La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 311 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón (11:53 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación) Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría con Comunicaciones

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Del gobierno del Estado de México. Oficio del gobierno del Estado de México, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a las reformas compatibles con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado secretario. Remítase al promovente para su conocimiento. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Del gobierno de Sonora. Oficio del gobierno de Sonora, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a las reformas compatibles con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase al promovente para su conocimiento.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Oficio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo al proyecto luminotécnico Resplandor teotihuacano. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a la Comisión de Cultura, y al promovente para su conocimiento. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Oficio del diputado Juan Manuel San Martín Hernández, por el que comunica que se reincorpora a sus actividades legislativas. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De enterada. Comuníquese.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Oficio del diputado Francisco Martínez Martínez, por el que comunica que se reincorpora a sus actividades legislativas. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De enterado, comuníquese.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Oficio de la Auditoria Superior de la Federación con el que remite el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De enterado, remítase a al archivo para consulta de los ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de febrero de 2009, desagregada por el tipo de fondo.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla, el Alto, Jalisco.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación de la Secretaría de la Función Pública a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la violación al Convenio de Colaboración por el Subsidio de Tarifas Eléctricas, en Mexicali, Baja California.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de la Función Pública para su conocimiento.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Se recibió un oficio de la Cámara de Senadores. CC secretarios de la honorable Cámara de Diputados. Presente.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa. Atentamente. Senador José González Morfín, vicepresidente.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Otro oficio de la Cámara de Senadores. México, DF, a 11 de marzo de 2009. CC. Secretarios de la honorable Cámara de Diputados, presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ramiro Hernández García, a nombre propio y de los senadores Carlos Lozano de la Torre, Francisco Herrera León y Ricardo Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un artículo 2-B a la Ley de Coordinación Fiscal.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Senadores, misma que se anexa. Atentamente. Senador José González Morfín, vicepresidente.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento relativo al aniversario de la expropiación petrolera. Se han registrado para referirse al tema antes citado, las siguientes diputadas y diputados:

Por el Grupo Parlamentario de Alternativa, el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés; por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el diputado Humberto Dávila Esquivel; por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada Rosa Elia Romero Guzmán; por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, el diputado José Antonio Arévalo González; por el Grupo Parlamentario de Convergencia, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva; por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Mariano González Zarur; por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Érick López Barriga; por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Fernando Montes Sánchez.

De acuerdo a la relación enunciada tiene la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Grupo Parlamentario de Alternativa, hasta por cinco minutos.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, estamos aquí para recordar y rendirle tributo al general Lázaro Cárdenas, quien día a día nos hace recordar que la patria no se vende.

Cada vez estamos más convencidos de que la visión que en su momento llevó al general Lázaro Cárdenas y a los legisladores a establecer la exclusividad de la nación, en materia de explotación de petróleo y sus derivados, no fue producto de un capricho o de una simple ocurrencia ya que los propios hechos nos muestran claramente la importancia estratégica que tiene y que tendrá este energético para el desarrollo del país.

Luego entonces, habrá que preguntarnos qué ha sucedido; por qué razón, si actualmente nuestro país que es el sexto productor de petróleo en el mundo, tenemos que importar más de 40 por ciento de la gasolina que consumimos, 25 por ciento del gas natural y millones de dólares en productos petroquímicos.

De esta manera, más allá de ideologías políticas o económicas, la sensatez y el sentido común nos indican que la primera reflexión que debemos llevar a cabo consiste en saber si nuestro país enfrenta un problema petrolero que se origina en la paraestatal, o bien, tiene su origen en el tratamiento fiscal y presupuestario que se le ha dado a la empresa; mismo que se deriva de las fallas que presenta el sistema hacendario del país.

Así por ejemplo, de acuerdo con los datos de Pemex, se observa que desde 2000 a la fecha, mientras que esta empresa ha registrado ventas acumuladas por 6 billones 307 mil millones de pesos, ha entregado ingresos vía impuestos, derechos y aprovechamientos a las arcas nacionales por 5 billones 100 mil millones de pesos, cifra que significa el 80 por ciento de sus ventas.

Contrariamente, si revisamos los recursos presupuestarios que para el mismo periodo se han destinado a la inversión pública directa en Pemex, nos damos cuenta de que éstos ascienden aproximadamente a 180 mil millones de pesos, cifra que representa apenas el 3 por ciento de sus ventas totales.

Ésta, señores y señoras legisladores, es la verdadera razón que explica las circunstancias por las que atraviesa la industria petrolera del país y nos permite afirmar con la mayor contundencia del mundo que la situación de Pemex y de esta industria es resultado del fracaso de este neoliberalismo pervertido que busca proteger a pequeños grupos de poder económico en detrimento del patrimonio nacional.

Así, los recursos económicos generados por nuestra industria petrolera han sido utilizados para eludir una reforma fiscal progresiva que afecta a los intereses de las grandes empresas privadas.

Desde hace 25 años no se construye una nueva refinería y por eso estamos importando, en promedio, 350 mil barriles diarios de gasolina. De esta manera, desde 1983, en vez de modernizar la industria petrolera y convertirla en palanca del desarrollo nacional, todos los gobiernos neoliberales han optado deliberadamente por arruinarla y tener el pretexto para venderla y convertirla en un negocio privado.

No olvidemos que hace menos de un año el gobierno federal presentó una serie de iniciativas que en el fondo buscaban permitir la inversión privada nacional y extranjera en las actividades de nuestra industria petrolera y que nuestra Constitución aún reserva de manera exclusiva a la nación.

Si bien, hay que reconocer que gracias al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, a millones de mexicanos que se movilizaron y a la sensibilidad histórica de algunos legisladores de diversos grupos parlamentarios, en la reforma aprobada de Pemex se conjuraron los intentos privatizadores del gobierno federal.

También es pertinente mencionar el hecho irrefutable de que quedaron abiertas ventanas importantes que podrán dar paso a una futura privatización de nuestra industria petrolera.

Compañeras y compañeros diputados, deben aceptar que ha sido con dinero del presupuesto, y proveniente del petróleo, con el que se han llevando a cabo los costosos rescates, producto, precisamente, del fracaso de las privatizaciones.

Es necesario, aún cuando Felipe tenga temor de afectar los intereses de quienes legitimaron el fraude del 2 de julio de 2006, una reforma tributaria que ataque los paraísos fiscales que hoy permiten a las grandes empresas no pagar impuestos.

No olvidemos que ya en América Latina existen varios países, incluyendo ahora a Nicaragua, en donde la gente está convencida de que existen otros caminos, otras opciones y modelos de desarrollo.

Esta nueva concepción busca, entre otras cosas, que los países recobren el absoluto control de sus recursos naturales y energéticos para aprovechar el valor agregado de la cadena de producción; que fortalezca los mercados internos mediante el combate frontal a los monopolios y a los regímenes tributarios que permiten a las grandes corporaciones eludir impuestos; que consagre la seguridad y la soberanía y la autosuficiencia alimentaria en todas las naciones del mundo, garantizando recursos suficientes al desarrollo agrícola.

Por ello, hoy no sólo debemos conmemorar la expropiación petrolera, hoy tenemos que tener muy presente el ejemplo que nos han dado aquellos mexicanos que han dado su vida por esta gran nación. Es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos, al diputado Humberto Dávila Esquivel, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Humberto Dávila Esquivel: Con su permiso, diputada presidenta. Al conmemorar el LXXI Aniversario de la Expropiación Petrolera, viene necesariamente a la memoria la imagen del presidente Lázaro Cárdenas, anunciando su histórica determinación. Lázaro Cárdenas fue sin duda un presidente congruente con su circunstancia, a la que supo interpretar para dar forma a los anhelos de la nación.

Como hombre de Estado, supo convertir oportunidad en destino. Hombre de recio carácter, de decisiones trascendentes, identificado con su pueblo. Nunca le temblaron las manos cuando se trató de defender lo que únicamente pertenece al pueblo de México.

Cárdenas es una figura histórica, símbolo de la firmeza que se debe tener en la defensa de la soberanía, nos enseña también que en los momentos más difíciles de la nación, "el acuerdo en lo fundamental ?como afirmaba Mariano Otero? es garantía de nuestra existencia como nación."

Para quienes lo vivieron, la expropiación representó un evento de reivindicación nacional que suscitó de inmediato un gran respaldo popular. La trascendencia de esta medida se fue ejerciendo plenamente conforme pasaron los años.

A partir de la disposición del petróleo, México pudo emprender un intenso proceso de industrialización. En las décadas siguientes el país se transformó, cambió la fisonomía de su sociedad. La esperanza de mejores niveles de vida empezó a hacerse realidad, y atrás de todo ello estaba y sigue estando el petróleo.

El petróleo simboliza nuestras luchas por la soberanía, y nuestra vocación inquebrantable de ser una nación independiente, cuyo destino sólo decidimos los mexicanos.

La industria del petróleo es una industria de carácter estratégico y, por tanto, pública; pero hoy enfrenta el desafío de transformarse para continuar siendo uno de los pilares del desarrollo de nuestra nación. El Estado conquistó para la nación los derechos sobre el subsuelo y con la creación de Pemex aseguró el control y aprovechamiento de los recursos petroleros de México.

Hoy, a más de siete décadas de este acto de autonomía, tenemos que darle a la expropiación un nuevo sentido. Estamos claros que México tiene el reto de conciliar y concertar las diversas posiciones para hacer que la empresa nacional se mantenga en manos de la nación y, al mismo tiempo, crezca y siga siendo el sustento energético y el sostén del desarrollo del país.

Pemex durante 71 años ha financiado el desarrollo. Es momento de reflexionar si en el actual escenario de inestabilidad de precios y reducción de reservas es responsable que nos continuemos recargando en los ingresos petroleros, o es el momento de tomar decisiones a largo plazo, ahora que aún tenemos petróleo, para quitarle a Pemex el peso de sostener a la nación.

Extraer los energéticos, como se ha hecho hasta ahora, de los yacimientos probados con las tecnologías existentes, es un proceso que muestra signos de agotamiento. La realidad nos obliga a considerar otras opciones. Estamos en el momento de aprovechar la experiencia adquirida para dar el siguiente paso: ir a las nuevas etapas de la explotación en aguas profundas y a la explotación de yacimientos como los de Chicontepec. Para eso tenemos que invertir y crecer, explorar y desarrollar, manejar mejor las operaciones y los grandes proyectos.

Lo que tenemos claro es que si Pemex se convierte en una mejor empresa podrá cumplir con todos los fines que la sociedad le ha fijado. La historia del petróleo mexicano refleja el propósito de autodeterminación nacional.

En un mundo abierto, el petróleo representa un instrumento para mantener y acrecentar nuestra capacidad de competir en todos los mercados mundiales. El futuro del país y el de nuestra industria van, por tanto, de la mano. Hagamos, todos, desde ahora, un mejor futuro para Pemex. Esto será hacer un mejor futuro para México. Pemex seguirá siendo baluarte fundamental del desarrollo nacional.

Los tiempos y las circunstancias cambian. Pemex, a pesar de que ahora enfrenta numerosos retos, permanece como un símbolo de la fortaleza de la nación. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy, 18 de marzo, los mexicanos celebramos el LXXI Aniversario de la Expropiación Petrolera, llevada a cabo bajo la visión nacionalista y el liderazgo político del entonces presidente de la república, general Lázaro Cárdenas del Río, cuyo nombre engalana los muros de honor de este recinto legislativo.

Es necesario que los mexicanos de 2009 entendamos el entorno adverso en el que se dio la expropiación petrolera y por medio de la cual se recuperó para la nación el manejo de esta industria. La expropiación petrolera fue apoyada mayoritariamente por la burguesía, por las clases medias populares y fundamentalmente por los obreros y campesinos de México.

Sólo algunos sectores de gran capital, que ya empezaban a conformarse en nuestra nación, no estuvieron de acuerdo con esta decisión y su rechazo tajante se transformó al poco tiempo en una plataforma político-ideológica para fundar al Partido Acción Nacional, que desde su origen se opuso al gobierno nacionalista del general Cárdenas.

Asimismo, la ambición por obtener enormes ganancias sin invertir prácticamente en nada por parte de las grandes compañías norteamericanas, inglesas y holandesas, las llevó a no reconocer los derechos de los trabajadores que laboraban en esas empresas ni pagarles un salario justo.

Cualquier trabajador extranjero ganaba al menos tres veces más que un trabajador mexicano, a pesar de que realizaban la misma función. Además, las compañías petroleras con subterfugios legales se apropiaban de los terrenos propiedad de mexicanos ricos en yacimientos petrolíferos. Más aún, dichas empresas no pagaban el monto de los impuestos que les correspondía enterar al fisco.

De tal suerte que la decisión del general Cárdenas de expropiar a la industria petrolera y ponerla al servicio del desarrollo nacional fue aclamada por el pueblo de México, que no dudó en desprenderse de parte de sus modestas pertenencias para pagar la indemnización a los propietarios de estas compañías extranjeras. El presidente Cárdenas sabía que por decisión del Congreso Constituyente, plasmada en el artículo 27 de nuestra Constitución, el petróleo pertenecía a la nación.

Al salir las empresas extranjeras del país, decían que el gobierno les rogaría que regresaran a explotar la industria petrolera, porque los mexicanos no tenían conocimiento, preparación, tecnología y dinero para desarrollar por si esta industria. Cuán equivocados estaban. Los trabajadores petroleros mexicanos demostraron tener la preparación y talento suficientes para situar a Petróleos Mexicanos entre las mejores empresas del mundo en este ramo.

Desde su expropiación y hasta 1982, la renta petrolera que se obtuvo de la expropiación por este recurso natural sirvió para crear infraestructura en comunicaciones y transportes, sistemas de irrigación, construcción de escuelas y hospitales, para producir lubricantes, gasolina, diesel y gas a precios irrisorios, que sirvieron para apuntalar a la industria privada y en general para beneficiar a todos los mexicanos.

Sin embargo, con el arribo de la tecnocracia al poder, el petróleo fue utilizado para pagar el enorme endeudamiento interno y externo que padeció y padece el país; así como para absorber las corruptelas y complicidades de los banqueros, los inversionistas carreteros y para el rescate de ingenios.

Al mismo tiempo, se dio a la política petrolera una orientación neoliberal, enfocada a presentar a Pemex como una empresa ineficiente, corrupta y monopólica, lo cual representaba un obstáculo para el desarrollo nacional.

Durante más de dos décadas presentó a Pemex, de manera sostenida y permanente, como una empresa que ya no respondía a los requerimientos del país como propiedad pública y que era necesario privatizarla.

Así, en abril de 2008 la administración de Calderón se envalentonó con esas posiciones y pretendió sorprender al pueblo de México, declaró que era necesario que Pemex pasara a ser propiedad privada, claro está, utilizando un lenguaje que no era para modernizar a la paraestatal y extraer el hidrocarburo de aguas profundas.

Esta privatización fue impedida de forma valiente y patriótica por los mexicanos que se nuclearon en torno al movimiento de resistencia civil pacífica, así como por intelectuales nacionalistas, estudiantes, maestros, obreros y campesinos, que no permitieron que el avance privatizador triunfara.

Gracias a esta acción del pueblo, los mexicanos seguimos siendo dueños de este recurso natural no renovable, pero la lucha por preservar a Pemex como propiedad de la nación no ha terminado.

Mientras su orientación esté en manos de políticos neoliberales, la amenaza de la privatización continuará vigente; asimismo, continuará la política depredadora de nuestros recursos petroleros y de la corrupción deliberada de petróleos mexicanos.

Por esta razón, para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo la mejor manera de celebrar los 71 años de la expropiación de la industria petrolera, es conformar una mayoría de izquierda en el Congreso de la Unión, para que se constituya en una muralla que evite cualquier intento de privatización.

Por este motivo, este 5 de julio de 2009 los mexicanos concientes y patriotas que quieren una nación petrolera en manos de la nación, tendrán la oportunidad de refrendar estos ideales en las urnas votando por los diputados que defienden los intereses de la nación.

Por eso decimos con entera convicción: Pemex no se vende, la patria se defiende. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Rosa Elia Romero Guzmán. Tiene la palabra el diputado José Antonio Arévalo González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por cinco minutos.

El diputado José Antonio Arévalo González: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, durante todo el siglo XX el petróleo representó el progreso de nuestro país.

La expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938, fue sin duda un ejemplo de liderazgo que permitió a la nación tener el control directo de la riqueza petrolera, para utilizarla en obra pública, transportes, salud y educación.

De este modo, Pemex llegó a ser una de las empresas petroleras más importantes a nivel mundial, y México llegó a ser uno de los países con mayor producción mundial de crudo, dando como resultado que la economía nacional creciera fuertemente impulsada por esta industria.

Aún en los tiempos del presidente López Portillo, se habló de administrar la abundancia, con referencia a la bonanza económica que vivía el país a raíz de la riqueza petrolera, que actualmente sigue generando 40 centavos de cada peso.

Por otra parte, la atención excesiva que recibió el petróleo durante el siglo XX resultó contraproducente, es decir, el enfoque de la industria petrolera como motor económico primordial obstaculizó el desarrollo de otras actividades productivas, principalmente las agropecuarias, de modo que actualmente nuestro país se ve obligado a importar una parte considerable de materias primas y alimentos, en vez de producirlos internamente.

Asimismo, el enfoque en la industria petrolera como principal fuente de energía ha provocado que nuestra matriz energética actual no esté diversificada, que nuestra electricidad provenga mayoritariamente de combustibles fósiles y que nuestro transporte utilice gasolinas caras y altamente contaminantes.

Derivado de este esquema, México es el decimotercer país con mayores emisiones de carbono en el mundo. Más de la mitad de estas emisiones son por causa de la dependencia excesiva en los hidrocarburos.

A esta situación debemos sumar el manejo inadecuado de Pemex que se convirtió en una empresa obsoleta, enfocada a la producción de crudo, lo cual le impidió fortalecer y diversificar sus actividades de refinación, trasporte, petroquímica y producción de energías alternativas, como lo han hecho BP, Petrobras y otras empresas en el ramo.

Asimismo, debemos sumar el problema de la declinación de las reservas petroleras nacionales que hoy representan una quinta parte de las existentes hace 20 años debido a que estos yacimientos se sobreexplotaron y la explotación no avanzó a la velocidad requerida.

El resultado final de esta crónica es que la industria petrolera mexicana se encuentra en decadencia y esta situación afecta directamente a la economía nacional.

Afortunadamente, la presente legislatura del Congreso de la Unión aprobó en octubre del año pasado la reforma energética ofreciendo así varias alternativas para la reactivación de Pemex y de nuestro sector energético.

Ahora bien, entre los aportes de la reforma energética debemos distinguir cuáles de ellos producirán beneficios a corto y cuáles a largo plazo. Ejemplificando, la flexibilidad de la exportación y producción en aguas profundas, generada a partir del nuevo marco normativo de Pemex, rendirá frutos a largo plazo puesto que apenas iniciarán los proyectos de exploración y los primeros pozos empezarán a producir hidrocarburos alrededor de 2020.

Por otra parte, el fomento de las energías alternativas a partir de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables es un instrumento que puede generar frutos a corto plazo puesto que ya se tienen estudiadas las zonas con mayor potencial de producción de energía eólica, energía solar, geotérmica y otras renovables.

Adicionalmente, nuestro país tiene uno de los mayores potenciales del mundo en energía eólica y solar. En este sentido, la inversión y manejo adecuado de estas fuentes alternativas permitirá que México recupere el liderazgo tecnológico y la estabilidad económica que en el siglo XX tuvo gracias al petróleo.

De esta manera, el Grupo Parlamentario del Partido Verde exhorta a todos los compañeros legisladores a que en el contexto del 71 aniversario de la expropiación petrolera seamos visionarios, como lo fue en su momento el presidente Cárdenas.

La expropiación petrolera es una perspectiva más amplia; nos motiva a analizar nuestra realidad actual en materia energética y a buscar soluciones para superar la crisis energética, económica y climática que vivimos.

Así pues, hagamos uso de todo el potencial nacional para aprovechar racionalmente los recursos energéticos que tenemos. En el siglo XX fueron los hidrocarburos, pero la tendencia internacional indica que en el siglo XXI serán las energías renovables. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado. Quisiéramos agradecer la presencia de alumnos y maestros de la secundaria técnica 6, Sor Juana Inés de la Cruz, así como de alumnos y maestros de la secundaria Ricardo Flores Magón, y de la comunidad de San Bartolo, Metepec, Estado de México, éstos últimos invitados por la diputada Diana Carolina Pérez de Tejada. Sean ustedes bienvenidos.

Pido a la Secretaria que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: ¿Falta algún diputado o alguna diputada de registrar su asistencia? Está abierto el sistema, compañera diputada. ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia?

Ciérrese el sistema de votación electrónica. Existen en el pleno 378 diputadas y diputados, diputada Presidenta. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para hacerlo por cédula.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Continuando con el uso de la palabra, se le concede el uso de la misma al diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, hasta por cinco minutos.

El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras y compañeros diputados. Al celebrar un año más el Aniversario de la Expropiación Petrolera, estamos obligados a hacer un recuento del estado que guarda esta industria y cuáles son sus principales retos.

Sabemos que el petróleo ha sido tradicionalmente codiciado por las principales potencias, especialmente por los Estados Unidos, quienes tienen necesidad de abastecer sus requerimientos internos.

En 2008 ese país consumió 20 mil millones de barriles, produjo ocho mil y por lo tanto, registró un déficit de 12 mil millones y sus reservas fueron del orden de los 28 mil millones de barriles. Así que con sólo el 5 por ciento de la población mundial, consume el 28 por ciento de la producción global de petróleo, es decir, más que América Latina, África y Asia juntas.

Por ello, los Estados Unidos no han cejado en su empeño de apoderarse del petróleo mexicano y del petróleo de todo el mundo, bien sea mediante guerras, guerras como la de Irak o de las políticas que impulsa por conducto de los órganos financieros internacionales: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera.

América Latina ha tenido que estar peleando constantemente por su soberanía petrolera y obviamente, México ha tenido que luchar sin desmayo con el fin de defender sus recursos petroleros.

El año pasado tuvimos que hacerle frente a la embestida privatizadora desatada por el gobierno federal, inspirada en el propósito de transnacionalizar nuestros recursos petroleros y sujetarnos al arbitraje de los organismos jurisdiccionales internacionales. Tuvimos que dar una gran pelea para evitarlo.

Se hizo una reforma que tuvo logros, pero que no resolvió de raíz sus problemas, porque aún subsisten imprecisiones y ambigüedades que dejan la puerta abierta al apetito de las transnacionales, siempre dispuestas a hacer negocios con el patrimonio de los mexicanos. Por ello los afanes privatizadores continúan y también persisten sus lastres.

Asimismo, el saqueo de que es víctima la empresa continúa con la corrupción imperante. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en la Sonda de Campeche, en donde hemos visto la gran cantidad de irregularidades existentes. Ahí prolifera la simulación de contratos, las certificaciones de cursos de capacitación de equipos necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores, que se consiguen sin mayores problemas ya que las casas clasificadoras y certificadoras los venden al mejor postor.

Hace apenas unos días, en reciente visita a Ciudad del Carmen, sostuve relaciones con trabajadores del mar integrantes del Frente Unido de Marinos Mercantes. Se planteó que la inseguridad y la constante violación de los derechos humanos de los trabajadores asignados a las actividades de perforación y producción aún persisten.

A pesar de la gravedad de los accidentes que allí ocurren, como fue la pérdida de 22 vidas humanas en la tragedia del Usumacinta, no obstante las llamadas de atención recibidas del Congreso de la Unión y a pesar de las observaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Petróleos Mexicanos se lava las manos. Evade su responsabilidad, tolera la corrupción imperante y encubre a los responsables de los accidentes, como el que se registró en octubre del 2007, el de la plataforma Usumacinta, que fue el último pero no el único.

Por eso es muy grave que Pemex haya rechazado la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a esa tragedia, donde perdieron la vida 22 trabajadores del mar y además 68 resultaron lesionados.

Al hacer caso omiso del resultado de la indagatoria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Pemex sienta un precedente negativo que no coadyuvará a corregir de raíz actos de omisión, corrupción e impunidad y negligencia en la zona de Campeche y, lamentablemente, deja intactas las condiciones para que sigan ocurriendo accidentes.

Resulta inaceptable que en los trabajos de explotación petrolera, realizados por la paraestatal, se toleren las cadenas de errores que originaron tal accidente, es decir, la falta de criterios técnicos que justificaran la ubicación de la plataforma accidentada en un lecho marino, por demás endeble; así como maniobras en el Usumacinta cuando ésta fue desplazada previamente por el mal tiempo.

Además, se subestimaron los riesgos originados por el frente frió. Hubo indiferencia ante el alto índice de gas sulfridico registrado antes de las operaciones. Personal de Pemex obstruyó las puertas de los dormitorios debido a que supuestamente las ráfagas de viento eran muy fuertes, pero en realidad impidieron la salida de los trabajadores.

Los equipos de salvamento estaban encadenados con la consiguiente dificultad para su uso en el momento de la contingencia. Las alarmas de emergencia nunca sonaron, los trabajadores se enteraron de la evacuación sólo cuando se dio la voz de alerta entre ellos mismos.

Hubo deficiente capacitación en materia de seguridad de los trabajadores, falta de equipo de seguridad necesario en el desempeño de las tareas laborales, ausencia de embarcaciones de salvamento en la cercanía de la plataforma de los botes salvavidas, que tenían las micas de las escotillas pegadas con silicón, situación que propició que el agua penetrara en la Mandarina Uno, cinco minutos después de zarpar. Asimismo, fue notoria la falta de capacitación para el manejo del equipo especial de radio y comunicaciones.

Desafortunadamente, al señalar que Pemex deja intactas las condiciones para que sigan ocurriendo accidentes, no es una frase discursiva, sino una trágica realidad en la zona de Campeche.

A últimas fechas han ocurrido dos accidentes: el primero, el 2 de febrero en Dos Bocas, Tabasco, en el barco Bucanes; el segundo, donde murió un trabajador, mismo que resultó ahogado. Toda esta información ha sido ocultada por Pemex.

Aquí traigo los testimonios gráficos y fotografías. Tengo un conjunto de fotografías donde se demuestra realmente que han seguido ocurriendo tragedias, y Pemex se muestra impermeable y resistente a reconocer que hacen falta medidas de fondo para corregir esa situación.

De igual modo, la PGR ha incubierto a los responsables de los accidentes. El caso más patente ha sido el de la plataforma Usumacinta, en donde se han negado a entregar la información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pretextando que es parte de una investigación en curso.

Pemex utiliza la opacidad para encubrir sus manejos, convertirse en defensora de intereses particulares y, de paso, olvida que la vigencia de la legalidad y de los derechos humanos en nuestro país es una responsabilidad primordial de las autoridades, de todos los ámbitos del gobierno, y no sólo de los organismos protectores de los derechos humanos.

El Grupo Parlamentario de Convergencia insistirá por todos los medios a su alcance para que este lamentable suceso no pase a engrosar la lista, de por sí larga, de casos de impunidad, y no descansará hasta que se realice una investigación a fondo para que se castiguen a los responsables, sin importar de quien se trate.

Convergencia luchará por que la transparencia y la rendición de cuentas sean los instrumentos para evitar la corrupción. Asimismo, combatirá la opacidad y será intolerante ante éste tipo de conductas.

En suma, Convergencia seguirá defendiendo la soberanía de México sobre su petróleo y pugnará invariablemente por que éste se maneje con base en el interés nacional, y no de grupos corporativos y empresariales que lo aprovechan para su beneficio personal. Pemex debe, sin más motivo, ser de los mexicanos. Es cuanto presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Velasco Oliva. Tiene la palabra el diputado Mariano González Zarur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Mariano González Zarur: Ciudadana presidenta, compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, y de mi compañero Ricardo Aldana, hago la exposición correspondiente.

Hace 71 años, en la editorial de primera plana del Washington Post se preguntaba cómo los mexicanos podrían manejar las propiedades que, según el diario, se las habían arrebatado a las compañías petroleras, manifestando que si los ferrocarrileros de aquel entonces, que estaban capacitados, no habían podido manejar bien el sistema, cómo los petroleros, a los que calificaron hombres sin genio ni técnica, podrían salir a delante.

Los trabajadores petroleros dieron la respuesta, que hoy sigue siendo la misma: Con profundo amor a México, voluntad sensible y creativa, que impulsa a encarar los retos más grandes y más difíciles, y sin duda, a alcanzar el éxito.

Sólo un punto a aclarar. Ni el inolvidable presidente Lázaro Cárdenas del Río ?ejecutor de la expropiación? ni México arrebataron nada a nadie. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional expresa hoy su orgullo por la participación en esa lucha en la que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana fue actor principal e incubó la expropiación petrolera.

Había que actuar con firmeza, pero al mismo tiempo con prudencia, y eso hizo Cárdenas. Supo ejercer, como estadista nato, el poder que nace del respaldo de todo un pueblo, en el instante preciso, sin vacilaciones, como debe hacerlo quien está consciente de que el mandato popular no puede esperar. Todo era concesión libre e importación de maquinaria, no pago de impuestos sobre salarios, exención de gravámenes sin escrituración con tal de que se establecieran en México con el argumento de que traerían consigo empleos y desarrollo en las regiones en donde se asentaran.

Burlaron los fines para los que les otorgaron los permisos y usaron y abusaron de los privilegios que se les entregaban. Lázaro Cárdenas del Río sabía muy bien a lo que se enfrentaba y asumió con hombría el reto, acudiendo a su mejor aliado: el pueblo. Tenía consigo la mejor arma: la unidad que se logra cuando se habla con la verdad y se clarifican las acciones de gobierno.

Le era doloroso ?y así lo expresaba? volver la vista hacia la realidad de aquellos días, que desafortunadamente no ha cambiado mucho, y apreciar la marginación humana en las montañas y valles de las zonas indígenas, y los cinturones de miseria de las ciudades.

Por eso, como presidente de la república, se ocupó tanto en fortalecer a la base de la sociedad misma e impulsar su mejoramiento con un programa de entrega de tierras, de creación de cooperativas de producción, de organizaciones vecinales donde la ayuda fluyera de todos para alcanzar objetivos comunes.

No se equivocó cuando trató de transformar al país mediante la atención a lo social como prioridad para el desarrollo. Hoy, penosamente, la historia le ha dado la razón cuando observamos una mayor concentración de la riqueza, bajos salarios y desempleo, degradación de la educación, la salud y la seguridad pública, una vez relegados el desarrollo humano y el social como políticas públicas fundamentales del Estado mexicano.

La enorme tarea de Lázaro Cárdenas como presidente de la república no puede circunscribirse sólo a su decisión de expropiar el petróleo, por más que sea su característica distintiva.

Hoy los ciudadanos, y muy en particular los trabajadores petroleros, recordamos con cariño y veneramos su memoria, por más que en una absurda moda pasajera algunos sectores pretendan convertir la conmemoración de esta gesta en sólo anécdota, de lo que es una historia plena de significado, con el obvio propósito de borrar el nombre de Cárdenas de la lista cívico-onomástica.

Sepan ésos, que es vano el intento, porque mientras exista un solo trabajador, un solo ciudadano que recuerde que nuestro petróleo, administrado y explotado por los mexicanos, ha representado bienestar y desarrollo ?calles, caminos, carreteras, casas, escuelas, maestros, hospitales, medicinas, luz eléctrica, agua potable, y más?, el nombre de Lázaro Cárdenas del Río estará presente en nuestra historia, que hace muy poco, apenas hace unos meses, fue necesario anteponer aquí, en representación de la voluntad popular, todos estos valores y decisiones soberanas para mantener intacto ese legado histórico impidiendo que prosperaran ideas privatizadoras que nos regresaban a ese indigno pasado, que no podemos permitir, ni hoy ni mañana, que se trastoque el interés nacional por ideologías globalizadoras e intereses particulares, conservando, preservando, modernizando y eficientando el recurso energético en beneficio de todos los mexicanos.

Que la lucha de los trabajadores, todos, no cesará mientras uno de ellos se encuentre en condiciones de injusticia laboral y de inequidad social. Que el ejemplo de Cárdenas no morirá nunca y nos animará siempre a defender el patrimonio de la nación y su soberanía, herramientas básicas para la construcción permanente de un México cada vez más justo, equitativo y democrático. Por su atención, gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, compañero diputado. Tiene la palabra el diputado Erick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Erick López Barriga: Gracias. Con su permiso, señora presidenta, compañeras, compañeros diputados. Primero que nada quiero reconocer y respaldar además, las palabras del diputado que me antecedió, con respecto a la figura del general Lázaro Cárdenas del Río, un hombre comprometido con la nación, patriótico, de izquierda y progresista.

Compañeras y compañeros. Hoy recordamos un año más de la expropiación petrolera, 71 años de tener en manos de los mexicanos la riqueza petrolera de nuestro país; 71 años de ir construyendo con este recurso nacional del desarrollo del país y la unidad de la nación.

En 1938, cuando se decretó la expropiación de las compañías petroleras, la decisión estaba basada precisamente en buscar el equilibrio de las fuerzas económicas, promover el desarrollo de las empresas nacionales y apoyar desde el Estado, el desarrollo de la industria de los hidrocarburos.

Desde entonces el petróleo ha estado íntimamente relacionado con el desarrollo nacional, con la dinámica económica de México y también con las finanzas del Estado. Ha sido el petróleo el que ha ayudado a alcanzar los principales avances en materia social, de infraestructura y de competencia de nuestro país. El petróleo ha sido también el más sólido soporte en momentos de crisis.

Hay que destacar en toda esta lucha por el petróleo, la figura del general Lázaro Cárdenas del Río, quien supo defender firmemente los intereses de la nación; proteger los derechos de los trabajadores; conjuntar la voluntad y la participación de toda la sociedad y hacer de ese recurso la industria nacional más importante del país.

Era en ese momento necesario un mayor y mejor control de las empresas petroleras, y Cárdenas supo dárselos. No era una tarea fácil; era muy poco factible desde el punto de vista político y las compañías eran entonces muy poderosas, pero supo darle su tiempo y fundar la decisión en el respaldo del pueblo mexicano, principalmente con el apoyo de los trabajadores y para el progreso del país.

El año pasado apenas, en esta Legislatura se realizó una reforma trascendental para la industria, quizá la más importante desde la expropiación; una reforma en la que al final participamos todos y en la que se pretendió en su origen comprometer los intereses nacionales de la industria.

Creo que muchos de los que estamos aquí lo vivimos claramente, las posiciones fueron sumamente distintas, pero ahí la posición del PRD fue siempre la de defender los intereses de México, defender a Pemex y defender la rectoría del Estado sobre la principal riqueza industrial de la nación.

Ésa fue nuestra posición, eso es lo que defendimos y eso es lo que nosotros vamos a seguir defendiendo. Nuestro movimiento fue en todo momento para salvar la industria que estaba amenazada.

Principalmente ayer, curiosamente, pese a que es contrario a la norma, el director de Pemex ofreció a inversionistas extranjeros, 100 empresarios para ser exactos, contratos bajo nuevos esquemas. Habló de manera concreta de dar certidumbre jurídica y una combinación adecuada de riesgo y remuneración. Eso se llama contratos de riesgo, están prohibidos por la ley y estamos totalmente en contra.

Sí estamos a favor de la inversión, principalmente en aquellas áreas que son productivas y detonantes del desarrollo nacional. Estamos a favor de la inversión en Pemex, principalmente por el Estado a su principal empresa; de otras inversiones que también fortalezcan la industria, pero no apoyamos aquellas pretensiones que pongan en riesgo el control del Estado, ni mucho menos aquellas que quieran burlar la ley.

El país necesita claridad y certidumbre en el sector, requerimos mayor transparencia, menos manipulación política de la empresa; sacar los intereses personales y acabar con cualquier tipo de desaseo en su manejo. Como grupo parlamentario, vamos a impulsar todo aquello que fortalezca a la nación, que represente los intereses de la mayoría de los mexicanos y que no ponga en riesgo la riqueza nacional.

Aquella expropiación de 1938, la expropiación que unió a los mexicanos, debe continuar fortaleciendo al país, adecuarse a los nuevos esquemas mundiales, modernizarse y transformarse de cara a los retos que enfrenta hoy México.

Requerimos decisiones políticas claras y firmes. Necesitamos mayor inversión en el país, no basta con el anuncio regateado de una sola refinería. Requerimos el desarrollo de nuevas tecnologías, tecnologías alternativas para la generación de energías responsables con el medio ambiente, sustentables, accesibles y de largo plazo. Tenemos que superar la corrupción, la manipulación y la opacidad que han mermado la fortaleza de la industria petrolera mexicana.

Urgimos al gobierno a que sea éste quien soporte el crecimiento de Pemex, y no como lo ha sido hasta ahora, que Pemex siga siendo la más socorrida fuente de ingresos del Estado, siempre, a costa de su propio desarrollo.

En 1938, la nacionalización petrolera fue el factor de unidad nacional, de equilibrio económico y el motor principal de desarrollo de México. Esa era la visión del general Lázaro Cárdenas.

Hoy, hemos avanzado mucho, la industria se ha consolidado y se ido adaptando a los nuevos tiempos. Pemex ha superado todos los intentos privatizadores y se mantiene hoy como patrimonio de todos los mexicanos.

Vamos a seguir defendiendo la soberanía de la industria, su modernización y el aprovechamiento responsable de la riqueza de México. Esa es nuestra responsabilidad. El petróleo de los mexicanos se defiende. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Fabián Fernando Montes Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Queremos destacar y agradecer la presencia en este salón de sesiones del señor Ji Dimajia, vicegobernador de la Provincia de Qinghai, de la República Popular China, invitado por la Comisión de Turismo. La Cámara de Diputados le da la más cordial bienvenida y le desea el mayor de los éxitos durante su estancia en nuestro país. Muchas gracias.

El diputado Fabián Fernando Montes Sánchez: Gracias, diputada. Diputadas y diputados, el día de hoy conmemoramos un aniversario más de la Expropiación Petrolera, un hecho histórico que significó reivindicar a la nación, el dominio sobre sus bienes del subsuelo. Celebración que, sin embargo, quizá celebremos sólo unos cuantos años más, dada la estación en la que se encuentra nuestra industria petrolera.

Este aniversario nos obliga a hacer una reflexión sobre los rendimientos de nuestra industria petrolera, y encontramos que en las próximas décadas la misma puede desaparecer, y con ella su conmemoración que es el día de hoy, si no se toman nuevas medidas para revitalizarla no sólo en términos económicos, sino de tipo social.

Si bien es cierto que Petróleos Mexicanos ha contribuido a generar mejores condiciones para la existencia de una parte de los mexicanos, también lo es que sus rendimientos no han sido los mejores para la población en su conjunto, y para el desarrollo de muchas de las regiones del país, para las que Petróleos Mexicanos ha venido a ser una abstracción que representa poco o nada en la realidad y en su devenir histórico, económico, social y cultural, en virtud de prácticas que durante décadas privatizaron buena parte de esta industria, a favor de los líderes que se enriquecieron enormemente.

Si bien es cierto que la nueva legislación energética del país permite una mayor transparencia y control en su operación, en sus finanzas y en sus contrataciones; también lo es que ello no resulta suficiente para acelerar el ritmo de crecimiento de Pemex, y con éste, el del país en su conjunto, para favorecer a quienes más lo necesitan, sobre todo en este tiempo de crisis financiera internacional, en que nuestros recursos petroleros pueden ser, en muy buena medida, los que operen como ariete que nos impulse a salir más fortalecidos de esta gran crisis.

Por lo que se refiere a la producción, encontramos que a partir de 2004, la producción se ha ido reduciendo. Ello, a pesar de las reservas descubiertas recientemente y los nuevos pozos que han empezado a producir. A este ritmo la empresa desaparecerá en menos de la mitad de tiempo previsto. Es el futuro que no se merece la memoria del general Cárdenas ni las futuras generaciones de mexicanos.

Las reservas no han alcanzado para compensar el rendimiento, cada año menor, del yacimiento de Cantarell, que sigue y seguirá siendo todavía por algunos años nuestra más importante fuente de producción de petróleo.

A todo lo anterior habría que agregar la baja de los precios internacionales de este energético que por este año, y gracias a las previsiones de la Secretaría de Hacienda, no se verán reflejadas en mayores problemas para la captación de recursos por este concepto. Pero que a partir de 2010 sí afectarán severamente nuestra economía y los precios internacionales del petróleo si ellos se mantienen a nivel actual de 46 dólares o continúan en el rango de 35 a 50, en el entendido que este año se nos pagarán 70 dólares por cada barril.

Es un hecho que en dos o tres décadas las reservas de hidrocarburos serán insuficientes para las necesidades energéticas del país.

Debido a nuestra incapacidad tecnológica debemos contratar tecnología con los países y empresas que la han desarrollado, como China, Brasil o España. Se debe empezar a explotar, extraer y utilizar el petróleo que se encuentra en las aguas profundas del Golfo de México, tal como lo están haciendo Cuba y Estados Unidos, y empezar en la misma región marina del Golfo de México.

Adicionalmente, será conveniente dar un impulso al desarrollo de tecnologías que por una parte permitan ahorrar energía derivada del petróleo, y por otra, hagan mayormente aprovechables fuentes prácticamente inagotables, que de ellas tiene mucho nuestro país, tales como la luz solar, la fuerza de los vientos, las mareas, las energías térmicas, la del subsuelo y las que pueden obtenerse del hidrógeno, de materias primas abundantes en nuestro planeta y como una manera de preservar el equilibrio ecológico que tanto hemos degradado.

Considero que pocas ocasiones son tan adecuadas como ésta, no sólo para recordar los aspectos críticos vinculados a la producción de energéticos fósiles, tales como la de los motores más importantes para el desarrollo de nuestras actividades productivas; sino también para honrar en nuevas propuestas las memoria de Lázaro Cárdenas, quien con esa expropiación de 1938 puso las bases para hacer realidad nuestra independencia energética, y no caer nuevamente en garras privatizadoras de líderes que sólo ven por su provecho.

Tal es el caso de algunos líderes quienes vía contrataciones y subcontrataciones gozaron de canonjías que sangraron a la empresa y que no favorecieron, como lo demanda la naturaleza de cualquier empresa del Estado, a la generalidad del país, sino a los propios líderes sindicales y a sus allegados.

Finalmente, es necesario recordar que en política los dogmas y los prejuicios, sean religiosos o ideológicos, generan retrocesos que no sólo benefician a quienes más requieren de la solidaridad, y por tanto, de la subsidiariedad de estados, sino que ateniéndose a ellos se corre el riesgo de cometer mayores injusticias que deberán enfrentar las presentes y futuras generaciones.

Creemos en Acción Nacional que la mejor conmemoración y el mejor homenaje a la industria petrolera del país, en estos días, señoras y señores, es que rescatemos a nuestra empresa, para el futuro de todos los mexicanos. Es cuanto, diputada presidenta. Diputadas y diputados, gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Pasando al apartado de iniciativas, la Presidencia recibió del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 84, 130 y 132 de la Ley del Seguro Social. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.

La Presidencia recibió del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 280 Bis al Código Penal Federal. Túrnese a la Comisión de Justicia.

La Presidencia recibió del diputado Miguel Ángel Escartín, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General que regula la utilización de Videocámaras en Materia de Seguridad Pública, y reforma el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Esta Presidencia recibió del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario Convergencia, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso g) al párrafo primero del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario Convergencia, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso b) de la fracción I del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario Convergencia, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario Convergencia, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 42 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario Convergencia, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario Convergencia, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Se recibió del diputado Ricardo Cantú Garza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se recibió del diputado Ariel Castillo Nájera, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud. Túrnese a la Comisión de Salud.

Tiene la palabra la diputada Beatriz Collado Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 201 Bis del Código Penal Federal. No encontrándose en el salón de sesiones, túrnese a la Comisión de Justicia.

Tiene la palabra el diputado Carlos Rojas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para Agilizar el Ejercicio del Presupuesto y la Inversión Pública, y suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios.

El diputado Carlos Rojas Gutiérrez: Con su venia, señora presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, cada vez resulta más urgente que las acciones y programas para enfrentar los problemas económicos muestren ya resultados concretos.

México ha vivido diversas crisis económicas, las cuales ha logrado remontar esencialmente por el trabajo, capacidad y talento de millones de mexicanos, quienes han realizado enormes esfuerzos para recuperar y mejorar sus condiciones de vida.

Hoy, la economía nacional enfrenta nuevas adversidades que representan un importante obstáculo para el desarrollo y amenazan con convertirse en un nuevo retroceso para la sociedad. Las circunstancias en las que ocurre la primera crisis del siglo XXI son drásticamente distintas a otras que ha padecido el país.

En esta ocasión, se trata de un fenómeno económico de alcance mundial provocado, en gran medida, por el fracaso contundente de las tesis neoliberales que impusieron las políticas económicas en al menos las últimas dos décadas. Los alcances y la profundidad de la actual crisis todavía son impredecibles. Estamos ante un fenómeno inédito en el mundo.

Al inicio de esta difícil etapa ? recuerden ustedes? hubo quien pretendió minimizar los efectos de lo que otros advertían que se trataba de un problema mayor. Algunos más, incluso, llegaron a celebrar porque el estallido del sistema financiero, sobre todo en la economía más poderosa del planeta, ponía de manifiesto el fracaso del modelo neoliberal. Quizás todos hayan tenido algo de razón en su momento, pero lo cierto es que nadie actuó con oportunidad y auténtico sentido de la responsabilidad.

En México se ha dado una especie de impasse, como esperando que las decisiones y acciones tomadas en el exterior arreglen, como por arte de magia, nuestros problemas. Sin embargo, la hipótesis de que así como la crisis vino de fuera, la solución también vendrá de otra parte; no ocurre ni ocurrirá.

Al paso de unos cuantos meses, la situación empeora. Ahora, nadie, hasta los más optimistas que opinaban que sólo enfrentábamos algo pasajero, habla de que se trata de un fenómeno extraordinario que tendrá graves consecuencias. Y para advertir estos efectos catastróficos, no hace falta ni ser experto ni agorero de la desgracia, ya lo han dicho las propias autoridades, los representantes y directivos de las empresas y, sobre todo, lo percibimos todos los mexicanos.

Es indispensable sustituir el actual modelo económico y construir uno nuevo. Pero, en lo que eso sucede, nosotros no podemos permanecer estáticos, esperando a que alguien nos diga qué hacer.

La situación en diversas regiones del país es dramática. Se han perdido cientos de miles de empleos en los últimos seis meses. La inflación vuelve a reaparecer, el tipo de cambio está descontrolado y se nos diluyen como agua entre los dedos las reservas del Banco de México. Todo indica que al disminuir el ya de por sí raquítico crecimiento económico que teníamos, las desigualdades se profundizarán.

Por ello, nosotros no podemos seguir esperando. El Congreso tiene que asumir su responsabilidad, no podemos ser omisos ante la gravedad de la situación nacional. Junto con el gobierno, los estados, los municipios, todos debemos actuar de inmediato. Necesitamos responder ante una circunstancia muy compleja y poner todo nuestro compromiso y capacidad para ayudar a superar obstáculos que ya está visto que el mercado por sí mismo, no podrá salvar.

Nuestra obligación es darle la máxima certidumbre a la economía en momentos tan convulsos. De eso se trata esta iniciativa, lo que buscamos es darle instrumentos jurídicos al Ejecutivo federal para que pueda agilizar el gasto, pero no cualquier tipo de gasto, sino aquel que incida especialmente en la inversión.

Lo que proponemos tiene un doble propósito: por un lado, facilitar el gasto para generar empleos y compensar, en la medida de lo posible, la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, y por otro lado, buscamos que los recursos se inviertan en proyectos que tengan un efecto duradero en el desarrollo nacional. Se trata de una iniciativa que crea una ley temporal, para incidir sólo en aquellas acciones de gobierno que tienen un mayor impacto en el empleo.

Actualmente, hay que reconocerlo, algunas normas jurídicas contenidas en las Leyes de Obras Públicas, de Adquisiciones, de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria o del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal o de Responsabilidades de los Servidores Públicos, resultan ineficaces para enfrentar con oportunidad los retos que impone la crisis.

El ejercicio del gasto, especialmente el de inversión, el que genera una gran cantidad de empleos y una importante derrama económica, es demasiado complicado; es un proceso tortuoso y burocrático que impide que el gasto público llegue con eficacia y rapidez a donde se necesita.

Debe quedar claro en esta iniciativa que no se trata de expedir cheques en blanco o retroceder en los avances logrados por los procesos de contratación previstos en la ley, como son las licitaciones públicas, pero sí hay que utilizar de mejor manera, con certidumbre jurídica y plena transparencia los mecanismos de adjudicación directa y de invitación restringida previstos ya en nuestro marco legal, así como superar algunos obstáculos operativos que se han vuelto insalvables para tener un ejercicio eficiente del gasto.

Esta ley, si es aprobada por ustedes, permitirá que el gobierno federal actúe sin dilación; que los proveedores de bienes y servicios puedan participar de manera más efectiva en la recuperación económica, y que se generen empleos, ante los escenarios desalentadores que anuncian la pérdida casi irremediable de las fuentes de trabajo.

Éste es un primer paso. El gobierno y los ejecutores de la obra pública tendrán que poner su parte. Será una buena manera para iniciar la construcción de un nuevo modelo que constituya lo que podemos denominar como una nueva vía: la vía mexicana para el desarrollo del siglo XXI. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la palabra la diputada Elizabeth Morales García para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, suscrita por la diputada presentante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, además de los diputados Agustín Mollinedo Hernández y Juan Darío Lemarroy Martínez.

La diputada Elizabeth Morales García: Muchas gracias. Con su permiso, presidenta. Buenas tardes. Vengo a nombre propio, diputada veracruzana del Partido Revolucionario Institucional; de los diputados Agustín Mollinedo y Juan Darío Lemarroy, de Acción Nacional, y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, a presentar la siguiente iniciativa de reforma.

Hoy, cuando la situación económica mundial nos acorrala, debemos aprovechar a favor del pueblo una de las mayores riquezas que tenemos, el petróleo, defendiendo plenamente su condición de propiedad de la nación, pues en este día, un día tan emblemático, quiero dejar claro que soy nacionalista y coincido plenamente con aquellos hombres y aquellas mujeres que han defendido la no privatización del petróleo.

En este sentido, la actual legislatura propuso una serie de reformas para que Pemex tuviera mayor autonomía de gestión operativa y presupuestaria, y que, como ya dijeron todos los compañeros que me han precedido, tuviera más ingresos para poder invertir en la propia paraestatal.

Cuando se aprobó la reforma energética las circunstancias económicas eran otras. En este momento, la contracción de la economía mundial y nacional hacen difícil, por no decir que imposible, que Pemex cuente con recursos para invertir, por ejemplo, en transporte, en almacenamiento de petróleo, y en hacer más de una refinería.

En este momento estamos esperando el pronunciamiento del Ejecutivo federal para saber dónde estaría una refinería que le están solicitando; con toda razón, en Tula, Hidalgo; en Tuxpan, Veracruz; en Lázaro Cárdenas, Michoacán; en Tabasco, en Tamaulipas, en Campeche, en Oaxaca, en Tlaxcala o en cualquiera de los estados productores de petróleo que hay en el país.

¿Por qué hacer sólo una refinería cuando se podrían hacer dos, tres, cuatro, cinco o más? Por qué sólo una que produzca 300 mil barriles diarios, cuando podrían ser 9 de 100 mil, por ejemplo.

Recordemos que México, en el caso de transportación, tiene ductos con más de tres décadas en rezagos y que en momentos de alta demanda hace necesario el uso de pipas, lo que genera un alto costo para la nación.

Que decir de los derrames y accidentes, por lo viejo de sus ductos, en almacenamiento, México cuenta con máximo una semana, cuando otros países tienen hasta tres semanas de almacenamiento.

En lo que hace a nuestras limitaciones, en la transformación de hidrocarburos, las importaciones de productos procesados está por encima de las exportaciones de lo que es este producto en su estado natural.

Sin duda, nos afecta muchísimo más seguir llevando el dinero al extranjero que hacer una inversión nacional.

Aumentar la capacidad de refinación, de transporte y de almacenamiento de Pemex nos permitiría tener más renta petrolera y si es más renta petrolera, entonces tendríamos más recursos para que el Ejecutivo federal, en estos momentos difíciles, pudiera garantizar a hombres y a mujeres el total acceso a los programas de salud, también, el apoyo a proyectos para el combate a la pobreza, para poder hacer la infraestructura que el país requiere o para incluso revertir los daños al medio ambiente. El producto de algunos trabajos de la misma paraestatal.

Por eso, respetuosos del artículo 27 constitucional, de que la propiedad sobre los hidrocarburos se mantiene hasta que no se realiza la venta de primera mano y una vez que se produce esta venta de primera mano, la nación deja de tener el dominio directo sobre ellos y de que en consecuencia, nada contraviene, en que la Constitución, el que, el Estado encargue cierta forma de transformación, como puede ser, por ejemplo, la refinería, a los particulares, manteniendo la propiedad y el control de recursos y todos sus productos.

Una servidora y los diputados promoventes hacemos la siguiente propuesta de reforma, a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3. La industria petrolera abarca la exploración, la explotación, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación.

Artículo 4, segundo párrafo. La refinación, el transporte y el almacenamiento del petróleo, así como el transporte, el almacenamiento y la distribución del gas podrán ser llevados a cabo previo permiso por los sectores social y privado, los que podrán construir, operar y ser dueños de refinerías, ductos, instalaciones y equipo en los términos de las disposiciones reglamentarias técnicas y de regulación que se expidan y asociarse con Pemex para el cumplimiento de esas tareas al tenor de las normas reglamentarias que para el efecto se dispongan.

Es importante mencionar que el espíritu de la propuesta de reforma se encuentra contenido en la misma ley cuando dice y prevé que el transporte, el almacenamiento y la distribución del gas podrá ser llevado a cabo previo permiso por los sectores social y privado, lo que podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, sin que esto signifique su privatización.

La privatización del gas, lo que estamos solicitando en nuestra propuesta es exactamente el mismo tratamiento para el petróleo, para que pueda ser transportado, almacenado y refinado por el sector social y privado, sin que en ningún momento esto implique su privatización.

Nací y vivo en un estado de la República Mexicana petrolero y junto con mis compañeros diputados lo que estamos solicitando es que quien tiene el capital lo aporte, con reglas estrictas, nacionalistas, con esquemas económicos mixtos, siempre bajo la rectoría del Estado y que se beneficie con esto a todo el pueblo mexicano, pero, sobre todo a los que todavía viven en pobreza.

Les invito, por último, a reflexionar en lo siguiente, compañeros diputados. Actualmente, la refinación está privatizada y lo peor, está en el extranjero. Lo que proponemos es que retorne a nuestras manos, al territorio nacional, sin dependencias inconvenientes, hasta por estrategia de seguridad, además de las ventajas financieras y económicas que he mencionado.

No contar con esquemas legales de asociación para refinación, en el país, da pie a situaciones un poco turbias y sospechosas, como es por ejemplo, la asociación que hace Pemex, con la Refinería Deer Park, de Houston Texas, en Estados Unidos, en el que dice hoy, según, la Auditoría Superior de la Federación, no está reportando ningún dividendo, después de haber invertido 600 millones de dólares y lo que pudo haber ganado, lo pagó en impuestos en Estados Unidos, para beneficio de los norteamericanos por más de 211 millones de dólares. No puede ser.

Otro ejemplo es la asociación de Pemex para hacer actividades en el extranjero en territorios de baja fiscalidad ?considerados hoy países como paraísos fiscales? como pueden ser la Sociedad Anónima de Luxemburgo, de Repsol Lux o la Repsol de España, los cuales, hasta ahorita, tampoco reportan utilidades.

Quiero dejar claro, por último, que soy nacionalista, soy patriota y coincido plenamente con los ciudadanos orgullosos de su condición de mexicanos y que han defendido un no rotundo a todo lo que representa la pérdida de soberanía sobre nuestros recursos naturales.

Por eso, reitero la no privatización del petróleo, pero con el mismo espíritu agrego: No más refinerías fuera del territorio mexicano; no más refinerías en el extranjero, con recursos del extranjero y para beneficios sólo de los extranjeros.

Las refinerías que hoy no puede construir Pemex deben ser hechas por empresas que tengan el recurso y la solvencia moral suficiente y necesaria, siempre, ineludiblemente, bajo la rectoría del Estado mexicano, en el territorio mexicano y para el beneficio de los mexicanos. Por su apoyo a esta iniciativa, muchas gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Energía. Queremos saludar a visitantes, maestros y alumnos, de la Universidad Politécnica del estado de Tlaxcala, que el día de hoy nos acompañan en esta sesión.

A continuación, la diputada Mónica Fernández Balboa va a presentar dos iniciativas: la primera es proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la presentante y por Raymundo Cárdenas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. De igual forma, los mismos diputados presentan iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Consejo Social y Económico de Estado, suscrita por los mismos.

Esta Presidencia tiene consideración, en el que caso de que son dos iniciativas, por el tiempo de las mismas. Adelante, diputada.

La diputada Mónica Fernández Balboa: Gracias, presidenta. Tal como lo ha explicado, las dos iniciativas son para la creación del Consejo Económico y Social del Estado, una es modificación constitucional, y la otra es el propio decreto que crea la ley con este mismo fin.

La transición a la democracia ha sido un devenir lento y lleno de tropiezos. Es cierto que siempre es un proceso inacabado, perfectible; sin embargo, si no se toman providencias para consolidar cada paso, existe el riesgo de que la inercia arrastre los avances y se propicie una regresión. Hasta ahora, el principal aliento a la transición se ha venido dando en el ámbito de la democracia representativa, y poco hemos avanzado en esto.

No tengo la menor duda de que nuestro régimen de partido se vería beneficiado con el acompañamiento de cambios en los que se establezcan nuevas formas de participación y de corresponsabilidad ciudadana, que la gobernabilidad tendría un mejor sustento y que la confianza volvería a ser patrimonio de la política.

Hoy que el debate sobre la salida a la crisis nos demanda llegar a grandes acuerdos, observamos que no contamos con instancias que permitan esta deliberación y la generación de consensos; que seguimos actuando en los mismos espacios que no pudieron impedir el grado de descomposición que presentan las variables políticas, económicas y sociales.

El Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión, los partidos o los gobiernos estatales son quienes, pese a los innegables esfuerzos emprendidos, no han logrado acumular la masa crítica para dar un salto cualitativo y retomar la iniciativa histórica convocando y propiciando la acción unitaria de las mayorías.

Desafortunadamente, desperdiciamos la oportunidad de realizar cambios sustantivos en el funcionamiento del régimen del Estado y del gobierno con la recién aprobada Ley para la Reforma del Estado y, a pesar de que el objetivo central de esta ley era el de cambiar el actual régimen, la intención se vio frustrada por prioridades de otro tipo.

El tema está de vuelta en nuestra casa. Tenemos el deber ineludible de dar respuesta y salida a los consensos y acuerdos a los que se llegó. No podemos darnos el lujo de tirar a la basura los meses de trabajo y las propuestas que ahí surgieron, sólo nos lo puede impedir nuestra falta de voluntad o vocación.

Estoy convencida de que hay que promover el diálogo social, que es un ejercicio importante de las democracias, y éste no puede ser accidental o circunstancial, tiene que ser parte importante de los mecanismos para la formulación de la agenda nacional y para la toma de decisiones.

Estando convencida, también, de que el incremento de la competitividad económica basada en la innovación es la mejor manera de salir adelante y vencer la crisis local, así como los retos de la globalización.

Sé que esto no se logra sin el acuerdo e involucramiento pleno de los sectores productivos, y con la vigilancia de los grupos que actúan en la preservación de la sustentabilidad del medio ambiente y del respeto a los derechos humanos, cosa que hoy no sucede por no existir las instancias para que este acuerdo social se establezca.

Ahora bien, en el plano de la política exterior hay también un vacío institucional ya que internacionalmente se requiere de esquemas de representación social para mantener una interlocución completa, particularmente en el Acuerdo Comercial y de Cooperación con la Unión Europea la ausencia de un consejo económico y social en México ha limitado la cooperación y el diálogo político dado que la relación entre organizaciones de la sociedad civil no se puede realizar con la mediación de los gobiernos, dado que según las normas europeas, éste ha de establecerse directamente y con representaciones reconocidas por los propios colectivos sociales, y ninguno de los consejos consultivos actuales cumple con este propósito.

En este acto doy cumplimiento a lo acordado con nuestros aliados de la UNT, relacionado con construir y luchar por una agenda legislativa común. Esta agrupación sindical, junto con organizaciones campesinas y empresariales, ha venido impulsando esta propuesta desde hace más de ocho años, y es momento de recogerla y asumirla en este honorable Congreso de la Unión.

Por todo ello es que estoy presentando ante este pleno dos iniciativas de ley que tienen que ver con el reconocimiento a la participación ciudadana, en el diseño, aplicación y vigilancia de las políticas públicas relativas al desempeño económico y al desarrollo social de los mexicanos.

Las iniciativas establecen la creación de un Consejo Económico y Social, y las reglas para su funcionamiento como un órgano autónomo consultivo, integrado por tres grandes sectores: las organizaciones empresariales, las sindicales y campesinas, y las civiles y sociales.

La reforma constitucional está sustentada principalmente en el ámbito de la planeación en el artículo 26 constitucional, y la reglamentaria, en el reconocimiento de la representación de la sociedad civil para ser un interlocutor válido frente al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, en temas que le conciernen, y en beneficio del bien común.

La reforma constitucional ha de corregir la deficiencia que existe en cuanto al mandato de realizar la planeación democráticamente; demagogia pura, ya que la consulta y la vigilancia es mera simulación.

En el mundo existen más de 65 Consejos Económicos y Sociales que permiten, sobre todo, un debate abierto de los diferentes temas de la economía y de lo social. En pluralidad y de manera incluyente se delibera desde los distintos intereses y argumentos, buscando las coincidencias en el ámbito del interés común, pensando en el largo plazo y con una visión global.

Los más antiguos datan de los años cuarenta del siglo pasado; su diseño se realizó en razón de necesidades específicas del momento de cada país. Por ejemplo, el francés obedeció a las condiciones de reconstrucción económica y política de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial; el español, a contar con un mecanismo de deliberación y consulta que permitiera vigilar el cumplimiento de los cambios constitucionales efectuados al término de la dictadura franquista, y además, para darle seguimiento a los Acuerdos de La Moncloa.

Lo cierto es que todos tienen una utilidad real en la ampliación de las capacidades y la transparencia en el ejercicio del gobierno, y en no pocos casos ha operado como fuerte impulsor de la transición, particularmente en sociedades que vienen de gobiernos autoritarios y centralistas.

Su función no se mantiene lineal en el tiempo; el grado de maduración de la democracia les asigna menor o mayor importancia. Lo fundamental es identificar los alcances a cumplir y en razón de ello diseñar el entramado legal que asegure su eficaz desempeño.

Las facultades, sus prerrogativas y funcionamiento deben definirse precisando previamente y con toda claridad los objetivos. Uno de orden determinante, en el caso mexicano, es el que se refiere a la urgente necesidad de superar el viejo sistema presidencialista, corporativizado y clientelar.

Es irresponsable exigir la desaparición de este tipo de relaciones y no construir los espacios de expresión y participación de grupos, que si bien es cierto fueron suplantados por liderazgos ilegítimos, tienen todo el derecho de representarse democráticamente a sí mismos sin tutelajes y con plena autonomía. No desconozcamos que las clientelas y las relaciones corporativas cumplían en el viejo régimen un papel real de soporte y de legitimación.

Tenemos que abandonar prejuicios e intereses particulares y aceptar que la democracia participativa y la directa no quitan el poder al Estado; Por el contrario, lo amplían con la participación de mayorías que hoy están excluidas de muchas de las decisiones importantes. Más grave aún es que por lo mismo también estén alejados del ejercicio de la corresponsabilidad.

Más sociedad no es menos gobierno; es más Estado. Más sociedad no es menos partidos; los hace más representativos de causas no ordinarias y por encima de lo político-electoral. Más sociedad participando no es anarquía; es estabilidad para el largo plazo, es credibilidad, es legitimidad. Más sociedad actuando es fuerza y claridad en los propósitos de la nación.

Estamos en tiempo de crear las nuevas condiciones estructurales que impulsen un cambio de rumbo. Lo que está en juego es la viabilidad de la nación y su proyecto histórico. No le regateemos al país y a los mexicanos la oportunidad de cambiar, de ser mejores, de progresar. No sigamos prolongando la agonía de un régimen que no cumplió con sus promesas y que terminó dejando una estela de pobreza, desigualdad, inseguridad y desconfianza sólo por un afán de mantener privilegios.

Termino, presidenta. O cambiamos de dirección rompiendo la inercia, o seguimos marchando hacia el precipicio. Lo único que no podemos hacer es demandar más espera. A 200 años de la Independencia y 100 de la Revolución Mexicana, toda prudencia pasa a ser cinismo y complicidad. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Por lo que toca a la primera iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Por lo que toca a la iniciativa que expide la Ley del Consejo Social y Económico de Estado, se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Desarrollo Social, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública. Muchas gracias.

Tiene la palabra la diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

La diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes: Con su permiso, diputada presidenta. La suscrita María Victoria Gutiérrez Lagunes, diputada federal por Veracruz e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior, presento la siguiente

Iniciativa que reforma la Ley General de las Personas con Discapacidad, modificando los artículos 29 y 30.

Por unanimidad y un profundo compromiso con la sociedad y, en lo particular, con este sector de la población, demostrando la gran voluntad de las fracciones parlamentarias para dar respuesta a un reclamo social que representa la lucha por más de una década de las personas con discapacidad y sus organizaciones, las Comisiones Unidas de Salud; de Seguridad Social; de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos; Segunda y del pleno Senatorial, el 9 de diciembre de 2004, aprobaron el dictamen de los instrumentos enunciados en el anterior numeral, turnando la minuta ese mismo día a la Cámara de Diputados.

La Ley General de las Personas con Discapacidad establece que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es una instancia institucional, y es el encargado de elaborar la política pública para las personas con discapacidad. Sin embargo, lamentamos que esto no haya sido suficiente, ya que los beneficios no se han permeado en la vida diaria de las personas con discapacidad.

Lo anterior, hace necesario que este consejo cuente con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía de gestión. Es decir, que las personas con discapacidad, al igual que las personas adultas mayores, indígenas, jóvenes y mujeres cuenten con un organismo o un instituto nacional que les facilite incluso la designación de partidas presupuestales.

Según el Censo General de Población y Vivienda, el INEGI, en el año 2000, en México vivían alrededor de 2 millones 200 mil personas con discapacidad. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad estima que de esta población, el 67 por ciento son analfabetos y el 48.5 por ciento es inactiva económicamente. Lo cual hace esta población, si bien es cierto, vulnerable.

Éstas son las cifras que presenta el órgano encargado de la política pública para las personas con discapacidad, en su diagnóstico para el Programa Nacional para las Personas con Discapacidad [PRONADIS] 2007-2012, presentado en junio de 2008 ante la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Lo anterior, hace saber que la situación por la que atraviesan las personas con discapacidad en México, no son las mejores y que en estos tiempos de crisis, seguramente, serán los más golpeados por la carencia de oportunidades y aún más, por la necesidad de un empleo digno y remunerado, por sus necesidades de salud, educación, entre otras, y que no será fácil su inclusión social.

En el desarrollo de mi trabajo en esta legislatura, y lo que hemos realizado en la oficina de Enlace Ciudadano, me he dado cuenta de la gran necesidad económica de las personas con discapacidad. Sin embargo, no quiero omitir las carencias con las que se vive en mi estado, en Veracruz, no sólo las carencias sino la miseria en la que vive este sector.

Como hemos podido observar quienes fuimos electos por el principio de mayoría, y que nunca hemos dejado de recorrer nuestro distrito, no podemos dejar de lado a quienes menos tienen y más lo necesitan.

Por todo lo anterior, someto a esta soberanía lo siguiente

Proyecto de decreto

Único. Se modifica el artículo 29, y se adiciona una fracción al artículo 30, para quedar como sigue

Artículo 29. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Salud, con personalidad jurídica y patrimonio propio para su desarrollo y sus atribuciones.

El consejo debe gozar de autonomía técnica y de gestión de igual manera, para dictar las resoluciones que en término de la presente ley se formulen.

El consejo no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia.

Artículo 30. El consejo tendrá las siguientes atribuciones:

Fracción XIX. Deberá promover en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, la compensación económica y humanista para las personas con discapacidad. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Tiene la palabra el diputado Enrique Serrano Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Enrique Serrano Escobar: Muchas gracias. Con tu permiso, diputada presidenta. Honorable asamblea, su servidor Enrique Serrano Escobar, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los artículo 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El Poder Legislativo en general, y nuestra Cámara de Diputados, en lo particular, se han visto aquejados durante largo tiempo por un importante rezago legislativo, que pese a los esfuerzos realizados por combatirlo pareciera no disminuir, e inclusive, incrementarse.

Dicha problemática, entre tantas otras, se deriva en gran parte de la insuficiencia del marco jurídico del Congreso, el cual se ha visto superado por los cambios y circunstancias que ha sufrido nuestro Poder Legislativo.

Las propuestas en torno a agilizar el procedimiento parlamentario, así como para regular la actividad de los legisladores y sancionar la inasistencia o la falta de probidad en dicha labor se han presentado de manera constante. Por sólo citar una cifra, se han presentado más de 200 iniciativas durante la LIX Legislatura y ésta, de las cuales sólo se han resuelto menos de 10 por ciento.

Derivado de lo anterior, resulta imperante encontrar mecanismos que nos permitan avanzar y agilizar los trabajos pese a las circunstancias adversas, por lo cual me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente

Proyecto de decreto...

Antes, hago un paréntesis para solicitar a la presidenta de la Cámara que se inscriba el texto íntegro de la iniciativa, en virtud de que no voy a leer todo el texto íntegro. Con el propósito de abonarle a la agilización de los trabajos de esta asamblea me voy a referir a la parte sustancial de la pretendida reforma.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Adelante, diputado.

El diputado Enrique Serrano Escobar: Gracias.

Proyecto de decreto

Primero. Se reforman y adicionan los artículos 38, 44, 45 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Y en el artículo 45, propongo en el inciso d) sesionar ?refiriéndome a las comisiones ordinarias? cuando menos dos veces al mes durante los periodos ordinarios, y como mínimo una vez al mes durante los periodos de receso.

Cada reunión deberá ser convocada con una anticipación mínima de 24 horas durante los periodos ordinarios, y de 48 horas tratándose de periodos de receso; las cuales deberán ser publicadas en la Gaceta Parlamentaria con la anticipación antes señalada, y contener la fecha, hora y lugar preciso de realización, el orden del día respectivo y una relación pormenorizada de los asuntos que deberán ser votados.

En caso de haber realizado la convocatoria a la reunión de la comisión en los términos antes descritos sin que se alcance el quórum necesario para poderla realizar, se llevará a cabo una segunda convocatoria que cumplirá con los requisitos antes mencionados, a fin de realizar otra reunión en la cual se abordarán, discutirán y votarán los asuntos con los diputados que estén presentes.

En el inciso f) propongo: Asimismo, al emitir su dictamen, las comisiones podrán hacer adecuaciones o modificaciones parciales o totales a la iniciativa en estudio, procurando conjuntar dentro de un dictamen las iniciativas sobre el mismo tema, para con ello desahogar los mayores asuntos posibles.

En el artículo 93. Para el despacho de los negocios de su incumbencia, las comisiones se reunirán mediante cita de sus respetivos presidentes y podrán funcionar con la mayoría de los individuos que la forman, en caso de la primera convocatoria y con los diputados presentes, en caso de segunda convocatoria.

Básicamente la propuesta de un servidor se refiere a la experiencia que en esta Legislatura he obtenido del trabajo en comisiones, que mucho del trabajo que ahí debería resolverse, discutirse, votarse y aprobarse no se hace por la inasistencia de algunos de los integrantes.

Comprendo que el sinnúmero de obligaciones de un diputado federal a veces no le permite estar simultáneamente en todas las reuniones, pero es importante que las comisiones tengan facultades para resolver con quien esté presente y de ahí se deriva la propuesta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Enrique Serrano Escobar. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Puertos.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Uno de los temas que debemos atender para que este país mejore en competitividad, adicionalmente al tema de ferrocarriles, de las telecomunicaciones, de la infraestructura aeroportuaria, es la infraestructura portuaria.

Ésta es la razón por la que con la presente iniciativa, que someto a consideración de este pleno, se pretende y pretendo la consideración de ustedes para modificar el artículo 24 de la Ley de Puertos.

Este artículo señala que en general el otorgamiento de concesiones se realizará mediante concurso público, de conformidad con ciertas reglas que ahí se estipulan.

Exceptúa de este tratamiento a las marinas artificiales y a las terminales de uso particular, estableciendo en el último párrafo del mismo que las concesiones sobre bienes del dominio público de la Federación para construir, operar y explotar marinas artificiales o terminales de uso particular se podrán adjudicar directamente por la secretaría a los propietarios de los terrenos que colinden con la zona federal marítimo-terrestre de que se trate, conforme al procedimiento que señale el reglamento respectivo.

Como ustedes pueden ver, la propia disposición de ley es comprensible de la situación que priva para efectos de potenciar los puertos de nuestro país.

Sin embargo, la presente iniciativa propone extender este tratamiento a todas las terminales portuarias que se realicen en terrenos propiedad de particulares. Si estos ya tienen la autorización, si están en terrenos particulares, ahora entonces no tienen por qué ser licitadas, porque ya ni son terrenos federales ganados al mar ni son de la zona federal marítimo-terrestre.

Y así, pues, lo anterior busca eliminar la incongruencia que tiene el texto normativo vigente que preceptúa la obligación de una licitación pública para otorgar una concesión, aún en aquellos casos en donde el solicitante ya posee la propiedad del terreno en donde se establecerá la terminal.

La licitación tiene lógica, como lo advertía, y razón de ser, cuando la terminal se establece sobre un terreno propiedad federal localizado en el recinto portuario, que no es el caso que nosotros planteamos.

Por eso tenemos claro que con esta modificación no nada más se da certeza jurídica a quienes han generado empleos y ofertan un mejor servicio portuario, sino que evita las inequidades y trato dominatorio sobre aquellos que brindando servicio tienen la necesidad de mejorar los mismos y las propias instalaciones.

De ahí, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24, de la Ley de Puertos.

Artículo único. Se reforma el artículo 24, de la Ley de Puertos para quedar como sigue:

Artículo 24. Las concesiones a que se refiere este capítulo se otorgarán mediante concurso público, conforme a lo siguiente: fracciones I a IX en los términos que están, y una adición a la fracción IX, que señala: Las concesiones sobre bienes del dominio público de la federación para construir, operar y explotar marinas artificiales, o terminales marinas se podrán adjudicar directamente por la secretaría a los propietarios de los terrenos que colinden con la zona federal marítimo-terrestre de que se trate, conforme al procedimiento que señale el reglamento respectivo.

Transitorio único: Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Compañeros legisladores, México tiene que salir adelante, pero nosotros tenemos que ayudar a que nuestro país salga adelante, y uno de los temas que más nos ha acusado el entorno para el doing business, o el hacer negocios, es que el andamiaje jurídico que tenemos inhibe la posibilidad de tener una mejor infraestructura.

Por ello, con esta propuesta pretendemos aportar para que tengamos mejor infraestructura en el rango portuario, para que los mexicanos puedan hacer mejores negocios y tengan una mayor certeza jurídica. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Transportes.

Tiene la palabra la diputada María de los Ángeles Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24, de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo: Gracias, presidenta. La suscrita, María de los Ángeles Jiménez del Castillo, en mi carácter de diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, presento a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de ley que adiciona un texto al artículo 24, de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de las siguientes consideraciones.

La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 1, refiere que es una ley de orden público, de observancia general en toda la república y que tiene por objeto garantizar a las niñas, los niños y los adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Esta ley recogió los principios adoptados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, que fueron organizados en el artículo 4, de la Constitución. En este contexto jurídico, el interés superior de la infancia se transformó así en una garantía constitucional.

De este modo, a la luz del artículo 133, de la Constitución federal, todas las leyes secundarias y todos los actos de las autoridades en la materia se encuentran obligados a acatar y a respetar los principios rectores de la protección a la infancia diseminada en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El capítulo VII, del Título Segundo de esta ley plantea, en su artículo 24, lo siguiente: Las autoridades establecerán las normas y los mecanismos necesarios a fin de que siempre que una niña, un niño, o una o un adolescente se vean privados de su familia de origen, se procure su reencuentro con ella.

Asimismo, se tendrá como prioritaria la necesidad de que las niñas, los niños y los adolescentes, cuyos padres estén separados, tengan derecho a convivir o mantener relaciones personales y trato directo con ambos, salvo que de conformidad con la ley, la autoridad determine que ello es contrario al interés del niño.

Familia es el nombre con el que se ha designado a una organización social tan antigua como la propia humanidad, y que, simultáneamente, con la evolución histórica, ha experimentado transformaciones que le han permitido adaptarse a las exigencias de cada sociedad y de cada época.

Según lo anterior, el ambiente familiar se convierte en un medio que influye de gran manera sobre el individuo, ya sea inhibiendo o favoreciendo su desarrollo; fenómeno que ha sido observado a través del tiempo y en los diferentes grupos culturales.

Dentro de la familia existe una relación paterno-filial que consiste en un régimen de protección de los menores no emancipados, donde se encomienda la protección de éstos a sus padres.

La patria potestad no deriva del contrato de matrimonio, sino que es un derecho fundado en la naturaleza, y confirmado por la ley; esto es, que la patria potestad se funda en las relaciones naturales paterno-filiales, independientemente del estado legal en el que se encuentre la unión matrimonial, siendo ésta la fundamentación ideológica para concentrar en las familias valores éticos.

La pérdida de tal derecho, en especial el derecho a la convivencia entre padres e hijos, entrañan graves consecuencias perjudiciales tanto para los hijos, como para el progenitor, violentando un equilibrio personal, y por ende, se perturba al igual el equilibrio social.

Se trastoca el núcleo familiar e invariablemente se da una forma de desmembración de la familia acarreando graves consecuencias de índole psicológica y sociológica, que repercute no sólo en las diferentes etapas de la vida de los hijos, sino también en la de los padres.

Por ello, es necesario que la legislación tenga presente en todo momento el interés superior de los menores y genere las condiciones necesarias para, en el caso de que el, la o los progenitores no convivan o no puedan convivir con los hijos, existan disposiciones legales que prevean, en su caso, mecanismos expeditos para que las niñas, los niños, las adolescentes y los adolescentes puedan mantener la relación personal mediante el convivió y un trato directo con sus padres.

Por todo esto, estamos anexando un texto al artículo 24 que dice:

Artículo 24. ... Las autoridades establecerán las normas y los mecanismos necesarios a fin de que siempre que una niña o un niño, o una adolescente o un adolescente se vean privados de su familia de origen, se procure su rencuentro con ella. Asimismo, se tendrá como prioritaria la elaboración de disposiciones legales que prevean, en su caso, mecanismo expeditos para que las niñas, los niños y los adolescentes cuyos padres estén separados, tengan derecho a convivir o mantener relaciones personales y trato directo con ambos, salvo que de conformidad con la ley, la autoridad determine que ello es contrario al interés superior del niño. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Tiene la palabra, a nombre del diputado Joel Guerrero Juárez, del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Miguel Rivero Acosta, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria.

El diputado Miguel Rivero Acosta: Con su permiso diputada. A nombre del diputado Joel Guerrero Juárez me permito leer la siguiente iniciativa.

Señores diputados y señoras diputadas, vengo a esta alta tribuna de la nación a reflexionar sobre un tema que nos atañe a todos. Vengo a analizar con ustedes, la tendencia a la derogación en la convivencia en el campo, y la necesidad de que intervengamos para que evitemos la destrucción de la naturaleza y la sociedad rural.

Expongo algunos motivos, que incluyo en la iniciativa que pongo a su disposición, para su reflexión, y en su caso, su aprobación.

A partir de la emisión de la Ley Agraria, en 1992, se pretendió dinamizar el campo mexicano con una estructura que permitiera reordenar la propiedad, mercantilizar procesos de intercambio de la tierra dotando a un tiempo al campesino mexicano de los instrumentos que facilitaran asociarse con agentes económicos y capitales, por su propia dinámica de expansión de rendimientos, y que esto generaría la paz y el bienestar en la sociedad rural de México.

Después de 16 años la evaluación de lo que pasa en la sociedad mexicana que habita en el campo nos muestra indicadores decepcionantes.

Ahora, las relaciones sociales de armonía que supuestamente se habrían de lograr con las modificaciones legales del 92 nos proyectan distorsiones preocupantes, altos movimientos migratorios, pueblos desolados, jóvenes campesinos que permanentemente buscan expectativas, que supuestamente son absorbidos por el narcotráfico en una guerra desgarradora del ser nacional, triste y sin expectativas que reviertan esta tendencia de dispersión y desarrollo en grandes capas sociales que se mantienen en la pobreza extrema.

Nuestra única opción ha sido militarizar el territorio nacional. Se nos acabó la imaginación política.

Lo que llama la atención es que estas tendencias se manifiestan en medio de un plan normativo que fue instrumentado y diseñado para que la sociedad rural mexicana alcanzara niveles de modernización significativos como para convertir al campo nuevos espacios de generación y riqueza y desarrollo.

Nos referimos a las normas que parecen no tener la eficacia esperada. La Ley de Desarrollo Rural es una de ellas. Le acompaña la de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la General de Asentamientos Humanos, la de Desarrollo y Equilibrio Ecológico, la de Desarrollo Forestal Sustentable y la propia Ley Agraria que ahora proponemos adecuar buscando bloquear las limitaciones que implican que las normas no se cumplan adecuadamente o no se puedan cumplir.

La pregunta consecuente es: ¿qué está pasando en el marco normativo del campo mexicano que no ha alcanzado los objetivos esperados y que no permite que el campesino logre niveles de desarrollo fuera de la pobreza?

Recordemos, al respecto, que ya pasó otra generación sin que el problema de desarrollo en el campo se resuelva. Pensemos en las reformas a la Constitución que trajeron consigo disposiciones por la que se concluye la propiedad, se constituye la propiedad privada.

El problema es que esta idea fue socavando o no coincidió con el principio de precedencia que tiene el interés público de regular el beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de aprobación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública. Cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana.

En síntesis, una reestructuración normativa que en 1992 buscaba el desarrollo rural integral no ha logrado tener frutos.

En la Ley General de Asentamientos Humanos destacamos la pretensión de regular el mercado de los terrenos que se ve incierto en participación no coordinada de instancias de gobierno que coexisten en un marco altamente especulativo, cuya dinámica sustanciada en la ganancia no permite un reordenamiento adecuado y con los ritmos apropiados para compasar el desarrollo social.

Al contrario, este mercado ha dado como resultado atrofias en la integración de la sociedad rural y que amenaza en convertirse en una guerra casi civil arropada por el narcotráfico en el campo interminable.

Si no buscamos mecanismos que permitan revisar la estrategia y adecuar inmediatamente el marco jurídico normativo de las instituciones, la iniciativa que propongo a esta soberanía de la nación conlleva a cambiar el paradigma del mercado de tierras sustraído al desarrollo, mercadeo y ganancias destructoras de pueblos y comunidades.

Es la hora de que el Estado retome la función y defina nuevos conceptos de desarrollo para recuperar la convivencia y estabilidad en el campo mexicano.

Por eso propongo que el mercado de tierras sea objeto de una comisión reguladora de ese mercado, que se soporte la aprobación de ejidatarios y comuneros y sus familias para bases sustentables. Esto es, cambiar el concepto de ganancia y plusvalía del capital que hoy caracterizan a este mercadeo irracional, hacia otro donde el equilibrio ecológico sea el punto de partida y desarrollo de la sociedad del campo.

Como resultado final, tenemos que convertir reconvirtiendo nuestro pensamiento; tenemos que entender que la degradación de la ecología causa degradación constante en la sociedad.

Estimados diputados y diputadas, la sociedad no es concepto amorfo, es una idea de vida, donde el hombre debe saber su existir con la naturaleza para preservarla. Ésta es la dinámica que está imperando en el mundo del conocimiento sobre el universo, y el ser, en espacios para el propio hombre, ha hecho inhabitable por el pensamiento que todo circunscribe a la ganancia y la voracidad del hombre sobre el hombre.

En México, esto está destruyendo escenarios de convivencia y está socavando a la sociedad en el campo, particularmente, los hijos de ejidatarios y comuneros tienen que emigrar para conseguir vivir y que sus familiares sobrevivan. Esto es un modelo de vida apropiado, y lo logrado es que el Estado, sus instituciones vean el asunto con frivolidad, sin hacer propuestas para redimir el marco que ahora se ha convertido en el campo de una atrofia que vemos y observamos en la faz más desgarradora.

Intereses: Nosotros observamos y sólo observamos, la guerra desgarradora que se escenifica en la nación.

Esta iniciativa que propone el diputado Joel, crea el mecanismo para regular el mercado de tierras en el campo, para que el ejidatario y comunero se integre a las sociedades con conocimiento y potenciales para la aprobación de su propia tierra. Se trata de revalorizar el factor de la tierra y que el campesino se convierta en el propio motor del desarrollo de su familia.

Por eso, la iniciativa que propone el licenciado y diputado Joel, mira y pone en alerta para que se comience con el proyecto de adecuación y normatividad del campo, controlando el mercado de tierras, que ahora es incontrolable, causando perjuicios a los hombres y mujeres de la sociedad rural, y degrada indeteniblemente a la naturaleza. La iniciativa que se propone antepone la prioridad de preservar el hábitat como premisa para cualquier operación de compra-venta de tierras.

Por ello, hago un exhorto para que apoyen esta iniciativa que reforma la Ley Agraria, agregando al capítulo que crea la Comisión, para la Regularización del Mercado de Tierras y Promoción de Derechos Ejidatarios y Comuneros. Muchas gracias, diputados.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de la Reforma Agraria.

Tiene la palabra el diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El diputado Jericó Abramo Masso: Gracias, presidenta. Amigas y amigos legisladores, compañeras y compañeros, la crisis que golpea a nuestro país ha hecho que el Congreso de la Unión atienda de manera urgente los efectos, y promueva acciones que permitan la rápida reactivación de nuestra economía. Por consiguiente, la protección de la población mexicana, principalmente para quienes esto significa una condena de hambre y de miseria.

Las principales economías del mundo han establecido una serie de medidas urgentes que les permitan frenar la recesión que sufren sus colapsadas economías, van desde la inyección de dinero fresco hasta la adquisición de empresas financieras y de crédito, principalmente aquellas de interés social, como las hipotecarias, aseguradoras y bancos.

También, han presentado planes que permitan a industrias que han sido afectadas y son pilares del desarrollo económico y de oferta laboral de esas regiones, recuperarse a corto plazo, como es la industria automotriz que, en el caso de Estados Unidos, son fuente de más de 25 millones de empleos.

Uno de los insumos más importantes en la economía nacional, sin duda, es el energético, que va desde las gasolinas hasta el diesel, y del gas hasta la electricidad. Estos recursos son parte indispensable de la industria manufacturera, agrícola y de transporte, que son variables que impactan la economía popular de manera directa, que son disparadores de la inflación y del alza del costo de los productos básicos primarios, necesarios en la alimentación, salud y hábitat de la sociedad mexicana.

Por eso, esta iniciativa pretende apoyar la economía de los mexicanos y ayudar a la disminución del costo del combustible, tanto la gasolina y el diesel.

En términos relativos, entre diciembre de 2005 a diciembre de 2008, la gasolina Premium se ha incrementado casi un 25 por ciento de su costo; la gasolina Magna Sin lo ha hecho en un 17.41 por ciento de su costo; y el diesel lo ha hecho en un 33.77 por ciento de su costo; y los salarios sólo crecieron un 6.5 por ciento en términos reales, ya que la inflación para 2008 se elevó hasta en 6.1 por ciento, pulverizando estos miniaumentos al salario mínimo. En este gobierno, en lo que va del sexenio, la canasta básica aumentó 50 por ciento.

El argumento del Ejecutivo federal para sugerir el aumento a los combustibles fue la necesidad de tener precios competitivos, para lo cual era necesario igualar los precios nacionales de los combustibles con los internacionales, y sobre todo, con nuestro socio comercial del norte, ya que en ese año el precio de la gasolina era 24 por ciento más cara en Estados Unidos que en México.

En nuestro país, con base en la información proporcionada por Pemex y el Departamento de Energía de Estados Unidos, la gasolina Premium en Estados Unidos de Norteamérica registró un precio promedio de 11.49 pesos por litro, en julio de 2008, y se redujo a 7.20 pesos por litro en diciembre de 2008.

Para ese mismo periodo en México pasó de 9.04 a 9.57 pesos por litro la gasolina Magna. Adicionalmente, en noviembre y diciembre de 2008 la gasolina Premium estuvo entre 1.46 y 2.37 pesos por litro más cara en México que en Estados Unidos.

Con lo anterior se contribuyó a la desaceleración de la actividad económica en nuestro país y al aumento de la inflación, ya que aunque se diga lo contrario, la subida de estos precios es un factor detonante de la inflación ya que tiene efecto dominó sobre todos los productos y servicios de nuestro país.

Sólo basta recordar que en septiembre de 2007, cuando el gobierno anunció la intención de incrementar los precios de los combustibles para incrementar su captación fiscal, inmediatamente empezaron a subir los precios de los productos y servicios.

De acuerdo al Cuarto informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, los ingresos fiscales por la enajenación de gasolinas y diesel han sido negativos, y sólo el aumento aprobado de las gasolinas y el diesel ha presentado un ingreso que significó 6 mil 99.7 millones de pesos a las participaciones de las entidades federativas; sin embargo, los ingresos petroleros aumentaron, de 2007 a 2008, de 880 mil 698 millones de pesos, en 2007, a 1 billón 51 mil 150.2 millones de pesos, en 2008.

Si bien para 2009 esto puede tener una baja, el aumentar la base participativa en el Fondo General de Participaciones Garantizadas a la recuperación de las entidades federativas; por otro lado, el gasto corriente del Poder Ejecutivo federal ha aumentado de 2007 a 2008 de 1 billón 489 mil 975.9 millones de pesos a 1 billón 670 mil millones de pesos, cerca de 200 mil millones de pesos, lo que, adelgazando este gasto nos permitiría recuperar la pérdida de la baja del precio del petróleo.

El ingreso no petrolero aumentó, de 2007 a 2008, de 1 billón 605 mil millones de pesos a 1 billón 805 mil millones de pesos. Al aumentar las fuentes de trabajo se mantiene el aumento del ISR, así como una recaudación mayor del IVA. Al ampliar el consumo y el poder adquisitivo de la población lograríamos este hecho.

Por eso proponemos en esta iniciativa de ley, amigas legisladoras y amigos legisladores, la disminución de un 30 por ciento real en el costo de los energéticos como lo son la gasolina y el diesel, retribuyendo el salario a los trabajadores, que hoy está tan desgastado. Si no ayudamos a la economía del país para que se pueda disminuir el costo de vida de los mexicanos será difícil que podamos afrontar la crisis por la que estamos pasando.

Por eso nuestro planteamiento es que disminuyamos en un 30 por ciento el costo del diesel y la gasolina. Seamos competitivos. Ayudemos al sector productivo. Ayudemos a los que usan el camión. Ayudemos a los que tienen sus vehículos. Ayudemos a los que transportan materia prima por todo nuestro país. Eso ayudaría a que abaratáramos el costo de vida en nuestro país y a que pudiéramos crecer de forma más acelerada en estos años de crisis financiera y crisis económica.

Por eso y por lo anteriormente expuesto presento a esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto para quedar como sigue

Artículo 2-A. Las personas que enajenen gasolina o diesel en territorio nacional estarán sujetas a las tasas y cuotas siguientes

El número 2 se deroga y el número 3 quedará como sigue: Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, las estaciones de servicio y demás distribuidores autorizados que realicen la venta de los combustibles al público, en general, trasladarán un 30 por ciento de descuento a la cuota resultante de la fracción I de este artículo, pero en ningún caso lo harán en forma expresa y por separado. El traslado del descuento a quien adquiera gasolina o diesel se deberá incluir en el precio correspondiente.

Esta iniciativa creo que ayudará en mucho al país a salir de la crisis a la que estamos entrando y que va a durar estos dos años, que esperemos que eso dure y no dure más o esperemos que dure menos. Pero si no generamos políticas fiscales desde la Cámara de Diputados, para que el gobierno cumpla su parte disminuyendo los costos a los que menos tienen, nosotros estamos quedando en deuda con los mexicanos. Aprobemos esta iniciativa compañeras y compañeros legisladores, por el bien de México. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra el diputado José Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Edmundo Ramírez Martínez: Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Hoy por hoy el fenómeno migratorio enfrenta condiciones unilaterales desproporcionadas, abusivas, violentas, convirtiendo a la migración en el más trágico síntoma de la iniquidad entre el privilegio para los grandes capitales y la explotación masiva de hombres y mujeres en términos de omisión de sus derechos humanos.

El migrante en muchas ocasiones se enfrenta a condiciones de máxima desigualdad aventuradas por un trato discriminatorio. La migración tiene que asumirse como un problema de desarrollo para las naciones y las regiones, el cual debe resolverse por las vías humanitarias.

Debemos reconocer que México es un país de migrantes y que día a día es utilizado como puente o destino para miles de centroamericanos que recorren nuestro territorio para llegar a los Estados Unidos.

Cabe señalar que este fenómeno ya no es exclusivo del género masculino, ya que en la actualidad observamos a miles de mujeres migrantes, madres, jefas de familia, que tratan de llegar al otro lado para mejorar las condiciones de vida de ellos y de su familia.

Los connacionales en el exterior no sólo son un factor importante para el crecimiento de la economía de ese país, sino también representan el sostén económico de sus familias y de las regiones de las cuales son originarios mediante el envío de remesas.

En el caso de México esto representa 25 mil millones de dólares al año aproximadamente, siendo la segunda fuente de ingresos del país, sólo por debajo de los ingresos petroleros.

Es por ello que debemos tener en esta Cámara de Diputados, en esta representación popular, al tema migratorio como una prioridad. Ello implica impulsar acciones concretas que generen atención y respuesta integral a este fenómeno, traduciéndolo en las bases de una política de Estado en materia migratoria.

El compromiso de esta LX Legislatura con los mexicanos que viven en el exterior, con los migrantes extranjeros que recibimos o que transitan por nuestro país y con los mexicanos que retornan, es el de trabajar de manera seria y comprometida para avanzar continuamente en el mejoramiento de sus condiciones de vida, de trabajo y sobre todo, por la defensa de sus derechos humanos.

En razón de lo anterior es fundamental fortalecer nuestra agenda legislativa, incorporando en ella una perspectiva que permita una nueva comprensión de los problemas migratorios. De ahí la importancia de que esta Cámara de Diputados cuente con un cuerpo de apoyo técnico profesional, capacitado, especializado para el mejor desempeño de la función legislativa, en aras de brindar una solución a aquellos problemas que hoy por hoy enfrenta este tan importante sector para nuestro país.

Con la creación y funcionamiento de un centro de estudios, como instancia técnica especializada de la Cámara de Diputados, encargada de sistematizar información, elaborar análisis, realizar estudios de derecho comparado, de seguimiento, evaluación y ejecución de las políticas públicas y los programas orientados a asegurar mejores condiciones y mayores alternativas de vida de los migrantes, así como el ejercicio y goce pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales, estaremos cerrando la brecha que actualmente existe en las fronteras, y abriendo una mayor oportunidad de crear mejores acuerdos bilaterales.

Cabe mencionar que el Centro de Estudios de Asuntos Migratorios prestará los servicios de apoyo técnico y de información analítica requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Cámara de Diputados, en forma objetiva, imparcial y oportuna, conforme a los programas aprobados. Asimismo, se constituirán como una unidad especializada de la Secretaría General, adscrita a la Secretaría de Servicios Parlamentarios.

Las funciones y tareas específicas del Centro de Estudios, así como el nombramiento de la persona encargada de su dirección, serán aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados, a propuesta de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Para tal efecto, la Conferencia tomará en cuenta el proyecto que presente la Junta de Coordinación Política, considerando las proposiciones y opiniones de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, único, donde se reforma y adiciona el numeral 3, del artículo 49, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, para quedar de la siguiente manera

Numeral 3. La Cámara de Diputados contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los Centros de Estudios de Finanzas Públicas, de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, y de Estudios de Asuntos Migratorios.

Ésta es la iniciativa que se presenta a esta honorable asamblea, presidente, y la ponemos a su consideración. Muchas gracias, compañeros legisladores.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Muchas gracias, diputado José Edmundo Ramírez Martínez. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se concede el uso de la palabra al diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Javier Martín Zambrano Elizondo: Con su permiso, señor presidente. A nuestra Constitución Política se le atribuye el calificativo de rígida, en virtud de que el órgano capaz de reformarla, y que sigue un procedimiento especial y formal, es distinto del órgano que reforma y adiciona las leyes ordinarias.

En efecto, el artículo 135 de la Constitución Política establece tanto un procedimiento para hacerle reformas como una combinación de órganos competentes para hacerlas. Una simple lectura del contenido del artículo confirma nuestra aseveración.

Es indudable que el carácter rígido, además de someter un procedimiento formal a todo proceso de reforma a la Constitución, persigue ante todo la posibilidad de que se reflexione a plenitud y se sopese a cabalidad toda propuesta de reforma o adición, a fin de que nuestro máximo orden legal no sea objeto de exabruptos o caprichos legislativos en detrimento de los propósitos de certeza y seguridad que todo orden jurídico debe estructurar y reflejar.

Ahora bien, resulta paradójico y preocupante, por contrariar los propósitos de certeza y seguridad, y a su vez contrario al principio de rigidez constitucional, lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional, que faculta al Congreso de la Unión a ampliar mediante la expedición de una ley ordinaria, las áreas estratégicas enumeradas en dicho párrafo.

En efecto, el artículo 28 de la Constitución, textualmente dispone en su cuarto párrafo, lo siguiente: "No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad y las actividades que expresamente señalan las leyes que expida el Congreso de la Unión".

No cabe duda de que la atribución otorgada al Congreso de la Unión en el párrafo cuarto del artículo 28 es un caso de flexibilidad constitucional, que contraría el espíritu de rigidez asentado en el artículo 135 y que de utilizarse por el Congreso de la Unión, sin la flexibilidad, serenidad y templanza necesaria, pudiese llegar a restringir intempestivamente las libertades económicas de particulares y de grupos sociales, y cuya vigencia actual inhibe mucha inversión potencial generadora de empleos.

Resulta paradójico, a su vez, que el caso de flexibilidad constitucional que nos ocupa tiene su asiento en un artículo cuyo propósito original tuvo como objetivo primordial prohibir los monopolios que afectan en gran medida la libertad económica y la productividad de los pequeños y medianos productores.

Asimismo, el caso que nos ocupa, de flexibilidad, viene a romper con el principio de facultades expresas y limitadas que la técnica constitucional conformó en nuestra Constitución a partir de 1917.

Dicho principio busca otorgar a los particulares la certeza de que las atribuciones de los poderes federales se constriñan al ejercicio de las facultades expresas, y por ende, limitadas otorgadas en el texto constitucional.

Precisamente en el caso que nos ocupa, y en particular por lo que respecta a la inversión en los diversos rubros de la actividad económica, la certeza de que el marco legal del entorno económico sea lo suficientemente sólido y no pueda modificarse mediante una simple reforma ordinaria, otorgando a quien invierte la certeza y seguridad de que su inversión será respetada; así, pues, la presente iniciativa busca que la facultad para constituir áreas estratégicas corresponda al Congreso de la Unión, siempre y cuando éstas estén debidamente justificadas en razón del interés general o la seguridad nacional, contribuyendo de esta manera, en el tema que nos ocupa, a preservar el espíritu de rigidez constitucional establecido en 1917.

En vista de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto por el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 28, párrafo cuarto: No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y telegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad y las actividades que, debidamente justificadas en razón del interés general o la seguridad nacional, señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión". Señor presidente, le pido que la iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Javier Zambrano Elizondo. Insértese de manera íntegra el texto de la iniciativa del señor diputado en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se recibió también del diputado Javier Zambrano Elizondo otra iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

A continuación se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señor presidente. Las constituciones influyen en la democracia de un país de diversas maneras, generando estabilidad para las instituciones políticas, protegiendo los derechos de todos, manteniendo la neutralidad en los procesos de creación de las leyes, proporcionando a los ciudadanos los instrumentos para exigir la responsabilidad de los funcionarios públicos y principalmente, creando un gobierno eficaz en la prestación de los servicios públicos.

Expresa nuestra Constitución Política que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicios públicos, por lo que en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

Estas máximas constitucionales se desarrollaron de manera explícita en la ley que creó a la Comisión Federal de Electricidad el 24 de agosto de 1937, que en su artículo 5 establece que la Comisión Federal de Electricidad tendrá entre sus funciones principales la de organizar y dirigir un sistema nacional de generación y distribución de energía eléctrica basada en los principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro, y con la finalidad de obtener un costo mínimo y un mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.

Contrario a los principios plasmados en este marco jurídico y olvidando la concepción que guarda nuestra ley fundamental en torno a la democracia, entendida como el constante mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos, pudimos observar que durante el sexenio pasado el gobierno federal aumentó las tarifas eléctricas en un 77 por ciento en lo que corresponde a la Comisión Federal de Electricidad y 61 por ciento en Luz y Fuerza del Centro.

De la actual administración observamos también que a principios de noviembre las tarifas de Luz y Fuerza subieron hasta 200 por ciento en tan solo un bimestre, por lo que en la Procuraduría Federal del Consumidor se han presentado más de mil 300 quejas anuales contra la paraestatal por esa causa.

Estos incrementos estratosféricos de uno de los servicios, que son prioridad para la subsistencia y desarrollo de las personas y del país, como lo es el de la energía eléctrica, representan un grave deterioro a la, de por sí, lastimada economía de las familias mexicanas, principalmente de aquéllas que se encuentran en las regiones más marginadas del sur-sureste del país.

Las entidades del sur-sureste mexicano se han caracterizado de manera histórica por encontrarse rezagadas en el ámbito económico y social; sin embargo, esto no ha sido razón suficiente para considerar al factor de marginación como un determinante de las tarifas eléctricas, siendo que se ha privilegiado a otros sectores de la población, olvidando, como siempre, a los que menos tienen.

La Encuesta Nacional de Ingreso Gasto 2006 determina que el primer decil de ingreso más bajo en las 10 entidades federativas con un índice de marginación más elevado gasta en promedio 5.3 por ciento de su ingreso en energía eléctrica, lo cual implica que de un salario mínimo de mil 644 pesos mensuales se destina al pago de energía eléctrica mil 045.5 pesos al año, lo que limita su consumo en alimentos, salud y educación por un servicio que, además de caro, carece de eficiencia.

Parte de este problema que subsiste en el incremento tarifario se debe a que el 6 de febrero del año 2002 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidió un acuerdo mediante el cual ajusta, modifica y reestructura las tarifas de energía eléctrica para uso doméstico, eliminando casi totalmente el subsidio con que contaban hasta antes de esa fecha.

En un comunicado de prensa de fecha 7 de febrero de ese año la Secretaría de Energía informaba sobre la disminución en los subsidios a tarifas eléctricas, por lo que se tuvo que la medida no afecta al 75 por ciento de la población.

Los subsidios sólo se harán canalizados a familias de bajos recursos. Los ingresos se destinarán para asegurar el suministro de electricidad. Se establecerá un programa de financiamiento para los usuarios de zonas cálidas.

Se informaba además que, a causa del rezago de las tarifas eléctricas y con el propósito de evitar un mayor deterioro financiero en las empresas de ese sector, el gobierno federal tomaba la decisión de reducir el subsidio a las tarifas de energía eléctrica para uso doméstico.

La finalidad de esta medida se decía que era la de permitir a las empresas obtener recursos adicionales que serían utilizados para su inversión en los procesos de generación, transmisión y distribución de electricidad, así cómo para el mantenimiento de las plantas, la ampliación y modernización del sistema eléctrico nacional.

Todo ello, para enfrentar con eficiencia los retos que impone el dinámico crecimiento de la demanda, así cómo mejorar la calidad del servicio que se ofrece a los usuarios. Desafortunadamente para México, después de 7 años vemos que el cumplimiento de estos propósitos sigue estando muy distante de alcanzar.

Por otra parte, el pasado 26 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo, con el que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, el cual tiene impacto únicamente en la industria.

De esta forma, habría que preguntar, hasta cuándo se va a beneficiar a los consumidores de energía eléctrica de uso doméstico, sobre todo, aquellos que habitan en los estados más afectados por las catástrofes naturales y golpeados por la crisis económica, cómo Chiapas, Veracruz y Tabasco.

Con todas estas acciones gubernamentales, sólo podemos corroborar que la política de tarifas eléctricas, seguida por la pasada y presente administración, no dio ni está dando los resultados esperados, ya que el esquema tarifario sigue rezagado frente a sus costos.

Se ha demostrado que los precios de la energía eléctrica cubren un menor porcentaje de los costos que representa generar un kilowatt-hora que en los años noventa, a pesar de los subsidios y de los aumentos tarifarios. Al respecto, la propia dirección de finanzas de ambas paraestatales han reconocido ante la opinión pública que las tarifas eléctricas, en sexenios pasados cubrían 80 y 76 por ciento de los costos de producción.

Cabe señalar, que al cierre del año pasado, se esperaba que la relación precio-costo, alcanzara 69 por ciento y 54 por ciento, es decir, en lugar de avanzar para reducir el rezago tarifario, por el contrario éste aumentó.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, este panorama que priva al sector eléctrico y, particularmente en materia de tarifas, requiere de medidas urgentes. No bastan los acuerdos de modificación y reestructuración de tarifas para devolverle a este servicio público su verdadero carácter social, a favor de los intereses generales.

Así como su efectiva y eficiente prestación por parte del Estado mexicano, sin menoscabo de quienes hoy día se encuentran inmersos en la desesperación por la difícil situación económica y social en que nos encontramos: o se come o se paga la luz, así de claro.

Precisemos y refrendamos con estas reformas los objetivos de la política energética nacional; recuperaremos y renovemos los tres grandes efectivos que dieron origen al sistema eléctrico nacional, como lo es que todos los mexicanos sin distinción de clase, nivel socioeconómico, nivel educativo, cultural y ubicación geográfica, dispongan en su vida diaria del fluido eléctrico, con máxima calidad y mínimo costo.

Asimismo, que el aparato productivo disponga de un abasto en electricidad continuo, estable y a precio competitivo para aumentar su productividad y, por ese medio, aumentar al máximo desarrollo económico.

Que la nación controle ese proceso y los recursos utilizados para ello para que su usufructo, como la introducción de nuevas tecnologías a lo largo de la cadena eléctrica, se traduzca en beneficios para toda la sociedad y no sólo para unos cuantos.

No perdamos más tiempo, para poder unificar esfuerzos en mejorar la calidad de servicio, para fortalecer la cadena de generación, transmisión, distribución y comercialización; mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica y ampliar los mecanismos de comunicación y atención a los usuarios del servicio sobre tarifas, facturaciones y cobranzas, fallas de suministros y mecanismos de apoyo para el ahorro de energía.

Pido de nueva a cuenta su respaldo a este conjunto de propuestas, para que la determinación de las tarifas de energía eléctrica que se realice en función de criterios de proporcionalidad y de equidad, sustentadas en criterios técnicos y económicos para favorecer y no discriminar y afectar a los consumidores, tanto por su actividad, como por su nivel económico, por su situación geográfica.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de la asamblea el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

Primero. Se reforman los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue:

Artículo 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que aprueben la Comisión Reguladora de Energía, previa opinión de su Consejo Consultivo; la Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía, y del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, podrán también omitir su opinión.

Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos serán aprobados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial o yendo a la de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Dichas formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 31. La Comisión Reguladora de Energía, con la participación de la Secretarías de Energías, Minas e Industrias Paraestatal, y de Comercio y Fomento Industrial, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, previa opinión del Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía.

Asimismo, a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas. El servicio de uso o consumo doméstico de energía eléctrica se considera de interés social.

En la fijación de las tarifas correspondientes se considerarán los principios de proporcionalidad y equidad, además de los siguientes criterios o factores: la temperatura y la humedad relativa de cada región o zona con termómetros actuales. La Conagua tiene termómetros de hace 30 años, de 1960 o 1970, caducos, que ni funcionan.

Segundo. Las condiciones salariales de cada región o zona, los índices de marginación de cada región o zona de acuerdo al Consejo Nacional de Población.

La Comisión Reguladora de Energía podrá realizar una reclasificación a la baja de las tarifas eléctricas a propuesta de su Consejo Consultivo cuando así lo exijan las urgencias o necesidad de las condiciones económicas y sociales de la región o zona.

Artículo 2o. Se reforman los artículos 1o., 2o. y 3o., y se adiciona un Capítulo III denominado "Del Consejo Consultivo", recorriéndose los artículos vigentes de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía para quedar como sigue:

Artículo 1o. La Comisión Reguladora de Energía, órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, gozará de autonomía técnica, operativa, de gestión y de decisión en los términos de esta ley. Su objeto será mejorar el acceso, la calidad y los precios de los bienes y servicios públicos de energía impulsando el crecimiento económico nacional, y garantizar el suministro suficiente con calidad y a precios competitivos de la energía eléctrica e insumos producidos por las empresas públicas.

Artículo 2o. La comisión tendrá por objeto promover el desarrollo eficiente de las siguientes actividades...

Para los efectos de esta ley se entenderá por actividad regulada las mencionadas en las fracciones anteriores.

En el cumplimiento de su objetivo, la comisión contribuirá a salvaguardar la prestación de los servicios públicos, fomentará una sana competencia, protegerá los intereses de los usuarios generando en ellos la cultura del ahorro y el uso eficiente en el consumo de energía; proporcionará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

Artículo 3o. Para el cumplimiento de su objetivo, la comisión tendrá las atribuciones siguientes:

1. Determinar las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica de conformidad con los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Capítulo III, "Del Consejo Consultivo para la determinación de las tarifas de energía eléctrica".

Artículo 9o. La comisión contará con un Consejo Consultivo que tiene por objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, acciones y metas establecidas por dicha comisión con relación a la determinación de las tarifas del servicio de energía eléctrica. Se integrará por:

1. El titular de la comisión,

2. Un representante de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, y del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y de la Comisión Federal de la Competencia.

3. Un representante de cada una de las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión.

Cuatro. Seis investigadores académicos que sean o hayan sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con amplia experiencia en la materia y que colaboren en las instituciones de educación superior y de investigación inscritas en el padrón de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quienes participarán de manera honorífica, sin remuneración alguna.

El titular de la comisión fungirá como secretario ejecutivo del consejo. El consejo, cuando así lo considere conveniente, podría invitar a sus sesiones a los titulares de las demás dependencias y entidades de la administración pública federal, a representantes de las entidades federativas, de los municipios, de las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado; de instituciones académicas y de la población en general, los cuales podrán intervenir con voz, pero sin voto.

Artículo 10. El reglamento establecerá la forma mediante la cual se elegirán los investigadores a que hace referencia el artículo inmediato anterior.

Artículo 11. Son facultades del consejo:

1. Proponer los ajustes o las reestructuraciones del sistema tarifario con base en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

2. Revisar el proyecto de trabajo de la comisión y emitir observaciones al respecto.

3. Elaborar un informe sobre el cumplimiento de las metas y objetivos de la comisión, así como del proyecto de trabajo de la comisión, y emitir recomendaciones al respecto.

4. Aprobar la creación de grupos de trabajo para la atención de temas específicos.

5. Proponer mecanismos para el establecimiento de las tarifas del servicio de energía eléctrica, y

6. Elaborar y aprobar el reglamento interno para su organización y su funcionamiento.

Artículo 12. El consejo sesionará de manera ordinaria cuando menos semestralmente, y de manera extraordinaria las veces que resulte necesario.

Las convocatorias a las sesiones del consejo se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno a que se hace referencia en la fracción VI del artículo anterior.

Artículo 13. El consejo sesionará válidamente con la asistencia de la mitad?

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Concluya, por favor, diputado.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: ? más uno de sus miembros.

Artículos transitorios.

Primero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto, y

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor presidente, y le solicito a todos los compañeros, diputadas y diputados, que nos apoyen en la presente iniciativa como verdaderos representantes del pueblo de México.

Necesitamos controlar y tener tarifas justas. Les repito; o se paga la luz o se come. Ésa es la situación del pueblo mexicano. Ojalá y lo tengan presente todos los días. Muchas gracias.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Mayans Canabal. Túrnese a la Comisión de Energía.

A continuación tiene la palabra el diputado Gerardo Vargas Landeros, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y adiciona los artículos 248 Ter, 248 Quater y 248 Quintus, al Código Penal Federal, suscrita por los diversos diputados y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Gerardo Vargas Landeros: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros de partido; diputados de los diferentes grupos parlamentarios.

La figura del testigo protegido es la facultad a cargo del procurador general de la República de otorgar apoyo y protección suficiente a las personas, cuando su intervención en un procedimiento penal sobre los delitos a que se refiere la ley antes mencionada, así se requiere.

El artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada señala que la Procuraduría General de la República prestará apoyo y protección suficientes a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas, cuando por su intervención en un procedimiento penal sobre delitos a que se refiere esta ley así se requiera.

En este orden de ideas y con la finalidad de terminar con las organizaciones criminales el legislador instauró la figura del colaborador, que consiste en otorgarles diversos beneficios legales a los miembros de la delincuencia organizada para que presten ayuda eficaz para la investigación y persecución de otros miembros de la misma.

Con el fin de lograr un verdadero desmembramiento de las organizaciones criminales, a partir del conocimiento de las estructuras de organización, formas de operación y ámbitos de actuación se ha estimado conveniente favorecer la colaboración de los miembros de la delincuencia organizada en la investigación y persecución de los mismos.

En este sentido, la colaboración y protección de testigos son medidas legales de enorme trascendencia, porque de su éxito depende la continuidad o fracaso en la lucha contra el crimen.

Sin embargo, de 1996 a la fecha, estas figuras han permitido que algunos delincuentes relacionados con el crimen organizado se conviertan en colaboradores o testigos protegidos, a cambio de los beneficios que les otorga la ley, pero hasta la fecha se tienen resultados insuficientes.

En México, más del 80 por ciento de las investigaciones relacionadas con delincuencia organizada se sustentan en testimonios de colaboradores que se acogen a este beneficio. Sin embargo, la mayoría de los dichos aportados por estos presuntos delincuentes resultan falaces. El perdón jurídico y el subsidio económico compelen al testigo protegido a ofrecer de manera cobarde y deshonesta imputaciones o deposados falsos.

Aunado a lo anterior, existen circunstancias en que hay inculpados que se convierten en falsos testigos protegidos, debido a la inducción dolosa que ejercen sobre ellos algunos funcionarios policíacos o ministeriales que, con el fin de resolver un caso de manera manipulada, los instigan a deponer contra determinadas personas sin elementos que correspondan a la realidad.

Por tal motivo, el génesis de la iniciativa que nos ocupa es el de reformar el contenido de los artículos 35, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; y adicionar los artículos 248 Ter, Quater y Quintus, al Código Penal Federal, agravando así el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad cuando el perjurio sea efectuado por testigo protegido o colaborador, extendiendo las penas a las autoridades policiales que instiguen a formular declaraciones inverosímiles.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en la fracción II, del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Cámara el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; y se adicionan los artículos 248 Ter, Quater y Quintus al Código Penal Federal quedando de la siguiente manera

Artículo 35. "Al testigo protegido que señala el capítulo anterior o al colaborador que incurra en falsedad en declaraciones, así como a los servidores públicos que instiguen a la comisión de este delito, se les impondrán las penas de prisión que señalan los artículos 248 Ter, Quater y Quintus del Código Penal Federal.

"Para efectos de la reparación del daño, se atenderá lo establecido en los artículos 1915 y 1916 del Código Civil Federal, cuando el testigo protegido y el colaborador incurran en falsedad de declaraciones, así como lo relativo en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos".

Segundo.

Artículo 248 Ter. "Se impondrán de cinco a 12 años de prisión y de 300 a 500 días de multa al testigo protegido o colaborador que, interrogado por autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, faltare a la verdad".

Artículo 248 Quater. "Se impondrán de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 500 días de multa al que, examinado por alguna autoridad judicial teniendo la calidad de colaborador o testigo protegido, faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar".

Artículo 248 Quintus. "Si quien propicie la comisión de estos delitos previstos en los artículos 248 Ter y Quater fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas, según corresponda. Además, será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un periodo de ocho a 12 años".

Atentamente. Diputado Emilio Gamboa Patrón, Senador Jesús Murillo Karma, senador Francisco Labastida Ochoa; senador Mario López Valdez, diputado César Camacho, diputado Francisco Rivera Bedoya, diputado Gilberto Ojeda Camacho, diputado Raúl Cervantes, y un servidor, diputado Gerardo Vargas Landeros. Señor presidente, solicito que se incorpore mi participación en el Diario de los Debates. Es cuanto.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Gerardo Vargas Landeros. Con mucho gusto esta mesa atenderá su petición de incorporar en forma íntegra el texto de su iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Justicia.

De esta forma vamos a dar paso a Dictámenes de primera lectura

El siguiente punto en el orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo segundo transitorio y un artículo tercero transitorio al decreto por el que se declara reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y sexto, y se recorre el orden de los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 12, fracciones I y XII, de la Ley de Asistencia Social.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley General para el control de Tabaco.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV del artículo 64 de la Ley General de Salud.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Quedan de primera lectura. Continuamos en nuestro orden del día con Discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solamente se dé lectura a los encabezados.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Se autoriza. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se desechan dos iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto y se considera suficientemente discutido. Continúe por favor la Secretaría.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Dictamen de la Comisión de la Función Pública, por el que se desecha la iniciativa que expide la Ley General del Ejercicio del Derecho de Petición.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiéndose registrado ningún orador se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto. Adelante.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Dictamen de la Comisión de la Función Pública, por el que se desecha la iniciativa que adiciona los artículos 4o. y 16 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y se reforman los artículos 40 y 51 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo orador alguno que quiera hacer uso de la palabra se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo orador alguno registrado se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto. Seguimos, por favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo orador alguno registrado se considera suficientemente discutido y se reservan para su votación en conjunto. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo orador alguno registrado se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo orador alguno registrado se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, por el que se desechan las iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo orador alguno registrado se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el que se desecha la iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo orador alguno registrado se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto. Continúe, por favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el que se desecha la iniciativa que adiciona los artículos 16 y 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo orador alguno registrado se considera suficientemente discutido y reserva para su votación en conjunto. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo orador alguno registrado se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto. Seguimos, por favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana, por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo orador alguno registrado se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto. Seguimos, por favor.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana, por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo orador alguno registrado se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto. Solicito a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo anteriormente expuestos.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

El siguiente punto del orden del día son los dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solamente se dé lectura a los encabezados.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: En votación económica se pregunta si se autoriza a leer solamente los encabezados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Se autoriza. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Dictamen de la Comisión de Economía, relativo a la puja del Grupo Gigante, para arrendar sus activos y derechos.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de no haberse registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Dictamen de la Comisión de Economía, para que se exhorte a la Secretaría de Economía y a la Profeco a adoptar medidas para detener el incremento de los precios de los productos básicos y de consumo popular.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo orador alguno registrado, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, para exhortar al presidente municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero a cumplir la normatividad vigente para la construcción del distribuidor vial sobre el canal de aguas blancas.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo orador alguno registrado, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Dictamen de la Comisión de recursos Hidráulicos, para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, a que realice los estudios de factibilidad pertinentes para determinar la viabilidad de las transferencias de agua en la Sierra Madre Occidental, del estado de Durango, a la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se registró orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, para exhortar al titular de la Comisión Nacional del Agua a que presente un informe detallado y completo sobre el procedimiento seguido para la expedición de la concesión otorgada a la empresa Acueducto Pánuco al Norte, S. A. de C. V., y aclare la no procedencia de la caducidad y, en su caso, la extinción del título de concesión.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiéndose registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Vamos a proceder a que la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

La Mesa Directiva recibió de la junta de Coordinación Política el siguiente documento. Dé lectura la Secretaría al mismo.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: De la Junta de Coordinación Política. Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, presente. Le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Que el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín cause alta como integrante en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; que el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín cause alta como integrante en la Comisión de Participación Ciudadana. Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. in otro particular, diputado Javier González Garza.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputada secretaria. De enterado. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Orden del día del 19 de marzo de 2009.

(Se da lectura al orden del día)

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña (15:11 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 19 de marzo a las 11:00 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.