El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 285 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez (12:44 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispense la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría con Comunicaciones
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, con motivo del 98 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, de 1910, que tendrá lugar el 20 de noviembre, a las 11:00 horas.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes diputados: Obdulio Ávila Mayo, Christian Martín Lujano Nicolás, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Armando Barreiro Pérez y Alfredo Ríos Camarena
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, con motivo del 86 aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, que tendrá lugar el 21 de noviembre, a las 10:00 horas.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes diputados: Obdulio Ávila Mayo, Christian Martín Lujano Nicolás, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y Armando Barreiro Pérez
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Oficio del Congreso de Nuevo León, con el que remite acuerdo relativo a las tarifas eléctricas.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Oficio del Congreso de Querétaro, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a las Comisiones de la Función Pública, y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Oficio del Congreso de San Luis Potosí, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Dos oficios del Gobierno de Jalisco, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Es cuanto.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio del gobierno del Estado de México, con el que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que remite acuerdo relativo al cableado e instalaciones eléctricas de la vía pública. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.
Saludamos a los alumnos del Colegio Alemán que nos acompañan esta mañana en la sesión. Bienvenidos. También de la preparatoria Eliseo Américas Unidas. Bienvenidos esta mañana a nuestra sesión.
La Secretaria diputada Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Veracruz, con el que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Seis oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdos aprobados por la Cámara de Diputados. Es cuanto.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa que reforma el último párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por los senadores David Jiménez Rumbo y Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Esta Presidencia recibió iniciativa de reforma del artículo 3o. de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Sonia Noelia Ibarra Fránquez y Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del PRD. Túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Pablo Trejo Pérez: Con su permiso, diputado presidente. El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta reforma al artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo con base en la siguiente
Exposición de motivos
Los sindicatos que debieran ser instrumentos para la libertad y la dignificación de la clase trabajadora actúan, en la mayoría de los casos, como instrumentos para la expoliación y el sometimiento.
Los sindicatos son uno de los medios preferidos por el Estado y la clase patronal para anular la acción de la clase trabajadora en la consecución de sus intereses, esencia del llamado "corporativismo sindical" que se instituye como pilar fundamental de la actual estructura de poder y que ha pasado intocado en el marco de la supuesta alternancia del poder que padece la nación.
La democracia escasa en el todo nacional, escasea aún más en el mundo de los sindicatos. Innecesario resulta señalar que la democracia nacional no podrá ni empezar en tanto los trabajadores estén en las garras de líderes corruptos al servicio de intereses ajenos y contrarios a las personas que viven de la venta de su fuerza de trabajo.
Tenemos sindicatos con contratos de protección, que instituyen en uno de los más exitosos negocios para verdaderos grupos gansteriles. No obstante lo anterior, las acciones por rescatar la democracia sindical se suceden unas tras otra, pese a los costos que los trabajadores más decididos deben pagar.
La libre decisión de los trabajadores sobre el sindicato que debe representar sus intereses se anula entre amenazas de la patronal, de que si no se afilian al sindicato preferido por la empresa serán despedidos o tratados de una forma que no tiene sentido.
Los recuentos para calificar una huelga o definir la titularidad de un contrato colectivo de trabajo se hace un imposible ante la fijación indiscriminada y la inconstitucional de requisitos, de procedibilidad por las juntas de conciliación y arbitraje.
En estos términos los derechos colectivos de los trabajadores se hacen inútiles o fallecen entre la complicidad de autoridades y patrones que año tras año presumen sus cifras récord sobre cero huelgas.
Como una muestra de la supuesta armonía que reina entre los factores de producción, cuando en realidad tales adulteradas estadísticas no son reflejo de la total indefensión en que se encuentran los trabajadores, producto de la ilegalidad que reina entre las autoridades que debieran ser ejemplo de respeto del estado de derecho.
El mundo del trabajo está de plácemes, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad dictó jurisprudencia en el sentido de que la prueba de recuento de la votación debe ser secreta y no a mano alzada o de viva voz, como prácticamente en todo el país viene sucediendo.
Esta jurisprudencia se dictó en la interpretación al artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, el recuento es el momento procesal en que se puede comprobar la voluntad absoluta e irrestricta del trabajador respecto al sindicato que debe administrar su contrato colectivo de trabajo.
Igualmente, los ministros expresaron que con el voto secreto se busca evitar influencias externas que puedan variar la decisión del trabajador y la seguridad al ejercicio de su voto dentro del sistema de vida democrática previsto en la Constitución, y que trasciende a todos los órdenes de la vida social, incluidos los sindicatos.
Una reforma tan simple, como señalar que el voto debe ser libre, directo y secreto, no ha podido ser incluida en la Ley Federal del Trabajo.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, la cual a la letra dice:
Únicamente tendrán derecho a votar los trabajadores de la empresa que concurran al recuento; y este voto deberá ser libre, directo y secreto.
Con esta simple modificación cambiaría la relación al interior de los sindicatos. Espero, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, que esta solicitud sea atendida para que pronto podamos modificar esta fracción II del artículo 931, y darle una mayor fuerza a la democratización al interior de los sindicatos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Se pospone una iniciativa que va a presentar el diputado Israel Beltrán Montes, ya que atiende una comisión encargada por esta Presidencia.
Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Landero Gutiérrez, para presentar iniciativa de reforma al artículo 28 de la Ley de Asistencia Social, suscrita por él mismo, por la diputada María del Pilar Ortega Martínez y por el diputado José Luis Espinosa Piña, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Alejandro Landero Gutiérrez: Con su venia, presidente. Le pido que sea integrado este texto de manera completa en la Gaceta.
Amigos diputados, la familia es un tema de futuro, no es un tema de pasado. Defender la familia no es un tema conservador, es un tema progresista. Más de 20 millones de familias existen en nuestro país. La familia es el espacio natural de convivencia, es donde todos crecemos, donde aprendemos a amar, donde aprendemos la solidaridad; es el mejor agente de redistribución de la riqueza; es el mejor agente de educación; es el mejor taller de las virtudes humanas.
Por eso presentamos esta iniciativa los diputados María del Pilar Ortega, José Luis Espinosa y un servidor, que pretende modificar el artículo 28 de la Ley de Asistencia Social, porque creemos que en este artículo de la Ley de Asistencia Social, donde se especifican las tareas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia falta precisar, de una forma mucho más clara, cómo este órgano tan importante, que ha hecho tanta labor de asistencia social, tiene también que ser un órgano generador de políticas públicas para la defensa y la promoción de la familia.
Por ello añadimos un inciso c) donde se habla de fortalecer a la familia, de buscar su integración, de luchar contra la violencia intrafamiliar y de promover la conciliación de vida laboral y vida familiar.
En Europa, después de años de desatención del tema de la familia, hoy diversos países ?nueve países? cuentan ya con un ministerio de la familia, porque se han dado cuenta que descuidar a la familia o atacar a la familia por algún tipo de ideología es contraproducente en la cuestión social y es contraproducente para el desarrollo integral de las personas.
Así pues, creemos que la familia es un tema que debe ser prioritario en la agenda nacional. No creemos viable crear ninguna estructura nueva, ninguna nueva burocracia, sino simplemente que el sistema DIF vaya reconvirtiendo en parte sus tareas y vaya teniendo una perspectiva también transversal en el tema de la familia, en donde diversos miembros ?mujeres, jóvenes, adultos mayores? encuentren en la familia un ámbito también de protección y de desarrollo.
Por eso reiteramos la importancia de esta modificación y de convertir a la familia en un tema transversal, en un tema de futuro y en un tema muy progresista. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Salud. Gracias, diputado.
Se recibió del diputado Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Túrnese a la Comisión de Función Pública.
Tiene la palabra el diputado José Jacques y Medina, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por distintos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se difiere la presentación.
Se recibió del diputado Higinio Chávez García, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió del diputado Higinio Chávez García, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene el uso de la palabra la diputada Irene Aragón Castillo. Diputada Irene Aragón Castillo. Se difiere.
Tiene el uso de la palabra el diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 2, 9 y 12 de la Ley Federal de Turismo, suscrita por él mismo y por el diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, los suscritos diputados federales Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo y Javier Martín Zambrano Elizondo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante esta soberanía la presente iniciativa bajo la siguiente
Exposición de motivos
El turismo es uno de los sectores económicos que más se ha desarrollado con la globalización, constituyéndose en una eficaz línea de relación intercultural, económica y social, ubicando así a nuestro país como uno de los 10 destinos más visitados en el mundo y obteniendo de esta actividad su tercera fuente de ingresos.
La percepción de la cultura, como un detonador del desarrollo ha generado cambios en la demanda turística al incrementarse las visitas a sitios y zonas arqueológicas, lugares sagrados, museos y templos, entre otros, impulsando de manera significativa lo que se ha denominado como turismo cultural.
Según el Estudio Estratégico de Viabilidad de Turismo Cultural, 2002, de la Secretaría de Turismo y el Centro de Estudios Superiores de Turismo, el turismo cultural se define como "aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social en un destino específico".
En el contexto de la diversificación de los productos turísticos el turismo cultural ha adquirido un auge importante al desempeñar un papel fundamental en las actividades para difundir, preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turístico que tiene nuestro país.
Una relación entre el patrimonio y el turismo cultural en la que ambos sean beneficiados es posible, siempre y cuando se establezcan parámetros adecuados que equilibren los beneficios económicos con el desarrollo sustentable de las poblaciones involucradas.
Es preciso realizar acciones encaminadas a lograr una política turística que no sea agresiva para el medio ambiente, que favorezca la conservación de los vestigios, que promueva la creatividad de las comunidades que habitan la región y recupere sus valores culturales.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 subraya que el fomento del turismo cultural será un instrumento detonador del desarrollo regional, y no hay duda de que uno de los principales atractivos de México es su enorme riqueza cultural, la cual ha sido reconocida con más de 20 ciudades Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; 35 pueblos mágicos y más de 100 mil sitios arqueológicos identificados.
Los valores artísticos e históricos de las civilizaciones prehispánicas y de sus etapas colonial y decimonónica, sus ciudades y tradiciones vivas llenas de leyendas, fiestas, festivales, fiestas patronales y gastronomía, lo convierten en un país considerado megadiverso por el Centro de Monitoreo de Conservación Mundial, agencia científica oficial del Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas.
En razón de su importancia, el objeto de la reforma que hoy presento es incorporar el turismo cultural sustentable a la Ley Federal de Turismo, a efecto de que se encuentre reconocido dentro del marco jurídico correspondiente, lo cual representa el punto de partida que permitirá el coordinar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno que fomenten su desarrollo, fortaleciendo los mecanismos para lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y culturales que posee nuestro país.
En mérito de lo expuesto, señor presidente, solicito que se inserte íntegro el texto de la iniciativa que hoy presento, y la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Con gusto, compañero diputado. Instruimos a que se inserte en sus términos a la Gaceta Parlamentaria y que sea turnada esta iniciativa a la Comisión de Turismo.
Tiene el uso de la palabra la compañera ciudadana diputada Irene Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La diputada Irene Aragón Castillo: Con su venia, señor presidente. En razón del tiempo disponible, solicito respetuosamente a la Presidencia, insertar el texto íntegro de la iniciativa al Diario de los Debates.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene como objetivo fundamental la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, para prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres; así como promover su desarrollo integral y su plena participación en los diferentes ámbitos de gobierno y de toma de decisiones, a través de principios rectores, como la igualdad jurídica, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación y la libertad de las mujeres.
Sin embargo, si bien en todos los títulos y capítulos de la ley en comento se establecen mecanismos, procedimientos y acciones tendientes hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres, en su capítulo IV, denominado "De la violencia institucional", no se contemplan medios o instrumentos que permitan prevenir y sancionar el ejercicio de este tipo de violencia, aún cuando el Estado mexicano es el principal depositario de la obligación de cumplir y de hacer cumplir la ley.
La violencia institucional se define como los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
A partir de esta definición, en México existen múltiples casos de violencia institucional que se han refugiado en la impunidad, como por ejemplo, los feminicidios, que a partir de 1993 tienen lugar de manera recurrente no sólo en Ciudad Juárez, sino en toda la República Mexicana; las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el conflicto magisterial de Oaxaca, el uso de la fuerza excesiva de la policía en manifestaciones sociales como la de San Salvador Atenco y Morelos, la represión y la violencia en contra de la población indígena de Chiapas, así como los homicidios y las violaciones a los derechos de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, por mencionar tan sólo a algunos de ellos.
En este sentido y en razón de la brevedad del tiempo, puedo decirles que la iniciativa que me permito someter a su consideración tiene como objetivo principal incorporar, de manera expresa la obligación de los tres órdenes de gobierno, para erradicar el uso y el ejercicio de la violencia institucional contra las mujeres, sin detrimento de los mayores avances que cada uno de estos pueda lograr en el combate y eliminación de las distintas modalidades de violencia.
Así también, se propone la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos, así como de los organismos equivalentes en las entidades federativas, para que conforme a sus atribuciones y procedimientos establecidos en sus propias leyes presenten informes especiales cuando se detecte el ejercicio de la violencia institucional.
A su vez, se contempla también su participación como parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y, sobre todo, acciones interinstitucionales que coadyuven con el cumplimiento de los objetivos del sistema. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, compañera diputada. Insértese?
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sonido a la curul de la diputada Fernández.
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, presidente. Para preguntarle, por su conducto, a la diputada Aragón, si permite me sume yo a su iniciativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputada Aragón ¿acepta?
La diputada Irene Aragón Castillo: Le agradezco, diputada, con mucho gusto.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Insértese la firma de la diputada Mónica Fernández Balboa. Como ha sido solicitud de las proponentes, insértese íntegramente la iniciativa al Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Equidad y Género.
Se recibió del diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 114 y 158 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.
Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Javier Martín Zambrano Elizondo: Gracias, señor presidente. Los estados libres y soberanos que conforman nuestra federación tienen cada vez más independencia y autonomía, y sus gobernadores tienen un papel más protagónico y decisivo en la vida política nacional.
Sin embargo, resulta alarmante que en los últimos 10 años, periodo en donde se ha dado una mayor apertura democrática a nivel nacional y en donde la transferencia de recursos a los estados de parte de la federación, provenientes de contribuciones de naturaleza federal e ingresos petroleros han sido de las más cuantiosas y sus niveles de deuda se han incrementado.
Resulta paradójico que nuestro texto constitucional sea detallista y hasta cauteloso cuando legisla en materia de contratación de deuda suscrita por la federación y, en cambio, sea laxa y poco escrupulosa en cuanto a la contratación de deuda por los gobiernos de los estados, sin especificar si quiera que las legislaturas locales tengan el mismo nivel de injerencia como sucede en el caso de la intervención del Congreso federal en cuanto a la contratación de deuda por el Ejecutivo federal.
A nivel federal, en nuestro país, el Congreso de la Unión es quien está facultado para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito a la nación para aprobar esos mismos empréstitos, y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional, tal como lo marca nuestra Constitución Política en su artículo 73 fracción VIII.
Sin embargo las atribuciones y facultades otorgadas por la Constitución a los congresos locales no son las mismas a como sucede a nivel federal.
A nivel local las legislaturas de los estados no están facultades constitucionalmente para aprobar los empréstitos contratados por el Ejecutivo federal, tal y como sucede a nivel federal, aunque sí está estipulado en la mayoría de las constituciones de los estados.
Es por ello que sería de gran valía y utilidad elevar a nuestra Carta Magna lo que ya sucede en las legislaturas de los estados. Con ello se fortalece la participación de los legisladores en la determinación de la política hacendaria, se reduce el margen de discrecionalidad de los gobiernos estatales y se fortalecería una toma de decisiones objetiva, basada en un conjunto de consideraciones e información sometida a evaluaciones por los legisladores, buscando con esto reducir la existencia de futuros desequilibrios en las finanzas públicas locales que pudiesen comprometer la solvencia de los estados.
Por esas razones se hace necesario dotar a los congresos locales de facultades constitucionales para que, de igual forma que en el Congreso de la Unión, se sienten las bases sobre las cuales el Ejecutivo estatal o municipal pueda celebrar empréstitos sobre el crédito local y para aprobar el endeudamiento, considerando que a través de los recursos obtenidos, pueden fincarse obras que contribuyen al desarrollo económico y social de la población, y que de otra manera no podrían ser financiados; hecho que podría inhibir el desarrollo de aspectos estratégicos para los gobiernos locales.
En vista de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en lo dispuesto en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 117.
?
Fracción VIII.
?
Tercer párrafo: Las legislaturas de los estados aprobarán la celebración de empréstitos y contratación de obligaciones sobre el crédito de la entidad federativa sujetándose a las disposiciones contenidas en la ley de la materia. Asimismo, aprobarán anualmente los montos de endeudamiento que deberán cubrirse en la Ley de Ingresos.
Le solicito, señor presidente, que se pueda insertar íntegramente la iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Intégrese en sus términos en el Diario de los Debates, y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene el uso de la palabra el diputado Daniel Dehesa Mora, para presentar iniciativa que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por él mismo y por el diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Daniel Dehesa Mora: Con su permiso, diputado presidente. Un reclamo cada vez más vigoroso recorre nuestro país: el de la participación ciudadana que demanda ser tomada en cuenta en las decisiones políticas públicas fundamentales.
Sin embargo, en nuestro país no existen mecanismos de democracia participativa normadas jurídicamente, ni mucho menos espacios públicos de participación de los ciudadanos en el diseño de políticas públicas relevantes de carácter permanente.
En un país como el nuestro, en donde la pobreza y desigualdad han alcanzado niveles de gran proporción, las políticas públicas para la erradicación de las mismas reviste gran importancia, cuyo diseño y ejecución no puede estar en manos sólo del Ejecutivo federal.
Debemos derribar el mito prevaleciente que concibe la elaboración de políticas públicas como una cuestión que es sólo competencia de los especialistas, es decir, de las burocracias públicas.
La existencia de la crisis de representación que caracteriza a las democracias actuales, debilitando la esfera pública, es precisamente la que suscita un importante movimiento en México y en el mundo, tendiente a la democratización de los pilares fundamentales de la democracia representado por los parlamentos, partidos políticos y por el propio Estado, y con ello, la de todos los espacios públicos.
Lo anterior, hace necesario encontrar alternativas para la formación de las políticas de la adopción de las decisiones públicas, que apoyándose en la noción y representación, trascienden los circuitos tradicionales en torno a los partidos políticos-parlamento; sin embargo, no bastan los mecanismos de consulta coyuntural.
Por lo anterior, la presente iniciativa tiene como propósito la creación de un espacio de participación ciudadana denominado "Consejo Nacional de Política Económica y Social" que tome la naturaleza de un organismo constitucional de carácter autónomo, que constituye un espacio que pueda contribuir a la promoción de un mayor pluralismo en el proceso de diseño y evolución de las políticas públicas en materia de política social a favor de los sectores usualmente excluidos, en un ámbito reivindicando tanto el valor de la igualdad política como el valor de la deliberación para la formación política.
Esta iniciativa toma en cuenta las experiencias nacionales e internacionales que dan cuenta de la creación de esta clase de organismos. En efecto, entidades federativas como Jalisco, Tlaxcala y Chiapas en el ámbito nacional; Francia, España, Honduras, Venezuela, en el ámbito internacional, dan cuenta de la existencia de estos organismos.
El organismo cuya creación se propone estaría integrado por 30 consejeros, que serían elegidos por los sectores académico, empresarial, ciudadano, sindical, campesino, cooperativista, del Congreso de la Unión y de las entidades federativas, buscándose un equilibrio en su composición.
Destacan entre las funciones que se propone como órgano de consulta, en el diseño y ejecución de políticas públicas en materia económica y social de corto y largo plazo y, en general, convertirse en un espacio de concertación y de diálogo entre los diversos agentes económicos y sociales.
Para tal efecto se propone su constitucionalización en el Apartado A, del artículo 26 constitucional y su inclusión en el artículo 5 y demás relativos de la Ley General de Desarrollo Social. Es decir, del artículo 55 al 60.
Por ésta y otras razones que se detallan en la iniciativa, consideramos de gran trascendencia para la vida democrática de nuestro país la presente propuesta. Por lo anterior solicito que la misma se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente, muy amable.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Intégrese al Diario de los Debates en los términos de la iniciativa y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Desarrollo Social.
Tiene el uso de la palabra la diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y reforma el artículo 266 Bis, del Código Penal Federal.
La diputada Guillermina López Balbuena: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, no hay que olvidar que la lucha de las mujeres organizadas por la creación de una ley para proteger, sancionar y erradicar la violencia se encontró por muchos años con los oídos sordos de las autoridades.
La actual ley plasma claramente los principios fundamentales que deben regir al Estado mexicano en su lucha contra la violencia de género.
La realidad demuestra que las mujeres, tan sólo por su condición de género, siguen padeciendo situaciones de desigualdad, violencia y discriminación, que en múltiples ocasione, pretenden ser justificadas con argumentos que hacen alusión a tradiciones, costumbres o estereotipos arraigados en el entramado social.
Ante esta problemática que aún no se supera, se hace cada vez más evidente la necesidad no sólo de adecuar el marco jurídico sino, además, de articular la presencia y las reivindicaciones de este sector, tradicionalmente excluido del discurso y de la acción institucional, para lograr un desarrollo humano sostenible, equitativo e incluyente.
El propósito de nuestra iniciativa es plantear, diseñar e implantar mecanismos para garantizar la vinculación inmediata de las mujeres a los programas sociales formulados por las Secretarías de Desarrollo Social, y de Economía.
El gobierno tendrá la obligación de impulsar y ejecutar la coordinación respecto de la vinculación de las mujeres a los programas sociales. Para ello, Sedesol deberá promover mecanismos para garantizar la vinculación inmediata de las mujeres a los programas sociales.
La Secretaría de Seguridad Pública federal, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la ley deberá formular, desarrollar y ejercer acciones de coordinación con las instituciones de salud pública privada para conocer de hechos que estén ligados a la violencia contra las mujeres.
La Secretaría de Salud diseñará e instrumentará lineamientos de capacitación para el personal del sector salud, con la finalidad de que al detectar alguna forma de violencia contra las mujeres, tenga los medios para denunciarla.
Al Inmujeres se le obligará a colaborar con las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social en la vinculación inmediata de las mujeres a los programas sociales.
Aunado a lo anterior, en varias ocasiones hemos escuchado casos de violación y acoso sexual por parte de militares, principalmente entre la población femenina indígena. Por tal motivo, propongo que se incremente la pena a los militares y ex militares que cometen estos delitos.
Compañeras y compañeros, no olvidemos que la violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más extendida, habitual y silenciada, este hecho exige enfrentarla como una preocupación clave que reclama la activa participación de la sociedad y de las autoridades. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, compañera diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Justicia. Gracias a la diputada Guillermina López Balbuena, poblana.
Tiene el uso de la palabra el diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 80 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Adelante, diputado.
El diputado Elías Cárdenas Márquez: Gracias, señor presidente. Honorables diputadas y diputados.
La iniciativa que hoy presento ante esta asamblea es de máxima importancia para evitar posibles conflictos de interés en el desempeño del servicio público. Se trata de fortalecer la confianza en los servidores públicos, quienes deben ajustar sus conductas a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
En 1999 el Constituyente Permanente reformó los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución, para otorgarle facultades a este Congreso y legislar sobre la organización de la entidad de fiscalización superior de la federación, consecuentemente se creó la Auditoría Superior de la Federación y su ley reglamentaria.
Es significativo destacar que todos los servidores públicos de esa entidad están sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Como es sabido, la Auditoría Superior de la Federación revisó las auditorías practicadas por el despacho González de Aragón y Asociados, y que fueron motivo de controversias jurisdiccionales por presumirse conflicto de interés.
Con el fin de evitar situaciones como la anterior, el suscrito, en su carácter de secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, propuso encontrar una solución legislativa, motivo por el cual desde el mes de octubre de 2007 presenté iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, para evitar en el futuro que la actuación del titular de la Auditoría Superior de la Federación se ponga en tela de juicio su autoridad por intereses presumiblemente personales.
Como reiteradamente lo ha expresado el propio auditor superior de la Federación, debemos luchar y estamos comprometidos a luchar contra la discrecionalidad, la tramitología y la burocracia, que son las tres grandes fuentes de la corrupción, la impunidad y la opacidad en el manejo de los recursos públicos.
Por ello, convoco a las diputadas y a los diputados para apoyar esta iniciativa que evitará posibles conflictos de interés, en aras de la respetabilidad a nuestro máximo órgano de fiscalización y a esta Cámara de Diputados. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado don Elías Cárdenas Márquez. Túrnese a la Comisión de la Función Pública.
Se pospone una iniciativa que va a presentar la diputada Beatriz Manrique Guevara, del Verde. También se pospone la de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.
Nos ha enviado la diputada Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del PRI, del Estado de México, una iniciativa que adiciona el artículo 182-S al Código Federal de Procedimientos Penales, y que expide la ley que crea el Fideicomiso que administra el Fondo para el Apoyo a las Familias de las Personas Secuestradas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene el uso de la palabra el diputado José Jacques y Medina, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por distintos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado.
El diputado José Jacques y Medina: Con su venia, señor presidente. En la accidentada formación de un régimen democrático que muchos mexicanos y muchas mexicanas nos hemos empeñado en construir, nos congratula haber logrado ya plasmar, aunque sea de manera incipiente, ciertos derechos políticos electorales de nuestros compatriotas residentes en otros países, en nuestro marco jurídico.
Sin embargo, a pesar de que algunos estados progresistas de la república han avanzado considerablemente en el perfeccionamiento y en la ampliación de estos derechos, como Michoacán y Zacatecas, seguimos teniendo una legislación federal atrasada.
El PRD ha sido un incansable promotor de los derechos políticos de nuestros paisanos avecindados en el extranjero, y muchos militantes dirigentes, gobernantes y legisladores de nuestro partido han emprendido innumerables acciones, en diferentes ámbitos, para la consecución de este objetivo.
México tiene que actualizar y dinamizar su marco constitucional y legal respecto de la ampliación de los derechos políticos para nuestros paisanos residentes en el extranjero, ya que somos el mayor expulsor de trabajadores migrantes del planeta, según los datos del Banco Mundial.
En esta iniciativa de reforma constitucional estamos agregando una circunscripción electoral más sobre las cinco en que actualmente se divide el país, dentro de nuestro sistema electoral mixto. Esto es, se trata del establecimiento de la forma en que será electa una de las partes de la Cámara de Diputados, la que representaría a los mexicanos avecindados en el extranjero.
Ellos podrían elegir hasta 15 diputados representantes de los mexicanos residentes en el exterior. De esta manera, el conjunto de los integrantes de esta institución se elevaría a la cantidad de 515. Serían 300 de mayoría y 215 de representación proporcional.
La sexta circunscripción se establecería en la ley fundamental para hacer posible el ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos mexicanos en el extranjero. Estos ciudadanos mexicanos en el extranjero deberán tramitar su credencial con fotografía para votar, expedida por el IFE, y acreditar su residencia en el exterior por tres años cuando menos, la cual no se perdería por ausencia con motivo del desempeño de cargos públicos de elección popular.
De esta manera, nuestros paisanos estarán representados en el Congreso de la Unión por personas ligadas a las necesidades y a la vida cotidiana de ellos.
Esta iniciativa contempla, desde luego, como impedimento para ser candidato en la lista de los partidos, el prestar sus servicios, ya como trabajador, o bien, como funcionario, en la esfera pública de la nación extranjera.
También proponemos una reforma para que los mexicanos residentes en el exterior puedan elegir cinco senadores que cumplan requisitos similares a los ya expuestos por los diputados, mismos que serían electos en una lista presentada por los partidos políticos nacionales conformando una circunscripción mundial.
Estados Unidos de América es el país donde se concentra el mayor número de mexicanos avecinados en el extranjero, pero es importante tomar en cuenta para el propósito fundamental de la presente iniciativa a las comunidades de mexicanos residentes en el resto del mundo. Es por ello que el voto postal es la opción más práctica y segura para el ejercicio del sufragio de los mexicanos en el exterior.
Las crisis recurrentes en la vida económica y social de nuestro país y la vecindad con una nación que requiere fuerza de trabajo han conducido a millones de connacionales a buscar medios de vida en el extranjero, pero ello no los priva de su nacionalidad ni de sus derechos ciudadanos y la Constitución Política de los Estados Unidos es contundente en este sentido.
A este respecto son claras e ineludibles las prerrogativas del ciudadano, consignadas en las fracciones I, II y III del artículo 35 constitucional. Según éstas, el ciudadano mexicano tiene el derecho de votar en las elecciones populares, a ser votado para todos los cargos en la elección popular, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.
No se trata y no puede tratarse de una demanda coyuntural. Satisfacerla es un acto estatal que tiene gran relación con el concepto de soberanía, ya que ésta reside esencial y originalmente en el pueblo. El Estado mexicano no debe seguir privando de sus prerrogativas ciudadanas a poco más de una quinta parte de la población que reclama ejercerla.
Esta iniciativa atiende los compromisos internacionales que México ha signado como la Convención Internacional sobre la Protección y los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1990 y suscrito por el gobierno mexicano el 22 de mayo de 1991.
El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, la Carta Democrática Interamericana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Presidente, en virtud de que el texto que presento ante esta soberanía tiene algunas modificaciones mínimas, solicito sea publicado íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates de esta Cámara y que sea turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Publíquese de nueva cuenta en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.
Tiene el uso de la palabra el diputado Moisés Alcalde Virgen, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Moisés Alcalde Virgen: Buenas tardes. Con el permiso de la presidencia. He subido a esta tribuna para solicitar una reforma a este Congreso, a la Ley de Coordinación Fiscal.
El Presupuesto de Egresos de la Federación es una herramienta fundamental de política pública en el país, en él se incluyen los programas sociales, proyectos y lineamientos de gasto, que año con año marcan y propician el desarrollo económico de México y la entidades federativas.
En el presupuesto, en cada ejercicio fiscal se determina la distribución de los recursos destinados a las entidades gubernamentales, entidades federativas, municipios, entre otros. En este sentido resulta de suma importancia para los actores involucrados conocer con certeza y de manera oportuna las asignaciones que se realizan dentro del mismo.
Actualmente las entidades federativas no son la excepción y requieren, de igual forma, contar con información oportuna. En este caso, el artículo 74 constitucional establece el 15 de noviembre como fecha límite para la aprobación del presupuesto, mismo que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de ser aprobado.
Asimismo la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el último párrafo del 44 señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará, en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos, el monto y la calendarización de gasto federalizado para contribuir a mejorar la planeación de los gastos en las entidades federativas y los municipios.
Sin embargo, el texto vigente de la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 3o, establece el 31 de enero como fecha límite para que la Secretaría de Hacienda publique a través del Diario Oficial el calendario para la ministración de los fondos de participaciones y de fomento municipal.
Esto significa que la información acerca del calendario de entrega por concepto de fondo general de participaciones como por el fondo de fomento municipal se publica dos meses y medio después de la propia aprobación del PEF.
Lo anterior deja claro que dicha ley presenta un rezago importante en cuanto a la publicación y divulgación de la información respecto a las participaciones federales. Además, como antes mencionamos, existe una inconsistencia entre la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues ésta última señala que el monto y calendario del gasto federalizado deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Adicionalmente, la Ley de Coordinación Fiscal no es explícita respecto a las fechas límite de publicación de los calendarios de los fondos del Ramo 33, tal y como está redactada el día de hoy. La ley establece únicamente la fecha límite de publicación de los calendarios de tres de los ocho fondos que conforman el Ramo 33: Fortamun, Fais y Fas, quedando a la deriva las fechas de publicación de resto de los fondos; y, como consecuencia, la información se hace pública de manera dispersa, parcial y en el transcurso del año.
Para corroborar el rezago de la calendarización de los recursos para infraestructura educativa básica e infraestructura superior basta con tomar en cuenta lo que ha pasado en años recientes.
En 2005, Hacienda publicó dichos calendarios el 14 de diciembre, prácticamente al finalizar el año. Mientras que en 2006 y 2007 se publicaron, el 5 y 9 de octubre, respectivamente. En cuanto a 2008, los calendarios fueron el 24 de octubre pasado.
En este marco de transparencia y de información lo que busca esta iniciativa es estandarizar y colocar, tanto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria así como en la Ley de Coordinación Fiscal que los tiempos compaginen, solicitando con esta iniciativa, quede inscrita de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación y solicitando sea turnada a la Comisión de Hacienda. Sin más, agradezco a todos y cada uno su atención.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, compañero diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Ha pedido la diputada Holly Matus Toledo, que se posponga su iniciativa.
Tiene el uso de la palabra el diputado Humberto Wilfrido Alonso Razo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
El diputado Humberto Wilfrido Alonso Razo: Con su permiso, señor presidente. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Quien suscribe, diputado Humberto Alonso Razo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma el artículo 18, inciso b), párrafo cuadragésimo octavo de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales con arreglo a la siguiente
Exposición de motivos
El 12 de octubre de 1492 tiene una profunda significación histórica para el amplio sector de la población mexicana los pueblos indígenas y la población negra. Para los primeros significó un cambio brusco en la vida de casi 200 pueblos indígenas que coexistían en el territorio mexicano hace 514 años y de los que hoy sólo quedan 62; para los otros, la llegada a tierras extrañas en condición de esclavitud, en la cual se han incorporado plenamente y aportan su rica herencia cultural.
El 12 de octubre tiene un significado de injusticias pasadas y presentes para los pueblos indígenas, porque está asociado al dominio y exterminio de millones de seres humanos, hombres y mujeres pertenecientes a estos pueblos. Se estima que en el actual territorio nacional la población ascendía a 25.2 millones de habitantes al inicio de la conquista española; 100 años después se redujo a tan sólo 700 mil personas, menos de 3 por ciento de la población original.
Para los pueblos indios, el 12 de octubre de 1492, conmemorado oficialmente como el Día de la Raza y aniversario del descubrimiento de América, en 1492, es el principio de la colonización europea, marca el inicio de la opresión y la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas en este continente.
Desde entonces estos pueblos perdieron su derecho a la libre determinación y fueron relegados a una situación de estructural subordinación económica, política, social y cultural, que aún subsiste sin que el Estado mexicano haya reconocido plenamente sus derechos.
El 12 de octubre es una fecha coligada con el comercio y la esclavitud de población negra y que fue traída de África para las plantaciones de caña y plátano en los territorios recientemente conocidos.
Se considera que al menos 250 mil africanos, provenientes de diferentes regiones de ese continente, llegaron al actual territorio nacional para suplantar la mano de obra indígena. Su presencia actual se expresa en las costas de Guerrero y Oaxaca.
La conmemoración del 12 de octubre se instituye en el año de 1929, tiene su referencia en la obra de José Vasconcelos, quien escribe en 1925 la Raza cósmica. Convencido de que en la América hispana y de los pueblos hispanoamericanos surgirá una raza verdaderamente universal, hecha con el genio y con la sangre de todos.
Esta nueva raza será el mejor fruto del mestizaje total, puesto que las distintas razas del mundo tienden a mezclarse cada vez más hasta formar un nuevo tipo humano, compuesto con la selección de cada uno de los pueblos existentes, afirmaba Vasconcelos.
Paralelo al discurso vasconcelista sobre el hispanoamericanismo que tenía la región y a la apuesta por integrarse en una raza universal cósmica, se desarrolló un discurso que apostaba a la integración de las razas indias del continente, a su hegemonización operada también por el mestizaje, que constituiría al mexicano propiamente dicho.
Así, Manuel Gamio apelaba a la integración de los indígenas a la cultura occidental, a la unión de la raza americana, de modo que rebasaba las pequeñas patrias que forjara una peregrina estatua hecha de todos los metales, que serían todas las razas de América.
En ese entorno de construcción de una sola identidad mexicana-hispanoamericana se formalizó la conmemoración oficial del Día de la Raza y aniversario del descubrimiento de América, en 1492.
A 79 años de la instauración de esta conmemoración las visiones hegemonizadoras de una sola identidad mexicana e hispanoamericana han mostrado su inviabilidad histórica, la pluralidad cultural y étnica presente en el país. Muestran la vitalidad de una nación con estas características, que es reconocida por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos por primera vez en 1992, cuando se reconoce la composición pluricultural de la nación y se confirma con la reforma limitada sobre derechos y cultura indígena de 2001.
Termino, señor presidente, si me permite.
Señores legisladores, señoras legisladoras, vengo a esta tribuna a proponer a esta soberanía, que en congruencia con el reconocimiento constitucional de la composición pluricultural y étnica de la nación, así como de los compromisos internacionales firmados por el Estado mexicano y de los reclamos de los pueblos y comunidades indígenas del país que demandan una nueva relación con el Estado, pueblo indígenas y de las población negra, quienes demandan su derecho a existir en su identidad y nos pongamos a la altura de la historia y en consecuencia, se reforme la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
En este tenor, en la actual Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales se establecen las fechas que son declaradas solemnes para toda la nación, por lo que deberá izarse la bandera nacional a toda asta o a media asta, según se trate, de festividad o de duelo, en escuelas y demás edificios públicos, así como las sedes diplomáticas, consulares de México en el extranjero.
Por tal motivo considero que debe, a partir de ello, eliminarse la festividad del 12 de octubre como el Día de la Raza y Aniversario del Descubrimiento de América, para cambiarlo por "El día de las culturas indígenas de México".
Esta iniciativa es con fundamento en el artículo único, que se reforme el inciso a), párrafo cuadragésimo octavo, del artículo 18, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himno Nacionales, para quedar como sigue.
Artículo 18.
a) "Doce de octubre, día de las culturas indígenas de México.
b) Transitorio.
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de noviembre de 2008. Diputado Humberto Alonso Razo. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el inciso c), del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Narciso Alberto Amador Leal: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Esta iniciativa pretende modificar el texto constitucional para reducir el número de votos necesarios para superar el veto presidencial.
El constitucionalista mexicano Manuel Herrera y Lazo, nos dice en su célebre Ensayo sobre el veto presidencial, que en el antiguo régimen el monarca disponía de un veto absoluto, mediante el cual sobreponía su voluntad a la del parlamento.
El veto consagrado por el gobierno, derecho constitucional, a partir de la publicación del espíritu de las leyes, es, en efecto, la facultad limitada de suspender la inspiración de un nuevo ordenamiento y de imponer su reconsideración al legislador.
El artículo 56 de la Constitución federal del 4 de octubre de 1824, estableció entre nosotros el veto presidencial, acorde al modelo norteamericano. Así se mantuvo en el artículo 37 de la tercera ley conformante de las siete leyes constitucionales de 1836 y asimismo, en el artículo 58 de las bases orgánicas de 1843.
Hasta 1956 los constituyentes identifican al veto presidencial con la dictadura de Santa Anna, destacándose, por cierto, las históricas alocuciones de Francisco Zarco, Isidro Olvera, Ignacio Ramírez, entre otros legisladores.
Y es así que esta legislación suprime el veto presidencial y establece, hay que recordarlo también, el sistema unicameral.
Posteriormente, ya en la Constitución del 57, queda establecido el veto presidencial, pero sólo podrá ser superado por la mayoría absoluta de los integrantes de la asamblea.
Y es así que en la Constitución de 1917 se reforma el artículo correspondiente y se restablece el veto en los términos que hoy está establecido. Es decir, sólo puede ser superado por las dos terceras partes de los integrantes de la asamblea. Es decir, por la mayoría calificada.
Karl Lowenstein aborda en su teoría de la Constitución la relación de congruencia que debe existir entre el derecho constitucional de un país y su sistema político, de suerte tal que, siguiendo este pensamiento, podríamos concluir que la superación del veto presidencial por una mayoría calificada de dos terceras partes, se constituye en una regulación propia y adecuada de un sistema bicameral o de un sistema que tenga una serie de controles y de instrumentos de contrapeso que en el caso mexicano no se dan.
Es decir, el veto presidencial es uno de los instrumentos de equilibrio, pero para que sea eficaz tendría que estar acompañado de otro cuerpo de instrumentos de la misma naturaleza.
La circunstancia actual de la correlación de fuerzas políticas en México, y la que se prevé para las siguientes tres o cuatro legislaturas, dentro de lo que es posible prever las tendencias electorales, es posible que esta realidad se mantenga, y esto ?compañeras, compañeros diputados?, está dando lugar a una distorsión del trabajo legislativo, tenemos en realidad un trabajo a veces simulado, sabemos de antemano que en lo que no tengamos acuerdo con el Ejecutivo o con el gobierno que tiene en su poder el Poder Ejecutivo, es casi inútil presentar iniciativas porque éstas no pasarán. No sólo las reformas constitucionales, sino propiamente también las leyes secundarias.
Y entonces vemos ya negociaciones prácticamente extraparlamentarias, prácticamente se dice en las comisiones en los corrillos, esto no va a pasar porque el secretario tal ya dijo que no, y así es, en efecto, ya no hay posibilidades mover una coma, un punto, al articulado del decreto de Presupuesto de Egresos para la Federación.
Por lo tanto es que, señor presidente, propongo esta iniciativa que pretende modificar las dos terceras partes actualmente establecidas en el artículo 72, a tres quintas partes. Es decir, los votos se reducirían para superar el veto presidencial de 333 a 300 legisladores, que sería una situación más razonable habida cuenta de la correlación de fuerzas políticas que seguramente se mantendrá en esta Cámara y en el Congreso de la Unión.
Muchas gracias, señor presidente, y dejo en la mesa el documento correspondiente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, bien recibido, señor diputado, don Alberto Amador Leal. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, México firmó en el año de 2007 la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo con el propósito de eliminar las barreras específicas que enfrentan las personas con discapacidad y lograr el reconocimiento y ejercicio real de todos sus derechos humanos.
Asimismo, también impulsar un amplio compromiso con el acceso e igualdad de oportunidades.
Recientemente fue aprobada la Ley General de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto es el de crear las bases que permitan la plena inclusión de las personas con este problema, dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida, reconociendo a las personas sus derechos humanos y la aplicación de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.
A pesar de los instrumentos suscritos por México en esta materia y de las leyes federales tendientes a proteger los derechos de las personas con discapacidad, de acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y según el Observatorio Ciudadano de Discapacidad, en México el 94 por ciento de las mexicanas y los mexicanos con discapacidad son discriminados, siendo pocas o nulas las acciones para intervenir de fondo en detener las barreras físicas, sociales, políticas y culturales que los marginan del desarrollo en múltiples aspectos.
Una de las esferas en donde el efecto de la discriminación tiene importantes consecuencias es la vida política del país. A pesar de que el artículo 35 constitucional establece como prerrogativas de todas y todos los ciudadanos mexicanos, el derecho a votar en las elecciones populares, el derecho a poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, y el derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, las personas con discapacidad en México enfrentan diversos obstáculos que no permiten que participen en igualdad de circunstancias u oportunidades en la política y en los espacios de toma de decisiones; es por esto que mediante esta iniciativa ampliaremos estos propósitos.
En el caso de las personas con discapacidad, el Instituto Federal Electoral deberá implementar las acciones que garanticen su derecho a participar en la vida política sin discriminación y en condiciones de igualdad, que garanticen el acceso preferencial a los lugares públicos donde se realice el sufragio.
Es por ello que la fracción de Nueva Alianza presenta esta iniciativa que pretende modificar diversos artículos al Cofipe para ampliar y consolidar esta igualdad plenamente establecida en nuestra Carta Magna, porque la democracia exige igualdad de oportunidades y es la única vía que por su integración tiene el compromiso de establecer el trato digno que merecemos todos y todas las mexicanas, sin hacer distinciones de ninguna clase, y así hacer realidad esta igualdad que otorga nuestra Constitución y que se consolide en forma debida.
Omitiré la lectura del articulado, pero solicito a la Mesa Directiva que sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates, por favor, señor presidente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, compañera diputada, doña Mónica Arriola. Con gusto instruimos para que se inserte en los términos presentados por usted, en el Diario de los Debates, y también la turnamos a la Comisión de Gobernación.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Fernando Enrique Mayans Canabal. Se pospone.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Wenceslao Herrera Coyac, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 363 diputadas y diputados.
Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para hacerlo por cédula. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Queremos dar la más cordial bienvenida a alumnos del Centro Universitario del Valle de Beraca, de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Bienvenidos.
Adelante, compañero diputado Wenceslao Herrera Coyac.
El diputado Wenceslao Herrera Coyac: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados.
Agradezco a las compañeras y compañeros diputados de mi fracción parlamentaria su apoyo solidario a esta iniciativa que hoy someto a la consideración de todos ustedes, y que pretende hacer una adición a la ley que norma nuestra vida parlamentaria, la del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear un centro de estudios sobre los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas.
Sin duda, en esta LX Legislatura hemos dictaminado y seguiremos dictaminando leyes importantes para el país, pero con relación a la deuda de justicia con nuestros pueblos originarios el avance ha sido mínimo.
Hace más de un año, el 18 de septiembre de 2007, en este pleno, por iniciativa de la Junta de Coordinación Política aprobamos un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que emprenda las acciones necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de nuestros pueblos originarios, que se les reconocen en la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En esta misma ocasión, por votación unánime del pleno nos comprometimos a trabajar por la armonización de los contenidos de ese instrumento internacional, con nuestra Constitución y sus leyes, tarea amplia y de gran alcance.
Poco avance hay en este propósito, las iniciativas y puntos de acuerdo que hemos impulsado están impulsando la voluntad y la decisión de las comisiones a donde han sido turnadas. Ni siquiera en el espacio que privilegiamos para construir acuerdos para reformar al Estado mexicano pudimos encontrar la voluntad ni la capacidad de quienes tomaron las decisiones para avanzar en el tema, lo que sí hallamos ahí fue el debate informado, acuerdos de especialistas y cortesía legislativa.
En lo que hemos avanzado es en el incremento del presupuesto destinado a los pueblos indígenas y mediante negociaciones logramos, en 2007, que éste se desglosara por programas para darle transparencia y crear las condiciones para su control, logro que está a punto de perderse por falta del dictamen de una iniciativa que lo pudiera establecer como una obligación de la autoridad correspondiente.
Para los legisladores indígenas y algunos compañeros solidarios, es importante tener vigilancia y evaluación del ejercicio presupuestal y las políticas públicas destinadas a nuestros pueblos, porque los informes dicen cosas que no vemos en las comunidades, porque hace falta empleo, porque la carencia de servicios de educación y de salud y de muchos otros servicios y beneficios es enorme en ellas.
Es por ello que les propongo la creación del Centro de Estudios sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de esta Cámara de Diputados, su misión será establecer condiciones que le permitan a nuestro órgano legislativo ejercer sus atribuciones para cumplir sus compromisos con los pueblos originarios de México.
Además de las funciones técnicas que tendrá este centro, lo concebimos como una instancia de apoyo a todos los diputados, no nada más a los indígenas o a la comisión encargada del tema.
Con su trabajo y sus funciones podrá contribuir a que en este espacio del Poder Legislativo del país, los mexicanos nos conozcamos mejor, nos ayudará a desarrollar la convivencia y el diálogo intercultural y legislar con este enfoque para construir la nación pluricultural, como lo establece el artículo 2o de nuestra Constitución.
Compañeras y compañeros diputados, nuestros pueblos ya no quieren políticas públicas asistencialistas, tampoco que los tomen como pretexto de la caridad de las empresas que con ello, a través de las fundaciones deducen impuestos; nuestros pueblos reclamamos, además de respeto a nuestras lenguas y cultura, justicia, desarrollo, participación, ciudadanía plena y condiciones objetivas para ejercer nuestros derechos colectivos.
Nuestros pueblos no nos oponemos al progreso económico y material del país, pero no queremos que las riquezas que existen en nuestras tierras sean para otros mexicanos o para extranjeros y para ellos sólo queden trabajos mal pagados y pobreza, como sucede actualmente con las concesiones mineras y otros recursos naturales.
En síntesis, los mexicanos requerimos reencontrarnos y fortalecer nuestra unidad en la diversidad que nos caracteriza. Particularmente los órganos del Poder Legislativo han de ser más productivos en el combate a las desigualdades. En esas tareas el Centro de Estudios sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos puede contribuir significativamente.
Es por ello que solicito a esta Presidencia que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 6 al artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que hoy pongo a consideración de esta honorable asamblea, sea turnada a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias y se inserte, al igual que este discurso, en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias. (habló en náhuatl).
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado don Wenceslao Herrera Coyac. Con gusto atendemos su solicitud y giramos instrucciones para que se inserte la iniciativa en sus términos en el Diario de los Debates y se turne a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
Se recibió de la diputada doña Mónica Arreola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió de la diputada doña Mónica Arreola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa que reforma los artículos 45 y 56 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el 33 de la Ley General de Educación. Túrnese a las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Educación Pública y Servicios Educativos.
Continúe la Secretaría con la minuta.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Oficio de la Cámara de Senadores con el remite minuta con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar el collar de la orden del Libertador San Martín, que le confiere el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de la República Argentina.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias. Dé lectura al oficio de la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Diputado César Horacio Duarte Jáquez, presidente de la Mesa Directiva, Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de la sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicito a usted de la manera más atenta que la minuta proyecto de decreto por el que se otorga permiso para aceptar y usar el Collar de la orden del Libertador San Martín que le confiere el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de la República Argentina al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, sea considerado como de urgente y obvia resolución y tenga dispensa de trámites para ser discutido, votado y en su caso aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del martes 18 de noviembre.
Atentamente, diputado Diódoro Carrasco Altamirano, presidente de la Comisión de Gobernación.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se dispensan todos los trámites. Proceda la Secretaría a dar lectura al proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Artículo único. Se concede permiso para que el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar el Collar de la Orden del Libertador San Martín que le confiere el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, México, DF, a 13 de noviembre de 2008.
Vicepresidente, senador José González Morfín. Secretario, senador Renán Zoreda Novelo. Es cuanto.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, está a discusión, en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto.
En virtud de que no hay oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.
Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto?. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 206 votos en pro, 18 en contra y 57 abstenciones.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular por 206 votos el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para aceptar y usar el Collar de la Orden del Libertador San Martín que le confiere el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Junta de Coordinación Política.
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que tome las medidas conducentes a fin de que se investigue con celeridad y profundidad el asesinato del reportero de El Diario de Ciudad Juárez, Armando Rodríguez, ultimado el pasado miércoles 13 de noviembre de 2008.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que, en coordinación con la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, lleve a cabo las diligencias correspondientes, así como atraiga la investigación de los hechos, dadas sus características.
Así como que se deslinden las responsabilidades a que haya lugar respecto del asesinato del reportero de El Diario de Ciudad Juárez, Armando Rodríguez, y se brinden resultados lo más pronto posible.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2008. Suscriben todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Se han inscrito para hacer uso de la palabra en este tema, el señor diputado Gerardo Priego Tapia y el diputado Octavio Fuentes Téllez. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Priego Tapia.
El diputado Gerardo Priego Tapia: Buenos días tengan todos ustedes. Con su permiso, presidente. Este fin de semana ha sido un fin de semana dramático, una vez más, para la libertad de expresión en México, para la libertad de prensa y para el derecho a la información.
Todos escuchamos tres acontecimientos muy importantes a este respecto: el primero el jueves, el asesinato de Armando Rodríguez del diario Ciudad Juárez en Chihuahua, como ya lo hemos escuchado, a balazos, al salir de su casa.
Posteriormente un incidente no menor en el estado de Yucatán, en donde un fotógrafo fue apedreado por estar haciendo su trabajo, por funcionarios públicos. Es un escándalo en el estado de Yucatán en estos momentos también.
Y por último y no menos importante, dos granadas de fragmentación en el estado de Sinaloa, en el periódico El Debate, una cadena muy importante integrante de una de las asociaciones más importantes del país en medios de comunicación.
Cabe resaltar que en el asesinato a Armando Rodríguez, hace 15 días, en Ciudad Juárez, un dramático aviso, un dantesco aviso a la comunidad de Ciudad Juárez, cuando aparece una cabeza humana en la Plaza del Periodista, mandando desafortunados mensajes a esa comunidad juarense.
Hoy en México están agrediendo de alguna manera a 10 periodistas mensuales; están desapareciendo y matando a tres periodistas mensuales. Hoy aquí condenamos, por supuesto, todos los diputados federales de todos los partidos, particularmente de estos estados en donde hubo estas agresiones y exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales que den, de una vez por todas, solución a esta matanza que desafortunadamente no para.
Hoy, ya sabemos que de aquí a que termine el año 2008, van a matar a cinco periodistas más, ya lo sabemos. Ya sabemos cuáles son los estados más propensos a que los maten y nadie está haciendo absolutamente nada para pararlos. Por eso en estos estados propensos: Oaxaca, Veracruz, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, la zona metropolitana del Distrito Federal y el Estado de México, Sinaloa, ya sabemos qué puede pasar.
Ya se ha exigido en esta Comisión Especial de Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, que se presente un plan de cómo con esos cinco medios de comunicación, o tres medios de comunicación de cada estado que son más propensos a ser atacados, vamos a hacer un plan de trabajo con ellos para evitarlo.
En este sentido, el exhorto desde este Poder Legislativo a las autoridades municipales, estatales y federales a que evitemos esas muertes; y cuando cierre este año, podamos decir que no hubo ni una más. Desafortunadamente la expectativa es que aquí estemos recordando a cinco muertos más a finales de este año.
Y para aquellos que tienen duda de por qué se está trabajando por proteger a los periodistas, tengo que recordar que lo que estamos protegiendo es la libertad de expresión en nuestro país; es el derecho a estar informada, de toda la población. Cada vez que matan a un periodista o lo desaparecen, se callan 30 más.
Vean, ahora precisamente la gente del diario de Ciudad Juárez, salen con chalecos blindados a hacer su trabajo, pero ahora dejan de anotar quién hace la nota, quién reporta la nota, precisamente por el miedo que hay a decir lo que está ocurriendo.
La primera fuente de inseguridad en contra de los periodistas y por tanto, en contra del derecho a la información en nuestro país, es la delincuencia organizada; pero la segunda son las malas autoridades y el peor escenario es precisamente la alianza entre delincuencia organizada y autoridad.
En ese sentido, hoy recordar que nuestro mejor interés está en defender a los periodistas no porque su vida valga ?porque vale igual que cualquier persona que muere en este país?, sino porque precisamente ellos generan un bien público y ese bien público es la información, y esa información es la que nos permite a todos, en lo individual o en lo colectivo, tomar decisiones para cambiar paso a paso a este país.
Es por eso que mañana estaremos un grupo de la Comisión de Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, y otros diputados interesados, en Ciudad Juárez, y el jueves, junto con la Asociación Mexicana de Editores, en Culiacán, Sinaloa, precisamente acompañando al debate.
Ya tenemos hoy, en la comisión, dos iniciativas, la de federalización de los delitos contra periodistas que, aunque no es la panacea, es un paso muy importante dentro de todos los que hay que dar; y por otro lado, la iniciativa para fortalecer esta Fiscalía Especial de Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, en la Procuraduría General de la República, que desafortunadamente no tiene los resultados que todos quisiéramos.
Y la presentaremos apenas ?precisamente? la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política nos permitan que se reciba a todo el Consejo Consultivo que está integrado por periodistas, promotores de derechos humanos y medios de comunicación de diferentes partes del país, que ayudaron muchísimo a tener estas iniciativas y que presentaremos cuanto antes. Es por eso que hacemos esta condena, es por eso que hacemos esta exigencia y es por eso que hacemos esta demanda. Muchísimas gracias, por su atención.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado Priego. Tiene el uso de la palabra el diputado Octavio Fuentes Téllez.
El diputado Octavio Fuentes Téllez: Con su permiso, presidente. El ambiente de inseguridad que se vive en el país es deplorable. Los ataques a periodistas y a todos los miembros de comunicación, como los últimos ocurridos en los estados de Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Baja California y ?mi estado? Chihuahua son inaceptables. Se debe de investigar hasta dar con el paradero de las personas que perpetuaron los hechos.
El asesinato del periodista Armando Rodríguez, en Ciudad Juárez ?mi ciudad?, no es la excepción. Por eso exigimos a las autoridades federales que se investigue, se aclare y se consigne a los o el culpable.
Cómo es posible que en mi ciudad a la gente que se encarga de darnos la información de lo que está pasando en la comunidad, tenga que salir con chalecos blindados para que no los vayan a asesinar.
Cómo es posible que a las puertas de los diferentes medios de comunicación, en diferentes partes de la república, les sean arrojadas granadas para callarlos. Como decía el compañero: los medios de comunicación sólo tienen un fin y es comunicarnos de qué es lo que está pasando.
En Ciudad Juárez es una desesperación que tenemos todos los ciudadanos, debido a que no se ha hecho y no se ha logrado terminar con esta guerra que se ha empezado desde hace más de un año y ahora nos quieren callar.
Señores diputados, señoras diputadas, necesitamos unirnos, necesitamos decirle a los del gobierno, sobre todo a las dependencias que investigan, que aclaren qué es lo que está pasando, que aclaren que a quién y quiénes fueron los que están perpetuando estos hechos.
Por eso el Partido Revolucionario Institucional se suma a esta iniciativa, y mañana estaremos, en mi ciudad, platicando y dialogando con ellos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Junta de Coordinación Política.
Palacio Legislativo, México, DF, a 18 de noviembre de 2008.
Diputado César Duarte Jáquez, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo octavo, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado Héctor Larios Córdova, coordinador de Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:
Que el diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri cause alta como secretario del Grupo de Amistad México-Irlanda.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular quedo de usted, atentamente, diputado Javier González Garza, Presidente.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada. Comuníquese.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Junta de Coordinación Política.
Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de noviembre de 2008.
Diputado César Duarte Jáquez, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo octavo, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:
Que el diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri cause alta como secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Que el diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri cause alta como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Que el diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri cause alta como integrante de la Comisión de Turismo.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular quedo de usted. Atentamente, diputado Javier González Garza.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada. Comuníquese.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes Dictámenes
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la fracción II, y readiciona la fracción III al artículo 184 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforman las fracciones XXXV y XXXVI del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley de Coordinación Fiscal.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 184 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gilberto Antonio de la Fuente Morales, Mariana Zayas Chávez y Juan Carlos Barua Olivo, para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados en Tijuana, Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Con proyecto de decreto que concede permiso al capitán de corbeta ciudadano Erick Rigel Márquez Márquez y vicealmirante Manuel Paulin Fritsche, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren la Armada de la República de Argentina y la Marina del Gobierno de la República del Brasil, respectivamente.
Con proyecto de decreto que concede permiso al teniente coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Filiberto Oropeza Fabián, capitán de navío Diplomado de Estado Mayor Luis Mario Ramón Bravo Román, coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor Homero Mendoza Ruiz y vicealmirante Diplomado de Estado Mayor Guillermo Colina Torres, para aceptar y usar las medallas de la Defensa Nacional, en Grado de "Echelon Argent" (Categoría de Plata) y "Echelon Or" (Categoría Oro) que les confiere el Ministerio de la Defensa del Gobierno de la República de Francia, respectivamente.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Lorenzo Zambrano Treviño, Francisco Javier Garciadiego Dantán, Isaac José Woldenberg Karakowsky, José Mario Molina Pasquel y Henríquez, Enrique Krauze Kleinbort e Ignacio Bonilla Arroyo, para aceptar y usar las condecoraciones de la "Orden de Isabel La Católica", en grados de "Encomienda", "Gran Cruz" y la "Encomienda de la Orden del Mérito Civil", respectivamente.
Con proyecto de decreto que concede permisos a los ciudadanos general brigadier Diplomado Estado Mayor Arturo Sánchez García; capitán de navío Diplomado Estado Mayor Sergio Morales González; Kawabe Tamori Shigenori y Josefina Amelia Kayo Matsubara Oda, para aceptar y usar las medallas "Cheonsu" y "SAMIL" de la Orden al Mérito de la Seguridad Nacional, que otorga el Gobierno de la República de Corea y las condecoraciones de la "Orden del Sol Naciente" con Rayos de Oro y Plata; y con Rayos Dorados y Roseta, que les otorga el Gobierno del Japón.
Con proyecto de decreto que concede permisos a los ciudadanos Elizabeth Nora Echávarri Villanueva, Evaristo Ortíz Cordero, Roberto Yáñez Martínez y Juan Carlos Coellar Reyna, para prestar servicios en las embajadas de los Estados Unidos de América y del Japón, en México y en los Consulados de Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California y Nuevo Vallarta, Nayarit, respectivamente.
En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Quedan de primera lectura.
Tiene el uso de la palabra la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Saludamos y damos la más cordial bienvenida a ciudadanos del estado de San Luis Potosí, que nos acompañan hoy.
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Voto secreto para los trabajadores sindicalizados. Una de las prácticas más nocivas para la vida democrática y laboral de nuestro país ha sido el control absoluto que las dirigencias logran alcanzar sobre la vida organizativa de sus sindicatos.
Uno de estos controles que en lo particular ha demostrado ser un obstáculo para el desarrollo de un sindicalismo democrático en nuestro país ha sido la imposibilidad de los trabajadores de ejercer el voto secreto en la vida de sus sindicatos.
Dado que en nuestra legislación laboral no establece expresamente la secrecía del voto, la presente iniciativa de reforma de ley tiene como objetivo incluir en la Ley Federal del Trabajo, la modalidad del voto secreto en todas las actividades gremiales.
El fin es garantizar un sufragio libre de coerciones, como un elemento que favorece el respeto de los derechos y la democratización de la vida interna de los sindicatos. Además de ser un instrumento legal para dirimir los problemas sindicales, el voto significa el derecho y la libertad para elegir.
El voto libre y secreto es una conquista histórica de la democracia que traducida al ámbito laboral significa el respeto de la voluntad absoluta e irrestricta de los trabajadores respecto al sindicato al que pertenecen.
Esta iniciativa intenta dar respuesta a lo establecido en días pasados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por unanimidad determinó que el voto secreto es la única forma para dirimir los conflictos sindicales, para evitar presiones a los trabajadores y para garantizar la seguridad y la democracia sindical.
A partir de un análisis sistemático, derivado de distintos litigios en los tribunales colegiados y tomando en cuenta que el recuento es el momento procesal en el que se puede comprobar la voluntad absoluta del trabajador, respecto al sindicato, la corte concluyó que debe protegerse la confidencialidad de las personas que expresan, mediante el voto, su opinión en la vida sindical.
Con esta decisión sin precedente, la corte ha dado un paso hacia la plena libertad sindical, la democracia y la transparencia.
Ahora, le corresponde al Poder Legislativo concretar y especificar en la Ley Federal del Trabajo, con una propuesta de reforma integral.
Con base en lo anterior, proponemos reformar los artículos 371 en su fracción IX; 379 en su fracción I; 660, fracción VIII; 681; y 931, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, para que de manera explícita se establezca las características del voto secreto, libre y directo, con el fin de dar certidumbre y confidencialidad a la toma de decisiones de los trabajadores.
Señor presidente, agradezco a la Mesa Directiva que el texto íntegro de esta iniciativa se inserte en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputada Conde Rodríguez.
Instruimos para que se inserte en sus términos la iniciativa que usted ha presentado en el Diario de los Debates, y que se turne a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Se recibió del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa que reforma los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió de la diputada Silvia Luna Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa que reforma los artículos 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Túrnese a las Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Continúe la Secretaría con el orden del día.
Saludamos a los alumnos del Colegio Marcelina, que nos visitan, del estado de Querétaro. Sean bienvenidos.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Orden del día de la próxima sesión del 19 de noviembre de 2008.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado César Duarte Jáquez (15:07 horas): Gracias, diputado secretario. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 19 de noviembre a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.