El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 260 diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz (10:56 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muchas gracias. Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El siguiente tema es el de Comunicaciones
Tenemos una comunicación de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Comunicación por la que informa que el 1 de diciembre del actual quedó conformada la mesa directiva de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De enterado.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Comunicación del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, con el que remite el informe semestral de actividades, correspondiente al periodo 21 de mayo-20 de noviembre de 2009.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
En el capítulo de proposiciones, en el orden del día de hoy se encuentra el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se dispensa la lectura al acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se dispensa la lectura. No habiendo ningún interesado en participar en la discusión de este acuerdo, consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado. Comuníquese. El siguiente oficio, del Congreso del estado de Colima.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Señor presidente, recibimos del Congreso del estado de Colima un oficio con el que remite iniciativa de proyecto de decreto que reforma los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Tenemos un oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, presentada por el senador Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 24 de la Ley del Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Energía.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y V del artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1o, 4o y 7o, párrafo último; la fracción VII del artículo 13; inciso f), del artículo 14; y 19; y se adiciona el artículo 26 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Otro oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Pasamos al capítulo de iniciativas. La iniciativa que había inscrito el diputado Óscar González Yáñez, con proyecto de decreto que reforma los artículos 36 y 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía, se retira del orden del día.
Tiene la palabra el diputado Andrés Massieu Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.
El diputado Andrés Massieu Fernández: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que corresponde a la nación el dominio directo del espacio situado sobre el territorio nacional; que dicho dominio es inalienable e imprescriptible; y, que su explotación, uso o aprovechamiento no podrá realizarse sino mediante concesiones o permisos otorgados por el Ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.
Asimismo, nuestra Carta Magna señala que el Estado podrá, en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o el uso de bienes del dominio de la federación, asegurando la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes.
En razón de lo anterior, siendo que el servicio de radiodifusión utiliza necesariamente un bien del dominio de la nación como lo es el espacio aéreo a través del cual se propagan las ondas electromagnéticas, así como que constituye una actividad de interés público, este servicio únicamente podrá prestarse mediante concesión o permiso y el Ejecutivo federal debe perseguir y sancionar a quien realice esta actividad sin cumplir con dichos requisitos indispensables.
La propia Ley Federal de Radio y Televisión establece como una infracción administrativa el operar o explotar estaciones de radiodifusión sin contar con la previa concesión o permiso, estableciendo para esta conducta una sanción consistente en una multa que va de 500 a 50 mil pesos.
Sin embargo, durante los últimos años en México se ha venido incrementando el número de emisoras de radio y televisión que se instalan y operan de manera ilegal. El desarrollo tecnológico de los equipos transmisores ha favorecido el establecimiento de este tipo de emisoras por su precio y facilidad para su instalación y operación.
Las emisoras ilegales al no estar reguladas por la autoridad competente transmiten de manera desordenada, dentro de las bandas de frecuencia, generando interferencias con otras estaciones que operan conforme a la ley. Incluso las señales que generan han llegado a afectar los sistemas de comunicación y navegación del tránsito aéreo poniendo en riesgo la vida de quienes viajan por este medio de transporte.
Estas emisoras, al operar en la clandestinidad dificultan ser monitoreadas por la autoridad respecto de los contenidos que transmiten, mismos que regularmente resultan contrarios a la ley, afectando la seguridad nacional, provocando la comisión de otros delitos o perturbando el orden público.
Asimismo, es recurrente que durante los procesos comiciales se instalen y operen con fines político-electorales, cuyos contenidos violan de manera flagrante y permanente la normatividad electoral.
Esta problemática no es exclusiva de nuestro país; es una corriente que ha venido tomando fuerza en Centro y Sudamérica, impulsada especialmente con fines políticos y religiosos. Ante ello, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, de la Organización de Estados Americanos, dictó una resolución en la que se reconoció que el tema de las emisoras ilegales trasciende el ámbito nacional y tiene repercusiones a nivel internacional, resolviendo exhortar a los países miembros a que incluyan, en sus legislaciones nacionales, disposiciones en el orden penal, administrativo y civil que establezcan sanciones para las emisoras ilegales y sus responsables.
En México aún resultan insuficientes las medidas que contempla la ley de la materia y las diversas normas de aplicación supletoria para contener este fenómeno. Por ello, resulta necesario reformar la Ley Federal de Radio y Televisión con el objeto de establecer, de manera clara y precisa, la conducta que se pretende sancionar mediante la incorporación del tipo penal específico del que se trata, así como las sanciones que en atención al principio de proporcionalidad y al bien jurídico tutelado deben corresponder estos delitos.
Esta iniciativa no sólo pretende evitar la conducta principal a la que me he referido, sino que con el objeto de atacar de fondo este hecho delictivo también considera otras actividades o acciones que de manera directa o indirecta lo propician.
Es pertinente señalar que esta iniciativa no pretende excluir a las personas físicas o morales que tengan el propósito de brindar el servicio de radiodifusión, toda vez que para ello la ley establece claramente los procedimientos y requisitos para que lo puedan hacer legalmente y así cumplir con su función social.
Compañeras y compañeros diputados, es urgente atender este problema. La operación de emisoras ileales en nuestro país lesiona el Estado de derecho, atenta contra la seguridad nacional y quebranta la rectoría del Estado sobre una actividad que es prioritaria para el desarrollo nacional.
Por lo expuesto me permito presentar ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Gobernación.
El diputado Jorge Humberto López Portillo Basave (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Jorge López Portillo.
El diputado Jorge Humberto López Portillo Basave (desde la curul): Para adherirme a la propuesta, si el diputado proponente no tiene inconveniente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El diputado López Portillo ha solicitado adherirse a la propuesta, si el proponente no tiene inconveniente.
El diputado Andrés Manuel Massieu Fernández: No hay inconveniente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Adelante, señor diputado, puede pasar a firmar a la Secretaría. Sí, adelante, diputado Martínez González.
El diputado Hugo Héctor Martínez González (desde la curul): También deseo incorporarme a la propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, el proponente ha manifestado que no tiene inconveniente, por tanto, todos los señores diputados que deseen suscribir la iniciativa, pueden pasar a la Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, diputados: vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa de ley que tiene que ver con el respeto y la confianza que me merecen todos los integrantes del Poder Legislativo a nivel federal y a nivel local y desde luego también a todos los dirigentes de los diferentes partidos políticos acreditados en nuestro país.
En los últimos años nuestro país ha vivido una vertiginosa transformación en su sistema político. La democracia, el pluralismo y la alternancia son realidades que han requerido una nueva regulación, al mismo tiempo que han exigido también la creación de novedosas instituciones públicas.
Éste es el caso de los denominados organismos públicos autónomos, incluyendo en dicha expresión tanto a los entes cuya autonomía se norma a nivel constitucional, como aquéllos que fueron dotados de autonomía técnica y de gestión por mandato de la ley.
Estas instituciones juegan un papel fundamental en el sistema de pesos y contrapesos entre los Poderes de la Unión, toda vez que no vinculan a los poderes tradicionales del Estado, se aprecian como entidades de equilibrio constitucional y político, cuya autonomía se expresa orgánica y funcionalmente.
Esta independencia supone una mayor capacidad para desempeñar adecuadamente funciones controvertidas como son la electoral, la defensa de los derechos humanos y la estadística, entre otras.
Los organismos autónomos son múltiples y variados. Sin entrar a la diferenciación, lo importante es destacar que su existencia surge por una necesidad extendida de crear entes públicos en áreas específicas que por su especial naturaleza o materia debían garantizar un ejercicio de su actuación con la mayor objetividad posible, evadiendo la proclividad hacia la ideología o el poder.
En este sentido, la idea original era que ciertas dependencias o entidades no se sometieran a un esquema rígido de mando jerárquico o sumisión, pero que cumplieran sus funciones específicas en el marco de los objetivos generales del Estado: el bienestar social y la justicia para todos.
Si revisamos nuestro andamiaje jurídico podemos encontrar diferentes entes públicos que requieren justamente la participación de la autonomía. Éste es el caso, como lo hemos señalado, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Federal Electoral y del Instituto Federal de Acceso a la Información, entre otros.
En términos generales, estas entidades son administradas por colegios denominados o consejos o juntas de gobierno, que se integran con un determinado número de personas, fungiendo uno de ellos como presidente o titular, en muchos casos propuestos por el Ejecutivo federal y designados o ratificados por alguno de los órganos legislativos.
Para formar parte de estos colegios la ley exige una serie de requisitos que van desde ser ciudadano mexicano por nacimiento, hasta una edad mínima, experiencia o un determinado grado académico. Sin embargo, dentro de los requisitos de legibilidad para formar parte de alguno de los organismos públicos autónomos se encuentra la no militancia partidista y el no haber sido dirigente o candidato a un cargo de elección popular.
Cuando se atiende a que nuestro régimen se basa en un sistema de partidos, debemos saber que para llegar a este Poder Legislativo es necesario haber participado en un proceso electoral y en consecuencia, ser miembro de uno de los partidos políticos nacionales.
En otras palabras, para el ejercicio del voto pasivo, que es un derecho constitucional consagrado en el artículo 35 de nuestra ley fundamental, se necesita ser postulado por un partido político que va a requerir a la persona acreditar su militancia.
El problema es que en los últimos 20 años ha privado en nuestro país el criterio de legislar por la desconfianza en el servicio público. Se parte de una premisa equivocada de que las personas se conducen con mala fe y, por ello, quienes quieran formar parte de un organismo autónomo deben acreditar que no tienen o han tenido filiación partidista, ya que la presunción es que no van a cumplir con su encargo de manera imparcial.
Paradójicamente, lo que ha sucedido es que algunas personas que han formado parte de estos organismos autónomos, supuestamente políticamente inmaculados, terminaron ofreciendo sus servicios desde la función a algún partido político, que a cambio los ha hecho dirigentes y, en ocasiones, hasta legisladores.
Esto en los hechos significa que el camino tomado para tratar de hacer trascender las acciones y objetivos del Estado, más allá de la ideología, lo único que ha representado es la cancelación y la violación de los derechos a un número importante de mexicanos.
Por todo ello y dado que es del conocimiento de todos ustedes que obra, tanto en nuestra Constitución, como en la Organización Internacional del Trabajo y en la Carta de los Derechos Universales de los Derechos Humanos, sustento, para acreditar que hay una discriminación contra los aspirantes que no puedan ser parte de estos órganos autónomos por haber estado en un partido político, me permito referir lo siguiente, en este orden de ideas.
Los requisitos de elegibilidad para ser miembro de cada uno de estos órganos contemplan una discriminación por razones políticas al establecer el no haber desempeñado una dirección en un partido político o haber sido candidato a un cargo de elección popular, por lo que se propone que sean eliminados.
En razón de la extensión de esta iniciativa solicito a la Presidencia que sea insertado íntegramente en el Diario de los Debates el documento presentado. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos.
Tiene la palabra el diputado Reginaldo Rivera de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Reginaldo Rivera de la Torre: Con el permiso, señor presidente. Compañeros legisladores de esta soberanía, la sola evocación de la lucha histórica de los trabajadores de Cananea y río Blanco deben cimbrar este honorable recinto, porque las letras de oro de los legisladores de 1917 fueron escritas con sangre de la clase trabajadora:
"Los trabajadores mineros y textiles trabajaban todo el día, y no era un trabajo humano aquél: era un trabajo de bestia de carga. Los riñones sudaban sangre; los pulmones, fatigados, se hinchaban hasta querer romper el tórax".
"En sus hogares los esperaba la tristeza, a ellos que venían de las tinieblas, a ellos que venían de un infierno. Los niños, sin abrigos, tiritaban de frío y pedían pan. La compañera, abnegada, tiritaba también. Todo lo que tenía algún valor había ido a parar a la casa del gachupín". Así lo citaba en 1908 Ricardo Flores Magón.
En la actualidad no es distinta a la realidad que ocurría en aquel tiempo, porque los trabajadores que son contratados por intermediarios, dentro de los cuales se encuentran las empresas denominadas outsourcing, en los últimos años han seguido una estrategia consistente en contratar a su personal mediante empresas que ofrecen el servicio de suministro de personal.
La presente iniciativa plantea que la contratación de servicios de personal en México por parte de una outsourcing genera beneficios económicos para la empresa, pero trasgrede los derechos de los trabajadores. El outsourcing contempla dos figuras jurídicas, la del intermediario y la de la sustitución patronal.
Específicamente en México la práctica de la subcontratación ha llegado a niveles extremos. Para el año 2007, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que México ocupaba el lugar 19 en el mundo en cuanto a la utilización del outsorucing, siendo 2.4 millones las personas que trabajaban con esta modalidad.
De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, el modelo más utilizado para evadir este tipo de responsabilidades es el de la sociedad cooperativa de producción de servicios. La estrategia que siguen las empresas es la de crear una sociedad de este tipo que les preste servicios a las empresas y en la cual sus trabajadores sean los socios. Esta situación imposibilita al trabajador para recibir prestaciones sociales, además de la participación en las utilidades de la empresa.
Existen muchos argumentos para asegurar que la subcontratación laboral atenta en contra de los diversos principios que tanto la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley Federal del Trabajo confieren a los trabajadores. El primero de ellos es el principio de la estabilidad en el empleo. En virtud de este principio se debe de conservar la estabilidad en el empleo.
No conforme con todo esto, la contratación por outsourcing afecta el derecho de la participación de los trabajadores en las utilidades. Este principio fue creado para otorgar un derecho al trabajador como lo señala el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo.
La crisis económica ha propiciado un crecimiento en la práctica del outsourcing, según los estudios relativos en el primer semestre de 2009 el outsourcing fue la única área del mercado de servicios que se mantuvo en cifras de crecimiento al 4.6, lo cual será favorecido en los próximos tres años por el actual contexto económico. Los analistas prevén que un 25 por ciento de las empresas de entre 500 y 5 mil trabajadores tendrán que realizar esta práctica en 2012.
La Ley Federal del Trabajo fue creada desde sus orígenes con un amplio sentido de justicia social que garantizara un adecuado equilibrio entre los trabajadores, los patrones y el desarrollo económico del país.
La tarea esencial de los legisladores es generar las disposiciones necesarias para resguardar y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, por lo cual es importante reconocer este tema con la sensibilidad y la atención necesaria para que no se sigan vulnerando los derechos los trabajadores.
Por lo anterior se propone reformar y adicionar la fracción III del artículo 14 y la fracción VIII del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo.
Solicito que el texto íntegro de la presente iniciativa se inserte en el Diario de los Debates. Gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo solicita el señor diputado, inscríbase el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra el señor diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 B de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado José Ignacio Seara Sierra: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados. Hablar de desarrollo es preocuparse tanto por el progreso social como de crecimiento económico. No basta aumentar la riqueza común para que sea repartida equitativamente, tampoco basta promover la técnica para que la tierra sea más habitable finalmente la economía de un país, de un estado o de un municipio, no tendría sentido si no es por la persona humana, es decir, para el ciudadano mexicano a quien se debe servir.
En 1917, México adopta como forma de gobierno la república representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos. El Congreso Constituyente de Querétaro confirmó la vigencia del sistema federal en el artículo 40 de la Constitución.
No obstante, en materia fiscal y financiera la Constitución de 1917 no estableció una distribución de las fuentes para la federación, los estados y los municipios, sino que a través del artículo 115 y 124 otorgó facultades a los estados para establecer las contribuciones necesarias al presupuesto local y a los presupuestos municipales. Asimismo, estableció prohibiciones para establecer impuestos a los estados, al artículo 117.
En diciembre de 1997 fue aprobada en este Congreso una iniciativa del Ejecutivo federal para modificar la Ley de Coordinación Fiscal, que incluía la creación de una nueva figura: las aportaciones federales.
El objetivo fue dar institucionalidad a las transferencias de los estados y municipios, destinadas a la atención y responsabilidades relativas a la educación básica, servicios de salud, a la infraestructura municipal, que la federación les venía delegando como parte del programa de descentralización.
Ejemplo en esta aportación es el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, el cual se creó por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, mediante la adición de un artículo 4o -B a la Ley de Coordinación Fiscal y que tuvo como finalidad reforzar el Fondo de Compensación y apoyar a aquellas entidades federativas y municipios que venían resintiendo los efectos directos de la extracción de los hidrocarburos.
En esta ocasión, el artículo 4o -B contemplaba en su primer párrafo: el Fondo de Extracción de Hidrocarburos estará conformado con el 0.46 y ahora con el 0.6 del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagados por Pemex Exploración y Producción, en términos de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos.
Mientras que en su párrafo noveno se contemplaba que los municipios recibirán, cuando menos, el 20 por ciento de los recursos percibidos por las entidades federativas.
Esta reforma significó un gran avance en materia de equidad presupuestaria y de justicia fiscal hacia los estados petroleros que por años han aportado enormes recursos a la federación, vía la extracción de hidrocarburos y que lejos de verse beneficiados por la actividad de Pemex en sus aguas, tierras, se habían visto afectados por las afectaciones sociales, económicas y ecológicas que dicha actividad propiciaba, aún cuando el párrafo noveno no sufrió ningún cambio y seguía contemplando sólo un 20 por ciento para los municipios.
Aun así, durante los últimos años hemos logrado avances sustanciales en materia del federalismo. Ese patrimonio público se encuentra distribuido en entidades como Campeche, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, donde la industria petrolera ha sido una actividad, que además de traer beneficios económicos también ha traído graves problemas como las afectaciones sustanciales del desarrollo, por lo que es indispensable invertir en el proceso de restauración y preservación ambiental, reordenamiento territorial, compensación por los daños del sector pesquero e infraestructura carretera.
Señoras diputadas y señores diputados, hoy más que nunca fortalecer la autonomía municipal dotándola de mejores y mayores atribuciones recaudatorias se hace imprescindible para dar impulso final a un federalismo fiscal elevando el porcentaje de ingresos que los municipios deben recibir por parte de los gobiernos estatales, y quedaría de la siguiente manera:
Del 0.6 por ciento al 0.75 por ciento, para fortalecer los ingresos de las entidades petroleras. Y para los municipios incrementarles el 50 por ciento, quedaría:
?Termino, señor presidente.
"El fondo de extracción de hidrocarburos estará conformado con el 0.75 por ciento del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagados por Pemex Exploración y Producción, en términos de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos".
También en el noveno párrafo:
"Los municipios recibirán cuando menos el 50 por ciento de los recursos percibidos por las entidades federativas".
Transitorio
Único. La presente reforma entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Señor presidente, quiero que quede inscrita en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Gracias, compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el señor diputado, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.
El diputado Gerardo Leyva Hernández: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, me permito presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.
El 4 de diciembre de 2008 la Cámara de Diputados aprobó la minuta con proyecto de decreto enviada por el Senado para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones a fin de crear el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, más conocido como Renaut.
El Ejecutivo federal publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009; y en el artículo séptimo transitorio estableció lo siguiente:
"El Congreso de la Unión realizará las reformas y adiciones correspondientes a los artículos 366, 390 y demás relativos al Código Penal Federal, en un plazo no mayor de 180 días a partir de la publicación del presente decreto".
El plazo fijado venció el pasado 11 de agosto de 2009 y aún no se reforman los artículos correspondientes en el Código Penal Federal; y, por tanto, también existe un retraso en las adecuaciones a las legislaciones locales que deberán realizar los Congresos estatales.
Una de las razones para la aprobación de esta reforma fue el alto número de delitos de extorsión, amenazas y secuestros que se cometen vía telefonía celular e incluso desde los centros de readaptación social.
Cifras del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, Asociación Civil, indican que al menos 906 bandas de extorsionadores operan desde los distintos penales del país; 15 de las más peligrosas y más activas están en el Distrito Federal.
Según los datos más recientes se intentan 6 mil 179 extorsiones al día. El monto obtenido por los extorsionadores, de 2001 a la fecha, superan los 645 millones de pesos, y se han empleado para este fin más de 393 mil teléfonos celulares para cometer estos delitos.
La reforma fue aprobada con el respaldo de todos los grupos parlamentarios; sin embargo, según el último reporte de la Cofetel emitido el 11 de noviembre, sólo 20 millones de usuarios han registrado sus líneas telefónicas. Si consideramos que el total de líneas en México es de 80 millones, sólo tenemos a 1 de cada 4 usuarios registrados en este momento.
Una buena parte de quienes no han registrado sus líneas es porque no confían en el sistema y creen que su información será manejada de manera inadecuada e insegura. Con esta iniciativa buscamos dar certeza a los ciudadanos de que cualquier mal uso de la información del Renaut será castigado de manera estricta, justa y con penas severas.
Por tal motivo, proponemos adicionar un artículo 211 Ter, para sancionar con una pena de 6 a 12 años y multa de 300 a 600 días de salario mínimo a quien revele, divulgue, comercialice o utilice de modo ilícito la información del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Con este nuevo artículo se sanciona en general el uso ilegitimo de la información, en el resto de los artículos modificados se establecen penas específicas para quienes, además, las utilicen o permitan que otros las utilicen para cometer crímenes.
En el artículo 282, que tipifica el delito de amenazas, proponemos agregar una fracción III para que diga lo siguiente: se aplicará sanción de tres días a un año de prisión, o de 180 a 360 días de multa de salario mínimo, a quien por sí o interpósita persona utilice o facilite datos del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para cometer el delito de amenazas. La adición tiene el objetivo de considerar como parte activa en el delito de amenazas a quien utilizó o proporcionó información del Renaut y la facilitó al actor material que cometió el delito. En este caso, la pena sería adicional a la ya contemplada en el artículo 211 Ter.
De igual forma, en el artículo 366 Bis proponemos que se imponga una pena adicional de 2 a 10 años de prisión a quien use la información referida para cometer el delito de secuestro. Finalmente, en el artículo 390, que se refiere al delito de extorsión, proponemos una pena adicional de 2 a 8 años de prisión y una multa de 160 días de salario mínimo para quienes incurran en este delito.
Señor presidente, solicito se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el señor diputado Gerardo Leyva Hernández, inscríbase en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia.
Tiene la palabra el señor diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar (desde curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Rubí Salazar, a sus órdenes.
El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar (desde curul): Señor presidente, nada más para solicitar al diputado Gerardo Leyva me permita sumarme a la iniciativa de reformas que ha presentado.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Si no tiene inconveniente el señor proponente. Está de acuerdo.
El diputado Gerardo Leyva Hernández (desde la curul): Sí, por supuesto, y todos los que deseen.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Está de acuerdo. Entonces, puede usted pasar, señor diputado, a firmar la iniciativa a la Secretaría. Adelante, señor diputado.
El diputado Liborio Vidal Aguilar: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Distinguidos diputados, distinguidas diputadas, vengo a presentar esta propuesta de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para dotar de un nuevo marco al federalismo en nuestro país.
La transición que vivimos es un momento de trascendencia para el Poder Legislativo, al dar mayor funcionalidad a las instituciones en su relación con los distintos actores políticos de nuestro país. Ello es garantía de prevalencia democrática y de las bases de la República. Así, adecuamos nuestras normas y modificamos el carácter centralista del Estado mexicano al entrar de lleno al siglo XXI.
Es momento de dar cauce a las iniciativas de las regiones, cuidando el desenvolvimiento equilibrado de los tres órdenes de gobierno que rigen la vida política de nuestra nación. Ahora se requiere empatar a las regiones con las instituciones centrales, donde tradicionalmente se han tomado las decisiones sustantivas en lo económico, político y social. Hablamos de una realidad plural que perfecciona mecanismos y acuerdos. Ésos son los nuevos tiempos del país que debemos precisar en las leyes. Ésos son los tiempos nuevos que exigen se representen debidamente las diversas expresiones culturales de nuestro pueblo mexicano.
A la necesidad de construir un nuevo federalismo responde la iniciativa que propongo a esta honorable soberanía.
Distinguidos legisladores, legisladoras, la propuesta que comento adiciona un artículo y modifica nueve de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; adecuamos las reglas para que el gobierno se remueve en su conjunto; agregamos el artículo 63-Bis para que ningún funcionario difunda logros de programas y eficiencia en el ejercicio programático presupuestal, salvo aquellos que dictamine la Auditoría Superior de la Federación respecto a la Cuenta Pública que corresponda.
Tampoco ningún funcionario podrá engañar a la población a través de actos, eventos públicos o medios de comunicación, respecto a presupuestos asignados en la Ley Federal de Egresos de la Federación, o promover la imagen propia o de sus jefes superiores.
Creamos mecanismos que evitan duplicidades de programas y se incorpore de manera más integral a los gobiernos estatales. En la toma de decisiones desde el diseño de acciones y la ejecución, hasta la evaluación de recursos y su aplicación.
En el artículo 77 se amplían plazos y fases en el proceso de elaboración de las reglas de operación de los programas. Se establece un sistema permanente que disminuye el criterio de dominio que se ha otorgado a la federación en sus relaciones con otros niveles de gobierno estatal y municipal. Con este nuevo diseño institucional la formulación y evaluación de las reglas de operación facilitarán acciones de mejoras regulatorias.
En los restantes artículos que se reforman atendemos distintas demandas y realidades que requieren instituciones más eficientes. Se fortalece la función de seguimiento que ejerce el Legislativo sobre la aplicación de las reglas de operación que se convierten en instrumento de modernización de nuestro federalismo.
De igual modo, los convenios de los estados con el Ejecutivo federal se realizarán puntualmente y se precisa un calendario de suministros de recursos desde el nivel central hacia las entidades federativas de nuestro país.
Se modifica asimismo, el porcentaje de participaciones que no podrán variar menos de 80 por ciento para la federación y 20 por ciento por cada estado. Por último, se incorporan comités interinstitucionales para el seguimiento de proyectos de inversión.
Con esta reforma entramos a la fase donde el Legislativo habrá de sentar bases de modernización del Estado mexicano en su conjunto. En suma, entramos a una época de mejores expectativas del futuro de nuestra nación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene ahora la palabra el señor diputado Francisco?
El diputado Éric Luis Rubio Barthell (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, señor diputado Éric Barthell.
El diputado Éric Luis Rubio Barthell (desde la curul): Pedirle, señor presidente, si el diputado nos permite a los diputados del PRI de Yucatán, sumarnos ?y los diputados de Sonora también piden?, sumarnos a la iniciativa de nuestro paisano Liborio Vidal.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Si el proponente no tiene inconveniente.
El diputado Liborio Vidal Aguilar (desde la curul): Ningún inconveniente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Con lo cual lo manifiesta. Pasen ustedes a la Secretaría para firmar la propuesta.
Tiene ahora la palabra el señor diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de a Ley Federal de Radio y Televisión.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en lo que va del presente siglo la marcada ruta del avance tecnológico nos ha dado muestras del enorme bagaje de posibilidades para atender muchas de las necesidades de comunicación, desde las grandes ciudades, hasta los rincones más apartados de nuestro país.
Actualmente la radio y la televisión tienen un papel preponderante para mantenernos al día con los avances en materia de salud, economía, educación y política, por mencionar sólo algunos. Particularmente en este último tema, las condiciones de conducción política y la estabilidad social requieren de la radio y la televisión para mantener la gobernabilidad del país.
Ahora, necesariamente debemos estar al tanto de aquellos eventos donde se promuevan acuerdos, en los que la voluntad popular y las decisiones de sus representantes se vean comprometidos en fortalecer y mejorar la vida cívica del país.
Debemos reconocer que tanto la radio como la televisión, cumplen un fin social al mantenernos comunicados, aunque hoy el propósito fundamental sea el promocionar productos y servicios particulares a la población radioescucha y televidente.
En este sentido, es necesario reconocer que medios de comunicación, como lo es en particular el Canal del Congreso, son un mecanismo que actúa de manera exclusiva como promotor y medio informativo de la agenda legislativa en ambas Cámaras federales.
No obstante, en nuestro grupo parlamentario compartimos la firme idea de que sus efectos informativos, y de formación cívica y política, pueden y deben ampliarse a más hogares mexicanos.
De esta forma, también coincidimos con el fundamento dado en la operatividad de este canal televisivo, que a la letra dice: "La función social... consiste en presentar al debate y la deliberación, no únicamente como contenidos de cobertura privilegiada, sino como la racionalidad intrínseca, la lógica subyacente a la construcción de una vida democrática auténtica".
Debemos recordar que la actual transmisión de las sesiones en el pleno, ya sea desde la Cámara de Senadores o desde la Cámara de Diputados, únicamente se realizan por circuito cerrado, como parte de sus propias actividades, o bien, por medio de un sistema de televisión por cable a un número reducido de familias mexicanas, al igual que las transmisiones por Internet, en comparación de lo que logra hacer la señal abierta.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, la presente iniciativa tiene el firme propósito de establecer en la Ley de Radio y Televisión, que el Canal del Congreso de la Unión sea parte de la transmisión con señal abierta.
Del mismo modo, que cuente con una estación radiodifusora para que, a través de éstas puedan seguirse las actividades que se desarrollen en las Cámaras del Congreso de la Unión, en tiempo real.
Es necesario aclarar que como legisladores tenemos el compromiso de mantener actualizada a la población del país en información, siempre con una tendencia perfectible hacia los marcos normativos nacionales.
De esta forma, la propuesta da un mejor contenido a la última parte del artículo 6o. de la Constitución en lo concerniente a que el derecho a la información será garantizado plenamente por el Estado.
Estamos convencidos de que constitucionalmente tenemos una deuda civil que está fijada en el artículo 51 de nuestra Carta Magna donde se expresa que la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación; pero, de manera congruente, debemos ser corresponsables con nuestro desempeño al proponer que todas las actividades dadas en la sede del Poder Legislativo sean conocidas con transparencia, al alcance de cualquier persona.
La rendición de cuentas es otro tema central, en el cual podemos dar un enorme paso para su conformación, dado que la cuenta pública y las fiscalizaciones a los estados, los informes de gobierno de las dependencias y en general los acuerdos y disensos aquí presentados forman parte de la tarea política, en muchas ocasiones nacidos aquí en las cámaras federales.
Nuestra propuesta, compañeros, radica en difundir todas y cada una de las actividades posibles, dadas en el Congreso de la Unión, por medio de la señal abierta televisiva y a través de la radio, para que nuestra sociedad no siga mantenida al margen de la actualidad del debate parlamentario, donde muchas veces la opinión de quienes votaron por nosotros no es escuchada en la voz de sus representantes.
Señalamos que dicha propuesta somete a su consideración la adición de un tercero y un cuarto párrafos al artículo 13 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ponga a disposición del Congreso de la Unión una frecuencia para la televisión en señal abierta y otra para una estación radiofónica.
Lo que proponemos es una asignación directa de estas frecuencias, en virtud de que, como lo establece el artículo 49 de nuestra norma fundamental, el supremo poder de la federación se divide, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Tiene la palabra el diputado Reyes Tamez Guerra, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 33, 34, 67 y 74 de la Ley General de Educación.
El diputado Reyes Tamez Guerra: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el principal problema de la educación en México, particularmente de la educación básica, es que se sigue privilegiando la memorización como forma fundamental de aprendizaje, en lugar de fomentar programas que generen en los niños y en los jóvenes capacidad de análisis y reflexión y que les enseñen a exponer y defender puntos de vista, a trabajar en equipo y que permita que las evaluaciones nacionales e internacionales, como es el caso de la prueba de Pisa de la OCDE o la prueba de Enlace, que se aplica en nuestro país y que evalúan no conocimientos sino la capacidad de trabajar con el conocimiento para construir, a partir del conocimiento, soluciones a problemas complejos, no tengan los resultados que todos lamentamos en el sistema educativo.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que el fortalecimiento de los programas educativos que fomenten además de conocimientos, capacidad de análisis y reflexión, aptitudes, competencias y valores que permitan que los niños enfrenten de una mejor manera problemas, una vez que van escalando el sistema educativo, es algo prioritario para el país.
Hoy, pese a los esfuerzos que han realizado diferentes sectores en este sentido y con este propósito, sigue ocupando en las políticas públicas y en la Ley General de Educación, un lugar secundario este tema.
Por eso estamos proponiendo el día de hoy que se modifiquen, se reformen y se adicionen los artículos 33, 34, 67 y 74 de la Ley General de Educación, que permitan precisamente que se tomen medidas oportunas, tanto en materia de políticas públicas, como en el ámbito jurídico y que se establezcan las bases legales para el efectivo fomento de estas capacidades en el Sistema Educativo Nacional.
¿Qué pensamos que estas adiciones y reformas a la Ley General de Educación pueden lograr? En primer lugar, que los niños y las niñas conozcan desde temprana edad, lo que es la enseñanza indagatoria de la ciencia, que se acerquen a la ciencia, a la tecnología y a la innovación; que se fomente una mejor formación y capacitación de las maestras y de los maestros de nuestro país, desde la educación normal, en el manejo de materiales y experimentos sencillos y como resultado de este esfuerzo y con la participación de los padres de familia y de los medios de comunicación, se fomente entre las alumnas y los alumnos de educación básica el interés por las carreras orientadas a las ciencias, que son consideradas necesarias para tener un país con mejor desarrollo social, mayor competitividad y mayor crecimiento económico.
No solamente los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales respaldan esta iniciativa, también los indicadores sobre el número de investigadores nacionales, el número de publicaciones, el número de patentes, comparados con otros países con nivel de desarrollo parecido al nuestro, es realmente muy alarmante.
Sobre todo el número de investigadores, de gente que se dedica a la generación de conocimiento, en nuestro país apenas formamos un poco más de 2 mil doctores en ciencias; países como Brasil están formando 10 mil doctores en ciencias por año y esto se debe a que no fomentamos desde la educación básica estas capacidades y estos esfuerzos de formación integral.
Por lo anterior, estamos convencidos en Nueva Alianza, que la modificación de estos artículos en la ley permitirá atender estos rezagos y permitirá que nuestro país, nuestros alumnos y nuestras alumnas, puedan construir y ser parte de un mejor porvenir.
Solicito a la Mesa Directiva se incluya en el Diario de los Debates el texto íntegro de la presente iniciativa. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo solicita el señor diputado Reyes Tamez, inscríbase en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Señoras diputadas y señores diputados, les informo que nos visitan ciudadanos de la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco, invitados por la licenciada diputada Ana Estela Durán Rico.
Igualmente nos visitan maestros y alumnos de la Escuela Primaria Profesor Eugenio Alcalá, invitados por el diputado Pedro Vázquez González.
Asimismo, ciudadanos del municipio de Ecatepec, invitados por el diputado Martín Vázquez Pérez. A todos ellos les enviamos un saludo.
La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: La diputada Paz Gutiérrez. ¿Con qué objeto, señora diputada?
La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde la curul): Para solicitar al diputado Reyes Tamez, añadirme a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Señor diputado Reyes Tamez, han solicitado adherirse a su propuesta ¿tiene usted algún inconveniente?
El diputado Reyes Tamez Guerra (desde la curul): Ninguno.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Adelante, diputada. Puede usted pasar a firmar a la Secretaría, así lo ha aceptado el señor diputado.
Tiene ahora la palabra el diputado Ernesto de Lucas Hopkins, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Ernesto de Lucas Hopkins: Con su permiso, señor presidente, con el permiso de la Mesa Directiva. El suscrito diputado Ernesto de Lucas Hopkins, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados Miguel Ernesto Pompa Corella, José Luis Marcos León Perea, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Onésimo Mariscales Delgadillo y Jesús Alberto Cano Vélez, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, comparece ante esta asamblea con la finalidad de someter a su consideración iniciativa de decreto que reforma el artículo 116, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el efecto de establecer que las legislaturas de las entidades federativas se puedan integrar con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa, de representación proporcional o una combinación de ambos principios en los términos que señalen sus leyes.
Exposición de motivos
Durante la mayor parte de nuestra vida independiente, los integrantes del Poder Legislativo federal en nuestro país fueron electos conforme al principio de mayoría relativa.
No fue sino hasta 1962, ante una realidad política que demandaba dar voz a las oposiciones que permanecían borradas de la representación política, cuando surgen los denominados "diputados de partido", antecedente que constituye el arribo del principio de representación proporcional como medio para elegir a un determinado número de integrantes del Congreso federal.
Así como en su momento las circunstancias políticas nacionales obligaron a establecer el principio de mayoría relativa como el único canal para seleccionar a los integrantes del Poder Legislativo federal, fue precisamente un cambio en dichas circunstancias políticas las que determinaron la inclusión del principio de representación proporcional como medio de arribar a las Cámaras federales.
Por lo que respecta a la forma de elegir a los integrantes de los Poderes Legislativos locales, la Constitución federal establece que éstos se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes.
Es evidente que esta redacción evita que sea cada entidad la que, de acuerdo con las circunstancias políticas presentes en su entorno, determine los principios según los cuales deberán elegirse a los miembros que integrarán su Poder Legislativo correspondiente.
Esta circunstancia, además de injusta, es inicua pues mientras la federación goza del derecho de adecuar sus procedimientos de elección para integrar su Poder Legislativo, de acuerdo a cierta situación política, en cambio, a los estados se deniega dicha posibilidad al obligarlos, desde la Constitución federal, a que integren su Poder Legislativo local de una manera determinada sin permitirles que atiendan a la realidad política que priva en el entorno de cada uno de ellos.
No pretendemos ignorar que en un Estado federal como lo es el nuestro se asocian y sobreponen colectividades estatales distintas a través de un equilibrio armonioso y equitativo entre el principio de autonomía y el principio de asociación.
Entendemos también, perfectamente, que para garantizar la vigencia de la unión con el principio de autonomía política de los estados, se establece la supremacía de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, consideramos que el contenido básico de dicha Carta Magna en esta materia debe reducirse a la coincidencia e igualdad de decisiones jurídico-políticas fundamentales entre la federación y las entidades federativas. Esto es, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe establecer la obligación, tanto para los entidades federativas como para la federación, de dividir el poder público para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las reglas básicas según las cuales debe operar cada uno de estos poderes.
Para el caso del Poder Legislativo: que se trata de un órgano colegiado, que sus integrantes sean electos democráticamente, que sus decisiones se basen en un sistema de votación mayoritaria, entre otros aspectos.
Por ello formulamos esta propuesta, según la cual, atendiendo a las circunstancias políticas, las legislaturas locales se podrán integrar con diputados electos según los principios de mayoría relativa, de representación proporcional, o una combinación de ambos principios, en los términos que señalen sus leyes. En este último caso, las legislaturas locales, por mayoría calificada de sus integrantes, determinarán el número de diputados que se elegirán por cada uno de los principios.
Esta propuesta respeta a cabalidad el espíritu del Congreso Constituyente de Querétaro, que estableció como voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados unidos en una federación; pero sobre todo, libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior.
Adicionalmente, con esta reforma se resuelve una suerte de vacío legal reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocasionado por la falta de disposición constitucional expresa que imponga a las entidades federativas reglas específicas para combinar los sistemas de elección de mayoría relativa y de representación proporcional.
En dicho tenor, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 116, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforma el artículo 116, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 116, fracción II, último párrafo. Las legislaturas de los estados se podrán integrar con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa, de representación proporcional o una combinación de ambos principios, en los términos que señalen sus leyes.
En este último caso, las legislaturas de los estados, por mayoría calificada de sus integrantes, determinarán el número de diputados que se elegirán por cada uno de los principios.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente, diputado Ernesto de Lucas Hopkins; Miguel Ernesto Pompa Corella; José Luis Marcos León Perea; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; Rogelio Díaz Brown Ramsburgh; Onésimo Mariscales Delgadillo y Jesús Alberto Cano Vélez. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: ¿Falta alguna diputada o diputado por registrar su asistencia? Aún está abierto el sistema. Si falta alguna diputada o diputado por registrar su asistencia, favor de hacerlo. Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 445 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el diputado José Guadalupe Vera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 176 y 184 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y 106 y 108 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito.
El diputado José Guadalupe Vera Hernández: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el suscrito diputado federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, someto a la consideración de este pleno la presente
Iniciativa
Un sistema financiero sano y eficiente juega un papel fundamental en la economía, al canalizar en tiempo y forma recursos indispensables para financiar el crecimiento económico. En esta tarea los sistemas de pago de bajo valor permiten una rápida y fácil liquidación de obligaciones, al agilizar las transacciones entre individuos o individuos y empresas, realizándose principalmente a través de dinero en efectivo, cheques y medios electrónicos.
Los cheques tradicionalmente han jugado un papel fundamental en las transacciones comerciales, sin embargo, en los últimos años ha disminuido el número y valor de las transacciones, principalmente por la difusión de otros medios de pago con cierto grado de sustitución, pero también por los diversos problemas a los que se enfrentan los usuarios de cheques, tales como el constante robo o falsificación de éstos, así como la falta de una regulación pertinente que proteja al librador y al beneficiario de un cheque.
Para algunos de los legisladores es conocida la práctica que realizan algunos delincuentes al sustraer cheques, falsificar firmas y cobrar indebidamente estos recursos, ante lo cual muchas veces la única alternativa que tienen los clientes es absorber el cargo, aún sin haberlo realizado.
En contraparte, en algunas ocasiones los beneficiarios de cheques se enfrentan al problema de no pago de los cheques que les fueron entregados como contraprestación por un bien o servicio, lo que afecta sus operaciones al entorpecer sus planes económicos y financieros.
Esta situación en gran parte tiene su origen en los servicios que algunas instituciones de crédito, bajo la modalidad de protección de cheques, mediante el cual el banco únicamente libera cheques acorde a la instrucción del cliente. Esta práctica tiene como base fundamental prevenir que los clientes sean objeto de actos ilícitos tales como robo, fraude o falsificación, asimismo, como una medida para favorecer una mejor administración del flujo de efectivo.
Esta modalidad si bien se adopta para brindar una mayor protección a los clientes, es en detrimento de los derechos de los beneficiarios de los cheques, quienes al asistir a un banco a cobrar un cheque se enfrentan a una negativa sin existir una razón legal. Estas prácticas se realizan bajo el argumento de una mayor seguridad para los clientes, pero deja de lado la seguridad y oportunidad de los tenedores o beneficiarios de los cheques, representando una afectación a su patrimonio y muchas veces a su actividad productiva, especialmente para las micro y pequeñas empresas.
De ahí que la presente iniciativa incluye ambos enfoques: una protección para los libradores de cheques, pero también para los tenedores o beneficiarios de estos cheques. De tal forma que no se vulneren los derechos ni patrimonio de alguno de éstos.
Con base en lo anterior, se propone facultar al Banco de México para que emita disposiciones generales relativas al formato, contenido y medidas de seguridad de los cheques. Con estas disposiciones el Banco Central contribuiría a incrementar la seguridad de estos medios de disposición, con el afán de proteger los derechos de los clientes y beneficiarios, pero también a fortalecer la confianza y seguridad del sistema financiero mexicano.
Asimismo, se propone que cuando una institución de crédito se niegue a pagar un cheque, deberá señalar el motivo de tal devolución mediante un sello o impresión. Con esto se brindaría una mayor protección a las partes para que, en su caso, tengan elementos para asistir a los tribunales para reclamar la indemnización correspondiente.
Por otro lado, la presente iniciativa propone establecer en la ley que las instituciones de crédito tendrán prohibido otorgar o promocionar productos o servicios relativos a los cheques y otros medios de disposición que infrinjan las disposiciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y demás disposiciones aplicables. Asimismo, se les prohíbe oponerse al pago de un cheque cuando no exista una causa justificada conforme a la legislación vigente.
De realizar estas actividades prohibidas, se harán acreedoras a una sanción del 1 al 4 por ciento del importe de la operación, o en su caso no se pueda determinar el monto de la operación, la sanción será de 5 mil a 10 mil días de salario mínimo.
Por lo antes expuesto y fundado, incrementar la certeza jurídica a los libradores de beneficiarios de cheques y proteger los intereses de los usuarios de servicios financieros, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 176, 184 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y artículos 106 y 108 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito.
Diputado presidente, dado que el texto íntegro de la iniciativa se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria, le solicito su inserción al Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el señor diputado, inscríbase el texto íntegro de su presentación en el Diario de Los Debates. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Juan Huerta Montero (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El diputado Juan Huerta. Señor diputado ¿con qué objeto?
El diputado Juan Huerta Montero (desde la curul): Nada más para pedirle al diputado Lupe Vera si me permite adherirme a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Señor diputado J. Guadalupe Vera, ¿acepta usted la adhesión a su propuesta?
El diputado J. Guadalupe Vera Hernández (desde la curul): Con mucho gusto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Ha sido aceptada, por tanto puede usted pasar a la Secretaría a firmar la propuesta.
Tiene la palabra el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1399 del Código de Comercio.
El diputado Nazario Norberto Sánchez: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
En el PRD estamos convencidos de que es necesario hacer congruentes las normas jurídicas, tanto en el orden constitucional como en el orden de las leyes secundarias; es así que en el caso concreto que planteamos en el Código de Comercio, el cual fue reformado en el 2008, si bien es cierto que dicha reforma fue acertada, también lo es que todos y cada uno de los preceptos legales del ordenamiento citado deben contar con la armonía jurídica para su debida observación, por eso es que resulta necesario que se tenga la concordancia legal entre cada uno de los preceptos para su debida aplicación.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 104, fracción I, de la Carta Magna, existe una jurisdicción concurrente entre los tribunales de la federación y los tribunales locales, entre los cuales se encuentran aquellos que integran el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ya que tratándose de controversias que se susciten entre el incumplimiento y aplicación de las leyes federales que sólo afecten intereses de particulares a la elección del elector, pueden ser conocidos y resueltos por los jueces y tribunales del orden común, tanto de las entidades federativas como federales.
Por eso, advierto concretamente que, en lo que se refiere al artículo 1396 del Código de Comercio se ha omitido el deber legislativo de hacer la adecuación del enlace textual que culmine de manera correcta con la reforma del artículo 1399, ya que éste establece que dentro de los cinco días siguientes al requerimiento de pago, al embargo, y, en su caso, al emplazamiento, el demandado deberá contestar la demanda.
Como podemos observar, mientras en el artículo 1396 concede un término de ocho días para hacer el pago llano de la suma reclamada o para poner excepciones, lo que sólo procede en el acto de contestación de la demanda, el artículo 1399, que existe en el capítulo que norma el procedimiento del juicio ejecutivo mercantil, establece el término para contestar la demanda únicamente cinco días, lo que vuelve incongruente la multicitada reforma al artículo 1396.
Los artículos 1396 y 1399 del Código de Comercio presentan la incongruencia conceptual que motiva indudablemente las confusiones en la aplicación correcta, expedita y concreta de las reglas del procedimiento, toda vez que, tratándose de juicios ejecutivos mercantiles, cuyo conocimiento y resolución por virtud de la jurisdicción concurrente corresponde a los juzgados y salas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, donde es obviedad que se tendría que dejar en manos del criterio del juzgador el aplicar una u otra norma propiciando así las arbitrariedades por falta de congruencia entre los citados artículos, resultando que en la práctica quede a libre elección del juez la concesión del plazo de cinco o de ocho días para que la parte justiciable o reconvenida exhiba su contestación a la demanda, limitando o ampliando, sin razón, el ejercicio de derecho constitucional a la defensa.
Por tanto, con el objeto de que se haga una real concordancia, sin que de manera alguna se vulneren las garantías individuales, me permito poner a su consideración la presente iniciativa, a efecto de que sea reformado el artículo 1399 del Código de Comercio para que en forma expresa señale que el demandado cuenta con el término de ocho días para dar contestación a la demanda, dándole armonía legal a los artículo 1396 y 1399 del Código de Comercio. Muchas gracias, diputado presidente. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Economía.
Señores diputados, me permito informarles que nos visita un grupo de personas, alumnos y maestros de la escuela primaria Teniente Juan de la Barrera, del municipio de Ixmiquilpan, en el estado de México. Les damos la bienvenida y les enviamos un saludo.
Tiene la palabra el señor diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona un artículo 95-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El diputado Juan Carlos Natale López: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy la sociedad civil es un actor sumamente importante en la vida del país.
Hoy vivimos tiempos de diálogo y colaboración entre sociedad y gobierno, por eso debemos sumarnos a esta nueva etapa de la gobernabilidad, y trabajar intensamente junto con ustedes, con los ciudadanos responsables de las transformaciones sociales, especialmente abriendo espacios en las políticas públicas para que la sociedad civil siga las vías del desarrollo y bienestar.
Hoy más que nunca necesitamos incidir entre la sociedad civil organizada, para que se procure un bienestar y desarrollo a partir de iniciativas que garanticen y proporcionen más seguridad, más y mejores servicios públicos para una mejor calidad de vida.
La iniciativa que presento hoy, estoy seguro fomenta el desarrollo local a partir de darle un incentivo a las acciones de las comunidades que se solidarizan con sus integrantes, de modo tal que promueve un efecto multiplicador en el individuo, en su familia, en su comunidad, en la sociedad en la que todos convivimos.
Por ello proponemos que las mesas directivas de las unidades habitacionales, de las colonias, de las juntas auxiliares, de los pueblos, comunidades y barrios, que por si mismos apoyan las gestiones vecinales, puedan gozar de un incentivo fiscal para deducir los gastos que eroguen para gestionar obras o servicios públicos para atender las primeras necesidades de su comunidad.
De lo que se trata es de renovar, reconstruir y fortalecer la gestión vecinal, y al mismo tiempo de resarcir en una parte los gastos que la ciudadanía tiene que pagar para tener servicios públicos, oportunos y de calidad.
Es por esto que reconociendo los beneficios que atrae la labor continua, el trabajo solidario y comprometido de los ciudadanos al interior de sus comunidades, proponemos el establecimiento de un incentivo fiscal para aquellas personas que realizan acciones para atender las demandas vecinales, cuyo beneficio sea para la comunidad en su conjunto.
De este modo, esta iniciativa emprende el reto de establecer una política pública para reconocer y premiar los esfuerzos de los mexicanos que se solidaricen con sus comunidades y que buscan, comprometidamente, darle viabilidad a sus íntimos núcleos poblacionales.
Por tanto, proponemos que en aras de fortalecer el desarrollo local y vecinal, los propios ciudadanos puedan acceder a los bienes y servicios más indispensables a través de un mecanismo legal, consistente en que las pequeñas asociaciones de vecinos limitados en sus condiciones de infraestructura fiscal y social puedan incidir directamente en la gestión por medio de la orientación de recursos para beneficio de su propia comunidad, derivado de la deducción del impuesto del ISR, de las personas que aportan.
En el Partido Verde estamos convencidos que no debemos abandonar a estos gestores vecinales. Creemos que son un área primordial de oportunidad en tiempos de crisis y carestía. Estamos convencidos de que la gobernabilidad necesita de liderazgos de la sociedad civil y para ello necesitamos dotarle de herramientas para que se coordinen mejor, para que puedan darle continuidad a sus gestiones en beneficio de sus comunidades.
Con la presente iniciativa estamos refrendando el compromiso con nuestras funciones inalienables de gestión y mediación social como legisladores. No perdamos la posibilidad de retribuirle realmente a nuestros electores su confianza y de contribuir con México en el propósito de aminorar los efectos sistemáticos derivados por la pobreza y la marginación, más allá de subsanar políticas sociales, caracterizadas por desatinos, yerros y fracasos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Señoras y señores representantes populares; ciudadano presidente: el tema que vengo a compartir con ustedes el día de hoy es además de trascendente, añoso; ha formado parte en los debates en la historia de nuestro constitucionalismo, ha sido un tema fundamental, relevante y vengo a compartirlo con ustedes en esa ruta, no porque recientemente ni surge fecha muy reciente cuando quien detenta ?y deliberadamente utilizo ese verbo, porque detentar es de manera irregular mantenerse en un cargo al que indebidamente se llegó, como es el caso de Calderón, quien recientemente puso en la palestra este tema.
Les decía a ustedes que nuestra vida pública ha estado siempre acompañada por el tema de la reelección y de la no reelección.
Así las constituciones, en el caso del Poder Legislativo, las dos primeras del siglo XIX, la de 1812 y la de 1814, permitían la reelección de los diputados y los senadores.
Cuando se estableció la Constitución del 24, fue motivo de discusión y se aprobó que los representantes populares pudieran ser reelectos indefinidamente.
Lo mismo ocurrió con la del 36, la del 43, la del 46, la liberal del 57 y la del 17 del siglo actual, la de Querétaro.
Sin embargo después de la sucesión presidencial de 1928, que desembocó en un desenlace trágico: el asesinato de los tres aspirantes a la Presidencia de la República, el entonces recién constituido Partido Nacional Revolucionario, en el año de 1932, después de su Convención de Aguascalientes, en forma directa ese partido, sin mediación de diputado ni de senador alguno, presentó la iniciativa de reforma a la no reelección presidencial en la que por supuesto, estamos de acuerdo en su permanencia.
Pero ese partido inspirado por Elías Calles, llevó a cabo también la no reelección de diputados y de senadores de la república.
¿Esto en qué se tradujo? Esto se tradujo en la aparición del sistema PRI-gobierno, del debilitamiento del Poder Legislativo y lo más grave, el fortalecimiento exacerbado del Ejecutivo y otro vicio adicional: la distorsión, el papel de los representantes populares, diputados federales, senadores de la república, en su relación con sus electores.
A partir de entonces, la atención de los representantes populares se ha ido a otras fuentes de poder diferentes al del que los eligió, que son los ciudadanos. Y es así que la mayoría de los legisladores piensa más en atender, en obedecer y en obsequiar las peticiones y demandas de las fuentes fácticas de poder real, sea del presidente en turno, sea del gobernador correligionario del representante, los medios de comunicación, los sindicatos corporativos y otros actores de poder económico.
Por tanto, es imprescindible retomar el tema de la permisividad de la reelección en el caso del Poder Legislativo, porque ello contribuiría a la rendición verdadera de cuentas del representante a los electores, y éstos tendrían en sus manos la posibilidad del castigo o del premio cuando se buscara el refrendo de ese apoyo ciudadano. Habría un escrutinio trianual o sexenal para que la ciudadanía calificara a los que han respondido a las expectativas que en ellos centraron.
La reelección que propongo es una reelección acotada ?que por razones de tiempo no nos permite desdoblar y argumentar?, en dos ocasiones para diputados federales y en una para los senadores, y una reelección que no implicaría a los diputados de representación proporcional, que tendrían que ir por vía diferente a esa ruta y tendrían que ir por mayoría relativa.
Desde luego, la iniciativa contempla la implantación de la vacatio legis para que entre la promulgación de la ley y el inicio de su vigor tenga un periodo de manera que quienes voten la permisibilidad de la reelección no sean beneficiados; que entre en vigor una vez que haya mediado una legislatura intermedia. Muchas gracias.
Ciudadano presidente, le hago entrega y le pido que se publique íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como solicita el señor diputado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Señoras diputadas y señores diputados, esta Presidencia saluda la presencia en el salón de sesiones del doctor Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano, originario de Guerrero, quien viajó al espacio en 1985. Bienvenido, señor doctor Rodolfo Neri Vela.
Tiene la palabra el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social.
El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en México la pobreza es un problema que está lejos de ser resuelto. El número de mexicanos sumidos en esa condición sigue siendo enorme, situación inaceptable para un país que aspira a acceder a mejores niveles de desarrollo.
De acuerdo con las estimaciones de pobreza por ingresos a nivel nacional y para los ámbitos rural y urbano presentados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Inegi, con información de 2008, 50.6 millones de mexicanos se encontraron en pobreza de patrimonio pues no contaron con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades de salud, educación, alimentación, vivienda, vestido y transporte público.
Asimismo, se registró que 19.5 millones de mexicanos se encontraron en pobreza alimentaria, es decir, ciudadanos que no tuvieron ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos. De los pobres alimentarios, en 2008, 7.2 millones habitan en zonas urbanas, mientras que 12.2 millones residen en el área rural.
Si bien debemos reconocer que ha habido una mayor cobertura en la prestación de servicios básicos de educación, salud, alimentación y vivienda, particularmente en la población más pobre entre 1992 y 2008, la pobreza por ingresos sigue siendo muy elevada en nuestro país.
La realidad nos muestra que tenemos un enorme desafío por enfrentar, a efecto de sentar las bases para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria que dé la oportunidad a todos los ciudadanos para acceder al desarrollo individual y a una mejor calidad de vida.
Aunado a lo anterior, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el mundo, alrededor de 200 millones de niños menores de cinco años sufren de afecciones del crecimiento debido a la desnutrición, y lo más preocupante es que en México, en materia de desnutrición infantil, ocupa el penúltimo lugar de una lista de 24 países con 1 millón 594 mil casos.
Es importante señalar que una inadecuada alimentación en los más pequeños provoca deficiencias físicas para toda la vida, afecta la capacidad cognitiva, reduce las habilidades de aprendizaje y, en consecuencia, merma sus oportunidades de desarrollo individual.
La pobreza es una más que lastima a la sociedad en general, pero es a sus sectores más vulnerables a los que más daña. Son los niños y niñas quienes sufren con mayor crudeza esos efectos.
Es obligación del Estado mexicano el combate a la pobreza, garantizar la protección de los grupos más vulnerables y asegurar la asistencia social, y la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social tiene ese objetivo.
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es ineludible legislar para lograr, que en la entrega de los beneficios que contienen los programas sociales, se le dé prioridad a las niñas, niños y adolescentes, y en especial a aquellos que se encuentran en situación de riesgo o vulnerabilidad.
Entendiéndose como tal, aquellas personas que padezcan desnutrición, de cualquier tipo de discapacidad, abandono o que sufran cualquier tipo de explotación, maltrato o que pertenezcan a una familia cuyos padres vivan en extrema pobreza o padezcan enfermedades terminales.
Asimismo, comprende a las mujeres en estado de gestación o lactancia, a las madres solteras y a las desempleadas, a las indígenas migrantes, a los desplazados o en situación vulnerable, a los adultos mayores o en situación de desamparo, incapacidad, marginación, y en general a las personas que padezcan algún tipo de discapacidad con necesidades especiales.
Si queremos lograr un verdadero desarrollo social para el país, urge aplicar políticas públicas dirigidas a niños y jóvenes dentro de las que se deben contemplar una mayor cobertura educativa y una mayor apertura a la concesión de becas, y también se debe facilitar la efectiva inserción laboral de la mano de obra femenil, tanto urbana como rural, privilegiando a las madres solteras con la finalidad de que no se siga perpetuando el círculo vicioso de la pobreza.
Instrumentos como el Seguro Popular resultan insuficientes, pues en amplias zonas se continúa negando el acceso a los servicios de salud a millones de mexicanos. Es evidente, que ante la magnitud de los retos el combate a la pobreza es necesario fortalecer la aplicación de los programas sociales en materia de salud, educación, seguridad social, alimentación y generación de empleo.
Por tanto, en Nueva Alianza estamos conscientes de esta situación y por ello proponemos que se someta a consideración de esta asamblea la presente Iniciativa
Que son prioritarios y de interés público los programas de educación, salud y seguridad social, y que tendrán prioridad en su acceso las niñas, niños y adolescentes, y en especial, aquellos que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad.
Asignar mayores recursos para elevar los índices de bienestar de la población en los rubros deficitarios.
Por último, la distribución de los Fondos de Aportaciones Federales, y en los ramos generales relativos a los programas sociales se hará con base en los criterios de equidad y transparencia y de acuerdo con los lineamientos que establezca el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) y el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), sobre la definición, identificación y medición de la pobreza.
Señor presidente, le solicito que el texto íntegro quede inscrito en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tal como lo solicita el diputado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.
Nos visitan en este recinto alumnos de la licenciatura de contaduría y administración de la Universidad Centro de Estudios Superiores de Guerrero.
Igualmente vecinos de Tlanepantla, en el estado de México. Así como presidentes municipales de la región de Villa Alta del estado de Oaxaca. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Edgardo Melhem Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
El diputado Edgardo Melhem Salinas: Con su permiso, señor presidente. Cada vez son más las voces de los diferentes segmentos de la población acerca de una necesaria reforma eléctrica en nuestro país; necesitamos que se modernice y emplee nuevos parámetros para que las tarifas conjuguen la necesidad de la población usuaria, su carácter social y su impacto productivo, despojándolas de un sentido recaudatorio.
Tales son las razones por las cuales los diputados tamaulipecos creemos que ha llegado el momento de hacer las reformas; de continuar con la lucha que diputadas y diputados de Legislaturas anteriores han sostenido desde hace varios años, buscando beneficiar a nuestros representados con una baja en el costo de las tarifas eléctricas y del gas.
En esta época de la peor crisis económica de nuestro país no se debe desestimar nuestra solicitud de legislar en esta materia, dadas las deficiencias de la regulación existente.
Ocupamos el último lugar de 42 países estudiados y manejamos 36 tarifas diferentes, siendo las nuestras de las más altas. A pesar de ser uno de los mayores productores de Centroamérica, aún no conocemos exactamente el costo de kilowatt/hora hacia el consumidor final, de acuerdo a las diferentes regiones del país.
En Argentina el costo del kilowatt/hora promedio es de 80 centavos de peso mexicano. En Canadá es de un peso con 6 centavos. En Estados Unidos es de 75 centavos de peso. En cambio, en México tenemos precios del kilowatt/hora que van desde 1.40, la más económica que se supone subsidiada para la pobreza, hasta costos de 4.58 pesos por kilowatt/hora en tarifas de alto consumo. Aun con esto se presume en los spot publicitarios que tenemos una empresa de clase mundial.
La iniciativa que hoy presento ante esta soberanía tiene por objeto proponer una nueva forma de fijar las tarifas de la energía eléctrica. Ello atiende a que las condiciones actuales de la economía del país hacen necesarias reformas para contribuir a mejorar la situación económica de las familias mexicanas y para impulsar el sector productivo.
Como propósitos esenciales tiene: primero, evitar la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que al fijar las tarifas a menudo lo hace con criterio recaudatorio y dejar esta responsabilidad al órgano técnico especializado que es la Comisión Nacional Reguladora de Energía.
Segundo. Proponer nuevas formas de fijar las tarifas de energía para uso doméstico, mediante el uso de parámetros más acordes con la realidad actual que reconocen el impacto del cambio climático.
Tercero. Fijar reglas claras y transparentes, que expliquen con plazos de respuesta y resultados bien definidos la manera como se establecen las tarifas.
Que cuando en un ayuntamiento o un estado las organizaciones civiles soliciten una reclasificación de tarifa, la autoridad competente tenga máximo 180 días para responder positiva o negativamente a la solicitud. Hay municipios que tienen cinco años haciendo trámites administrativos ante las autoridades de Hacienda, de la CFE y de la CNA, y no tienen respuesta ni positiva ni negativa.
Hasta la fecha es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la que corresponde, conforme a la Ley del Servicio Público de Energía, el ajuste o reestructuración de las tarifas. Esta iniciativa propone que la Comisión Reguladora de Energía sea quien determine las tarifas, manteniéndolas siempre en los niveles más bajos que sea posible dentro de la norma oficial mexicana correspondiente, y tomando en cuenta los factores como nivel de consumo, temperatura, humedad y clase de servicio; doméstico, industrial o de riego.
Los diputados federales de Tamaulipas pretendemos proponer tarifas socialmente justas en los lugares donde mayormente se requieren dadas las altas temperaturas que se presentan en climas extremosos. Por ello, pedimos a ustedes, diputadas y diputados, su solidaridad para que de una buena vez legislemos en el tema específico de la reforma eléctrica de nuestro país como uno de los temas de la mayor relevancia e impacto para detonar la economía nacional y para hacerla más competitiva; particularmente para procurar mejores condiciones de vida para todos los mexicanos.
Es tiempo de que superemos exhortos y puntos de acuerdo en este tema, que hasta el momento han tenido poca efectividad y nula respuesta de la autoridad federal correspondiente. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Adelante, señor diputado. ¿Con qué objeto?
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Para adherirnos, si es tan amable.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Si no tiene inconveniente el proponente, para que firmen la adhesión los señores diputados. Pueden pasar a la Secretaría todos aquellos diputados que acepten adherirse a la propuesta del diputado Edgardo Melhem Salinas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Energía.
Tiene la palabra el diputado Ignacio Téllez González, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
El diputado Ignacio Téllez González: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados. Iniciativa con proyecto de decreto de reforma del artículo 6o. de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Durante el 2008 los bancos que operan en México tuvieron ingresos por comisiones netas por un total de 65.6 miles de millones de pesos, representando este concepto la segunda fuente de ingresos, sólo después del margen financiero.
Estos ingresos por comisiones se originan por los servicios que los clientes obtienen en las ventanillas, cajeros automáticos, banca por Internet o teléfono, y servicios en establecimientos que les brindan los bancos, por citar algunos ejemplos.
Las comisiones incluyen conceptos tan variados que van desde por consulta de saldo o retiros en efectivo, emisiones de plásticos, comisiones por no usar la tarjeta de crédito, entre muchas otras más.
El cobro de comisiones es fundamental para la banca múltiple pues a través de estos ingresos se cubren parte de sus gestiones administrativas y sus gastos operativos en la banca; sin embargo, muchas de esas comisiones representan un costo muy alto para los usuarios de los servicios financieros, en particular para los clientes que tienen ingresos muy bajos.
Esta situación se origina particularmente cuando los clientes se enfrentan a comisiones elevadas o aquellas que son cobradas por un servicio que no fue prestado, lo que afecta negativamente el patrimonio del usuario de servicios financieros.
Pongo el ejemplo muy claro de un servidor, que nunca recibió una tarjeta, pero sí el cobro por la misma. Nunca utilicé esa tarjeta, pero sí el cobro por la misma y no se vale.
Ante esto, en el mes de junio de 2007 se expidió la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para evaluar las comisiones bancarias, obligando a las entidades financieras a registrar las comisiones que apliquen sus incrementos ante el Banco de México o ante la Comisión Nacional Bancaria para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), según corresponda.
Tanto el Banco de México como Condusef se encuentran facultados para emitir observaciones a la aplicación de los incrementos de las comisiones. A través de este mecanismo se inhibe algún incremento injustificado de comisiones; sin embargo, se ha demostrado que no es suficiente para frenar los abusos por parte de las entidades financieras en esta materia. De ahí que es preciso fortalecer las disposiciones que regulan las comisiones para evitar que los usuarios de servicios financieros paguen costos más altos que erosionan su patrimonio.
En este sentido, en la presente iniciativa se pretende que se registre ante el Banco de México o la Condusef, según corresponda, la totalidad de las comisiones que se cobran al cliente por las operaciones activas, pasivas y de servicio. Asimismo se incorpora una adición para que además de contar con la facultad de observar los incrementos de comisiones, también sea posible la observación de las nuevas comisiones.
Y ojo, señores, en caso de que exista una comisión vigente que afecte el sano desarrollo del sistema financiero, inhiba la competencia o refleje las condiciones de mercado, se prohíba su aplicación y, en su caso, se obligue a quien cobró la comisión a que devuelva al cliente el importe de las comisiones aplicadas indebidamente.
De ahí que propongo también señalar en la ley una serie de principios a los que deberán sujetarse las comisiones. Éstas deben ser claras y transparentes, buscando con esto que el cliente tenga la información sobre los conceptos y condiciones bajo los cuales se genera la comisión.
Asimismo, las comisiones únicamente serán aplicables a los servicios que el cliente solicite y contra la prestación de éstos. Es decir, las instituciones no podrán cobrar una comisión por un servicio que el cliente no haya solicitado; tampoco podrán cobrar las comisiones por anticipado. De la misma manera propongo que ninguna comisión pueda ser cobrada si ésa no es comunicada al cliente antes de consumarse la operación, para efectos de que el cliente tenga la oportunidad de elegir si la realiza o no.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente
Iniciativa
Artículo único. Se reforma el artículo 6 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para quedar como sigue:
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. "Las instituciones de crédito, sociedades financieras de los objetos limitados y las sociedades financieras de objetos múltiples reguladas deberán registrar ante el Banco de México las comisiones que cobran a los clientes por la realización de las operaciones activas, pasivas o de servicios, así como sus respectivas modificaciones. Dicho registro se realizará con al menos 30 días naturales de anticipación para su entrada en vigor para las nuevas comisiones, cuando aplique un incremento.
"El Banco de México tendrá la facultad de formular observaciones a las aplicaciones de nuevas comisiones o cuando las vigentes impliquen un incremento dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquél en que las citadas entidades financieras lo hagan de su conocimiento. Antes de ejercer la citada facultad el Banco de México escuchará a la entidad de que se trate.
"El Banco de México hará públicas las observaciones que en su caso formule, conforme a este párrafo. Y de no existir observaciones, las comisiones entrarán en vigor.
Cuando el Banco de México determine que una comisión afecta el sano desarrollo del sistema financiero, inhibe la competencia o no refleja las condiciones del mercado, podrá prohibir que se continúe aplicando y, en su caso, ordenar la devolución al cliente del importe de las comisiones aplicadas.
"Las comisiones que se cobren a los clientes, entre otros, deberán ser:
a) Claras y transparentes;
b) Aplicables a los servicios solicitados por los clientes y contra las prestaciones de éstos;
c) Comunicadas a los clientes con anticipación y a la consumación de la operación, y
d) Un monto fijo, no un porcentaje sobre la transacción."
Concluyo, señor presidente. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Gumercindo Castellanos Flores (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Adelante, diputado Castellanos.
El diputado Gumercindo Castellanos Flores (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente para pedirle al ponente de la iniciativa anterior, si me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Si el diputado Téllez no tiene inconveniente.
El diputado Ignacio Téllez González (desde curul): No.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No lo tiene. Adelante, señor diputado Castellanos, puede usted pasar a firmar la iniciativa. Adelante diputado Escobar García.
El diputado Herón Agustín Escobar García: En honor a los trabajadores del SME, por su lucha que libran, provocada por el fascista Javier Lozano Alarcón. Con la venia de la Presidencia; compañeras diputadas y compañeros diputados. México cuenta con un gran número de trabajadores con jornadas de más de 48 horas a la semana en condiciones de suma presión e incluso de hostigamiento, contexto muy recurrente en las diferentes áreas del trabajo de nuestro país, además, de no ser normado por la Organización Internacional del Trabajo.
La situación de vulnerabilidad por la que atraviesa la sociedad trabajadora es preocupante, puesto que siguen siendo transgredidos sus derechos laborales bajo la premisa de salvaguardar los intereses de los empresarios capitalistas. Generalmente antes de que sean sancionados los malos tratos y las injusticias laborales cometidas por los empresarios de nuestro país, los trabajadores son despedidos o mortificados en sus propios centros de trabajo.
Irónicamente esto es una realidad, ya que día con día somos testigos de las quejas y maltratos que sufren los trabajadores por parte de los dueños de las empresas; quejas que tienen que ver con la violación de sus contratos de trabajo, incluyen la falta de pago de prestaciones, imposición de jornadas excesivas de trabajo. Así notamos que ante cierto límite de presión sufren enfermedades físicas y emocionales.
La perspectiva más común para describir las relaciones en el mundo y el ambiente psicológico laboral y la salud de los trabajadores, se ha caracterizado precisamente a través del concepto del estrés, trato para los países en desarrollo como en las naciones industrializadas.
En los dos casos, el medio ambiente de trabajo y en el estilo de vida del propio trabajador, provocan factores psicológicos y sociales negativos. Por ello la importancia de atender estos graves problemas desde el punto de vista legislativo.
De tal modo, tales esfuerzos deben atender tanto los aspectos fisiológicos y psicológicos de las personas trabajadoras, como también los efectos de los modos de producción y sus relaciones laborales. El estrés, como consecuencia, la depresión son enfermedades originadas por las constantes presiones ejercidas hacia los trabajadores por parte de sus patrones.
En ese sentido, las características del trabajo que en las empresas pueden desencadenar estrés son: las habilidades, intensidades del ritmo de trabajo, la inseguridad acerca de la temporabilidad del trabajo, bajos salarios y actividades no concordantes con la capacidad del trabajador.
Por tanto, siguiendo estos argumentos, el estrés sufrido por los trabajadores al interior de sus actividades laborales son doblemente riesgosas debido a que no sólo se obtiene la enfermedad, sino que también una incertidumbre por no conseguir curación definitiva, por mantener esclavizados a los trabajadores en sus lugares de trabajo.
Clínicamente se ha comprobado que el estrés puede desencadenar una depresión, misma que afecta a un millón de personas en nuestro país, ocupando el 4o lugar en la nación.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy en día la población en general es propensa adquirir alguna enfermedad ocasionada por el estrés; sin embargo, las consecuencias pueden llegar a ser incluso fatales si no se atiende a tiempo este problema de salud a nivel nacional.
No podemos pasar por alto que a pesar de que la medicina en nuestro país ya tiene opciones que controlan estos males, aún no se han considerado las medidas necesarias para evitar la aparición de ésta.
No obstante conocer lo demasiado caro que es la instrumentación, la medicina y las terapias utilizadas en las tareas de curación de la ansiedad, de depresión, de estrés, de angustia y desesperación, no podemos soslayar la posibilidad de implementar programas para evitarla y erradicarla.
Las actuales tendencias en la promoción de la seguridad de higiene en el trabajo deben incluir no solamente los riesgos físicos, químicos, biológicos y ambientales de los centros laborales, sino también los múltiples y diversos factores psicosociales inherente a la empresa y en la manera como influye en el bienestar físico y mental del trabajador.
Ante esto, por un lado, lo ideal es crear en los centros de trabajo espacios de atención terapéutica que sirvan, tanto para brindar orientación y apoyo psicológico al trabajador compara conseguir aquellos elementos y eliminarnos para que la empresa ya no existan.
Por otra parte, para la atención clínica de los trabajadores es indispensable crear las condiciones legales que lo protejan considerando que para el tratamiento de una enfermedad relacionada con el estrés se prescribe un tratamiento acompañado de descanso; de éste en particular, entre muchas otras prescripciones, es en el que debemos trabajar para regularizarlo.
Debemos también pensar que si existe un equilibrio entre las condiciones de trabajo y el factor humano, sin duda alguna el trabajo armónico influirá positivamente en el trabajador, en su desarrollo profesional, personal y social.
Por tanto, entonces debemos tratar de potenciar todos los efectos positivos que se relacionen con el trabajo, para así poder incidir en la salud del trabajador y controlar aquellos esquemas de salud que puedan ser negativos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra el diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario de PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación. Adelante, diputado.
El diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros.
Los que suscriben, diputados federales del PRI, de Guerrero, Fermín Alvarado y Sofío Ramírez, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con la que pretendemos adicionar la fracción XVI al artículo 7o. de la Ley General de Educación, conforme a la siguiente
Exposición de motivos
México es hoy un país con vocación, riqueza y diversidad de atractivos turísticos. En el turismo tenemos una de las grandes alternativas para el desarrollo de nuestro país. El turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos del mundo actual.
En el turismo tenemos una de las grandes alternativas para el desarrollo de nuestro país, por su nivel de inversión, por su participación en el empleo, por su aportación en las divisas, por su contribución al desarrollo regional.
El turismo aporta alrededor de 11 por ciento de la producción mundial, genera 1 de cada 11 empleos, aporta más de 8 por ciento del PIB, contribuye con más de 9 por ciento de los empleos directos e indirectos.
En el marco del desarrollo turístico que ha tenido nuestro país, el término de cultura turística es relativamente reciente. Es en 1992 cuando se realizan los primeros análisis sobre la necesidad de incorporar este concepto a esta actividad e industria.
La cultura turística tiene su fundamento desde la perspectiva del desarrollo sustentable, concebido como la adecuada administración de los recursos naturales, financieros y humanos, de manera que se logre la mayor satisfacción del visitante y el mayor beneficio para la comunidad.
La cultura turística debe ser considerada dentro del contenido del artículo 7o. de la Ley General de Educación, como un fin educativo que permita la participación de las niñas y los niños en el turismo, que se difundan en el ámbito escolar conocimientos y valores que generen actitudes que se manifiesten en una mejor comprensión del turismo, que compartan principios éticos, que motiven a brindar calidez, compromiso, constancia, orgullo y respeto al turista nacional y extranjero.
Si el trato que brinda nuestra gente al turismo se torna más favorable tendremos como resultado propiciar mayores corrientes de visitantes; si educamos a nuestras niñas y a nuestros niños a favor de una cultura turística de calidad reconocerán la importancia que tiene el turismo para el desarrollo de su localidad y nuestro país por un desarrollo sustentable.
El panorama general de nuestro país enfrenta una crisis económica importante. La actividad turística será un detonante para la generación de empleos, a efecto de superar las condiciones actuales que impiden nuestro desarrollo y nuestro crecimiento.
Por ello es importante que a través del sistema de educación pública pongamos énfasis en la cultura y en el aprendizaje de los educandos mexicanos en materia de turismo.
Ante una competencia cada vez más agresiva y numerosa entre destinos, que nos viene desplazando del lugar séptimo al lugar décimo, la mejor alternativa para los visitantes es, desde luego, lo que hace la diferencia: la calidad de la atención recibida.
Preparar a los ciudadanos desde temprana edad para este fin debe ser un compromiso, porque la cultura turística forjará nuevos destinos, porque el turismo genera divisas, porque el turismo es una fuente generadora de empleos, porque el turismo nos beneficia a todos. Eduquemos para contribuir al fortalecimiento del turismo.
Por todo lo anterior sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVI al artículo 7o. de la Ley General de Educación.
Fracción XVI: "Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la cultura turística de la nación y la práctica de actitudes solidarias, de cortesía, amabilidad y de respeto hacia el turismo nacional y extranjero". Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Señoras diputadas y señores diputados, me permito informarles que nos visitan maestros y alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana, invitados por el diputado Carlos Flores Rico y ciudadanos de Villa Nicolás Romero, del estado de México, invitados por la diputada Elvia Hernández García.
Tiene la palabra la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 366 Ter, del Código Penal Federal.
La diputada María Joann Novoa Mossberger: Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas y compañeros diputados, presento ante esta tribuna reformas y adiciones al Código Penal Federal.
El tráfico de menores se ha convertido en una práctica agresiva que vulnera de forma por demás cruel la seguridad y la tranquilidad de las familias, al ser víctimas de esta aterradora conducta.
El tráfico de menores es un problema con características globales, llegando a detectarse redes de organizaciones delictivas que promueven este delito en países asiáticos, europeos y desde luego, en los Estados Unidos de América y México.
Ante tal situación, en la última década se han adoptado medidas legislativas que tienen la finalidad de combatir el tráfico de menores.
Fue así como en el año de 1991 el gobierno mexicano suscribió la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de los Menores.
Asimismo, pese a que este tipo de conductas delictivas son predominantes del fuero común, en el orden federal se reformó el Código Penal Federal, en el que se incluyen como conductas típicas el secuestro y tráfico de menores, reformas que fueron insertadas en los artículos 85, 366 Bis y 366 Ter.
En este último se tipifica con precisión el delito de tráfico de menores en el acto de trasladar a un menor de 16 años de edad o entregarlo a un tercero de manera ilícita fuera del territorio nacional con el propósito de obtener un beneficio económico, estableciéndose una pena de 3 a 10 años de prisión e incluyendo como sujetos activos a los que ejerzan la patria potestad, a los ascendientes sin límite de grado, así como a cualquier tercero que no tenga parentesco con el menor.
Se propone establecer en el Código Penal Federal sanciones ejemplares y enérgicas que contribuyan a prevenir la conducta delictiva en comento y además a castigar con mayor rigor a los médicos y enfermeras que participen en la comisión de esta despreciable actividad, pues éstos, aprovechándose de su empleo, cargo o comisión, el cual les facilita el contacto con niños y niñas, los sustraen con el objeto de entregarlos a personas ajenas a sus padres, en la mayoría de los casos en búsqueda de un beneficio económico, lesionando gravemente a las familias y a la sociedad mexicana.
Por todo ello, se propone reformar el párrafo primero del artículo 366 Ter del Código Penal Federal a fin de que se sancione la sustracción del menor sin causa justificada de la custodia o guarda de quien legítimamente la tenga. Además, se propone insertar dos párrafos al mismo precepto legal, cuyo objetivo sea el de aumentar la sanción prevista en una mitad, cuando la sustracción, traslado o entrega del menor sea realizada por médicos o enfermeras o en general, personal que labore en hospitales públicos o privados. Asimismo, los citados profesionistas que en el ejercicio de su profesión cometan este ilícito se les sancionará con la prohibición de ejercerla.
Por todo lo expuesto, con el afán de otorgar una mayor protección a las familias y a los menores de edad víctimas del delito de tráfico de menores, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Único. Se reforma el artículo 366 Ter del Código Penal Federal en su párrafo primero y fracción I, adicionándose un quinto y sexto párrafos para quedar como sigue:
Artículo 366 Ter. Comete el delito de tráfico de menores quien sustraiga, traslade a un menor de 16 años de edad o lo entregue a un tercero de manera ilícita fuera del territorio nacional con el propósito de obtener un beneficio económico indebido por la sustracción, el traslado o la entrega del menor.
Cometen el delito al que se refiere el párrafo anterior:
I. Quienes ejerzan la patria potestad o custodia sobre el menor, aunque no haya sido declarada cuando realicen materialmente la sustracción, el traslado o la entrega, por haber otorgado su consentimiento para ello.
II y III?
...
...
...
Cuando en la sustracción, traslado o entrega del menor participen médicos, enfermeras o personal que preste sus servicios en hospitales públicos o privados se aumentará en una mitad a las personas a las que se refiere este artículo.
Asimismo, se impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión y suspensión en el ejercicio de la profesión por el tiempo que dure la pena de prisión. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Tiene la palabra el señor diputado Héctor Fernández Aguirre para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Héctor Fernández Aguirre: Con su permiso, señor presidente. Honorables compañeras legisladoras y compañeros legisladores: los diputados de Coahuila, en voz de su servidor presentamos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
El Presupuesto de Egresos de la Federación en forma anual es propuesto por el Ejecutivo federal y corresponde a la Cámara de Diputados redefinir su distribución y, en su caso, su aprobación.
Como todos sabemos, el presupuesto destinado al campo es de vital importancia para cualquier nación, tan es así que los países desarrollados, reconociendo la importancia del sector agropecuario en sus economías, destinan grandes cantidades de recursos para estimular su sector primario.
El campo mexicano, en contraste, vive un eterno divorcio con las leyes del mercado y las políticas públicas en donde vemos que el presupuesto destinado a este sector no corresponde a la importancia que éste tiene en la economía y en el desarrollo nacional.
El presupuesto del Programa Especial Concurrente ha crecido en los últimos años; sin embargo, quiero resaltar que dicho incremento ha sido gracias a la Cámara de Diputados quien ha hecho uso de sus facultades y ha respondido a las organizaciones de campesinos que cada año presentan sus propuestas de incremento; ha reconocido la importancia del sector rural y ha incrementado más allá de la inflación el presupuesto al Programa Especial Concurrente.
Hoy, uno de los sectores más afectados de nuestra economía es, sin duda alguna, el agropecuario, que a diferencia de otros sectores presenta desde hace varios años una crisis permanente.
Hoy más que nunca se hace necesario reconsiderar el rezago económico, político, social y ambiental en que vive el campo, con sus más de 25 millones de mexicanos, y aprobar un presupuesto acorde a sus necesidades.
Asimismo, deseo comentar que el presupuesto destinado al campo adolece de una planeación adecuada, lo que provoca incertidumbre en los productores, y no permite la elaboración de planes de trabajo con visión de mediano y largo plazo en la producción agropecuaria.
Por tal motivo, cada año se debe cabildear el presupuesto, cada año hay incertidumbre para saber si los programas seguirán, y también cada año en esta soberanía se discute el monto de los recursos destinados a incluirse en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Compañeros, los productores rurales, como los de cualquier otro sector de nuestra economía, requieren de la certidumbre de los recursos para los programas de apoyo a sus diversas ramas de producción, y no estar sujetos a los vaivenes propios de la economía o de las decisiones del Ejecutivo federal en turno.
Señoras legisladoras y señores legisladores, la adición que proponemos, además de dar certidumbre a los productores agropecuarios, permitirá una mejor planeación de sus actividades, lo cual constituye un avance sin precedentes en materia presupuestaria agropecuaria para el campo mexicano.
Esto, sin duda, permitirá partir de una base presupuestal definida en esta ley, otorgando un mayor margen de negociación en el proceso de aprobación del presupuesto para cada ejercicio fiscal.
Cabe señalar que la adición que proponemos ya la incluye otra legislación vigente para un sector diferente al agropecuario, por lo que consideramos que dicha adición resulta, además de procedente, necesaria y trascendental.
Por todo lo anterior expuesto y fundado, acudo a esta tribuna para presentar la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto.
En resumen, la propuesta de acción que presentamos consiste en que el presupuesto del Programa Especial Concurrente no podrá ser inferior en términos reales al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevé el crecimiento del producto interno bruto, en los criterios generales de política económica.
Señor presidente, le pido sea insertada íntegramente en el Diario de Debates la versión de esta iniciativa publicada hoy en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el diputado Fernández Aguirre, insértese el texto íntegro de su presentación en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural.
Tiene la palabra la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
No estando la diputada en el salón de sesiones, se da turno a su iniciativa a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Justicia.
Tiene la palabra el señor diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
No estando en el salón de sesiones, túrnese la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Tiene la palabra la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 101 del Código Penal Federal.
La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes: Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados: la iniciativa que presento a nombre propio y de los diputados federales del grupo de Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, tiene por objeto fortalecer la capacidad de las autoridades ministeriales y judiciales del país, para enfrentar dos de los delitos que afectan con mayor gravedad a la sociedad mexicana. El secuestro y el tráfico de menores.
Se trata en esta ocasión no de aumentar las penas o de elevar aún más la gravedad de estos delitos que ya consigna el Código Penal Federal. Se trata de establecer una disposición complementaria para evitar el último resquicio de impunidad que pudiera darse en los casos de secuestro y robo de menores, el de la prescripción.
Propongo a esta soberanía que en el caso de estos delitos previstos en los numerales 366, 366 Bis, 366 Ter, 366 Quáter del mencionado Código, no opere la prescripción.
Esta medida deberá ser un elemento disuasivo. Los delincuentes que pretenden someter a una familia a la tragedia psicológica de arrebatarle a uno de sus seres queridos, ya sea para el tráfico de personas, la venta ilegal de órganos o para privarlo de la libertad para exigir un rescate en efectivo, deberán saber que no sólo deben enfrentar la acción del Estado que considere este ilícito como grave y con penalidades que equivalen, muchas veces, a permanecer el resto de su existencia en la cárcel, sino que, además, a partir de ahora no habrá impunidad con el paso del tiempo.
El delito no prescribe y las imputaciones perduran aún cuando hayan transcurrido 10 o 20 años después de que se hayan cometido.
En la exposición de motivos de este proyecto que pido a la Presidencia se inserte íntegro en el Diario de los Debates, expresamos claramente nuestra preocupación porque en el caso de los secuestradores, dada la forma en que actúan en la comisión del delito, sin ningún tipo de respeto por la vida y dignidad de la persona humana, el ilícito resulta altamente dañino para la cohesión social, porque amenazan y torturan psicológicamente a las familias, sin remordimiento de las consecuencias ocasionadas para las víctimas, familiares y las personas cercanas.
En otras palabras, el secuestro es uno de los delitos más graves que afronta hoy en día nuestra sociedad, y con un elevado grado de afectación al bien jurídico tutelado por la ley, que en ciertos casos, no pocos desafortunadamente, es la propia vida del secuestrado.
Tanto en este caso como en el del tráfico de menores, las afectaciones van mucho más allá del eventual daño patrimonial que los delincuentes causan a las familias; en muchas ocasiones los hogares quedan destruidos, los vínculos familiares desechos.
La convivencia social y en la comunidad es afectada, tanto por la secuela de los propios secuestros o por el robo de menores, como por la amenaza latente de que ocurran nuevos delitos en contra de familias que pierden por completo el sentido del porvenir, por la acción de un grupo de delincuentes que reducen la dignidad personal y la de la familia a un simple monto económico, que nada tiene que ver con el daño social que provocan estos crímenes.
Estoy convencida, señoras y señores legisladores, que ustedes serán especialmente sensibles a la aprobación y la importancia de esta iniciativa. Todos nosotros estamos comprometidos a legislar para coadyuvar y elevar los niveles de seguridad pública en el país y combatir a la delincuencia y al crimen organizado.
Esta medida contribuye definitivamente a conseguir ese objetivo y pido a todos ustedes que podamos analizar y votar lo antes posible esta iniciativa, para que brindemos a las instituciones de procuración de justicia este nuevo elemento que le permita perseguir con mayor eficacia los delitos de secuestro y el tráfico de menores, por el bien de la sociedad mexicana a la que todos representamos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muchas gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Propiedad Industrial.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy vengo a esta tribuna con un tema muy importante, un tema importante para todos, como lo es el mal llamado delito de piratería.
El delito de producción, distribución y venta ilegal de artículos protegidos por la ley, mejor conocido como piratería, presenta un crecimiento y evolución preocupantes para la seguridad pública y para la economía de México, pues sus efectos negativos implican a diversos sectores de la sociedad.
Este delito es sin lugar a dudas una de las afrontas más persistentes a la seguridad pública en México, por tal motivo se encuentra dentro de las actividades sancionadas de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y se considera delito grave en la Ley de Propiedad Industrial.
Es tal el crecimiento de la piratería, que sus ganancias representan casi el doble de lo que produce el narcotráfico en México, pues alcanza la cifra aproximada de 75 mil millones de dólares, tan sólo en este año.
La piratería ha evolucionado utilizando sofisticados procesos de producción y venta, gracias a que la actual legislación en la materia no permite a las autoridades ministeriales actuar en una forma inmediata, ya que su actuación está condicionada a que se presente una querella, lo cual en la práctica conlleva a que los productores y distribuidores de artículos apócrifos evaden la justicia con relativa facilidad.
Las redes de piratería cuentan con vínculos con traficantes y contrabandistas extranjeros, sobre todo de Asia, que en contubernio con algunas autoridades aduanales, permiten el acceso de infinidad de artículos falsificados. Además muchas de las personas dedicadas a la piratería son protegidas por grupos de delincuencia organizada.
La piratería conforma la mayor parte del mercado informal, el cual representa un tercio de la economía nacional, que no paga impuestos y pone en predicamentos a los comerciantes y empresarios legalmente establecidos, generándoles pérdidas cuantiosas y por ende provocando el despido de muchos de los trabajadores.
Es por ello que esta iniciativa propone modificar y adecuar el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley de Propiedad Industrial, con el objeto de introducir los delitos en materia de derechos de autor y propiedad industrial, y perseguir de oficio el delito de producción, distribución y venta ilegal de artículos protegidos por la ley.
El motivo de estos cambios radica en que es necesario modificar la legislación para castigar las nuevas modalidades de piratería pero, sobre todo, a que en la práctica resulta improcedente combatir este delito persiguiéndolo por querella pues los procedimientos con los que actúan los delincuentes y las nuevas tecnologías dificultan el funcionamiento de las autoridades.
Sin embargo, el motivo fundamental por el que se necesita un cambio para perseguir de oficio la piratería radica en que las autoridades del Ministerio Públicos se ven limitadas por el requisito de procedibilidad de la querella, lo cual limita la posibilidad de actuar ante la flagrancia de los hechos.
Es necesario diseñar los mecanismos jurídicos pertinentes para eliminar los delitos que diariamente se producen contra los derechos de autor, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, la evasión de impuestos, el contrabando y los demás que se vinculan.
La piratería afecta bienes jurídicos suprapersonales a la sociedad en general; incluso al estado de derecho, pues es un delito promotor del crimen organizado y, además, impulsa el mercado informal.
Muchos países ya han implementado medidas similares a las aquí presentadas. De hecho varios Estados de la Unión Europea ya poseen leyes específicas antipiratería, porque es considerado un delito grave que atenta contra todos aquellos que realizan una innovación o aportación intelectual al mercado.
Es importante, compañeras diputadas y compañeros diputados. El día de hoy está publicado ya en la Gaceta Parlamentaria. Por motivo del tiempo que se nos da para la presentación de la iniciativa, no me es posible leerla en su totalidad, pero quienes estén interesados, es importante que sepan que reformamos artículos fundamentales en el Código Penal Federal, en el Código Federal de Procedimientos Penales y en la Ley de la Propiedad Industrial; y que estamos agregando también lo que es el software, libros, ropa, calzado, medicamentos, lentes, vinos, licores, juguetes, perfumes, medicinas o cualquier otro producto protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial.
Diputado presidente, agradezco mucho su atención. Les agradezco, compañeras y compañeros diputados. Espero que esta intervención se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, insértese el texto íntegro de su presentación en el Diario de los Debates. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Economía.
Tiene la palabra la diputada Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación.
La diputada Paz Gutiérrez Cortina: Con su venia, señor presidente. Distinguidos diputados y diputadas, la propuesta que nos ocupa versa sobre una de las actividades humanas de mayor relevancia, como lo es la educación. Es a través de la educación, valor insustituible cuya razón de ser es el mejoramiento de la persona desde donde se deberá dotar a cada individuo de competencias, habilidades y saberes prácticos que le permitan modificar sus estilos de vida para enfrentar eventos significativos de manera adecuada.
De lo anterior se deduce que la delincuencia que amenaza al país constituye un grave problema de inobservancia y falta de respeto a las leyes que nos rigen, que requiere para su solución una atención integral no sólo desde la óptica del castigo de aquellos infractores de la ley, sino acaso más importante, desde la perspectiva de prevención que puede ofrecer el sistema educativo nacional.
Al respecto, la fracción VIII del artículo 3o. constitucional, en relación con el artículo 73 de la norma fundamental, facultan al Congreso de la Unión para expedir las disposiciones legales necesarias que ordenen la importante función social de la educación.
Ante tales facultades que tenemos en el Congreso en materia educativa y tomando en consideración el grave problema de seguridad pública por el aumento de estas diversas conductas delictivas, que cada vez resulta más frecuente su comisión por menores de edad, se hace necesario expresar como un fin educativo la prevención del delito, con el objeto de salvaguardar el armónico desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Para ello, debemos expresar que la importante función social de la educación se inicia en el hogar. El hogar es pieza clave para acabar con la delincuencia e inseguridad pública que lacera y menoscaba al país, por lo que habrá que reforzar también la autoridad de los padres y la importancia de su función educativa.
La educación es una institución social que no sólo informa, sino que fundamentalmente también debe de estar orientada a informar. Por tanto, tenemos que incluir el valor de la prevención del delito, a fin de que todos nuestros niños y jóvenes se sientan incluidos en un proyecto nacional y no caigan en la esfera de cometer conductas antisociales y violentas.
Si bien, la educación escolar pretende acotar tales conductas, el esfuerzo desde el hogar debe ser aún mayor, de ahí que la propuesta no solamente pretende incluir como valor educativo la prevención del delito desde la educación, sino también establecer desde la sociedad las bases legales para diseñar una campaña nacional educativa que prevenga la comisión de conductas delictivas desde el hogar y desde la sociedad.
La prevención deberá ser dirigida a resolver la vulnerabilidad psicosocial y fortalecer a la familia es prevenir el riesgo de conductas delictivas y disminuir la vulnerabilidad social. Para esto tenemos que dar oportunidades de desarrollo personal, familiar y social con profundo y consistente sentido de educación comunitaria y de la construcción de la ciudadanía. La prevención del delito deberá abarcar a cada individuo, pero también a los pequeños colectivos como son las familias, escuelas, vecindarios y grupos sociales. Cada persona puede hacer algo por sí misma, cada familia por sus integrantes, cada comunidad por sus componentes y el gobierno por sus ciudadanos.
Ya existen esfuerzos para vincular la educación con la seguridad pública, a efecto de la Ley General de Sistema de Seguridad Pública que establece que la figura del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana que, entre otra de sus atribuciones está la de promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos y, en general, en los diversos programas de las dependencias y entidades federativas.
Finalmente, si llegamos a los niños y a las niñas y jóvenes del país y tocamos las fibras del respeto y observancia de la ley, serán no sólo los ciudadanos del México futuro, sino también los sensores actuales de las conductas de sus propios padres y maestros, o ciudadanos, por lo que educarlos bajo la cultura de la prevención del delito, el respeto a la ley, la justicia, la honradez, la igualdad y la no violencia en la solución de los conflictos, habremos de asegurar una país mucho mejor.
Se solicita insertar esto completo en el Diario de los Debates, con las modificaciones correspondientes y, a éste se ha sumado la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Alma Carolina Viggiano Austria. Es tanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como solicita la diputada, insértese el texto íntegro de su intervención en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativas con proyecto de decreto que reforman los artículos 41, 59, 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y; decreto que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Adelante, señor diputado.
El diputado Miguel Ángel García Granados: Gracias, señor presidente, muy amable. Quiero presentar en forma muy breve dos iniciativas que considero indispensable sean analizadas.
La primera es para dejar constancia de estar cumpliendo con un compromiso, a partir del momento en que hice eco de la convocatoria del Pacto Nacional Ciudadano, lanzado por el ciudadano Alejandro Martí. La reelección consecutiva de diputados federales, senadores y presidentes municipales es uno de los asuntos pendientes de la agenda política de nuestra nación. Vale decir que la reelección consecutiva de legisladores y de presidentes municipales no fue suscrita en ninguna de las constituciones que nos hemos dado a lo largo de 1821, de 1857 y la de 1917.
Fue hasta en 1939 cuando se prohibió la reelección de legisladores, antes solamente se había prohibido la reelección del titular del Poder Ejecutivo. Fue hasta 1933, reitero, cuando se hizo la reforma al artículo 59 de la Constitución de 1917. Una de las razones que en su oportunidad se consideraron para no limitar la reelección consecutiva de los integrantes del Palacio Legislativo era que esta condición no suponía una amenaza que derivara en una concentración del poder; no obstante, tuvo lugar la reforma constitucional de 1933.
La medida tuvo como propósito aportar a la estabilidad política del país, amenazada por la fuerte presencia, en aquél entonces, de cacicazgos regionales formados en el México posrevolucionario. Sin embargo, en aquel momento las circunstancias eran distintas a las de nuestros días.
Hoy la realidad política de México ha cambiado y demanda para la consolidación democrática del país instituciones fortalecidas, como es el caso que nos ocupa: el Congreso de la Unión y los ayuntamientos como primer contacto de gobierno en el pueblo.
Quiero proponer respetuosamente, en razón del tiempo que se me ha brindado, la reforma al artículo 41 adicionándole un párrafo, y la reforma al artículo 59 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por la de los estados. En lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.
La soberanía también podrá ejercerse de manera directa a través del plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación del mandato. Figura en la cual quiero fundamentalmente referirme, porque si bien estamos hablando de un esquema de reelección de los legisladores, también es cierto que urge que tengamos una figura para que a través de una consulta podamos tener la revocación del mandato de aquellos que no están cumpliendo con su obligación.
En ese sentido, el pueblo exige no extender un cheque en blanco al momento de una elección, sino tener la oportunidad de relegar de la responsabilidad a aquellos que no estén cumpliendo.
No tiene ningún caso casarse por seis años con un presidente de la república si es que éste no funciona, o con un gobernador o con un presidente municipal si éste no está funcionando. Es el mismo caso de los legisladores.
En este sentido quisiera pedir en razón del tiempo, señor presidente, me permitiera agregar íntegra, en el Diario de los Debates, la iniciativa y pasar a la siguiente.
La Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo que entró en vigor a partir del 1 de julio de 2008 ha recibido, junto con otros ordenamientos de carácter fiscal, un abierto rechazo de los sectores productivos y de la población en general.
En principio la autoridad hacendaria estableció la posibilidad de crear este impuesto como un mecanismo de control, pero según apreciaciones y según declaraciones del propio secretario de Hacienda, éste ha resultado ser una chulada de impuesto y se está utilizando ahora para un esquema meramente recaudatorio.
Las publicaciones recientes de carácter confiable informan que a partir de la vigencia del impuesto a los depósitos en efectivo y luego de haber realizado acciones de fiscalización, el SAT ha incluido, en la base de contribuyentes, apenas a 5 mil 223 contribuyentes no localizados en la economía formal. Esta cifra se queda corta si es contrastada frente a un padrón de 23 millones 73 mil causantes activos localizados en el Registro Federal de Contribuyentes.
Seguramente este panorama nos habla de la poca efectividad del impuesto a los depósitos en efectivo para el propósito que fue creado. Es decir, como un mecanismo de control y de actualización del padrón de contribuyentes.
Todavía más y a pesar de que este gravamen se puede acreditar contra otras contribuciones, el causante tiene que darse y verse en la necesidad de contratar los servicios de contadores con el consecuente costo económico para empresas y particulares, elevándose así los gastos de operación que generan a su vez espirales inflacionarias.
Hay que decir, además, que el beneficio del acreditamiento se aplica sólo para determinados causantes y no para el pequeño contribuyente que casualmente integra un alto porcentaje del total de los contribuyentes.
Priva entre la población un sentimiento de irritación y hartazgo, sobre todo en aquellos contribuyentes cumplidos, toda vez que mientras la informalidad busca formas para evadir el pago de impuestos, los únicos a los que se castiga son a los de siempre: los causantes registrados. Éste ha sido un legítimo reclamo de la sociedad, que en mi carácter de diputado electo he recibido y que se suma a toda una serie de inconformidades de la población.
La presente iniciativa propone por ello la abrogación de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, porque en opinión de especialistas la vigencia de este ordenamiento llevará a una reducción de las inversiones por parte de las empresas, aparte de que desalentará la utilización de cuentas bancarias y hasta la aparición de mecanismos de inversión diferentes a los de la banca tradicional.
Por lo anterior, estoy proponiendo y someto a la consideración de este pleno la iniciativa que contempla la abrogación del impuesto a los depósitos en efectivo. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese la iniciativa para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Y, la que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Insértense ambos textos íntegramente en el Diario de los Debates.
Señores diputados y señoras diputadas, el siguiente punto del orden del día es un dictamen a discusión con puntos de acuerdo.
De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio del cual se fijan las características y especificaciones de las placas y calcomanías de identificación vehicular, entre otros documentos; y a emitir un nuevo acuerdo que garantice que dichos documentos sean elaborados por la industria nacional.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Puntos de acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por medio del cual se fijan las características y especificaciones de las placas metálicas, calcomanías de identificación, hologramas y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, autobuses, camiones, minibuses, motocicletas y remolques; y a emitir un nuevo acuerdo que garantice que dichos documentos sean elaborados por la industria nacional.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que, en tanto se emita el nuevo acuerdo, vigile la puntual aplicación del vigente.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a que se respete la nomenclatura 001-SCT-22000 publicada el 29 de noviembre de 2000.
Cuarto. Se solicita al Poder Ejecutivo que informe a esta honorable Cámara de Diputados si a la fecha ha otorgado concesiones, permiso o cualquier otro medio por el que se lleve a cabo la producción de placas, calcomanías u hologramas de identificación y tarjetas de circulación relacionada con el control vehicular a empresas de origen extranjero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2009. Por la Comisión de Transportes firman los integrantes de dicha comisión.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
La Presidencia recibió del diputado Juan Pablo Jiménez Concha, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, a la SCT y a Capufe, a implantar las medidas necesarias para solucionar el problema que genera la demora en el cobro de las casetas de San Marcos y San Martín, de la carretera México-Puebla. Túrnese a la Comisión de Transportes.
Igualmente se recibió de la diputada Laura Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a revisar el destino de los recursos obtenidos por la exportación de energía de la planta geotérmica de Cerro Prieto, Baja California. Túrnese a la Comisión de Energía.
También se recibió de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad Pública para que expliquen los criterios por los que se decide trasladar a procesados de alta peligrosidad a penales federales en los estados. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
Se recibió del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, de la Sagarpa y de Conafor, a que realicen las gestiones necesarias para incorporar a México como miembro del acuerdo de la creación de la Red Mundial del Bambú y del Ratán. Túrnese a la Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Ganadería.
El diputado Rafael Pacchiano Alamán ha indicado que retira del orden del día su propuesta. El diputado Leandro Rafael García Bringas ha solicitado se posponga su intervención.
Tiene la palabra, por tanto, la diputada Hilda Esthela Flores Escalera para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 para la prevención y atención de cáncer de mama y cérvico-uterino sean destinados conforme a lo aprobado por esta soberanía, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Hilda Esthela Flores Escalera: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, los diputados federales priistas de Coahuila del Grupo Parlamentario del PRI, en voz de su servidora, Hilda Flores, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes antecedentes.
El pasado 15 de noviembre, durante la discusión para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, un grupo de diputados y diputadas federales gestionamos, con el respaldo de todas las fracciones parlamentarias, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la Comisión de Desarrollo Social, hacer una redistribución de 300 millones de pesos para el apoyo hacia las mujeres.
Como resultado de esta gestión se realizó una propuesta ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, referente al Anexo 19 del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación sobre el programa Oportunidades.
Con el respaldo de 401 diputados logramos redistribuir, de la partida de desarrollo social de dicho Anexo, la cantidad de 300 millones de pesos para la prevención y atención de cáncer cérvico-uterino y mamario y para la adquisición de infraestructura, dando prioridad a las entidades con más alto índice de estos padecimientos.
Una vez más, la Cámara de Diputados, con responsabilidad hacia las mujeres de nuestro país, se ha dado a la tarea de incrementar los recursos para atender la problemática que origina el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino, que representan las dos primeras causas de mortalidad por tumores malignos de mujeres en México.
Ante esta situación es necesario instituir diversas medidas con una perspectiva de innovación que involucre a las instancias más cercanas a las mujeres.
Un grave enemigo de la prevención y atención del cáncer de mama y del cérvico-uterino es el grave centralismo de la atención médica, ya que actualmente las mujeres de las zonas rurales o poblaciones alejadas no pueden acceder a los programas federales que atienden estos padecimientos y carecen de los medios para trasladarse y solventar los gastos generados por estas terribles enfermedades, viéndose imposibilitadas a acceder a una atención pronta y oportuna que les permita salvar su vida.
La gran mayoría de los gobiernos de los estados, a través de sus secretarías de Salud y de sus sistemas DIF, han sido responsables y se han comprometido con esta causa para coadyuvar a disminuir las elevadas tasas de mortalidad por estos padecimientos en las mujeres de nuestros estados.
Pero las estadísticas son claras, son necesarios mayores recursos y mayores esfuerzos. Es loable la labor que hacen las instituciones del gobierno federal para atender y erradicar esta problemática, pero es necesario descentralizar los recursos y acercar la atención hacia las mujeres que necesitan y exigen nuestra ayuda.
Por lo anteriormente expuesto es que someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que los recursos aprobados por los diputados federales, dentro de la discusión para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, por un monto de 300 millones de pesos, para la prevención y atención de cáncer de mama y cérvico-uterino sean distribuidos conforme a lo aprobado por esta soberanía, dando prioridad a las entidades con mayor índice de casos y entregados directamente a las entidades federativas.
Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro. 8 de diciembre de 2009. Es cuanto, diputado presidente. Solamente quiero solicitarle se publique íntegro este punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado la diputada, insértese íntegro el texto de su proposición en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Antonio Benítez Lucho, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que sean revisadas las reglas de operación del Programa Especial Concurrente al seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PRD.
El diputado Antonio Benítez Lucho: Con su permiso, señor presidente. Distinguidas diputadas y distinguidos diputados, por obvio de tiempo me referiré única y exclusivamente a las
Consideraciones
El pasado 13 de noviembre del presente año el pleno de la honorable Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 (PEF 2010), donde se consideraron recursos para el Programa Especial Concurrente (PEC) superiores a los 268 mil millones de pesos, lo que hace imprescindible que los recursos presupuestales destinados para la ejecución de los programas sujetos a reglas de operación, éstas deban ser revisadas de acuerdo con los criterios generales que emanan del decreto del PEF 2010 en comento, en los artículos 29, 31 al número 40.
Uno los temas pendientes que mucho coadyuvarán a ser más eficaces en la aplicación de los programas sujetos a reglas de operación del PEC, es la posibilidad de que, sin invadir y violentar la función entre poderes, deban ser revisadas estas reglas al seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS).
Para nadie es un secreto que estos programas o la mayoría de ellos, se han convertido en documentos abigarrados, poco entendibles que dificultan el acceso de un vasto sector de la población que requiere de la atención de estos programas.
Las quejas sobre la dificultad para entenderlas y cumplir con los requisitos que se señalan, muestran quizá la mayoría de las veces lo insensible de quien las elabora y el poco conocimiento de los sectores a quien van dirigidos.
De nada sirve tener grandes programas, si su acceso se convierte en verdaderas barreras infranqueables y burocratizadas. Por ello, es requisito sine qua non instrumentar nuevos mecanismos de entendimiento, que posibiliten superar este cuello de botella, que agobia y margina a miles de mexicanos que luchan por superar la pobreza.
Las crisis que se viven en nuestro país obligan a un cambio de actitud, que busca encontrar la convergencia en la cooperación y las ideas, como insumos básicos para avanzar en un mejor conocimiento y entendimiento de la realidad que nos rodea. Pero también representa cumplir con el mandato que el propio Reglamento Interior del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable lo faculta para ello.
Aquí se establece la necesidad de coadyuvar en la formulación de opiniones, observaciones y propuestas sobre las reglas de operación de los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios relacionados con el PEC.
Por ello, esta propuesta abre una ventana muy importante de colaboración entre el Ejecutivo ?que preside el propio Consejo, las organizaciones de la sociedad civil y de productores ahí representadas? y el Poder Legislativo, en aras de mejorar y fortalecer la atención a la población más necesitada.
Es importante subrayar que en gran medida depende de la aplicación de dichas reglas en que los programas aterricen, y se cristalicen de manera puntual y oportuna en las obras y acciones que demandan la aplicación a la que van dirigidos.
Es fundamental que las propuestas del Ejecutivo, a través de las diferentes secretarías e instancias que convergen en el PEC, se hagan llegar al Consejo en el mes de diciembre, y que se discutan en ése mismo mes a fin de estar en posibilidad de hacer las observaciones y opiniones que se deriven de su análisis, así como estar en tiempo y forma; y de que sean sancionados por la propia Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente posición con
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que en su ejercicio de participación democrática, y con la finalidad de garantizar una mayor accesibilidad a los programas de combate a la pobreza, al desarrollo productivo de capacidades y generación de empleos, deban ser revisadas las reglas de operación del Programa Especial Concurrente, al seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.
Palacio Legislativo, 25 de noviembre de 2009. Signan: diputado Antonio Benítez Lucho, Cruz López Aguilar, Manuel Humberto Cota, Yulma Rocha Aguilar, Jorge López-Portillo y Gerardo Sánchez García, por el PRI. Francisco Hernández, Federico Ovalle Vaquera, José Narro, del PRD. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Señoras diputadas y señores diputados, nos visitan ciudadanos de Izcalli Chamapa, estado de México, invitados por el diputado Sergio Mancilla Zayas, a quienes les damos la bienvenida.
Tiene la palabra la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que, de conformidad con la legislación aplicable y en coordinación con las autoridades competentes, realice las acciones necesarias para la captura de los gases de efecto invernadero que se producen en el relleno sanitario Bordo Poniente y se canalicen a la generación de energía eléctrica para su utilización en servicios de la Ciudad de México.
La diputada Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor presidente. La diputada que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde los últimos años del siglo XIX y como producto de la revolución industrial, la comunidad científica ha documentado que la temperatura media de la superficie terrestre se ha incrementado en más de 0.74 grados centígrados.
Asimismo, las proyecciones realizadas con base en los escenarios de emisiones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC) estiman un incremento en la temperatura media de la superficie del planeta entre los 1.1 grados centígrados y 6.4 grados centígrados para el periodo 2090-2099, lo que representa un cambio acelerado, y que, como tal, ocasiona y seguirá ocasionando alternaciones no sólo en el sistema climático del planeta, sino también en las actividades que desarrollamos.
El potencial de generación de energía eléctrica de la planta cobraría especial relevancia si consideramos que la Ciudad de México destina una importante proporción de su presupuesto al pago de energía eléctrica para el funcionamiento de sus servicios. Sin embargo, bajo alguno de los esquemas que prevé la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la electricidad producida a través del metano generado por el Bordo Poniente podría reducir dichos costos.
Por lo expuesto, resulta procedente exhortar al Gobierno del Distrito Federal a que, en los términos de la legislación vigente, y en coordinación con las autoridades competentes realice las acciones necesarias para garantizar la captura de los gases de efecto invernadero que se producen en el relleno sanitario Bordo Poniente, y que éstos sean canalizados a la generación de energía eléctrica para su utilización en los servicios de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del Distrito Federal, a que, de conformidad con la legislación aplicable y en coordinación con las autoridades competentes, realice las acciones necesarias para la captura de los gases de efecto invernadero que se producen en el relleno sanitario Bordo Poniente, y se canalicen a la generación de energía eléctrica para su utilización en servicios de la Ciudad de México.
Es cuanto. Gracias por su atención, compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
Tiene la palabra el señor diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD? El diputado Juan Guerra. Adelante, diputado.
El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): Pedirle a la diputada Cuevas si me permite sumarme a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada Gabriela, ¿acepta usted su adhesión? Aceptada, señor diputado, puede usted pasar a la Secretaría a firmar.
Tiene ahora la palabra el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud brinde un informe a esta soberanía sobre las medidas sanitarias que ha de implementar debido al rebrote del dengue.
El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez: El suscrito diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea. Diputadas y diputados, el dengue es una enfermedad endémica, que brota cada tres a cinco años, la transmisión del dengue es por medio de un mosquito, el Aedes Aegypti, la enfermedad afecta a habitantes de zonas tropicales, subtropicales y en la actualidad se ha presentado en casos donde usualmente no se presentaba.
La enfermedad se manifiesta por un síndrome febril, se llama quebrantahuesos, y hay una manifestación muy grave que es el dengue hemorrágico, que puede ocasionar la muerte. Ningún medicamento tiene la oportunidad de curarlo y es un problema serio de salud pública.
Evitar la ocurrencia de las muertes por dengue, prevenir y controlar la epidemia, es el fin. Por sus características se ha considerado como una enfermedad de la pobreza. México no se sustrae de esa situación y se ha informado para el mes de octubre, que en Michoacán se reportaron 3 mil 500 casos de dengue.
El mosquito portador de la enfermedad ha sobrevivido en zonas que usualmente no lo lograba, ejemplo; los Reyes, Taretán, Zamora, Vistahermosa.
Según información, en Campeche ya se han presentado casos de dengue hemorrágico; Veracruz reporta más de 3 mil casos de dengue. La magnitud de los efectos que ha ocasionado esta enfermedad en la población mexicana ha dimensionado a la misma característica de la famosa influenza AH1N1, lo que pone en peligro la salud de la población.
Debido a las inundaciones que se presentaron en Tabasco y Veracruz, y la proliferación del mosco transmisor, se ha presentado un serio problema de salud pública en nuestro país.
Por lo anterior, y con base en el artículo 54 del Reglamento para el Gobierno Interior, el punto de acuerdo que propongo es:
Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud, para que informe a la Cámara de Diputados y a la población en general, cuáles son las medidas sanitarias que se han de implementar para atender el rebrote de dengue desatado en los últimos meses en nuestro país.
Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, a mantener actualizado al Sistema de Información para que brinde a la población el conocimiento de los casos reportados de dengue por entidades federativas, y el avance o disminución del mismo, y
Tercero. Se exhorta respetuosamente a que se implemente el semáforo sanitario de seguimiento al rebrote de dengue, a fin de que la población esté completamente y constantemente informada sobre la magnitud de la epidemia y pueda tomar las medidas adecuadas para su prevención y atención.
Solicito a la Presidencia se inserte íntegro el texto del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muy amables, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el señor diputado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Conagua, para que aclare todo lo relacionado con el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo en el estado de Jalisco.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Amigas y amigos representantes de la nación. Una vez más vengo a compartir con ustedes un tema que tiene en el agobio, en el estrés y en la angustia a cientos de mujeres y hombres de las comunidades de Temacapulín, de Acasico y Palmarejo.
Es el caso, que hemos referido en ocasiones anteriores, del empecinamiento de la Conagua y del gobierno de Emilio González Márquez, de construir la presa El Zapotillo que traería como consecuencia la anegación, la inundación de esas comunidades ya referidas con su historia, su identidad cultural, sus plazas públicas, sus espacios en los que se han desarrollado muchas generaciones en su rica secuencia de historia.
Aquí lo hemos comentado, este tema inició en el año de 2005, siendo gobernador Ramírez Acuña. El desistió ?en un acto de sensibilidad que hay que reconocerle? de la construcción de la presa San Nicolás, que inundaría, a su vez, la comunidad de Jalostotitlán en una de sus comunidades llamada San Gaspar.
Después, Luege y el gobernador de Jalisco hacen la reubicación de la presa y no sólo no la hacen con la cortina que inicialmente se había contemplado de 80 metros, sino que, sin tener ningún permiso de uso de suelo, la eleva a 105 metros. Con ello el embalse pasaría de dos mil a cuatro mil hectáreas. Lo mismo los niveles de almacenamiento de agua.
Sin embargo todo el ejercicio ha estado marcado por irregularidades. 170 vecinos se acogieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta ha emitido dos recomendaciones; una en el sentido de suspender el hostigamiento y otra, como medida cautelar, la suspensión de las obras hasta que se haga una consulta ciudadana y recabar la opinión de los afectados.
Ninguna de estas cuestiones se ha llevado a cabo. En contrario, el gobernador, que se comprometió a esta consulta, ha incumplido. Y Luege ha acentuado las medidas de presión y ahora, la semana pasada, anuncia ya el llegar a la figura de la expropiación. O sea, el extremo de los actos de un estado, para perjudicar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos de esos lugares.
Es por ello que quiero plantear a esta soberanía y su turno a comisión, para que José Luis Luege comparezca ante la Comisión de Recursos Hidráulicos y ante la de Derechos Humanos a explicar todo lo relativo a El Zapotillo y a buscar otras alternativas que respeten el derecho de esos jaliscienses.
Pedimos la comparecencia de Luege, fundamentalmente también porque esta Cámara aprobó en diciembre más de 900 millones de pesos para la construcción de esa presa que está en un mar de irregularidades, de ilegalidades y que fundamentalmente afecta el derecho de cientos y miles de personas en la región de Los Altos de Jalisco. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el señor diputado, túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, y de Derechos Humanos.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: ... La petición, ciudadanos diputados, viene suscrita también por diputados del PRI, del PT, del PRD, de Nueva Alianza, de Convergencia y del Partido Verde; seis diputados de diferentes partidos políticos.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De nuevo, túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, y de Derechos Humanos.
Señoras diputadas y señores diputados, quisiera informarles que nos visitan maestros y alumnos de la escuela Benito Juárez, de Tlalnepantla, estado de México, invitados por el diputado Francisco Landero Gutiérrez.
Tiene la palabra el diputado Carlos Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar las negociaciones para eliminar la caseta de peaje por el uso de la autopista ubicada en el tramo carretero Armería-Manzanillo.
El diputado Carlos Cruz Mendoza: Con su permiso, diputado presidente. Amigos diputados y amigas diputadas. La autopista Armería-Manzanillo se ubica en la costa del Pacífico, en Colima, con una longitud de 47 kilómetros. En 1990 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a Promotoras de Autopistas del Pacífico, SA de CV la concesión para construir, operar, explotar y conservar el tramo Armería-Manzanillo por un periodo inicial de 9 años y 3 meses. En 1994 se incrementó la concesión a un plazo de 24 años y 7 meses, contados de 1990 al año 2015.
Colima es una de las entidades que más recursos económicos aporta a la federación, provenientes de diferentes fuentes. Entre otras, en el puerto de Manzanillo la activad económica que se lleva acabo es de sumo interés para los mexicanos y en especial para los colimenses.
Lejos de contribuir al crecimiento de Colima, la concesionaria del tramo carretero que nos ocupa fue facultada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para, a su juicio, establecer las cuotas de peaje de las casetas de dicho tramo carretero, incrementando el patrimonio fiduciario de la concesionaria, pero a costa de la actividad económica, comercial y turística del estado, resultando, en consecuencia, que los colimenses son los primeros perjudicados con los cobros excesivos de peaje, afectándose además su derecho constitucional de libre tránsito.
Por otro lado, el puerto de Manzanillo ocupa un importante lugar en el Pacífico mexicano por la movilización de carga, y su actividad que va en aumento significativamente en los últimos años. En consecuencia, el tráfico de camiones de carga también se ha incrementado notablemente, sobre todo en el tramo Manzanillo-Armería de la carretera federal, donde la circulación es lenta y peligrosa, por lo que con mucha frecuencia ocurre accidentes fatales, en su mayoría debido a que circulan numerosos tractocamiones con semirremolque o doble semirremolque, que por el alto costo del peaje se ven en la necesidad de transitar por la carretera federal cuyas características no son apropiadas para el tránsito de estos vehículos pesados.
El turismo y los ejidatarios del municipio de Armería se han visto afectados en su economía por el alto costo del cobro de peaje de la caseta ubicada en el tramo carretero Armería-Manzanillo, que resulta gravoso para las personas que diariamente transitan por ese lugar hasta en dos ocasiones, lo que ha dado lugar a que los diputados locales de la entidad hayan aprobado tres puntos de acuerdo solicitando la eliminación de la caseta respectiva.
Con la finalidad de dar respuesta a estas necesidades de los colimenses y en particular de los habitantes de los municipios de Manzanillo y Armería, y también con el propósito de fomentar y no ahuyentar el turismo de nuestro estado, y de manera especial en el puerto de Manzanillo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. Que esta honorable Cámara de Diputados haga un atento exhorto a la Secretaría de Comunicación y Transportes para que realice las negociaciones necesarias con la empresa concesionaria de la autopista Manzanillo-Armería, para eliminar la caseta de peaje ubicada en ese tramo carretero en apoyo de la economía y la seguridad personal de quienes hacen uso de dicha vía de comunicación.
Solicito, señor diputado presidente, muy atentamente, que este punto de acuerdo se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates, como ha sido presentado. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el diputado Carlos Cruz Mendoza. Insértese el texto íntegro de su presentación en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Transportes.
Tiene la palabra el diputado?
El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (desde la curul): Presidente, escúcheme.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, señor diputado. Dígame, diputado.
El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (desde la curul): Quiero adherirme al punto de mi compañero, por favor. Si me lo autoriza mi compañero.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Con mucho gusto, si el diputado no tiene inconveniente.
El diputado Carlos Cruz Mendoza (desde la curul): Ningún inconveniente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Adelante, diputado Moreno Merino, puede usted pasar a firmar a la Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exige la destitución inmediata del ingeniero Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad, y del ingeniero Rogelio Gasca Neri, consejero ciudadano de Pemex.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Con su permiso, diputado presidente. En días pasados el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ha dado a conocer a la opinión pública el resultado de una investigación criminal que reveló una red de corrupción entre una empresa norteamericana y la Comisión Federal de Electricidad de México, al haber entregado sobornos a funcionarios de esta paraestatal con la finalidad de obtener contratos sobre bienes y servicios que generaron ganancias ilícitas para empresarios norteamericanos y funcionarios mexicanos.
Existe un procedimiento judicial en la Corte Federal de Justicia, del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, en contra del empresario estadounidense John Jhoseph O?Shea y el ciudadano mexicano Fernando Maya Basurto, ambos actualmente detenidos por los delitos de conspiración para sobornar a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, falsificación de documentos y lavado de dinero procedente de la firma de los contratos amarrados con el sector de la energía eléctrica en México, entre otros cargos.
Que el ciudadano Fernando Maya Basurto ya se declaró culpable ante la Corte Federal de Justicia del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, de los ilícitos que se le imputan. Motivo por el cual agravia el interés patrimonial y jurídico nacional, y es por demás objetivo y claro.
Que el subprocurador de Justicia de la División Criminal de Estados Unidos, Lanny A. Breuer, tras el arresto del pasado 18 de noviembre, señaló que O?Shea era el cerebro de la red de corrupción con funcionarios del gobierno de México para asegurar contratos millonarios con la Comisión Federal de Electricidad.
Que esta red de corrupción dentro de la Comisión Federal de Electricidad inició en 1997 y terminó en el año 2004, durante el cual se registraron transacciones millonarias a 660 cuentas bancarias pertenecientes a funcionarios de esta empresa paraestatal.
Que el actual director general de la Comisión Federal de Electricidad desde 1999 hasta la fecha es el ingeniero Alfredo Elías Ayub y su antecesor el ingeniero Rogelio Gasca Neri, ambos responsables directos del ejercicio del gasto público y su buen resguardo.
Que el ingeniero Alfredo Elías Ayub, actual director general de la Comisión Federal de Electricidad, pretende tender una cortina de humo a su alrededor al iniciar una denuncia ante la Procuraduría General de la República, en la que narra que todos los hechos delictivos iniciaron y sucedieron en la gestión de su antecesor el ingeniero Rogelio Gasca Neri. Sin embargo los posibles delitos cometidos por diversos servidores públicos bajo el mando de ambos ingenieros, fueron cometidos durante sus administraciones. Por lo que son directamente responsables.
Que la permanencia de ambos ingenieros, Alfredo Elías Ayub y Rogelio Gasca Neri, en altos cargos de la administración pública de las paraestatales Comisión Federal de Electricidad y Pemex, son una muestra nacional e internacional del alto grado de corrupción que vive la administración pública federal actualmente y esto representa una pésima señal a la sociedad mexicana a la del resto del mundo.
Que el titular del Ejecutivo federal al mantener en su cargo público a los citados ingenieros Elías Ayub y Gasca Neri, podría traspasar la delgada línea de la complicidad, pues es por demás claro que uno de los indiciados ya se declaró culpable de los delitos imputados y esa situación legal afecta gravemente la credibilidad del sistema jurídico nacional, dejando entre ver la fragilidad e inoperancia de los órganos de control interno de las paraestatales.
Que aun cuando el ingeniero Elías Ayub se quiera deslindar de actos de corrupción que se desarrollaron durante su gestión al frente de la CFE, es por demás claro que su subalternos están bajo la línea de mando y por lo tanto deben de ser investigados y en su caso responsabilizados por estos gravísimos hechos que afectan a todos los mexicanos y nuestra imagen ante el mundo. Por ello?
?Le pido al presidente que me deje un minuto más.
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal destituir de forma inmediata al ingeniero Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad, por los excesos, abusos y corrupciones imperantes en el área a su cargo, así como su presentación ante la justicia federal.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a destituir de forma inmediata al ingeniero Rogelio Gasca Neri, consejero profesional de Pemex, por los excesos, abusos y corrupciones imperantes en el área que encabezó durante el sexenio pasado, así como su presentación ante la justicia federal.
Tercero. Que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros cuerpos legales les confieren, investiguen exhaustiva y detalladamente todos los actos de corrupción e ilícitos que pudieran existir al interior de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos.
Asimismo se finquen las responsabilidades administrativas y penales más severas que existan en la ley a los ingenieros Elías Ayub y Gasca Neri, así como a todos aquellos que estén directa e indirectamente relacionados con estos hechos delictivos que manchan la imagen nacional ante todos los mexicanos y la comunidad internacional.
Que la Secretaria de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República soliciten al gobierno de los Estados Unidos de América, de conformidad con los tratados internacionales vigentes, la inmediata extradición del ciudadano norteamericano John Joseph O?Shea y el ciudadano mexicano Fernando Maya Basurto, para que ambos sean procesados y juzgados bajo las leyes mexicanas en base al principio jurídico elemental de la territorialidad jurídica.
Quinto. Se solicite la inmediata comparecencia de la titular de la Secretaría de Energía y del titular de la Secretaría de la Función Pública ante esta honorable Cámara de Diputados, para explicar y dar cuenta del nexo causal de su actuación ante estos gravísimos actos ilegales y de corrupción.
Por último se exhorte al titular del Ejecutivo federal a iniciar un proceso de renovación de los órganos de control en las dependencias federales y principalmente en las paraestatales, conjuntamente con un programa de auditorias especializadas y pormenorizadas a través de actos de fiscalización conjunta entre la Auditoria Superior de la Federación, órganos de control interno y despachos especializados que nos permitan detectar todos y cada uno de los actos ilícitos que se han cometido en las paraestatales antes de que la justicia de otros países nos los señale y reclame. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En razón de que el proponente ha solicitado el trámite, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). La mayoría es por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No se considera de urgente resolución; por tanto, se turna a la Comisión de la Función Pública.
Señoras diputadas y señores diputados, me permito informarles que nos visitan integrantes de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros de Puebla, invitados por la diputada María Isabel Merlo Talavera. También nos visitan invitados especiales del diputado Jaime Sánchez Vélez provenientes de Morelos.
Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las comisiones ordinarias para que, al dictaminar las iniciativas que les hayan sido turnadas, se incluyan todas las propuestas de cada legislador.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Diputado presidente. Diputadas y diputados: El objetivo de esta propuesta es para que se pueda instruir a las comisiones que, cuando se lleve a cabo la dictaminación de alguna iniciativa, se tomen en consideración las iniciativas que al respecto existan dentro de las mismas comisiones. Por tal motivo, considero que este asunto debe ser de urgente u obvia resolución.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad, en la acción de inconstitucionalidad 170, del 2007, que la adopción de decisiones por mayoría es una condición necesaria de la democracia, mas no suficiente.
Al dictaminarse las iniciativas sin tomar en consideración las otras posiciones, lo que se está haciendo es discriminar las iniciativas que al respecto se han planteado, y por tanto, a los grupos parlamentarios que las propusieron y a los propios diputados.
En su libro El futuro de la democracia, Norberto Bobbio señala que algunas de las características negativas de las democracias son la subordinación de los individuos a los grupos organizados que luchan por intereses particulares en detrimento de la representación política general; permanencia del poder invisible que actúa a espaldas y sin el conocimiento de la colectividad ?es decir, negociaciones secretas?; creciente poder de los técnicos y de las burocracias e ingobernabilidad derivada de la incapacidad de las autoridades nacionales para procesar el conjunto de demandas sociales.
Actualmente en la Comisión de Vivienda, así como en la Comisión de Hacienda, existe la presión para la dictaminación de una iniciativa que presentó Felipe Calderón en febrero de este 2009. Quiero señalar que en abril, en la pasada legislatura firmaron distintos diputados de las diversas fracciones parlamentarias otra iniciativa que debiera discutirse.
De igual manera, quiero recordar que el 8 de septiembre de 2008 presenté una iniciativa también para la reforma al Infonavit y que esta iniciativa debe de estar considerada en los dictámenes que se discutan en ambas Comisiones.
Finalmente señalaría que no son las únicas iniciativas que al respecto hay, que de diversos grupos parlamentarios durante esta legislatura, también se han presentado propuestas para la modificación de la Ley del Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores), por tanto, tienen que tomarse en consideración todas ellas para el debate, porque una de las cuestiones básicas dentro de un parlamento es que no nada más tiene que haber votaciones, sino que tiene que haber una deliberación parlamentaria.
Considero, que estos principios democráticos también deben estar presentes en el pleno de la Cámara de Diputados. Por tanto, propongo el
Punto de acuerdo
Único. El pleno de la Cámara de Diputados instruye a todas sus comisiones para que al presentar dictámenes de iniciativas incluyan todas las proposiciones que sobre el tema en dictamen hubiesen presentado los legisladores y las legisladoras. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En virtud de que la proponente ha solicitado el trámite, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Por tanto, no se considera de urgente resolución. Túrnese a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Ramírez Marín. ¿Con qué objeto?
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Sí, señor presidente. Sólo para dejar constancia en el acta de que la oposición de nuestro grupo parlamentario es exclusivamente al trámite. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Cómo no, así se hará constar, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que realice las políticas públicas conducentes, a fin de establecer la homologación de cargadores en teléfonos celulares en beneficio del medio ambiente y de la economía.
El diputado Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, presidente. Uno de los aspectos más complicados de la telefonía celular es la poca compatibilidad de cargadores, incluso en aparatos de la misma marca. El problema tiene un impacto todavía mayor cuando se analizan las grandes cantidades de aparatos que se producen al año para satisfacer la demanda mundial.
La aplicación de esta medida regulatoria, que habré de sugerir, según la Organización Mundial de las Telecomunicaciones reduciría drásticamente los residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, beneficiaría a todos los usuarios de teléfonos móviles, pues permitiría utilizar el mismo cargador en los celulares del futuro, con independencia de su marca o modelo, y además reduciría drásticamente el número de cargadores fabricados, transportados y posteriormente desechados cuando aparecen nuevos modelos.
Según datos publicados en este mes por cnnexpansión.com, existen al día de hoy más de 4 mil millones de contratos de teléfonos móviles en el mundo. La Unión Europea estima que los accesorios móviles no deseados, suponen miles de toneladas de basura, sólo el desecho de los cargadores de celulares al año genera más de 51 mil toneladas de basura electrónica en todo el mundo.
Colocar este tipo de residuos en la basura provoca un fuerte daño directamente en el subsuelo donde se depositan, aumentan el calentamiento global a causa de la gran emisión de gases que provocan el efecto invernadero y pone en peligro la salud de las personas debido a que contienen componentes tóxicos como el plomo, el arsénico, y en algunos casos trióxido de antimonio.
Esta problemática es considerada a nivel mundial tan grave que la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, impulsaron el proyecto de regularización dentro del marco del Congreso celebrado en el mes de febrero en Barcelona.
Por otro lado, la Organización Mundial de Telecomunicaciones en su calidad de coordinador mundial de gobiernos y sector privado en materia de información y comunicación, de la cual México es miembro y en cumplimiento de su mandato conferido por la ONU en la elaboración de normas dentro de los sectores de radiocomunicaciones aprobó la norma denominada solución universal de recargas. La norma tiene como finalidad la instauración de un cargador único en toda la telefonía celular.
En resumen, la instauración de esta medida traería consigo, entre otros, los siguientes beneficios concretos:
Se prevé la reducción del 50 por ciento en el consumo de energía en estado de espera; la supresión de 50 mil toneladas de cargadores que se fabrica cada año, y la consiguiente reducción de 13.6 millones de toneladas al año de emisiones de gases de efecto invernadero. Se estima que la producción, transportación y desecho de cargadores se reduzca en un 50 por ciento.
Por todo ello, señoras y señores diputados, es que propongo a esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se turne el presente punto de acuerdo a la Comisión de Comunicaciones y Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que exhorte al Ejecutivo a realizar políticas públicas conducentes a fin de establecer la homologación de cargadores en teléfonos celulares en beneficio del medio ambiente y de la economía. Muchas gracias, señor presidente.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Serrano.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Si es tan amable de preguntarle al diputado si me permite adherirme a su propuesta.
El diputado Arturo Zamora Jiménez (desde la curul): Claro que sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El señor diputado Arturo Zamora ha aceptado su adhesión a su propuesta, por tanto puede usted pasar a firmar a la Secretaría. Túrnese la propuesta del diputado Arturo Zamora, a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra el diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación vigile el contenido que se trasmite a través de los medios de comunicación y evitar la divulgación de imágenes violentas, nocivas y perturbadoras para el desarrollo armónico de los niños, niñas y adolescentes del país.
El diputado José Alberto González Morales: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados. En México, a partir de 1996 se comenzaron a transmitir con intensidad programas informativos especializados en la nota roja, haciendo uso del recurso amarillista y escandaloso, los cuáles lograron pronto altos índices de rating y audiencia; hoy la violencia está presente en todos los programas de televisión del país.
Según un estudio de Instituto Tecnológico de Monterrey, hay audiencia en el 83 por ciento de los 30 programas de televisión abierta, lo cual es preocupante, debido a la reiterada presencia de la violencia que contribuye al aprendizaje, imitación, temor y pérdida de valores, especialmente en menores de edad. Asimismo hay que resaltar que la UNESCO ha publicado que en nuestro continente, la mitad de los niños y las niñas dedican el 50 por ciento de sus horas de ocio a ver televisión.
Los dibujos animados con audiencia casi exclusiva a menores, son los programas con mayor número de secuencias violentas mezcladas con humor. Adicionalmente, en la mayoría de los casos exhibidos en televisión la violencia no recibe castigo o si lo recibe es de manera ilegal, es decir, como venganza o tomando justicia por propia mano. Además se exhibe cotidianamente el uso de armas.
Estas conductas negativas pueden ser aprendidas o imitadas con facilidad por los infantes, dañando así su sano desarrollo mental.
La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, establece la obligación de las autoridades para verificar que los medios de comunicación eviten la difusión y publicación de información en horarios de clasificación A, con contenidos perjudiciales para su formación que promuevan la violencia y hagan apología del delito y la ausencia de valores.
La Ley Federal de Radio y Televisión previene en contra de la violencia, determina que deben evitar influencias nocivas y perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud.
Este ordenamiento jurídico faculta a la Secretaría de Gobernación a vigilar la clasificación de los programas televisivos, así como controlar la programación difundida para que cumpla con los preceptos legales. Está autorizada para sancionar a los medios de comunicación que violen la norma, pero la abundante cantidad de escenas de violencia transmitidas por televisión, en cualquier horario, ponen de manifiesto que la Secretaría de Gobernación no está cumpliendo con su obligación de vigilar la correcta clasificación de los programas de televisión, así como su contenido.
Los niños y las niñas están expuestos todos los días a recibir mensajes nocivos a través de los medios de comunicación, en especial de la televisión. Un estudio observó que en 10 horas de programación para niñas y niños se registraron 582 actos violentos, de los cuales, 252 corresponden a muertes, y en una sola hora, de 12:00 a 13 horas, los menores pueden ser testigos de 183 eventos, haciendo un promedio de 3 por minuto. Dichas escenas se concentran en horarios y caricaturas específicas.
En la actualidad el tema de la violencia en la televisión ha generado gran preocupación ya que estimula la conducta agresiva en los niños y niñas que pasan muchas horas frente al televisor viendo programas infantiles o para adultos, siendo los primeros seis veces más agresivos.
Las niñas y los niños que ven violencia en la pantalla se comportan de manera más agresiva, sin importar su localización geográfica, sexo, nivel socioeconómico o si tienen problemas emocionales. La televisión fomenta dichas conductas de dos formas. Primera, por imitación, y segunda, por aceptación de dicho comportamiento como algo apropiado.
La violencia en la televisión es perjudicial para las niñas y niños. Se ha llegado a la conclusión de que la exposición repetida a través de los medios de comunicación les enseña a algunos niños, niñas y adolescentes a resolver los conflictos interpersonales a través de ella. Aunado a esto, se puede ver mermada la vida familiar con la difusión de los falsos valores y modelos de comportamiento degradantes al recibir información distorsionada y manipulada sobre hechos y problemas de la actualidad.
En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a que, en el ejercicio de sus facultades, vigile el contenido que se transmite a través de los medios de comunicación, y evitar la divulgación de imágenes violentas, nocivas y perturbadoras para el desarrollo armónico de los niños, las niñas y adolescentes del país.
Señor presidente, respetuosamente le solicito que el contenido del presente punto de acuerdo se incluya íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el diputado José Alberto González? Sí, diputado Guillermo Zavaleta, ¿con qué objeto, señor diputado?
El diputado Guillermo José Zavaleta Rojas (desde la curul): Para que me haga usted favor de preguntar al diputado ponente si da su venia para la adhesión de un servidor en este punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El señor diputado González Morales ha aceptado, por tanto, todos los señores y señoras diputadas que estén por la adhesión a esta iniciativa pueden pasar a la Secretaría para firmarla. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Señoras diputadas y señores diputados, informo que nos visitan invitados especiales de la delegación Venustiano Carranza, a invitación de la diputada Rosi Orozco, a quienes les damos la bienvenida y enviamos un saludo.
Tiene la palabra el señor diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que implemente un programa integral para que las madres solteras, separadas o viudas, y adultos mayores de 70 años o más no paguen energía eléctrica.
El diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, la sociedad mexicana presenta graves problemas de pobreza y desigualdad. Las cifras publicadas por el Coneval muestran que a 2006 más de 42 millones de mexicanos están en algún grado de pobreza.
En nuestro país las madres solteras, separadas o viudas y los adultos mayores de 70 años o más, por lo general sufren de discriminación por gran parte de nuestra sociedad. En México existen 4.5 millones de madres solteras, separadas o viudas. Datos del Consejo Nacional de Población establecen que las madres solas por separación y divorcio son 1.7 millones y que seis de cada 10 han asumido la jefatura de su hogar.
Además de desempeñar el rol materno, siete de cada 10 efectúan alguna actividad económica. El 29.6 por ciento de las madres solteras viven en condiciones de pobreza. Las madres solteras son en su mayoría jóvenes menores de 30 años. Las mujeres separadas y divorciadas concentran el mayor porcentaje entre los 30 y 49 años, mientras que entre las viudas predominan las mayores de 50 años. Por otra parte, las personas mayores de 70 años o más suman ya 3.5 millones y se prevé que alcanzarán 4.4 millones en 2010.
En nuestro entorno vemos con mucha frecuencia que en general la mujer, y en especial el grupo de madres solteras y las personas de la tercera edad, son víctimas de abusos y discriminación en todos los terrenos. Subsisten en una situación económica difícil, por lo que se considera que es justo que el Ejecutivo federal implemente un programa integral para ayudar a este sector de la población para que tengan subsidios suficientes en su economía en el pago de energía eléctrica, así como las personas que ganan menos de cuatro salarios mínimos.
Si bien es cierto que actualmente existe el programa Oportunidades, que otorga apoyo económico de 55 pesos mensuales a las familias beneficiadas dentro del componente energético con el propósito de apoyar con el gasto que se realiza en el consumo de energía eléctrica, gas, leña, carbón, entre otros, también lo es que dicho apoyo no enmarca ni beneficia a la población vulnerable como lo son las madres solteras, adultos mayores de 70 años o más, o las personas que ganan el salario mínimo.
Como todos sabemos, la electricidad en México es cara. En la Ciudad de México un usuario residencial de clase media paga un costo real aproximado de 123 dólares. En Canadá su equivalente paga 27 dólares. En Estados Unidos y Reino Unido, alrededor de 35 dólares. Y ya ni mencionar cuánto paga la gran mayoría de la población.
Para los legisladores no son desconocidas las altas tarifas de la luz que aplica Comisión Federal de Electricidad. Tan es así, que sólo por mencionar algunos ejemplos, compañeros diputados de las diferentes fuerzas políticas de esta Legislatura han presentado puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que revisen las tarifas para suministros y venta de energía eléctrica.
Compañeros diputados, las tarifas son fijadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica por la Secretaría de Hacienda, con la participación de la Secretaría de Economía y de Energía, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad.
Sólo se requiere voluntad política para establecer un programa que realmente beneficie a la población más vulnerable. Es por ello que someto a la consideración del pleno el siguiente
Punto de acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Hacienda, de Economía, de Energía y de Desarrollo Social y de la Comisión Federal de Electricidad implemente un programa integral para que las madres solteras, adultos mayores de 70 años o más y las personas que ganan menos de cuatro salarios mínimos reciban un subsidio suficiente a su economía en el pago de energía eléctrica.
Por su atención gracias, esperando que apoyen con su voto el presente punto. Señor presidente, solicito que mi intervención se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el señor diputado Villarreal Salinas, insértese el texto íntegro de su proposición en el Diario de los Debates.
El señor diputado Emilio Serrano ha expresado su interés de adherirse a la proposición presentada por el diputado Villarreal Salinas; si el proponente no tiene inconveniente, la Secretaría pondrá a su disposición la proposición para su firma, señor diputado Serrano. Túrnese a la Comisión de Energía.
Tiene la palabra el diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reclasifiquen y autoricen la reducción de las tarifas eléctricas que se aplican en el estado de Campeche.
El diputado Óscar Román Rosas González: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el que suscribe, diputado federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamentos en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de los siguientes motivos.
Campeche, como ustedes saben, es una zona altamente productora de hidrocarburos y también produce por sus condiciones hidrográficas importantes cantidades de energía, particularmente en la Central Termoeléctrica ubicada en la ciudad capital y en la Central de Ciclo Combinado ubicado en el municipio de Palizada, del mismo estado, misma que suministra a otros estados hermanos de la región sureste.
La región peninsular es una de las regiones que presentan tarifas eléctricas más altas, por lo que consideramos necesario que las autoridades que regulan sus costos realicen un estudio a fondo, a efecto de que puedan tomar en consideración diversos factores regionales.
En el caso de Campeche, como ocurre en otras entidades del país, las temperaturas son elevadas en la mayor parte de los meses del año y por consiguiente, derivado de sus condiciones hídricas, los índices de humedad son importantes, circunstancias que obligan a las familias campechanas, de sus 11 municipios, a utilizar sistemas de ventilación y enfriamiento de forma permanente, así como para la conservación de sus alimentos, ocasionando con ello que el consumo de energía eléctrica sea mayor. Aunado a esto, nuestra entidad se encuentra en el nivel más bajo de los salarios mínimos.
Derivado de lo anterior, si las instancias encargadas de regular lo concerniente a las tarifas eléctricas analizan las condiciones particulares del estado de Campeche; es decir, consideran la temperatura promedio de la entidad, el factor de humedad, la zona salarial, los indicadores socioeconómicos y la aportación que hace Campeche en cuanto a sus recursos naturales, especialmente energéticos, considero que podremos arribar que esta solicitud que hoy hago resulta más que justificada y además justa.
Por ello, hoy me dirijo al pleno de esta honorable Cámara a pedir la solidaridad de todos ustedes para lograr que exista una reclasificación de las tarifas eléctricas para los habitantes del estado de Campeche y con el apoyo de ustedes, solicitar a la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realicen en apego de las atribuciones que la ley les confiere, los estudios necesarios para que sustenten por justicia la viabilidad, factibilidad técnica, económica y social del punto de acuerdo que hoy les presento.
En mérito de lo anterior, me permito proponer a esta Cámara el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Solicitar a la Comisión Reguladora de Energía, a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reclasificar y autorizar la reducción de las tarifas eléctricas que se aplican en Campeche, una vez que, conforme a derecho se hayan llevado a cabo los estudios pertinentes que justifican la viabilidad, factibilidad técnica, económica y social de la propuesta en comento.
Palacio legislativo de San Lázaro, 8 de diciembre de 2009. Diputado Óscar Román Rosas González. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Energía.
Me permito informales, señoras diputadas y señores diputados, que nos visitan integrantes del Club Rotario, del estado de México, invitados por el diputado Octavio Germán Olivares, a quienes les damos la bienvenida y les enviamos un saludo.
La diputada Yolanda del Carmen Montalvo López (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: La diputada Yolanda Montalvo. Sí, diputada.
La diputada Yolanda del Carmen Montalvo López (desde la curul): Para preguntarle al diputado Rosas si me puedo adherir a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: La diputada Yolanda Montalvo ha expresado su interés de adherirse a la proposición presentada por el diputado Rosas González, si no hay inconveniente, señor diputado.
El diputado Óscar Román Rosas González (desde la curul): Acepto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aceptada su petición, puede usted pasar a firmar a la Secretaría. Se recibió del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al pleno de esta LXI Legislatura que haga un atento llamado a las autoridades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue la situación de la señora Irma Crecencia Díaz Gómez, quien se encuentra recluida en el Cereso I, de Hermosillo, Sonora, y suscrito por diputados integrantes el Grupo Parlamentario del PRI. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.
Se retira del orden del día la propuesta del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de México a diseñar y ejecutar acciones y políticas efectivas para erradicar y sancionar el alto índice de feminicidios y delitos cometidos contra mujeres en los municipios de dicha entidad.
La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún: Buenas tardes a todos y a todas. El día 25 de noviembre se conmemoró en el mundo el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Nuestro país contempló esta fecha una vez más en medio de una condena mayoritaria de los diputados del Parlamento Europeo, quienes en la sesión del 19 de noviembre, desde Bélgica y de forma consecutiva calificaron al Estado mexicano de ineficiente al imperar la impunidad frente a los altos índices de feminicidios cometidos en nuestro país.
De la lamentable situación de violencia de género que se extiende en nuestro país sobresale el caso del estado de México. De acuerdo con los informes de la propia Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, desde el 2005 y hasta agosto de 2009, 672 mujeres fueron asesinadas de manera violenta, previa tortura o violación.
El estado de México es actualmente la entidad federativa que más feminicidios registra de acuerdo al informe anual del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Esta situación se ha agravado a lo largo de los últimos nueve años.
De acuerdo al informe de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana, de la legislatura anterior, uno de cada cuatro del total de los homicidios de este país se registró en el estado de México oscilaba, en ese entonces, entre los lugares dos y tres a nivel nacional. Actualmente ocupa el lugar uno.
Sobresalen en la lista negra los municipios con más alto grado de violencia de género y feminicidios, a nivel federal, los municipios de Naucalpan, Ecatepec, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Toluca y Tejupilco.
Con relación al grado de impunidad existente en el estado de México, en la investigación y sanción de delitos relacionados con violencia de género, tanto el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registran que en el estado de México se realiza el peor desempeño de todo el país sobre averiguaciones previas.
En este rubro la media nacional sobre la eficiencia es de 21 sentencias condenatorias por cada 100 homicidios denunciados. En el caso del estado de México son sólo 8 de cada 100.
Por las razones expuestas y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que se considere de urgente resolución proponemos el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al gobernador constitucional del estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto, en su calidad de jefe de Ejecutivo local, a diseñar y a ejecutar políticas públicas que prevengan, combatan y erradiquen el alto índice de feminicidios cometidos en agravio de las mexiquenses.
Segundo. Exigimos al gobernador del estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto, y al procurador general de Justicia del estado de México, licenciado Raciel López Salazar, resultados inmediatos en la investigación, esclarecimiento y sanción de los responsables de los crímenes que mediante este punto se denuncian. Solicito a la mesa de inserte el texto completo. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese el texto completo en el Diario de los Debates. En virtud de que la proponente ha solicitado el trámite, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Por tanto, no se considera de urgente resolución. El señor diputado Juan Guerra Abud ha pedido la palabra, adelante. Diputada deberían ser dos terceras partes de la votación para que sea considerada de urgente resolución, evidentemente no las hubo. Diputado Juan Guerra Abud, adelante.
El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): Presidente, creo que este lamentable problema que la señora diputada acaba de mencionar no es exclusivo del estado de México. Lamentablemente es un problema que se vive en todo el país.
La propuesta que nosotros quisiéramos hacer, cuando el tema llegue a la Comisión, es que se haga esta exhortativa no solamente a un gobernador, sino a todos los gobernadores e inclusive al gobierno federal, porque es un tema que no es exclusivo o restrictivo de una sola entidad, es un problema que lamentablemente afecta a todo el país.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Lo ha solicitado usted bien, señor diputado, la propuesta de usted deberá hacerse en la comisión.
Esta propuesta de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún se turna a la Comisión de Equidad y Género. Diputada Pérez de Tejada, adelante.
La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (desde la curul): Gracias. Diputado, lamento diferir con el compañero que me antecedió en la palabra. Cierto es que en nuestro país es un problema muy difícil, pero en el estado de México es un problema donde una mujer muere cada dos días, víctima de violencia doméstica y son cifras demostradas por la propia procuraduría del gobierno del estado de México, donde mueren en sus hogares y a manos de sus esposos, compañeros, donde tienen una relación sentimental.
Creo que es muy importante que sí se exhorte al gobernador a que tenga políticas públicas a favor de las mujeres y acá que la procuraduría del gobierno del estado de México atienda este asunto que de verdad es muy importante y tiene años que está olvidado.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada. Señores diputados y diputadas, les informo que se recibieron del Senado de la república minutas con proyecto de decreto que conceden permisos a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ellas.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se recibieron minutas con proyectos de decreto por los que se conceden permisos a los ciudadanos Juan Carlos Mestas Avilés, Ernesto Campos Tenorio, Jorge Gerardo Sánchez Sosa, José Ángel Córdova Villalobos, José Luis Sánchez Sánchez, José Luis Pilar Rodríguez, Antonio Guillermo Villegas Villalobos, Alfredo Carranza Rosales, Joaquín Chavelas Carrillo, Enrique Hernández Cisneros, Manuel Arango Arias, Antonio Ramón Suárez Gutiérrez, Antonio Guillermo Villegas Villalobos y Jorge Luis Volpi Escalante para aceptar y usar diversas condecoraciones que otorgan distintos gobiernos de diferentes países.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Gobernación. Diputada Reyes Sahagún.
La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (desde la curul): Diputado presidente, yo creo que es correcto que se turne, ya que no logramos las dos terceras partes de las curules vacías, es justo que se turne a la Comisión de Equidad, pero no es un tema nada más de equidad y mucho menos es un tema de mujeres, le pido por favor que se turne también a la Comisión de Justicia; es un tema de justicia que el Estado tiene que responder.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se obsequia la petición de la diputada Reyes Sahagún y se turna a Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Justicia.
Tiene la palabra el señor diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a resolver el desfalco de los ahorradores de la caja COOFIA, en el estado de Puebla.
El diputado Amadeo Espinosa Ramos: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: acudimos a esta tribuna a plantear una situación que lamentablemente no es nueva. Se trata de otro fraude y desfalco a mexicanas y mexicanos de escasos recursos por parte de empresas que captaban ahorros y operaban de forma irregular y en posible contubernio u omisión de las autoridades financieras.
El caso en cuestión implica varias cajas de ahorro, entre las que están la financiera COOFIA, que operaba en 9 estados de la república, así como el Grupo Bienestar Social la Paz, S. C., que operaba en 4 estados de la república, el Grupo SITMA, en 11 estados de la república y Grupo Inmobiliario Verhome, mejor conocido como Invergroup, operando en los estados de Puebla, Aguascalientes, León, Guanajuato y Ciudad Juárez, Chihuahua.
En particular voy a hacer referencia a la problemática que han creado estas 4 empresas captadoras de recursos del público: dos inmobiliarias, una financiera y la otra como sociedad civil, en el estado de Puebla, donde, según el último informe proporcionado por la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, publicado a finales del mes de noviembre, se han presentado hasta el momento 9 mil 461 denuncias penales en contra de estos grupos financieros que han defraudado.
El daño patrimonial a los clientes se estima hasta el momento en más de mil 300 millones de pesos, sólo en Puebla. En particular la caja de ahorro COOFIA inició operaciones en el año de 1997; sus propietarios son Valente Medina Seoane, Alfonso Colunga Velásquez, Miguel Ángel Corona, Ana María de Gante y Anastasio Pineda, entre otros. El atractivo de estas empresas era ofrecer a los ahorradores rendimientos superiores a los que otorga la banca comercial.
Ante esta promesa y el legítimo deseo de acrecentar su patrimonio, miles de ciudadanos poblanos les confiaron sus ahorros con la confianza de que las empresas operaban de manera legal y con los permisos que señala la normatividad vigente.
Utilizando figuras públicas y de televisión para promocionar su imagen y dar confianza a los afectados, también algunos funcionarios del gobierno del estado de Puebla y de los municipios, promovieron las bondades de estas sociedades y aseguraban al público que todo era legal y que no se desconfiara de ellos.
En el caso de Coofia, el gobierno del estado le autorizó la captación de los impuestos locales en 2008, como la tenencia vehicular, el impuesto sobre la nómina, y otros, pese que desde el 2005 la financiera ya estaba descapitalizada.
También presumieron de contar con la certificación ISO-9001-2000 por parte de la organización francesa Bureau Veritas, y a pesar que operaron de manera abierta entre la sociedad poblana, nunca contaron con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar; o bien, esta comisión actuó con omisión y dolo.
Sin embargo, Coofia y las demás sociedades empezaron a tener problemas de solvencia, incumplimiento en sus obligaciones desde principios del año en curso. La situación se tornó crítica a mediados del presente año, concretamente en mayo, varios ahorradores solicitaron que se les reintegrara su ahorro, a lo que las empresas se negaban, ofreciendo renovar los contratos con mayores beneficios.
Se calcula que los afectados en la entidad poblana ascienden a 50 mil personas, y a nivel nacional a casi 100 mil, con un daño patrimonial total a nivel nacional de 4 mil millones de pesos, según consta en varios documentos oficiales de las mismas empresas.
Por las consideraciones antes expuestas sometemos a su consideración los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que integre el patrón de afectados por el fraude de la Financiera Coofia y el Grupo de Bienestar Social La Paz, con el fin de que puedan ser beneficiados con los recursos del fideicomiso, pago previsto en la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
Segundo. La creación de un fondo estatal y federal para resarcir el daño patrimonial a los afectados de las inmobiliarias Invergroup y Sitma, que entra en el acuerdo anterior.
Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a efecto de que investigue los hechos y finque las responsabilidades a los propietarios de estos negocios, y a los funcionarios federales estatales y municipales que se hayan coludido para cometer estos delitos financieros.
Cuarto. Se acuerda la creación de un grupo de diputados federales, en forma plural, que dé seguimiento a la investigación de este fraude, con el fin de que se propongan las acciones y medidas legislativas para resarcir el daño causado, y prevengan la comisión de estos delitos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el señor diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Sedesol, a crear un Fondo Regional Especial para la Conservación y Mantenimiento de los Caminos Rurales.
No estando presente el señor diputado en el salón de sesiones, esta proposición con punto de acuerdo se turna a las Comisiones Unidas de Transportes y de Desarrollo Social.
Tiene la palabra el diputado Guillermo José Zavaleta Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca, a cumplir la responsabilidad que le impone el artículo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y de Apoyo a sus Ahorradores.
El diputado Guillermo José Zavaleta Rojas: Gracias, ciudadano presidente. Desde 2006 mil 523 familias de la región de la mixteca oaxaqueña fueron víctimas de un fraude de la caja de ahorro Sacriputla, y aun cuando existe el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, la falta de sensibilidad del gobierno local del estado ha impedido que los agraviados recuperen parte del patrimonio perdido.
El artículo 10 de la legislación antes citada precisa que para la aplicación de recursos federales destinado al pago de ahorradores, las entidades federativas firmarán un convenio con el fideicomiso creado para tal fin, y establecer los montos de aportación de ambas partes, lo cual se ha negado a realizar la administración estatal.
En marzo de este año, esta soberanía exhortó al gobierno de Oaxaca a cumplir con lo que marca dicha ley, el exhorto no ha sido atendido, aun cuando se ha considerado legítimo el reclamo de los ahorradores.
En octubre, sensibles a esta situación en la que se encuentran los defraudados, las fuerzas políticas que integran el Poder Legislativo Federal solicitaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados que se incluyera en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2010, una asignación especial, la cual no fue posible nuevamente por la falta de participación del Ejecutivo oaxaqueño.
Sin embargo, en esa misma fecha se pidió a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXI Legislatura federal considerar los recursos que le correspondían al gobierno estatal, con lo que pretendía que el pago de los ahorradores defraudados viniera al 100 por ciento de parte de la federación.
El gobierno, cuyo fin máximo debe ser el de administrar y hacer justicia no debe intentar eludir su responsabilidad, ni entrar en una mecánica de simulación y tratar de engañar a la opinión pública haciendo creer que el tema le compete a alguien más. El gobierno federal está poniendo su parte y asumiendo su responsabilidad por lo el gobierno estatal tiene la obligación de actuar en contraparte.
Porque la falta de credibilidad en las instituciones estatales y el engaño que han sufrido los ahorradores ha tenido acciones subsecuentes como bloqueos y plantones, lo que produce mayor daño a la economía de la región, quizá la más pobre del país.
Mientras no se atienda el reclamo cumpliendo lo que la ley y la subsidiaridad nos obligan, los ahorradores defraudados siguen ahí, indefensos, sin tener una respuesta, y es por ello, para cumplir con nuestra responsabilidad que:
Considerando
Que la demanda de los ahorradores defraudados por Sacriputla es legítima.
Que existe el Fidecomiso Pago, que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro, Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
Que el gobierno estatal aún no ha firmado el convenio de colaboración con el fideicomiso, para que de esta manera se permita la liberación de los fondos federales destinados a resolver estas demandas.
Que no ha sido posible el etiquetar recursos de manera directa para ayudar a que el gobierno del estado cumpla con su responsabilidad.
Que de acuerdo con el artículo 10 de la Ley que crea el fideicomiso en aplicación de recursos federales, destinada al pago de ahorradores, estará condicionada a la suscripción de convenios de la fiduciaria con gobiernos de las entidades federativas.
El suscrito, Guillermo José Zavaleta Rojas, diputado federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en el artículo 58, y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a esta Presidencia que tenga a bien someter a consideración del honorable pleno de este órgano legislativo, la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte nuevamente al gobierno del estado de Oaxaca para que cumpla con las responsabilidades que impone el artículo 10o. de la ley que crea el fideicomiso antes citado, con relación al fraude cometido por la persona moral Sacriputla, SC de RL con el siguiente
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta nuevamente al gobierno de Oaxaca, que encabeza el ciudadano Ulises Ruiz Ortiz, a cumplir con la responsabilidad que impone el artículo 10o. de la Ley que crea el Fidecomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro, Préstamo y Apoyo a sus Ahorradores, con relación al fraude cometido por la persona moral Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, que operó en el estado de Oaxaca.
Segundo. Asimismo, exhorta al gobierno de Oaxaca a firmar el convenio de colaboración para resarcir el daño causado a más de mil 500 socios afectados por Sacriputla, SC de RL, aportando la cantidad de 33.5 millones de pesos al Fideicomiso Pago, en un plazo no mayor de 30 días, para que se cumpla dicho ordenamiento.
Tercero. El pleno de la Cámara de Diputados instruye a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para que dé seguimiento y coadyuve en la solución definitiva del fraude cometido. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputado Zavaleta. Túrnese a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
El diputado Luis Felipe Eguía Pérez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Sonido en la curul del diputado Eguía. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Luis Felipe Eguía Pérez (desde la curul): Para preguntarle al diputado si nos permite adherirnos a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Zavaleta, le consulto si acepta el planteamiento del diputado. Ha dicho que sí el diputado Zavaleta, de manera que puede pasar a la suscripción de la proposición en la Secretaría.
Tiene ahora la palabra el diputado José Torres Robledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que a través de la Cofepris dicte los lineamientos necesarios para que los establecimientos públicos que vendan bienes y/o servicios no exijan cantidad monetaria alguna por el uso del servicio sanitario de eliminación de excretas. Adelante, diputado Torres.
El diputado José Torres Robledo: Gracias. Con su permiso, diputado presidente. El suscrito José Torres Robledo, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
La salud es uno de los factores esenciales para la vida de los mexicanos y por lo tanto, motivo de nuestra atención como legisladores, por lo que no podemos seguir permitiendo que establecimientos públicos que venden un bien o servicio, central de autobuses, gasolinerías, mercados municipales, etcétera, cobren por la satisfacción de una necesidad tan esencial como lo es la eliminación de excretas.
Dichos establecimientos tienen a la entrada de los baños un torniquete o una persona a la que hay que entregarle una cantidad de dinero por el uso de los mismos, por lo que la gente muchas de las veces no cuenta con cambio, o en las situaciones económicas actuales, con el dinero que hay que pagar por el servicio, lo que origina que las personas tengan que retener las excretas o bien hacer sus necesidades en la vía pública, lo que contribuye al desarrollo de focos de infección y a la contaminación del ambiente.
Estos establecimientos generalmente obtienen grandes ganancias con la venta del bien o servicio que prestan, por lo que es inadmisible que todavía te cobren por hacer tus necesidades humanas, tan vitales para la salud.
Los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las personas que tienen diabetes o alguna malformación en las vías urinarias, son grupos importantes de riesgo. Aguantar la orina es muy perjudicial, ya que está formada por sustancias de desecho, que lo único que pueden ofrecer a nuestro organismo es contaminarlo.
Además, la retención voluntaria de orina y heces pueden causar problemas con la vejiga, infecciones en las vías urinarias e incontinencia.
Por lo tanto, es necesario e indispensable que nosotros como Poder Legislativo hagamos un llamado a la Secretaría de Salud, para que cumpla a cabalidad lo estipulado en la Ley General de Salud, que a la letra dice:
Artículo 27. Para los efectos de esta ley, se entiende por servicio de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.
Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:
I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente.
Artículo 404. Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes:
I?
II?
III. Las demás de índole sanitario que determinan las autoridades sanitarias competentes, que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud, en donde se señala que son de inmediata ejecución las medidas de seguridad señaladas en el presente artículo; y el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que marca el derecho de toda persona a la protección de la salud.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, no es posible que en este país se siga pagando hasta por orinar; por tanto, y con fundamento en los elementos antes mencionados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Salud girar exhorto a la Secretaría de Salud a que, a través de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris), dicte los lineamientos necesarios para que los establecimientos públicos que venden bienes y/o servicios, no exijan cantidad monetaria alguna por el uso del servicio sanitario de eliminación de excretas.
Solicito a la Presidencia que instruya para que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el señor diputado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Comité de Administración, y a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de esta soberanía, a conducirse en estricto apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, diputado presidente. Diputadas y diputados, este punto de acuerdo está solicitando al Comité de Administración y a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados respetar plenamente el contenido del artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, específicamente en lo que hace a sus párrafos tercero y quinto; y que, en consecuencia, los remanentes generados en el presente ejercicio fiscal se enteren a la Tesorería de la Federación.
Este punto tiene que ver con una práctica incorrecta ?y desde mi punto de vista y de otros diputados de mi grupo parlamentario? y que, desgraciadamente, año con año realiza la Cámara de Diputados.
Los remanentes son aquellos recursos que no son ejercidos por la Cámara y, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria estos recursos, que no son ejercidos, deben enterarse a la Tesorería de la Federación. Se trata de una obligación de todos los poderes públicos: del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de todas las entidades federales, de los organismos constitucionales autónomos.
Muchos poderes públicos, tanto a nivel federal como a nivel local que utilizan o que ejercen recursos federales, no enteran los remanentes a la Tesorería de la Federación, incumpliendo de esta manera la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
De hecho, quiero señalarles que en la revisión de las Cuentas Públicas de 2006 y de 2007 ya la Auditoría Superior de la Federación observó a esta Cámara de Diputados por no enterar a la Tesorería de la Federación en tiempo y forma ?esto es, el 15 de enero siguiente al del ejercicio presupuestal? recursos cuantiosos que debieron ser enterados a la Tesorería de la Federación.
Por este motivo es que este punto de acuerdo busca cumplir, por un lado, con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y también insiste en el manejo escrupuloso de los recursos. Ya que esta Cámara es la que aprueba el Presupuesto y aprueba las Cuentas Públicas debe ser la principal institución en cumplir íntegramente las obligaciones que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le exige.
Por eso, muy atentamente pedimos al Comité de Administración y al Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de esta Cámara, que este ejercicio presupuestal enteren en tiempo y forma los remanentes a la Tesorería de la Federación tal y como lo indica la ley. Pido, señor presidente, que el texto íntegro de esta proposición con punto de acuerdo se inserte en el Diario de los Debates. Agradezco la atención de los pocos compañeros diputados que permanecen en esta sala. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo ha solicitado el señor diputado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, y túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a no otorgar más permisos para la apertura de centros de apuestas o salas de sorteos de números.
El diputado Raúl Domínguez Rex: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta soberanía el punto de acuerdo mediante el cual se solicita exhortar a la Secretaría de Gobernación a no otorgar más permisos para la apertura de centros de apuestas o salas de sorteos de números, así como que proporcione la información sobre los juicios que enfrenta dicha dependencia en materia de juegos y sorteos.
Consideraciones
Es de conocimiento público que en el mes de mayo de 2005 el entonces secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda, otorgó siete permisos que en conjunto autorizaban la operación de más de 300 centros de apuestas en nuestro país. Lo anterior provocó que personalidades de diversos sectores de la sociedad realizaran reiterados llamados a la autoridad en comento para detener la entrega discrecional de permisos para operar dichos centros de apuestas.
La respuesta de la dependencia, ya referida, fue que ya no se entregarían más permisos para operar un solo centro de apuestas. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta, debido a que en la página de Internet de la Secretaría de Gobernación, a cargo de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, se puede observar que se han autorizado alrededor de 133 centros de apuestas adicionales a los que se reportaban en agosto de 2005.
En la página de Internet, ya referida, se puede observar que se habían autorizado hasta el día de hoy la operación de más de 850 centros de apuesta, de los cuales apenas se encuentran funcionando poco más de 300. Además, la dependencia en cuestión supervisó, durante el ejercicio del 2008, el desarrollo de 650 sorteos, 4 mil 345 peleas de gallos, mil 134 carreras de caballos, en escenarios temporales, así como al menos 7 permisos para el cruce de apuestas en ferias regionales y, sin contar con los elementos televisivos y de radio que se llevan a cabo.
Lo anterior implica una gran labor de vigilancia y control. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación apenas cuenta con poco más de 50 inspectores en todo el país, situación que resulta incomprensible si se toma en cuenta que la dependencia en comento ha seguido autorizando permisos para nuevos establecimientos de centros de apuestas.
Por tanto, resulta preocupante la falta de eficiencia por parte de la Secretaría ya mencionada en materia de control y vigilancia de los centros de apuesta y, demás actividades relacionadas, situación que genera que el juego ilegal se desborde en toda sus variantes, a través de establecimientos que no cuentan con los permisos correspondientes, que no cumplen con la normatividad aplicable en materia de protección civil y que además se corre el gran riesgo de que dicha actividad sea infiltrada por grupos de delincuencia organizada.
En los tiempos de crisis económica en la que vivimos debemos de evitar una oferta excesiva de juego, ya que puede representar para las familias mexicanas una salida falsa a sus problemas económicos, lo que puede poner en riesgo sus ingresos económicos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a no expedir más permisos para la operación de nuevos centros de apuestas en México en tanto no cuente dicha dependencia con las condiciones óptimas para un eficiente control y vigilancia de la actividad.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Gobernación toda la información sobre las solicitudes de permiso que se encuentran en proceso de estudio, así como los juicios que actualmente enfrenta en materia de juegos y sorteos, con el objeto de que dicha información sirva como material de estudio para que esta soberanía inicie el estudio de una reforma sustancial a la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El diputado Noé Martín Vázquez Pérez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, señor diputado Martín Vázquez, ¿con qué objeto? Sonido a la curul del diputado.
El diputado Noé Martín Vázquez Pérez (desde la curul): Preguntarle al diputado Domínguez Rex, si no tendría inconveniente en que me permitiera sumarme a la propuesta que hizo ante este Congreso.
El diputado Raúl Domínguez Rex (desde la curul): Acepto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El diputado Raúl Domínguez Rex ha expresado su aprobación, por tanto puede usted pasar a la Secretaría para firmarla.
Señores diputados se acaban de recibir dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, proceda la Secretaría a dar cuenta de ella.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se recibieron oficios dirigidos al diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo Vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día para la inclusión correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto:
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a través del Sistema Nacional de Protección Civil, para que emita la declaratoria de desastre en el estado de Chihuahua por las condiciones climáticas que han generado nevadas intempestivas y que han puesto en peligro a la población de la entidad.
Está firmado, señor presidente, por los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Se recibió también otro oficio dirigido al diputado presidente de la Mesa Directiva, firmado por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, y que contiene acuerdo de la misma Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta, respetuosamente, a las autoridades de las entidades federativas del Distrito Federal y a las municipales a que colaboren responsable, honesta y solidariamente con el gobierno federal en el recibimiento de nuestros connacionales durante la próxima temporada vacacional navideña, así como en la implementación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, recién aprobado por esta soberanía.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza la modificación al orden del día. Los señores legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Los señores diputados y señoras diputadas que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada. Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a través del Sistema Nacional de Protección Civil, para que emita la declaratoria de desastre en el Chihuahua por las condiciones climáticas.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo Decimocuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta la diputada María Antonia Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y los diputados Jaime Flores Castañeda, Héctor Agustín Murguía Lardizábal y Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente
Punto de acuerdo.
Primero. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Gobernación, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, para que emita la declaratoria de desastre en Chihuahua, por las condiciones climáticas que han generado nevadas intempestivas y que ha puesto en peligro a la población de la entidad.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que libere los recursos del Fondo de Desastres Naturales, que permitan atender las consecuencias derivadas de las fuertes nevadas y heladas que se han registrado y se seguirán registrando en estos días en diversos municipios de Chihuahua.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009. Lo firman, señor presidente, los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En consecuencia consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación), gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado. Comuníquese.
Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de las entidades federativas, a la del Distrito Federal y a las municipales, a que colaboren con el gobierno federal en el recibimiento de nuestros connacionales durante la próxima temporada navideña.
Sí, diputado Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Perdón, una pregunta. Qué punto es, no sé si pudieran leernos nuevamente el punto resolutivo.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Es lo que va a hacer ahora mismo la señora secretaria.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: ¿De éste, diputado? Es punto de acuerdo.
Único. Se exhorta respetuosamente a las autoridades de las entidades federativas, del Distrito Federal y a las municipales, a que colaboren responsable, honesta y solidariamente con el gobierno federal en el recibimiento de nuestros connacionales durante la próxima temporada vacacional navideña; así como en la implementación del Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, recién aprobado por esta soberanía.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009. Está suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para sugerir una modificación en el acuerdo de los grupos parlamentarios al punto, que significaría simplemente quitar los adjetivos siguientes a "colaboren"; y decir simplemente "que las autoridades colaboren con el gobierno federal".
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aceptada su propuesta de corrección de estilo, pero, en consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo con la corrección sugerida por el diputado Ramírez Marín.
La secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo con las modificaciones sugeridas por el diputado Ramírez Marín. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado. Comuníquese.
Tiene la palabra la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a solicitar al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género que realice un informe en donde se evalúen las medidas que nuestro país ha tomado en relación con los compromisos adquiridos en el Consenso de Quito.
La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez: Con su venia, señor presidente. El 17 de octubre de 1953 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada con el fin de reconocer el derecho al sufragio efectivo. Sin duda alguna se trató de un evento sin igual que debe ser recordado por significar un momento muy importante en la historia de nuestro país.
A sólo 39 años de dicha modificación constitucional en la que en la Conferencia de Atenas de 1992 se representaba no sólo una propuesta de participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos decisorios políticos, sino toda una exigencia de responsabilidades compartidas entre mujeres y hombres tanto en el ámbito público, como del privado-doméstico.
De esta manera la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha afirmado que en un orden internacional democrático y equitativo requiere, entre otras cosas, el ejercicio de los siguientes derechos:
La promoción de un orden económico internacional basado en la participación en condiciones de igualdad en el proceso de adopción de decisiones, la interdependencia, el interés común, la solidaridad y la cooperación entre todos los estados, principalmente a través del principio de representación regional equitativa entre mujeres y hombres, y el derecho a la participación política de las y los ciudadanos para presentarse como candidatas o candidatos.
La democracia paritaria se ha plasmado en la composición de uno de los órganos más relevantes instituidos en el último tiempo al amparo del derecho internacional. Me refiero al Tribunal Penal Internacional.
En efecto, el artículo 36.8 A, del Estatuto de Roma, dispone que: "Al seleccionar a los magistrados, los Estados parte tendrán en cuenta la necesidad de que en la composición de la corte haya representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres".
En el ámbito regional americano existe también una preocupación por potenciar la integración de las mujeres en los niveles de toma de decisiones. Puede mencionarse en esta línea el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Igualdad de Género.
Dentro de los objetivos prioritarios de este programa destaca la participación plena e igualitaria de la mujer en la vida política del país y en la toma de decisiones a todos los niveles y la adopción, según sea el caso, de medidas, de acción positivas de carácter legislativo, administrativo, judicial, dirigidas a lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres en todas las estructuras de la sociedad.
A partir del Consenso de Quito se establecen las obligaciones para los Estados parte. Entre otras medidas, México debe fomentar la cooperación regional e internacional, particularmente en materia de género, trabajando para que el orden internacional sea propicio para el ejercicio de la ciudadanía plena y el ejercicio real de los derechos humanos, incrementando la participación de las mujeres en los ámbitos internacionales que defienden la agenda de seguridad, paz y desarrollo.
En este consenso, nuestro país se comprometió a garantizar la eliminación de todas las condiciones laborales discriminatorias, formar e implementar políticas públicas para ampliar el acceso sostenible de las mujeres a la propiedad de la tierra y el agua, facilitar el acceso al financiamiento y tecnologías y favorecer políticas públicas que establezcan la responsabilidad compartida equitativamente entre mujeres y hombres en el ámbito familiar, así como para asegurar el acceso a la salud integral de las mujeres y adoptar medidas que contribuyan a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, garantizándoles el acceso a la justicia.
Es entonces obligación del Estado mexicano ampliar y fortalecer la democracia participativa y la inclusión igualitaria, plural y multicultural de las mujeres en el ámbito social, económico y en la definición de las políticas públicas, adoptando las medidas para su inserción en los espacios de decisión, opinión, información y comunicación, así como facilitar la capacitación política para el liderazgo de las mujeres.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Que la Junta de Coordinación Política solicite al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, el CEAMEG, realizar un informe donde se evalúen las medidas que nuestro país ha tomado en relación con los compromisos adquiridos en el Consenso de Quito y se exhorte a todas las legisladoras y los legisladores, en especial a las integrantes y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género a que, conforme a los resultados del informe que realice el CEAMEG asumamos el compromiso de legislar en las materias que haga falta.
Señor presidente, solicito que sea incluido el texto íntegro del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo solicita la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el señor diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a que etiquete, del Presupuesto de Egresos 2010, recursos para resarcir los ahorros de los socios defraudados por la persona moral denominada Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamos Sacriputla, SC de RL, suscrito también por la diputada Juanita Argelia Cruz Cruz.
El diputado Luis Felipe Eguía Pérez: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea: sólo las almas firmes saben perseverar; ser perseverante es de una pequeña minoría, es el privilegio de los fuertes.
Tres largos años de autogestión anteceden a la solicitud de punto de acuerdo que presentamos en esta proposición. Los representantes de las organizaciones que agrupan a más de mil 500 socios que fueron defraudados en el estado de Oaxaca por directivos y administradores de la persona moral denominada: Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Sacriputla, S. C. de R. L., han promovido de manera ejemplar su autodefensa.
A pesar de ser la mayoría de los ahorradores defraudados de origen humilde, han superado los contratiempos naturales y artificiales con los que se han tropezado. Se han organizado una y otra vez hasta recuperar el aliento y las fuerzas necesarias para continuar con la defensa de su patrimonio. Se han reorganizado y lo harán una y otra vez y las veces que sean necesarios, porque ya aprendieron que la perseverancia es la clave para alcanzar el éxito.
Después de un largo peregrinar por todas las instituciones públicas posibles y habiendo cubierto todas los procedimientos que la Ley crea el fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, Fideicomiso Pago (Fipago), presentaron las denuncias oportunas, lograron la ejecución de la auditoría correspondiente, acreditaron sus dichos en cada instancia.
Los representantes de los defraudados lograron que la propia Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura promoviera exitosamente un punto de acuerdo ante esta soberanía, mediante el que se exhortó al gobierno libre y soberano del estado de Oaxaca a cumplir con el pago proporcional que la Ley Fipago para el caso establece.
Mediante este punto de acuerdo refrendamos el exhorto en que la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura turnó al gobierno del estado de Oaxaca para atender el asunto.
No sólo eso, refrendamos también la solicitud que el gobierno del estado de Oaxaca, con fecha del pasado 8 de octubre presentó a través de la Coordinación General del Coplade (Comité de Planeación para el Desarrollo), mediante el cual demanda al diputado Luis Videgaray Caso, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Legislatura, a fin de etiquetar en el Presupuesto de Egresos 2010 los recursos necesarios para atender esta irregularidad.
Refrendamos también nuestra solidaridad con el punto de acuerdo que en esta tribuna presentó el pasado 15 de octubre nuestro colega, el diputado por el estado de Oaxaca, Elpidio Concha Arellano.
Refrendamos también la solidaridad que en una reunión de la Mesa Directiva de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, personalmente ofreció a los defraudados, el pasado 5 de noviembre, nuestro colega, el diputado Heliodoro Díaz y también refrendamos sus votos y su interés por la pronta solución de esta irregularidad.
Entendemos de la precariedad en las finanzas públicas y sabemos que el cumplimiento con la ley en estos casos no es un asunto menor.
Es por esta razón que, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados Luis Felipe Eguía Pérez y la diputada Juanita Cruz Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, suscribimos de manera conjunta la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Por el que se exhorta al honorable Congreso del estado libre y soberano de Oaxaca a etiquetar la cantidad de 33 millones 469 mil 548 pesos con 55 centavos de su Presupuesto de Egresos 2010 a efecto de resarcir los ahorros de los socios defraudados por la persona moral denominada Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Sacriputla, S. C. de R. L.
Por último, solicito que mi intervención se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Atendiendo la solicitud del señor diputado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
Se pospone la propuesta del señor diputado Enrique Ibarra Pedroza, en virtud de que así lo ha solicitado el proponente.
El diputado José Manuel Agüero Tovar (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Perdón, el señor diputado José Manuel Agüero Tovar. Adelante, diputado.
El diputado José Manuel Agüero Tovar (desde la curul): Gracias, presidente. Únicamente para preguntarle al diputado Eguía, si me permite adherirme a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Señor diputado, Felipe Eguía ¿está usted de acuerdo?
El diputado Luis Felipe Eguía Pérez: Estoy de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Está de acuerdo el señor diputado; por tanto puede estar pasar a la Secretaría para firmar la proposición.
Tiene la palabra la diputada Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial a fin de investigar las presuntas irregularidades en la compra de 933 hectáreas a ejidatarios por parte del gobierno de Guanajuato, que iban a ser destinadas a la construcción de la refinería Bicentenario.
La diputada Yulma Rocha Aguilar: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Como se podrá recordar, el presidente de la república anunció el 15 de octubre de 2008, el Programa para impulsar el Crecimiento y el Empleo. En éste incluyó un importe de 12 mil millones de pesos para la construcción de la nueva refinería. Así, pues, el 15 de abril posterior, a partir de distintas propuestas de diversos estados, se confirmó que la sede sería en el estado de Hidalgo y que contaba con 100 días para la adquisición de los terrenos; tiempo que se prolongó; entonces, entra a la carrera por la nueva refinería el estado de Guanajuato.
Durante este proceso en el que todas las voces nos alzamos en Guanajuato, tanto de la iniciativa privada como del sector público, para que en Guanajuato se instalara la famosa refinería, también se desplegaba un operativo tanto gubernamental, como económico, para posicionar a Guanajuato y, sobre todo, a su gobernador, en la carrera por la nueva refinería, tanto en el plano estatal como en el plano nacional. Sobre todo, haciendo uso de estrategias en los medios de comunicación.
En Guanajuato son muy afines a utilizar la estrategia comunicativa y de mercadotecnia consistente en: más horas en los medios de comunicación es igual a más popularidad del producto; sin embargo, al gobernador se le olvida incluir una variable muy importante que se le llama credibilidad. Credibilidad con base en resultados, porque pocos han tenido.
Así como que, a través de estrategias bastante cuestionables y poco transparentes, presuntamente contratar empresas fantasmas que operaron con dinero público para la adquisición de dichos terrenos. Y aún más, la exigencia de los ejidatarios del pago correspondiente a la venta de sus terrenos, que el gobernador aseguraba que ya había liquidado.
Éste ha sido, como muchos otros actos de gobierno, cargado de opacidad y de poca transparencia, sobre todo casualmente cuando van involucrados cientos de millones de pesos. En este caso particular, más de mil 600 millones de pesos para la adquisición de más de 900 hectáreas de tierra para la construcción de la famosa refinería; una aventura en la que creía el gobernador ?o quería creer? y, con ello, la disputa por la famosa refinería.
Y ahora, el problema de que ni siquiera saben qué hacer con los terrenos. Terrenos para los que no hay proyecto definido para su uso y su destino. Qué grave irresponsabilidad al apostar con dinero público; y más grave, perder.
Todo esto en un marco de opacidad, de falta de transparencia e información, de múltiples especulaciones en el entendido de que la transparencia y la rendición de cuentas son conceptos que le atañen a la política y a la administración pública en el ejercicio del buen gobierno.
Sin embargo, no hay que confundir el informar con rendir cuentas, que es lo que confunde el gobernador. Informar es un acto político, es un acto inmediato y meramente circunstancial. En cambio, el rendir cuentas, que es a lo que no está acostumbrado el gobernador de Guanajuato, es una acción administrativa, documentada y verificable, que es administrativa, es jurídica y es contable.
Y, ojo, gobernador, su omisión implica graves responsabilidades para el servidor público ya que establece irregularidades, sugiere correcciones y recomienda o determina sanciones.
Es por tales motivos que los que suscribimos el presente documento solicitamos la constitución de una Comisión Especial a fin de que sea perfectamente aclarada, toda vez que se puede tratar de asuntos presuntamente ilícitos, operados con dinero público, que de ser ciertos sentarían un grave precedente.
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Cámara
Proposición con punto de acuerdo
Único. Se solicita la constitución de una comisión especial a fin de investigar las presuntas irregularidades en la compra de 93 hectáreas a ejidatarios, por parte del gobierno del estado de Guanajuato, que iban a ser destinadas a la construcción de la nueva refinería.
Le solicito, diputado presidente, sea turnado a la Junta de Coordinación Política y quede inserto el texto íntegro. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado, insértese el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Se recibió del diputado César Daniel González Madruga, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal, así como al jefe delegacional en Tlalpan, a que se mantenga una puntual observación en los distintos procesos electivos que se lleven a cabo. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
Tiene la palabra el diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que ordene una auditoría y, en su caso, inicie un proceso sancionador, para fincar responsabilidad y reparar los daños del primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta. No estando en el salón el proponente, túrnese a la Comisión de Transportes.
Tiene la palabra la diputada Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial del Voto de los Mexicanos en el Exterior.
La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su permiso, diputado presidente. El propósito del punto de acuerdo que el día de hoy presento ante ustedes es crear la Comisión Especial del Voto de los Mexicanos en el Exterior, con la misión de sentar las bases, coordinar trabajos, impulsar acuerdos, encontrar las coincidencias y proponer las fórmulas óptimas para que esta Legislatura sea capaz de producir una reforma a fondo del voto de los mexicanos que residen en el extranjero.
A partir de una reforma al Cofipe los mexicanos pudieron votar por primera vez desde el exterior, en las elecciones federales del 2006, ello representó un avance y una conquista a favor del ejercicio de los derechos político-electorales de nuestros migrantes y connacionales que residen en el extranjero.
No obstante, debido a un diseño de origen con severas limitaciones, un modelo que no contó con los elementos necesarios para alentar y provocar la participación, y debido también a que dicha reforma fue aprobada y entró en vigor a un tiempo muy escaso de anticipación a la elección, resultó que menos de 1 por ciento de los mexicanos que tenían credencial para votar y que residían fuera del territorio nacional se registró para hacerlo.
De más de 4 millones de connacionales con credencial de elector, únicamente se emitieron 32 mil 632 votos, de acuerdo a los reportes de escrutinio y cómputo del Instituto Federal Electoral. Por tanto, es absolutamente necesario emprender una reforma al fondo del voto extraterritorial que permita incentivar este ejercicio democrático de los mexicanos en el exterior, por lo cual se solicita a esta honorable asamblea tome la determinación de crear una comisión especial para esta encomienda.
A fin de impulsar una reforma a fondo, del voto de los mexicanos en el exterior, la comisión especial seguiría tres estrategias principalmente: analizar la experiencia inédita del 2006 para realizar un diagnóstico y evaluar dicha experiencia con miras a su mejoramiento y perfeccionamiento.
Hacer un estudio comparativo y una recopilación de todas las propuestas e iniciativas de ley que existen en la materia, presentadas en el Congreso de la Unión; en las legislaturas estatales; por parte de la sociedad civil; la academia; los centros de estudio e investigación y organizaciones y liderazgos representados de nuestros migrantes.
Tercero. Presentar nuevas iniciativas de ley plurales, para aportar nuevos elementos, nuevos escenarios y posibilidades para estar en condiciones de arribar a nuevos esquemas antes del 2012, que sean jurídicamente viables y que concreten el anhelo de fortalecer los derechos político-electorales de nuestros migrantes y connacionales en el extranjero.
La comisión especial tendría un plazo de dos años para dar cumplimiento a sus tareas, y un calendario de trabajo establecido.
Estimadas compañeras y compañeros, no nos podemos equivocar, nuestros migrantes y connacionales en el exterior desean participar en la toma de decisiones en la vida política nacional y en el proceso continuo de construcción de la nación. Démosles esa oportunidad.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de este pleno la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. Se crea la Comisión Especial del Voto de los Mexicanos en el Exterior, de acuerdo al objeto, mandato, objetivo, número de integrantes y plazos planteados y descritos en el documento que se entregó a la Mesa Directiva. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muchas gracias, diputada. Túrnese su intervención a la Junta de Coordinación Política.
El diputado Gumercindo Castellanos Flores (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, señor diputado Castellanos.
El diputado Gumercindo Castellanos Flores (desde la curul): Una disculpa, señor presidente. Solamente para preguntarle a la ponente si me permite adherirme a su punto de acuerdo. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada Reynoso Sánchez, el señor diputado?
La diputada Noemí Reynoso Sánchez (desde la curul): Con mucho gusto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí ha aceptado, señor diputado. Pase usted a firmar la proposición.
Tiene la palabra el diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordene una auditoría y en su caso, inicie un procedimiento sancionador para fincar responsabilidad y reparar los daños del primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta.
El diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los que suscriben, diputados federales del PRI por Guerrero, Fermín Alvarado, Esteban Albarrán y Miguel Álvarez Santamaría, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Conforme al Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 64 de 125 países en la competitividad de su infraestructura y el lugar 49 en infraestructura carretera. Si la infraestructura carretera es vital para el desarrollo económico y social de un país por lo que debe de ser moderna, confiable y segura, lo es más para los destinos turísticos que requieren mejorar su conectividad en todos los sentidos.
En el año 2006 como diputados al Congreso local de Guerrero, nos permitimos exhortar a los Poderes Ejecutivo federal y estatal y a la LX Legislatura, destinaran los recursos necesarios para el inicio de la ampliación a cuatro carriles de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta en Acapulco.
Con sensibilidad la LX Legislatura autorizó 60 millones de pesos para la primera etapa de los primeros 2 kilómetros de un total de 9, lo que además representó un acto de justicia para miles de paisanas y paisanos que viven en la zona poniente de Acapulco, bendecidos por una espléndida belleza natural, además de una de las mejores puestas del sol en el mundo.
Sin embargo, la construcción de esta obra ha generado un cada vez más creciente malestar, tanto por las evidentes deficiencias en las que incurrió la Constructora Diamante en la calidad de la obra, que en su primera etapa a 12 meses ya presenta hoyos y baches, como por la lentitud de los trabajos, que en la segunda etapa realiza el Grupo Mexicano de Desarrollo con un monto de 100 millones de pesos más.
Como representantes populares estamos obligados a no ser omisos ante evidentes negligencias, tanto de las autoridades de la SCT como de las compañías constructoras que construyen no solamente con lentitud, sino con actitudes que pueden ser constitutivas de desvíos y/o de una deficiente aplicación de recursos públicos autorizados por esta alta representación.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se someta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. La LXI Legislatura hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ordene una auditoría y en su caso, inicie un procedimiento sancionador para fincar responsabilidades y ordenar la reparación de los daños del primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta en Acapulco, a cargo de la Constructora Diamante, que a sólo unos meses ya presenta deficiencias como baches y hoyos; y exija al Grupo Mexicano de Desarrollo acelere los trabajos, incremente el personal y las jornadas laborales del segundo tramo, a efecto de que a más tardar el 18 de diciembre estén disponibles y liberados los dos sentidos de esta importante vía, ante el inicio de la temporada vacacional de diciembre, que para nosotros es fundamental. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Transportes.
Tiene la palabra la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial, y plural, encargada de revisar de manera integral la legislación nacional relativa a los jornaleros agrícolas.
La diputada Narcedalia Ramírez Pineda: Señor presidente, honorable asamblea: Hace unos días fue publicado una serie de reportajes en el diario El Universal, con testimonios estremecedores de humildes jornaleros mexicanos que soportan en silencio jornadas de hasta 16 horas, muchas veces con temperaturas que les causan insolación y muerte. Son crónicas que golpean nuestra conciencia, pues denuncian la dura realidad de más de 4 millones de mexicanos que salen expulsados de sus tierras empobrecidas, para vender su fuerza de trabajo. Es el trágico destino de 400 mil mexicanos que cada año buscan cruzar la frontera del miedo para trabajar en Estados Unidos y Canadá, y a costa de cualquier sacrificio con tal de ayudar a paliar la miseria de sus familias rotas.
No es un ánimo tremendista el que me ha traído a esta tribuna, sino la convicción de no callar, ni guardar silencio ante la explotación, el despojo de la dignidad y el desprecio de la vida de nuestros compatriotas; por cierto, los más pobres, los más vulnerables y los menos protegidos por las políticas públicas y los programas gubernamentales en todos sus niveles.
Los más de 12 millones de nuestros compatriotas que ahora viven en Estados Unidos aportan con sus remesas un gran alivio a sus familias, pero también a la economía nacional. Los cerca de 20 mil millones de dólares que envían anualmente, aunque por la recesión hayan disminuido este año hasta un 36 por ciento, son el segundo generador de ingresos para México, después del petróleo. Reconociendo esa realidad, lo que es imposible aceptar es la explotación y el trato discriminatorio y xenofóbico de que son objeto. Sufren trato vejatorio e inhumano que atenta gravemente contra su salud y sus vidas en total indefensión.
Para nuestra patria el costo humano es muy alto. En cada emigrante nuestro país está expulsando a sus mejores recursos humanos. Es lamentable que aquí, en nuestra tierra, no les hayamos podido encontrar alternativas y opciones sabiendo lo que podrían aportar a nuestro desarrollo, como lo hacen para la economía de Estados Unidos.
Durante el 2008 los migrantes mexicanos pagaron en Estados Unidos 53 mil millones de dólares en impuestos directos e indirectos, monto que representa más del doble de las remesas que enviaron a México en el mismo periodo.
La causa social de los jornaleros que trabajan en los campos agrícolas de México, de Estados Unidos y Canadá llama hoy a nuestra sensibilidad social y a nuestra responsabilidad como representantes del pueblo que somos.
Ha llegado el momento de revisar a profundidad el marco jurídico que tutela los derechos de los trabajadores del campo. Estamos al mismo tiempo, ante la gran oportunidad para reiniciar una nueva relación con nuestros colegas, los legisladores norteamericanos, y buscar un acuerdo migratorio que reconozca, entre otras cosas, la aportación de los trabajadores mexicanos al desarrollo y crecimiento de la economía norteamericana.
Por todas estas razones, señor presidente, me permito presentar el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Solicitar a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados la creación de una Comisión Especial, y plural, que se encargue de revisar de manera integral la legislación nacional relativa a los jornaleros agrícolas, a sus condiciones de trabajo y a sus derechos que es impostergable proteger y, al mismo tiempo, solicite a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, un informe amplio sobre las acciones que el gobierno mexicano realiza para proteger los derechos de nuestros compatriotas en los campos agrícolas de Estados Unidos, y el avance que se lleva en la negociación de un acuerdo migratorio. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
El diputado Guillermo José Zavaleta Rojas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Guillermo Zavaleta, ¿con qué objeto, señor diputado?
El diputado Guillermo José Zavaleta Rojas (desde la curul): Con la intención de preguntarle, señor presidente, a la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, si me permite adherirme al punto que ha presentado.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulto a la diputada.
La diputada Narcedalia Ramírez Pineda (desde la curul): No hay inconveniente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No tiene ningún inconveniente, señor diputado. Adelante. Sí, ha manifestado la diputada que no hay inconveniente en que los que quieran adherirse a su proposición puedan hacerlo. Perdón, ya lo había dicho, se turna a la Junta de Coordinación Política.
Se recibió del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Administración General de Aduanas, para que de manera inmediata solucione el problema referente al Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave), instalado en las aduanas de Nogales y Agua Prieta, Sonora. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el señor diputado Patricio Chirinos del Ángel, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía, a que reclasifiquen, reajusten y establezcan una tarifa preferencial de energía eléctrica de uso doméstico.
El diputado Patricio Chirinos del Ángel: Con permiso, señor diputado presidente. Patricio Chirinos del Ángel, representante del distrito I, de Pánuco, Veracruz, del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el marco jurídico que me faculta para hacer uso de esta tribuna vengo a esta soberanía a proponer el presente punto de acuerdo bajo el tenor de las siguientes
Consideraciones
Compañeras diputadas y compañeros diputados, cumplir e interpretar las aspiraciones de los ciudadanos que nos eligieron es una de las responsabilidades que tenemos los legisladores, por eso hoy acudo a este pleno en busca de una solución sentida que demandan los habitantes del distrito que represento.
En los últimos años el país ha venido experimentando una severa crisis económica, derivado en la consecuente disminución del poder adquisitivo y el incremento desmedido de los precios. No sólo en los productos básicos, sino en los servicios primarios como el agua, gas y particularmente la electricidad.
Veracruz, como primer productor de energía eléctrica aporta el 11 por ciento del total de la nación y cuenta con 15 centrales generadoras de electricidad, descartando las termoeléctricas de Tuxpan y Dos Bocas, así como la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.
Vecinos de la región del norte de Veracruz registran cobros que van desde mil 500 hasta 3 mil pesos bimestralmente en su recibo. Irónico con los datos del Consejo Nacional de Población, cuando la mayoría de los municipios que se encuentran clasificados en el rango de alta marginación, reflejando en promedio que alrededor de 50 por ciento de la población ocupada percibe solamente hasta dos salarios mínimos y el 35 por ciento viven en casas con pisos de tierra.
La precaria situación económica se agrava para la gente más pobre y necesitada, afectando sectores poblacionales que perciben escasos ingresos únicamente en determinadas temporadas del año, dando como ejemplo quienes al trabajar por jornada o destajo dejan de cobrar cuando no hay cosechas o veda, respectivamente, y cuando lo hacen reciben cantidades que la mayoría de las veces pueden ser menores a la de un salario mínimo.
Otro caso es el de los maestros recién egresados que comienzan su labor docente, con salarios que no superan los 4 mil pesos mensuales y que a pesar de ello deben hacer frente y cumplir con las necesidades de sus familias.
El Servicio Meteorológico Nacional revela temperaturas que van de los 35 a los 40 grados centígrados, llegando en ocasiones a superar dichos rangos. Estas condiciones ambientales afectan severamente la vida y las actividades cotidianas de los habitantes de la Huasteca veracruzana.
Por tal razón la marginación, las altas temperaturas registradas y los ingresos promedio de la población, son algunos de los factores que deben de tomarse en cuenta ante la inaplazable reclasificación de las tarifas de consumo de energía doméstica, para las comunidades del norte de Veracruz.
En esta soberanía se han hecho pronunciamientos similares con él, significando esto que en nuestra Cámara existe voluntad y coincidencias de las fuerzas políticas representadas que permiten afrontar las dificultades e inquietudes de nuestros conciudadanos.
En tal virtud solicito respetuosamente a las instituciones involucradas en este tema, su colaboración inmediata a fin de atender este reclamo en beneficio no sólo de los veracruzanos, sino de todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta Cámara la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaria de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de sus atribuciones reclasifiquen, reajusten y establezcan una tarifa preferencial de energía eléctrica de uso doméstico en beneficio de los pobladores de los municipios de Ozuluana, El Higo, Naranjo, Zamatlán, Chinampa, Tamalín, Tancoco, Tantima, que conforman la huasteca alta y baja del distrito I de Pánuco, Veracruz. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Energía.
Tiene la palabra la diputada Judith Fabiola Vázquez Saut, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el Fomento, Cultivo y Desarrollo de la Palma de Aceite Africana.
La diputada Judith Fabiola Vázquez Saut: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: la suscrita integrante de esta LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a esta tribuna a presentar proposición con punto de acuerdo, para la creación de la Comisión Especial para el Fomento, Cultivo y Desarrollo de la Palma de Aceite Africana, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La palma de aceite es un cultivo oleaginoso, que se ha extendido en el mundo gracias a su alto potencial productivo. Comparado con otros cultivos de semillas, su rendimiento en términos de aceite por hectárea promedia alrededor de 3.7 toneladas, superando a las oleaginosas tradicionales como son soya, canola, girasol y algodón.
El aceite de palma en la última década se consolidó en términos de producción en el segundo lugar del comercio mundial, sólo detrás de la soya y actualmente ocupa el primer lugar en términos de volúmenes de comercio de productos oleicos.
Actualmente Malasia e Indonesia representan en conjunto el 85 por ciento de la producción y el 95 por ciento de las exportaciones de aceite de palma en el mundo, siendo pioneras en el aprovechamiento de este producto.
En este contexto la ubicación estratégica de nuestro país ofrece ventajas idóneas para promover la explotación del aceite de palma, las cuales deben de ser aprovechadas para la creación de desarrollos regionales en los que se articulan estrategias que incluyan la modernización de técnicas agrícolas y el fortalecimiento de la cadena productiva, ofreciendo rentabilidad económica a la agroindustria nacional.
Actualmente la superficie sembrada desde 32 mil 538.4 hectáreas en los estados de: Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, con un rendimiento de 307 mil 756.9 toneladas y con valor de 281 mil 96.72 millones de pesos.
Nuestras importaciones oscilan entre 350 y 450 mil toneladas que representan el 85 al 90 por ciento del consumo nacional del aceite de palma, significando un gasto para nuestro país de 250 a 280 millones de dólares, lo que refleja una preocupante dependencia del mercado internacional.
Desde el Congreso, compañeros, debemos coadyuvar para abatir la pobreza y el rezago social que priva en el agro mexicano creando los mecanismos que nos permitan desarrollar cultivos rentables como la palma de aceite, que ofrece un valor agregado por su alta productividad y gran versatilidad para elaborar cientos de productos comestibles y no comestibles, lo que permitirá, por un lado, otorgar al productor del sureste de nuestro país una opción para incrementar sus ingresos y su calidad de vida; y por otro, satisfacer en la medida de lo posible la demanda interna de aceites vegetales.
Es necesario orientar nuestra política agrícola a impulsar una agricultura competitiva y eficiente que cuente con procesos innovadores y tecnologías acordes con los conocimientos de las condiciones ecológicas de cada región, que fomenten el empleo y fortalezcan nuestra soberanía alimentaria.
Además, estamos a unos días de que se celebre la reunión de Copenhague y creo que ésta es una de las plantaciones que tienen que ver con el posible cambio con el que podamos colaborar nosotros para el medio ambiente.
Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados que constituya la Comisión Especial para el fomento, cultivo y desarrollo de la palma africana de aceite.
Segundo. La Comisión Especial contará con los recursos necesarios para su operación. Su duración será hasta el término de la actual legislatura o cuando se haya cumplido su cometido. Para estos efectos, deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso general.
Con fundamento en el artículo 184 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito la inserción íntegra en el Diario de los Debates de la presente proposición. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para impulsar, dar seguimiento y evaluar la activación de cuentas de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, en las principales redes sociales de Internet en México, con el objeto de publicar la información parlamentaria pertinente, de manera oportuna respecto de las discusiones, decisiones y acuerdos tomados por el pleno y las distintas comisiones parlamentarias; así como las noticias más relevantes de interés público.
El diputado Salvador Caro Cabrera: Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Permítame un segundo, señor diputado.
Diputado López-Portillo, el PRI solicitó un cambio, la proposición 39 por la 49. La propuesta del diputado era la 49 y está entrando en lugar de la 39. Adelante, señor diputado.
El diputado Salvador Caro Cabrera: Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para presentar un punto de acuerdo relacionado con un fenómeno que está afectando a millones de mexicanos. El robo de gasolina en nuestro país ha venido en aumento en los últimos años, y no me refiero al robo en los gasoductos, sino en las estaciones de servicio que expenden litros rebajados, litros de hasta 850 mililitros; práctica delictiva que ha impactado de manera directa a los consumidores y que se reciente en esta época de crisis y carestías.
Oficialmente, los reportes evaluados por las dependencias destacan que en promedio 31 estaciones de servicio por año están reincidiendo en el comercio ilícito de combustibles, a pesar de los diversos candados que Pemex y autoridades como la Procuraduría General de la República, Seguridad Pública federal, Ejército y Marina establecieron desde 2003, como son los controles volumétricos y el marcador de gasolinas, para evitar estos actos ilegales.
Lamentablemente esta una historia que tienen que ver con el ofrecimiento público de servicios a gasolineros para poder manipular software y así poder robar a los consumidores. Es una historia que tiene que ver con la colusión de organizaciones de gasolineros con funcionarios de las delegaciones estatales de Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor).
En este sentido y siendo generalizada esta práctica a lo largo y a lo ancho del país, es que las instituciones públicas deben actuar para frenarlo de manera inmediata. Así, en nombre de todos los ciudadanos que cotidianamente se ven afectados, propongo los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se solicita al Procurador Federal del Consumidor tenga a bien instruir a la Subprocuraduría de Verificación de la dependencia a su cargo, para que por conducto de las delegaciones estatales sean intensificados en todas las entidades federativas el programa de verificación de combustibles que permitan detectar oportunamente la venta fraudulenta de éstos en agravio de los consumidores y en consecuencia sean sancionados los responsables con todo el rigor de la ley.
Segundo. Se solicita al titular de Secretaría de la Función Pública dar seguimiento a las actividades de las delegaciones de Profeco en las entidades federativas en relación con los expendios de gasolina y, en su caso, inicie los procedimientos y aplique las sanciones correspondientes.
Solicito sea turnada a la Junta de Coordinación Política y se inscriba el texto íntegro en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de la Función Pública.
El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado García Granados.
El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Señor presidente, desde su autoridad usted dispuso que el diputado Salvador Caro Cabrera leyera la proposición de punto de acuerdo mediante la cual se crea la comisión especial para impulsar, dar seguimiento y evaluar la activación de cuentas de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso.
Sin embargo, el diputado leyó una proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular de la Profeco tenga a bien instruir que por conducto de las delegaciones estatales sea intensificado el programa de verificación de combustibles; totalmente distinto.
Considero que puede haber sido un error de apreciación del señor diputado, pero en el seguimiento del orden del día, creo que valdría la pena rectificar la instrucción dada por la Presidencia, para que el diputado Salvador Caro Cabrera, efectivamente este punto de acuerdo que acaba de leer, sea el que quede plasmado y autorizado.
Por otro lado, sinceramente me gustaría nuevamente pedir una verificación de quórum, en razón de que es notable que no existe el quórum suficiente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí. Tiene usted razón, señor diputado, efectivamente el turno que se le había dado al señor diputado Salvador Caro Cabrera era para otra iniciativa; él ha leído otra. Y la que ha leído él es la que hemos turnado a las Comisiones Unidas de Economía y de la Función Pública como corresponde. Sí, señor.
El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Adelante, diputado.
El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): Buenas tardes. Para solicitar al compañero y amigo, Chava Caro, haber si nos permite adherirnos a lo que él expuso.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: ¿Sí, diputado?
El diputado Salvador Caro Cabrera (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Ha manifestado su aprobación el señor diputado.
Tiene la palabra la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Campeche, para que en el marco de la discusión de la Ley de Egresos del estado implemente un programa estatal de austeridad.
La diputada Yolanda del Carmen Montalvo López: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados. México vive momentos decisivos en materia social, económica y política, derivados de la crisis económica mundial que nos aquejó este año, por lo que las decisiones que se tomen en este último mes del 2009 y en los primeros del 2010, habrán de repercutir en el futuro inmediato, que de ser acertadas nos permitirá proyectar con mayor fuerza y vigor la economía nacional y por ende, nuestra reinserción en el proceso de recuperación que se espera para el 2010.
Las decisiones a las que nos estamos refiriendo, no sólo habrán de ser tomadas en el ámbito federal, sino también en lo local. De ahí que los gobiernos estatales y municipales, independientemente del partido político que los gobierne, habrán de ponderar por un eficiente y mejor manejo de los recursos económicos disponibles, por lo que los tres ámbitos de gobierno en nuestro país, deberán enfatizar en la creación de programas, acuerdos o leyes que les permitan ejercer los recursos disponibles con base en dos aspectos económicos y administrativos, nos referimos a los conceptos de gasto eficiente y austeridad.
Para lograr esto se requiere, como ya lo habíamos deliberado al interior de esta soberanía, de una reforma fiscal integral que permita una mejor recaudación tributaria, en el que cada miembro de la sociedad participe aportando recursos de acuerdo a sus capacidades y posibilidades.
Por otra parte, es necesario utilizar de mejor manera esos recursos públicos, asegurando que éstos no se desperdicien, que no se utilicen para actividades diferentes a lo acordado o etiquetado y que se tenga un mayor grado de certidumbre y transparencia en el destino y aplicación de los mismos, a través de mecanismos auditables.
Aunado a esto, es necesario e imprescindible reducir el nivel de dependencia de nuestra economía con respecto a la captación de recursos vía ingresos petroleros, para pasar a la captación de egresos en sectores económicos como el turismo, la explotación de bioenergéticos y el impulso de actividades primarias y de servicio.
De tal suerte que nuestro país deberá enfrentar en el futuro inmediato un proceso de recuperación lento y variable, por el que debemos estar conscientes en cuidar y aplicar con responsabilidad, austeridad y eficiencia, los recursos aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2010.
Asimismo, debemos poner énfasis en dos aspectos fundamentales: el primero, lograr una verdadera austeridad y el segundo, la aplicación de un gasto eficiente con respecto a la aplicación y uso de los recursos asignados y etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.
Al respecto, es importante señalar que como gasto eficiente se debe entender la asignación y aplicación de recursos como un criterio técnico cuantificable y evaluable, que nos permita determinar si se está logrando el máximo beneficio social posible con las aportaciones individuales de los ciudadanos para el bienestar colectivo y vigilando que los servidores públicos encargados de aplicarlos, lo hagan con total transparencia.
De la misma forma, debemos enfatizar que por gasto eficiente y austeridad debemos entender que son aquellos procesos económicos y administrativos que nos permitan realizar adquisiciones y realizar gastos con racionalidad económica, justificables de manera lógica, racional, medible y objetiva.
Señoras y señores, la austeridad de un gobierno no sólo implica la reducción de sueldos de funcionarios, sino también la búsqueda de sistemas de operación que permitan la optimización de recursos, aunado a la participación de funcionarios capacitados en tareas estratégicas que reduzcan las plantillas de personal.
Sólo con una proyección adecuada se puede asegurar que el éxito de programas y medidas gubernamentales y además una forma de ahorrar recursos, porque no se trata sólo de evitar gastos innecesarios, sino de hacer que los gastos necesarios y recurrentes de la administración, alcancen su mayor efectividad.
Existen diversos ejemplos por parte del gobierno federal y de gobiernos estatales en materia de austeridad y gasto eficiente, donde se han emitido sendos decretos o leyes en la materia, reconociendo que para lograr una verdadera consolidación democrática y del Estado de derecho, se requiere de una administración pública eficaz y eficiente, y en la utilización de los recursos que el mandato popular nos ha confiado.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Campeche, para que en el marco de la discusión de la Ley de Egresos del estado, implemente un Programa Estatal de Austeridad para quedar como sigue:
Puntos de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Campeche y al Congreso del estado de Campeche, para que en el marco de la discusión de la Ley de Egresos del estado, implemente un programa de austeridad.
Segundo. Igualmente, se exhorta a ambos poderes estatales a que los recursos obtenidos del Programa Estatal de Austeridad se destinen a sanear las finanzas de Campeche e invertir en infraestructura y proyectos que redunden en el bienestar de los campechanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que exija estrictamente el cumplimiento del principio de laicidad del Estado mexicano, por parte de las asociaciones religiosas, particularmente del clero católico.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Gracias, señor presidente. Esta soberanía da inicio hoy a uno de los debates legislativos que serán fundamentales para el futuro de la nación; me refiero, desde luego, al fortalecimiento de nuestro Estado laico. En ese marco, la Iglesia Católica ha emprendido una campaña de presiones y ataques en busca de debilitar la calidad de la discusión política.
Como parte de esa estrategia ha exigido como arma ?lo que para su violenta destreza mejor funciona? para crear confusión y desinformación, la promoción del estigma y el odio contra los distintos a sus decretos.
Como es del conocimiento general, en días pasados el cardenal católico Javier Lozano Barragán, presidente emérito del Consejo Pontificio para los Operadores Sanitarios del Vaticano, declaró: lesbianas, homosexuales y transexuales no entrarán nunca al reino de los cielos.
La frase completa que usó ese violador de la ley fue: "Tal vez no son culpables, pero actúan contra la dignidad del cuerpo. No lo digo yo, sino San Pablo".
¿La dignidad del cuerpo? Dignificar el cuerpo es conocerlo y reconocerlo; cuidarlo. Parte fundamental de ello es procurarle amor y placer. El cuerpo digno es un cuerpo satisfecho en todos sentidos; bien alimentado, bien dormido, bien cuidado, bien amado y embelesado a pleno deleite y bienestar. Estoy segura que ello es claro para todas y todos quienes, como yo, tiene la suerte de dignificar sus cuerpos en lo correspondiente al amor.
¿Los homosexuales son culpables? Como lesbiana, yo sí me declaro culpable de lo que corresponda. Me declaro culpable de amar; me declaro culpable de no estar dispuesta a posponer mi amor para otro siglo. No puedo, no quiero.
Me declaro culpable de ser dueña de mi muy soberano cuerpo y de mi muy laico placer. Me declaro culpable de gozar y de tener mis propios paraísos. Y por supuesto que me declaro culpable de contar, de dar por hecho que en ninguno de los universos en los que ya he estado y a ninguno de los cielos a los que iré serán los mismos para los que Lozano Barragán tiene ya adquirido su boleto VIP para alzar el vuelo. Desde luego que no.
¿Quién quiere ir al cielo de los pederastas? ¿Al cielo de Marcel Maciel y Ratzinger, que no tiene pudor en confesar que fue integrante de las juventudes nazis? ¿Al cielo de los que fueron ex comulgados Hidalgo y Morelos y las muy señoras pecadoras Josefa Ortiz y Leona Vicario? ¿Al cielo de quienes torturaron a Gertrudis Bocanegra por rebelde y a Giordano Bruno por sus enseñanzas en la infinitud del Universo?
¿Quién quiere de un cielo sin Leonardo Da Vinci, Audi Lord, Miguel Ángel, Frida Kahlo; sin Alberstein, Simone de Beauvoir, Juana de Asbaje; un cielo sin Marcel Marceau? ¿De qué serviría un cielo a donde no se puede reír?, dijo Lutero.
Se decreta que las muchachas buenas van al cielo; que su Dios las cuide de los miles de curas acusados de violación, abuso y pederastia, que de existir ya viven en ese cielo de los miles que llegarán después de que su Dios les llame a cuentas. Las otras vamos a todos lados.
Las mujeres que decidimos sobre nuestras vidas, nuestros amores, nuestros cuerpos, nuestro placer y, desde luego, nuestros muy placenteros multiorgasmos sea cual sea nuestra convicción filosófica, religión, profesión, preferencia, estado civil; las que podemos tener alianzas con hombres inteligentes que saben que si la mujer no está, la democracia no va.
Quienes creemos que los seres humanos tienen derecho a la felicidad, quienes sabemos que el valor mejor de la sociedad está en su diversidad, quienes entendemos que la democracia es diálogo entre distintos donde no tiene cabida la imposición absurda de una verdad única e incuestionable somos innumerables; quienes estamos comprometidos en esta idea de parir sin importar cuál sea nuestra preferencia sexual.
Las exhortaciones al odio construidas desde la Iglesia Católica autodecretada en fomentar y alimentar el atraso y la desinformación colectiva; la misma Iglesia gestora a lo largo de 20 siglos de guerras sangrientas, crímenes de Estado y el retraso científico y cultural de la humanidad que motivaron a que Borges dijera "el infierno de Cristo no necesita del resplandor del fuego". Ni el más querubín de los representantes del Estado Vaticano tiene la autoridad moral y, menos política, para enjuiciar el amor entre personas del mismo sexo en este país.
Espero que en esta ocasión para esta soberanía sea claro que no será el representante de un estado injerencista, el que me venga a mí a insultar y a amenazar impunemente en territorio mexicano. No permitamos que usen la basura contra la disidencia sexual y genérica como instrumento para trastocar el fortalecimiento del Estado laico.
La declaración de Lozano Barragán responde a los intereses de un Estado extranjero, al que ese señor sirve, como lo es el Vaticano, muy ajeno al Estado mexicano. Por tanto, se trata de una injerencia que ofende a la soberanía del pueblo mexicano.
Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable Cámara la siguiente
Propuesta con punto de acuerdo.
Primero. Se requiere al presidente de la república demande públicamente a través de la Secretaría de Gobernación a las instancias jerárquicas de todas las iglesias y asociaciones religiosas y, en particular a la Católica, el cumplimiento de las leyes mexicanas, empezando por su obligación de cumplir estrictamente el principio de laicidad que rige el Estado mexicano, mismo que garantiza los derechos sexuales de todas las personas sin discriminación homofóbica; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como los derechos de las personas gay, lesbianas y transgénero.
Segundo. Aplicar las infracciones y sanciones establecidas en el Capítulo Quinto de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público contra los representantes del Estado Vaticano que han violado la ley e informar a esta soberanía, a través de la Secretaría de Gobernación, de los resultados alcanzados en un plazo no mayor de 30 días, considerando como parte de la sanción una disculpa pública para con las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, por los mismos medios masivos de comunicación que fue difundida la agresión.
Señor presidente, en respeto al tiempo he hecho un resumen de la presentación, por lo que le pido que sea insertada en su totalidad en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo solicita la diputada, inscríbase en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (desde curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Moreira.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (desde curul): Solo para pedirle a la diputada adherirme a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada, que si acepta usted la adhesión del diputado Moreira a su propuesta.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde curul): Sí, por favor.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Que, por favor. Se pospone la proposición del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, a petición del proponente.
Igualmente se pospone la proposición del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a petición del proponente.
Tiene la palabra la diputada Gabriela Cuevas Barrón, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal resuelva con estricto apego a la ley el conflicto político administrativo de la delegación Iztapalapa, a efecto de consensar con todas las fuerzas políticas la designación de un encargado de despacho, suscrito por diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal.
La diputada Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, diputado presidente. Los que suscriben, diputados de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos otorga la Constitución, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal resuelva con estricto apego a la ley el conflicto del órgano político administrativo en Iztapalapa, siendo que para el caso de resolver por la vía de la destitución al ciudadano Rafael Acosta Ángeles, se consense con todas las fuerzas políticas la designación de un encargado de despacho o jefe delegacional en la referida demarcación.
La delegación Iztapalapa es el más grande de los 16 órganos político-administrativo del Distrito Federal, al contra con una superficie aproximada de 117 kilómetros cuadrados, que representan casi el 8 por ciento de la superficie del Distrito Federal. En ese espacio territorial se cuenta con realidades contrastantes al existir barrios y colonias que gozan de todos los servicios públicos, pero también otros que enfrentan los rezagos sociales y la marginación más profunda de la capital.
Aunado a ello, el crecimiento demográfico de la delegación representa una muy alta proporción del incremento total de la población del Distrito Federal, pues tan sólo en los últimos años ha alojado el 83.7 por ciento del crecimiento del Distrito Federal.
Según el decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial en diciembre pasado, el presupuesto otorgado para la delegación Iztapalapa asciende a la cantidad de 3 mil 76 millones 512 mil 84 pesos, convirtiéndose así en el órgano político administrativo con mayor presupuesto asignado.
Ante los acontecimientos suscitados en los últimos días respecto a la situación política que guarda la demarcación, derivado a la disputa para gobernarla, la Comisión del Distrito Federal en el seno de su IV sesión ordinaria acordó por unanimidad exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el marco de sus atribuciones se pronuncie bajo los principios fundamentales de la legalidad y con la aquiescencia de todas las fuerzas políticas.
Lo anterior obedece al único objeto de garantizar la respuesta a las demandas y expectativas de los vecinos en Iztapalapa.
Por esta reflexión, nos permitimos someter a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal resuelva con estricto apego a la ley el conflicto del órgano político-administrativo en Iztapalapa, siendo que para el caso de resolver por la vía de la destitución al ciudadano Rafael Acosta Ángeles, se consense con todas las fuerzas políticas la designación del encargado de despacho o jefe delegacional en la referida demarcación. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada Cuevas Barron. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Fernández Noroña.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde curul): Le pido la palabra para rectificación de hechos, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No está a discusión la proposición, señor diputado.
El diputado Omar Fayad Meneses (desde curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El diputado Fayad.
El diputado Omar Fayad Meneses (desde curul): Presidente, pidiéndole que turne la propuesta de la comisión a la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Es de atenderse. Se obsequia la petición del diputado Fayad. También se turna a la Junta de Coordinación Política. Continúe la Secretaría.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Gerardo Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Yo insistiría en no dejar pasar el tema, diputado presidente, porque se presenta un punto como si fuera ajeno al conflicto. Y además se habla de una disputa por gobernar a Iztapalapa. No hay tal. Ahí ganó el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, con Clara Brugada, y Rafael Acosta era el prestanombres. Y hoy hay un acto de traición en esa demarcación.
Y me parece que el planteamiento que hace la diputada Gabriela Cuevas es un planteamiento, como ha caracterizado su actividad política, de doble moral y de doble discurso.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputado.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor presidente, solamente recordar a los señores diputados que el tema estará a discusión en el espacio respectivo. Estamos en proposiciones y en proposiciones no hay debate.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Exactamente. Está de acuerdo a lo que marca el artículo 60.
La diputada Gabriela Cuevas Barron (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada Cuevas.
La diputada Gabriela Cuevas Barron (desde la curul): Para explicarle al diputado Fernández Noroña, que de haber puesto atención a la lectura del punto de acuerdo habría notado que se trata de un punto de acuerdo de la Comisión del Distrito Federal que fue votado por unanimidad de los diputados presentes.
¿Eso qué quiere decir? Que no se hace a título personal, sino de una comisión integrada por diputados de distintos grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Primer periodo de sesiones ordinarias, primer año de ejercicio de la LXI Legislatura. Orden del día del 10 de diciembre de 2009.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz (16:53 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 10 de diciembre a las 10 horas. El sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.