La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 299 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón (11:42 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobada el acta. Pasamos al capítulo de comunicaciones.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Comunicaciones del Gobierno del Distrito Federal.
Oficio del Gobierno del Distrito Federal, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Oficio del Gobierno de Hidalgo, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a la Comisión de Vivienda para su conocimiento.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Oficio del gobierno del estado de Puebla, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a la Comisión de Seguridad Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Oficio del gobierno del estado de Puebla, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su conocimiento.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Oficio del Congreso de Guanajuato, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: De la Junta de Coordinación Política.
Acuerdo por el que los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se comprometen a definir acciones legislativas que permitan a nuestro país enfrentar el fenómeno del cambio climático.
Antecedentes
Que con fecha 9 de mayo de 1992 se firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, misma que fue suscrita por nuestro país y ratificada en el año de 1993.
Que el día 9 de junio de 1998 México firmó el Protocolo de Kyoto del Convenio Marco sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas, ratificándolo el día 29 de abril del año 2000 por voto unánime en el Senado de la República.
Que al amparo de la firma de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Protocolo de Kyoto del Convenio Marco sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas, México ha sido un participante particularmente activo en los procesos relacionados a las preocupaciones de acciones mundiales sobre el cambio climático.
Que la Comisión de Medo Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Centro de Colaboración Cívica, el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, acordó convocar a la conformación del programa de Diálogo de Construcción de Acuerdos, Cambio Climático y Seguridad Nacional.
Que los días 3 y 4 de julio de 2008 en el estado de Querétaro en el marco del Programa de Diálogo y Construcción de Acuerdos, Cambio Climático y Seguridad Nacional, se realizó el I Encuentro denominado Profundización del conocimiento y priorización de temas objetivo.
Que el día 5 de septiembre de 2008 se realizó el II Encuentro del Programa de Diálogo y Construcción de Acuerdos, Cambio Climático y Seguridad Nacional denominado Construcción de acuerdos.
Consideraciones
Que el cambio climático es un tema de preocupación creciente entre los diferentes actores gubernamentales, pues sus causas y efectos se encuentran directamente vinculados a la actividad antrópica.
Que México es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, ya que 15 millones de mexicanos están en riesgo de sufrir directamente a los efectos de las inundaciones; y, por otro lado, la desertificación podría afectar hasta el 40 por ciento de la superficie nacional cultivable.
Que la vulnerabilidad de nuestro país frente al fenómeno del cambio climático nos obliga a reconocer que se trata de un asunto de seguridad nacional.
Que para enfrentar los efectos y mitigar las causas del cambio climático se requiere la cooperación de toda la comunidad internacional, además de voluntad y capacidad de actuar proactiva y responsablemente dentro del marco de todas las negociaciones internacionales al respecto.
Que para actuar de manera efectiva frente al cambio climático es indispensable generar una agenda transversal multidisciplinaria e interinstitucional, que considere la importancia de la vulnerabilidad, adaptación, prevención y mitigación de los efectos del cambio climático.
La complejidad del fenómeno nos obliga a revisar y fortalecer el marco jurídico e institucional vigente a fin de generar las condiciones mínimas que garanticen la seguridad nacional y la gobernabilidad democrática frente al cambio climático.
Que resulta indispensable promover la colaboración y el diálogo para consensuar una agenda legislativa a mediano y largo plazo, que permita enfrentar los efectos y mitigar las causas del cambio climático.
Que la responsabilidad de tomar decisiones para los tres Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general.
Que si no se toman las medidas pertinentes, los efectos del cambio climático pueden ser capaces de revertir los avances del desarrollo económico y la seguridad humana.
Que los costos por no actuar serán aún mayores que los costos implicados para enfrentar los efectos del cambio climático.
Que el cambio climático es un asunto de interés común entre los distintos grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Lo que representa la oportunidad de generar acuerdos y propiciar el desarrollo sustentable del país.
Por lo anteriormente expuesto con fundamento en el numeral 6 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando que existe un interés común para diseñar una agenda legislativa que permita a México enfrentar los efectos del cambio climático, los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura nos permitimos suscribir el siguiente
Acuerdo
Primero. Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que suscriben el presente documento se comprometen a trabajar de manera coordinada para consensuar e instrumentar una agenda legislativa en materia de cambio climático y seguridad nacional.
Segundo. Exhortan respetuosamente al Senado de la República para que conforme un grupo de trabajo multipartidista que se coordine con los diputados en la instrumentación de la agenda legislativa en materia de cambio climático y seguridad nacional, que tenga continuidad durante la próxima legislatura.
Tercero. Asimismo se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, se integre un grupo técnico de trabajo con el Poder Legislativo federal, con la finalidad de construir una agenda legislativa común en materia de cambio climático.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivos de cada entidad federativa a que designen a sus representantes para que se incorporen al grupo técnico de trabajo señalado en el punto anterior.
Quinto. Se adquiere el firme compromiso de mantener canales de comunicación permanente con los actores y tomadores de decisiones representados en el Programa de Diálogo sobre el Cambio Climático y Seguridad Nacional, a fin de fortalecer el avance en el desahogo de la agenda legislativa en materia de cambio climático y seguridad nacional.
Sexto. En el momento oportuno se informará a la sociedad sobre el avance en el desahogo de la agenda legislativa en materia de cambio climático y seguridad nacional, ponderando el empleo de mecanismos que privilegien la participación ciudadana.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 19 días del mes de noviembre de 2008. Firman todos los coordinadores de los grupos parlamentarios. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De enterada.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que se informa que el Servicio de Administración Tributaria, por conducto de las autoridades aduaneras locales competentes, en octubre de 2008, únicamente dieron destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: De la Secretaría de Gobernación.
Seis oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por esta Cámara. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Minutas
Diez oficios de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que conceden permiso a los ciudadanos María de la Asunción Espinosa Islas, María de Lourdes Aranda Bezaury, Juan José Sabines Guerrero, Jesús Marcelo de los Santos Fraga, María Victoria Romero Caballero, Alfonso de María y Campos Castelló, Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, José Austreberto Ruiz Gómez, Jesús Javier Castillo Cabrera y Gumaro Cabrera Osornio para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden de Dannebrog, en grados de Caballero, Gran Cruz y Comendador, que les otorga el gobierno del Reino de Dinamarca, respectivamente. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnense a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Cinco oficios de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que conceden permiso a los ciudadanos José Natividad González Parás, Raúl Padilla López, Rafael Bastón Acasuso, Carlos Gabriel Solís Bastarrachea y Marco Antonio Elías Cruz Barrita, para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden al Mérito de la República Italiana, de la Orden de Isabel la Católica, y de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge; las placas correspondientes al Premio Director de la Escuela de Oficiales de Armada de Argentina y la Medalla Monja Blanca de Primera Clase, en grados de Comendador, Encomienda y Caballero de Mérito, que les otorgan los gobiernos de la República de Italia y del Reino de España, su alteza real don Carlos de Borbón-Dos Sicilias, la Armada de la República de Argentina y el Ejército de la República de Guatemala, respectivamente. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnense a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Iniciativas del Congreso de Chihuahua.
Oficio del Congreso de Chihuahua, con el que remite iniciativa que adiciona el apartado A del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Oficio del Congreso de Chihuahua, con el que remite iniciativa que reforma la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Oficio del Congreso de Chihuahua, con el que remite iniciativa que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite iniciativa que adiciona dos párrafos del artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El siguiente punto del orden del día es efeméride con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Se han registrado para referirse al tema las siguientes diputadas y diputados: por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la diputada Blanca Luna Becerril; por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Jesús Sesma Suárez; por el Grupo Parlamentario de Convergencia, la diputada Martha Angélica Tagle Martínez; por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez; por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Holly Matus Toledo; por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Yolanda Garmendia Hernández.
De acuerdo con esta relación de oradores, tiene la palabra la diputada Blanca Luna Becerril, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
La diputada Blanca Luna Becerril: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en 1999 la Organización de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional por la no Violencia contra la Mujer, fecha elegida desde 1981 por las organizaciones de mujeres de América Latina y el Caribe, en conmemoración del asesinato por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo, de las hermanas Miraval: Patricia, Minerva y María Teresa, activistas de la República Dominicana.
Sin duda este asesinato puso de manifiesto en forma trágica los prejuicios machistas y el sexismo, que se vuelven a veces en forma imperceptible parte de la realidad y que muestran hasta qué punto las sociedades llegamos a permitir que los hechos de violencia contra las mujeres se perpetúen en muy diversos contextos de la vida, particularmente en el ámbito familiar.
Aunque hoy podemos afirmar que existen avances en la erradicación de la violencia contra las mujeres en México, ya que contamos con un marco jurídico moderno, que hay avances significativos en materia de políticas públicas que promueven la prevención, atención y sanción como estrategias orientadas a erradicar la violencia hacia las mujeres, deplorable práctica que, como todas y todos sabemos, niega a la mitad de la población en nuestro país, niega a nosotras, las mujeres, un desarrollo pleno y una vida digna.
Sí, hoy estamos frente a un escenario muy distinto al que vivieron nuestras madres, nuestras abuelas. Contamos con derechos que ellas ni se imaginaban que les correspondían. Sin embargo, seguimos experimentando violencia, discriminación y falta de oportunidades.
Nuestro diario acontecer da cuenta de que aún en pleno siglo XXI, cuando los aportes tecnológicos y científicos permiten a la humanidad una mejor y más larga vida, paradójicamente en las relaciones cotidianas, aquéllas donde podemos construir sólidos lazos de solidaridad, de hermandad, como en la familia, la pareja y el ámbito laboral, no hemos logrado aportar nuevas formas para resolver nuestras diferencias y conflictos sin anteponer la violencia.
Pero la violencia que más afecta, que más daña, que duele y en ocasiones mata es la violencia intrafamiliar, donde se supone que debe ser el espacio de seguridad, de confianza, de respeto y de crecimiento mutuo.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Dinámicas de las Relaciones de los Hogares 2006, levantada por el INEGI, arrojaron que el 70 por ciento de las mujeres encuestadas han sufrido algún tipo de violencia. Y la violencia más frecuente es la ejercida por el actual o último esposo o compañero. Así lo declara el 43.2 por ciento de las mujeres. A ésta le siguen la violencia en la comunidad, padecida por el 39.7 por ciento de las mujeres. La violencia en el trabajo representa 29.9 por ciento de las mujeres asalariadas. La familiar 15.9 por ciento y la escolar 15.6 por ciento.
Es urgente erradicar y enfrentar desde la escuela una cultura cargada de violencia, intolerancia y discriminación. La lucha contra la intolerancia es prioritaria y urgente para terminar con cualquier forma de discriminación contra las mujeres.
La educación debe ser una garantía, un campo fértil. La clave está, sin duda, en la formación de las nuevas generaciones. Las madres y los padres de familia, los docentes, los medios de comunicación y las autoridades tenemos un importante papel que cumplir para que la violencia contra las mujeres no eche raíz en las nuevas generaciones.
En este sentido, quisiera recordar una de las frases más bellas y profundas de Octavio Paz, que hace más de medio siglo plasmó en El laberinto de la soledad y en la cual ilustraba, con elocuencia, la hipocresía y la violencia con que la cultura machista trata a las mujeres.
Escribió Paz: "Como casi todos los pueblos, los mexicanos consideran a la mujer como un instrumento, ya de los deseos del hombre, ya de los fines que le asigna la ley, la sociedad o la moral. Fines, hay que decirlo, sobre los que nunca se le ha pedido consentimiento y en cuya realización participa sólo pasivamente, en tanto depositaria de ciertos valores". Hasta aquí la cita de Octavio Paz.
Le erradicación de la violencia es un asunto de Estado sí, pero también es un asunto personal de libertades, de toma de decisión, de mujeres y de hombres. Por eso las mujeres nos debemos hacer responsables y no permitirnos vivir más con la violencia.
Por eso, luchar contra la violencia es prioritario y urgente para terminar con cualquier forma de discriminación contra las mujeres.
Termino. Estoy convencida de que en la promoción activa de los derechos de las mujeres a través de la educación, de la promoción activa de la justicia para hacer valer sus derechos y aceptar las diferencias desde la primera edad escolar, se encuentra una gran oportunidad para erradicar las desigualdades y situaciones de discriminación y violencia que aún subsisten en nuestro país y en gran parte mundo.
La sociedad quiere resultados, y por ello, combatir la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos se convierte en una razón más para acabar con la violencia, en general. Para avanzar en la democracia y en la mejor convivencia, las mujeres en la sociedad deben tener la certeza de que no sufrirán violencia en sus ámbitos familiar, laboral, escolar y social. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Blanca Luna Becerril. Tiene el uso de la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa.
Y queremos saludar hoy la presencia de maestros y alumnos de la Universidad de Occidente, de Los Mochis, Sinaloa, que hoy nos distinguen con su presencia, invitados por el diputado Gerardo Vargas Landeros. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, diputada.
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Gracias, señora presidenta. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujeres, el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata hace suyo el pronunciamiento de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, para solicitar al Ejecutivo federal la publicación inmediata de la Norma Oficial 46, contra la violencia hacia las mujeres.
En México, en el 2007 entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley recupera las medidas que los gobiernos federal, estatales y municipales deben tomar para lograr una disminución considerable de la violencia de género en nuestro país. Particularmente, este 25 de noviembre queremos llamar la atención ante un hecho inexplicable. El Ejecutivo federal no ha dado el cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en las leyes.
El pasado 21 de julio, después de un largo proceso para su elaboración y cumpliendo con todos los requisitos de ley, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, de la Secretaría de Salud, aprobó, por mayoría, la Norma Oficial Mexicana sobre la Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Cuatro meses después no ha entrado en vigor porque no ha sido publicada.
Las normas oficiales mexicanas son una regulación técnica de observancia obligatoria donde se establecen las características y especificaciones que deben reunir, en este caso, los servicios que prestan a la población. La necesidad de elaborar esta norma obedece a la necesidad de adecuar nuestras leyes, reglamentos y normas para combatir la violencia contra las mujeres, en particular, la Norma 46 "violencia familiar, sexual y contra las mujeres", criterios para la prevención y atención que obedece al compromiso del Estado mexicano, firmado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parte del acuerdo de solución amistosa, petición 161/02, en la cual se comprometió a ampliar el objetivo de la Norma 190, relativa a la atención médica a la violencia familiar, la cual sigue vigente.
La Norma 46 especifica la atención que debe brindarse a las víctimas de violencia sexual y a la violencia contra las mujeres. Se enfatiza la obligación de ofrecer anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo producto de una violación o informar sobre la alternativa legal para interrumpirlo; toda vez que en todo el país está despenalizado realizarlo por esta circunstancia.
Aunque en últimas fechas observamos vergonzosos cargos contrarios a todo derecho en estados como Morelos, donde el Partido Acción Nacional en complicidad con el Partido Revolucionario Institucional han dado marcha atrás a derechos logrados por las mujeres. Por ejemplo: dando marcha atrás a las cinco causales, entre ellas la de aborto por violación. Con esto hacemos un llamado al Partido Revolucionario Institucional para que en otros estados del país llame la atención de sus legisladores y no se repitan estos casos de grave violación a los derechos humanos de las mujeres.
La Norma 46 es relevante, porque establece los criterios para detectar, prevenir, atender médicamente y orientar la violencia familiar y sexual más allá del ámbito domestico en los servicios de salud.
La norma fue elaborada con base en evidencia técnica y científica, atendiendo a los compromisos internacionales y nacionales del Estado mexicano y contribuye al respeto y defensa de los derechos humanos; especialmente los de las mujeres.
Además, esta concordancia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde febrero de 2007.
Para el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, no publicarla es vulnerar la integridad física de millones de mexicanas. No existen argumentos legales o técnicos para no hacerlo. Esta omisión es una grave agresión del gobierno que violenta los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también tipifica la violencia de Estado, como una inacción que pueden incurrir él mismo cuando no brinda atención a las víctimas de violencia o cuando incitan a las mismas a que desistan de denunciar y que quede claramente conceptualizada como tolerancia de la violencia.
Por lo anterior, exhortamos al Ejecutivo federal y a las buenas conciencias que despachan desde la Secretaría de Salud, a publicar, de inmediato, la Norma Oficial contra la Violencia hacia las Mujeres. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Elsa Conde Rodríguez. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Con su permiso, señora presidenta. A nueve años de que la ONU declaró el 25 de noviembre, Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en pleno siglo XXI, la violencia de género es la principal transgresión de los derechos humanos de las mujeres y su eliminación el principal reto para alcanzar una sociedad justa e igualitaria.
Las mujeres hemos venido abriéndonos espacio en la vida pública y ahora nos encontramos en las universidades desarrollando actividades laborales que no eran consideradas propias de nuestro género; participando activamente en la política y buscando espacios en los cargos de decisión, luchando por nuestros derechos y exigiendo el respeto a los mismos. Trabajamos desde los campos hasta las urbes para superar las exclusiones y la discriminación.
Todo ello ha tenido altos costos, dobles y triples jornadas, discriminación laboral y el aumento de la violencia, siendo ésta, sin duda, el mayor de los costos, pues muchas han pagado con su propia vida.
A pesar de que la violencia de género es compleja, diversa en sus manifestaciones, sigue considerándose como algo normal, y con frecuencia resulta invisible para las propias mujeres maltratadas.
Los datos con lo que se cuenta son suficiente evidencia de que esta violencia se constituye como el primer obstáculo a vencer para el desarrollo pleno de las mujeres: perturba su vida, disminuye su confianza, afecta su autoestima y limita su participación en la esfera pública.
En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, 4 de cada 10 mujeres son ultrajadas por su propia pareja. Y 6 de cada 10 han sufrido algún tipo de violencia.
También 9 de cada 100 han sido víctimas de un delito por violencia de género. Una de cada tres mujeres abandona su lugar de origen como consecuencia de actos de violencia en su contra, y 4 de cada 10 feminicidios ocurridos en la república mexicana se han registrado dentro del hogar de la víctima.
El precio que se tiene que pagar no es sólo para las mujeres, como lo afirma Teresa Rodríguez, directora regional de Unifem, la violencia de género detiene el desarrollo de los países, pues si de costos hablamos, los de la violencia contra las mujeres oscilan entre el 1.6 y el 2 por ciento del producto interno bruto de los países de la región latinoamericana, de acuerdo con los datos proporcionados por el Banco Interamericano de Desarrollo en una investigación realizada en 1997.
Pese a este estudio, la información existente en la región sobre los devastadores costos económicos directos e indirectos de la violencia de género aún es muy limitada. La violencia contra las mujeres tiene costos directos como los referidos al daño o pérdida de vidas y a los servicios que se deben proporcionar, sean de salud, legales, de protección o de otro tipo.
También hay costos indirectos, como los días de trabajo perdidos o la disminución de la productividad que impacta en la economía global, Y muchos otros de ésta última categoría, algunos denominados costos intangibles, que en su mayoría no son contabilizados por la dificultad que entraña su medición. Entre ellos están: el costo de las vidas destrozadas, del dolor crónico, del sufrimiento, del miedo, de la depresión, de los intentos de suicido, de la pérdida de oportunidades para lograr las propias metas y de la autoestima de las mujeres.
A su vez, están los llamados costos de transmisión, originados en efectos multiplicadores hacia el futuro de la violencia familiar. Es sabido que ésta se convierte en un modelo de resolución de conflictos que se replica cuando los niños son víctimas o testigos: tienden a repetir estas conductas violentas en su vida adulta.
El Banco Mundial calcula que uno de cada cinco días laborales que pierden las mujeres, por razones de salud, es el resultado de problemas relacionados con violencia familiar, que incluye la física, al sexual, la psicológica y la patrimonial, ocurrentes tanto en el ámbito público como en el privado.
En nuestro país hace apenas 10 años, y en gran medida por el activismo de las organizaciones y movimientos de mujeres, pasó del ámbito de lo privado al dominio público con la primera Ley de Asistencia para la Atención de la Violencia Familiar, con la que la violencia sale de las 4 paredes del hogar y se convierte en un asunto en el que las autoridades tenían que intervenir.
Sin embargo, muchos años tuvieron que pasar, cientos de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, e incluso la presión internacional, para poner en evidencia la manifestación más grave de la violencia de género: el feminicidio, que es denominado así por la investigadora y en ese entonces diputada, Marcela Lagarde, quien además puso en evidencia que la violencia feminicida no era un hecho aislado y referido sólo a esa ciudad fronteriza, sino que estaba presente, pero invisible, en todos y cada uno de los estados de la república mexicana. Y lo mismo afecta a mujeres, niñas, ancianas o jóvenes, pobres o ricas, y de diferentes formas, desde la violencia física, emocional y económica, hasta aquella que acaba con la vida de las mujeres.
De ello se derivó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue aprobada por esta legislatura y decretada por el Ejecutivo hace apenas año y medio.
La violencia de género tiene importantes consecuencias en la vida de las mujeres y el desarrollo de los países, y por tanto es responsabilidad de la sociedad en su conjunto y del Estado en sus tres niveles de gobierno, actuar eficazmente para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.
En Convergencia estamos convencidos que en el ejercicio del poder cada uno debe hacer lo que le corresponde. En ese sentido, hemos coadyuvado desde el Legislativo para atajar este grave problema. Por ello, hemos presentado diferentes iniciativas tendientes a armonizar las leyes con los tratados ratificados en esta materia.
También nos hemos sumado con determinación a los trabajos que desde la Comisión de Equidad y Género se han hecho para destinar recursos etiquetados en cada una de las dependencias encargadas de atender y erradicar la violencia contra las mujeres.
En Convergencia queremos conmemorar este día como la oportunidad de analizar los retos que aún enfrentamos para solucionar este mal social. Debemos reconocer que a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho en diferentes espacios, no hemos logrado arrebatarle ni una vida al feminicidio; ni una rasguño al maltrato y ni un golpe a la conciencia. Los números siguen en ascenso.
Debemos reemplazar las tareas que en esta Cámara tenemos pendientes como es la armonización legislativa nacional y local; pero también debemos exigir resultados al Ejecutivo federal y a los gobernadores, pues a pesar de los recursos destinados para este fin, es deficiente la coordinación entre las diferentes instancias responsables de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.
Se duplican las acciones, se dejan vacíos en los que la omisión también nos hace responsables y por cuestiones ideológicas se niega a tratar otras dimensiones de la violencia de género, como lo es la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la escasa promoción de una cultura igualitaria.
Los costos de la violencia contra las mujeres son altos. Las posibilidades de eliminarla están en manos de todas y de todos los que aspiramos a un mayor bienestar, que irá de la mano con la equidad de género; y a una sociedad justa e igualitaria. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Martha Angélica Tagle Martínez. Tiene la palabra el diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Jesús Sesma Suárez: Muchas gracias. Es para mí un honor ser el único hombre para hablar sobre este tema tan relevante. En mi partido, el Verde Ecologista, creemos que este problema, atañe, tanto a los hombres como a las mujeres.
Con su permiso, señora presidenta. Compañeros diputados y compañeras diputadas, hoy se cumplen nueve años que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esta fecha como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Aunque esta fecha es de gran relevancia para todos debido a las diversas actividades que todos los gobiernos realizan para sensibilizar a la población respecto al terrible problema de la violencia, es una realidad que para mañana todos olvidarán este problema y las mujeres continuarán en su agonía.
¿Cómo reeducar en poco tiempo a millones de hombres y de mujeres, mismas que por muchos años han visto, repetido o sufrido patrones de violencia dentro de sus casas, trabajos o escuelas?
¿Cómo aligerar la vida a esas millones de mujeres que en nuestro país viven y duermen con temor de sufrir algún tipo de daño al ser agredidas por sus esposos, sus padres o vecinos?
Compañeros, yo soy hombre y reconozco que en realidad todo se remite a un solo problema: el de derechos humanos. Deberíamos recordar que las mujeres merecen de nuestro reconocimiento, de nuestro respeto, de nuestra comprensión.
Sabemos que actualmente contamos con instrumentos jurídicos internacionales y nacionales que establecen pautas para contrarrestar este problema como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, por mencionar algunos.
Aunque esto representa, sin duda, avances en el ámbito federal, aún faltan esfuerzos para armonizar todas las leyes locales y actualizar los códigos civiles y penales en las entidades federativas. Además, el problema va más allá que una simple elaboración de leyes. El reto más importante radica en lograr que las políticas públicas causen efectos en las conductas de las personas. Pero estamos conscientes de que esto es un proceso lento.
Mientras tanto, entre los esfuerzos que debemos realizar como legisladores, están los de mejorar los mecanismos de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de las sanciones en la materia.
Asimismo, debemos fomentar la cultura de la denuncia entre nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras esposas y nuestras hijas.
Debemos hacer énfasis en que la prevención a través de cultivar el respeto y la equiparación de los roles de género en nuestras familias, porque es alarmante tener cifras como las del 2006 respecto a la violencia de la pareja, en donde 40 de cada 100 mujeres de 15 años o más reportaron haber sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja.
Compañeros, la violencia contra las mujeres constituye una violación a sus derechos, libertades individuales, una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder.
Realmente todos los días las mujeres enfrentan obstáculos para el ejercicio de sus derechos. Lidian con limitaciones que imponen ciertos roles asignados por la sociedad que ensombrecen su reconocimiento y su autonomía, generando, en muchos casos, inequidades y/o discriminaciones.
Por eso hoy la mejor forma de conmemorar la eliminación de la violencia contra la mujer es como representantes del pueblo y como hombres, seamos solidarios en esta lucha. Finalmente, ellas representan más de la mitad de nuestra población.
Nuestro compromiso debe ser el velar que todas las leyes y demás políticas públicas, protejan a las mujeres y busquen su reintegración a la sociedad y establezcamos las pautas para sancionar cualquier acto que transgreda a una mujer y rehabilite a los hombres agresores para que no vuelva a afectar a más personas a lo largo de su vida. Necesitamos los hombres contribuir a hacer más ligera la carga para ellas, las mujeres.
Por esto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, les exhorta a apoyar los trabajos parlamentarios que contribuyan a eliminar definitivamente la violencia en nuestro país. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
Queremos saludar la presencia de jóvenes del municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México, que el día de hoy nos visitan, a invitación del diputado nuestro compañero, Alejandro Olivares Monterrubio. Sean ustedes bienvenidos.
La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez: Con el permiso, señora presidenta. Subo a esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para recordar el Día Internacional contra la Violencia de Género. Esta conmemoración, como ustedes saben, tiene sus orígenes en el año de 1960, donde las tres hermanas Mirabal fueron violentamente asesinadas en la República Dominicana, debido a su activismo político. Las hermanas conocidas como "Las mariposas inolvidables", se convirtieron en el máximo exponente de la crisis de violencia contra la mujer en América Latina.
Y como ustedes recordarán, el 25 de noviembre es la fecha que se ha elegido para conmemorar sus vidas y para promover el reconocimiento mundial contra violencia de género.
Y fue, como se ha comentado ya, la Asamblea General de las Naciones Unidas quien declaró este día como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres e invitó a gobiernos y organizaciones a desarrollar en este día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto a este grave problema social.
En esta Legislatura, en la LX, queremos aprovechar, mi grupo parlamentario, para hacer un recuento breve sobre lo que hemos podido aportar en esta Legislatura, para luchar contra este grave problema social. Y una de esas cosas que hemos trabajado y que se han dado pasos muy importantes, es en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2008. Ahí, la Comisión de Equidad y Género, donde honrosamente participamos mujeres y hombres que creemos en otra forma de ser humanos y en otra forma de ser libres, etiquetamos recursos por mil 163 millones de pesos para dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
También ha sido esta legislatura la que ha contribuido determinantemente a la armonización legislativa. Ha sido esta legislatura que ha emprendido varias acciones para dar cumplimiento a los acuerdos sostenidos en el 2007, y que todas y todos los diputados de esta legislatura suscribimos el pacto nacional para la igualdad entre mujeres y hombres, sustentándose ahí una vinculación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
En uno de sus objetivos promovimos la lucha contra la violencia de género y, sobre todo, presupuestar concretamente para acciones dirigidas en contra de la violencia. Ha habido avances importantes como que se le etiquetó, en este Presupuesto, 112.3 millones de pesos para el Fondo para Acciones de Combate a la Violencia, en Inmujeres, y 20 millones de pesos para programas de capacitación al magisterio, entre otros.
Pero en este recuento solamente, a nombre del Partido Revolucionario Institucional que ha sido precursor de transformaciones históricas a favor de los derechos humanos y la dignidad y la violencia hacia las mujeres mexicanas, las integrantes del Grupo Parlamentaria del PRI consideramos importantes las siguientes propuestas para un avance integral en esta materia.
Primero, dar cumplimiento a las recomendaciones generadas por el comité de expertas, del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Fortalecer alianzas con hombres y mujeres, promotores de la igualdad entre los géneros y la eliminación de la violencia hacia las mujeres.
Impulsar, con pleno respeto a la autonomía y al poder constituido en cada estado de la república, que se presupueste, también a nivel local, sobre el trabajo que se tiene que hacer en los presupuestos de cada estado, para etiquetar recursos a la luz de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en cada entidad federativa.
Se debe trabajar más en reconstruir los enlaces permanentes con las organizaciones no gubernamentales con trabajos sobre no violencia, para articular esfuerzos estratégicos y cercanos a las demandas sociales.
Debemos trabajar más, promoviendo en el Poder Judicial de la Federación los esquemas de coordinación interinstitucional en contra de la violencia de género.
Coadyuvar en la implementación de acciones planificadas de cobertura nacional y estatal, para erradicar los altos índices de feminicidios en nuestro país.
Y, finalmente, debemos impulsar para que se transparenten más los costos económicos, que representan al Estado mexicano desatenderse de este grave problema social que es la violencia de género.
Compañeras y compañeros diputados, la violencia de género envía un mensaje de subordinación implícito y explícito hacia la mitad de la población, en ejercicio de su libertad, derecho y dignidad.
Una real inclusión social, una efectiva igualdad de oportunidades y condiciones justas para un desarrollo libre de violencia, depende de que todos los actores en este país hagamos nuestro trabajo y cada quien cumpla su parte. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Holly Matus Toledo: Con su permiso, diputada presidenta. La declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define la violencia como "cualquier acto de violencia basado en el género, que produzca o que pueda producir daños o sufrimientos físicos, sexuales o mentales en la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de su libertad, tanto en la vida pública como en la privada".
En esta misma declaración se dice también que la violencia contra la mujer abarca la violencia que se produce en el seno de la familia, en la comunidad en general, en el trabajo, en las instituciones escolares, y la violencia perpetrada o tolerada por el Estado.
A todas estas formas de violencia se les denomina "violencia de género" y se asocian a desigualdades de poder.
Muchos son los tipos de violencia que se han ejercido sobre las mujeres, pero la peor de todas, a la que inclusive se le ha dado carta de ciudadanía es la ejercida por el Estado. El Ejecutivo ha cometido violencia contra las mujeres cuando a sabiendas de que la carga global de trabajo en mujeres es mayor por 4.1 horas al día que los hombres; que se requiere construir relaciones igualitarias al interior de los hogares, y que esta Legislatura, por unanimidad, exhortó a establecer medidas para garantizar las responsabilidades familiares. Este hecho se elude, se niega, se ha evadido por parte del Ejecutivo.
El Ejecutivo comete violencia contra las mujeres cuando ignora sus propias estadísticas que indican que las mujeres urbanas presentan una pobreza alimentaria 35 puntos arriba de los hombres, 33 puntos arriba en la pobreza de capacidades y 22 puntos más en la pobreza patrimonial, y continúa omitiendo las acciones diferenciadas y equitativas para las mujeres.
Comete violencia, a través de la Secretaría de Salud, pues a sabiendas de que la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares son las tres principales causas de muerte en mujeres, abarcando el 33.4 por ciento del total de defunciones, y a pesar de ello, no se destinan recursos para la investigación y la atención diferenciada e integral de las mujeres.
Comete violencia el Ejecutivo pues a pesar de saber que las muertes por cáncer de cuello de útero ocupan el décimo lugar del total de defunciones de mujeres en México, y de un total de 12 mil 762 mujeres detectadas con lesiones de alto grado y cáncer invasor, solamente 880 casos fueron tratados y las más de 11 mil restantes dejadas al olvido.
Se es cómplice de violencia cuando, después de haber recibido durante el 2008 denuncias contra 46 servidores públicos panistas, por estar involucrados en hechos delictivos contra las mujeres por abuso de autoridad, lesiones, amenazas, hostigamiento sexual y abuso sexual, estos siguen gozando de los beneficios institucionales.
El Congreso de la Unión no se queda atrás. Ha violentado los derechos de las mujeres en la reforma del Estado. En el tema de garantías sociales, después de un arduo trabajo se nos negó, por parte del partido en el poder, la oportunidad de homologar la Constitución Política en 29 artículos, a fin de garantizar los derechos de las mujeres. En el tema de reforma electoral, la paridad fue una negativa constante.
En esta Cámara, la mayoría de las propuestas legislativas carecen de perspectiva de género y la asignación de los recursos se han hecho más en función de intereses personales que en beneficio de las mujeres.
Por hoy, el Congreso de la Unión tiene una enorme deuda con las mujeres mexicanas, pues de las más de 500 reformas constitucionales que se han efectuado desde 1917, sólo siete han sido en beneficio directo de las mujeres.
Los Congresos estatales, entre ellos el de Morelos, hoy en día han aprobado retrocesos respecto a los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sobre todo cuando han sido víctimas de violación.
Comete violencia el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, al hacer sus declaraciones, junto con el secretario de Salud, en donde se atenta contra los derechos de las mujeres y el Estado laico. A ellos hacemos un llamado a la congruencia, a fin de que se respeten los derechos de las mujeres de estos estados.
Se ha negado la protección del Estado, a saber, que de enero de 2007 a septiembre de 2008 se han incrementado en un 186.5 por ciento el número de mujeres y niñas desaparecidas y solamente han sido localizadas el 38 por ciento de las mismas.
Se ha negado la justicia expedita a 4 mil 938 mujeres, las cuales se encuentran presas sin haber sido sentenciadas y representan el 44.23 por ciento del total de mujeres encarceladas.
Se ha negado protección y justicia a las mujeres migrantes que no sólo tienen que enfrentar abusos, extorsiones, vejaciones y humillaciones por parte del Instituto Nacional de Migración, las policías federal, estatal y municipal, guardias de seguridad privadas sino también de las redes del tráfico de personas y de bandas de delincuentes.
La impunidad y la falta de acceso efectivo a la justicia violan día a día los derechos humanos de las mujeres juarenses. 75 feminicidios registrados en lo que va del 2008 en Ciudad Juárez lo demuestran.
¿Qué más se puede decir sobre la violencia del Estado contra las mujeres? ¿Quién va a pagar por las muertes, humillaciones, la detención arbitraria, las violaciones y abusos sexuales cometidos por agentes del Estado mexicano en contra de las mujeres de las poblaciones de Castaños, Coahuila, Zongolica, Veracruz, Nocupétaro, Michoacán y San Salvador Atenco del Estado de México?
¿Quién pondrá un alto a los cómplices gubernamentales, a los jerarcas católicos o empresarios que prostituyen a niños y niñas o los utilizan en la pornografía infantil? ¿Quién dará cuenta por cada mujer o niña que es asesinada cada seis horas en este país?
La violencia institucional, evidenciada por el quebrantamiento persistente y numeroso de los derechos humanos en sus diversas expresiones, constituye un atraco a los derechos de las mujeres.
Este 25 de noviembre queda nuevamente evidenciada la violencia institucional que se da hacia las mujeres.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Yolanda Garmendia Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 413 diputadas y diputados. Quien hasta el momento no haya registrado su asistencia dispone de 15 minutos para hacerlo por cédula. Es cuanto, presidenta.
La diputada Yolanda Garmendia Hernández: Con su permiso, señora presidenta. Compañeros y compañeras diputadas, hoy nos reunimos para hablar del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Atroz es la situación de la mujer cuando se trata de la violencia que sufre, que aún padece en nuestra sociedad.
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54134, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La fecha fue elegida como una conmemoración del brutal asesinato en 1960 de tres de las hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, ejecutado por orden del dictador Rafael Trujillo, quien dominó ese país de 1930 a 1961.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es ocasión para continuar la lucha emprendida por muchas mujeres del mundo en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
Hoy, como sociedad, debemos reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.
Pocas causas promovidas por las Naciones Unidas han concitado un apoyo más intenso y extendido que la campaña para fomentar y proteger la igualdad de los derechos de la mujer. La Carta de San Francisco de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco en 1945, fue el primer acuerdo internacional que proclamó que la igualdad de género es un derecho humano fundamental.
El secretario general de Naciones Unidas recientemente recordó, con motivo de la conmemoración, que en la Cumbre Mundial 2005 los gobiernos de todas las naciones acordaron que el progreso de la mujer es el progreso de todos. Sin embargo, el examen decenal de la aplicación de la plataforma de acciones de Beijing puso de manifiesto en muchos países si habría una gran brecha entre la normativa y la práctica.
La falta de voluntad política, dijo el secretario general de la ONU, se hace patente de la forma más reveladora: falta de recursos y asignaciones presupuestarias insuficientes. Esa es la razón que el tema de la conmemoración 2008 del Día Internacional de las Mujeres sea invertir en las mujeres y las niñas.
Los dirigentes del mundo, reunidos en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en septiembre del 2000, hicieron el compromiso de promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Reconoce también que los derechos humanos de la mujer y de la niña son una parte inalienable integral e indivisible de los derechos humanos universales y reconoce, además, la necesidad de promover y proteger todos los derechos de la mujer y las niñas.
Con ello, el gobierno mexicano se ha comprometido a implementar las recomendaciones de diversos órganos internacionales de derechos humanos y a cumplir las obligaciones que el derecho internacional impone respecto a los derechos de la mujer.
En este tema, todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo. Hemos hecho un frente común. No le restemos mérito a lo que estamos haciendo de manera conjunta, señalando otros temas que no están en el debate.
Así, en los últimos años, las autoridades mexicanas se han mostrado activas en distintos niveles de gobierno para aumentar la sensibilización de la opinión pública en relación con la violencia contra las mujeres.
También se han producido avances en la aprobación de legislaciones y la creación de varias instituciones oficiales para abordar las necesidades de las víctimas de la violencia en el ámbito familiar. Por ejemplo, la violencia doméstica se ha tipificado como delito en la mayoría de los estados de nuestro país.
El número de casas-refugio ha aumentado en varios estados y se han creado institutos de la Mujer a nivel nacional y estatal, que han coordinado una amplia variedad de programas, de formación y concientización.
En este marco de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres es importante no olvidar: "la violencia contra las mujeres es el delito más común, pero el menos castigado en el mundo".
Los estudios muestran que cada vez son mayores los vínculos entre la violencia contra las mujeres y el VIH, que las mujeres infectadas con el VIH tienen mayor probabilidad de haber sufrido violencia y que las mujeres que han sufrido violencia corren un mayor riesgo de infectarse con el VIH.
En América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo señala: en Chile el 60 por ciento de las mujeres que viven en pareja sufren algún tipo de violencia doméstica, y más del 10 por ciento agresión grave.
En Colombia más del 20 por ciento de las mujeres han sido víctimas de abusos físicos, 10 por ciento ha sido víctima de abusos sexuales y el 34 por ciento ha sido víctima de abusos psicológicos.
Según la Asociación Mexicana contra Violencia Hacia las Mujeres, 9 de cada 10 casos de víctimas de violencia son mujeres, de las cuales 7 de cada 10 son agredidas por su pareja.
Un avance fundamental en el ámbito legislativo fue la ampliación del debate sobre la violencia familiar a todas las formas violencia contra las mujeres, lo cual condujo a la aprobación en el 2007 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que retoma el concepto jurídico internacional "Violencia contra las mujeres" e incluye modalidades de violencia como la violencia sexual, institucional, en la comunidad, la violencia familiar y la violencia feminicida.
Asimismo, incluye la regulación y coordinación de refugios de violencia doméstica a nivel nacional. Una reeducación de género obligatoria para quienes cometen crímenes basados en el género y la alerta de violencia de género, entre otras disposiciones.
Es importante destacar que esta ley dispone la obligación del Ejecutivo federal de proponer, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el asignar una partida presupuestal para garantizar el cumplimiento de los objetivos, del sistema y del programa previsto en la misma.
Tenemos que reconocer que en esta Legislatura hemos avanzado al aprobar un presupuesto mucho mayor que el año pasado a favor de los programas de mujeres. Este presupuesto finalmente viene siendo mermado, porque para atender a las mujeres víctimas de violencia nos estamos gastando 2 mil millones de pesos, cuando les asignamos casi mil; entonces, hagamos las cuentas.
Además, crea el Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, que debe contemplar las acciones de carácter preventivo, de atención, de investigación de la violencia de género. El proceso de homologación estatal de esta ley dio inicio.
De hecho, para septiembre de 2008 tenemos 23 entidades federativas que han aprobado su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero, compañeros, esto no es suficiente. Todavía necesitamos trabajar en los marcos en materia penal para que esta ley pueda ser de protección a las mujeres.
En este contexto, y congruente con una larga tradición de compromiso real con la mujer, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional impulsamos las acciones legislativas o de política pública que nos permitan construir una sociedad donde se respeten plenamente los derechos de la mujer.
Con una visión incluyente, coincidimos en que todos y cada uno de nosotros tenemos el deber de apoyar y mantener un entorno político y social en el que no se tolere la violencia contra la mujer, en el que los amigos, los familiares, los vecinos, los hombres y las mujeres intervengan para impedir que los autores de estos actos queden impunes.
La eliminación de la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los desafíos más graves e imperiosos de nuestro tiempo. Todo el mundo tiene la responsabilidad de actuar ante la violencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos el deber de apoyar y mantener un entorno político y social en el que no se tolere la violencia contra las mujeres y las niñas.
La violencia no es algo que se construye en un día, y como se dice: borrar una acción negativa requiere de mil acciones positivas. Tenemos que trabajar arduamente para poder conseguir el cambio.
Por ello, desde esta tribuna en la que se hace escuchar la voz de la nación, llamo a los Congresos locales a modificar las disposiciones del derecho penal que ponen en riesgo el derecho a la vida, la libertad y seguridad de la población femenina y, prácticamente, constituyen una licencia para matar.
Estoy convencida de que las diputadas y los diputados de los Congresos locales harán suyas estas preocupaciones y derogarán o modificarán las disposiciones legales que impiden a las mujeres el goce pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Y, a mis compañeras y compañeros de esta legislatura, los exhorto a continuar, a perfeccionar el marco legal que nos permita alcanzar la igualdad de género sin violencia alguna.
Antes de terminar quisiera señalar, que hoy se lanza la campaña "Hombres contra la violencia", por lo cual felicito al Instituto Nacional de las Mujeres y, sobre todo, a todos los hombres que se sumen a esta campaña, porque la violencia no es un asunto de mujeres, es un asunto de hombres y mujeres. Buenas tardes.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. La lucha en contra de una sociedad sin violencia es una tarea que corresponde a todos; a los órganos del Estado y a sus instituciones, a la sociedad civil y a sus organizaciones ciudadanas.
Dentro de este empeño se destaca el día de hoy la lucha por erradicar una de las formas más oprobiosas de la violencia; aquella que se ejerce en contra de las mujeres por el sólo hecho de serlo. Alimentando a lo largo del tiempo una secuencia de agravios de todo tipo, que reproduce una y otra vez patrones de conducta torcidos, mismos que aprendemos desde muchos ámbitos de la sociedad, e incluso, en el seno familiar, y que dada su propagación, tiende, lamentablemente, a hacerse invisible para muchos.
Hoy es momento de hacer una recapitulación de los esfuerzos sociales para abatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, como un derecho que nos asiste de manera natural, tan sólo porque somos la mitad de la humanidad, tan sólo porque formamos parte de esa díada portentosa, que junto con el hombre ha generado cultura, progreso y, por qué no decirlo, también amor.
Sería ocioso decir, hoy, que falta mucho por hacer. En el amplio horizonte del tiempo apenas y hemos estructurado las medidas que pretendemos coadyuven a incidir en el problema. Sin embargo, sería injusto no reconocer lo que ha venido a aportar a la circunstancia que nos ocupa, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que conforma el bagaje de recursos jurídicos que nos asisten a las mujeres, junto con la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, entre otros ordenamientos.
En el marco constitucional que sustenta la igualdad y la equidad entre los géneros, en términos de lo señalado por los artículos 1o, 2o, 3o, 4o y 34 de nuestra Carta Magna, es momento propicio para reconocer las políticas públicas que a partir del marco jurídico vigente han dado lugar al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, pero este día también es idóneo para reflexionar sobre la necesidad de atender el problema de la violencia contra las mujeres, desde una perspectiva integral y humana.
No solamente es imperativo atender a las víctimas de este tipo de agresión, sino también a los agresores, porque ellos son víctimas también de un conjunto de circunstancias sociales que les han retroalimentado a lo largo de generaciones: conductas violentas.
Es necesario avanzar hacia el combate de la enfermedad sin dejar de atender a los enfermos. Reconozcamos que las razones más profundas de la violencia en contra de las mujeres no se hallan solamente en el agresor, sino también en su circunstancia.
Por todo lo anterior, hacemos votos fervientes para que en esta sociedad tan convulsionada que nos ha tocado vivir, la violencia contra las mujeres, bajo todas sus modalidades, vaya dejando su lugar a la razón y a la concordia.
Continuando con el orden del día, se recibió del diputado Irineo Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley de Planeación. Túrnese a las comisiones unidas de Desarrollo Rural y de Hacienda y Crédito Público.
Se recibió de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa que reforma los artículos 3o y 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Túrnese a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público.
Se recibió de la de la voz, iniciativa que reforma los artículos 1164 y 1165 del Código de Comercio. Túrnese a las comisiones unidas de Justicia y de Economía.
Tiene la palabra la diputada Alma Hilda Medina Macías, para presentar iniciativa de decreto por el que se declara el año 2009 como Año de la no violencia entre las y los jóvenes, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Alma Hilda Medina Macías: Con su permiso, señora presidenta. Según datos del Banco Mundial, las y los jóvenes y niños constituyen el 50 por ciento de la población de los países en desarrollo. Nuestro país cuenta con aproximadamente 34 millones de jóvenes que oscilan entre los 12 y 29 años de edad y para el año 2012 serán cerca de 36, siendo la cifra más alta alcanzada en la historia. Esto quiere decir que dentro de casi tres años, uno de cada tres mexicanos será joven.
Hoy más que nunca, estos problemas son de vital importancia, es decir: la violencia. Nuestro país ha trabajado sobre el fenómeno poblacional que está impactando a México, motivo por el cual el programa Nacional de la Juventud 2008-2012, derivado del programa Nacional de Desarrollo, plantea los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes en materia de salud, educación, justicia, trabajo, economía y vivienda.
Hoy más que nunca, se reconoce el papel de los jóvenes dentro de la sociedad mexicana. Es por esta realidad que la juventud es más activa que nunca dentro de la sociedad, por esto surge la preocupación del impacto que tiene la violencia en la vida de las y los jóvenes, ya que se ven más expuestos a los diferentes tipos de violencia, y dígase violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o afectivo contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y muerte.
Tiene una connotación más amplia, pues nos muestra un aspecto más amplio en el daño que causa a la persona violentada, como es el caso de las y los jóvenes.
La violencia entre las y los jóvenes tiene muchas aristas que dan lugar a otras igual de preocupantes.
El suicidio y las autolesiones son una muestra de cómo la violencia impacta en la vida de los jóvenes. México ocupa ?por desgracia? uno de los primeros lugares en suicido en Latinoamérica con más de tres mil suicidios durante el año pasado, triplicándose las cifras de suicidas jóvenes en los últimos 20 años.
La violencia intrapersonal, con sus modalidades de violencia intrafamiliar y violencia en el noviazgo, se ha vuelto muy común en la vida de los jóvenes. No distingue clases sociales, se da tanto en familias urbanas como rurales. Este es un grave problema que enfrenta nuestra sociedad por las serias consecuencias que permean a los diferentes estratos, donde nos desenvolvemos los jóvenes y ven ?o vemos? disminuida su calidad de vida, al presentar como respuesta a la violencia sufrida en el seno familiar dolores sicosomáticos, desórdenes sicológicos como son la anorexia y la bulimia; autolesiones, baja autoestima, depresión, ira; delincuencia juvenil, deserción escolar, entre otras conductas.
La violencia en el noviazgo se ha incrementado alarmantemente en nuestro país también. Muestra de ello son los resultados que ha arrojado la encuesta sobre la violencia en el noviazgo, levantada en el 2007 y publicada por el Instituto Mexicano de la Juventud, en la que nos dice que 2 de cada 10 jóvenes entre 15 y 24 años con alguna relación de noviazgo el año pasado han experimentado algún episodio de violencia física, siendo la zona rural la que más violencia física experimenta.
Los resultados por género indican que del total de mujeres que padecen la violencia, 3 de cada 10 mencionó haber experimentado una violencia leve; 6 de cada 10 una violencia media; y las demás una violencia grave.
La violencia sicológica también se da en el noviazgo, entendida como el abuso emocional, verbal, maltrato o menoscabo de la estima hacia una o varias personas.
En materia de seguridad, los jóvenes hoy más que nunca se ven inmersos en la violencia. Los cárteles del narcotráfico, en sus varios niveles de operación, reclutan con mayor frecuencia a los jóvenes entre los 12 y 25 años, volviéndolos no sólo vendedores a menor escala, sino con más y peores responsabilidades.
El panorama del país ha cambiado en definitiva. Los jóvenes de hoy no son lo mismo que los jóvenes de hace 30 años. Nos encontramos ante una de las generaciones más vulneradas y quizá los jóvenes hoy son más violentados en donde el nivel de desintegración social y familiar que se vive venimos siendo los más perjudicados.
El surgimiento también de la economía criminal ha permeado en los jóvenes en varios aspectos, de tal manera que no sólo los impacta cuando ellos participan directamente en los ilícitos, sino que también el incremento del consumo de drogas en los jóvenes se ha incrementado, siendo la edad ya desde los 12 años.
Como podemos ver, la violencia está alarmantemente presente en muchos aspectos de la vida de las y los jóvenes. Como capital humano para el futuro, es primordial que se lleven a cabo políticas públicas multisectoriales, así como campañas de difusión y orientación encaminadas a la prevención.
Hay que invertirles a las y los jóvenes hoy porque somos el presente. De las decisiones que se tomen hoy dependerá el tipo de sociedad que tengamos mañana.
Es cuanto, señora presidenta. Lo único que le solicito es que se inserte íntegra en el Diario de Debates, ya que por el tiempo no se pudo leer toda la iniciativa. Gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación. Insértese el texto íntegro en el Diario de Debates.
Queremos destacar la presencia en este recinto del excelentísimo embajador Mohamed Gamal El-Din El-Bayoumi, secretario general de la Unión de Inversionistas árabes de la República Árabe de Egipto, quien, acompañado por el excelentísimo señor Aly Houssam El-Din El-Hefny Mahmoud, embajador de ese país en México, asiste a una reunión de trabajo con la Comisión de Economía. Sean bienvenidos. Hacemos votos porque este tipo de acercamientos refuercen los lazos de cooperación y amistad entre ambas naciones. Bienvenidos.
Queremos también saludar a alumnos y maestros de la escuela primaria Licenciado Eduardo Novoa, invitados por nuestra compañera la diputada Holly Matus Toledo.
Asimismo, a alumnos y maestros de la Universidad INACE, plantel Zumpango, invitados también a este recinto.
De la escuela primara Narciso Basols de Naucalpan, Estado de México, invitados por nuestro compañero el diputado Édgar Olvera Higuera. Bienvenidos sean ustedes.
Tiene la palabra el diputado José Inés Palafox Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 66, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Inés Palafox Núñez: Buenas tardes. Con permiso de la Presidencia. Amigas legisladoras y amigos legisladores, someto a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 4o., fracción II, de la Ley Orgánica.
Actualmente los integrantes de la Cámara que integran este Congreso tienen dos periodos de sesiones ordinarias; el primero que inicia el 1 de septiembre de cada año y culmina el 15 de diciembre del mismo año; y un segundo periodo de sesiones que inicia el l de febrero y concluye el 30 de abril del mismo año.
Pues bien, es importante que cuando un diputado o un senador acepta y protesta el cargo conferido, lo hace de tal manera que busca la forma de trabajar en beneficio de los mexicanos, sin importar el tiempo que ocupe, tal como lo han hecho en algunas sesiones en que se amerita arduas jornadas de trabajo, y a lo logrando consensos para buscar lo mejor para nuestro país.
No debemos dejar de comprender que la función del Congreso está relacionada directamente con los periodos de sesiones, por lo que esta ley que sujeta a la Cámara, muchas veces es insuficiente por el número de asuntos que debe atender. Cada vez son mayores, y para los cuales los periodos previstos en la Constitución resultan evidentemente insuficientes.
Por lo anterior, se han realizado diferentes modificaciones a los preceptos constitucionales para reformar los periodos de sesiones del Congreso de la Unión, así que tenemos que en el 86 se realizaron modificaciones a través de las cuales se estableció el doble periodo ordinario de sesiones, iniciándose el primero, del 1 de noviembre que no podría prolongarse más allá del 31 de diciembre; y el segundo del 15 de abril hasta como máximo el 15 de julio.
Para el año de 1993 se dio otra modificación en la cual se estableció el primer periodo de sesiones ordinario que iría del 1 de septiembre al 15 de diciembre, o como excepción, el 30 de diciembre, cuando el presidente de la república inicie su encargo; y un segundo periodo que comprendería del 15 de marzo al 30 de abril de cada año. La última modificación se realizó en la LIX Legislatura, el 15 de diciembre de 2003.
Estos esfuerzos del Congreso permitieron la modificación del artículo 65 de la Constitución, aumentando un mes y medio el trabajo legislativo. Sin embargo, el aumento resulta insuficiente por las cantidades de asuntos que se presentan, así como el desahogo de los asuntos pendientes.
Ahora bien, la propuesta en comento viene a dar una alternativa más para el mejor desarrollo del trabajo legislativo ampliando dos meses más el segundo periodo de sesiones ordinarias, por lo que se tendría un periodo de trabajo en el Congreso, sin olvidar las sesiones ordinarias, extraordinarias, o de la Comisión Permanente, de ocho meses y medio de trabajo en Cámara, y de tres y medio en periodos de recesos.
De aquí se desprenden tres argumentos que no debemos pasar por alto. El primero, que el aumento de sesiones en el periodo de sesiones ordinarias intenta mejorar la imagen de la sociedad con respecto al trabajo legislativo federal, lo cual es un acto que tiene que hacerse.
El segundo es que uno de los puntos más controversiales del tema en comento, ya que si lo que se pretende realizar con esta reforma, tanto a la Constitución como a la Ley Orgánica, es eficientar el trabajo legislativo, haciéndolo más productivo y eficaz.
La solución no es sólo ampliar el periodo de sesiones uno o dos meses; es hacer que el trabajo en comisiones sea mucho más productivo puesto que es en ellas donde se preparan los verdaderos asuntos que dan motivo a que las sesiones sean mejores y más eficientes.
Tercero. Que el aumentar dos veces más el trabajo legislativo no interfiere con los periodos de receso, en los cuales el legislador le ceda todos los trabajos y actividades de sus respectivos distritos, como son la organización y planeación para el siguiente periodo de sesiones extraordinario; el acercamiento con la gente; realizar los foros y seminarios referentes a los temas que se discutirán en el Congreso.
La presente propuesta va encaminada a ampliar el segundo periodo de sesiones, es decir, en lugar de que se concluya el mes de abril, del mismo año, concluya hasta el 30 de junio del mismo año, para de esta manera realmente servir como se merecen a los mexicanos.
En otro orden de ideas, es lamentable aceptar que los integrantes de la presente legislatura dejemos a un lado la obligación que tuvimos, en el sentido de nombrar al 15 de diciembre del año 2007 a los consejeros del Instituto Federal Electoral y en la cual nos vimos un poco desprestigiados.
Por lo antes fundado y expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Proyecto de decreto
Primero. Reformar el artículo 66, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de ampliar el periodo de sesiones del Congreso, para quedar como sigue:
Artículo 66. Cada periodo de sesiones ordinario durará el tiempo necesario para tratar los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la república inicie el encargo a la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de este mismo año; asimismo, en aquellos casos en que por ley no se hubiese designado algún funcionario, dicho periodo de sesiones se extenderá hasta el mismo formalmente designado. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de junio del mismo año.
Segundo. Se reforma el artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de ampliar el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, para quedar como sigue:
Artículo 4. Cada periodo de sesiones ordinario durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer periodo no podría prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la república inicie el encargo en fecha prevista por el artículo 83 constitucional, caso en el cual las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año; asimismo, en aquellos casos en que la ley no hubiese designado algún funcionario, dicho periodo de sesiones se extenderá hasta el mismo formalmente designado. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá más allá del 30 de junio del mismo año.
Transitorio. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene la palabra el diputado Neftalí Garzón Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Neftalí Garzón Contreras: Con su permiso, señora presidenta. La historia laboral de nuestro país, cada vez con un mayor número de evidencias, tiene puesta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en el banquillo de las instituciones injustas y francamente inútiles para los tiempos que requieren y demanda cambios.
El inconstitucional, inhumano y ridículo aumento al salario mínimo, aprobado por la citada Comisión en el 2008, de apenas un 4 por ciento, vuelve a poner en tela de juicio la existencia de dicha Comisión ya que con esta decisión se mantiene en la más absoluta desigualdad y pobreza a los cerca de 5 millones de trabajadores que perciben este salario, además de enviar una señal muy pésima para las revisiones salariales del próximo año.
Frente a la catástrofe sufrida por los salarios en el país, a partir de 1976 y concretamente por el salario mínimo, cada vez más sectores de trabajadores reclaman la desaparición de la Comisión de los Salarios Mínimos con base en los siguientes
Argumentos
Que la Comisión ha fijado salarios absolutamente insuficientes para recuperar la capacidad adquisitiva de los salario, actuando de manera inconstitucional y con total insensibilidad social.
Que la Comisión aplasta el interés de los trabajadores con los votos unidos de los representantes del gobierno y los patrones, y la actitud sumisa de los representantes charros y blancos, por lo que es sólo una simulación y una estructura tripartita.
Que las resoluciones de la Comisión carecen de seriedad, objetividad y profundidad técnicas, respondiendo a fines de carácter más bien político.
Que los incrementos salariales son inútiles. Es decir, absolutamente insuficientes respecto a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
En tal razón, exigimos la supresión de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que en adelante sea la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en su carácter de representantes del pueblo de México y facultada para tomar decisiones en el campo económico, la que fijaría los salarios mínimos y su incremento. Esto con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades.
Esta iniciativa propone, asimismo, que exista un solo salario mínimo constitucional, que aprobaría la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, previa recomendación del Instituto Nacional de los Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, cuyos integrantes serían designados por esta Cámara. Por tanto, desaparecería la multicitada Comisión.
Así pues, en el centro de nuestras preocupaciones legislativas se encuentran los temas del salario y la productividad.
Hasta ahora el Poder Ejecutivo se ha reservado el control de los salarios, mediante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, cuyo carácter tripartito no ha hecho sino reproducir las relaciones de sujeción observadas en el terreno de los derechos colectivos.
El gobierno federal ha definido el salario mínimo sin que los trabajadores puedan incidir en esa variable decisiva para la economía del país.
La determinación política de pasar a los trabajadores el costo social de la crisis ha significado un deterioro del salario real, inédito en la historia de México. Después de 29 años de caída ininterrumpida, es necesario restablecer la vigencia del salario mínimo general como un salario suficiente, tal como lo establece el artículo 123 de la Constitución federal.
Por ello, la propuesta de reforma además de recuperar los imperativos de justicia, busca rescatar el papel del salario mínimo en la economía a permitir que, con salarios suficientes, se fortalezca el mercado interno, sin lo cual sería imposible sentar las bases de un crecimiento económico estable e integrado.
Suplico a la Presidencia, se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Neftalí Garzón Contreras. Tal como ha sido su solicitud, se instruye a la Secretaría para que se inserte íntegro en el Diario de Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, para presentar iniciativa que reforma los artículos 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, en la que se propone la adición al párrafo noveno del artículo 25 constitucional y la adición del segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 73, ambos de nuestra Norma Fundamental, con el propósito de que nunca más las deudas de los agentes económicos privados se conviertan en deuda pública y que finalmente, la sociedad mexicana con sus impuestos termine pagando estos pasivos.
Proponemos que se ponga un hasta aquí a quienes en el sistema capitalista en el que nos encontramos inmersos realicen sus actividades económicas a partir de la explotación de los trabajadores y que, cuando los negocios van mal, solicitan que el Estado se haga cargo de sus deudas.
Esta propuesta la hacemos en virtud de que por enésima ocasión el sistema capitalista entró en una crisis a nivel mundial, donde nuestra nación es una de las más golpeadas y los grandes monopolios y oligopolios empiezan a mostrar los primeros síntomas de incapacidad de pago; sólo que ahora esta incapacidad no fue causada exclusivamente por la borrachera de inversiones que realizaron al amparo de la buena marcha de los negocios y el consecuente endeudamiento que asumieron, sino también por haber especulado con los futuros de los precios del petróleo, del tipo de cambio y de otros instrumentos derivados.
En esta misma situación se encuentran los bancos privados de nuestro país, que hicieron préstamos descomunales a las personas y ahora no pueden cobrar esos créditos. Por ejemplo, en los últimos 36 meses el número de tarjetas de crédito pasó de casi 15 millones a 26 millones, y se tiene ya en perspectiva que 700 mil personas dejen de pagar sus créditos. Asimismo, miles de medianas y pequeñas empresas ya han sido embargadas por los bancos para recuperar sus préstamos.
Esta experiencia de rescate de la insolvencia de los grandes monopolios y oligopolios ya la vivimos cuando el 1 de septiembre de 1982 el entonces presidente, José López Portillo, nacionalizó la banca. Asimismo, cuando se rescató a los grandes corporativos a través del Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios para que transformaran los créditos contratados en dólares, antes del 20 de diciembre de 1982, a pesos. Posteriormente, este programa fue popularmente conocido como el Ficorca, creado por un acuerdo de la Secretaría de Programación y Presupuesto, designando como fiduciario al Banco de México.
El Ficorca empezó a operar a principios de mayo de 1983 y a través de él las empresas transformaron sus deudas de dólares a pesos a un tipo de cambio subsidiado por el gobierno federal.
En 1998 rescatamos a los banqueros de nuestra nación, por más de 140 mil millones de dólares, y la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el 13 de diciembre de ese año, para administrar estas triquiñuelas con cargo al erario federal.
No debemos olvidar que esta Cámara de Diputados ordenó la realización de una auditoría de las operaciones financieras de los bancos para verificar la legalidad de los créditos otorgados por ellos, y que serían asumidos como pasivos con garantía del gobierno federal.
Tampoco podemos olvidar que los bancos beneficiados se negaron, a pesar de que tenían obligación de hacerlo, a proporcionar la información que les requirió el auditor canadiense Mackey, motivo por el cual nunca pudimos saber cuál fue la verdadera magnitud de los créditos irregulares, que incluían autopréstamos y otras operaciones también irregulares que terminaron en la panza del Fobaproa-IPAB.
Conviene recordar que el monto de los bienes que garantizaban los pasivos que asumió el Fobaproa-IPAB no eran más del 20 por ciento del pasivo total de los pagarés que administraría el organismo. Estos activos, representados por bienes inmuebles y muebles, han sido malbaratados a los Bribiesca, hijos de Marta Sahagún, y otra parte fue transferido como pago de factura a quienes financiaron la campaña de Vicente Fox y de Felipe Calderón.
En esas circunstancias, es necesario tomar el control de este problema y poner un freno a la descapitalización de la economía y al saqueo del esfuerzo productivo nacional para que nunca más, ahora sí nunca más, volvamos a ser sorprendidos por quienes hegemonizan el poder político y económico de nuestra nación, ni descarguen sus pérdidas sobre las espaldas del pueblo mexicano.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, en derecho constitucional comparado contamos con el referente inmediato de que en la hermana República del Ecuador, en su nueva Constitución Política aprobada por el pueblo mediante referéndum el 28 de septiembre del año en curso, en vigor a partir de su publicación en el registro oficial el pasado 20 de octubre de este año, se establecen principios similares a la que son materia de la presente iniciativa.
En ése sentido, compañeros diputados, en virtud de la crisis actual que estamos viviendo y ante la posibilidad de que nuevamente la crisis bancaria que se está dando en otros países, que ya se está generando en México, traiga la tentación de que nuevamente se usen recursos públicos para proteger a los grandes banqueros o a los grandes monopolios en México, debemos establecer en nuestra Constitución esta prohibición para que ya no volvamos a ser saqueados, como ha sucedido en el pasado.
Que sigamos el ejemplo de otros pueblos como el ecuatoriano, que ya tienen en su Constitución la prohibición de que deudas privadas pasen a convertirse en deudas públicas como la que dimos con el Fobaproa, y que actualmente estamos pagando, que seguiremos pagando por 20 o 30 años más, para beneficio solamente de los banqueros, situación que ya ni siquiera aceptaron en los gobiernos de Inglaterra o de Irlanda, en donde en vez de adquirir la deuda de los bancos, lo que hicieron fue hacerse accionistas de los bancos, propietarios de los bancos, para evitar caer en situaciones tan lamentables como la que tenemos en México actualmente, por el trato que se le dio a la crisis con el asunto del Fopabroa-IFAP. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias.
El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: ¿Diputado, con qué objeto? Sonido a su curul, por favor. ¿Diputado Cuauhtémoc Velasco?
El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (desde la curul): Que por su conducto le pregunte al diputado Cantú si aceptaría que suscribiera también esa iniciativa que me parece tan importante.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Sí, con mucho gusto diputado Cuauhtémoc.
El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (desde la curul): Muchas gracias.
La diputada Irene Aragón Castillo (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputada Aragón Castillo.
La diputada Irene Aragón Castillo (desde la curul): Gracias, presidenta. Sí, por su conducto solicitarle al diputado Cantú Garza sumarme a su propuesta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: ¿Acepta usted?
El diputado Ricardo Cantú Garza: Con mucho gusto, diputada. Gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Queremos agradecer, el día de hoy tenemos muchos visitantes y queremos agradecer la presencia de alumnos de tercero y noveno semestres de la Universidad Politécnica de Tulancingo de Bravo, estado de Hidalgo, que a invitación de la diputada Oralia Vega Ortiz, nuestra compañera, el día de hoy se encuentran aquí con nosotros.
De igual manera, alumnos y maestros de la Universidad Anáhuac, del Estado de México, invitados por nuestro compañero, el diputado Alejandro Landero Gutiérrez. Sean ustedes, también, bienvenidos.
Tenemos también invitados especiales del estado de Querétaro, invitados por el compañero diputado Francisco Domínguez Servién.
Asimismo, alumnos y maestros de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, invitados por el diputado Juan Carlos Velázquez Pérez.
Y tenemos dos grupos de maestros de diferentes escuelas primarias, invitados por la diputada Blanca Luna Becerril. Sean todos ustedes bienvenidos a este recinto legislativo.
Se recibió del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el diputado Martín Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 24 Bis, a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El diputado Martín Óscar González Morán: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el problema alimentario mundial se manifiesta en el incremento a los costos de los mismos, afectando la capacidad de compra de la población. La crisis alimentaria se traduce en oferta y demanda, y los factores que influyen son: el aumento a los precios de los combustibles, el cambio climático, el calentamiento global, los desastres naturales y la especulación comercial y financiera son elementos que influyen en los precios.
Dentro de la demanda, un factor ha sido el incremento del poder adquisitivo de las clases medias en países como China e India y la utilización de granos para la producción de biocombustibles.
Es importante considerar el incremento que han tenido los precios internacionales de los cereales, generado por la creciente demanda. Un ejemplo: el precio del arroz blanco de Tailandia pasó de 325 dólares por tonelada en marzo de 2007 a 853 en el mismo mes de 2008. Por su parte, el maíz amarillo estadounidense pasó de 150 dólares por tonelada en abril de 2007 a 247 dólares en el mismo mes del presente año.
De ahí la importancia de las políticas públicas que la mayoría de los gobiernos ha desarrollado para minimizar los efectos de las crisis alimentarias en sus economías nacionales.
En el caso de México, incrementar la producción de alimentos a través de la aplicación efectiva de políticas públicas enfocadas al desarrollo rural sustentable, viendo al campo como una respuesta viable. En materia de política alimentaria es importante incrementar la producción agropecuaria, la pesquera y el contenido nutrimental de los alimentos elaborados y al mismo tiempo la aplicación de medidas que aumenten la seguridad, creando reservas estratégicas de alimentos.
Se anunciaron, por parte del gobierno del presidente Felipe Calderón, medidas para facilitar el acceso a los alimentos a través de precios competitivos, impulsar la producción agropecuaria y proteger a la población económicamente vulnerable.
En ellas destacan, la eliminación de aranceles para productos básicos, el aumento en las cuotas de importación libres de arancel, acuerdo con productores y cadenas comerciales para restringir alzas en los precios.
La eliminación de aranceles sobre la importación de insumos para la fabricación de fertilizantes, esquemas de créditos para pequeños productores, técnicas al campo y financiamiento para la compra de maquinaria.
Referente a las medidas del gobierno federal para proteger a la población se encuentran las siguientes: la comercialización de productos básicos a bajo costo en comunidades marginadas. La creación de una reserva de granos y apoyo económico a familias que viven en condiciones de pobreza.
En atención a lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Artículo único. Se adiciona el artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:
Artículo 24 Bis. Se pondrán integrar, dentro de los consejos nacional, estatales, distritales y municipales, cuando así se considere necesario, comités consultivos alimentarios con miembros del consejo para opinar en éste en materia de producción agropecuaria, utilizando los criterios de factibilidad técnica y económica, considerando las características agroecológicas, económicas, sociales y culturales del ámbito territorial en cuestión.
Podrán participar en los comités consultivos alimentarios, además de los miembros del consejo, profesionistas inscritos en el padrón de prestadores de servicios del sector rural pertenecientes al sistema nacional de capacitación y asistencia técnica rural e integral, al que hace referencia esta ley en el capítulo III, del título tercero, en su carácter de expertos en los temas abordados por los comités, con la finalidad de reforzar la opinión técnica de dichos comités que éstos puedan emitir en el seno del consejo.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 de noviembre del 2008. Diputada presidenta, solicito se integre el texto íntegro al Diario de los Debates. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Tal como lo ha solicitado, se instruye a la Secretaría para que se inserte íntegro en el Diario de Debates, turnándose a la Comisión de Desarrollo Rural.
Tiene la palabra el diputado Francisco Fraile García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Francisco Antonio Fraile García: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, es curioso. Somos capaces de defender hasta con el ejército los huevos de tortuga, porque nadie duda que en el huevo de tortuga se está gestando una futura tortuga; pero sí ponemos en duda cuando el espermatozoide de hombre fecunda a un óvulo de mujer, que pertenece al género humano.
Ahí nos entra una gran duda sobre la existencia de un ser humano y la llamamos "producto", que le faltan semanas para ser un ser humano. No parece que estamos siendo congruentes en el razonamiento. A final de cuentas es un falso razonamiento el hecho de que podamos defender y no tengamos duda en esos huevos de tortuga, pero sí en el óvulo humano ya fecundado.
Para los firmantes de esta iniciativa ?incluyéndome?, que es el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el embrión es individuo de la especie humana desde su concepción, y si cumple con esta condición merece el respeto de ser de la especie humana, y tiene todos los derechos, a salvo, y la ley debe de procurarle toda su plenitud.
La ciencia nos ha abierto los ojos. Nos ha permitido afirmar que desde el momento de la unión de las células o gametos, masculino y femenino, el embrión posee características estructurales y funcionales distintas a la madre, ya sea en su etapa unicelular o en sus diversas fases de división, y esto es simplemente que ahí hay un ser humano diferente, que merece el respeto a su dignidad plena que tendrá al nacer y que tendrá hasta la muerte natural.
Por la ciencia sabemos que nosotros somos seres humanos con plenos derechos, porque hubo alguien que nos respetó en nuestra dignidad y en nuestro ser a los 18 días, porque en esos 18 días ya había un corazón que latía; porque a los 20 de gestado había un sistema nervioso en crecimiento y en 42 días teníamos un esqueleto completo y con reflejos, y lo más extraordinario; a las ocho semanas se le podía practicar un electrocardiograma.
La ciencia nos enseña que el embrión que está en el seno materno, ése ser independiente, es un ser humano pleno en proceso de evolución. La especie humana es fruto de la fecundación. No habría especie humana sin la fecundación, y por consiguiente, esa transmisión de la vida es un ser humano.
No hay en la ciencia saltos ni apariciones misteriosas en la condición humana, sino que hay un proceso continuo de desarrollo que empieza en la gestación y que acaba en la muerte natural.
Por tanto, lo que hay en el seno materno no es parte del cuerpo de la madre; es un ser humano que está alojado en su vientre y que tiene derecho a la vida. Matarlo es cometer un asesinato directo. Por tal razón, el aborto provocado y su eventual liberalización legal se contrapone a los derechos humanos del concebido.
Sabemos que ninguno de nosotros habría podido ser lo que es hoy, sin haber pasado por el proceso embrionario. Así tenemos que la ciencia claramente establece que en el seno materno, y desde el mismo momento de la concepción, hay un ser humano vivo, independiente, distinto a la madre y al padre.
Por tal motivo, nos atrevemos a presentar a todos ustedes esta iniciativa del artículo 22 constitucional en este sentido:
Toda persona tiene derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. La vida del ser humano estará protegida por el Estado, federación, estados, Distrito Federal y municipios y por la ley. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La diputada Irene Aragón Castillo (desde la curul): Señora presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputada Irene Aragón, ¿con qué objeto?
La diputada Irene Aragón Castillo (desde la curul): Con el objeto de solicitar que se turne para su opinión a la Comisión de Equidad y Género.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputado Mayans Canabal.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (desde la curul): Presidenta, para solicitarle se pueda turnar esta iniciativa a la Comisión de Salud también, para su análisis y opinión ?el dictamen?.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Señores diputados, dado que el tema es la reforma constitucional, se envía a la Comisión de Puntos Constitucionales y se concede que se pida la opinión de la Comisión de Salud y de la Comisión de Equidad y Género, tal como ha sido la petición. Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Agustín Mollinedo Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.
El diputado Agustín Mollinedo Hernández: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta soberanía para presentar la siguiente iniciativa, en virtud de que el fenómeno de la explotación sexual infantil, en distintas modalidades, es un problema que nos debe la mayor atención en este país, siendo que en la actualidad una de las preocupaciones de la comunidad internacional es atenderlo como uno de los problemas sociales que aquejan a las sociedades modernas.
La explotación sexual infantil en sus distintas modalidades como son tráfico, pornografía, turismo y prostitución, lesiona gravemente a la sociedad, a la familia y principalmente a las niñas y a los niños, al causarles a estos últimos graves e irreparables daños sicológicos, morales y físicos.
Este fenómeno social requiere de la mayor atención por parte del Estado ante la complejidad que plantea, caracterizada por la capacidad económica, tecnológica, de organización y de corrupción de las redes que lo manejan, lo cual les permite actuar, en muchos de los casos, en la más compleja impunidad.
Es obligación del Estado asegurar de manera efectiva la defensa y protección integral de los menores y contribuir a su normal desarrollo, derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México forma parte.
Por lo cual es importante actualizar nuestro marco normativo para hacer frente a este creciente problema que es la explotación sexual infantil.
Es necesario dotar al Estado de los elementos jurídicos que le permitan dar certidumbre y seguridad a este grupo vulnerable de la sociedad. Es necesario castigar con todo el rigor de la ley a las personas que se dedican a la explotación sexual infantil por el daño que causan a los menores, en virtud del estado de indefensión en que se encuentran ante sus explotadores, los cuales en muchos de los casos son sometidos por medio de la fuerza física o sicológica a realizar actividades denigrantes como seres humanos.
Aunado al daño ocasionado a la familia, célula básica de toda sociedad, y a la sociedad misma por el agravio que se causa a las niñas y a los niños, los que en su edad adulta en mucha ocasiones actuarán conforme a los abusos recibidos en su niñez. Esto creará una sociedad enferma. Por lo que elaborando políticas públicas adecuadas, estaremos en condiciones de prevenir y enfrentar de mejor manera la comisión de este tipo de consultas ilícitas.
Es por esto que el suscrito, en un afán de contribuir a nuestra sociedad democrática, presenta la siguiente
Iniciativa
Actualmente existe la tipificación de esas conductas sancionándolas con diversas punibilidades. Sin embargo, muchas de estas sanciones no han sido actualizadas a una realidad y por consecuencia han dejado de ser ejemplares, lo que rompe con la naturaleza de la asequibilidad de la conducta con la pena impuesta, postulados consagrados en la teoría de la pena en materia penal.
Si bien es cierto que el aumento de las penas no disminuye por si solo la comisión de los delitos, también es cierto que la sanción debe ser proporcional al daño que causan a los menores, víctimas de este ilícito. Por lo cual se hace necesario imponer una pena ejemplar y proporcional al daño causado.
De lo expuesto es que nace la inquietud del proponente, para proveer de medidas eficaces para la prevención y en su caso sanción de este tipo de conductas, las cuales, adecuando nuestro marco normativo, estaremos en condiciones de combatir eficazmente y con ello evitar que en un futuro se convierta en un problema social de la magnitud del narcotráfico o del secuestro.
Por eso, le solicito señora presidenta, que en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado, y tal cual ha sido la solicitud, se inserta íntegro en el Diario de los Debates, turnándose a la Comisión de Justicia.
Esta presidencia quiere saludar a estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México, que a invitación del diputado Isael Villa Villa, el día de hoy nos distinguen con su presencia. Sean ustedes bienvenidos.
El diputado Santiago López Becerra (desde la curul): Pido la palabra.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sí diputado ¿con qué objeto?
El diputado Santiago López Becerra (desde la curul): Gracias, señora presidenta. Sabemos que ésta es una de las situaciones y los elementos que están lesionando gravemente algo muy valioso en nuestro país, que son nuestros niños y nuestros jóvenes.
Por tal motivo quisiera solicitar al señor diputado Agustín Mollinedo, si me permite adherirme a su propuesta. Gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El diputado Mollinedo no tiene inconveniente en aceptar también que se suscriba usted a su iniciativa. Muchas gracias, diputado Santiago López Becerra.
El diputado Marco Antonio Peyrot Solís (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputado Peyrot.
El diputado Marco Antonio Peyrot Solís (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. En el mismo sentido, si le puede preguntar al diputado Mollinedo, si me permite sumarme como proponente a su iniciativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El diputado Mollinedo me indica que acepta también que usted se inscriba en su iniciativa. Muchas gracias, diputado.
De cualquier manera la iniciativa estará a su disposición en la Secretaría, para aquellos diputados que quieran también suscribirse a la misma.
Tiene la palabra el diputado Joel Arellano Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Joel Arellano Arellano: Gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el de la voz, Joel Arellano Arellano, así como los diputados Miguel Ángel Monraz Ibarra y Mario Eduardo Moreno Álvarez, diputados federales de la LX Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
La claridad y la precisión con que se encuentra definido un concepto dentro de la legislación nacional redunda necesariamente en la correcta y justa aplicación de algún ordenamiento, cuanto más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Si bien es el texto rector de andamiaje jurídico mexicano, a lo largo de nuestra historia contemporánea ha requerido cambios que obedecen a adecuaciones propias de los momentos históricos que así lo han demandado, siendo el presente uno de esos momentos.
En este sentido, nuestra Constitución Política requiere de una adecuación dentro del apartado doctrinario de la misma, ya que en su artículo 8o., que habla del derecho de audiencia, señala como sujetos de la norma a funcionarios y empleados públicos.
Lo anterior contraviene lo estipulado por el mismo documento en su artículo 108, artículo donde se define a los servidores públicos. Esto es, existe una diferencia importante entre ambos conceptos, por un lado el del empleado público, y por otro, el del servidor público.
El primero de ellos obedecía a una corriente de la teoría de las organizaciones que ha caído en desuso, siendo rebasada por teorías como la gerencia pública, que define a quienes están al servicio del Estado y, por supuesto, a los ciudadanos, como servidores públicos.
Algunos tratadistas, en particular el profesor Rafael Bielsa, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, señala que la teoría contemporánea distingue al servidor, del empleado público, puesto que el primero es una persona física elegida, nombrada o contratada para ocupar un cargo público, cuya labor implica el ejercicio del poder público en nombre del Estado, así como en sus órganos gubernamentales o en la administración pública de funciones, actividades o poderes de iniciativa y de decisiones y de mando.
Puesto que los legisladores, en nuestra calidad de representantes de la población, debemos atender responsabilidades diversas, propias del Estado, como la de observar puntualmente la obligación del derecho de petición, debemos ser considerados servidores públicos.
Es preciso mencionar, compañeros, que sin importar la forma en que se encuentre definido el servicio público, a éste, en sus diversos campos de trabajo dentro de la administración pública, deben asistirlo los compromisos superiores a los personales, tales como la lealtad, la entrega, la disciplina, la honorabilidad y honradez, debiendo ser todos ellos enfocados a la comunidad y a la institución en la cual labora, es decir, al Estado, máxime siendo un Estado como el nuestro, un Estado de derecho.
Vale la pena resaltar que en el artículo 108 del Título Cuarto de nuestra Constitución Política, en el cual se obliga a los representantes de elección popular, entre otros servidores públicos, a respetar el derecho de petición; se puntualiza a los individuos que deben ser considerados como servidores públicos, sobre todo para atender las obligaciones impuestas en el resto de los artículos del mismo Título.
En los artículos como el 34, fracción V; 109 en su fracción I, II, III; en el 110, 111, 112, 113, 114 y 134 de nuestra misma Constitución Política se hace referencia al término de servidor público, lo cual exige atender y homogeneizar dicho ordenamiento jurídico.
En otros instrumentos jurídicos, como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como en los códigos civiles y penales se hace referencia a los servidores públicos, sin mencionar el antiguo concepto de empleado público.
Es por ello y dada la encomienda que tenemos los legisladores, de fungir ante la federación como representantes populares, debemos asumirnos como servidores públicos, al igual que todo aquel que, como ya fue expuesto, desempeña una labor y toma decisiones fundadas en la razón de Estado; es decir, aquellas dirigidas al bienestar de nuestro país.
La aclaración sugerida, compañeros, en el presente documento, contribuirá al esclarecimiento y fortalecimiento de los instrumentos jurídicos que permitirán que sigamos construyendo un país mejor.
En virtud de lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta honorable soberanía el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 8o. Los funcionarios y servidores públicos respetarán el ejercicio de derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República Mexicana.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de noviembre del año 2008. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo quinto de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Adelante, diputada.
La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez: Con su permiso, señora presidenta. El artículo 3o constitucional fundamenta un enfoque de integralidad en los programas educativos como una responsabilidad exclusiva del Estado mexicano.
Concretar esta visión ha implicado el requerimiento de estructurar programas educativos, que a la vez que reivindiquen los contenidos filosóficos y de carácter nacional en la materia contengan herramientas concretas de adecuación y operación institucional que permitan la formación adecuada de los educandos en todos los niveles.
En este sentido, nociones generales sobre ciudadanía, preservación del medio ambiente y equidad y género son algunos de los principales aspectos que la preceptiva pública y privada han tenido a bien incorporar en sus niveles diferentes del proceso educativo.
Sin embargo, la educación dirigida a los espacios castrenses parece desvinculada, apegada principalmente a conocimientos técnicos y de estrategias de defensa de la soberanía, con profundas raíces conceptuales centradas en nociones de nacionalismo y valores, ante todo disciplinarios, por lo que consideramos que la educación militar debe ampliar sus bases formativas, de manera que la autopercepción, sólo como protectores de los bienes nacionales, se enriquezca con los fundamentos del respeto irrestricto de los derechos humanos de mujeres y hombres en su totalidad.
La necesaria introspección de la perspectiva de derechos humanos en sus programas educacionales constituiría un patrón de conocimientos para ampliar el alcance de sus funciones y de su misión en lo personal y en lo colectivo, por lo que es una necesidad indudable que los miembros de los cuerpos castrenses cuenten con bases sólidas de respeto a los derechos humanos, de manera que se constate la voluntad de consolidar nuestra democracia dentro y fuera de nuestro país.
El reconocimiento de la igualdad de derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos signa en su artículo 1o. es la fundamentación directa que orienta a todas las demás disposiciones jurídicas de nuestro país, pertenezcan al fuero castrense o civil.
Por este motivo es relevante y básico dotar de la perspectiva integral a la educación militar, para así ir construyendo un futuro de corresponsabilidad y coadyuvancia en la prevalencia del respeto y reconocimiento de los derechos humanos, sin distinción alguna y sin aplicación selectiva por motivos de género, de edad, de origen étnico, de orientación sexual, ni de ninguna otra naturaleza.
Ahora bien, de manera articulada, con la perspectiva de derechos humanos en los programas de estudio de la milicia mexicana, es importante sentar bases para una percepción más orientada a la paz que al conflicto, con ajuste pleno a la reconocida vocación pacifista de nuestras instituciones militares.
Con el fin de que México afirme y promueva reformas de tercera generación a favor de los nuevos derechos sociales, y por una cultura fielmente garante de los derechos humanos, la presente iniciativa propone modificar el artículo 5 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, a fin de que los programas de educación militar incluyan principios rectores para la enseñanza y la formación de los miembros de nuestras instituciones militares, sustentados en el respeto y práctica de las libertades, los derechos humanos en sus diferentes expresiones y la paz.
Es por ello que, con el propósito de fortalecer dicha formación integral, presento el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea y proponemos fomentar, en su fracción VII, el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento en perspectiva de género, igualdad de oportunidades, diversidad étnica y cultural, así como en el respeto a los derechos humanos.
Fracción VII. Impulsar la perspectiva de paz y prevención de conflictos. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta, diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional.
Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, para presentar iniciativa que reforma el artículo 24 y adiciona los artículos 26 Bis y 26 Ter a la Ley del Banco de México, suscrita por ella misma y el diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputada presidenta. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Banco de México y del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos.
Nuestro país enfrenta un nuevo contexto económico y social derivado de los efectos de la crisis financiera de Estados Unidos de América. En este panorama hemos sido testigos de la depreciación del peso y de la intervención del gobierno mediante subastas que ha realizado el Banco de México, por instrucciones de la Comisión de Cambios, que preside el secretario de Hacienda y que ejecuta el Banco de México.
En nuestro sistema de cambio fijo el banco central ha intentado mantener la paridad de nuestra moneda vendiendo su reserva de moneda extrajera a cambio de moneda nacional, y por tanto, equilibrando la oferta de moneda por su demanda o aumentando los tipos de interés intentando mantener la moneda nacional.
La Ley del Banco de México otorga a dicho órgano constitucional atribuciones para regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos, y realizar, entre otras, operaciones con divisas.
En este contexto, el Banco de México cuenta con una reserva de activos internacionales que tendrá por objeto coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país.
Con relación a esto último, la Ley del Banco de México determina que las operaciones que realice con las instituciones de créditos se efectuarán mediante subasta o de conformidad con disposiciones de carácter general que expida el propio banco.
Bajo este esquema normativo y ante la presencia de la crisis económica norteamericana y sus repercusiones en México, el banco central procedió, el pasado 8 de octubre, con la anuencia de la Comisión de Cambios, a intervenir en el mercado de divisas con la expectativa de frenar la especulación que llevó al dólar a superar los 14 pesos, disponiendo la subasta ese día de 2 mil 500 millones de dólares, así como de 400 millones de dólares diarios a partir de esa fecha, hasta en tanto se estabilizara el mercado de dinero en el país, lo cual a más de 47 días, no ha logrado resultados significativos.
Se debe señalar que el cuerpo del documento de subasta, emitido por el Banco de México, en el apartado relativo a la Presentación de posturas indica que el Banco de México se reserva el derecho de rechazar cualquier postura o declarar total o parcialmente desierta la subasta, si a juicio de dichas posturas, por sus características, pudieran producir efectos inconvenientes en el mercado cambiario, en el sano desarrollo del mercado financiero, en general, o si considera que son consistentes con las condiciones que prevalecen en el mercado cambiario, por lo que se debe revisar, también, el propio proceso de asignación de dólares.
No obstante lo anterior, la intervención del banco central no logró serenar los movimientos especulativos con el dólar, pues el 10 de octubre se cotiza la moneda americana por encima de los 14 pesos, nuevamente, pues, se detectó que los dólares que habían sido subastados se habían evaporado.
Lo anterior, motivado por la acción de varias empresas que especularon con las divisas que adquirieron, generando volatilidad en el mercado de divisas.
Diversos medios periodísticos han señalado a los consorcios de Comercial Mexicana, Alfa, Grupo Industrial Saltillo y Cemex, entre otros, que intervinieron de manera masiva en la compra de dólares y provocaron la caída del peso respecto a la divisa norteamericana.
Como consecuencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunciaron una investigación para sancionar a las empresas que causaron la depreciación del peso, dado que las empresas que especularon con las divisas habían omitido dar a conocer información relevante sobre el riesgo financiero de la empresa, por lo cual los directivos y consejeros pueden enfrentar sanciones, incluso penales, de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores.
De seguir así las cosas no existirán reservas que alcancen y la economía de nuestro país se verá en un problema más grave ante la mirada limitada de las autoridades federales. Es necesario, ante la especulación de divisas, que se dé lugar a una investigación mayor y que se revise no sólo el impacto de requerimiento de dólares para cubrir sus compromisos en el extranjero, sino que dichas operaciones estén en la contabilidad de las empresas.
Como sabemos, el sistema financiero implica actividades sumamente complicadas para el manejo de recursos. Este sistema, vigilado adecuadamente, debe ser importante motor para el desarrollo económico del país.
Sin embargo queda claro que también es el medio idóneo para la especulación y obtener ganancias ilícitas a partir de la manipulación del mercado, para lo cual existen instrumentos de control que el gobierno no ha utilizado.
En este sentido proponemos esta iniciativa que modifica el artículo 24 y adiciona los artículos 26 Bis y 26 Ter de la Ley del Banco de México con el objeto de:
1. Sancionar a las personas físicas o jurídicas con la reparación del daño por actividades especulativas que incidan en la toma de decisiones de la política cambiaria.
2. Tratándose de manipulación del mercado con divisas, que se castigará con la devolución de los beneficios obtenidos ilícitamente, así como multa equivalente al 10 por ciento sobre las ventas totales de la empresa responsable, correspondientes al ejercicio fiscal del año en que se registre la anomalía.
3. La especulación que afecte decisiones de la política cambiaria será considerada delito grave que no alcance libertad provisional.
Debido a que la presente propuesta sufrió algunos cambios a lo publicado en la Gaceta Parlamentaria, se incluyó lo del Código Penal Federal. Me permito solicitar a la Presidencia la inserción íntegra de la iniciativa en el Diario de los Debates, así como su nueva publicación en Gaceta.
Hago entrega en este acto, de la iniciativa suscrita por los diputados Alejandro Sánchez Camacho y una servidora.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Torres Torres, para presentar iniciativa que expide la Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios.
El diputado Carlos Alberto Torres Torres: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, cuando iniciamos el proyecto de crear esta ley comentábamos que en nuestro país requeríamos que la política estuviera al servicio de las tecnologías de la información, en lugar de que las tecnologías de la información se politicen.
Quiero expresar mi reconocimiento a los compañeros de la Comisión de Acceso Digital, porque en cada foro y en cada reunión, previos a la presentación de esta iniciativa, ha destacado un ambiente de madurez.
En esta dinámica vale resaltar esfuerzos muy importantes en la materia, realizados por grupos de académicos, destacando la colaboración de Andrés Hoffman, trabajos de la iniciativa privada a través del documento Visión veinte veinte, las referencias de otros países y los trabajos serios que realizan en la materia la Secretaría de la Función Pública, de Economía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Coordinación E-México.
Lo que decidimos hacer en la comisión fue articular estos esfuerzos, resumiendo este trabajo puedo definir como tema central la necesidad de fijar un rumbo claro en materia de tecnologías de la información; esto es, concebir a las tecnologías de la información como políticas de Estado.
En este reto de fijar un rumbo, tres características componen nuestro diagnóstico:
Primero, la necesidad de acelerar el paso. La brecha que existe de otros países con México es muy grande y más nos debe ocupar la brecha que existe entre todos los mexicanos, que en mi opinión es la desigualdad que encontramos hacia la gente que tiene conocimientos y los que no lo tienen; la brecha digital.
Segundo, el reto de coordinarnos. Existen muy buenos esfuerzos en las secretarías de Estado, en los gobiernos estatales. Sin embargo, requerimos coordinarnos mejor. Una mejor coordinación con los académicos y con la iniciativa privada.
Tercer punto, proyectar al país hacia el futuro. Ver más allá de los ciclos de una legislatura, revisar lo que están haciendo otros países, y esto significa establecer vínculos que vayan más allá de los cargos y de las personas.
Dentro de los principales puntos que integramos en un ejercicio de comunicación con la sociedad y con distintos entes de gobierno destacan: Número uno. Esta ley obliga a construir una agenda digital a 20 años. Establece tiempos, fechas, una agenda en la que están todos los actores con una visión de 20 años.
Segundo punto. Establecer sexenalmente, dentro del Plan de Desarrollo, la visión del gobierno en relación a la sociedad de la información.
Tercero. Esta ley obliga a presentar anualmente un programa que englobe todas las acciones de la administración en la materia.
Existen dos pasos para concretar este esfuerzo: la creación de una comisión intersecretarial de Desarrollo de la Información, encargada de coordinar el despliegue, la estrategia digital integral para el acceso masivo de las tecnologías de los ciudadanos.
Aquí quiero resaltar que hay una muy buena referencia en los trabajos que realiza la Función Pública en gobierno electrónico, pero tenemos que dar un siguiente paso, y aquí otro tema muy importante es la evaluación.
Estamos proponiendo la creación de un consejo consultivo con gran fortaleza ciudadano, con el objetivo de revisar periódicamente los objetivos y acciones en la materia, y recomendar las modificaciones, adiciones o reorientaciones pertinentes.
Son éstos los principales puntos: una agenda a 20 años, un programa sexenal en el Plan de Desarrollo, un programa anual, un comité intersecretarial y un consejo en el que la mayoría la tienen los especialistas en tecnologías por parte de la información.
Compañeras y compañeros legisladores, no está de más recordar la larga batalla emprendida por gobierno y sociedad para reducir las tasas de analfabetismo en el México del siglo XX.
Luego de casi un siglo de esfuerzos e inversión pudimos pasar del 72 por ciento de analfabetismo en 1910, a una tasa de 9 por ciento en 2002. Hoy tenemos un nuevo reto cuando se habla ya en nuestro país de un analfabetismo digital.
Con la misma tenacidad y amor a nuestra patria que tuvieron los mexicanos de ayer, estamos obligados a colocar al Estado mexicano en el centro de una estrategia nacional que nos permita potenciar los distintos esfuerzos que se realizan en materia digital y darle a nuestro México un sentido de futuro.
Finalmente, pido a esta Presidencia se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa y su exposición de motivos en el Diario de los Debates. Agradezco mucho su atención.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Como ha sido la petición, se inserta íntegro en el Diario de los Debates.
Queremos saludar la presencia de líderes políticos del distrito XIX del estado de Jalisco, invitados por el diputado Salvador Barajas del Toro. Sean ustedes bienvenidos.
Asimismo, se encuentra en este salón de sesiones el excelentísimo señor embajador Dermot Brangan, embajador de la República de Irlanda en México, quien el día de hoy nos honró en la inauguración de las jornadas de Irlanda en México, invitado por el presidente del Grupo de Amistad México-Irlanda, diputado Joaquín de los Santos Molina.
Sea usted bienvenido, señor embajador, y que este intercambio cultural entre nuestros países siga estrechando los lazos de amistad existentes. Buenas tardes.
Concluyo con el turno de la iniciativa que ha sido expuesta. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, con opinión de la Comisión de la Función Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud.
La diputada Holly Matus Toledo: Dada la estrechez del tiempo, atentamente le pido, diputada presidenta, se sirva integrar el texto completo en el Diario de los Debates.
Compañeros y compañeras diputadas, en México, según informes de la Secretaría de Salud, desde el inicio de la pandemia del VIH Sida, hace 25 años, se han registrado 110 mil casos, de los cuales 60 mil afectados y afectadas ya fallecieron. Por sexo, tan sólo del total de muertes el 82.7 por ciento son de hombres y el 17.3 por ciento son de mujeres.
En nuestro país, la vía sexual sigue siendo la principal fuente de transmisión. Se ha observado, además, que los casos de transmisión heterosexual han ido en aumento alcanzando el 57.9 por ciento del total de casos diagnosticados.
Aunque la epidemia del VIH aún se considera concentrada ?esto es, que hay prevalencia en grupos de riesgo, hombres que tienen sexo con los hombres, usuarios de drogas intravenosas y trabajadoras o trabajadores sexuales?, el hecho es que se está incrementando el número de mujeres contagiadas debido a un sinnúmero de factores biológicos, sociales, culturales y económicos, incluyendo la arraigada desigualdad social y económica que enfrentan las mujeres dentro de las relaciones sexuales y el matrimonio.
Entre los factores que incrementan la vulnerabilidad de la mujer para contraer la infección se encuentran los biológicos, ya que se ha comprobado que en relaciones heterosexuales la mujer es de dos a cuatro veces más vulnerable a la infección por VIH/sida que el hombre, debido a la zona de exposición ante el virus, la cual es mayor en superficie.
Por otro lado, se ha registrado un incremento paulatino del número de muertes maternas por sida, incrementándose 2.6 veces de 2002 a 2006, lo cual podría ser un reflejo indirecto del incremento de la infección en las mujeres, y una creciente feminización del VIH.
La vulnerabilidad social y el menor acceso de las mujeres a los recursos económicos y materiales, las vuelve dependientes de los hombres y con escasas posibilidades de acceder a información, prevención y atención en el tema del VIH/sida.
La vulnerabilidad de las mujeres se refuerza cuando además se suman otras disparidades como son la pobreza o la discriminación por razones étnicas o de preferencias sexuales. Es decir, el VIH/sida afecta a las mujeres en tanto mujeres, pero no las afecta a todas por igual.
Una de las consecuencias de que día a día haya más mujeres infectadas por el VIH y de que la edad en la que se concentra el mayor número de casos sea a la edad reproductiva, es la posibilidad de que aumente el número de embarazadas infectadas.
México fue uno de los países que más tempranamente respondió al llamado internacional que hizo la Organización Mundial de la Salud para establecer un programa nacional para la prevención y control de este grave problema de salud.
Sin embargo, uno de los cuestionamientos que se hace al interior, actualmente, es que a pesar de contar con un Programa Nacional para la Prevención de la Transmisión Vertical de la Infección, no se ha logrado el impacto deseado en su disminución, no obstante que ésta pueda alcanzarse en un 98 por ciento de intervenciones altamente costo-efectivas como la detección del VIH en toda mujer embarazada, el acceso a esquemas retrovirales para mujeres embarazadas VIH positivas, la implementación de programas de atención integral que incluyan la realización de cesáreas selectivas, evitar la lactancia materna y procurar una alimentación segura y de calidad con sucedáneos lácteos y el fortalecimiento de la planificación familiar y anticoncepción de las mujeres afectadas.
Las mujeres embarazadas infectadas con VIH/sida tienen muchas necesidades específicas. Requieren de servicios integrales de salud a donde puedan acudir para recibir atención, para poder tener también acciones de prevención, tratamiento, diagnóstico y cuidado de las personas afectadas con este mal.
La feminización de la pandemia del VIH/sida, la ausencia de una vacuna y la lejanía de encontrar una cura hacen necesario tomar acciones al respecto, por lo que es necesario que la prevención y atención del VIH perinatal sea una prioridad en la atención de la salud materno-infantil.
Es por ello que propongo que se adicione un párrafo sexto al artículo 61 de la Ley General de Salud, a fin de que acciones de detección y atención del VIH sean una actividad prioritaria para la salud materno-infantil, y podamos, de una manera u otra, disminuirla en la transmisión vertical que se está presentando de las madres a sus hijos. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Holly Matus Toledo. Túrnese a la Comisión de Salud.
Queremos saludar la presencia de maestros y alumnos del Colegio de Bachilleres Venustiano Carranza, invitados por nuestro compañero el diputado Felipe Díaz Garibay, que el día de hoy nos honran con su presencia.
Asimismo del Instituto Educativo Bilingüe Albert Einstein, del Distrito Federal, invitados por el diputado Ramón Lemus Muñoz Ledo.
De estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, invitados por la diputada Lilia Merodio Reza.
Sean todos ustedes bienvenidos a este recinto.
Queremos rectificar el turno de la iniciativa del diputado Carlos Alberto Torres Torres, relativa a la Ley del Desarrollo para la Sociedad de la Información, ésta se turna a la Comisión de la Función Pública, con opinión de Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Cuenta Pública.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura.
Tiene la palabra el diputado Benjamín González Roaro, por las comisiones, para fundamentar el dictamen, en términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior.
El diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Con su permiso, señora presidenta. Vengo a nombre de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, a fundamentar el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En primer término quiero hacer un reconocimiento a los diputados: Alma Alcaraz Hernández, Moisés Alcalde Virgen, Antonio Ortega Martínez y Javier Guerrero García, porque son los promotores de esta iniciativa y que con su trabajo han dado cumplimiento al mandato que teníamos como Cámara de Diputados, para tener una Ley General de Contabilidad Gubernamental, en un plazo que concluía el próximo mayo del 2009.
Quiero destacar que fueron hechas de su conocimiento diversas modificaciones aprobadas por la Comisiones Unidas, que son parte del presente dictamen y que fueron propuestas por los diputados: Enrique Cárdenas del Avellano, Joaquín Conrado de los Santos, Manuel Cárdenas, Pablo Trejo y Xavier López Adame.
Asimismo el día de hoy se presentó una última modificación al artículo 4o del proyecto de esta ley, también aprobada por los integrantes de las comisiones unidas y que en su momento se entregó a la Mesa Directiva y que ha sido repartida en sus curules. Esta última modificación fundamentalmente consiste en mantener la definición de los intereses de la deuda en este artículo 4o.
Quiero destacar que para esta LX Legislatura, la creación de esta ley con sus reformas genera un cumplimiento integral a las reformas de la hacienda pública, que iniciamos el año pasado.
Es importante destacar que cada vez son mayores los recursos que se destinan a los estados y municipios, y que esta soberanía ha trabajado para que año con año se incremente el Presupuesto de Egresos, pero no solamente debemos de trabajar en el incremento de los recursos, sino en imponer mayores responsabilidades respecto a la recaudación, custodia, aplicación y control de los recursos públicos, que le son asignados, tanto a la federación como a los estados y municipios.
Desde el año de 2003 los estados tienen la obligación de presentar a esta soberanía un diagnóstico de sus finanzas estatales. En dichos informes nos hemos percatado de la complejidad que supone el análisis de esta información, en virtud de la diversidad de registros contables en las cuentas públicas de las entidades federativas.
Actualmente, existe una indeseable diversidad en sistemas de información administrativa y financiera entre las entidades federativas, sistemas contables que son, en algunos casos, deficientes o limitados, también cuentas públicas incompatibles.
No existen sistemas de contabilidad gubernamental que sea uniformes, lo que trae como consecuencia que los entes de gobierno integren la información contable y financiera, que se generan con bases diversas a disposiciones también diversas, y que esta información no sea susceptible de ser comparada, toda vez que se emplean términos, metodologías, criterios y formatos diferentes para la presentación de la información generada.
Al día de hoy no es posible obtener información precisa y homogénea de las finanzas públicas a nivel nacional. Es por eso que yo sí quiero dejar constancia que esta LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión se ha preocupado por avanzar en los temas de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
Y ahí están, para dejar constancia de estos trabajos, todo lo que hemos avanzando en materia de transparencia, acceso a la información pública, en los sistemas de evaluación, en los sistemas de presupuestos por resultados, en las facultades que le hemos otorgado a la Auditoría Superior de la Federación y a las entidades estatales de fiscalización.
De manera muy concreta, en mayo de este año se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde, en la fracción XXVIII, se otorga facultad expresa a esta Cámara de Diputados para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que deben de regir a todos los entes públicos.
De manera también muy precisa, se señala en el artículo segundo transitorio de ese decreto, que el Congreso de la Unión tenía que aprobar las leyes que fueran necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicho decreto, a más tardar en el plazo de un año a partir de la fecha de expedición del mismo.
Por lo anterior, con el dictamen que hoy se pone a su consideración, esta soberanía cumple con los tiempos que ella misma se ha impuesto, valiendo la pena destacar que este cumplimiento no fue al plazo final, sino con anticipación.
Ahora bien, por lo que respecta al texto de la iniciativa, las comisiones dictaminadoras realizaron algunas modificaciones que les fueron planteadas por diversos diputados. Un aspecto muy importante es que esta ley es obligatoria para todos los entes públicos del gobierno federal, gobiernos estatales, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos autónomos.
Cabe resaltar la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable, que será el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental. Se crea la figura del Comité Consultivo como un órgano auxiliar.
En su título tercero se establece todo un sistema de contabilidad gubernamental al que deben de sujetarse los entes públicos, así como las directrices que deben de cumplirse en el manejo de información.
En un título cuarto se refiere a la información financiera gubernamental y la cuenta pública.
En el título quinto se señala un régimen de responsabilidades a los servidores públicos, así como las sanciones a las que deberán ser sujetos en el ámbito de cada una de las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya sea federal o en el ámbito de los estados.
Como modificaciones que se plantearon en las Comisiones Unidas está el fortalecimiento del Consejo Nacional con la inclusión de la Secretaría de la Función Pública, y de un representante de un municipio del país.
Asimismo, al secretario técnico se le obliga a dar respuesta a las consultas que son presentadas al Comité Consultivo.
También, en el Comité Consultivo se añade la participación de una entidad estatal y de órganos de la sociedad especializados en la contabilidad.
También algunas modificaciones para hacer armónicas las disposiciones de la ley respecto a las entidades federativas y al Distrito Federal, y los municipios y los órganos político-administrativos.
Quiero dejar constancia también del trabajo armónico que hubo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público; a su presidente, el diputado Jorge Estefan, nuestro agradecimiento por el trabajo que pudimos hacer en ambas comisiones.
Por último, les quisiera comentar, compañeras diputadas y compañeros diputados, que con la aprobación de esta ley sin duda se aumentará la eficacia y eficiencia de los procesos de fiscalización sobre los recursos públicos y se conocerá con exactitud el estado real del patrimonio y de las finanzas públicas de la nación.
Por todo lo anterior, solicito su voto a favor, con las modificaciones que han sido presentadas a la Mesa Directiva y que han sido del conocimiento de todos ustedes. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Antes de hacer la consulta correspondiente a esta asamblea, le solicito a la diputada secretaria que nos haga favor de dar lectura a las modificaciones del dictamen.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Modificaciones al dictamen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública.
Se modifica el tercer párrafo del artículo 1o., para quedar como sigue:
Artículo 1o.
?
Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta ley.
El Gobierno del Distrito Federal deberá coordinarse con los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales.
Las entidades federativas deberán respetar los derechos de los municipios con población indígena, entre los cuales se encuentran el derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a elegir conforme a sus normas, y en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno.
Se mantiene en el dictamen la fracción VI del artículo 4o., de la modificación presentada en la Gaceta de hoy, en la siguiente forma:
Artículo 4o.
VI. Para efectos de esta ley se entenderá por costo financiero de la deuda a "los intereses, comisiones u otros gastos derivados del uso de crédito".
Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Benjamín González Roaro, a nombre de la Comisión.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Faltan, señora presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Adelante.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Se adiciona la fracción V del artículo 8o., recorriéndose la numeración como corresponde, para sumar un total de ocho fracciones, y se modifica la fracción VI del dictamen, equivalente a la séptima, una vez ajustada la numeración para quedar como sigue:
Artículo 8o. El consejo se integra por?
V. Un representante de la Secretaría de la Función Pública.
?
VII. Dos representantes de los ayuntamientos, de los municipios, o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, elegidos por los otros miembros del consejo, quienes deberán ser servidores públicos con atribuciones en materia de contabilidad gubernamental del ayuntamiento u otro órgano político-administrativo que corresponda.
Se sustituye el tercer párrafo del artículo 10 del dictamen por uno nuevo y se adiciona un cuarto párrafo, de forma que los anteriores párrafos cuarto y quinto se recorran para ser el quinto y sexto de dicho artículo.
Debe decir: artículo 10. En primera convocatoria existe quórum para que sesione el consejo cuando se encuentren presentes cuando menos tres funcionarios de la federación de los citados en las fracciones II a V del artículo 8 de esta ley, tres de los cuatro gobernadores a que se refiere la fracción VI del mismo precepto legal y el presidente del consejo.
En segunda convocatoria existe quórum para que sesione el consejo cuando se encuentran presentes cuando menos siete de sus integrantes, sin importar su procedencia.
Se modifica la fracción VIII del artículo 11 para quedar como sigue:
Artículo 11. El titular de la unidad administrativa competente, en materia de contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda, fungirá como secretario técnico del consejo y tendrá las facultades siguientes:
Fracción VIII. Recibir, evaluar y dar respuesta a las propuestas técnicas que presenten el comité, las instituciones públicas y privadas y los miembros de la sociedad civil.
Se modifica la fracción IV del artículo 12 y se adicionan las fracciones VI y VII, de forma que la anterior fracción VI ocuparía el lugar VIII, la cual se modifica para quedar como sigue:
Artículo 12. El comité se integra por:
Fracción IV. Un representante de las entidades estatales de fiscalización.
VI. Un representante de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos.
VII. Un representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y
VIII Los representantes de otras organizaciones de profesionales expertos en materia contable que sean invitados por el consejo.
Se modifica el párrafo cuarto al artículo 15 para quedar como sigue: El secretario técnico publicará la información a que se refiere este artículo en una página de Internet desarrollada expresamente para estos efectos, la cual deberá ser accesible para la población en general.
Se modifica el primer párrafo del artículo 54, para quedar como sigue: La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.
Se modifica el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo quinto transitorio para quedar como sigue: Los ayuntamientos de los municipios emitirán información periódica y elaborarán sus cuentas públicas conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de esta ley a más tardar el 31 de diciembre de 2012. Los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal emitirán información periódica e integrarán la cuenta pública conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de esta ley, a más tardar el 31 de diciembre de 2012. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada secretaria. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Benjamín González Roaro, a nombre de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Benjamín González Roaro, a nombre de las comisiones unidas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias. En consecuencia, está a discusión en lo general, con las modificaciones propuestas por el diputado y aceptadas por esta asamblea.
Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, las siguientes diputadas y diputados: Por el Grupo Parlamentario de Nueva alianza, el diputado Manuel Cárdenas Fonseca. Por el Grupo Parlamentario de Convergencia, el diputado José Manuel del Río Virgen. Por el Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Javier Guerrero García. Por el Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Antonio Ortega Martínez. Por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández.
En consecuencia tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Uno de los compromisos que tiene la Cámara de Diputados es la aprobación y vigilancia del gasto público. Para hacerlo, se ha vuelto necesario impulsar cambios jurídico-administrativos e iniciativas que permitan un aseguramiento no nada más del gasto por sí mismo, sino de la evaluación del mismo y su pertinencia.
No nada más en el orden federal. Aquí se ha comentado que no hay una armonización en los tres órdenes de gobierno y esto, bueno, se ha venido desarrollando en el transcurso del tiempo, inclusive, a partir de que se gestó la nueva estructura programática y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Cabe destacar que hace año y medio aproximadamente que estuvimos en la OCDE, en París, Francia, algunos compañeros y un servidor establecimos el compromiso de poder abundar en esta materia y avanzar, de tal suerte que pudiéramos tener una armonización contable que permitiera el que se acabaran los dimes y diretes entre los distintos órdenes de gobierno respecto de los criterios, los conceptos y los asientos contables.
Fue así, pues, que con motivo de la reforma constitucional, se hizo el compromiso para que los tres órdenes de gobierno tuvieran un esquema de armonización y de registro contable que tiene como principio esta iniciativa, la cual apoya el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, que participó responsable y decididamente para que en adelante ya no se abuse de esta confusión que existe, queriendo hacer valer los criterios de cada uno de los órdenes de gobierno en ella involucrado.
Cabe destacar que mediante esta ley, adicionalmente a las reformas que hicimos para que la Auditoría Superior de la Federación pueda fiscalizar cualquier recurso público vaya a donde vaya, inclusive, organizaciones privadas, y los pueda fiscalizar, esta nueva ley permitirá el normar la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera de ingresos y de egresos.
Cabe destacar que en este tema se vuelve fundamental que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública presente al pleno de esta soberanía los dictámenes de las cuentas públicas de 2002 a 2005 del anterior gobierno del ex presidente Vicente Fox, porque estamos en falta, porque es responsable reconocerlo y porque este pleno está esperando los referidos dictámenes desde que se inició la presente Legislatura.
No se puede seguir avanzando acusando y diciendo que un gobernador o un alcalde o algún funcionario del orden federal, están en falta cuando nosotros mismos no estamos haciendo la tarea debidamente.
Hago votos para que la Comisión de Presupuesto presente ante este pleno los dictámenes correspondientes que ya han sido publicados en la Gaceta y que no entendemos el por qué no los hemos atendido.
Cabe señalar que con esta nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental se proponen en ella líneas generales para el registro contable de las operaciones financieras, de la cuenta pública de los tres órdenes de gobierno, asume como premisa básica el registro y la evaluación del patrimonio del Estado. Implica registrar y dar un tratamiento valorativo de los hechos económico-financieros, así como el reconocimiento de los activos, pasivos, patrimonio, ingreso de gasto público. La aplicación de postulados básicos de contabilidad gubernamental y de prácticas nacionales e internacionales, y generalmente por así aceptadas en lo que es la auditoría misma.
En materia de Cuenta Pública establece la información mínima que debe integrar el documento y que la información presupuestal y programática forme parte del mismo.
En suma, esta nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental trae una serie de beneficios; pero, sobre todo lo que la caracteriza es que con sus sistemas contables se podrán emitir estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones.
Para Nueva Alianza esta ley representa un avance estratégico para posibilitar la vigilancia, la transparencia, la evaluación y la pertinencia del gasto. Por esas consideraciones estamos a favor del dictamen que hoy se somete a esta soberanía. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Con su venia, diputada presidenta. Compañeros legisladores, transparencia, confianza, certeza y control son probablemente las palabras que más fuertes suenan tras la crisis financiera internacional que vivimos y las quiebras de empresas como ING, Enron, WorldCom y otras que presentaron fallas en su contabilidad.
Actualmente, todos los grupos parlamentarios estamos trabajando en iniciativas para fortalecer las medidas que dan certidumbre ante una crisis financiera y en recuperar la confianza para con la ciudadanía.
Permítanme dar a todos ustedes un reconocimiento por la voluntad que han demostrado todas las fuerzas políticas aquí representadas, para hacer realidad la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuyo tema central está dedicado a la convergencia, las normas de la federación, estados y municipios para regir la contabilidad pública y la presentación de la información financiera y patrimonial de los tres diferentes órdenes de gobierno.
Sin duda, dicha convergencia se ha venido haciendo más necesaria en virtud de la creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
Esta concordancia de normas de contabilidad puede ofrecer múltiples beneficios como son: el facilitar la comparación de la información financiera, disminuir los tiempos requeridos para reportar la información contable al no ser necesario reformular sus estados financieros o conciliarlos con principios de contabilidad distintos entre los distintos niveles de gobierno y así facilitar la supervisión consolidada y la valoración integral de los resultados económicos o financieros.
No obstante, para alcanzar estos beneficios potenciales es necesario que desde hoy las instituciones se involucren con el nuevo sistema de contabilidad gubernamental que redundará en eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.
Al respecto, me gustaría compartir con todos ustedes, cuál ha sido la experiencia mexicana en materia de técnicas contables para la revisión de la eficiencia y eficacia del gasto público.
Cada año, aprobamos, como Congreso de la Unión, el Presupuesto de Egresos de la Federación. Este año es de 3 billones 45 mil 470 millones de pesos, y no menos importante, llevamos a cabo la revisión de la Cuenta Pública. En esta revisión la ciudadanía se da cuenta de la eficiencia en la toma de las decisiones sobre las finanzas públicas y de la transparencia en la contabilidad gubernamental.
Por ello, es necesario reconocer que el sistema de contabilidad gubernamental es un proceso en el que debemos avanzar y en el que deben atenderse todos los pendientes en materia de transparencia, integridad, auditoría, pertinencia y veracidad de todas y cada una de las operaciones y prácticas contables de la administración pública y de una supervisión eficaz.
Ahora bien. Me congratulo por la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable, un órgano de coordinación para la armonización y emisión de normas y lineamientos aplicables a todos los entes públicos. Con la integración de este consejo ha quedado de manifiesto que será un grupo plural, autoridades locales, federales y estatales, las que participarán en el desarrollo de normas contables para la efectividad del sistema.
El Partido Verde velará porque este órgano sea independiente, imparcial y de investigación, para que nunca en la emisión de una norma exista conflicto de interés y en su elaboración siempre se privilegie el conocimiento especializado en la materia.
Además, porque sabemos que no basta con que surja un nuevo ordenamiento, sino que es necesario seguir trabajando en búsqueda de las normas justas, claras y objetivas, demandaremos la participación de representantes de la academia en el comité técnico que prevé esta nueva ley.
De esta manera esperamos que participen activamente en el comité el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración; la Asociación de Bancos de México; el Consejo Coordinador Empresarial e incluso nuestro Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, para contribuir en el futuro.
En beneficio de la sociedad, la información contable dejará de ser sólo un documento que refleja registros de movimientos contables y presupuestarios, para convertirse así en un instrumento de transparencia que genera confianza en la sociedad, gracias a que podrán distinguirse los resultados obtenidos con los recursos públicos a través de los indicadores de la evaluación del desempeño de todos y cada uno de los distintos programas.
Durante los últimos años hemos logrado avances importantes en todas estas áreas, pero aún hay espacio para mejorar. Por ello mi partido, el Partido Verde, apoyará siempre los esfuerzos que robustecen la confianza en nuestros gobiernos federales, estatales y municipales, y que responden a las mayores exigencias de transparencia y rendición de cuentas de la ciudadanía. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
Queremos saludar la presencia de estudiantes del estado de Veracruz que a invitación del diputado Antonio del Valle Toca, el día de hoy nos honran con su presencia. Sean todos ustedes bienvenidos.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, tendremos finalmente una nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, para que se den una idea ustedes de la técnica contable que tiene este país, cada municipio de los más de 2 mil 500 municipios que hay, lleva su propio registro contable y reporta muy poco o casi nada a la Federación.
Esta nueva ley es muy importante en términos de técnica contable, pero también es muy importante en términos de rendición de cuentas. Esta ley va a regir la contabilidad pública, va a obligar a una presentación homogénea.
Convergencia, que tiene la experiencia de haber gobernado muchos municipios y que está gobernando muchos municipios en este país, muchos, por cierto, apoyados por algunos de ustedes ?y les agradecemos su apoyo?, muchos municipios ?yo mismo fui presidente municipal? teníamos un sistema, un registro contable y por eso vamos a apoyar esta Ley de Contabilidad Gubernamental, para que en el Distrito Federal también se incorpore a ese sistema de Ley Gubernamental y no que cada delegación haga cualquier cosa.
Queremos que haya un solo registro homogéneo; que la contabilidad gubernamental sea lo mismo en Veracruz que en el Distrito Federal y no que se lleve como se quiera llevar. Tenemos que observar parámetros generales. Aquí se trata de que haya un registro contable técnico, eficaz, eficiente; que no cada quien agarre como si fuera su patrimonio y registre como quiera y se acabó. No.
El Comité Consultivo va a tener una gran ventaja. El Comité Consultivo va a tener la ventaja de que va a estar integrado por diferentes representantes de carácter político, social y económico. Pero algo que da confianza es que va a estar la Auditoría Superior de la Federación con un representante en ese Comité Consultivo.
¿A qué me refiero, compañeras y compañeros diputados, para que le vayamos entendiendo los que no le entienden? Nos estamos refiriendo a que la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene muy claro cuál va a ser la técnica legislativa, cómo se va a desarrollar, para qué se va a desarrollar y qué resultados va a dar.
Algo que a Convergencia no le gustó mucho ?y tenemos que decirlo con toda sinceridad? es el carácter del secretario técnico que tiene todo el mismo poder que siempre ha tenido, como va a seguir teniendo el mismo poder y los mismos recursos que ha tenido. Nos hubiera gustado más que el poder del secretario técnico estuviera acotado.
Sin embargo, son los primeros pasos. Esta Cámara está facultada para poder emitir este tipo de nuevas leyes. Y qué bueno que podemos hacerlo con esa nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental. Así que vamos a tener algo muy importante. Acaban de mandar precisamente los miembros de las Comisiones Unidas la fe de erratas, en el sentido de que quede registrada la deuda pública y su costo financiero.
Convergencia ?le duela a quien le duela? gobierna muchos municipios; no ha tenido un solo alcalde en la historia que haya sido sometido por la Auditoría Superior de la Federación, por un órgano de fiscalización por ladrón. Convergencia por eso va a votar esta nueva Ley de Contabilidad Gubernamental. Y les pido, compañeras y compañeros, que ustedes también lo hagan. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Javier Guerrero García: Buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Adelante.
El diputado Javier Guerrero García: La administración pública mexicana consolidó en la década de los 80 un esquema de sectorización con estructura y atribuciones, que sirvió para encauzar las acciones gubernamentales de manera eficaz, lo que contribuyó a alcanzar los niveles de crecimiento y desarrollo de finales de la década de los 90.
El cambio, en el paradigma de la gestión pública, que ha implicado una reorientación de las funciones del gobierno y una descentralización apenas incipiente, ha ido acompañado de mayores exigencias en nuestra vida democrática, por lo que a la par de las acciones de gobierno se ha exigido una mayor transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y evaluación de los programas y los presupuestos públicos para hacer compatibles, de esta manera, las decisiones gubernamentales con los resultados esperados por la sociedad en los diferentes niveles y ámbitos en que se desenvuelve la gestión pública.
Importantes reformas han permitido los cambios institucionales como la desregulación administrativa, la orientación a resultados y el empeño en una mejor calidad de los servicios públicos.
Estas acciones han exigido nuevos esquemas de administración implícitos en el marco de recomendaciones propias de organismos internacionales, como la OCDE, a efecto de dar seguimiento, lectura y análisis a la evolución de la economía y a los sistemas financieros de regiones, países y comunidades.
La iniciativa que se vota reúne los requisitos de partida a los que debe aspirar toda sociedad moderna en materia de registro de su patrimonio y operaciones financieras, por lo que en su conformación se observan con claridad los órganos rectores de este proceso, los métodos y los procedimientos en los que hay que destacar el carácter interinstitucional e interdisciplinario que fue sumado al cuerpo de la ley.
De esta manera, además de reunir en un Consejo Nacional de Armonización Contable y en un Comité Técnico Consultivo la capacidad normativa del nuevo sistema de contabilidad gubernamental, se aprecian los resultados pretendidos en materia contable, financiera, programática, presupuestal, evaluatoria, y lo que es muy importante, en materia de información económica para obtener la situación que guardan las finanzas públicas y su relación con las cuentas nacionales.
Con la nueva ley se fortalece el federalismo pues la homologación pretende auxiliar de manera congruente la toma de decisiones públicas por la federación, las entidades federativas y los municipios, dejando en cada nivel de gobierno la responsabilidad de tomar los acuerdos necesarios para instrumentar las decisiones del Consejo Nacional de Armonización Contable.
La nueva ley permite ordenar los registros y la información económico-presupuestal de los entes públicos del país y es un efecto de la visión legislativa que adiciona la fracción XXVIII del artículo 73 constitucional, y que permite al Congreso de la Unión, mediante ley general normar la materia de contabilidad gubernamental, con lo que además de determinar la posición financiera de las unidades de gobierno, permitirá hacer un registro de activos con los que el gobierno cuenta, incluyendo de manera indirecta aquellos que no están vinculados al servicio público pero que representan un bien nacional del dominio público.
La ley es oportuna con el desarrollo de otros sistemas institucionales que abogan por la competitividad y la solvencia de las entidades federativas. De esta manera, la nueva estructura programática, el Sistema Integral de Administración Financiera y la homologación de cuentas para la calificación de la deuda pública tendrán un respaldo técnico y confiable sobre el cual se podrán hacer escenarios sobre las finanzas públicas.
Del mismo modo, la transparencia es obligada en la medida en que trimestralmente los entes públicos de los tres órdenes de gobierno organicen, sistematicen y difundan la información que generen a través de sus páginas electrónicas, aún más con la vinculación relativa que otorga a la ley a través de un catálogo de conductas sancionables.
Nos parece que esta ley es un paso fundamental que recupera la congruencia con la que hemos venido legislando en la LX Legislatura. Es un paso trascendental que implica una revolución tecnológica en los niveles de gobierno, un esfuerzo de voluntad política y el establecimiento de criterios técnicos que permitan avanzar en un tema que es fundamental para el país y para la sociedad mexicana, la transparencia y la rendición de cuentas.
Por todo esto, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional no sólo impulsó con determinación la elaboración de esta iniciativa, sino que va a apoyar este dictamen con el voto positivo y va a impulsar con voluntad política la implementación de este sistema de contabilidad gubernamental. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Antonio Ortega Martínez: Con el permiso de la Presidencia. La reforma constitucional sobre calidad y control del gasto público promulgada el pasado 7 de mayo, mandató al Congreso de la Unión a expedir la Ley Reglamentaria de la fracción XXVIII del Artículo 74, a fin de normar la contabilidad gubernamental.
Compañeros, permítanme algunos comentarios para resaltar las bondades del dictamen que se presenta.
En primer lugar hay que resaltar que el proyecto de ley que se somete a su consideración representará para la administración pública de nuestro país la adopción de un nuevo paradigma que dará paso a la sustitución de un tratamiento diferenciado y heterogéneo de la contabilidad gubernamental, en el país, por una nueva ley general que establece un sistema de contabilidad gubernamental a partir de normas contables generales y específicas, claras, sencillas, precisas y compatibles que facilitarán el reconocimiento de ingresos, gastos, activos, pasivos y el patrimonio de los entes públicos; que integrará en forma automática las cuentas presupuestarias con las cuentas contables; que permitirá que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información financiera.
Un sistema contable que reflejará un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión económica y financiera de los entes públicos, que generará en tiempo real estados financieros y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas.
Un sistema contable que facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos. Es decir, se crea un sistema homogéneo integral y armónico de contabilidad gubernamental.
En segundo lugar se establece una observancia universal para todos los entes públicos, es decir, la ley será obligatoria para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación y los estados, los órganos de gobierno del Distrito Federal, los ayuntamientos de los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales, y los órganos autónomos federales, estatales y municipales.
En tercer lugar se diseña un esquema institucional para iniciar el sistema de contabilidad gubernamental sobre una base armónica, y al mismo tiempo propiciar la actualización y modernización permanente del sistema a partir de la conformación del Consejo Nacional de Armonización Contable, integrado por seis representantes de la federación, cuatro representantes de las entidades federativas y dos representantes de los municipios, con facultades para emitir normas contables y lineamientos para la generación financiera que aplicarán los entes públicos.
Los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo. Es decir, las decisiones del consejo no serán obligatorias por sí mismas, puesto que la ley prevé que los entes públicos de los tres órdenes de gobierno deberán adoptar e implementar las decisiones del consejo para que tengan obligatoriedad en su ámbito de competencia, así los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobarán leyes, y los entes públicos, obligados en el ámbito de sus competencias y facultades, emitirán normas y reglamentos en concordancia con la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental. Es decir, el proyecto de ley tiene un sentido federalista respetuoso de la soberanía de los estados y municipios.
En cuarto lugar contaremos con un poderoso instrumento para la rendición de cuentas, la transparencia, la eficacia y eficiencia gubernamental y para el combate a la corrupción, puesto que el proyecto de ley establece la obligatoriedad de todos los entes públicos del país de publicar en Internet o cualquier otro medio público ?en caso de los municipios más pequeños?, toda la información respectiva a la contabilidad, el patrimonio, el presupuesto, la cuenta pública, los estados financieros y los resultados de la evaluación del desempeño de manera comprensible para los ciudadanos.
Los órganos de representación popular podrán mejorar su función constitucional de control del gasto público, de fiscalización superior y de evaluación del resultado de las políticas públicas y del diseño institucional.
Los ciudadanos y especialistas contarán con la información y metodología para hacer los análisis y comparaciones de la gestión gubernamental.
Nada escapará ni nadie al escrutinio social; ningún recurso público podrá ser desviado del objetivo al cual ha sido destinado; se podrá controlar y preservar el patrimonio público.
La gestión gubernamental podrá alcanzar mejores estándares en sus resultados, puesto que la información contable como herramienta tecnológica de información y comunicación coadyuvará en la toma de decisiones.
Por último, el sistema de contabilidad gubernamental tomará en consideración las asimetrías que presentan los municipios y la actualización y modernización y establece un plazo máximo de tres años a los entes públicos para su total implementación en todo el país.
No hay duda, compañeros, compañeras, contamos con un instrumento que hacía falta en nuestro sistema jurídico.
Es sin duda, también, un poderoso instrumento de legitimación del poder público, pero al mismo tiempo un instrumento de control político por parte de la representación popular y de los ciudadanos.
Es, en síntesis, un paso importante en el fortalecimiento democrático de nuestro país. Por ello, reitero la solicitud del voto a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Finalmente, se le concede el uso de la palabra a la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández: Con su venia, señora presidenta. Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación.
Esta iniciativa es prioridad del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y ha sido tratada de la misma manera en nuestra agenda legislativa, iniciativa que presentamos en conjunto con el grupo parlamentario del PRI y del PRD, razón por la cual el día de hoy nos congratulamos de que todos los grupos parlamentarios que integran esta Cámara de Diputados hayan otorgado a esta iniciativa su voto a favor y también la hayan fortalecido con sus propuestas.
Esta iniciativa dispone ya de un pilar constitucional en su artículo 73 y representa un avance medular, un avance toral en el tema de la transparencia, en el tema de la rendición de cuentas y en el tema de la fiscalización, en los tres niveles de gobierno.
La contabilidad gubernamental dejará atrás la idea de que su propósito solamente es la generación de información para la integración de cuentas públicas que tienen que revisar los Congresos locales o la Cámara de Diputados.
Con esta iniciativa se propone que la contabilidad gubernamental sea un instrumento clave, permanente y recurrente, en la toma de decisiones, pero también que la ciudadanía, que la sociedad, esté enterada de manera fehaciente, de manera clara y de manera comprensible, de cómo se utilizan sus recursos públicos.
Esta iniciativa por primera vez establece los criterios generales para la contabilidad gubernamental. Es decir, por primera vez en México tendremos los principios de contabilidad gubernamental y no cada estado llevará el suyo o cada municipio tendrá su propia contabilidad.
La emisión de información financiera en los tres órdenes de gobierno, que incluyen por supuesto al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial.
Se pretende entonces la armonización contable, la homologación contable en todo el país, en todos los municipios, en todo el Estado, en toda la federación, que se apliquen los mismos principios de contabilidad gubernamental.
Bajo el esquema que se propone, se facilita el registro, pero también se facilita la fiscalización de los recursos, de los activos, de los pasivos, de los ingresos y de los gastos con el fin de medir la eficacia, la eficiencia, la economía del gasto.
Por primera vez se busca que la información contable mantenga estricta congruencia con la información presupuestaria. Por primera vez existirán disposiciones respecto de un registro patrimonial, es decir, se prevé que existan registros contables en cuentas específicas del activo de los bienes muebles e inmuebles destinados a un servicio público, incluyendo obviamente equipos de cómputo, equipos de oficina, vehículos, equipos de maquinaria pesada, etcétera, porque hasta el momento si los municipios quieren registrar estos activos los registran, y si se los quieren llevar a su casa, se los llevan, y esto es una realidad en nuestro país.
Para mayor certeza, los registros contables deberán reflejar altas y bajas de bienes en los inventarios de los entes públicos a más tardar 30 días después de haberse adquirido o de haberse dado de baja. Todo ello en virtud de que sabemos de los saqueos frecuentes y constantes en las administraciones públicas, donde nuestro país ha perdido miles de millones de pesos debido a los terribles y escandalosos robos que realizan muchos de nuestros gobernantes. Con esto se van a tapar, amigos y amigas, grandes hoyos negros que existen en nuestro país de fugas de recursos públicos.
Por primera vez se va a llevar un registro auxiliar de los bienes que por su naturaleza son inalienables e imprescriptibles, como lo son los monumentos arqueológicos e históricos o culturales que están bajo el resguardo de los entes públicos porque, por ejemplo, a nivel federal, según la Auditoría Superior de la Federación existen 200 mil sitios arqueológicos; sin embargo, únicamente están registrados 29 mil de esos sitios.
Por primera vez se prevé un mecanismo para el caso de los bienes que, por la fecha de su adquisición, no han sido registrados al momento en que una administración saliente deba de entregarle a la entrante, y es aquí, en la entrega-recepción en donde se dan los grandes saqueos en nuestro país.
Por primera vez se prevé que los entes públicos de los tres órdenes de gobierno organicen, sistematicen y difundan la información que generen, al menos cada tres meses, en sus respectivas páginas electrónicas de Internet y que estén a la mano de la ciudadanía.
En cuanto al marco institucional se prevé la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable. Se prevé también un capítulo de sanciones a quienes omitan o alteren registros contables, a quienes alteren documentos, a quienes no registren las compras presupuestarias y contables, a quienes no conserven la documentación que compruebe el patrimonio y a quienes tengan conocimiento de que puede resultar dañada la hacienda pública o el patrimonio público y, teniendo atribuciones, no lo eviten.
También se van a lograr los reportes en tiempo real y se darán, en el caso de la administración pública federal centralizada en el 2011, y en el caso de la administración pública federal paraestatal, en las entidades federativas, así como en los municipios y delegaciones, en el 2012.
La sociedad hoy más que nunca exige transparentar todo lo que hacemos. Exige honestidad en todo lo que decimos y rendición de cuentas de todo lo que hicimos.
Para Acción Nacional la rendición de cuentas debe de ser pública, porque públicos son los recursos que se manejan. México es el país de todos y no es patrimonio particular de nadie. Gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Esta Presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general la diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que se inscribe en pro.
La diputada Guillermina López Balbuena (desde la curul): Declino.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Me dice la diputada que declina su participación. Consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con las modificaciones presentadas por la Comisión y aceptadas por esta asamblea.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, el proyecto presentado con las modificaciones aprobadas por esta asamblea.
(Votación)
¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Continúa abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema electrónico. Se emitieron 342 votos en pro, 0 en contra, 0 abstenciones, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de votos, con las modificaciones presentadas por la Comisión y aceptadas por la asamblea, 342 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Orden del día de la próxima sesión, del 27 de noviembre de 2008.
(Lectura del orden del día)
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón (15:38): Gracias, diputada secretaria. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 27 de noviembre a las 11:00 horas. El sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.