La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se informa a la Presidencia que existen previamente registrados 279 diputados. Por tanto, hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (12:04 horas): Se abre la sesión. Consulte a la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame secretaria, por favor. Sí, el diputado Mario di Costanzo.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde curul): Presidente, para preguntarle, en el reloj parlamentario, ¿qué día es?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Continúe la secretaría.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo (votación), gracias. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Aprobada el acta.
Continúe la Secretaría con Comunicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se recibió oficio de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, con el que remite invitación a la ceremonia cívica conmemorativa del 87 aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los señores diputados Roberto Rebollo Vivero y Avelino Méndez Rangel para que cumplan su cometido.
Continúe la Secretaría con un oficio de la Procuraduría General de la República.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Señor presidente, recibimos oficio de la Procuraduría General de la República con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la denuncia interpuesta por la diputada local del estado de Veracruz, Elvia Ruiz Cesáreo, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por los Servidores Públicos de la PGR, por las actividades de Miguel Ángel Yunes Linares, director general del ISSSTE.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de la Función Pública, para su conocimiento. Continúe con oficio del Congreso de Nuevo León.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Oficio del Congreso de Nuevo León, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, con relación a la armonización de las legislaciones estatales con los tratados internacionales en materia de discriminación y protección de los derechos humanos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento. Continúe con oficio de la Comisión Nacional del Agua.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Comisión Nacional del Agua con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en relación con la sequía atípica.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento. Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de octubre de 2009, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de octubre de 2008.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación de la Secretaría de Educación Pública a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en relación con los Juegos Panamericanos de 2011.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Tres oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Oficio de la Cámara de Senadores que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 206 y 211 de la Ley del Seguro Social, presentada por el senador Tomás Torres Mercado, del PRD.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Tenemos otro oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 11 del Código Fiscal de la Federación, presentada por los senadores Antonio Mejía Haro, Rubén Velázquez López y Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Otro oficio de la Cámara de Senadores por el que comunica que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona los artículos tercero y cuarto transitorios al decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de enero del 2006, y se devuelve para los efectos de la fracción d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Otro oficio de la Cámara de Senadores por el que comunica que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios legislativos Segunda desecharon la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo y tercer párrafos, recorriéndose los subsecuentes en su orden al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia informa que el viernes 13 de noviembre del año en curso se recibieron del Senado de la República 7 proposiciones con punto de acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010, mismas que se turnaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en virtud de la urgencia para que fueran tomadas en consideración por la comisión. Continúe la Secretaría con las minutas.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Equidad y Género.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas. Continúe la Secretaría con el capítulo de iniciativas.
Esta Presidencia recibió del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV, del artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, y adiciona los artículos noveno y décimo transitorios, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se recibió del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto por el que se determina no proceder a nombrar nuevamente, para un segundo periodo, al titular de la Auditoría Superior de la Federación en ejercicio. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Tiene la palabra el diputado Everardo Villarreal Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, de la Ley General de Desarrollo Social, y 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
El diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados. La sociedad mexicana presenta graves problemas de pobreza y desigualdad. Las cifras publicadas por el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) demuestran que en el 2006 más de 42 mil millones de mexicanos están en algún grado de pobreza y, sin duda alguna, va en aumento.
La desigualdad de distribución del ingreso y la desigualdad en el acceso a Oportunidades ha sido un elemento persistente en la historia de nuestro país. La situación se agrava cuando en estas familias existen adultos mayores.
El programa de desarrollo humano Oportunidades es un instrumento del Ejecutivo federal que desarrolla acciones intersectoriales para la educación, la salud, la alimentación, así como aquellas acciones que promueven el bienestar general de las familias que viven en condiciones de pobreza extrema.
Al concentrar todas sus acciones de geopolítica social y vincularlas a la política económica, el gobierno de la república ha articulado la estrategia de Vivir Mejor, con el fin de generar condiciones de crecimiento económico y de prosperidad social para que los mexicanos podamos vivir mejor.
En nuestro país, de acuerdo con las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población (Conapo) se estima que en el 2004 había cerca de 7.9 millones de adultos mayores, personas de 60 años y más, quienes representan 7.5 por ciento del total de la población.
En el 2010 habrá 9.9 millones, 15 millones en 2020 y poco más de 22 millones en el 2030, de modo que este grupo de la población incrementará su peso; dentro de este grupo se encuentran los mayores de 70 años, que suman ya 3.5 millones y se prevé que alcanzarán 4.4 millones en 2010.
Con la publicación de las reglas de operación, el programa Oportunidades amplió la cobertura en 76 mil 514 localidades de hasta 30 mil habitantes, por lo cual en el bimestre de julio-agosto de 2009 se benefició a más de 2 millones de adultos mayores de 70 años o más, siendo la población objetivo de 2 millones 42 mil adultos mayores.
Los partidos políticos representados en esta Cámara estamos a favor de implementar una política social integral. Como ejemplo de ello cabe destacar que el 23 de septiembre del presente año la compañera diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para la atención de los adultos mayores, con el propósito de crear un programa integral que satisfaga las necesidades y demandas de este grupo poblacional.
Por lo que se considera que más que un programa integral debe realizarse por ley y no meramente desde el punto de vista administrativo, pues se requiere implementar una verdadera política social que beneficie a los sectores más vulnerables de la población como lo son los adultos mayores de 70 años y más.
Actualmente, a través del programa de desarrollo humano, Oportunidades, el gobierno federal otorga de manera bimestral un apoyo monetario mensual a los adultos mayores de 70 o más que viven en localidades de más de 30 mil habitantes para mejorar su condición de vida.
La presente iniciativa de reforma de Ley de Desarrollo Social y de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene como uno de sus principales objetivos que las personas adultas mayores de 70 años o más por ley reciban un apoyo económico y no como actualmente se hace mediante programas que estén sujetos a decisiones del gobierno en turno y que en la mayoría de los casos se utilizan con carácter político electorero.
Por otra parte, para armonizar la Ley de Desarrollo Social y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se adiciona el inciso h) a la fracción I del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, estableciendo que de manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores, el derecho a recibir el programa económico a que se refiere la fracción VIII del artículo 19 de la Ley de Desarrollo Social.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este honorable pleno de la Cámara de Diputados la siguiente:
Iniciativa con proyecto de reformas al artículo 19 de la Ley de Desarrollo Social y el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:
Artículo primero. Se reforma la fracción VIII del artículo 19 de la Ley de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:
...
"VIII. El Programa de ingreso económico para adultos mayores de 70 años o más".
...
Artículo Segundo. Se adiciona el inciso h) a la fracción I del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:
Artículo 5. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:
?
"h) A recibir el programa económico a que se refiere la fracción VIII del artículo 19 de la Ley de Desarrollo Social".
Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro a los 18 días del mes de noviembre de 2009. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado Villarreal Salinas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables.
Tiene la palabra la diputada Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
La diputada Georgina Trujillo Zentella: Con su permiso, señor presidente. La suscrita diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con base en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de la República, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Braceros Mexicanos, fundamentada en la siguiente
Exposición de motivos
En 1942, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de México y Estados Unidos crearon el Programa Bracero como consecuencia de la necesidad de mano de obra que requería dicho país en varios sectores económicos. Durante el periodo entre 42 y 64, a través de este programa social miles de mexicanos trabajaron de manera temporal y legal, en actividades relacionadas con la agricultura y la construcción.
Los ex trabajadores migratorios mexicanos decidieron crear un fondo que tenía como objetivo retenerles el 10 por ciento de sus ingresos mensuales mientras trabajaran en los Estados Unidos. El dinero ahorrado por los trabajadores le sería posteriormente pagado a su regreso al país, a través del Banco de Crédito Agrícola.
El 25 de mayo de 2005, el Congreso de la Unión aprobó la ley que crea el fideicomiso para administrar estos fondos. La ley tiene por objeto administrar estos fondos de ahorro de los ex trabajadores migratorios, con el fin de que éstos o sus familiares obtengan dichos recursos de forma expedita.
Desafortunadamente, la ley dejó varios huecos que han propiciado que los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus familias no hayan podido cobrar el multicitado fondo, creando una situación de incertidumbre jurídica. Es por ello que se propone la reforma y adición de los artículos 1o, 2o y 6o de la ley mencionada, para cumplir con las peticiones de los ex trabajadores migratorios y eliminar los vacíos que tiene la ley.
La iniciativa tiene dos vertientes; la primera busca reconocer a los concubinos como beneficiarios del Fondo de Ahorro Social; la segunda, tiene como finalidad adicionar a la ley la declaración de ausencia o la presunción de muerte del ex trabajador migratorio mexicano como medio probatorio para que los terceros beneficiarios puedan obtener el fondo social.
Retomando el primer punto, podemos manifestar que el concubinato es una figura jurídica que nació como medio de protección a las parejas que no tuvieran una relación matrimonial, pero que viviesen juntas como si fueran cónyuges, en un mismo domicilio y que además cumplieran con cualquiera de las siguientes alternativas: vivir por un periodo de tiempo fijo establecido por ley o tener hijos en común y los efectos jurídicos que acarrea el concubinato, son derechos y obligaciones en materia de alimentos y sucesiones.
En el caso en particular de ex trabajadores migratorios, el concubinato es un asunto relevante, esta figura jurídica protege las relaciones que existieron entre el ex trabajador y su pareja aunque no haya contraído una relación matrimonial. Dadas las características del trabajo que realizaron los braceros, éstos pudieron haber creado un vínculo conyugal con sus respectivas parejas sin haber estado casados, o bien, pudieron haber tenido un concubinato después de que su esposa haya fallecido.
Tomando en consideración el segundo punto, el artículo 6o de la ley es limitativo y poco proteccionista, ya que sólo permite el acta de defunción del ex trabajador migratorio como documento probatorio para ser beneficiario distinto.
Es muy importante que se reforme este artículo y se incluyan, como documentos probatorios, tanto el documento que acredita la declaración de ausencia, como el de presunción de muerte del ex trabajador. Estas dos figuras jurídicas son equiparables al acta de defunción, la única diferencia es que, para que se otorgue el acta es necesario que se presente el cuerpo del fallecido, y en las dos anteriores se cumple con el requisito por el mero transcurso del tiempo.
Por lo tanto, resulta muy limitativo que únicamente que se contemple el acta de defunción como requisito necesario para obtener el recurso, cuando existen jurídicamente otras figuras que son equiparables a aquélla.
En conclusión, se considera necesaria la urgente adecuación de los artículos 1o, 2o y 6o. en sus diversas fracciones, incluyendo las propuestas planteadas en la presente iniciativa con proyecto de decreto, pues todavía existen algunos espacios vacíos que deben ser colmados para otorgar certeza jurídica y justicia a los beneficiarios de estos recursos.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la iniciativa, y por economía procesal solicito al señor presidente que sea incorporada íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado César Francisco Burelo Burelo (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, ¿dígame?
El diputado César Francisco Burelo Burelo (desde la curul): Es para hacerle una pregunta a la diputada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ya concluyó su presentación, diputado. No está a discusión, no proceden las preguntas. Si quisiera usted adherirse, entonces sí le preguntaríamos.
El diputado César Francisco Burelo Burelo (desde la curul): No.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se pospone la participación del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, para la siguiente sesión.
Tiene la palabra el señor diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El 6 de abril de este año se expidió este reglamento que es muy importante para darle transparencia al funcionamiento de la Cámara. Es el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Es un reglamento que, entre otras cosas, obliga a las distintas áreas, tanto legislativas como administrativas y técnicas, a los grupos parlamentarios, a transparentar la información que generan los distintos cuerpos, órganos y áreas de la Cámara de Diputados. Sin embargo, este reglamento contempla en el artículo 23, y siguientes, la integración de un consejo; por cierto ese consejo aún no ha sido integrado por este pleno de la Cámara de Diputados.
Según el artículo 23 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el consejo estará integrado por tres especialistas en la materia, en materia de transparencia, y estos consejeros tendrán un ingreso salarial equivalente al de director general en la Cámara de Diputados; esto es un salario de aproximadamente más de 110 mil pesos mensuales.
Con ese motivo, y previendo que se va a crear una estructura burocrática adicional a las estructuras burocráticas con las que ya contamos en la Cámara de Diputados, lo que me parece un exceso es que se nombren tres nuevos consejeros para este órgano de transparencia de la Cámara; es por lo que estoy proponiendo una modificación al Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, para que los consejeros previstos en el artículo 23 del reglamento no perciban ingresos, que sean consejeros honorarios, que este consejo esté integrado por cinco consejeros.
Además estoy proponiendo que el método de selección de estos consejeros se realice a través de una convocatoria pública, abierta a especialistas e investigadores en la materia y, que si tiene que haber algún tipo de estructura administrativa que auxilie a estos consejeros, sea una estructura administrativa reducida, muy pequeña y no dejarlo a la discrecionalidad de otros órganos de la Cámara.
En pocas palabras, lo que intento con esta propuesta de reforma al Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de esta Cámara de Diputados es evitar la conformación de nuevos órganos burocráticos al interior de la Cámara, es establecer que estos consejeros tendrán una participación meramente honoraria, no percibirán ingresos y; si hay una estructura administrativa que auxilie al consejo, debe ser una estructura fijada en el propio reglamento, una estructura mínima.
Me parece muy importante que tomemos cartas en el asunto. Ya este pleno de la Cámara de Diputados está en falta, porque no ha designado este consejo. Y creo que es momento de repensar tanto la integración como el funcionamiento que tendría este consejo que, hay que decirlo, va a ser la última instancia al interior de la Cámara de Diputados para conocer temas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
No se trata, por tanto, de un asunto menor, se trata de un asunto muy importante, porque puede promover la transparencia en esta Cámara y la protección de los datos personales, pero que tenemos que hacerlo de una manera reflexiva e integrar un consejo con especialistas en la materia, pero que sea un consejo que no le cueste al contribuyente de nuestro país, que sea un consejo sí, de especialistas; en donde exista intervención pública de la sociedad en la designación de los consejeros y que podamos ya establecer esta integración en breve tiempo en la Cámara de Diputados.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Cárdenas Gracia. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene la palabra la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en 1999 se celebró la Cumbre Económica Mundial, en Davos, Suiza. El secretario general de las Naciones Unidas atendiendo los resultados de la apertura de mercados y los compromisos internacionales asumidos por los Estados miembros para atender los efectos de la economía global, invitó a las empresas a cooperar en tres áreas en las que existe un consenso internacional compartido: derechos humanos condiciones de trabajo y protección del medio ambiente.
Se propuso un acuerdo mundial en el que invitó a los líderes económicos a adoptar y aplicar los principios derivados de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración sobre Principios y Derechos Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, de la Cumbre de Copenhague y de la Declaración de Río de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente en 1992.
La Cumbre de la Tierra y la fase operacional del Pacto Mundial se inauguró el 26 de julio de 2000 en la sede de las Naciones Unidas. El pacto suscrito intenta promover, a través de la acción colectiva, el civismo empresarial responsable, a fin de que el mundo de los negocios forme parte de la solución de los retos que plantea la mundialización. De este modo el sector privado, en colaboración con otros agentes sociales, puede contribuir a hacer realidad la visión de una economía mundial más sostenible e incluyente.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, debemos aceptar que el mundo de las organizaciones ya no puede mantenerse al margen de las problemáticas globales, llámese cambio climático, pobreza o seguridad colectiva.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que todos tenemos una responsabilidad y todos podemos aportar, si queremos avanzar hacia un mundo más justo y libre. Por ello entendemos estos principios como instrumentos que servirán de puente entre el mundo empresarial y las preocupaciones globales para hacer posible el desarrollo de una nueva cultura empresarial como sujeto social responsable.
La actividad empresarial y sus organizaciones a través de cámaras y confederaciones, se convierte en parte dinámica que incide en la formulación de políticas públicas o la construcción de una agenda común en materia de responsabilidad social.
Abordar este tema desde la Cámara de Diputados, en la LXI Legislatura, es aportar un elemento motivacional que generará un ambiente más propicio para la competitividad y viabilidad de las propias empresas, ya que es generadora de compromisos y metas comunes de quienes la integran, propietarias y propietarios, directivas y directivos, y trabajadoras y trabajadores.
Una nueva cultura de responsabilidad social empresarial es el punto de partida para la sostenibilidad y supervivencia en la era de la globalización. El presente proyecto de iniciativa propone adicionar al objeto de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la promoción de una cultura de responsabilidad social de las empresas y sus organizaciones en las materias de derechos humanos, condiciones laborales, medio ambiente, transparencia y anticorrupción.
Derivado de esta adición en los programas de formación empresarial, se propone el relativo a la protección de los derechos humanos, el respeto a la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio del trabajo infantil y la discriminación con respecto al empleo y la ocupación, así como la implementación de programas y políticas anticorrupción dentro de sus organizaciones y sus operaciones de negocios. De igual forma se reforma la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones para establecer como objeto de las cámaras y las confederaciones, el fomento y la producción de la cultura de la responsabilidad social de las empresas y sus organizaciones en materia de derechos humanos, condiciones laborales, medio ambiente, transparencia y anticorrupción. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Pinedo Alonso. Túrnese a la Comisión de Economía.
Tiene la palabra el diputado Eviel Pérez Magaña, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Eviel Pérez Magaña y Emilio Mendoza Kaplan, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Eviel Pérez Magaña: Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, donde los diputados demostramos actuar con responsabilidad ante el país para dotarlo de los recursos necesarios para enfrentar un año que se espera complicado para la economía nacional, es de reconocer que, a pesar de los esfuerzos, nuestro país está sumido en una de las peores crisis económicas de las últimas décadas. Los efectos externos y la respuesta tardía del gobierno han provocado que la economía mexicana caiga aproximadamente un 8 por ciento este año.
Los diputados, únicos facultados para aprobar el Presupuesto de Egresos, tenemos la obligación de proteger a la ciudadanía, especialmente a aquellos que menos tienen, a los que viven en condiciones de pobreza, a los que viven en condiciones de marginación y rezago.
Por eso, acudo a esta alta tribuna a presentar una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo propósito es crear un Fondo de Compensación que se integrará con el 1 por ciento de la recaudación federal participable.
Los recursos que por este concepto se obtengan se distribuirán entre las 10 entidades federativas que, de acuerdo al Inegi, tienen los menores índices de producto interno bruto per cápita no minero y no petrolero. Esos recursos serán destinados a combatir la pobreza en que viven millones de mexicanos en estados como Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Yucatán.
Compañeras y compañeros, tenemos que impulsar desde esta soberanía popular el combate frontal a la pobreza en México. Asumamos el compromiso con los más necesitados; ellos demandan un Congreso que promueva la justicia social, un Congreso comprometido con la creación de empleos, un Congreso que fortalezca a los municipios y a sus estados para crear la infraestructura en aquellas regiones del país que se han visto rezagadas.
Muchos de nosotros somos originarios de estas regiones y ha llegado el momento de dar respuestas y resultados. La situación en que viven millones de mexicanos requiere de la atención urgente e inmediata de sus representantes en este Congreso de la Unión.
Hago un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados, a sumar esfuerzos para dictaminar y aprobar esta iniciativa que permitirá atender las más urgentes necesidades de la población que vive en condiciones de pobreza y marginación. Apelo no a las ideologías políticas; hoy acudo a la alta responsabilidad y compromiso social que muchas y muchos de ustedes han mostrado y demostrado en este Congreso.
Hoy les pido que asumamos nuestra responsabilidad haciendo a un lado compromisos de partido, porque la marginación y la pobreza carecen de ideología y su único color es la indignación.
Los más pobres han esperado demasiados años para ser tomados en cuenta. Aprovechemos este momento y aprobemos reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, para dotar a esas entidades de los recursos que les permitan disminuir sus rezagos. Otorguémosles la capacidad de ofrecer a esa población, mejores oportunidades de educación, salud, seguridad y beneficio social que les permitan salir de la condición en que se encuentran.
Por lo expuesto se somete a la consideración de esta alta soberanía la iniciativa de reforma al artículo 4o.-A, fracción II, párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal para adicionar con el 1 por ciento de la recaudación federal participable al Fondo de Compensación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, diputado Pérez Magaña. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, de Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama: Con su permiso, señor presidente. Compañeros legisladores. En los términos de lo dispuesto en los artículos 71, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha significado un gran avance en la consolidación de nuestro México como un Estado democrático y de derecho. Su equidad se ha depositado en la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos al reconocer como garantías individuales y sociales parte de las normas jurídicas modernas que se encargan de fundamentar la dignidad de las personas, sin importar su edad, religión, sexo o condición social.
Lo anterior demuestra y nos hace ver que contamos con una comisión autónoma que no responde a cuestiones de tipo político; sin embargo, como legisladores que actuamos de manera congruente y responsable, es necesario dotar de mayores herramientas y facilidades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que la protección, el respeto y la observancia de dichos derechos sea indudablemente su prioridad y compromiso.
Compañeros legisladores, queremos una comisión mucho más autónoma y funcional, una comisión que no obedezca a intereses ni presiones del gobierno en turno, pero que tampoco haga de cada situación una oportunidad para diferir y ponerle obstáculos al mismo.
Queremos una comisión que de manera responsable utilice todos y cada uno de los recursos recibidos, que su presupuesto de egresos facilite e incentive el desempeño de su trabajo. Un trabajo que brinde resultados satisfactorios para la sociedad mexicana, acorde con la difícil situación que hoy en día se vive.
Es cierto que la funcionalidad de esta comisión depende en gran medida de su titular y de la participación y aportación de su cuerpo de trabajo; por tanto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa que busca dotar de mayor autonomía al cuerpo que respalda a esta organización, el Consejo Consultivo, al cual se le confiere coadyuvar en el desempeño de las responsabilidades de la comisión señaladas en el artículo 5 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde se autoriza su reciprocidad para establecer los lineamientos generales de la actuación de la comisión y del propio consejo.
Este último cumple con aprobar el reglamento y normas de carácter interno, informa y opina a favor del informe anual emitido al Senado y al propio Congreso de la Unión, pero este consejo de ciudadanos no está facultado hoy en día para opinar respecto del presupuesto, un aspecto indiscutible y que depende en gran medida de su aprobación para el buen funcionamiento de la comisión, además de que en estos tiempos en que es necesario optimizar y hacer uso responsable de los recursos económicos, vemos con total acierto el hecho de facultar al Consejo Consultivo, formado por ciudadanos, para que participe y opine en el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente de la comisión, presupuesto que hemos aprobado hace unos días.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Artículo único. Se adiciona una nueva fracción VI, convirtiéndose la actual fracción VI en fracción VII del artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya fracción VI queda de la siguiente manera:
Artículo 19.
V. Solicitar al presidente de la comisión nacional información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la comisión nacional.
VI. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente de la comisión nacional.
VI. Conocer el informe del presidente de la comisión nacional respecto del ejercicio presupuestal 2010.
Dado en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 10 de noviembre de 2009. Es cuanto, señores diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Díaz Lizama. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.
Se pospone la participación del diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT, para la próxima sesión.
Tiene la palabra la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: en los últimos años los resultados del crecimiento económico en nuestro país nos obligan como legisladores a buscar alternativas que posibiliten reconducir el actual esquema de regulación jurídica de la economía, con el fin de rehabilitar y fortalecer el proceso de desarrollo de México.
La grave situación que enfrenta nuestro país se refleja en la pérdida de competitividad, desequilibrios fiscales y financieros, y en un alto nivel de vulnerabilidad de nuestra economía con el propósito de evitar que continúen incrementándose los desequilibrios en los diferentes ámbitos de la vida económica.
Debemos propiciar cambios legislativos que permitan evaluar la situación real de la economía y la dinámica del mercado interno, para así tener la capacidad de dar respuesta inmediata a través de medidas e instrumentos que compensen las caídas de la actividad económica.
Por lo anterior, propongo que desde el marco normativo del presupuesto público federal, se contemplen instrumentos de estabilización automáticos, que permitan adoptar e incluir en ley un balance fiscal ajustado, el cual estará en función del ciclo económico. Este indicador facilitaría el análisis y la discusión de la política económica, en especial de la política fiscal brindándole una pauta de orientación general mucho más consistente, en función de la dinámica de crecimiento de la economía.
Esta propuesta diseñada adecuadamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contribuiría a evitar una mayor carga impositiva a los contribuyentes en periodos de contracción económica como la que hoy vivimos y se activaría de forma automática transferencias temporales por montos mayores para los sectores sociales y económicos más vulnerables.
Por ello, como integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, comprometida con el estudio e implementación de acciones legislativas para dotar al Estado de mejores instrumentos para el desarrollo, someto a la consideración la iniciativa para incorporar el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el concepto medición y proyecto de balance primario ajustado, con el fin de estimarlo en función del ciclo económico.
En caso de aprobarse la reforma a la ley antes referida se establecerían las bases para una mayor transparencia, consistencia y flexibilidad de la Ley de Ingresos y el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
En Nueva Alianza consideramos que la participación del Estado en la economía mexicana debe garantizar no sólo finanzas públicas sanas, sino sobre todo crecimiento económico real sostenible y sustentable como consecuencia de la evaluación estable de sus indicadores macroeconómicos.
En ese sentido, presento al pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Por consideración a esta soberanía omito la lectura completa de la presente, y solicito a la Presidencia que dé la indicación a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados para la reproducción íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Pinedo Alonso. Tal como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El diputado Leobardo Soto Martínez: Gracias, señor presidente. Con su permiso diputadas y diputados. La iniciativa que propongo ante esta honorable Cámara de Diputados tiene como finalidad adicionar una fracción al artículo 29 y al artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El primero habla de las deducciones fiscales y el segundo de las personas morales sin fines de lucro.
Hoy en día la seguridad social, a la cual todas las trabajadoras y los trabajadores tenemos derecho, se ve seriamente afectada, especialmente las madres trabajadoras, ya que actualmente la gran mayoría son jefas de familia.
Si partimos de la afirmación de que nuestra Constitución es la sustancia de la existencia política de nuestro pueblo, como lo afirmaba el maestro Manuel García-Pelayo, entendiendo además que ésta no se agota en su significación jurídica, sino que comprende diversas esferas de la vida humana en sociedad, donde la titularidad de la soberanía corresponde a las generaciones futuras por ser los herederos del poder constituyente.
Es que el Estado debe de garantizar los derechos de la niñez, tal y como lo señala el párrafo sexto del artículo 4o. constitucional que a la letra dice: Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Por lo expuesto, esta iniciativa tiene como objeto principal que el sector privado pueda invertir en el mejoramiento de los servicios de las guarderías para así fomentar la calidad y calidez en el servicio de las mismas a favor de la niñez mexicana.
Con estas acciones se contará con lugares sanos para su esparcimiento y su educación. Esta iniciativa permitirá a las empresas deducir impuestos por concepto de aportaciones a las guarderías infantiles concesionadas a particulares por el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual garantizará los derechos consagrados en nuestra Constitución, y así se contribuye a preservar el futuro de México, que son nuestros niños.
Las guarderías del Seguro Social, que son contratadas para la prestación de servicios indirectos, nacen bajo una figura jurídica mercantil; es decir, reconocidas ante la autoridad fiscal como sociedades mercantiles, tributando ante las diversas leyes como personas morales.
Esto nos indica que tienen la obligación de pagar impuestos, con la cual nosotros estaríamos de acuerdo si no cumplieran con una función eminentemente social. Pero como el objeto principal de estas guarderías es acompañar al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, esta característica mercantil, consideramos, se rompe, bajo el principio de interés superior de la infancia, ya que lo que debemos garantizar es que estas estancias infantiles cubran todos los requisitos de seguridad, atención, alimentación y buen desarrollo, correspondiéndole al Estado brindar todas las facilidades para que esto se materialice, sin descuidar la inspección y vigilancia de las mismas, de tal forma que adicionar una fracción al artículo 29 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no implica una excepción en el pago de impuestos, sino una acción del Estado en beneficio de la infancia y en apoyo de la clase trabajadora, por lo que proponemos el siguiente
Proyecto de decreto
Primero. Se adiciona la fracción XII del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes?
Fracción XII. Las aportaciones extraordinarias pagadas por las empresas por concepto de guarderías infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Segundo. Se adiciona la fracción XXI del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:
Artículo 95. Para los efectos de esta ley se considerarán personas morales con fines no lucrativos, además de las señaladas en el artículo 102 de esta ley, las siguientes?
Fracción XXI. Guarderías infantiles pertenecientes al Seguro Social, operadas directamente por el organismo, concesionadas o particulares.
Artículo transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Soto Martínez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se pospone la participación del señor diputado Oscar González Yáñez para la próxima sesión.
Tiene la palabra la diputada Graciela Ortiz González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Graciela Ortiz González: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los suscritos diputados federales, Graciela Ortiz González; Adriana Terrazas Porras; Luis Carlos Campos Villegas; Alejandro Cano Ricaud; Jaime Flores Castañeda; Manuel Guillermo Márquez Lizalde; Héctor Agustín Murguía Lardizábal; Maurilio Ochoa Millán; Guadalupe Pérez Domínguez y Everardo Villarreal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados Procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bajo la siguiente
Exposición de motivos
En el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir del 1 de enero de 2009, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos usados originarios de Canadá o de Estados Unidos, que tengan por lo menos 10 años de antigüedad.
Una realidad que se vive en nuestro país es que los mercados de los vehículos de los Estados Unidos, Canadá y México presentan grandes asimetrías. El mercado norteamericano, dada sus características, con una enorme cantidad de oferta de modelos y de marcas, tasas de interés atractivas, facilitación de acceso al crédito e impuestos menores, logra que los vehículos se deprecien rápidamente y que se costo de reventa sea sumamente menor. Ante tal situación, resulta muy atractiva la importación de este tipo de vehículos a nuestro país.
México, desde 1978 y hasta el último decreto presidencial, ha realizado 15 programas para regularizar vehículos de procedencia extranjera, pero este problema persiste y es crónico, ya que el precio de los automóviles usados en los Estados Unidos históricamente siempre ha sido y será más bajo que en nuestro país.
Ante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 24 de diciembre de 2008, el Ejecutivo publicó el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados que estaría vigente a partir del 1 de enero de 2009.
Con la publicación de este decreto, el Ejecutivo impuso la obligación de presentar el certificado de origen del vehículo sujeto a importación para gozar de las condiciones preferenciales del tratado. Por otro lado, actualizó hacia la alza los precios estimados de los vehículos para determinar el valor del vehículo en la aduana.
Con estas dos condiciones: certificado de origen y actualización a la alza de los precios estimados, la importación de vehículos usados se derrumbó; la no existencia del certificado de origen de vehículos provocó que todos los importadores debieran pagar el 10 por ciento del arancel sobre el valor de aduana del vehículo y esto reavivó, sin duda alguna, la problemática que existía en el pasado.
Por ello se hace necesario que este Congreso de la Unión, en ejercicio de sus facultades constitucionales, expida una nueva ley para la importación definitiva de vehículos usados, que tenga por objeto precisamente la importación definitiva de vehículos usados originarios de Estados Unidos de América, Canadá y México y que atienda a lo dispuesto y establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Se propone que en esta nueva ley se determinen las condiciones para la importación definitiva de los vehículos usados y evitar con ello que el Ejecutivo, a través de su facultad reglamentaria, obligue a los importadores a lo imposible como es el presentar documentos que no se pueden conseguir ?como ya lo comentamos?, referentes al certificado de origen de los vehículos, para lo cual en el artículo 4 del proyecto se señalan claramente los documentos que serán necesarios para la importación definitiva de los vehículos: el pedimento de importación, el título de propiedad del vehículo, la calca o fotografía digital del número de identificación vehicular, la identificación oficial del importador o el Registro Federal de Contribuyentes y, cuando sea necesario, el comprobante de domicilio vigente que acredite residencia en la franja fronteriza norte. Todo lo anterior, en apego a las disposiciones de la Ley Aduanera vigente.
De esta manera los vehículos fabricados o ensamblados en los Estados Unidos de América, Canadá o México, de acuerdo con su número de identificación vehicular, podrán realizar su importación definitiva sin el pago del impuesto general de importación, de conformidad con el tratado.
Para determinar el valor en aduana del vehículo usado, se podrán tomar como referencia los precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicados el 26 de enero de 2009. Sin embargo, se establece que el importador deberá pagar sobre el 70 por ciento de ese precio, cuando sea el caso, en razón de que estos precios se incrementaron exponencialmente y sin justificación relevante alguna.
También se propone que todos los vehículos sujetos a importación mediante este ordenamiento, sean inscritos al Registro Público Vehicular en el punto de entrada al país; es decir, antes de que empiecen a circular en la república.
Por otro lado, debemos reconocer que parte de los vehículos que se importan en algunas ocasiones no cumplen con las condiciones de seguridad para los ocupantes o las disposiciones de protección al medio ambiente. En este tenor se propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Economía, participen en la inspección de los vehículos que sean sujetos a importación definitiva.
En esta tarea sería muy valiosa la participación de las entidades federativas y de los propios municipios, que podrán coadyuvar con el Servicio de Administración Tributaria en la revisión de todos los vehículos que se sometan a los trámites de importación definitiva.
Esta ley también propone fortalecer el federalismo fiscal y las haciendas públicas de las entidades federativas y de los municipios. Se establece en ella que las entidades que se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, puedan participar en la ejecución de la presente ley y sean retribuidas con parte de los ingresos captados por la importación de vehículos usados.
Para lo anterior se propone que las haciendas estatales perciban el 50 por ciento de los ingresos de la recaudación y el resto lo deberán transferir a la Tesorería de la Federación. De igual manera, los municipios podrían colaborar en la ejecución de la ley y, de acuerdo con su legislación estatal, recibir parte de estos recursos, sobre todo los municipios que se encuentran ubicados en la zona de la frontera norte del país.
Otro problema mayúsculo relacionado con la importación de vehículos es el tema de la delincuencia. En diversas localidades del país, y notoriamente en la franja y la región fronteriza del norte, circulan miles de vehículos de procedencia extranjera de manera ilegal; no tiene placas nacionales, ni tarjeta de circulación y mucho menos se conoce el nombre de su propietario.
Estos vehículos al no estar debidamente importados son los que comúnmente se utilizan por la delincuencia organizada para llevar a cabo sus actos criminales. Aunque no tenemos un registro específico de los delitos cometidos en vehículos ilegales, las autoridades policiales y administrativas han mostrado su preocupación por esta situación, porque están imposibilitados para identificar o rastrear estos vehículos, así como a sus propietarios en el caso de que hayan sido utilizados en la comisión de delitos de toda índole.
Bajo este contexto se propone entonces que los vehículos que hayan sido importados de manera temporal o introducidos al país sin sujetarse a la normatividad aduanera, bajo la complacencia de la autoridad normativa y responsable de hacer cumplir la propia ley, puedan importarse en definitiva pagando los impuestos correspondientes, actualizados desde la fecha en que se internaron temporalmente o, en su caso, pagando la multa correspondiente.
Finalmente en esta iniciativa se dejan intactos los derechos adquiridos por las comercializadoras de la frontera. que importan vehículos al amparo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en Baja California y Baja California Sur, en la región parcial de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Sonora, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2006.
Con todo lo expuesto, compañeras diputadas y compañeros diputados, sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados procedentes de la zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Señor presidente, le ruego que el texto íntegro de la presente iniciativa sea insertado en el Diario de los Debates y sea turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictaminación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Ortiz González. Túrnese a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La diputada Graciela Ortiz González está de acuerdo en que quienes deseen adherirse a su iniciativa lo puedan hacer. Por favor pasen a la Secretaría a firmar la documentación correspondiente. Tiene la palabra el señor diputado David Hernández Pérez.
El diputado David Hernández Pérez: Muchas gracias, presidente, con su permiso. Ahora resulta que tener más de 45 años de edad y tener experiencia laboral va en perjuicio de quienes ya están en esas condiciones. La realidad nacional en materia de economía muestra el altísimo costo social en la toma de decisiones. Ahora van compañeros trabajadores con la intención de que sean contratados por algunas empresas, y por el hecho de que ya tienen más de 45 años es su principal defecto.
De qué sirve que, por ejemplo, que como Clarita Gómez Caro, aquí presente, como secretaria general del Seguro Social de los trabajadores en Jalisco, estén haciendo un trabajo excelente en el Seguro Social, en el ISSSTE, en las instituciones de salud, para que mejoremos nuestro nivel de vida y que podamos aspirar a tener mayores años de vida, si a final de cuentas no podemos trabajar.
En este sentido, los índices recientes económicos muestran que hay alrededor de 20 millones de gentes que están arriba de los 45 años y que son población económicamente activa. En ese sentido, los priístas presentamos ante este pleno, una iniciativa que permita contratar a estos trabajadores y que sean incentivadas las empresas.
La población ocupada en el sector informal es de 28 por ciento, y de estos, muchos, una gran mayoría son mayores de 45 años. Son 23 millones de personas, las que les comentaba. Por eso la necesidad de presentar esta iniciativa para trabajadores de más de 45 años.
En este contexto les comento, el Partido Revolucionario Institucional presenta una propuesta de iniciativa que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta, que adiciona una fracción en los artículos 29 y 31 de la citada ley.
Esto se refiere a las deducciones fiscales para las personas físicas y morales que tengan la posibilidad de deducir hasta un 10 por ciento de los costos los salarios que apliquen para la contratación de empleados mayores de 45 años, estableciendo candados para que solamente puedan deducir montos salariales menores a cinco salarios mínimos mensuales y que las contrataciones de personas con ese rango de edad se realicen durante seis meses mínimo, para que no sea una contratación solamente por un mes. Tiene que ser mínimo seis meses y de hasta cinco salarios.
Comentaban algunos compañeros que esto iba a repercutir en los ingresos de la hacienda pública, y esto es lo contrario. Estos compañeros trabajadores que actualmente no están percibiendo recursos, no están pagando impuestos, por lo que a la hora de que ellos son contratados tienen modo de estar haciendo compras, tienen poder adquisitivo y por tanto, ese descuento, ese ahorro que van a tener los patrones, que no va a ingresarle a Hacienda, va a entrar vía el pago de impuestos de los trabajadores.
Es decir, un ejemplo, contratado un trabajador de cuatro salarios mínimos destinaría 4 mil 168 pesos para adquirir bienes gravados con el impuesto al valor agregado, lo cual generaría un IVA por un monto de 667 pesos.
Por lo anterior expuesto presentamos a consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto para, en el capítulo II de las deducciones, de la sección uno, de las deducciones en general, en el artículo 29: "los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes". Se agrega un párrafo doce: "la décima parte de los gastos que se generan por el pago de salarios y en general por la adquisición de servicios personales subordinados de personas de 45 años. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos; y tratándose de deducciones por salarios y en general, por contratación de servicios de personal subordinado de mayores de 45 años, como señala la fracción XII, el artículo 29 de esta ley se refiere a empleados que hayan sido contratados por un periodo mínimo de seis meses continuos y sean contratados con un salario inferior a cinco salarios mínimos en la zona geográfica que se trate".
Y por presiones de tiempo le solicito, presidente, que sea integrado el documento completo en el Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Hernández Pérez. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates, y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 26 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
La diputada Rosalina Mazari Espín: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados: Rosalina Mazari Espín, diputada federal del IV Distrito por el estado de Morelos en esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento a consideración de este pleno una iniciativa que adiciona el artículo 26 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
El cobro de energía eléctrica a los usuarios es un problema recurrente que enfrenta la sociedad mexicana. Los usuarios reciben, sin justificación, cobros desproporcionados en su facturación en comparación a sus consumos que en periodos anteriores, incluso anuales, han pagado el argumento de ajuste a los consumos; como explicación viciada por el prestador del servicio, ha creado abusos económicos hasta de un 200 y 300 por ciento por cobros estimados de forma discrecional, con el argumento de aumento del consumo por parte de los usuarios, el mal estado de las instalaciones de medición y el robo supuesto del fluido eléctrico por los beneficiarios.
El control que por mandato constitucional se otorga al Estado mexicano en la generación, transmisión, distribución y abasto de la energía eléctrica a través de la Comisión Federal de Electricidad, no exime a los funcionarios y trabajadores, de cumplir y someterse a la ley mediante un servicio correcto y un cobro justo al consumo efectuado por los usuarios.
En la práctica, en una mayoría los verificadores de los sistemas de medición en hogares, pequeños negocios, empresas e industrias, de forma propia, omisa y mala fe, establecen montos que no justifican el consumo realizado.
Hogares que por años cuentan con los mismos aparatos eléctricos, lámparas y usos de ahorro de energía eléctrica, pero de manera impositiva se fijan cantidades que sobrepasan los ingresos completos a un integrante de familia económicamente activo.
Se ha agudizado en muchos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, los acuerdos ilegales mediante extorsión al usuario, de estimar en los recibos de pago menor consumo, a pesar de que en la realidad el suministro es igual o menor, pero por hacer realidad éste y evitar en papel poner un consumo mayor, se piden propinas y pagos en especie, lo que origina una grave corrupción.
La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su artículo 26, establece los derechos que la Comisión Federal de Electricidad tiene sobre los usuarios en el corte inmediato por falta de pago del suministro y señala una serie de supuestos.
El principio de legalidad, certeza y seguridad jurídica, que otorga la Constitución, debe establecer en toda ley ordinaria derechos entre partes, que en igualdad de condiciones, facultades y deberes, permita un equilibrio entre el prestador y usuario de los servicios, sin que uno abuse del otro.
Ante esto se propone un artículo 26 Bis del ordenamiento en la materia que limita los excesos de cobro sin una justificación comprobada; un promedio base legal cuando se incurra en responsabilidad del usuario y el beneficio de nulidad de pleno derecho por abuso del prestador en el cobro.
Una petición ciudadana también incluye que se avise previamente a los usuarios de los cortes de energía eléctrica por mantenimiento de las redes de transmisión y suministro, que permita la precaución a los hogares, negocios, empresas e industriales, del cuidado de sus bienes o servicios que otorgan, que pase de 48 horas a tres días efectivos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 26 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar de la siguiente forma:
Artículo 26 Bis. El cobro en ajustes o montos al usuario se restringe al promedio de pago de otras facturaciones y estará sujeto a comprobación de la Comisión Federal de Electricidad antes de proceder al corte del suministro de acuerdo a lo siguiente:
1. En casas habitación y pequeños comercios los estimados, ajustes y compensaciones por adeudo de pago por ningún motivo serán por un periodo superior a un año, a partir de la notificación del requerimiento; en industrias y empresas hasta dos años.
2. La asignación del monto por adeudo de pago se basará en la proporcionalidad al consumo cotidiano del usuario, resultado de un promedio por estimar hasta siete facturaciones anteriormente pagadas a la Comisión Federal de Electricidad.
3. Los usuarios en sus instalaciones de medición serán inspeccionados periódicamente para detectar fallas, que se notificarán inmediatamente al usuario. De forma anual se hará constar en su facturación la correcta operación de su medidor.
4. Es nulo de pleno derecho cualquier cobro por adeudo, sin cumplir los requisitos antes descritos.
5. Todo corte de suministro de energía eléctrica por mantenimiento y conservación de las instalaciones procede, previo aviso a los usuarios con 72 horas de anticipación.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Mazarí Espín. Túrnese a la Comisión de Energía.
Le pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se informa que hasta el momento hay una asistencia de 406 diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Señoras diputadas y señores diputados, nos honran con su visita alumnos del Colegio Helen?s de Ciudad Satélite, Naucalpan, estado de México. Sean bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal.
El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín: Con su venia, diputado presidente. Por economía parlamentaria solicito que se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Señoras diputadas y señores diputados, ¿se han preguntado alguna vez cuántos niños son víctimas de abuso sexual o de explotación sexual con fines comerciales en nuestro país? Seguramente no encontrarán ningún dato oficial al respecto pues en la mayoría de los casos estos delitos no son denunciados, ya sea porque muchas veces los menores no saben expresar lo que les pasó. Las autoridades desestiman su dicho, o los padres ocultan lo sucedido, pues en un alto porcentaje los agresores son personas cercanas a la familia; pero tampoco se denuncia. Porque el hecho mismo de acudir al Ministerio Público y participar en un proceso penal provoca afectaciones adicionales a la víctima debido a la forma en que actualmente está diseñado el sistema de procuración e impartición de justicia en nuestro país.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, yo les pregunto ¿qué harían ustedes si su hijo fuera víctima de uno de estos delitos? ¿Acudirían ante el Ministerio Público sabiendo que, probablemente, le tomarán la declaración en el mismo lugar donde convergen delincuentes y que le harán repetir la historia en varias ocasiones? ¿Expondrían a su hijo a que un médico legista o un psicólogo no especializado en menores, le practique infinidad de exámenes haciéndole revivir una y otra vez los horrendos hechos que conculcaron su intimidad? En efecto, diputados, quizá no lo haríamos, como tampoco lo hacen muchos otros padres quienes se niegan a exponer a sus hijos ante tales experiencias denigrantes.
De ahí la falta de denuncia, de ahí el temor a que los niños nuevamente sean víctimas ahora de las propias instituciones; es decir, que sean revictimizados.
Es así, que precisamente esta iniciativa pretende convertir esta revictimización institucional en el procedimiento y el procedimiento actual, la duplicidad de peritajes, el obligar al niño a repetir la historia traumatizante, la falta de asesoría y atención especializada para la realización de exámenes médicos o psicológicos, que incluso pueden llegar a resultar invasivos de su intimidad, el tener que presentarse a la inspección y reconstrucción de los hechos o la forma en que tiene que confrontarse con el posible agresor son tan sólo ejemplos de lo que puede llegar a enfrentar un menor y que desalienta la presentación de la denuncia, al mismo tiempo que se abre un amplio margen para que los agresores sigan actuando con total impunidad.
Esto es muy grave, porque recordemos que un pederasta no abusa una sola vez, ni de una sola persona. Además, de que si no se le da la atención a las víctimas las consecuencias pueden ser para toda la vida.
Por estas circunstancias esta iniciativa propone proporcionar asistencia legal, médica y psicológica especializada para menores víctimas, así como seguimiento a su recuperación postraumática, limitar la publicidad de las audiencias, videograbar las audiencias en donde participen menores, otorgar la posibilidad de que cualquier persona pueda denunciar un delito cometido contra un menor y participar en el proceso penal, pues muchas veces es la maestra en la escuela o alguna vecina, quienes se dan cuenta de la agresión sexual y actualmente no tienen legitimación jurídica y, por tanto, no pueden participar en el proceso, videograbar y tomar la declaración del menor en lugar apto. Celeridad en la resolución de los asuntos, candados en la práctica de la confrontación, a fin de salvaguardar la identidad y seguridad del menor, valoración de la prueba tomando en consideración las características de los menores y su grado de desarrollo.
Por último, esta iniciativa también propone que sea reformado el plazo para la prescripción de la pretensión punitiva, respecto de los delitos de índole sexual en contra de los menores de edad, a efecto de que el plazo de prescripción comience a correr a partir de que el niño o niña cumpla 18 años, dándose un margen lógico para que la víctima pueda denunciar, ya que en muchas ocasiones cuando la víctima cobra conciencia de lo sucedido y decide denunciar, ya transcurrió el plazo de ley dejando impunes los delitos y con un gran margen de actuación a los pederastas.
Señoras diputadas y señores diputados, este tema no admite diferendos políticos e ideológicos, por lo que los invito a que se sumen a la lucha contra los pederastas y, a su vez, combatamos la revictimización institucional de la que son sujetos los menores en nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia.
La diputada Yolanda de la Torre Valdez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada. Dígame, diputada De la Torre.
La diputada Yolanda de la Torre Valdez (desde la curul): Si me permite el diputado adherirme a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, la diputada De la Torre solicita adherirse. ¿Tendría algún inconveniente usted?
El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín (desde la curul): Ninguno, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El diputado acepta que se adhieran las compañeras diputadas y los compañeros diputados que gusten hacerlo. Pasen por favor a la Secretaría, para poder suscribir el documento correspondiente.
Tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada Castillo.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Una pregunta, diputado presidente. Le quiero solicitar información con relación a las razones por las cuáles se encuentra la Policía Federal Preventiva aquí en los escalones del propio recinto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Porque están encargados de vigilar la seguridad de todas y todos los señores diputados. Ése es el tema y esa es la respuesta que le puedo a usted proporcionar.
El diputado César Augusto?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Fernández Noroña, dígame.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No se moleste, diputado presidente, es una facultad que usted tiene, el asunto de la seguridad.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Pero le queremos compartir la preocupación que siendo la casa del pueblo parece excesivo. Nos hemos encontrado, como dijo la diputada Laura Itzel Castillo, en la escalera aquí para subir a nuestras oficinas, decenas de PFP con escudos, toletes, cascos y todo este asunto, que realmente no sólo es excesivo, sino que le pediríamos de manera respetuosa y sensible, que revisara esta situación porque no hay ninguna razón para ello, nos parece.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No nos molestamos, diputado, al contrario, le estamos dando la información y la respuesta que no tiene ningún otro doblez. Yo estoy obligado a tener y mantener la seguridad de las señoras y señores diputados y para ese efecto es por lo que lo estamos haciendo. Ninguna otra razón. Tiene el uso de la palabra el señor diputado César Augusto Santiago Ramírez.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Quiero presentar esta iniciativa que tiene un tema, para mi gusto, de la mayor importancia, pero en vez de leer el texto prefiero compartir con ustedes una reflexión, porque creo que es una tarea común de todos los diputados el cumplir con este rito republicano de la Cámara, que anualmente solía realizarse con la mayor exactitud.
Es mi convicción que desde la instauración del gobierno panista este rito ya no se cumple, de manera lamentable, diría yo. Hay tres eventos al final de cada año de naturaleza económica que le tocan a la Cámara resolver, algunas, dos de ellas, de manera exclusiva.
Lo primero es la posibilidad de decidir en la soberanía popular los impuestos y las contribuciones que se harán a la ciudadanía para poder garantizar el ejercicio fiscal del año siguiente.
El segundo tema es la aprobación, discusión y dictaminación del Presupuesto de Egresos de la Federación, que acaba de concluir, y solía ser tan importante como los dos anteriores, la discusión y la aprobación de la cuenta pública.
Este asunto, amigas y amigos legisladores, desde el año 2003 ya no se da en esta Cámara. Es decir, la última cuenta pública discutida y aprobada en la Cámara es la que corresponde al ejercicio fiscal del año 2002.
No puede esta soberanía legitimar el cinismo que convierte la rendición de cuentas en un ejercicio de fuegos fatuos; es decir, comentarios, declaraciones, expresiones fuertes en los medios y en la ejecución de las tareas cotidianas de revisión y rendición de cuentas, nula eficacia y efectividad.
No podemos seguir en este ejercicio que cotidianamente escuchamos, de que un gobierno para ser democrático tiene que sustentarse en el principio de rendición puntual de sus cuentas Peor aún, no puede la Cámara de Diputados eludir este debate con la única circunstancia de que como el plazo límite era en el mes de septiembre y el mes de septiembre ya pasó, hagamos caso omiso del evento para no discutir con prontitud las cuentas públicas a que tenemos derecho y obligación ética, legal y moral.
Mi iniciativa trata de dar una solución a este problema, no es nada nuevo, es un tema que de manera recurrente se presenta en la Cámara. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tiene esa facultad, pero no la ha ejercido, no tiene tiempo. Sería injusto insistir en que fuera esta comisión la que al final de cuentas establezca la circunstancia de dictaminación de la Cuenta Pública.
Tan no es eficaz, tan no es posible que vean ustedes que no hemos dictaminado ya Cuentas Públicas tan importantes. Existen las modificaciones a la ley de la materia, de 1999, que dan un procedimiento exhaustivo para la revisión de la Cuenta Pública.
¿Qué estoy proponiendo en esta iniciativa? Primero, con todo afecto para las legisladoras y legisladores, que concluyamos el ciclo en materia económica que está omiso en su parte para mí más importante; el de la rendición de cuentas.
Segundo, que discutamos, con base en esta iniciativa, si debe seguir siendo la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública quien dictamine la Cuenta Pública, o pasemos esta actividad a la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, que cuenta con los elementos, con la disposición y con la capacidad para poder hacerlo, y sólo le falta la voluntad de ustedes para que pueda hacerlo con eficacia.
Ésta es la iniciativa. La dejo aquí a consideración de todos ustedes. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado César Augusto Santiago Ramírez. Túrnese a las Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Sí, diputado. Diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Quisiera pedirle, diputado presidente, si le solicita al diputado César Augusto Santiago que me permita sumarme a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado César Augusto Santiago, ¿tiene usted inconveniente en que se sume el diputado Fernández Noroña?
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): No, señor presidente, ningún inconveniente. Entre más se sumen, mejor.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien. El señor diputado acepta se sumen, así que las señoras y señores diputados que deseen adherirse a la propuesta del diputado César Augusto Santiago, pasen por favor a firmar el documento correspondiente.
Se pospone la intervención de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, para la siguiente sesión.
Señoras diputadas y señores diputados, la Mesa Directiva participa a ustedes el reciente fallecimiento del señor Eladio de la Cruz Maldonado, quien fuera diputado federal suplente por el II distrito de Tabasco.
Expresamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos, e invito a todos los presentes a ponernos de pie para guardar un minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
Muchas gracias. Descanse en paz.
Pasamos al capítulo de proposiciones.
Se recibió proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al titular de Sagarpa, para que en el diseño del Procampo se consideren estrategias que permitan otorgar una mejor asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios de dicho programa, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. Debe turnarse a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibió del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición por la que se exhorta a los titulares de Sagarpa, de la Sener y de la Semarnat, a diseñar e implementar un Programa Nacional de Biocombustible para fomentar el desarrollo económico regional, reducir los efectos del calentamiento global y apoyar el desarrollo de las cadenas productivas, a fin de revertir el deterioro de los ecosistemas que existen en el país. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía, de Agricultura y Ganadería, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se recibió del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de Sagarpa, de Sedesol, del DIF y del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que haya una coordinación interinstitucional que implemente un plan piloto nacional de autoproducción alimentaria, en el que participen de manera activa las familias rurales y urbanas para que, a través de huertos y granjas produzcan al menos una parte de los alimentos que necesitan e inicien un proceso de desarrollo duradero. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Desarrollo Social.
Se pospone la participación de la diputada Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para la próxima sesión.
Tiene la palabra la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita al titular de la Secretaría de Educación del estado de Jalisco que asigne el envío periódico y permanente de profesionales de la atención psicoeducativa y psicosocial en las escuelas primarias y secundarias del estado de Jalisco. No estando presente, pasa al final de las proposiciones.
Tiene la palabra la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los rectores de las universidades públicas del país la creación de estancias infantiles destinadas a brindar el servicio de guarderías para las hijas y los hijos de las estudiantes de estas instituciones, con el propósito de evitar su deserción y brindar apoyo en el desarrollo educativo de las mismas.
La diputada Martha Elena García Gómez: Con su permiso, señor presidente. En México, de acuerdo con las cifras del Segundo Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (Inegi), 103 millones 263 mil 388 personas, de las cuales 33 mil 774 son personas jóvenes entre 12 y 29 años de edad, lo que representa un 32.7 por ciento de la población.
De esta población juvenil, 48.52 por ciento son varones y 51.48 por ciento son mujeres. De la población joven, 24.7 por ciento asiste a la escuela. El porcentaje de asistencia escolar de los hombres jóvenes es de 26.1 por ciento y en las mujeres de 23.5 por ciento. El promedio de escolaridad de los hombres jóvenes es de 8.6 años por 8.5 años de las mujeres.
Hacemos mención a estos datos porque vamos a referirnos a uno de los problemas que influyen notoriamente en la deserción escolar de las mujeres y, de manera particular, en la deserción escolar de las madres estudiantes, planteando una propuesta de apoyo que les permita continuar y terminar su carrera profesional, permitiéndoles a futuro un mejor desarrollo personal, profesional y, sobre todo, eliminar obstáculos que eliminen la equidad entre los géneros.
Cuando se habla de embarazo y jóvenes estamos hablando de cosas que van más allá de una etapa del desarrollo y la reproducción biológica. Aunado a esto, el problema de la continuidad escolar de estudiantes que se embarazan, que se convierte también en una preocupación de las autoridades educativas.
De esta manera, cuando una joven en edad escolar se embaraza tiene por doble partida elementos que complican su permanencia en la escuela, considerando que el embarazo en mujeres jóvenes, menores de 20 años, conllevan un alto riesgo a la salud, que se potencializa cuando existe un estado de desnutrición.
Cuando una joven estudiante decide continuar en la escuela, en no pocas ocasiones recurrirá a solicitudes de justificación de ausencia o retardo, permisos, bajas o distanciamiento definitivo que se originan en problemas de índole doméstico como enfermedad de las hijas o de los hijos, o la atención de diversos problemas familiares que deberán de ser resueltos por ellas.
Enfermedades también que muchas veces ellas tienen que padecer, ya que en la mayoría de los casos no cuentan con apoyo familiar o institucional. Esto a la vez origina en las jóvenes procesos de angustia, miedo, baja autoestima e inseguridad, entre otros; y que necesariamente se reflejan en la ruptura y abandono de proyectos de vida personal.
Debemos abonar para reducir la brecha de desventaja que sufren las jóvenes estudiantes, con respecto al resto del universo estudiantil de acuerdo con su natural situación al compromiso y al esfuerzo que implica ser madre, que carece del apoyo necesario para el cuidado de sus hijos y para destinar adecuadamente el tiempo que requieren el resto de sus tareas.
Por ello, proponemos que las instituciones educativas coadyuven y apliquen soluciones para garantizar apoyos a las madres jóvenes estudiantes, que deben cumplir con las actividades relativas a su maternidad y de estudiantes a la vez, estableciendo estancias infantiles que les permita dejar a sus niñas y sus niños en un lugar adecuado para su desarrollo y así poder, de manera segura y confiada, avanzar en sus estudios.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se solicita a los rectores de las universidades públicas del país la creación de estancias infantiles, destinadas a brindar el servicio de guardería para las hijas y los hijos de las estudiantes de estas instituciones, con el propósito de evitar su deserción y brindar apoyo en el desarrollo educativo de las mismas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Equidad y Género.
Tiene la palabra la diputada Olivia Guillén Padilla para hacer la proposición acerca de la Secretaría de Educación Pública del gobierno de Jalisco. Sí, diputada Pérez de Tejada, dígame.
La diputada María Elena Pérez de Tejada (desde la curul): Para felicitar a la diputada y para saber si me permite adherirme a la iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Le preguntaría a la diputada Martha Elena García Gómez, si acepta que se adhieran a su proposición.
La diputada Martha Elena García Gómez (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta la diputada. Así que todas las compañeras y compañeros que deseen adherirse, favor de pasar a la Secretaría para efecto de suscribirla. Adelante, diputada Oliva Guillén.
La diputada Olivia Guillén Padilla: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
La dinámica en el crecimiento de las ciudades, la desintegración cada vez mayor de la familia mexicana y la baja en la calidad de vida nos enfrenta a nuevos y complicados problemas sociales; con el paso del tiempo se han traducido en una alarmante descomposición social. Esta situación no sólo afecta a la familia como núcleo de la sociedad, sino que penetra en el individuo y se refleja de manera negativa en su comportamiento como ser social.
Todos estos factores han propiciado el aumento de un problema social alarmante: el incremento de la detección de trastornos de la conducta y de la personalidad en los niños y jóvenes.
Por ello cada vez más se presentan casos de menores infractores entre 11 y 15 años, que en su mayoría también terminan por elevar las cifras de reprobación y deserción en los niveles primaria y secundaria de Jalisco.
Esto nos indica que los jóvenes tienen necesidades tanto materiales como personales, por lo que se requiere de personal profesional competente para responder de manera oportuna y acertada a sus demandas, ya que la situación social en la que se encuentran muchos niños adolescentes y jóvenes los expone a estados de depresión grave, trastornos de estado de ánimo, de periodos prolongados de ansiedad, impulsividad y sensación de desesperanza.
El analizar las manifestaciones alarmantes de la conducta en estos niños y jóvenes no es una tarea que debe ser atendida por los docentes de estos dos niveles de estudio. Por este motivo, es urgente solicitar a las autoridades educativas de Jalisco que atiendan este problema latente en las escuelas primarias y secundarias; con el envío de personal especializado en la orientación psicoeducativa y social que integren una labor preventiva ante la aparición de comportamientos preocupantes en este sector de la población.
No hay que olvidar que la escuela y la familia son los más importantes agentes educativos y socializadores en los jóvenes, en los que se debe favorecer los factores de socialización. Con este esfuerzo estaríamos identificando y eliminando motivaciones y/o causales de estos trastornos en las primarias y secundarias en forma oportuna, lo que nos permitiría una prevención y atención efectiva, anticipándonos a la formación de estructuras, tanto de los niños como de la comunidad-sociedad favorecedoras de estos patrones nocivos de conducta.
La prevención desde las primarias y las secundarias sería un avance muy importante en la intención de combatir las causas de problemas desde una perspectiva global como parte de una estrategia de reforzamiento de los mecanismos de socialización entre los niños y jóvenes ante la sociedad.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Por el que se exhorte al titular de la Secretaría de Educación de Jalisco, a asignar el envío periódico permanente de profesionales de la atención psicoeducativa y psicosocial en las escuelas primarias y secundarias de Jalisco. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a informar a esta soberanía sobre la ubicación, funcionamiento y supervisión de los puntos de verificación que existen en el país, y de igual forma se exhorta a los gobiernos estatales a determinar las medidas necesarias a fin de que se cumpla con los reglamentos establecidos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción.
El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero: Con su permiso, compañeras diputadas y compañeros diputados. En los últimos años nuestro país ha incrementado su red carretera tanto en vías federales, libres y de cuota, así como vías estatales.
El esfuerzo del gobierno y de la iniciativa privada, en algunos casos, están logrando la rápida comunicación entre los pueblos, se están destinando miles de millones de pesos, como lo vimos en este Presupuesto de Egresos que aprobamos el día de ayer y que es el rubro más requerido tanto por los gobiernos federal, estatal, municipal y diputados de esta soberanía.
Para que esta red carretera crezca y se le dé mantenimiento, lamentablemente el abuso de algunos transportistas en exceder de peso su carga y medidas permitidas y en otras la mala calidad de las carreteras, han ocasionado su pronta destrucción, teniendo como consecuencia infinidad de accidentes, miles de ellos fatales; asimismo de inversión extraordinaria por parte del gobierno en el mantenimiento de sus carreteras, provocando que sólo el 27 por ciento de las carreteras federales se encuentren en buen estado.
La simple conservación de las carreteras no basta para reducir los números rojos en los que nos encontramos ni para satisfacer el reclamo constante de los ciudadanos, ya que así se atiende solamente el problema de forma.
Lo que se debe buscar es dar cumplimiento eficaz a las disposiciones expresadas en los reglamentos propios de la materia.
La ineficacia en la operatividad de los reglamentos que atienden el tránsito federal, se muestra con la notable circulación de vehículos con exceso de carga que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal y estatal, lo cual trae como consecuencia la destrucción rápida y progresiva del pavimento, provocando grietas, baches, ondulaciones, y demás desperfectos que dificultan el tránsito vehicular y contribuyen a que los accidentes viales se hayan incrementado de manera acelerada en los últimos años, hasta llegar a ser una de las principales causas de muerte en nuestro país.
De esta manera y con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración de este pleno el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que informe a esta soberanía sobre la ubicación, funcionamiento y supervisión de los puntos de verificación de peso y medidas vehiculares que existen en el país y de igual forma se exhorta a los gobiernos estatales para que determinen las medidas necesarias, a fin de que se cumpla con los reglamentos establecidos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Transportes.
Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que fije un incremento salarial para el año 2010, de al menos 6.5 por ciento, y a esta soberanía, para que constituya un grupo de trabajo encargado de elaborar las reformas necesarias para que sea la Cámara de Diputados la instancia que fije los incrementos de los salarios mínimos.
El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. El suscrito, diputado Ramón Jiménez López, pone a consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo.
Consideraciones
La paz social se está violando, se está violentando y se está convirtiendo en una verdadera utopía en el marco de una política instrumentada desde el gobierno federal, que opta de manera sistemática por desconocer los derechos del pueblo mexicano, por arrinconarlo en el papel de perdedor. Muy por el contrario, la política debe ser la construcción de equilibrios en el marco de la justicia.
En este orden de ideas, cada vez es más sentido el reclamo de que los aumentos a los salarios mínimos sean fijados por esta honorable Cámara de Diputados, en virtud de ser factor esencial para la economía nacional y la justicia social.
En tanto se aprueban las reformas necesarias al efecto, urge que el incremento a los mínimos para el 2010, que habrá de fijar en una semana la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, no sólo ya no quede a la zaga de la inflación, como ya se ha hecho costumbre, sino que sea superior a ésta en uno o dos puntos porcentuales, por lo menos, a efecto de que el salario vaya recuperando la pérdida que ha acumulado y que desde 1982 al 2009 alcanza ya una pérdida de 82.17 por ciento, de acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.
Este deterioro se agrava aún más como consecuencia del inconstitucional paquete fiscal recientemente aprobado por la mayoría de esta Cámara de Diputados.
Es mentira que ya nadie perciba el salario mínimo en el país ya que, según los datos del INEGI, al segundo trimestre del presente año 5 millones 622 mil 317 personas ganan el salario mínimo. Si a estas personas sumamos los trabajadores que obtienen hasta tres salarios mínimos, nos encontramos con que casi 24 millones de trabajadores, que representan el 54.9 del total de la población ocupada, está en esta circunstancia.
De esto se desprende que el aumento a los salarios mínimos define los niveles de bienestar o de hambruna de la mayoría de la población.
Por otra parte, el aumento a los mínimos sirve como referencia a los aumentos contractuales, sacrificados por topes injustos e inconstitucionales. Imposible que las variables macroeconómicas se sigan sosteniendo básicamente sobre el sacrificio salarial de los trabajadores.
Es también indispensable un incremento justo a los mínimos si partimos de que el desempleo sigue aumentando de manera desenfrenada. La tasa de desempleo a septiembre de este año nos habla del 6.44 por ciento, para dar un total de 2 millones 930 mil personas sin trabajo ?y eso que estamos con el presidente del empleo? sufriendo, diría yo, los avatares de esta situación tan dramática para nuestro país.
Sólo en el último año se han perdido 540 mil empleos formales, según reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social y en total, tomando en cuenta el empleo informal, se estima que son, solamente en este año, más de 900 mil desempleados los que se suman a este ejército incontrolable.
Es evidente que a mayor desempleo el salario percibido por los trabajadores en activo debe compartirse con un mayor número de personas.
Quiero hacer referencia a que tan solo en el año de 1976 y en el período en el que estuvo como secretario de Trabajo el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, el salario mínimo de aquel tiempo, que era de 38 pesos con 70 centavos, alcanzaba para comprar 43 kilos de tortillas, porque estaba a 90 centavos el kilo de tortillas. De esos 43 kilos de tortillas que en aquel período se compraban con un salario mínimo, hoy ni siquiera alcanza para comprar seis kilos de tortillas. Qué desgracia la de nuestro pueblo.
Por todo lo expuesto y fundado, además pidiendo al Presidente que se incluya el texto completo de este escrito, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorte a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que se fije un aumento a los salarios mínimos para el 2010 de al menos 6.5 por ciento, no sólo viendo el bienestar de la inmensa mayoría de los mexicanos que viven de su trabajo, sino para impulsar el crecimiento económico y la paz social. De manera que a partir de ahora, se dé inicio a un proceso para abatir la pérdida acumulada por estos salarios mínimos.
Segundo. Se exhorta al pleno de la honorable Cámara de Diputados a crear un grupo de trabajo que elabore el paquete de reformas necesarias a fin de que sea esta misma Cámara la que determine los incrementos a los salarios mínimos, suprimiéndose a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por haber incumplido de manera sistemática su obligación constitucional de fijar salarios dignos a favor de los trabajadores. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tal como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Muñoz Ledo ¿desde la curul, diputado?
El diputado Porfirio Muñoz Ledo (desde la curul): Si me permite subir.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Préstenle un banquito al diputado. Pase, por favor.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Quiero agradecer la amable mención que ha hecho de mi persona y de una política de Estado, el señor diputado, mi amigo Ramón, que acaba de tomar la palabra. Creo que éste es un asunto fundamental para la nación, tanto o más que el llamado paquete fiscal.
Hay dos métodos y nada más dos para redistribución el ingreso en el corto plazo. Uno es el régimen fiscal, por el carácter equitativo y proporcional con que se grave a los ciudadanos y por la distribución del gasto fiscal, al cobrar y al gastar. Otros son los métodos de medio plazo: educación, evolución científica y tecnológica, mejoría de la salud pública, cohesión social, equidad de género, etcétera.
En México se ha castigado el salario ?y quiero que tomen nota? más que en cualquier otro país del mundo. El salario mínimo llegó a ser 80 por ciento; es decir, ha perdido 80 por ciento el salario mínimo desde 1976. Esto reduce el poder de compra y ningún ejercicio de recuperación económica puede funcionar. Los países del Grupo de los 20 han decidido en corto plazo implementar medidas que permitan transferir recursos a las clases laborales y a las clases medias.
El instrumento privilegiado es el salario mínimo, porque reduce o comprime la economía informal y porque disminuye la enorme brecha salarial que hay en el país, e incluso en el seno de una empresa u organismo público.
En México, por decreto, puede ganar en una misma fuente de trabajo un ciudadano 100 veces más que otro; es un caso de un secretario de Estado o un secretario de Cámara, que gana 400 mil pesos, cuando el empleo más modesto no llega a 4 mil. No es por accidente la desigualdad en México, que es la más grande del mundo; es una desigualdad por decreto.
De ahí que sea absolutamente pertinente la recomendación o el exhorto a las autoridades del trabajo, en particular a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que eleve este año, cuando menos, en un 6 por ciento el índice de salario mínimo.
Ahora, la solución de fondo ya ha sido planteada en varias ocasiones. Es una solución que desaparezca un órgano obsoleto, de carácter corporativo y al servicio del gobierno, que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y esta función pase a ser jurisdicción de la Cámara de Diputados.
Esta jurisdicción se ejercería por medio de un sistema de evaluación anual de la pérdida del salario. No es lo mismo la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo con la inflación, repito, la inflación es general, cada categoría de ingreso y de salario tiene su propia canasta de consumo, donde puede pesar más la vivienda, la alimentación, la escuela o el transporte.
Los cálculos de la universidad es que el salario mínimo perdió este año 18.5 por ciento de su capacidad adquisitiva. La inflación mide desde una aguja y una tortilla, hasta un submarino y un Mercedes Benz. No tiene relación con la capacidad adquisitiva de cada categoría de trabajadores.
Volvamos sobre el debate laboral en este Congreso. Quiero recordar que el señor Lozano, que es el antitipo del funcionario republicano, interrumpió su comparecencia, y que deberá ser citado en donde se decida, en este pleno, en la Comisión del Trabajo o en Comisiones Unidas del Trabajo y de Derechos Humanos. Tendremos ocasión de impulsar entonces y a toda hora, una reforma fundamental para México. Muchas gracias. Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Muñoz Ledo. Tiene la palabra el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que rinda un informe detallado en un plazo no mayor de 30 días naturales sobre el ejercicio de sus facultades en materia de control sanitario de la publicidad que contenga los permisos autorizados y negados, los procedimientos jurisdiccionales en que se han impugnado sus negativas y el sentido de las resoluciones recaídas a los mismos, las sanciones que ha aplicado, incluyendo a los sujetos sancionados y las multas que efectivamente se han cobrado.
El diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Con su venia, señor presidente. Los suscritos diputados federales Alfredo Francisco Lugo Oñate, Reginaldo Rivera de la Torre, y el de la voz, presentamos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 4o. el derecho a la protección de la salud como una garantía individual. En este sentido la denominada salubridad pública o general, corresponde a la parte del derecho a la protección a la salud.
Por su parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, es atribución de la Secretaría de Salud actuar como autoridad sanitaria.
En lo que toca a la publicidad, el artículo 300 de la Ley General de Salud Pública dispone, con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la autorización de la publicidad que se refiera a la salud y a los alimentos, entre otros.
De igual manera, en los artículos 17 y 17-Bis, de la Ley General de Salud, se establece que estas atribuciones de regulación, control y fomento sanitario se ejercerán por conducto de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios.
Por otra parte, la propia Ley General de Salud en materia de publicidad señala que es objeto de autorización sanitaria la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los siguientes productos y servicios que, entre otros, se señalan insumos a la salud y a la alimentación.
Por su parte, en términos del reglamento de la citada referencia legal, se entiende por publicidad la actividad que comprende todo proceso de creación, planificación, ejecución y difusión y anuncios publicitados.
Por todo ello, consideramos que la Ley General de la Salud obliga a la dependencia correspondiente a establecer y ajustarse a la publicidad de los productos y servicios mencionados, dentro los que destacan por su contenido la conservación, propiedades nutritivas y beneficios que deben señalar todos los productos en materia de salud y alimentación.
Por lo anterior, presentamos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de acuerdo
Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicite a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, rinda un informe detallado en un plazo no mayor de 30 días naturales, sobre el ejercicio de sus facultades en materia de control sanitario y de la publicidad, en los que se incluyan en forma enunciativa, más no limitativa, una relación que abarque los últimos 3 años y que contenga los permisos autorizados y negados; los procedimientos jurisdiccionales en que se han impugnado, sus negativas y el sentido de las resoluciones de cada una de ellas; las sanciones que han aplicado, incluyendo a los objetos sancionados y las multas que efectivamente se han cobrado.
Solicito a la Mesa Directiva, haga favor de incorporar íntegramente el punto de acuerdo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud.
Diputado Benítez, ¿deseaba hacer uso de la palabra?
El diputado Antonio Benítez Lucho (desde la curul): Señor presidente, quisiera adherirme a la proposición del señor diputado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le preguntamos al señor diputado Jesús María Rodríguez Hernández, si está de acuerdo que el diputado Benítez se adhiera a su propuesta.
El diputado Jesús María Rodríguez Hernández (desde la curul): Por supuesto que sí, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta el señor diputado. Todas aquellas y aquellos diputados que deseen sumarse, favor de pasar a la Secretaría a firmar el documento correspondiente.
Se pospone la participación del diputado Jorge Rojo García de Alba, del Grupo Parlamentario del PRI, para la siguiente sesión.
Tiene la palabra el diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía, para que rinda un informe detallado del Programa de Creación de Empleos en Zonas de Marginación, sobre los recursos y el padrón de beneficiarios, a fin de certificar que mediante dicho programa se incentiva el empleo en dichas áreas de marginación.
El diputado Heriberto Ambrosio Cipriano: Muchas gracias, señor presidente. El desempleo es una de las problemáticas que más agobian nuestro país, ante ello se han implementado programas y proyectos orientados a fomentar y generar fuentes de empleo. Un caso concreto es el Programa de Empleo Temporal, conocido como el PET, el cual tiene como objetivo realizar contrataciones temporales de personas que están interesadas en desempeñar actividades formales.
En el año 2008 se creó el Programa de Empleo en Zonas Marginadas, el cual otorga apoyos a través de reembolsos de las cuotas del Seguro Social, exenciones tributarias y financiamiento para inversión.
Cabe mencionar que se realizaron propuestas concretas para que el programa mencionado estuviera dirigido a implementarse en zonas con un alto índice de expulsión de mano de obra; sin embargo, en la práctica el programa se ejecuta y está dirigido a industrias de 50 empleos y no a las pequeñas agroindustrias de las zonas marginadas.
Cuando se promulga el decreto que lo crea, se propone destinarle de 250 millones de pesos, monto que disminuyó en 50 millones, de acuerdo a lo autorizado por esta soberanía, quedando un presupuesto de 200 millones de pesos. Elemento que genera incertidumbre con respecto a este programa, es la recalendarización de los recursos aprobados para el presente año.
En este sentido, es fundamental conocer los lineamientos, criterios y estrategias que consideró el gobierno federal para determinar que dicho recurso debía ejercerse en un plazo diferente al establecido. La Secretaría de Economía decidió que el programa comenzara a otorgar apoyos durante el último trimestre del año, concretamente de octubre a diciembre.
De igual forma, otra de las complicaciones es ocasionada por las reglas de operación del Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas, las cuales no son claras y carecen de mecanismos de seguimiento y evaluación. Asimismo, dicho marco normativo permite que la ejecución del proyecto se realice de manera discrecional, otorgando incentivos y apoyos a sectores seleccionados.
Es imperativo que los recursos autorizados se ejerzan de acuerdo a lo establecido, ya que de no ser así se está incumpliendo con el objetivo real del programa, que es la generación de empleos.
De lo que se trata es de dar sustentabilidad al programa a fin de beneficiar a un número mayor de habitantes que radican en zonas con niveles altos de marginación y pobreza. Ello, mediante el fomento de las pequeñas agroindustrias, las cuales tendrían la posibilidad de encontrar un número mayor de personal.
El actual contexto de crisis requiere de acciones viables e inmediatas dejando a un lado los intereses de diversa índole. Es momento de sumar esfuerzos y de apoyar las propuestas que permitan alcanzar un mayor nivel de crecimiento.
En razón de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía a enviar a esta soberanía un informe detallado de la aplicación del Programa para Creación de Empleo en Zonas Marginadas, el cual incluya la justificación por la cual se decidió recalendarizar la aplicación de los recursos, así como el padrón de beneficiarios inscritos a dicho programa.
En caso de no ejercerse los recursos de acuerdo al calendario de gasto, dicho monto sea destinado a apoyar actividades agropecuarias a fin de procurar reactivar a dicho sector de la economía.
Señor presidente, solicito que el texto íntegro sea inscrito en el Diario de los Debates. Por su atención, compañeros diputados, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Ambrosio Cipriano. Insértese en el Diario de los Debates, como lo solicita. Túrnese a la Comisión de Economía.
La diputada Olivia Guillén Padilla (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Diputada Guillén?
La diputada Olivia Guillén Padilla (desde la curul): Gracias, presidente. Solicito al ponente adherirme a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Preguntamos al señor diputado Heriberto Ambrosio Cipriano si está de acuerdo en que la diputada Guillén se adhiera a su propuesta.
El diputado Heriberto Ambrosio Cipriano (desde la curul). Cómo no, con mucho gusto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta el señor diputado. Aquellas diputadas y diputados que deseen adherirse, favor de pasar a la Secretaría para suscribir el documento correspondiente.
Tiene la palabra la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política acuerde la creación de la Comisión de Protección Civil o, en su caso, la integración de un grupo plural que tenga la encomienda de atender y evaluar las acciones de protección civil del gobierno federal en las comunidades rurales o regiones dañadas por los desastres naturales.
La diputada Narcedalia Ramírez Pineda: Gracias, diputado presidente. Honorable asamblea.
Durante las últimas semanas vastas regiones de nuestro país han sido afectadas por los fenómenos de la naturaleza. Ciclones y tormentas tropicales han propiciado la inundación de decenas de comunidades rurales con severidad, pero también centros de población urbanos, golpeando la economía, una vez más, de los más pobres y vulnerables, poniendo además en evidencia la frágil, insuficiente o deteriorada infraestructura de nuestros sistemas o redes de drenaje pluvial.
No podemos ocultar o negar la rápida respuesta del gobierno federal, estatal o municipal ni mucho menos la participación del ejército, ahí, donde los pueblos son dañados por la fuerza de estos fenómenos. Cada día acumulamos más experiencias en lo que se refiere a la protección civil y, aún más, a la prevención de los desastres naturales. Si acaso, falta impulsar la organización de las comunidades rurales y dotarlas de sus atlas de riesgos para ir perfeccionando nuestras políticas de prevención en los tres niveles.
Bien sabemos que los presupuestos, tanto del Fonden como del PAC, son sumamente limitados para enfrentar la magnitud de los desastres, pues además de 250 comunidades dañadas hoy en Tabasco y Veracruz, existen todavía zonas en nuestro país azotadas por inundaciones, sequías, incendios y huracanes que están esperando los apoyos que debieron de haber recibido desde hace muchos años.
Y aun cuando las reglas de operación son un poco más ágiles y sobre todo la ayuda de la sociedad civil nacional e internacional es incuantificable, hace falta, desde mi perspectiva, una presencia solidaria más creciente de nuestra representación popular, para que ninguna comunidad o sector de la población que requiere con urgencia una gestión más ágil y expedita sienta la soledad y el abandono.
Compañeros diputados, el cambio climático es hoy, sin lugar a dudas, el principal problema de nuestro tiempo. Las inundaciones y la agobiante sequía que ha afectado a nuestro país y, de la que oportunamente llamamos la atención desde esta tribuna, no son ajenas a estos indetenibles fenómenos, propiciados en parte por la conducta suicida de los hombres al deforestar sin freno, contaminar los ríos, degradar los ecosistemas, planear mal las obras de infraestructura, pero debido, sobre todo, a procesos propiciados por la propia naturaleza.
Por ello, no sólo es importante manifestar nuestra inquietud por los daños que sufren particularmente los más pobres de las zonas rurales de Tabasco y Veracruz, como lo hicieron con vehemencia nuestros compañeros diputados de esas entidades federativas en las sesiones pasadas.
Es imperativo, en esta hora, apoyar sin ninguna excusa a los campesinos que han visto inundadas sus siembras y muertas por miles sus cabezas de ganado. Hablo particularmente de Tabasco, donde más de un cuarto de millón de nuestros compatriotas claman por nuestra intervención.
Considero que es de una prioridad indiscutible formar un grupo de trabajo plural o crear la Comisión de Protección Civil de nuestra honorable Cámara de Diputados para que represente la voz y las demandas de los afectados y sea una fuente permanente de gestión y evaluación de los programas gubernamentales en este tema. Pero también tenga la capacidad de evaluar no solo las reglas de operación para hacerlas más realistas y ágiles, sino la estructura misma del aparato de protección civil del gobierno federal, responsable de atender a la población en las emergencias derivadas de los fenómenos naturales.
Por tal motivo, señor presidente, me permito elevar a la consideración de nuestra honorable asamblea el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Que la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados acuerde la creación de la Comisión de Protección Civil o, en su caso, la integración de un grupo plural que tenga la encomienda de atender y evaluar las acciones de protección civil del gobierno federal en las comunidades rurales o regiones dañadas por los desastres naturales. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Ramírez Pineda. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Sí, diputada Trujillo, díganos usted.
La diputada Georgina Trujillo Zentella (desde la curul): Gracias, presidente, solamente para solicitarle a la diputada Ramírez si me permite suscribir con ella su proposición.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada, Ramírez Pineda, la diputada Trujillo está solicitando adherirse, ¿no tiene usted inconveniente?
La diputada Narcedalia Ramírez Pineda (desde la curul): No.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No tiene inconveniente la diputada. Por lo que aquellas diputadas y aquellos diputados que deseen hacerlo, favor de pasar a la Secretaría a firmar el documento correspondiente.
Tiene la palabra la diputada Cristabell Zamora Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la zona binacional metropolitana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para que sea incluida en los beneficios del Fondo Metropolitano.
La diputada Cristabell Zamora Cabrera: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputada. Sí, diputado, dígame usted.
El diputado César Francisco Burelo Burelo (desde la curul): Si me permite, señor presidente, de acuerdo con el artículo 106 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos quisiera si usted fuera tan amable de verificar si existe el quórum suficiente para que esta sesión siga su curso. Es todo, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En los términos del propio reglamento, a juicio de la Presidencia tenemos quórum, por lo que podemos continuar con este procedimiento. Continúe usted diputada Zamora Cabrera.
La diputada Cristabell Zamora Cabrera: Gracias. Con su venia, señor presidente. La ciudad de Nuevo Laredo, compañeros y compañeras, en Tamaulipas es una ciudad privilegiada más que nada por su posición geográfica. Tiene acceso al noroeste, al 75 por ciento de la población económicamente activa de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto nos ha permitido tener un desarrollo mayor en materia de comercio internacional y, la mayor prueba de ello es que por esta frontera cruza el 39 por ciento del total del movimiento aduanero de todo nuestro país.
No obstante, en lo que se refiere a generación de empleos; la industria, principalmente la industria maquiladora es de la ocupación de un 32 por ciento del total del empleo formal en México, de acuerdo a los reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Es claro que la globalización de la economía nos está exigiendo tomar las medidas que sean necesarias para ser más competitivos en los mercados internacionales.
La zona metropolitana de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas, es una de las seis áreas metropolitanas binacionales reconocidas por Inegi en la frontera entre México y Estados Unidos.
Nuevo Laredo está situado en el lado sur del Río Bravo, mientras que Laredo está situado al lado norte, en el estado americano de Texas, y esta zona metropolitana también es conocida como los dos Laredos o la región Laredo. El área de Nuevo Laredo está unida por cuatro puentes internacionales para vehículo y obviamente, un puente ferroviario.
Más de 36 por ciento, compañeros, del total de la actividad del comercio internacional de México hacia el exterior cruza por Nuevo Laredo. Es por ello que esta economía gira obviamente en torno a la importación y exportación comercial e industrial entre México y Estados Unidos, contando con una infraestructura compleja y suficiente para facilitar el flujo de mercancías entre estos dos países.
En Nuevo Laredo se ofrecen los servicios de importación y exportación por tráiler, por ferrocarril, distribución de carga y servicios de consultoría, colocándose como el puerto más importante de comercio internacional por tierra en América. Cruzando diariamente más de 3 mil tráileres y mil 500 carros de ferrocarril anualmente.
Dentro de las actuales políticas públicas federales que se han adoptado, que pretenden generar a los habitantes mejores condiciones de vida y ayudar y a crecer y a desarrollar economías regionales que tiene problemas como los que menciono, se encuentra el llamado Fondo Metropolitano, que define como zonas metropolitanas a aquellos municipios que contienen una ciudad con un millón o más de habitantes, así como a aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.
Desafortunadamente este año la zona metropolitana de Nuevo Laredo no ha sido considerada en el Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2010. Esta exclusión, compañeros, impide que recursos importantes lleguen para construir nuevas obras de infraestructura que incrementen la competitividad y el desarrollo del acelerado crecimiento demográfico industrial, comercial, de nuestra entidad tamaulipeca, así como un incremento continuo del flujo de mercancías, materias primas y productos terminados que requieren de modernos sistemas de infraestructura.
Por todo lo anterior quiero decirles, que de acuerdo a los criterios para asignar dichos fondos se consideran avances en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. La experiencia en esta materia por parte de los ejecutivos estatales y los municipales, e incluir a aquellas zonas metropolitanas que constituyen detonadores del desarrollo de todas las entidades federativas, de incluso a escala regional.
Por eso, una servidora en nombre propio y de los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI del estado soberano de Tamaulipas, de esta LXI Legislatura, proponemos a esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año fiscal se incremente el Fondo Metropolitano del Ramo 23, Provisiones salariales y económicas, y que se incluya como beneficiaria a la zona metropolitana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, porque con el volumen de operaciones que manejamos en materia de comercio internacional, ayudar a la zona binacional de Nuevo Laredo, también es ayudar a México. Muchas gracias, compañeros. es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Zamora Cabrera. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener y a la Comisión Federal de Electricidad hagan efectiva, a la brevedad, la reducción de las tarifas eléctricas en el estado de Chiapas.
La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca: Gracias. Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, todos aquí ya lo sabemos, hablar de Chiapas es referirse a las carencias y a una larga y compleja ausencia de las instituciones nacionales.
Hablar de Chiapas es referirse a viejas deudas que solamente van a pagarse con una renovada presencia activa institucional. Para decirlo pronto, en Chiapas tenemos 10 de los municipios más pobres del país y esa pobreza se refleja en formas de vida que son inaceptables en el siglo que vivimos.
La pobreza contrasta con las aportaciones de Chiapas al país. Allá en Chiapas producimos energéticos y regeneramos el agua y el aire para el país; allá en Chiapas tenemos más de 20 metales y metaloides de valor estratégico que ya alcanzarán su verdadera dimensión en el futuro de los mexicanos.
Por esas razones vengo a la tribuna para expresar y reiterar un viejo reclamo de los chiapanecos; vengo a solicitar a esta honorable Cámara de Diputados la aprobación y operación de dos puntos de acuerdo referentes a las demandas de los chiapanecos, relacionadas con las ratitas de la energía eléctrica en la entidad.
En Chiapas no solamente tenemos índices de marginación, que son ampliamente conocidos en el país; también tenemos temperaturas extremadamente contrastantes con nuestro clima, se relaciona con las alturas; en nuestro territorio las hay desde los 12 metros bajo el nivel del mar hasta los 4 mil de las cumbres del volcán de Tacaná.
En varias regiones y subregiones de la entidad se alcanzan promedios superiores a los 35 grados centígrados con picos por encima de los 40. En el otro extremo, las temperaturas alrededor de los 2 grados centígrados también son frecuentes en las regiones de Los Altos y de la Sierra Madre. En uno y otro caso, de calores y fríos con humedad extrema, los chiapanecos requieren de energía con menores precios.
Las altas temperaturas requieren de ventilación artificial, que a su vez necesita mayores cantidades de energía eléctrica; las bajas temperaturas necesitan también corriente eléctrica para disminuir sus impactos.
Todo lo anterior sin contar con que los chiapanecos merecen mejorar sus condiciones de vida con un mayor uso de aparatos eléctricos. Para muchos pueblos y comunidades la energía es un asunto de justicia.
En ese orden de ideas solicitamos el establecimiento de tarifas justas en la entidad; no queremos más de lo justo, sino precisamente eso, un tratamiento más equitativo y más solidario.
En resumen, propongo aquí dos Puntos de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a hacer efectiva, a la brevedad, la reducción integral de las tarifas eléctricas que se aplican en Chiapas.
Segundo. Asimismo, se acuerda solicitar a la Secretaría de Energía que proceda a realizar una reunión con una comisión plural de diputados y con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, para analizar los precios y tarifas de energía eléctrica en Chiapas, planteados en el presente punto de acuerdo.
Una vez concluido el análisis, que sus conclusiones se entreguen a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Diputado presidente, solicito que se inserte este punto de acuerdo íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Energía. Sí, diputado, dígame usted.
El diputado Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva (desde la curul): Señor presidente, para pedirle a la diputada Torres Abarca si nos puede incluir en su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Torres Abarca, ¿tiene usted inconveniente en que se adhieran a su propuesta?
La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (desde la curul): No, ninguno.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No tiene inconveniente la diputada, por tanto, todas y todos aquellos diputados que deseen adherirse, pasen a la Secretaría a suscribir el documento. Se turna a la Comisión de Energía.
Se recibió del diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo relativo a la preservación ecológica de Mazapil, Zacatecas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se recibió de la diputada María Estela de la Fuente Dagdug, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Gobernación a que destinen mayores recursos del Fondo para Desastres Naturales, con el objetivo de atender la emergencia que se presenta en diversos municipios del estado de Tabasco, debido a las lluvias torrenciales que han afectado a los poblados de dicho estado. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a que elabore los suficientes programas de otorgamiento de microcréditos a las Pyme.
La diputada Estela Jiménez Hernández: Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el principal indicador macroeconómico hace referencia al crecimiento real del producto interno bruto a partir del segundo trimestre del 2008, pero en consecuencia sucede el derretimiento de los sectores económicos, conflicto que se expande de manera alarmante a partir del cuarto trimestre del 2008.
Según indicadores, el primero durante el 2009 da con esto un valor real al producto interno bruto, el cual se redujo en una tasa anual de 8.2 por ciento, equivalente a una disminución por trimestre de 5.9 por ciento. Estas cifras, ajustadas por estacionalidad.
En el primer trimestre es complicado el escenario; para el segundo trimestre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que durante este periodo de 2008 el valor real del producto interno bruto ha caído a una tasa de 10.4 por ciento por el adverso entorno internacional.
En materia de empleo, al 30 de junio de 2009 el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social se ubicó en 13 millones 793 personas, con una reducción de 596 plazas, 4.1 por ciento, durante el segundo trimestre de 2009. La tasa de desocupación fue de 5.24 por ciento de la población económicamente activa, mientras que en el periodo fue de 3.47 por ciento.
Con estos indicadores que nos proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no queda más que la promoción de programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas con el otorgamiento de créditos, acompañados de capacitación financiera, para que se eleve su competitividad económica y su volumen de ventas.
No olvidemos que gran parte de la población económicamente activa se debe a estas micro, pequeñas y medianas empresas que generan empleo, aportan un alto consumo interno, con lo cual estaríamos contribuyendo al crecimiento de una tasa superior a 5 por ciento. Para lograr esto debemos tener una inversión sostenida de por lo menos un 25 por ciento del producto interno bruto, según datos el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
No olvidemos que algunos países asiáticos invierten alrededor de 40 por ciento de su producto interno bruto para el mejor desarrollo económico y social de sus habitantes. La inversión es productividad, es desarrollo, es empleo; la competitividad causa estabilidad económica.
Por lo anteriormente dicho, expongo el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno federal para que elabore los suficientes programas de otorgamiento de microcréditos a las Pyme.
Segundo. Que los programas sean operados por la Secretaría de Economía directamente con el solicitante.
Tercero. Que los microcréditos proporcionados sean blandos para los microempresarios. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Jiménez Hernández. Túrnese a la Comisión de Economía.
Tiene la palabra el diputado Balfre Vargas Cortez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Querétaro de Arteaga, dé cumplimiento al convenio de servidumbre legal de acueducto y dé paso para conducción de energía eléctrica, celebrado por esa entidad federativa a favor de la comunidad de Maconí, municipio de Cadereyta de Montes.
El diputado Balfre Vargas Cortez: Con su venia, diputado presidente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
Primero. La delegación de Maconí situada en el municipio de Cadereyta de Montes, en el estado de Querétaro, se remonta en sus orígenes como una población minera por excelencia, lugar resguardado por elevadas montañas, de cuyas entrañas se ha extraído oro, plata, cobre, plomo y zinc con diferentes fines de uso, tanto rituales como comerciales, desde la época prehispánica hasta la actualidad, sin dejar de mencionar las cristalinas aguas del arroyo de Maconí que van a dar al río Moctezuma cruzando por en medio de las casas.
Entre este recuerdo casi fugaz de su esplendor minero, en Maconí la incomunicación, la carencia de servicios básicos y el apoyo oficial nulo lo han convertido en un pueblo casi fantasma, de no ser por los hombres y mujeres de la comunidad que han cruzado la frontera en busca de otras oportunidades.
Ante este panorama geográfico de la región, el gobierno del estado de Querétaro, entonces gobernado por Francisco Garrido Patrón, celebró contrato de servidumbre legal de acueducto y de paso para conducción de energía eléctrica con la comunidad de Maconí en marzo de 2007, cuyos propósitos son la construcción de la infraestructura carretera que permitirá el acceso a la zona donde se llevan a cabo las obras del denominado Acueducto II, ubicadas en el cañón del río Moctezuma, cuya finalidad es abastecer de agua a la ciudad de Querétaro, para lo cual se determinó en calidad de pago en especie a favor de la localidad de Maconí, entre otras, como indemnización una serie de apoyos y recursos, edificaciones y obras que han sido incumplidas, incluso por el actual gobierno estatal, a cambio de ceder 42.5 hectáreas de la zona piñonera.
En la cláusula segunda de dicho convenio, las autoridades gubernamentales se comprometieron a culminar las obras pactadas como indemnización a más tardar el 31 de diciembre de ese mismo año de 2007, sin que a casi 2 años hayan dado cumplimiento a lo que se obligaron legalmente, resultando un claro perjuicio de gran magnitud a los habitantes de la delegación.
Por lo expuesto y fundado, se propone a esta soberanía la siguiente proposición con los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados de este Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Querétaro de Arteaga, Antonio Pérez Barrera, dé cabal cumplimiento al convenio de servidumbre legal de acueducto y dé paso para conducción de energía eléctrica, firmado por esa entidad federativa a favor de la comunidad de Maconí, municipio de Cadereyta de Montes.
Segundo. Para que el gobierno del estado de Querétaro instruya a las autoridades correspondientes, a que instalen una mesa de trabajo en conjunto con los habitantes de la localidad delegacional de Maconí, que permita supervisar los avances de las obras y servicios comprometidos, así como para que informe a esta soberanía el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
Asimismo, solicito que el texto del presente punto de acuerdo se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Desarrollo Social.
Se pospone la intervención del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del PAN, para la próxima sesión.
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Guerrero, y al Congreso local, a realizar el análisis y estudio correspondiente para evaluar la creación de la octava región del estado de Guerrero.
El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero: Con su permiso, señor presidente. Mariguana y Amapola, sostén económico principal durante muchos años de miles de ciudadanos guerrerenses de la Sierra Madre del Sur. Las acciones acertadas del Ejército y otros grupos de seguridad para terminar con esta actividad lograron en gran medida su propósito. A lo largo de esta sierra vemos el luchar más desprotegido, no tan sólo del estado de Guerrero, sino de muchas regiones del país.
Hoy transitamos sus pésimos caminos y si bien nos va en vehículo, porque una buena parte de sus pueblos los tenemos que recorrer a pie, en bestia mular o en cuatrimoto. Vemos las pocas escuelas, olvidadas y cerradas por la falta de maestros; uno que otro centro de salud a grandes distancias, y de igual manera, sin doctores ni medicamentos.
Morirse por la falta de atención médica es algo muy común. La electrificación de sus pueblos llega a un 30 por ciento. Urge la instalación de una nueva subestación eléctrica que permita extenderse en este rubro.
Dentro de la organización geográfica del estado se encuentra la Sierra Madre del Sur, perteneciente a las regiones del Centro, Tierra Caliente y Costa Grande, con una extensión territorial aproximada de 11 mil 800 kilómetros cuadrados, que van desde Chilpancingo hasta Coahuayutla, de la cual poco más de 50 por ciento se encuentra cubierta de bosque, otro 30 por ciento está clasificado como propicio para actividades ecoturísticas y áreas naturales protegidas.
Las partes altas son conocidas como filos, y las cordilleras son notables por su alta biodiversidad y su gran número de especies endémicas. Datos del Inegi señalan que actualmente en esta zona viven 120 mil personas dedicadas a la agricultura y a la ganadería, la mayoría de ellas con un grado de alta y muy alta marginación.
Cuenta con importantes recursos minerales, destacando los yacimientos de oro y plomo, así como recursos forestales maderables y no maderables, una gran biodiversidad y una elevada fuente de servicios ambientales que benefician directamente a la población, lo que hace a esta zona punto clave para el desarrollo del estado, pero hasta la fecha su potencial se ve mermado a causa de la carente infraestructura básica de soporte a estas actividades como lo son almacenes, centros de acopio, parques recreativos, entre otros.
Los niveles de mortalidad infantil ubican que de cada mil nacimientos mueren entre 30 y 45 niños de entre 4 y 6 años de edad. El 75 por ciento de esta población, alcanza un alto grado de desnutrición entre los que también es más vulnerable la población infantil. Las tasas de crecimiento poblacional son negativas debido al elevado índice de migrantes en edad reproductiva.
Para el mejor aprovechamiento de la zona es preciso un estudio regional que muestre?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pediríamos concluir, diputado.
El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero: Termino, señor presidente. ... un estudio regional que muestre un diagnóstico con las características de la región. Asimismo, un análisis de las dinámicas y tendencias que conllevan a impulsar un crecimiento equitativo y sostenible a largo plazo. Esto con el fin de elaborar una propuesta de desarrollo sustentable de la octava región.
Para lograr este objetivo es necesaria la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno y sus dependencias correspondientes, la población, las organizaciones civiles, entre otras, ya que la sierra del estado de Guerrero debe ser considerada como punto clave en el desarrollo sustentable, tanto del mismo estado como de la región sur de México. De esta forma, el suscrito diputado federal considera que es de trascendental importancia el estudio y análisis del proyecto para que se constituya legalmente la octava región del estado de Guerrero, puesto que ya es una demanda de los representantes municipales y las organizaciones sociales para contribuir al crecimiento de las comunidades de la sierra, así como de salvaguardar la biodiversidad y el medio ambiente de dicha región.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a esta Presidencia someta a consideración de este pleno el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Exhortar al gobierno del estado de Guerrero y al Congreso del mismo, a realizar los estudios básicos necesarios para determinar la importancia de constituir la octava región de la sierra de Guerrero.
Segundo. Establecer la delimitación geográfica y constituir legalmente la octava región del estado de Guerrero. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Desarrollo Social. El diputado Ríos Piter deseaba hacer uso de la palabra. Diputado.
El diputado Armando Ríos Piter (desde la curul): Diputado presidente, para preguntarle al diputado Cuauhtémoc Salgado, siendo que somos vecinos de distrito, si me permite adherirme a ese punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Salgado Romero, ¿acepta usted que se adhiera el diputado? Acepta el señor diputado, y todos aquellos que deseen adherirse pasen a la Secretaría, por favor.
Tiene el uso de la palabra el diputado Leoncio Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Colima, para que a través del órgano superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de esa entidad se informe a esa soberanía sobre la operación de compra-venta del terreno localizado en la zona de Boquita que realizaron el gobierno del estado y la empresa Puerto Santiago Manzanillo.
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, pongo a su consideración el siguiente
Punto de acuerdo
En el mes de octubre de 2009 el gobierno del estado de Colima, encabezado por el entonces gobernador, Silverio Cavazos Cevallos, anunció un megaproyecto turístico en la zona de La Boquita, en los márgenes de la laguna de Juluapan, municipio de Manzanillo, Colima.
El terreno en donde se realizará el proyecto turístico inicialmente fue propiedad del gobierno federal, pero en el año 1991 donó el terreno al estado de Colima para que fuera utilizado con fines turísticos.
Posteriormente, en el año de 1993, el Congreso del estado de Colima autorizó al Ejecutivo colimense a vender el terreno, especificando que los recursos que se obtuvieran deberían ser utilizados para realizar obras de beneficio social en el puerto de Manzanillo; sin embargo, el comprador incumplió en las condiciones de pago, por lo que la propiedad y posesión del inmueble volvió al estado de Colima.
Fue hasta el mes de octubre de este año que el ex gobernador Silverio Cavazos Cevallos anunció que la empresa Puerto Santiago Manzanillo, Sociedad de Responsabilidad Limitada, realizaría el megaproyecto turístico, pues adquirió el terreno propiedad del gobierno de Colima; sin embargo, esta operación de compra-venta fue realizada bajo una notable opacidad, pues a la fecha no se han transparentado las condiciones de venta ni los mecanismos mediante los cuales se determinó que el terreno sería vendido a la empresa Puerto Santiago Manzanillo.
Hasta el día de hoy, a los ciudadanos colimenses se les ha negado el derecho a la información, se ha obstaculizado la transparencia y desgraciadamente se descalifica a quienes exigen la información acerca de esta operación.
Es por esto que en mi calidad de ciudadano colimense, pero también como representante popular y legislador, solicité información que permita constatar que la operación de compra-venta de estos terrenos fue realizada cumpliendo con la normatividad local y federal aplicables, respetando los derechos, tanto de los ciudadanos colimenses como de los posibles inversionistas que pudiesen estar interesados en participar en el desarrollo del proyecto turístico.
Sin embargo las solicitudes realizadas hasta hoy han sido ignoradas, a pesar de que se realizaron formal y directamente al gobernador del estado y a la Comisión de Acceso a la Información Pública del estado de Colima, principalmente.
Esto impide que tengamos acceso a la información sobre la cantidad de metros cuadrados que dejarían de formar parte del patrimonio estatal y que por el valor económico y ambiental representa un activo importante no sólo para los colimenses, sino también para los mexicanos, pues estos terrenos albergan importantes extensiones de manglares que proporcionan servicios ambientales invaluables.
Dada la opacidad con la que se enajenó el terreno, propiedad de todos los colimenses, ha sido imposible conocer el dato oficial del precio de venta por metro cuadrado. Lo que impide comprobar que la operación se realizó con apego a la ley y bajo precios de mercado, cuidando en todo momento las condiciones que mejor favorecieran al patrimonio público.
El gobierno del estado de Colima está en deuda con los colimenses; debe informar sobre el mecanismo por el cual determinó que Puerto Santiago Manzanillo, Sociedad de Responsabilidad Limitada, es la empresa que mayores beneficios ofreció al estado al adquirir los terrenos.
Es por esto, compañeros legisladores, que hago la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno y al Congreso estatal, a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental ?todos del estado de Colima?, a revisar e informar a esta soberanía y a los colimenses sobre las condiciones de compra-venta del terreno en comento.
Por lo anteriormente expuesto, se pone a su consideración la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Primero. Se hace un respetuoso exhorto al gobierno del estado de Colima, para que remita a esta soberanía la información sobre la operación de la compra-venta del terreno localizado en la zona La Boquita en los márgenes de la Laguna de Juluapan, municipio de Manzanillo, Colima, que realizaron el gobierno del estado de Colima y la empresa Puerto Santiago Manzanillo, Sociedad de Responsabilidad Limitada, referente a características y extensión, precio de venta del terreno?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Concluya, diputado, por favor.
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez: Concluyo, señor presidente? avalúo con el valor de mercado del terreno, convocatoria de licitación, criterios de evaluación y resultado de cada una de las ofertas de compra, producto de la licitación y en caso de haber existido una licitación, mecanismos o criterios para determinar la adjudicación del terreno; copia del contrato de compra-venta, copia de la escritura de contrato de compra-venta, nombre del notario ante el que se realizó la compra-venta, programación de los recursos que recibió el gobierno del estado por este concepto. Recursos recibidos a la fecha por el gobierno del estado de Colima; institución bancaria, número de cuenta y titular de la cuenta a la que fue destinado el depósito; nombres de los integrantes del Consejo Directivo de Administración de Puerto Santiago, dictamen de cambio de uso de suelo, plan parcial de desarrollo urbano, autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la realización del proyecto del desarrollo turístico y las obras de mantenimiento y conservación del manglar, así como la manifestación de impacto ambiental.
Segundo. Se hace un atento exhorto al Congreso de Colima, para que a través del órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado, revise e informe a esta soberanía sobre la operación de la compra-venta del terreno localizado en la zona La Boquita en los márgenes de la Laguna de Juluapan, municipio de Manzanillo, Colima, que realizaron el gobierno del estado de Colima y la empresa Puerto Santiago Manzanillo, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en especial para fiscalizar el cumplimiento de la normatividad aplicable y la no afectación del patrimonio del estado de Colima. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez: Le solicito que este punto de acuerdo sea integrado al Diario de los Debates, tal como aparece en la Gaceta, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Insértese en el Diario de los Debates, como lo solicita.
La diputada Indira Vizcaíno Silva (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Desea la diputada Vizcaíno hacer uso de la palabra. ¿Diputada, en qué consiste su intervención?
La diputada Indira Vizcaíno Silva (desde la curul): Para adherirme al punto de acuerdo presentado por el diputado Leoncio Morán.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Morán Sánchez, está la diputada Vizcaíno solicitando adherirse, ¿tiene usted inconveniente?
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (desde la curul): Ninguno, con mucho gusto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta el diputado Morán Sánchez que se adhieran todas aquellas compañeras y compañeros que deseen adherirse, favor de pasar a la Secretaría.
Tiene la palabra la diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Salud, a eximir el pago de cuota de recuperación a la consulta externa en los servicios de atención de salud mental.
La diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. La magnitud de la carga de enfermedad y discapacidad atribuible a los trastornos mentales es un fenómeno creciente y preocupante en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que existen 450 millones de personas que padecen algún tipo de enfermedad mental.
En América Latina y el Caribe se calcula que las personas que sufren de estos padecimientos aumentarán de 114 millones en 1990 a 176 millones en el 2010; México no es la excepción. La Secretaría de Salud estima que existen alrededor de 15 millones de personas que sufren estos trastornos; personas que además de ser excluidas y marginadas por la sociedad a causa de su enfermedad, en muchos de los casos no son oportunamente atendidos.
Un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, realizado recientemente en México, señala que hasta un 80 por ciento de los pacientes diagnosticados con alguna enfermedad mental no habían recibido atención durante los 12 meses previos al diagnóstico. Porcentaje similar al que el secretario de Salud José Ángel Córdova Villalobos aludió durante la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, cuando comentó que el 75 por ciento de las personas que sufren desórdenes mentales, en el mundo en desarrollo, no reciben tratamiento alguno.
Como parte de la reforma psiquiátrica en nuestro país, el 19 de enero de 2004 se creo el Consejo Nacional de Salud Mental (Consame), organismo dependiente de la Secretaría de Salud cuya misión es la implementación del nuevo modelo de atención en salud mental denominado Miguel Hidalgo, mediante el cual se proporciona a los usuarios de todo el país una atención de calidad, a través de acciones de promoción, prevención y rehabilitación en el campo de la salud mental, lo que se traduce en una mejor calidad de vida del usuario y de la familia, así como su reintegración a la sociedad.
En México, las personas que no son derechohabientes de los servicios de salud, proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o bien por el ISSSTE, acuden para el tratamiento de su padecimiento a los hospitales o unidades de la Secretaría de Salud tanto federales como estatales, en donde pagan una cuota de recuperación por consulta externa.
Dichas cuotas encuentran su fundamento legal en el artículo 36 de la Ley General de Salud, en el cual se señala:
Artículo 36. Las cuotas de recuperación que, en su caso, se recauden por la prestación de servicios de salud se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo federal y los gobiernos de las entidades federativas.
Las cuotas de recuperación, si bien es cierto que constituyen un ingreso para el erario, también desmotivan a los pacientes y sus familiares a acudir a las consultas. En refuerzo a lo anterior, es importante analizar el caso del Centro de Integración de Salud Mental (Cisame), Distrito Federal, en el cual los pacientes que eran atendidos pagaban hasta el 2007 una cuota de recuperación de 10 pesos por consulta externa; recaudándose al término del año por este concepto 130 mil pesos.
Debido a la disminución en el número de pacientes atribuible al costo originado por las cuotas, sumado al gasto de pago de transporte, comida y en ocasiones estancia que tienen que sufragar los familiares que lo acompañan, en el 2008 se tomó la decisión de eliminar estas cuotas de recuperación. Como resultado de la medida, las consultas se incrementaron a 50 mil 576, a diferencia de las 39 mil 177 del año 2007, o sea, crecieron en más de 10 mil.
En México únicamente es en el Distrito Federal y en San Luis Potosí donde no se cobran cuotas de recuperación. En atención a lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a fin de que se adopte, junto con las secretarías de salud de las entidades federativas, un acuerdo en el seno del Consejo Nacional de Salud para eximir del pago de cuotas de recuperación a las consultas externas en los servicios de atención mental en todo el país.
Los diputados del Partido Verde esperamos contar con el apoyo de las demás fracciones parlamentarias, a fin de disminuir el fuerte impacto económico para los pacientes y sus familias, que conlleva la atención de los padecimientos mentales. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Ezeta Salcedo. Le pido a la Secretaría?
La diputada Gabriela Cuevas Barrón (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, la diputada Cuevas.
La diputada Gabriela Cuevas Barrón (desde la curul): Para preguntarle a la diputada, si nos permite adherirnos a su punto de acuerdo, a un grupo de diputados del PAN. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Está usted de acuerdo, diputada?
La diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Manifiesta su aceptación. Por lo tanto, todas aquellas diputadas y aquellos diputados que deseen participar pasen a la Secretaría. Señor diputado.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Presidente, para que el grupo parlamentario de mi partido, el Revolucionario Institucional, se adhiera a esta proposición.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Lo ha aceptado la diputada, por lo tanto pasen a la firma en la Secretaría. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. Al no haber registro de oradores, le pido a la Secretaría si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, es mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por unanimidad se declara aprobada, por tanto, comuníquese.
En razón de que se ha cumplido con el tiempo reglamentario de la presente sesión, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Primer periodo de sesiones ordinarias, primer año de ejercicio, Legislatura LXI. Orden del día 24 de noviembre de 2009.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (15:13 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 24 de noviembre a las 10 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas del martes 24 de noviembre.