hacia afuera quienes son los directamente responsables de esa comercialización, sino plantea, en forma específica, sancionar a aquellas autoridades nacionales que teniendo su obligación de combatir, de estar atentos, de vigilar y de sancionar la introducción de armas de fuego y explosivos a nuestro país, no lo hagan por acción o por omisión.

En forma específica es esta iniciativa, endurecer las disposiciones de carácter legal para presentar un frente legislativo que dé una herramienta eficaz a las autoridades responsables del combate contra la delincuencia organizada y que nos permita que tengan una herramienta que genere un elemento fundamental contra la impunidad, y que permita abatir el índice de las muertes violentas.

En forma concreta me voy a permitir dar lectura al proyecto de decreto que se reza en los siguientes términos.

Artículo 1o. Se deroga la fracción II del artículo 84, se reforma el artículo 84 Ter y se adiciona un artículo 84 Quáter, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Artículo 84 Ter. Las penas a las que se refieren los artículos citados se aumentarán hasta en el doble cuando el responsable sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, miembro de algún servicio privado de seguridad o miembro del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, en situación de retiros, de reserva o inactivo.

Artículo 84 Quáter. Al servidor público que estando obligado por sus funciones a impedir la introducción de armas al país, a que se refieren los artículos 84, fracción I y 84 Bis, y no lo haga por acción o por omisión, se le impondrá de 15 años de prisión, además se le impondrá la destitución del empleo o cargo, inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión pública. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor senador don Fernando Castro Trenti. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

Tiene la palabra el señor diputado Carlos Altamirano Toledo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que Prohíbe la Fabricación, Importación, Distribución, Venta, Renta y Uso de Juguetes Bélicos, suscrita por los diputados Othón Cuevas Córdova y Carlos Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Carlos Altamirano Toledo: Gracias, señor presidente, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, me permito presentar una iniciativa de ley de mis compañeros diputados Othón Cuevas Córdova y Carlos Martínez.

En virtud de que está publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito, señor presidente, que el texto íntegro sea publicado en el Diario de los Debates. No voy a leer la iniciativa, voy a explicar algunas de las razones que motivan esta iniciativa.

En primer lugar debemos asumir, los mexicanos, la preocupación por la conducta violenta de niños y jóvenes que no se limita al interior de los hogares, sino que se ha trasladado a centros educativos, sociales y culturales y en todos los grupos socioeconómicos.

Esta violencia, según especialistas en pedagogía, tiene su origen en la educación, en la que es esencial el tipo de juego y juguetes que se utilizan y que en muchos casos son juguetes bélicos.

Estos juguetes deben entenderse como aquellos que imitan armas de fuego y punzo-cortantes o vehículos que sirven para jugar a confrontaciones de guerra y a matar.

Este tipo de juguete, continúan afirmando los pedagogos, no contribuyen a lograr una educación basada en el respeto, la justicia y la paz, sino a una expresión incontrolada de la violencia, de competencia, entre los niños y las niñas.

En opinión de los promoventes, es necesario ir más allá de las campañas de conscientización que se han realizado en el país y que también promueven organismos internacionales como la UNICEF, para tratar de reducir la violencia entre los adolescentes.

Por ello, la iniciativa propuesta prohíbe este tipo de juguetes que en nada contribuyen a tener una sociedad más consciente y pacífica.

Si bien los promoventes reconocen que la prohibición a los juguetes bélicos implica costos para el gobierno y los fabricantes, consideran que será más alto el costo que como sociedad seguiremos pagando si no hacemos algo para prevenir conductas de los niños y niñas que más adelante se convierten en conductas delictivas.

Por lo anterior expuesto es que se propone, a esta Comisión Permanente, la presente iniciativa que prohíbe la fabricación, la importación, la distribución, la venta, renta y uso de juguetes bélicos en todo el territorio nacional, cuyo articulado, como lo he dicho, no leeré por razones de tiempo.

Concluyo señalando que la responsabilidad de la formación y recreación de los niños mexicanos no sólo es responsabilidad de las familias, sino que es una responsabilidad social de todos.

Tomemos decisiones para que el juego infantil sirva para ejercitar y estimular la mente, despertando en los niños el respeto por la vida, la creatividad, la sana emulación, la camaradería, la lealtad, el trabajo en equipo, el respeto al adversario, la comprensión y la tolerancia con los demás, dentro de un espíritu de paz y fraternidad. Gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado, don Carlos Altamirano Toledo. Intégrese el texto íntegro al Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Se concede el uso de la palabra al señor diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

El diputado Manuel Portilla Diéguez: Gracias. Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, actualmente el fenómeno de la corrupción dentro de los cuerpos policiacos ha dado como resultado la desconfianza y el descrédito ciudadano de las instituciones encargadas de la administración y de la procuración de justicia.

La corrupción es un problema que afecta gravemente la legitimidad de la democracia, distorsiona el sistema económico y constituye un factor de desintegración social. Por ello, es de extrema urgencia crear mecanismos que permitan erradicar este fenómeno con la finalidad de garantizar el bienestar social.

Quiero precisar que las asimetrías en los requisitos de ingreso y el procedimiento de reclutamiento del personal que actualmente se practican en la Procuraduría General de la República dificultan la selección del personal apropiado que cumpla las exigencias y necesidades del Estado en el combate a la delincuencia.

Es necesario recalcar que sin duda existen numerosos oficiales comprometidos y entregados al deber de servir y proteger a la ciudadanía. Sin embargo, y para la problemática que hoy expongo, la eficacia de la Procuraduría General se ha visto minada por la corrupción, la insuficiente preparación de sus integrantes, la infiltración y la amenaza de la delincuencia organizada, así como por los recursos limitados de que dispone la Procuraduría para cumplir su importante labor.

Debemos dotar a la Procuraduría de nuevos métodos que permitan establecer parámetros de evaluación y control de sus elementos, y especialmente vigilar las técnicas de selección de nuevos aspirantes a preservar la seguridad pública.

Por ello es necesario modernizar los requisitos de admisión y supervisión del personal de la Procuraduría en las diferentes etapas de su desarrollo profesional, para lo cual se propone que se incluya en los requisitos de evaluación la prueba denominada "electroencefalograma virtual".

Esta prueba proporcionará información contundente y veraz para ingreso, selección, permanencia, promoción, remoción, separación y sanción de los elementos encargados de la seguridad pública. Con esta prueba se otorgarán más elementos para conocer el perfil psicológico y asimismo para detectar a quienes carecen del espíritu de servicio y de los valores éticos.

El Estado debe adoptar medidas más estrictas para el control y el reclutamiento de una de las instituciones que durante mucho tiempo ha sido pilar fundamental en el combate a la delincuencia. Se debe hacer una depuración de los malos elementos y se deben establecer mecanismos de evaluación que permitan garantizar que los integrantes de la Procuraduría sean elementos honestos y capaces para enfrentar los retos que la inseguridad y la delincuencia organizada ha puesto al Estado mexicano.

La intención de la iniciativa que hoy presento tiene el objetivo de disminuir el índice de elementos corruptos que han invadido a la Procuraduría, cerrar el paso a la delincuencia organizada y establecer un mecanismo de control periódico de quienes ya la integran. Todo ello tendrá un efecto positivo en la sociedad, ya que la corrupción es una conducta humana que obstaculiza el desarrollo económico social de nuestro país.

Por ello debemos cerrar el paso a la corrupción y a los malos elementos que se benefician de ella; debemos restablecer los principios rectores de nuestra nación, como la libertad, la legalidad, la paz y la seguridad social.

Por ello, compañeros legisladores, los exhorto a que cerremos filas para combatir la corrupción; a que creemos mecanismos de supervisión, evaluación y control de uno de los pilares de la seguridad de nuestro país, como es la Procuraduría General de la República. Y uno de los mecanismos es la prueba del electroencefalograma virtual. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo III Bis a los artículos 322 Bis y 322 ter del Código Penal Federal, suscrita por el diputado José Luis Aguilera Rico, del grupo parlamentario de Convergencia. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la palabra el señor senador Rogelio Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el 60 ter de la Ley General de Vida Silvestre.

El senador Rogelio Rueda Sánchez: Con la venia de la Presidencia. Compañeros legisladores, traigo una iniciativa que presento y que espero en su oportunidad sea dictaminada favorablemente y aprobada por ambas cámaras, para modificar una parte de la legislación ambiental, en la que creo que en los fines todos coincidimos. Queremos la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales como un medio para la preservación de la especie humana, del mejor entorno para el desarrollo del ser humano.

Por eso tenemos como un elemento central del concepto de desarrollo la sustentabilidad. El propio Constituyente Permanente en el año de 99 califica el desarrollo que debe ser regido por el Estado, la rectoría del desarrollo nacional prevista en el artículo 25 es calificada como un desarrollo que debe ser no sólo integral, sino sustentable.

Por supuesto, resulta entonces que desarrollo y sustentabilidad no son incompatibles, sino que deben ser consustanciales. La sustentabilidad califica al desarrollo, pero no lo excluye ni lo hace nugatorio.

Por ello, el desarrollo nacional implica la necesidad de proyectos en ocasiones de gran magnitud, de un impacto en el crecimiento y el empleo, que es también otra de las instrucciones de la constitución al Estado para conducir el desarrollo.

Este tipo de proyectos tiene siempre retos importantes en materia de planeación, de financiamiento, tiene complejidad técnica y desafíos tecnológicos. La conjunción de todos estos elementos es la obligación del Estado a través del gobierno.

Por eso es importante que estos proyectos, cuando resultan de evidente beneficio público para el desarrollo regional o nacional, tengan el marco jurídico adecuado para poderse llevar a cabo de manera ágil, oportuna, cuidando el medio ambiente, pero privilegiando también el desarrollo y la generación de empleos.

En este caso específico estoy planteando la modificación a un artículo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a otro de la Ley General de Vida Silvestre, que implica un reconocimiento de que vale la pena matizar, de que vale la pena corregir, en su caso, la forma como hemos ido conduciendo el marco jurídico, porque coincidiendo en el objetivo de proteger el medio ambiente, hemos, sin embargo, imposibilitado en buena medida la ejecución de proyectos importantes para el desarrollo regional y nacional.

La atención al medio ambiente, en este caso no quedaría descuidada sino obligaría, por supuesto, a quien realice las obras y actividades, a informar con antelación a la Secretaría del Medio Ambiente de las características de las mismas, los tiempos en que pretendan llevarse a cabo, su probable impacto en el medio ambiente, así como las acciones de compensación y de mitigación a las que se comprometa.

La Secretaría tendría 60 días para establecer su idoneidad o incluso ordenar su adecuación. Por eso, estamos planteando que eso sólo fuera posible cuando las obras y actividades sean de utilidad pública manifiesta, en cuanto su contribución al desarrollo regional e incluso nacional.

La importancia de que las obras y actividades referidas tengan una utilidad pública evidente, radica en que ésta presupone que los beneficios colectivos ciertos, de naturaleza regional e incluso nacional, son valorados como superiores a las probables afectaciones al manglar que, en todo caso, por supuesto deben ser compensadas y mitigadas.

En esto consiste esta modificación que, siendo breve en su contenido específico, tendría un impacto amplio en la posibilidad de ejecución de proyectos de infraestructura, especialmente de importancia regional y nacional.

El marco jurídico actual realmente es sumamente limitativo en el caso de un servidor, que representa al estado de Colima en el Senado de la República. Tenemos el caso del puerto de Manzanillo, que ha visto sumamente limitada la posibilidad de crecimiento, precisamente por este marco jurídico tan restrictivo.

Estamos planteando que la posibilidad exista cuando sea ?decíamos y lo repito? evidente el beneficio para el desarrollo regional, nacional y, por supuesto, que se compense, se mitigue e incluso pueda ampliarse el mejoramiento del medio ambiente.

Tenemos ?sólo lo planteo como ejemplo? el caso de una laguna con cientos de hectáreas que está muriendo, que está en malas condiciones y que no se tienen los recursos para ejecutar las acciones que la rescaten.

Tener en una parte de esa laguna infraestructura portuaria permitiría generar las condiciones que la recuperasen, que la reviviesen y que, en todo caso, incluso mejorasen el medio ambiente, el entorno de esa región. Y que al propio tiempo generasen muchos más empleos para nuestra región y para nuestro país.

Por eso creo que es importante que podamos tener el dictamen y, en su oportunidad, contar con el apoyo de los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Si bien sería una acción más que podría servir a la coyuntura económica, a las dificultades y a la necesidad de invertir en infraestructura, que es uno de los objetivos que compartimos del paquete apenas ayer presentado, vale la pena dejar claro que es una decisión que el Congreso puede tomar y que no sólo es útil en esta coyuntura, sino en las próximas décadas. Porque el país seguirá requiriendo infraestructura, proyectos de desarrollo regional y nacional que puedan tener condiciones de ser ejecutados y no limitados o impedidos, como el marco jurídico actual nos lo presenta. Por su apoyo, muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor senador don Rogelio Rueda Sánchez. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación del señor senador Gustavo Enrique Madero Muñoz.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Como lo indica, señor presidente.

Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente y del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo establecido en el artículo 37, inciso c), fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto solicito a esta Comisión Permanente, permiso para aceptar y usar la condecoración denominada "Medalla Presidencial" misma que me será conferida por el gobierno de la República de Guatemala, el próximo 13 de enero del presente.

Para tal efecto, adjunto al presente copia simple de la carta enviada por el presidente del Congreso de la República de Guatemala, por la que comunica el otorgamiento de dicha condecoración. Asimismo, adjunto copia simple del acuerdo gubernamental 478-2006, por el que se apruebe el otorgamiento de la misma.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mis consideraciones, el presidente de la Mesa Directiva, senador Gustavo Madero Muñoz.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se dispensan todos los trámites. Proceda la Secretaría a dar lectura al proyecto de decreto.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Gustavo Enrique Madero Muñoz para aceptar y usar la condecoración "Medalla Presidencial" que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular. Por la afirmativa el de la voz, y por la negativa el senador Jesús Garibay.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputada.

La diputada Marcela Cuen Garibi (desde la curul): A favor.

El diputado Rolando Rivero Rivero (desde la curul): A favor.

La diputada María Esther Jiménez Ramos (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Augusto Bracho González (desde la curul): A favor.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz (desde la curul): A favor.

El senador Humberto Andrade Quezada (desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Portilla Diéguez (desde la curul): A favor.

El senador Javier Orozco Gómez (desde la curul): A favor.

La diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Carlos Velasco Pérez (desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Valdés Chávez (desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Gerardo Villanueva, a favor.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Octavio Martínez, a favor.

El senador Alejandro González Yáñez (desde la curul): González Yáñez, muy a favor.

El senador Federico Döring Casar (desde la curul): Döring, en pro.

La diputada Lariza Montiel Luis (desde la curul): Lariza Montiel, a favor.

El diputado Carlos Eduardo Felton González (desde la curul): Felton González, a favor.

La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Beatriz Zavala, a favor.

La senadora Eva Contreras Sandoval (desde la Curul): Eva Contreras, a favor.

La senadora Gabriela Ruiz del Rincón (desde la curul): Ruiz del Rincón, a favor.

La diputada Blanca Luna Becerril (desde la curul): Blanca Luna, a favor.

El diputado Raúl Cervantes Andrade (desde la curul): Raúl Cervantes, sí.

El senador Fernando Jorge Castro Trenti (desde la curul): Castro Trenti, sí.

El senador Rogelio Rueda Sánchez (desde la curul): Rueda, sí.

El senador Cleominio Zoreda Novelo (desde la curul): Zoreda, sí.

El senador Rubén Fernando Velázquez López (desde la curul). Rubén Velázquez, a favor.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: ¿Falta algún legislador de emitir su voto? Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Garibay Jesús, sí.

El Vicepresidente diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Tonatiuh Bravo, por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Duarte Jáquez, sí.

El Vicepresidente senador Luis Alberto Villarreal García: Luis Alberto Villarreal, en pro.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Ramiro Hernández, a favor. Se emitieron 31 votos a favor y ninguno en contra.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se autoriza. Continúe la Secretaría.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Dictamen con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Salud a que presente por escrito las causas de la no reubicación del Hospital Psiquiátrico Infantil doctor Juan N. Navarro.

Puntos de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al secretario de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, que informe a esta Comisión Permanente sobre la cancelación del proyecto de reubicación del Hospital Psiquiátrico Infantil doctor Juan N. Navarro.

Segundo. Se exhorta al secretario de Salud, así como a la directora del hospital, doctora Dora María Pérez Ordaz, a proceder a cancelar toda acción contra el personal laboral del hospital psiquiátrico infantil, quienes se manifestaron legítimamente en contra del proceso de reubicación.

Tercero. Se solicita al secretario de Salud informe a esta soberanía quiénes conforman la comisión para la renovación del Hospital Psiquiátrico Infantil doctor Juan N. Navarro, cuándo y dónde se reúne la misma.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente al secretario de Salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos, a instalar de inmediato el Comité Multidisciplinario.

Firma la comisión. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado secretario. Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe con la lectura del siguiente punto de acuerdo.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Dictamen de la Tercera Comisión por el que se solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública considerar su apoyo para que destinen recursos extraordinarios, por única vez, a la Universidad Autónoma del estado de Morelos.

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en el ámbito de colaboración entre poderes, solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la de Educación Pública, se realice una evaluación de la situación que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, respecto a los pagos pendientes que tiene con el Infonavit y, derivado de esa evaluación, considerar la forma de apoyar a la misma universidad. Dicho apoyo podrá incluir la reestructuración del adeudo, así como los medios necesarios para resolver el problema.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo y en virtud de que no ha solicitado ningún legislador el uso de la palabra, lo consideramos suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

El Secretario senador Jesús Garibay García: De la Tercera Comisión. Dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita a la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, entregue un informe detallado de los peritos valuadores que no cumplieron con el plazo de tres años para obtener su cédula profesional de posgrado.

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, un informe detallado con los nombres de los peritos valuadores que no cumplieron con el plazo de tres años para obtener su cédula profesional de posgrado.

Como lo dispone el artículo segundo transitorio del decreto que reformó la Ley de Transparencia de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2005, en virtud de que ha fenecido el término otorgado.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo y, no habiendo quien haya hecho solicitud de uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Tercera Comisión. Dictamen con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal a través de Petróleos Mexicanos, remita en un plazo no mayor de ocho días informe detallado sobre los términos de contratación para la perforación de pozos, en Chicontepec.

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal, remita en un plazo no mayor a ocho días un informe detallado e inmediato, a través del director de Petróleos Mexicanos, sobre los términos de la contratación para la perforación de pozos petroleros en Chicontepec, donde incluya el fundamento legal para su otorgamiento y los montos que comprenden las licitaciones, así como los datos técnicos de los pozos. Es cuanto señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo y, no habiendo quien haya solicitado el uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para la votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría. Señor senador.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Dictamen de la Tercera Comisión por el que se solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de la república, que se instauren medidas pertinentes para la implantación de estufas ecológicas en las comunidades indígenas y campesinas del país, que actualmente utilizan fogón abierto para cocinar.

Punto de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de la república que fomente medidas pertinentes para la implantación de estufas ecológicas en las comunidades indígenas y campesinas del país, que actualmente utilizan fogón abierto para cocinar.

Segundo. Se exhorta al secretario de Desarrollo Social para establecer convenios de colaboración con organizaciones no gubernamentales, a que fomentan la construcción de estufas ecológicas con la finalidad de proveer a más familias indígenas, campesinas, de este mecanismo de utilización de energía renovable. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, senador secretario. Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haya solicitado el uso de la palabra se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Dictamen con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar un programa emergente para revertir el deterioro de la carretera transistmica en Oaxaca.

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar un programa emergente para revertir el deterioro de la carretera transistmica en Oaxaca y promover su aprovechamiento integral. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor senador. En virtud de que nadie ha hecho solicitud del uso de la palabra se considera suficientemente discutido y se reserva para la votación económica en conjunto. Continúe, por favor, señor senador.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Dictamen con punto de acuerdo por el se exhorta al Ejecutivo federal a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas mexicanos.

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a revisar, a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social, y de Salud, las condiciones del programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, tomando en consideración las propuestas de modificación, descritas en el cuerpo del presente documento, para mejorar las condiciones laborales y humanas de los trabajadores agrícolas mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que ningún legislador ha solicitado el uso de la palabra, se considera suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores y legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquense.

El siguiente punto del orden del día son proposiciones con punto de acuerdo. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Carlos Augusto Bracho González, a nombre del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal, a través del SAT, y la Administración General de Aduanas, a la modificación de la regla 2.7.2., relativa a la franquicia de mercancía de pasajeros.

El diputado Carlos Augusto Bracho González: Gracias, señor presidente. Agradezco al compañero diputado tamaulipeco Carlos Alberto García González, haya compartido conmigo este punto de acuerdo para poderlo suscribir y presentarlo a ustedes.

Es con relación a una modificación a la regla 2.7.2., relativa a la franquicia de mercancía de pasajeros, a efecto de que su alcance comprenda el mismo periodo durante el año que el del programa Paisano, puesto en marcha por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración. Es relativo a lo siguiente.

Esta regla, que salió el 30 de abril, se publicó el 30 de abril de 2008 y se reformó, dice lo siguiente: "Durante los períodos comprendidos del 27 de junio al 31 de agosto de 2008 y del 24 de noviembre de 2008 al 9 de enero de 2009, los pasajeros de nacionalidad mexicana provenientes del extranjero que ingresen al país por vía terrestre, con excepción de las personas residentes en la franja o región fronteriza, podrán importar, al amparo de su franquicia, hasta 300 dólares o su equivalente en moneda nacional".

Sin embargo el programa Paisano inicia el 24 de octubre, lo que estamos solicitando tanto al SAT, al Servicio de Administración Tributaria y a la Administración General de Aduanas, es que pueda recorrer esta fecha del 24 de noviembre hacia atrás, al 24 de octubre de cada año para que sean beneficiados también los paisanos que vienen de los Estados Unidos y que seguramente traen objetos para sus familias.

En este contexto, pues, es de notarse que tanto la regla de carácter general como el programa Paisano, contemplan como fecha de terminación el mismo día 9 de enero de 2009.

En tal sentido es que se considera que, en todos los programas y disposiciones implementados por el gobierno federal debe existir coherencia y armonía, de tal forma que se encuentren en perfecta alineación unos con otros, en especifico aquellos que tengan estrecha relación por razón de la materia como lo es el caso que nos ocupa.

De aprobarse este punto de acuerdo o que esté de acuerdo el Ejecutivo, infiere la necesaria relación o vínculo que tiene el programa con la disposición señalada, o sea, el programa Paisano con la resolución de la regla 2.7.2. y, con esto, empatamos para que los paisanos y sus familiares puedan beneficiarse.

Por todo lo expuesto y ya que resulta deseable y posible que las disposiciones y programas implementados por las dependencias federales cumplan plenamente sus objetivos y con ello se otorguen mayores beneficios a nuestros paisanos, además de que las políticas públicas deben emitirse con base en principios de hegemonía y armonía en busca siempre del mayor beneficio social de la comunidad, es que sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Exhortar al Ejecutivo federal, a través del Servicio de Administración Tributaria y su Administración General de Aduanas, respecto de la modificación de la Regla 2.72, relativa a la franquicia de mercancía de pasajeros, a efecto de que su alcance comprenda el mismo periodo durante el año que el diverso Programa Paisano, o sea que se empate la segunda etapa, de acuerdo con la regla del 24 de noviembre del 2008, y que pueda incluirse desde el 24 de octubre, junto con el Programa Paisano.

Ése es el objetivo de este punto de acuerdo y mucho le agradeceré, señor presidente, en virtud de que se encuentra insertada en la Gaceta Parlamentaria, que se pueda integrar en el Diario de los Debates de esta sesión. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado Carlos Augusto Bracho González. Insértese íntegramente en el Diario de los Debates y túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acuerde la ampliación del horario de aplicación de la tarifa 9N.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez: Con su venia, diputado presidente. El artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica le da la competencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las de Economía y de Energía, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, para fijar las tarifas eléctricas, su ajuste y modificación.

Esta proposición con punto de acuerdo es un exhorto respetuoso al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda, acuerde la ampliación del horario de aplicación de la tarifa 9N para uso agrícola a las 24 horas del día.

Actualmente existen dos tarifas especiales para la producción agrícola: la 9CU, que se aplica de las 8:00 horas a las 24:00 horas y que cuesta 40 centavos kilowatt/hora, y la 9N, que se aplica de las cero horas a las 8:00 horas y cuesta 20 centavos kilowatt/hora. Es decir, durante 16 horas del día los productores pagan una tarifa el doble de cara que la más baja.

Los precios de los diversos insumos del sector agrícola se han elevado considerablemente en el último año, impactando en el precio al consumidor final de los productos básicos y se habla de una crisis mundial de alimentos que en México afecta de manera especial a los mexicanos de menor poder adquisitivo.

Una ampliación en el horario de aplicación de la tarifa 9N reduciría los costos de producción de las tierras de riego con agua subterránea que en el campo mexicano significan 591 mil hectáreas. Éstas representan el 10.99 por ciento de toda la agricultura de riego y el 3.55 del total de la agricultura nacional.

El Ejecutivo federal redujo, mediante acuerdo publicado el 20 de noviembre de 2007, las tarifas para el uso industrial y presentó como argumento que es una prioridad para el gobierno federal instrumentar medidas tarifarias que promuevan la competitividad, el sector industrial. Por lo que es conveniente reducir los cargos de energía consumida en el periodo de punta para los usuarios de dicho sector.

A partir de marzo de 2008 entró en vigor una segunda reducción a los cargos de energía eléctrica consumida en los periodos de punta para tarifas correspondientes al sector industrial y empresarial.

El costo de estos subsidios al sector industrial es de 23 mil 326 millones de pesos. Esta propuesta va exactamente en el mismo sentido para dar un trato equitativo a los productores del campo, puesto que es interés del Estado mexicano no sólo el desarrollo industrial, sino también el desarrollo agropecuario.

El Estado mexicano puede bajar con relativa facilidad las tarifas para el sector agrícola, dado que los ingresos totales por la venta de energía eléctrica de este sector en 2007 fue de tres mil 775.1 millones de pesos. Es decir, apenas el 16.1 por ciento de los subsidios que están siendo entregados al sector industrial.

Estas razones son la que le dan el fundamento para exhortar al Ejecutivo a que después del anuncio de ayer, en donde se dan a conocer las medidas para la defensa de la economía familiar y el empleo, en las que efectivamente se promueve buscar cómo atemperar los efectos de este fenómeno, pero se hace una omisión grave, ignorando lo que ocurre en el campo mexicano.

Es realmente intrascendente, irrelevante, el apoyo anunciado el día de ayer por el Ejecutivo federal para el sector agropecuario. Por esa razón, estamos proponiendo que se subsidien las tarifas eléctricas del sector agropecuario para que las 24 horas del día se aplique la tarifa 9N, que es a 20 centavos kilowatt/hora.

No estamos en contra de apoyar a las Pymes, a las pequeñas y medianas empresas. No estamos en contra de que el Ejecutivo federal destine recursos para atender la demanda de la planta productiva nacional, pero no sólo se produce en la mancha urbana y en las fábricas, donde está la producción primaria del país es en el campo mexicano y en donde no estamos de acuerdo es en que se abandone al campo mexicano, que se deje a los campesinos a su suerte y que sigan como siempre, pagando los costos elevados de los errores internacionales o de los errores locales del manejo de la economía.

Por esa razón quiero pedirle, diputado presidente, que este punto de acuerdo se ponga a consideración como de urgente u obvia resolución y que, además, se lleve a cabo la votación de manera nominal, para saber con claridad; que los mexicanos sepan, los campesinos de este país, quién de los legisladores está a favor del campo mexicano. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado. Consulte la secretaría a la asamblea si? ´

¿Sí, diputado?

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez: Que le consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Señor diputado Calzada, si me permite usted. Queda integrado.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo propuesto por el diputado Calzada.

El Secretario senador Jesús Garibay García: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Ramón Valdés Chávez para presentar proposición con punto de acuerdo en el que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a que acuda ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a explicar por qué las instituciones bancarias no otorgan tarjetas de crédito a las personas de 65 años o más, suscrita por el diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado Ramón Valdés Chávez: Efectivamente, es un punto de acuerdo del diputado Elías Cárdenas Márquez, de Convergencia. Gracias, señor presidente.

Decía Beltrol Brech: "Es más delito tener un banco, que asaltarlo". Sobre todo ahora que vemos las tarjetas de crédito, los intereses que tienen y los intereses en general.

El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución a la letra dice: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".

La discriminación separa y diferencia cosas entre sí, es la desigualdad de trato que se da a uno o varios miembros de una comunidad o grupo étnico. La discriminación se refleja en un evidente y notable deterioro humano que afecta a lo económico político-social y económico, en cualquier sociedad.

Si se discriminara por edad en el mundo, se habrían afectado a 200 millones en 1950; para 1970 a 307 millones y para 2000 quienes tenían 60 de edad o más ya habían superado los 500 millones de habitantes.

Por el número en la esperanza de vida para el año 2050, el número de personas de más de 60 años de edad será de 2 mil millones. En la población mundial los porcentajes de jóvenes y adultos mayores serán igual; la discriminación a estos últimos les priva de los derechos que disfrutan otros.

Todas las instituciones bancarias son unidades económicas que se dedican a actividades inmersas en las ocupaciones de los comerciantes per se son fortuitas. Esto es, por su propia naturaleza pertenecen al campo económico de las pérdidas y las ganancias, los bancos mexicanos apuestan únicamente a las ganancias.

A propósito, se discrimina a las personas que tienen 65 años de edad, ahora hasta por los plásticos que ofrecen las tiendas de autoservicio. Puede ser lógico que se investigue el historial de crédito, pero para negar el otorgamiento de la tarjeta de crédito, en todo caso debe ser la capacidad financiera, nunca la edad.

La discriminación tiene costos profundos, que cubren no sólo los grupos estigmatizados, sino la sociedad. Algunos de estos costos son: la desigualdad, las pérdidas económicas, el quebranto de los derechos y libertades y la negación de oportunidades para quienes son objeto de discriminación, la degradación de la vida democrática porque las oportunidades de desarrollo son selectivas. Es muy común en el país la discriminación por la edad.

Si las instituciones bancarias no otorgan tarjetas de crédito a las personas de 65 años o más que la soliciten discriminan, porque ello forma parte, primero, de las actividades que realizan todos los comerciantes sujetos a la eventualidad de ganar o perder. Y, en segundo lugar, la Carta Magna prohíbe la discriminación por edad.

No se pueden establecer preferencias o discriminación alguna a los solicitantes del servicio que nos juren una clientela seleccionada, que condicione el consumo, reserve derechos de admisión, excluya o establezca prácticas similares, salvo que se afecten la seguridad y la tranquilidad del establecimiento o se funden discusiones de otros ordenamientos legales.

La Constitución prohíbe la discriminación por edad. El merito de lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta con las condiciones debidas al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que acuda al pleno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público a explicar porqué las instituciones bancarias violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras leyes, no otorgan tarjetas de crédito a personas de 65 años o más edad.

Se solicita también que la presente proposición con punto de acuerdo se trámite, por obvias razones, de urgente resolución y con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Señor presidente, le solicito atentamente la sustitución de los textos de las propuestas del diputado y que entrego en este momento.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias, diputado. Lamentablemente no puede, esta Presidencia consultar si se considera de urgente u obvia resolución su solicitud, toda vez que esta Comisión Permanente, de conformidad con el artículo 78 de nuestra Constitución, no tiene facultades para imponerle a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados la comparecencia en cuestión.

Si usted así lo desea, el turno sería enviarlo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados directamente, para que ahí se examine y, en su caso, se apruebe su solicitud. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra la senadora Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo relativa al respeto a las normas que prescriben a los partidos políticos la equidad de género, en la conformación de sus candidaturas a cargos de elección popular.

La senadora María Beatriz Zavala Peniche: Con el permiso de la Mesa Directiva; con el permiso de las señoras legisladoras y señores legisladores.

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a los partidos políticos al respeto a lo establecido en las normas para adjudicar a mujeres candidaturas a cargos de elección popular, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

México ha hecho un largo recorrido en materia de firma de convenios y acuerdos internacionales y de aprobación de leyes para garantizar a las mujeres el acceso a las oportunidades en todos los aspectos de la vida nacional.

Hemos visto en varias ocasiones que la existencia de un marco jurídico amplio, técnicamente bien conformado y conveniente a nuestra realidad, no es un detonante para que las cosas efectivamente cambien.

No estaría por demás, en este momento, hablar de nuestro avance legislativo en materia de equidad social, en 1974 la adición al artículo 4o. de la Constitución con el terminante "el hombre y la mujer son iguales ante la ley".

En los últimos años este Congreso ha aprobado las reformas constitucionales al artículo 1o. para establecer la prohibición de toda discriminación, motivada, entre otras cosas, por razones de género a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 2003; a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2006; a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007.

Asimismo, se han ratificado por el Senado de la República importantes instrumentos en materia internacional, para equiparar a nuestro país a los niveles legales y sociales de otros países.

Todo este esfuerzo se ha realizado para tratar de regular y garantizar jurídicamente la igualdad entre los géneros y proponer lineamientos y mecanismos institucionales hacia el cumplimiento de una igualdad sustantiva, no discursiva, en los ámbitos público y privado.

Se han propuesto y operado acciones de política nacional y temas y programas para la observancia de las normas en la materia. Según las leyes aprobadas, estas normas y políticas son de orden público y de indudable interés social.

Se trata de la cultura jurídica que debe prevalecer en una comunidad determinada. Nada de esto ha llevado a abandonar los esquemas tradicionales de rezago de la mujer en todos los aspectos de la vida pública.

Mientras se pronuncias discursos avanzados en materia social, se mantienen los cotos de poder intocados, donde se reparten cargos y oportunidades solamente entre hombre o dando una mínima participación de género, cuando no existe otra salida.

También se han realizado en varias ocasiones maniobras para esquivar las disposiciones legales aparentando un respeto que se vulnera a la primera oportunidad.

Se habla de educación para crear conciencia. Seguramente es necesaria en las escuelas, en la publicidad y en los medios. Pero los políticos, más aún los legisladores, seguramente ya tenemos una formación ética y social suficiente para valorar lo que significa la discriminación permanente y no confesada, en todos los terrenos, no por capacidades, sino por prejuicios.

En este momento quiero referirme a la participación de las mujeres en la vida política del país. A una participación y representación política?

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Permítame, senadora. Le voy a dar un minuto más para que concluya su intervención.

La senadora María Beatriz Zavala Peniche: Como no. Muchas gracias. Es reiterativo pero no inútil, recordar que la mujer representa más del 50 por ciento de la población del país. Yo quiero poner un ejemplo de por qué el exhorto que inmediatamente voy a leer y está aquí en esta Comisión Permanente y con todo respeto.

Al Partido Revolucionario Institucional, aquí en la Comisión Permanente, no aparece en el grupo de los senadores ninguna mujer, ninguna senadora ni como titular ni como sustituto.

En el grupo parlamentario de diputados, en la Permanente del mismo partido, no aparece ninguna titular, solamente suplente. En el PRD aparece una mujer, de tres integrantes titulares.

Son ejemplos concretos de la falta de equidad de representación en el Congreso y en las funciones.

Cierto es que el Cofipe tiene vigente varias normativas que quiero señalar y que dan la posibilidad o deben garantizar esa equidad. Está, por ejemplo, el artículo 219, está el artículo 220 y el artículo 221.

Sin embargo, con los ejemplos dados y con la realidad política nacional, proponemos exhortar a los partidos políticos y coaliciones nacionales, a fin de que en observancia de las normas legales establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en las próximas elecciones de este año de 2009, procedan al registro de un mínimo de 40 por ciento de candidatas mujeres en las listas de representación proporcional, respetando de esta manera la participación de género establecida.

Segunda. Se les exhorta así mismo, con total respeto, a lo que establezcan los estatutos de cada partido, para que en las listas que se sometan a sus procesos democráticos internos para selección de candidatos de mayoría relativa, se incluya un porcentaje de mujeres similar al que la Ley indica para las listas de representación proporcional.

Tercero. Se exhorta a los partidos políticos, para que en las fórmulas de diputados los suplentes de las mujeres candidatas sean del mismo género que la titular propietaria de la candidatura, a fin de mantener la participación de género establecida por la ley. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, senadora Beatriz Zavala Peniche. Túrnese? Senadora, si acepta usted que se suscriban. No se puede decir que no hay representación femenina aquí en el Congreso. Quieren signarlo. También la diputada Lilia Merodio, del PRI, se suman, en fin, todas las compañeras senadoras.

La diputada Marcela Cuen Garibi (desde la curul): Marcela Cuen, también para sumarme al punto que ha presentado la senadora Beatriz.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muy bien, diputada.

La diputada María Esther Jiménez Ramos (desde la curul): María Esther Jiménez, si así lo permite la senadora, integrarme también.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Bien.

La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): También invitamos a que se sumen los legisladores de todos los grupos parlamentarios.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Seguramente habrán de hacerlo en la Comisión y al momento de aprobarla también quedará muy claro. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

Tiene el uso de la palabra el señor senador Rubén Velázquez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta a las presidencias de las mesas directivas del Congreso de la Unión acuerden celebrar una sesión solemne el 5 de febrero de 2010, en la Ciudad de Querétaro, como parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia, suscrita por los senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis García Zalvidea y él mismo. Tiene el uso de la palabra, señor senador.

El senador Rubén Fernando Velázquez López: Los festejos históricos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución no pueden pasar por alto los aniversarios de las constituciones de 1857 y de 1917. Ésta última promulgada en la ciudad de Querétaro.

La propuesta que a nombre propio y de mis compañeros, los senadores Silvano Aureoles Conejo y José Luis García Zalvidea, pongo a consideración que es la solicitud respetuosa a las presidencias de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, para que acuerden celebrar, el 5 de febrero de 2010, una sesión solemne de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el marco de los festejos históricos, precisamente del ya cercano 2010.

La Constitución Política de 1917 sintetiza las luchas y los anhelos de la nación mexicana: independencia, soberanía, libertad y justicia. Es el proyecto rector de la vida política, jurídica, social y económica del país.

Este día se conmemora la promulgación de nuestra actual ley fundamental, elaborada en la ciudad de Querétaro, durante las sesiones del Congreso Constituyente, convocado por Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos en aquellos años.

El antecedente inmediato de la Carta Magna de 1917 es la constitución de 1857, documento que fue hecho posible luego de la victoria de la Revolución de Ayutla, en 1855, encabezada por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, en contra de Antonio López de Santa Anna.

El texto constitucional de 1857 mantuvo su vigor durante los años posteriores al triunfo de los liberales.

Durante el período en que gobernó el general Porfirio Díaz, el artículo 78 en el cual se prohibía la reelección del presidente de la república, sufrió una modificación significativa, lo que permitió al general Díaz mantenerse poco más de 30 años en el poder.

En 1910, a raíz de varios hechos que coartaban la voluntad política de los mexicanos y sus derechos plasmados en la Constitución de 1857, surgió el movimiento revolucionario encabezado por don Francisco Y. Madero, que provocó la renuncia del presidente Díaz.

En febrero de 1913, el presidente Madero fue derrocado por el usurpador Victoriano Huerta, rompiéndose la vigencia del orden constitucional. Para restaurar el imperio de esta Constitución se levantó en armas don Venustiano Carranza, gobernador maderista de Coahuila. Sin embargo, luego de la experiencia de la lucha armada se prefirió redactar una nueva.

El 22 de octubre de 1916 se llevaron a cabo elecciones para la conformación de un Congreso Constituyente que inició sesiones en Querétaro el primero de diciembre de 1916, concluyéndolas a finales de enero de 1917.

El anteproyecto original presentado por Carranza fue superado a raíz de los debates entre los congresistas. Se logró un documento más radical que abarcó aspectos sociales y políticos que ninguna otra constitución del mundo había planteado antes.

La Constitución fue firmada el 31 de enero y jurada el 5 de febrero de 1917, garantizando los derechos y demandas sociales políticas y económicas, así como la soberanía nacional y la propiedad del Estado sobre la riqueza del subsuelo.

De entre sus artículos más importantes destacan el 3, que plasma el derecho a la educación; el 27, que determina los tipos de propiedad de la tierra y aguas y el 123, que expresa los derechos fundamentales de las clases trabajadoras.

En este sentido, es propicio y coherente, en el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, realizar una sesión solemne por el H. Congreso de la Unión, en ocasión de la celebración del aniversario de la promulgación de las constituciones de 1857 y 1917 en la ciudad de Querétaro.

Proponemos y ponemos a consideración este punto de acuerdo y esperamos el interés y el apoyo a esta propuesta y en general a las actividades alrededor de los festejos históricos que impulsamos en la comisión especial en la materia de la que yo formo parte. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor senador don Rubén Velázquez López. Túrnese a los presidentes de las mesas directivas de las cámaras de Diputados y de Senadores.

Se recibió proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a evitar y sancionar el robo de energía eléctrica en el país, suscrita por el diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia. Túrnese a la Tercera Comisión de trabajo.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Sagarpa y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que atiendan la problemática generada por el paro nacional pesquero.

El diputado Carlos Eduardo Felton González: Muchas gracias, diputado presidente. El día de ayer, ante esta soberanía, un diputado y un senador presentaron puntos de acuerdo con respecto al paro nacional pesquero que se ha venido difundiendo a través de los medios de comunicación nacionales.

De hecho, el día de ayer le solicité al senador Rueda que me permitiera suscribir, junto con él, el que él suscribiera, decisión que fue atendida. El día de hoy quiero, en mi carácter de secretario de la Comisión de Pesca, como sinaloense, específicamente mazatleco, que conoce de la problemática pesquera por haber trabajado por espacio de 10 años en el mismo sector, presentar algunas consideraciones y finalmente dar a conocer mi solicitud de punto de acuerdo sobre este tema.

Más allá de cuántas embarcaciones o cuántos cientos o miles de trabajadores del mar están acatando este paro, lo que nos debe preocupar en el fondo son los empleos que este paro pudiera poner en riesgo.

No es desconocido para los compañeros legisladores que México, por los miles de kilómetros que tiene de litoral y los cientos de especies marinas, tiene un gran potencial sujeto de explotación.

Sin embargo, es histórico también el hecho de que por muchos años a la pesca no se le ha dado la atención debida.

También sabemos que en lo que respecta a presupuesto se han logrado avances importantes. De dos años para acá, de mil 800 millones de pesos que se tenía de presupuesto brincamos a tres mil 600, sin embargo, seguimos todavía quedándonos cortos en lo que el país requiere en el renglón pesquero y que podemos, de alguna manera, aprovechar, máxime cuando el día de ayer el presidente Calderón, de manera muy puntual, presentó el Acuerdo Nacional para la Protección de las Familias sin Empleo.

Y aquí la pesca encaja perfectamente bien en este propósito del presidente Calderón, no solamente de preservar los empleos que ya se tienen, sino de buscar la manera de generar nuevas alternativas.

Mazatlán y específicamente hablando de la pesca del camarón. Mazatlán depende y ha dependido por muchos años de esta pesquería y actualmente tiene la mayor flota pesquera camaronera en el país.

Estamos hablando de poco más o menos, 600 embarcaciones dedicadas a la pesca del camarón. Embarcaciones que le dan empleo a más de cinco mil trabajadores del mar; trabajadores que merecen mi respeto, porque es una actividad no fácil, es una actividad peligrosa, es una actividad que demanda mucha entrega y que no siempre le proporciona al trabajador de la pesca o no siempre le reditúa en recursos lo que esta actividad representa en riesgo.

Solamente en Mazatlán, lo comentaba, tenemos 600 embarcaciones, 5 mil pescadores. Estamos hablando de cinco mil familias, que finalmente dependen de esta actividad y no estoy contando las empacadoras y no estoy contando las personas que de alguna manera participan y comercializan este producto y también viven de él.

No es desconocido tampoco para nosotros el hecho de que hace 2 años el sector pesquero podía adquirir el litro de diesel a 3.50. Actualmente el precio del diesel anda en los 5 pesos con 45 centavos, un incremento del 55 por ciento.

También es importante dar a conocer que el precio internacional del camarón, que actualmente enfrenta una competencia muy, muy fuerte de países de centro y Sudamérica, la misma pesquería en estanques ha propiciado que el precio del camarón internacional baje y este año hemos tenido una reducción entre un 7 y un 9 por ciento en el precio internacional del camarón.

Finalmente, todos estos datos que pongo hoy a su consideración, insisto, tienen el interés de llamar la atención de ustedes en el tema que debe ser el fondo, más allá de todo movimiento que pudiera ser de tipo político o como hace un momento me preguntaban sobre el actuar del comisionado. Yo creo que más allá de cuestión política lo que nos debe de ocupar es precisamente la preservación del empleo de estos miles de trabajadores que dependen de la pesca en todos los rincones del país.

Y en ese sentido, compañeros diputados y senadores, hoy vengo a hacer una propuesta con punto de acuerdo muy específica que dice así:

En primer lugar, exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, a fin de que atienda de manera urgente el paro nacional pesquero, buscando generar las alternativas de solución que permitan reactivar la actividad pesquera de manera inmediata; así como los miles de empleos que la misma generan.

Segundo. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lleve a cabo, de inmediato, un análisis a fondo de los precios de los combustibles que se expenden en el país, con la finalidad adecuarlos a los nuevos precios internacionales del petróleo, y que le permitan a las diferentes actividades productivas en México recuperar la competitividad necesaria para continuar generando los empleos que requerimos. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Señor senador Rueda.

El senador Rogelio Rueda Sánchez: Si le consulta al orador si se autoriza se incluya al punto de acuerdo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado, que si permite a los señores senadores suscribir, hacerla de urgente.

El diputado Carlos Eduardo Felton González: Con mucho gusto, encantado.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se suma el senador Castro Trenti, el senador Cleominio y el señor senador Rogelio Rueda. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

Se concede el uso de la palabra al señor senador Rubén Velázquez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Semarnat y la Conagua, informe sobre las políticas públicas a ejecutar para revertir la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la zona hidrológica administrativa del Valle de México, suscrita por los señores senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis García Zalvidea, así como él mismo.

El senador Rubén Velázquez López: Gracias, diputado. El tema al que me voy a referir es un tema que debe ocupar la atención nuestra como otros temas que se tocan acá en tribuna, porque estamos hablando del agua. Voy a hablar del agua, que sin el agua no puede haber vida, como todos los sabemos.

Quisiera comentarles, legisladoras, legisladores, lo siguiente. Sólo por dar un dato concreto, la Conagua ha informado de cerca de 4 mil pozos clandestinos en el Valle de México. Ésta es una de las causas de la sobreexplotación de los mantos acuíferos en esta zona.

El problema es grave, pues como exponen los investigadores del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, rápidamente se está llegando a un punto en que no habrá inversión, ni bombeo, ni reparación de canales suficiente para prevenir la acumulación de agua de manera permanente en esta zona. Ésta es una cita de este Centro de Sustentabilidad.

Además de la previsible falta del vital líquido en el futuro cercano, tenemos el problema de los hundimientos, como los presentados en el municipio de Chalco, precisamente por la sobreexplotación del acuífero subyacente del lago de Xico.

En el contexto global la escasez de agua empeorará, en parte por los efectos del calentamiento climático y, por supuesto, por la sobreexplotación, sobre todo, en las grandes urbes.

La ONU tiene información de mil 300 millones de personas sin acceso a agua; y de 31 países con grave escasez. La demanda de agua se duplica cada 20 años. En nuestro país, desde la década de los setenta se ha aumentado dramáticamente el número de acuíferos sobreexplotados. Prácticamente se ha triplicado la cifra, de 32 en 1975 a 101 en 2007; de éstos se extrae el 58 por ciento de agua subterránea para todos los usos.

Ya hay investigadores que afirman, que ya se está extrayendo agua, de la que ellos denominan agua histórica. Es decir, agua almacenada en lo más profundo de la tierra o en profundidades de millones y millones de años.

De las regiones hidrológico-administrativas sobreexplotadas destacan las del Valle de México, la zona metropolitana de la Ciudad de México, Chalco, Amecameca, Texcoco y Cuautitlán y también Pachuca.

La Comisión Nacional del Agua ha detectado, sólo en el Valle de México, 3 mil 848 pozos clandestinos. Para dar el número exacto de lo que hice mención en un principio. Se duplica así las fuentes de abastecimiento con concesión correspondiente.

A más de las denuncias de diversas organizaciones, investigadores y ciudadanos, no existe una atención a esta problemática específica. Por ejemplo: a la denuncia de investigadores del proyecto Sierra Nevada, de la Universidad Autónoma de México, que denuncian irregularidades en la operación de pozos en la región conocida como de "los volcanes" y, aunado a ello, daños a los mantos freáticos de la zona, se les ha obstruido la información y en este sentido por parte del registro público de derechos de agua.

Por ello, proponemos este punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal, a través de la Semarnat y la Conagua, para que informen sobre las políticas públicas que ejecutará a corto, mediano y largo plazo para revertir la sobreexplotación de los mantos acuíferos en la zona hidrológica-administrativa del Valle de México.

Asimismo, para que esta Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo, a través de las instancias citadas para que se entregue a los investigadores del proyecto Sierra Nevada, la información completa sobre la operación de pozos en la región de los volcanes. Debemos apoyar las iniciativas ciudadanas, de organizaciones y de investigadores que coadyuven a conocer la realidad sobre la explotación de agua en diversas regiones del país, a fin de tener información concreta que ayude a la solución de esta problemática, que nos concierne a todos; que, ojalá, nos ocupemos todos, gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor senador, don Rubén Velázquez López. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

Esta Presidencia recibió de la diputada Dolores de María Manuell Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y Energía de la Cámara de Diputados.

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente.

La diputada María Esther Jiménez Ramos (desde la curul): Señor Presidente, deseo hacer uso de la palabra para este tema.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, se le concede el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada María Esther Jiménez.

La diputada María Esther Jiménez Ramos: Estaba contemplada en el orden del día, señor presidente. Con su permiso, señor presidente.

La de la voz, diputada María Esther Jiménez Ramos, a nombre de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, diputada federal a la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propone a esta Presidencia de la Mesa Directiva formule segunda excitativa a las Comisiones de Gobernación y de Energía para que, de conformidad con los artículos 45, apartado sexto, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emitan el dictamen correspondiente de la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y de la Ley del Servicio Pública de Energía Eléctrica, en razón de los siguientes

Antecedentes

Con fecha 9 de diciembre de 2004 el diputado Oscar Pimentel, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

La Mesa Directiva de este órgano legislativo dio cuenta de dicha iniciativa y giró el trámite que al calce reza "túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Gobernación".

El día 25 de abril de 2006 en sesión plenaria de Comisiones Unidas de Gobernación y de Energía ?tal como reza el trámite de la Mesa Directiva?, se reunieron los integrantes de las mismas para aprobar el dictamen y se dio trámite para ser considerado de primera lectura ante el pleno de la Cámara de diputados, sometido al orden del día de esa fecha.

A la fecha, esta Legislatura no ha conocido dictamen alguno que contemple ésta y otras modificaciones que se han propuesto en el mismo sentido.

Consideraciones

Las altas temperaturas en la temporada de verano en las ciudades de Mexicali y Baja California, hacen que el consumo de energía eléctrica sea elevado e indispensable para quienes ahí habitan.

En general, las condiciones climatológicas en la última década se han intensificado y el país ha sufrido la consecuencia de ellas, elevando hasta en un 25 por ciento el consumo de energía eléctrica.

Las modificaciones propuestas por esta iniciativa son de suma importancia para el diseño análisis y aplicación del sistema tarifario de energía eléctrica en el país, donde lo más importante es que se le quite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de diseñar y aplicar las tarifas en este rubro, sin atender la importancia que tiene la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.

Las Comisiones de Gobernación y Energía no han cumplido su encomienda de dictaminar, rebasando por mucho el tiempo de dictaminación en los términos del artículo 91 del mismo Reglamento para nuestro Gobierno Interior, sin haber manifestado motivo alguno que justifique la demora o suspensión del trámite que todo proyecto de ley debe seguir al interior de las Cámaras del Congreso.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y tras haberse cumplido de sobre el tiempo que se marca en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior y en aras de que se cumpla lo enmarcado en el inciso f) del apartado 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitarle a usted, señor presidente de la Mesa Directiva, hacer la excitativa por segunda ocasión a las Comisiones Unidas de Gobernación y Energía, a efecto que emitan el dictamen correspondiente de la iniciativa en mención. Es cuanto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada. En tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente. Es cuanto.

El siguiente punto del orden del día es: comentarios respecto a la situación política y económica nacional. Para este efecto tiene el uso de la palabra el señor diputado don Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su permiso diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en este punto del orden del día, referente a la situación política y económica nacional, el Grupo Parlamentario del PRD manifiesta su postura señalando lo siguiente:

En las acciones anunciadas por Calderón, con el tema del acuerdo nacional a favor de la economía familiar y el empleo, no se observa el diseño de una política social clara, que facilite el desarrollo regional y garantice la rectoría del Estado en el sector financiero, como lo marca la ley.

Para corroborar lo anterior es necesario señalar lo siguiente: En materia de apoyo a la economía familiar, la estrategia sólo congela el precio de las gasolinas, pero en un nivel en el que actualmente superan por mucho al que existe en otros países del mundo.

Por ejemplo, en los Estados Unidos el precio de la gasolina se ha reducido en casi un 40 por ciento. En el Reino Unido la reducción fue del 17 por ciento, al igual que en Francia y España. Para poner un caso más cercano a la economía mexicana, Brasil, la reducción fue de un 16 por ciento. En el caso de México este incremento se ha llevado al exceso del 12 por ciento en el precio de las gasolinas.

Hay que recordar que en campaña Calderón prometió la reducción de los combustibles, de la energía eléctrica, del diesel, de la gasolina, y lo primero que promovió aquí, con su grupo parlamentario, fue el gasolinazo.

No se plantea la reducción ni el congelamiento del precio del diesel, que es utilizado por los sectores productivos, como es el caso del agro o de la pesca. Tampoco se pone freno al alza de los precios de los principales artículos de consumo de la canasta básica, señalando que, en estos casos, muchos han registrado incrementos superiores al 100 por ciento.

El aumento no otorga un incremento emergente al salario mínimo, que restituya el poder adquisitivo del mismo y el cual mínimamente debiera ser entre el 12 y el 15 por ciento, si quisiéramos alcanzar ese objetivo.

Además se habla de que se va a ampliar a 250 mil plazas de empleo temporal. Hay que señalar con énfasis "temporal", cuando el secretario del Trabajo del gobierno espurio dice que en lo que va del gobierno, el gobierno del empleo, del sexenio que iba a ser del empleo, se han perdido 2 millones de empleos, y nos anuncia muy campechanamente que en el 2009 se van a perder un millón. Es decir, esta medida no atiende ni siquiera el 7.5 por ciento del problema.

Sobre las tarifas de energía eléctrica se establece que las tarifas industriales y comerciales, en mediana y alta tensión, se congelarán y tendrán reducciones que van desde el 9 por ciento para la tarifa comercial, hasta 20 por ciento para la alta tensión.

Sin embargo, el golpe a la economía familiar ya está dado, ya que el año pasado, tanto la tarifa residencial como la comercial, mostraron incrementos muy superiores a las reducciones anunciadas.

Quiero comentar aquí que se anuncia que se van a destinar 750 millones de pesos para que los sectores de la población más empobrecidos cambien sus electrodomésticos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Van a regalar lavadoras y refrigeradores en año electoral? Bueno, pues como diría mi compañera senadora "habrá que indagarlo", porque esto suena francamente como un populismo de derecha bastante despreciable por la situación en la que está sobreviviendo el pueblo de México.

Incrementar el monto que los trabajadores puedan retirar de su Afore, agrava todavía más la crisis de este sistema y en consecuencia de las futuras pensiones de nuestros trabajadores.

Los fondos de pensiones ya perdieron cerca del 30 por ciento de su valor. Con el desempleo, el trabajador dejará de cotizar, pero las Afore siguen cobrando comisiones, y esta propuesta promueve el retiro de una parte del fondo.

Por otro lado, la estrategia de incrementar créditos de vivienda me parece que es un cinismo impresionante. Si aquí estamos denunciando que la cartera vencida la están comprando los despachos extranjeros, si aquí estamos diciendo que los grandes beneficiarios de los créditos de vivienda o de los subsidios que se aprueban desde el gobierno para la promoción de vivienda, las aprovechan las inmobiliarias y los bancos, y resulta que se anuncia esta medida, no la entiendo y no la podemos admitir y no hay que dejar redenunciarlo.

Se anuncian incentivos fiscales para que las empresas no despidan personal. Sin embargo no sólo se mantiene, sino que se incrementa en 0.5 por ciento la aplicación del impuesto empresarial a tasa única, el famoso IETU, aun y cuando este impuesto tiene un fuerte sesgo contra el empleo.

Por otro lado, sobre el ejercicio del gasto público y la creación de obra pública, el programa no establece montos de recursos, sino exclusivamente los que ya fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos.

Es decir, está anunciando una medida como propia, de algo que aprobamos aquí los diputados federales.

El programa de infraestructura básica de este país fue aprobado en el Presupuesto de Egresos de 2009 por los diputados federales en la Cámara de Diputados. No entiendo cuál medida nueva. ¿Dónde está la novedad? Existe una total ausencia de un programa de austeridad y los gastos superfluos del gobierno, sin embargo se hacen anuncios?

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Permítame, diputado. Senador Villarreal.

El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Preguntar al orador, a través de usted, si me permite formularle una pregunta.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado, si acepta una pregunta.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con mucho gusto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, senador Villarreal.

El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Quisiera preguntarle al diputado si en las notas que sus asesores le escriben no le enunciaron, entre paréntesis, que ayer el presidente de la república, al hacer el anuncio respecto a la infraestructura, agradeció a la Cámara de Diputados y reconoció de la Cámara de los Diputados la aprobación de este programa de infraestructura.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, senador. Adelante, señor diputado.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Estoy haciendo consideraciones generales del anuncio mediático, por cierto muy teatral, del presidente espurio, entonces no tiene nada que ver si agradece o no agradece, son funciones constitucionales que tenemos los diputados federales y las tratamos de cumplir de acuerdo a nuestros principios y programas, de acuerdo al partido que cada quien pertenezca. Si me permite continuar, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, diputado.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Miren, por lo anterior, este Grupo Parlamentario del PRD propone, para mejorar la situación económica del país, y con estos puntos concluyo, diputado presidente, le ruego que me permita leerlos.

Uno. Debe bajar el precio de las gasolinas, del diesel, del gas y de la luz, como lo prometieron. Además, esta Cámara tomó medidas para que esto se dé y existe un colchón, por llamarlo de alguna manera, de más de 130 mil millones de pesos.

Ese margen lo tiene hoy por hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es el monto que se estimó de subsidio a la gasolina y al diesel, en la Ley de Ingresos para 2009. Que se haga, que no sean insensibles, que se haga, que se baje el precio de las gasolinas, el diesel el gas y de la luz.

Dos. Aumentar de emergencia el salario mínimo para recuperar cuando menos lo perdido por la inflación en la canasta básica durante los últimos años.

Tres. Se debe derogar el IETU como apoyo a trabajadores asalariados, comercios y empresas.

Cuatro. El gobierno debe intervenir para evitar más pérdidas en los fondos de retiro de los trabajadores.

Cinco. Se debe impulsar al sector agropecuario para producir en México lo que consumimos y dejar de comprar los alimentos en el extranjero.

Seis. Es urgente fortalecer a la industria de la construcción para reactivar la economía y generar empleos, por supuesto inyectando recursos frescos, no con lo que ya aprobamos aquí los diputados el año pasado.

Siete. Se deben extender los apoyos al desarrollo social. Se tiene que comprender que el Estado existe, no nada más para garantizar las instituciones y la seguridad pública, sino sobre todo la seguridad social, es decir, que se haga lo que se hace en el Distrito Federal, que se universalicen los programas de adultos mayores, de madres jefas de familia y de discapacitados.

Ocho. Es indispensable reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos, eliminar los privilegios en el gobierno y aplicar un plan de austeridad republicana para ahorrar y destinar esos fondos a la atención de la crisis económica y el bienestar social.

Aquí el principal problema de Calderón es que cree sus propias mentiras. Quiere seguir gobernando este país con spots y con estrategias mediáticas y de propaganda política. Le queremos recordar que así no se gobierna, que no puede cometer el gravísimo error, y menos en estas circunstancias, de creer las mentiras que señala su publicidad y su propaganda política. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado. Senadora Zavala.

La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Preguntarle al orador si por su conducto me acepta una pregunta con respecto a las propuestas que ha planteado.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Señor diputado Gerardo Villanueva ¿acepta usted?

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con muchísimo gusto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, senadora.

La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): En uno de los puntos señala la universalización de los programas sociales. Mi pregunta es si consideran hacer universales o extensivos los recursos y los programas sociales en un año de crisis económica mundial a quienes no lo requieren, a quienes tienen los medios económicos suficientes para completar todos sus gastos de manutención y de una vida digna.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, senadora Zavala. Adelante, señor diputado.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Muchas gracias, diputado presidente. Le agradezco mucho la pregunta, senadora, porque así me permite extender los criterios, específicamente en este punto.

Existen dos posiciones: la del estado de bienestar y la del estado policiaco que se promueve actualmente en nuestro país. Y en el PRD creemos en el estado de bienestar, en el estado social democrático y de derecho que entiende que su fin último es el beneficio a su población y al pueblo.

Por lo tanto, entendemos la política no como esta relación entre los que dominan y los dominados. Entendemos el Estado como esa entidad social que tiene que poner los medios para la vida y su desarrollo. Ése es el concepto de política que plantea la idea nada teórica en el Distrito Federal de la universalización de la atención social a la población, porque lo otro ha derivado en corrupción, en clientelismo, la focalización que esto de dar oportunidades, o sea, no, no.

Toda la población de un Estado debe de tener oportunidades. Toda la población y no nada más quien el Estado diga. Esa es la gran diferencia, la universalización evita la corrupción y, sobre todo, una cosa bien dramática que se da en las comunidades indígenas, en las zonas rurales o en las colonias populares, donde los programas federales se aplican, que es la división, la discriminación, porque resulta que hay unos pobres que sí reciben el apoyo y otros pobres que no lo reciben y eso, senadora, es absolutamente inadmisible.

Le quiero agregar además un dato. Lo que pasa en el Distrito Federal ha servido de ejemplo para gobiernos democráticos y de izquierda en el mundo entero; 25 mil millones de pesos se invierten a la política social y a la obra pública, nada más que la fórmula y el secreto es algo que jamás va a comprender la derecha gobernante, se llama austeridad republicana, disciplina en el ejercicio del gasto público y eliminación de subejercicios, porque esto es un problema que tenemos en el gobierno federal de manera dramática.

Entonces, creo que la postura sí es radicalmente distinta a la que se aplica actualmente por parte de los programas federales del gobierno panista y nuestra propuesta de universalización, sin duda alguna, resuelve ese problema sin discriminar y sin arrojar a la burocracia gobernante a la corrupción. Con esto termino la respuesta a la señora senadora.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado don Gerardo.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Muchas gracias a usted, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias.

La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Senadora.

La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): La pregunta concreta no fue respondida, recursos públicos sociales a quien no tiene necesidad económica, esa fue la pregunta.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, senadora. Tiene uso de la palabra el señor senador Rogelio Rueda.

El senador Rogelio Rueda Sánchez: Con su venia, presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, presente en esta Comisión Permanente, tanto de senadores como de diputados, me permito compartir con ustedes que el Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo, presentado el día de ayer, pretende hacer frente a la crisis financiera internacional y se presenta como un plan emergente.

Tenemos, no sólo un retraso en su presentación, sino un desconocimiento en los plazos de ejecución específico de las medidas que se presentan. Esto nos permite inferir que no será infalible, frente a la creciente desaceleración económica internacional, especialmente ahora que el sistema financiero mexicano ha disminuido el crecimiento del crédito, las exportaciones, las remesas.

En tanto, la demanda interna está ya sin duda mostrando signos de debilidad; de ahí que el reto estará en la rapidez de los resultados anunciados y en la correcta ejecución ?si vale decirlo así? de los programas específicos, de los puntos anunciados.

No podemos dejar del lado que el panorama económico se prevé complicado y las proyecciones de crecimiento continúan a la baja. Por ello, un primer paso debe ser que el gobierno federal haga pública su valoración oficial sobre el comportamiento de la economía nacional y sus principales variables esperadas para este año 2009.

Para poder contar con un punto de partida propio y no sujeto a las previsiones de los organismos internacionales, requerimos conocer la magnitud del problema a enfrentar.

El incremento temporal del gasto público podrá no estimular en el corto y largo plazo nuestra actividad económica, dejando de resolver los excesivos riesgos que hemos de afrontar con la desaceleración mundial; sobre todo en lo referente a la protección de los sectores socialmente más vulnerables y a la promoción del empleo, si no contamos con esta identificación de la magnitud del problema.

Por ello, requerimos esto como una base para la discusión y para generar los consensos respecto a éste y otros temas prioritarios en la agenda nacional.

El gobierno federal sustenta su planteamiento en la ya famosa cobertura sobre el precio del petróleo presupuestado en 70 dólares de la que, por cierto, no conocemos aún sus estipulaciones y alcances contractuales detallados. Pero no podrá asegurarse que ocurra lo mismo con otros ingresos fiscales, máxime que una menor actividad económica significará una menor recaudación impositiva.

Así, las circunstancias imperantes demandan también la reinstauración de una disciplina fiscal y monetaria que el Ejecutivo no ha incluido en sus anuncios.

La importancia del financiamiento privado y no sólo público que debe fluir es una condición necesaria para la reactivación económica, en donde este pacto enunciado no consideró medidas para recomponer el sistema financiero, medidas para recuperar la demanda y restablecer la confianza.

Además, por supuesto, no adopta un paquete de estímulos fiscales que en muchos otros países forman parte, sin duda, de las medidas. No se considera la reducción en los precios de los combustibles.

Nosotros hemos ya planteado ayer que deben bajar al precio internacional por lo menos, pero aquí se congelan, se congelan en las nubes. Allá se congelan los precios, porque se privilegia la visión tributaria que garantice los ingresos fiscales.

En lugar de privilegiar la protección a la economía de las familias mexicanas y con ese mismo criterio no se incluye la reducción de las tarifas domésticas en el consumo de energía eléctrica.

Por supuesto, el tema recién mencionado, de nuevo, de los paros en el sector pesquero, buscando reducir los costos del diesel marino; han enfrentado una insensibilidad del gobierno que raya en el absurdo.

"El diesel seguirá subiendo", ha sido su única respuesta. ¿Estarán buscando acabar con el sector pesquero? Pero al continuar aumentando los precios del diesel, está también aumentando el costo de los productores agropecuarios y está también aumentando el costo del transporte de mercancías, y esto, sin duda, tendrá una generación de inflación que perjudica a las familias mexicanas.

Me parece que este anunció del día de ayer debe ser, en principio, bienvenido, porque son necesarias medidas en materia de política económica. Sin embargo, nos parece insuficiente. Hasta aquí llega la creatividad del actual gobierno. Hasta aquí se atreve con los, casi, innumerables instrumentos, con toda la capacidad del gobierno.

Estaremos, sin embargo, atentos a que se cumplan y, por supuesto, ese análisis y en el complemento de lo que México requiere. Estaremos atentos a participar en el foro Qué hacer para crecer, que ha convocado el Senado de la República, para que las decisiones de política económica que se tomen sean decisiones con un horizonte más allá del primer semestre de este año.

En el PRI vamos a insistir en que las decisiones de política económica se tomen pensando en las próximas generaciones y no sólo en las próximas elecciones. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor senador Rogelio Rueda. Para hechos, ha solicitado el uso de la palabra el señor diputado Martínez Vargas, y se le concede.

El diputado Octavio Martínez Vargas: Con su venia, compañero presidente. Sin duda, el anunció que escuchamos el día de ayer en el transcurso del día, en la tarde, es un documento que no cumple con las necesidades que requiere nuestro país.

El cuerpo de asesores que rodea al titular del Ejecutivo federal no tuvieron más imaginación para incorporar el ámbito más importante, más creativo y más realista, y más sustantivos.

Quiero dar un tema que por cierto está ausente, que es la industria turística. Esta actividad que es la tercera fuente generadora de riqueza en nuestro país, después del petróleo y la refinación, simplemente para el gobierno no le importa. Lo hemos visto en los presupuestos, lo hemos visto en la designación de los servidores públicos que están al frente de estas dependencias, lo hemos visto en la intención de reducir, incluso, recursos al tema de la promoción en diversas modalidades, que expresan puntualmente el desdén a esta actividad; 2.3 millones de empleos genera esta actividad política.

No hay apoyo a los micro y pequeños empresarios turísticos. No hay una política que fomente el ingreso del turista extranjero. No hay una política que nos permita promocionar todos los destinos turísticos en el país de manera más amplia y más diversa, simplemente este tema que a España, que a Francia, que a otros países sudamericanos les ha permitido crecer, al gobierno mexicano no se le ocurrió.

¿Por qué? Porque no le interesa. Subrayan la parte de Bancomex y Nafinsa, el programa de Pymes.

Hay que ponerle atención, porque si vamos a ver lo que observamos en el 2007 y en el 2008, recursos públicos aprobados por esta Cámara de Diputados y que simple y llanamente fueron destinados mil millones de pesos para la industria del maíz. Qué magia beneficiar siempre a los más poderosos, a los que más requieren y no a quienes lo necesitan.

El programa Pymes con esa liberación de recursos, simplemente no tuvo cómo explicar ese apoyo tan grosero y grotesco. Lo mismo en Bancomext y en Nafinsa, quien por cierto, en días pasados acaba de dejar el cargo Mario Laborín y asume la responsabilidad un nuevo titular. Vamos a ver, vamos a ver si en verdad llega sin compromisos y llega con una investidura republicana; si llega en verdad a cumplir los acuerdos que se han referido.

No entendemos aún cómo es que la lógica de estas instituciones que debiesen fomentar el crecimiento económico de nuestro país, la generación de empleos, se limiten exclusivamente a apoyar a un grupo de empresarios del norte de nuestro país ligados a Acción Nacional ?también hay que subrayarlo? que de manera muy ágil, muy expresa, se les liberan recursos con un trámite que no ha durado más que 15 días en el plan más largo de un plan de negocios.

Saludamos los 25 puntos de este plan que han anunciado; no creo que sean suficientes, sin embargo vamos, a estar vigilantes de que se cumpla, primero; de darle seguimiento a cada uno de ellos.

Por eso, compañeras y compañeros legisladores, lo que debiésemos hacer en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados en el próximo periodo ordinario, es generar comisiones plurales den seguimiento a estos temas que el gobierno federal ha estructurado.

Que vigile puntualmente su cumplimiento; que mida si en verdad se están cumpliendo y no ?como hemos visto en otros años, en otras administraciones y en esta misma? que única y exclusivamente fueron anuncios como ha habido muchos en otras materias, en materia de seguridad pública ?por ejemplo?, que han hecho anuncios con bombo y platillo y que simple y llanamente no han cumplido su objetivo ni resolvieron el problema por el cual fueron creados.

Por eso vamos a estar atentos a crear esta comisión plural, esta comisión que dé seguimiento a lo antes referido. Y ojalá que los 25 puntos antes mencionados verdaderamente se cumplan. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado. No habiendo más oradores, pido a la Secretaría dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Orden del día de la próxima sesión. Comisión Permanente. Primer receso del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

(Lectura al orden del día)

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, senador secretario don Ramiro Hernández. Se levanta la sesión (15:15 horas) y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 14 de enero a las 11:00 horas.