El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Se informa al diputado presidente, que existen registrados previamente 273 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (11:20 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura.
Proceda la Secretaría, en consecuencia, a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.
Pido a la Secretaría que continúe con Oficios de la Secretaría de Gobernación
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo relativo a la contingencia por las inundaciones acontecidas en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, Tabasco.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Informe de avance del programa para incrementar la eficiencia operativa en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, correspondiente al tercer trimestre de 2009, así como las observaciones de la Secretaría de Energía a dicho informe.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe trimestral respecto de la operación y gestión de Petróleos Mexicanos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Secretaría de Desarrollo Social, con el que remite la información y criterios para determinar los beneficiaros de los programas sujetos a reglas de operación del Ramo 20, "Desarrollo Social", para el Ejercicio Fiscal de 2009.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que se remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo de las emisiones de deuda interna y externa correspondiente al mes de octubre de 2009.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Pasamos al capítulo de Iniciativas
Esta Presidencia recibió del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 47 de la Ley General de Educación, que se remite y turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos.
Se pospone la participación del diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto.
Tiene la palabra el diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Agustín Carlos Castillo Marroquín: Con su venia, diputado presidente. Por economía parlamentaria, solicito se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Compañeras diputadas, compañeros diputados. Como es conocido de todos ustedes, la facultad de iniciar leyes o decretos corresponde al Ejecutivo federal, a las Legislaturas de los estados y a nosotros, los representantes del Congreso de la Unión, tal y como lo establece el artículo 71 de nuestra Carta Magna. Asimismo, establece que las iniciativas presentadas por el presidente de la república y por las Legislaturas de los estados pasarán a comisiones dictaminadoras de la Cámara, dándoles la propia Constitución prioridad para su análisis y dictamen correspondiente.
Ahora bien, con la transformación del sistema político mexicano y con la dinámica democrática que derivó de este proceso, es necesaria para su consolidación una profunda apertura y pluralidad de los actores políticos, lo cual exige adoptar mecanismos de colaboración entre los supremos Poderes de la federación, en este caso en lo que respecta al Legislativo y al Ejecutivo.
En lo que se refiere al Ejecutivo como responsable de la acción de gobierno y como conductor de las políticas públicas, requiere para su manejo de mecanismos legislativos eficaces que favorezcan un compromiso más acotado a tiempos definidos por parte del Legislativo para la revisión, discusión y votación de las propuestas de reformas que el país demande con urgencia y que sean presentadas por el titular del Ejecutivo federal.
Un sinfín de iniciativas presentadas ante el Congreso no son dictaminadas por diversas causas; ya sea por razones de índole política, por carga de trabajo o simplemente por indolencia y se quedan en el olvido en la congeladora legislativa, durmiendo el sueño de los justos.
Por ello, esta iniciativa pretende encontrar el diseño constitucional que permita unir al acto de gobernar y el de legislar sin perder el balance. Esto es, se requiere instrumentar mejores relaciones entre ambos Poderes que eviten el estancamiento y la obstrucción.
Señoras, señores diputados, nuestra realidad política nos obliga a actuar corresponsablemente en la toma de decisiones con el Ejecutivo federal. Es inevitable que en este contexto de pluralidad en el Congreso y que genera gobiernos divididos se tengan que dar los mecanismos para llegar a la formación de mayorías fortaleciendo el actuar del Ejecutivo, pero sin debilitar la función del Legislativo.
Este recurso de hecho existe ya en varias democracias consolidadas como la francesa, la alemanda, la chilena o la brasileña, con variaciones y matices particulares, pero dotando al Ejecutivo de esta valiosa herramienta.
Consecuentemente, la presente iniciativa propone que el presidente de la república, como responsable de la acción de gobierno, tenga la facultad de presentar iniciativas de trámite legislativo preferente, con objeto de que éstas sean resueltas por el Congreso en breve lapso..
La iniciativa de trámite legislativo preferente es una herramienta legislativa que pretende solucionar la problemática de posible parálisis y obstruccionismo legislativo, al mismo tiempo que representa un instrumento idóneo para el actuar del Ejecutivo federal en el que se proporciona mayor seguridad y certeza jurídicas en beneficio del gobernado.
Es importante señalar que el hecho de otorgar trámite legislativo expedito a las iniciativas presentadas por el presidente de la república, no implica una subordinación del Poder Legislativo frente al Ejecutivo, sino un espacio de preferencia en la agenda legislativa para que se discutan aquellos asuntos que por su naturaleza sean considerados como prioritarios.
En este sentido, la iniciativa propone que el Ejecutivo federal pueda presentar hasta dos iniciativas de trámite legislativo preferente por cada periodo ordinario, que las pueda presentar solamente dentro de los 45 días siguientes al inicio del periodo de sesiones ordinarias, que el Congreso deba resolver a más tardar el último día del mismo periodo y, si no se dictamina en dicho plazo, que el presidente de cada Cámara la someta a consideración del pleno.
De no ser votada la iniciativa por el pleno, ésta deberá entenderse por aprobada; es decir, procederá la afirmativa ficta. No podrán tener carácter de preferente las iniciativas en materia electoral ni de partido políticos, y respecto de las reformas y adiciones de carácter constitucional se establece un plazo de 30 días para que los congresos estatales la sometan a consideración del pleno y, de no hacerlo, se tendrán igualmente por aprobadas; procedería la afirmativa ficta.
En conclusión, la reforma permitirá la corresponsabilidad entre el Congreso de la Unión y el presidente de la república en la construcción de una democracia socialmente eficaz, simplificando el trámite legislativo de acciones gubernamentales y flexibilizando la discusión de temas prioritarios que requiera la nación. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Castilla Marroquín. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal.
El diputado Arturo Zamora Jiménez: Con su permiso, señor presidente. En un mundo globalizado y donde el comercio en línea es cada día mayor, los defraudadores y ladrones ya no buscan robarse una billetera para apoderarse del dinero, sino que para ellos es más lucrativo apropiarse de identificaciones para hacer uso indebido de tarjetas de crédito, de débito, de cheques y cualquier documento que cuente con información personal.
La información confidencial les sirve a ellos para usurpar identidades y realizar actividades ilícitas en nombre de sus víctimas. El robo de identidad tiene lugar cuando alguien se hacer pasar por otra persona y utiliza información personal, de índole financiera, para solicitar préstamos, tarjetas de crédito o tramitar arrendamientos.
El problema es tan cotidiano, que el pasado miércoles, 18 de noviembre, la Condusef emitió una alerta sobre supuestas reposiciones de tarjetas que pueden derivar en el robo de identidad, o bien, el dinero completo de la cuenta del usuario, según explica la Condusef en el comunicado.
Varios usuarios han reportado estar recibiendo llamadas telefónicas mediante las cuales se les informa que para evitar problemas en el uso de su tarjeta de crédito durante la temporada de fin de año se les enviará una reposición de la misma. Éste ilícito es mucho más efectivo que el fraude tradicional, con medios de pago que ocurren cuando alguien usa ilegalmente la chequera, la tarjeta de débito o la de crédito de otra persona.
El robo de identidad permite al delincuente abrir cuentas de banco, obtener tarjetas de crédito y teléfonos celulares, arrendar autos e inclusive departamentos a nombre de la víctima, sin que ésta se entere. En promedio pasa un año antes de que el afectado descubra el robo de identidad, y por ello pocos defraudadores que utilizan el robo de identidades son detenidos.
El problema es tan grave en México, que instituciones de crédito como Banco Azteca han emitido alerta a sus clientes, tanto de sucursales como en el sitio de Internet. El 1 de abril del presente año, la Procuraduría General del Consumidor emitió una alerta también sobre el robo de identidad para obtener créditos. La Profeco alertó, en ese momento, que defraudadores aprovechan descuidos de los consumidores para alterar sus identificaciones oficiales y así solicitar préstamos a entidades financieras, tiendas departamentales y supermercados.
De acuerdo con la información dada a conocer por funcionarios de la Condusef y del Buró de Crédito, en México se incrementa los casos de personas defraudadas mediante el robo de identidades. Ante estos hechos, la Profeco pidió a los ciudadanos tener especial cuidado en el manejo de documentos como la credencial de elector, el número de Seguro Social, la acta de nacimiento, licencia de manejo, Cédula Profesional, entre otros.
Por su parte, el Buró de Crédito también alertó que en México no existen cifras precisas, pero el crecimiento de transacciones comerciales o bancarias en Internet y la falta de protección a la información personal colocan a los consumidores en graves riesgos de que sus datos confidenciales sean sustraídos y utilizados para cometer fraudes.
Al hacer el análisis conjunto de estos elementos, así como de los delitos de robo, de fraude, variación de nombre y falsificación de documentos, se debe reconocer la existencia de un vacío de ley que no contempla específicamente como delictivo el comportamiento descrito en las líneas anteriores.
Al inicio de esta iniciativa, nosotros hemos informado a ustedes que esto se ha convertido en un grave problema, de tal manera que me permito proponer a esta soberanía la solución legislativa de acuerdo a lo siguiente.
Nos encontramos ante una figura llamada "del delito medial". El delito de fraude puede darse mediante la conducta de engaño que implica el ejercicio de una actividad por la cual se distorsiona la realidad con el objeto de producir en la víctima una falsa representación de la verdad.
Así entonces en el Código Penal Federal, en el artículo 386, se tipifica el delito de fraude genérico a través de la conducta del que engañando a uno, o aprovechándose del error en que este se encuentra, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.
Por tanto es por lo que propongo a esta soberanía la adición en el capítulo del Delito de Fraude, en el artículo 387, la adición de la fracción XXII que sería en los siguientes términos:
"El que para cometer este delito utilice indebidamente cualquier tipo de identificación o clave de identificación personal bancaria, o cualesquiera otro documento identificatorio que pertenezca a otra persona". De tal suerte que en este sentido el delito de fraude se castigaría con penas de prisión desde los 3 días hasta los 12 años. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Tiene la palabra la diputada María Antonieta Pérez Reyes. Me informan que no se encuentra en el salón de sesiones, por lo tanto pasa al final del capítulo.
Tiene la palabra la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Con su permiso, diputado presidente; con el permiso de mis compañeros. Los primeros antecedentes en nuestro país de consultas a la ciudadanía, sobre decisiones de gobierno, se remontan al plebiscito realizado en marzo de 1824 que dio como resultado la incorporación de Chiapas a la Federación y la convocatoria del 14 de agosto de 1867, en la cual Benito Juárez propuso que el Poder Legislativo se depositara en las dos Cámaras; que el Ejecutivo contara con la facultad de veto suspensivo a las resoluciones del Legislativo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es uno de los tantos avances en materia de participación ciudadana, ya que en su artículo 5o., estableció por primera vez el concepto de derechos políticos. Esto es, hizo referencia por primera vez al derecho de los ciudadanos a votar y ser votados.
La participación ciudadana existe cuando hay sociedades vivas, cuando hay una ciudadanía fortalecida. La manera como los ciudadanos utilicen estas nuevas herramientas, contribuirá a definir el futuro de la participación ciudadana en nuestro país.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece en su informe sobre la democracia en América Latina 2004 el concepto de ciudadanía integral, el cual implica que los ciudadanos puedan ejercer sin límites sus derechos civiles, sociales y políticos.
Un régimen que asegure estos tres tipos de derechos a su sociedad ya no es una democracia electoral, sino una democracia ciudadana.
Señores diputados, el pueblo mexicano no merece ser tratado como insumo político, merece una democracia de ciudadanía.
Implementar la democracia directa es una de las propuestas para establecer una democracia que cumpla con las expectativas de la sociedad y que, además de asegurar el sufragio, permita la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas del Estado.
Ya desde el siglo XVIII, Rousseau consideraba que la soberanía reside en la identidad entre gobernantes y gobernados; que es inalienable e indelegable, y por tanto sostenía que se debería suprimir la democracia representativa para implementar la directa.
Existen mecanismos que combinan la base de la democracia representativa con algunos mecanismos de la democracia directa, como el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato o la iniciativa popular. Actualmente hay una gran cantidad de países que ya cuentan en sus legislaciones con estas figuras. Es necesario promover los mecanismos de participación ciudadana para contribuir a una mejor democracia.
Por todo lo anterior, es innegable la importancia que tiene para cualquier país democrático contar con mecanismos de participación. Tenemos el honor, desde esta Cámara de Diputados, de construir ciudadanía y la oportunidad de ser parte de la evolución democrática de nuestro país.
La presente iniciativa de reforma constitucional está orientada a crear el referéndum a través de una prerrogativa ciudadana. En el artículo 35 se describen las prerrogativas del ciudadano; en su fracción I nos dice que una de ellas es votar en las elecciones populares. Dicha fracción I dispone únicamente la facultad del voto activo, agotando y limitando esta participación ciudadana con la emisión del sufragio. Por ello, es oportuno reformar el artículo para que incluya también, como prerrogativa del ciudadano, el voto de la referenda.
El mismo criterio aplica en el caso del artículo 36, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las obligaciones del ciudadano. Lo anterior a efecto de que las leyes electorales sean sometidas a referéndum para legitimar su expedición y dar pauta a la construcción de ciudadanía.
La participación ciudadana debe ir de la mano de la difusión y comunicación. Los medios de comunicación deben estar a disposición de los ciudadanos y no solamente de los candidatos y de los partidos.
La sociedad mexicana busca una mayor participación en el proceso de creación de las leyes que rigen su vida. El Estado debe garantizar condiciones y oportunidades para que los ciudadanos puedan ser escuchados y participar en la creación de leyes como estructura jurídica que determina la dinámica social en el país.
Ésta es una iniciativa con un contenido eminentemente social; lo tiene porque parte del reconocimiento, como lo indica el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y que conforme al artículo 41 el pueblo ejerce esta soberanía por medio de los Poderes de la Unión.
El Congreso de la Unión, depositario del Poder Legislativo, debe establecer mecanismos a través de los cuales el vínculo con los ciudadanos se haga más robusto, fortaleciendo también la representación de la ciudadanía.
Por su parte, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos describe el ejercicio popular de la soberanía a través de los Poderes de la Unión. En el artículo en comento se describe el proceso electoral, pero no se habla de referéndum. Es esta la razón por la que se propone adicionar una fracción VII, al artículo 41, en la que establece para el Instituto Federal Electoral la obligación de recibir la solicitud de referéndum, así como los requisitos que dicha solicitud debe cubrir.
El papel que juega el titular del Ejecutivo federal es de suma importancia ante el rol que desempeña en el proceso legislativo, el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla las facultades y obligación del presidente de la República...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pediríamos concluir, diputada.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Por ello, no ajeno a esa, termino. Por ello no ajeno a esta corresponsabilidad es necesario incluir la disposición normativa, por la cual el presidente sea partícipe en el procedimiento de referéndum a que se refiere el artículo 35, fracción VI de esta iniciativa.
Ante el Instituto Federal Electoral esta solicitud debe realizarse como se propone en un plazo de 20 días, en razón de que la fracción XX es el corolario del artículo 89, es necesario reformarla para inscribir la solicitud de referéndum que se comenta, que adicionar el XXI para agregar el texto antes ubicado en la fracción XX.
Presidente, señor presidente de la Cámara, solicito se turne la presente iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana. Asimismo, le solicito se integre el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, diputada Vázquez Camacho, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 3, 4, 8 y 15 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
La diputada María del Pilar Torre Canales: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados y compañeras diputadas. La juventud es concebida como una fase de transición entre dos etapas; un proceso de evolución en la que niños y niñas se preparan para convertirse en adultos autónomos, capaces de ejercer plena y responsablemente sus derechos y obligaciones.
En México son considerados como jóvenes las personas comprendidas entre los 12 y los 29 años. El 32.7 por ciento de la población en México es joven y enfrenta, a pesar del amplio rango de edades, múltiples desafíos que complican e impiden su pleno desarrollo.
Uno de los mayores problemas que la sociedad mexicana presenta es la alta incidencia en discriminación, violencia e inequidad de género, que se vive tanto en la familia como en las escuelas y en la calle.
Gran parte de la juventud mexicana crece y aprende a vivir patrones de vida destructivos, que tienden a reproducirse en vida adulta y dañan gravemente su propio desarrollo y el de la sociedad en su conjunto.
Investigaciones como la Encuesta Nacional de Exclusión, Tolerancia y Violencia en Escuelas Públicas y Violencia en las Relaciones de Noviazgo revelan, no solamente los altos niveles de intolerancia a la diversidad, sino que muestran un grave y preocupante panorama de violencia que viven y ejercen los jóvenes desde las primeras décadas de su vida.
Por ejemplo, el 44.6 por ciento de los el estudiantes hombres encuestados y el 26.2 de las mujeres, reconocieron haber abusado de sus compañeros, tanto física como psicológicamente; el 16.3 por ciento declaró que la violencia forma parte de la naturaleza humana y un 13 por ciento aceptó que los hombres le pegan a las mujeres por instinto.
Más de la mitad manifestó que no le gusta tener como compañeros en la escuela a enfermos de SIDA; que les desagrada compartir clases con personas homosexuales y que desaprueban trabajar con alumnos con alguna discapacidad.
Por su parte, la violencia en las relaciones de noviazgo es un hecho que no podemos dejar a un lado. El 76 por ciento de los jóvenes en México son víctimas de violencia psicológica por parte de sus parejas; el 15 por ciento ha experimentado al menos un incidente de violencia física y el 16.5 por ciento de las mujeres entrevistadas señalaron que han sufrido en el último año, un evento de violencia sexual.
A pesar de ser generaciones jóvenes, el 59 por ciento de las personas entrevistadas continúa creyendo que el papel de los hombres dentro de la familia es la de proveedores principales y son los que toman las decisiones y que las mujeres nos tenemos que dedicar al hogar y a cuidar a los hijos.
Los resultados muestran, claramente, que si queremos combatir la violencia e inequidad que impera es necesario diseñar y reforzar los instrumentos y acciones para combatirlas.
Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la educación e información son las únicas vías que la juventud tiene para tener pleno conocimiento de sus derechos y responsabilidades.
En este sentido, el Instituto Mexicano de la Juventud, como órgano encargado de diseñar y fortalecer las políticas federales dirigidas a la juventud, debe guiar su quehacer a través de la óptica del derecho a la no discriminación y la violencia.
Por ello, dentro de la ley que lo rige, debe de establecerse que el instituto tendrá por objeto el de promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación, de conformidad a lo establecido con la Constitución mexicana, los ordenamientos legales y los tratados internacionales suscritos.
Asimismo, con el objeto de fomentar una mayor igualdad de trato y oportunidades para todos los jóvenes, el Instituto elaborará programas y cursos de orientación sobre la cultura a la no violencia, la no discriminación y a la equidad de género.
Finalmente, la iniciativa tiene por objeto, también, que dada la relación que guarda la juventud mexicana entre hombres y mujeres y el evidente impacto de la discriminación sobre ellos, es imprescindible que formen parte de manera permanente de la Junta Directiva del Instituto un representante del Instituto Nacional de Mujeres y otro con el Consejo Nacional para prevenir la discriminación.
Solamente si ponemos en práctica acciones que prevengan y aborden los problemas que enfrenta la juventud, es que podemos influir en la forma en que nos relacionamos y tomemos decisiones.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 4, 8 y 15 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Por respeto al tiempo de mis compañeras y compañeros legisladores, omitiré la lectura del articulado y solicito a la Mesa Directiva sea publicado de manera íntegra en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias diputada Torre Canales. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.
Tiene la palabra el diputado José Francisco Rábago Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal.
El diputado José Francisco Rábago Castillo: Con su permiso, señor diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
Qué pena y qué malo para nuestro país que exista el subejercicio presupuestal y no se sancione. Todas las dependencias y entidades del servicio público cometen subejercicios. El subejercicio presupuestal, que no es más que el gasto presupuestado no ejercido, de acuerdo a los calendarios preestablecidos de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos, es un problema actual y real, cuya dimensión debe ser considerada de manera muy seria, dado que cotidianamente existen diversas manifestaciones en las que se señalan los rezagos con los que los servidores públicos autorizados operan los recursos aprobados al campo, a la infraestructura y al desarrollo social; muchas de las veces de manera consciente, causando un grave daño administrativo y patrimonial a la nación.
Derivado de su facultad de fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación determinó que durante el ejercicio presupuestal de 2008 el fenómeno del subejercicio, en datos duros, alcanzó aproximadamente el 5.4 por ciento del presupuesto del gobierno federal, sobre todo en las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, con un 22.1 por ciento; Relaciones Exteriores, 13.2 por ciento; Tribunales Agrarios, 10.5 por ciento; la Consejería Jurídica con un 21.7; Secretaría de Medio Ambiente con un 7.3; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con un 4.8 por ciento. El fenómeno incluye a gran parte de las paraestatales y secretarías, y como causales encontramos la omisión, el oscurantismo presupuestal y la excesiva regulación.
En conclusión, no existe sustento legal o moral para que exista el subejercicio, pues en un país en vías de crecimiento es un atentado a su existencia misma y no debemos aceptar por ninguna circunstancia la negligencia operativa de la aplicación presupuestal en los programas federales, pues además de los indicadores de desempeño, debería ser vigilado todo presupuesto federal en manos de funcionarios burócratas que operan fuera del marco normativo.
Son diversos los problemas que agravan al panorama del subejercicio, enmarcados por la Auditoría Superior de la Federación:
El primero es la incongruencia. Existe una falta de claridad, oportunidad y calidad en la información que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es necesario que sean explícitas las razones que sustentan las decisiones hacendarias, para saber cómo se están calculando perspectivas de ingreso y gasto, y por qué se están reasignando recursos con subejercicios importantes en rubros claves y en la atención a población en condiciones de vulnerabilidad. La información actual de subejercicios, sumado al anuncio reciente de recortes y economías, sugieren poca congruencia y una falta grave de planeación en la conducción de la política económica de país.
El segundo es la opacidad. Resultado asociado a la información incompleta es el ocultamiento del problema del subejercicio crónico. Ésa sería la primera parte.
La segunda es la reconducción de un monto significativo de recursos a fideicomisos opacos; monto que la autoridad hacendaria no hace público con oportunidad durante el ejercicio, y que no puede estimarse sin el acceso que tiene la Auditoría Superior de la Federación.
Por un lado, no se tiene información exhaustiva y oportuna para conocer al detalle el subejercicio de cada dependencia y las razones por las cuales no se ejerce el total de los recursos programados; y, por otro lado, la información sobre los fondos y de fideicomisos no permite saber con exactitud cómo se ejercen esos recursos, con qué oportunidad y cuáles son los resultados.
El tercero es la incapacidad para combatir la crisis. La persistente existencia del subejercicio representa un obstáculo para la recuperación económica en un contexto difícil, severo, como acontece.
El actual cuerpo jurídico en la materia no señala con claridad la responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal cuando los servidores públicos responsables tipifican la conducta en mención de no ejercer el gasto de acuerdo al calendario o a la planeación, programación y presupuestación de los programas de apoyo al campo, sociales y de infraestructura.
Consecuentemente, los efectos en la utilización indiscriminada de la figura del subejercicio, se utilizan como parte de una estrategia para las transferencias de recursos a fideicomisos, violentando toda la norma y facilitando con ello la utilización de recursos federales para otros fines distintos a los que originalmente fueron programados o autorizados; y lo más grave: son aplicados en tiempos electorales.
La razón por la que presentamos esta iniciativa es con el objeto de que el Ejecutivo no caiga en la tentación del subejercicio y la acumulación de saldos y como una manera de contribuir a una efectiva rendición de cuentas de las dependencias y entidades federales, así como las entidades federativas, los municipios y todo aquel servidor público corresponsable de observar los programas y las disposiciones que contempla la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria.
Con esta iniciativa que sometemos a su consideración, de ahora en adelante deberán observar y cumplir todo lo relativo a la publicación del calendario del Presupuesto, ejercicios, subejercicios y evaluaciones; so pena de no hacerlo, corresponderán las acciones patrimoniales, penales y administrativas determinadas por la autoridad competente. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Rábago Castillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública; de la Función Pública y de Justicia.
Tiene la palabra la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La diputada Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, diputado presidente. La suscrita diputada federal Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión del Distrito Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II y demás relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 25; y se reforma el artículo 29, ambos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el fin de redelimitar la aplicación y procedencia del fuero de no procesabilidad de los servidores públicos del Distrito Federal, con fundamento en la siguiente
Exposición de motivos
Una de las actividades que más regulación requiere debido a la cantidad de atribuciones importantes que la Constitución y las leyes otorgan, es la función relativa al ejercicio del poder público, misma que debe ser realizada con estricto apego a los ordenamientos jurídicos, procurando siempre buscar el bienestar general en la población.
Aunado a ello, todos los servidores públicos del Distrito Federal deben seguir el imperativo moral que rige su función, ya que la ética es uno de los principales fundamentos del Estado moderno democrático, actitud que debe ser reforzada con el correspondiente apoyo legal. De ahí que se haya creado la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en respuesta a la llamada renovación moral de la sociedad en el interés de combatir y erradicar la corrupción.
La enorme responsabilidad de los altos funcionarios del Distrito Federal señalados en el artículo 111 constitucional, origina la creación de mecanismos protectores para que estos desarrollen libremente las responsabilidades adquiridas tras la aceptación del cargo que desempeñan y en donde el llamado fuero constitucional es el principal mecanismo protector, al establecerse su inviolabilidad por las opiniones que manifiestan en el desempeño de sus cargos, por lo que jamás podrán ser reconvenidos por ellas, según lo previsto en los artículos 61 constitucional y 41 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Esto es el motivo principal que determinó el establecimiento del fuero, que se llama constitucional; fue evitar que una falsa acusación sirviera de pretexto para eliminar a algún alto funcionario de los negocios que le están encomendados e impedir las repentinas acefalias de los puestos importantes de la administración pública.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se refirió al fuero como el privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado dentro de los regímenes democráticos; es decir, es un impedimento legal para que quien goce de esta prerrogativa, no quede sometido a la potestad jurisdiccional.
Por todo lo anterior y con la finalidad de otorgar un mínimo de protección al desarrollo de las funciones, que al mismo tiempo evite la impunidad mostrada por determinados servidores públicos a través de la actual garantía de no procesabilidad penal, se propone los siguientes cambios al régimen actual.
Sustituir y atenuar la garantía constitucional de no procesabilidad penal por la garantía de procesabilidad en libertad. Prever las siguientes dos excepciones a la garantía de no procesabilidad penal.
a) Cuando sea detenido en flagrancia cometiendo un delito calificado como grave por la ley penal federal, o que el juez que conozca el asunto de libre orden de aprehensión contra el servidor público del Distrito Federal cuando se le acuse por estos delitos.
b) Cuando se encuentre separado de su encargo por licencia o suspendido por cualquier otro motivo y se le impute la comisión de un derecho calificado como grave por la ley penal.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos cuarto, quinto y sexto, al artículo 25 y reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Primero. Se adicionan los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para quedar como sigue.
Artículo 25. Cuando se presente denuncia o querella por particulares, o requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de los servidores públicos a que se refiere el artículo 111 de la Constitución General de la República, se actuará en lo pertinente de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior en materia de juicio político ante la Cámara de Diputados. En este caso, la Sección Instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional, cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la Sección determinará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.
Si a juicio de la Sección la imputación fuese notoriamente improcedente, lo hará saber de inmediato a la Cámara para que ésta resuelva si continua o se desecha, sin perjuicio a reanudar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen.
Para los efectos del primer párrafo de este artículo la Sección deberá rendir su dictamen en un plazo de 60 días hábiles, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo, a criterio de la Sección. En este caso, se observarán las normas acerca de la ampliación de plazos para la recepción de pruebas en el procedimiento referente al juicio político.
Por cuanto hace los servidores públicos del Distrito Federal, a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución General de la República, cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, no se actuará de acuerdo con el procedimiento para la declaración de procedencia. Sin embargo, no podrán ser privados de su libertad hasta en tanto exista sentencia firme de la autoridad judicial que así lo imponga.
Se exceptúa la posibilidad de libertad otorgada a los servidores públicos del Distrito Federal cuando concurran en alguno de los siguientes supuestos:
a) Tratándose de la comisión de delitos graves, así calificados por la ley penal federal, sea detenido en flagrancia, o bien, exista una orden de aprehensión dictada por un juez competente.
b) Se separe de su encargo por licencia o sea suspendido por cualquier motivo y se le impute la comisión de un delito calificado como grave por la ley penal federal.
En cualquiera de los dos casos anteriores, los servidores públicos podrán ser detenidos?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputada, por favor.
La diputada Gabriela Cuevas Barron: Estoy por concluir, diputado presidente? podrán ser detenidos por la autoridad competente y sujetos al procedimiento penal que determina la ley.
Segundo. Se reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos para quedar como sigue:
Artículo 29. Con excepción de los servidores públicos del Distrito Federal, cuando se siga proceso penal a un servidor público, de los mencionados en el artículo 111 constitucional, sin haberse satisfecho el procedimiento al que se refieren los artículos anteriores, la Secretaría de la misma Cámara o de la Comisión Permanente librará oficio al juez o tribunal que conozca la causa, a fin de que suspenda el procedimiento en tanto se plantea y resuelve el lugar a proceder. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada Cuevas. Túrnese a la Comisión de la Función Pública.
Señoras y señores? Sí, diputada Gutiérrez.
La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde la curul): Para solicitar añadirme al punto de acuerdo de la diputada Gabriela Cuevas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Gabriela Cuevas, está solicitando la diputada adherirse a su iniciativa, ¿tiene usted algún inconveniente?
La diputada Gabriela Cuevas Barrón (desde la curul): Acepto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Bien. La diputada Cuevas acepta que se adhieran a su proposición. Para todas las diputadas y los diputados que deseen hacerlo pasen a la Secretaría a suscribir el documento correspondiente.
Les informo, compañeras diputadas y compañeros diputados, que tenemos la visita del Liceo Américas Unidas, preparatoria y universidad, invitados por el diputado Canek Vázquez Góngora. Sean ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. La iniciativa de ley que presentamos hoy va orientada a resarcir parte de la injusticia que se cometió cuando se propuso a esta soberanía una nueva Ley del ISSSTE que atenta contra los derechos adquiridos de los trabajadores al servicio del Estado, y que afecta a ellos, junto con sus beneficiarios; aproximadamente 10 millones de mexicanos.
Por eso, en la exposición de motivos mencionaremos lo siguiente; además, solicitarle al presidente que quede el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Quiero aprovechar esta oportunidad para seguir condenando la llamada nueva Ley del ISSSTE, vigente a partir del 1 de abril de 2007, ley que es absolutamente inconstitucional e injusta, y no cejaremos hasta que esta ley sea abrogada.
Hago un llamado a los trabajadores al servicio del Estado para continuar y fortalecer la lucha que lleve a la restitución de la seguridad social solidaria. En tanto logramos la abrogación referida, es indispensable atender los reclamos inmediatos de los trabajadores para el respeto de sus derechos mínimos; uno de los cuales es que sus jubilaciones y pensiones se cubran sobre el salario integrado pues lo contrario los despoja de gran parte de los montos que les corresponde por estas prestaciones.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado a conocer una jurisprudencia por la cual los trabajadores al servicio del Estado verán reducidas sus pensiones en un 60 e incluso hasta un 80 por ciento de su monto, desde el momento en que tal jurisprudencia establece que el pago de las jubilaciones y pensiones se hará sobre el sueldo del tabulador regional, cuota diaria, y ya no sobre su sueldo integrado. Es decir, estamos frente a una nueva y gravísima agresión a los derechos de los burócratas, después de la imposición de la criminal Ley del ISSSTE.
La pensión es un derecho humano fundamental para los trabajadores. De ella depende la sobrevivencia con dignidad del trabajador y su familia, cuando aquél se retira del trabajo por razones de edad o incapacidad.
Además haciendo una interpretación integral de la Constitución federal, ésta establece a favor de los trabajadores no solamente el derecho a una pensión, sino a una pensión remuneradora y suficiente, ya que al final de cuentas ésta sustituye al salario, llegando el momento en que el trabajador se separa de su actividad laboral.
Recordemos que los trabajadores al servicio del Estado que optaron por el artículo décimo transitorio, debían ser jubilados o pensionados con base a su sueldo integrado. Esto conforme a la jurisprudencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó en la sesión de su pleno celebrado del 17 al 20 de junio del año 2008. Pleno que se encargó de definir la constitucionalidad de la nueva Ley del ISSSTE.
Recordemos lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en ese momento:
a).- Si el trabajador escogía el artículo décimo transitorio, debía entenderse que optaba por la anterior Ley del ISSSTE, la que fue expedida en el año de 1983, pero sólo en cuanto al anterior régimen de pensiones y con las modalidades contenidas en tal artículo décimo.
En tal virtud, fuera de las jubilaciones y pensiones, la nueva ley se aplicaba en todos los demás aspectos a los trabajadores que escogieran el artículo décimo transitorio.
b).- Lo anterior también se traducía en que las personas que optaran por el artículo décimo transitorio, obtendrían como beneficio adicional, entre otros, el que se les calculara su jubilación o pensión conforme al salario integrado previsto en el artículo 15 de la anterior ley y no con el sueldo del tabulador regional que se establece en el artículo 17 de la nueva Ley del ISSSTE.
Es decir, el salario cuota diaria debía integrarse con el sobresueldo y compensaciones, resolución de la Suprema Corte sobre el sueldo integrado que lo único que hacía era apegarse a los mandatos de la Constitución federal.
Sin embargo, hace unas semanas atrás, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver una contradicción de tesis entre los tribunales Primero y Cuarto en Materia Administrativa, dio marcha atrás al pago de las jubilaciones y pensiones sobre salario integrado.
Esto, además de legalizar la aplicación retroactiva de la nueva Ley del ISSSTE echa por tierra el propio criterio de la Suprema Corte, en tutela de los trabajadores.
Hay resoluciones esenciales tanto por el amplio número de personas que afectan, como por la importancia de los derechos a que aluden, respecto a las cuales las autoridades deben hacer posible su estabilidad y no como en el caso de que a unos cuantos meses de haberse dictado la primer jurisprudencia, la Corte echa por tierra su resolución inicial y vuelve a poner en predicamento el futuro de los trabajadores al servicio del Estado. Es decir, viene a aprisionar aún más las relaciones de trabajo del Estado con sus trabajadores.
La resolución de comento, además deja a los trabajadores en total estado de indefensión, desde el momento es que es el patrón el encargado de notificar al ISSSTE el monto del sueldo básico?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido concluir, diputado, por favor.
El diputado Ramón Jiménez López: Ya concluyo, señor presidente. Y como sabemos, hay constantes fraudes a este respecto, como medio para que las dependencias y entidades paguen cotizaciones menores al ISSSTE.
Veamos la parte conducente al artículo 17 de la nueva Ley del ISSSTE, y con esto concluyo. Este artículo menciona que las dependencias y entidades deberán de informar al Instituto anualmente, en el mes de enero de cada año, los conceptos de pagos sujetos a cuotas o aportaciones que esta ley prevé.
De igual manera deberán comunicar al Instituto cualquier modificación de los conceptos de pago dentro del mes siguiente al que haya ocurrido dicha modificación.
Es decir, hay el riesgo real, en el marco de la jurisprudencia, de que a los trabajadores ni siquiera se les cubran sus jubilaciones y pensiones sobre el ya de por sí precario sueldo base.
Por eso hacemos un llamado a esta soberanía para que obre en función de los intereses de los trabajadores al servicio del Estado y de sus familiares. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Jiménez López. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.
Tiene la palabra el diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad y de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
El diputado Francisco Ramos Montaño: Con su venia, señor presidente, muchas gracias. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el 10 de diciembre de 1948, considerando que los principios de libertad, justicia y paz en el mundo son la base del reconocimiento de los derechos de dignidad e igualdad de todo ser humano.
El artículo 25 de dicha declaración, relativo a derechos sociales y económicos de las personas discapacitadas, determina que toda persona tiene derecho a gozar de un nivel de vida adecuado en la satisfacción de sus necesidades elementales de alimentación, salud, vestido y servicios sociales, sin menoscabo de su condición, entre otras, por enfermedad o invalidez.
Sin embargo, las personas con discapacidad a menudo siguen siendo excluidas de las principales actividades de la sociedad. Enfrentan situaciones de discriminación en diversas formas, como la limitación de oportunidades ocupacionales y laborales, tomando como barrera su limitación y su condición física.
La ONU ha enfrentado la misión de mejorar la posición social de las personas con discapacidad en la búsqueda de mejorar su calidad y condición de vida, interés superior que obedece a los derechos fundamentales de la humanidad, como los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad entre los seres humanos.
De acuerdo con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad en México hay 10 millones de personas con alguna discapacidad y cada año se reportan 265 nuevos casos; además, la mayoría de ellas vive aún en condiciones de marginación, pobreza y discriminación.
El 25 de junio del 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual establece las bases que permiten la plena inclusión de las personas con discapacidad en un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida.
Sin duda esta ley ha significado una importante transformación en el marco jurídico nacional; la hace más incluyente y contribuye a la sociedad civil y a las instituciones del Estado y a sus políticas públicas para que promuevan una nueva cultura para entender la discapacidad como un asunto social y de salud pública.
Las personas con discapacidad siguen demandando mayor accesibilidad equitativa en los ámbitos de salud, educación, trabajo, información; en esparcimiento, la cultura, la capacitación, el deporte, la asistencia jurídica y su reconocimiento pleno como sujetos de derecho y actores básicos en los cambios y transformaciones en la vida de nuestro país.
Datos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, revelan que en el mundo hay actualmente 386 millones de personas con discapacidad que se encuentran en edad de trabajar, cifra que representa cerca de 60 por ciento de la población mundial discapacitada.
El 9 de mayo de 1995 se estableció el Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presidida por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con la participación de diversas dependencias del sector público y organismos privados, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito, entre otros, de diseñar y coordinar las medidas de apoyo para promover la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para fomentar mecanismos de asesoría integral y especializada para su desarrollo.
Innegablemente, la integración de las personas con discapacidad requiere tanto apoyos concretos de la sociedad como la participación del Estado con sus distintas dependencias, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de personas con discapacidad, instituciones de formación educativa, de salud, y las empresas con un componente global que puedan dar respuesta a esta problemática social.
Las personas con discapacidad son sujetos a ejercer sus derechos económicos, civiles, políticos y sociales. Por ello, con las presentes propuestas se busca dar mayor certidumbre para la inclusión e integración de las personas con discapacidades a la vida laboral, productiva y económica.
Por los motivos expuestos, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo a la fracción I del artículo 9o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad y a la fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Economía.
Señoras diputadas y señores diputados, contamos con la visita de líderes del municipio de Ecatepec, estado de México, invitados por el diputado Martín Vázquez Pérez. Sean ustedes bienvenidos.
También nos acompañan alumnos de la licenciatura en administración turística de la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, campus Chignahuapan, invitados por el señor diputado Juan Carlos Lastiri Quirós. También, sean ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. Nuevamente solicito, con anticipación, que el texto íntegro de esta iniciativa quede inscrito en el Diario de los Debates. Leeré por economía de tiempo la exposición de motivos. Se refiere a lo siguiente.
Como es de su conocimiento, en días pasados me permití presentar ante el pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo, con el objeto de que se otorgue a los salarios mínimos un incremento por encima de la inflación.
Igualmente, para conformar un grupo de trabajo que elabore el paquete de reformas necesarias para que en adelante sea esta Cámara de Diputados la que fije los incrementos de los salarios mínimos, suprimiéndose, en consecuencia, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM). Esto, por haber incumplido de manera reiterada su obligación constitucional de fijar salarios dignos a favor de la clase trabajadora, por lo que esta comisión ha sido factor deleznable por la expansión del empobrecimiento creciente del pueblo de México.
Y bien, para abonar con algunos elementos en la elaboración del paquete de reformas aludidas, me permito presentar la siguiente iniciativa de reformas.
La historia, cada vez con un mayor número de evidencias, tiene puesta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en el banquillo de las instituciones injustas e inútiles. Frente a la catástrofe sufrida por los salarios en el país, a partir de 1976, y concretamente por el salario mínimo, cada vez más sectores de trabajadores reclaman la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en los siguientes argumentos:
1. Que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha fijado salarios absolutamente insuficientes para recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios, actuando de manera inconstitucional y con toda insensibilidad social.
2. Que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos aplasta el interés de los trabajadores con los votos unidos de los representantes del gobierno y los patrones, y la actitud sumisa de los representantes charros y blancos, por lo que es sólo una simulación su estructura tripartita.
3. Que las resoluciones de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos carecen de seriedad, objetividad y profundidad técnicas, respondiendo a fines de carácter político.
4. Que los incrementos salariales son anuales, es decir, absolutamente insuficientes respecto a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
En tal razón exigimos la supresión de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que en adelante sea la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en su carácter de representante del pueblo de México y facultada para tomar decisiones en el campo económico, la que fijaría los salarios mínimos y su incremento; esto, con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades.
Nuestra iniciativa propone, asimismo, que exista un solo salario mínimo constitucional, que aprobaría la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, previa recomendación del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades; cuyos integrantes serían también designados por esta Cámara. Por tanto, desaparecería la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
Así pues, en el centro de nuestras preocupaciones legislativas se encuentran los temas del salario y la productividad. Hasta ahora, en el Poder Ejecutivo se ha reservado el control de los salarios mediante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cuyo carácter tripartito no ha hecho sino reproducir las relaciones de sujeción observadas en el terreno de los derechos colectivos.
El gobierno federal ha defendido el salario mínimo sin que los trabajadores puedan incidir en esta variable decisiva para la economía del país. La determinación política de pasar a los trabajadores el costo social de la crisis ha significado un deterioro del salario real inédito en la historia de México.
Después de 29 años de la caída ininterrumpida?
No, está bien, nos solidarizamos con el Sindicato Mexicano de Electricistas, claro que sí, y con los compañeros en huelga de hambre, aprovechamos este momento para enviarles un saludo fraternal y ojalá la insensibilidad del espurio pueda cambiar en beneficio de nuestra patria. Concluyo, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por favor, diputado.
El diputado Ramón Jiménez López: Después de 29 años de caída ininterrumpida es necesario restablecer la vigencia del salario mínimo general como un salario suficiente tal como lo establece el artículo 123 constitucional federal.
Por ello, la propuesta de reforma, además de recuperar los imperativos de justicia, oscila, busca rescatar reformas, busca rescatar el papel del salario mínimo en la economía al permitir que con salarios suficientes se fortalezca el mercado interno, sin lo cual sería imposible sentar las bases de un crecimiento económico, estable e integrado.
Este crecimiento estable e integrado, evidentemente que no les interesa a algunos de los diputados del Partido Acción Nacional, dejamos, señor presidente, el documento íntegro. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra el diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El diputado Francisco Saracho Navarro: Ponemos a consideración de esta soberanía esta iniciativa. Al advertirse algún tipo de divergencia en las leyes secundarias de algún postulado constitucional es menester encauzarlas hasta lograr que su contenido se torne congruente y, por ende, fielmente apegado a los referidos postulados.
Conforme a la iniciativa que nos ocupa, la Cámara de Diputados no sólo asume la calidad de garante del orden constitucional al proponer que el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos se ciña a lo establecido en el sexto párrafo del artículo 111 de nuestra Constitución de manera terminante, sino también considera razonable lo enunciado en dicho párrafo, pues sólo se justifica el cargo o comisión pública deje desempeñarse hasta que la autoridad judicial, que es la que verdaderamente cuenta con el conocimiento especializado en enjuiciamiento penal, determine jurídicamente, y exenta de cualquier consideración política, que el servidor público desaforado es probable responsable de la realización de una conducta determinada por ley como delito.
No debe perderse de vista que el llamado fuero, previsto en el artículo 111 de la Constitución, que propiamente es inmunidad procesal, tiene como finalidad el posibilitar el funcionamiento normal del gobierno institucional dentro de un régimen democrático, lo que sólo se consigue garantizando que las funciones de más alto nivel no sean objeto de consignas políticas y sólo sean interrumpidas en condiciones excepcionales cuando jurídicamente sea determinada por el profesional del derecho, la probable comisión de un delito.
Por ende, si conforme se prevé en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el servidor público sujeto a juicio de procedencia es separado de su encargo o comisión, inmediatamente a la emisión de la resolución del desafuero. No se contaría con la certeza jurídica si el referido servidor es probable responsable de la comisión de un delito, pues el estudio que de ese aspecto se abordó por el jurado de procedencia no deja de implicar una decisión política, que además no prejuzga los fundamentos de la imputación.
Así, tenemos que la única determinación que válidamente justifica que un servidor público sea separado de su encargo o comisión es precisamente el auto de formal prisión o de sujeción a proceso penal, en virtud de que el hecho de haber sido declarado probable responsable de la comisión de un delito por la autoridad judicial tiene como consecuencia lógica que se encuentre imposibilitado para seguir desempeñando un cargo público cuya finalidad es cumplir los objetivos del Estado. Lo que necesariamente requiere que los servidores públicos sean personas cuya calidad moral no sea puesta en duda.
Lo anterior, la ratio legis en que se sustentó el Constituyente para determinar el sexto párrafo del artículo 111 de la Constitución Política, que hasta el momento en que el servidor público desaforado sea sujeto a proceso penal se separe de su encargo, porque se considera indigno para seguir ejerciéndolo.
Mientras que el párrafo sexto del artículo 111 constitucional establece que sólo hasta que el servidor público desaforado esté sujeto a causa penal será separado de su cargo. Por su parte, el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos señala que dicha separación se verificará de manera inmediata con la simple declaración de procedencia que emita la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
De lo anterior se infiere que el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades va más allá del párrafo sexto del artículo 111 constitucional.
Por lo expuesto, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar de la forma siguiente:
Artículo 28. Si la Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder contra el servidor público inculpado, únicamente será separado del encargo que desempeñe en caso de que se decrete su sujeción a proceso penal y sólo podrá reasumirlo cuando por sentencia ejecutoria se determine su absolución.
De no ser sujeto a proceso penal, no habrá lugar a procedimiento ulterior mientras subsista el fuero, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando el servidor público haya concluido el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado Saracho Navarro. Túrnese a la Comisión de la Función Pública.
Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Samuel Herrera Chávez: Con su permiso, diputado presidente. Honorable soberanía, aprovechamos ante esta honorable soberanía para solidarizarnos con la huelga de hambre de las mujeres, sobre todo las electricistas, y ojalá pudiera haber sensibilidad para que se encuentre la solución a este justo reclamo.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 40, 41, 71, 73, 115, 116 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, en materia de fortalecimiento político del municipio.
El que suscribe diputado Samuel Herrera Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 73 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 40, 41, 43, 71, 73, 115, 116 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento político del municipio, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
La Constitución Política de 1917 mantuvo un elemento fundamental: herencia inmediata e histórica del fallido federalismo de 1857 y las visiones de poder anteriores al mismo. El presidencialismo, mediante el ejercicio de sus facultades constitucionales se transformó en el eje articulador no sólo del poder, sino de la política y sus formas de practicarla. Así, los regímenes posrevolucionarios se edificarían en torno a un modelo presidencial que funcionó como factor de unidad, cohesión y articulación de un sistema que comenzaba a edificar el ideario de años anteriores.
La centralización dejó su ámbito natural radicado en el ejercicio del poder presidencial para consistentemente irse situando en las estructuras del Estado. Durante el siglo pasado el municipio estuvo sujeto a las pretensiones políticas impuestas por la tradición central, surgiendo una burocratización extensa de la administración pública.
La centralización, un proceso histórico siempre en oposición a la descentralización, esencia del federalismo; la normatividad jurídica a lo largo de los años en nuestro país conformó una serie de intentos para adecuar en los diversos momentos históricos la descentralización como fórmula para solucionar los desequilibrios generados por la centralización en aquellos momentos. En la actualidad la descentralización, en el ámbito gubernamental, adquiere una importancia de primer nivel.
La reforma al artículo 115 constitucional, en 1999, acrecentó significativamente las atribuciones municipales, pero quedó limitada sin lograr crear ese nuevo nivel de gobierno como un ente autónomo, dado que persistió lamentablemente en dejar a los municipios en manos de los estados.
México vive momentos críticos en materia económica que han venido provocando una considerable reducción de los ingresos públicos con impacto en los programas de desarrollo en los tres órdenes de gobierno. En ese sentido, en el marco de la reforma del Estado, la LXI Legislatura tiene la gran responsabilidad de la construcción de una nueva ingeniería constitucional que funja como respaldo jurídico para generar el desarrollo y fortalecimiento de la institución municipal en México.
Son evidentes las transformaciones que ha habido en nuestro país en la última década. Hoy existe más pluralidad y más participación política. No obstante, es relevante la necesidad de construir nuevos equilibrios entre competencias y atribuciones de los tres órdenes de gobierno.
Los ciudadanos reconocen que los gobiernos municipales no cuentan con las atribuciones y recursos necesarios para responder eficazmente a los requerimientos económicos, políticos y sociales de sus comunidades. Debemos concebir al municipio como una nueva definición constitucional más coherente con la estructura del Estado.
En ese sentido, el Grupo Parlamentario del PRD, así como lo hizo en la LX Legislatura en congruencia con nuestra agenda Legislativa, proponemos reformar los artículos 40 y 41 de nuestra Constitución, con el fin de que se reconozca la soberanía popular.
Lo anterior tiene mucho que ver con el planteamiento de un verdadero fortalecimiento de los municipios. Por otro lado, queremos que se considere a los municipios como una parte integrante de la federación, por ello planteamos en el artículo 43 que se les considere dentro del capítulo geográfico de la Constitución, así como están considerador los 31 estados de la república y el Distrito Federal.
Que el Congreso observe en todo momento, tanto en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 73, y de manera particular en cuanto a leyes que establezcan las áreas de concurrencia y coordinación entre los tres órdenes de gobierno que se sujeten a los principios de un federalismo cooperativo que sea subsidiario y, a la vez, solidario.
Como parte fundamental de la presente iniciativa, proponemos que, en el artículo 115, a los municipios se les considere ya no como unidades administrativas carentes de un peso político específico, sino que para efectos de su organización política, administrativa y su división territorial, se integren posteriormente en entidades federativas.
Uno de los más importantes debates del municipalismo es la ampliación del periodo de gestión de los gobiernos municipales, aunado a este tema espinoso y controvertido de la reelección de los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, quienes, si bien es cierto son electos popularmente cada tres años, se ven impedidos en los hechos de implementar adecuadamente su programa de gobierno por la limitante temporal y la imposibilidad de presentarse ante la prueba de las urnas en el siguiente periodo inmediato.
Que a las legislaturas de los estados se les reconozca la facultad de resolver, a solicitud de los cabildos, el cambio de nombre de los municipios y residencia.
Por otro lado, se plantea el reconocimiento de las asociaciones de municipios y de gobiernos estatales como organismos de representación política de sus respectivos gobiernos, cuya representatividad debe ser debidamente regulada en la ley.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto.
Artículo Único. Se reforman los artículos 40, 41 y 43, del segundo párrafo del 71; la fracción III, del artículo 73, la denominación del Título Quinto, las fracciones I, II y III, del artículo 15; la fracción VII, del artículo 116; la fracción I, del 117; se adicionan la fracción IV, del artículo 71; la fracción XXXI, del artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Samuel Herrera Chávez: Como es extenso el documento, pido a esta soberanía y al presidente que se pueda inscribir en forma completa el texto íntegro de la propuesta de iniciativa de ley, para que se ponga a consideración de esta soberanía esta reforma que es profunda, estructural y de fortalecimiento a los municipios, de los estados tendrán derecho de asociarse y coordinarse libremente entre ellos para la mejor promoción de sus intereses y el ejercicio de sus funciones. Las asociaciones de municipios y organismos estatales serán consideradas como organismos de representación política de sus estados y gobiernos.
Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso:
I. Celebrar alianza, tratados o coalición con potencias extranjeras.
?
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y firman el diputado Samuel Herrera, Emiliano Velázquez, Luis Felipe Eguía, Guadalupe Acosta Naranjo, Martha Elena García, Rigoberto Salgado, Vidal Llerenas, Víctor Manuel Castro, Ramón Jiménez, y los diputados del PRD.
Quiero pedirle, ciudadano presidente, pueda inscribirse íntegramente el texto de la propuesta de iniciativa de ley que planteo y se ponga en consideración para que pueda ser un instrumento importante de fortalecimiento a los municipios, y que se pueda considerar dentro de los términos constitucionales. Gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra la diputada Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Instituciona, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
La diputada Janet Graciela González Tostado: Gracias, señor presidente, con su permiso. Diputadas y diputados, iniciativa que reforma la Ley General de Salud, la suscrita diputada federal, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y; 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de acuerdo con lo siguiente.
Los trastornos alimenticios son enfermedades crónicas y progresivas, que a pesar de que se manifiestan a través de un cambio en los hábitos alimenticios, en realidad conllevan una serie de implicaciones sociales, físicas, psicológicas y de autoestima. Los trastornos alimenticios deben ser considerados una prioridad del Estado mexicano, estos padecimientos patológicos pueden causar complicaciones cardiovasculares, digestivas, renales, hematológicas, óseas, dermatológicas, endocrinas y dentales.
La guía de trastornos alimenticios del Centro Nacional de Equidad y Género de la Secretaría de Salud establece que estos se presentan cuando una persona no recibe la ingesta calórica de su cuerpo que requiere para funcionar, señala que se debe ver como un problema de salud pública, que requiere de ser estudiado y atendido de manera específica y urgente.
En México las cifras van en aumento, se puede señalar que en países desarrollados y en las grandes ciudades representan el 4 por ciento de la población, según datos proporcionados por la Secretaría de Salud. Aproximadamente un millón de mexicanos sufren algún tipo de trastorno alimenticio como son la bulimia y la anorexia, el sobrepeso y la obesidad. Estos son detonadores de graves afecciones y si tomamos en cuenta que a nivel mundial nuestro país ocupa el segundo lugar con estos padecimientos, el panorama resulta gravemente alarmante.
De acuerdo con investigadores de la UNAM sobre trastornos alimenticios, más de la mitad de las mujeres de entre 9 y 25 años comienzan a hacer una dieta. A partir de los 12 años, por razones estéticas, situación por la cual se estima que 200 mil mujeres mexicanas padecen algunos de estos trastornos. Sin embargo, no son enfermedades exclusivas de las mujeres ya que cada vez son más frecuentes estos padecimientos en los hombres.
Según expertos en el tratamiento de la obesidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, si no se cambian los patrones de consumo de alimentos y se fomenta la actividad física, en 10 años el 90 por ciento de la población en México padecerá sobrepeso u obesidad, lo que desencadena una serie de enfermedades que merman la salud de los individuos y su productividad.
Resulta más conveniente prevenir este tipo de trastornos que los tratamientos de las enfermedades derivadas, más severas y por ende más costosas.
Expertos en el tratamiento de estos trastornos apuntan que al menos el 20 por ciento de las personas en estas circunstancias pierden la vida, por inanición, suicidio o diversas complicaciones médicas, ya que la no aceptación de su cuerpo los lleva a depresión, a baja autoestima, pérdida de valores, y por ello hasta el suicidio.
En el Distrito Federal las campañas en la materia han atacado el problema con el programa para la aplicación de un bypass gástrico con cargo al erario público, para quienes sobrepasan los 150 kilos.
Nuestro país requiere soluciones con visión de largo plazo, y el Grupo Parlamentario del PRI considera que un gobierno eficiente debe generar políticas públicas que eleven la calidad de vida de todos. Por ello, es urgente el tratamiento de los trastornos alimenticios que en los últimos años han llevado a la muerte a miles y miles de jóvenes, principalmente.
Es por lo anterior que consideramos pertinente crear un programa contra los trastornos alimenticios que sea coordinado por el Consejo de Salubridad General, toda vez que éste es el órgano del Estado mexicano establecido por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dependiente del presidente de la república, presidido por el secretario de Salud, que tiene como mandato la emisión de disposiciones obligatorias en materia de salubridad general.
Ya que el Consejo representa la segunda autoridad sanitaria del país, es su obligación desarrollar las medidas pertinentes en conjunto con las secretarías de Salud de los estados.
Por lo anterior expuesto y fundado, me permito someter a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, adicionando un capítulo V al Título Decimoprimero, se reforma el artículo 184-Bis y se adicionan los artículos 193-Bis y Ter.
Por obviedad de tiempo solicito a la Presidencia que la presente iniciativa sea insertada íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada González Tostado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes: Gracias, señor presidente. Estimados compañeros. La trata de personas, como todos sabemos, es un delito que violenta los derechos humanos, además de que provoca una profunda preocupación internacional, involucra a factores de carácter económico, social, migratorio, discriminatorio, de delincuencia organizada, de corrupción y de tortura, hace necesaria la creación de normas concretas y de la armonización legislativa que permita prevenir, erradicar y sancionar de manera efectiva este delito.
Es a su vez el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada en el mundo, tan sólo por debajo del tráfico de drogas y el de armas; se estiman ganancias anuales de 9 mil 500 millones de dólares.
La trata de personas, compañeros diputados, es una nueva modalidad de la esclavitud y una forma extrema de violencia contra las mujeres, los niños, los adolescentes, en la que el responsable no es únicamente el agresor, sino también el mercado y, en algunos casos, las autoridades y la sociedad misma al permitir o tolerar estos delitos.
México cuenta actualmente con dos importantes leyes: la Ley General de Población y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, que deben ser armonizadas, sin embargo, a los instrumentos internacionales a los que México se ha obligado en materia de la lucha contra la trata de personas.
Nuestro país es un país de origen, tránsito y de recepción de migrantes, situación que ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de las mujeres, de los niños y de los adolescentes, quienes son principalmente las víctimas de este grave delito. El fin: la explotación sexual y la explotación laboral.
Por las fronteras de nuestro país, compañeros, entran y salen anualmente millones de personas. Algunos de ellos, lo sabemos, como turistas, visitantes locales o trabajadores temporales. Esto ha permitido que se incremente de manera significativa el tránsito por nuestro México de migrantes irregulares, sin olvidarnos del fenómeno de la migración interna.
Por todo lo anterior, la presente iniciativa plantea la reforma y adición a diferentes artículos de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, a fin de armonizar lo señalado con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las personas víctimas de este grave e inmoral delito, para quedar como sigue:
Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas
Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 5, el último párrafo del artículo 6o., la fracción X del artículo 12 y el inciso c) de la fracción III del artículo 13; se adiciona un párrafo segundo al artículo 7, un inciso h) a la fracción I del artículo 13, así como los artículos 21 y 22, todos de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas.
Solicito, primero, la inclusión del texto íntegro en el Diario de los Debates, y también solicito, compañeros, el análisis y el dictamen pronto de este delito que tanto lastima a la sociedad. Gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.
Le pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de las diputadas y de los diputados presentes.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Pregunto a la asamblea si falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia.
Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento han registrado su asistencia 423 diputados y diputadas. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Esta Presidencia recibió de la diputada Laura Elena Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios que promueva un amplio proceso de consulta y elaboración de propuestas con los gobiernos locales y actores económicos y sociales de la frontera norte del país. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
En la sesión anterior, señoras diputadas y señores diputados, la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a que inicie, en coordinación con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de esta soberanía y el Instituto Mexicano de la Juventud, el protocolo general nacional de atención de crisis, vía telefónica, por lo que le pido a la Secretaría proceda a dar lectura a los puntos de acuerdo, ya que se le dará el trámite de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Punto de acuerdo.
1.- Que el Instituto Nacional de las Mujeres inicie, en coordinación con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de esta honorable Cámara de Diputados y el Instituto Mexicano de la Juventud, el protocolo general nacional de atención de crisis, vía telefónica, así como el estudio de factibilidad y la propuesta técnica para la creación de un número único nacional de tres dígitos para la atención de víctimas de la violencia contra las mujeres.
2.- Que las entidades federativas integren en sus planes y programas de trabajo el fortalecimiento y en su caso la creación de centros especializados de atención en crisis de violencia contra las mujeres, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Procuraduría General de la República y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, creando un vínculo efectivo para proporcionar refugio, asesoría y acompañamiento.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 26 de noviembre de 2009. Kenia López Rabadán, diputada federal.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, se considera de urgente resolución. Está a discusión la proposición. Al no haber oradores, pregunte la Secretaría si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutida; por tanto, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Comuníquese.
Tiene la palabra el diputado Ricardo Sánchez Gálvez para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) instruya a Liconsa (Leche Industrializada Conasupo, SA) a reorientar el programa de Abasto Social de Leche Subsidiada por el de leche fresca y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Ricardo Sánchez Gálvez: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea: el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 reconoce el carácter estratégico y prioritario del sector agropecuario y pesquero en el desarrollo económico del país, dado que provee los alimentos que consumen las familias mexicanas.
El gobierno federal reconoce en el Plan Nacional de Desarrollo que la pobreza rural, así como la cantidad de familias que continúan ligadas a la producción primaria hacen que sea necesario continuar con apoyos al sector para que mejore su productividad y promueva su sustentabilidad.
Cabe destacar que según datos de la Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México), la producción de leche en nuestro país ha tenido un crecimiento de 10.3 por ciento en los últimos años, equivalente a 22 por ciento del valor total del sector pecuario.
No obstante lo anterior, es conveniente señalar que nuestro país se ubica como el mayor importador de leche en el mundo.
Durante el sexenio pasado, la captación de leche fresca que realiza Liconsa, respecto de la producción nacional de leche, pasó del 0.26 por ciento en 2000 al 4.47 por ciento en 2006. No obstante, es importante destacar que dicho incremento es insuficiente y que se requieren instrumentar acciones adicionales que incrementen la demanda de leche fresca.
Es necesario tener en cuenta que la delicada situación de los productores nacionales de leche mejoraría a Liconsa si se convirtiera en un demandante de leche fresca, para generar el ordenamiento en el mercado, que hoy afecta a 220 mil productores.
Debemos recordar que nuestro país no tiene compromiso, más que con Estados Unidos para la importación de leche en polvo. Por esta razón, resulta necesario que se imponga un arancel temporal a la importación de leche en polvo que permita ordenar el mercado y conocer la realidad de los inventarios nacionales.
Por esta razón resulta totalmente injusto, que se ponga en riesgo la economía de 220 mil familias; que no se fortalezca la economía nacional y que se debilite el sector rural.
Es por ello que resulta imprescindible que el gobierno federal emprenda acciones encaminadas a fortalecer el sector productivo nacional fomentando la compra de leche fresca de los productores nacionales, para ponerla a disposición de las clases más necesitadas a través de su programa asistencial.
A la par de las acciones de política pública del Ejecutivo federal, esta soberanía se ha de empeñar en analizar la viabilidad de gravar con el impuesto al valor agregado a las fórmulas lácteas elaboradas por productos importados, dado que no contribuyen al fortalecimiento de la economía nacional al no pagar impuestos ni a la importación ni al consumo.
Por último, el argumento para que Liconsa no se abastezca de leche fresca siempre ha sido el tema presupuestal.
Aquí quiero ser enfático, amigas diputadas y amigos diputados, si incorporáramos al programa Oportunidades a los 220 mil productores de leche, que difícilmente encuentran demanda para su producción, el importe del subsidio sería de 2 mil 400 millones de pesos.
En relación a lo anterior, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, instruya a Liconsa para reorientar el Programa de Abasto Social de Leche Subsidiada por el de leche fresca y suspenda la rehidratación y abastecimiento de leche en polvo, en la medida de lo posible creando demanda a los productores nacionales, que tanto lo necesitan en este momento.
Segundo. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Economía, fije un arancel de carácter temporal sobre la importación de la leche deshidratada, exceptuando lo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la finalidad de coadyuvar a la estabilización del mercado nacional de leche.
Tercero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Economía, se elabore un estudio sobre la viabilidad y las repercusiones económicas y jurídicas de la implantación de una cuota compensatoria o tasa arancelaria a la importación de leche en polvo, a fin de coadyuvar a los empresarios mexicanos al crecimiento y sustento de la industria lechera nacional.
Cuarto. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados, para que analice la viabilidad de gravar con el impuesto al valor agregado las fórmulas lácteas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social. El diputado Cruz López desea hacer alguna manifestación.
El diputado Cruz López Aguilar (desde la curul): Señor presidente, para adherirme al punto de acuerdo presentado por el diputado Ricardo Sánchez.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Ricardo Sánchez, el señor diputado Cruz López desea adherirse. ¿Tiene usted algún inconveniente?
El diputado Ricardo Sánchez Gálvez: Con mucho gusto, señor diputado, es un honor. Invito además a los demás compañeros diputados de esta asamblea a formar parte de este punto de acuerdo para impulsar la industria lechera en el país.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Aquellos diputados y diputadas que deseen adherirse, favor de pasar a la Secretaría a suscribir el documento.
El diputado Ricardo Sánchez Gálvez: Señor presidente, sólo le solicito antes de que termine esta intervención, que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates, y que la Mesa Directiva se digne a turnar esta proposición a la Comisión de Desarrollo Rural, a la Comisión de Agricultura y Ganadería y, desde luego, también a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.
Tiene la palabra la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a establecer horarios a programas televisivos que atentan contra la moral y los derechos de las niñas y de los niños.
La diputada Blanca Estela Jiménez Hernández: Con su permiso presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita diputada del Grupo Parlamentario del PRI, Distrito IX de Puebla, somete a consideración ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Objetivo general
Dar un uso educativo a la televisión abierta aprovechando el efecto cautivador que despierta proponiendo medidas que regulen la programación de la televisión mexicana como medio de comunicación, el cual influye en la niñez en su desarrollo personal, familiar y social.
Antecedentes
Históricamente, la televisión para niñas y niños ha estado cedida a la programación de empresas norteamericanas, mexicanas y últimamente japonesas. Al atardecer, ante la ramplonería melodramática de las telenovelas nacionales o extranjeras, o los programas de dibujos animados con un alto índice de violencia, en la cual la población infantil es parte del teleauditorio, y toda vez que en proporción nocturna no se limitan a los horarios asignados, ya que éstos han sido sistemáticamente ignorados por efectos comerciales.
Exposición de motivos
En materia legislativa, el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano prevé, en lo conducente, que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y la paz pública.
En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito.
Examinando este artículo nos podemos dar cuenta que si bien es cierto, a todos los de comunicación se les otorga la libertad de expresar sus ideas, pero la televisión sobrepasa la libertad de expresión, transmitiendo programas que no contribuyen a una buena educación de las niñas y los niños, así también los derechos de los mencionados se derivan de la convención denominada Derechos de la Niñez, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, del 20 de noviembre de 1989, y ratificada por México el 21 de septiembre de 1990.
Dentro de este acuerdo, el artículo 3o señala que las niñas y los niños son lo primero, que los adultos debemos pensar lo que es mejor para ellos. Así también, el artículo 17 dice que las niñas y los niños tendrán acceso a la información que ayude a promover su bienestar.
El artículo 29 de ese mismo documento indica que en la educación de los menores debe permitírseles desarrollarse al máximo de sus posibilidades y prepararlos para ser responsables, en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz e igualdad de condiciones.
Por eso, los padres de familia y legisladores, maestros y la sociedad en general debemos exhortar a la Secretaría de Gobernación para que regule o cambie de horario, para así evitar que la población infantil siga aprendiendo malos hábitos y violencia.
Por lo anteriormente expuesto expongo el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Gobernación a que regule o cambie de horario algunos programas televisivos que generan violencia a la población infantil. Que se promuevan programas culturales de flora, fauna, educación cívica, historia de México, historia universal, así como documentales que eleven la cultura y la moral educativa de la población infantil. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y a la Comisión de Gobernación.
Señoras diputadas y señores diputados, tenemos la visita del Colegio Woodstock de Puebla, que fue invitado por el diputado Pablo Jiménez Concha.
Igualmente, tenemos la visita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en su facultad de Derecho y Ciencias Sociales, invitada por el diputado Israel Madrigal Ceja, y como invitados del quinto distrito de Sonora, por el diputado Manuel Acosta.
De igual manera nos visitan invitados por el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, alumnos de la Universidad Politécnica de Pénjamo, Guanajuato.
Del Grupo Parlamentario del PRI, también invita a un grupo de 50 jóvenes integrantes del municipio de Tianguistengo, Hidalgo. Sean todos ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la integración del Registro Nacional de Ciudadanos y la emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana.
El diputado Javier Corral Jurado: Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. Diputado Pérez de Alva. Adelante, diputado.
El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (desde la curul): Presidente, para solicitar atentamente a la ponente anterior, me permita adherirme a su punto de acuerdo, agregando un brevísimo comentario, si lo permite también.
Que la diferencia de husos horarios en el país hace que los programas generados en el centro del país se vean en el norte con dos horas de anticipación, lo cual hace doblemente grave la situación que ella explica en su acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Pregunto a la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, si no tiene inconveniente, de la adhesión de nuestro compañero diputado.
La diputada Blanca Estela Jiménez Hernández (desde la curul): Sí estoy de acuerdo en que se sume.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Acepta la compañera diputada, así que todas aquellas diputadas y diputados que deseen suscribir la iniciativa, la proposición de la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, pasen por favor a la Secretaría a suscribir el documento. Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Javier Corral Jurado.
El diputado Javier Corral Jurado: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, la Cédula de Identidad, desde nuestro punto de vista es un instrumento fundamental y estratégico para el desarrollo de la seguridad nacional y la preservación de la seguridad pública en nuestro país.
Entre diversos actores políticos y sociales se comparte la idea de que el instrumento es necesario, y entre los beneficios que puede generar está ni más ni menos el relativo precisamente a la seguridad nacional.
Tan es así que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad para 2011 lo marcó como uno de sus compromisos primordiales; la modernización y sistematización de procesos a través de la conformación de datos que dé lugar al Servicio Nacional de Identificación Personal.
Por eso, la Cámara de los Diputados resolvió asignarle los recursos necesarios para cumplir con las etapas del proyecto planteadas para el año que entra y dejó pendiente sólo la expedición del documento plástico.
Sin embargo, diversas preocupaciones se han expresado y creo que son atendibles. Dejarlas a la deriva puede ocasionar que un proyecto relevante como la cédula de identidad sucumba por el cuestionamiento y la desconfianza natural que provoca el peculiar desarrollo político que hemos tenido en nuestro país.
Así, se advierte que la Cédula de Identificación Ciudadana pueda entrar en colisión con la Credencial de Elector y lo que es más grave, que desanime la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral. Luego se señalan las insuficiencias legales que en materia de protección de datos personales existe en nuestro país y finalmente, la preocupación porque una base de datos que contará con los principales elementos biométricos de todos los ciudadanos, se administre por la Secretaría de Gobernación.
En la mayoría de los países del mundo que cuentan con esta identificación única, son los ministerios del interior los que la conforman y operan. Esto es el equivalente a la Secretaría de Gobernación.
Pero insisto, dadas las características propias de nuestro sistema político, en efecto, se hace pertinente que, sin crear más instancias burocráticas que incrementen el gasto público en servicios personales, se pueda determinar dentro de la actual estructura de la administración pública federal una entidad quizá más neutral, por decirlo de alguna manera. Obviamente esto implica un nuevo arreglo constitucional y legal en el tema.
El transitorio Segundo de la reforma constitucional electoral del 4 de abril de 1990, vigente a nuestros días, establece que en tanto no se establezca el servicio del Registro Nacional Ciudadano, los ciudadanos deberán inscribirse en los padrones electorales. Pero mientras esa reforma constitucional y legal se produce, no hay la menor duda de que debiéramos llevarla a cabo.
La coordinación entre el Instituto Federal Electoral, el Instituto Federal de Acceso a la Información y la Secretaría de Gobernación, se hace indispensable.
En medio del proceso para expedir la cédula de identidad están valores muy importantes y muy caros a la lucha democrática. La confiabilidad del instrumento fundamental de nuestros procesos electorales y la debida salvaguarda y protección de la información personal.
De ahí que, mediante propuesta con punto de acuerdo esté pidiendo a las comisiones de esta Cámara de Diputados puedan exhortar a la necesaria colaboración entre el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Gobernación, a efecto de llevar a cabo un convenio que permita no sólo despejar dudas, suspicacias, desconfianzas, sino entrar en una colaboración que permita la Cédula de Identificación Ciudadana y a la vez sirva ésta como credencial para votar.
Por el apoyo que puedan brindar en las comisiones de dictamen a esta propuesta con punto de acuerdo, muchas gracias y por su atención también. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Amador Monroy Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión de Atención a los Derechos de los Deudores de Infonavit.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Escudero Morales, dígame usted.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente, no quedó claro si está turnada a la Comisión de Presupuesto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública. A ambas comisiones es a las que se está turnando.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Quisiéramos que se incluyera a la de Población y a la de la Función Pública, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le solicitaría, señor diputado, que nos haga la propuesta para hacer una revisión en la Mesa Directiva y con mucho gusto lo estaríamos analizando. Tiene la palabra el diputado Amador Monroy Estrada.
El diputado Amador Monroy Estrada: Gracias. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de todos ustedes, compañeros diputados y compañeras diputadas.
El que suscribe, diputado Amador Monroy Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 71 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de nuestro Congreso, presenta ante este pleno una propuesta con punto de acuerdo, por lo que solicita la creación de la Comisión Especial de Atención a los Derechos de los Deudores del Infonavit.
Antecedentes
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha emprendido una campaña de denuncias penales que derivan en órdenes de aprehensión contra los deudores que optan por organizarse y defender su propiedad ante el acoso de despachos de abogados sin escrúpulos que pretenden despojarlos de su único patrimonio.
Esta actitud es tan lesiva que muestra al gobierno federal como un represor y no como debería de ser, un protector del patrimonio familiar que facilite a los derechohabientes la solución a su problema, analizando en lo particular la situación que cada uno de ellos enfrenta.
Hoy aproximadamente 190 mil familias están en riesgo de perder los inmuebles que obtuvieron por medio de un crédito de Infonavit, pues el instituto vendió a las empresas de capital estadounidense Pendulum Associates, y Sociedad Cooperativa para la Resolución de Activos de Propiedad (SCRAP II). Alrededor de 110 mil viviendas en esta condición, en todo el país, se encuentran con cartera vencida.
Abogados encubiertos en corporaciones de rescate de cartera vencida iniciaron la escalada de despojo contra los derechohabientes y la política de despojo del Infonavit se hace acompañar con métodos que sugieren la pretensión de criminalizar la defensa de los derechohabientes.
Por lo expuesto, frente a la necesidad de que exista un órgano al interior de la Cámara de Diputados que se aboque a dar continuidad al procedimiento y adecuación del marco jurídico del instituto de vivienda, como lo es Infonavit, nace la presente inquietud.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial de atención a los derechos de los deudores del Infonavit.
Segundo. El objeto de la Comisión Especial será la revisión y actualización constante del marco jurídico en materia de protección al derechohabiente por parte de las autoridades competentes, de conformidad con el marco jurídico aplicable contra el hostigamiento que atentan hoy contra el trabajador.
Tercero. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política en forma proporcional a la representación que hoy existe en esta Cámara de Diputados.
Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha Comisión Especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo en el ámbito de sus competencias.
Quinto. La Comisión Especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Sexto ?y último. La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Especial será agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplirse el objetivo para el cual será creada, se extinga en forma anticipada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2009.
Suscribe, Amador Monroy Estrada, a sus órdenes. Solicito, señor presidente, que el texto del documento sea insertado de manera íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Monroy Estrada, como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador y al Congreso del estado de Jalisco a que soliciten al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco que someta a plebiscito la ejecución de la obra de la línea 2 del macrobús.
La diputada Ana Estela Durán Rico: Con la venia del señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el pasado 7 de abril el gobierno de Jalisco publicó en la Gaceta oficial el decreto aprobado por el Congreso del mismo estado, en el que se autorizaban los recursos destinados al proyecto de movilidad y renovación urbana bajo la modalidad de proyectos de inversión y prestación de servicios del gobierno de Jalisco, en el cual se contempla la constitución de la línea 2 del macrobús.
Los recursos destinados a las obras a las que hace mención el proyecto afectarán la partida presupuestal de proyectos de inversión y prestación de servicios, obligando al Ejecutivo a incluir dentro del Presupuesto de Egresos del gobierno del estado la suficiencia financiera de cada anualidad hasta el año 2025, para sufragar erogaciones que se deriven del contrato de proyectos e inversión y prestación de servicios.
Con base en lo anterior se debe precisar que el Congreso del estado se limitó a autorizar recursos necesarios para la ejecución de las obras mencionadas en el proyecto, siendo responsabilidad del Ejecutivo local la planificación, instrumentación y ejecución de las obras que habrán de impactar la vida de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.
Dentro de la exposición de motivos el gobernador de Jalisco aseveró la importancia de la necesidad de implementar un sistema de transporte público que solucionará la problemática de la demanda de este servicio, mencionando en su propuesta la denominación del sistema del BRT (Bus Rapid Transit), por sus siglas en inglés, el cual aparentemente menciona mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y medio ambiente, al emplearse en los principales corredores de la zona conurbada de Guadalajara.
No obstante, la iniciativa contempla acciones que pueden representar perjuicio a los habitantes como es la poda desmedida de árboles, con lo que se generaría un daño ambiental mayor.
La ampliación de banquetas y reducción de carriles de circulación de automóviles particulares con los que se impactaría el desarrollo de la actividad económica de los comercios ubicados en aquellos corredores en los que se pretende llevar a cabo la obra, lo que podría representar el cierre de negocios en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.
Esto último mantiene en un estado de indefensión a los dueños de negocios, quienes ya ven como una amenaza seria el macrobús; que el macrobús menoscabe sus ingresos y sus establecimientos puedan quebrar a causa de la disminución de la afluencia de consumidores.
Asimismo, debe reconocerse que se han hecho cuestionamientos por parte de algunos sectores de la sociedad y que hay oposición al proyecto de la línea dos del macrobús, lo cual estiman como un perjuicio a la ejecución de la obra, donde diversos grupos de ciudadanos, en el uso de sus derechos, han instado de manera organizada por escrito al gobernador a que reconsidere y se replantee el proyecto. Por ello, si se pretende ofrecer las condiciones para una mejor calidad de transporte, el gobierno debe comenzar a escuchar a los gobernados.
Por lo anterior se propone que este pleno exhorte al gobernador de Jalisco, licenciado Emilio González Márquez y al honorable Congreso del estado, a que se solicite al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco que someta a plebiscito, en la zona metropolitana de Guadalajara, la construcción de la línea 2 del macrobús, comprendida dentro del proyecto de renovación y movilidad urbana a que tiene autorizado el gobierno de Jalisco.
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno de Jalisco y al Congreso del estado, a que soliciten al Instituto Electoral de Participación Ciudadana que someta a plebiscito, en la zona metropolitana de Guadalajara, la construcción de la línea 2 del macrobús.
Segundo. Se exhorta a todas las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno, con jurisdicción en la zona metropolitana de Guadalajara, a que en el marco de la legalidad garanticen los derechos y libertades de los ciudadanos jaliscienses participen en el procedimiento previsto para el plebiscito que marca el Código Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco.
Tercero. Se exhorta al gobierno del estado de Jalisco, al coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado, al Centro Estatal de Investigación de Vialidad y Transporte, así como al Sistema del Tren Eléctrico Urbano, que en el ámbito de su competencia informen a este órgano legislativo sobre los estudios de factibilidad topográfica, impacto ambiental, mecánica de suelos, vialidad, trazos ecológicos, movilidad urbana, protección civil, transporte y tránsito vehicular, así como la relativa a postores de licitantes y de procedimiento para la adjudicación del Proyecto de Renovación y Movilidad Urbana, bajo la modalidad de proyectos de inversión y prestación de servicios, por lo que el Congreso del Estado de Jalisco autorizó el endeudamiento en la ejecución de este proyecto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de diciembre de 2009. Los diputados que anexan, son los diputados del estado de Jalisco por el PRI y el diputado Enrique Ibarra Pedroza, por el PT. Es cuanto, señor presidente.
Le solicito se inserte íntegra la propuesta aquí leída en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Señoras y señores diputados, nos acompañan en este momento los alumnos de la Escuela Resurgimiento, de Naucalpan, estado de México, invitados por el diputado David Sánchez Guevara.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Ibarra.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Gracias, señor presidente. Sólo para ratificar el apoyo a la propuesta que hizo la diputada Durán, para pedirle al gobernador Emilio González Márquez, que someta a plebiscito la decisión en materia de transporte del macrobús, entre los habitantes de Guadalajara.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Así lo manifestó la diputada a la hora de dar lectura a su documento, el apoyo de usted, diputado. Gracias.
Tiene la palabra el diputado Cruz López Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal el pago inmediato a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Cruz López Aguilar: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. A nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del PRI: Fermín Montes Cavazos, Alberto Jiménez Merino, Manuel Humberto Cota Jiménez, David Hernández Vallin, Hilaria Domínguez Arvizu, Gerardo Sánchez García y el mío propio, Cruz López Aguilar, sometemos a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo donde se solicita al Ejecutivo federal el pago inmediato a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los fideicomisos estatales de fomento agropecuario, bajo las siguientes
Consideraciones
Como es de todos conocido, la pobreza en México ha crecido de manera exponencial en la última década y de acuerdo al INEGI, el periodo 2006 al 2008 fue el de mayor incremento. Esto sin considerar aún los efectos de la actual crisis nacional y mundial.
El medio rural ha sido uno de los sectores donde la crisis económica ha pegado con mayor fuerza y donde se ubica el mayor porcentaje de población marginada, altamente marginada y con menor índice de desarrollo humano.
Recientemente la CEPAL confirmó que México fue el país donde la pobreza creció en mayor proporción, siendo el sector rural donde más se resintió. Eso también se refleja en el 2009, no sólo por los efectos nocivos de las crisis recurrentes, sino por fenómenos como la embestida del virus de la influenza AH1N, los tres millones de desempleados, la creciente violencia del crimen organizado, la caída estrepitosa de las reservas, la baja de la producción petrolera y la caída en las remesas. Siendo los anteriores verdades de todos conocidas, resulta preocupante e insensible que recursos que son fundamentales para la actividad productiva de miles de campesinos y pequeños productores del campo, como lo son los comprometidos en el Fideicomiso de Fomento Agropecuario, sean retenidos de manera arbitraria por el Ejecutivo federal.
No existen en el decreto del PEF 2009, ni en la Ley de Presupuesto ni en su reglamento, como tampoco en los convenios de coordinación que se suscribieron con los estados, así como en las mismas reglas de operación de Sagarpa, elementos que faculten al Ejecutivo federal a determinar unilateralmente los plazos de radicación de los recursos de los estados.
Resulta improcedente mantener en los fideicomisos recursos que son propiedad de los productores y además solicitar la devolución de estos recursos por la Tesorería de la Federación, toda vez que dejan de pertenecer a la Sagarpa y, como consecuencia, legalmente se les considera devengados, una vez que fueron transferidos a los estados.
Resulta claro que al pretender retirar los recursos de los Fofae no se está afectando a los estados; se está afectando a los productores, a los más pobres de este país, en un momento en el cual invertir cualquier recurso será siempre insuficiente para atender la enorme problemática de la pobreza.
Es claro que esta disposición dificulta el correcto ejercicio de los recursos, dado que el decreto del PEF 2009, en su artículo 35, fracciones V y VI, determina con toda precisión y mandata a la Sagarpa federalizar los recursos en términos precisos.
En el PEF 2009 la Cámara de Diputados aprobó recursos para los Fofae por un monto de 16 mil 100 millones de pesos, de los cuales a principios de noviembre se habían radicado 12 mil 800 millones de pesos. De esta cantidad, el 72 por ciento corresponde a recursos federales y el 28 por ciento corresponde a los estados.
Es realmente inconcebible que el Ejecutivo federal insista en recuperar esos recursos en virtud de que éstos no pertenecen al Ejecutivo, sino que ya han sido etiquetados para miles de campesinos y pequeños productores.
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de acuerdo
I. Se solicita al Ejecutivo federal el pago inmediato a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario (Fofae), estén o no correspondidos con la parte comprometida por los gobiernos de los estados.
II. Se exhorta al Ejecutivo federal que concluya con la publicación de los recursos asignados en los convenios de los Fofae entre Sagarpa y los gobiernos de las entidades federativas.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señores diputados y diputadas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita al presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que convoque a una reunión de dicho órgano de gobierno a fin de que se determine el procedimiento para la discusión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2007 y su inscripción en el orden del día.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Quiero comenzar por decirles que no es la primera vez que hablo de este tema y quiero también confesarles mi frustración porque veo que por más que tratamos este asunto, después de las intervenciones, no sucede nada.
Yo no he tenido el gusto de encontrarme al presidente Ramírez Acuña en otras legislaturas, pero sé que es un hombre interesado en la trayectoria del Poder Legislativo y que conoce bien los ritos anuales de este Poder tan importante.
Quiero decirles a todos ustedes que así como es importante discutir la Ley de Ingresos y pasar estas jornadas penosas que todos vivimos aquí, y después el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el antiguo régimen ?que así gustan calificar algunos? el tercer evento era la revisión de la Cuenta Pública, que desde el 2002 no lo hemos vuelto a realizar; desde el 2002.
Cómo se atreve el presidente de la república a proponer una reforma, dice, para que los diputados rindan cuentas, si desde 2002 no vemos la Cuenta Pública del gobierno federal.
Eran 3 eventos, son 3 eventos: es discutir los ingresos, es discutir el presupuesto, y luego la revisión de la Cuenta Pública, que es una facultad consubstancial al desempeño del Poder Legislativo. Es una facultad exclusiva de la Cámara, no hay excusa. Es una responsabilidad que tenemos todos. Yo estoy haciendo lo que puedo; presionando con una iniciativa para que, si la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no tiene tiempo, motivación o interés para discutir esto, deje que lo haga otra comisión.
Le estoy urgiendo al presidente, y me da mucho gusto que esté la Mesa Directiva en pleno, porque ya que hay una intención de que la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos funcione; cumpla con su deber. Tiene que programar cuándo vamos a discutir la Cuenta Pública.
Yo no quiero ser cómplice de lo que está pasando con el ejercicio de los dineros públicos y que simplemente lo dejemos pasar como si nada pasara.
Dejo aquí mi punto de acuerdo, con la petición del presidente de la Conferencia, que es al mismo tiempo el presidente de la Mesa Directiva, nos diga cuándo va a ordenar que este procedimiento se realice; con la seguridad, que si esto no ocurre regresaré otra vez para hacerle un exhorto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted diputado. Túrnese a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
El diputado Salvador Caro Cabrera (desde la curul): Presidente...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El diputado Caro, desea hacer uso de la palabra.
El diputado Salvador Caro Cabrera (desde la curul): Ya no, gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ya no.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Jaime Cárdenas.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Al diputado Augusto Santiago, si me permite adherirme a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pregunto al señor diputado César Augusto Santiago, si está de acuerdo en que se adhieran los señores diputados y las compañeras diputadas.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Estoy de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo, por tanto todas aquellas legisladoras y todos aquellos legisladores que deseen adherirse, pasen por favor a la Secretaría a suscribir la documentación correspondiente.
Tiene la palabra el diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Guerrero a que construyan un hospital de especialidades para la atención de las mujeres de la ciudad de Tlapa de Comonfort, de la región de la montaña de dicha entidad.
El diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Ojalá que mi proposición con punto de acuerdo pueda ser valorada y atendida por este pleno, y que en verdad se pueda ser solidario con una de las regiones más pobres de este país y que podamos brindar una mayor atención a la salud.
La marginación, la pobreza son elementos que en la región de la montaña del estado de Guerrero han prevalecido en la historia de nuestra región y que de muchas familias nacieron sus hijos, se desarrollaron, por circunstancias de la vida murieron, y lamentablemente nuestra realidad no cambia.
La marginación, la pobreza, el olvido, la ausencia de oportunidades para el desarrollo, la falta de una oportunidad para atender en materia de salud a las mujeres ha traído como consecuencia la mortalidad materna, que es muy notoria, y que ojalá el pleno de esta Cámara, las Comisiones correspondientes de Salud, de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables nos puedan apoyar.
Entendemos que la salud es un derecho universal de todos los seres humanos y que en México diariamente en un promedio aproximadamente 50 mujeres mueren por cáncer cérvico-uterino, y es más por cáncer de mama. Un promedio de unas mil 300 mujeres mueren por causas relacionadas con el embarazo, con el parto y, sobre todo con el parto por la falta de atención médica y sobre todo, una atención especializada que no tenemos en la región de la montaña.
Una de las regiones más marginadas de este país es, precisamente, la región económica de la montaña del estado de Guerrero, donde se encuentran los municipios más pobres de nuestro país, como es Metlatono y Cochoapa. Ahí, en la montaña está permanentemente la pobreza social, el olvido, la marginación; tal pareciera que el que nace, nace con el destino de también morir en el olvido.
Los riesgos de enfermedades para las mujeres en la región de la montaña pueden ser preventivos, pueden ser detectados, pueden ser tratados con éxito, siempre y cuando con oportunidad también se puedan atender.
Lamentablemente no hay suficiente infraestructura hospitalaria. La región de la montaña comprende cerca de 17 municipios, de los cuales, para atender a este gran universo de 17 municipios y de más de 3 mil comunidades, únicamente contamos con un Hospital General y un Hospital de la Madre y el Niño.
Por eso es que en la responsabilidad que traemos como representantes populares aspiramos, compañeros diputados, compañeras diputadas, aspiramos a más oportunidades en derecho a la salud y mayor atención en la infraestructura básica de los hospitales, equipamiento y sobre todo, atención médica con especialistas que nos ayuden a atender a las mujeres de la región de la montaña, para que de esta manera podamos aspirar a una mejor forma de vida.
En la región de la montaña se encuentran aproximadamente más del 85 por ciento de la población indígena del total que representa esta región olvidada del estado de Guerrero.
La mortalidad materna es de las más elevadas en el país y requerimos de manera urgente la atención especializada. No podemos esperar más. No podemos esperar a que venga otro proceso electoral del 2012 u otro proceso electoral del 2015 para que vayamos como candidatos de todos los partidos políticos con las promesas que después no se cumplen.
Por eso yo exhorto a este pleno a que de manera responsable y objetiva podamos en verdad atender este exhorto, podamos en verdad atender este punto de acuerdo. Que no sea uno de los muchos más que se sube a tribuna y que ni caso le hacemos; que ojalá sea en verdad la oportunidad para los pueblos y comunidades indígenas de la región de la montaña del estado de Gurrero, que sea en esta Legislatura la gran oportunidad para más inversiones que permitan vivir con más oportunidad.
La salud es un derecho universal para el mejoramiento de la calidad de vida y para el desarrollo humano de todos los que aspiramos a vivir con más oportunidades.
Por eso presento con toda responsabilidad, presento ante este pleno un punto de acuerdo donde se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social coadyuven presupuestalmente para la construcción de un hospital, un hospital de especialidades en la ciudad de Tlapa, Comonfort, del estado de Guerrero, para atender a las mujeres indígenas que esperan una oportunidad del gobierno federal y de esta Cámara del Congreso de la Unión. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Salud.
Señoras diputadas y señores diputados, se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.
Proceda la Secretaría a dar cuenta de la comunicación que se acaba de recibir de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos a usted, atentamente, consultar al pleno la modificación al orden del día para la inclusión correspondiente, en el primer turno posible, y con trámite de sólo turno a comisión de:
Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar la fracción XVI al artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contenidas en el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta; del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, y del Impuesto al Valor Agregado; del Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, que presentan los diputados Felipe Solís Acero, del Grupo Parlamentario del PRI, y José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del PRD.
Firman, la señora coordinadora y los señores coordinadores de todos los grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el señor diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a remitir informes detallados de las inversiones realizadas por la Comisión Federal de Electricidad.
El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Las telecomunicaciones como factor de desarrollo económico nacional, cohesión social y desarrollo humano son un tema al cual este Congreso siempre le ha dado una gran importancia.
Durante varios ejercicios esta soberanía autorizó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que por conducto de CFE-Telecom realizara inversiones por cerca de 170 millones de dólares para la instalación de una red de fibra óptica, cuya objetivo fue dotar a la empresa de sistemas digitales de alta capacidad para la seguridad en la operación de la red eléctrica nacional.
Paralelamente dicha inversión permitió desarrollar la segunda red de telecomunicaciones más grande del país, la cual, ahora se busca poner a disposición de la industria de telecomunicaciones, tal como fue anunciado el 19 de mayo del año en curso por el Ejecutivo federal, quien ofreció licitar las fibras oscuras de la Comisión Federal de Electricidad para hacer más eficientes las telecomunicaciones en nuestro país.
En tal tenor, la CFE celebró un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el que se establece que dicha dependencia del Ejecutivo federal tendrá a su cargo la elaboración de las bases de licitación, los criterios económicos y de evaluación de las propuestas y la conducción de la propia licitación.
Considerando que la red de fibra óptica de la CFE dispone de capacidad de sobra en la materia, la CFE después de un amplio estudio técnico-económico determinó que la licitación de un par de fibra óptica oscura era suficiente para propiciar la disminución de tarifas, incrementar velocidades y ampliar la cobertura de servicios de banda ancha en el país.
No obstante que tal determinación de la CFE está sustentada en estudios técnicos y económicos, existe una corriente de opinión que propone que la licitación no se restrinja a un solo par de fibra óptica, sino que se ofrezca al mercado un mayor número de pares con el aparente objetivo de disminuir el costo del acceso a dicha red y permitir la participación de un mayor número de empresas.
Sin embargo, la introducción de un exceso de oferta de fibra oscura, más de un par de fibra óptica de la CFE, puede provocar una seria distorsión en el mercado de las telecomunicaciones, sobre todo tomando en cuenta que en el modelo de negocio de los nuevos oferentes no se necesitaría incluir la recuperación de la inversión, es decir, el subsidio estatal por el que su entrada tenderá a ser un tipo depredatorio y provocará competencia desleal, debido a que los oferentes establecidos sí deben recuperar sus costos de inversión y de operación en la provisión de sus servicios de telecomunicaciones, pero fundamentalmente implicaría dudas sobre la capacidad de recuperar la inversión realizada y, sobre todo, la posibilidad de que pueda desaparecer CFE-Telecom.
Es por esto que el día de hoy presento este punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de energía, para que remita un informe detallado de las inversiones realizadas por la Comisión Federal de Electricidad para la instalación de su red de fibra óptica. Asimismo, presente un informe sobre las consideraciones técnicas y económicas que sustenten el número de pares de fibra óptica que deben comercializarse y los términos y plazos en que dicha entidad recuperará la inversión realizada; y, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes remita un informe detallado con su opinión sobre las consideraciones técnicas y económicas que sustenten el número de pares de fibra óptica de la red de la CFE que deben comercializarse y sus posibles efectos en el mercado de las telecomunicaciones en el país.
Compañeros diputados, el asunto tiene una importancia porque implicaría poner a disposición de empresas trasnacionales en materia de telecomunicaciones una infraestructura, que cuya entrada en la puja puede ser del orden de los 40 mil millones de dólares, a través de una inversión que hizo CFE para dotar de esta infraestructura al país, de la que debemos sacarle el mejor provecho.
Espero que la comisión correspondiente atienda de inmediato este asunto para solicitar los informes y estemos en condiciones de normar criterios sobre este importante asunto. Es cuanto, señoras diputadas y señores diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Energía.
Tiene la palabra el diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que a través de la Semarnat y de la Conagua, a los gobiernos de los estados de Jalisco y Michoacán, para que en conjunto emitan un convenio de actividades para la sustentabilidad de la Cuenca Lago Chapala.
El diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas: Gracias, señor presidente, con su venia. Me presento en este recinto legislativo a nombre de 32 presidentes municipales de los estados de Jalisco y Michoacán para exponer a ustedes la urgente necesidad de llevar acabo el Plan Intersectorial e Interestatal para la Sustentabilidad de la Cuenca propia del Lago de Chapala.
El agua se sitúa cada vez más como un recurso estratégico, el gran reto, además de una exigencia, es disponer de agua en cantidad y calidad suficientes, en un contexto de utilización racional de recurso que permita su periódica renovación. Además, no hay que perder de vista el aspecto precautorio, ya que el cambio climático es capaz de modificar la disponibilidad y las necesidades de agua.
Por tanto, cualquier política pública que aborde la gestión del agua debe plantearse como objetivo que todos los mexicanos tengamos una vida digna, sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. Esto, compañeros legisladores, es imperativo para el desarrollo integral de nuestro país.
A pesar de la claridad y contundencia de los compromisos contraídos para la conservación del agua, el avance logrado en la legislación, existe un creciente deterioro derivado de la contaminación, sobre explotación y el mal manejo de recursos que evidencia una falta de planeación generalizada.
Lo anterior debe llevar a promover la convergencia de planes e iniciativas bien estructuradas, en donde concurran los tres órdenes de gobierno, la academia y la sociedad civil.
Por su ubicación e importancia para el país, la Cuenca propia del Lago de Chapala representa un caso especial de atención, al ubicarse en la parte baja de la Cuenca Lerma Chapala se convierte en el vaso receptor de la polución y descargas de agua residuales no tratadas que derivan de la ciudad, de la industria y la agricultura, a lo largo del trayecto de más de 500 kilómetros del Río Lerma hasta Chapala.
En este orden de ideas, 15 municipios del estado de Jalisco y 17 del estado de Michoacán han venido trabajando de manera coordinada en la búsqueda de soluciones a la problemática del agua que vive el Lago de Chapala, el más importante del país.
En una serie de reuniones llevadas acabo tanto en Jalisco como en Michoacán se fue integrando un equipo interdisciplinario y multiinstitucional, de cuyo trabajo se obtuvo como resultado el plan interestatal para la sustentabilidad de la Cuenca propia del Lago de Chapala.
En la elaboración del plan interestatal participaron investigadores de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente; así también concluyeron en este esfuerzo funcionarios de la Semarnat y las comisiones estatales del agua de Jalisco y Michoacán.
De lo que se trata es de aportar, desde lo local al objetivo central del gobierno federal, de avanzar cabía un desarrollo humano sustentable en el país y en regiones como la Cuenca propia del Lago de Chapala.
Con las estrategias de acción planteadas en el plan interestatal estaremos iniciando el camino para garantizar que todas las poblaciones asentadas en la región Chapala cuenten con agua suficiente y de calidad, que aseguren su bienestar actual y futuro y que la población con sus acciones cotidianas contribuya y se preocupe por la conservación y mejoramiento de nuestro medio ambiente.
Con aplicación de este plan estaremos beneficiando de manera directa una población que vive en conjunto de estos municipios y que asciende a más de un millón de habitantes.
Puntos de acuerdo.
Primero. Se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales, y la Comisión Nacional del Agua, al Gobierno de Jalisco y de Michoacán, a través de las autoridades correspondientes, para que en conjunto emitan un convenio de actividades a desempeñar en el corto, mediano y largo plazo, que tenga por objeto principal la implementación total de los acuerdos conseguidos en el Plan Interestatal para la Sustentabilidad de la Cuenca Propia del Lago de Chapala.
Segundo. El citado convenio y conjunto de acciones deberá ser hecho del conocimiento de esta soberanía durante los tres primeros meses del 2010.
Señor presidente, de igual manera, le solicito se turne a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de Recursos Hidráulicos, para que dicho plan sea integrado en sus programas y agendas de trabajo. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muchas gracias, diputado Rangel Vargas. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El diputado Carlos Luis Meillón Johnston (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: ¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Carlos Luis Meillón Johnston (desde la curul): Preguntar al diputado Rangel si me permite adherirme a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Rangel Vargas, ¿acepta usted la propuesta?
El diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas (desde la curul): Acepto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Está aceptando. Todos los señores diputados o diputadas que quieran adherirse pueden pasar a la Secretaría para firmar la iniciativa correspondiente.
Me permito informarles, señoras diputadas y señores diputados, que nos visitan alumnos y maestros del Instituto de Estudios Superiores del Altiplano, de Tlanalapa, Hidalgo, invitados por el diputado Jorge Romero Romero.
Igualmente, alumnos y maestros de la escuela primaria Mariano Riva Palacio, invitados por el diputado Roberto Rebollo Vivero.
También nos visitan alumnos y maestros de la Universidad del Valle, de Querétaro, invitados por el diputado Miguel Martínez Peñaloza.
Alumnos y maestros de la escuela secundaria técnica 30, Mártires de Uruapan, de Uruapan, Michoacán, invitados por el diputado Uriel López.
Nos visitan alumnos y maestros de la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente, de Xalapa, Veracruz, invitados por el diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo.
Alumnos y maestros de la Unitec, campus Ecatepec, invitados por el diputado Sergio Octavio Germán Olivares.
También alumnos y maestros de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Derecho, invitados por la diputada Marcela Torres Peimbert.
Igualmente me permito informarles, señoras diputadas y señores diputados, que se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, de la cual pido a la Secretaría que se sirva dar cuenta.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted, atentamente, consultar al pleno la modificación al orden del día para la inclusión correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto:
Con punto de acuerdo, relativo a las fallas detectadas en la operación de los puntos de revisión en carreteras federales del país, en lo particular en el ubicado en el municipio de Benjamín Hill, en Sonora, y en la forma en que afectan al comercio, turismo y otros sectores productivos, y al bienestar de los ciudadanos que hacen uso de las vías de comunicación referidas, a cargo del diputado Ernesto de Lucas Hopkins, y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Firman, la señora coordinadora y los señores coordinadores de todos los grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En consecuencia tiene la palabra el diputado José Luis Marcos León Perea, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a las fallas detectadas en la operación de los puntos de revisión en las carreteras federales del país, en lo particular en el ubicado en el municipio de Benjamín Gil, en el estado de Sonora y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. Hará la presentación de la proposición el diputado Ernesto de Lucas.
El diputado Ernesto de Lucas Hopkins: Con su permiso, señor presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, honorable asamblea: los que suscribimos este documento, diputados Miguel Ernesto Pompa Corella, José Luis Marco León Perea, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Onésimo Mariscales Delgadillo y Jesús Alberto Cano Vélez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a las fallas detectadas en la operación de los puntos de revisión en carreteras federales del país, en lo particular en el ubicado en el municipio de Benjamín Gil, Sonora, y la forma en que esos afectan al comercio, turismo y otros sectores productivos y al bienestar de los ciudadanos que hacen uso de las vías de comunicación referidas.
Exposición de motivos
En el estado de Sonora por varios años se ha generado un problema con los puntos de revisión instalados en carreteras federales por parte de la Procuraduría General de la República y el Ejército mexicano, provocando una inconformidad cada vez mayor ante la actitud de los responsables de estos retenes y por la falta de agilización en dicha revisión, estimulando retrasos en el tránsito de los ciudadanos y ocasionando su irritación en un gran número de casos, llevando así pérdidas económicas del comercio, por entrega fuera de tiempo en productos, al tener que realizar filas de algunas decenas de kilómetros.
La revisión a la que son sometidos miles de ciudadanos a diario por los cuerpos de seguridad mencionados causa, sin duda, actos de molestia en menoscabo de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo.
De lo anterior podemos manifestar que los actos de autoridad que cometen los servidores públicos que laboran en los comúnmente denominados Precos constituyen actos de molestia al ciudadano que se traducen en restricciones provisionales de sus garantías, pues se realizan revisiones en bienes personales como equipaje o carga de particulares sin orden girada por autoridad competente que funde y motive la razón que le da origen a tal procedimiento, violando los dispositivos constitucionales citados anteriormente.
Ahora bien, no es menester de esta proposición pugnar por la eliminación de los llamados retenes, dada la imperiosa necesidad de llevar a cabo los operativos encaminados a la erradicación del tráfico de enervantes, de armas de fuego e indocumentados y considerando que estos operativos han reportado importantes golpes al narcotráfico, al tráfico de armas y al tráfico de humanos, disminuyendo la delincuencia organizada en el país.
En cambio, se considera necesario que se establezcan mecanismos que regulen la operación en los puntos de revisión, en el sentido de que causen las menores molestias y pérdidas económicas posibles a los usuarios de las vías de comunicación afectadas.
Es de conocimiento público que el objetivo que tiene el gobierno federal es reubicar los puntos de revisión carretero a las fronteras del estado, con el objetivo de que sea el Ejército mexicano el encargado de realizar dichas revisiones y se instalen equipos necesarios tales como arcos de rayos Gamma, con lo que a su vez se buscaría hacer más ágil el proceso de revisión, en lugar de tener que revisar cada camión de manera física o manual.
Tal es el caso del punto de revisión ubicado en la carretera federal número 2, en el tramo de Hermosillo-Benjamín Gil, que a pesar de haber recibido una millonaria inversión para modernizar y agilizar la revisión sigue provocando los retrasos, las filas, las pérdidas económicas y molestias ciudadanas que existían antes de esta modificación tan costosa y desafortunadamente por los resultados tan inútiles a la fecha.
Por ello, para colocarnos a la vanguardia en esa lucha, pero sin continuar violentando nuestras garantías constitucionales, es urgente efectuar acciones que minimicen los contras que desgastan la tranquilidad y confianza.
En dicho tenor, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en caso de aplicar un plan específico para el combate al flagelo del narcotráfico en el cual sea necesario implementar revisiones a las personas en tránsito por el país, éstas se realicen mediante la utilización de la infraestructura tecnológica, humana y material adecuada para que el tránsito de personas y vehículos se desarrolle en forma ágil, procurando la menor afectación posible a la economía nacional.
Atentamente, diputado Ernesto de Lucas Hopkins, Miguel Ernesto Pompa Corella, José Luis Marco León Perea, Manuel Ignacio J. Gutiérrez, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Onésimo Mariscal Delgadillo, Jesús Alberto Cano Vélez. Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
La diputada Dolores del Río ha solicitado adherirse a su propuesta, señor diputado. ¿Está usted de acuerdo? Puede pasar la diputada Dolores del Río a firmar la propuesta.
Tiene la palabra la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Guerrero y a la Procuraduría de Justicia del estado a respetar las garantías de libertad de expresión del director del periódico El Sur de Acapulco.
La diputada Florentina Rosario Morales: Con su venia, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. La suscrita, diputada federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de lo siguiente:
El Estado mexicano debe garantizar la defensa y protección intrínseca de la libertad de expresión de cada uno de los ciudadanos mexicanos y específicamente debe de proteger, sin miramiento, la integridad de los responsables de informar desde diversas trincheras de la comunicación, lo que acontece en nuestro país.
Pero la inacción del Estado y la creación de la burocracia ineficiente devienen de la falta de investigación y sanción en contra de los responsables por la violencia contra periodistas. Con gran preocupación vemos que ésta es una constante y va en aumento.
Sólo en el 2009 se han registrado más de 90 denuncias, de las cuales el 80 por ciento son contra funcionarios públicos, lo cual hace que las investigaciones se vean entorpecidas por el sistema de corrupción que protege a muchos de ellos.
Las autoridades federales y estatales omiten prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de las violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal y al trabajo, convirtiéndose en un aliciente para los agresores de periodistas.
Bajo este contexto, en días pasados se ha citado, por un artículo periodístico, a declarar al director del periódico El Sur, Juan Angulo Osorio, quien el 3 de septiembre, posterior al cobarde asesinato del presidente de la Cámara de Gobierno, el diputado local Armando Chavarría Barrera, escribió ejerciendo su derecho a la libertad de expresión sobre este crimen y hoy, ante esta supuesta pista, se le ha citado a declarar.
Lo anterior demuestra la grave falta de respeto a la libertad periodística y se confabula un grave atentado a la libertad de expresión contra un medio de comunicación y un periodista destacado.
No omito mencionar que ese crimen sigue impune y, ante la falta de resultados de la procuraduría estatal, se convierte esto en una ofensa grave ante las solicitudes de esclarecimiento.
No olvidemos que los medios de comunicación basan sus investigaciones periodísticas bajo la libertad de prensa, expresión y protección de fuentes. Éstos son derechos fundamentales que todo gobierno debe respetar.
Ante esto, diversas organizaciones de derechos humanos del estado de Guerrero se han inconformado y presentado diversos recursos ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la cual dictó medidas cautelares a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, a fin de evitar la detención, con fines de presentación y declaración sobre el caso del homicidio del diputado local Armando Chavarría, al director del periódico El Sur, Juan Angulo, ya que de citarlo se aseguraría que puede proporcionar datos que esclarezcan dicho crimen; y hay que dejar en claro que no es testigo presencial, solamente un periodista que ejerce su derecho a expresarse.
Por lo expuesto, realizo la siguiente proposición con
Puntos de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta con total respeto a la división de poderes, al gobernador de Guerrero, contador público Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, a acatar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre el director del periódico El Sur, Juan Angulo Osorio.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con total respeto a la división de poderes, al encargado de despacho de la Procuraduría General de Justica del estado de Guerrero, licenciado Albertico Guinto Sierra, a respetar y garantizar los derechos relativos a la libertad de expresión y dar garantías a los periodistas y miembros del periódico El Sur. Por su atención, gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Señoras diputadas y señores diputados, les informo que nos visitan alumnos y maestros de la escuela primaria Mariano Riva Palacio, de la delegación Gustavo A. Madero, invitados por el diputado Roberto Rebollo Vivero.
Igualmente, invitada por su servidor, la doctora Francesca Agnetha, ex responsable de organizaciones no gubernamentales de cooperación para Argentina, Brasil y Ecuador, del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Italia.
Igualmente nos visitan alumnos y maestros de la Universidad Autónoma de Guerrero, invitados por el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera.
Alumnos y maestros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Autónoma del Estado de México, invitados por el diputado Ignacio Pichardo Lechuga. Mandamos un saludo a todos nuestros visitantes.
Señoras diputadas y señores diputados, se recibió del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a incorporar en la agenda de la Comisión de Intermediación el tema de la contratación colectiva de las trabajadoras y de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y la vigencia del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Pasaremos al capítulo de Excitativas
La Presidencia recibió de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Economía.
De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas a emitir el dictamen correspondiente.
Pasamos al capítulo de Efemérides
Se retira del orden del día la presentada por la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del PAN, hizo llegar a la Mesa Directiva el texto de su intervención referente a la efeméride del aniversario de la Revolución Mexicana. Insértese en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI, para referirse a la efeméride con motivo del vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados.
A pesar de que esta efeméride pasó el 20 de noviembre, creo que siempre es oportuno el poder hablar de los derechos de los niños. Y, hoy aquí, nos visitan niños de escuelas que están aquí acompañándonos, y con mayor razón, me da mucho gusto participar en la efeméride del XX Aniversario de la Convención de los Derechos de los Niños.
La niñez puede ser un espacio de aprendizaje, juegos, descubrimiento del mundo, curiosidad, formación de la personalidad, adquisición de principios de vida, desarrollo de capacidades en un entorno de igualdad y establecimiento de relaciones humanas afectivas, pero también puede convertirse en un espacio de jornadas laborales y legales y extenuantes, situación de calle, explotación sexual, trata, migración, violencia, desprotección e indiferencia.
Somos los adultos los responsables de un escenario o del otro. Conscientes de esto, en 1989, representantes de la mayoría de los países del mundo reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptaron la Convención sobre los Derechos del Niño, justamente hace 20 años.
Este instrumento internacional, conocido como la Revolución Francesa de los Niños, por su paralelismo con aquél momento histórico en el que las demandas por derechos cobraron voz e hicieron eco en gran parte del mundo propone nuevos aportes a los contenidos de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, avanzando de manera fundamental en el aspecto jurídico al hacer a los estados partes jurídicamente responsables de su cumplimiento. Representa un compromiso vinculante para todos los estados que decidieron formar parte de la Convención suscribiéndola y ratificándola.
A la fecha, es el instrumento internacional que más ratificaciones ha recibido en la historia del desarrollo del derecho internacional, faltando únicamente dos países: Estados Unidos y Somalia.
En la Convención de los Derechos del Niño se subraya de manera especial la responsabilidad primordial de la familia, en lo que respecta a la protección y asistencia. La importancia del respeto de los valores culturales, de la comunidad del niño y el papel crucial de la cooperación internacional para que los derechos de las niñas y de los niños se hagan realidad.
Si nos ponemos a pensar lo que tuvo que haber ocurrido para que las naciones del mundo se reunieran a fin de reconocer jurídicamente a las niñas y niños como sujetos de derechos, plasmado esto en un tratado internacional, tras 10 años de intensas negociaciones nos damos cuenta de que la gran importancia de este instrumento jurídico internacional radica en el consenso, así como en el marco de legalidad que crea para insertar en él todos los aspectos relacionados con la infancia.
Gracias a la Convención, los Estados parte como México saben específicamente cuál es su responsabilidad con la infancia. Los derechos que deben garantizarles. Cuáles son las condiciones de vida que deben proporcionar a las niñas y a los niños para su correcto desarrollo. ¿Qué papel juega la familia en este desarrollo? Además, al aceptar las obligaciones de la Convención los gobiernos nacionales se comprometen a proteger y asegurar los derechos de la infancia y aceptar que se les considere responsables en este compromiso ante la comunidad internacional.
En este sentido, también quiero aprovechar este momento para hacer un llamado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a fin de que analice el punto de acuerdo presentado por la suscrita para crear la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias que en la LIX Legislatura fue una realidad, y así poder estar, nosotros, en posibilidad de dar continuidad a los trabajos que en esa ocasión se desarrollaron.
Agradezco mucho la atención, compañeras y compañeros diputados. Ojalá que todas y todos tengamos dentro de nuestra agenda legislativa la niñez. El tema de la niñez no es cosa menor, es un tema transversal en el que todos y todas debemos de trabajar. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, señora diputada. En virtud de que no existen oradores para comentar el punto anterior, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la efeméride con motivo del LXXXVII Aniversario Luctuoso de Ricardo Flores Magón.
Tiene la palabra el diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, son tiempos de cambio, somos testigos y actores privilegiados de una época que cimentará el futuro de México y tenemos que decidir cómo participar en ella; si como pasivos espectadores o como sujetos activos; como promotores de un cambio que dé lugar a un país con una economía fuerte, con un sistema que garantice el empleo, la salud, la educación y la movilidad social para todos; un país de leyes que se apliquen sin regateos, con una democracia dinámica que permita la construcción de buenos gobiernos en un ambiente de paz y concordia; un México al que otras naciones vean con respeto, sin recelo o desconfianza.
Lo contrario sería hacernos cómplices de una inercia que nos sumerge cada vez más y nos hace retroceder. Contra eso se reveló uno de los hombres de la Revolución menos estudiado y peor comprendido: Ricardo Flores Magón.
Oaxaqueño, nació en San Antonio de Eloxochitlán el 16 de septiembre de 1874, y murió el 21 de noviembre de 1922, en una prisión en Kansas.
Desde muy pequeño se nutrió de las costumbres comunitarias de los indígenas de la sierra mazateca y sin duda esas costumbres fueron fuente de inspiración de su pensamiento, que devino anarquista más por la necesidad de una teoría que de fundamento político y social.
Su padre, Teodoro Flores, militar que peleó al lado de Benito Juárez y Porfirio Díaz, fue un hombre de la Reforma, liberal, de profundas convicciones, que influyó en sus hijos y les transmitió su rechazo a la injusticia y la tiranía.
En su temprana adolescencia, Ricardo fue entendiendo la condición humana y supo de lo injusto que había sido el general Díaz con los hombres que lucharon junto a él, entre ellos su padre.
Un poco mayor, avecindado en la Ciudad de México, inició estudios de jurisprudencia, mismos que interrumpió para dedicarse de lleno al periodismo y a la Revolución.
Para 1903 Era ya un conocido opositor de la dictadura porfirista y fue en ese año cuando acuñó aquella frase devastadora que aún hoy nos provoca: la Constitución ha muerto. Se refería a la Constitución de 1857, promulgada 60 años antes de la que hoy nos rige, a la que por cierto hay que tomarle con urgencia sus signos vitales.
Poco después, exiliado en los Estados Unidos, continuó con sus actividades revolucionarias. Incansable activista del Partido Liberal, leyó a los grandes pensadores anarquistas y desde el exilio alentó la lucha armada en México.
Ricardo Flores Magón fue un mexicano liberal que encontró en el anarquismo un marco explicativo más que un anarquista que haya encontrado tierra fértil en México.
En el levantamiento de 1910, Francisco I. Madero lo invitó a unirse al Plan de San Luis, pero Flores Magón declinó. Consideraba que el programa de Madero se limitaba a un cambio de gobernantes y no planteaba una transformación verdadera. La revolución política llevaba a la desaparición del Estado y el programa de Madero no incluía ni una cosa, ni la otra.
Igualmente, Zapata le llamó a sumarse a su causa, pero recibió también su negativa. No repudiaba la lucha del líder sureño, al contrario, la admiraba y defendía, pero era algo tan limitado luchar sólo por la tierra que prefirió no ligarse al Plan de Ayala. Era un asunto de principios.
Francisco Villa nunca fue de sus simpatías, lo vio como la expresión violenta del movimiento maderista; es decir, el brazo armado de los hacendados del norte, corto de miras y de una inusitada brutalidad.
La vida de Ricardo Flores Magón transcurrió entre la libertad y la cárcel, pero siempre atento a los movimientos sociales en México y el mundo. Flores Magón fue un internacionalista por su convicción de que la revolución en México no era suficiente si no se modificaba también el entorno internacional. Una de las enseñanzas de su pensamiento y la revolución de 1910 es que si no consideramos al mundo en nuestros cambios, el mundo no nos dejará cambiar.
Hoy no tenemos un movimiento armado en la antesala, pero existen amenazas internacionales tan reales como la crisis que vivimos. Debemos sanear nuestra relación con el exterior e impedir que los descalabros del sistema financiero internacional se conviertan en una catástrofe económica para el país, pero antes debemos sanear nuestras propias relaciones internas. Un nuevo pacto nacional es necesario. Un pacto entre los principales actores políticos para definir el rumbo con precisión y de acuerdo a las circunstancias que prevalecen en el mundo.
Ahora que celebramos la Revolución Mexicana y que está próximo a conmemorarse el centenario de esta gesta propongo recuperar la figura y el pensamiento de Ricardo Flores Magón. Si contamos con un pensamiento con tanta vigencia, esta legislatura debe apoyar la difusión de su obra. Sus ideas son patrimonio del pensamiento político mexicano; nos pertenecen a todos. Hagamos un mejor uso de ese patrimonio antes que relegarlo a alguna vitrina del museo de la historia patria.
La muerte del pensador liberal de ningún modo significó la inhumación de sus ideas; por el contrario, hoy continúan iluminando la acción política de los mexicanos.
El Partido Revolucionario Institucional se enorgullece de nutrirse de lo mejor del liberalismo de México, en especial del pensamiento social de Ricardo Flores Magón, ilustre oaxaqueño, sin más, precursor intelectual de la Revolución Mexicana. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Se ha registrado para referirse al tema el diputado Víctor Manuel Castro Cosío, del PRD. Tiene la palabra el señor diputado.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Señor Presidente. Quiero hacer alusión de uno de los personajes que efectivamente son patrimonio de nuestra historia, y quiero vincular su pasado histórico con una realidad que hoy mismo aquí se ha tratado.
Don Ricardo Flores Magón estaría sin duda alguna al lado de los sindicalistas hoy que están luchando por sus plenos derechos. Don Ricardo Flores Magón estaría hoy seguramente encarcelado de nuevo por aquellos que están conculcando los derechos humanos; los que están lesionando el interés patrio y que solamente podemos recurrir al nombre histórico de don Ricardo Flores Magón; estaría apenado de ver la república hoy en las condiciones en que se encuentra esta república. El ejemplo más vivo de Ricardo Flores Magón fue su valor ético, su conciencia patriótica.
Quiero recordarles, diputadas y diputados, una anécdota. Cuando estaba en la cárcel don Ricardo Flores Magón, Porfirio Díaz le envió una misiva donde condicionaba su libertad a que dejara de escribir en contra del porfiriato.
Cuando su madre se enteró de esta condición mencionó algo que viene muy a cuenta hoy para la integridad de los patriotas. Dijo la señora madre de los Flores Magón que prefería verlos colgados de un árbol antes que traicionaran sus ideas y traicionaran los ideales libertarios que habían logrado como una parte esencial de la vida de los Flores Magón.
Don Ricardo no sólo escribió, no sólo fundamentó sus ideas, sino que dio ejemplo de verticalidad. Hoy traerlo a la tribuna, a Ricardo Flores Magón, significa volver a recuperar la consecuencia que tanta falta hace en la vida política nacional. Hablar de Flores Magón nos obliga a ser consecuentes, a hacer realmente de la palabra un hecho consecuente; de la otra manera solamente lo traemos a la tribuna como se trae a tanto héroe nacional, pero que en la práctica se le traiciona día a día encarcelando periodistas, despidiendo a los obreros electricistas.
Flores Magón es letra viva hoy, compañeros, si de su ejemplo hacemos realidad en la vida cotidiana, de la otra manera solamente estamos trayéndolo a recordarlo con pena. Recordemos a Flores Magón con su ejemplo y entrega revolucionaria, recordemos a Flores Magón para que nuestros hijos, los estudiantes de este país, sepan que el patrimonio de Flores Magón está vivo y que su herencia la están levantando miles y miles de mexicanos y mexicanas, que con su ejemplo están luchando por una patria nueva.
Por ellos, por Flores Magón vale la pena traerlo a cuenta, de la otra será una sola simulación. Por Flores Magón vale la pena seguir luchando. Gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Para referirse al tema se concede la palabra al diputado Ramón Jiménez, del PRD.
El diputado Ramón Jiménez Fuentes: Gracias, señor presidente. Referirse a Ricardo Flores Magón es referirse, sin duda, a las causas que dieron origen a la Revolución Mexicana. Tres causas fundamentales generaron esta Revolución: primero, el acaparamiento de tierras de manera excesiva en unas pocas manos nacionales y extranjeras. En aquél tiempo todos recordamos cuando se le preguntaba al latifundista Terrazas: "señor Terrazas, ¿usted es de Chihuahua?" Él respondía "qué va; Chihuahua es mío". En los estados de Sonora y Sinaloa, la familia Green tenía también grandes extensiones de tierra. Una característica primordial de la Revolución Mexicana fue la lucha antifeudal.
Otra segunda característica a la que Ricardo Flores Magón hizo alusión de manera sistemática y permanente fue la lucha antiimperialista. En ese tenor, en manos de las empresas trasnacionales o extranjeras se encontraba toda la industria minera, la industria ferrocarrilera, el telégrafo, el teléfono, la extracción de petróleo, la generación de energía eléctrica, todas ellas fundamentales para el desarrollo de la vida nacional.
Pero además había una circunstancia especial a la que Ricardo Flores Magón siempre se refirió. Esta circunstancia especial es que a los obreros, técnicos o ingenieros extranjeros se les pagaba más por el mismo trabajo que hacían los mexicanos. Por eso uno de los frutos del pensamiento de Ricardo Flores Magón quedó plasmado en la Constitución Política mexicana, al afirmarse en la misma que, "a trabajo igual salario igual".
Pero esta lucha antiimperialista, sin lugar a dudas, fue coronada en uno de sus elementos más extraordinarios por el general Lázaro Cárdenas, al decretar la expropiación de Petróleos Mexicanos y rescatar esta fuente fundamental de energía para la patria y para la nación.
También la expropiación de Ferrocarriles Nacionales de México, así como la creación de la Comisión Federal de Electricidad, la expropiación de las minas, etcétera.
También otro elemento central de la Revolución Mexicana fue que fue una revolución democrática, puesto que por más de 30 años permanecía en el poder una casta burocrática que eran los científicos encabezados por Porfirio Díaz. Cada vez que había reelección la gente decía: ¿quién va a quedar? La respuesta era: los mismos y don Porfirio.
Este triple elemento de las causas que motivaron la Revolución Mexicana, es decir, la lucha antifeudal, la lucha antiimperialista y la lucha democrática, hoy están plenamente vigentes. Estamos en honor al pensamiento de Ricardo Flores Magón, retomando diez puntos fundamentales que son los siguientes:
1. Rescatar el Estado. México es una república aparente y simulada. El día de hoy hay Poderes constitucionales, pero en los hechos un grupo los ha confiscado todos. Una vez logrado este propósito reintegrar las riquezas y los bienes públicos que han sido entregados o concesionados ilegalmente, fundamentalmente la minería, la industria eléctrica y el petróleo.
?Que hoy debemos luchar por él, rememorando al extraordinario héroe nacional Ricardo Flores Magón.
2. Democratizar los medios de comunicación. Es decir, es inaceptable que un pequeño grupo posea el control de la televisión y de la radio, y administre la ignorancia en función de sus intereses.
Que quede claro, no hablamos de expropiación y mucho menos de censura, sino de que el Estado cumpla el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información.
3. Cambiar la actual política económica que no ha dado resultados. México es uno de los países del mundo con menor crecimiento en los años recientes.
4. Combatir las prácticas monopólicas que encarecen bienes y servicios. Es inaceptable que paguemos por el cemento gris 146 por ciento más que los estadounidenses, 17 por ciento más por teléfono en línea fija, 240 por ciento más por llamadas de larga distancia nacional y 256 por ciento más por electricidad residencial de alto consumo. Todo ello a pesar de que el salario mínimo en México es nueve veces menor que el de Estados Unidos.
5. Abolir los privilegios fiscales. Luis Echeverría celebró un pacto secreto con el poder económico, que consiste en conceder a los grandes empresarios y banqueros el privilegio de no pagar o de devolver impuestos.
6. Ejercer la política como imperativo ético y llevar a la práctica la austeridad republicana. Hoy la política es sinónimo de engaño, arreglos copulares y corrupción.
7. Fortalecer al sector energético para detener la terrible crisis que se avecina por la caída de la producción petrolera y la salida de divisas para comprar gasolina y otros derivados en el extranjero.
8. Alcanzar la soberanía alimentaria, ya que desde 1983?
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Le suplicamos sea breve, señor diputado.
El diputado Ramón Jiménez Fuentes: ? se optó absurdamente por comprar en el exterior los alimentos que consumimos. Este año no se destinará para ello 16 mil millones de dólares.
9. Establecer el estado de bienestar. Hay que proteger a los pobres ante la desigualdad social. Debe garantizarse el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la alimentación y a la vivienda.
10. Promover una nueva corriente de pensamiento, sustentada en la cultura de nuestro pueblo, añadiendo valores como tolerancia, solidaridad y la protección del medio ambiente. Impedir el predominio del dinero, el engaño y la corrupción.
De llevar a la práctica estos 10 pensamientos que planteó el "presidente legítimo de México" el 22 de noviembre, en el Zócalo, estaremos honrando el pensamiento de Ricardo Flores Magón.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Para referirse al mismo tema se concede la palabra al señor diputado Jaime Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Señoras diputadas, señores diputados. Es evidente, como aquí se ha dicho por los que me antecedieron en el uso de la palabra, que existe la vigencia, que hay una vigencia evidente de la lucha y del legado de los hermanos Flores Magón. Esa lucha libertaria a favor de la democracia, en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, a favor de la recuperación del patrimonio nacional, en pos del logro de la soberanía y de la independencia de México, es una lucha que está viva hoy en día en nuestro país.
Los momentos históricos que vivieron los Flores Magón durante la dictadura de Porfirio Díaz son en muchos sentidos similares a los que hoy vive nuestro país, a los que enfrenta la república. Tenemos una situación terriblemente injusta de desigualdad social, de inequidad. Los derechos económicos, sociales y culturales no son una realidad en México. Es más, durante este gobierno se ha incrementado en millones de personas el número de pobres.
Las instituciones de nuestro país tienen profundo déficit democrático, carencias democráticas que desvinculan al gobernante con el gobernado. En nuestro país no se respeta la Constitución, no hay supremacía de la norma suprema. Tampoco existen, como lo comprobamos hace algunos días, instrumentos para que las minorías parlamentarias defiendan adecuadamente los derechos de los trabajadores o los principios constitucionales. No hay suficientes mecanismos de defensa de la Constitución.
Los organismos internacionales que miden la corrupción en el mundo nos han reprobado. Tenemos una calificación nada honrosa de 3.3 como país. No hay instrumentos anticorrupción.
Estamos por tomar en esta Cámara una decisión fundamental para designar, para elegir al nuevo auditor superior de la federación. Espero que esta decisión, los grupos mayoritarios que integran la Cámara baja, la tomen con responsabilidad y se elija a una persona independiente, tanto del PAN y del PRI, y de los demás partidos, y de cualquier tipo de interés.
En nuestro país los ciudadanos siguen sin tener participación activa en las decisiones públicas; no existen vías jurídicas a nivel federal para poder participar en los asuntos públicos.
Diputados de distintos partidos hemos presentado aquí iniciativas, inútilmente, a favor de la iniciativa legislativa ciudadana, de la revocación del mandato, del presupuesto participativo, de la acción ciudadana de inconstitucionalidad y de las acciones colectivas para proteger intereses difusos y colectivos.
Lo más grave, lo que ya se señaló aquí: Cómo la existencia de los poderes fácticos que han sustituido el poder del partido hegemónico, hoy en día controlan y secuestran a las instituciones del país. Cómo los medios de comunicación electrónica tienen influencia en esta Cámara, en el Senado de la República, en el gobierno federal, en el Poder Judicial, en los gobiernos de los estados. Cómo unos cuantos monopolios se distribuyen la riqueza de México. Cómo los intereses transnacionales de las empresas de la energía eléctrica, de las empresas petroleras están como buitres esperando la oportunidad para apoderarse de los recursos naturales del subsuelo; los recursos que son parte del patrimonio nacional.
Por tanto, este recordatorio a la lucha, a la efeméride de los hermanos Flores Magón, es totalmente vigente. Y en nuestro país, en la clase política, desgraciadamente hacen falta luchadores como los hermanos Flores Magón. De esos luchadores necesita la patria, en pos de la democracia, en pos de la defensa de la soberanía y de la defensa de los recursos naturales.
Muchas gracias, compañeros, por su atención. Vivan los hermanos Flores Magón.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo de la conmemoración del Día Mundial para la Abolición de la Esclavitud. Tiene la palabra el señor diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Gustavo González Hernández: Con su permiso, señor presidente y muchas gracias a los compañeros diputados que todavía nos acompañan en esta sesión.
Hay tres razones por las cuales yo pedí que se anotara la conmemoración del Día de la Abolición de la Esclavitud. La primera es una razón nacional y para los diputados de Jalisco es una razón regional, porque es precisamente en la ciudad de Guadalajara donde el padre de la patria, Miguel Hidalgo, decreta la abolición de la esclavitud en los siguientes términos.
Primero. Que todos los dueños de los esclavos deberán darles libertad dentro del término de 10 días, so pena de muerte, la que se les aplicará por transgresión a este artículo.
Segundo. Que cese para lo sucesivo la contribución de tributo respecto de las castas que lo pagaban y toda exacción que a los indios se les exija.
La segunda razón es una razón internacional que, como todos debemos saber, el día 2 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Abolición de la Esclavitud.
Y fue precisamente el 2 de diciembre de 1949, mediante la resolución 317 que la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Supresión de la Trata de Personas y de la Explotación y de la Prostitución de Terceros.
Posteriormente, en 1996, la misma Organización de las Naciones Unidas decidió extender los alcances del convenio a toda forma de esclavitud moderna.
¿Pero cuáles son las formas modernas de esclavitud? Existen ciertos criterios para determinarla; uno de ellos es cuando una persona es obligada a trabajar a través de coerción física o psicológica. Otra es cuando se considera a la persona propiedad o es controlada por un patrón, generalmente a través de violencia o amenazas físicas o psicológicas. Otra es el que sea tratado como cosa, deshumanizado, o como un bien mueble cualquiera.
Pero la tercera razón para mí es la más importante. Es una razón partidista, porque es precisamente el Partido Acción Nacional, que tiene como principio fundamental y fundante el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Es fundante porque en 1939, hace 70 años, Acción Nacional nació a la luz, aprobando en su asamblea, dentro de sus principios de doctrina y afirmando con energía: el ser humano es persona con cuerpo material y alma espiritual, con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones y con derechos universales inviolables e inalienables.
Por su dignidad, los hombres no deben ser reducidos a la categoría de mero instrumento de personas, grupos o instituciones privadas o públicas.
Y es también un principio fundamental para nuestro partido, porque a partir de esta idea se articulan todos y cada uno de los principios restantes por los cuales los diputados de Acción Nacional estamos luchando.
Es por eso, pues, que propuse esta conmemoración y espero que todas las fracciones nos unamos en una sola voz para conmemorar y rechazar cualquier forma de esclavitud moderna Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, a usted, diputado González Hernández. Para referirse a este mismo tema, tiene la palabra la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados: con el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud que se celebró ayer, 2 de diciembre, se recuerda la fecha en que la asamblea general de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.
No es un día especialmente para festejar; es un día en que la humanidad debe reconocer que la esclavitud es un problema que subsiste en todo el mundo y México no es la excepción, ya que en territorio mexicano existen trabajos que por las condiciones en que se realizan se asemejan a la servidumbre, además de las nuevas formas de esclavitud que cada día crecen y se convierten en el negocio más lucrativo del planeta, como el delito de trata de personas.
Las personas con mayor riesgo de convertirse en esclavas o víctimas de trata son las que se encuentran en situaciones de extrema pobreza o que han sufrido algún tipo de violencia y ésta es una problemática que recae principalmente en las mujeres, niñas, niños y adolescentes, que sirven para abastecer redes de explotación laboral, sexual y redes de prostitución ajena, de trabajo doméstico o agrícola no remunerado. Todas éstas como nuevas formas de esclavitud.
Es necesario que el Estado mexicano garantice el cumplimiento del principio constitucional, que prohíbe cualquier forma de esclavitud en el territorio nacional.
Es necesario que se dé cumplimiento íntegro a los instrumentos internacionales de derechos humanos que ha firmado y ratificado nuestro país y que prohíben la trata de personas, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Entre estos documentos destacan: la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud; la Convención sobre los Derechos del Niño; el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Además, el Estado debe tomar medidas urgentes para proteger a las víctimas de trata de personas, medidas tendientes a proteger su identidad e informarlas sobre sus derechos para su recuperación física y psicológica, incluso generar oportunidades de empleo, brindar alojamientos y acceso a la justicia y a la reparación del daño, reconociendo las necesidades especiales de las víctimas de trata, con fines de explotación sexual, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Es necesario establecer medidas que incentiven la denuncia de las víctimas, tendientes a evitar que se les confunda o que se les juzgue como parte de la delincuencia organizada o por delitos de migración, que se les brinde protección y de ser necesario, asilo, preparando a los funcionarios de migración con el fin de que puedan distinguir a una víctima de trata de persona, de un migrante.
La trata de personas se caracteriza por la coacción, el uso de la fuerza, el engaño, que tiene como fin la explotación del cuerpo de las personas y que se equiparan a la esclavitud. Los daños causados sobre las víctimas son impensables y se asimilan a las peores formas de tortura; sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil han manifestado la dificultad de que se sancione a los tratantes, miembros de redes de delincuencia organizada.
Esto a pesar de contar con una ley para prevenir y sancionar la trata de personas desde el 2007 y según el diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México.
La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) reporta que durante 2008 se iniciaron únicamente 24 averiguaciones previas por el delito de trata de personas, de las cuales, únicamente, se consignó el incongruente número de 2 en todo el territorio nacional.
En este día es necesario recordar el trabajo pendiente que tenemos todas y todos los legisladores, tanto en el ámbito federal como en el local. Debemos trabajar para construir legislaciones eficaces que desincentiven la trata de personas en México y demás formas de esclavitud, y que incluyan mecanismos de sanción a los funcionarios públicos que impidan el acceso a la justicia de las víctimas, por cualquier medio.
Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias compañeros y compañeras.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Camacho. Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para referirse a este mismo tema.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados y compañeras diputadas. El tema que ha sido presentado aquí es un tema de la mayor importancia. Celebrar la lucha contra la esclavitud, la desaparición de esta forma de explotación es muy importante; no quiero dejar de señalar mi coincidencia con los dos diputados del Partido Acción Nacional que me han antecedido en la palabra. Han hecho intervenciones que ningún demócrata, ningún libertario podía rechazar.
Yo creo que el problema está en los hechos, en la manera en que combatimos no sólo la esclavitud y esta preocupación muy recurrente, por cierto, me llama la atención en Acción Nacional, sobre la explotación en el campo sexual; pero está la explotación en todos los campos de la vida pública nacional.
Hay un documental, ya lo he comentado aquí, Los herederos que muestra la dureza del trabajo de niños de cinco o seis años trabajando como el que más, en condiciones brutales de trabajo, sin garantía de ningún tipo.
Podríamos recorrer prácticamente todas las áreas: mineros, metalúrgicos, obreros, desempleados, subempleados... Tenemos 11 millones en la miseria. Once millones de personas que están absolutamente lumpenizados, bajo diversas formas de explotación que la verdad es que han sido generadas por quien gobierna este país.
Ha sido la continuación de una política económica neoliberal la que ha generado 60 millones de pobres y 40 millones en extrema pobreza. Entonces, ¿cómo ligar el discurso con la acción política? Porque en esto coincidiríamos plenamente con los diputados de Acción Nacional.
Si hubiera consecuencia en lo que aquí se plantea en la tribuna, no tendríamos ninguna diferencia en la acción política, en la acción de políticas económicas, en la acción de políticas públicas. El problema es la simulación; que conmemoramos héroes patrios, conmemoramos causas, conmemoramos fechas, pero en la realidad se hacen cosas totalmente diferentes a las que se dicen.
Sólo pondré una muestra que es una joya de lo que pasa en el país. La señora Margarita Zavala, de amplia militancia panista, dijo a las mujeres del Sindicato Mexicano de Electricistas que si los niños de la calle sobreviven en una, por cierto, brutal forma de explotación que se vive en este país, por qué no podrán sobrevivir los hijos de los electricistas, lanzados a la calle por un decreto no solamente inconstitucional, sino inhumano. ¿Cómo puede alguien que se plantee la lucha contra la esclavitud y contra las formas de explotación diversas que hay en el país, soltar semejante consideración? Me parece que hay una grave contradicción.
Por esto yo planteo, hago mío el llamado que hizo nuestro compañero diputado, a que todos los grupos parlamentarios coincidamos en los hechos, en crear políticas que modifiquen de raíz una república simulada y diversas formas brutales de explotación que hoy sufre la inmensa mayoría de los mexicanos.
Me parece que si, reitero, se hace un compromiso en ese sentido, ahora sí que como se dice popularmente, otro gallo nos cantaría, pero como tampoco soy cándido, sé que son sólo palabras, son sólo discursos y mañana seguirán los trabajadores del SME en la calle y los mineros de Cananea con más de dos años en huelga y las explotaciones brutales que sufren y viven la inmensa mayoría de nuestros connacionales.
Qué lástima que sólo podamos ya, por primera vez en éstas varias semanas de trabajo, coincidir en un punto, en un punto de fondo, en argumentos muy serios, pero que en los hechos sólo seamos los diputados demócratas, progresistas, comprometidos con el pueblo, los que votamos en contra de los impuestos, los que votamos en contra de que se repartieran el presupuesto, que sólo seamos ésos los que verdaderamente estemos luchando contra estas formas de explotación, llámeseles como se les llame.
Y ojalá podamos al final de esta legislatura, efectivamente, coincidir en que en los hechos luchemos contra todas estas formas de explotación del hombre por el hombre, que sumen en la desesperanza y la miseria a la mayoría de la población. Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Fernández Noroña. Para referirse a este mismo tema, tiene la palabra el diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Manuel Agüero Tovar: Con su venia, señor presidente. Déjenme comentarles, compañeros, que en 1996 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el 2 de diciembre sería el Día Mundial para la Abolición de la Esclavitud, esto para conmemorar que en esta fecha, pero de 1949, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena.
En México, el 6 de diciembre de 1810, don Miguel Hidalgo y Costilla abolió la esclavitud mediante un decreto conciso y directo que reza que todos los dueños de esclavos deberán darles libertad, dentro del término de 10 días, so pena de muerte, la que se le aplicará por trasgresión de este artículo.
Llama la atención que no hace mucho tiempo, 1996 apenas, se haya decidido hacer memoria anualmente de un problema que parecía prácticamente erradicado, como es la esclavitud, y es que la prohibición legal de la esclavitud sólo ha sofisticado sus formas y es aún practicada, desgraciadamente, hasta el día de hoy.
Como comentario. En junio dio la vuelta al mundo que en China liberaron a más de 450 esclavos, y lo sorprendente y triste es que de esos 450, la mayoría eran niños, quienes trabajaban más de 12 horas continuas, desde luego en las peores condiciones de salud, alimentación y hacinamiento.
Algunas investigaciones mencionan que el precio comercial de un esclavo en China es de alrededor de 45 euros. Repito, el precio comercial de un esclavo en China es aproximadamente de 45 euros, y peor aún, hay cifras que indican que en África se puede adquirir un niño por solamente 14 dólares, y eso en subasta, oferta. Tristemente esta es la realidad.
Lo grave es que ése no es un problema que sólo abarque otras latitudes, los mexicanos, que forman parte de los más de 150 millones de migrantes de todo el mundo, son un foco de atención.
A sabiendas de su estado migratorio ilegal, miles de mexicanos del otro lado de la frontera son tratados como esclavos y olvidados por las leyes estadounidenses y de momento inalcanzables por las leyes mexicanas.
Pero la esclavitud desgraciadamente no sólo está ?insisto? en otros países. En México los inmigrantes, en sus travesías para cruzar al otro lado de nuestra frontera también son tratados de maneras miserables y condenadas a la esclavitud. Estamos hablando a más de 200 años de su prohibición.
El problema no termina aquí, la trata de personas ha sido llamada por muchos como la esclavitud del siglo XXI. En el año de 2007 la Organización de Estados Americanos y la Organización para las Migraciones llamaron la atención a México ?este es un dato muy interesante? tras un estudio de caso en el que se determinó que en la región del Soconusco, en Chiapas, hay al menos nueve puntos donde se ejerce la trata.
En Tapachula prevalecen condiciones de alto riesgo, pues hay cinco expendios de bebidas alcohólicas por cada escuela. Repito: cinco expendios de bebidas alcohólicas por cada escuela y en cada uno se explota a niños de entre 8 y 14 años, adolescentes y mujeres, por lo que se calcula en cerca de 21 mil las víctimas.
Como pueden notar, compañeros legisladores, es un tema muy, muy importante. Lejos de ser un problema superado, la esclavitud es un problema tristemente vigente.
Desde el Grupo Parlamentario del PRI estamos conscientes de ello y queremos resolverlo de fondo; sí con medidas que persigan a los infantes delincuentes, miembros de las redes internacionales de tráfico de personas; pero también creando condiciones económicas que eviten a toda costa que algún mexicano, por necesidad, caiga en las garras del comercio de personas.
Que esta fecha nos sirva a todos para recordarnos que la esclavitud aún ronda entre nosotros; aún ronda entre los mexicanos.
Los 10 días que propuso Miguel Hidalgo, en los que todos los dueños de esclavos deberían darles libertad, se han extendido ya demasiado tiempo. Es momento, compañeros legisladores, de que ese periodo al fin termine. Que por fin llegue a su fin. Ojalá que pronto el Día Mundial para la Abolición de la Esclavitud sea sólo un recuerdo anacrónico de lo que el mundo era; y los invito, porque de todos nosotros depende. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Agüero. El último tema inscrito en este apartado de la agenda política se refiere al aniversario luctuoso del doctor Carlos Abascal Carranza. Para hacer la presentación de este asunto tiene la palabra el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El 2 de diciembre de 2008, a los 59 años dejó esta vida Carlos María Abascal Carranza, después de una dolorosa enfermedad enfrentada con gallardía, con actividad fecunda hasta los últimos momentos. Confortado con el amor de sus seres queridos, Carlos llegó a su meta en esta vida.
Carlos Abascal Carranza fue un hombre plenamente comprometido con el ser humano, con la dignidad de la persona, con el bien común. Su trayectoria gubernamental fue ejemplo de congruencia, de tolerancia, de diálogo y de entendimiento.
Es así que en su memoria en este aniversario luctuoso bien vale recordar algunos de los legados tangibles que nos dejó Carlos Abascal como servidor público.
Secretario del Trabajo y Previsión Social, después secretario de Gobernación, cargos que asumió con entrega, compromiso pleno y con esa peculiar vocación de servicio que resulta ejemplar desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde tuve el privilegio de trabajar con él, Carlos Abascal promovió una nueva visión de las relaciones laborales que concretó en tres realizaciones: la nueva cultura laboral, la primera; el consejo para el diálogo con los sectores productivos, la segunda; y logró la concreción de una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, la tercera. Me referiré a estos tres temas que siguen teniendo una vigencia plena en estos momentos.
La nueva cultura laboral
Desde 1995, cuando la crisis económica del sexenio de Ernesto Zedillo ponía en peligro el desarrollo de México, Fidel Velázquez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, y Carlos Abascal, entonces dirigente de la Coparmex, intentaron poner fin a ese antagonismo histórico de lucha de clases e iniciar una etapa de colaboración, basada en nuevos valores y nuevas actitudes en el mundo del trabajo.
Para tal fin, Fidel Velázquez y Carlos Abascal se reunieron para firmar el documento denominado Por una nueva cultura laboral, textualmente se menciona: "Considerando la difícil situación por la que pasa nuestro país, basándonos en nuestra convicción de que las crisis solamente se pueden superar si permanecemos unidos trabajando por el bien común".
La nueva cultura laboral es un cambio positivo de mentalidad en las relaciones del trabajo que tiene el objeto de reivindicar el valor del trabajo y la dignidad de las personas que lo realizan, superando la visión reduccionista que considera al trabajo y, en muchos casos, a las personas que lo realizan, como un insumo, como una mercancía, como algo material, y trascendiendo por completo la visión de antagonismo, de lucha de trabajadores y empresarios.
La nueva cultura laboral sublima la dignidad de la persona y considera que es ésta el fundamento que determina el valor del trabajo. Con una nueva cultura laboral se busca erradicar algunos vicios que todavía se viven en el mundo del trabajo, tratando de construir una nueva relación entre trabajadores, empresarios y gobierno, una cultura de unidad de esfuerzos y no de lucha de clases.
Para la nueva cultura laboral, el trabajo contribuye a la realización personal y debe valorarse mediante el salario justo, tomando en cuenta la situación del trabajador y de su familia, así como las posibilidades de la empresa y las condiciones económicas del país.
La nueva cultura laboral busca mejores condiciones de vida para los trabajadores mexicanos a través de una mayor y mejor capacitación que les permita ser más productivos y participar más activamente en su empresa, para que las ganancias generadas se traduzcan en salarios más justos y en condiciones laborales más dignas hacia un México más competitivo.
Son ocho los objetivos centrales de la nueva cultura laboral:
1.- Fomentar la revaloración del trabajo otorgándole la dignidad que le corresponde. No es un castigo, no es una maldición; el trabajo es una forma de contribuir al desarrollo de nuestras familias y del país.
2. Propiciar niveles de remuneración justos y equitativos.
3. Impulsar la capacitación de los trabajadores y empresarios. Los empleadores conscientes han descubierto que la mejor inversión que pueden hacer es en las personas, en la capacitación.
4. Favorecer el cuidado del medio ambiente y la aplicación integral de las disposiciones relativas a la seguridad de higiene.
5. Estimular la creación de empleos y la preservación de los existentes.
6. Consolidar el diálogo y la concertación como los métodos idóneos para que las relaciones obrero-patronales se desarrollen en un clima de armonía.
7. Promover el pleno cumplimiento de los derechos constitucionales, legales y contractuales de carácter laboral; y,
8. Reconocer la importancia de dirimir las controversias ante los órganos jurisdiccionales encargados de impartir la justicia laboral.
Sigue siendo un reto crear una nueva cultura laboral en México fundada en el respeto a la persona y a su plena realización, para que nos acerquemos al objetivo que consiste en un mundo laboral más justo, más digno y, por ende, más competitivo en la globalización.
El consejo para el diálogo con los sectores productivos.
Otra concreción de gran trascendencia de Carlos Abascal fue este consejo, que es un organismo de diálogo social reconocido por la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares.
En los considerandos del Acuerdo que crea el Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos se reconoce:
Que México vive hoy una situación económica caracterizada por la globalización de la economía, lo que implica una mayor competencia para producir y vender bienes y servicios, lo que sólo se logra con la concurrencia armónica del gobierno, los factores de la producción y la sociedad.
Que frente a estas nuevas realidades económicas resulta inaplazable transitar a una nueva cultura laboral, que partiendo del reconocimiento de la dignidad de la persona y, por tanto, del trabajo como actividad que permite no sólo la satisfacción de las necesidades materiales del ser humano, sino también como un instrumento de dignificación de su existencia.
Que logre una mejor distribución de la riqueza mediante niveles salariales verdaderamente remuneradores.
Que impulse y promueva la capacitación para la productividad, la prevención de accidentes, la seguridad de higiene en los centros de trabajo, a la vez que profundice la conciencia de la sociedad, la impostergable necesidad de la conservación de nuestros recursos naturales, el cuidado de la ecología en su conjunto.
Pero también una cultura laboral que se funde en el diálogo, la concertación y los entendimientos entre las autoridades, trabajadores y empresarios.
Señor presidente, le solicito me permita terminar mi intervención, me conceda usted unos cuantos minutos más.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Con mucho gusto, señor diputado. Continúe usted.
El diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Pero también una cultura laboral que se funda en el diálogo, la concertación y los entendimientos entre autoridades, trabajadores y empresarios, como las únicas vías para la solución de diferencias y el desarrollo sostenido en los centros de trabajo: la reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Los esfuerzos que se realizaron en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social inspirados por la nueva cultura laboral, y animados por los encuentros del Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos lograron que en colaboración con los empresarios y los trabajadores, diputados del PRI, del PAN y del Verde, de la LVIII Legislatura presentaran una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo, con la intención de mejorar el entendimiento entre trabajadores y empleadores, impulsar y eficientar la capacitación, aumentar la productividad, mejorar los salarios y flexibilizar las condiciones de trabajo, a fin de ofrecer más y mejores empleos, así como para promover la celeridad, la claridad y la transparencia.
Los diputados de esta legislatura, de esta LXI Legislatura, tenemos la invitación y el reto para darle a México una Ley Federal del Trabajo mejorada, que se adapte a la eminente necesidad de promover el empleo, de aumentar las posibilidades de contratación, de multiplicar las unidades productivas y darle al mundo del trabajo un dinamismo como nunca antes se ha visto en este país.
Amigas diputadas y amigos diputados, el mejor homenaje que podemos darle a Carlos Abascal será sobre todo seguir su ejemplo. Rescatar su legado es el verdadero honor que se le puede otorgar a un gran político que tuvo siempre en la mira a su México.
Carlos Abascal solía decir que el político tiene como misión la construcción del bien común y de la realidad temporal. Me parece evidente que en su vida como dirigente, como servidor público, expresión que él prefería a la de funcionario público.
Carlos cumplió adecuada y honrosamente esa meta: construir el bien común y la realidad temporal. Carlos supo plasmar en acciones de gobierno, en instituciones, en el pensamiento político su fe, su amor a Dios y al prójimo, y su amor a la patria de manera fecunda.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, muchos de nosotros conocimos personalmente a Carlos Abascal, y creo que casi todos lo conocieron por su actuación a lo largo de su vida.
Yo sé que no siempre hubo completa coincidencia en ideas y planteamientos, pero nadie puede dudar de la bonhomía, de la integridad, de la congruencia, de la capacidad de Carlos Abascal, para generar consensos por el bien de México.
Carlos, a un año de tu regreso a la casa del Padre, te recordamos con respeto y con cariño. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias a usted, diputado Salazar Sáenz. Para referirse a este tema se han inscrito los diputados Castro Cosío y Fernández Noroña. En consecuencia tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros: Quisiera reconocer el esfuerzo del compañero que me antecedió en la tribuna por enaltecer a uno de sus quizás amigos o no sé, colaboradores mutuos de un gobierno que en sus intervenciones persisten en romper la columna vertebral del Estado laico y que creo que sí debíamos de ser muy respetuosos de este recinto, porque al rato, creo que vamos a enaltecer a figuras del gobierno, de sexenios y con todo respeto, hay mucha controversia en ese legado en donde tenemos millones de desempleados.
No puedo entender cómo se pueda hablar aquí de una cultura laboral mientras se despide, mientras se desemplea, no lo entiendo.
Estoy de acuerdo en que se recuerde a los amigos en el lugar donde sea, pero en este recinto cada vez que fallezca alguien del sexenio me parece inoportuno, porque a contradictoria no hay más que elementos que podríamos incluso aquí debatir.
Pero por respeto a la persona que murió no voy a hacerlo, pero sí voy a contradecir sus dichos aquí porque no se le ha aportado nada a una cultura laboral. Persisten los viejos vicios de dominio: sindicatos blancos, sindicatos que no defienden a los trabajadores; se da manga ancha a unos y a otros.
El día de mañana vendrá alguien y dirá: "Lozano es un prohombre de este país?" Creo que no, ningún partido, ningún gobierno debiera hacer esto que hoy está haciéndose aquí.
A un año de la muerte de una persona, ni siquiera la historia nacional en lo más reciente podrá recoger algo que valga la pena en términos trascendentales para la nación.
Repito, por respeto a la persona, pero no podría guardar silencio frente a una realidad, terrible realidad de desempleo, de abuso de autoridad, de abandono de lo fundamental de una política laboral que cada vez está en crisis, poniéndonos a todos en una condición de debilidad. Pero eso yo respeto mucho.
Él vivió en nuestra tierra, en Baja California Sur y hay respeto, pero de eso a lo otro, deja mucho que decir.
Los invito, compañeras diputadas y compañeros diputados, a que confrontemos la realidad nacional con lo que se viene a decir aquí en la tribuna, porque si no creamos prohombres y prohombres en burbujas que terminan por reventarse a la primera crítica.
Cuan distinto es hablar de la personalidad y del legado que dejó Flores Magón, que tiene más de 100 años, que ha sido a contra todo; aquí están en letras de oro.
Al rato nos van a traer a que pongamos con letras de oro a Lozano. Creo que no es eso. Aquí hay que respetar.
No sé, a los que se te ocurran; a los que se te ocurran, porque así parecen ocurrencias. De veras, es faltarle al respeto a los muertos. Son ocurrencias.
Respetemos a todos. Yo no he propuesto nada; simplemente me parece desproporcionado lo que se ha dicho de la cultura laboral aquí, porque es un engaño más a la nación. No mientan más.
Cuál progreso, cuál avance, cuál salario justo. Venga usted y esfuércese en hacernos entender. Entiendan a los trabajadores del país que con un salario de hambre que han puesto no alcanza para lo fundamental. Es muy cómodo estar ahí, es muy cómodo y desproporcionadamente inmoral recibir los salarios de la alta burocracia, mientras hay salarios de hambre para los trabajadores. Eso es. Los salarios de la alta burocracia, los nuestros, he dicho. Aquí propusimos: recortémonos los salarios. Así dijimos.
Yo creo, compañeros, que provocaciones hay muchas, muchas. Solamente estoy diciendo algo que la gente sabe abajo, en todas partes. El campo destruido; cuál cultura laboral en el campo.
Compañeros aquí han dicho cómo son explotados los niños en el campo; aquí, hace apenas unos minutos, y hoy se ensalza que tenemos muy bien a este país. No nos mintamos más, hombre, abordemos esto con la profunda responsabilidad que tenemos para cambiar esta nación en beneficio de la mayoría de la población. Eso es lo que debemos de hacer.
No nos engañemos con falsedades que caen por su propio peso. Allá afuera la realidad es terrible para la gente, y los que nos están viendo lo saben. Vean ustedes las colonias, los barrios donde vive la gente humilde que labora en las fábricas y recibe un salario mínimo que no le alcanza para lo más indispensable; ésa es la realidad. Lo otro es discurso. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Castro Cosío. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados y compañeras diputadas. Cuando vi que el diputado Salazar incluyó este punto dije: ?Híjole, voy a tener que intervenir, y no quisiera; pero cómo dejarlo pasar. Y luego, si alguna duda tenía, cuando escuché su intervención dije: ?Qué remedio. Tengo que hacerlo.
Tengo que hacerlo, primero, porque no comparto la visión judeocristiana de que la muerte empareja, y a partir de que se muere todo mundo es buenísimo, santo y todas estas cosas. La verdad es que yo, cuando me muera, prefiero que digan lo que dicen de mí y no que anden diciendo que yo era muy buena persona.
Además, quiero plantear que nosotros estamos agraviados por Abascal. Fue secretario de Gobernación del gobierno de Fox, que nos robó la Presidencia de la República. Él fue testigo cuando el dirigente del Partido Verde le dijo ahí, a Abascal, que Fox le había pedido que apoyara a Calderón. El Verde se sostuvo, se abrió una denuncia, fue muy fuerte el asunto y Abascal no hizo absolutamente nada.
Pero voy más lejos. Aquí se hacen invocaciones a Dios, que yo sostengo que no existe, y francamente que cada quien crea lo que quiera, pero que vengan aquí a casi decir misa sobre un asunto me parece totalmente incorrecto. Abascal tenía un Cristo de gran tamaño atrás de su escritorio, como secretario de Gobernación, violentando de manera brutal el Estado laico que debe privar en este país.
Las creencias personales y religiosas de cada quien son muy respetables, pero vivimos en un Estado laico, que costó una guerra y que costó la intervención de una potencia extranjera y que costó mucho trabajo restaurar la república para separar al Estado de la Iglesia en el siglo XIX.
Me parece que con todas estas cosas no podemos permitir una situación de este tipo. Qué bueno que no se les ocurrió venir aquí, también a un año del fallecimiento de Mouriño, a pontificarlo, porque eso sí hubiera sido el colmo.
El asunto de la nueva cultura laboral; la nueva cultura laboral es trabajos a honorarios, sin Seguro Social, sin salario, sin contrato colectivo, como los de la Cámara de Diputados, por cierto, como los de la limpieza, los outsourcing famosos; esa palabreja para decir que se les escamotean sus derechos a los trabajadores.
¿Cómo puede ser que en la casa del pueblo haya una compañía privada que superexplota a los trabajadores de limpieza y trabajadoras de limpieza? ¿Cómo puede ser que no haya un comedor para los trabajadores de la Cámara? ¿Cómo puede ser que estén de honorarios? ¿Cómo puede ser que no haya las garantías más elementales si ésa es la nueva cultura laboral que promovió Abascal? Porque Abascal era un empresario y tenía la visión de empresario, de explotador de los trabajadores, lo digo con todas sus letras. Entonces, de esto es de lo que estamos hablando.
Y hoy, con esa visión de la nueva cultura laboral, dicen que los trabajadores del SME tienen privilegios porque tenían un contrato colectivo ¿y los suyos? 150 mil pesos, la mayor parte de su salario disfrazado para no pagar impuestos; seguro privado en los mejores hospitales de este país; a ésos ¿cómo se le llaman, prestaciones?
Cuando la gente está muriendo de hambre, cuando, sostengo, hay 11 millones de indigentes, reconocido por cifras oficiales, no por nosotros; 60 millones en la pobreza, 40 en la extrema pobreza, que literalmente están muriendo de hambre. Entonces, cómo dejar pasar un planteamiento de este tipo frente a una situación tan grave y tan lastimosa para la mayoría de los mexicanos.
Yo, por todas estas razones, pues cada quien. Yo, en lo personal, por cierto, Abascal era un tipo caballeroso, con bonomía en el trato. Porque en política los asuntos no son personales. Yo, no me lo van a creer, pero Calderón no me da ni frío, ni calor en el plano personal. Yo lo combato por lo que representa, y si renuncia, ya, a otra cosa, vámonos para adelante; porque no es un asunto personal, no es un asunto de esa naturaleza.
Y, cuando se muera, si yo intervengo en algún lugar diré lo que era: que había usurpado la Presidencia y se la había robado. Ni modo que venga a decir después: Ay, tan bueno que era. Era santo, era seráfico, era una dulzura de hombre. No, no. De veras tiene razón el compañero Víctor Castro, tenemos que irnos respetando, y la manera de respetarnos es que hablemos sin doblajes, sin simulación, con franqueza y que le digamos a las cosas, por su nombre. Y yo, pues insisto, en seguir en esa tarea en este espacio y lo ejerzo con absoluta libertad y con absoluta responsabilidad. Muchas gracias, compañeros y compañeras, diputadas y diputados.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Fernández Noroña. No habiendo más oradores inscritos, pido a la Secretaría continuar con el orden del día.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Estamos en efemérides no en agenda política.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Orden del día de la próxima sesión del 8 de diciembre de 2009.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Felipe Solís Acero (15:39 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 8 de diciembre a las 10 horas. El sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.