La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 289 diputados. Por tanto, hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (10:52 horas): Se abre la sesión. Consulte a la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo (votación). Gracias. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura del acta de la sesión anterior tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo (votación).
Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí diputado. Permítame secretario. Sí diputado Di Costanzo, dígame.
El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (desde curul): Una pregunta, presidente. Estaba revisando el acta y no veo lo que había solicitado, que quedara constancia del artículo 8o de la Ley de Responsabilidades y los documentos que le entregué.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, con mucho gusto. Pidió usted que quedara constancia en el Diario de los Debates y en el acta se hace señalamiento a lo que usted dijo, precisamente quedando la constancia de su solicitud. Usted pidió que quedara constancia en el Diario de los Debates, y en el acta está señalado como usted le puede dar lectura a su solicitud, a lo cual se accedió una vez que usted lo ha solicitado. Proceda la Secretaría.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si es de aprobarse. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Por consecuencia, se aprueba el acta. El siguiente punto del orden del día es Comunicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. Proceda la Secretaría.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a la ceremonia cívica conmemorativa del 102 aniversario luctuoso de Jesús García Corona, Héroe de Nacozari.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En su momento se designará a la comisión que, en representación de esta Cámara de Diputados, acompañará al Gobierno del Distrito Federal en el solemne acto al que somos invitados. Continúe la Secretaría con movimientos.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva del honorable Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo octavo, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se hagan del conocimiento del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos en la integración de comisiones, solicitadas por los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y de Nueva Alianza.
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
Que el diputado Felipe Borja Texocotitla cause baja como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas y cause alta como integrante en la Comisión de Turismo.
Que el diputado Inocencio Ibarra Piña cause baja como secretario de la Comisión de Transportes.
Que el diputado Francisco Lauro Rojas San Román cause baja como integrante en la Comisión de Turismo y cause alta como secretario en la Comisión de Transportes.
Que el diputado Jorge Arana Arana cause baja como integrante de la Comisión de Turismo.
Que el diputado Rafael Yerena Zambrano cause alta como integrante de la Comisión de Turismo.
Que el diputado Humberto Lepe Lepe cause alta como integrante de la Comisión de Marina.
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:
Que el diputado Rafael García Bringas cause baja como integrante de la Comisión de Energía y cause alta como integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
Que el diputado Miguel Martín López cause baja como integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, y cause alta como integrante de la Comisión de Energía.
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:
Que la diputada Leticia Robles Colín cause baja como secretaria y cause alta como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Que el diputado José María Valencia Barajas cause baja como integrante en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Que la diputada María Araceli Vázquez Camacho cause alta como secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza:
Que la diputada Karla Daniella Villarreal Benassini cause baja como secretaria de la Comisión de Vivienda.
Que la diputada Karla Daniella Villarreal Banassini cause baja como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Que la diputada Karla Daniella Villarreal Benassini cause baja como integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Que el diputado Gerardo del Mazo Morales cause alta como secretario de la Comisión de Vivienda.
Que el diputado Gerardo del Mazo Morales cause alta como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Que el diputado Gerardo del Mazo Morales cause alta como integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted, diputado Francisco Rojas Gutiérrez, presente. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Favor de ponerlo a votación a la asamblea.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio del Congreso del Estado de Zacatecas, con el que remite acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se asignen y etiqueten los recursos suficientes para la construcción de un entronque a desnivel en el lugar conocido como "El Jaralillo", ubicado en el municipio de Encarnación de Díaz del estado de Jalisco.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de la Secretaría de Hacienda y crédito Público, con el que remite informe sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2009.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por senadores del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo para que se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 una partida específica para la Comisión Nacional del Agua, presentada por la senadora Rosalía Peredo Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario Diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 no se reduzcan los recursos destinados al Fondo Metropolitano, presentada por los senadores Claudia Corichi García, Ramiro Hernández García y Ernesto Saro Boardman, integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario Diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Secretarios de la Cámara de Diputados, presente. Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2010 mayores recursos para el rubro de asistencia social, etiquetados a la Secretaría de Salud.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados. Atentamente, senador Arturo Núñez Jiménez, Vicepresidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría de Gobernación.
El Secretario Diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite, del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el informe anual sobre las concesiones otorgadas para el uso y aprovechamiento sobre los inmuebles federales correspondientes al ejercicio fiscal 2008.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de la Función Pública para su conocimiento.
El Secretario Diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se recibieron tres oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México e informa que dejan de prestar servicios a gobiernos extranjeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación.
Por lo que se refiere a la ciudadana que deja de prestar servicios, remítase a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para su conocimiento.
Procedemos con el capítulo de Iniciativas
Tiene la palabra el ciudadano diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 y adiciona el artículo 42 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y adiciona el artículo 194, fracción XVIII, del Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Señoras diputadas y señores diputados. Ciudadano presidente. Quiero exponer ante ustedes una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y del Código de Procedimientos Penales.
El tema de la energía eléctrica, su creciente privatización en nuestro país seguramente será uno de los aspectos controversiales y sustantivos que nos acompañará en esta legislatura.
El artículo 27 de la Constitución de la república dice respecto a la industria eléctrica: "Corresponde a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines".
En consonancia con lo anterior, el artículo 1o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica reproduce ese mandato constitucional, por lo que no lo repetiré, pero adiciona la expresión siguiente:
"En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará, a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines". Es decir, la única entidad facultada para generar y vender energía eléctrica en el país y para explotar los recursos naturales es la Comisión Federal de Electricidad.
Este punto está en el centro de las políticas energéticas que han blindado al sector para la salvaguarda de la soberanía energética; sin embargo, no son pocos los embates que se tienen que enfrentar para defender la industria eléctrica de la tendencia privatizadora que busca dejar en manos extranjeras la generación y venta de electricidad.
Sobre este aspecto hay dos visiones contrastantes: por una parte, la concepción comercial y neoliberal del servicio eléctrico, que contempla la actividad únicamente desde la perspectiva del negocio desvinculada de todo compromiso social.
A contrapelo, lo que establece el artículo 27 de la Constitución, que esta materia es responsabilidad del Estado y que tiene por objeto atender la demanda doméstica, mercantil e institucional bajo un enfoque de desarrollo social, sin exclusiones ni privilegios.
No obstante ese blindaje constitucional, existe en cada vez más empresas privadas con capitales extranjeros que están burdamente burlando la ley y se dedican abiertamente a explotar nuestros ríos, y otros recursos naturales, para generar y vender electricidad.
Para ello, servidores públicos del gobierno mexicano incurren en conductas de corrupción y a través de artimañas han logrado que esas empresas estén prestando ese servicio que es reservado a la nación.
Esas empresas, por citar sólo algunas, Iberdrola, Energía de Monterrey, Eléctrica del Valle de México, Energía del Istmo, Generadora Eléctrica San Rafael, Distribuidora de Gas Natural, Proveedora Nacional de Electricidad, Mexhidro, Hidroelectricidad del Pacífico, por citar sólo algunas, que se aprovechan de esos subterfugios legales mediante la venta de excedentes y fundamentalmente una figura de reciente incorporación para burlar la ley a través de las empresas asociadas, que es la vía que ayuntamientos, organismos paraestatales, gobiernos estatales han encontrado para asociarse con esas empresas y mediante la compra de una acción de a dólar, supuestamente se hacen socios y dejan de consumir la energía a la Comisión Federal de Electricidad para adquirirla de las empresas privadas.
Es por ello que presentamos la iniciativa para reformar preceptos en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y, también, al Código Federal de Procedimientos Penales para frenar esa privatización grotesca en que se está incurriendo en cuanto a una de las áreas estratégicas como lo define la propia Constitución de la República, la prestación del servicio de energía eléctrica, y que seguramente seguirá siendo parte de comentarios y controversia en esta Legislatura.
Señor presidente, le solicito, por la imposibilidad del tiempo del desahogo del cuerpo entero de la iniciativa, la misma sea insertada en forma íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debate y túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Justicia.
Tiene la palabra el diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados, el que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución; 55 fracción II, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Nuestro país figura en una de las 10 primeras potencias mundiales en materia turística. El turismo es la tercera principal actividad económica, aunque realmente es la segunda, porque la segunda fuente de ingresos de divisas se da por las remesas de un producto, de una fuente de trabajo que se genera fuera del territorio nacional. Genera el 8 por ciento del producto interno bruto; 16 mil millones de dólares al año y 2 millones 140 mil de empleos directos, sin contar los indirectos.
Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y diversificación hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crece con mayor rapidez y dinamismo, con efecto multiplicador en la economía, que lo mismo incorpora a hombres y a mujeres, que a jóvenes y adultos, por lo que hay que reconocer la importancia del turismo y sus valores sociales, económicos, culturales y políticos.
De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Turismo, los flujos de visitantes nacionales representan alrededor del 86 por ciento de la actividad turística del país y generan el 7 por ciento del producto interno bruto.
Para ilustrar la importancia que tiene el turismo nacional, tan sólo el año pasado llegaron a los hoteles de los diferentes destinos nacionales poco más de 62 millones de turistas residentes en México y generaron más de 100 millones de turistas noche. No obstante, es evidente que ante la difícil situación económica por la que atraviesa nuestro país y ante la enorme importancia económica que tiene el turismo nacional, es imperativo buscar medidas que permitan fortalecer el crecimiento y la reactivación de esta actividad.
Una de las formas con las que se ha incentivado al sector económico del país, que vive del turismo, que acelera su actividad en los periodos vacacionales, días de descanso semanales y días de descanso obligatorio para los trabajadores, son los fines de semana largos, medida contenida en el decreto por el que se reformó el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo el 17 de enero de 2006, que en esencia modificó los días de descanso obligatorios referidos al 5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre, trasladándolos al día lunes siguiente.
La reforma que dio origen a los fines de semana largos entró en vigor a partir del 18 de enero de 2006 como un beneficio para los trabajadores, pues el descanso es una actividad biológica y mental imprescindible y ha representado un alivio para la difícil situación económica que viven los destinos turísticos del país.
Esa reforma se planteó como una medida emergente ante el estancamiento o nulo crecimiento de la actividad turística en diversos destinos del país, generando beneficios extraordinarios en los siguientes aspectos:
Incrementa la afluencia turística y la derrama económica; genera más captación fiscal para los gobiernos municipales, estatales y federales; aumento en la ocupación y en la utilidad; disminuye el ausentismo en los centros de trabajo y fortalece las relaciones familiares y laborales de los trabajadores.
Sin embargo, en este momento el turismo en nuestro país presenta un panorama complicado con relación a sus diferentes variables. De haber sido el lugar séptimo a nivel mundial en el 2000, hoy ocupamos el lugar décimo.
La llegada de visitantes internacionales en lo que es el primer semestre de este año con relación al año pasado fue de 8.56 por ciento menos. La llegada de turistas internacionales a nuestro país observó también un decremento de 6 por ciento. El ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales en este primer semestre del año, con relación al anterior, representó un 17 por ciento menos. El ingreso de divisas de turistas internacionales con pernocta, un 16.4 por ciento menos.
El panorama es difícil, por lo que los legisladores estamos obligados a seguir generando las reformas de ley que permitan incorporar y fortalecer aquellas medidas que hayan resultado exitosas y en beneficio de las economías que viven del turismo.
Por ello, atentos a los beneficios económicos y familiares que han traído los fines de semana largos y que pueden traer para los municipios y estados que viven del turismo, nos permitimos proponer incorporar nuevas fechas, particularmente aquellas que en la reforma original quedaron pendientes en espera de medir la efectividad y alcance de la implementación de las fechas aprobadas, efectividad y alcance que, obviamente, ya resultaron exitosas, a saber:
El 1 de enero, el 1 de mayo, el 16 de septiembre y el 25 de diciembre, como nuevas fechas que se proponen en esta reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para incorporarlos como parte de los fines de semana largos, en beneficio de las economías del país que viven del turismo. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Señoras diputadas y señores diputados, contamos con la visita de alumnos del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Estado de México; y del Colegio Hebreo Tarbut, de bachillerato. Les damos la más cordial bienvenida.
El diputado Isaías González Cuevas (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Isaías González, ¿con qué objeto?
El diputado Isaías González Cuevas (desde la curul): Para preguntarle al diputado que hizo esta propuesta, acerca de las semanas largas, si nos permite adherirnos a la misma.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como no, le pregunto al señor diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, si está de acuerdo en aceptar la adhesión del señor diputado.
Está de acuerdo el diputado. Por tanto, aquellas compañeras diputados y compañeros diputados que deseen adherirse, favor de pasar a la Secretaría a suscribir el documento correspondiente.
Tiene la palabra la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley General de Paternidad Responsable, y reforma, y adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal.
La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández: Con su permiso, diputado presidente, le suplico que integre mi iniciativa en el Diario de los Debates.
Me dijo que me quería, y le creí. Cuando quedé embarazada me enfrenté a la realidad, estaba sola con mi hijo. Sola con la responsabilidad, estaba aterrada, pero acepté lo que venía. Traté de hacerle ver que un hijo es una responsabilidad compartida, que necesitaba de los dos para desarrollarse y ser feliz; y que además, no era justo que lo hiciera sola.
Cuando nació Daniel busqué la manera legal de hacer que su padre se responsabilizara, de que lo reconociera como su hijo; pero me encontré con que las leyes en nuestro país no garantizan que un niño nacido fuera del matrimonio, pueda llevar los apellidos de ambos padres y que, por consiguiente, ambos se encarguen de su educación y desarrollo.
El que Daniel fuera reconocido por su padre dependía sólo de la voluntad paterna; es decir, si el padre niega su progenitura, no existe la manera de obligarlo a demostrarlo. Encontrar que no hay ningún procedimiento jurídico que defienda su derecho a la certeza de su identidad y a llevar el apellido de su padre, cuando éste no tiene la voluntad de reconocerlo me lleno de tristeza. Pensé que era injusto.
La irresponsabilidad de su padre no solamente le niega a Daniel los derechos que le confiere la ley para la protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de tener los apellidos de ambos padres y las obligaciones jurídicas derivadas de la filiación como la satisfacción de sus necesidades de comida, habitación, vestido, recreación y asistencia en caso de enfermedad, sino que también vulnera los míos, consignados en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
¿Cómo puedo acceder a una vida libre de violencia, cuando se ejerce violencia económica en mi contra? Del mismo modo, la Ley General para la Igualdad en Hombres y Mujeres es letra muerta para mí cuando no puedo acceder al tiempo necesario para mi desarrollo personal. La igualdad de oportunidades se ha vuelto una meta difícil cuando recae sólo en mí el peso de la responsabilidad paterna, y no puedo aspirar a prepararme mejor para dar una vida mejor a mi familia.
¿Cómo puedo ser igual a un hombre, tener una educación que me empodere y aspirar a tener un trabajo digno, cuando el abuso que significa la irresponsabilidad paterna fomenta de manera cruel la desigualdad? ¿Cómo puedo aspirar a ser igual a un hombre, si la ley le da más valor a la palabra de un hombre que a la de una mujer?
Para decirlo rápido, la situación en la que nos encontramos, mi hijo y yo, vulnera tanto mis derechos como los de él. La falta de una construcción conjunta de los derechos humanos de las mujeres y, de las niñas, niños y adolescentes, se observa de manera clara, como en nuestro caso. Tengo la suerte de tener trabajo, si vender joyería en las oficinas públicas se puede considerar un trabajo, pero llevo comida a mi hijo.
El padre de mi hijo se queja de su mala situación económica, pero me pregunto ¿qué haría él si regresara a su casa todos los días y al abrir la puerta se encontrara con un niño con hambre? Cuando salgo a trabajar por las mañanas paso a dejar a Daniel a la escuela; es mi madre la que lo recoge cuando sale, pero no es si no hasta la noche cuando regreso a mi casa que lo vuelvo a ver. Mi hijo no sólo sufre la ausencia de su padre, sino la de su madre también.
La jornada de trabajo que tengo que enfrentar al no contar con el apoyo económico de su padre hace que Daniel tampoco tenga madre. Me ha preguntado muchas veces quién es su padre, y temo que la falta de estímulos suficientes que le ocasiona no contar con la figura paterna y el experimentar tan dolorosamente su abandono signifique para él una pérdida en el potencial de su desarrollo. Es decir, no se trata solamente de alimentos, sino de una situación de exclusión social que lo conduzca al empobrecimiento evolutivo.
El procedimiento vigente para lograr la afiliación de un menor nacido fuera del matrimonio con el apellido de su padre es atentatorio contra mis derechos humanos, pues al depender sólo de la voluntad de la paterna me discrimina como mujer, me hace parecer como la única responsable de la existencia del menor, me condena a llevar sola la responsabilidad familiar, atenta contra mi salud física y mental y limita mis posibilidades de crecimiento personal.
Atenta también, contra los derechos de mi hijo al condenarlo, desde que me supe embarazada, a la desnutrición, así como a la ignorancia y a la exclusión social, haciéndole difícil una vida sana y un desarrollo óptimo.
A veces me pregunto en la soledad de mis noches, ¿no existe la justicia para Daniel y para mí? ¿Por qué tengo que afrontar yo sola los actos que fueron de dos? ¿Por qué sale tan caro el amor a las mujeres? ¿Por qué tiene mi hijo que sufrir las consecuencias?
Aspiro que las leyes en mi país protejan a los niños nacidos fuera del matrimonio y a sus madres.
Reconocer el gran número de familias monoparentales y su problemática, así como adecuar esta realidad a la legislación y a las políticas públicas, será un gran paso para el desarrollo social en México.
Quiero un instrumento jurídico que determine de manera específica cómo hago efectivos mis derechos y los de mi hijo y no solamente leyes enunciativas, indispensables como primer paso, pero insuficientes para hacerlos exigibles y justiciables.
Deseo una ley que antes que nada entienda que es el interés de los niños, como el mío, lo primordial y que el desarrollo integral de ellos debe defenderse con todas las armas e instrumentos que sean posibles. Que nadie descanse hasta que puedan hacerse realidad todos sus derechos.
Necesito una ley que refleje mi urgente necesidad de apoyo, mi frustración ante la lentitud de la justicia y mi derecho a desarrollar una vida plena.
Exijo una ley que haga posible que mi hijo sea reconocido por su padre sin que medie necesariamente su voluntad y que haga que participe conmigo en la responsabilidad de darle de comer, de vestirlo, de darle un techo, de que se divierta y de curarlo cuando se enferme.
Yo sé que esto es posible. Lo sé, porque sé que todos queremos construir un país donde sus mujeres y sus niños, junto con sus hombres, construyan el futuro grande y próspero que todos anhelamos. Lo sé, porque amo a México tanto como lo aman ustedes. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado Miguel Martínez Peñaloza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Miguel Martínez, ¿con qué objeto desea hacer uso de la palabra?
El diputado Miguel Martínez Peñaloza (desde la curul): Sí, para preguntarle a la diputada si no tiene inconveniente en que podamos suscribirnos a la iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pregunto a la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, si no tiene inconveniente que el diputado Miguel Martínez se adhiera a su iniciativa.
La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández: No tengo ningún inconveniente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Manifiesta la diputada que no tiene inconveniente, así que las compañeras diputadas y compañeros diputados que deseen adherirse a la iniciativa de la diputada Augusta Díaz de Rivera Hernández, favor de pasar a la Secretaría a suscribirlo.
Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, diputado presidente. El reconocimiento y garantía de los derechos humanos constituye la esencia del Estado democrático de derecho.
La igualdad es un requisito sine qua non que permite la vigencia y ejercicio de otros derechos fundamentales intrínsecamente ligados a éste.
En este contexto la prohibición de la discriminación se presenta como el binomio que complementa y garantiza que todas las personas podamos ejercer plenamente nuestros derechos sin que sus características particulares sean un impedimento para ello.
A pesar de que nuestra Constitución prevé la no discriminación en el artículo 1o., debemos reconocer que el principio de igualdad es un principio abierto, es decir, dada su vastedad es imposible enumerar o hacer un listado de los rasgos que han de ser considerados irrelevantes para dar un tratamiento distinto entre las personas.
En este sentido, la enumeración que realiza nuestra Constitución respecto de las características que no deben justificar un tratamiento jurídico distinto entre dos o más personas, es de carácter ilustrativo más no limitativo.
Sin embargo, éstas deberán estar debidamente especificadas de tal forma que no den motivo a la ambigüedad en su interpretación, por lo que sería sumamente útil precisar el término preferencia, que se encuentra actualmente en el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional, puntualización que consiste en establecer con claridad el término preferencias sexuales, situación que ofrecerá mayor claridad y seguridad a todas las personas que se encuentran en este país y que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual.
Lo anterior obedece primordialmente a razones de índole social, pues como ya lo señala el doctor Juan María Bilbao, "la discriminación es un fenómeno social, antes que jurídico".
En la sociedad mexicana la discriminación hacia las personas que poseen preferencias sexuales diferentes a la heterosexual frecuentemente son objeto de conductas y prácticas discriminatorias. Esto se confirma con los resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, de la que se desprende que existe una profunda discriminación hacia estas personas y una violación significativa y constante a sus derechos humanos.
La especificación del término preferencias sexuales obedece a la necesidad de incorporarlo plenamente al derecho positivo para garantizar así su exigencia a través de los medios y mecanismos creados para su protección efectiva frente a eventuales violaciones.
Necesitamos actuar y brindar a las personas las herramientas necesarias para exigir el respeto de sus derechos fundamentales. No podemos permitir que datos como los señalados por la investigadora Paulina Millán, del Instituto Mexicano de Sexología, referente a que el 35 por ciento de los adolescentes en el mundo que pertenecen a alguna de las llamadas "minorías sexuales", intentan suicidarse por alguna discriminación que padecen, ya sea en el ámbito educativo, de la salud, del trabajo o de la cultura.
Ante estos hechos se hace necesario un proceso cada vez más explícito de protección de justicia de la preferencia o la diversidad sexual.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando como a continuación les menciono:
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".
Quiero decirles, compañeros diputados y compañeras diputadas, que éste es un tema que se había tratado ya, pero que muchos de ustedes se habían negado a aceptar. El hecho de que nos neguemos a aceptar que las personas existen no va a hacer que desaparezcan de nuestro entorno, y lo que sí provoca es que se les sigan violando sus derechos humanos.
Debemos reconocer que en este país hay millones de personas que viven con alguna orientación sexual distinta a la heterosexual y que, por nuestra negativa jurídica, también se violan sus derechos humanos y se les impide el ejercicio libre de los derechos. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley del Banco de México.
El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, con la llegada al poder del núcleo neoliberal en nuestro país se empezaron a desmantelar todas las instituciones públicas creadas al amparo del estado de bienestar.
Una de las instituciones fundamentales que vio reducida su función en la economía nacional fue el Banco de México, al que se dotó de autonomía en agosto de 1993. Esta autonomía prohíbe financiar al gobierno federal a través de instrumentos monetarios que cumplen esa función. Asimismo, se liberalizaron los mercados financieros, permitiendo que los bancos privados fueran los que determinaran las tasas de interés activas y pasivas y los plazos asociados a éstas.
También se eliminó el encaje legal en 1989, que fue sustituido por el coeficiente de liquidez de 30 por ciento, que duró solamente hasta 1991, cuando fue eliminado, así como los cajones selectivos de crédito.
En el fondo lo que se buscaba era garantizar que el sistema de crédito estuviera al servicio de los grandes grupos económicos financieros.
Por esta razón, cuando se liberalizó nuestro sistema financiero los bancos quedaron en la libertad de prestar a quien cumpliera con los requisitos que establecían para garantizar el reflujo de dinero.
El papel que juega el crédito interno neto del Banco de México como poderoso instrumento de política monetaria quedó subordinado a la orientación de la política neoliberal para que se fortaleciera el poder de compra externo del peso frente al dólar. Un peso fuerte ha permitido comprar dólares baratos.
Por esta razón los grupos económico-financieros asentados en nuestro territorio tienen presencia en los cinco continentes, donde han adquirido activos empresariales como Cemex, de un solo golpe pagó 14 mil 500 millones de dólares por la empresa cementera australiana Rinker.
También están en esta situación Vitro, Gruma, Banorte, Grupo Salinas, Televisa, Grupo México, Grupo Carso, Famsa, al grado tal de que hasta algunos negocios de tacos lograron su expansión allende nuestras fronteras, como es el caso de El Fogoncito y otros.
El resultado de esta orientación monetaria es que se contuvo el crecimiento de la economía mexicana a tal grado que hoy México es el único país de América Latina y el Caribe que ya no crece.
La autonomía del Banco de México ha servido para fortalecer la paridad del peso frente al dólar, así como para garantizar que los recursos líquidos de la sociedad los administre la banca privada y los otorgue preferentemente a las grandes empresas privadas.
Por esta razón pensamos que ha llegado la hora de promover la restauración de un Estado promotor del desarrollo integral de la economía y de la sociedad. Nuestra propuesta va en el sentido de modificar la Ley del Banco de México para que sea el instituto central el que determine el nivel de las tasas de interés activas y pasivas y los plazos asociados a estas operaciones.
Asimismo, para que determine la cuantía de los depósitos que la banca múltiple debe mantener en él para que pueda financiar al gobierno federal, así como establecer la obligación de los bancos privados a otorgar el 100 por ciento de los créditos que administren para establecer cajones selectivos de financiamiento a las actividades productivas en una proporción de 10 por ciento y una tasa de interés de hasta el 10 por ciento anual a los sectores manufacturero, agrícola, hipotecario, a las empresas cooperativas y a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Naciones importantes de América Latina como Brasil que aplica un encaje legal de 25 por ciento; Colombia el 11 por ciento para cuentas corrientes y de ahorro; Venezuela de 17 de por ciento; Bolivia de 6 por ciento; Ecuador de 4 por ciento; República Dominicana de 20 por ciento.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, por las consideraciones antes expuestas, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción V, recorriéndose la actual fracción V como fracción VI y así, sucesivamente. Las demás del artículo 3o. de la Ley del Banco de México para que éste vuelva a financiar al gobierno federal.
Solicito a usted, señor presidente, se sirva ordenar que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates de esta honorable asamblea, así como en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General del Secuestro, Reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Ya basta. Si no pueden, renuncien. Ni un secuestro más. Ésa ha sido la voz de la sociedad que así de fuerte como retumba en este salón, han hecho a los Poderes del Estado. Gracias, señor presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados.
El fenómeno del secuestro ha causado que la sociedad sea una víctima potencial y por ende, lo considere como uno de los problemas más graves, pues este tipo de ilicitud trasciende a niveles personales, familiares y del propio Estado, pues afecta de manera directa la paz y tranquilidad social. En otras palabras, el secuestro es un delito deleznable y peligroso con altos costos sociales.
Este flagelo es uno de los retos que nuestro país debe atender con urgencia y, si bien sabemos que la lucha contra el secuestro es una tarea compleja, las acciones emprendidas por parte del Ejecutivo federal, en materia de combate al secuestro, han sido importantes.
Muestra de ellos son los datos aportados en el Tercer Informe de Gobierno con la detención de más de mil 400 secuestradores. La desarticulación de más de 200 bandas dedicadas al secuestro y la liberación de más de mil víctimas.
Además, con el apoyo del gobierno federal 23 entidades federativas cuentan actualmente con unidades antisecuestro. Si bien es cierto estos esfuerzos son plausibles, se requiere de mayor participación, coordinación y empeño de todos los órganos y Poderes de la Unión, de todos los órdenes de gobierno y de la sociedad en conjunto para obtener resultados más favorables.
Es indudable que Acción Nacional ha apoyado desde el inicio la batalla del Ejecutivo federal contra el crimen organizado y los delitos de alto impacto social. Pese a la competencia local, con la finalidad de recuperar la tranquilidad de la sociedad, con el firme propósito de evitar que el país se encuentre en un estado de inseguridad a consecuencia de la delincuencia, procurando la seguridad social y el orden pública para la protección adecuada de los bienes jurídicos más esenciales en toda sociedad. Logrando así que el ilícito de secuestro sea de competencia de los diferentes niveles de gobierno.
Por ende, la necesidad de fijar con claridad el ámbito de actuación de los estados y la federación, y las facultades y las obligaciones para el combate, investigación y persecución del secuestro.
Esta obligación constitucional que se le impone al Congreso no puede esperar más. Necesitamos un orden legal que permita la labor compartida de todos los actores. Necesitamos herramientas para proteger a nuestra sociedad. Por ello, acudo ante este pleno para presentar el proyecto de la Ley General del Secuestro en la cual señala, entre otras cosas.
Uno. La competencia de la federación, las entidades federativas y el Distrito Federal para conocer del delito de secuestro.
Dos. La imposición de prisión vitalicia cuando la víctima sea menor de 18 años de edad, no tenga capacidad para comprender del significado del hecho, capacidad para resistirlo o persona mayor de 70 años de edad.
Si durante el secuestro se ocasiona a la víctima una mutilación, trato cruel o alguna lesión. Cuando la víctima fallezca durante el secuestro o el autor sea, haya sido o se ostente sin serlo, como integrante de alguna institución de seguridad pública o privada de procuración o administración de justicia o de las Fuerzas Armadas de México.
Propone contar con un cuerpo especializado contra el secuestro, policía especializada que realice actividades de inteligencia, investigación, persecución y detención de los secuestradores, de la cual deberá contar con los recursos humanos y tecnológicos adecuados.
Dicho cuerpo especializado deberá brindar la atención adecuada a la víctima y sus familiares. Se integrará con personal que apruebe los controles de confianza que el Consejo Nacional estime necesarios y con un perfil de policías investigadores.
Se protege a los periodistas como victimas altamente vulnerables a este delito y se sanciona a los funcionarios bancarios que den un mal manejo a la información, a la que por su trabajo tienen acceso, y que por ello se haya secuestrado a la víctima.
Se alienta al desistimiento o arrepentimiento de la realización del delito de secuestro proponiendo reducir la sanción cuando un sentenciado o vinculado a proceso por delito de secuestro, por posesión de información eficaz que lleve a la liberación de la víctima o captura de los responsables.
Los sujetos procesados o sentenciados por secuestro no gozarán de ninguno de los beneficios que otorga la Ley Penal. Se propone la creación de un Banco de Información Nacional que contemple datos criminológicos que permitan con mayor facilidad la captura de los secuestradores.
Regula la solicitud de información a las empresas titulares de concesiones en materia de telecomunicaciones a efecto de realizar las investigaciones.
Dispone de una línea telefónica de llamadas de emergencia que trabajaría las 24 horas a lo largo de República Mexicana; se regula la posibilidad de intervenir comunicaciones. Se plantean una serie de medidas para protección de la víctima y testigos del secuestro debido a que el daño causado por la privación de la libertad son cuestiones psicológicas de graves consecuencias, pero es obvio que la afectación, también recae sobre aspectos económicos.
Por ello se establecen disposiciones para suspender los plazos de las obligaciones contraídas por el secuestrado antes de la privación de la libertad y que se incumplen con motivo del secuestro.
Todas estas reformas ?concluyo? se plantean con la plena convicción de recobrar la seguridad y tranquilidad de la sociedad mexicana y de cumplir con nuestra labor y compromiso ante nuestro país.
Señores legisladores, no olvidemos que México requiere del compromiso de todos nosotros. México necesita leyes que le permitan sentirse seguro. México requiere una reforma de fondo por lo que les pido que trabajemos con un fin común y apoyemos la aprobación de la presente reforma.
La sociedad mexicana no puede esperar. Ya basta. Si no pueden; renuncien. Y, ni un secuestro más. Hoy tenemos que darle respuesta de solución. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La diputada María Sandra Ugalde Basaldúa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Solicita la palabra la diputada Sandra Ugalde. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada María Sandra Ugalde Basaldúa (desde la curul): Para solicitar la posibilidad de adherirme a la iniciativa del compañero, antes comentada.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: También el diputado Humberto Benítez, ¿con qué objeto desea hacer uso de la palabra?
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Con el mismo objeto, señor presidente, porque la asignatura pendiente en este país es la reforma penal.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Pregunto al diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas si está de acuerdo en la adhesión de los compañeros diputados y compañeras diputadas.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Manifiesta el diputado Pérez Cuevas que está de acuerdo y acepta esta participación. Por tanto, a todas aquellas compañeras y compañeros que deseen adherirse a esta iniciativa, favor de pasar a la Secretaría para suscribirla.
Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Muchas gracias, diputado presidente, con su venia. Compañeros diputados y compañeras diputadas.
El panorama general de la educación en México es el de un entorno que enfrenta muchos problemas, deficiente tanto en nivel de educación de la población, como en términos de la calidad del aprendizaje del estudiante en las escuelas, así como en la eficiencia terminal; situaciones, todas ellas, que inciden en el nivel de los profesionistas con que contaremos a futuro. Pese a que todos tenemos conocimiento del estado de la educación en nuestro país parece que no estamos muy dispuestos a tomar las medidas necesarias.
En el proyecto de Presupuesto de 2010 se observa un decremento de menos 14 mil 360 millones de pesos, lo que representa una variación real de 6.8 por ciento. La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que los países deben destinar mínimamente el 8 por ciento de su producto interno bruto a la educación.
En aras de cumplir con este compromiso señalado a México por la Organización de las Naciones Unidas, pero sobre todo a fin de garantizar un desarrollo progresivo de la educación para las niñas, niños y jóvenes mexicanos, es que proponemos a esta soberanía la presente iniciativa de reforma a la Ley General de Educación, para establecer como una obligación del Estado mexicano, no reducir de un ejercicio fiscal a otro el presupuesto destinado a educación pública y servicios educativos.
Es importante tener presente que a fin de realmente elevar la calidad de la educación en México, es necesario no sólo garantizar un presupuesto suficiente año tras año, sino revisar también la distribución del mismo, ya que actualmente el 95 por ciento del presupuesto destinado a la educación es dirigido a gasto corriente. Esto es, eminentemente salarios.
La recomendación de la OCDE en este sentido es que los recursos se dirijan a la inversión en materia intensiva en tecnología, para mejorar los procesos de aprendizaje, lo anterior debe erigirse como una tarea permanente de la Cámara de Diputados, particularmente durante las discusiones anuales para la etiquetación de programas y/o líneas de acción en materia de modernización educativa.
Por lo anteriormente expuesto es que someto ante ustedes el presente decreto por el que se adiciona el artículo 25 de la Ley General de Educación.
Único. Se adiciona el artículo 25 de la Ley General de Educación para quedar en los siguientes términos:
Artículo 25. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos.
El monto anual que el Estado, Federación, entidades federativas y municipios destinen al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a 8 por ciento del producto interno bruto del país, destinado en este monto al menos el 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior pública.
Además, el presupuesto destinado a educación pública y servicios educativos no podrá ser menor al asignado en el ejercicio fiscal anterior.
En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posibles.
Transitorio
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Compañeras diputadas, compañeros diputados, recordemos una vez más, lo que nosotros les demos a nuestros niños hoy, ellos nos lo darán el día de mañana. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Honorable asamblea, contamos con la visita de vecinos de la colonia Paseos Dos, del municipio de Tultepec, estado de México. Sean ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra la diputada María Sandra Ugalde Basaldua, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 45 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, suscrita por las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada María Sandra Ugalde Basaldua: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la que suscribe, diputada María Sandra Ugalde Basaldua, a nombre de las diputadas María Felicitas Parra Becerra; Rosa Adriana Díaz Lizama; Yolanda del Carmen Montalvo López; María Marcela Torres Peimbert; María Yolanda Valencia Vales y Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de iniciativa que adiciona el artículo 45 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
En nuestro país, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda prohibida toda discriminación, entendiéndose por ésta toda discriminación, entendiéndose por ésta toda discriminación, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica; condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento, el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
México ha logrado avances significativos en la garantía de toda persona a no ser discriminada como es la vigente Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyo objetivo es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona. Asimismo, esta ley establece el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que tiene entre sus atribuciones tutelar los derechos de los individuos o grupos objetos de discriminación, mediante asesoría, orientación, conocer y resolver los procedimientos de queja y reclamación señalados en dicha ley.
No obstante lo anterior, la discriminación sigue siendo un grave problema sobre todo para los grupos más vulnerables, como es el caso de los indígenas y de las personas que viven en condiciones de discapacidad, los cuales sufren discriminación por el solo hecho de su pertenencia a un grupo diferenciado.
Muestra de ello son los preocupantes datos de la encuesta nacional sobre discriminación al señalar que 9 de cada 10 indígenas afirman que hay discriminación en su contra y piensan que se debe al solo hecho de pertenecer a una etnia. Además, 9 de cada 10 personas con discapacidad opinan que existe discriminación en su contra y que no han sido respetadas en sus derechos.
La discriminación hacia estos grupos se manifiesta de diversas formas; sin embargo, una de ellas es la más frecuente: que son ignorados en el ámbito de gobierno de procuración y administración de justicia. Por ello la ley, objeto de adición a lo establecido en una serie de mecanismos para garantizar a los indígenas y a las personas con discapacidad su derecho a la no discriminación, ya sea que se vea vulnerado por un servidor público o por un particular.
Igualmente, el Conapred cuenta con un verdadero procedimiento para dar atención a las denuncias por conducta discriminatoria, por lo que debe proporcionar a las personas que hayan sido discriminadas asesoría respecto a los derechos que les asisten y los medios para hacerlos valer; en su caso, orientarlos en la defensa de los mismos ante las instancias correspondientes.
En este sentido, en Acción Nacional consideramos de gran importancia los principios fundamentales que son el respeto a la dignidad de la persona independientemente de su condición y la procuración del bien común, por lo que consideramos ineludible el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, en especial de los grupos más vulnerables de la sociedad como son los indígenas y las personas con discapacidad.
Es por eso que estimamos que se requiere fortalecer la adición con el objeto de brindarles mayor seguridad jurídica como quejosos y reclamantes ante el Conapred cuando hayan sido discriminados, sin ser una limitante su lengua o en su caso, su condición de discapacidad, garantizándoles su derecho a recibir un trato digno y apropiado en cualquier cuestión legal en que se vean involucrados durante dicho procedimiento.
Compañeras y compañeros legisladores, esta propuesta tiene por objeto adicionar el artículo 45 Bis de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de que los indígenas y las personas con discapacidad, particularmente aquellas que su condición les impide oír o hablar, cuenten en todo momento con la orientación o asesoría de intérpretes o traductores que tengan conocimiento de la lengua indígena o el lenguaje de señas, según corresponda, al realizar sus quejas y reclamaciones ante el Conapred.
Para ello, el consejo deberá realizar convenios con las instituciones públicas o privadas correspondientes, a fin de contar con el apoyo de intérpretes y traductores especializados para la atención de dichos grupos.
En Acción Nacional reafirmamos nuestro compromiso con los sectores más desprotegidos de la sociedad. Por ello presentamos esta propuesta que, sin duda alguna, se suma a las acciones dirigidas a lograr una sociedad más justa y un escenario nacional de igualdad. Además contribuirá a la armonización de la legislación que ya existe en la materia, de manera particular las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, en la legislación adjetiva penal y civil, en la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en la Ley General de Personas con Discapacidad, por mencionar algunas y cuyo fin es garantizar la igualdad de oportunidades, brindar seguridad y certeza a los indígenas y a las personas con discapacidad a lo largo de cualquier proceso legal de que sean parte.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los exhorto a sumarse a esta propuesta ya que no debemos seguir permitiendo que ocurran actos de discriminación en contra de cualquier persona o grupo. Juntos debemos erradicar las conductas discriminatorias que han impedido el ejercicio de los derechos fundamentales de los indígenas y de las personas con discapacidad.
Solicito a la Presidencia que el texto íntegro de esta iniciativa sea publicado en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Tal como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Se pospone, a petición del grupo parlamentario, la intervención del señor diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Le pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de las diputadas y de los diputados que tenemos en el recinto parlamentario.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su asistencia? Está abierto el sistema, diputado. Diputada, lo podemos hacer de viva voz, por favor.
La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (desde curul): Adriana Hinojosa, presente.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Diputada De la Torre, si lo hacemos de viva voz.
La diputada Yolanda de la Torre Valdez (desde la curul): De la Torre Valdez Yolanda, presente.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se informa que hasta el momento tenemos registrada la asistencia de 453 diputadas y diputados. Quienes no han registrado hasta el momento su asistencia disponen de 15 minutos para hacerlo por vía de cédula.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Solicita la palabra el diputado Manuel Hinojosa. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado José Manuel Hinojosa Pérez (desde la curul): Para sumarme a la iniciativa de la diputada Sandra.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunto a la diputada Sandra Ugalde si está de acuerdo con la adhesión del diputado Manuel Hinojosa.
La diputada María Sandra Ugalde Basaldúa (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Manifiesta la diputada que está de acuerdo, por lo que las diputadas y los diputados que deseen adherirse pasen a la Secretaría a suscribir el documento correspondiente.
Tiene la palabra el diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativas con proyecto de decreto que reforma los artículos 53 Bis, de la Ley General de Salud, y 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
El diputado Antonio Benítez Lucho: Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 53 Bis, de la Ley General de Salud, y reforma la fracción I, del artículo 3o, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Inicio por comentar que los adultos mayores están en estado de indefinición. Uno de cada cuatro en este país tiene pensión; es decir, que para sobrevivir el 75 por ciento de ellos, dependen de sus ahorros, de la solidaridad de sus familiares o de alguna actividad económica que no le permite gozar del merecido retiro al que cualquier ser humano tiene derecho.
El proceso de envejecimiento exige al sector salud atención especializada de tipo gerontológico y geriátrico, que prácticamente no existe en el sector salud, generando que la atención del adulto mayor se atomice y se encarezca, haciéndola inaccesible para su economía; además, el diagnóstico, manejo, tratamiento y rehabilitación de los procedimientos degenerativos, característicos de este grupo de edad, son de alto costo, esto obliga a revisar y fortalecer las políticas asistenciales, a fin de que este importante grupo de mexicanos tenga por lo menos acceso gratuito a la atención médica.
Por ello, esta iniciativa adiciona el artículo 53 Bis de la Ley General de Salud, con el propósito de que los adultos mayores de 65 años y más, sean derechohabientes vitalicios de los servicios de salud de todo el sector público federal, estatal y municipal, sin que tenga que cubrir cuota alguna, cuando no sea beneficiario de alguna institución de seguridad social en México.
Esto no es una panacea ya que en muchos países así se hace, como un deber irrenunciable de la sociedad y del Estado hacia la protección de sus miembros. Además, reforma la fracción I del artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el propósito de que sean consideradas como adultos mayores aquellas personas que cuenten con 65 años o más de edad, y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.
Por lo anteriormente expuesto someto, respetuosamente, a la consideración de esta honorable asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 53 Bis de la Ley General de Salud, y reforma la fracción I del artículo 3o. de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Artículo 1o. Se adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Las instituciones de seguridad social y las de atención a la población no derechohabiente a la seguridad social otorgarán las prestaciones de salud oportunas y de calidad sin costo alguno a la población de 65 años y más, valorando su condición económica y cuando no sea beneficiario de alguna institución de seguridad social.
Artículo 2o. Se reforma la fracción I del artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que quede como sigue:
Artículo 3o. Personas adultas mayores aquellas que cuenten con 65 o más de edad y que se encuentren domiciliadas en el territorio nacional.
En abono a lo anterior, quiero decirles que en este caso el Seguro Popular le da cobertura a población abierta, igual que la Secretaría de Salud, igual que IMSS Oportunidades, entonces bien vale la pena que los adultos mayores de más de 65 años puedan estar tutelados por la Ley de Salud y la Ley de los Adultos Mayores. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables.
Tiene la palabra el diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Asentamientos Humanos.
El diputado José Manuel Agüero Tovar: Con su venia, ciudadano presidente. Compañeros diputados, el Conapo, la Sedesol e Inegi, establecen en nuestro país que existen 56 zonas metropolitanas en las que se concentra una población cercana a los 58 millones de habitantes.
En nueve zonas habitan 33.5 millones de personas, 18 con una población de 9.7 millones y 29 más con 8.3 millones de habitantes. Este universo es conformado por 329 municipios y 16 delegaciones.
En el tema económico, las zonas metropolitanas generan el 73. 2 por ciento del producto interno bruto.
Es en las zonas metropolitanas donde se concentra la economía y la fuerza laboral, existiendo severos problemas en los temas sociales, en infraestructura, comunicaciones, seguridad pública, educación, ente otros. Situaciones que rebasan la capacidad de los municipios y de las entidades federativas.
La presente iniciativa considera prever y hacer extensiva nuestra preocupación a este pleno de que es momento para que sea considerado constitucionalmente, en toda su magnitud, el término de "zona metropolitana", lo cual conlleva el respeto al régimen interior de los estados y de los municipios, así como a las relaciones de la Federación, tanto en su organización política como administrativa y a las responsabilidades de los servidores públicos y del patrimonio del Estado, propiciando de esta manera certidumbre a las relaciones que existen y nacen entre los municipios y en su caso, entre los estados.
Existen actualmente en la Comisión de Desarrollo Metropolitano iniciativas que inciden en este tema, que están pendientes de dictamen y que sin duda alguna podrán aportar mucho al desarrollo de las zonas metropolitanas, en términos de establecer su reconocimiento por los tres órdenes de gobierno y por consecuencia, de sus beneficios económicos y de su administración.
Sin embargo, ninguna de ellas considera la perspectiva de asumir la existencia formal de facultar al Congreso de la Unión para que incida en que se involucren las partes integrantes en sus tres órdenes de gobierno en aras del interés social, así como la visión de establecer un observatorio metropolitano que a través del estudio, del análisis, de la investigación de los aspectos más importantes, tenga una función preponderante en la directriz de los proyectos metropolitanos y dé la fortaleza y certidumbre al objetivo esencial que deberán tener todas las zonas metropolitanas que son: su desarrollo económico, político y social.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que modifica el párrafo tercero del artículo 27, que adiciona la fracción XXIX/P del artículo 73, que adiciona un párrafo cuarto al inciso i) del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que modifica el párrafo 20 del artículo 2 y adiciona el párrafo cuarto al artículo 12 de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Por obviedad de tiempo y por respeto al pleno, solicito al diputado presidente que se inscriba completa la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Desarrollo Social.
Tiene la palabra el diputado Patricio Chirinos Del Ángel, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
El diputado Patricio Chirinos del Ángel: Con su permiso, señor diputado presidente. Señoras y señores diputados: el suscrito Patricio Chirinos del Ángel, diputado de esta LXI Legislatura, en ejercicio de mis derechos y en apego al marco jurídico aplicable como integrante del Grupo Parlamentario del PRI, someto respetuosamente a consideración de los integrantes de esta Cámara, la presente iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción II del artículo 5o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
El ahorro es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado por una persona, empresa, institución u otro ente.
Desde tiempos remotos ya se venía practicando el ahorro cuando civilizaciones como Egipto y China guardaban el fruto de sus cosechas.
Se sabe que en la época medieval se organizó el mejor sistema de ahorro formando en 1462, por los franciscanos, la primera organización de ahorro, a la cual nombraron Monte de Piedad.
La cultura de ahorro dio origen a través del tiempo, en muchas latitudes, al surgimiento de las ya conocidas cajas de sociedades de ahorro y préstamo.
En los últimos 10 años miles de mexicanos de buena fe vieron a estas organizaciones como opciones de ahorro para obtener mejores tasas de interés en relación con la banca, confiando a ellas su patrimonio.
La lamentable falta de una verdadera regularización y control de esas prestadoras de servicios por parte de las instancias correspondientes ha traído como consecuencia que miles de ahorradores se encuentren afectados por las quiebras de las cajas y asociaciones mencionadas.
Frente al descontento social por la serie de abusos y daños ocasionados a grupos vulnerables de escasos recursos como viudas, personas de la tercera edad, trabajadores, campesinos, desempleados, entre otros, como una solución a esta problemática el Congreso de la Unión aprobó, a finales del 2000, la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. Dicho fideicomiso inició operaciones con un total de mil 785 millones de pesos con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para cumplir con los fines de su constitución.
La ley del fideicomiso, a la fecha, ha sido reformada en tres ocasiones con objeto de transformar a Fipago en un instituto de transición y coordinador del sector, cuyo objetivo principal es proteger el dinero de los ahorradores, regulado por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria.
Las disposiciones emitidas no resuelven aún la demanda de los ahorradores, convirtiéndose ya en un problema económico, político y social del país, donde hoy, de manera particular en el estado de Veracruz, se estima en 12 mil ahorradores afectados por la Financiera Coofia, existiendo denuncias en su contra por fraudes cometidos a los veracruzanos, quienes se encuentran en idénticas circunstancias que otros estados de la república.
Muy a pesar de los daños ocasionados a los ahorradores en su patrimonio, existe también por lógica el daño que se comete a los erarios de las entidades federativas, ya que la ley que crea y regula este fideicomiso establece, en su artículo 5o. que el fondo del patrimonio de Fipago se constituirá con aportaciones del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y otras aportaciones.
En razón de lo anterior y al considerar que el marco jurídico existente no ha garantizado la transparencia del funcionamiento de las cajas de ahorro y sociedades del ramo, no está exenta la manera impune en la que se siguen cometiendo daños patrimoniales a los ahorradores y que a su vez el patrimonio del Fipago se siga destinando a la reparación y solución de problemas ocasionados por los dueños de dichas instituciones.
Si bien es cierto que es un acto de justicia la protección y defensa de los derechos de los pequeños ahorradores, también lo es la protección de los presupuestos de los estados, los cuales, lejos de destinarse a la construcción de obra pública en beneficio de la población, se convierten en fuente de aportaciones para el patrimonio de dicho fideicomiso, por lo que es fundamental que los estados dejen de efectuar estas aportaciones y sea la federación la principal fuente generadora de recursos destinados al fondo, por ser de su competencia tanto lo relativo a la materia que le corresponde regular, como respecto del control de las actividades de esas entidades, pues la falta de una vigilancia adecuada propicia su incorrecto funcionamiento.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II del artículo 5o. de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, y se ordena asignar recursos en el presupuesto federal para los fines de dicho fideicomiso.
Primero. Se deroga la fracción II del artículo 5. De la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para quedar como sigue:
Artículo 5o. ...
I.-...
II.- Derogada
III.... a V. ...
Segundo. Se adiciona un artículo transitorio en el orden que le corresponda, en los términos siguientes:
Transitorio
Único. Anualmente se destinarán recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación a Fipago para que siga cumpliendo con los objetivos para los que fue creado y para que se instrumenten los mecanismos necesarios que den certidumbre a las necesidades de los ahorradores y fomenten la cultura del ahorro y la confianza en las instituciones. Es cuanto, señor diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación.
Permítame, diputada. Diputado Heliodoro Díaz, ¿con qué objeto desea hacer uso de la palabra?
El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (desde la curul): Señor presidente, para que se solicite al señor diputado Chirinos si nos permite adherirnos a la iniciativa que acaba de presentar. El diputado Heliodoro Díaz Escárraga quiere adherirse a la misma.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Le preguntaríamos al diputado Patricio Chirinos si no tiene inconveniente en que se adhiera el señor diputado.
El diputado Patricio Chirinos del Ángel (desde la curul): Claro, señor. Acepto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Para todos aquellos, compañeras diputadas y compañeros diputados, que desean adherirse, y la aceptación del diputado Chirinos, que pasen por favor a la Secretaría para suscribir la documentación.
Tiene la palabra la diputada Rosalina Mazari Espín. Adelante, diputada.
La diputada Rosalina Mazari Espín: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, Rosalina Mazari Espín, diputada federal del IV distrito por el estado de Morelos en esta Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presenta, a consideración de ustedes, una iniciativa que adiciona la fracción XV, del artículo 7o. de la Ley General de Educación con las siguientes
Consideraciones
Los niños y jóvenes de México necesitan que sus profesores en las instituciones públicas y privadas les otorguen conocimientos en la prevención de los delitos. La importancia de la denuncia pública ante la autoridad y la confianza en la justicia del Estado, es la cultura de la prevención la que puede ayudar al Estado mexicano en su obligación de conservar la integridad física, emocional y patrimonial de sus habitantes en sociedad, el saber cuidarse, conocer los delitos y defenderse con la ley.
Los planes y programas de estudio se integran con los principios rectores que el artículo 3o. de la Constitución del país refiere para combatir la ignorancia y sus efectos. Es la ley ordinaria en materia educativa la que establece fines específicos de carácter humanista, social, ecológico, cultural y de justicia, pero olvida la prevención del delito como una medida necesaria e importante, el aprender a cuidarse contra la violencia y las conductas ilícitas de que son víctimas las nuevas generaciones al interior de las escuelas, las calles, parques, jardines, e incluso dentro de su propio hogar.
La escuela imparte instrucción que forma cultura, transforma las mentes y modifica al individuo de manera sistemática, institucional y pedagógica. Son los profesores por su formación quienes pueden enseñar de mejor forma el correcto cuidado y disminuir la ejecución de delitos contra la salud, patrimonio, vida y sexualidad de los niños y jóvenes.
Es fundamental que las escuelas preparen a sus estudiantes ante el grave problema de la comisión de delitos de que son víctimas en la vida diaria. En México, de 1991 en adelante, se incrementó en un 85 por ciento la comisión de delitos del fuero común ante las procuradurías.
A nivel internacional en delitos con violencia ocupamos entre los diez más altos en el mundo, de cada delito denunciado existen dos o tres que no se denuncian, es la impunidad la que llega hasta al 95 por ciento, ya que se remite ante un juez un 2 por ciento de quienes delinquen. Se ha disparado la delincuencia dispersa que se basa en delitos en vías públicas y transporte público, que son robos con bajos montos y que padece el mayor número de ciudadanos; también los sectores con mayores ingresos y escolaridad sufren una mayor proporción de delincuencia.
La credibilidad en el sistema penal mexicano es mínimo, e incluso más de 40 por ciento de la población justifica la justicia por propia mano y los delitos en la mayoría de los estados se ejecutan entre las 10 y 20 horas del día.
Ante esto, para nadie es desconocido que la delincuencia, la violencia y la impunidad siguen afectando la convivencia social y las actividades productivas de los mexicanos, el esfuerzo de programas como Escuela Segura, de la Secretaría de Educación Pública, el poner cámaras de video afuera de las secundarias públicas, la vigilancia policíaca en la hora de entrada y salida de los alumnos, las ponencias y conferencias sobre temas de prevención del delito son esfuerzos, estrategias y métodos importantes en la lucha contra la comisión de las conductas antisociales.
Pero se necesita una verdadera política pública educativa obligatoria que estipule capítulos en los libros de texto gratuitos, planes, programas y cronogramas de enseñanza de la importancia de la prevención del delito.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XV al artículo 7o. de la Ley General de Educación para quedar de la siguiente forma:
Artículo 7o.
Fracciones I al XIV?
Fracción XV. Enseñar el debido cuidado a su integridad personal, patrimonial y de su familia mediante la prevención de los delitos, la importancia de la denuncia y de recibir justicia por el Estado.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra el diputado José Manuel Agüero Tovar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7 y 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, suscrita por los diputados José Manuel Agüero Tovar y Luis Felipe Eguía Pérez, de los grupos parlamentarios del PRI y del PRD, respectivamente.
El diputado José Manuel Agüero Tovar: Con su venia ciudadano presidente. Antes de iniciar quiero agradecer la deferencia que tuvo para un servidor el diputado Luis Felipe Eguía, de la fracción del PRD, para que sea el presente el que exponga esta iniciativa.
Compañeros diputados, La Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, IETU, se encuentra vigente desde el 2008, grava la aportación neta que hacen las empresas al Valor de la Producción Nacional.
El Impuesto equivale a gravar a nivel de empresa la retribución total a los factores de producción; por lo tanto, no sólo grava la utilidad de las empresas sino además la generación de flujos económicos destinados a la retribución de los factores de producción.
El IETU no genera los créditos fiscales en la parte de previsión social, pensiones y otras percepciones que están exentas en el impuesto sobre la renta; no son deducibles las reservas para pensiones o jubilaciones ni los fondos sociales de cooperativas.
Los pagos de sueldos, anticipos de rendimientos y rendimientos pagados a socios de cooperativas, así como las cuotas de Seguro Social y aportaciones al Infonavit no se deducen, sino que se les otorga un tratamiento de crédito fiscal que pretende dar al contribuyente un efecto "cero" con lo que busca evitar que la no deducibilidad afecte económicamente a las empresas.
Sin embargo, se presentan dos problemas: el primero consiste en que tratándose de empresas que tengan pérdidas, los pagos de sueldos, anticipos y rendimientos así como las cuotas del Seguro Social y aportaciones al Infonavit, no se toman en cuenta, ya que no incrementan la pérdida del contribuyente ni generan crédito fiscal alguno; el segundo problema, consiste en que las prestaciones de previsión social que están exentas para los trabajadores o socios de cooperativas, no se deducen ni generan créditos a favor del contribuyente.
Mientras las sociedades cooperativas de consumo, las cooperativas de ahorro y préstamo, las uniones de cooperativas, las federaciones, confederaciones y demás organismos que agrupan a las sociedades cooperativas quedaron exentas del pago del IETU; las sociedades cooperativas de producción de bienes o servicios están obligadas a pagar este gravamen.
Las cooperativas requieren del apoyo de esquemas legales y fiscales específicos para su desarrollo. El cooperativismo requiere de cuidados y un tratamiento especial.
Se necesita una regulación cooperativista, que si bien por un lado regule las actividades de estas organizaciones, por otro se fomente mediante políticas públicas preferentes.
En este sentido, el Congreso de la Unión aprobó en la LIX Legislatura un esquema en la Ley del Impuesto Sobre la Renta para que las cooperativas de producción tributen con una tasa promedio al 20 por ciento. La causación del impuesto se dará hasta el momento en que los rendimientos se distribuyan por parte de las cooperativas a sus socios, y de manera individual a través de ellos, y no en el momento en que se generaron.
Antes de la aprobación de este impuesto lo que se difería del pago de ISR permitía la capitalización permanente, y ahora el capital de operación de las cooperativas de producción se paga como IETU, resultando en un retroceso fiscal para el sector cooperativo.
Además, las sociedades cooperativas están obligadas legalmente a crear fondos especiales en materia de salud, educación y vivienda de sus agremiados, superiores a las cuotas que los patrones tienen en la legislación mexicana, por lo que se ven castigadas en mayor proporción al tratar que tributen aparentemente igual que las sociedades por acciones.
Es necesario precisar que el impuesto empresarial a tasa única se aprobó en un contexto de crecimiento económico del país, situación hoy completamente diferente, puesto que hoy nos encontramos en una severa crisis económica con efectos adversos en la conservación y generación de empleo.
En la actualidad, las sociedades cooperativas de producción no están exentas del pago de impuesto sobre la renta, ya que se tiene la obligación de determinarlo a través de los socios que la conforman, pagando el impuesto determinado hasta el momento en que se distribuyan rendimientos de los mismos.
Es por ello que para efectos de que haya congruencia fiscal entre la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única se requiere y se propone una modificación considerando que ambos impuestos son complementarios.
Por lo expuesto, se propone iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7o. y 9o. de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
Por obviedad de tiempo y por respeto al pleno, solicito al diputado presidente que se inscriba completa la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Serrano.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Señor presidente, si es tan amable de preguntarle al diputado si me permite anexarme a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado, está solicitando el diputado Serrano adherirse a su propuesta. ¿Estaría usted de acuerdo?
El diputado José Manuel Agüero Tovar (desde la curul): Desde luego, diputado. Es un honor.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Las diputadas y los diputados que deseen adherirse a la propuesta del señor diputado José Manuel Agüero Tovar y Luis Felipe Eguía Pérez , favor de pasar a la Secretaría. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El siguiente punto del orden del día es dictamen a discusión con punto de acuerdo. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, le pido a la Secretaría que por favor consulte a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura. Permítame, secretario. Sí, diputado García Granados.
El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Manifestar que no encuentro publicado en la Gaceta el dictamen.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame un momentito, por favor, señor diputado.
Está publicado en el Anexo I, página 26, que tienen ustedes en su poder. Gracias, diputado. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. En virtud de no tener participación para fundamentación, por estar publicado, están a discusión los puntos de acuerdo. Se abre el registro de oradores.
No habiendo oradores inscritos en ninguno de los sentidos, se declara suficientemente discutido y conocido. Por tanto, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados. Comuníquense. Continuamos con el siguiente punto del orden del día que son Proposiciones
Esta presidencia informa a la asamblea que se recibieron diversas proposiciones con puntos de acuerdo que tienen relación con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010. Proceda la Secretaría a dar lectura a los enunciados y proponentes.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se recibió una propuesta con punto de acuerdo del diputado Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren mayores recursos para infraestructura carretera, aeroportuaria, ferroviaria, portuaria y de telecomunicaciones.
Otra más de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para que se consideren recursos para el desarrollo social, el combate a la pobreza y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
Una más del diputado Andrés Aguirre Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para el rubro de infraestructura carretera para realizar diversas obras viales en el distrito XXXIX La Paz-Chicoloapan, estado de México.
Otra más del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para la construcción del Centro de Información, Arte y Cultura Bicentenario, en el estado de Michoacán.
Otra de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para que se consideren recursos para el sector educativo para avanzar hacia una educación de calidad con equidad.
Una más del diputado Andrés Aguirre Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para contar con fondos que permitan ejecutar los programas sociales en los municipios de La Paz y Chicoloapan, al tiempo de que se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, para que tenga a bien reconocer los polígonos de pobreza de estos municipios como los reconoce la Secretaría de Economía y, de esta manera, sean considerados en el programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.
Otra del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para la construcción de la Biblioteca Digital en el estado de Michoacán.
Una más del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para que se consideren recursos para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Otra del diputado Andrés Aguirre Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en los municipios de La Paz y Chicoloapan, estado de México.
Otra del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para la construcción del Parque Tecnológico Agroindustrial en el estado de Michoacán.
Otra propuesta del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para que se consideren mayores recursos para la Conaliteg, con el propósito de que cumpla con sus objetivos.
Otra del diputado Andrés Aguirre Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos en el rubro de infraestructura social, para la construcción de un hospital de tercer nivel, en el distrito electoral XXXIX La Paz-Chicoloapan, estado de México.
Se recibió otra del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para la construcción del Teatro Bicentenario en el estado de Michoacán.
Una proposición más del diputado Andrés Aguirre Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para infraestructura social en materia de seguridad pública en los municipios de la Paz y Chicoloapan, estado de México.
Otra de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para diversas actividades y obras turísticas en el estado de Michoacán.
Otra del diputado Andrés Aguirre Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para realizar diversas obras de infraestructura deportiva en los municipios de La Paz y Chicoloapan, en el Estado de México.
Otro de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para diversas obras relacionadas con el puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán.
Otro más, para que se consideren recursos para el Hospital Universitario Doctor José Eleuterio González del estado de Nuevo León y se solicita al Ejecutivo federal que en los proyectos presupuestales subsecuentes se incluyan los recursos necesarios para su operación, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.
Se recibió otro, del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para concretar la rehabilitación de la Plaza de la República y restaurar el Monumento a la Revolución, en el marco de las obras para los festejos del Centenario de la Revolución Mexicana.
Otro, del diputado Sergio Mancilla Zayas, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para ser destinados a proyectos de infraestructura deportiva en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Se recibió del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para proyectos que permitan la mejoría de la operación de los centros municipales de atención y desarrollo tecnológico para la automatización de los procesos relativos a la gestión de trámites empresariales, desarrollo y promoción de empleos en zonas marginadas, desarrollo de infraestructura productiva y tecnológica, capacitación y formación de jóvenes emprendedores en el Estado de México.
De la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se establezcan criterios de transversalidad con rubros etiquetados, que obliguen a las dependencias y entidades de la administración pública a implementar políticas públicas a favor de las personas con discapacidad.
Del diputado Jorge Hernández Hernández, proposición con punto de acuerdo para que se consideren recursos para proyectos sociales que permitan condiciones productivas teniendo otras alternativas de ingresos; empleo temporal en apoyo a jóvenes en edad productiva; programa de desarrollo de microregiones en los municipios de alta y muy alta pobreza; apoyo de infraestructura de servicios públicos en zona de migrantes; apoyo en zonas urbano-marginadas; apoyo de rescate de espacios públicos con deterioro, abandono en zonas metropolitanas; apoyo de proyectos de coinversión; apoyo a mujeres; no violencia y albergue temporal en el Estado de México, suscrito por la diputada Maricela Serrano Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI.
También tenemos de la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren en el Ramo 28 la programación de un fondo que permita la creación de un seguro de desempleo en todo el territorio nacional.
Del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren mayores recursos al Fondo Metropolitano del Estado de México.
También recibimos, para que se consideren recursos para fortalecer la gestión y cultura ambientales, así como la gestión integral del agua en el Distrito Federal, suscrito por los diputados César Francisco Burelo Burelo y María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD.
Del diputado Armando Corona Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la realización del distribuidor vial Chalco-Ixtapaluca-México-Puebla.
Asimismo, para que en el rubro correspondiente a educación, recursos para el funcionamiento de la Dirección Estatal de Educación Indígena, suscrito por los diputados Sabino Bautista Concepción y Domingo Rodríguez Martell, de los grupos parlamentarios del PRI y del PRD, respectivamente.
De la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD, en materia indígena.
Para que se consideren mayores recursos para la zona metropolitana de La Laguna y se incorporen en el Ramo 23 del presupuesto para el Fondo Metropolitano dos zonas metropolitanas: la de Saltillo y la de Monclova, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
Asimismo, del diputado Nazario Roberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para que la Secretaría de Turismo del Distrito Federal desarrolle programas de turismo encaminados a incentivar la reactivación económica y la generación de empleos en la entidad.
También tenemos del diputado Patricio Chirinos del Ángel, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para llevar acabo la edificación de una unidad académica del Instituto Politécnico Nacional, en el estado de Veracruz.
Del diputado Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren mayores recursos para infraestructura carretera, educación y cultura, juventud y deporte, para el estado de Baja California Sur.
Del diputado Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la reconstrucción de la carretera Animas-Coyotepec, ubicada en el Estado de México.
Asimismo, del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD, por el cual solicita recursos necesarios para llevar acabo las acciones tendientes a solucionar el problema de la vivienda en el Distrito Federal.
Del diputado Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para el encofrado del río chico adyacente al DIF central, colonia Tepanquiahuac, municipio de Teoloyucan, Estado de México.
Del mismo diputado Ramón Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la construcción del mercado municipal, en la colonia Tlatilco, municipio de Teoloyucan, Estado de México.
Se recibió del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para la ampliación y mejoramiento de vías de comunicación en la delegación Gustavo A. Madero, en el Distrito Federal.
Del diputado Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la remodelación del jardín municipal, ubicado en la colonia Tlatilco, municipio de Teoloyucan, Estado de México.
Del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para la construcción y puesta en marcha de un hospital en Cuautepec y un centro de atención a la salud de los adultos mayores, en Aragón, delegación Gustavo A. Madero, en el Distrito Federal.
Otro del diputado Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la reconstrucción de la avenida Zumpango, carretera Teoloyucan-Jaltenco, ubicada en el Estado de México.
Se recibió del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren mayores recursos para el IPN y la UNAM.
Otro del diputado Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la ampliación a cuatro carriles de la avenida 5 de Mayo, carretera Teoloyucan-Huehuetoca, ubicada en el Estado de México.
Otra del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para la creación de un fondo para resarcir los daños a los afectados por la obra del cauce de alivio, El Tintillo, en Tabasco.
Del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la creación de tres centros preventivos y de readaptación social en el Estado de México.
Del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para cumplir con los trabajos de obras de infraestructura en redes primarias y secundarias de agua potable y drenaje de la delegación Azcapotzalco, en el Distrito Federal.
Del diputado Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para que crear un comité de evaluación y seguimiento en la aplicación de los recursos del PET (Programa de Empleo Temporal).
Diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren mayores recursos para infraestructura deportiva en la delegación Coyoacán, Distrito Federal.
Diputado Noé Martín Vázquez Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para que se pueda dotar de energía eléctrica y drenaje a diversas comunidades del municipio de Ecatepec de Morelos, del Estado de México.
Diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo del Parlamentario del PRD, para que se consideren mayores recursos para infraestructura hospitalaria en la delegación Coyoacán, Distrito Federal.
Se recibió de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI, para que del Ramo General 23 "Provisiones salariales y económicas", descritos en el Anexo 12 del PEF, se consideren recursos; así como para la construcción de infraestructura regional estratégica en materia hidráulica, educativa, salud y carretera.
Se recibió del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren mayores recursos para dotar de servicios esenciales de infraestructura y equipamiento urbano a la delegación Magdalena Contreras, Distrito Federal.
Del diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren mayores recursos para el municipio de Chicoloapan de Juárez, Estado de México.
Del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para realizar acciones fitosanitarias en la región sur-sureste del país.
De la diputada Laura Piñón Olmedo, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para cumplir con los proyectos en materia de salud para Durango.
Del diputado Sergio Saldaña del Moral, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para construir la obra de infraestructura hidráulica denominada "Colector Madrina o Emisor II", en los municipios de Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
Se consideren recursos para cumplir con los trabajos de obras de infraestructura hidráulica y social en el municipio de Jaumave, Tamaulipas, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
Del diputado David Ricardo Sánchez Guevara, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la construcción de colectores marginales en la presa Tecamachalco, ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se recibió otra proposición del diputado Ignacio Pichardo Lechuga, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la protección de manantiales.
Otro más del diputado Pichardo Lechuga, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para el manejo integral de residuos sólidos, urbanos, en el municipio de Valle de Bravo, estado de México.
Otro del diputado Pichardo Lechuga para que se consideren recursos para el proyecto de construcción de ecotecnias en las localidades de alto y muy alto nivel de marginación en los municipios de Amanalco, San José del Rincón, Valle de Bravo y Villa Victoria, estado de México.
Otro de la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la rehabilitación de infraestructura y la creación de espacios deportivos en beneficio del estado de México.
Otro más del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la instalación de una red integral de videovigilancia, en el estado de México.
Otro del diputado Emilio Chuayffet Chemor, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la construcción de una clínica de salud en la comunidad de Manto del Río, ejido en el municipio de Atlacomulco, estado de México.
Otro del diputado Chuayffet Chemor, del PRI, para que se consideren recursos para la construcción de una delegación municipal en la comunidad de San Bartolo, El Arenal, en el municipio de Atlacomulco, estado de México.
Otro también del diputado Chuayffet Chemor, del PRI, para que se consideren recursos para el equipamiento de la clínica de salud en la comunidad de San Francisco Chalchihuapan, en el municipio de Atlacomulco, en el estado de México.
Otro del diputado Chuayffet Chemor, del PRI, para que se consideren recursos para la construcción de un hospital general en el municipio de Atlacomulco, en el estado de México.
Otro del diputado Chuayffet Chemor, del PRI, para que se consideren recursos para la construcción de puente sobre el libramiento Jorge Jiménez Cantú, a la altura de la Colonia 2 de Abril y Morelos, en el municipio de Atlacomulco, en el estado de México
Otro del diputado Chuayffet Chemor, del PRI, para que se consideren recursos para la construcción de puente peatonal en la Carretera Panamericana Atlacomulco- Acambay, en el municipio de Atlacomulco, en el estado de México.
Otro más del diputado Chuayffet Chemor, del PRI, para que se consideren recursos para la rehabilitación y equipamiento de de la unidad deportiva en el municipio de Atlacomulco, en el estado de México.
Otro también del diputado Chuayffet Chemor, del PRI, para que se consideren recursos para la construcción de una escuela secundaria en la comunidad de Bongoni en el municipio de Atlacomulco, en el estado de México.
Otro más también del diputado Chuayffet Chemor, para que se consideren recursos para la construcción de puentes peatonales en los cruces carreteros en el municipio del Oro, en el estado de México.
Otro más del diputado Chuayffet Chemor, para que se consideren recursos para la construcción de la terminal de autobuses en el municipio del Oro, en el estado de México.
Otro también del diputado Chuayffet Chemor, para que se consideren recursos para la reconstrucción del Tiro Norte en el municipio del Oro, en el estado de México.
Uno más del diputado Chuayffet Chemor, para que se consideren recursos para la construcción de la carretera Ojo de Agua-Loma de Endare, en el municipio Jocotitlán, estado de México.
Otro del diputado Chuayffet Chemor, para que se consideren recursos para la construcción de la carretera El Ruso-Santa María Endare, en el municipio de Jocotitlán, estado de México.
Otro del diputado Chuayffet Chemor, para que se consideren recursos para la construcción de un hospital general en el municipio e Jocotilán, estado de México.
Otro más también del diputado Chuayffet Chemor, para que se consideren recursos para la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Santiago Casandeje y en la comunidad de Los Reyes, en el municipio de Jocotitlán, estado de México.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Del diputado Chuayffet Chemor, para que se consideren recursos para la reposición y equipamiento del pozo de agua potable de la comunidad de San Miguel Tenochtitlán, en el municipio de Jocotitlán, estado de México.
Del diputado Chuayffet Chemor, para que se consideren recursos para la rehabilitación del sistema de agua potable de Santiago Yeche, en el municipio de Jocotitlán, estado de México.
Del diputado Chuayffet Chemor, para que se consideren recursos para la construcción del centro de salud de la comunidad Plaza de Gallos, en el municipio de San José del Rincón en el estado de México.
Del diputado Chuayffet Chemor, para que se consideren recursos para la pavimentación de los caminos Pueblo Nuevo-Agua Zarca y San Jerónimo de los Dolores-Santa Cruz del Rincón, así como el encementado de concreto hidráulico en Santa Cruz del Tejocote-La Venta, en el municipio de San José del Rincón, en el Estado de México.
Del mismo diputado Chuayffet Chemor, se consideren recursos para la ampliación de la carretera Temascalcingo-Ex Hacienda Solís, en el municipio de Temascalcingo, en el Estado de México.
Del diputado Chuayffet Chemor, para que se consideren recursos para la construcción de canchas de usos múltiples en el municipio de Temascalcingo, en el Estado de México.
Del mismo diputado, Chuayffet Chemor, para que se consideren recursos para la construcción del relleno sanitario en el municipio de Temascalcingo, Estado de México.
Otro punto del mismo diputado para que se consideren recursos para la construcción de un salón de usos múltiples en el municipio de Temascalcingo, en el Estado de México.
Del diputado Eduardo Yáñez Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren mayores recursos para la realización de proyectos en los municipios de Ecatzingo y Juchitepec, pertenecientes al distrito electoral XXXIII, del Estado de México.
Del diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la rehabilitación y construcción de tres parques deportivos en la zona norte del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.
Del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos aplicables en el municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México.
Del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos aplicables en el municipio de Tlanepantla de Baz, Estado de México.
De la diputada Marisela Serrano Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la construcción y elaboración de los proyectos ejecutivos del distribuidor vial en la salida de la autopista México-Puebla a Ixtapaluca, Estado de México y en el distribuidor vial para la incorporación de la autopista México-Puebla a Ixtapaluca, Estado de México, a la altura del cerro del Elefante.
De la diputada Marisela Serrano Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la construcción y elaboración del proyecto ejecutivo de distribuidor vial, paso a desnivel, circuito vial y puente vehicular en Ixtapaluca, Estado de México.
De la diputada Marisela Serrano Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la construcción y proyectos ejecutivos de diversas carreteras en los estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Hidalgo y Zacatecas.
De la diputada Marisela Serrano Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la construcción, equipamiento y proyecto de la unidad deportiva en San Isidro Mazatepec y del gimnasio comunitario en Zapotiltic, del estado de Jalisco.
De la diputada Marisela Serrano Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la construcción y equipamiento de tres escuelas de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, en la colonia Víctor Puebla, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.
De la diputada Marisela Serrano Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la introducción de agua potable y drenaje, construcción de colectores en los estados de México, Michoacán, Jalisco y Veracruz.
De la diputada Marisela Serrano Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la construcción de tres centros de salud en los municipios de Ángel Cabada, San Rafael y Mecayapan, estado de Veracruz.
Del diputado Eduardo Yáñez Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para infraestructura de obras de impacto.
El Secretario Diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Del diputado Eduardo Yáñez Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para el rubro de infraestructura social en el distrito electoral XXXIII del Estado de México.
Del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren mayores recursos para incorporar, dentro del cuadro nacional de vacunación gratuita, la vacuna contra el virus del papiloma humano causante del cáncer cérvico-uterino.
Del diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, se consideren recursos para la construcción de líneas de conducción de agua potable y aguas negras para distribuirse en los municipios del Estado de México que cuentan con presencia de población indígena.
Del diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, se consideren recursos para la apertura, rehabilitación y modernización de la red carretera, para distribuirse en los municipios del Estado de México que cuentan con presencia de población indígena.
Del diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, se consideren recursos para la adquisición de paquetes alimenticios para distribuirse en los municipios del Estado de México que cuentan con población indígena.
Del diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, se consideren recursos para la terminación de un rastro municipal tipo inspección federal (TIF) en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México.
Del diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la ampliación de electrificación en los municipios del Estado de México que cuentan con presencia de población indígena.
Del diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la construcción de infraestructura educativa, para distribuirse en los municipios del Estado de México que cuentan con población indígena.
Del diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para la construcción de centros deportivos en los municipios del Estado de México conformados por población indígena.
Del diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para el programa de mejoramiento a la vivienda en los municipios del Estado de México que tienen presencia de población indígena.
Del diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para destinarse a programas de infraestructura en el rubro de comunicaciones, para los municipios del Estado de México conformados por población indígena.
Del diputado Noé Martín Vázquez Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para los proyectos prioritarios en materia de turismo en el Estado de México.
Del diputado Emilio Chuayffet Chemor, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para el proyecto de restauración del palacio municipal de El Oro, Estado de México.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese las 112 proposiciones con los títulos y textos íntegros en el Diario de los Debates y túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibió del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo relativo a la integración del Comité de Información, Gestoría y Quejas. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Se recibió del diputado Martín García Avilés, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que para exhorta a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Procuraduría General de la República (PGR) y procuradores de justicia de las entidades federativas, a conformar un Grupo Interinstitucional que elabore un Plan Nacional de Prevención Social del Delito. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública.
Se recibió del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación liberar los recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender las consecuencias derivadas de las fuertes lluvias que afectaron la delegación Gustavo A. Madero, en el Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Se recibió de la diputada María Estela de la Fuente Dagdug, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para establecer el Fondo Especial de Apoyos Federales para la recuperación productiva del sector agropecuario, acuícola y forestal de Tabasco. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Se recibió del diputado David Ricardo Sánchez Guevara, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a ampliar el número de beneficiarios del programa Oportunidades en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.
Se recibió del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo para que se investiguen las condiciones en que la Secretaría de Seguridad Pública Federal está rediseñando el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
Se recibió del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud informar a esta soberanía todo lo relacionado con la distribución y aplicación de la vacuna contra el virus de la influenza AH1N1, así como acerca de la existencia de mecanismos para evitar una sobredemanda de vacunas contra este padecimiento y contra la generación de conflictos relacionados a su aplicación. Se turna a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el señor diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Semarnat, a la Conagua, al Conacyt, a la Sedesol, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud, a la Canadevi, a gobiernos estatales, municipales y a la Conafor, a desarrollar y fortalecer la cadena productiva del bambú, para revertir el deterioro ambiental y el cambio climático, desarrollar vivienda digna de bajo costo e impulsar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el medio rural.
El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino: Con su permiso, señor presidente. Estimados diputados y diputadas. Felipe Amadeo Flores Espinosa y Alberto Jiménez Merino, presentamos esta proposición con punto de acuerdo para exhortar a diferentes dependencias federales, gobiernos estatales y municipales para desarrollar y fortalecer la cadena productiva del bambú.
La pobreza en México alcanza ya a una población de 52 millones de personas, 20 millones de los cuales se clasifican en pobreza alimentaria. Lo que quiere decir, que 4 millones de familias no tienen 27 pesos diarios para obtener los alimentos que necesitan sus hijos.
Asimismo, la erosión del suelo afecta a 120 millones de hectáreas en nuestro país. Cada año se pierden 2 mil 500 kilogramos de suelo por hectárea, lo que representa más de 500 millones de toneladas de tierra fértil que se van por las barrancas, arroyos y ríos y que reducen drásticamente la capacidad productiva de la tierra. El calentamiento mundial y la alteración drástica del clima es otra realidad de nuestro tiempo.
Por otro lado, aun con los importantes esfuerzos del gobierno federal, aún hacen falta 2 millones de casas nuevas y cerca de 4 millones necesitan algún grado de reparación, atender la construcción de vivienda con los materiales tradicionales ha sido un proceso lento por el costo del acero y el cemento. Si continuamos por la vía tradicional y a la velocidad actual, tardaremos ente 16 y 20 años para atender la necesidad existente.
En nuestro territorio, especialmente en las zonas tropicales de los estados de Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Guerrero, Morelos, Michoacán, Jalisco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo existe una planta poco aprovechada, casi desconocida y a veces eliminada de los ranchos y que aún no forma parte de programas de fomento.
El bambú del que Puebla es pionero en incluirlo como programa oficial en el año 2001, es el más grande los pastos del mundo.
Es una planta que incorpora a sus tejidos 4 veces más bióxido de carbono en comparación con las plantas más eficaces; es el mejor retenedor de suelo y agua, la mejor barrera para evitar la erosión de las laderas en las partes altas de las cuencas y es el mejor protector de las tierras ubicadas a la orilla de ríos y barrancas.
Madura en sólo cuatro años y su vida útil es hasta de 50 años, la producción de varas de bambú puede alcanzar la cifra de 5 mil anualmente, a un precio unitario de 30 a 50 pesos.
Es un material ligero que por su resistencia es llamado el acero vegetal y tiene más de 4 mil usos documentados en el mundo. Sirve para hacer vivienda digna de bajo costo; un 40 por ciento menos del costo de una casa de materiales tradicionales.
Más de mil millones de personas en el mundo viven en casas de bambú y por sus usos es un negocio de 7 mil millones de dólares anuales. No obstante, aún no se ha logrado reconocer la importancia e incorporar el bambú en forma significativa al desarrollo de las regiones donde existe.
Por lo anterior proponemos a esta soberanía:
Primero. Que la Sagarpa reconozca al bambú como un cultivo estratégico de las regiones tropicales dentro de sus programas de apoyo y promueva un programa nacional de fomento.
Segundo. Que la Semarnat, la CNA y la Conafor dispongan lo conducente para fortalecer programas de reforestación productiva y de protección al suelo y al agua en las cuencas, especialmente en las orillas de ríos, barrancas y laderas con problemas de erosión, priorizando su incorporación al manejo de cuencas.
Que los organismos promotores de vivienda promuevan la integración de este importante material en su desarrollo inmobiliario y que la Sedesol incorpore esta opción a los programas de vivienda, piso y techo digno.
Cuarto. Que los organismos financieros establezcan los mecanismos para acceder a apoyos y financiamientos ágiles y oportunos.
Quinto. Que el Conacyt actualice, desarrolle o fortalezca la investigación que permita resolver los problemas y necesidades tecnológicas.
Sexto. Que los estados y municipios identifiquen y destinen apoyos económicos y consideren al bambú entre las opciones para revertir el deterioro ambiental, cambio climático, desarrollo económico y social de las comunidades, y
Último. Que la SEP y la Secretaría de Salud incorporen al bambú en la construcción de escuelas y centros de salud, para reducir y apoyar el desarrollo de la cadena productiva. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social.
Tiene la palabra el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados promueva la realización de la Convención Nacional Fiscal, para analizar los efectos económicos y sociales de las políticas fiscales aplicadas en la actualidad y el diseño de un nuevo modelo fiscal para el país.
El diputado José Oscar Aguilar González (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Adelante, señor diputado.
El diputado José Oscar Aguilar González (desde la curul): Quiero que le consulte al ingeniero Jiménez Merino si nos permite que nos adhiramos a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Cómo no, señor diputado. Le pregunto al diputado Francisco Alberto Jiménez Merino si acepta la adhesión del señor diputado a su propuesta.
El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino (desde la curul): Claro que sí, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No hay problema. Adelante, señor diputado. Todos los demás compañeros diputados que quieran adherirse a la propuesta, pueden pasar a la Secretaría para firmarlo. Adelante, señor diputado Guadalupe Acosta Naranjo.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, señor presidente. Ésta es una proposición con punto de acuerdo por el cual esta soberanía determina convocar a un proceso nacional de audiencias públicas para promover un nuevo pacto fiscal y hacendario que viabilice el crecimiento económico del país y que presento con la adhesión del diputado Sebastián Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional y del diputado Roberto Gil, vicecoordinador del Partido Acción Nacional.
México es uno de los países de más baja recaudación tributaria en el mundo?
Perdón, señor presidente, me parece que en el momento en que estaban solicitándole a usted la adherencia a la diputación, echaron a andar el reloj.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene usted razón, señor diputado. Por favor regresen el reloj para que le den tiempo total al señor diputado.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Ya mero me bajan. Son tres minutos, qué barbaridad, entonces no lo voy a poder leer. Bueno.
Simple y sencillamente, como es muy corto el periodo para leer estas proposiciones con punto de acuerdo, decir que con la anuencia del diputado Roberto Gil y del diputado Sebastián Lerdo de Tejada, estamos proponiendo que esta soberanía convoque a un proceso nacional de audiencias públicas que nos ayude a promover un nuevo pacto fiscal y hacendario, para salir del gravísimo problema que tiene nuestro país.
Creo que a todo mundo nos queda claro que la actual discusión del paquete fiscal ha dejado inconforme prácticamente a toda la población. Partidos políticos, gobiernos, ciudadanos, legisladores, senadores de la república han manifestado su inconformidad ante lo limitado de los acuerdos del paquete fiscal que hemos aprobado en esta legislatura.
Por tanto, creemos conveniente convocar a un proceso nacional de audiencias durante febrero y de marzo de 2010, que se realizarían en este Congreso de la Unión, en esta Cámara de Diputados, con un calendario inicialmente ya propuesto, acordado, que permitiría recibir aquí a gobernadores, presidentes municipales, universidades, a los propios encargados de las finanzas públicas del país, a sindicatos, a empresarios.
Que durante estos dos meses hagamos un debate serio y a fondo de un nuevo pacto fiscal y hacendario para nuestro país; y, en abril, este Congreso de la Unión, esta Cámara de Diputados, dictamine, acuerde y viabilice en ley las reformas que necesita México para tener finanzas sanas, recursos suficientes; donde podamos discutir el conjunto de la problemática y podamos resolver también ?espero yo? el grave problema de recursos públicos que tiene México.
Es una propuesta avalada tanto por el Partido Acción Nacional como por el Partido Revolucionario Institucional, y que creo, que si efectivamente durante febrero y marzo damos este debate, estaremos preparados en abril para poder cumplir las expectativas que, hasta hoy, desgraciadamente, no pudimos sacar adelante.
Es esto lo que quería proponer. Le pido que se inserte de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria y que se turne a la Junta de Coordinación para que, en lo inmediato, podamos resolver la convocatoria a este gran asunto, al que estamos llamados todos nosotros. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el señor diputado Guadalupe Acosta Naranjo, insértese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La diputada Georgina Trujillo Zentella (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, compañera diputada Trujillo.
La diputada Georgina Trujillo Zentella (desde la curul): Preguntar si me puedo adherir a la proposición del diputado Acosta.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Con mucho gusto, diputada. Claro que sí.
La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada Ifigenia Martínez.
La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández (desde la curul): Para solicitarle al diputado Acosta mi adhesión a su propuesta.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Es un honor, maestra, que usted se adhiera a mi propuesta.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, señor diputado Serrano.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Para adherirme a la propuesta.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Con gusto.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): Para adherirme, señor presidente y?
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muy bien. El señor diputado proponente ha manifestado que no tiene inconveniente en que los señores diputados que quieran adherirse a su propuesta, pasen a la Secretaría para firmarla. Gracias, diputado Acosta Naranjo.
Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Permítame un segundo, señor diputado. La diputada Teresa Ochoa quiere hacer uso de la palabra. Adelante, diputada.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Sí, perdón presidente, diputado presidente, nada más para en efecto solicitar adherirnos, pero dejar sentado que nos da mucho gusto que hoy sea una realidad también esta propuesta que está haciendo el diputado Acosta Naranjo, porque ya lo había comentado también nuestro diputado, el doctor Gertz Manero y una publicación de Convergencia, en entonces creo que todos estmos en el mismo sentir. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como no, gracias, diputada. Adelante diputado Samuel Herrera Chávez.
No estando presente en el salón de sesiones el señor diputado, tiene la palabra el diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Conagua se establezcan los mecanismos para la rehabilitación del arroyo Alamar.
El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid: Muchas gracias. Con su venia, diputado presidente. En mi carácter como representante de la nación y preocupado por los graves problemas que aquejan a mi estado, Baja California, me presento ante esta asamblea para compartir con ustedes el gran problema de contaminación que presenta el arroyo Alamar, el cual se encuentra ubicado en la orilla este del área urbana de Tijuana y fluye hacia el oeste uniendo la parte superior del Río Tecate con la parte baja del Río Tijuana; tocando a su vez territorio norteamericano.
Desde hace varias décadas el arroyo Alamar sufre una permanente contaminación debido a las constantes y crecientes descargas de agua residuales provocadas por hogares y desperdicios de materiales peligrosos. Desperdicios fuertes, sólidos, desperdicios que a su vez también tienen que ver con el intenso crecimiento urbano, asentamientos regulares, carentes de drenaje y alcantarillado en la zona, la falta de sistemas de tratamiento de aguas residuales, el escaso equipamiento de control de las emisiones atmosféricas, el déficit de la infraestructura urbana y la falta de planeación del destino final de los residuos, son estos los principales problemas de contaminación que enfrenta el cruce del Río Alamar.
Y si esto no fuera suficiente, a su vez, debo enunciar los grandes problemas de salud pública, motivados por la contaminación del arroyo Alamar, entre los cuales se encuentran problemas dermatológicos, infecciones en vías respiratorias, enfermedades virales y problemas gastrointestinales, entre algunos otros.
Sabemos que desde hace varios años, el municipio de Tijuana, en coordinación con el gobierno del estado, realiza una encomiable labor para contrarrestar este grave problema de contaminación, ya que sólo en el municipio de Tijuana se instalan plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales operan bajo la supervisión de la Comisión Estatal de Servicios Públicos; más sin embargo, las acciones emprendidas por las autoridades son insuficientes para detener este grave problema.
Por tanto, es necesario dotar de recursos federales encaminados al rescate de ecosistemas, de corredores ecológicos integrales, que además funcionen como grandes fuentes de agua dulce, indispensables para el consumo humano, no sólo para quienes habitamos en Baja California, en Tijuana en especial, sino también para los que habitan en la región transfronteriza de California.
Por lo anterior establecido y fundamentado, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados a destinar una partida especial en el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2010, correspondiente al gasto capital de la Comisión Nacional del Agua, que destine específicamente los recursos suficientes y necesarios para llevar a cabo las obras de rehabilitación del río Alamar, en el municipio de Tijuana, Baja California.
Tijuana, como sabemos, ciudad receptora, no solamente es de los tijuanenses, Tijuana es de todos los mexicanos.
Señor presidente, le solicito atentamente de la manera más puntual, que el presente se integre en la Gaceta Parlamentaria del Diario de los Debates. Es cuanto, muchas gracias, compañeros y amigos diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo solicita el señor diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, insértese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Tiene ahora la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los ex trabajadores migratorios mexicanos.
El diputado Samuel Herrera Chávez: Con su permiso, diputado presidente. Honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado Samuel Herrera, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El programa Bracero fue un acuerdo negociado entre México y Estados Unidos durante la década de los 40, a fin de sustituir la falta de mano de obra de aquella nación, a consecuencia de la coyuntura mundial existente en la época.
Ante esta situación los trabajadores mexicanos que laboran en Estados Unidos y que aportaron recursos para constituir un fondo de ahorro, tuvieron que organizarse y movilizarse para reclamar el pago de esos recursos.
Así el Estado mexicano reconoció casi 60 años después esta deuda. La misión de ésta constituyó un verdadero hito en la historia de la justicia social de nuestro país, en el sentido de que a través de ella el Estado mexicano reconocía por primera vez la legitimidad y la justicia a los reclamos de los ex trabajadores braceros mexicanos. Dicho padrón integrado por la Secretaría de Gobernación durante el año 2003 quedó constituido con 212 mil 218 ex trabajadores braceros.
El 17 de octubre de 2005 fueron aprobados por parte del Comité Técnico del Fideicomiso las reglas de operación de la mencionada ley, estableciéndose como el importe del apoyo social a los beneficiarios la cantidad de 38 mil pesos, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2005, los cuales deberían presentar las siguientes documentaciones:
Una identificación oficial que los acreditare como mexicanos, contrato individual de trabajo, comprobante de pago de tiempo del contratante, tarjeta de identificación consular. Fue durante los años 2005-2006 que se aprobó, el Comité Técnico del Fideicomiso, el pago a 15 mil 795 ex braceros.
Una de las cuestiones más controvertidas que fueron circuladas en las últimas reformas del fideicomiso es el planteamiento de que el pago de los apoyos se haga en parcialidades, esto es abonos de 4 mil pesos diferida cada año. Esto podría significar que a muchos de los ex trabajadores mexicanos por la avanzada edad no les alcanzara la vida para cobrar.
Adicionalmente, diversos sectores sociales y las propias organizaciones de los ex braceros han insistido en una necesidad de revisar diversos asuntos; que se integre una mesa de trabajo en la que participen los beneficiarios; que la Secretaría de Gobernación otorgue reconocimientos a los recibos emitidos oficialmente contra los documentos originales de los beneficiaros que acudieron registrarse; que se efectúe el pago de importe de apoyo social en una sola exhibición; que la Legislatura de la Cámara de Diputados considere en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto, el aporte importante para el Ejercicio Fiscal 2010.
En fin, las tareas anteriormente descritas serían parte del trabajo de esta comisión especial que tendría a cabo para ello.
Sin embargo, vuelve esto a inquietar, porque debemos de estar concientes que la mayor parte de los ex braceros son gente muy adulta. Todas estas vejaciones que han sufrido, todas estas esperanzas, todo este esfuerzo que se dio, sigue siendo ese mismo peregrinar de los ex braceros enfermos, viudas y de hijos.
Deben, por lo tanto, los ex braceros asumir nuestro respeto, pero sobre todo nuestra consideración. Hagamos un esfuerzo por encontrar un mecanismo que traiga justicia a los ex braceros del país mexicano. Muchas gracias.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Único. La LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, decide constituir y nombrar la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los ex Trabajadores Migratorios, con el fin de atender la problemática surgida con relación a estos asuntos.
Firmamos este punto de acuerdo, su servidor, el diputado Samuel Herrera, el diputado Ramón Jiménez, diputada Claudia Anaya, diputado Heladio Verver y Vargas Ramírez, diputado Gerardo Leyva, y los diputados de la fracción parlamentaria del PRD.
Solicito, señor presidente que se pueda inscribir en forma íntegra el texto para que se considere el documento en forma completa. Gracias, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el señor diputado, insértese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que explique la situación laboral actual de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que laboran en la CFE.
El diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Con su permiso, señor presidente. El que suscribe diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo en razón de la siguiente
Exposición de motivos
La función cotidiana de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es impartir justicia promoviendo la paz social y la armonía en las relaciones laborales mediante la conciliación y el arbitraje, garantizando a trabajadores, patrones o empleadores de las ramas industriales y empresas de jurisdicción federal, respeto a la ley, transparencia, certeza y seguridad jurídica en la solución de los conflictos laborales.
Sin embargo, aun con el reconocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar de la personalidad jurídica del Sindicato Mexicano de Electricistas, como representante colectivo del mayor interés profesional de los trabajadores electricistas y la suspensión provisional del acto reclamado, emitido por la jueza Guillermina Coutiño Mata, titular del Juzgado Primero del Centro Auxiliar de la Primera Región, en razón del cual la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no puede emitir ninguna resolución en el sentido de dar por concluidas las relaciones colectivas e individuales de trabajo de los trabajadores al servicio de Luz y Fuerza del Centro y agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas; no obstante lo anterior, todos estos trabajadores se encuentran bajo intensa presión por enviados del gobierno federal y permanecen en estado de indefinición laboral.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión cite a comparecer al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, licenciado Eduardo Andrade Salaverría, a fin de que explique la actual situación contractual entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.
Solicito que sea turnado solamente a la Junta de Coordinación Política para su análisis y proposición ante el pleno, en virtud de ser un tema que requiere del mayor acuerdo entre los grupos parlamentarios. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra la diputada Julieta Octavia Marín Torres, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar acciones que fortalezcan al Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, AC, y con ello evitar el proceso de liquidación que se pretende aplicar a esa institución.
La diputada Julieta Octavia Marín Torres: Con su permiso, señor presidente; diputadas y diputados.
México se encuentra inmerso en una crisis económica que proviene del exterior y los efectos que se presentan en la economía nacional han incidido de manera negativa en el aparato productivo nacional. Para enfrentar la falta de crecimiento económico es necesario implementar medidas que permitan al gobierno federal obtener ahorros.
Lo anterior es el argumento utilizado por la actual administración para realizar acciones dirigidas a la reducción de organismos y dependencias del gobierno federal; sin embargo, en ningún momento el gobierno en turno ha sido capaz de reconocer que la ausencia de políticas públicas que permitan paliar los efectos negativos de la crisis sea la causa principal del desplome de la actividad económica.
La reducción del tamaño del Estado se ha sustentado en la tesis de la generación de ahorros mediante la liquidación de instituciones públicas, proceso que se plantea aplicar al Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, Inca-Rural.
Es importante mencionar que el Inca-Rural cumple con funciones fundamentales para el desarrollo de las actividades agrícolas tales como la capacitación y la organización de productores del sector social que se encuentran en el medio rural.
En comparación con otros organismos dependientes de la Sagarpa, al Inca-Rural se le asigna un presupuesto modesto. En el año 2009 se le destinaron 34.5 millones de pesos y para el próximo año se propone un monto de 34.7 millones de pesos.
A pesar de los recursos limitados, dicho instituto cuenta con representación en las 32 entidades federativas, en donde se han programado más de 3 mil acciones de capacitación y formación que lograrán beneficiar a 75 mil personas.
Entre los resultados que se han obtenido gracias a la participación del Inca-Rural se destaca la posibilidad de poder conformar cadenas productivas que incrementan la productividad del sector agrícola, lo que permite ser más competitivos en la producción y la comercialización de los productos obtenidos.
Los legisladores y las legisladoras tenemos la obligación y el compromiso, la responsabilidad de velar porque se respeten los derechos de los diferentes sectores y grupos sociales. De darse la liquidación institucional de ese organismo público, se estaría limitando la posibilidad de alcanzar un mayor nivel de crecimiento.
Es fundamental fortalecer a las instituciones que, como el Inca-Rural, desarrollan actividades que coadyuvan a mejorar la productividad y eficiencia del sector agrícola mexicano. Antes de iniciar un proceso de liquidación es imperativo revisar a fondo el trabajo que realiza la institución.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que:
1.- Implemente de manera inmediata acciones que fortalezcan al Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, Inca-Rural, a fin de que dicha institución continúe apoyando a los productores sociales del sector rural.
2.- Ante la posibilidad de iniciar un proceso de liquidación del Inca-Rural, primeramente se realice una evaluación a fondo de los resultados y metas alcanzados por dicha institución. Ello con el objetivo de que se continúe brindando la capacitación suficiente a quienes participan en las actividades agropecuarias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural.
Tiene la palabra el señor diputado Carlos Luis Meillón Johnston, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación actúe como entidad mediadora para la solución del conflicto de límites territoriales entre los estados de Jalisco y Colima, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Carlos Luis Meillón Johnston: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Diputados federales de la LXI Legislatura del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, representantes de los estados de Jalisco y de Colima, de los Partidos de Acción Nacional y Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
No obstante, los esfuerzos que durante décadas se han observado por parte de los gobernadores de los estados de Jalisco y de Colima, para darle seguimiento a los conflictos de límites territoriales entre ambas entidades, el problema sigue presente sin solución y agravándose con el paso del tiempo.
En el Senado de la República se ha presentado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 46 y 76, fracción X y XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo objeto se establece la creación del marco jurídico para que la Comisión de Límites de las Entidades Federativas del Senado de la República cuente con las atribuciones suficientes para atender este tipo de problemas.
Lejos de tratarse simplemente de un asunto local, la federación debe poner de su parte con todos los medios a su alcance; primero, para evitar todo tipo de conflictos e incidentes que surjan al respecto; y segundo, para oficializar los límites y la extensión de los dos estados.
Sin duda, existen muchos intereses de naturaleza económica, social y política por parte de ambas entidades y de sus pobladores para contar o ser parte de un territorio específico, pero los problemas se han extendido a otros ámbitos como el de la seguridad.
Hoy el Estado mexicano no puede permitirse tener territorios sin ley o en controversia, cuando están emprendiendo una firme lucha para brindar seguridad a los ciudadanos. No es posible tampoco, que existan conflictos de competencia entre las autoridades locales, que generen, además de violencia, cualquier tipo de incertidumbre jurídica, como lo es aquel que vive en un municipio de Cihuatlán donde hay maquinaria y obreros trabajando en algunos terrenos, sin contar con autorización de ninguno de los dos municipios en el caso de Manzanillo y Colima, y de Jalisco por el lado de Cihuatlán.
Diputados federales del PAN y del PRI, de los estados de Jalisco y Colima, nos unimos para firmar este punto de acuerdo para urgir a las partes en desacuerdo, a que resuelvan de forma ágil y pronta esta situación que durante décadas ha provocado la incertidumbre y diversos casos de violencia y de la misma forma, solicitamos a la Secretaría de Gobernación a mediar en este caso promoviendo el diálogo y la consecución del acuerdo que de fin al conflicto limítrofe.
Por lo anterior, se presenta el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución
Primero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Gobernación que en el ámbito de sus discusiones y facultades actúe como entidad mediadora para la solución del conflicto de límites territoriales que sostienen los estados de Jalisco y de Colima.
Segundo. Se exhorta al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo del dictamen de la Ley Reglamentaria de los artículos 46 y 47, fracciones X y XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es cuanto, señor presidente. Y puede usted consultar a la asamblea si es de considerarse este asunto de urgente u obvia resolución.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Señor diputado, este tema se ha decidido ser turnado a la Cámara de Senadores porque los límites entre los estados son competencia de la Cámara de Senadores. Si no tiene usted inconveniente, entonces lo turnamos a la Cámara de Senadores.
Tiene la palabra el diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del ISSSTE, para que, a través de su órgano desconcentrado Pensionissste, a liberar los recursos de las cuentas individuales asignadas a los pensionados por este instituto.
El diputado Onésimo Mariscales Delgadillo: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los sistemas de pensiones constituyen el núcleo fundamental de la protección social. Al determinar el nivel de millones de ciudadanos y desempeñar un papel económico decisivo, no pueden ignorarse los retos a que se enfrentan estos elementos esenciales.
En nuestro país, hace más de dos años y medio, el ISSSTE enfrentó el principal reto de su historia que fue el ver nacer una reforma integral, misma que agrupó servicios y prestaciones, pero que al mismo tiempo, garantizaba la viabilidad y sustento económico no tan sólo del propio instituto, sino del país y los asegurados.
Contemplado en la ley de la materia, se creó el órgano público desconcentrado del ISSSTE, denominado Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste) dotado de facultades ejecutivas, con competencia funcional propia y quien tendrá a su cargo la administración de los derechos pensionarios de los trabajadores que opten por no recibir el bono de pensión, las reservas que se constituyan para cumplir el pago de beneficios y la prestación de servicios, la administración de las cuentas individuales de quienes no elijan administradora, y establecer las estrategias de inversión de los recursos depositados en él, donde también se cobrará comisiones por dicha administración.
Para que todo lo antes expuesto se refleje en la realidad de cada persona jubilada y pensionada por el ISSSTE debe resolverse la incongruencia hasta ahora generada de quienes optaron por la opción de elegir el régimen de cuentas individuales establecido en la ley vigente, toda vez que la mayoría de los trabajadores afiliados al instituto, y que a partir del mes de diciembre de 2008 entraron en la etapa de jubilación, a la fecha no han cobrado un solo peso, no han cobrado un solo mes, una sola quincena, es más, nada, desde que eligieron la opción de cuentas individuales para retirarse.
Las razones que dichas personas han recibido hasta el momento son de las más variadas que podamos imaginar, desde que son problemas técnicos, hasta la falta de un reglamento, que fue publicado el 21 de julio de 2009, en el Diario Oficial de la Federación, pasando por la imposibilidad del organismo denominado Pensionissste, que fue creado para administrar los recursos y el responsable de que no se liberen los mismos.
Por lo expuesto, solicito, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con
Puntos de acuerdo
Primero. Se exhorte respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de su órgano desconcentrado denominado Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste), a explicar y realizar la liberación de recursos de cada una de las cuentas individuales asignadas a las personas que son pensionadas por ese instituto.
Segundo. Se exhorte a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, a intervenir y contribuir a que Pensionissste realice en tiempo y forma la liberación de recursos de cada una de las cuentas individuales asignadas a las personas pensionadas por el instituto.
Solicito se inscriba el texto íntegro del punto de acuerdo presentado, en el Diario de los Debates y se turne a la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como ha solicitado el señor diputado, insértese el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Seguridad Social.
La intervención del señor diputado José Ignacio Pichardo Lechuga se pospone a petición de su grupo parlamentario.
Tiene ahora la palabra la diputada María Isabel Pérez Santos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol para que el programa 100 x 100 sea ejecutado en coadyuvancia con los presidentes municipales, y que se contrate a personal local para realizar las obras.
La diputada María Isabel Pérez Santos: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, la suscrita, María Isabel Pérez Santos, diputada federal de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 73, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía un punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
El Ejecutivo federal estableció como parte de su estrategia de desarrollo humano, el programa de 100x100. Este programa tiene como objetivo oficial abatir las condiciones de pobreza extrema que viven los municipios con mayor rezago en el país, con apoyos de pisos firmes, baños ecológicos, previsión de agua potable, entre otros, metas loables en principio, pues efectivamente, de los 487 municipios con población mayoritariamente indígena, el 70 por ciento de ellos se considera como de muy alta marginación, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
En el estado de Veracruz, de acuerdo con la información proporcionada por la propia Secretaría de Desarrollo Social, este año se atienden 15 municipios de mayor rezago en la entidad, la mayor parte de ellos indígenas y de los cuales 9 son del distrito de Zongolica.
Si bien es cierto que se reconoce como oportuna la intención de mejorar la calidad de vida de las personas, a través del mejoramiento de su vivienda y de la infraestructura social básica y de comunicaciones, es necesario hacer hincapié en tres puntos que podrían dar mayor operatividad, eficiencia e impacto en el programa en comento.
Nos referimos en primera instancia a los ejecutores del programa. En Veracruz actualmente son los funcionarios de la Sedesol los enlaces y facilitadores, los encargados de hacer llegar este programa a la gente.
Por otra parte, según el sistema federal que rige bajo los preceptos constitucionales, los municipios son la unidad básica y primordial de gobierno, por tanto, los presidentes municipales son quienes tienen el mejor conocimiento de las necesidades acerca de la distribución, programación y urgencia en las comunidades integrantes de sus municipios, sin embargo, ellos son los últimos en enterarse de la metodología y programación de las acciones que llevan a cabo.
Es una demanda generalizada por parte de los presidentes municipales estar en las posibilidades de coadyuvar con los funcionarios federales en la aplicación eficaz de este programa. Es necesario que distintos niveles de poder concurran en aras de que el gobierno no encontremos la justificación para contratar mayor personal., cuando los agentes municipales en todo el país son el personal idóneo para desempeñar dicha labor, puesto que como se menciona, nadie conoce mejor las urgencias de cada familia, que sus propios vecinos.
Una segunda observación es acerca de la mano de obra empleada en la contratación de infraestructura básica. Actualmente nuestro país vive una situación crítica de desempleo, que ya suma para el mes de septiembre del año en curso el 6.41 por ciento de la población económicamente activa.
Los efectos económicos y sociales son tan complejos como lamentables. Por ello, la propuesta va en el sentido de combatir las reglas de operación del programa para establecer que se aprovechen los recursos humanos de las localidades beneficiadas y sean los mismos habitantes quienes construyan los pisos firmes, letrinas y demás infraestructura básica. Esto incluso significaría un doble impacto, pues por una parte se dotaría a la gente con mejores viviendas y por otra parte, se incentivaría el empleo temporal.
En el mismo sentido de las reglas de operación, esta soberanía hace un atento llamado a las autoridades encargadas del diseño de este programa a que tomen en cuenta que la mayoría de los beneficiarios viven en las cabeceras municipales, donde son entregados los materiales para pisos firmes. En algunos casos deben viajar hasta tres horas hacia su cabecera municipal para poder recoger los materiales.
Esto les genera un gasto mucho mayor que el monto del apoyo recibido por el programa, pues se ven forzados a pagar un transporte privado para el traslado. Al respecto, debe tenerse muy presente que la población objetivo es la más pobre de nuestro país. Por tanto, sería pertinente prever la asignación de un monto específico de apoyo, para hacer llegar los insumos correspondientes hasta las comunidades beneficiadas.
La tercera observación es relativa a la aplicación del programa. Según lo establecido en los artículos 18 y 28, fracción I, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, el material de promoción de los programas para el desarrollo social deberá contener la leyenda "este programa es público, ajeno a cualquier partido político y queda prohibido para fines distintos a los establecidos en el programa".
En la práctica esto no es así. En el estado de Veracruz este programa, al igual que muchos otros de apoyo social federales, es operado por los comités, aspirantes y candidatos a presidentes municipales y diputados del Partido Acción Nacional. En las mismas instalaciones de su partido se están llevando a cabo la operación de estos programas.
Para nadie es desconocido en los municipios veracruzanos que los funcionarios públicos de la Sedesol, cuyo cargo oficial es la de enlace y facilitadores, son también movilizadores de Acción Nacional y son quienes otorgan y operan los programas, visitando casa por casa ofreciendo los programas federales a cambio del voto.
Como este ejemplo hay muchos por todo el país y es una clara violación a un decreto presidencial, emanado del consenso de las distintas expresiones políticas representadas en la Cámara de Diputados.
En este sentido, deben de tenerse considerados los siguientes artículos:
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que se modifiquen las reglas de operación del Programa 100x100, con la finalidad de que sea ejecutado en coadyuvancia con los gobernadores y presidentes municipales.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que se contrate personal habitante de las comunidades y municipios donde se opera el Programa 100x100.
Tercero. Asimismo, que en la operación y ejecución de dicho programa se cumpla efectivamente lo dispuesto en los artículos 18 y 28, fracción I, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Solicito que se suba al Diario de los Debates el presente documento. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo solicita la diputada, insértese el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.
Tienen la palabra el diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Infonavit a suspender la venta de su cartera vencida y los procesos judiciales de carácter mercantil entablados en contra de los trabajadores beneficiarios, por un crédito, y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros legisladores, el Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores tiene sus orígenes en los artículos 4o. y 123 constitucionales. Es resultado de la evolución histórica que establece el derecho de los trabajadores a adquirir una vivienda digna, que se remonta a los postulados básicos que recogiera el Constituyente de Querétaro en 1917, y que dan sus frutos el 5 de febrero cuando se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Infonavit creció con un sistema garante en beneficio de los trabajadores bajo el esquema de aportaciones para la adquisición de créditos accesibles para la compra de vivienda digna, tal como lo establece nuestra Constitución Política. Debido a la incipiente economía que arrastra nuestro país desde décadas pasadas, y por la crisis económica que actualmente atravesamos, aunque no es privativa de México, ha llevado a los trabajadores a caer en insolvencias, pues son ellos los que se ven afectados al ser despedidos de sus fuentes de trabajo.
Al no tener ingresos estables dejan de cubrir, entre otras obligaciones, el pago de créditos al Infonavit. Esto ha dado como resultado que para el presente año, 2009, aproximadamente 35 mil viviendas de Infonavit, con un costo promedio de 200 mil pesos cada una, estén deshabitadas y bajo proceso judicial por falta de pagos en varios estados de nuestro país.
El Consejo de Administración del Infonavit, bajo el falso dilema de hacerlo más eficiente, el 28 de octubre de 2005 autorizó la venta de 56 mil 491 créditos en cartera vencida a diferentes empresas privadas por un monto de 415 millones de pesos, aproximadamente.
La medida de vender la cartera vencida del Infonavit ha resultado un verdadero negocio para los funcionarios y, sobre todo, para las empresas beneficiarias de la venta de esta cartera. Es decir, el trabajador deja de tener obligación con el instituto ya que su crédito fue comprado por un tercero, y si quiere seguir conservando su vivienda y no ser desalojado, tiene que renegociar su adeudo hasta el doble del costo original.
Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió como inconstitucional que los bancos cedan o entreguen la cartera vencida a empresas especializadas en la adquisición de deuda, con lo que se abre la oportunidad de frenar esta práctica usurera por parte del Infonavit, que lamentablemente sigue aplicando en perjuicio de los trabajadores.
En esta Cámara de Diputados se ha presentado punto de acuerdo tratando de solucionar el problema en cita, pues los diputados no somos ajenos a la problemática por la que atraviesan los trabajadores beneficiarios por un crédito, al hostigamiento extrajudicial a que son sometidos por los despachos jurídicos que compraron la cartera vencida; aunado a ello, para no ser desalojados, los hacen firmar documentos mercantiles, cobrándoles hasta un 15 por ciento de interés, que se va duplicando y que no puede pagar.
Finalmente, me permito referir que la clase patronal también sufre de estos inconvenientes, que hacemos notar en el exceso de cobro para la clase patronal al congelar cuentas bancarias, aún cuando el monto es mínimo para una exigencia y se pueda garantizar con bienes de menor cantidad a las establecidas en estas cuentas.
Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que ya no recurra a la práctica de venta de cartera vencida.
Segundo. Se sensibilice a los despachos jurídicos, por parte del instituto, que están aplicando concepto de cobranza social, que supuestamente deben de beneficiar a los trabajadores, pero más que ello, se convierte en una amenaza social.
Tercero. Se exhorta al instituto a evaluar el rol de los despachos jurídicos para que realmente ofrezcan alternativas a los trabajadores en materia de pago de cartera, adecuándose a las circunstancias laborales que enfrentan los trabajadores; además de que el trato sea digno y en apego al código de ética del instituto.
Cuarto. Se exhorta al instituto para que sea solidario con los trabajadores para encontrar salidas justas que les permitan conservar su casa, estableciendo sanciones para aquellos despachos que tienen prácticas inhumanas y ofensivas contra el trabajador.
El presente punto de acuerdo lo suscriben mis compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional de Tamaulipas y de Sonora, así como también el diputado Miguel Ángel García Granados, de Sinaloa. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda.
Tiene la palabra la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Equidad y Género para que valore incorporar en su programa anual de trabajo la creación de un grupo de trabajo que tenga como objeto estudiar, discutir y, en su caso, proponer e impulsar reformas legales para erradicar la violencia familiar perpetrada por agresores que utilicen su posición política o de poder para lograr su impunidad.
La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama: Con su permiso, señor presidente. Compañeros legisladores y compañeras legisladores, los diputados federales del PAN emprenderemos las acciones necesarias que permitan erradicar en la mayor medida posible la violencia intrafamiliar.
Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de acuerdo
El 12 de octubre del presente año, en Yucatán, fuimos testigos de un acto de cobardía que daña la moral de las familias y especialmente la dignidad de las mujeres. Un medio escrito de gran circulación en el estado publicó una nota con el título "un funcionario estatal agrede a su cónyuge, la intenta ahorcar delante de sus hijos".
En esta nota se describen los actos en los que Jaime Zetina González, alto funcionario del gobierno de Yucatán, agrede física y psicológicamente a su esposa, la señora Janet Peraza Castillo, quien debido a la seriedad de las agresiones tuvo que ser hospitalizada y permanecer en observación médica durante tres días.
Un día posterior al mencionado suceso, la víctima de esta agresión hace público que no presentará denuncia alguna, ni procederá legalmente contra su esposo, toda vez que había llegado a un arreglo, el cual nosotros suponemos que fue de índole económico.
Compañeros legisladores, me parece inconcebible que un acto de gravedad permanezca impune y pudiese llegar a arreglo alguno, especialmente porque daña la moral de las mujeres y de todas las familias mexicanas, y porque quien es responsable de este cobarde acto es funcionario actualmente de primer nivel del gobierno de Yucatán, encabezado precisamente por una mujer, Ivonne Ortega Pacheco, quien ha mantenido silencio ante este cobarde acto, permitiendo no sólo que el funcionario agresor permanezca en el cargo, sino que recientemente haya viajado a Francia a un supuesto viaje de trabajo que más pareciera un premio al acto.
Compañeros diputados, como este delito muchos más permanecen en el olvido, ya que no se cuenta con el marco jurídico adecuado que persiga de oficio estos cobardes actos, aún cuando la Organización de las Naciones Unidas y diversas instituciones han exhortado a nuestro país a adecuar su legislación penal, garantizando que este tipo de acciones obtengan consecuencias jurídicas.
El artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso señala que las comisiones podrán establecer grupos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas. Ante la gravedad del acto anteriormente señalado y dadas las facultades otorgadas por el artículo mencionado, vemos con preocupación la necesidad de crear un grupo de estudio y apoyo dentro de la Comisión de Equidad de Género que vigile la protección de los derechos de las mujeres víctimas de agresión.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Equidad y Género para que valore incorporar en su programa anual de trabajo la creación de un grupo que tenga como objeto estudiar, discutir y en su caso proponer e impulsar reformas legales para erradicar la violencia intrafamiliar.
Segundo. El grupo de trabajo deberá rendir de manera periódica, un informe ante la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.
Tercero. El grupo de trabajo deberá concluir su objetivo antes del 1 de septiembre de 2010. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias, legisladores.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputada Uranga.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Presidente, para solicitar si la proponente está de acuerdo en que me adhiera a la propuesta.
La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (desde la curul): No tengo inconveniente, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sánez: La proponente no tiene inconveniente en que pueda usted adherirse a su propuesta, por lo tanto puede pasar a firmar a la Secretaría.
La intervención del diputado Enrique Ibarra Pedroza, se ha pospuesto a petición del Grupo Parlamentario del PT.
Igualmente la proposición del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, se pospone a petición del Grupo Parlamentario del PRI.
Tiene la palabra el señor diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de Petróleos Mexicanos entregue a esta soberanía un informe detallado sobre las acciones realizadas por la paraestatal en materia de desarrollo ambiental y social en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.
El diputado José Ignacio Seara Sierra: Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Con su permiso, diputado presidente. Me es muy grato dirigirme a ustedes, con este punto de acuerdo muy importante para todos los estados que tenemos a Petróleos Mexicanos.
Es muy importante retribuirle el impacto social, económico, que ha dado Petróleos Mexicanos a todas estas regiones. Es importante retribuirles a los pescadores las áreas restringidas que hemos tenido durante años y hemos combatido todos los ciudadanos tanto campechanos, como de Veracruz y de Tabasco.
En la LX Legislatura se constituyó la Comisión de Investigación del Daño Ecológico y Social Generado por Petróleos Mexicanos, mediante la cual se buscó detectar, analizar, evaluar el impacto social y ambiental de la paraestatal en los municipios, entidades federativas y zonas marítimas donde Pemex tiene instalaciones de exploración, extracción y transformación de los insumos derivados del petróleo.
La solución no es crear otra comisión, la solución es estar muy pendiente las comisiones de Medio Ambiente, de Pesca, las comisiones que contribuyen al desarrollo social. Porque también es importante decir que ha hecho un esfuerzo el gobierno federal en retribuirnos a esas zonas con el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, que en su momento trataremos puntualmente.
Entre los trabajos legislativos realizados por la Comisión de Investigación del Daño Ecológico y Social Generado por Petróleos Mexicanos, de la LX Legislatura, destacan la presentación del punto de acuerdo por el que solicitó financiamiento para la pesca en Campeche, publicada en la Gaceta Parlamentaria del jueves 29 de noviembre de 2007 y del acuerdo por el que exhortó a Petróleos Mexicanos a redefinir, profesionalizar las funciones de su cuerpo de seguridad especial y áreas estratégicas.
De la misma forma, se coordinaron los trabajos entre las comisiones de Investigación del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex, la Comisión de Pesca, la Comisión de Agricultura, la Comisión de Medio Ambiente y de Pemex, para sostener reuniones de trabajo de ribereños y de altura, de pescadores, afectados por las actividades de la paraestatal, siendo estas reuniones un vínculo para la puntual canalización de recursos vía los fideicomisos pesqueros tanto ribereños como de altura.
Compañeras y compañeros legisladores, no podemos dejar de lado en el informe final de la Comisión de Investigación del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex, se dejen abiertos asuntos pendientes sobre el supuesto impacto ambiental y social generado por la paraestatal a los estados de Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y Campeche.
Quienes promovemos este punto de acuerdo coincidimos en que es necesario que la Cámara de Diputados ratifique su compromiso con los estados que conviven a diario con Petróleos Mexicanos, estableciendo con ciudadanos y gobiernos un enlace permanente en esta Cámara.
Finalmente, quiero manifestar que es necesario darle seguimiento y continuidad al trabajo realizado en la LX Legislatura, por la Comisión de Investigación del Daño Ecológico y Social generado por Pemex, buscando siempre ser garante de los trabajos realizados por Petróleos Mexicanos a fin de garantizar el equilibrio social y ambiental de nuestro país.
Por lo señalado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Que se exhorte al Ejecutivo federal, a través de Petróleos Mexicanos, a entregar a esta soberanía un informe detallado sobre las acciones realizadas por la paraestatal en materia de desarrollo ambiental y social en Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Asimismo, se solicita que en el informe antes mencionado se especifiquen las acciones realizadas por Petróleos Mexicanos con relación a las observaciones y puntualizaciones hechas, en la LX Legislatura, por la Comisión de Investigación del Daño Ecológico y Social generado por Pemex. Muchas gracias, diputados y diputadas. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Energía.
Señoras diputadas y señores diputados, tenemos visita del señor presidente municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato, y de otras autoridades municipales. Igualmente nos visitan alumnos y maestros del Colegio Americano de Tampico, preparatoria. Los saludamos.
Tiene la palabra el señor diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la inmediata intervención de la PGR ante las actividades de Miguel Ángel Yunes Linares, director general del ISSSTE, quien ha dispuesto de recursos públicos en su provecho, y darle pronta respuesta a la denuncia interpuesta por la diputada local Elvia Ruiz Cesáreo, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por los Servidores Públicos, de la PGR.
El diputado Antonio Benítez Lucho: Honorable asamblea, señores diputados y señoras diputadas. Hoy pedí hacer uso de la tribuna para poner un claro ejemplo de cómo la función pública puede desviarse, de cómo los presupuestos públicos destinados a atender las necesidades sociales de la población pueden ser utilizados para satisfacer ambiciones personales y distorsionar el actuar del gobierno federal, que ha sido hasta ahora tolerante y complaciente con actitudes que denigran la actividad pública.
El titular del ISSSTE usa los recursos públicos que tiene a su disposición para desarrollar una campaña de difamación y mentiras en contra de Veracruz, los veracruzanos y del gobernador Fidel Herrera Beltrán. Utiliza el presupuesto de la dependencia a su cargo para promoverse políticamente en el estado, desatiende su función como responsable de la salud y la seguridad social de millones de burócratas mexicanos.
Los diputados priistas creemos en el respeto y la tolerancia como base del ejercicio de la política, pero no compartimos la simulación e hipocresía y menos aún el derroche de recursos públicos cuando hay tantas necesidades y reclamos sociales que atender.
El ISSSTE, todos lo sabemos, enfrenta una difícil situación financiera que afecta los servicios que presta, en perjuicio de 10 millones de derechohabientes y sus familias. El director general del ISSSTE está más ocupado en visitar Veracruz, realizando una campaña mediática de promoción personal y en contra del gobierno, y no cumple de manera eficiente con la tarea que le ha sido encomendada por el Ejecutivo federal, de quien no sabemos si ignora la movilidad política de su colaborador o es cómplice silencioso.
Hace algunos días, el director general del ISSSTE fue denunciado por la diputada local del estado de Veracruz, Elvia Ruiz Cesáreo, ante la fiscalía especializada en delitos cometidos por los servidores públicos ante la PGR, por el presunto uso indebido de recursos públicos.
Está perfectamente documentada la promoción personal que el funcionario federal hace a través de inserciones pagadas en diversos medios de comunicación del estado. Su presencia es casi permanente en la entidad, a donde todos los fines de semana realizan giras políticas con miembros de su partido; de hecho, él es el presidente del PAN en Veracruz.
En los primeros seis meses de ese año el director del organismo realizó 26 giras de trabajo por el país, 11 de ellas en el estado de Veracruz, el 44 por ciento.
He estado comentando también que la Coordinación de Comunicación Social del ISSSTE contrató espacios para publicitar sus visitas, que nada tienen de institucionales, y sí se enmarcan en la violación del artículo 134 constitucional, que prohíbe el uso de recursos públicos para la promoción de la imagen de servidores públicos.
La legislación en este sentido es muy clara y señala que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes públicos, órdenes autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres Poderes del gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y en ningún caso incluirán nombres e imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
También precisa que se procurarán con eficiencia, eficacia y transparencia. Resulta obvio que el mandato de la Constitución está siendo violentado, con lo cual solicito a esta soberanía la intervención de la Junta de Coordinación Política, a efecto de que la Procuraduría General de la República atienda la denuncia a la que me he referido.
No se ponga nervioso, compañero.
Le tomamos la palabra al Ejecutivo federal, quien solicitó al Congreso de la Unión trabajo y apoyo para sacar adelante el paquete económico. Luego entonces, también le exigimos a la administración del presidente de la república que acabe con la doble moral y el doble discurso.
Por todo lo anterior expuesto, comparezco ante esta soberanía para presentar la siguiente propuesta con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
Único. Que la Junta de Coordinación Política exhorte a la Procuraduría General de la República y que preste inmediatamente atención a la denuncia interpuesta por la diputada local del estado de Veracruz, Elvia Ruiz Cesáreo, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por los Servidores Públicos ante la PGR; por las actividades del director general del ISSSTE, quien presuntamente ha dispuesto de recursos públicos en su provecho. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El diputado Miguel Martín López (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: ¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Miguel Martín López (desde la curul): Rectificación de hechos, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Todavía no se ha aceptado que sea de urgente resolución. Estamos en esa definición, señor diputado. Consulte la Secretaría.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. A la Presidencia le ha llegado inscrito el señor diputado Miguel Martín López; en contra.
Tiene la palabra el señor diputado Miguel Martín López.
El diputado Miguel Martín López: Gracias, señor presidente. Antes de que inicie el reloj, quisiera pedirle que también, con la misma tolerancia que tuvimos para escuchar al diputado Benítez Lucho, escuchen también la participación de un servidor y veamos quién se pone nervioso.
Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Resulta muy interesante, muy interesante el punto de acuerdo que somete a consideración de esta soberanía el diputado priista Antonio Benítez Lucho. Nos sumamos, compañero diputado, nos sumamos, siempre que este exhorto se adicione.
Yo admiro, realmente, la forma en la que usted aborda esta tribuna como mandadero de quien en realidad tuvo cobardía por abordarla.
Estamos de acuerdo que la Procuraduría General de la República investigue, pero que investigue a todos, a todos quienes han sido denunciados por el uso de recursos públicos en beneficio propio, empezando por el gobernador del estado de Veracruz.
Efectivamente, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor si el punto de acuerdo se adiciona para que se exhorte también a resolver, cuanto antes, las investigaciones y denuncias presentadas contra diversos funcionarios y ex funcionarios públicos, algunos de ellos ahora diputados federales, por los delitos cometidos en desvío de recursos públicos, asociación delictuosa, cohecho, uso indebido de atribuciones, coalición de servidores públicos, privación ilegal de la libertad, peculado y otros en materia electoral.
El gobernador tiene muchas denuncias en su haber. Por ejemplo, la del 2 de junio de 2009, en donde él, de viva voz, da instrucciones al gabinete para que se empleen recursos públicos en la campaña política de 2007. Pero no es la única, habrá que exhortar a resolver la denuncia presentada en contra del secretario particular del gobernador Herrera Beltrán, Luis Arturo Ugalde y otro puñado de servidores públicos, quienes por instrucciones del mismo gobernador, concertaron otra reunión en el museo interactivo de Xalapa.
De estos hechos, se desprenden elementos suficientes para consignar el expediente por diversos delitos, entre ellos, los de obligar a sus subordinados a votar en favor de los candidatos del PRI durante el proceso electoral del 2009 y de desvío de recursos públicos.
Así las cosas, proponemos que se exhorte a la PGR para que resuelva las denuncias presentadas en contra del diputado Javier Duarte, al participar de forma directa en su calidad de secretario de Finanzas del estado, en la reunión encabezada por el gobernador Fidel Herrera Beltrán, en la que se planeó el uso de recursos públicos para apoyar a los candidatos del PRI. La intimidación, la coacción de electores y la desaparición forzada de servidores públicos federales que estuvieran en ejercicio de sus tareas como responsables de programas federales en Veracruz y que no cedieran a las presiones del gobernador Fidel Herrera Beltrán.
Pero dentro del exhorto, no puede quedar fuera el exhorto a la PGR para que se investigue y determine lo procedente en relación a las denuncias presentadas en contra del diputado Salvador Manzur, por delitos electorales, peculado, desvío de recursos públicos, financiamiento irregular, falsificación de documentos y otros.
Yo no traigo sólo el dicho, traigo aquí las denuncias.
Dentro del punto de acuerdo también pedimos que se investigue y eventualmente se sancione al presidente municipal de Tuxpan, Juan Ramón Ganem Vargas, quien obligó a todos sus subordinados, en días y horas hábiles, acudir a un mitin priista que encabezó nuestra compañera diputada Beatriz Paredes Rangel.
Son más de 12 denuncias.
No es, señor Benítez Lucho, viniendo haciéndole el favor a terceros como pretenderán evitar que la opinión pública deje de señalar que el diputado Javier Duarte, recibe del manos del propio gobernador recursos públicos para sus giras personales, para sus claras pretensiones políticas y electorales.
Pero qué mejor que ahora, aprovechando este exhorto para hacer que la PGR investigue; nosotros no tenemos ningún reparo en que se haga, pero que se haga como debe ser, para todos los que están usando recursos públicos, y eso incluye a la gente de su propio partido.
En el PAN somos partidarios de la transparencia plena y por ello, en nombre de nuestro grupo parlamentario, expreso nuestro acuerdo para que incluso, de considerarlo pertinente y si esta soberanía así lo decide, no solamente el director del ISSSTE responda, sino que comparezca ante este pleno y responda de manera directa a cualquiera de las preguntas que cualquier legislador tenga que hacerle, principalmente usted o el diputado Javier Duarte, si es que no es tanto el miedo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se ha inscrito por alusiones personales el señor diputado Antonio Benítez Lucho. Suplico a los señores oradores que nos atengamos a los tiempos acordados de tres minutos por intervención.
El diputado Antonio Benítez Lucho: Yo no sé quién sea más mandadero, señor diputado. Usted es producto de las circunstancias, justamente usted es un mandadero de la familia de Miguel Ángel Yunes, y me refiero a su financiero, Manuel Muñoz Ganem. Y le quiero decir, para utilizar las palabras propias, que en este momento no se encuentra mi amigo Noroña, pero lo cierto es que usted es un usurpador.
El verdadero Martín es Martín Cristóbal, el que le ganó en las urnas justamente en Tuxpan, y usted tuvo que recurrir a algún enviado y mensajero del gobierno federal, para que en la componenda electoral le pudiera ayudar.
Yo le puedo decir que en las columnas políticas de la zona de Tuxpan saben que se trata de un prominente funcionario, por cierto muy educado y que ahora representa los intereses de la educación.
Le quiero decir algo más, señor diputado. Al gobernador Fidel Herrera Beltrán sistemáticamente lo han acusado por diferentes motivos y por diferentes delitos. En todos, afortunadamente, el gobernador Fidel Herrera ha demostrado que lo han exonerado porque no hay culpabilidad en su contra.
Algo más. Ustedes utilizan, en este caso, los brazos ejecutores fiscalizadores para estar no solamente en Veracruz, sino en todos los estados de los gobiernos que son priistas, para que sistemáticamente estén buscando irregularidades. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muy bien, señor diputado. Ha solicitado la palabra por alusiones personales el diputado Javier Duarte. Está anotado el diputado Miguel Martín López. También está anotado.
El diputado Javier Duarte de Ochoa: Con su permiso, señor presidente. Queridos compañeros, acudo a esta tribuna a esclarecer lo aquí comentado por el diputado Miguel Martín, que no de todo lo que dijo tiene la documentación. Yo le quiero referir, diputado, que efectivamente fui sujeto a una demanda en calidad de testigo, no de demandado, en lo que se refirió usted a la documentación que, según esto, obra en su poder.
Quiero decirle, diputado, que como ciudadano acudí a la Procuraduría General de la República a dar testimonio de lo que ahí, en teoría se basaba la demanda, y quedé totalmente exonerado de cualquier responsabilidad. Quiero que usted lo tenga muy claro, porque aquí mencionaba alguna información relativa a mi persona. Yo sí acudí, fui y estuve presente ante las instancias de la procuración de justicia.
En lo relativo al uso de vehículos del gobierno estatal, quiero aclararle que, al igual que usted, soy representante popular, soy diputado federal. Y para lo que se refiere a mis actividades como representante popular solicito el apoyo del gobierno del estado, así como funcionarios federales, así como otros representantes populares locales y federales lo han solicitado y se les ha prestado.
Hay una gran diferencia entre solicitar vehículos para una actividad inherente a la responsabilidad social como diputado federal, que hacer un delito que está tipificado en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El hecho de utilizar recursos públicos para la promoción de la imagen personal está tipificado, señor diputado federal. Eso sí es un delito, a diferencia de lo que yo hago como diputado federal. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Han solicitado la palabra el diputado Miguel Martín López, para alusiones personales; la diputada Silvia Isabel Monge Villalobos, en contra; el diputado Agustín Guerrero Castillo, del PRD, en pro; el diputado José Tomás Carrillo Sánchez, del PRI, en pro; y para rectificación de hechos, la diputada Claudia Edith Anaya Mota. Se concede la palabra al señor diputado Miguel Martín López.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): La diputada Monge, es para rectificación de hechos.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: La diputada Monge, para rectificación de hechos. Tomamos nota. Adelante, diputado.
El diputado Miguel Martín López: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados. Voy a comenzar respondiéndole al diputado Benítez Lucho. A pesar del despilfarro, del dispendio de seis alcaldes priistas; del hermano de mi contendiente, que es el subprocurador de Justicia de la Zona Norte, todos los miembros de mi partido y un servidor fuimos objeto de acoso policial.
A pesar de todo ello, y aunque sé que le duele mucho, aquí tiene al diputado federal por el III distrito. A pesar de ello no pudieron, atentando contra la necesidad de la gente con láminas, cemento, despensas ?está todo documentado, inclusive salió en un programa de cobertura nacional lo que en Veracruz sucede?, a pesar de ello en el III distrito no pudieron, diputado Benítez Lucho, por más que le duela.
Al diputado Javier Duarte, le voy a referir algo. Como diputados que somos, nos proporciona esta Legislatura recursos para transportarnos. Los recursos que él solicita al gobierno del estado como son las aeronaves, como son el helicóptero, los aviones rentados, salen del dinero que está para atender a los veracruzanos. De ahí es de donde salen.
Yo espero que como ciudadano que fue a responder a la Procuraduría, hoy suba a esta tribuna y responsa sólo cuatro preguntas que le voy a hacer. Responda como ciudadano, diputado Duarte.
La primer pregunta. ¿De dónde ha sacado, diputado Duarte, los recursos para adquirir miles de puerquitos que obsequia a quienes asisten a sus mítines que celebra en el estado en esta innovadora estrategia electoral, que ya se conoce como de "influencia porcina"? Y aquí, diputado Duarte, está la prueba. No estamos inventando absolutamente nada. Primer pregunta.
Segunda pregunta, diputado Duarte. No hace falta que las anote, porque las dejaré aquí en la Secretaría junto con las pruebas que traigo. ¿De dónde ha sacado, diputado Duarte, los recursos con los que compra los vehículos que se rifan, los televisores, computadoras, refrigeradores, todos los artículos electrodomésticos que rifa y obsequia como gancho, para que las personas asistan a sus mítines? Aquí está la prueba, diputado Duarte, y aquí se las dejo para refrescarle la memoria.
Tercera pregunta. Ya lo dijo aquí en la tribuna, eso sí se lo voy a reconocer, que utiliza las aeronaves del gobierno del estado ?ya lo dijo aquí?, que es válido cuando en esta Legislatura a los 500 diputados nos proporcionan medios para hacerlo, no para llegar a pedir a los gobiernos estatales y menos en las circunstancias por las que atraviesa nuestro país.
¿Quién maneja el doble discurso, diputado? Aquí está una publicación en donde usted reconoce que utiliza las aeronaves del gobierno del estado y dice "reconoce Duarte uso de aeronaves". Dice que va a seguir volando. No sabemos si en las aeronaves del gobierno del estado que se pagan con recursos públicos o en sus sueños guajiros de 2010.
Cuarta pregunta, diputado Duarte. ¿Llegó usted el sábado 10 de octubre de 2009 al aeropuerto de Minatitlán, en un Jet marca Sabreliner, matrícula XAPRO, rentado por el gobierno del estado de Veracruz, acompañado por el subsecretario de gobierno, del delegado del Comité Nacional del PRI, del vocero de ese partido y del resto de su corte? ¿Sí o no? Como ciudadano suba a responder. Aquí está la foto, cuando va descendiendo del avión, pero no sólo está la foto, también traemos aquí el contrato de arrendamiento del gobierno del estado, para que el diputado Duarte no se canse.
También estuvo en Tamiahua, diputado Duarte, que es municipio del III distrito; estuvo allá y se autoproclamó diputado por el III distrito.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Concluya, señor diputado.
El diputado Miguel Martín López: No se pongan nerviosos, escuchen. Diputado Duarte, no hubiera llegado en helicóptero, hubiera llegado por carretera, por esa carretera que su gobernador ha presupuestado dos veces y que parece que estuviera bombardeada.
Suba a esta tribuna y respóndale al pleno, pero respóndale sobre todo a los veracruzanos. Eso es lo que debe hacer.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Su tiempo ha concluido, señor diputado. Concluya por favor.
El diputado Miguel Martín López: Concluyo, señor presidente. Aquí le dejo las preguntas y las fotos al diputado Javier Duarte, que parece tener amnesia. Gracias, compañeros. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Ha solicitado la palabra el diputado Salvador Manzur para alusiones, y también el diputado Duarte para alusiones personales. Diputado Manzur.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Ramírez Marín, ¿con qué objeto, diputado? Diputado Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde curul): Gracias, presidente. Una observación a la Mesa Directiva; creo que los oradores de cualquier grupo parlamentario tienen que comprometerse a guardar el tiempo y mucho le agradeceríamos a la Mesa fuera estricta en su observancia.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Totalmente de acuerdo. Vamos a ser muy estrictos en el tiempo concedido.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Fernández Noroña, José Gerardo.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Nada más en descargo de quienes han estado haciendo uso de la tribuna. No sé porque les están dando 3 minutos si corresponden 5, así es que si van a pedirles que se atengan al tiempo también respétese, porque inclusive el reglamento dice que puede ser hasta por media hora, no les digo que tomen media hora, pero que sean los 5 minutos que se han dado habitualmente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, a todos los diputados se les ha marcado en el reloj 3 minutos, algunos se han pasado. Entiendo su observación, señor diputado.
Tiene la palabra para alusiones personales el señor diputado Salvador Manzur.
El diputado Salvador Manzur Díaz: Gracias, señor?
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado. Perdón, diputado. El diputado Carlos Alberto Pérez.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Sí, presidente, sólo para efecto en un sentido, con lo que ya ha expresado el diputado Noroña, que especifique si va a ser 3 o 5 minutos. Y en una segunda, con forme a lo que dice el diputado del PRI, también nosotros le pedimos, de la bancada de Acción Nacional, que sea muy estricto en el cumplimiento del horario, de los minutos establecidos para el debate.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: A sugerencia de los grupos parlamentarios vamos a mover el reloj a 5 minutos.
Tiene la palabra el diputado Manzur. Les suplico a los señores diputados que sean exactos en el respeto del tiempo.
El diputado Salvador Manzur Díaz: Gracias, señor presidente. Pedí la palabra para referirme a la pobreza del lenguaje y de la veracidad con la que consistió al diputado panista, de cuyo nombre, como seguramente la mayoría de los veracruzanos les sucede, no recuerdo.
Hoy estamos aquí, no para darle vueltas al asunto, señores panistas, hoy estamos aquí para señalar un hecho que con gravedad se ha venido refrendando en el estado de Veracruz, el cual ha sido característica, sí, del jefe del diputado que me antecedió, que por cierto, coincide plenamente en las declaraciones basadas en la calumnia y en la difamación que ha sido característica no solamente de ustedes, sino también del gobierno en el que su jefe trabajó en Veracruz y que hoy tienen memoria los ciudadanos y que con justa razón lo han reprendido y lo han rechazado.
La calumnia y la difamación han sido la característica del panismo veracruzano. El gobernador Fidel Herrera, así como un servidor, nos hemos sometido a un sinnúmero de denuncias, de demandas, y todas se han resuelto de manera favorable.
Pero diputado, no pierda su tiempo en estar pidiendo y preguntando qué es lo que opina cada uno de nosotros. Los veracruzanos opinaron y decidieron el pasado 5 de julio. El resultado de la votación habla por sí mismo.
Lo rechazó el pueblo veracruzano en la elección más asistida de todos los tiempos en materia federal. Y lo rechazó por una simple razón, desde el principio de esta administración el gobernador Fidel Herrera llamó a un pacto político por la civilidad.
Todos los partidos políticos asistieron, todas las representaciones, menos el PAN. El PAN se mostró ausente. Después se invitó a un trabajo por la renegociación de la deuda pública. El PAN se mostró ausente. Posteriormente se invita a un pacto por el desarrollo económico de Veracruz. Todos asisten, y el PAN se mostró ausente.
Ahora, se estaban generando las condiciones para que una empresa armadora de vehículos pudiera instalarse en Veracruz, y porque el PAN se resistió y generó condiciones de incertidumbre para estos inversionistas, decidieron ir a depositar esa inversión a Brasil en lugar de Veracruz. Otro momento importante de la vida de Veracruz donde el PAN se mostró ausente.
Por eso, diputados, como se han mostrado ausentes en los momentos importantes de las decisiones de nuestro estado, no tienen cara ni vergüenza para poder enfrentar a la ciudadanía en las próximas elecciones del 4 de julio de 2010.
Los veracruzanos se mostrarán ausentes en las urnas electorales y rechazarán de manera segura y justa las actitudes de calumnia, de difamación, de represión, que ha sido, sin duda, el argumento más importante y la manera con la que ustedes se han presentado en todo momento en Veracruz. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Por alusiones personales se concede la palabra al diputado Javier Duarte.
La diputada Silvia Isabel Monge Villalobos (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Silvia Isabel Monge Villalobos (desde la curul): Estaba registrada antes, por alusiones.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Pero ésta no es una intervención para alusiones. Ah, fue usted aludida. Inmediatamente después, diputada.
El diputado Javier Duarte de Ochoa: Con su permiso, señor presidente. Vengo aquí a contestarle las preguntas falsas y calumniosas que se vinieron aquí a verter por parte del diputado Miguel Martín. Y lo pienso hacer para contestarle de cara, diputado, las acusaciones sin fundamento que usted acaba de verter en esta tribuna. Me da mucha pena el hecho de que se utilice la máxima tribuna de la nación para venir a mentir, venir a falsear.
El tema fundamental, señores diputados, no es Javier Duarte. El tema fundamental aquí es el desvío de recursos del director general del ISSSTE y ahí tenemos que basar el debate, tenemos que centrarlo en ese sentido.
Le contesto y sin alusiones personales le contesto acerca de los cerdos: siendo yo secretario de Finanzas y Planeación asistí a un evento del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia, en donde se dieron efectivamente proyectos productivos a familias veracruzanas. Uno de ellos, sin duda, fueron los pies de cría, en lo que se refería a los lechones. Y sí asistí en representación del gobernador a entregarlos.
Los documentos que usted está mostrando, son de mi actuar como secretario de Finanzas y Planeación.
Cabe decirle, diputado que fui demandado ante el Trife por esa actividad y fui exonerado, diputado.
En lo que se refiere a las aeronaves, lo dije antes de que usted viniera a decirlo y lo sostengo, para el uso de mis atribuciones como representante popular solicito el apoyo del gobierno del estado para mis traslados al interior del estado de Veracruz y el gobierno me lo facilita en ocasiones, a veces no se puede. Pero siempre basándome en mi actividad como representante popular.
Las fotografías que usted aquí sacó, mostró acerca del sábado 10, efectivamente asistí en una aeronave, pero es falso, diputado, que haya sido contratado por el gobierno del estado de Veracruz. Le voy a dar con muchísimo gusto, y eso es a título personal, la facturación, el cobro y la empresa que se contrató para el traslado de la aeronave. Eso con muchísimo gusto lo hago, no por obligación, sino para documentarlo, diputado, ya que a usted le gusta tener pruebas. Con muchísimo gusto.
El diputado Miguel Martín López (desde la curul): El contrato, el contrato.
El diputado Javier Duarte de Ochoa: ¿El contrato? A ver, a ver diputado, no voy a entrar en ese?
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Señores diputados, no se permiten los diálogos.
El diputado Javier Duarte de Ochoa: Simplemente le voy a decir que aquí el tema, y no entiendo por qué rehúyen, es que un servidor público está haciendo uso indebido de los recursos del pueblo mexicano, es el director general del ISSSTE y las pruebas están en la Procuraduría General de la República.
Lo que nosotros estamos exigiendo es que la procuraduría se ciña exactamente a derecho y atienda la demanda que nuestra compañera diputada local Elvia Ruiz Cesáreo hizo ante la procuraduría.
El gobernador ha sido cuestionado y en todas las demandas ha salido airoso y sin ningún fundamento. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tenemos inscritos a los siguientes diputados: para alusiones personales al diputado Miguel Martín, el diputado Agustín Guerrero Castillo, la diputada Silvia Monge Villalobos, el diputado José Tomás Carrillo, la diputada Claudia Edith Anaya Mota, el diputado Fausto Sergio Saldaña y la diputada Luz Carolina Gudiño. Al final de esta lista consultaré a la asamblea si la proposición se encuentra suficientemente discutida. ¿Alguna otra persona que se quiera registrar? ¿Ya estaba registrado? Adelante, diputado Martín.
El diputado Miguel Martín López: Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros, Javier, no rehuimos, estamos pidiendo que se adicionen a la averiguación que ustedes proponen en el punto de acuerdo, las denuncias que tenemos, que no han sido solventadas, aquí las tenemos, ya van a pasar a mostrarlas. No estamos rehuyendo al tema, número uno.
Número dos, aquí tengo y me acercaré con los medios a mostrar el contrato por la renta de la aeronave, las fotos, la matrícula.
Es increíble además, que sí te lo voy a reconocer, que subas a esta tribuna y reconozcas que utilizas aeronaves que se pagan con recursos públicos, cuando como diputados federales tenemos, por parte de esta Legislatura, recursos suficientes para movernos, desde luego por carretera, que es como mejor se conocen los problemas de la gente, a ras de piso, no en avión, allá no.
Además hablas de despilfarro, cuando provienes de un gobierno que ha gastado cientos de millones de pesos en pintar de rojo al estado, de un gobierno que en clara alusión al culto a la persona y al nombre del señor gobernador, los pseudo programas sociales que practica los aplica con fidelidad y no sé qué tantos temas, que realmente ya tienen cansados a los veracruzanos.
Lo que ustedes sienten no es indignación; lo que ustedes sienten, mi querido Javier, son pasos en la azotea.
El 2010 se va a ver y se va a ver de manera muy clara el hartazgo que hay por parte de los veracruzanos del abuso, del despilfarro y del endeudamiento en el que va a dejar el gobernador del estado a Veracruz, un endeudamiento histórico. Pero eso lo veremos el año que entra. Lo que ustedes sienten el día de hoy son pasos en la azotea. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Agustín Guerrero Castillo, del PRD?
La diputada Silvia Isabel Monge Villalobos (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Usted es la que sigue, señora diputada, sí.
La diputada Silvia Isabel Monge Villalobos: Con su permiso, diputado presidente. Si usted me lo permite, le voy a hacer entrega a usted, presidente de esta Cámara de Diputados, de las denuncias que se han interpuesto por parte de Acción Nacional ante las autoridades competentes, en tiempo y forma, y que hasta el momento no se les ha dado seguimiento.
Si me hace favor, diputado presidente, de recibirlas y le pido que pudieran quedar asentadas textualmente en el Diario de los Debates. Son muchas, sé que son muchas.
Dice el diputado Manzur que el nombre del diputado Martín López no lo conoce. Claro, no iba en la lista de los diputados a los que había que favorecer en el Revolucionario Institucional por parte del gobierno del estado de Veracruz. Es un diputado de mayoría que se ganó la confianza ciudadana en Tuxpan, Veracruz, en el distrito.
Por otro lado, diputado Duarte, explicación no pedida, culpabilidad aceptada. Ustedes han sido quienes han puesto el tema en esta Cámara de Diputados, en donde piden que sea el director general del ISSSTE quien comparezca y que actúe la Procuraduría General de la República. Acción Nacional lo acabamos de votar a favor, no tenemos nada que ocultar y menos los funcionarios federales.
Déjenme decirles que no es así cuando se toca el nombre del gobernador, intocable por cierto en Veracruz y que sé que a muchos priistas de toda la república les resulta igualmente repugnante.
Cuando aquí se toca su nombre, como en una ocasión anterior, se pide que se borre del Diario de los Debates porque de él no se puede hablar mal. Déjenme decirles que aquí representamos a la nación entera, aquí no representamos a Veracruz y aquí se viene a hablar con la verdad y con pruebas, no con discursos.
Por otro lado, yo les pregunto compañeras y compañeros diputados, ¿hay una ley que establezca, o algún decreto, que los gobiernos de los estados deben prestar los recursos públicos, entre ellos los helicópteros, a todos los diputados?
El senador de Veracruz solicitó, vía oficio, vía escrito, al gobernador esta prestación y le fue negada, ¿por qué? Porque no era de su partido.
Yo les digo que en esta misma Cámara de Diputados no tenemos esos lujos y esos privilegios de usar jet privado, helicóptero. Le digo algo más al diputado Duarte, que hoy se hace decir el diputado de Veracruz, el diputado de todos los veracruzanos y en vez de estar en Córdoba, su distrito, se dedica a recorrer todo el estado haciendo campaña con mítines masivos, en donde rifa vehículos, refrigeradores y sabrá Dios cuántas cosas más.
Yo no sé si es una campaña anticipada, pero también que quede asentado en el Diario de los Debates.
Yo le pregunto al diputado Manzur, hace unos 15 días entregó, junto con el gobernador a gestión de él, 2 mil afiliaciones al Seguro Popular. Compañeros, ¿cuántos ciudadanos han afiliado ustedes al Seguro Popular? Él lleva 2 mil en Boca del Río, Veracruz, según él.
Por otro lado, en Veracruz hoy tenemos una deuda de 35 mil millones, producto de bursatilizaciones, deuda al fin, así está Veracruz. Tal vez con una deuda más grande de la de algunos presupuestos que llegan a algunos estados de la república. Eso es Veracruz. Eso es lo que indigna a los veracruzanos y es lo que nos hace estar en esta tribuna.
Cuando Miguel Alemán tan sólo fueron 3 mil 500, a un mes de salir. Hoy son 35 mil millones de pesos lo que tiene bursatilizado Fidel Herrera Beltrán en Veracruz, deuda para los veracruzanos; indignante.
Diputado Javier Duarte, yo le repito, usted utiliza los recursos públicos para su actividades proselitistas de fin de semana, y, por qué no, para algunas entre semana venir aquí a la ciudad de México. Estoy segura de que ni siquiera los diputados, compañeros de Veracruz del PRI, gozan de los mismos privilegios. ¿De qué privilegios goza usted ante el gobierno del estado? ¿De haber sido secretario de finanzas? ¿De querer ser hoy el sucesor del gobernador para tapar ese desvío de recursos?
Pido que también quede asentado en el Diario de los Debates.
Por otro lado, no nos ponemos nerviosos, estamos de acuerdo que comparezca, si así lo desean ustedes, y será un honor, el director general del ISSSTE. Pero también estamos de acuerdo y solicitamos...
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Su tiempo ha concluido, diputada.
La diputada Silvia Isabel Monge Villalobos: ... que la Procuraduría General de la República dé seguimiento puntual a las denuncias presentadas por Acción Nacional en tiempo y forma, en contra de Fidel Herrera Beltrán, gobernador de Veracruz, tristemente. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se concede el uso de la tribuna al diputado Agustín Guerrero Castillo, del PRD.
El diputado Agustín Guerrero Castillo: Con su permiso, diputado presidente. De verdad lo que hemos escuchado estos últimos minutos en esta tribuna es de sorprendernos, porque a un exhorto que nos parece pertinente, el que la PGR realice con prontitud las investigaciones a solicitud de cualquier ciudadano, no se requiere ser diputado local, o diputada local, en este caso, para que la PGR atienda con puntualidad, con urgencia, una denuncia en la que un servidor público presuntamente utiliza recursos públicos para fines distintos a los que está autorizado y obligado.
No se requeriría en esta tribuna un exhorto, si la PGR trabajara puntualmente, porque hay plazos, una vez que se presenta una denuncia para que se realicen estas investigaciones.
La primera pregunta es: ¿por qué la PGR no ha atendido la denuncia de la diputada local Elvia Ruiz Cesáreo? ¿A qué grupo político está vinculado Miguel Ángel Yunes, que no permite que esta investigación, que por ley tendría que realizarla la PGR, no la lleve adelante? Por eso en el PRD estamos de acuerdo en hacerle este exhorto a la PGR.
Pero lo que hemos escuchado en esta tribuna no es pedirle a la PGR que agilice esta investigación y que presente los resultados ante quien corresponde, y también a esta soberanía. No, lo que hemos escuchado aquí es una competencia de ver quién es más puerco, de quién ha abusado más de los recursos públicos, de quién desvía más recursos públicos y de quién lacera más a nuestra población que de manera responsable aporta los recursos para que servidores públicos, de un bando o de otro, los utilicen para su beneficio personal.
Y dirían los marranitos ¿y nosotros por qué? ¿Por qué venir a esta tribuna a acusar a unos o acusar a otros sobre manejos irregulares de los recursos públicos? Porque aquí se ha escuchado en esta tribuna, de manera, con poca vergüenza, diría yo, de que se asume el uso de los recursos públicos, el mal uso de los recursos públicos.
Porque cuando no se destinan para lo que se está autorizando es una desviación. Y aquí ha habido confesiones de parte, y por tanto, relevo de pruebas. Por eso, compañeras diputadas y compañeros diputados, para el PRD no sólo es importante respaldar este punto de acuerdo de que se agilicen los trabajos de investigación de la PGR en este supuesto desvío de recursos, sino también respaldamos toda aquella petición que se haga para que otros servidores públicos del Ejecutivo o del Legislativo que mal utilizan los recursos públicos, sean investigados y de comprobarse esos hechos, sean sancionados, porque nada le ha hecho más daño a la población que la corrupción de los gobernantes, de aquellos que creen que los recursos públicos son recursos privados, que son recursos para beneficio personal y no para el servicio de la población, para el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos.
No podemos permitir, tolerar, que este tipo de prácticas se siga desarrollando en nuestro país. No tendríamos autoridad frente a los ciudadanos para que casos conocidos y comprobados de corrupción, de desviación de recursos no sean sancionados.
Hace muchísimo daño la corrupción, pero hace más daño la impunidad. Por eso, nosotros respaldamos este punto de acuerdo y creemos, como aquí lo han dicho en la tribuna otros diputados y diputadas, que hay que pedirle, exigirle a la PGR que se agilice la investigación de todas las denuncias que haya de presunta desviación de recursos públicos. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Luz Carolina Gudiño Corro, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Luz Carolina Gudiño Corro: Con su permiso, diputado presidente. Yo sé que aquí han aludido en muchas ocasiones los diputados de Acción Nacional al gobernador Fidel Herrera Beltrán. Y hablar del licenciado Fidel Herrera Beltrán nos llevaría no una, sino muchísimas sesiones, porque estamos hablando de un hombre que no solamente ha sido un extraordinario gobernador, sino que además ha tenido la oportunidad en cuatro ocasiones, por el pueblo veracruzano, de estar en esta Cámara de Diputados, de haber sido senador; pero el tema que nos trae el día de hoy a esta tribuna, tiene que ver, para que no desvíen la atención, con una denuncia presentada a un personaje llamado Miguel Ángel Yunes Linares, que tiene claras aspiraciones a ser candidato el próximo año.
A nosotros no nos interesan sus aspiraciones. Estamos aquí porque estamos denunciando el desvío de recursos. Es más, ojalá me pudiera escuchar el dirigente de Acción Nacional. Ojalá este personaje del que hoy estamos hablando sea candidato para cualquier cosa en Veracruz, porque desde que Miguel Ángel Yunes llegó a Acción Nacional, el PAN no gana ninguna en Veracruz.
Perdieron la gubernatura del estado cuando incrustó a su hijo en la lista de plurinominales a diputado local; perdieron la gran mayoría de las diputaciones en el Congreso local, en donde nos llevamos, como se dice, prácticamente el carro completo, el Revolucionario Institucional, y perdieron además la gran mayoría de las diputaciones del Congreso federal en esta elección, incluyendo, aunque les duela, Boca del Río, en donde el hijo de este personaje es el actual presidente municipal y en donde esa curul es ocupada el día de hoy por mi compañero Salvador Manzur, aquí presente.
Los diputados del Revolucionario Institucional estamos aquí porque llegamos con la mayoría del apoyo de la ciudadanía. No engañamos como algunos que han hecho uso de esta tribuna y algunos que no lo han hecho todavía y que esperemos que lo hagan también al electorado al ir a una contienda en donde perdieron, pero que además llegaron a esta Cámara porque venían incluidos en la lista de plurinominales.
Eso sí es engañar al pueblo y es engañar a la ciudadanía.
Lo que nosotros estamos el día de hoy de manera muy clara denunciando en esta tribuna, es que se haga efectivo lo ya presentado por nuestra compañera aquí presente, diputada local Elvia Ruiz, en donde es muy claro el desvío de recursos de este personaje, en cuanto a lo que es la función de director del ISSSTE. Por lo demás, a nosotros no nos interesa si es o no candidato para cualquier otra cosa.
Sabemos que es un personaje que tiene una muy mala reputación, y si no, que lean Los Demonios del Edén; un hombre que ha sido acusado de pederasta, es decir de abusar de los menores de edad, y que además ha sido persecutor de muchísimas, muchísimas personas que lo acusan de muchas cosas y que eso no se borra de la mente de los veracruzanos.
Es por ello que hacemos este exhorto para que, de manera inmediata, pueda proceder la denuncia que se ha presentado y de esta manera, la ciudadanía de Veracruz tenga la certeza de que todo aquello que las autoridades correspondientes deban de ejercer en el ejercicio ?valga la redundancia? de sus funciones, se lleve a cabo.
Por lo demás, hay algo que me queda muy claro y eso que me queda muy claro es que la ciudadanía ha visto el trabajo del PRI, no solamente en el estado de Veracruz, sino en todo el país y la muestra es la composición de esta Cámara, que actualmente tiene la gran mayoría hacia el Revolucionario Institucional.
Lo segundo, compañeros de Acción Nacional, me queda muy claro que en el 2010 el estado de Veracruz tendrá un gobernador priísta y ganará, además, la gran mayoría, si no es que todos los distritos del Congreso local y prácticamente la gran mayoría de los municipios del estado. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Desde su curul, tiene la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del PRD.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Con su permiso, diputado presidente. Primero quiero decirles que si se trata de sumarnos a un punto de acuerdo que tenga que ver con la transparencia y con el buen uso de los recursos públicos, el PRD siempre estará a favor de eso.
Lo que es una pena es que se use la máxima tribuna de la nación para estar hablando de situaciones tan difíciles y tan lacerantes para el pueblo de México y es que este debate se ha convertido en una serie de acusaciones para ver qué diputado fue más corrupto para llegar aquí, o qué diputado tiene los enlaces más puercos para ensuciar al pueblo de México.
Me parece que el debate que deberíamos de estar centrando tiene que ver en torno a cuáles son las medidas con las que el Estado mexicano debe blindarse para que los servidores públicos no incurran en delitos y no incurran en malversación de fondos.
Aquí lo más importante no es quién le hace le mayor mal a los recursos de la nación o a los recursos de la gente; aquí lo más importante es que nosotros no hemos sabido encauzar el debate y encauzar el diálogo; estamos dejando de lado los problemas de la gente, porque la gente lo que quiere es que le demos solución a los problemas y que los políticos dejen de robar y que los políticos dejen de engañar, y a lo único que nos subimos es a insultarnos y a decir quién es más corrupto y quién es más peligroso para la nación.
Yo les invitaría, compañeros diputados y diputadas, a que midamos muy bien nuestras palabras, a que reflexionemos los actos que estamos tomando en tribuna; y, sobre todo, a que cuando nos subamos a tribuna lo hagamos para proponer cosas que sean de utilidad para el pueblo de México. Como diputada joven, es una vergüenza lo que me están enseñando aquí. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra el diputado Julio Saldaña Morán, del Partido Acción Nacional.
El diputado Julio Saldaña Morán: Con su venia, señor diputado presidente. Escucho frases que sólo quiero recordar. En esta Cámara hay diputados, una buena mayoría de diputados priistas plurinominales, y a quienes en lugar de venir a criticarles la postura, vengo a reconocer que están haciendo un buen trabajo.
Cuando hablamos y decimos de los trabajos que se hacen en nuestros estados cabe mencionar que, efectivamente, no andamos buscando quién hace desvíos de recursos. Venimos señalando que en el estado tenemos quién los viene haciendo. El gobernador Fidel Herrera, sin duda alguna, ha sido ejemplo a seguir de lo que muchas veces ustedes no han podido contener. ¿Cómo es que ganan? No les da vergüenza. ¿Cómo es que ganan? Con el desvío del recurso. ¿Cómo es que ganan? Comprando conciencias.
¿Cómo es que ganan?, cuando en días pasados un diputado da a conocer en mi distrito que acaban de incorporar 2 mil ciudadanos a un programa social, pues ése es un desvío. Ése es el trabajo que nosotros venimos aquí enmarcando.
No estamos inventando los hechos, estamos describiendo la conducta de Fidel Herrera en esta Cámara. Hay documentos que acreditan desviación de recursos, invasión de facultades y, desde luego, una de las mayores es el manipuleo de muchos sectores.
No olvidemos que una de las mayores opacidades que hay en el país en torno al gasto de la publicidad es sin duda alguna en Veracruz. Es un Narciso, primero es él y luego el pueblo. Como nadie, ha violentado el artículo 134 de la Constitución federal de la república, que prohíbe utilizar los recursos públicos para utilizarlos en la imagen personal y en campañas políticas y en muchas campañas de los que hoy ocupan aquí una curul.
Hace mucho tiempo, 1997, Fidel Herrera encabezó el intento de golpe legislativo a la primera mayoría opositora en la Cámara de Diputados. Surgió una frase que describe al personaje ?y por cierto, no nuestra? de aquél entonces, Porfirio Muñoz Ledo, y que lo describió como corrupto y corruptor. Y hoy tienen valor aún de pasar a decir cómo, cuando nosotros nos dedicábamos en el caso de una persona, muy personal, observando y escuchando a cada uno de ustedes, cuando nos hemos dedicado a trabajar y tenemos que pasar a defendernos, porque no tienen la dignidad, ni siquiera el respeto a los veracruzanos. Los veracruzanos no están dormidos, ya despertaron. Que llegue el 2010 y después hablamos qué sucede.
Hoy quiero les voy a recordar lo siguiente. El presidente de la Comisión Especial para vigilar el Correcto uso de los Recursos Públicos Federales, estatales y municipales de aquel entonces, el diputado Antonio Soto, tuvo en su oportunidad la solicitud de investigación para el indebido manejo de los recursos públicos federales y estatales por parte del ciudadano Fidel Herrera Beltrán.
Solicito a la Secretaría de la Mera Directiva sea tan amable de instruir la reproducción y entrega de este documento de 125 páginas a cada uno de los diputados. Además, pongo en conocimiento de ustedes, compañeros diputados, que este documento estará a disposición también, en la biblioteca de este recinto legislativo para que quede constancia de estos lamentables actos que se cometen con los recursos públicos.
Invito a todos los diputados veracruzanos a que se integren a la agenda nacional que demanda la sociedad, y pido a la Presidencia que si gusta podemos hacerle llegar este documento a cada uno de los 500 diputados. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Alba Leonila Méndez Herrera hasta por cinco minutos.
La diputada Alba Leonila Méndez Herrera: Con su permiso, diputado presidente. Diputado Duarte, usted sí regala puercos y lo sigue haciendo y no sólo como secretario. Quiero decirle que aquí en esta tribuna se hablaba de que Acción Nacional no cumple un pacto de civilidad. Fui alcaldesa, cuando la primera vez nos sentamos con el gobernador a firmar ese pacto y en todo ese año no cumplió un solo compromiso. Por eso en la siguiente no tenía sentido, no tenía sentido sentarnos con él, si nunca cumplió. Para aclararle al diputado que mencionó.
Creo que aquí, como decía la diputada, se habla de que al gobernador nadie le puede ganar; quisiera recordarle a la diputada Carolina, y por ciento no necesita estar aquí el presidente del PAN, pero sí quiero recordarle que sí se le puede ganar, y Yunes Márquez, en Boca del Río, en el municipio donde vive el gobernador, ahí le ganó. Entonces, aquí queda claro que sí. Y también Martínez de la Torre, por cierto, también le gané a Fidel Herrera Beltrán, a pesar de sus mapacherías, eh. Porque así es como gana el estado de Veracruz.
Pero, para no desviar el tema, amigos y amigas, Acción Nacional sí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que se presente aquí el director del ISSSTE, siempre y cuando se agilicen todas las denuncias en la PGR presentadas contra el gobernador Fidel Herrera Beltrán.
Y le pediría al PRD que se sume a esta propuesta, a que se agilicen esas denuncias; y les aseguro que así vamos a poder avanzar. Pero también pediría a la PGR, ante la confesión que acaba de hacer hace unos minutos el diputado Duarte, en el cual él reconoce hacer uso de recursos públicos del estado, también solicito entonces denuncia, que se abra una averiguación para el diputado Duarte, para dar seguimiento a ese desvío de recursos porque eso, diputado Duarte, se llama peculado, uso de recursos públicos del estado de Veracruz.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado José Tomás Carrillo Sánchez; perdón. ¿Con qué objeto diputada?
La diputada Carolina Gudiño Corro (desde curul): Para alusiones personales.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Adelante diputada, Carolina Gudiño, para alusiones personales.
La diputada Carolina Gudiño Corro: Gracias, diputado. Es curioso que la diputada que me antecedió pasara hablar aquí a esta tribuna acerca de la congruencia y pasara hablar acerca de las denuncias que deben proceder, porque precisamente, como bien lo mencionó la diputada, cuando fue alcaldesa cometió una serie de irregularidades que fueron denunciadas antes las autoridades correspondientes.
Aquí traigo varios de los documentos que en su momento fueron presentados ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, por un desvío de 20 millones de pesos en la administración en la cual fue presidenta municipal, además de una serie de acusaciones que se presentaron en su contra y por si fuera poco ?recuerdo perfectamente bien porque era diputada en ese momento en el Congreso local?, la manifestación que hicieron vecinos del municipio en el cual fue presidenta, que fueron a acusarla directamente por una serie de agravios en el tema de la vivienda.
Si no lo recuerda bien, aquí traigo las fotografías y traigo también los periódicos y alusiones que salieron en ese momento de las pancartas de la ciudadanía que fue directamente a quejarse al Congreso local a denunciar estas irregularidades de la actual diputada federal.
Pero no nos debemos desviar, porque aquí el tema principal es la denuncia que se ha presentado en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, y en lo único que coincido con la diputada que acaba de pasar, es que deben de proceder todas y cada una de las denuncias que se presentan. Es cuanto.
La diputada Alba Leonila Méndez Herrera (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: ¿Con qué objeto?
La diputada Alba Leonila Méndez Herrera (desde la curul): Para alusiones personales.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Para alusiones personales, diputada Alba Leonila Méndez. Al concluir la intervención de la diputada, consultaré a la asamblea si el tema ha sido suficientemente discutido.
La diputada Alba Leonila Méndez Herrera: Con su permiso, diputado presidente. Qué bueno que la diputada Carolina sube el tema a esta tribuna y digo que qué bueno que lo toca, para que aquí se pudiera aclarar, ¿por qué? Porque esas denuncias las hacen, por cierto, gente de su partido, diputada, que por no permitirme, no querían que les ganara la diputación federal, empezaron a crear o a hacer ese tipo de denuncias, pero no ha dicho usted que no procedió, diputada.
Que precisamente mi municipio Atzalan fue liberado de cualquier daño patrimonial, y ahí está, se votó en el Congreso, señores, y por cierto la diputada me ayudó a votar a favor, porque no había un solo desvío de recursos. Entonces no entiendo por qué quiere desviar.
Y por qué las fotos que trae, sí, ahí en esos están militantes del PRI que iban a inconformarse antes de julio, ¿por qué? Porque querían que no fuera de candidata y no le fuera yo a ganar a su gobernador.
Pero no desviemos el tema. El tema es que nosotros, al igual que ustedes, estamos de acuerdo en que venga el director del ISSSTE, pero también exigimos que la PGR dé seguimiento al peculado que comete el diputado Duarte. Con su permiso, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte?
La diputada Luz Carolina Gudiño Corro (desde la curul): Presidente, para alusiones personales.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: La diputada desea hacer uso para alusiones personales. Adelante, diputada Carolina Gudiño Corro.
La diputada Luz Carolina Gudiño Corro: Con su permiso, diputado presidente. Coincido en algo que es muy importante que se ha mencionado en esta tribuna, la importancia de que realmente procedan todas y cada una de las denuncias que son presentadas ante la ciudadanía.
Nosotros no queremos que el director del ISSSTE venga a esta tribuna. No nos sirve de nada, para qué, que nos venga a echar un rollo. Queremos que vaya, pero que vaya a la cárcel, en donde debe de estar. Ése es el lugar que le corresponde.
Esperamos que la Procuraduría emita pronto, una resolución en relación a este tema. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada. Comuníquese. Continúe la Secretaría con las proposiciones de acuerdos de los órganos de gobierno, de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra la delegación que participará en la XVI Reunión Interparlamentaria México-Canadá, a celebrarse en la ciudad de Ottawa, Canadá, del 13 al 17 de noviembre de 2009.
La Junta de Coordinación Política con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral uno, incisos b) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, considerando
1.- Que en revisión histórica las reuniones interparlamentarias entre el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y el Parlamento de Canadá, vienen realizándose desde 1975 enumerando 15 encuentros bilaterales sostenidos de manera alternada entre los dos países.
2.- Que en los últimos años se han profundizado de manera considerable las relaciones entre el Parlamento canadiense y el Congreso mexicano, hasta llegar a construir uno de los elementos más dinámicos de la relación bilateral.
3.- Que de forma paralela a los excelentes lazos intergubernamentales, la fortaleza de los vínculos interparlamentarios se ha incrementado de una manera que no tenía precedentes en los más de 60 años de relaciones diplomáticas formales entre Canadá y México.
4.- Que la estratégica relación bilateral que une a México y a Canadá, más allá de los mecanismos de la diplomacia tradicional de los poderes ejecutivos, exige reforzar los mecanismos de diplomacia parlamentaria para perfilar entendimiento, razonar soluciones a problemas conjuntos y a encontrar convergencias mutuas.
5.- Que la cooperación parlamentaria bilateral en los últimos años entre México y Canadá se ha ampliado considerablemente hasta incluir el intercambio de mejores prácticas y la ayuda proporcionada por parlamentarios y expertos canadienses a los legisladores mexicanos en varios temas de políticas públicas, incluyendo: federalismo, desarrollo regional, administración pública y acceso a la información pública.
6.- Que en este mismo sentido existe entre ambos países una amplia agenda de mutuo interés y de conveniencia que incluye temas tales como la participación de México y Canadá en el tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Programa de Trabajadores Mexicanos en Canadá y la búsqueda de mecanismos de cooperación en temáticas de la nueva agenda global, la defensa al medio ambiente, la lucha contra la pobreza y el desarrollo de nuevas tecnologías y el combate al narcotráfico, entre otros temas relevantes de interés bilateral.
7.- Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente
Propuesta de acuerdo
Primero. Se designa a la delegación de diputadas y diputados que asistirán a la XVI Reunión Interparlamentaria México-Canadá, la cual se celebrará en la ciudad de Ottawa, Canadá, del 13 al 17 de noviembre del presente.
Segundo. La delegación de la Cámara de Diputados que participará en este encuentro internacional se integrará por seis diputados: dos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, uno del Partido Acción Nacional, uno del Partido de la Revolución Democrática, uno del Partido Verde Ecologista de México y uno del Partido del Trabajo, quedando del siguiente modo:
Diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, del Partido Revolucionario Institucional; diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, del PRI; diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, del PAN; diputado Martín García Avilés, del PRD; por designar un diputado del Partido Verde Ecologista de México; por parte del Partido del Trabajo el diputado Porfirio Muñoz Ledo.
Tercero. Para el desarrollo de sus trabajos la delegación estará a lo establecido por los lineamientos para la asignación de viáticos y pasajes aéreos en comisiones internacionales de esta Cámara.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el pleno.
Firman los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios representados en esta Cámara.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado. Comuníquese.
Se acaban de recibir dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de éstas.
El Secretario Diputado Balfre Vargas Cortez: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación del orden del día para la inclusión correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fortalecer y dar continuidad a los recursos federales para atender contingencias y desastres naturales en el estado de Tabasco.
Otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que emita la declaratoria de desastre natural y para que se liberen los recursos necesarios del Fondo Nacional de Desastres, Fonden, para afrontar los estragos que dejó la tormenta atípica que tuvo lugar en el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, el pasado 30 de octubre del 2009. Firman los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
El Secretario Diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado. Proceda la Secretaría a dar lectura al primer punto de acuerdo.
El Secretario Diputado Balfre Vargas Cortez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fortalecer y dar continuidad a los recursos federales para atender contingencias y desastres naturales en el estado de Tabasco.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente que presenta la diputada María Estela de la Fuente Dagdug, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2010 se fortalezca y dé continuidad a los recursos federales que a través del Ramo General 23, Provisiones salariales y económicas, se destinan para atender gastos en materia de contingencias y desastres naturales para el estado de Tabasco.
Segundo. Destinar recursos federales para la atención de contingencias y desastres naturales, que han afectado y afectan al estado de Tabasco.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a atender con eficacia y prontitud la declaratoria de zona de desastre para los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, a fin de que se liberen los recursos necesarios a través del Fonden para hacer frente a la contingencia con las inundaciones acontecidas recientemente.
Cuarto. Revisar y analizar las reglas de operación que regulan el Fondo de Desastres Naturales, en virtud de los plazos, los esquemas de coparticipación y seguros que operan. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado. Comuníquese. Proceda la Secretaría a dar lectura al segundo punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de desastre natural y para que se liberen los recursos necesarios del Fondo Nacional de Desastres, del Fonden, para afrontar los estragos que dejó la tormenta atípica que tuvo lugar en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, el pasado 30 de octubre de 2009.
La Junta de Coordinación Política con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 14o del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presentan los diputados: Josué Cirino Valdés Huezo y Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a la consideración del pleno, el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que:
a) Emita la declaratoria de desastre natural que dejó la tormenta atípica que tuvo lugar en el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, el pasado 30 de octubre de 2009.
b) Libere los recursos necesarios del Fondo Nacional de Desastres, Fonden, para hacer frente a la emergencia que dejó el fenómeno hidrometeorológico en su modalidad de inundación fluvial, derivado por la tromba que cayó en Ecatepec de Morelos, Estado de México, el pasado 30 de octubre de 2009.
Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro a 4 de noviembre de 2009. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación), muchas gracias. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado. Comuníquese.
Esta Presidencia recibió solicitud de excitativa de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Energía.
De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.
Esta Presidencia recibió solicitud de excitativa del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a la Cámara de Senadores. Remítase a la Cámara de Senadores.
El siguiente punto del orden del día es la agenda política relativa al 2 de octubre de 1968. La diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, quiere hacer una observación.
La diputada Araceli Vázquez Camacho (desde la curul): Sí. Yo declino mi derecho a subir a tribuna este tema. Denunciando que la actitud del diputado presidente Ramírez Acuña ha sido totalmente parcial, de aversión a este tema, e incluso, hasta me atrevería yo a decir, que irrespetuosa. Hubo momentos en los que en las sesiones faltaba solamente este tema, del 2 de octubre, y no se me permitió subir a tribuna.
Ha pasado el mes y por respeto a mis compañeros muertos el 2 de octubre del 68 no subo el tema. Espero una mejor oportunidad y, solamente, declarar que queda impune el asesinato de estos jóvenes estudiantes y que continúa el estado autoritario y fachista con otras siglas y con otros colores, y lo estamos presenciando. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El siguiente punto del orden del día es la agenda política relativa a la Ley de Ingresos, el cual ha sido retirado a petición del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Felipe Solís Acero, del Grupo Parlamentario del PRI, hizo llegar a esta Mesa Directiva el texto de su intervención correspondiente a la efeméride relativa al aniversario luctuoso de Fernando Gutiérrez Barrios. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Adelante la Secretaría.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se da cuenta del orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden)
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz (15:37 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 5 de noviembre a las 10 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.