La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 269 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón (11:30 horas) Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se dispensa la lectura.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputado Almonte Borja. Sonido a su curul, por favor.
El diputado Ramón Almonte Borja (desde la curul): Gracias, presidenta. Mi participación va en el sentido de que, con fundamento en el artículo vigésimo del Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, pido a la Mesa Directiva se solicite al pleno de esta soberanía la inclusión en el orden del día de esta sesión, el asunto relativo a la configuración de la vacante del cargo de diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia en la Cámara de Diputados de esta LX Legislatura, en acopio precisamente al acuerdo de fecha 14 de octubre de 2008, en donde este pleno aprobó el acuerdo de la Mesa Directiva relativo a la configuración de la vacante del cargo de diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia en la Cámara de Diputados de esta LX Legislatura, en cuyo único punto resolutivo establece lo siguiente:
Primero. Se declara vacante la fórmula integrada por los ciudadanos Alberto Esteva Salinas y Gustavo Velázquez Lavariega, diputados propietario y suplente respectivamente, de Convergencia, electos en la tercera circunscripción plurinominal, por lo que resulta necesario actuar conforme a lo previsto en el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta petición ya se había hecho también mediante escrito, a través del diputado Juan Guerra Ochoa, mediante oficio presentado a la Mesa Directiva desde el día 29 de octubre. Entonces solicito a la Presidencia ponga a consideración? más bien solicito a la Mesa Directiva ponga a consideración del pleno esta solicitud.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Le pido a la Secretaría dé lectura al artículo Vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Artículo Vigésimo. Sólo por resolución del pleno, a propuesta de la Mesa Directiva o de la Junta de Coordinación Política, se podrá incluir algún asunto no contenido en el orden del día. Es cuanto, ciudadana presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le informo al diputado que la Mesa Directiva está a la espera de la propuesta de la Junta de Coordinación Política. Este tema no se abordó en nuestra reunión previa de la Mesa Directiva, por tanto, nos reservamos el tema. Le suplico por favor que se remita a su coordinador.
El diputado Ramón Almonte Borja (desde la curul): Presidenta, hay dos formas de modificar el orden del día. La primera es a propuesta, precisamente, de la Junta de Coordinación Política; o, bien, la Mesa Directiva lo puede someter al pleno de esta soberanía; esta soberanía puede también modificar el orden del día. Yo lo que estoy solicitando es que se incluya el punto antes del apartado de iniciativas.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le repito que este asunto no fue tratado en nuestra reunión previa de Mesa Directiva; por tanto, no es una propuesta de la Presidencia, sino es una propuesta de la Mesa Directiva y ésta no fue abordada en su momento. Gracias de cualquier manera, diputado. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Oficios de los Congresos de Colima y Nuevo León, por los que solicitan mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Tres oficios del Gobierno del Estado de Puebla, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Oficio del Gobierno del Estado de Michoacán, con el que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por esta Cámara. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Dos oficios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por esta Cámara. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
Les suplico a los representantes de los medios de comunicación tomar lugar en el sitio donde usualmente lo hacen, para que podamos continuar con los trabajos de esta sesión. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Oficio de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. De enterada. Continúe la Secretaría, por favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios solicitados por el diputado Alejandro Chanona Burguete:
Que la diputada María del Carmen Salvatori Bronca cause alta como presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana.
Que el diputado Robinson Uscanga Cruz cause alta como secretario de la Comisión de la Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobada. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Junta de Coordinación Política, en relación a movimientos solicitados por el diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
Que la diputada Guillermina López Balbuena cause baja como integrante de la Comisión de Seguridad Social.
Que la diputada Guillermina López Balbuena cause alta como integrante de la Comisión de Equidad y Género.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De enterado. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que contiene las preguntas por escrito que la Cámara de Diputados formula al presidente de la república, con objeto de ampliar la información relativa al II Informe de Gobierno sobre el estado general que guarda la administración pública del país.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobado, comuníquese. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de Petróleos Mexicanos, con el que remite informe sobre los ingresos netos obtenidos en flujo de efectivo correspondientes al período enero-setiembre, comparado contra el presupuesto original.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite Informe de las personas físicas y morales que hayan sido sujetas a la cancelación de los créditos fiscales en los que exista incosteabilidad de cobro, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a las Comisiones de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite punto de acuerdo relativo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Agricultura y Ganadería.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite punto de acuerdo relativo a las medias necesarias que garanticen los recursos suficientes para cubrir la actualización y profesionalización permanente de los maestros mexicanos.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Cuatro oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite propuestas de puntos de acuerdo relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, presentados por senadores de diversos grupos parlamentarios.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Entramos al capítulo de iniciativas. Esta Presidencia recibió de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Asimismo, esta Presidencia recibió iniciativa que reforma el artículo 35 de la Ley de Ciencia y Tecnología, suscrita por los diputados Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo y Javier Martín Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Esta Presidencia recibió iniciativa de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Esta Presidencia recibió iniciativa que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Esta Presidencia recibió también iniciativa del diputado Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El siguiente punto del orden del día son proposiciones con puntos de acuerdo. Solamente se van a turnar.
Esta Presidencia recibió del diputado Fabián Fernando Montes Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública adicione un inciso al artículo 35 de la iniciativa con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibió del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 se consideren recursos para la delegación Coyoacán. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Esta Presidencia recibió del diputado Humberto López Lena Cruz, de Convergencia, punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y del Instituto Nacional de Antropología e Historia a que realicen un análisis y estudios a efecto de que la laguna Biahui Do, Oaxaca, sea declarada como área natural protegida y como zona de monumentos arqueológicos. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se recibió de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, de Alternativa, punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República informe a esta soberanía sobre el amparo interpuesto por esa dependencia para no atender la solicitud del IFAI sobre el caso de Manuel Carlos Muriño Atanes. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Esta Presidencia recibió del diputado Francisco Javier Murillo Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 se consideren recursos para tarifas eléctricas de estímulo para el sector agrario. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibió del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 se consideren recursos a las delegaciones sede de inmuebles federales en el Distrito Federal. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Esta Presidencia recibió de la diputada Rubí Laura López Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 se consideren recursos para el Programa de Convivencia Urbana o Ferroviaria y para el proyecto ferroviario del municipio de Celaya, Guanajuato. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibió del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 se consideren recursos para el proyecto de apoyo extraordinario para el Instituto Tecnológico de Zacatecas. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Esta Presidencia recibió de la diputada Rubí Laura López Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 se consideren recursos para el proyecto libramiento ferroviario del municipio de Celaya, Guanajuato. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Finalmente, se recibió del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría al pabellón de México, en la exposición internacional del agua, celebrada en Zaragoza, España, en el presente año. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Tiene la palabra el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, y de la Ley Federal de Radio y Televisión.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señora presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados.
El 28 de junio de 2005 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación unas modificaciones a la Ley General de Salud referentes a la producción, comercio y publicidad de los llamados "productos milagro"; concretamente se previó la procedencia de la acción de aseguramiento como medida de seguridad para el caso de que se comercialicen remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos de perfumería y belleza, que indebidamente hubieran sido publicitados o promovidos como medicamentos, o a los cuales se les hubiera atribuido cualidades o efectos terapéuticos presentándolos como una solución definitiva en el tratamiento preventivo o rehabilitatorio de un determinado padecimiento, no siendo medicamentos y sin que los mismos cuenten con registro sanitario para ser considerados como tales.
No obstante la vigencia de más de tres años de estas disposiciones, no se ha podido alcanzar el objetivo principal de garantizar un control sanitario efectivo que inhiba el consumo inadecuado, inmoderado y peligroso para la salud; ni tampoco erradicar la publicidad engañosa y excesiva que aún existe de estos productos.
Tan sólo como ejemplo, a finales de junio del presente año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de la Secretaría de Salud, ordenó el retiro del mercado de los suplementos alimenticios denominados Capslim, y solicitó a las autoridades sanitarias de las 32 entidades federativas proceder a su aseguramiento, luego de recibir una denuncia ciudadana contra su publicidad y cuatro reportes de reacciones adversas por su uso.
Ante las quejas, la Cofepris abrió un procedimiento de verificación sanitaria contra la empresa Capslim de México, SA de CV, y como medida preventiva aseguró 35 mil 754 productos en el Distrito Federal, entre ellos cápsulas, tabletas, sobres y geles reductivos.
En consecuencia, la Cofepris alertó a la sociedad acerca de estos productos que se venden de persona en persona y en diversos centros de distribución, como un producto para bajar de peso y que han causado a las personas denunciantes ronchas en la piel, hipertensión arterial y daños hepáticos, por lo que se recomienda no utilizarlos.
Los productos Capslim son supuestos adelgazantes populares que tienen aviso de funcionamiento ante Cofepris como "suplemento alimenticio" desde 2005, pero se venden como si fueran medicamentos herbolarios, con indicaciones terapéuticas para bajar de peso, sin contar con el registro sanitario correspondiente ni con el aval científico.
Ante estos hechos, dicha comisión advirtió que se investigarán otros suplementos que al margen de la ley se venden como medicamentos.
Los productos milagro se elaboran a base de plantas o sustancias de origen natural o sintético, o son preparados con diversos nutrientes. Se presentan en pastillas, soluciones, gel, cremas, parches, inyecciones, jabones, bebidas, etcétera.
En los últimos años dichos productos se han caracterizado por exaltar en su publicidad una o varias cualidades terapéuticas preventivas, rehabilitatorias o curativas no comprobadas, que van desde cuestiones estéticas hasta soluciones de problemas más serios para la salud.
Tales productos dicen aliviar en corto tiempo y de manera efectiva muchos problemas de salud y estéticos, como obesidad, disfunción sexual, calvicie, acné y cicatrices, entre otros, y se ofrecen desde televisión y radio, hasta en establecimientos fijos y semifijos, con publicidad masiva o sin ella.
Cabe decir que la publicidad engañosa va más allá, diciendo que estos productos en cada caso estarán 100 por ciento garantizados.
Debido a que los productos milagro no han sido probados en laboratorios y no son sujetos de controles precisos por parte de la Secretaría de Salud, así como lo son en cambio todos los medicamentos alópatas, la propia Cofepris señala al menos dos riesgos sanitarios en este tipo de productos: el farmacológico, es decir, que existe la posibilidad de que dichos productos contengan sustancias no permitidas que tienen efectos indeseables en el organismo, o que pudieran interactuar negativamente si se consumen al mismo tiempo con medicamentos o tratamientos; y el de contaminación, que existe la posibilidad de que sus ingredientes estén contaminados.
Hay que aclarar que los productos milagro no son medicamentos, por lo que sobre ellos la comunidad médica ha sostenido que hay que desconfiar de las grandes promesas, toda vez que no hay ninguna seguridad de que los denominados productos milagro cumplan con la función correctora o terapéutica que anuncian.
Ante la existencia de una verdadera enfermedad o lesión que precise un tratamiento terapéutico, el empleo de productos milagro puede significar una pérdida de tiempo que retardará o impedirá iniciar dicho tratamiento en el momento adecuado.
Los cosméticos pueden limpiar y mantener o proteger el bueno estado o modificar el aspecto de las partes superficiales del cuerpo, pero nunca pueden atribuirse acciones terapéuticas.
Algunos de estos productos pueden producir un efecto placebo, que consiste en tomar sustancias inactivas y creer que tienen virtudes terapéuticas.
También se ha sostenido que la combinación de los productos milagro con medicamentos prescritos por el médico puede ser dañina.
Ha sido advertido el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán, a través de una especialista, Lilia Castillo Martínez, coordinadora de proyectos de investigación del Departamento de Cardiología, al referir que la combinación de estos falsos fármacos con medicamentos contra males crónicos, como la diabetes, hipertensión y colesterol alto, son dañinos al consumidor, porque aumenta la incidencia de estos males.
Con el objeto de garantizar que el consumo de estos productos no sea un riesgo latente para la salud pública y deje de fomentarse la publicidad engañosa respecto a las acciones terapéuticas que pudieran o no reconocérsele a dichos productos, proponemos que los suplementos alimenticios, remedios herbolarios, así como productos de perfumería y belleza, se incluyan en el texto de los artículos 376 y 376 Bis, a efecto de que requieran registro sanitario.
Asimismo, se establezca en el articulado de la Ley General de Salud un precepto cuyo espíritu sea el de prohibir categóricamente la publicidad de estos productos en ciertos casos.
En ese mismo tenor se propone una reforma al artículo 10o de la Ley Federal de Radio y Televisión, para que sea competencia de la Secretaría de Gobernación el vigilar que las transmisiones de radio y televisión no propicien atentar o poner en riesgo la salud física o mental de las personas, y en particular, de la mujer.
Compañeras y compañeros diputados, cuántas veces y cuántos ciudadanos hemos escuchado o leído, a propósito de estos productos, algunas de estas frases engañosas: producto garantizado, si no funciona le devolvemos su dinero. Aprobado por los especialistas. Sin dieta ni ejercicio, sin rebote. Producto 100 por ciento natural. Baje tres kilos en dos días. Entre otras.
En virtud de que existe una razón mayor, como bien jurídico, que el Estado mexicano está obligado a proteger, como es la salud, no esperemos que suceda un milagro para que a los ciudadanos se les garantice su derecho humano y constitucional a la salud. Son las acciones legislativas las que habrán de sentar las bases para proteger ese derecho frente a cualquier situación que obstaculice su disfrute y ejercicio plenos.
Por tal motivo, y dado que está publicado, le pido anexe el resto en el Diario de los Debates y que se le dé trámite. Gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Le pido a la Secretaría, como ha sido la solicitud del diputado, se incluya íntegro en el Diario de Debates. Asimismo, se turne la presente iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Radio, Televisión y Cinematografía.
Antes de dar el uso de la palabra al siguiente orador, quiero saludar la presencia de alumnos y maestros de la Universidad Tecnológica y del Colegio de Bachilleres de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, que hoy nos acompañan en esta sesión a invitación de la diputada federal Oralia Vega Ortiz. Sean ustedes bienvenidos.
Asimismo, se encuentran con nosotros alumnos y catedráticos del Instituto Tecnológico de Monterrey, invitados por el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez. Bienvenidos también.
Tiene la palabra el diputado Ramón Barajas López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que expide la Ley Federal de Procampo y reforma el artículo 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El diputado Ramón Barajas López: Con su permiso, compañera diputada presidenta. Compañeros diputadas y diputados, acudo a esta tribuna para presentar ante esta soberanía la iniciativa de Ley Federal de Procampo, que adiciona una fracción VII al artículo 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Cómo me hubiera gustado que hubiera más diputados federales presentes para que escucharan esta iniciativa que va en favor de los productores de ambos sectores.
Quienes somos productores rurales sabemos que al abrirse las fronteras nacionales al libre comercio, siguiendo las tendencias de la globalización, enfrentaríamos nuevas realidades y procesos de competencia.
No temimos, ni tememos, a los retos. Por ello, en su momento, exigimos contar con mecanismos que nos permitieran contar con apoyos semejantes para tratar de paliar las diferentes condiciones en las que nos insertábamos en esta competencia.
Es por eso que surgió el Programa de apoyo directo, mejor conocido como Procampo. Este programa, cuyo decreto se publicó el 25 de julio de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, reconoció entre otras cuestiones al campo como una prioridad nacional, y también la necesidad de contar con un sistema de apoyos que fomentasen una mayor participación en el campo y los sectores sociales y privados, con el propósito de mejorar la competitividad interna y externa, así como incorporar a una parte significativa de los productores rurales, calculados en más de 2.2 millones de productores, que habían quedado excluidos de cualquier tipo de apoyo.
En un principio el Procampo se dirigió a apoyar a los productores nada más de maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, soya, algodón, cártamo y cebada. A partir de 1995 sus beneficiarios han sido todos aquellos productores cuya única condicionante es que sus cultivos sean lícitos. La existencia del apoyo, sus horizontes de certeza, sus amplitudes, entre otras cuestiones, hicieron que incidiera en la pluralidad de las actividades del medio rural.
Resumiendo -por el tiempo-, hay que reconocer que en los 15 años que duró la protección arancelaria del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la producción nacional de granos y otros productos aumentó sólo 17 por ciento, mientras que las importaciones aumentaron 168 por ciento. Esto significa que las importaciones han tenido un ritmo de crecimiento casi 10 veces más rápido que la producción nacional.
¿Cuál es la propuesta? Por los tiempos, primero, que se cumpla con lo establecido en la equidad de los pagos de Procampo de 100 dólares por hectárea, que hasta la fecha nunca se cumplió con ese requisito.
Y esa propuesta, de inicio, de que fuera el equivalente de 100 dólares en pesos el apoyo de Procampo, ¿qué quiere decir? Que los productores deberían de recibir mil 350 pesos, a como está ahorita la paridad del dólar contra el peso, y de lo cual solamente reciben 935 pesos.
Otro de los asuntos en lo que queremos que nos apoyen, compañeros diputados, que el Procampo sea, por ley, de por vida para los productores, los campesinos, los pequeños propietarios; que no estemos al humor de un presidente, de un secretario de Agricultura, y que de un plumazo venga con la idea de reconstruir o modificar al Procampo.
El otro asunto más importante, que se abra el padrón para que todos los productores que no tuvieron en los últimos 15 años el apoyo de Procampo, hoy tengan la oportunidad de tener el beneficio que compensa, de alguna manera, el apoyo que le dan a Estados Unidos y Canadá, nuestros principales socios comerciales.
Con esto reitero a ustedes mi solicitud para que respalden esta iniciativa que presento. Muchas gracias, compañeros diputados.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Ramón Barajas López. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado Armando Jesús Félix Holguín (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sí, diputado Armando Félix.
El diputado Armando Jesús Félix Holguín (desde la curul): Señora presidenta, únicamente para felicitar a mi compañero Ramón Barajas, y pedirle, si me permite, que me sume con él a esa propuesta, que me parece muy, muy buena.
El diputado Ramón Barajas López: Muchas gracias, compañero diputado. Le reconozco su atención y sobre todo, el apoyo. Miles de productores hoy nos ven en el Canal del Congreso, para darse cuenta qué diputados apoyan esta iniciativa. Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. De cualquier manera, diputado, está a sus órdenes la iniciativa en la Secretaría, por si quisiera usted también rubricar. Gracias.
El diputado José Luis Aguilera Rico (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputado Aguilera, de Convergencia. Sonido a su curul.
El diputado José Luis Aguilera Rico (desde la curul): Gracias, presidenta. Igualmente sumarnos. Y si nos permitiera el diputado, a nombre de Convergencia, en el estado de Querétaro, podernos sumar a esta propuesta.
El diputado Ramón Barajas López: Te reconozco el apoyo, compañero diputado. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Si el diputado proponente no tiene inconveniente, le pediríamos al diputado pasar también a la Secretaría para suscribir esta iniciativa. Muchas gracias.
El diputado José Luis Aguilera Rico (desde la curul): Claro que sí, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado.
El diputado Ramón Barajas López: Muchas gracias.
La diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputada Jiménez. Sonido a su curul.
La diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo (desde la curul): Gracias. También para sumarme a la iniciativa, diputado Barajas.
El diputado Ramón Barajas López: Muchas gracias, compañera diputada.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: En el mismo sentido de los anteriores solicitantes, ponemos a sus órdenes la iniciativa en la Secretaría. Y en general, todos los diputados que quieran suscribir esta iniciativa del diputado, está a sus órdenes la misma.
El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputado.
El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (desde la curul): Señora presidenta, nada más también a nombre de la fracción parlamentaria del PRD, para sumarnos a la iniciativa presentada por el compañero diputado Barajas.
El diputado Ramón Barajas López: Gracias, compañero diputado.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. De este lado nos habían solicitado el uso de la palabra, el diputado Mollinedo.
El diputado Agustín Mollinedo Hernández (desde la curul): Sí, señor diputado, también si me permite sumarme a su iniciativa.
El diputado Ramón Barajas López: Muchas gracias, diputado por tu apoyo.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado. Continuamos con la sesión y tiene la palabra el diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidencia, misma a la que pido se sirva insertar íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates por estar publicada la presente en la Gaceta Parlamentaria.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Así se hará, diputado.
El diputado Obdulio Ávila Mayo: Honorable asamblea, la presente iniciativa, que someto a su consideración, responde a la necesidad de que se establezcan las bases jurídicas que protejan la tribuna del salón de sesiones, con la finalidad de que en ella se mantenga el respeto y se permita en todo momento realizar las tareas que le fueron encomendadas a cada uno de los legisladores del Congreso de la Unión. Todo esto en aras de respetar los principios de legalidad establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es importante hacer énfasis en que la labor legislativa que se realiza en las sesiones del Congreso de la Unión debe prevalecer, ante todo, ante las diferencias políticas o demandas de grupos o de intereses particulares y más aún, ante caprichos disfrazados de legitimidad y ante cualquier acción que pretenda frenarlo, en obediencia a la propia Carta Magna.
Por ello es necesario que esto se fortalezca, a efecto de garantizar el cumplimiento de su trabajo y que logren el fin real para el que fueron creados. Además, de que se debe contemplar que su labor no sea entorpecida ni limitada en perjuicio del estado de derecho y de la población en general.
Vale la pena considerar que la presente iniciativa atiende a que en los últimos años la máxima tribuna de la nación ha sido violentada bajo el pretexto de proteger los intereses del pueblo. Sin embargo cualquier intento de imponer ideologías y puntos de vista o de acallar a aquellos con los que no se encuentran coincidencias, no deja de ser un capricho, peor aún, un despliegue de autoritarismo y barbarie, aun cuando el motivo inicial pudiera ser legítimo.
Si el resultado es el freno o el secuestro de las instituciones y de la democracia, en la que todas las opiniones valen lo mismo, es pues de este tipo de acciones de lo que la tribuna debe resguardarse.
Es indispensable que los legisladores ejerzan adecuadamente su responsabilidad de cuidar los intereses ciudadanos, más allá de los intereses partidistas, personales o de grupo.
Ejercer la libertad de expresión es derecho de todos los mexicanos, de todos los legisladores, y utilizar la tribuna para manifestarse a favor o en contra de algún asunto en particular, no puede anularle ese mismo derecho a otros.
Considero imperativo reflexionar sobre esta dinámica que rebasa el sentir subjetivo, voluntarista, y presumo, intuyo, bien intencionado, de algunos representantes del poder público, en función de coyunturas políticas que no permiten observar una madurez y una altura de miras trascendente de la delicada función que ejerce, tomando en cuenta que la sociedad exige un comportamiento y compromiso con la dignidad debida de parte de aquellos que tenemos la tarea de dirigir el rumbo social de un país.
Es de suma relevancia que existan los mecanismos legales que permitan sancionar a aquellos que obstruyan el ejercicio de las funciones de los legisladores en el salón de sesiones, basándonos en que obstruir dicho trabajo trae consigo violentar los derechos de los ciudadanos que se ven desprotegidos, al no contar con quien los represente en la toma de decisiones ante los gobernantes.
Es preponderante que se proteja la tribuna de la Cámara, del Congreso de la Unión, en el entendido que el Estado exige un beneficio para las personas y que éstas han cedido sus derechos a una asamblea constituyente que dará forma a la estructura institucional que regirá las vidas de los ciudadanos de la nación.
Por lo que la Carta Magna debe velar por que los derechos de las personas se encuentren salvaguardados, a través de que se brinde certeza de que los representantes de la nación, en todo momento, realizarán sus funciones bajo el marco de la legalidad y anteponiendo los intereses públicos en beneficio del país, en el entendido que, de no hacerlo, serán sancionados de conformidad con lo establecido por la propia Constitución.
Por lo anterior, compañeros diputados, se propone en esta iniciativa establecer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sanciones para aquellos legisladores que obstruyan temporalmente el uso de la tribuna del salón de sesiones, impidiendo el correcto desarrollo de las mismas.
Aquellos legisladores que realicen la conducta antes citada serán sancionados con el descuento de la dieta correspondiente, la cual equivaldrá al tiempo que dure la ocupación de la tribuna.
Asimismo, y en consecuencia de la modificación que se propone en el marco constitucional, se hace también la propuesta de modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de que en esta ley, que regula la labor legislativa, se establezca la conducta ya referida, su sanción y la autoridad encargada de aplicarla.
Por lo expuesto, y en virtud de los argumentos planteados, es por lo que someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la iniciativa descrita. Es cuanto.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Obdulio Ávila. Y tal como lo ha solicitado se instruye a la Secretaría se inserte el texto íntegro en el Diario de Debates.
Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Está abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema electrónico.
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 424 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula. Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias. Nuevamente, en cuanto a la iniciativa del diputado Obdulio Ávila Mayo, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene la palabra el diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo259 Bis, del Código Penal Federal.
El diputado José Luis Aguilera Rico: Gracias, presidenta. Con el permiso de la Mesa, el suscrito José Luis Aguilera Rico, diputado de esta LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de nuestra Constitución, venimos a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
En nuestro país el acoso sexual es sin duda un problema social que debemos enfrentar como país para progresar en la lucha de la igualdad de género y, ante todo, en la lucha de los derechos fundamentales.
El acoso sexual es definido como una conducta en la que alguien, valiéndose del cargo que se ocupa, una posición jerárquica, hace invitaciones o insinuaciones a una persona subordinada para ejecutar un acto sexual, lo cual provoca en éstas, molestias y una sensación de amenaza. Esto lo ha definido así la Organización Panamericana de la Salud, en su libro Hablemos de salud sexual, y que la coordinadora general Esther Corona, lo ha definido.
Todas las acciones de tipo sexual, incluyéndose señas, palabras, contactos físicos y actitudes que cualquier persona reciba, sin su consentimiento, constituye un acoso sexual.
En nuestro país el acoso sexual ha venido a flote y ha sido una preocupación en el ámbito deportivo. El vestidor, los viajes fuera del entorno familiar, la estrecha convivencia en las concentraciones, pueden crear el ambiente que fomente la situación de acoso y abuso sexual en el deporte.
En diversas reuniones que hemos sostenido con familiares de deportistas, nos han señalado el hecho de que no se puede denunciar de forma jurídica, ante el Ministerio Público, la situación de que el entrenador está inmiscuido, o no se ha levantado la voz en el tema deportivo.
Es por ello que nosotros, a través de la secretaría de la Comisión de Juventud y Deporte, al atender estos casos hemos tenido varias situaciones, en todo el país, en este tenor. Recientemente en Jalisco se presentó ante un entrenador y ante una menor de edad, en el deporte de gimnasia, y estamos preocupados por la creciente ola que se ha suscitado.
Presidenta, independientemente del turno a la comisión a que se pueda dirigir esta reforma del artículo 259 del Código Penal, quiero hacerle una petición respetuosa para que pudiera tener la opinión de la Comisión de Juventud y Deporte. Es cuanto.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Juventud y Deporte.
Tiene la palabra el diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
El diputado Jorge Quintero Bello: Con su venia, diputada presidenta. Es respecto a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, relativa a las conductas que no han de ser consideradas como discriminatorias, a las que me referiré en esta iniciativa.
Es jurídicamente deseable y teóricamente válido establecer algunas conductas que no habrán de ser consideradas discriminatorias; sin embargo, el artículo 5o. de la ley en cuestión, desde mi punto de vista, adolece de algunos errores que ponen en entredicho la pertinencia de éstas.
Considero que con el objetivo de tener un artículo pertinente, en armonía con la propia ley y la Constitución mexicana, es necesario reformar las fracciones I y VII, y derogar la fracción VI.
Abordaré ahora lo relativo a la fracción I de este artículo. Este apartado es el ejemplo más claro de que existen algunas discriminaciones que no sólo han de ser punibles, sino que son deseables en el seno de una sociedad en búsqueda de condiciones sustanciales de igualdad y justicia.
Es la fracción VII la que mayores críticas ha generado. En ella se hace una clara distinción entre los ciudadanos y los no ciudadanos. Nos olvidamos que por principio de cuentas, salvo casos muy concretos, la Constitución consagra una serie de derechos fundamentales para todas las personas.
Tal como se encuentra redactada ahora, con esta fracción se excluye y discrimina tajantemente a ciudadanos, de los no ciudadanos. Por esta razón es necesario realizar ciertas reformas en el texto para esclarecer lo dispuesto por la fracción en el sentido de establecer que no se pueden considerar como conductas discriminatorias las prerrogativas y obligaciones que establece la Constitución para las personas que adquieren la calidad de ciudadanos.
Debemos resaltar que todo paciente, incluso aquellos que cuenten con algún tipo de discapacidad psíquica aguda, tienen derechos irrenunciables y no ameritan que estén sobrerreguladas en la fracción V. En todo caso, la legislación civil de nuestro país otorga el derecho a que se nombre un tutor, un representante legal que tomará la decisión que más convenga a la situación particular de cada paciente.
Se puede observar como todo lo anteriormente mencionado nos indica que esta fracción, la VII, resulta innecesaria, toda vez que ya está incluida en la fracción I del artículo en comento, que prevé como conductas no discriminatorias las que establecen tratos diferenciados, con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades a grupos en situación de desventaja, como es el caso de enfermos mentales.
Por lo fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones I y VII y deroga la fracción VI del artículo 5, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, quedando como sigue:
Artículo 5. No se considerarán conductas discriminatorias las siguientes:
Fracción I. Las acciones legislativas, educativas o de políticas públicas positivas o compensatorias y las realizadas por particulares que establezcan tratos diferenciados, con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades.
La VI está derogada, y la VII quedaría: "Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que se hagan de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre las prerrogativas y obligaciones de los ciudadanos.
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputada presidenta, le pido se inserte íntegramente en el Diario de los Debates por haberlo resumido. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Quintero Bello, y como lo ha solicitado, se le solicita respetuosamente a la Secretaría, se integre el texto completo en el Diario de Debates y túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.
Queremos agradecer la presencia de alumnos de la Universidad Autónoma de Chapingo, que ha invitación del diputado Héctor Padilla Gutiérrez hoy nos distinguen con su presencia.
Además de alumnos y maestros del Colegio Andes, de Puebla, que hoy también nos acompañan, a invitación del diputado Jorge Estefan Chidiac.
Y finalmente, del Colegio Mahatma Gandhi, invitados por el diputado Benjamín González Roaro. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión.
Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 constitucional.
El diputado Javier Calzada Vázquez: Gracias, diputada presidenta, con su venia. Uno de los primeros derechos del ser humano es a tener un trabajo digno, con acceso a los derechos previstos en el marco jurídico aplicable y a la seguridad social. Sólo así se garantiza un estado de bienestar mínimo para el trabajador y su familia, lo que también es base para el desarrollo económico y social de nuestro país.
Sin embargo, los patrones, en el ánimo de aumentar su tasa de ganancia, han buscado cambios profundos en la administración de las empresas, con el afán de buscar ahorros a costa del bienestar de la mano de obra, siendo una de las medidas aplicadas a este respecto, el llamado outsourcing o subcontratación de la mano de obra, en virtud de la cual una empresa lleva a cabo la contratación externa de diversas actividades y servicios.
Es decir, un trabajador siendo formalmente empleado de una empresa presta sus servicios a otro patrón, el que, por tanto, se desliga de toda responsabilidad laboral, la cual abre la puerta para la precarización de los empleos.
Pero si esto es grave en la iniciativa privada, lo es más cuando se emplea por el Estado, ya que no sólo se violenta el estado de derecho por el que primero debiera cumplir. Se entrega a un mayor o menor ámbito de las decisiones estatales a empresas que buscan el lucro. Se transfieren recursos estatales a empresas privadas, por lo que es también una forma de privatización, sobre todo cuando se trata de empresas extranjeras, sin que esto sea garantía de mayor calidad y eficiencia.
El Estado mexicano, en sus tres poderes y órdenes de gobierno y sin distingos de colores partidarios, ha ido incrementando el uso y abuso de la subcontración de trabajadores. Se comenzó con tareas periféricas o no sustanciales, pero ahora, la tendencia es dejar en empresas privadas, muchas de capital extranjero, el cumplimiento de tareas cada vez más importantes a cargo del Estado.
La subcontratación además es fuente de corrupción, ya que las constantes subcontrataciones con empresas privadas se llevan a cabo bajo condiciones poco claras. Todo lo cual es contrario a la ética política de los tres órdenes de gobierno.
Contra principios constitucionales básicos, se da en el mismo centro de trabajo tratamientos diferentes, de primera, segunda y tercera, entre los trabajadores. Por el desempeño del mismo trabajo se paga un salario y prestaciones laborales menores, en un franco acto de discriminación. Aquí los trabajadores sufren el outsorcing y la simulación de sus relaciones de trabajo.
Es en congruencia con estos principios que propongo la reforma a la Constitución en sus artículos 73, 115, 116 y 123, y diversos ordenamientos legales, a fin de impedir que el Estado utilice la figura del outsorcing en sus relaciones labores.
Ruego a la Presidencia inserte íntegro el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates para los efectos que correspondan. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Tal cual ha sido su solicitud, le pido a la Secretaría se inserte íntegro el texto en el Diario de Debates. Asimismo, se turne a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de la Función Pública, y de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra el diputado José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El diputado José Rosas Aispuro Torres: Con su permiso, presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre de un grupo importante, numeroso, de diputadas y diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, presento iniciativa con proyecto que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objetivo de otorgar un tratamiento fiscal especial a las empresas de ejidos y comunidades que se dedican a la silvicultura, con fundamento en la siguiente
Exposición de motivos
Actualmente operan en México más de mil empresas sociales encargadas del manejo y aprovechamiento de los bosques para la producción comercial de madera y otros productos no maderables. Este esquema ha permitido a las comunidades apropiarse de los procesos de extracción, transformación y comercialización de los productos forestales procedentes de sus territorios.
Por ello, ante la falta de claridad en el tratamiento fiscal que debe darse a las empresas constituidas en las comunidades y ejidos, así como ante la necesidad de que debe ser considerada, como base para la definición de su régimen fiscal, la importancia que estas empresas tienen para las comunidades, desde el punto de vista de ser generadoras de empleo en el campo, coadyuvantes en la conservación de los recursos naturales y suplir las funciones del Estado, en muchos casos, mediante la inversión de sus utilidades en la realización de obras de beneficio y desarrollo social, que son el mismo fin que tienen los impuestos, acciones que han ayudado a subsanar paulatinamente el rezago que existen en diversas comunidades.
Por ello estamos planteando que se reconozca expresamente en la Ley del Impuesto sobre la Renta, a través de la exención en el pago de este impuesto, su carácter de ser personas morales con fines no lucrativos, como acertadamente se les consideraba antes del año 2002.
En tal sentido, se propone que en la Ley del Impuesto sobre la Renta se reconozca de manera explícita la naturaleza sin fines de lucro de las empresas sociales dedicadas a la silvicultura, y de igual modo se exente a campesinos o comuneros integrantes de empresas sociales dedicadas a la silvicultura de este impuesto, por los apoyos económicos que perciban por su participación en los trabajos de la misma.
Pido a la Presidencia que se inserte en el Diario de los Debates la iniciativa de manera íntegra y que se asiente en la misma la ratificación de la firma de varias compañeras y varios compañeros que hemos analizado este tema, que nos parece de fundamental justicia social que a las comunidades y ejidos forestales se les dé un tratamiento fiscal diferente, para que éstos puedan ser competitivos y, además, para que sigan generando condiciones de aportar al desarrollo de cada una de sus comunidades. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado José Rosas Aispuro Torres. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
La diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo: Gracias, señora presidenta. La suscrita, María de los Ángeles Jiménez del Castillo, en su carácter de diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, presenta a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa de ley que reforma el artículo 5o., fracciones XIX y XX, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Esta ley, que fue publicada en 2003, conforma la regulación normativa atendiendo a una nueva clasificación de residuos en todo el país y los tipos de generadores, de conformidad con el volumen de generación anual, así como la delimitación de competencias de los tres ámbitos de gobierno.
Si bien es cierto nuestra legislación ambiental requería de una descentralización normativa derivada de la Ley General del Equilibrio Ecológico, en la cual se estipula cierta normatividad, incluyendo en ésta una clasificación necesaria para una exactitud, las fracciones XIX y XX de la ley son un poco ambiguas y generan confusión en las determinaciones que hace.
En éstas hace la clasificación sujeta a una condición jurídica que es la cantidad de generación de cada sujeto obligado. Se estipula con la finalidad de que cualquier persona física o moral que se coloque en el supuesto jurídico de cantidad generada pueda ejercer sus derechos sobre la aplicación de la normatividad vigente; o bien, que la autoridad correspondiente pueda ejecutar sus atribuciones y obligaciones al generador, al dar cumplimiento con las obligaciones estipuladas.
Esta ley, en el artículo 5o., en las fracciones XIX, XX?, esta ley considera gran generador a quien genera más de 10 toneladas, y luego pequeño generador al que genere igual o mayor de 400 kilogramos y menor a 10 toneladas, y como microgenerador hasta 400 kilogramos.
En esta redacción se confunden las definiciones de gran generador, pequeño generador y microgenerador. En ese sentido se propone la siguiente redacción: que el gran generador sea quien genere una cantidad mayor a 10 toneladas, el microgenerador, que genere una cantidad menor a 400 kilogramos, en peso bruto total de residuos peligrosos al año, o su equivalente en otra unidad de medida; y pequeño generador al que genere una cantidad igual o mayor a 400 kilogramos o menor a 10 toneladas.
Es cuanto, señora presidenta. Le solicito atentamente que pueda insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Como lo ha solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra el diputado Gerardo Priego Tapia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por él mismo y la diputada Rubí Laura López Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Gerardo Priego Tapia: Muy buenas tardes. Iniciativa que reforma la fracción II y adiciona las fracciones V y VII del artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social en materia de contraloría social, que presentamos mi compañera Rubí Laura López Silva y un servidor, Gerardo Priego.
El desarrollo de programas sociales y en particular de combate a la pobreza, proliferaron en América Latina a partir de los setenta, ochenta ?aproximadamente?, como una estrategia para aminorar y justificar los costos sociales y políticos en el continente, generándose, al mismo tiempo, una gran manipulación sobre los mismos, principalmente como instrumento de control electoral a favor de la permanencia en el poder normalmente de los partidos hegemónicos.
Así surgieron en México diversos mecanismos contra esta corrupción, entre otros, la inclusión de la participación social, con el objeto de garantizar la correcta aplicación de los programas sociales hacia la población objetivo. Sin embargo, los mecanismos establecidos no han logrado erradicar de manera significativa los diversos problemas que en el manejo de recursos públicos, en la operación de los programas sociales, se siguen hoy dando.
Esto se ha discutido mucho en esta Cámara y mediáticamente, cuando en realidad la discusión de la manipulación electoral se da normalmente en lo más aterrizado, en lo más cercano hacia la población que puede ser lo local en las regiones.
Desafortunadamente todos los partidos han caído en esta tentación, unos más que otros, por supuesto, pero es algo que está ahí, presente; y en la discusión que hemos tenido para tratar de ver cómo podemos sugerir modificaciones a esta tentación pragmática de cualquier partido político, precisamente esta iniciativa busca que la Contraloría Social genere las acciones necesarias para garantizar el uso adecuado, eficiente y eficaz de los recursos de los programas sociales.
Proponemos entonces modificar el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, a efecto de fortalecer los instrumentos de vigilancia y control como armas fundamentales de la Contraloría Social, de manera que su participación sea decisiva en el control del quehacer gubernamental.
Hoy, la vigilancia de tales instrumentos como los padrones de beneficiarios y reglas de operación, entre otros, se verán fortalecidos con una participación más efectiva de la sociedad a través de esta Contraloría Social. Cabe mencionar que todavía hoy hay 300 programas en el país sin reglas de operación, sin padrones, que son, desafortunadamente, una tentación pragmática permanente dentro de los gobiernos estatales y municipales de nuestro país. La corresponsabilidad es parte fundamental para determinar el éxito o fracaso de estos programas en cualquier ámbito de gobierno.
Es necesario señalar que la Contraloría Social, como todos lo sabemos, la ejercen los beneficiarios, pero necesita mucho más transparencia. La importancia de esta Contraloría Social en los programas radica en que permite, entre otras cosas, fortalecer el control preventivo, puesto que al conocer los proyectos de gobierno, la ciudadanía puede identificar y reportar cualquier desviación respecto a lo programado.
Propicia la rendición de cuentas y transparenta procedimientos administrativos y operativos; impulsa el interés de los beneficiarios directos para que realicen acciones de contraloría social en los programas que les benefician; fomenta entre los servidores públicos y la ciudadanía actitudes lejanas a la complicidad, al cohecho y a cualquier forma de corrupción por la observación permanente; y evita que la información se quede en ciertos líderes locales o caciques y sea manipulada en perjuicio de la población en mayor pobreza de nuestro país.
Es por eso que esta reforma a la fracción II y la adición de las fracciones V y VII del artículo 71, pretende fortalecer las acciones de la Contraloría Social; pero de manera muy importante se busca que sea un instrumento de fomento a la cultura de rendición de cuentas y de transparencia en la gestión de los recursos destinados al desarrollo social.
Es por eso que en este sentido se refuerza, en la fracción II del artículo 71, la Contraloría Social, en los convenios entre el gobierno federal y los gobiernos estatales; y, por otro lado, en la fracción VI se informa a los beneficiarios de los programas de Desarrollo Social, quiénes son aquellos que han tenido una demanda, cuántas de ellas hay, y finalmente cuál fue la respuesta que estas demandas o sanciones han tenido. Por su atención, muchísimas gracias y muy amables.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Gerardo Priego Tapia. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.
Tiene la palabra el diputado Joel Arellano Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Joel Arellano Arellano: Gracias, diputada presidenta, con su venia. Debido al acuerdo asignado para el desarrollo de la presente sesión, solicitaría a la Presidencia que se publique el texto íntegro en el Diario de los Debates, por favor.
Los adscritos diputados Joel Arellano Arellano y el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el tenor de la siguiente
Exposición de motivos
La Constitución Política delinea entre sus artículos las características, necesidades e idiosincrasia de nuestra nación. Contiene una parte dogmática que funge como estructura ideológica de la sociedad, que es ?sin duda? la base del país democrático que estamos construyendo.
Es precisamente la sociedad la base de la nación mexicana, por lo que requiere consolidarse y apuntalarse jurídicamente, a fin de poder continuar la sólida edificación del país democrático en el que todos queremos vivir.
La familia es una institución intermedia entre los individuos y la sociedad, cuya existencia está dada por derecho natural y cimentada primordialmente por los lazos de sangre y afectivos entre individuos. Dada esa naturaleza, resulta inobjetable que el Estado está obligado a su reconocimiento, su cuidado, su vitalización y su promoción. Por lo que debe existir un marco jurídico orientado a facilitar el cumplimiento de dicha misión.
Esta institución ha sido señalada como el núcleo primigenio de la sociedad, según Hengel, filósofo alemán. En Alemania, los hombres están unidos por vínculos de afecto y de confianza. Hoy en día resulta innegable el pensar que la familia es el hilo con el cual está bordado el tejido social de nuestro país, y que junto con otros elementos, componentes de la idiosincrasia mexicana, mantienen unida a nuestra sociedad, fungiendo además como un relevante factor de desarrollo nacional.
Lo anterior se explica toda vez que es en el seno de la familia donde se desarrollan principalmente los hábitos morales y espirituales del hombre, tales como la justicia, la solidaridad, la conciencia, el honor y la generosidad; valores que como se mencionó en el párrafo anterior, conservan hoy en día cuestionada nuestra sociedad. Cabe mencionar que estos valores coadyuvan, sin duda alguna, al mantenimiento de la paz y el orden social en el país.
Es preciso mencionar que en la actualidad existe una gran diversidad de intereses y factores económicos, sociales, políticos y culturales, que están mermando los principios y los valores que deben servir de apoyo a las familias mexicanas, para evitar precisamente la desintegración y la contaminación del núcleo de la sociedad.
Es por ello que la sociedad, en conjunto con las instituciones estatales, debe organizarse y trabajar con el objetivo de eliminar todas aquellas amenazas e intereses ilegítimos que atenten contra la vida familiar y, sobre todo, contra la buena educación de cada uno de sus integrantes.
Hay que señalar que la riqueza de la institución familiar aporta crecientemente a la sociedad mexicana a través de sus generaciones, constituye el capital cultural, social, político y económico del pueblo mexicano, aspecto que no debemos soslayar al momento de reconsiderar la importancia de la familia.
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta alta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona al artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia, elemento primigenio de la sociedad, de la nación mexicana.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Arellano Arellano. Tal como ha sido su solicitud, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Antonio Vega Corona, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Antonio Vega Corona: Con su permiso, señora presidenta. Considerando que esta iniciativa fue ya publicada, seré breve en mi intervención.
Ante esta honorable cámara su servidor, así como otros compañeros legisladores, nos hemos pronunciado en el sentido de cumplir con las normas en materia ambiental. Específicamente enfocamos la atención hacia las ciudades en que se refina petróleo.
De todos son conocidos estudios como los de la Organización Mundial de la Salud, la Semarnat y la Cepal, donde se citan los impactos en la salud ocasionados por la contaminación.
Al respecto, este órgano legislativo ha creado una subcomisión para analizar el caso de Salamanca, y una comisión de investigación para el daño ecológico y social generado por Pemex en Salamanca y Tula.
Es más que evidente que, no obstante que en los últimos meses se hayan tomado medidas al respecto, como la firma del Programa para el Mejoramiento de la Calidad del Aire II (Proaire II), resulta de urgente necesidad revertir los efectos nocivos que provoca la contaminación del aire, suelo y agua en las regiones donde se localizan las refinerías.
Cabe mencionar que el pasado septiembre de 2007 con motivo de la denominada Reforma Hacendaria por los que Menos Tienen, y con el objetivo de reforzar el federalismo fiscal, se aprobaron diversas modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal entre las que destaca la creación del denominado Fondo de Extracción de Hidrocarburos.
El mencionado fondo fue creado con el propósito de apoyar a aquellas entidades federativas y municipios que han resentido los efectos directos de la extracción de hidrocarburos, a través de la adición del artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
Bajo este antecedente la propuesta de la que aquí hago mención se dirige básicamente a que por medio del fondo se compensen los daños de salud pública y medio ambiente que se han ocasionado por la presencia de refinerías de Pemex en las regiones del país.
Al respecto, que se considere que los municipios en donde se ubican las refinerías de Pemex se les incluya en el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, creando el Fondo de Extracción de Hidrocarburos y Refinación, con el fin de que reciban una compensación proporcional por el volumen de hidrocarburos que refinan.
De acuerdo con diferentes cálculos, el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, a como está actualmente cuenta con un monto aproximado de mil 840 millones de pesos y si evaluamos en la posible repartición de este fondo, incluyendo los municipios en los cuales existen refinerías, la repartición del fondo calculado en mil 840 millones de pesos, seria el siguiente: mil 288 millones para los estados donde se extrae petróleo; 368 millones para los estados donde se extrae gas natural y 184 para los estados donde se refinan hidrocarburos.
Por lo cual se propone reformar el artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal en los términos en que ha sido publicado en la Gaceta.
Finalmente, quiero expresar que el propósito de esta iniciativa es restaurar el ambiente, y que se sea congruente con los compromisos contraídos por el Ejecutivo en el plano internacional en materia medioambiental y considerando además que es un deber para con los ciudadanos que han contribuido con su trabajo al desarrollo de este país. Solicito se integre en el Diario de los Debates la intervención. Es cuanto señora, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Vega Corona. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Queremos saludar con mucho afecto a los alumnos de la escuela preparatoria de "Bejucos", municipio de Tejupilco, Estado de México, invitados por nuestro compañero el diputado Isael Villa Villa. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión.
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, para presentar iniciativa que expide la Ley sobre Denunciantes Anónimos, suscrita por los diputados Alejandro Chanona Burguete y el proponente, del Grupo Parlamentario Convergencia.
El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa por la que se expide la Ley de Denunciantes Anónimos, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Nuestro país vive una grave crisis institucional en materia de seguridad pública. La violencia se ha recrudecido de manera alarmante, mostrándonos la ineficiencia institucional que preocupa y ofende.
Se requiere de elementos fundamentales que devuelvan a la sociedad mexicana parte de la confianza perdida en las instituciones. Creemos que la denuncia anónima puede constituirse en herramienta eficaz para la captura y consignación de delincuentes.
Por ejemplo, en el Distrito Federal, de enero de 2007 a julio de 2008, fueron capturados al menos 450 presuntos delincuentes como resultado de averiguaciones previas iniciadas con denuncias anónimas; las cuales representan menos de 5 por ciento de las denuncias diarias recibidas por las agencias del Ministerio Público.
Sin embargo, los indicios aportados por este tipo de acusaciones resultaron efectivos en al menos 8 de cada 10 ocasiones y permitieron que el 80 por ciento de los 450 casos fueran consignados a un reclusorio.
En este contexto, Convergencia considera urgente echar mano de mecanismos innovadores, como el de la denuncia anónima, que pese a no estar regulado ha brindado buenos resultados.
Para ello, proponemos con base en los resultados que la Constitución otorga al Congreso de la Unión, en el sentido de expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en materia de seguridad pública, regular la actuación de los informantes anónimos en los términos siguientes
1. Tendrá el carácter de denunciante anónimo todo ciudadano que sin necesidad de ser identificado proporcione información que permita la ubicación y detención de posibles delincuentes.
2. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los estados y de los municipios deberán garantizar la confidencialidad de las llamadas y deberán dar estricto seguimiento de cada un de las denuncias anónimas.
3. Para garantizar la confidencialidad de los denunciantes anónimos, las autoridades contarán con los sistemas necesarios con que operará un número telefónico destinado a recibir denuncias. Con tal fin, se le asignará al denunciante un número confidencial.
4. En este sentido los operadores no podrán de ninguna forma y bajo ningún supuesto preguntar dato alguno y la llamada no podrá ser rastreada, con el fin de darle confianza al denunciante.
Sólo cuando el denunciante desee recompensa, de manera voluntaria podrá proporcionar un número telefónico para poder ser contactado.
Se propone asimismo un sistema de denuncias anónimas, consistente en un esquema de información estadístico que permitirá contar con un registro de los denunciantes.
Existirá asimismo un consejo ciudadano sobre denuncias anónimas; un fondo de estímulos a denunciantes anónimos; sanciones para quienes violen el principio de confidencialidad y en el rubro de rendición de cuenta las autoridad deberá remitir un informe anual a la Cámara de Diputados, que permita evaluar la efectividad del programa de Informantes Anónimos.
Finalmente, con la figura de la denuncia anónima se promoverá la coadyuvancia de la sociedad con los esfuerzos gubernamentales, dada la manifiesta incapacidad de resolver el grave problema en nuestro país.
Sin crear una estructura burocrática, la operación, manejo y resolución de las denuncias anónimas descansará en la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública existente. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibió iniciativa de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda "Mártires de Tlatelolco de 1968", suscrita por los diputados Martha Angélica Tagle Martínez y Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario Convergencia. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Se recibió, asimismo, de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del Grupo Parlamentario Convergencia, iniciativa que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del Grupo Parlamentario Convergencia, iniciativa que abroga la ley a favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Social.
Tiene la palabra la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. La desnutrición, la obesidad y los trastornos alimenticios, padecimientos que hoy caracterizan a la sociedad mexicana y afectan específicamente a las y los niños de México, comparten un mismo origen: la mala alimentación.
De ser un país con cifras alarmantes de desnutrición, hoy ocupamos también el segundo lugar mundial en población con obesidad. Esto ha provocado un aumento de las enfermedades crónico degenerativas que, a pesar de ser prevenibles, son hoy uno de los mayores problemas de salud pública.
Por ello, desde el ámbito familiar, en las escuelas y a través de los medios de comunicación, gobierno y sociedad deben reforzar todas las acciones que estén encaminadas a promover el conocimiento y desarrollo de las habilidades para el cuidado propio de la salud, que generen la prevención de conductas de riesgo y la práctica de estilos de vida saludable en lo individual, familiar y social.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que las autoridades e instancias encargadas de garantizar el derecho a la salud deben difundir responsable y comprometidamente la información necesaria para que la niñez mexicana conozca, desde los primeros años, la importancia del deporte en su vida y los buenos hábitos nutricionales que le permitirán tener una vida saludable.
La promoción de lo que representa una buena alimentación, como está establecido en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no sólo combate la desnutrición, sino que también nos permite prevenir y enfrentar las enfermedades como el sobrepeso y la obesidad que afectan gravemente a la niñez mexicana y a los trastornos alimenticios que se convierten en un gran peligro durante su adolescencia.
Por ello, y acorde con la estrategia nacional de promoción y prevención de la salud, en donde el titular del Ejecutivo se comprometió a impulsar las acciones necesarias para atender con oportunidad las principales condicionantes y enfermedades que afectan a la población, Nueva Alianza presenta esta iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, quedando como sigue:
Artículo 28. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades federales del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinadas a fin de: ?
d) Impulsar el desarrollo de actividades y programas en materia de nutrición encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, a fin de prevenir, tratar y controlar la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Mónica Arriola. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Tiene la palabra el diputado Christian Martín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
El diputado Christian Martín Lujano Nicolás: Con su permiso, diputada presidenta. El derecho a un medio ambiente adecuado es una garantía inherente a la dignidad humana y forma parte del portafolio de los derechos humanos, y el derecho a un medio ambiente adecuado es un derecho universal, indivisible y que permite que el ser humano se desarrolle de manera integral y con calidad de vida.
Es de fundamental importancia que el derecho al medio ambiente limpio adecuado tenga instrumentos jurídicos más certeros, abiertos y transparentes, toda vez que de lo contrario, identificar de modo unitario e individual al titular del bien jurídico tutelado, en caso de afectación, resulta por demás complicado pues el medio ambiente es, a la vez de todos, pero de nadie en lo individual.
Por tanto, es importante asegurar que toda la población o las personas afectadas directa o indirectamente puedan ejercitar las acciones jurídicas necesarias para preservar este derecho al medio ambiente.
Cualquier persona tiene derecho de solicitar información clara acerca del posible impacto ambiental que se podría generar con cualquier actividad; denunciar o interponer un recurso de revisión cuando éste afecta al ambiente, sin necesidad de acreditar, o sin mayores requisitos legales, el interés jurídico directo, toda vez que está claro que ?como dije hace un momento? el bien jurídico es colectivo.
Como lo señalan los economistas, se trata de un bien público. Por tanto, y ya que el titular del derecho sobre los recursos naturales somos todos, a todos nos corresponde protegerlos, solicitar información para tener los elementos fácticos y jurídicos claros para hacer valer nuestro derecho como ciudadanos.
Con base en la legislación actual, tratándose de la materia ambiental, las resoluciones contra las que se pueda interponer el recurso son las definitivas, dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de la LGEEPA y sus reglamentos y normas oficiales mexicanas, y estas resoluciones pueden ser impugnadas por los afectados mediante el recurso de revisión, entre los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
La importancia de este recurso radica en que en materia ambiental las resoluciones que recaigan en este tipo de procedimientos constituyen los precedentes fundamentales del derecho ambiental, y por tanto, para que el recurso en cuestión pueda ser un medio de defensa efectivo y útil en el amplio sentido de la palabra, se necesita modificar la legislación para que cualquier persona, por el simple hecho de estar interesado en el impacto que tiene al medio ambiente, pueda interponer el recurso dentro de los plazos legales.
Por esas razones se propone una modificación al artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y otra al artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, de tal manera que esta iniciativa tiene por objeto hacer las modificaciones respectivas a la redacción de ambos artículos para que sin modificar la naturaleza jurídica del medio de defensa llamado "recurso de revisión", pueda adecuarse a las necesidades difusas y colectivas del derecho ambiental, toda vez que el interés jurídico por el bien jurídico tutelado del medio ambiente es un derecho público subjetivo de tercera generación que cualquier interesado podría y debería hacer valer.
Solicito que se integre en su totalidad el texto, diputada presidenta. Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Función Pública.
Tiene la palabra la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma el artículo 32 de la Ley General de Educación.
La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. La problemática del desplazamiento interno en México es relativamente reciente, en términos de reconocimiento y atención por parte del Estado mexicano, pero no así para la Organización de las Naciones Unidas, ya que el concepto se define en el párrafo número dos de los principios rectores de los desplazamientos internos del 11 de febrero de 1998.
Ante la magnitud de este problema mundial en 1992, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU solicitó a su secretario general la designación de un representante especial para los desplazados internos, quien en una visita oficial a México del 18 al 28 de agosto del 2002, por invitación del gobierno destacó en su informe algunos puntos de la situación en la que viven un gran número de personas, familias y, sobre todo, las y los niños de nuestro país.
Bajo este contexto, en diciembre del 2003, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el diagnóstico sobre los derechos humanos en México, en el que se identificaron las principales causas de violaciones a los derechos humanos en nuestro país y del que derivaron 31 propuestas realistas y viables para el Estado mexicano.
Como parte del citado diagnóstico se encuentran los desplazados internos, considerados como personas que viven en una situación de extrema de vulnerabilidad y discriminación, que en cifras estimadas se calcula entre 3 mil y 21 mil, pero es inexacta, debido a que nuestro país no dispone de estadísticas oficiales por dos obstáculos principales para su medición, su naturaleza inestable y temporal y la falta de atribuciones para su seguimiento en determinada dependencia de la administración pública federal.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a más de seis años del informe del relator de la ONU y de las recomendaciones derivadas del diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México de 2003, nuestro sistema jurídico e instancias gubernamentales continúan sin garantizar el ejercicio de los derechos de la población desplazada.
Postergar la responsabilidad directa, el Estado mexicano, en materia de desplazados internos, significa no avanzar en el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Por los argumentos expuestos propongo a esta soberanía la presente iniciativa de reforma a la Ley General de Educación, por lo que se adiciona un segundo párrafo al artículo 32, para que en los casos particulares de desplazados internos, las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias tomen las medidas urgentes para la flexibilización de requisitos de ingreso o de comprobación de identidad a los padres de familia o tutores de niñas y niños y adolescentes pertenecientes a familias desplazadas internamente, con el objeto de garantizarles el derecho a la educación en los centros educativos más cercanos al lugar en que se atiende. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Alberto Amador Leal: La presente iniciativa, diputada presidenta, tiene que ver con una reforma recientemente realizada, a propósito del paquete de la Ley de Ingresos. Había solicitado a esa Mesa Directiva que se turnara a la Comisión de Hacienda para que fuera motivo de ese mismo dictamen.
Como es sabido, lo que aprobamos recientemente en materia de los fondos petroleros acumulados, es aumentar el límite, según el cual podemos disponer o la nación puede disponer de dichos fondos.
Se trata de cuatro fondos, de los cuales quiero referirme a dos: el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, que al segundo trimestre de 2008 tenía acumulados 58 mil 50 millones de pesos estimamos, que podía ya tener una cantidad mayor, y el límite de la reserva que establecía la ley en ese momento era de 55 mil 200, al modificarla esta Cámara de Diputados y el Senado el límite se incrementa a casi 90 mil millones.
Y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que al segundo trimestre tenía 23 mil 875 millones, y que el límite de la reserva lo modificamos de 27 mil 600 a casi 50 mil millones de pesos.
El fondo del asunto es que las bases según las cuales aprobamos la Ley de Ingresos se han alterado radicalmente. El precio del petróleo ya no está a 70 dólares, está a 50 dólares por barril. La paridad del peso-dólar que establecimos en 11.70, está arriba de los 13.50 pesos por dólar o cerca de 13 pesos por dólar.
El crecimiento de la economía, que se planteó en 1.8 por ciento, el presidente del Banco de México ha anunciado que no crecerá la economía 1.8 por ciento, sino que sólo va a crecer 1.5 por ciento.
De modo que las condiciones que establecimos para utilizar estos fondos han quedado invalidadas y yo pedía en ese momento, señora presidenta, justamente que se enviara a la Comisión de Hacienda y que se tomaran en cuenta estas consideraciones.
Como suele ya ser práctica en la Cámara, aprobamos cosas al vapor sin la reflexión suficiente, a través de acuerdos cupulares, en los que dejamos a un lado los intereses de la nación, por lo tanto le pido, señora presidenta, de modo que tengamos forma de incidir en las decisiones sobre el Presupuesto 2009, que esta iniciativa sea turnada, ya no a la Comisión de Hacienda, que ya no tiene materia en el caso, sino precisamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Landero Gutiérrez, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Alejandro Landero Gutiérrez: Con su venia, presidente. Le solicito se inserte de manera íntegra el texto en el Diario de los Debates.
Los diputados Pilar Ortega, Edgar Olvera, María de los Ángeles Jiménez y un servidor, Alejandro Landero, del Partido Acción Nacional, presentamos iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Vivimos en un momento de crisis del sistema de seguridad pública, la seguridad pública se ha convertido en un problema de seguridad nacional, en el que ningún estado de la República ahora está exento de este flagelo.
Los distintos pilares del sistema de seguridad pública, como la prevención, la persecución del delito, la procuración de justicia y la readaptación social, están quebrados.
Ha habido una respuesta del Estado que hay que apoyar sin lugar a dudas, aunque ésta haya sido en algunas ocasiones tardía, poco coordinada o donde los recursos no se estén empleando de la mejor manera, sin embargo vemos dos problemas en la respuesta que han dado diversos órdenes de gobierno. Por ello es la preocupación y la presentación de esta iniciativa.
Lo primero, conducente a la participación social. Consideramos que las políticas públicas de seguridad pública tienen que tener como base la participación social en la elaboración, seguimiento y evaluación.
Uno de los datos más preocupantes es que el crimen organizado ha tejido una red social con vínculos muy fuertes a lo largo del territorio donde circula información, seguimiento; donde se amenaza, se amedrenta.
Por ello, tenemos que construir redes sociales que recuperen el espacio público. No sólo con la participación del Ejército ni con más patrullas y policías se va a vencer a la delincuencia. Es necesario cambiar el paradigma fortaleciendo el capital social en la lucha contra la delincuencia. Así lo han demostrado ya experiencias muy exitosas al respecto y ello aborda, en un sentido, estas diversas reformas de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública.
El otro eje de reformas se refiere al respeto de los derechos humanos que debe ser una política transversal en la lucha contra la delincuencia. No puede ser que ante la presión social de búsqueda de resultados, haya una respuesta desmedida e injusta del Estado; resulta también alarmante que haya voces que contraponen los derechos como la seguridad y la libertad, el orden o la autonomía.
Por eso buscamos en esta iniciativa que se integre de mejor manera esta agenda, para que no se diga que la seguridad atenta contra los derechos humanos; pero tampoco que los derechos humanos estorban a la consecución de la seguridad pública. Los derechos humanos no son impedimento contra la delincuencia. Todo lo contrario, son la única posibilidad para que realmente ésta sea derrotada.
Por eso, y sabiendo que hay en las puertas una nueva Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, traemos ante ustedes estos dos importantes temas. La participación social y el respeto a los derechos humanos, porque sólo humanizando y sólo civilizando lograremos dar una batalla real, duradera y efectiva contra el crimen organizado. Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
Tiene la palabra la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 995 y 1004 Bis de la Ley Federal del Trabajo; y 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La diputada Holly Matus Toledo: Compañeros diputados y compañeras diputadas, la pobreza generada por el modelo económico implementado en nuestro país ha orillado a millones de menores a incorporarse a actividades laborales para ayudar a sus familias.
En junio de 2008 la OIT y la UNICEF señalan que en América Latina 5.7 millones de niñas y niños trabajan; la mitad de ellos, por cierto, se encuentran en México. Cifras oficiales mexicanas han evidenciado que 40 por ciento de los 1.5 millones de jornaleros agrícolas es de origen indígena; y alrededor de mil 500 son menores de entre 14 y 15 años de edad.
La Constitución y la legislación mexicana actualmente prohíben el trabajo infantil de menores de 14 años y exigen determinados requisitos para que menores de entre 15 y 16 años puedan trabajar. También prohíben el trabajo de menores de 16 años en labores insalubres y peligrosas. Un alto número de menores de edad que trabajan en México se encuentran expuestos debido a que tanto las autoridades como los particulares incumplen lo dispuesto en la Constitución y en la legislación.
Existen múltiples obstáculos operativos y administrativos para la inspección y la imposición de sanciones. Las multas son muy bajas frente a los amplios beneficios que tienen los patrones por tener a niños menores de 14 años trabajando. Aunado a lo anterior, quienes son indígenas se enfrentan a barreras culturales y obstáculos para el ejercicio de sus derechos.
Por tal motivo, es pertinente que la multa a las y los patrones que incumplan las normas de trabajo de menores aumente, y se impongan en un margen de 500 a mil veces el salario mínimo general.
Es claro que el solo incremento de las multas no asegura que las normas se respeten. Lo importante es que estas instancias locales y federales apliquen y vigilen el cumplimiento de las disposiciones generales.
Debe sancionarse penalmente a las y los patrones que contratan a menores de 16 años de edad en labores insalubres y peligrosas. El Código Penal Federal ya regula las sanciones penales para algunas de las peores formas de trabajo infantil, previstas en el Convenio 182 de la OIT; pero no sanciona aquellas que por su naturaleza o condiciones tienen probabilidades de dañar la salud, la integridad o la moralidad de los menores.
Aunado a la reforma penal se proponen distintas medidas, una de ellas es la difusión en las lenguas indígenas de las disposiciones jurídicas sobre el trabajo infantil y las instancias ante las cuales se pueden denunciar violaciones a las mismas.
Mejorar la práctica administrativa y jurisdiccional, atendiendo el propio interés superior del niño y de la niña, facilitando la presentación de denuncias anónimas para las autoridades laborales.
En virtud de que el gobierno mexicano tiene amplia responsabilidad en la erradicación del trabajo infantil, es necesario establecer mecanismos que contribuyan a disminuirlos. Entre ellos se propone que la Sedesol, a través de distintos programas, beneficie a las niñas y los niños, para evitar que generen trabajo infantil y para que los padres puedan superar la precaria situación económica.
Un gobierno que tolera y acepta tácitamente el trabajo infantil no vislumbra que éste no sólo perjudica la salud y el bienestar de los niños y las niñas, sino también impide y menoscaba cualquier posibilidad de desarrollo social.
Es por ello que propongo esta iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y solicito, diputada presidenta, se integre el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, tal como lo ha solicitado la diputada proponente. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Atención a Grupos Vulnerables.
Queremos agradecer y saludar la presencia de niños y adultos mayores de la colonia San Lucas Xochimanca, delegación Xochimilco, que hoy nos acompañan. Invitados por el diputado Isidro Pedraza Chávez. Bienvenidos sean todos ustedes.
Continuando con este capítulo de iniciativas tiene la palabra el diputado José Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas: Presidenta, creo que tenemos suficiente tiempo como para que me tarde toda la mañana, en virtud de que ?como siempre? tenemos una ausencia aquí, en el pleno.
El suscrito diputado federal José Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, en uso de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta soberanía la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que modifica tres fracciones, que son la II, III y V del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de actualizar la denominación correcta del órgano gubernativo del Distrito Federal.
De acuerdo a datos históricos disponibles, el 18 de noviembre de 1824, tras la caída del imperio de Agustín de Iturbide, el Congreso Constituyente creó los supremos poderes de la federación, cuya sede sería el Distrito Federal.
Este documento fue firmado en el entonces Templo del Colegio de San Pedro y San Pablo, hoy Museo de la Luz, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicado en la esquina que forman las calles Del Carmen y San Ildefonso, en el Centro Histórico de aquí de la capital.
Al consumarse la Independencia, una vez extinguido el efímero imperio de Agustín de Iturbide, el país adopto una estructura jurídica de carácter federal. Es decir, una federación de estados, inicialmente uno de estos fue el Estado de México.
Sin embargo, en 1824 el Congreso Constituyente creó los supremos poderes de la federación y se decidió otorgarles un territorio propio, siendo su sede, o casa, el Distrito Federal.
La superficie redonda del Distrito Federal, es una? Legorreta señala en una publicación de circulación nacional, fue de aproximadamente 50 kilómetros cuadrados y su radio 8 mil 400, y se medía desde la Plaza de la Constitución.
Dentro de esta misma superficie quedaron comprendidos pueblos y cabeceras municipales del mismo nombre hasta 1828, cuando se realizó la primera división municipal que quedó integrada por siete demarcaciones: Ciudad de México, Tacuba, Tacubaya, Atzcapotzalco, Mixcoac, Iztacalco y Villa de Guadalupe.
La creación del Distrito Federal generó dos estructuras jurídico-administrativas en su territorio. Una de origen español, basada en municipios con sus respectivos ayuntamientos y cabildos.
La otra fue de origen federal, anglosajona, con un gobernador designado directamente por el presidente de la república y en cada uno de los siete municipios ya citados, cuyas cabeceras se encontraban muy distantes una de la otra con sus respectivos ayuntamientos y presidentes municipales.
Desde su creación, el Distrito Federal no fue un estado autónomo, como hasta la fecha, de la federación, pues no contaba con una Cámara legislativa y un gobernador electo por el pueblo.
En el aspecto geográfico los antecedentes históricos se remontan hasta 1854 cuando el entonces presidente de México, Antonio López de Santa Anna, quien con la pérdida de la mitad del territorio nacional y los intentos separatistas de algunos estados, decidió agrandar la extensión del Distrito Federal, incorporó hacia el norte a San Cristóbal Ecatepec, al sur Xochimilco y Tlalpan, al oste, Huixquilucan y al este la medianía del lago de Texcoco, cuya extensión alcanzó los mil 700 metros cuadrados.
Con estos cambios creció la población del Distrito Federal, y con ello se creó la figura jurídica del Valle de México, para cuando por alguna razón los poderes federales tuvieren que salir del Distrito Federal.
La transformación geográfica vigente en la que vivió desde 1898 hasta 1902, luego de que se le diera solución a los problemas limítrofes entre los estados de Morelos, México y el Distrito Federal, que ahora ocupa una extensión de mil 500 kilómetros cuadrados.
En el aspecto político-administrativo, en 1903, ya con Porfirio Díaz como presidente, se reduce drásticamente la autonomía municipal y el Distrito Federal, al someter sus atribuciones al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Gobernación.
A los ayuntamientos se les impuso un prefecto político y un consejo superior de gobierno en el que participaban el gobernador del Distrito Federal y otros titulares de salubridad y obras.
Gracias a esta transformación política se llevaron a cabo grandes proyectos de inversión privada que derivaron en la construcción del acueducto de Xochimilco, la extensión de la red tranviaria y la creación de múltiples zonas habitacionales.
Para 1970 son incorporadas cuatro delegaciones más: Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, que actualmente existen y junto con este cambio se le da el nombre de Distrito Federal a la Ciudad de México.
Las últimas transformaciones realizadas a la urbe se ubican en 1993, cuando se crea la Asamblea Legislativa, con poderes limitados, y en 1997 es cuando desaparece la figura de regente y se da lugar a un jefe de gobierno, designado por elección popular y no por el jefe del Ejecutivo.
Con estas trasformaciones el Distrito Federal se convierte en la ciudad más grande del mundo, al extender su mancha urbana hacia municipios conurbados como: Ecatepec, Netzahualcoyotl, Tlalnepantla, Chimalhuacán y Naucalpan, entre otros.
Por lo tanto en el artículo 31, fracciones II, III y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se continúa empleando el término "Departamento del Distrito Federal", que se usó cuando el organismo dependía directamente de la Presidencia de República y su funcionario principal era nombrado y removido por el Ejecutivo de la Unión; pero a partir de que el artículo 43 constitucional consideró como parte integrante de la federación al Distrito Federal y se modificó el artículo 122 de la Carta Magna ?decreto publicado el 25 de octubre de 1993? se desligó de la dependencia directa del Poder Ejecutivo de la Unión, al Gobierno del Distrito Federal, se sustituyó la denominación "departamento", por la de "Gobierno del Distrito Federal", al que se le dio tratamiento especial y autónomo.
Por lo mismo, es fácil entender que la denominación Departamento del Distrito Federal resulta obsoleta. Y en obsequio a la claridad y exactitud que deben tener las leyes, estimo indispensable reformar las fracciones citadas del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para el efecto de que se diga "Gobierno del Distrito Federal" y no "Departamento del Distrito Federal".
Por tanto, someto a esta a consideración de esta soberanía que hagamos la actualización de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en virtud de que dentro de las funciones de nosotros, los legisladores, está que actualicemos las leyes y no caigamos en la obsolescencia.
Reitero que someto a la consideración de esta soberanía el que cambiemos de nombre en la Ley Orgánica, por lo antes expuesto. Por su atención, su consideración y su paciencia, les agradezco mucho. Tengan ustedes muy buena tarde.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Quiero agradecer la presencia de estudiantes de Guanajuato, que invitados por el diputado Francisco Murillo Flores, nos acompañan hoy en esta sesión. Sean ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Mario Eduardo Moreno Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de las Islas Marías.
El diputado Mario Eduardo Moreno Álvarez: Con su venia, ciudadana presidenta. El de la voz, diputado federal Mario Eduardo Moreno Álvarez, señalo que por cuestiones de tiempo únicamente haré una exposición general de la iniciativa que hoy presento, misma que también suscriben los diputados Omeheira López Reyna y Delber Medina Rodríguez; por lo que en ese sentido pido, diputada Presidenta, que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.
La iniciativa reforma el Estatuto de las Islas Marías, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
En la actualidad la colonia penal federal Islas Marías es una prisión de bajo perfil o de baja seguridad que pueda albergar a más de 3 mil reos y los colonos internos deben trabajar en las granjas agrícolas y ganaderas, y en donde sea necesario.
Para dejar establecida una regulación al respecto, el presidente Lázaro Cárdenas del Río expidió el 29 de diciembre de 1939, el decreto del Estatuto de las Islas Marías.
Es importante señalar que el estatuto en cuestión refiere que la autoridad a través de la cual el Ejecutivo federal tendrá a su cargo la colonia penal federal Islas Marías, es la Secretaría de Gobernación.
Asimismo, cabe mencionar que el 30 de noviembre de 2000 se publicaron modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante la cuales se crea la Secretaría de Seguridad Pública Federal, teniendo como propósitos fundamentales el desarrollar las políticas de seguridad pública, promover una política federal contra la delincuencia, que comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos y fomentar la participación de la ciudadanía en la formulación de planes y programas de prevención en la materia.
Por otra parte, el día 6 de abril de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, por parte del Ejecutivo federal, el reglamento de los centros federales de readaptación social, en donde se estipula lo siguiente:
En su artículo 2. La aplicación de este reglamento corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, creando, por lo tanto, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con el que se planteó establecer convenios de colaboración con los gobiernos de las entidades federativas, fundamentalmente en materia de ejecución y tratamiento de sanciones impuestas por las autoridades judiciales a la población interna del fuero federal, con el objetivo primordial de coadyuvar en la organización del sistema nacional penal.
Además de lo ya señalado, el pasado 5 de marzo del año en curso se realizó una visita, en compañía de algunos legisladores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Seguridad Pública, a la Colonia Penal Federal Islas Marías para ver las condiciones en que se encontraba dicho lugar.
Se nos informó que resulta ineficaz, entre otras cosas, que en la Colonia Penal Federal Islas Marías intervengan autoridades de diferentes entidades federativas, por lo que se sugiere que se unificara a una sola entidad.
Finalmente, podemos afirmar que el Estatuto de las Islas Marías es inadecuado para la actualidad, por lo que se debe modificar para darle eficacia al trámite administrativo y judicial de dichas islas, quedando la unificación en un solo estado, en este caso, el estado de Nayarit, por su cercanía con las islas. Por tanto, los servicios que proporciona el Distrito Federal y en algunos casos el estado de Sinaloa, quedarían sin efecto.
Por lo anterior expuesto y siendo claros los argumentos que fundan y motivan la presente iniciativa, proponemos lo siguiente, dentro del Estatuto de las Islas Marías. Que se modifique "Secretaría de Gobernación" por "Secretaría de Seguridad Pública" y se unifique la tramitación administrativa y judicial en materia del fuero común en la entidad de Nayarit. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta, diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
Tiene la palabra el diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
El diputado Mario Enrique del Toro: Con su permiso, presidenta. Compañeros y compañeras diputados, esta iniciativa que vengo a presentar el día de hoy quisiera solicitarles a todos los presidentes de las comisiones que se dictaminara. Tenemos presentadas varias iniciativas que no han salido ni en un sentido ni en otro y ya estamos a punto de terminar. Ojalá que no dejemos un amplio rezago como el que recibimos.
Esta iniciativa contempla la posibilidad de reformar la Ley Federal de Radio y Televisión. Es muy simple y muy sencilla esta propuesta y seguramente muchos podrán no estar de acuerdo. Es polémica, pero es discutible. Se trata de que regulemos a los medios de comunicación.
Impunemente los noticieros dan opiniones sobre las diversas personas y las noticias en general, y a veces desacreditan a cualquier persona. El derecho de réplica no sería suficiente si una vez que a un ciudadano se le da este derecho, inmediatamente después el conductor de un programa emite una opinión de desacreditando, nuevamente a la persona que se le dio este derecho.
Por tanto, lo que estamos solicitando es que los noticieros se circunscriban exclusivamente a dar noticias y los conductores de estos noticieros se abstengan de dar opiniones y que, en su caso, si es un programa de opinión, exista equidad para que puedan participar diversos actores con diversas opiniones, para que los ciudadanos se puedan formar por sí mismos su propia opinión al respecto del tema.
Yo estoy convencido de que esto no atenta contra el derecho de la información ni a la libertad de expresión, porque estamos proponiendo que cada medio de difusión, de radio y televisión, genere la creación de sus propios consejos de equidad, que sean los que determinen si un programa tendrá el contenido amplio de las diversas opiniones que puedan permitir salir al aire y que no generen la confusión que muchas veces se da con esos programas.
Hemos visto cómo en los noticieros, sobre todo, no porque nosotros hayamos sido víctimas, que en realidad sí lo fuimos, los del PRD, pero ciertamente la persecución es tanta que de verdad es lamentable para nuestra democracia que estemos a expensas de la opinión de unos solos.
Yo quiero exhortar a los compañeros de Acción Nacional, que seguramente no van a estar de acuerdo, porque en este momento ellos ostentan la presidencia de la república, pero seguramente les volverá a tocar ser oposición, valdría la pena que desde ahorita comencemos a arreglar esos problemas para que no seamos víctimas de las opiniones sesgadas de algunos comentaristas. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Tiene la palabra el diputado Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Pedro Montalvo Gómez: Con su permiso, presidenta. Señora presidenta, hago uso de la tribuna para hacer síntesis de mi iniciativa, solicitando respetuosamente que el texto de la misma sea inscrita íntegramente en el Diario de los Debates.
Nuestra iniciativa trae con proyecto de decreto reformar el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, especialmente por un fondo que es el de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Relacionado al tema nacional que tiene que ver con la seguridad pública.
Si bien es cierto que en este Presupuesto que aprobaremos, 2009, hay una intención del Ejecutivo para que crezcan en más de 30 ó 40 por ciento las ramas de la seguridad pública en el país, hay recursos que tradicionalmente etiquetamos en los fondos que manejan los ayuntamientos, uno es el FINS, y el otro es el FAN, del que estamos hablando ahora.
Pero, sin lugar a duda, este fondo no está dando los resultados esperados, que están en su mayoría en los más de 2 mil 450 municipios del país, teniendo policías municipales.
En muchos lugares están careciendo del perfil propio de la seguridad pública. Y no sólo eso, sino que el pago máximo que se le otorga a cada policía no es más de mil 500 pesos mensuales.
Lo que pretendemos es que se eleve, si bien es cierto, la situación académica como el perfil propio de la policía, también que se le eleve su seguridad, para que el policía pueda hacer perfectamente su trabajo, considerándoles seguros de vida, una remuneración similar, por qué no, a como se hace en el Ejército Mexicano, que son 4 mil 500 pesos que en esta Cámara aprobamos desde el primer año y en el segundo, para ejercerlo en éste.
Y la última intención que le hicimos al Ejército, a nuestro glorioso Ejército, de modificar la Ley de Institutos de Salud, de Seguridad Social, y de las Fuerzas Armadas Mexicanas, para que cuando se retiren, su pensión de los militares y de la Fuerza Armada sea mejor.
Pues bien, esta iniciativa pretende que los salarios de la policía tengan, por lo menos, 4 mil 500 pesos. A todos ellos nuestro sincero reconocimiento de que no es un empleo más. Es un empleo de darle seguridad, en la primera célula, la más pequeña, que es el municipio, y deben atender tal cual es en este momento la situación del país.
La iniciativa pretende modificar el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a efecto de que cuando menos 50 por ciento de lo propuesto y presupuestado a la seguridad pública relativo al fondo anteriormente mencionado, se destine a la creación de nuevas plazas para la contratación de elementos de policía, adquisición de armamento y equipo profesional y al fortalecimiento de la selección, reclutamiento, la capacitación, adquisición de seguros de vida, y para el mejoramiento de los salarios y condiciones laborales de los cuerpos municipales de seguridad pública.
Con lo anterior pretendemos dar operatividad en el rubro de seguridad pública a un fondo que, hasta el momento, insisto, ha pasado desapercibido. Además, con lo anterior se pretende dar operatividad en el rubro de seguridad pública a un fondo que, hasta el momento, sus resultados no son tal como se piensan.
Además, elevar el nivel educativo y el perfil profesional de los elementos de seguridad, dotarlos de capacitación para desempeñar sus funciones de mejor manera, elevar su perfil educativo, insisto, y crear condiciones salariales y laborales, como el aumento de sus propios ingresos.
Esta es nuestra iniciativa, insisto, que quede registrada y que quede tal como la suscribimos a esta tribuna. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Carlos Armando Reyes López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
El diputado Carlos Armando Reyes López: Con su permiso, diputada presidenta. Honorable asamblea, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
El Partido Acción Nacional ha desplegado a lo largo de los últimos años una política de Estado que permita un mejor uso de los recursos disponibles. El propósito es asegurar que los beneficios lleguen a las familias que más lo necesitan.
De esta manera, la correcta aplicación de los recursos será la mejor manera de disminuir las brechas de injusticia e inequidad que aún persisten en nuestro país.
Las reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas que hemos aprobado a lo largo de los últimos años han permitido disminuir el clientelismo y combatir el caciquismo de algunos grupos que encontraban en el gobierno una oportunidad para garantizar su bienestar y porvenir.
Durante décadas estas prácticas laceraron las finanzas públicas y ampliaron la desigualdad entre las regiones de nuestro país. Acción Nacional ha atendido muchos de estos temas en sus últimas administraciones y los mexicanos deben tener plena confianza en que nuestro trabajo no se detendrá hasta que alcancemos el perfeccionamiento de nuestras instituciones y mecanismos de control, que permitan incrementar la transparencia y la eficiencia que tienda a alcanzar el máximo beneficio a los grupos más desfavorecidos.
A partir de lo anterior, la iniciativa que pongo a su consideración tiene como objetivo prohibir, en el más estricto sentido, que cualquier funcionario público que tenga a su cargo la responsabilidad de manejar recursos públicos, los emplee en su propio beneficio.
Por lo anterior, la reforma propuesta pretende inhibir el deseo de acceder a beneficios económicos de aquellos recursos destinados para subsidiar o fomentar el desarrollo de alguna actividad productiva, aumentando en un 50 por ciento la sanción que se le establezca al culpable.
En mérito de lo anterior, me permito someter a la consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Único. Se reforma la fracción V del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 13, fracción V. Cuando el beneficio, provecho o ventaja obtenida mediante las conductas establecidas en la fracción XXII del artículo 8 de esta ley provenga de los recursos asignados para la ejecución de programas sociales federales, o de subsidio, que los Poderes de la Unión o los entes públicos federales hayan otorgado con cargo a su presupuesto, a entidades federativas, particulares y en general a cualquier entidad pública o privada, para fomentar el desarrollo de alguna actividad productiva, la inhabilitación temporal y la sanción económica se aumentarán hasta en una mitad respecto de la sanción prevista.
Transitorio y único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Carlos Armando Reyes López. Túrnese a la Comisión de la Función Pública.
En seguida tiene el uso de la palabra la diputada Josefina Salinas Pérez, para a nombre propio y a nombre del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
La diputada Josefina Salinas Pérez: Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, compañeros diputadas y diputados, es fundamental dentro del proceso de la reforma del Estado, destacar la reforma política del Distrito Federal en el ámbito de seguridad pública. Son evidentes los avances en materia de autonomía en los órganos locales en la capital del país; sin embargo, el objetivo se encuentra direccionado a la homologación de esta misma capacidad de autogobierno con el resto de las entidades federativas del país.
Si bien ese proceso se ha dado a lo largo del tiempo de forma paulatina y con grandes avances, es necesario dar continuidad otorgando mayores facultades a las autoridades locales en los asuntos que sean de mayor relevancia para los ciudadanos del Distrito Federal, por tanto, la seguridad pública y la procuración de justicia se ubican en la columna vertebral de las prioridades de la población.
Atenta al sentido federalista de las reformas que han fortalecido la capacidad de gestión y gobernabilidad de las autoridades locales en el Distrito Federal, se hace necesario que junto con la responsabilidad de brindar a los habitantes de la Ciudad de México un clima en que la seguridad y la procuración de justicia sean impartidas de forma eficaz, otorgándose plenas facultades para determinar las políticas públicas y las decisiones sustantivas en la materia, por ello la presente iniciativa propone dar un paso más en el ámbito de seguridad pública.
El espíritu de esta iniciativa pretende así dejar al lado discusiones bizantinas, que justificaron en su tiempo la facultad del Ejecutivo por contar con el mando de la fuerza pública, en lugar de la residencia de los Poderes federales.
Un federalismo moderno tiene claro que entre ámbitos de gobierno federal y local ya no tienen lugar alguno tradiciones de ejercicio vertical del poder, es más bien entendido en la lógica de la reciprocidad y la colaboración entre estos ámbitos, como se puede asegurar la verdadera gobernabilidad democrática.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 2 y el artículo 71, la fracción I de la letra A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción II del artículo 55 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este honorable pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se propone reformar al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la modificación a los artículos 10, 34, 35, 42 y 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputada Josefina Salinas Pérez, Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.
Damos ahora la palabra al diputado Carlos Madrazo Limón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, señor diputado.
"Ándele, presidente, déme chamba aunque sea de policía". Solicitud escuchada por casi todos los presidentes municipales de este país, y que si los gobernadores y el presidente de la república fueran más cercanos, seguramente también la estarían escuchando.
Imagínense la desesperación de esta persona para atreverse a hacer semejante solicitud y estar dispuesto a arriesgar la vida por un salario raquítico, prácticamente sin prestaciones, con un horario inhumano de 24 por 24 horas que, si las sumamos, serían 84 horas a la semana; y eso, si no le hacen doblar turno.
Aunado a lo anterior, mal equipado, mal entrenado, pobremente vestido, desprestigiados y, en muchas ocasiones, burlado por los ciudadanos.
Pero eso no es todo, se tendrá que sujetar a los abusos y corruptelas de sus superiores. Rentas de patrullas, arrendamiento de las armas, salarios mochados, protección a las narcotienditas; y lo verdaderamente universal y famoso: el entre. Y ya sabe que si no le entra, el despido sin derecho a recuperación de su puesto.
Esperar hacer una carrera en la policía, ni pensarlo, los rangos no se respetan. Llegando a comandante, mañana lo podrán mandar a cuidar un crucero. En México hemos confundido a los veladores con guardias, con policías y hasta con inspectores. Todos sirven para lo mismo.
Se cree que la seguridad se resuelve con más policías, pero estudios recientes demuestran que a más policías, más delincuencia. Queda claro que la calidad es mucho más importante que la cantidad.
El ejemplo de Colombia, que tiene casi la mitad de los policías per cápita con respecto a México, debe de hacernos reflexionar. En todo caso, los más interesados en que se incremente el número de policías son los mandos porque a más policías, más entre.
Efectivamente, la seguridad pública es una actividad intensiva en mano de obra. Por eso si queremos seguridad pública de calidad, necesariamente necesitamos policías de calidad.
Pero ¿cómo lograr atraer a jóvenes preparados con las atribuciones físicas necesarias para hacerle frente a las necesidades del servicio? Necesariamente se requiere atraerlos con condiciones de trabajo digno, inclusive por encima de las del mercado.
Lo que se propone es que se regularice la relación laboral entre los gobiernos y los policías; que existan trabajos razonables, días de descanso y vacaciones adecuadas, remuneraciones acordes al trabajo desempeñado; que se regule el ingreso, la promoción, la capacitación y profesionalización. Es decir, que ser policía sea un proyecto de vida.
Lo que proponemos es que se modifique el artículo 123 constitucional, para que la relación gobierno-policía deje de ser una relación administrativa y pase a ser una relación laboral.
Siendo el trabajo de policía diferente a cualquier otro trabajo, no le estamos otorgando el derecho a sindicalizarse o a la huelga. Sin embargo, sí velamos para que tenga un acceso a la vida digna.
122 diputados hemos firmado esta iniciativa, y a nombre de ellos he venido aquí a hablar, del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Convergencia, del Partido Nueva Alianza, del Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo. Es así como demostramos que nosotros, los legisladores, tenemos un genuino interés por hacer que el ser policía sea un trabajo digno y que con eso sí tengamos una seguridad, la cual todos los mexicanos nos merecemos.
Señor presidente, le pido, por favor, que la iniciativa sea incluida en el Diario de los Debates tal y como fue presentada.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Sí, cómo no, diputado. Insértese el texto íntegro.
El diputado Carlos Madrazo Limón: Y por supuesto, bueno, está abierto para que se sumen todos los diputados que quieran. Adelante. Gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Carlos Madrazo. A petición del señor diputado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Sonido a la curul del diputado Arellano. ¿Con qué propósito, señor diputado?
El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido (desde la curul): Ciudadano presidente, para solicitarle al diputado ponente si me permite suscribir su propuesta, también, por estar de acuerdo en la misma.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Diputado Madrazo, ¿atiende usted la petición del diputado Arellano?
El diputado Carlos Madrazo Limón: Sí, claro que sí. Y está abierto para todos los diputados que quieran sumarse, que lo hagan, porque sí creo que ya es tiempo que nosotros le reconozcamos a los policías la labor que están llevando por todos nosotros, y es de humanidad que lo hagamos. Adelante, por favor. Muchas gracias.
El diputado Mario Enrique del Toro (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Diputado Mario Enrique del Toro. Sonido a la curul.
El diputado Mario Enrique del Toro (desde la curul): En el mismo sentido, diputado Madrazo, para sumarme a su propuesta, si me autoriza.
El diputado Carlos Madrazo Limón: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Gracias, diputado.
El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: El diputado Joaquín Díaz Mena. Sonido a su curul, por favor.
El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (desde la curul): En el mismo sentido, presidente. Hacer un reconocimiento a la solicitud del diputado Madrazo y sumarnos a ella. Muchas gracias.
El diputado Carlos Madrazo Limón: Sí, adelante, con mucho gusto. Muchas gracias.
El diputado Rafael Villicaña García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Muy bien. Sonido a la curul del diputado Rafael Villicaña.
El diputado Rafael Villicaña García (desde la curul): Presidente, en el mismo sentido. Estoy de acuerdo con la iniciativa propuesta por el diputado Madrazo. Gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Muy bien. Todos los que estén interesados en suscribir la iniciativa del diputado Carlos Madrazo, ésta estará a su disposición, en la Mesa Directiva, con los secretarios de la misma.
Vamos a continuar con nuestra sesión. Tiene el uso de la palabra el diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No estando presente el diputado Mendoza Arellano, pasamos la iniciativa al final para espera de turno.
Se concede la palabra al diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Tampoco está el diputado López Barriga, se pasa al final su iniciativa en espera de turno.
Enseguida tiene la palabra el diputado Luis Gustavo Parra Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
El diputado Luis Gustavo Parra Noriega: Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de definiciones fundamentales para la construcción de un México democrático, seguro, justo, transparente, y debe ser bajo la línea del respeto y la tutela de los derechos fundamentales de las personas.
Es por lo anterior que se propone ante esta soberanía, con la finalidad de perfeccionar y ampliar los derechos de los mexicanos, una iniciativa cuya incorporación a nuestro orden jurídico se convierte en un elemento indispensable de un auténtico estado de derecho, en un detonante privilegiado para la consolidación democrática.
Sin duda, el avance de nuestro país como nación soberana debe preservarse mediante el reconocimiento y ensanchamiento de la esfera jurídica de las personas, así como mediante el establecimiento de principios, derechos y mecanismos de defensa frente a la intromisión injustificada e indebida en nuestra vida privada y ante la posibilidad de ser objeto de discriminación por el tratamiento no autorizado de nuestros datos personales.
Es importante resaltar que este tema no es nuevo en la tribuna, toda vez que el año pasado se discutió y aprobó por el pleno de esta Cámara, reformas a nuestra Constitución para que se garantice el respeto a la dignidad de las personas mediante la tutela de sus datos personales.
En efecto, este órgano, este pleno, esta soberanía, aprobó reformas al artículo 16 y 73 de nuestra norma máxima.
En el primer caso, con la finalidad de incorporar como una nueva garantía individual la protección de los datos personales y en el segundo caso, para conferir al Congreso de la Unión la facultad expresa para legislar en materia de datos personales en posesión de particulares.
Cabe recordar que por lo que respecta a la tutela de los datos personales en posesión de órganos públicos, con la reforma al artículo 6o. de la Constitución en materia de transparencia y acceso a la información, quedó claro que dicha potestad corresponde de manera coexistente, a la Federación y a cada entidad federativa.
A la fecha ambas propuestas de reformas constitucionales se encuentran en la Cámara colegisladora, por lo que exhortamos respetuosamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
Segunda, del Senado de la República, analicen y discutan dichas minutas de reforma a los preceptos constitucionales citados, como parte precisamente de un diseño normativo, integral, que converja a que en nuestro país se establezcan normas para combatir la inseguridad, pero de manera correlativa se instituya un entramado jurídico que tutele de manera clara, precisa y bajo excepciones expresamente señaladas, la vida privada y la dignidad de las personas.
Por tanto, con la presente iniciativa de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, entendemos que bien si no podrá determinarse hasta en tanto no se apruebe la reforma al artículo 73 constitucional citado, sí con esta presentación se dé un paso decisivo para la materialización legislativa de la tutela de la dignidad de las personas y de paso, dé cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos de parte de nuestro país.
Lo anterior no desconoce ni hace de lado que estos datos personales son un bien que ayudan y fomentan actividades importantes, pero debemos buscar que esta iniciativa autorice y establezca definitivamente un tratamiento a los datos personales de manera integral.
No podré seguir con la lectura a la exposición de motivos dado el tiempo necesario para este efecto; sin embargo, solicito a usted, señor presidente, dado que además sufrió modificaciones el texto que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, se inserte íntegro el texto que en este momento entrego a los señores secretarios, para que sea turnado a la comisión correspondiente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Gustavo Parra. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Gobernación con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se concede el uso de la palabra al diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma los artículos 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 161 y 162 del Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado Mario Enrique del Toro: Con el permiso de la Presidencia. Solicito se inscriba íntegro el documento presentado en el Diario de los Debates.
Y para ser totalmente breve, compañeras y compañeros diputados, la propuesta que estoy haciendo es reformar la Constitución y el Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de que se cancele la prisión preventiva en la mayoría de los delitos, excepto cuando es delincuencia organizada o cuando hay concurso de delitos, con la finalidad simple y llana de que las personas tengan la posibilidad de ser sujetos a proceso en libertad.
Que no tengamos las cárceles llenas de gente que está meses, años, y que al final sale absuelta; que purgan una pena sin haber sido sentenciados. Esto creo es justo y además forma parte de las reformas que vamos a llevar a cabo dentro del paquete de reformas judiciales con la idea que efectivamente hagamos válido el principio de inocencia y que no se estén aplicando estas penas de prisión preventiva a gente que tal vez sea inocente.
Es cuanto, presidente, y con la solicitud previa en cuanto a la inserción en el Diario de los Debates. Gracias por su atención.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado del Toro, y a petición suya, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Justicia.
Esta Presidencia quiere aprovechar este momento para saludar y dar la bienvenida a este recinto parlamentario, al doctor Domingo Gómez Orea, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenido, señor doctor.
Tiene la palabra el diputado Alan Notholt Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
El diputado Alan Notholt Guerrero: Gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción, de 2008, publicado por Transparencia Internacional, por sus siglas en inglés IPC, México se ubica en el lugar 72 de una muestra de 180 países, al obtener una calificación de 3.6 en una escala de 0 a 10. En la cual 10 es la escala más alta de un país, y quiere decir que es altamente transparente; y 0 es igual a un país altamente corrupto.
El Centro advierte que esa posición no pareciera tan desfavorable, ya que el país se mantiene en la mitad superior de la clasificación. La nota es reprobatoria, lo que evidencia los pobres avances para erradicar ese flagelo. Asimismo, durante tres años continuos ha permanecido en ese lugar con calificaciones de 3.3 a 3.6.
En un ambiente de corrupción los incentivos para entrar en ella son elevados, puesto que a través de esta conducta se pueden lograr permisos o trámites que de otra forma no se podría o el tiempo para ello sería demasiado largo.
La corrupción, la inseguridad y la mala calidad de las instituciones públicas han generado en nuestro país incertidumbre acerca del futuro de México, ya que existen diversos factores que generan una mala calidad de vida entre los habitantes.
Esto ha conducido a que los diferentes sectores de la sociedad e incluso habitantes en otros países crean que México es un país en donde prevalecen los intereses propios sobre los intereses de la nación.
La falta de gobernabilidad adecuada conduce a la desconfianza a nivel nacional e internacional que ocasiona entre otras, que las empresas duden en invertir en nuestro país e inclusive que las que ya están establecidas dentro, busquen otros países en donde no existan tantos problemas de corrupción e ingobernabilidad para reubicarse.
De acuerdo con la Encuesta de Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en el 2005 existen diversas dificultades que en México frenan el desarrollo empresarial y disminuyen la posibilidad de que las empresas nacionales sean competitivas a nivel internacional.
La comunidad empresarial coincide en que son diversos los obstáculos que enfrentan para su desarrollo en el ámbito de gobernabilidad, entre los que destaca la inseguridad, la piratería y la economía informal.
También es cierto que muchas otras empresas vienen a nuestro país a invertir en proyectos que no han permitido el crecimiento mexicano, sino el crecimiento meramente de la empresa.
Debido a que los permisos que obtienen en México son de fácil acceso, no se incluyen tantas condicionantes para poder invertir y no se analiza la información, como en muchos otros países que requieren de un proyecto sólido, que permita el desarrollo de los habitantes del país.
Ejemplo de esta situación encontramos en todas aquellas empresas de desarrollos turísticos que han llegado a nuestro país con grandes proyectos que, desafortunadamente para nuestro medio ambiente, han provocado la destrucción de distintos ecosistemas. A continuación mencionaré diversos ejemplos en donde las autoridades ambientales han otorgado permisos y autorizaciones que han llevado a la destrucción del equilibrio ecológico, por los inadecuados estudios y criterios ecológicos en el proceso de análisis de los proyectos.
El pasado 22 de noviembre de 2006, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó el proyecto turístico Marina Careyes, el cual consideraba urbanizar una superficie de 256 hectáreas, construir mil 25 cuartos distribuidos en hoteles, villas y bungalows, así como una marina turística que se desarrollaría en el kilómetro 51.5 de la carretera Barra de Navidad a Puerto Vallarta, Jalisco, en el municipio La Huerta, donde también se encuentran dos reservas ecológicas, área natural protegida de la playa Teopa y la reserva Cuitzmala-Chamela, zona de desove de tortugas en riesgo de extinción y donde se encuentran humedales prioritarios para el planeta.
Las manifestaciones de impacto ambiental por los promotores de los proyectos turísticos Marina Careyes y La Tambora, en La Hurta, Jalisco, presentan deficiencias técnicas y omiten información, aspecto que impide garantizar el cuidado del medio ambiente, aseguró el rector general de la Universidad de Guadalajara.
En este proyecto se concluyó que la sustentabilidad ambiental de los proyectos de Marina Careyes y La Tambora no está demostrada y asegurada, ni por los promotores de los desarrollos turísticos ni por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, mediante los términos y condiciones de las resoluciones emitidas.
El investigador del Departamento de Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras del CUC Sur dijo que el proyecto de Marina Careyes, por su infraestructura, requería una alta demanda de agua potable; sin embargo, los estudios de las empresas no garantizan la disponibilidad sostenida de este recurso.
Este proyecto colinda con la reserva Chamela-Cuitzmala, la cual, por su riqueza biológica, recientemente fue incluida en la lista de reservas mundiales del programa de la UNESCO, El hombre y la biosfera, además de que el humedal forma parte de los sitios Ramsar, el tratado internacional para la conservación de estos ecosistemas.
En el predio considerado para el desarrollo turístico, de acuerdo con la DGIRA, hay especies en riesgo de extinción e implica el cambio de uso de suelo de selva baja caducifolia y matorral xerófilo. Además, se encuentra en la zona de influencia de dos regiones prioritarias, Chamela-Cabo Corriente y Cajón de Peñas-Chamela, de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad.
La reserva de la biosfera tiene 13 mil 142 hectáreas y obtuvo la declaratoria el 30 de diciembre de 1993. Tiene áreas lagunales y costas federales, así como predios de la estación de biología Chamela, de la UNAM. La estación usa parte de esta área para realizar estudios en distintos campos de la biología y se espera que aporten valiosa información para su mejor uso en el futuro, para su conservación y para definir estrategias de recuperación de las áreas perturbadas.
La reserva se creó para proteger el bosque tropical caducifolio de los humedales de Jalisco.
Con 350 kilómetros de la costa en Jalisco, tiene sólo tres ríos subterráneos que abastecen de agua a la zona. La cubierta vegetal favorece la recarga, pero la deforestación y la remoción del suelo que hará cada uno de los proyectos ocasionará más escasez, por lo cual la autorización de estos proyectos provoca la fragmentación del hábitat, lo que afecta negativamente a las especies porque su movimiento territorial se verá limitado. Se ahondará la deforestación y se modificará el hábitat, con la consecuente pérdida de biodiversidad.
El siguiente ejemplo es la autorización del desarrollo turístico Mayan Palace, proyecto ilegalmente autorizado en Playa del Carmen, con 3 mil habitaciones, en lugar de las 700 permitidas y con la destrucción de un 90 por ciento de la cobertura vegetal, en violación de una multitud de disposiciones legales y con escandalosa corrupción de numerosos funcionarios, muchos de los cuales permanecen impunes.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente analizó una clausura definitiva de los proyectos Mayan Palace Cancún y Mayan Palace Tikal-Uxmal-Tulum, basado en la declaratoria de nulidad que realizó la Semarnat en ambos desarrollos turísticos, debido a las irregularidades que existieron en las autorizaciones emitidas por los ahora ex delegados José Antonio Arjona y Luis Rubén Sánchez Cataño, quienes se encuentran inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública para ocupar cargos en los tres niveles de gobierno.
Estos permisos irregulares son considerando los casos más representativos del incumplimiento sistemático y generalizado de los instrumentos de la política ambiental en Quintana Roo.
Voy a concluir por falta de tiempo. En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en esta soberanía, sometemos a consideración de este honorable pleno, la siguiente
Iniciativa de proyecto
Adicionar la fracción XXV del artículo 8 y se modifica el cuarto párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Artículo único. Se adiciona la fracción XXV del artículo 8 y se modifica el cuarto párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Artículo 8. Del 1 al 16.
Artículo 25. Abstenerse de otorgar permisos, concesiones y autorizaciones que confiere a su encargo cuando éstas ocasionen daños graves al medio ambiente.
Artículo 13. En todo caso se considerará infracción grave al incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X, XIV, XVI, XIX, XXII, XXIII y XXV del artículo 8 de esta ley. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Notholt. Túrnese a la Comisión de la Función Pública.
Concedemos el uso de la palabra al diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado David Mendoza Arellano: Gracias, y con su permiso, señor presidente. En virtud de que esta iniciativa que presentamos está publicada, solamente haré algunas referencias que me parece importante hacer.
El régimen republicano y federal de nuestro país está expresado en nuestra Carta Magna, y pese a que en ella se evoca la división y el equilibrio de los Poderes de la Unión, el arreglo republicano aún continúa siendo una aspiración popular.
En el texto de nuestras constituciones generales de la república que van de 1824, 1857 hasta la vigente, específicamente en los artículos 40, 49 y 115, han estado plasmados los principios de la separación de poderes y la forma de gobierno republicano.
Sin embargo, la historia de México muestras grandes omisiones al espíritu y a la letra de nuestro ordenamiento jurídico supremo. Solamente existe un ejemplo de nuestra historia que preserva el equilibrio y la división entre los poderes de la República, y me refiero a la época de la Reforma, durante el siglo XIX, momento en el que los legisladores liberales realmente hicieron contrapeso a los titulares del Poder Ejecutivo.
Además, en este periodo, el presidente de la Corte gozaba de peso y prestigio propio al grado de ser el sustituto legal del presidente de la república en caso de falta definitiva.
Sin embargo, fuera de este breve periodo, los poderes republicanos naufragaron en la inestabilidad política durante prácticamente todo el siglo XIX, quedando a merced de los caudillos que encarnaban el poder, ya fuera como presidentes de la República o como rebeldes frente al poder establecido.
Con Porfirio Díaz, la Presidencia de la república alcanza, de manera más nítida, la característica del poder absoluto, en una especie de monarquía con ropajes republicanos que concentró el poder político y económico de un país que había cobrado conciencia de sí mismo, en medio de la tempestad de sus luchas intestinas y de los embates de las potencias extranjeras.
Posteriormente, con el nuevo régimen que surgió de la Revolución se intensificó el esquema centralista del poder evolucionando de una confederación de caciques y caudillos regionales que, en su momento, confluyeron en el Partido Nacional Revolucionario.
A partir de entonces se comenzó a operar la organización de una sociedad corporativa en donde el eje articulador del gran entramado social e institucional era justamente la presidencia de la república.
Nuevamente la letra de la Constitución de 1917 en sus preceptos federalistas y republicanos habría de ser, en los hechos, letra muerta.
El presidente logró acumular tanto poder que llegó a convertirse en el gran elector, el gran legislador y en el juez supremo de la nación, haciendo palidecer al poder de muchos de los monarcas que le fueron contemporáneos. El Ejecutivo mantenía subordinados a los otros poderes, tanto al Legislativo como al Judicial, y las esferas del Estado y del gobierno eran francamente indistinguibles.
Esta Presidencia, que se desarrolló a lo largo de todo el siglo XX, exacerbaba el presidencialismo, con lo cual deformó el régimen republicano y federal, pues no se respetaba el equilibrio jurídico, político y moral entre los Poderes de la Unión.
En la actualidad, México atraviesa por una etapa diferente en la que existe mayor pluralidad. Es por eso que se ha abierto el debate sobre la renovación y la reconstrucción de los equilibrios de poder republicano.
Actualmente, varias fuerzas políticas coinciden en la necesidad de fortalecer nuestros principios constitucionales para garantizar independencia y libertad entre los Poderes de la Unión.
Por ello, uno de los capítulos sustanciales de la agenda política acordada por consenso de los grupos parlamentarios de la presente Legislatura, en la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado, fue justamente el del equilibrio de los poderes públicos, fundamentalmente lo que tienen que ver con el fortalecimiento del Poder Legislativo, otorgándole al Congreso mayores facultades para evaluar el ejercicio de la función pública, ratificar las decisiones del Ejecutivo y pedirle cuentas de sus funciones.
Es por ello que hoy vengo a proponer a esta Cámara, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la siguiente iniciativa para conferirle mayores facultades a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y, en general, fortalecer sus estructuras y mecanismos de funcionamiento para que puedan cumplir con los deberes derivados del redimensionamiento del Poder Legislativo.
El país exige un Poder Legislativo eficaz y con una clara corresponsabilidad en la toma de decisiones y en la conducción del destino de la patria junto con el Poder Ejecutivo.
Es por ello que dentro de las nuevas facultades propuestas para el Congreso de la Unión está la ratificación de los nombramientos y la moción de censura para los secretarios de despacho y de los titulares de los órganos autónomos del Estado hechos por el presidente de la república.
Por todo lo expuesto someto a consideración de esta soberanía esta iniciativa con proyecto de decreto para el fortalecimiento del Poder Legislativo.
Agradezco, señor presidente, la oportunidad que me da de presentar esto y, obviamente, el tiempo que tomé de más. Muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Mendoza Arellano. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
El diputado Érick López Barriga: Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Antes que nada quisiera agradecer que podamos presentar esta iniciativa, en este momento, justamente hoy que se celebran los 60 años de los pueblos indígenas y que tenemos una reunión del programa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, justamente aquí, en la Cámara de Diputados.
La iniciativa que voy a presentar es simplemente un homenaje y un acto de justicia y de reconocimiento a los pueblos indígenas, reconociendo que México es una nación pluricultura y que merece el reconocimiento por parte del Estado de la diversidad que existe en este país en ese sentido.
Actualmente son reconocidos 62 pueblos indígenas que representan más del 12 por ciento de la población nacional, adicional a todo el pasado que tenemos los mexicanos, indígena y las raíces vivas que mantenemos hoy día.
Esta presencia es presencia viva de los pueblos y se manifiesta a través de su artesanía, de su música, de la medicina tradicional, de su cosmovisión, de sus tradiciones en general y, principalmente, a través de las lenguas.
Justamente en esta diversidad que está reconocida en México a través de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, las menciona como que son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos igualmente preexistentes, que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad, y que se reconocen por ser un conjunto ordenado y sistemático de formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación.
En tanto, estas lenguas maternas constituyen el elemento principal, o el primer vector ?que le llaman? de la identidad cultural del grupo que habita en un territorio determinado; por tanto son también 62 lenguas indígenas las que existen, por lo menos, en el país, con sus distintas variaciones y que son precisamente las construcciones milenarias y colectivas que reflejan una visión única del mundo que se articula a través de sus lenguas.
Estas lenguas son patrimonio cultural, están protegidas por esta ley a la cual hacía mención, y esta misma ley tenemos que adecuarla, ya que su objetivo principal es el reconocimiento y la protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, entre otros, y hoy tenemos un riesgo inminente de perderlas.
Seré muy breve, nada más para mencionar que al día de hoy se han extinguido ?se considera desde la conquista a la fecha? 110 lenguas indígenas y tenemos 14 lenguas más en riesgo de perderse.
Por lo anterior, es importante que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad y proteja este patrimonio cultural que tenemos. Lo que se propone es que en los municipios con población indígena y comunidades indígenas se instrumente la señalización plurilingüe; es decir que se inscriban en las lenguas indígenas que se hablen, y en español también, las señales informativas, principalmente oficiales, cuyo contenido sea de nomenclatura oficial, así como sus topónimos, en tanto que el español, al igual que cualquier lengua indígena, son lenguas nacionales que por su origen histórico tienen la misma validez en el territorio, localización y contexto del que se hable. Esto se ha instrumentado en otros países como España, Francia, Grecia, Alemania, Marruecos, Nueva Zelanda y otros.
Se propone que se reformen las fracciones XIII y XIV, y se adicione la fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, donde básicamente quedaría que en sus municipios con población indígena y comunidades indígenas se instrumentaran medidas para que sean inscritas en las lenguas indígenas que se hablen, y en el español, las señales informativas de nomenclatura oficial, así como sus topónimos.
Pido, por favor, a esta Presidencia, que se inserte el texto íntegro de esta iniciativa, y agradezco mucho esta atención y este reconocimiento, principalmente a los pueblos indígenas. Muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado López Barriga. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas.
Tiene la palabra el diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada: Con su permiso, señor presidente, y por obviedad de tiempo le pido que sea insertada en la Gaceta, tal como fue enviado el proyecto.
"Si hubiera que definir la democracia podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no sólo es permitido, sino exigido, el ser persona". María Zambrano.
Es por todos conocido que las campañas electorales son definidas por el Cofipe como las acciones que realicen los candidatos y los partidos en la búsqueda del voto de los ciudadanos.
Comprende todas las actividades de proselitismo y persuasión política orientadas a conquistar los mercados electorales; sin embargo, ¿cuántas veces hemos escuchado que los políticos sólo se preocupan ?o nos preocupamos? por mantener u obtener los votos necesarios para ganar la elección?, pero a la hora de cumplir, jamás regresamos a los electores a cumplirlas, o éstas mismas son imposibles de ser cumplidas.
Este problema en la actualidad ha adquirido gran relevancia debido a que la mayoría de la política en la actualidad ha sobrepasado el límite de sus promesas y ahora sólo les falta prometer que todos los sueños de la sociedad se convertirán en realidad una vez que seamos electos.
Basta recordar que a partir del inicio del proceso de transición democrática, que se fue dando hace pocos años, los meros ritos protocolarios de la campaña pasaron a ser una lucha encarnecida por disputarse voto a voto las preferencias de los ciudadanos. Sin embargo las famosas promesas electorales, aquellas que salen de la boca de los candidatos como agua de manantial, se han convertido en la herramienta más importante de los candidatos en la búsqueda del voto.
Recordemos por ejemplo aquellas promesas emitidas en campaña para la presidencia por Andrés Manuel López Obrador, cuando prometió la creación del tren bala desde el Distrito Federal hasta Tijuana. Esa obra, que bajo los tiempos prometidos hubiese tenido que construir un kilómetro diario en zonas pantanosas, montañosas, desérticas, hubiera costado ?según cálculos? cerca de 800 mil millones de dólares recurso que, por supuesto, es imposible de conseguir bajo las necesidades actuales.
También existe la disyuntiva de cómo poder evitar estas falsas promesas. Después de estudios exhaustivos se determinó que es muy difícil controlar las promesas de los miles de candidatos o de los cientos de candidatos que estaremos en las plazas públicas ?o que estarán en las plazas públicas? en los próximos comicios.
De manera que coartar la libertad es una meta imposible de lograr; pero sí se puede poner el tema en la mesa y, además con reformas, fortalecer nuestras leyes actuales, como es el caso de la presente iniciativa en la reforma al artículo 27 del COFIPE, para agregar que se debe privilegiar la incorporación de aquellas propuestas que tengan como fin atender los principales problemas y necesidades sociales y, en su caso, señalar los beneficios que tendrían al electorado con la implementación de las mismas.
Lo que se busca ?concluyo, señor presidente? es ser mucho más serenos, mucho más honrados, mucho más éticos; pero, sobre todo, mucho más serios en la promesa que le hacemos a los ciudadanos por conseguir el voto. Se trata esta reforma de dignificar la política y hacerlo bajo el instrumento de la palabra otorgada para conseguir el voto pero generar, ya en el puesto, el bien común. Muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Luis Fernando Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Se concede la palabra al diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Aprovecha esta Presidencia para saludar a alumnos del plantel de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional de la carrera de Administración Industrial, que están invitados por el diputado Erick López Barriga. Bienvenidos. Adelante, señor diputado.
El diputado Pablo Trejo Pérez: Gracias, con su permiso. Honorable asamblea. Ya antes presenté ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión un punto de acuerdo dictaminado favorablemente, en torno a la ilegal pretensión del Infonavit de incrementar de manera semestral los intereses que se cobran a los trabajadores acreditados. Sin embargo, para cerrar todo camino a esta arbitrariedad, ahora propongo la reforma al artículo 44 de la Ley de ese instituto.
Todos sabemos lo onerosos que son los créditos del Infonavit, siendo cada vez más comunes los casos de insolvencia de parte de los trabajadores; pero inconcebiblemente esta situación se agravará, ya que a la actualización anual de los saldos, ahora se sumará el incremento semestral a la tasa de interés.
Nuestras autoridades deben comprender que el ocupar un cargo público no les da derecho automático a la discrecionalidad y menos a la arbitrariedad. Un cargo público es una responsabilidad acotada por el marco jurídico vigente en nuestro país.
Igualmente no deben olvidar que en materia de derecho existe la llamada "jerarquía de la norma" que, entre otras cosas, ordena que los reglamentos sólo deben detallar las disposiciones de la ley que atienden, pero de ninguna manera pueden ir en contra de tal ley que es jerárquicamente superior.
Las aberrantes conductas que van en aumento por parte de las autoridades, nos obligan a recordar principios elementales de la relación que debe existir entre gobernantes y gobernados.
En esta ocasión, el recordatorio lo referimos concretamente al Consejo de Administración del Infonavit, que de manera repetida se ha alejado de la legalidad, como cuando autorizó la modificación del saldo de los créditos en proporción al aumento de los salarios mínimos; o de manera más cercana, cuando autorizó la venta de la cartera vencida del Instituto.
Por esto y otros motivos, solicitamos y presentamos hoy una modificación al artículo 44, que en términos generales lo que plantea es que no debe de haber una tasa variable de intereses.
Por lo antes expuesto, propongo la modificación al artículo 44, en su último párrafo, para quedar en los siguientes términos: "Asimismo, los créditos devengarán intereses, sobre el saldo ajustado a los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración, que no será menor del 4 por ciento anual sobre los saldos insolutos, ni mayor al 6 por ciento anual sobre los saldos insolutos. Dicha tasa deberá permanecer fija durante todo el plazo del otorgamiento de los créditos".
En virtud del tiempo le pediría, presidente, que la iniciativa se inscribiera íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Trejo Pérez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda.
Tiene la palabra el diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, el fuero constitucional es un sistema de protección que se contempla en la Constitución General de la República, a efecto de que los servidores públicos no vean obstaculizado, en el ejercicio de sus respectivas funciones, su encargo.
El nuevo fuero protege la función pública que se encomienda y no a quien la desempeña. Es decir, esta figura jurídica corresponde a la función pública que se desarrolla al amparo de éste, y no a la persona que lo ejerce.
De lo anterior, resulta que el fuero constitucional cumple una función vital. Los altos servidores públicos federales, como el presidente de la república, los senadores y diputados del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte, los secretarios de despacho, y el procurador general de la República gozan de éste, cuya finalidad estriba no tanto en proteger a la persona del funcionario, sino en mantener el equilibrio entre los poderes del Estado y, con ello, posibilitar el funcionamiento normal del gobierno institucional dentro de un régimen democrático.
En la actualidad, el fuero se encuentra severamente cuestionado por la población mexicana, quien percibe a esta prerrogativa en favor de los funcionarios como un escudo que favorece la corrupción en el ejercicio del servicio público. Hoy los ciudadanos lo conciben como sinónimo de impunidad.
Al efecto, es necesario realizar una serie de precisiones respecto a la interpretación que le ha otorgado a la figura del fuero la doctrina. Pues se maneja la equivocada interpretación de que durante el tiempo en que el servidor público se encuentre separado en su encargo, aquel conserva la protección constitucional del fuero, lo que implicaría la existencia de dos fueros, protegiendo la misma función pública. Es decir, el fuero del servidor público separado de su encargo, bajo licencia, y quien durante ese tiempo lo sustituye.
El supuesto, comentado a la luz de una interpretación lógica-jurídica, es importante debido a la naturaleza del mismo, pues como hemos venido subrayando, la finalidad del fuero no estriba en proteger a la persona del servidor público, sino a las instituciones democráticas, y específicamente a la función pública que desarrolla.
Con base en todo lo antes mencionado, se estima necesario ajustar los supuestos normativos que regulan el fuero, pues es del interés del proponente adecuar las disposiciones correspondientes con el fin de apegarse estrictamente a la naturaleza jurídica del fuero constitucional.
En este sentido, es fundamental considerar que si lo que se busca es proteger a la persona que ejerce el cargo es necesario generar una regulación más precisa sobre el particular.
En sede doctrinal existe un gran consenso entre los académicos respecto de que los servidores públicos investidos con fuero de no procesabilidad, únicamente lo ostenten mientras desempeñan su encargo y no así durante el lapso que dure la licencia que haya obtenido para separarse temporalmente de la función pública.
De entre los autores que sustentan que la licencia de un servidor público anula el fuero, tenemos a Alberto del Castillo del Valle, a Jesús Orozco, a Arteaga Nava, a Ignacio Burgoa Orihuela, a Felipe Tena Ramírez y a Eduardo Andrade Sánchez, por mencionar sólo algunos.
En efecto, todos coinciden en que existe el privilegio del fuero si hay función, lo cual concluye por haber vencido el periodo por destitución, renuncia o licencia, con lo que se demuestra nuestra hipótesis inicial: lo que se protege es la función y no al funcionario.
Con base en todas estas consideraciones vertidas, la iniciativa en comento propone la modificación al artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que los servidores públicos únicamente gocen del fuero constitucional cuando estén en el ejercicio de sus funciones.
Ruego a la Presidencia de la Mesa Directiva que se sirva insertar de manera íntegra el presente texto de la iniciativa que he manifestado, en virtud de encontrarse ya publicada en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Ávila Mayo. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 112 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra el diputado Mauricio Ortiz Proal, para presentar iniciativa que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por él mismo y por los diputados José de Jesús Reyna García y Jorge Toledo Luis, todos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Mauricio Ortiz Proal: Con su venia, presidente. Los suscritos diputados Mauricio Ortiz Proal, José de Jesús Reyna García y Jorge Toledo Luis, diputados federales de la LX Legislatura, con base en las facultades que les otorga la Constitución General de la República, se permiten someter a la consideración de este pleno, iniciativa que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Como ustedes saben, el sistema financiero mexicano está constituido por tres grandes ramas: el sector bancario, el sector bursátil y el sector de riesgo, integrado éste último por aseguradoras y afianzadoras.
Algunos estudiosos del derecho han definido al derecho financiero como el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto regular la actividad de los diversos entes que intervienen en la intermediación financiera, las relaciones jurídicas que se derivan de ésta y el objeto materia de la misma.
La complejidad y diversificación de las actividades financieras han reclamado que el legislador, en un pasado reciente, haya tenido que crear una serie de organismos desconcentrados con autonomía técnica y facultades ejecutivas que permiten fortalecer los trabajos de coordinación, supervisión, regulación y vigilancia sobre las actividades financieras.
La Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros son ejemplos de estas instituciones.
En la actualidad todos los asuntos de carácter financiero son ventilados en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras. En el caso de ésta, la Cámara de Diputados, pese al extraordinario trabajo llevado a cabo por esta comisión en esta legislatura, y derivado de la gran cantidad de iniciativas y puntos de acuerdo que se someten a su consideración y análisis, la carga de trabajo sigue siendo excesiva y el rezago se vuelve inevitable.
Prueba de lo anterior es que durante los dos primeros años de esta Legislatura, a la Comisión de Hacienda de esta Cámara, le fueron turnadas 327 iniciativas de ley, de las cuales sólo se han aprobado 107 y se ha desechado 1; pese al enorme esfuerzo que reconocemos y aquilatamos el trabajo pendiente sigue siendo mucho.
Finalmente una reflexión. Hay que diferenciar con claridad los asuntos de la hacienda pública, de los asuntos propiamente financieros. Los objetivos e instrumentos de ambos espacios económicos son distintos y demandan de nosotros un esfuerzo particular para especializarnos en el trabajo y a partir de esto ser capaces de responder de manera pronta y expedita a los retos que demanda la población.
Nuestra pretensión es muy clara: garantizar que la economía cuente con un sistema financiero sólido, estable, activo y sobre todo, comprometido con el crecimiento y la creación de empleos. Para alcanzar este objetivo es menester de esta iniciativa crear una comisión ordinaria que de manera permanente y exclusiva se encargue de supervisar el funcionamiento del Sistema Financiero Mexicano, encauzándolo hacia el apuntalamiento de nuestra economía.
De conformidad a lo expuesto con anterioridad me permito someter a la consideración de este pleno, la siguiente
Iniciativa
Artículo único. Se adiciona la fracción vigesimoquinta al numeral 2 del artículo 39, así como la fracción vigesimotercera, del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose subsecuentemente las siguientes fracciones y quedando como sigue:
Artículo 39?
1. Las comisiones son?
2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y que son las siguientes?
Vigesimoquinto. Comisión para la Vigilancia del Sistema Financiero.
Artículo 90. Las comisiones ordinarias serán las de?
Vigesimotercero. Para la vigilancia del Sistema Financiero.
Artículo transitorio. El presente decreto entrará en vigor al primer día del mes de septiembre del año 2009.
Por su atención y comprensión en el tiempo señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Ortiz Proal. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Se concede el uso de la palabra al diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo décimo de la Ley de Ciencia y Tecnología.
El diputado Javier Martín Zambrano Elizondo: Con su venia, señor presidente. La rendición de cuentas es un elemento esencial de la democracia, supone la capacidad de las instituciones políticas para hacer responsables a los gobernantes, sus actos y decisiones, en los distintos niveles de poder. Eso permite dentro de lo posible no sólo evitar, prevenir y en su caso castigar el abuso de poder, sino también conocer el avance de los trabajos de cada una de las instituciones.
La rendición de cuentas toma una vital importancia cuando hablamos de la generación de conocimiento científico y tecnológico; toda vez que la inversión en ciencia y tecnología que realiza el Estado mexicano debe buscar incrementar la capacidad científica, la tecnológica y la formación de investigadores para contribuir a resolver problemas nacionales.
Es por lo anterior, que la presente iniciativa de ley busca complementar lo prescrito en la fracción IX del artículo 6o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, que obliga al consejo general a establecer un sistema independiente para la evaluación y eficacia, resultados e impactos de los principales programas e instrumentos de apoyo relativos a la ciencia y la tecnología, al obligar a que el secretario técnico del consejo general, que por ley recae en el director general de Conacyt, presente un informe semestral al consejo general, en donde especifique el nivel del gasto en ciencia y tecnología, destinado a apoyar el aparato productivo nacional.
Con ello, la iniciativa pretende establecer indicadores de medición referentes a la inversión pública en materia del aparato productivo, a efecto de que estos indicadores, y los respectivos informes enunciados, le permitan al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, quien por ley tiene la facultad de establecer políticas nacionales para el avance científico y la innovación tecnológica y prioridades, contar con criterios para que la asignación del gasto federal lo realice ?en lo que respecta al aparato productivo nacional? de manera más informada, por contar con mayores herramientas para ello, buscando ante todo incrementar el nivel de ciencia de nuestro aparato productivo nacional, incrementando a su vez los montos de inversión en el sector.
En atención a lo expuesto, el suscrito, diputado Javier Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa.
Única. Se reforma y adiciona un inciso d) a la fracción II del artículo 10 de la Ley de Ciencia y Tecnología para quedar de la siguiente forma.
Artículo 10. El secretario ejecutivo del Consejo General tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones.
II. Formular y presentar al Consejo General.
d) Presentar un informe anual al Consejo General, en donde especifiquen los resultados y el impacto del gasto en ciencia y tecnología destinado a apoyar al sector productivo que permita identificar la economía, eficacia y calidad del mismo. Además, deberá publicar y difundir dicho informe en los medios que considere pertinentes.
Le solicito, señor presidente, se publique esta iniciativa íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Zambrano Elizondo. Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Se le concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Salud, de la Ley General de Educación, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.
La diputada Claudia Cruz Santiago: Muchas gracias, señor presidente. El día de hoy vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa, más bien una serie de iniciativas para reformar diversas normas que pueden constituir una de las grandes reformas que hoy México necesita. Lo digo porque tiene que ver con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
Hace varios meses, de hecho varios años, se viene planteando en nuestro país que existe una serie de delitos que tienen que ver con el abuso sexual a menores. Me he preguntado muchas veces cuántas personas, dentro de este Poder Legislativo, han pasado por eso y al pasar de los años simple y llanamente empieza a haber una serie de problemas en el desarrollo físico, mental y emocional de cualquier persona.
Muchos de los problemas que tienen las personas mayores tienen que ver también con este tipo de delitos de abuso sexual infantil que nunca fueron denunciados y nunca fueron recogidos por las autoridades o que simple y llanamente da vergüenza, tanto en la escuela como en la casa, a los familiares de los niños y niñas que han vivido este tipo de delitos.
Esta iniciativa la hemos realizado mis compañeras asesoras, pero sobre todo y fundamentalmente madres y padres de familia precisamente de las víctimas. El caso de la señora Leticia, del estado de Oaxaca, el licenciado Bonilla, aquí del Distrito Federal; Joaquín, que también es uno de los casos que está presentando por el abuso sexual de un sacerdote de la Iglesia Católica.
Pero fundamentalmente lo que queremos hoy plantear es que podamos traducir lo que es la realidad de los menores, en una seguridad para ellos; y es proteger, "el viene a proteger", es precisamente la supremacía de la protección de los derechos de los infantes.
En esta ocasión presento reformas en el Código Penal, donde se plantea el delito de pederastia con una penalidad de prisión de 15 a 30 años de prisión o una multa de 500 a 5 mil días de salarios mínimos.
También este delito se presenta cuando cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de este delito y estando en posibilidad inmediata de evitarlo o impedir su consumación, no lo haga.
Asimismo, el que teniendo la obligación de hacer la investigación de denuncias por este delito no lo haga y proteja a la persona que lo cometa, ya sea escondiéndola o cambiándola de lugar o de sede, ya sea en escuelas, instituciones religiosas o instituciones culturales, pues también deba tener una sanción.
Estamos planteando que este delito no sea prescriptible. Existen una serie de personas ya grandes, y una serie también de estudios que se hicieron en Canadá, donde se dice que las personas después de 55 años de edad pueden denunciar o tienen la posibilidad, apenas, de decir que le ocurrió este tipo de delito de abuso sexual cuando era menor.
También se perseguirá de oficio, estamos haciendo, evidentemente, modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para que éste sea también un delito de delincuencia organizada. En la Ley Federal, evidentemente, contra la Delincuencia Organizada, y que pueda ser retraído por él.
En el caso de la Ley de la Procuraduría General de la República es que si alguna autoridad ministerial no hace las investigaciones pertinentes en su estado, la Procuraduría General de la República pueda tener el poder de atracción.
Estamos modificando la Ley de Protección de Derechos de Niños y Niñas Adolescentes; la Ley de Salud, y en el caso de la Ley de Educación, donde estamos planteando que es una obligación del Estado realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar la comisión de delitos que afecten el sano desarrollo, físico, psicosexual y emocional de los niños, las niñas y los adolescentes.
Estamos planteando también que en el caso de la Ley de Asociaciones Religiosas, cuando se presente este tipo de delitos por cualquiera de los daños que hayan ejercido cualquiera de los miembros de esta comunidad, puedan incluso hasta perder su registro como asociación religiosa.
Y la Ley Federal de Protección al Consumidor, en tanto que hay una serie de instituciones que son privadas, y que la Procuraduría tendría que estar revisando qué es lo que pasa con esos permisos que le otorga para dar algunos servicios como son los culturales o los educativos.
Al mismo tiempo estamos reformando la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de Profesiones en el Distrito Federal, por los asuntos que tienen que ver con las profesiones de los maestros dentro de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública.
En esta ocasión, esto es lo que vengo a presentar. Yo quisiera que esta asamblea, pasando por comisiones, se pudiera apoyar esta iniciativa que en mucho va a revolucionar, sobre todo la protección que es lo mejor que podemos hacer en nuestro país, proteger a los niños, las niñas y los adolescentes. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias diputada Claudia Cruz Santiago. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Atención a Grupos Vulnerables.
Esta Presidencia saluda a un grupo de ciudadanos provenientes del municipio de Puntilla, Veracruz, quienes nos visitan hoy. Sean ustedes bienvenidos. Vienen por invitación de la diputada María Esther Jiménez Ramos.
El siguiente punto en el orden del día es la primera lectura de los siguientes Dictámenes
De la Comisión de Desarrollo Rural con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 4 Bis a la Ley del Registro Público Vehicular.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas.
En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Quedan de primera lectura. Continúe la Secretaría para dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Orden del día de la sesión del 6 de noviembre de 2008.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña (15:21): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 6 de noviembre a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.