Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 24 de noviembre de 2009

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 280 diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (11:20 horas) Gracias. Se abre la sesión.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Cárdenas, dígame.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Sí, presidente. Respecto al orden del día. Aunque hay un punto en el orden del día para atender el tema de la posible presentación de la controversia constitucional por la extinción del decreto de Luz y Fuerza del Centro, nosotros consideramos, en lo particular su servidor, que hay un punto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designó a los miembros del grupo de trabajo para analizar la viabilidad de la acción jurídica a emprender con relación al decreto de extinción de Luz y Fuerza, que no ha sido complementado cabalmente, presidente.

El punto tercero de ese acuerdo señala que el grupo de trabajo debe presentar al pleno en un plazo no mayor a 12 días hábiles el resultado de sus estudios y análisis.

Tengo información, porque así lo ha comunicado el diputado Navarrete Prida, que él presentó ante la Junta de Coordinación Política el resultado de los análisis y los estudios derivados de los trabajos del grupo plural que constituyó este pleno. Sin embargo, esas conclusiones no han sido presentadas al pleno de esta Cámara de Diputados, violándose el artículo 3o del acuerdo respectivo.

A mí sí me gustaría saber si en algún momento la Junta de Coordinación Política va a presentarle al pleno de esta Cámara el resultado de este análisis, tal como se estableció por el acuerdo respectivo, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, señor diputado. Creo que es un tema que debe comentárselo a su coordinador, a efecto que en la próxima reunión de la Junta de Coordinación Política sea atendido y sea acordado por la misma, para efecto de que si la comisión le entregó un resultado de las deliberaciones puedan, en un momento dado, acordar se nos turne para efecto de listarlo en el orden del día. Con mucho gusto diputado.

Continúe la Secretaría con el siguiente punto del orden del día que es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consultar a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.

Señoras diputadas y señores diputados, como ustedes tienen conocimiento, la Junta de Coordinación Política celebró un acuerdo a efecto de instruirnos a la Mesa Directiva para establecer un lugar para recibir a todas aquellas y aquellos diputados que deseen suscribir el documento a efecto de poder interponer el recurso de controversia constitucional en contra de la determinación tomada por el Ejecutivo federal para la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Quiero manifestar, señoras diputadas y señores diputados, que en los términos del acuerdo, primero, inciso b), las y los diputados que se pronuncien a favor de la promoción de dicho medio de control deberán manifestarlo de manera personal y directa a través de la suscripción, con firma autógrafa, del documento que para este efecto ponga a su disposición la Presidencia de la Mesa Directiva informando oportunamente el lugar que se instale para dicho fin.

Esta Mesa Directiva informó a todos los grupos parlamentarios, con oportunidad, que el lugar se establece en la propia sala de juntas de la Mesa Directiva, donde están las listas correspondientes para recibir sus firmas.

Por tanto, los invitamos, a todas las diputadas y a todos los diputados que deseen suscribir dicho documento pasen por favor al salón de juntas de la Mesa Directiva de esta Cámara a firmar el documento correspondiente.

Le pido a la Secretaría continuar con el capítulo de Comunicaciones

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Fernández Noroña, dígame.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sobre este tema que acaba de presentar, diputado presidente, quisiera hacer el uso de la tribuna.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Desde su lugar hágalo, por favor, señor diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No. Deseo hacerlo desde la tribuna, diputado presidente, en mi derecho.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No está a discusión ningún otro tema, por eso...

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Pero estoy pidiéndole la intervención sobre el tema...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le suplico que desde su tribuna, su curul lo pueda hacer, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Desde mi tribuna quiero hacerlo, efectivamente, diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Desde su curul, si es tan amable, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente, mire, lo voy a hacer desde aquí sólo para no abrir un debate innecesario, porque es mi derecho usar la tribuna cuando lo solicito, diputado presidente. No hay ningún artículo donde usted pueda decidir en qué lugar hago uso de la palabra; lo debo hacer desde la tribuna.

Sin embargo, insisto, para no debatir sobre lo que no es fundamental, quiero, en primer lugar, hacer del conocimiento de la asamblea que solicité desde el viernes de la semana pasada, que las mesas de recolección de las firmas de la controversia constitucional fueran en el lobby de este salón de sesiones, para facilitar que los diputados y las diputadas que quieran apoyar la controversia constitucional pudieran hacerlo.

Pero quiero mencionar que el diputado Jaime Cárdenas Gracia tiene absoluta razón en lo que reclamó hace un momento, que es el fondo del asunto. Este pleno acordó que una comisión especial que eligió y designó para el caso presentara las conclusiones sobre la viabilidad o no de esa controversia constitucional.

La comisión realizó trabajos y tiene conclusiones al respecto que este pleno debe conocer. Pero además este pleno debe realizar el debate sobre este tema, porque se está escudando en esta recabada de firmas y se está eludiendo el debate fundamental sobre si vamos a apoyar o no la controversia constitucional, si vamos a apoyar o no a la Compañía de Luz y Fuerza para que no desaparezca, que es una empresa patrimonio de los mexicanos y si vamos a solidarizarnos o no con el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Por todas estas razones le pido, diputado presidente, que se abra esta discusión obligada; se ha vencido con mucho el plazo. La Mesa Directiva es garante de los acuerdos que este pleno tome y este pleno dio ese mandato que hasta ahora no se ha cumplido, dado que la comisión no ha informado de sus conclusiones al respecto.

Sin más, le solicito que antes del debate de la agenda política se incluya el debate sobre la información, primero de la Comisión, sobre la procedencia o no de esta controversia constitucional y ahí se abra el debate y finalmente, se dé por cerrado este proceso que tenemos desde hace varias semanas pendiente.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, presidente. Efectivamente, como lo indiqué hace un momento, el acuerdo que aprobó este pleno era para que el grupo de trabajo que iba a analizar la viabilidad de la presentación o no de una acción de inconstitucionalidad o de una controversia, se determinó en ése acuerdo que se presentaría el resultado de estos análisis al pleno en un plazo no mayor a 12 días. Esto aún no ha ocurrido, presidente.

Luego nos inquieta mucho o me inquieta mucho el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, porque se establece como requisito recolectar para la presentación de la controversia más de 250 firmas de legisladores.

Ni siquiera, presidente, para aprobar una ley se exige la totalidad de los diputados o la mayoría del porcentaje del total de los diputados, se exige 50 por ciento más uno de los diputados o diputadas presentes en el recinto legislativo.

Ni siquiera, repito, para aprobar leyes o para reformas constitucionales. Para reformas constitucionales se exige el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas Cámaras.

Yo no sé por qué en este caso se exige un requisito anticonstitucional y se pide que firmen más de 250 legisladores, tomando en cuenta la totalidad de los votos de la Cámara y no de los presentes.

Está el argumento impecable, que ha pronunciado aquí mi compañero Fernández Noroña, acerca de que cualquier votación en la Cámara o cualquier decisión debe ser producto de un debate, de una discusión, para que la Cámara pueda expresarse, pueda manifestarse, pueda manifestarse esta voluntad, en el caso de que se votara a favor de la controversia.

A mí me parece que recabar firmas sin que la Cámara exprese su voluntad, implica una violación jurídica muy importante al procedimiento parlamentario.

Finalmente, presidente, aunque es cierto que usted, de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso, es el representante legal de esta Cámara, usted no puede actuar por sí, tiene que actuar una vez que la Cámara, que el pleno de esta Cámara le dé la autorización para poder intervenir y presentar la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 18 del Reglamento para el Gobierno Interior señala que usted está sometido en cuanto a sus decisiones y resoluciones a la voluntad de este pleno, señor presidente.

Por todo lo anterior, yo creo que es fundamental que en esta Cámara tengamos un debate, una discusión y una votación nominal al respecto para que, en caso de que se decida apoyar la controversia constitucional, esta controversia tenga toda la legitimidad jurídica necesaria. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. El diputado Ramírez Marín desea hacer uso de la palabra.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor presidente, solamente para recordar que este tema, a solicitud del Partido del Trabajo está agendado en el punto 38 del orden del día, que parece ser el momento procesal para llevar a cabo esta discusión. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Es correcta su observación. Pido a la Secretaría que continúe con las comunicaciones de la Comisión Reguladora de Energía.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Comisión Reguladora de Energía, con el que remite el informe anual, que incluye el registro de los permisos otorgados durante el año, la lista de las solicitudes de permisos no otorgados en ese lapso y la fundamentación de las deliberaciones adoptadas por los comisionados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que comunica la designación del senador Marko Antonio Cortés Mendoza, como presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el periodo comprendido del 26 de agosto de 2009 al 26 de agosto de 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio del Congreso de Guerrero, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 134, recorriéndose las subsecuentes, y reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Salud.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio del Congreso de San Luis Potosí, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Señor presidente, recibimos oficio del Congreso del estado de Veracruz, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 2o, recorriéndose los subsecuentes; y reforma el segundo párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Recibimos oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a crear la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del Sur-sureste de México, presentado por el senador Alfonso Sánchez Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido de la revolución Democrática.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Tenemos otro oficio de la Cámara de Senadores con el que remite solicitud del senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que se presente el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Tenemos otro oficio de la Cámara de Senadores con el que remite solicitud del senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que se presente el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 226 de la Ley General de Salud.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Salud. Proceda la Secretaría con el capítulo de iniciativas.

Esta presidencia recibió del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Juventud. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la palabra el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputado.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez: Gracias, diputado presidente. Con su permiso, compañeras diputadas y compañeros diputados. Como lo marca el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es atribución de esta Cámara de Diputados analizar, revisar y en su caso, desechar o aprobar las iniciativas que por derecho constitucional presentan el presidente de la república, las diputadas y los diputados, las senadoras y los senadores del Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados.

La Cámara de Diputados distribuye su trabajo en comisiones, las cuales se definen como órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuyen a que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales. En estas comisiones es donde se construyen las políticas públicas del país; en su interior es donde se discuten, negocian y analizan las propuestas de reformas, que después se llevarán al pleno para su votación definitiva.

La gran demanda de trabajo del Legislativo que se da dentro y fuera de las comisiones, obliga a que los tiempos a que se dedica para el desahogo de estos compromisos sean muy cortos, por lo que creo que es de suma importancia aprovechar al máximo cada día de dicho periodo.

Estos tiempos legislativos cortos obliga a tener sesiones muy largas y de trabajos apresurados, además de cortar la posibilidad de poder realizar un análisis más a fondo de las propuestas recibidas.

Por tal motivo, la siguiente reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos busca reducir el tiempo de espera para la constitución de las comisiones ordinarias y así aprovechar al máximo el periodo de trabajo de las mismas, con lo cual se pretende mejorar y hacer más eficientes los trabajos legislativos de la Cámara, en general.

En virtud de lo anterior expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como dice:

Artículo 43. ?

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante los primeros 15 días de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta 30 miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Los diputados podrán pertenecer a hasta tres de ellas; para estos efectos no se computará la pertenencia a las Comisiones Jurisdiccional y las de investigación.

Transitorios

Artículo primero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido de este decreto.

Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito, presidente, que la presente iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Bermúdez Méndez. Tal como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Tiene la palabra el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

El diputado Óscar González Yáñez: Gracias, señor presidente. Quisiera llamar su atención, compañeros, en un tema que al partido del Trabajo, a la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, le es un asunto prioritario.

Las telecomunicaciones se han convertido en el 8 por ciento del producto interno bruto de la aportación de la riqueza a nuestro país. El 8 por ciento. En las últimas dos décadas se han convertido en un instrumento de fortalecimiento de la economía de nuestro país. Sin embargo, de las aproximadamente 80 millones de líneas telefónicas que hay en nuestro país, entre telefonía móvil y no móvil, tenemos un problema no solamente del alto costo. El alto costo de la telefonía sí deteriora el desarrollo económico de nuestro país, pero tiene otro problema todavía por encima de este problema de alto costo.

La telefonía móvil cobra por fracciones, no cobra por un tiempo exacto; o sea, si cualquier usuario de nuestro país realiza una llamada de un minuto con un segundo, por poner un ejemplo, se le cobran dos minutos; prácticamente 59 segundos más. Te están cobrando por un servicio que no te prestan. También se puede dar el caso de que sea un minuto 59 segundos, y te están cobrando un segundo más por un servicio que no están dando.

En consecuencia, podríamos sacar un promedio de 30 segundos. Si sacamos, en consecuencia, que 72 millones de líneas telefónicas de celulares son de prepago y el prepago cuesta hasta 4 pesos, esto nos lleva entonces a que si sacamos un promedio de seis llamadas diarias por cada usuario en nuestro país, tendríamos una cantidad de seis llamadas en promedio, por 4 pesos, serían 24 pesos.

Sí sacáramos el promedio a 30 centavos serían 6 pesos y si lo multiplicáramos por los 72 millones de líneas telefónicas celulares que hay en nuestro país estaríamos sacando una cifra de alrededor de 750 millones de pesos diariamente que se cobran sólo por la modalidad de cobro, no por el servicio.

Quiero llamar su atención a esto, porque entonces significa que por eso estamos haciendo al hombre más rico de nuestro país y ahora del mundo. No es posible que tengamos una telefonía celular cara y por encima de todo eso, todavía una forma particular de que te cobren.

Eso, compañeros, lleva a un deterioro del desarrollo de la economía y un deterioro del bolsillo sobre todo de los de prepago, que son el sector que menos acceso tiene.

Quien tiene acceso a una telefonía celular tiene acceso a un sistema de contrato, el que no tiene acceso lo hace de prepago, en consecuencia, el llamado que nosotros estamos haciendo es que esta iniciativa que nosotros estamos presentando va en busca de que al usuario se le cobre por el servicio que se le da y no por un servicio que no se le da.

Ése es el llamado de atención que nosotros queremos hacer y le pedimos al presidente que en su turno, que pueda hacer, le haga un llamado a la comisión que lo turne, para que lo pueda atender de manera inmediata.

Es increíble que nosotros permitamos, en nuestra calidad de legisladores, que exista una cantidad tan grande. Lo recuerdo, porque aquí hemos discutido presupuestos.

Si les dijera a ustedes que son 700 millones de pesos diarios, compañeros, estaríamos hablando de cantidades estratosféricas que ni tendríamos que andarle poniendo impuesto al IVA, ni le tenemos que andar poniendo impuesto a nada, o sea, creo que a veces traemos la mira equivocada y deberíamos poner atención donde los recursos de nuestro país están deteriorando y que es en particular la telefonía celular. Eso es por un lado.

Y por otro lado, también que se pueda colocar un medidor de tiempo y de costo en los teléfonos residenciales, tenemos una de las tecnologías más avanzadas de nuestro país y en nuestro país nadie, nadie, nadie te puede colocar, que te digan, ¿cuánto te está costando tú llamada? Y, ¿cuánto tiempo estás gastando? Ya sea llamada local o internacional o nacional.

O sea, lo que buscamos es, digo, hasta Luz y Fuerza que decían que estaba muy deteriorada tiene un medidor, ¿por qué el señor Slim no nos puede poner un medidor en nuestros teléfonos? Y que te diga, cuánto te está costando.

El llamado que les hago es, tiene más demandas ante Profeco Telmex, que CFE y que Luz y Fuerza del Centro juntas. Entonces, que se le ponga un medidor y que te digan cuanto te está costando y que la gente pueda racionalizar su consumo telefónico y que también pueda hacer una demanda correcta ante Profeco. Son dos cosas, la telefonía instalada y la telefonía celular.

Insisto, llamamos la atención, porque esto ha generado al hombre más rico de este planeta, sólo por la forma de cobrar, ni siquiera por la riqueza que genera, ni el servicio que te da, por su atención todos los compañeros, todas las fracciones muchísimas gracias. Señor presidente, aquí dejaría la iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado González Yánez túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

A solicitud del diputado Óscar González Yánez se pospone su participación a efecto de promover la reforma de los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.

Igualmente, la diputada Yolanda de la Torre Valdez pide se posponga su participación, para tratar su tema listado en esta sesión.

De la misma manera, la diputada Paula Angélica Hernández Olmos solicita se posponga su participación en esta lista.

Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Cirigo Vasquez del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Víctor Hugo Cirigo Vasquez: Con su venia, diputado Presidente. Distinguidas diputados y diputados: el día de hoy vengo a esta máxima tribuna de nuestro país a presentar una iniciativa que busca adaptar la laicidad como un concepto transversal de nuestra Constitución de manera tal que, dentro de las actividades del Estado mexicano, no exista ningún poder o dominio de carácter religioso o secular capaz de imponerse a las funciones y obligaciones del Estado mismo.

Sin embargo, esta definición constitucional ligada a la laicidad del Estado no debe entenderse como antirreligiosa, pues en ningún momento el Estado procurará socavar la libertad de culto; es decir, entrometerse en la vida privada de las personas para prohibirles que ejerzan con libertad sus creencias religiosas o las manifiesten mediante el culto público.

Por el contrario, la laicidad del Estado constitucionalmente aprendida deberá asumirse como condición necesaria para que cualquier creencia, credo o religión cuente con un ámbito de libertad para poder existir, siempre que respete la existencia de las demás y la vocación neutra del Estado mexicano.

Esto último es importante porque, pese a lo acostumbrados que podríamos estar con la noción de laicidad, la autonomía del Estado frente a las cuestiones religiosas es una invención relativamente reciente, cuyo proceso de formación nos ubica en el ideario de la Ilustración, esto es, en el génesis mismo del Estado republicano moderno.

En una historia que nos enorgullece como país, porque fue el nuestro uno de los primeros que estableció formalmente esta separación entre la iglesia y el Estado, adelantándose incluso a los franceses que pudieron hacerlo hasta 1905, la reforma liberal del siglo XIX y su consagración en los textos constitucionales de 1857 y las posteriormente incorporadas Leyes de Reforma constituyen el evento histórico que cimienta definitivamente el régimen republicano en nuestro país.

La reforma es, en otras palabras, el momento fundacional de nuestra actual república. Tan es así que gracias a las Leyes de Reforma fue posible suprimir en nuestro país viejos privilegios que favorecían a la jerarquía católica. Mediante un conjunto de disposiciones legales se pudieron redefinir y constreñir los campos de intervención de la iglesia católica que hasta entonces invadía competencias de la autoridad pública, por ejemplo, el cobro de derechos y obtenciones parroquiales, los servicios educativos, el Registro Civil, etcétera.

Esta reformulación en la relación entre la iglesia y el Estado mexicano vio su cenit en la promulgación de 1857, la cual previó una serie de derechos y libertades que jamás habían sido consideradas para una carta fundamental, entre ellas la libertad en materia de educación, artículo 3o.; la eliminación de la coacción estatal en el cumplimiento de los votos monásticos, artículo 5o; la eliminación del fuero eclesiástico, artículo 13, etcétera.

Es preferible no detenernos mucho en el recuento histórico de los agravios entre la iglesia y el Estado mexicano, pero es indispensable recordar que la separación de la iglesia y el Estado y con ello la fundación de una república en nuestro país ha debido reiterarse y reafirmarse nuevamente a lo largo de nuestra historia, pues algunos sectores de la jerarquía católica se han resistido en distintos momentos, inclusive con la violencia, a aceptar que la laicidad es y ha sido el principio fundante de nuestra república.

La guerra cristera de 1926 a 1929 y el movimiento sinarquista fueron los dos últimos grandes conflictos armados en que el Estado se vio obligado a defender por la vía armada el principio fundante de laicidad.

La historia nos enseña entonces que debemos siempre estar atentos a los intentos de las jerarquías eclesiásticas de imponer su hegemonía religiosa como un elemento consustancial a las actividades del Estado. Se trata de un riesgo del cual no debiéramos descuidarnos.

Señoras diputadas y señores diputados, es tiempo de inaugurar una nueva etapa en la laicidad del Estado mexicano, es tiempo de fortalecer a nuestras instituciones democráticas para que no vean amenazadas su pluralidad y tolerancia, es tiempo que como comunidad política hagamos explícito aquello que resulta tan esencial a nuestro régimen.

Por eso pongo a consideración de ustedes la necesidad de fortalecer la laicidad de manera transversal en nuestra Carta Magna, como garantía de libertad en las creencias religiosas y como realidad de una educación libre de dogmas (artículo 3o.); como un derecho a la libertad sexual y reproductiva (artículo 4o.); como una protección contra el trabajo sometido a creencias religiosas (artículo 5o.); como una libertad en las convicciones filosóficas (artículo 24); como una característica fundamental de nuestra república (artículo 40); como un elemento sustantivo en los gobiernos estatales (artículo 115); como una obligación de los ministros religiosos de no oponerse al laicismo (artículo 130).

Las pretensiones de esta iniciativa, diputados, de ninguna manera pueden considerarse novedosas; al contrario, su contenido refleja el interés de todos los grupos parlamentarios, quienes tan sólo en las últimas tres legislaturas han presentado iniciativas sobre el tema con distintos alcances.

Habida cuenta que incluso la Comisión de Puntos Constitucionales de la pasada legislatura aprobó un dictamen de alcances limitados debemos proveer a nuestra Carta Magna de un concepto transversal de la equidad...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, señor diputado.

El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez: ... que sea más útil y provechoso de cara a los nuevos tiempos ?término, diputado presidente.

Ha llegado el momento de concretar esta reforma constitucional. Hoy más que nunca debemos defender la laicidad de nuestra república, justo cuando los principios de representatividad, democracia y federalismo se han tornado realidades, vale la pena recordar que, históricamente hacerlo siempre ha requerido contar con un Estado libre de imposiciones dogmáticas, de creencias con pretensión universal. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Círigo Vásquez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El diputado Luis Felipe Eguía Pérez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El señor diputado Luis Felipe Eguía solicita hacer una manifestación. ¿El diputado Felipe Eguía?

El diputado Luis Felipe Eguía Pérez (desde la curul): Acá, presidente. Gracias. Nada más para preguntarle al diputado Círigo, si nos permite adherirnos a su propuesta de iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Usted lo autorizada, señor diputado?

El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez: Por supuesto, y agradezco, diputado presidente, la adhesión.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (desde la curul): También para adherirme a su propuesta de iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Moreira. Señor diputado ¿está usted de acuerdo en la adhesión?

El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez: Por supuesto que sí, diputado presidente. Gracias, diputado Moreira.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pediríamos a todas las diputadas y a todos los diputados que deseen adherirse, que pasen, por favor, a la Secretaría para poder firmar el documento correspondiente. Muchas gracias.

Señoras diputadas y señores diputados, esta Presidencia saluda la presencia en el salón de sesiones del doctor José Hernández Moreno, astronauta de origen mexicano, de Michoacán, que hoy nos visita a este pleno. Gracias.

El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado, dígame ¿con qué objeto? Sí, diputado Robles, dígame.

El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina (desde la curul): Diputado presidente, para solicitar, en nombre de la bancada del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tener una intervención para darle la bienvenida al doctor José Hernández.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Desde su curul, con mucho gusto, diputado.

El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina (desde la curul): Desde la tribuna si fuese posible.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Desde su curul, con mucho gusto le concedo el uso de la palabra, no es un tema que esté a discusión.

El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina (desde la curul): Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Hace algunos días tuvo a bien, el de palabra, presentar un punto de acuerdo a esta soberanía a fin de solicitar que el pleno de esta LXI Legislatura diese un recibimiento y a la vez un reconocimiento al doctor José Hernández Moreno por su destacada tarea en la recientemente llevada misión espacial a bordo del transbordador Discovery.

Y he manifestado, en ese momento, que José Hernández ha tenido lo que algunos mexicanos no han podido lograr, una historia de éxito más allá de la frontera del Río Bravo.

Una persona humilde, una persona que de haber cosechado remolacha y fresa se convirtió, prácticamente, en pieza clave en las misiones espaciales y que hoy nos da mucho gusto y beneplácito enorme el poderlo recibir aquí para que nos transmita esa historia de éxito que él ha logrado y al cual los mexicanos nos sentimos, de veras, muy agradecidos y muy comprometidos con el trabajo que él y Danny Olivas ?otra persona de origen mexicano? han tenido en la carrera espacial.

Y que él ha venido planteando la creación de la Agencia Espacial Mexicana que ya ha tenido, prácticamente, por parte de esta Legislatura, la aportación en el Presupuesto de Egresos, de una cantidad con la cual iniciar sus operaciones.

Por eso es nuestro deseo decirle al doctor José Hernández Moreno, que es bien recibido en esta Cámara de Diputados y que los logros que él tiene y que seguramente tendrá en el futuro serán muy enaltecedores de su persona y, sobre todo, de la figura que los mexicanos deseamos tener en el extranjero, en el mundo mismo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Robles Medina. Ha solicitado, también, el uso de la palabra el diputado Jorge Romero Romero, desde su curul, con mucho gusto, señor diputado.

El diputado Jorge Romero Romero (desde la curul): Muchas gracias. Expresar, también, nuestro reconocimiento al doctor José Hernández. Para nosotros es muy importante su visita promoviendo la Agencia Espacial Mexicana. Estamos ciertos de que entrar a la era del conocimiento exige hoy que la gran apuesta de nuestra nación sea en tecnología, en ciencia, que es lo que viene promoviendo el doctor José Hernández.

En ese sentido sentimos muy oportuna su visita al país; desde luego, a esta a Cámara. Le damos la bienvenida, nuestro más sentido reconocimiento. Y, desde luego, reiterarle nuestro compromiso de seguir trabajando en aras de que México tome las mejores decisiones en materia tecnológica, en materia de investigación que nos permita estar a la altura de las economías con las que hoy competimos. Estar a la altura de lo que la sociedad demanda, también, a esta representación. Felicidades al doctor José Hernández, muchas gracias y enhorabuena.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Romero Romero. Tiene la palabra el diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición energética y el artículo 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El diputado Juan José Guerra Abud: Buenas tardes. Con su permiso, presidente. Estimados colegas, la humanidad enfrenta hoy en día un desafío sin precedente: el calentamiento global, el cual ha dejado de ser una teoría para convertirse en una lamentable realidad, realidad que nos afecta a todos por igual, previéndose escenarios que podrían ser devastadores si no actuamos de manera urgente y reducimos la emisión de gases de efecto invernadero.

México generó en 2006, 715 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente, que si bien es cierto, nos ubican en el 13º lugar mundial en la generación de este tipo de gases, la cifra resulta preocupante porque en sólo 4 años la incrementamos en un 11 por ciento y subimos dos posiciones en el cuadro mundial de emisiones.

Al igual que en la mayoría de los países del mundo, en México las principales fuentes de emisión son la producción y uso de energía eléctrica, la cual en 2006 nos generó el 40 por ciento de las emisiones.

Colegas, esto no debe ser una concesión graciosa, es una imperiosa necesidad. Tenemos que reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Los instrumentos fundamentales para conseguir este objetivo son el uso eficiente de energía y el máximo aprovechamiento de energías renovables.

El planeta se está moviendo ya en la dirección de transformar sus sistemas energéticos para maximizar el uso de las fuentes renovables. Países como España, Alemania, Estados Unidos, Dinamarca, China y la India, están basando su crecimiento energético en fuentes renovables.

Lamentablemente ?insisto?, lamentablemente todo parece indicar que en México vamos en la dirección contraria, ya que penosamente seguimos quemando combustibles fósiles para generar electricidad y lo peor es que varias plantas como Salamanca, Tula, Petacalco y parte de Tuxpan queman combustóleo, que según los expertos es el segundo combustible más contaminante.

La desgracia de que México esté reduciendo su plataforma petrolera podría acarrear la triste ventaja de que se deje de usar este combustible, pero desgraciadamente y aunque parezca increíble, la Secretaría de Energía está planeando parte del crecimiento eléctrico con nuevas plantas, pero éstas en base al único combustible que es más contaminante que el combustóleo; las nuevas plantas quemarán carbón, el cual, por cierto, tendremos que importar.

Las metas del Programa Sectorial de Energía 2007-2012 establecen en un muy pobre 6 por ciento de generación eléctrica con renovables y un muy grande 71 por ciento con combustibles fósiles. El resto es energía nuclear e hidroeléctrica.

Consideramos que las metas para renovables son insuficientes y no están en proporción a la magnitud del reto que enfrentamos.

Según estimaciones de la propia Secretaría de Energía, México tiene un amplísimo potencial de generación de energía limpia, tan sólo en la región del Istmo de Tehuantepec existe un potencial de 10 mil megawatts de energía eólica, pudiendo crecer en todo el país. La disponibilidad de recursos geotérmicos, según la misma Sener, es al menos de 10 mil megawatts y la energía solar tiene, para efectos prácticos, disponibilidad ilimitada.

Considero, estimados colegas, que promover y aprobar iniciativas viables que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero, es una responsabilidad no jurídica; es una responsabilidad moral que debemos asumir.

Por ello, proponemos las siguientes reformas a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética:

En el artículo 3o, para dar mayor precisión a la definición de externalidades. Según el INEGI, el costo de la degradación ambiental en nuestro país es del 8.8 por ciento del PIB, costo que hemos ignorado pero que más temprano que tarde tendremos que pagar.

Parte del problema es que la Comisión Federal de Electricidad está obligada a comprar la energía más barata, sin considerar las externalidades, como los costos por el deterioro de la salud por la emisión de gases contaminantes.

En el artículo 10, para que las externalidades sean calculadas no sólo para las energías renovables, sino para todas las fuentes de electricidad.

En el artículo 11, para que las metas de participación aumenten gradualmente en base al potencial técnico-económico.

En el artículo 14, de modo que las secretarías facultadas para emitir opinión sobre el cálculo de externalidades, también emitan su opinión sobre el cálculo de las contraprestaciones.

En el artículo 26, para que la Secretaría de Energía actualice y publique las metas de participación de manera semestral.

Termino, señor presidente. Es fundamental que la opinión pública esté permanentemente informada de los avances en la materia e impedir que por negligencia o apatía no se alcancen las metas que establezca el Congreso.

De manera complementaria proponemos reformar el artículo 26 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para evitar una visión de corto plazo en la planeación energética.

Finalmente, proponemos que se fije una participación máxima de 65 por ciento de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica en el año 2015, de 60 por ciento en el 2020 y de 50 por ciento en 2025. Son metas difíciles que sí se pueden alcanzar si existe la voluntad política.

Colegas, revisen mi propuesta y adecuen lo necesario; pero por favor, por nuestros hijos, hagamos algo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Guerra Abud. Túrnese a la Comisión de Energía.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Solicita hacer uso de la palabra el diputado Jorge López-Portillo, del PRI. A sus órdenes, diputado López-Portillo.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Señor presidente, para que consulte al orador si me permite sumarme a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado, ¿acepta usted?

El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): Con gusto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El diputado Juan José Guerra Abud acepta que todas aquellas y aquellos diputados que deseen adherirse a su iniciativa pasen a firmar el documento correspondiente.

Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turna a la Comisión de la Función Pública.

Tiene la palabra el diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro: Con su permiso, señor presidente; con su permiso, compañeros diputados.

El que suscribe, Carlos Oznerol Pacheco Castro, diputado del distrito I del estado de Campeche e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se permite someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidad con la siguiente

Exposición de motivos

La actividad económica de México en los últimos años se ha caracterizado por un desarrollo desigual en las diversas regiones que integran el país. Esta situación ha provocado que la riqueza nacional se concentre en unas cuantas regiones y en un porcentaje reducido de la población. La realidad de las entidades federativas y de sus municipios es diversa, pero les caracteriza la insuficiencia de recursos públicos.

La descentralización es clave en la vida política y económica de nuestro país. El movimiento de descentralización llegó a su punto más álgido en 1980, cuando se lleva a cabo la reforma fiscal con mayor impacto en las relaciones intergubernamentales a través del sistema nacional de coordinación fiscal, con el que los estados y municipios pudieron participar de la totalidad de los impuestos recolectados por el gobierno federal.

A cambio de ver aumentados sus ingresos a través de las transferencias provenientes de dicho sistema, los estados cedieron sus facultades recaudatorias a favor de la federación por medio de la firma de acuerdo de coordinación fiscal.

Como bien sabemos, el gasto federalizado o descentralizado son los recursos que el gobierno federal transfiere a los estados y los municipios a través de las participaciones y aportaciones federales, los apoyos para las entidades federativas y los convenios de descentralización para que complementen sus erogaciones en educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y, otras necesidades que consideren se deban satisfacer.

Es importante resaltar que poco más del 75 por ciento de los ingresos transferidos son utilizados para pagar nómina de personal de educación y salud, así como programas asistenciales; los demás fondos, junto con los convenios de descentralización están destinados a incrementar la infraestructura y equipamiento, lo que provoca una presión sobre los ingresos propios, ya que cada vez se requieren mayores recursos para operar y conservar dicha infraestructura, que origina un aumento del gasto corriente y deja escaso margen de maniobra para que los ingresos provenientes de participaciones federales se destinen a las prioridades estatales y municipales.

En el Sistema Nacional de Participación Fiscal concurren, como bien sabemos, los tres órdenes de gobierno. Este sistema se estableció para redistribuir los impuestos, permitiendo así que cada orden de gobierno pueda administrarlos con mayor eficacia, evitando el problema de la concurrencia impositiva o de la múltiple tributación.

Con la consolidación del régimen posrevolucionario, en 1929 inició una etapa en la que a pesar de la crisis mundial, los municipios del país administraban el 7.7 por ciento del ingreso público nacional, porcentaje que llegó a ser el máximo histórico en 1932 de 8.9 por ciento.

Señores diputados, los municipios del país en general y las entidades siguen requiriendo más recursos para poder ejercer a plenitud sus funciones. El esquema de distribución fiscal de nuestro país debe modificarse para fortalecer a los órdenes de gobierno que reciben menos ingresos y que tienen mayor cercanía y contacto con el pueblo.

En síntesis, es inexplicable que de 1980 a 1996, la distribución fiscal en México sólo haya evolucionado de 16.93 por ciento al 20 por ciento, estancándose prácticamente 13 años su crecimiento en perjuicio de los estados y en especial, de los municipios.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente

Iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo único. Se reforma el párrafo primero, del artículo 2, de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue.

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 25 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio; porcentaje del cual, al menos una cuarta parte debe ser destinada por las legislaturas locales a los municipios a través de las leyes de ingresos de los estados.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

Segundo. El porcentaje de 25 por ciento de la recaudación federal participable deberá alcanzarse de forma gradual a partir del porcentaje de 20 por ciento vigente, al proponerse esta reforma, incrementándose anualmente 1.66 por ciento a partir del Ejercicio Fiscal 2010, hasta alcanzar en el Ejercicio Fiscal 2012 el 25 por ciento que se propone.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de noviembre de 2009. Es cuanto, señores diputados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibió de la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; misma que se turna a la Comisión de la Función Pública.

Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.

Tiene la palabra el diputado Alonso Bailey Elizondo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo: Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, en ejercicio de la facultad que nos conceden los artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales por el estado de Nuevo León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, sometemos al pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 31, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se adicionó el 8 de diciembre de 2005, en su artículo 31, para permitir que los extranjeros, con calidad de turistas, que retornen al extranjero por vía aérea o marítima, puedan obtener la devolución del impuesto al valor agregado siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

Que el comprobante fiscal reúna los requisitos fiscales.

Que las mercancías adquiridas salgan efectivamente del país.

Que el valor de las compras realizadas por establecimiento ampare un monto mínimo, en moneda nacional, de mil 200 pesos.

Quedando dicha normatividad claramente referida a los turistas, sin considerar a otro tipo de personas que se internan en el país por diversos medios y por lapsos cortos de tiempo.

El artículo 42 de la Ley General de Población contiene una disposición más amplia para referir a aquellos que por diversos medios, causas o temporalidad, se internan al país conceptualizándolos como no inmigrante, siendo éstos los siguientes: turista, transmigrante, visitante, ministro de culto o asociado religioso, asilado político, refugiado, estudiante, visitante distinguido, visitantes locales, visitante provisional y corresponsal.

En este sentido, la concepción limitada de turista y la actual redacción del artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, resulta discriminatoria al dejar fuera del beneficio de la devolución de este impuesto a una buena parte de los visitantes, quienes generalmente tienen un alto poder adquisitivo como los pasajeros de cruceros.

El turismo conjuntamente con el petróleo ha formado a lo largo de los años dos de los pilares fundamentales de la economía nacional. La actividad turística genera más del 10 por ciento de los empleos formales totales que hay en el país, lo que significa empleo directo para más de un millón 800 mil mexicanos, cuya remuneración media es 30 por ciento superior a otras actividades productivas y al menos el triple de empleos indirectos.

En este sentido, se deben de promover todas aquellas actividades que amplíen el abanico de nuestra oferta turística, para ser más competitivos ante la gran oferta que tenemos de parte de países que cuentan con una mayor infraestructura e incluso tradición turística, como son los europeos, quienes con una extensión pequeña han logrado atraer un flujo varias veces superior al de México, que cuenta con un territorio y manifestaciones culturales igualmente abundantes.

Uno de los sectores más afectados por el manejo de la crisis y la influenza fue el turístico, en donde sólo en cuanto a los cruceros, según datos de ayer, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estimaba una caída de 17.1 por ciento de enero a octubre de este año, perdiendo más de 800 mil turistas y más de 64 millones de dólares con un estimado, gasto conservador, de 80 dólares por persona.

Por ello, debemos retomar el espíritu de legislador al adicionar el artículo 31 de la Ley del IVA de incentivar la derrama económica por parte de los turistas que se internan en el territorio nacional, fomentando el gasto a través de la devolución del IVA, ampliando este beneficio a cualquiera de las calidades de no inmigrante señaladas.

Lo anterior, con el objeto de incrementar en cantidad y calidad los participantes en el programa de devolución del IVA que resulta sumamente discriminatorio ya que un visitante extranjero, a Cancún, que retorna por vía aérea, sí tiene derecho a la devolución del IVA de las mercancías que adquiere y se lleva consigo al salir del país. Otro extranjero que visita esta misma ciudad arribando en un crucero no tiene este derecho, esto porque este último no tiene la calidad migratoria de turista, sino de visitante local.

Por ello, la modificación a la ley que se propone de sustituir el concepto de turista por el de no migrante tiene diversas bondades: incrementa muy notablemente el número de personas que se benefician con la disposición, que significa mayor número de compradores y, por tanto, un incremento de la derrama económica en el lugar y la región, al ser condición necesaria la presentación de la documentación fiscal para llevar a cabo la devolución mencionada.

La disminución de recaudación impositiva por la devolución se compensaría con la ampliación de la base gravable y se tendría un esquema más competitivo?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido concluir, diputado.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo: Termino, diputado presidente. Con otros países que cuentan con un sistema semejante.

Por lo expuesto, presentamos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Único. Se reforma el artículo 31, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 31. Los extranjeros con calidad de no inmigrante de conformidad con la Ley General de Población que retornen al extranjero, por vía aérea o marítima, podrán obtener la devolución del impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en la adquisición de mercancías, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos:

...

...

Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 433 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia tienen hasta 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Procedemos con el siguiente punto del orden del día que es Dictámenes negativos de iniciativas

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se autoriza.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona tres párrafos a la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Otro dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 90 de la Ley del Seguro Social.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se aprueban éstos y los puntos de acuerdo anteriormente reservados.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban éstos y los puntos de acuerdo anteriormente reservados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asunto totalmente concluido.

Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a que emitan el reglamento a que se refiere el párrafo segundo del artículo 271 de la Ley General de Salud, con fundamento en la adición del mismo precepto del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2007, suscrito por las diputadas Georgina Trujillo Zentella y María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI. Túrnese a la Comisión de Salud.

Se recibió de la diputada Laura Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener a que promueva la firma de un convenio de coordinación con el gobierno de Baja California para establecer las bases de participación en el proyecto del parque eólico en el estado. Túrnese a la Comisión de Energía.

Se recibió del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del Sur-Sureste de México. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Se recibió de la diputada Laura Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a Conagua que informe sobre las acciones específicas a realizar para atender el agotamiento de la disponibilidad de agua para Baja California. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Se recibió del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Se recibió del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Vivienda de esta soberanía a que cite a comparecer al director de Conavi (Comisión Nacional de Vivienda) y a la empresa constructora ANDHA , por el presunto incumplimiento del programa federal Ésta es tu casa, en el municipio de Tala, Jalisco. Se turna a la Comisión de Vivienda.

Se recibió de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación, se abstengan de cambiar el nombre geográfico a la isla Cerralvo, ubicada en el Golfo de California, y se elimine el acuerdo emitido por el INEGI para el cambio de nombre. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Se recibió del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo relativo al retiro inmediato de los mensajes de la LXI Legislatura en los que se omite la pluralidad y divergencia de posturas de los grupos parlamentarios. Se turna a la Presidencia de la Mesa Directiva.

Tiene la palabra el señor diputado Luis Antonio Martínez Armengol, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Gobernación destinen mayores recursos del Fondo para Desastres Naturales, con el objeto de atender la emergencia que se presenta en el estado de Veracruz.

El diputado Luis Antonio Martínez Armengol: Con su venia, señor presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de nuestro Congreso General y en la normatividad aplicable, el suscrito diputado federal Luis Antonio Martínez Armengol, del Grupo Parlamentario del PRI, someto a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo.

Resolución que tiene por objeto exhortar al Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Gobernación para que se destinen mayores recursos del Fondo de Desastres Naturales, con el objetivo de atender diversas emergencias que se tienen en el estado de Veracruz, derivado de las lluvias torrenciales que afectaron a todas las comunidades de esta zona del estado, bajo el tenor de las siguientes

Consideraciones

El deterioro ambiental, del cual el ser humano es el principal responsable, ha ocasionado que los fenómenos meteorológicos representen con mayor intensidad y frecuencia superando los promedios que se tienen considerados: los huracanes, las tormentas tropicales, los ciclones, los frentes fríos y demás fenómenos naturales afectan no solamente a nuestro estado, sino a todo nuestro país, los que se ubican también dentro de las costas.

Sin embargo, a pesar de que se implementan medidas preventivas y es de reconocer los esfuerzos que hace el gobierno federal y los gobiernos estatales para intentar que estos sean mínimos, estas causas que les pegan son incuantificables.

Año con año se pierden vidas humanas, las inundaciones ocasionan que las infraestructuras de todo tipo se vean afectadas, ocasionando pérdidas y dificultades para los habitantes de las regiones, ya que se quedan incomunicados y en muchos de los casos, en espera de ser ayudados mediante los programas de emergencia que se diseñan y se tienen preparados para atender este tipo de problemas.

Entre las entidades que han resentido en mayor cuantía las consecuencias de las torrenciales lluvias han sido, desde luego, el estado de Veracruz y los estados de Tabasco y Chiapas, en donde según la última información proporcionada por los diferentes medios de comunicación han existido más de 15 mil habitantes afectados y más de 50 comunidades incomunicadas afectadas por los ríos Aguadulcita, Coatzacoalcos, Uxpanapa, Tancochapan y otros ríos derivados de esta zona.

Protección civil de Veracruz ha declarado en estado de emergencia más de 36 municipios ubicados en el litoral y en el sur del estado de Veracruz. En el municipio de Las Choapas tuvimos más de mil 500 personas ubicadas en albergues. A la fecha se tiene un estimado de más de 40 mil damnificados en la entidad.

La cantidad de lluvia y los vientos que superaron los promedios que han azotado el estado de Veracruz ha hecho necesario, inclusive, que en algún momento se cerrara la navegación de los puertos en esta entidad; afectación que, desde luego, tienen en este sentido los pescadores de toda esta región.

A pesar de que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, han puesto en marcha los diversos programas que se tienen, desde luego que en un momento son insuficientes para alcanzar y atender la emergencia.

Por eso es importante que nosotros como legisladores debemos ser sensibles ante problemas de este tipo sumando nuestros esfuerzos, dejando a un lado los intereses de algunos, personales o de partido.

Lo anterior con el objetivo de coadyuvar con los esfuerzos que se hacen a través del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales, por lo que someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero. Exhortamos a los titulares del Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, giren las instrucciones necesarias a las autoridades competentes con el objeto de que en la prevención de estas tragedias pudiéramos encontrar algún otro tipo de resultado para atender los fenómenos naturales que nos afectan.

Segundo. Exhortar al Secretario de Gobernación con el objeto de que sean liberados mayores recursos del Fondo de Desastre Natural a fin de subsanar las emergencias que se presentan no solamente en Veracruz, sino en todo nuestro país, y que afectan a los municipios y a sus habitantes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señores diputados y señoras diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fin de que el salario mínimo general que se fije para el 2010 tenga un incremento sustancial que redunde en beneficio de las y los trabajadores.

La diputada Leticia Quezada Contreras: Gracias, diputado presidente. Quisiera comenzar mi intervención preguntándoles a todas las diputadas y diputados presentes: el salario mínimo al día es de 54.8 pesos, ¿ustedes podrían vivir con esta cantidad, al día? Porque 5 millones 589 mil 274 trabajadores mexicanos ganan un salario mínimo al día. Es decir, 13.4 por ciento de la población económicamente activa es lo que gana a diario, un salario mínimo; hecho que los deja en la extrema pobreza en nuestro país.

¿Para qué les alcanza con 54.80 pesos al día? ¿Qué pueden adquirir diariamente con esto miles de familias mexicanas, si, por ejemplo, el kilo de carne de res cuesta 78 pesos? Pues ni siquiera para eso. El kilo de jitomate, 25.90 pesos. El transporte público, porque diariamente se transportan; el calzado, la ropa... en fin, se deja en una situación de extrema pobreza y de vulnerabilidad a éstos cerca de 5 millones 589 mil mexicanos en todo nuestro país.

Es por esto que, con estos ejemplos y apelando a la sensibilidad de las diputadas y los diputados, es urgente detener esta embestida contra la población trabajadora y sus familias. Es necesario que el Estado anteponga el bienestar de la mayoría y se frene la especulación y los aumentos a los artículos y servicios de primera necesidad.

Porque viene enero, la cuesta de enero, y viene el alza a una serie de productos de la canasta básica y aún así, con el salario mínimo, ¿qué van a hacer cerca de 5 millones 589 mil personas, que para enero del próximo año estamos seguros que se estarán duplicando?

Entonces, apelamos a la sensibilidad. Es por eso que sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente Proposición con punto de acuerdo

La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a fin de que el salario mínimo general que se fije para el año 2010 en el país tenga un incremento sustancial que redunde en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores, que cubra eficientemente las necesidades normales de la vida de éstos y sus familias, en el orden material, social y cultural, y que permita proveer la educación obligatoria de los hijos, respetando en todo momento la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores.

Por economía y con fundamento en el artículo 184 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito la inserción íntegra en el Diario de los Debates de dicha propuesta que estamos sometiendo. Muchas gracias, diputado presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tiene la palabra el diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Colegio de Bachilleres y a la Secretaría de Educación Pública a que resuelvan a la brevedad las demandas de los trabajadores del Sindicato Independiente Nacional del Colegio de Bachilleres.

El diputado Mauricio Toledo Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea legislativa de la honorable Cámara de Diputados. Que el sello del gobierno federal es de total desprecio por la clase trabajadora, mostrando más allá de su pública incapacidad por generar empleos y una profunda falta de voluntad por crearlos.

La política laboral de Calderón es el aniquilamiento de los trabajadores, eso hizo con los mineros de Cananea, eso mismo hace con los electricistas de Luz y Fuerza y ese desdén propina a los trabajadores del Colegio de Bachilleres.

Que el 24 de noviembre de 2007 se firmó un convenio entre el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres y el Colegio de Bachilleres, comprometiéndose ambos a desarrollar bilateralmente un programa de calidad y eficiencia para los trabajadores administrativos, que incluya diversos incentivos económicos, programa hasta el momento incumplido por parte de la institución educativa.

Que para los trabajadores y académicos la reforma curricular viola el convenio del 24 de noviembre de 2007, pues además de ir en detrimento de la calidad educativa, lesiona los derechos laborales de los trabajadores académicos y administrativos, contemplados en su contrato colectivo de trabajo.

Que de acuerdo con el Sindicato, la reforma iniciada en el Colegio de Bachilleres impone la flexibilidad de perfiles y funciones, afectando las condiciones contenidas en el contrato colectivo de trabajo.

Que para los trabajadores en huelga se ha incumplido por parte de la institución con el convenio del 7 de diciembre de 2008, en el que se comprometieron a analizar diversos puestos de confianza y determinar la naturaleza de sus funciones.

Que el Colegio de Bachilleres viola presumiblemente los derechos de todos los trabajadores al no ejercer, hasta el momento, el programa de nivelación salarial, con los recursos autorizados por esta soberanía en el Presupuesto de Egresos para 2009, 112 millones de pesos más otra cantidad igual que aporta la SEP por concepto de lo que se denomina Peso a Peso.

Que la huelga estalló desde el 19 de octubre, hasta el momento la institución ha negado hacer ofrecimientos serios y genuinos para la concreción de acuerdos, lo que ha dejado a alrededor de 120 mil alumnos sin clases.

Por eso, solicito a esta soberanía, a la Cámara de Diputados, que solicite, que solicitemos una mesa de trabajo a la Secretaría de Educación Pública, al Colegio de Bachilleres, para que se resuelva de una vez por todas este conflicto laboral que tiene a cientos de estudiantes sin estudiar y que además no hay la voluntad de resolver los conflictos laborales de los académicos y los trabajadores del Sindicato del Colegio de Bachilleres.

Primero. Se exhorta al Colegio de Bachilleres y a la Secretaría de Educación Pública a resolver a la brevedad las demandas de los trabajadores del Sindicato Independiente Nacional del Colegio de Bachilleres; y,

Segundo. Se integre a la brevedad una comisión legislativa plural para coadyuvar la concreción de la conciliación entre el Colegio de Bachilleres y el sindicato. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tiene la palabra el diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Suprema corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de investigación sobre violaciones de garantías individuales por la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Honorable Cámara de Diputados. Si el 2 de octubre no se olvida, quién podría olvidar hasta el 10 de octubre de 2009.

Como bien recordamos, en ese día lo que en un principio fue una toma de 50 integrantes de la Policía Federal a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, poco antes de las 11 de la noche se convirtió en una toma de todas sus subestaciones por miles de elementos de la Policía Federal.

Sin duda, estos hechos que de manera abrupta sucedieron, con el preámbulo de una serie de atropellos a los derechos más elementales de miles de ciudadanos trabajadores, que durante parte importante de su vida estuvieron al servicio de esta paraestatal.

Contrario a lo que en su campaña populista prometió Felipe Calderón, de generar empleo, con la publicación del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro en el Diario Oficial de la Federación del 11 de octubre de 2009, el autodenominado presidente del empleo mandó de la noche a la mañana a más de 44 mil trabajadores, en su mayoría habitantes del Distrito Federal y del centro de nuestro país. A esta cifra hay que agregarle los más de 22 mil jubilados, por lo que el número se eleva a más de 66 mil familias electricistas afectadas.

En consecuencia, como solución desesperada a esta situación, el Ejecutivo decreta la extinción de la empresa. Sin embargo, lo que todos los trabajadores y la sociedad saben y que no se informó en el decreto, fue que desde administraciones pasadas los trabajadores de la empresa, por conducto del Sindicato Mexicano de Electricistas, han denunciado ante la opinión pública que de manera deliberada sucesivos gobiernos federales establecieron una política de descapitalización de esta empresa pública.

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien está facultada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para fijar y reestructurar los precios de las tarifas eléctricas, ha desarrollado una política de alto subsidios a los grandes empresarios que utilizan el fluido para hacer negocio y aumentar sus enormes ganancias.

Que esta transferencia de valor a los grandes empresarios ha descapitalizado gravemente a Luz y Fuerza del Centro, tanto que los grandes empresarios de energía eléctrica se la venden muy por debajo de su valor real.

Compañeras y compañeros, solicito, conforme al artículo 97 de nuestra Carta Magna que dice: "La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación a la garantía individual."

Por supuesto que es una grave violación a las garantías individuales dejar sin empleo, sin trabajo a miles de trabajadores. Por eso coincido con el diputado Ramón, con el diputado Nazario Norberto, que tenemos esta Cámara de Diputados, que solicitar a la Suprema Corte de Justicia que atraiga este caso por la violación a los derechos individuales de los trabajadores de electricidad de Luz y Fuerza del Centro de nuestro país.

Por tal motivo, solicito a esta Cámara de Diputados apoyen esta iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra la diputada Jeny de los Reyes Aguilar.

El diputado Ramón Jiménez López (desde la curul): Presidente, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame a sus órdenes. Sí, diputado Jiménez, dígame.

El diputado Ramón Jiménez López (desde curul): Señor presidente, solicito la palabra por alusiones, si es tan amable.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pues es una proposición que no está a discusión, diputado. Creo que no ha lugar en virtud de que solamente fueron hechos los planteamientos correspondientes.

Tiene la palabra la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar, al Ejecutivo federal y al gobierno de Michoacán, a que den cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

El diputado Ramón Jiménez López (desde la curul): Presidente, solicité la palabra por alusiones, no viole la norma.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputada, por favor.

El diputado Ramón Jiménez López (desde curul): Presidente...

La diputada Jeny de los Reyes Aguilar: Gracias, señor presidente. Con el permiso de la Mesa, compañeros diputados y compañeras diputadas: En un país como el nuestro, que ha vivido crisis recurrentes, es de suma importancia la atención de las necesidades prioritarias de la población, mediante la implementación de programas que permitan su acceso a los requerimientos básicos como los son una alimentación suficiente, salud, educación, vivienda, entre otros.

Es claro que en la ejecución de los programas de desarrollo social se ha dejado de lado a los municipios, que son la instancia más cercana a la gente, base de la organización política de nuestra nación y que por dicha cercanía conocen de mejor manera la problemática específica de cada uno de ellos; las condiciones de vida de sus pobladores y las necesidades reales.

En la Ley General de Desarrollo Social se establece en su artículo 3o. los principios a que debe sujetarse la política de desarrollo social y que por tanto deben ser observados por las autoridades federales, estatales y municipales concurrentes en la materia.

Asimismo, hoy en día se viola el principio de transparencia toda vez que se mantienen en la opacidad los padrones de beneficiarios y de organizaciones que reciben recursos por parte de dichas instancias.

También se pasa por alto lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social, el cual establece que los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, y sólo, por excepción, los ejecutarán directamente otras instancias.

En Michoacán, mi estado, durante el pasado proceso electoral federal, quedó evidenciado el uso político-electoral de los programas sociales por parte de la federación y del gobierno estatal, realizando acciones encaminadas a identificar los recursos o bienes otorgados por el partido del que provenía la autoridad de que se tratara.

Se ha buscado canalizar recursos y bienes por conducto de organizaciones sociales afines en los que frecuentemente participan militantes e incluso ex candidatos de dichos partidos políticos. El sonado caso el cementazo, implementado por el gobierno del estado, y la canalización de los recursos por medio de las delegaciones federales a organizaciones afines al partido en el gobierno federal son sólo ejemplos de lo anterior.

Por ello, presento a ustedes este punto de acuerdo, en el cual primero se exhorta al gobierno federal para que revise, en su caso, y modifique las reglas de operación de dichos programas federales en materia de desarrollo social, a fin de que para su ejecución sea obligatoria la coordinación de las instancias municipales correspondientes.

Segundo. Se exhorta al gobierno de Michoacán a fin de que transparente la entrega de los bienes materiales y apoyos económicos objeto de los programas estatales en materia de desarrollo social, estableciendo en las reglas de operación respectivas la obligación de ejecutar dichos programas en coordinación o por conducto de los ayuntamientos respectivos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

A solicitud de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se pospone su intervención enlistada para tratar algún tema acerca del estado de Veracruz.

Tiene la palabra el diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Semarnat a que garantice que los árboles de Navidad naturales, de importación cumplan con la normatividad en materia de sanidad forestal.

El diputado Rafael Pacchiano Alamán: Con su venia, presidente. Compañeros legisladores, como podemos ver ya se acerca la temporada navideña y con ella la venta de árboles de Navidad.

En nuestro país actualmente se adquieren 1.9 millones de árboles de Navidad naturales, de los cuales 56 por ciento provienen de Estados Unidos y de Canadá, por lo cual México a través de la Profepa realiza acciones de verificación de dichos árboles con la finalidad de que no sean introducidas a nuestro país plagas y enfermedades que pueden contaminar nuestros bosques.

En el 2008 se importaron más de un millón 200 mil árboles, y en las labores de verificación se detectaron más de 43 mil 700 árboles que venían infestados con algún tipo de plaga impidiendo su ingreso a nuestro país.

Es importante destacar que en la segunda semana de noviembre, de este año, la Profepa regresó a los Estados Unidos los primeros pinos de Navidad de la temporada al detectarse dos ejemplares del molusco conocido como babosa gris, misma que se considera de una plaga de alto riesgo para cultivos de maíz, soya, girasol, hortalizas, plantas de ornato y vegetación del bosque.

En este sentido los diputados de mi grupo parlamentario expresamos nuestra preocupación relativa a la exportación de árboles de Navidad que se hace cada año, toda vez que los árboles provenientes de Norteamérica han registrado plagas y enfermedades que ponen en peligro la calidad, no sólo de los árboles de Navidad producidos localmente, sino también de nuestras zonas agrícolas y de los recursos forestales en su conjunto.

A estas acciones también es importante que se reconozca que los pinos producidos en México son de igual o incluso mejor calidad que los importados. Si todos los pinos naturales comprados fueran nacionales tendríamos diferentes beneficios como los que destaco:

Primero. El incremento, en la economía, de las comunidades mexicanas que producen este tipo de árboles.

Segundo. El desaliento de la extracción clandestina de árboles.

Tercero. La disminución de plagas y enfermedades introducidas por productos importados.

Por tanto, es importante otorgar apoyos al fortalecimiento de la producción de árboles de Navidad naturales en nuestro país.

Actualmente en México existen un poco más de 500 proyectos de plantaciones forestales comerciales que se especializan en el cultivo de árboles de Navidad, de los cuales cerca del 22 por ciento ya están en producción.

La superficie actual es de mil 750 hectáreas en 14 estados, en los que se destacan el estado de México, el Distrito Federal, Guanajuato, Veracruz, Michoacán y Morelia. Sin embargo, a pesar de la productividad nacional, la demanda del mercado mexicano obliga a que la importación sea mayor que la producción local, lo cual implica una fuga de divisas que podría bien ser recibida por los productores nacionales, si es que éstos tuvieran acceso a recursos que le permitieran incrementar la calidad, la cantidad y, sobre todo, la competitividad de los árboles de Navidad producidos en México.

Por lo cual el punto de acuerdo que presentamos tiene dos

Objetivos

El primero es exhortar a las autoridades ambientales a que se lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar que los árboles de Navidad naturales importados, que ingresen a nuestro país, cumplan con la normatividad correspondiente en materia de sanidad forestal.

Y el segundo es que el gobierno federal incentive la producción de árboles de Navidad certificados en nuestro país, a través del programa de Plantaciones Forestales Comerciales. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tiene la palabra el señor diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparencia del director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Me trae a la tribuna un tema que considero fundamental para que esta Cámara de Diputados ejerza a cabalidad las competencias que tiene para controlar y supervisar a la administración pública, tanto la centralizada como la descentralizada.

Es el caso, como recordamos todos nosotros, que la agencia Notimex fue creada recientemente por ley como agencia de noticias del Estado mexicano, para darle, para otorgarle autonomía técnica y de gestión y para establecer en el artículo 1o de su ley la independencia editorial de esta agencia de noticias.

La finalidad de esta reforma realizada hace algunos años tuvo por propósito que esta agencia no estuviese subordinada al Poder Ejecutivo, sino fuese una agencia de Estado que garantizara, que coadyuvara a garantizar el derecho a la información.

Sin embargo, me han llegado a mí oficina de diputado distintas críticas y señalamientos, tanto de trabajadores como de otras instancias, en donde me dicen o me señalan por escrito que Notimex no garantiza la independencia editorial; que existen sesgos informativos importantes que, por ejemplo, la información relacionada con seguridad pública no se da a conocer ampliamente y que algunas giras o recorridos que hacen políticos opositores como Andrés Manuel López Obrador, nunca son difundidas por la agencia Notimex.

También se me ha dicho que ha habido aumento del personal de mandos medios y superiores, un aumento del gasto corriente en esta agencia de noticias y que se ha despedido a muchos reporteros de la misma.

Por lo anterior, ante estas críticas respecto al sesgo informativo o presumible sesgo informativo de Notimex y el estado administrativo en el que se encuentra esta institución, me parece muy importante que el director de esta agencia sea citado a comparecer ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para que esta Cámara de Diputados ejerza a plenitud sus facultades de control y de supervisión.

Sobre todo, cuando de acuerdo al artículo 11 de la ley que creó Notimex, existe la disposición que establece que esta Cámara cuenta con un invitado permanente en la Junta de Gobierno de Notimex.

Por lo anterior, solicito muy atentamente que se cite al director de Notimex por parte de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para que la comisión respectiva ejerza su atribución de fiscalización y de control. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Tiene la palabra la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de Pemex para que instruya al titular de Pemex Refinación a revisar los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio en todo el país.

La diputada Olivia Guillén Padilla: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la importancia de las gasolineras en nuestro país es indiscutible, no sólo por el servicio que prestan, sino también por su importante aportación a la actividad económica.

Actualmente, operan en el país 8 mil 651 gasolineras con montos de venta entre gasolinas y diesel por 498 mil millones de pesos anuales.

Las estaciones de servicio tienen un papel importante en la recaudación de impuestos. El impuesto al valor agregado recaudado a través de las gasolineras es de 62 mil millones de pesos anuales y se recaudan por el impuesto sobre producción y servicios 22 mil millones de pesos.

En estas estaciones laboran 300 mil mexicanos, entre oficiales gasolineros, despachadores, oficinistas y técnicos. Son empresas que trabajan los 365 días del año, las 24 horas del día.

En la actualidad estas gasolineras trabajan mediante franquicias, con el otorgamiento de una sublicencia para uso de las marcas, nombres comerciales de Pemex, sus diseños, logotipos e imagen institucional.

Si bien las condiciones de operación de las gasolineras se establecen con los contratos de franquicia y suministro, éstos requieren, en este momento, de su actualización ?que ha estado pendiente desde hace 15 años? para no generar un trato diferenciado e inicuo y establecer condiciones favorables para las partes interesadas.

Por ejemplo, existen inconsistencias en la distribución de combustibles a las estaciones de servicio que se realiza mediante autotanques o pipas propiedad de Pemex Refinación o de terceros, por el incumplimiento de las Secretarías de Energía y Economía para establecer las normas oficiales mexicanas que se establecen en la reforma energética y que brinden certeza volumétrica en la distribución de la gasolina y el diesel.

El suministro de los combustibles se lleva a cabo en pipas de Pemex que no son calibradas en términos de lo establecido por la reforma o norma oficial mexicana, porque se carece de ella. Es el propio Pemex el que realiza la certificación, sin tener facultades para esto.

Otra es que la facturación de gasolinas y diesel a las estaciones de servicio que se realiza con el sistema de libre a bordo planta Pemex, es decir, se factura la compra de la gasolina a varios kilómetros de distancia de la estación, lo que motiva en ocasiones que llegue menos combustible a las gasolineras.

De esta manera, el mercado ilícito de combustibles se ve favorecido por no contar con un control integral que agrupe a todos los que intervienen en el proceso de comercialización de las gasolinas y el diesel en el país.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, las gasolineras realizan una actividad sumamente importante para la economía del país, por lo que debe actualizarse su marco jurídico y modernizar la franquicia Pemex, considerando entre otros puntos los siguientes:

Fortalecer y modernizar la franquicia Pemex, impulsar la transparencia en el manejo de los combustibles en todos sus procesos, establecer a la brevedad las normas oficiales mexicanas que garanticen la certeza volumétrica, realizar una campaña de difusión de las nuevas disposiciones que beneficie al público consumidor.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Único. Se exhorte al director general de Petróleos Mexicanos a instruir al titular de Pemex Refinación a revisar los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país para que haga un diagnóstico del sistema del control volumétrico en todos los procesos de distribución de gasolina y diesel, y a emitir la normatividad correspondiente que regule el proceso de manera integral; e informe sobre las propuestas que se están sugiriendo en el presente punto de acuerdo.

Es cuanto, señor presidente. Le solicito que se publique el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Diputadas y diputados que se suman al punto de acuerdo sobre Pemex: la diputada Clara Gómez, la diputada Marcela Guerra, la diputada Margarita Liborio, el diputado Joel González, el diputado Jorge Arana Arana, el diputado David Hernández Pérez, la diputada María Esther Scherman Leaño, la diputada Ana Estela Durán Rico, y el diputado Enrique Ibarra Pedroza, del PT. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Energía.

El diputado Arturo Zamora Jiménez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Solicita la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez. Adelante, señor diputado, desde la curul.

El diputado Arturo Zamora Jiménez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Sólo para solicitarle a la diputada Olivia Guillén, si no tiene inconveniente, que me sume a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunto a la diputada Guillén Padilla, si está de acuerdo en que el diputado Arturo Zamora se adhiera a su propuesta.

La diputada Olivia Guillén Padilla: Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo la diputada, por lo que las diputadas y los diputados que deseen adherirse pasen, por favor, a la Secretaría a suscribir el documento.

Tiene la palabra el diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la calidad de vida de los niños y de las niñas que permanecen junto con sus madres en los centros de reclusión del país.

El diputado Carlos Bello Otero: "La libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de los derechos iguales de todos los miembros de la familia"; preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, a 20 años de su creación.

Gracias, diputado presidente. Diputadas y diputados, muy buenas tardes. Considerando que la niñez mexicana tiene derecho a la prevención, protección, desarrollo integral que el Estado y la sociedad deben garantizar, con el objeto primordial de asegurarles un desarrollo físico, mental, emocional y social en condiciones de libertad, dignidad, equidad y justicia, resulta una obligación en los términos del artículo 4o. de nuestra Constitución Política y en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, la responsabilidad de proveerles lo necesario para su supervivencia, protección y futuro desarrollo.

Además, es necesario reconocer que todo niño mexicano debe crecer en el seno de una familia, educados en un ambiente de calidez, libertad y tolerancia; sin embargo, todos estos principios y derechos de las niñas y de los niños se encuentran en riesgo y vulnerabilidad cuando su madre se encuentra purgando una condena por la comisión de un delito en algún centro de reclusión de nuestro país.

Algunas cifras nos revelan que existe, a nivel nacional, una población aproximada de 227 mil 21 internos en 433 centros de reclusión. De estos 433 penales, sólo 12 están destinados para albergar exclusivamente a la población femenina. Para junio de 2001 existían más de 6 mil mujeres internas que, en promedio, tenían 3 hijos menores de edad, por lo que se estima que habría más de 20 mil niños y niñas, hijos e hijas de mujeres reclusas.

Desafortunadamente los mismos problemas que presentan las madres los padecen sus hijos en los centros y en los reclusorios nacionales; hacinamiento, sobrepoblación, deterioro, violencia, corrupción e irregularidades en la prestación de servicios de salud, alimentación y educación, entre otros.

Adicionalmente, los centros penitenciarios no cuentan con las instalaciones adecuadas ni con los programas integrales para propiciar el desarrollo infantil.

Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, en el marco de los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. de nuestra Carta Magna, de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la recomendación general número 3 con fecha 14 de febrero de 2002, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con

Punto de acuerdo.

Se exhorta respetuosamente a los gobernadores de las entidades federales, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, al titular de la subsecretaría del Sistema Penitenciario Nacional y a las instituciones de asistencia e integración social a nivel nacional, a que impulsen mayores acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que permanecen junto con sus madres en los centros de reclusión del país y que se reconstituyan sus derechos a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral que contemplan los párrafos 6o y 7o del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, solicito a usted, diputado presidente, se sirva ordenar que la presente proposición con punto de acuerdo se inserte íntegra en el Diario de los Debates de esta honorable asamblea. Por su atención muchas gracias, muy buenas tardes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita diputado, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Seguridad Pública.

Tiene la palabra el diputado Guillermo Cuevas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados extienda un reconocimiento a los mexicanos ganadores al Premio Goldman al Medio Ambiente.

El diputado Guillermo Cueva Sada: Con su venia, presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros legisladores. México, al ser uno de los países con mayor biodiversidad tiene el compromiso de preservar las riquezas naturales que su ubicación geográfica le ha brindado.

Es por ello, que desde esta tribuna es importante destacar las acciones que cuatro mexicanos han realizado por conservar nuestro medio ambiente, mismos que han recibido el denominado Premio Goldman mejor conocido como Premio Nobel Verde.

Al primer mexicano que quiero mencionar es al ciudadano Edwing Bustillos, quien a pesar de constantes amenazas contra su vida, ha frenado las operaciones de tala ilegal y la deforestación de los bosques de la Sierra Madre Occidental y ha trabajado para proteger los derechos de las comunidades indígenas tarahumaras.

El siguiente mexicano que es de destacar es el ciudadano Rodolfo Montiel Flores. Este personaje al ver que diversas empresas comenzaron a comprar registros ejidales para deforestarlos, en la sierra de Petatlán, Guerrero, se dio a la tarea de organizar a campesinos en las comunidades aledañas para protestar por la explotación forestal. Su trabajo y su lucha por la defensa de esta sierra, lo llevaron a ser detenido durante 2 años, pero fue reconocido internacionalmente por la conservación de los recursos naturales.

Buscando la misma defensa de las zonas forestales de nuestro país, encontramos al indígena tarahumara Isidro Baldenegro López, quien atrajo la atención nacional y mundial al demostrar el grave deterioro de los bosques y montañas de la sierra madre occidental y la sobrevivencia de la comunidad tarahumara. Este mexicano desarrolló, sin violencia, un movimiento de resistencia popular para luchar contra la tala y ganar el apoyo de organizaciones no gubernamentales locales e internacionales.

Por último y no por ello menos importante, destaco la labor del campesino indígena de la zona mixteca alta del estado de Oaxaca, el señor Jesús León Santos, por su trabajo, quien, con su comunidad, utilizó técnicas agrícolas que resultaron efectivas al convertir las tierras áridas en zonas arboladas y tierras de cultivo.

Por el trabajo de estos cuatro personajes, la Sierra Madre Occidental, la Sierra de Petatlán y la Mixteca Alta no han sido devastadas.

Como lo mencioné al inicio de mi intervención, Edwin Bustillo, Rodolfo Montiel, Isidro Baldenegro y Jesús León Santos, gracias a sus esfuerzos en pro del medio ambiente han recibido el denominado Premio Goldman. Este premio se instituyó desde 1990 y se identifica como el estímulo más importante para los defensores de la naturaleza y el medio ambiente.

Los ganadores de este premio se caracterizan por sus esfuerzos sostenidos a favor del medio ambiente, con impacto regional o global. Son líderes reconocidos y respetados en sus comunidades, cuya labor inspira a otros ambientalistas y a la sociedad en su conjunto.

Es por ello, compañeros, que en esta soberanía debemos registrar el trabajo ambiental que han hecho estos cuatro mexicanos y reconocer públicamente su labor en pro de la naturaleza, así como lo hizo la fundación estadounidense Goldman. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los partidos políticos a que disminuyan voluntariamente el financiamiento público, y que asuman el compromiso de reformar la Constitución con la finalidad de modificar el criterio para calcular el financiamiento público que reciben.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, éste es uno de los temas que generó durante el proceso electoral de 2009 una amplia discusión en la sociedad, que fue promovido, entre otros, por distintos grupos de anulistas que pedían, no solamente a los ciudadanos, anular el voto en las pasadas elecciones, sino también modificar el sistema de cálculo del financiamiento público.

Por estas razones, algunos compañeros diputados de distintas bancadas, ya han presentado tanto iniciativas como proposiciones con punto de acuerdo para buscar un método, un sistema que haga menos oneroso al financiamiento público en nuestro país.

Creo que el actual método con el que se calcula el financiamiento público, tomando en cuenta el número total de empadronados por un porcentaje del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, el 65 por ciento, es un método inadecuado que debe ser sustituido por otro método que tenga o que tome en cuenta, principalmente, la efectividad, la productividad de cada partido político.

Es decir, el cálculo de financiamiento público tendría que hacerse multiplicando algún factor del salario mínimo inferior al actual vigente en el Distrito Federal, por los votos efectivos de la última elección; es decir, votos en donde se haya descontado o se hayan descontado los votos nulos. Esto es fundamental para generar confianza en el sistema de partidos nacionales.

Una de las críticas más sensibles de los ciudadanos al sistema de partidos estriba en el exagerado monto de financiamiento público que reciben todos los partidos. Urge tomar una decisión a este respecto; urge que la Comisión de Gobernación de esta Cámara de Diputados inicie con los trabajos correspondientes a la reforma electoral para estar en disposición, en el próximo proceso electoral, en condiciones mucho más equitativas, pero también más austeras en la competencia político-electoral.

Como diputado del Partido del Trabajo reitero esta urgencia, este exhorto de reducir el financiamiento público; pero también a que en su momento, cuando el Congreso de la Unión reforme las disposiciones electorales, pensemos muy seriamente en derogar el financiamiento privado y en aprobar una Ley de Austeridad republicana que implique una reducción de 50 por ciento al gasto corriente del gobierno federal. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias. Señoras diputadas, señores diputados, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Gobernación. Tiene la palabra la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que practique, en forma urgente, la auditoría en la obra pública que en materia de salud actualmente se lleva a cabo en el Hospital General de Zapopan, hospitalito.

La diputada Clara Gómez Caro: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El Hospital General de Zapopan, también conocido como el hospitalito, fue inaugurado en 1948 por la señora Soledad Orozco, esposa del entonces presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho.

Desde ese tiempo ha prestado atención médica, mejorando en calidad y cantidad la rama médica, al cubrir aproximadamente 30 especialidades y servicios, motivo por el cual es evidente que se le considere de suma importancia, tanto para los habitantes de Zapopan como de la zona metropolitana, donde el municipio se encuentra inmerso.

Se tiene conocimiento que en el presente año se recibieron recursos federales en tiempo y forma para realizar obras de reparación integral del hospital de referencia; no obstante, la actual administración municipal retrasó los tiempos de presentación del proyecto general y ejecutivo, licitación y demás trámites administrativos, lo que se pone de manifiesto si se toma en cuenta que hasta el 11 de junio del presente año dio el aviso de iniciación de las obras, no obstante, la obligación de que se terminara en el último trimestre de este año.

Las autoridades del ayuntamiento el Zapopan en funciones y el organismo público descentralizado de los Servicios de Salud de dicho municipio han evadido la obligación inexcusable de proporcionar la información que les ha sido solicitada para conocer el avance de las obras de reparación integral al aludido hospital.

Las solicitudes de información se han generado principalmente en virtud de que a simple vista se observa que dicho hospital, otrora orgullo zapopano, se encuentra demolido sin que se advierta avance alguno en las obras. De ahí que sea imposible que se termine a finales del año que transcurre.

En tal virtud, la administración municipal que iniciará funciones el primero de enero del próximo año, heredará sin terminar las obras del citado hospital general, ignorando dónde se encuentran los dineros públicos, quién los tiene, qué estatus financiero guardan, qué ha pasado con los proyectos de obra y por qué se atrasaron. Asimismo, carecerá de hospital para atender a la población zapopana que, como toda la del país, sufre de la epidemia de dengue y de la pandemia de influenza.

Por otra parte, la conclusión de esas obras es urgentísima para que se atiendan las contingencias sanitarias y el sobresaliente derecho a la protección de la salud que, como ya se dijo, se encuentra tutelado en el artículo 4o, párrafo tercero de la Constitución federal, pues en tanto no se terminen es inminente el riesgo catastrófico de que el servicio de salud municipal sea deficiente en detrimento de la población, la que no debe pagar por culpa de las actuales autoridades.

Por tanto, pongo a su consideración, para ser aprobado, el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Para que se solicite a la Auditoría Superior de la Federación que lleve a cabo una auditoría y seguimiento completo integral del manejo del dinero público entregado al ayuntamiento de Zapopan para la rehabilitación, remodelación y modernización del Hospital General de Zapopan.

Segundo. Que se incluya en el Plan Maestro de Salud del estado de Jalisco el proyecto ejecutivo de la unidad médica zona norte del municipio de Zapopan, con un costo aproximado de 19 millones 232 mil 750 pesos.

Señor presidente, asimismo solicito se transcriba íntegro el texto del anterior punto de acuerdo propuesto a esta honorable asamblea y cuyo original ya fue entregada a la Mesa Directiva. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Han solicitado la palabra, el diputado Arturo Zamora y el diputado Jorge López Portillo, del Partido Revolucionario Institucional, para adherirse a la propuesta anterior, si no tiene inconveniente, diputada, para que pasen adherirse. También el diputado Salvador Caro Cabrera.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputada Laura Itzel Castillo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde curul): Sí, diputado, para señalar que veo con preocupación que están clausuradas las puertas de este recinto, del edificio A; que estamos rodeados de la PFP y que ésta ya es una característica de cómo se llevan acabo las sesiones en la Cámara de Diputados, que es el espacio de representación popular.

Quiero desde aquí plantear mi indignación y reprobación; que exijo que se le dé abertura a este recinto; que lo que estamos exigiendo es que se abran las puertas.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tomamos nota de su comunicación.

El diputado Salvador Caro Cabrera (desde curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El diputado Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante diputado.

El diputado Salvador Caro Cabrera (desde curul): Sí. Para solicitarle al diputado Cárdenas Gracia si me permite adherirme a su punto de acuerdo relacionado con el financiamiento de los partidos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como no. Señor diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Sí acepto su adhesión.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí acepta su adhesión y pase por favor a firmar a la Secretaría.

Tiene la palabra el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales y locales para que fortalezcan o en su caso, implementen mecanismos de prevención, control y supervisión en los hospitales.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín: Con su venia, diputado presidente. Antes de iniciar la exposición, le solicito se inserte íntegro el texto del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates.

Hace apenas unas semanas nos enteramos que había sido descubierta una banda dedicada al robo de niños con fines de adopción ilegal, que operaba en un hospital de la delegación Venustiano Carranza, lo que conmocionó a la sociedad. Sin embargo, este no es un hecho aislado, en el mes de junio una trabajadora del Hospital General robó una recién nacida y apenas el pasado 16 de octubre se presentó un hecho similar en el Hospital Metropolitano de Monterrey.

Es claro que cada vez son más los casos de niñas y niños que desaparecen de lugares públicos y privados del país, como es el caso de hospitales, albergues o centros educativos.

Lamentablemente estos acontecimientos se han convertido en un grave problema que incluso podría llagar a ser de seguridad nacional y sin embargo, seguimos sin contar con los mecanismos adecuados de prevención, control y supervisión, lo que abre un amplio espacio al tráfico de menores.

Sin duda, el destino de estos pequeños no es el más alentador, ya que muchos de ellos son utilizados con fines de explotación sexual, laboral o de adopción ilegal, convirtiéndolos en mercancías sumamente rentables y desafortunadamente, no se cuenta con cifras confiables y actualizadas sobre el número de víctimas de sustracción o robo, pero algunas organizaciones especializadas en la búsqueda de menores afirman que al año desaparecen en nuestro país cerca de 45 mil.

Un ejemplo adicional del alto grado de vulnerabilidad de los pequeños, debido a la ausencia de mecanismos de supervisión y control, lo representan los albergues.

Cómo olvidar la desaparición de 22 menores de Casitas del Sur en el Distrito Federal, La Casita en Cancún y CAIFAC en Monterrey, que por cierto, siguen sin resolverse.

De acuerdo al Servicio Nacional de Información de la Asistencia Social, a enero de este año únicamente se tenían registrados a 10 mil 326 niños y niñas albergados. Sin embrago, 17 estados de la república no reportan información alguna. Incluso se menciona que para el 2010 habrá cerca de 30 mil niñas y niños sin cuidados familiares ni institucionales, lo que representa un gran riesgo para ellos y para la sociedad.

En este sentido se torna necesario y fundamental reforzar todas las medidas tendentes a proteger a los menores, como podría ser el contar con un sistema de identificación confiable y eficiente que además de fomentar el hábito de la prevención, facilite la búsqueda, recuperación e identificación de los menores.

Señoras diputadas y señores diputados, esta soberanía no puede quedarse de brazos cruzados. Éste es un tema que nos involucra a todos y en el que no caben diferendos ideológicos o políticos; son problemas que agravian profundamente a nuestra sociedad, que laceran al sector más indefenso y vulnerable, y que por tanto requieren atención inmediata.

En este sentido se pone a su consideración los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta a las autoridades federales y locales para que fortalezcan o, en su caso, implementen mecanismos de prevención, control y supervisión en los hospitales, particularmente en lo relativo a la salida y entrega de los recién nacidos a sus padres, a fin de evitar la sustracción ilegal de los infantes.

Segundo. Se exhorta a las autoridades federales y locales a fin de que se implementen mecanismos de prevención, control y supervisión en el ingreso y salida de menores en los albergues y centros educativos, a fin de evitar la sustracción y/o desaparición de menores.

Tercero. Se exhorta al Congreso de la Unión, a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus competencias revisen la normatividad relativa a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como la que regula los establecimientos en donde confluyen menores de edad como es el caso, entre otros, de centros educativos, albergues y hospitales. De igual manera, se exhorta a que revisen y, en su caso, homologuen los tipos penales relativos a la sustracción ilegal de menores, todo ello con el fin de que se prevengan y combatan eficazmente estos delitos y se garantice plenamente la seguridad de la niñez. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud.

A solicitud del diputado?

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada, a sus órdenes. Diputada Quiñones, dígame, a sus órdenes.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (desde la curul): Para preguntarle al diputado si nos permite adherirnos a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Diputado Castilla Marroquín, acepta usted la adhesión?

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta el diputado cualquier adhesión de nuestras compañeras diputadas y compañeros diputados. Favor de pasar a la Secretaría a suscribir el documento correspondiente.

Ha solicitado, además, el diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández posponer su intervención para la próxima sesión.

Asimismo, el diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández pide que se posponga su intervención acerca de los niños jornaleros.

Igualmente, el diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández pospone su participación acerca de la construcción de un hospital.

Tiene la palabra la diputada María Isabel Merlo Talavera, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de los ex Trabajadores Migrantes Mexicanos Braceros.

No se encuentra. Me informan que no se encuentra la diputada María Isabel Merlo Talavera.

Por tanto, tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Liborio Arrazola, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a fin de que se diseñen programas complementarios que permitan mejorar la precaria situación que enfrentan las mujeres en el sector rural.

La diputada Margarita Liborio Arrazola: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados: En la actualidad las mujeres juegan un papel cada vez más relevante. Su incorporación en ámbitos que se consideraban exclusivos para el género masculino se ha convertido en una constante.

El género femenino enfrenta problemáticas propias de la idiosincrasia e ideología de la sociedad. Asimismo, su participación es marginal en algunos rubros de la economía, las mujeres en México padecen las consecuencias de la diferenciación entre los géneros, el machismo continúa siendo un obstáculo que dificulta el desarrollo pleno de las capacidades de las mujeres mexicanas.

La situación se complica más para las que habitan en el medio rural, ya que enfrentan el machismo y padecen los efectos negativos de la falta de oportunidades y apoyos para desarrollar actividades que les proporcione algún beneficio tangible.

Dada la importancia que representan las mujeres en el medio rural, la ONU en coordinación con otras instituciones internacionales impulsó la propuesta de conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural; sin embargo, a las mujeres de las comunidades rurales, no solamente hay que conmemorarlas en un día de un año, sino, hay que reconocerles su gran labor en la formación de todos nosotros.

Actualmente, como consecuencia de la crisis alimentaria que padecemos y la falta de ingresos, las mujeres rurales mexicanas ven incrementadas sus actividades propias, lo que representa una limitante para participar en la defensa de sus derechos.

Diversos estudios de organizaciones internacionales sostienen que el alza de precios de los granos básicos, la liberación del mercado y la dependencia alimentaria impide que las mujeres rurales puedan comercializar sus productos adecuadamente.

Considerar a las mujeres como consumidoras y no como productoras limita su participación en los programas de desarrollo rural, lo que genera condiciones de inequidad y desigualdad.

Según cifras proporcionadas por el Inegi, en México las comunidades indígenas agrupan a más de 9 punto 5 millones de personas, de las cuales, 5 millones son mujeres. Poco más de la mitad población indígena vive en regiones rurales, la mayoría de ellas en la región sur- sureste del territorio mexicano, donde se concentran los niveles de pobreza más altos.

El presupuesto que destina el gobierno federal para apoyar a las mujeres es insuficiente; sin embargo, en 2008 fue una cantidad con un porcentaje muy pequeño y ahora en 2010 se aumentó un poco más, sin embargo, no es suficiente para el porcentaje que tenemos de población rural en todo el país.

Por tanto, compañeras diputadas y compañeros diputados, en razón de lo anterior someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus atribuciones diseñe e implemente programas complementarios dirigidos a apoyar a las mujeres que habitan en el medio rural con el objeto de otorgarles mayores recursos y herramientas que les permitan incrementar su productividad y su desarrollo.

Segundo. Incrementar los recursos destinados a los programas de apoyo dirigidos a las mujeres rurales, procurando en todo momento incidir de manera positiva en el desarrollo pleno de las capacidades de dicho grupo social.

Tercero. El Instituto Nacional de las Mujeres diseñe e implemente programas integrales de atención al género femenino. Ello con el objeto de otorgarles apoyo psicológico, capacitación, fomento de proyectos productivos y actualización permanente en temas de interés.

Cuarto. Que el número de mujeres rurales beneficiarias de los programas federales aumente en la misma proporción en lo que lo hacen los recursos asignados. De igual forma que las reglas de operación de los programas dirigidos a mujeres rurales cumplan con los principios de claridad, sencillez y especificidad, ello con el objetivo de procurar un acceso sencillo a las interesadas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Equidad y Género.

Tiene la palabra el diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Jalisco tenga a bien asignar un nuevo sitio en el río Verde para construir la infraestructura hidráulica para dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara.

El diputado Salvador Caro Cabrera: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros: hago uso de esta tribuna para presentar punto de acuerdo relativo a la urgencia de tomar decisiones acertadas para poder dotar de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara en un proyecto sustentable.

Desde 1990 se hicieron los primeros estudios para poder generar un esquema de infraestructura hidráulica que solventara tan importante problema. En 1994 se tomaron las primeras decisiones, avaladas posteriormente por decretos federales de 1995 y 1997, donde se destinaban recursos hidráulicos para el estado de Guanajuato y principalmente para resolver el problema de agua potable de la zona metropolitana de Guadalajara.

Han pasado 15 años, donde los gobiernos estatales, desaprovechando las facultades que les da la ley federal en la materia, han dejado pasar oportunidades importantes para resolver este problema, postergándolo por 15 años, principalmente por intereses de carácter político y económico.

El día de hoy estamos frente a una decisión que se tomó por la Comisión Nacional del Agua donde, contrario a los decretos federales, se pretende construir la llamada presa El Zapotillo, que violenta dos decisiones relativas a estos decretos; por una parte, se afectan centros de población y también tierras de alta rentabilidad, en contravención con lo lógico en el proceso de construcción de presas.

Por eso es necesario que esta cámara revierta esas decisiones y a través del dictamen de la comisión respectiva, exhorte a que el gobierno del estado de Jalisco designe un punto adecuado a los estudios de referencia y por fin se pueda atender este problema.

La presa El Zapotillo, por los conflictos sociales que trae consigo, por la participación de organizaciones nacionales e internacionales que apoyan a los centros de población afectados, implica postergar por tres años más el abasto de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara. Es por esto que se propone el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al gobernador del estado de Jalisco para que, en acato a los decretos federales de 1995 y 1997, así como a los acuerdos derivados, tenga a bien asignar un nuevo sitio en el río Verde para construir la infraestructura hidráulica para dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y cumplir compromisos con otras entidades federativas. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Les informo, señoras y señores diputados, que se encuentra entre nosotros la deportista medallista mundial de Tae Kwon Do en Corea 2007, Ollin Yoliztlin Medina López, del estado de Veracruz, quien nos acompaña esta mañana.

Se pospone la participación del diputado Jorge Rojo García de Alba, del Grupo Parlamentario del PRI, para tratar el tema enlistado acerca de los titulares de Sagarpa y de la Secretaría de Economía.

Tiene la palabra el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a que informar a esta soberanía el número de patentes vencidas y el estado que guardan la publicación de sus perfiles de referencia.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados:

Hoy este punto de acuerdo que presenta un servidor --y que agradezco mucho al presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, al diputado Cruz López, y al diputado Javier Usabiaga, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, adherirse a este punto-- versa sobre lo siguiente:

Conforme a la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud ejerce las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario. Una de estas atribuciones es el control sanitario de productos y servicios, y de su importación y exportación, y de los establecimientos dedicados a los procesos de los productos.

Para esta función es creado el órgano desconcentrado llamado Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) conforme a lo establecido en el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud. Una de estas atribuciones de la Cofepris es el registro de plaguicidas y nutrientes vegetales, para lo cual publicó el Reglamento en Materia de Registro, Autorización de Importación y Exportación, y Certificados de Exportación de Plaguicidas y Nutrientes Vegetales, Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos, de la Ley General de Salud.

En dicho ordenamiento se indican las formas que existen para poder registrar un plaguicida. Una de estas formas es el registro por equivalencia, el cual tiene como requisito esencial conocer el producto que servirá como su perfil de referencia.

Hasta el momento, en la página electrónica de la Cofepris sólo se encuentran publicados 38 perfiles de referencia, lo cual imposibilita el poder registrar productos por medio del registro de equivalencia. Según reporte de empresas multinacionales, el mercado total en agroquímicos equivale a alrededor de 800 millones de dólares, estando en poder de las multinacionales en un 70 por ciento este volumen y que se pudiera registrar hasta un 50 por ciento adicional.

Con la publicación de los perfiles de referencia se aumentaría la competitividad de las empresas mexicanas al poder entrar al mercado de la venta de insumos con productos cuya calidad es igual a los que ya se encuentran registrados.

¿Cuál es el objeto, compañeras y compañeros, de este punto de acuerdo? Que se conozcan las patentes de los perfiles de referencia que ya han vencido o caducado y así los formuladores nacionales puedan participar, si así lo desean, en la elaboración de fungicidas, herbicidas, nutrientes vegetales, fórmulas agroquímicas, en general, en los insumos que son utilizados en nuestro campo mexicano por nuestros agricultores, ya que es un sentir de todos nuestros agricultores que los insumos son caros y las cosechas son baratas.

Es por esto que en este punto de acuerdo pretendemos que al ser publicados los perfiles de referencia que sus patentes ya están vencidas o caducas puedan liberarse estos productos y haya una libre competencia en algunos de los insumos que son utilizados en el campo, y así la clara competencia que habría pudiera ayudar a disminuir hasta en un 50 por ciento los costos de muchos de esos productos que utilizan nuestros campesinos en nuestro campo mexicano.

Es por eso que hoy someto a su consideración el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud y al órgano denominado Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), al IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) a informar a esta soberanía el número de patentes vencidas y el estado que guarda la publicación de sus perfiles de referencia.

Solicito, diputado presidente, que el anterior punto de acuerdo se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Salud.

Tiene la palabra el diputado Alejandro Gertz Manero, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que atienda la solicitud de diversos diputados de llevar auditorías permanentes y en detalle del gasto público en partidas críticas e importantes, aunque no se haya concluido el periodo del ejercicio, publicando a su vez los resultados de los avances de su gestión financiera, suscrita por los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del PRD y del PT. Adelante, diputado.

El diputado Alejandro Gertz Manero: Señoras diputadas y señores diputados, el Presupuesto de Egresos que ha sido aprobado ha recibido un rechazo y una gran preocupación de la sociedad. Frente a esto, creo que nosotros mismos podemos encontrar una solución que acredite la función de este Congreso y de los diputados y diputadas para demostrar que sí estamos por la transparencia, por la rendición de cuentas y por un ejercicio presupuestal que sea digno, aceptable y funcional.

Por esa razón y en virtud de que la Constitución General de la República y la ley que maneja la coordinación del ejercicio de la función pública y su revisión nos da la oportunidad de que nosotros podamos llevar a cabo un auditoría permanente que con base en el artículo 40 y 42 de la propia ley y de la Constitución, en el 79, nos permite que llevemos a cabo en las materias, en los temas presupuestales y en las partidas sustanciales, un control diario y una rendición de cuentas diario de cómo van estos gastos.

Si nosotros logramos que la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento de las tareas que tiene encomendadas, lleve a cabo esta auditoría permanente, creo que la reivindicación de muchas de las tareas de nuestro Congreso van a ser muy bien acreditadas en todo el país y frente a toda la sociedad.

En razón de esto nosotros estamos presentando este punto de acuerdo para exhortar a esta Cámara de Diputados para que instruya a la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de que atienda de inmediato la solicitud de diputados federales de llevar a cabo auditorías permanentes y en detalle del gasto público, sobre todo en sus partidas más críticas e importantes, aún cuando no se haya cumplido el ejercicio presupuestal anual.

Segundo. Demostrar de esa manera que haya una eficiencia en el gasto y transparencia en la revisión de cuentas y que se publiquen mensualmente los resultados detallados del avance de este gasto.

Los coordinadores parlamentarios tanto de PRD como de Convergencia nos han apoyado para que independientemente del avance de este punto de acuerdo nosotros iniciemos de inmediato ya la requisitoria a la Auditoría Superior de la Federación para iniciar este proceso de auditoría en la forma en que podamos nosotros llevar a cabo esta tarea de manera inmediata. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos ustedes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Tiene la palabra el diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes disminuya el 60 por ciento correspondiente a las motocicletas, de acuerdo con las bases de regulación de las tarifas de peaje en las autopistas nacionales.

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. El diputado Velázquez.

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel (desde la curul): Diputado presidente, para pedirle al orador que acaba de exponer el punto de acuerdo que si acepta me permita sumarme al punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Cómo no. Diputado Gertz Manero ¿está de acuerdo?

El diputado Alejandro Gertz Manero (desde la curul): Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo el diputado, así que los diputados y las diputadas que deseen firmar el documento adhiriéndose, pasen a la Secretaría para que firmen el documento correspondiente. Continúe, diputado David Hernández.

El diputado David Hernández Pérez: Gracias, presidente. Compañeros legisladores, la industria turística, sin lugar a dudas que es un detonante económico y es algo a lo que el país se debe dedicar. Debe de quedarnos claro que el petróleo está disminuyendo los ingresos del país; que lo que se refiere a las remesas de nuestros connacionales también van a la baja y que lo que puede ser la principal fuente de ingresos del país es la industria turística.

En este sentido, hay grupos que se han venido formando que día con día fortalecen el turismo y ese turismo en muchas ocasiones es de pequeñas poblaciones de turismo ecológico, que le llaman, pero también además hay una serie de clubes de motociclistas que se han ido formando en diferentes partes del país y que estos clubes de motociclistas han estado incrementándose en los recorridos turísticos que hacen.

El uso de motocicletas para recorridos turísticos se ha venido en los últimos años incrementando y por el alto costo que representan las autopistas utilizan las carreteras libres, que son en algunas ocasiones más peligrosas.

Las motocicletas obviamente llevan menos personas, dañan menos las carreteras, por lo que nosotros estamos solicitando en este punto de acuerdo se les pueda hacer una disminución de lo que pagan en las autopistas.

Esto permitiría que estos clubes utilicen más estas autopistas y puedan continuar haciendo estos recorridos turísticos, que a veces por los costos que tienen y que todos sabemos que son muy altos los costos de nuestra autopistas en México, ellos se limitan a hacer recorridos muy cortos.

Por lo anterior, presento ante esta asamblea el

Punto de acuerdo.

Primero. El que la Comisión de Transportes de esta honorable Cámara de Diputados forme un grupo de trabajo para realizar acuerdos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para el logro de este beneficio de un importante grupo social; y,

Segundo. Por el que se solicita a la Secretaría de Transportes, para que de acuerdo en las bases de regularización de las tarifas de peaje en las autopistas nacionales, se disminuya el 60 por ciento correspondiente a las motocicletas. Es cuanto, gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Transportes.

Tiene la palabra la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, instrumenten acciones y medidas coordinadas dirigidas a disminuir y erradicar el tráfico, retención y sustracción de niñas y niños de las clínicas y hospitales públicos y privados.

La diputada María Joann Novoa Mossberger: Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el tráfico y secuestro de niñas y niños es uno de los temas más indignantes. Este suceso representa una verdadera fatalidad para los familiares de un menor, quien es separado de sus padres y de su entorno familiar.

Los derechos de las niñas y los niños y adolescentes se colocó como una prioridad para los países a partir de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México, la cual constituyó un paso fundamental para construir una nueva visión sobre la infancia.

Con la aprobación de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en México, no cabe duda que han existido avances en el marco jurídico. Además, el 27 de marzo de 2007 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, reformas a diversos ordenamientos jurídicos en materia de explotación sexual infantil. No obstante dichos avances se siguen presentando casos de robo, desaparición, secuestro y explotación de niñas y niños.

Durante semanas el caso del albergue llamado Casitas del Sur llamó la atención de autoridades, medios de comunicación y de toda la sociedad, debido a la desaparición de más de 20 niños que estaban bajo el cuidado de éste, a petición de la Procuraduría capitalina, dejando al descubierto una serie de irregularidades y deficiencias en cuanto al control, regulación y vigilancia de los establecimientos de los que tienen a su cargo el cuidado de menores de edad, donde existe falta de información con relación a cuántas organizaciones de la sociedad civil albergan a niñas y niños. Tampoco existe información certera sobre cuántos niños albergados hay en este tipo de instituciones y, por tanto, mucho menos cuántas niñas y niños podrían estar desaparecidos.

Por otro lado, en días pasados la denuncia de una mujer a la que le dijeron que su hija recién nacida había muerto permitió descubrir una presunta red de venta de bebés en una clínica privada de la Ciudad de México. El tráfico de los menores es un asunto sumamente delicado. En este caso, el menor, refieren las autoridades, iba a ser cambiado por dinero y por un terreno ubicado en Toluca, estado de México, asunto convenido el pasado 5 de noviembre por los padres biológicos.

Desafortunadamente cada día se conocen más y más casos de niñas y niños adolescentes que desaparecen de sus casas, de hospitales, de albergues, de escuelas, de centros deportivos, entre otros.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el tráfico y secuestro de niños es una tragedia inimaginable. Cuando una niña o niño es separado del seno familiar por delincuentes sin ningún tipo de escrúpulos ni respeto por la vida humana, el entorno nunca vuelve a ser igual para todos sus familiares, en particular para los padres. A partir de ese momento viven en una perdurable angustia y desolación.

Por todo ello, hoy presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para que se tomen las medidas pertinentes por parte de las autoridades competentes, en relación al tráfico, retención, sustracción y secuestro de menores, a fin de atacar esta problemática.

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal correspondientes, a efecto de que instrumenten acciones y medidas coordinadas e inmediatas dirigidas a disminuir y erradicar el tráfico, retención y sustracción de niñas y niños, que se originan en las clínicas y hospitales públicos y privados.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes en la materia, y en especial a las de salud y educación a nivel federal, estatal y del Distrito Federal, para que, en caso de los médicos, enfermeras y los auxiliares o empleados que estén bajo su dependencia y dirección, que resulten culpables de tráfico, retención o sustracción de niñas y niños, les sean aplicadas con todo rigor las disposiciones en materia de responsabilidad profesional previstas en la legislación penal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Justicia.

El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame.

El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): Diputado presidente, hice entrega a usted de algo que se me pidió aquí, y es para explicar ese asunto. Señor diputado, yo le pediría con todo respeto que quitara a la Policía Federal que está en el vestíbulo, porque no hay motivo para que esté ahí. Ese tubo es parte de con lo que están trabando las puertas del vestíbulo principal de esta Cámara de Diputados, están así la puertas y le pediría que por respeto a nosotros se quitara esa presencia de la Policía Federal que no tiene razón de ser.

Hay una protesta afuera de la Cámara pacífica, que ahorita no ha pasado más de lo normal y que no tenemos por qué estar en esta Cámara, ahorita, nosotros autosecuestrados, no vaya a ser que al rato a los de allá afuera les vayan a decir que nos secuestraron. Le pediría con todo respeto, señor presidente, que se quiten esos tubos de las puertas, que se abra esta Cámara que es de todo el pueblo y que no va a pasar nada en este recinto. Es una petición muy respetuosa, que se normalice la actuación de esta Cámara, nuestra actividad, es la explicación y la solicitud. Simplemente no hay motivo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le agradezco, diputado, que haya entregado el tubo que mantenía usted en su poder, en el interior de este recinto, eso da una muestra de esa participación y de esa responsabilidad de parte suya.

Ya hace un momento tomamos algunas determinaciones con todos los miembros del la Junta de Coordinación Política, que seguramente estaremos procesando en los términos que usted lo ha planteado, diputado. Sí, diputado, dígame.

El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): Señor presidente, nada más le quiero aclarar que ese tubo no es mío, es el que estaba trabando las puertas del vestíbulo de esta Cámara de Diputados, lo aclaro para que no haya ningún genero de duda de que introduje algún utensilio de esta naturaleza a este recinto. Es una prueba de lo que está sucediendo allá, afuera de este pleno. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pero lo tenía usted en su curul, lo tenía usted en el interior de este recinto. Por eso, le agradezco esa responsabilidad con la que usted actuó y nos hizo entrega del mismo.

Se pospone el uso de la palabra del diputado Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición referente al deporte y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de esta soberanía para que destinen el 10 por ciento de su dieta bruta para construir un fideicomiso que destine lo recaudado a acciones socialmente concretas de corto alcance.

El diputado Juan Carlos Natale López: Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, reconocemos la gravedad en que subyace la economía nacional y la capacidad financiera con la que cuentan los diversos órdenes de gobierno para poder mitigar los efectos de la crisis, y a la vez cumplir con sus funciones de garantizar bienes y servicios como condición para una adecuada calidad de vida humana.

En este sentido, este presupuesto tuvo para bien plasmar el espíritu federalista entre nuestras instituciones de Estado, más aún cuando necesitamos de instituciones eficaces que promuevan e impulsen el desarrollo y bienestar de nuestros estados, municipios, pueblos y comunidades sin distinción de partidos y sin ningún otro interés que retribuirles por el sacrificio de mantener soterrados por el centralismo burocrático y las injusticias sociales.

Sabemos bien que la asignación de recursos por sí misma no propicia acciones y políticas concretas, ni mucho menos eficaces; pero sí cumplimentan, la responsabilidad social de ejercer un gasto público oportuno, puntualizado, las necesidades prioritarias de diversas demarcaciones político-territoriales del país.

Debemos dejar en claro que a pesar de tener un sistema presidencialista no hemos incidido en crear prácticas sólidas de manera clara y acorde con las funciones de representación política y social.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Constitución, los diputados federales somos representantes de la nación. En tal sentido, nuestras responsabilidades ante los electores trascienden la actividad meramente legislativa.

En efecto, el concepto de representación tiene que ver, además de lo legislativo, por lo menos con la mediación social, la representación política y las funciones de fiscalización, control e investigación y las de opinión y difusión de las ideas, entre otras.

En tal tesitura y con base en el propósito de la presente propuesta, la capacidad de atención y mediación social como función extra legislativa es un tema que amerita una debida reflexión y un debate a prontitud, ya que es un asunto oportuno para el fortalecimiento de la figura de los legisladores que integramos este Congreso de la Unión y por ende, de los propios grupos parlamentarios y de los partidos políticos.

Es por eso que cada vez que asumimos nuestro papel de representantes populares a través de nuestras habituales convivencias con la ciudadanía, esta labor tiene un fuerte contenido de responsabilidad social, dado que es constante que en cada distrito se solicite ayuda para resolver problemas o apoyar acciones colectivas de grupos organizados, tanto en colonias, barrios, comunidades y pueblos.

Por tanto, el aspecto crucial de la atención de la demanda social y ciudadana, independientemente de los órdenes, esferas y órganos de gobierno que las realicen, consiste en la capacidad de respuesta para enfrentar los problemas sociales, principalmente en las localidades con evidente rezagos sociales.

Por lo anterior, lo más deseable y conveniente es que los cuerpos legislativos, los legítimamente facultados y responsables de examinar, discutir y modificar y aprobar anualmente el paquete económico que el Ejecutivo le presenta, pueda instituir y distribuir anualmente una partida presupuestal que pueda garantizar el desahogo, cumplimiento que la gestión social representa para cada distrito electoral.

Sin embargo, estamos conscientes del actual panorama económico y productivo del país, que aún pende sobre expectativas débiles e inciertas con respecto a la recuperación y crecimiento para el siguiente año.

En tal sentido, sin el afán de afectar las finanzas públicas federales ni de los estados y así como una medida de racionalidad, congruencia y sensibilidad, me es pertinente proponer a los integrantes de esta soberanía el destinar el 10 por ciento de nuestra dieta bruta para fines socialmente productivos y de asistencia colectiva en las demarcaciones territoriales que representamos, sin que ello limite o excluya a los legisladores de representación proporcional.

Para tales efectos, la Junta de Coordinación Política creará un fideicomiso público que tendrá la responsabilidad de administrar, vigilar, transparentar, distribuir y aplicar los recursos recaudados por la reducción de las dietas de nosotros, los diputados, que estamos comprometidos y que le vamos a entrar con nuestra gente.

Asimismo, éste se extinguirá con el cumplimiento de sus fines o por decisión de mayoría de los representantes de los fideicomitentes que conforman la Junta de Coordinación Política y ésta última delimitará las facultades expresamente relacionadas con el objeto a cada uno de los integrantes del fideicomiso.

De esta forma, estimando que el 10 por ciento de la dieta bruta mensual asciende a 7 mil 750 pesos por legislador, de los 500 legisladores se obtendrían al año 46 millones 500 mil pesos, mismos que representan un ahorro de inversión significativo si se es destinado a acciones sociales.

Si verdaderamente queremos contribuir al desarrollo y crecimiento del país y asumir a plenitud nuestro papel de representantes populares y mediadores de asuntos públicos, debemos de iniciar un proceso de ahorro voluntario que permita orientar parte de lo recaudado a acciones concretas de beneficio social en forma institucional. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario? Sí, diputado de Lucas, dígame usted.

El diputado Ernesto de Lucas Hopkins (desde la curul): Para solicitar la autorización al compañero Natale, para adherirme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Acepta usted, diputado la adhesión del señor diputado? Está de acuerdo, por tanto las compañeras y los compañeros que deseen suscribir el documento pasen a la Secretaría.

Tiene la palabra? Sí, diputado, dígame usted.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Señor usted acaba de decir que se estaban haciendo las diligencias pertinentes. Estamos encerrados.

Es necesario que cese este modo, este estilo. Creo que no tenemos por qué estar en esta actitud frente a un movimiento pacífico que ha demostrado madurez, que ha demostrado calidad y creo que esto es verdaderamente insultante, señor presidente.

Me perdona, no puedo salir de este recinto, porque usted, según las instrucciones, tiene cercada la Cámara de Diputados. No es posible; le ruego que el acuerdo que tuvieron en la Junta de Coordinación Política se haga efectivo de manera inmediata, por favor.

Es injusto lo que están haciendo con el pueblo de México que está expresándose libremente, creo que este derecho no puede seguir conculcándolo usted.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se ha implementado de manera inmediata el acuerdo de la Junta de Coordinación Política; y se están haciendo sus manifestaciones.

Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo para que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados presente en tiempo y forma controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto del Ejecutivo federal que extinguió el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Diputadas y diputados.

Seguramente nunca he participado en esta tribuna para proponer un tema de tanta importancia nacional; por tanto, aludo a todas las diputadas y a todos los diputados aquí presentes, para participar en un debate sobre este tema fundamental para la vida de la nación.

Igualmente, hago entrega de la solicitud firmada por todos los diputados integrantes del Partido del Trabajo, para que al término del debate y de mi intervención se realice la votación nominal correspondiente a fin de preguntar a los señores legisladores si este tema debe ser de urgente u obvia resolución.

Paso a señalar la importancia de esta controversia. Como sabemos, el 11 de octubre de este año el Ejecutivo federal anticonstitucionalmente decretó la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, perdiendo o afectando laboralmente a más de 44 mil trabajadores.

Decimos y señalamos que este decreto es inconstitucional porque la creación de Luz y Fuerza del Centro obedeció a una orden del Congreso que se emitió en 1989, y por orden del Congreso también debió de haberse extinguido el organismo descentralizado.

No hay que perder de vista que la electricidad se trata de un área estratégica del Estado y conforme a la Constitución General de la república, tal como lo establece el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, todo lo concerniente a áreas estratégicas solamente puede ser normado y regulado por disposición de la Constitución y de la ley.

También, en este decreto hubo violación al artículo 26 de la Constitución, porque debió haberse modificado el Plan Nacional de Desarrollo o el plan sectorial. Nada de esto ocurrió ni se publicaron las respectivas modificaciones a estos planes en el Diario Oficial de la Federación.

También se violentaron artículos como el 73, fracción X, de la Constitución, que establece facultades exclusivas al Congreso para regular lo concerniente a la energía eléctrica, o el 73, fracción XI, que establece como facultad exclusiva del Congreso la de crear y suprimir empleos, aumentarlos o disminuirlos.

Igualmente se violaron otros preceptos de la Constitución como el 73, fracción XXIX, inciso e), que regula como facultad exclusiva de la Cámara el abasto, producción de bienes y servicio social y nacionalmente necesarios.

Se violentaron también, presidente, las atribuciones de esta Cámara de Diputados en materia de presupuesto, ya que el decreto del Ejecutivo trastocó la estructura programática presupuestal del decreto de presupuesto aprobado por esta cámara para el año 2009.

Hubo un sinfín de irregularidades constitucionales y a los tratados internacionales. Sobre todo se violaron los derechos de los trabajadores previstos en el artículo 123 de la Constitución; en las convenciones 87, 98, 102 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo, ya que sin juicio previo, sin seguir los procedimientos previstos en ley se dieron por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo.

Por todo esto existieron violaciones al derecho de asociación, al derecho humano, a la dignidad, al derecho a tener un proyecto a una vida digna y derechos humanos fundamentales en materia económica, social y cultural.

Hemos redactado un proyecto de controversia constitucional esperando que todas las diputadas y diputados de esta cámara hagan suyo este documento por la trascendencia que tiene el tema y porque el decreto trata de una invasión clara y contundente a las atribuciones del Congreso de la Unión, principalmente a las competencias de esta Cámara de Diputados. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. En virtud de que hemos recibido una solicitud, en los términos del artículo 148, a efecto de que la votación sea nominal y para poder continuar con el asunto que nos ocupa, le pido a la Secretaría instrumente el sistema electrónico, hasta por 10 minutos, para recibir la votación nominal y poder consultar a la asamblea si se considera de urgente resolución. Sí, diputado, dígame.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Antes de que ponga a votación, diputado presidente, le pediría hablar a favor de que es de urgente u obvia resolución, o por alusiones, o por rectificación de hechos, la que usted escoja.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Primero tenemos que tener la decisión de la asamblea, en los términos solicitados, y una vez que se considere de urgente resolución, se abrirá el turno de oradores correspondiente. Antes no es posible, señor diputado. Proceda la Secretaría a implementar el sistema electrónico.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema por 10 minutos.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Concluya la votación, por favor, secretario.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La Secretaría pregunte si han concluido los señores diputados.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron un total de 387 votos: 84 en pro, 298 en contra y 5 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No se considera de urgente de resolución, en virtud de haberse emitido 298 votos en contra. Por tanto, se turna a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra la diputada Judith Fabiola Vázquez Saut, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para el Fomento, Cultivo y Desarrollo de la palma de aceite africana. No se encuentra en el salón de sesiones, pasa al final de la lista.

Tiene la palabra la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal tome las medidas necesarias para redoblar esfuerzos en el rescate del río Magdalena y el río Eslava.

Les solicitamos a las señoras diputadas y señores diputados, tomen su lugar a efecto de poder escuchar a nuestras compañeras y a nuestros compañeros.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo: Compañeros y compañeras; presidente. Actualmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México sufrimos una crisis profunda hídrica y ésta se da no porque no exista agua, sino que el agua que cae sobre la superficie del valle de México no se infiltra para la adecuada recarga de los mantos freáticos, por la extrema modificación que ha sufrido el territorio del Distrito Federal, el cual alguna vez estuvo bañado por un complejo sistema de lagos, ríos y canales, lo que hacía de él un sistema ecológico único.

Hasta hace unos años, los principales ríos descendían de las sierras y constituían la denominada cuenca del río Moctezuma. En ella se localizaban ríos tales como Tacubaya, Mixcoac, Churubusco, Consulado, y La Piedad, todos ellos actualmente entubados.

El agua de los ríos que aún bajaba al Distrito Federal, actualmente es conducida al lago de Texcoco o al gran canal del desagüe que, a través del sistema Tula-Moctezuma-Pánuco es drenada hacia el Golfo de México.

Actualmente, en la zona sur poniente del Distrito Federal se encuentran todavía 23 barrancas, que sólo en temporadas de lluvia son bajada de cauces de las partes altas de la sierra y ponen en serios problemas a la población. Por ello es necesario atender los ríos que se encuentran en Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, realizando desazolves preventivos y los trabajos de mantenimiento preventivos necesarios.

El río de la Magdalena corre por el área protegida de Los Dinamos, donde se encuentra aproximadamente el 25 por ciento de la flora de la cuenca del valle de México, misma que es vital para purificar el aire y darnos oxígeno al Distrito Federal.

En una situación similar esta el río Eslava al que urge dar mantenimiento y realizar más acciones de desazolve para evitar el problema debido a la creciente de su cauce en temporada de lluvia, y con ello, evitar inundaciones y afectaciones a la gente que se ha asentado en las orillas.

En septiembre pasado los vecinos de la colonia La Concepción perdieron sus bienes por un desbordamiento del río Eslava, el cual alcanzó más de un metro de altura, acabando con el patrimonio de muchas familias y es la fecha en que las autoridades no logran dar una solución satisfactoria.

El rescate de los ríos Magdalena y Eslava es un reto al que se debe de dar toda la atención y generar programas adecuados para su rescate y, sobre todo, vigilar que se cumplan cabalmente; en pocas palabras, actuar para rescatar, con acciones para preservar este ecosistema, y que se incrementen de manera considerable y efectiva. Para ello, que se asignen suficientes recursos para que permanezca saludable y así garantizar la sustentabilidad del suroeste del Distrito Federal.

Lo que queda del bosque está amenazado ya por la mancha urbana irregular, la fuerte contaminación y la falta de acción de las autoridades. Por ello hoy hago un llamado a defender lo que queda de la primera reserva ambiental del Distrito Federal, pues la tierra de cultivo que anteriormente estuvo rodeada de un bosque poblado de oyameles y pinos, que generaban agua en abundancia y dieron origen a varios manantiales, de los cuales me consta que ya se secaron dos, la semana pasada, todavía arrastran el vital líquido, y hoy están amenazados. Los escurrimientos del río Eslava ayudarían al riego del valle, pero hoy sus aguas están muy contaminadas. Los siguiente son los

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia tome las medidas necesarias para redoblar esfuerzos en el rescate del río La Magdalena.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, y a los jefes delegacionales de Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán y Tlalpan a que rindan informe a esta soberanía sobre el estado que guardan los ríos.

Tercero. Se exhorta a las autoridades del Distrito Federal y a las autoridades delegacionales a actuar de inmediato y en coordinación para recuperar las zonas invadidas, por donde corren los ríos antes mencionados. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada Quiñones Cornejo. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame usted.

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Si le puede preguntar a la diputada Paz Quiñones si puedo sumarme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada María de la Paz, ¿acepta usted que la diputada suscriba su documento?

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo: Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo la diputada. Aquellas y aquellos diputados que deseen sumarse, favor de pasar a la Secretaría.

Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se integra un grupo de trabajo que dé seguimiento al informe final de la Comisión Especial constituida en la LX Legislatura para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos.

El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. Hace rato no me dio usted la palabra, aprovecho para comentar que ya no está gobernando en Guadalajara, donde reprimió a los grupos que protestaron por lograr mejor soberanía para nuestra patria, y que hoy mismo ordenó que en las escalinatas de este edificio estuvieran apostados, tirados como perros, los agentes policiacos de la PFP.

Ojalá, y lo digo con toda responsabilidad, modifique su conducta, porque aquí somos iguales todos los diputados.

En segundo lugar, le solicito se inscriba íntegro en el Diario de los Debates el documento que por razones de tiempo no acabaré de leer en esta corta exposición.

Esta proposición la firman los diputados Luis Felipe Eguía Pérez, Rodolfo Lara Lagunas, Teresa Guadalupe Reyes; Jaime Cárdenas Gracia; Adán Augusto López, Héctor Hugo Hernández y un servidor, Ramón Jiménez López, y va en los siguientes términos.

Los suscritos diputados integrantes de los grupos parlamentarios de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta soberanía con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

El tiempo se sigue acumulando vergonzosamente en la decisión de injusticia e ilegalidad del gobierno federal, que no solamente ha mandado al desempleo a más de 44 mil trabajadores electricistas, sino que también en el campo de la minería persiste su actitud arrogante e intolerante.

En efecto, a unos cuantos meses de la conmemoración de cuatro años de la explosión de Pasta de Conchos, nada de fondo ha hecho para terminar con la impunidad y el riesgo de que se repitan homicidios industriales, tan graves como el acaecido aquel 19 de febrero del año 2006.

Por tanto, en un reclamo en el que contamos con el pueblo de México, afirmo categóricamente que no hemos olvidado Pasta de Conchos, que los familiares de las 65 víctimas de esta terrible explosión no están solos en su lucha y en su dolor; que Pasta de Conchos no está prescrito ni cerrado, como lo pretenden los criminales que andan sueltos, y no puede cerrar la herida por la sencilla razón de que los reclamos hechos en torno a estos homicidios industriales siguen sin ser escuchados.

Aún están en los socavones de las minas los restos mortales de 63 mineros, están como rehenes de la injusta impunidad de que gozan los responsables, y para mantener el sometimiento ominoso del pueblo, decretado por el actual gobierno federal.

b) No hay un solo responsable tras las rejas, hay culpabilidad pero no culpables. Al parecer es un hecho intrascendente la muerte de 65 mineros por omisiones gravísimas y evitables.

No se han tomado las medidas administrativas y legales indispensables y profundas para evitar a futuro la repetición de estos homicidios industriales, ni siquiera se han respetado a plenitud los derechos de los familiares a recibir indemnizaciones y pensiones justas.

No, Pasta de Conchos no está cerrada, falta dar pleno cumplimiento y seguimiento al contenido del informe final, presentado por la comisión especial que se constituyó en la LX Legislatura para investigar esta tragedia, informe final que sospechosamente no aparece completo en el portal de Internet de esta Cámara de Diputados.

Por lo expuesto, y reiterando que se anexe íntegro el texto al Diario de los Debates, fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al pleno de esta honorable Cámara de Diputados a integrar un grupo de trabajo que dé seguimiento al informe final de la Comisión Especial constituida en la LX Legislatura, para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la Mina Pasta de Conchos hasta su total cumplimiento. En general, continúe la actividad necesaria en torno a la explosión del 19 de febrero de 2006 sucedida en Pasta de Conchos, hasta que los restos mortales de todos los mineros fallecidos sean rescatados y en general, se haga plena justicia a los familiares de las víctimas. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad establezca una tarifa preferencial para los consumidores domésticos de energía eléctrica de diversos municipios del estado de Oaxaca y modernice la infraestructura utilizada en la prestación del servicio.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. En 1949 se inicia la construcción de la Presa Miguel Alemán en la microrregión del Papaloapan en el estado de Oaxaca y en 1972 también la construcción de la Presa Miguel de la Madrid.

Compañeros, esta construcción de ambas presas generaron todo tipo de problemas a los pobladores que ahí se asientan; reubicación de lugares impropios para la producción agrícola, mínimos pagos de las propiedades expropiadas, desempleo, sobreexplotación de los recursos naturales y deterioro del medio ambiente. La población asentada en algunos de los municipios señalados presentan altos índices de pobreza alimentaria, patrimonial, de capacidades que los ubica en los mil 251 municipios de más alto índice de marginación.

La producción eléctrica generada por éstas dos presas ha traído beneficios importantísimos a millones de mexicanos que se encuentran fuera del área geográfica, proporcionándoles grandes cantidades de energía para mover un importante sector de la economía nacional, mientras la mayor parte de los habitantes de los municipios y comunidades ribereñas en la presa, materia de este punto de acuerdo, siguen padeciendo elevados niveles de marginación y discriminación, a quienes sólo se les trata de paliar su miseria con acciones asistencialistas que no les genera ningún tipo de desarrollo.

La paradoja de este problema se presenta cuando observamos a la población asentada en las riberas que no tienen acceso al fluido eléctrico y quienes cuentan con él, tienen que pagar por este servicio fuertes erogaciones económicas que laceran considerablemente su patrimonio.

Las condiciones del servicio eléctrico proporcionado es de pésimas condiciones y hasta peligroso para los usuarios, debido a lo averiado e inservible de la infraestructura, causa principal que el servicio falle y que les falte la energía eléctrica hasta por más de 2, 3 días o hasta un mes.

La situación importante en esta región requiere de la participación e intervención inmediata de la representación nacional, a efecto de buscar alternativas de solución a este problema.

Por lo anteriormente expuesto, solicito sea sometido a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo.

Único. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a la Comisión Federal de Electricidad para que establezca una tarifa preferencial para los consumidores domésticos de energía eléctrica en los municipios de Acatlán de Pérez Figueroa, San Felipe Jalapa de Díaz, San José Independencia, San Miguel Soyaltepec, Santa María Chilchotla, San Pedro Ixcatlán, San Lucas Ojitlán, San José Tenango, San Felipe Usila, Valle Nacional, San Juan Lalana, Nuevo Soyaltepec, éstos asentados en las riberas de las presas Miguel Alemán y Miguel de la Madrid.

Señor presidente, solicito a usted que este punto de acuerdo sea turnado a las Comisiones Unidas de Energía, y de Desarrollo Social, y su dictamen, para conocimiento de este Congreso, así como que el documento quede totalmente inserto en el Diario de los Debates, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputado. Insértese en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Energía, y de Desarrollo Social.

Tiene la palabra la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a tomar las medidas necesarias para detener las invasiones a las barrancas ubicadas en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo: Gracias, diputado presidente. Señoras diputadas y señores diputados:

Las barrancas las podemos definir como formaciones geológicas que albergan especies de flora, fauna, y capturan y mitigan los daños que produce el bióxido de carbono, contribuyendo a regular el clima del Distrito Federal. Estas formaciones son además sumamente importantes en el ciclo hidrológico al captar agua de lluvia, recargar el manto acuífero de la ciudad y abastecer el 70 por ciento de agua que consume la ciudad.

Hasta ahora las autoridades del Distrito Federal han sido incapaces de proteger las áreas y, más aún, algunas autoridades delegacionales han impulsado y tolerado el crecimiento de asentamientos humanos irregulares.

Algo que ilustra claramente este grave problema es el daño ecológico que se ha causado a las barrancas y ríos de las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa; daño que resulta evidente en muchos puntos.

Resulta apremiante que las autoridades ambientales del Distrito Federal, como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal incrementen sus acciones y apliquen la ley sin distingo, a todo aquel que viole el uso de suelo o cause afectación a las barrancas, así como levantar las denuncias penales que sean necesarias por delito ecológico para cumplir con el fin de preservar esta zona.

La Ley Ambiental del Distrito Federal faculta específicamente a los jefes delegacionales para impedir construcciones en suelo de conservación, actividad en la que ha sido omiso el gobierno delegacional ya que en los últimos años han aparecido asentamientos irregulares donde antes había área verde, y con ello se demuestra que no existe ninguna duda respecto a la ilicitud de los hechos y actos que se han descrito.

Del mismo modo, las condiciones de insalubridad que predominan alrededor de las presas de la delegación Álvaro Obregón han convertido muchas colonias en graves focos de contaminación y contagio de enfermedades respiratorias que afectan fundamentalmente a la población.

En esta demarcación existen 13 presas en las que es posible encontrar llantas, envases de plástico, alambres, animales muertos, etcétera, con salidas de aguas negras a estos espacios y a las mismas barrancas que son utilizadas como depósitos de basura.

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que, en el ámbito de su competencia, tome medidas necesarias para detener de forma inmediata las invasiones a las barrancas ubicadas en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, y que explique por qué no han sido desalojados los actuales invasores.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y a los jefes delegacionales de Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón actuar de inmediato en coordinación para recuperar las zonas verdes invadidas.

Tercero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al gobierno delegacional en Álvaro Obregón para que realicen los trabajos necesarios para desazolvar y dar mantenimiento en las 13 presas que se encuentran en dicha demarcación. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

Tiene la palabra el diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que implemente una política integral de salud en la delegación Iztapalapa, ponderando la zona que abarcan las colonias Álvaro Obregón, Los Frentes, Leyes de Reforma, Segunda y Tercera Sección, y Renovación.

El diputado Eduardo Arellano Mendoza: Diputado presidente, antes de iniciar mi exposición le solicito sea inscrito el presente texto en el Diario de los Debates.

Proposición con punto de acuerdo en el cual se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La salud es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna. No obstante, la población se enfrenta a un sinnúmero de problemas para acceder al cuidado de la misma. El sistema de salud de nuestro país está segmentado en tres subsectores, sin una real articulación entre sí: el público, para la población asegurada, el de la seguridad social y el privado.

La población del Distrito Federal es de 8 millones 720 mil 916 personas, de ellas 1.8 millones de personas viven en zonas de muy alta marginación, con una profunda degradación del ambiente social y ecológico, así como con serias carencias de servicios.

Otros 4.1 millones en zonas de alta y media marginación. Estudios nos arrojan que 3.3 millones de capitalinos viven en pobreza extrema y otros 2.3 millones en pobreza moderada, lo que significa que cerca de 65 por ciento de la población de la capital puede ser considerada como pobre.

El Distrito Federal es la entidad federativa con mayor concentración de servicios de salud, los que atienden a la población abierta y de seguridad social, esto es 650 unidades de consulta externa, 44 hospitales generales.

En el primer semestre de 2009 el IMSS tenía afiliados a 2 millones 467 mil 713 personas, cantidad menor en 44 mil 844 asegurados frente al registro que se tenía al término de 2008.

La delegación Iztapalapa concentra una población de un millón 820 mil 880 personas. De acuerdo a cifras del Inegi, del 100 por ciento de la población de la delegación política de Iztapalapa, únicamente 40.5 por ciento, según datos de 2006, cuenta con seguridad social, lo que significa que 861 mil 36 carecen de servicios de salud.

Para la aplicación de las políticas sociales, el gobierno de la Ciudad dividió en mil 352 unidades territoriales a partir de la integración de un análisis geográfico, demográfico, ambiental, económico, político, social y cultural el territorio.

Son 12 unidades territoriales clasificadas como de alta y muy alta marginación en el Distrito Federal, enclavadas en su territorio 2 unidades de atención médica; 124 de estas unidades territoriales tienen al menos una unidad de salud y 344 unidades territoriales no tienen ubicada en su territorio ninguna unidad de salud.

El distrito que yo represento está integrado por 35 unidades territoriales, de las cuales 17 son consideradas como zonas de muy alta o alta marginación. Por citar algo tenemos: Álvaro Obregón, los conocidos Frentes, Leyes de Reforma, Segunda y Tercera Sección, entre otras.

La delegación Iztapalapa concentra el mayor número de unidades territoriales clasificadas como de alto y muy alto índice de marginación. Siendo la delegación más poblada dentro de su territorio existen tres hospitales administrados por el Gobierno del Distrito Federal, en cambio la delegación Miguel Hidalgo, con población cinco veces menor, cuenta con el mismo número de hospitales.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con profundo respeto, a la división de poderes, al Gobierno del Distrito Federal, implementar una política integral de salud en la delegación Iztapalapa, ponderando la zona que abarca Álvaro Obregón, Los Frentes, Leyes de Reforma, Segunda y Tercera Sección, así como renovación.

Dicho programa, deberá incluir diagnóstico integral de las zonas anteriormente programadas para atender a grupos marginados y la posible construcción de un hospital general, para lo cual el gobierno del DF deberá analizar las posibilidades, para que dicho centro se ubique en las zonas mencionadas anteriormente. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

Tiene la palabra la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Federal de Electricidad y Econagua adopten las medidas necesarias a efecto de reclasificar las tarifas eléctricas de 1D y 1F.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí diputado Fernández Noroña, dígame usted.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sé que el reloj parlamentario se para de manera indiscriminada y no sé si esta vez lo han detenido, porque son las 3:07 de la tarde y es hora del debate político y todavía no entramos a él. Entonces, le pido que se respete el acuerdo del formato existente y entremos al debate del debate político.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Estamos concluyendo precisamente para avanzar. Recuerde usted que tenemos hoy hasta las 5:00 de la tarde y los temas que tenemos de agenda política, de excitativas y de efemérides nos llevan menos tiempo de las 2 horas, por eso es lo que estamos avanzado para poder tener un mayor desarrollo de nuestra sesión.

Pero, con mucho gusto tomo en consideración lo que usted comenta, señor diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Cómo le consta a todos los señores coordinadores el día de ayer, presidente, e inclusive lo dejamos por escrito como un acuerdo de los coordinadores de la Junta, la petición fue que se desahogara estrictamente el orden del día.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado, Muñoz Ledo, ¿quería hacer algún comentario?

El diputado Porfirio Muñoz Ledo (desde la curul): La última intervención. Sin embargo, además de la decisión que se tomó ayer, quedaba claro que a las 3:00 de la tarde comienza el debate político.

Lo otro, es seguir ahogando la discusión de fondo de este Congreso, teniendo el valor y la importancia que tiene cada uno de los puntos de acuerdo que someten las señoras legisladoras y los señores legisladores.

Le rogaría que consideráramos seriamente que el martes fuera día de puntos de acuerdo y de iniciativas y el jueves fuera el día del debate político, como tantas veces se ha propuesto a esta asamblea. Es una petición a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva.

Le ruego, porque todos tenemos actividades de Cámara incluso que cumplir, que en este caso podamos hablar el debate en público en tiempo. Usted, no puede prejuzgar que va a durar media hora o que va a durar una hora o que va a durar dos horas, sabemos cuando comienza, pero no sabemos cuando se acaba.

Le ruego que después de esta oradora nos haga el favor de iniciar el debate político. Muchas gracias presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto diputado. Nada más le comento que hasta las 5:00 de la tarde es lo que tenemos establecido para la sesión, pero si en un momento dado es requerido, como somos diputados de tiempo completo, podemos estar las 24 horas del día en el recinto parlamentario.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Insistir que para eso son los órganos de gobierno de la Cámara, a pesar de los que insisten en pasar por encima de sus acerados y precisamente por eso se tomó el acuerdo ayer que fue remitido a usted donde dice: Me permito comunicar a usted, que en reunión de trabajo celebrada el día de hoy, los coordinadores de los grupos parlamentarios acordaron solicitarle, si para ello no existe inconveniente, se respete estrictamente el orden de desahogo de los asuntos agendados en el orden del día.

No le tenemos miedo al debate, presidente, pero tampoco queremos que se pase por encima de los derechos de todos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. El diputado Carlos Pérez.

El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El diputado Roberto Gil.

El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido a lo expresado por el diputado Ramírez Marín. En efecto, la Junta de Coordinación Política el día de ayer adoptó por unanimidad el acuerdo de referencia y este acuerdo está fundamentado en las atribuciones que tiene la Junta de Coordinación Política para proponerle a la Mesa Directiva formas específicas de desahogo de la sesión.

En ese sentido, señor presidente, pedirle atentamente que se mantenga en sus términos el acuerdo de la Junta de Coordinación Política porque así fue avalado por todos los representantes de los grupos parlamentarios que participaron en esa reunión.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. El diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. He escuchado con atención las intervenciones del diputado Ramírez Marín, del PRI y del diputado Gil, y quiero comentar varias cosas.

Primero, se había acordado ya --y no pueden estarlo cambiando cada que el temperamento de los coordinadores así lo desee-- la forma de trabajo. La forma de trabajo es que en las sesiones de los martes, de 3 a 5 de la tarde haya discusión política, les guste o no les guste. Ése es un acuerdo en firme que no puede estar cambiando la Junta de Coordinación Política.

En segundo lugar, quiero decir que si el PRI y el PAN no quieren subir a debatir el asunto de la controversia constitucional es su decisión soberana; pero hoy se vence el plazo. Este pleno formó una comisión para presentar los resultados de esa controversia constitucional y en los hechos no sólo la están desechando, sino que en los hechos están esquivando el debate y su responsabilidad, en un espacio de debate político por excelencia donde las decisiones que se toman son decisiones políticas; no jurídicas, no económicas, no técnicas.

Me parece lamentabilísimo que invoquen un seudoacuerdo para quitar el espacio de debate a esta soberanía. Enérgicamente protesto en contra de ello, enérgicamente exijo que se cumpla el acuerdo que tenemos de debatir a partir de las 3 de la tarde y hasta las 5 de la tarde, y finalmente no le reconozco ningún acuerdo a ningún espacio institucional por encima de las facultades de este pleno.

Así es que vámonos respetando, compañeros coordinadores de las fracciones parlamentarias mayoritarias; vamos siendo serios y vamos abriendo el debate que no pueden ni deben evadir. De todos modos ?termino-- con la votación al punto de acuerdo que presentó Jaime Cárdenas ha quedado claro que el PRI y el PAN están mayoritariamente en contra de la controversia constitucional.

Pero me parece que es justo y legítimo de nuestra parte dar los argumentos de por qué es un error político, un error jurídico, una irresponsabilidad, como en su momento lo hicimos notar al haber dejado a la compañía Luz y Fuerza del Centro con cero centavos en el Presupuesto.

Se siguen tomando decisiones absolutamente irracionales en esta soberanía y es nuestro derecho hacer valer en tribuna los argumentos y los posicionamientos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Rosaura Ochoa.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): Gracias, señor presidente. Hago un atento llamado a mis compañeros diputados. Está en tribuna una diputada esperando el uso de la voz y antes de que se siga abriendo el debate, desahogarla, darle su oportunidad para que participe, e inmediatamente continuar con el debate que se está abriendo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. El diputado Encinas.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): Con todo respeto a la señora diputada para que haga su intervención, muy brevemente. Nada más para precisar. Ayer, efectivamente, en la Junta de Coordinación Política discutimos este tema y acordamos mantener la práctica regular de desarrollo del orden del día, tanto en la inscripción como en el desahogo de los asuntos. En ningún momento modificamos el formato al que nos hemos sujetado; que por cierto fue un formato propuesto por la Mesa Directiva de la Cámara y no por la Junta de Coordinación Política.

Por eso considero que, independientemente de la interpretación que hacen los vicecoordinadores del PRI y del PAN, es procedente sujetarnos a la práctica que hemos venido desarrollando para que la agenda política, una vez concluida la intervención de la compañera diputada, pueda desarrollarse puntualmente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Ibarra.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): En el mismo sentido que el diputado Encinas.

Yo le quiero recordar a usted lo siguiente: en la pasada sesión, usted como presidente me solicitó diferir el tema que está agendado aquí, con el compromiso suyo, así me lo dijo, que a las 3:00 de la tarde sería el primer punto que desahogaríamos por diversos diferimientos, yo obsequié su petición.

Entonces, yo le pido que terminando nuestra compañera diputada, demos paso ya a la agenda política, y también quiero decir enfáticamente que es inexacto y carente de veracidad lo que afirmaron los vicecoordinadores del PRI y del PAN, en ningún momento se estableció lo que ellos arguyen. Es más, en alguna parte de la conversación se habló de que se desahogarían normalmente unos 38 puntos del orden del día, de propuesta.

Por tanto, le solicitamos que terminando la compañera pasemos ya al desahogo de agenda política.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Con tu venia, Delia. Señor presidente, le solicito a usted la versión estenográfica de la reunión de la Junta del día de ayer, probaremos quién falta a la veracidad, como ha sucedido una y otra y otra vez. Cada vez que tomamos un acuerdo trata de cambiarse aquí en el pleno, las palabras fueron exactas, que se respete estrictamente el desahogo del orden del día.

El orden del día es un documento y eso fue lo que pedimos el día de ayer en la Junta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Simplemente para poder también clarificar, la Mesa Directiva hizo una propuesta de orden del día, pero con números determinados de los asuntos, que hoy los que nos han listado, la Junta de Coordinación Política, son muchos más de los que nosotros habíamos propuesto, señor diputado. No son los números de asuntos que nosotros solicitamos para efecto de poderlas desahogar con toda oportunidad.

Pero estamos atentos a lo que un órgano de gobierno, como es la Junta de Coordinación Política; podamos desarrollar.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): También con la venia de la diputada, una disculpa, y de todos ustedes compañeros. Yo simplemente quiero decir que los acuerdos de la Junta de Coordinación Política no pueden estar por encima de la voluntad del pleno ni de esta soberanía y que es muy grave que un órgano de gobierno imponga su decisión a 500 diputados. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, diputado.

Tiene el uso de la palabra la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Nacional del Agua a que adopten las medidas necesarias a efecto de reclasificar las tarifas 1D y 1F, y le ofrecemos una disculpa por esta espera en la tribuna, diputada.

La diputada Delia Guerrero Coronado: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad, y a la Comisión Nacional del Agua para que adopten las medidas necesarias, a efecto de que reclasifiquen, de manera inmediata, las tarifas eléctricas de 1D a 1F y a llevar a cabo un análisis detallado respecto a la necesidad de reubicar, reemplazar y ampliar los equipos utilizados en las estaciones meteorológicas en los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín, todos ellos en el estado de San Luis Potosí.

La que suscribe, Delia Guerrero Coronado, diputada por el estado de San Luis Potosí e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La energía eléctrica es y ha sido un elemento imprescindible para el desarrollo del ser humano en sociedad y, por tanto, un insumo básico para las actividades que generan progreso y desarrollo económico.

La calidad en el servicio eléctrico y el precio de la energía eléctrica inciden directamente en el bienestar y en el ingreso de las familias. La proporción del ingreso recibido por las familias que se destina al pago de este servicio alcanza hoy un porcentaje que en muchas ocasiones supera el 10 por ciento de su ingreso, obligando al ciudadano a decidir entre el pago del recibo de la luz, o el pago de otros servicios o la compra de alimentos básicos.

En el estado de San Luis Potosí diversos municipios registran condiciones climatológicas extremas, especialmente en la región que abarca los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín.

Considerando los registros del Servicio Meteorológico Nacional, durante los meses de abril a junio, en estos municipios se registran temperaturas máximas que superan los 34 grados centígrados, inclusive se han registrado las más altas del país, al llegar a superar los 50 grados centígrados, obligando con ello al uso permanente de sistemas de ventilación y enfriamiento, y por tanto, un mayor consumo de electricidad y de gasto para las familias que allí desarrollan sus actividades diarias.

La tarifas que hoy se aplican en los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín se encuentran clasificadas en el nivel 1D, siendo ésta una de las tarifas para localidades con climas extremos; sin embargo, el límite de alto consumo queda rebasado por las temperaturas máximas registradas en estos municipios durante los meses de abril, mayo y junio, alcanzando los 34 grados centígrados, lo que hace necesario reclasificar las tarifas que hoy se aplican en estos municipios para establecer una tarifa 1F, que considera un mayor subsidio por las elevadas temperaturas registradas en verano.

Es inaplazable que los municipios mencionados se reclasifiquen en la tarifa 1F, permitiendo con ello que las familias se vean beneficiadas con un mayor subsidio y con ello, menores costos del servicio eléctrico para uso doméstico.

Por lo anterior y con base en lo establecido en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que establece que es competencia de la Secretaría de Hacienda, con la participación de la Secretaría de Economía y de Energía, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijar las tarifas eléctricas, así como su ajuste. Se busca exhortar a estas dependencias a llevar a cabo la reclasificación en los términos antes mencionados.

Por otra parte y considerando los criterios que siguen las áreas de la Comisión Federal de Electricidad, Conagua y la Secretaría de Hacienda, se requiere llevar a cabo un estudio puntual respecto a la ubicación y condiciones físicas de las estaciones de registro de las temperaturas en estas localidades, contribuyendo de esta forma a registrar las temperaturas correctas.

En sentido se identifican dos problemas fundamentales; por uno, las estaciones no se encuentran en las ubicaciones más apropiadas para el registro. Ya actualmente muchas de ellas se encuentran en sitios donde los registros de temperaturas se ven alterados por factores adicionales como la cercanía a un río o niveles de humedad, entre otros, que no reflejan la temperatura real en los centros de mayor población.

Por otro lado, es evidente que las estaciones meteorológicas no cuentan actualmente con los equipos adecuados, en virtud de que éstos tienen fallas, debido al deterioro que han sufrido por el uso que han tenido a lo largo de mucho tiempo.

En este sentido, es preponderante que la Comisión Nacional del Agua, conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad, lleven a cabo un análisis detallado, tanto de las temperaturas registradas de la necesidad de llevar a cabo una revisión de las condiciones de los equipos y la ubicación de ellos, así como incorporar una mayor cantidad de estaciones en las zonas céntricas de los municipios señalados.

Asimismo es urgente reclasificar las tarifas de tal modo que los usuarios del servicio eléctrico obtengan beneficios en su aplicación, contribuyendo de manera decidida a beneficiar la economía familiar y, con ello, promover la actividad económica de la región.

En razón de lo expuesto, someto a consideración del pleno el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, a adoptar las medidas necesarias a efecto de reclasificar de manera inmediata las tarifas eléctricas de 1D a 1F, que se aplican en los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín, todos ellos en San Luis Potosí.

Segundo. Se exhorta a Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional del Agua, a llevar a cabo un análisis detallado respecto de la necesidad de reubicar, reemplazar y ampliar los equipos utilizados en las estaciones meteorológicas con el fin de contar con un registro más exacto de las temperaturas en estos municipios.

Se solicita que se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente, y muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Energía.

Tiene la palabra la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, al gobierno del estado de México, a los titulares de la delegación Gustavo A. Madero y de los municipios de Ecatepec de Morelos, Coacalco y Tultitlán, a actuar coordinadamente para apoyar a las familias afectadas por la tromba del 30 de octubre.

Diputado Pedroza. Permítame, diputada. Dígame usted, diputado.

El diputado César Octavio Pedroza Gaitán (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para solicitar respetuosamente a la diputada que hizo uso de la palabra, si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Delia Guerrero Coronado, ¿está usted de acuerdo en que puedan adherirse a su propuesta?

La diputada Delia Guerrero Coronado (desde la curul): Claro que sí, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí está de acuerdo la diputada, diputado. Todas y todos aquellos diputados que deseen adherirse a su propuesta, favor de pasar a la Secretaría a firmar el documento correspondiente. Diputado, dígame.

El diputado Domingo Rodríguez Martell (desde la curul): De igual manera, nada más para solicitar a la diputada Delia que me permita suscribir, si no tiene algún inconveniente, el punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ya manifestó su aceptación. Pase a la Secretaría, diputado, por favor. Continúe la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo: Gracias, diputado presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, el pasado viernes 30 de octubre miles de hogares resintieron gravísimos daños e incluso sufrieron la pérdida total de su patrimonio tras la tormenta que cayó en la zona metropolitana de la Ciudad de México, afectando las faldas y la sierra de Guadalupe, los municipios del estado de México, Tultitlán, Ecatepec de Morelos, y en las delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, en el Distrito Federal.

Se calcula que el volumen de la precipitación fue de 7 millones de metros cúbicos, aproximadamente, lo que produjo enormes aludes de agua y lodo, y sólo en Coacalco afectaron una multitud de viviendas de la baja serranía, por el desbordamiento del río Cartagena, en su tramo de Tultitlán a Coacalco, en donde las placas de concreto fueron destruidas por la impresionante corriente que afectó la zona, como ustedes recordarán.

En Ecatepec de Morelos, el municipio más grande de América Latina y de nuestro país, las zonas más afectadas son San Andrés de la Cañada, Hank González, Los Bordos, La Esperanza y Ampliación San Pedro Xalostoc. La zona que sufrió más daños es San Andrés de la Cañada, en donde alcanzó los 2 metros de altura. La fuerte lluvia ocasionó también el desbordamiento de una parte del río de los Remedios, a la altura del municipio de Naucalpan.

Ahora bien, en el Distrito Federal, en Cuautepec Barrio Bajo, en la delegación Gustavo A. Madero, numerosas casas quedaron bajo el agua debido al desbordamiento del vaso regulador El Cristo; Cuautepec Barrio Alto, Cuautepec de Madero y Cocoyoc, en esta zona también se desbordó el río San Javier.

En la delegación Azcapotzalco se reportó también el desbordamiento del río Hondo provocando que se presentaran fuertes inundaciones en la calzada de Las Armas, a la altura de San Pedro Xalpa.

El siguiente es el

Punto de acuerdo

Se exhorta al gobierno del Distrito Federal, al titular de la delegación Gustavo A. Madero, al gobierno del estado de México, a las autoridades correspondientes de los municipios de Ecatepec de Morelos, de Coacalco y de Tultitlán, para que en el ámbito de sus competencias aceleren las medidas necesarias para apoyar a las familias que se vieron afectadas por ese fenómeno natural. Asimismo, hagan llegar a esta soberanía un informe detallado sobre el grado de afectación que se sufrió derivado de la tromba y sobre las acciones y programas de apoyo que se han estado ejecutando en esta zona. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El diputado Héctor Guevara Ramírez (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado, ¿desea usted manifestarnos algo?

El diputado Héctor Guevara Ramírez (desde la curul): Sí, señor presidente. Con sustento en los artículos décimo segundo y décimo tercero de los acuerdos de los órganos de gobierno en la Cámara de Diputados; y en consideración de que el tema del punto de acuerdo propuesto por la diputada en uso de la palabra ha sido tratado por el diputado Jorge Hernández Hernández, el pasado 4 de noviembre en esta soberanía, quiero solicitarle atentamente a la diputada Quiñones si el exhorto que solicita pudiera ampliarse al gobierno federal, toda vez que existen áreas competentes como la Dirección General de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación; y la Comisión Nacional del Agua, que deberá participar en esta coordinación, para que también hagan llegar a esta Cámara el informe detallado que se solicita por parte de la diputada. ¿Estaría de acuerdo?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunto a la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo si estaría de acuerdo con lo expuesto por el diputado Héctor Guevara, acerca de exhortar también al gobierno federal en los temas presentados hacia el gobierno del Distrito Federal y a los municipios en el estado de México.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo: Sí, acepto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta la diputada, por tanto quedaría el exhorto correspondiente. Se turna a la Comisión de Gobernación y se harán los exhortos en los términos.

Se ha propuesto posponer para la siguiente sesión la participación de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD.

Tiene la palabra el diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, dé prioridad a los productos rurales y campesinos en la producción y comercialización de materias primas para la generación de bioenergéticos.

El diputado Gerardo Sánchez García: Con su venia, presidente. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, a promover la generación de bioenergéticos, fomentando de este modo condiciones que permitan el aprovechamiento en el mercado interno de biocombustibles.

El que suscribe, Gerardo Sánchez García, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, me permito someter a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una industria nacional de producción de bioenergéticos que tenga como su fuente de recursos naturales lo producido por los campesinos nacionales, generará empleos agrícolas y fomentará actividades económicas adicionales en el campo.

Cabe destacar que en la Conferencia y exposición anual de biocombustibles de Las Américas, se concluyó que los países de Centroamérica y México poseen la tierra para ser fuente de suministros y podrán ser los líderes globales para la generación de productos bioenergéticos en el futuro.

Debemos ser muy claros. La producción de bioenergéticos genera importantes beneficios como son el impacto ambiental positivo, la seguridad energética y el desarrollo rural nacional. Es precisamente en lo que se refiere a éste último punto, donde debe darse cabal cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual establece en su artículo 1o, párrafo tercero, que se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización.

Por otro lado, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos tiene por objeto en su artículo 1o, la promoción y desarrollo de los bioenergéticos con el fin de coadyuvar a la diversificación energética y el desarrollo sustentable, como condiciones que permiten garantizar el apoyo al campo mexicano. Del mismo modo, en la fracción I establece que se promueve la producción de insumos para bioenergéticos y a partir de las actividades agropecuarias forestales, algas, procesos biotecnológicos y enzimáticos del campo mexicano.

Debe destacarse que dentro del Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos se determine en su artículo 8o que las dependencias y las entidades promoverán la participación de los sectores social y privado, a través de la celebración de convenios de concertación que tengan por objeto implementar los mecanismos, instrumentos, esquemas y acciones necesarias para la promoción y desarrollo de los insumos y bioenergéticos.

Asimismo, el artículo 9o establece que las dependencias y entidades aseguraran la celebración de los convenios respectivos.

No obstante lo anterior, no se ha dado prioridad a los productores rurales y campesinos del país en la producción y comercialización de materias primas para la generación de bioenergéticos. Por lo que propongo el siguiente acuerdo:

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, conformada por la Sagarpa, la Secretaría de Energía, Semarnat, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda, a dar prioridad a los productores rurales y campesinos de nuestro país en la producción y comercialización de materias primas para la generación de bioenergéticos, así como en la asociación de empresarios para el desarrollo de la industria nacional en la producción de bioenergéticos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Energía.

En los términos del acuerdo del 12 de octubre, pasamos ahora a excitativas. Esta Presidencia recibió del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, solicitud de excitativa a la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública.

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.

Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables.

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente.

Esta Presidencia recibió de la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Seguridad Pública.

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente.

El siguiente punto del orden del día es la agenda política, relativa a la privatización de la energía eléctrica en México.

Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos el señor diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo.

El diputado Enrique Ibarra Pedroza: Señoras diputadas y señores diputados, me inscribí efectivamente para compartir con ustedes algunos puntos de vista sobre la privatización de la energía eléctrica en nuestro país.

El artículo 27 constitucional establece, en relación con la industria eléctrica, que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público.

En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. La ley secundaria establece que esas funciones son exclusivas de la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, contraviniendo lo establecido en dicho artículo constitucional, empresas como Iberdrola Energía Monterrey, Generadora Eléctrica San Rafael, Distribuidora de Gas Natural, Mexhidro, CICSA, Quimobásicos, y otras transnacionales están en el comercio ilegal de electricidad, venden energía pirata.

Éstas y otras empresas participan de una privatización silenciosa, furtiva, ilegal, que tiende a la desnacionalización de la industria eléctrica. En el 2008 las cifras oficiales reconocían que el 31.07 (70 mil 980 gigawatts/hora) de la capacidad total de energía eléctrica destinada al servicio público ya se encontraba en manos privadas. Sin embargo, hay estudios serios que establecen, con fundamentos, que prácticamente en la actualidad operan y generan el 50 por ciento de la energía eléctrica.

¿Cómo operan? ¿Cómo se está dando esa desnacionalización? En diciembre del 92, en la antesala del TLC, se publicaron reformas a la ley de electricidad mediante la creación de la Comisión Reguladora de Energía para una mayor atención y eficiente despacho de los asuntos de la competencia de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal.

Detrás de esa verborrea se disfrazó la arquitectura que generó esa cosa malhecha denominada Comisión Reguladora de Energía, cuya finalidad es la de constituirse --y lo está haciendo-- en el brazo operador para desnacionalizar la industria eléctrica vía la privatización y el servicio de energía.

En un principio las empresas privadas echaron mano de los artículos 36 de la Ley del Servicio de Energía Eléctrica, y del 135 de su reglamento, y mediante las figuras de autoabastecimiento y cogeneración, según las cuales las personas físicas o morales pueden producir energía eléctrica para destinarla a la satisfacción de sus necesidades propias; encontraron la venta de energía a través de lo que denominaban excedentes, de manera tal que si una compañía trasnacional generaba 500 kilowatts/hora y consumía 10 kilowatts podía vender el resto, los 490 kilowatts hora.

Luego vino una ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional esa figura de los excedentes. Sin embargo, las empresas privadas no se han dado por vencidas y ahora han recurrido nuevamente, a través de ilegalidades, a la figura de los excedentes mediante el esquema de asociados o socios de a dólar.

¿En qué consiste este modus operandi? Ya no se venden excedentes, sino que se suministra electricidad a los socios de la empresa. Por ejemplo, Iberdrola invita como socio a diverso cliente al que se le obliga a comprar cuando menos una acción que vale un dólar y entonces ese copropietario, como dueño paga el autoabastecimiento, no la compra de electricidad.

En la actualidad existen 24 permisos otorgados por la Comisión Reguladora, principalmente a empresas extranjeras. En un claro ejemplo de simulación tenemos el caso de la compañía citada, Iberdrola, que mediante un permiso que le dio la Comisión Reguladora, de 619.5 megawatts, que después, en el 2006 lo amplió a mil 189.3 megawatts tiene más de 150 socios y mediante ese permiso, esa compañía le vende energía eléctrica en la ciudad de Monterrey, entre otros grandes corporativos a Coca Cola, Colgate, Oxxo, FEMSA, Maseca, Protexa, Cementos Apasco, Cementos Mexicanos, Cervecería Cuauhtémoc y una lista innumerable de trasnacionales.

Un ejemplo adicional es el que ocurre con Mexidro, esta trasnacional opera fundamentalmente con 15 socios y están llevando acabo la venta de electricidad a diversos organismos municipales, léase ayuntamientos y organismos públicos de estados como México, Jalisco, Aguascalientes, Morelos y Guerrero.

Es el caso, por ejemplo, del ayuntamiento de Guadalajara, el ayuntamiento de esa ciudad es socio de a un dólar, puede ser consultado en Internet, ésa es su sociedad y le paga a Mexidro 5 millones de pesos mensuales por concepto de autoabastecimiento.

En el valle de México desde 2001 empezó esta nefasta práctica de la Comisión Reguladora de Energía y a partir de ese año se otorgaron 145 permisos a favor de Telmex, Cinemex, Unilever, Nestlé, Mabe, Liverpool, Bryston, Firestone, Bimbo, Wal Mart, Laboratorios Abud, Gilsa y otras empresas, con lo cual evidentemente dejaron de comprar electricidad a Luz y Fuerza del Centro provocando, contribuyendo con ello a los números que se han mencionado.

Por ello, necesitamos en esta Cámara ver, debatir y discutir cómo podemos revocar esos contratos que a todas luces están en la ilegalidad, porque contravienen expresamente lo que establece el artículo 27 constitucional.

La invasión de empresas privadas de la industria eléctrica es un agravio a la nación que debe ser detenido vía la revocación de los permisos respectivos y se les debe exigir la reparación de los daños ocasionados a la industria eléctrica nacional.

Es un tema que seguramente nos acompañará en estos 3 años y que tendremos que detener esa práctica silenciosa, furtiva e ilegal de privatizar la energía eléctrica en nuestro país y que tantos daños ha causado a empresas y lesionado a organismos sociales productivos como el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo, hasta por cinco minutos.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con su venia, señor presidente. Primero, un llamado respetuoso, para que nos tomemos en serio de que uniones parlamentarias las podemos hacer todos, como diría aquel famoso cómico "jugamos como caballeros o como lo que somos".

Hemos descubierto hoy, con sorpresa, varias cosas: uno, que la Junta de Coordinación Política no le hace caso a la Mesa Directiva. Dos, que la Junta de Coordinación Política es defensora de los derechos de todos, no sé si de los ciudadanos o de los diputados.

A nosotros, nos protege la Constitución, la ley, el reglamento y el sentido común. Hemos descubierto entonces que se ha inventado un ombudsman parlamentario que creía que era un simple mandarinato.

Por último, si observamos lo acontecido en estos meses, veremos que no menos de 100 puntos de acuerdo e iniciativas versan sobre la materia eléctrica.

No añadiré ningún dato más a los que ha aportado el diputado Enrique Ibarra. Es claro que en una operación roedor, a partir del segundo año de gobierno de Ernesto Zedillo se ha venido mermando la capacidad generadora y transmisora de energía eléctrica del Estado por una torpe interpretación de la Constitución que dice a la letra: "Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de un servicio público en esta materia. No se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará todos los recursos naturales disponibles."

El legislador no quiso decir ?está la exposición de motivos, es la reforma del 60, está en todos los diarios de entonces? que sólo la energía que fuera para un servicio público la generaba el Estado, la que sirve a la Secretaría de Hacienda o la que sirve al metro y si ya es una empresa, una casa particular, la pueden generar los particulares. Ésa es una inmensa tontería.

Así como en el Senado tuvimos ya un debate largo con expertos sobre el tema del petróleo, en donde muy parcialmente logramos parar esa operación de que se cuelen las empresas extranjeras por las rendijas abiertas en la ley, debiéramos tener un debate serio sobre la industria eléctrica, si queremos ser un Congreso responsable.

Me temo que en la gran decadencia de las instituciones empezamos a ser un Congreso fallido. La prueba es esta negativa de la cámara a patrocinar una controversia constitucional que no es sino la defensa de sus propias prerrogativas frente a la justicia federal. Es claro el artículo 90 de la Constitución en el sentido de que las empresas descentralizadas y desde luego el sector central del gobierno de la federación, sus entidades se crean y desaparecen por leyes del Congreso.

Entonces, si esta cámara es incapaz de defender sus prerrogativas constitucionales, la división de Poderes desaparece como por ensalmo.

Lean, señores diputados, los invito, las dos últimas encuestas de la semana pasada sobre el desempeño del Congreso y por desgracia la opinión pública no está distinguiendo entre la actuación cómplice de la mayoría y la actitud defensora de los derechos de la sociedad, que todavía ejercemos algunos diputados con la responsabilidad que tenemos.

Si hubiera una disposición constitucional como la contenida en la fracción V del artículo 76, debiera haber una entidad capaz de declarar desaparecidos los Poderes.

Estamos en vías de disolución del Poder Ejecutivo. Lo dice a gritos o en silencio el pueblo entero. Estamos en la coyuntura de una revocación de mandato. Seamos responsables, reordenemos nuestro trabajo, ofrezcamos a la opinión pública y a nuestros electores resultados positivos. No se valen las triquiñuelas parlamentarias porque siempre habrá del otro lado.

Le recuerdo, señor Presidente, que somos diputados de tiempo completo, como hay parlamentarios de tiempo completo en todo el mundo. Pero los Parlamentos que conozco son ordenados y en el desorden sólo medra el abuso. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López.

El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. Agregar algunos elementos adicionales. Desde que inicia la política neoliberal en nuestro país, una acción sistemática de este modelo ha sido adelgazar el Estado mexicano pero ese adelgazamiento a través de las privatizaciones, se ha llevado en medio de una corrupción permanente y sistemática.

Cuando llegó a la Presidencia de la República Vicente Fox, desde sus primeros viajes al extranjero invitaba a las empresas transnacionales a venir al país a invertir en la generación de la energía eléctrica. Una condición que le impusieron fue elevar las tarifas de la energía eléctrica, y fiel cumplidor con las transnacionales en el 2002, por medio de un decreto presidencial del 8 de febrero, se elevaron las tarifas eléctricas en nuestro país llegando a más de 185 por ciento, incluso en consumo doméstico. Ese mismo año Vicente Fox otorgó 36 permisos a empresas nacionales y extranjeras para la generación de energía eléctrica.

Dos años después, en 2004, la Auditoría Superior de la Federación auditó 19 de esos permisos y la situación que encontró fue tan grave que en consulta con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM emitió una conclusión: Todos los permisos que se otorgaron en 2002, por el gobierno foxista, violan la Constitución; en consecuencia deben ser rescindidos.

Pero, ¿qué fue lo que pasó? Vicente Fox acudió al Poder Judicial de la Federación y ésta, la Suprema Corte de Justicia, declaró que la Auditoría Superior de la Federación no tenía facultades para emitir un resolutivo de esa naturaleza; es decir, el Poder Judicial, cómplice del gobierno foxista, permitió violaciones a los artículos 27 y 28 de la Constitución.

Esto quiere decir que los gobernantes neoliberales, y sobre todo me refiero al periodo de Fox y ahora de Calderón, no han tenido empacho incluso en utilizar argucias de carácter legal o legaloide para violar la Constitución e ir privatizando paulatinamente el servicio de energía eléctrica.

En la actualidad más de 40 por ciento de la energía eléctrica, alrededor de 40 por ciento, violando el artículo 27 y 28 constitucional, es generado por compañías privadas, nacionales y extranjeras.

Con el decreto de extinción de Luz y Fuerza, el gobierno calderonista cumple muy bien su papel de usurpador porque ahora le usurpa a la nación una institución importante para el desarrollo nacional como es Luz y Fuerza.

La medida desarrollada por medio del decreto del 11 de octubre es una medida violatoria, artera, profascista e invasora. Violatoria, porque viola la Constitución en diversos de sus artículos. Artera, porque en pleno diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas tomó las instalaciones de Luz y Fuerza. Profascista, porque antes de publicar el propio decreto, la Policía Federal y el Ejército tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza. Invasora, porque invade las funciones de este poder autónomo que es el Poder Legislativo.

La medida artera que tomó Felipe Calderón atenta contra las facultades que tiene este Congreso. Yo exhorto a todos los diputados que tenemos dignidad a no dejar pasar una acción de esta naturaleza, porque estaríamos abdicando de una función que corresponde al Congreso de la Unión, y el pueblo no lo va a perdonar, compañeros.

Hay que recordar que en esta tribuna, en estas paredes están inscritos los nombres de los hombres que han luchado por la defensa de la soberanía de nuestra patria. Hay que recordar a Ricardo Flores Magón, que hoy seguramente estaría orgulloso de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, quien nos decía: Nuestros enemigos nos ven pequeños porque estamos de rodillas. Levantémonos, pongámonos de pie. Eso es lo que tiene que hacer este Congreso ante esta medida artera decretada por Felipe Calderón el 11 de octubre.

No bastaron muchos días, ni meses, para ver nuevamente que en el fondo de esta medida se encubren los negocios sucios, sobre todo de fibra óptica, que sistemáticamente ha denunciado el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Hoy mismo aparecen denuncias sobre funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad que pretenden prestar el servicio de "calidad", entre comillas, en la zona centro del país.

El gobierno estadounidense de Barack Obama, a través del Departamento de Justicia, dio a conocer el encauzamiento a dos empresarios: uno estadounidense y uno mexicano, de encabezar una red de corrupción, de Comisión Federal de Electricidad, cuyo objetivo es amarrar contratos con la paraestatal mexicana.

¿A dónde vamos a llegar, compañeros diputados? Es muy claro que de acuerdo al artículo 79, en su fracción XIV, la medida que tomó Felipe Calderón invade las funciones de este Congreso de la Unión.

Por eso, para concluir, exhorto a todos ustedes, a los que tienen dignidad, a los que podrán ver a los ojos a nuestro pueblo, para que el día de hoy firmemos la controversia constitucional que de manera digna y efectiva, este Congreso debe oponer ante la arbitrariedad de Felipe Calderón. No desmayemos, compañeros. No esperemos respeto de nuestro pueblo si hoy abdicamos de una función fundamental que es defender la soberanía nacional y, sobre todo, defender a una empresa que es pública y es patrimonio de la nación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, hasta por cinco minutos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados, compañeras diputadas, y mayoritariamente honorables curules.

Quiero, primero, empezar por reconocer al diputado presidente que a pesar de las presiones que hubo mantuvo la decisión de la Mesa Directiva de respetar el formato de debate político que correspondía a partir de las tres de la tarde. Así como hay críticas que se le vienen realizando y que yo comparto varias, ésta merece el reconocimiento y se lo comento, diputado presidente.

Quiero, por otra parte, comentar. Miren, lo que hoy estamos viendo en el Congreso es lo que vamos a ver los próximos tres años si nos dejamos.

Hoy, para quien tuviera dudas de la alianza en lo fundamental del PRI y el PAN, ha quedado claro que esa alianza es indisoluble. Votaron juntos los impuestos en contra de la mayoría de los mexicanos. Cargarle más la mano y manteniendo un grupo de privilegiados sin pagar impuestos.

Se repartieron el presupuesto como si de botín se tratara. Dejaron en ceros a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en un acto de irresponsabilidad inaudito. Y hoy han dado la espalda a la controversia constitucional.

Nos equivocamos si creíamos que la Corte iba a resolver bien. Vivimos un estado de simulación, y sabíamos lo que podíamos esperar de la Corte. Sin embargo, es nuestra obligación acudir a todas las instancias existentes en esta república simulada.

Pero hoy, el hecho de que le hayan dado la espalda a la controversia constitucional, lo único que hace es acendrar nuestra determinación de combatirlos con toda firmeza y con toda determinación. No los vamos a dejar que se sigan repartiendo el poder y que lo sigan ejerciendo en contra de los intereses de la mayoría de la población, porque están pretendiendo rematar una empresa que es patrimonio de los mexicanos, no les corresponde a ustedes. No le corresponde al usurpador de Calderón, nos pertenece a todos los mexicanos.

Y están queriendo doblegar a uno de los sindicatos más importantes que ha habido en este país, el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Pero, con esto que acaban de decidir y con el miedo que mostraron por la manifestación que había afuera, nos queda hoy, absolutamente claro, que es en la calle donde les vamos a ganar esta batalla. Es con la lucha y con la organización popular. Es ahí donde los vamos a poner en su lugar. Es ahí donde los vamos a ir a arrinconando, vamos a obligar a que renuncie Calderón, nos lo quieran creer o no. Lo van a ver.

Esta soberanía va a tener que tomar, en su momento, la decisión de un presidente sustituto, porque Calderón no sirve para nada. No sirve ni a los intereses que lo impusieron. Es un pusilánime y un tipo verdaderamente menor, que estorba al desarrollo de este país. Ya ni siquiera a los privilegiados les garantiza absolutamente nada, y sabemos que en este tema tampoco se cuenta con el PRI, porque el PRI quisiera tener ahí de parapeto a Calderón de aquí a 2012 para sus cuentas alegres de que van a llegar a la Presidencia de la República.

No van a llegar, no los vamos a dejar. Con la participación y la movilización de la gente no se los vamos a permitir. No se los vamos a permitir.

Si creen que el copetudo va a ser presidente, eso no va a suceder, le vamos a cerrar el paso; se lo vamos a cerrar con organización, con participación, con lucha popular. Vamos a hacer que Calderón renuncie en primer lugar, lo tenemos que lograr. Nos va la vida literalmente en ello, porque no podemos permitir un gobierno que siga sumiendo en la miseria, en la desesperanza a este país; que siga haciendo actos inhumanos y criminales, como mandar a más de 40 mil trabajadores a la calle.

Se necesita tener quién sabe qué aquí, para tomar una decisión de ese tipo y se necesita no tener nada acá, para tomar una decisión de ese tipo en un momento de una crisis económica tan grave como la que se está viviendo en este momento en el país.

Así es que yo vengo a tribuna sólo a decirles a esa alianza del PRI y del PAN; que estamos claros cómo nos vamos a llevar los próximos 3 años, nos vamos a llevar fuertecito, así están las cosas, así van a seguir. Vamos a ganar esta batalla política al final del día.

Al final de la jornada la razón, la justicia y la verdad tendrán que imponerse, porque no están dándose cuenta del enorme malestar, del enorme enojo, del enorme repudio de la mayoría del pueblo de México a esto que se llama clase política y que hace mucho ha dejado de servir a los intereses del país. Muchas gracias, compañeros y compañeras diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Castro Cosío, hasta por cinco minutos.

Les pedimos a los asistentes en galerías conservar el orden, por favor. Dentro de la reglamentación establecida en esta Cámara no se permite que los que están en las galerías intervengan en el desarrollo de la sesión. Les pido mantengan el orden a efecto de poder continuar.

Le pido, diputado, continúe. Continúe, diputado, por favor.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: No he empezado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Empiece, diputado. Es su tiempo, es su turno. Le pedimos a todos los que nos acompañan en galerías conserven el orden.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: Compañeras y compañeros, queda claro hoy de nuevo?

Viva la lucha del SME, viva la lucha de los electricistas de este país.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Va a hacer uso de la palabra, compañero?

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: Sí. Compañeros, no hay orden. Compañeras y compañeros, creo que haber hoy sentado este precedente de guardar silencio frente a uno de los problemas más importantes del país, es de verdad muy preocupante.

Creo que esta pírrica victoria que están celebrando algunas compañeras y compañeros, debiera de llevarlos a la reflexión. Hoy están derrotando solamente a los electricistas con su silencio cómplice; hoy están derrotando la posibilidad de encontrar, entre todas y todos, juntos, las mejores formas para que estos problemas nacionales se enfrenten de una manera correcta. Lanzar a la calle a los compañeros y generar más irritación en la sociedad creo que no es el camino, compañeras y compañeros, diputadas y diputados.

Hoy estos vergonzosos acuerdos son el preludio de la gran batalla que está librando el pueblo de México contra la injusticia, contra la pobreza. Hoy los gritos lanzados aquí por los compañeros electricistas deberían de llamarlos, de veras, a pensar de qué forma construimos un país mejor. Debía de llamarnos a pensar de qué manera pueden explicar ustedes y justificar que se lance a la calle a 45 mil ciudadanas y ciudadanos y no decir nada en esta tribuna y ni siquiera justificar lo hecho. Me parece absolutamente irresponsable que este silencio cómplice siga a las voces y a los gritos de los electricistas.

A esta lucha de los electricistas, compañeros diputados y compañeras diputadas, yo no tengo dudas, se irán sumando dignidades; y su ejemplo de lucha será la mejor respuesta al disimulo al que hoy aquí se ha acudido. Se prefiere guardar silencio, se prefiere mejor abandonar la sala, se prefiere dejar a un pequeño grupo de compañeras y compañeros, evitando la posibilidad de debatir. Yo creo que no es el camino que debe seguir el grupo mayoritario.

Sean cuales sean sus razones, el silencio es lo peor que pueden hacer, compañeros. La nación entera estaba pendiente de qué estaban planteando el PRI y el PAN. ¿Pero qué plantearon? Un acuerdo ominoso, un acuerdo que da pena a los trabajadores que no justificaron ni siquiera en la tribuna las razones que tienen para liquidar una empresa nacional. No justificaron ni siquiera aquí en la tribuna las posibilidades de debatir con ustedes qué es lo que podemos hacer para que podamos encauzar estos temas, estos problemas nacionales.

El silencio de ustedes hoy debe apenar a todo el panismo y a todo el priismo nacional, porque solamente vinieron a votar y a darles la espalda a los trabajadores. Vinieron a votar y se largaron del recinto, a fin de cumplir su tarea. La cumplieron bien, pero esta pobre victoria no les va a traer buenos beneficios de ningún tipo, compañeros. ¿Con qué valor moral podrán ustedes encarar las razones de los que vinieron hoy sólo a votar?

A ustedes que me han escuchado hoy, les doy las gracias. De veras, este país necesita un Congreso que debata ideas, que debata razones. Hoy los electricistas, con su ejemplo de dignidad, seguramente están salvando la dignidad que hoy en este Congreso faltó. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez.

El diputado Francisco Hernández Juárez: Ciudadano presidente; compañeras y compañeros diputados:

En realidad ya no le veo mucho sentido a presentar los argumentos que en un momento tenía previstos para tratar de exhortar a la mayoría de mis compañeros diputados, para encontrarle una salida legal al problema que estamos enfrentando. En todo caso, sí me gustaría dejar constancia de algo que me parece fundamental. Los compañeros electricistas se encontraron de pronto frente al comportamiento histórico que han tenido, frente a la lucha que su actual comité ha llevado, con una respuesta que el gobierno les dio para quitarse de ese problema.

Tenía varias vías para encausar su acción, cuando uno está revisando contrato colectivo y nos toca sentarnos con la empresa a discutir cuáles van a ser las nuevas condiciones de trabajo, la empresa o el gobierno, sobre todo si es una entidad pública, tiene la oportunidad de presentar sus propias propuestas, si es que algo no le gusta de la empresa, de cómo opera o de las prestaciones que tienen los trabajadores.

Tenía la posibilidad de encausar un conflicto de carácter económico para decirle a la Junta de Conciliación, las condiciones de mi empresa ya no dan para mantener estas prestaciones y esos trabajadores, por tanto, considero que me debes declarar en quiebra para yo definir una relación distinta con los trabajadores, o tenía la vía de una iniciativa para pedirle al Congreso, como nosotros creemos, que definiera, que presentara una nueva ley para que el gobierno pudiera, mediante un decreto, operar como lo hizo con la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Es un gobierno que ya lo definió Stiglitz hace unos días, es el gobierno que más mal hizo las cosas para enfrentar la crisis y, que en general hace mal las cosas y crearse problemas como los que estamos enfrentando en este momento. Simplemente como tiene en Javier Lozano, un bofe que le gusta subirse al ring y golpear a todo el que se le pone al frente, decidió que este era el camino y así aconsejó al presidente, que, además, no parece que le haya disgustado la medida para operarlo, decidió dar un decreto, extinguir la compañía de luz y despedir a todos los trabajadores.

Presentamos un punto de acuerdo a esta Cámara para hacerle notar que el gobierno estaba actuando de manera ilegal, que no había respetado las facultades del Congreso para expedir esa ley, aceptó la asamblea, se nombró un grupo plural y se nos dieron 12 días para presentar el resultado de nuestro trabajo. Ustedes se acuerdan que tomaron ese acuerdo y que teníamos el compromiso de presentar ese resultado del trabajo que hicimos, se lo pasaron por el arco del triunfo los que aquí toman las decisiones y les pareció que era mejor, ni siquiera presentar el resultado de ese trabajo.

Tan complicado, que no pudimos llegar a un acuerdo de consenso de si procedía o no esa controversia. Es tan complicado que hay jurisprudencia a favor de que sí se dé la controversia y jurisprudencia en contra de que no proceda la controversia. Estamos metidos en un problema legal, donde en realidad hay fuertes tendencias a creer que no se violentaron los derechos de la Cámara, pero también hay fuertes tendencias a que sí se violentaron.

Lo que estábamos pidiendo exclusivamente, ya que además la Cámara dispuso de los recursos de esa empresa, lo único que pedíamos es que le dieran la oportunidad a los trabajadores para que no utilicen otras vías, que les permitieran utilizar todos los caminos de carácter legal que le son posibles para que a través de los mecanismos de la ley puedan encontrar un cauce a su preocupación, a su inquietud, a su enojo.

Ya por la vía del amparo, ya se demostró que el gobierno actuó inconstitucionalmente, ya les aceptaron el amparo de manera definitiva y, la controversia iba a darle cauce a esta inconformidad, lo único que les pedíamos es su firma, hasta nos dijeron: si no nos llevan a votación, vamos a tener que votar en bloques, si lo hacen buscando las firmas, de esa manera ustedes van a tener mayoría para poder promover la controversia.

Y nosotros dijimos: si eso ayuda, por qué no lo buscamos. Resulta que no quisieron ni que se presentara el trabajo, resulta que ni siquiera quieren subirse a debatir, resulta que ni siquiera quieren la controversia, ¿Bueno, qué quieren? ¿Que se metan los trabajadores a la fuerza a la Cámara? ¿Que los trabajadores realmente nos preparemos para hacerles una huelga nacional? ¿Para qué? Porque no entienden de otra manera.

¿Cuáles son los procedimientos, entonces, que podemos?? Simplemente nos hacen el vacío, se quedan callados. ¿Cómo le hacemos para ponernos de acuerdo entre todos?

Yo creo que esta Cámara tiene una gran responsabilidad: ayudarle a este gobierno ineficiente a hacer bien las cosas y si podíamos acreditarlo viendo que legalmente el tribunal determinara si hubo o no violación a las competencias del Congreso. A mí me parece que estamos rehuyendo una responsabilidad fundamental.

A mí me parece importante dejar constancia que el Congreso no está cumpliendo con su responsabilidad. No está contribuyendo para que los problemas se resuelvan, por la vía pacífica y legal, y si quieren que utilicemos otros recursos, yo sinceramente no soy participante de ellos.

He estado teniendo diferencias serias con quienes contribuyen y toman medidas de otra naturaleza que violentan el funcionamiento del Congreso. Pero sinceramente parece que no entienden de otra manera.

Si esos son los recursos a los que tenemos que llegar, qué lástima. La verdad qué lástima. Yo sentía que había posibilidades de generar los consensos que este país necesita, pero el Congreso nos está demostrando que no es así, que hay que utilizar todos los recursos que sean posibles para hacer valer nuestros derechos. Gracias, muy amable.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Con su permiso, diputado presidente. No cabe duda que los hechos hablan más que las palabras. Lo que tanto se dijo en los días de la negociación para la integración y la definición del Presupuesto de Egresos aquí se está corroborando.

Hubo venta de voluntades a cambio de ciertos privilegios para establecer o fortalecer algunos cotos de poder. El silencio y la omisión aquí manifestados, no son más que una expresión de la falta de argumentos para debatir, y es una actitud cínica y de oprobio. Hay que decirlo con todo lo que significan en sus letras.

Aquí ya se ha hablado por quienes me han antecedido en el uso de la palabra cómo hubo toda una estrategia de desinversión operada conscientemente contra Luz y Fuerza durante años. A pesar de la prestación del servicio eléctrico en la zona más poblada del país, con todo lo que significa su complejidad la compañía seguía funcionando.

Se argumentó, de manera fundamental, el costo del contrato colectivo de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas con la Compañía de Luz y Fuerza. Pero todas las prestaciones y los montos que se lograron contener en el contrato colectivo fueron logrados por medio de un acuerdo entre las partes, entre el gobierno federal, Luz y Fuerza y el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Se hicieron, incluso, convenios de productividad 2008-2012 que contenía acuerdos muy claros para alcanzarlos en ese periodo, y todas las metas que les correspondieron a los trabajadores sindicalizados del SME, se lograron al 100 por ciento.

Solamente, hay que decir, que el área comercial no había alcanzado hasta el momento del decreto de extinción, precisamente las metas, lo que expresa en todo caso una mala administración que fue incapaz de dirigir acertadamente esta compañía.

Ahora se pone de ejemplo, para tenerlo como un paradigma, el papel, la rentabilidad, la transparencia y la honestidad con que se maneja la Comisión Federal de Electricidad, una compañía por cierto prácticamente privatizada: el monto de la deuda contraída, ahora reconocida como deuda pública a través de la figura de los Pidiregas, alcanza 6.8 por ciento del producto interno bruto. Éste es un dato dado, por cierto, por Bancomer.

De esa manera se mantienen en realidad las finanzas de la CFE: a final de cuentas, transfiriéndolas al pueblo de México. Además, hay que decirlo, a través de estas figuras y por las que aquí se han mencionado de la confederación, entre otras, 40 por ciento de la energía que produce CFE es privado.

Y ahora además, como se señalaba también aquí, en las últimas horas ha quedado claro que hay una red de corrupción que se ha denunciado, precisamente en la CFE. Ese paradigma de manejo eficiente, honrado y transparente de una empresa pública con una lista, además contenida en una prestigiosa revista electrónica, Reporte Índigo.

Ahí queda claro que los funcionarios involucrados en la red de corrupción ahí siguen, a la luz de todo mundo, operando y auspiciados por la actual dirección de la CFE en que, paradójica, curiosamente, apenas el 11 de noviembre fue reconocida el director, Alfredo Elías Ayub, con el Premio Nacional de Ingeniería Civil 2009.

Cuando lo premió con esa consideración, Felipe Calderón dijo que Elías Ayub es un gran servidor público por convicción que ha marcado una pauta y un ejemplo para el resto de los funcionarios que sirven a México. A ver si se atreven a ir contra esas redes de corrupción y a ver si efectivamente están dispuestos a ir a fondo en la lucha contra la corrupción.

Por cierto, apenas la semana pasada una asociación internacional que mide la percepción social sobre los índices de corrupción hablaba de que en los últimos años el gobierno de Calderón hemos mejorado en corrupción: hoy somos más corruptos gracias a las acciones tan valientes, tan transparentes que ha estado ejerciendo el gobierno federal. Por eso, decimos que hay un proceso inexorable de privatización que ha sido un error y que están jugando con lumbre al tomar estas decisiones, pues lo que están haciendo es apostar a que a lo mejor en 2010 haya un incendio político y social a nivel nacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Guadalupe Acosta Naranjo.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, señor presidente. También quisiera reconocerle, efectivamente, que haya podido, que haya facilitado la discusión de este tema. Éste no es un buen día para la Cámara de Diputados, no es un buen día porque, como han dicho aquí legisladores en los meses que hemos estado trabajando, sin duda la importancia del Poder Legislativo es muy grande para el país. Y cuando el propio Poder Legislativo renuncia a sus facultades, no puede ser un buen día para sus integrantes.

Existen 129 diputados, hace un rato, presentes en esta sesión; no voy a pedir verificación de quórum, no es necesario: cualquier diputado que observe la asistencia que hoy tenemos en el tema seguramente compartirá conmigo que no existe quórum suficiente. Seguido sucede en la Cámara de Diputados porque no tenemos una buena organización, porque a veces se convoca a comisiones al mismo tiempo de que está instalada la Cámara, porque hace hambre y hay que ir a comer o porque simple y sencillamente no interesa el tema. Seguido nos sucede que nos quedamos sin el quórum suficiente.

Pero el día de hoy, después de que esta Cámara había procesado durante semanas un difícil tema como es la extinción de la Compañía Luz y Fuerza, un tema que mereció varias sesiones con debates intensos y fuertes sobre este asunto, donde se expresaron las distintas posiciones entre quienes creemos, como soy yo y muchos diputados, que se cometieron violaciones a la ley y a la Constitución por la manera como se desapareció a la Compañía de Luz y Fuerza, y quienes creen que ésta es una facultad del Ejecutivo, que utilizó de manera legal e íntegra, llevaron a que esta cámara propusiera que una comisión especial, del más alto nivel, hiciera un análisis jurídico sobre este asunto y fuese presentado en su momento con un tiempo perentorio marcado por la propia Cámara al pleno de la Cámara para que, independientemente de la conclusión, esta soberanía conociera los argumentos de unos y de otros.

Con esa información, que la Cámara decidiese, por mayoría simple, si se interponía o no la controversia constitucional.

Un método que hemos seguido para culminar un tema tan delicado. Culminarlo es un decir; todo mundo sabe aquí que ese problema no culmina el día de hoy con esta manera de actuar de la Cámara, sino que tal vez lo que estamos haciendo es, en vez de encauzar institucionalmente esta discusión y este debate, estamos provocando reacciones como las que vimos ahorita de obreros indignados, sí, de amenazas, tiene razón, y yo puede que no comparta algunas de esas tomas y posiciones, diputado, pero menos comparto que si esta soberanía había acordado escuchar el informe, que había una comisión especialmente normada por este pleno, pero no se presentan y hay ausentismo y hay sólo 130 diputados. Los demás no están escuchando el informe de juristas, en un tema delicado, donde hay 40 mil nuevos desempleados, compañeros, y a veces también uno se indigna y se molesta.

Eso en nada le ayuda al Poder Legislativo, en nada le ayuda a la Cámara de Diputados. Nos estamos pegando un balazo en el pie, estamos debilitando al poder de la representación popular, independientemente de cuál hubiese sido su resolución. Para eso existía este pleno.

La verdad, repito, es un día triste desde mi particular punto de vista, un día de luto para la Cámara de Diputados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Avelino Méndez Rangel.

El diputado Avelino Méndez Rangel: Con su permiso, señor presidente. En mayo de 2007, en la Asamblea Legislativa en la cual era diputado, les señalé a los miembros del PAN que la guerra que empezaban, esa llamada guerra contra el narcotráfico, no tenía futuro, que iba a ser una masacre y que no era el método para combatir ese grave flagelo que aqueja a nuestra sociedad y no hicieron caso. Cerraron los ojos, los oídos ante esta advertencia, ante la cual hoy estamos viviendo las consecuencias.

Eso es lo que impera cuando no hay razonamiento, no hay análisis de lo que puede suceder al tomar decisiones tan graves, como lo que hoy está sucediendo en esta Cámara de Diputados.

Señor presidente, las protestas sociales no se detienen con tubos para trabar las puertas de la casa del pueblo, esta Cámara de Diputados. Es una vergüenza para todos nosotros que este órgano de Estado se escude con cuerpos represivos, como la policía federal, en lugar de atender puntualmente la demanda pacífica de trabajadores que han sido despojados de su trabajo.

Éste es el grado de insensibilidad política ante un reclamo justo, para que les devuelvan su fuente de empleo, arrebatada por un decreto ilegal a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo que obligó o que nos puso en una condición muy vulnerable, hoy en esta Cámara?

Yo lo único que les quiero decir, compañeras diputadas y compañeros diputados, y lo digo por un compañero panista que siempre se está riendo de estas situaciones, que después no se pregunten ¿de dónde sale la movilización insurreccional? ¿De dónde? No son amenazas, es producto de la irritación de gente que ha sido despojada ilegalmente de su trabajo.

Esas sonrisas burlonas que hoy vemos aquí, se van a transformar en muecas de angustia cuando los ciudadanos lastimados dejen las formas pacíficas que hasta hoy han imperado; parece que a eso le apuestan, a causar desesperación ante estos hechos que hoy pudimos resolver aquí en esta Cámara.

Aquí, resguardados por la policía se sienten seguros. Fuera, se quedan tal cual, como ciudadanos que tienen que enfrentar su responsabilidad ante quienes mandan en este país: los mexicanos.

No podemos olvidar, es un error olvidar que los grandes movimientos transformadores requieren de sólo un grupo decidido a cambiar el estado de injusticia que priva en una nación. Así ha sido la historia de nuestro país y de otros que se han atrevido a sacudirse las cadenas de la opresión y la injusticia.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, se han ido acumulando agravios en este país, por una clase política panista y priista que aumentan los impuestos, mantienen los privilegios de los poderosos y echa a la calle a los miles de trabajadores y lo más grave para este Congreso, que está abdicando, y lo he dicho ya varias veces, que está abdicando, que se niega a defender sus atribuciones.

Es un Poder que se niega a ser Poder. Es un Poder que se hace eco de las viejas prácticas y no se atreve a asumir sus responsabilidades. La desesperación, la falta de salidas legales lanzan a los pueblos a luchas no pacíficas.

Aquí, hoy, perdimos la oportunidad ante lo que era sólo una firma de una controversia constitucional para darle cauce legal a la inconformidad que allá afuera está y que allá afuera la van a cobrar, ya lo dijeron.

No nos preguntemos después, ¿por qué esos brotes? ¿Por qué, dice aquí el diputado, ésas amenazas? No, no son amenazas, son advertencias. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Óscar Martín Arce Paniagua.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Con su venia, señor presidente. Hemos escuchado pacientemente los argumentos de los compañeros diputados. Quiero dejar bien, bien claro en la Cámara, que nosotros no le apostamos a la violencia, que somos gente que creemos en el derecho, en la legalidad.

Si hoy no les asiste la razón, la justicia ni los votos en esta Cámara es porque legalmente la medida del presidente está ajustada a derecho. Venimos hoy no a defender al presidente de la república, sino a defender esta Cámara de una facultad que tiene para ejercer o no un derecho.

Hemos abierto no solamente una Comisión Especial para dilucidar un tema de controversia que se tiene que manejar en otros trámites comunes, por la atención que pedimos y los diputados del PAN votamos a favor.

Hoy no les asiste la razón, el derecho ni los votos, porque también la sociedad se ha manifestado a través de sus órganos. En este caso hay un boletín claro de la Barra Mexicana de Abogados que me voy a permitir leer y es un órgano independiente que emite criterios estrictamente jurídicos. Y aquí está, señores.

En cuanto a los temas constitucionales y administrativos cabe decir que si el órgano fue creado en un acto del Ejecutivo, conforme a los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en que se funda el decreto, es facultad del Ejecutivo extinguir entidades descentralizadas que él mismo haya creado.

No es la primera vez que se hace. Está el tema de Ruta 100, el tema de Teléfonos de México. Es una facultad que no puede mermar. Nosotros sí invadiríamos la esfera del Ejecutivo al autorizar una controversia. No es una postura meramente política; es una postura legal y de derecho consagrada en los artículos 89 y 90 de la Constitución que prevé en el decreto, que le da facultades para disponer al presidente cuando se extinguen dos empresas privadas. Al revés. Dos empresas privadas, cuatro empresas privadas, perdón, se extinguen y se crea Luz y Fuerza del Centro. Cuando se crea, se emite un criterio que va acorde a que la nación debe de conservar como área estratégica la luz, la electricidad, y estoy de acuerdo con ustedes.

Pero, también, cuando se emite el decreto de extinción se le da formalidad a la Ley Federal de Energía en donde dice el artículo 6o. que la que provee energía para este país es la Comisión Federal de Electricidad.

No estamos vulnerando, no estamos privatizando, no estamos haciendo otra cuestión que mantener el estado de derecho. Hoy no estamos renunciando a ninguna facultad; estamos ejerciendo la facultad de debatir. Aquí estamos debatiendo el tema.

Lo hicimos en una comisión. Si no se fijaron los puntos del debate como querían, ésa es una cuestión que acordó la Junta a través de sus representantes. Y tenemos que acatar ése mandato.

Hoy seguimos apostando a la legalidad. Vamos a continuar defendiendo las posturas que son acorde a la Constitución, a las leyes reglamentarias y a lo que conviene al país que se tiene que modernizar. El país tiene que avanzar y no volvamos este tema estrictamente jurídico en un tema político, porque entonces, cuando vengan otros órganos, otras instituciones, a pedir justicia, vamos nosotros a proceder en una controversia que no tenga ni fundamentación ni motivación hacia la Corte. Debemos ser, como les dije, legales, racionales y apegados a las facultades que establece la ley, y el día de hoy el presidente actuó en el marco de la ley, y por eso estamos aquí defendiendo el derecho que tiene de hacerlo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene el uso de la palabra el diputado Óscar González Yáñez.

El diputado Óscar González Yáñez: Con el permiso de la Presidencia. Qué lamentable, compañeros, venir todavía con un rostro de simulación, a intentar defender lo indefendible. Ustedes tienen que asumir su responsabilidad y no traten de ocultarla. La política del avestruz, de ocultarse y todo lo demás de fuera, no tiene ningún sentido, es una parte del costo de gobierno y parte del costo de tomar decisiones, y asúmanlo como tal.

Nosotros tampoco somos partidarios de la violencia, pero aquí hay que ver quién es el que genera la violencia. Cuando se genera una violencia jurídica, haciendo lo que hizo el Ejecutivo, cuando se genera violencia en los medios de comunicación, mintiendo, diciéndole a la población lo que un sindicato no es, diciéndole mentiras. Esto es violencia, y eso, compañeros, va a generar irritación social.

Lo que ustedes vieron hace un momento no es otra cosa más que la irritación social de una instancia, de una decisión que se tomó de manera irresponsable y de manera ilegal. Eso es lo que han hecho.

Tomar firmas por encima del pleno no tiene otro sentido más que ocultar el rostro, no se atreven los compañeros del PRI y los compañeros del PAN, no se atreven en este pleno a decir; no, no vamos. No quieren que quede evidencia para la historia, porque saben que si se votara aquí quedaría una evidencia para la historia, y no quieren.

De dónde sacaron esa argucia, porque son bastante imaginativos, de las famosas firmitas, cuando lo tienen que hacer aquí en el pleno.

Se forma una comisión que no entrega ningún informe, ninguno, ninguno, porque no hay ningún informe aquí. En consecuencia, cómo se toma el criterio de las decisiones que tiene que tomar este pleno, cuando ni siquiera se toma en cuenta a una comisión que no entrega informes.

Así de sencillo. Para los compañeros del PRI este asunto lamentablemente se convirtió simple y llanamente en un insumo de negociación, que los compañeros del PAN compran rápidamente por tapar un error cometido.

Para eso se convirtió. Para ustedes es un asunto de equilibrios políticos entre dos fracciones políticas; para nosotros es un asunto de equilibrio en la república. Abandonar la responsabilidad de vigilar al Ejecutivo en su actuar es la gran responsabilidad, y eso es lo que estamos aquí? y lo tenemos que regular.

El abandonar esa responsabilidad desequilibra los poderes de nuestro país, y por ende desequilibra una república.

Qué tiene de malo que un tercer poder dirima una diferencia entre un poder y otro. Eso es fortalecer una república. Lo que se está haciendo en este momento es debilitar una república, y eso es lo que se pretende, y al debilitar una república nace el autoritarismo, y al nacer el autoritarismo nace la violencia jurídica y después la violencia física.

Estamos frente a un estado donde ya perdió el derecho y donde ahora lo que va a prevalecer es el estado social, o sea, el temperamento social.

Hay compañeros que aquí vienen y dicen que no pasa nada. Les informamos que el mes pasado, según cifras del propio Ejecutivo, rompimos récord en la historia de nuestro país de desempleados y quien abonó una parte importante de ese récord fue Felipe Calderón, con 40 mil desempleados. Eso es lo que está sucediendo.

Nosotros lo que tenemos que hacer es debatir y contribuir a la construcción del establecimiento de una república que traiga bienestar a la sociedad y no que la altere. Eso es lo que se está haciendo en este momento, por eso nosotros discutimos esto.

Compañeros, no nos extrañe la situación social. No se extrañen de los comentarios que hace gente que viene acá. No se extrañen de lo que va a pasar los próximos días. También debieron de haber calculado el costo social. Esa es la gran responsabilidad de ser gobierno y si no tienen esa responsabilidad no sean gobierno. Eso es lo que está sucediendo. Nosotros al final decimos que fue una decisión errónea, una decisión ilegal y políticamente mal conducida.

El señor presidente tiene problemas con el nobel, porque resultó ser un novel, muy novato para conducir. Lo digo con muchísimo respeto al Partido Acción Nacional. Salieron muy novatos para este tema, muy novatos. Les pasan cosas que ni siquiera tienen calculadas.

Condúzcanse correctamente y ayúdenle al país desde la responsabilidad que ustedes tienen y no la abandonen. El silencio, lo que hicieron hoy, es abandonarla. Quien abandona una responsabilidad, abandona el poder. Quien abandona el poder, deja a la sociedad a su libre suerte y cuando la sociedad está a su libre suerte, vamos a un caos social.

Así coméntenlo, así platíquenlo entre ustedes para que se sepan conducir. Ya no les hagan tanto caso a estos compañeros que nada más los están cazando. Ojo, los están cazando y ustedes, en mi opinión, ingenuamente se dejan atrapar y se conducen en acuerdos políticos que van a llevarlos a que pierda el país. Ni siquiera ustedes, porque no crean que ustedes nos preocupan, nos preocupa que ustedes pierdan el poder o el PRI, nos preocupa que pierda el país como lo está siendo en este momento. Reflexionen sobre sus decisiones y reflexionen sobre sus relaciones.

Ya no les entreguen más a quienes solamente ven en esto un insumo de negociación política; para el PRI, el SME es un insumo de negociación. Tengan cuidado con lo que juegan porque están jugando con fuego. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Emiliano Velázquez.

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel: Con su permiso, diputado presidente. Amigas y amigos diputados. En este problema que se está analizando hay dos aspectos fundamentales; el primer aspecto me parece un exceso, en razón de la publicidad contraria a todo lo sucedido respecto del SME. Se ha soltado la prensa a través de la inversión federal en contra del sindicato.

Me parece preocupante, porque en una empresa privada o en una empresa pública debe de existir una lógica legal. En este caso priva el desprestigio antes que un análisis correcto, antes que la aplicación de toda la norma jurídico-constitucional para ver quién fue el responsable de todos los hechos que se dieron en este organismo. Por tanto, no se ha hecho uso de la parte legal correspondiente, a ver quién es el responsable de tal situación, sino que se ha acusado a los trabajadores de una manera directa, sin mediar ningún análisis jurídico ni mucho menos deslindar las responsabilidades.

El segundo aspecto que se analiza en torno a este problema es, en efecto, de igual forma, la cuestión legal. No es tanto el número de diputados, más bien es de la cuestión legal. No se han agotado de manera correcta todos lo términos legales para dar de baja la empresa pública, sino por el contrario, se ha hecho de manera errónea.

Con lo anterior nos dice que en nuestra república es preocupante, porque los contrapesos y la aplicación de la justicia están en duda y, si esto continúa de esta manera, estamos vulnerando el principio de esta república. Ya lo decía Marco Tulio Cicerón hace muchos años, que los enemigos que están al frente y que son externos, son combatibles; pero cuando se da al interior, asumiendo que no se quiere seguir el cauce legal y, mucho menos, ajustarse a la Constitución, es una situación delicada.

Por eso, amigas diputadas y amigos diputados, lo que está a discusión aquí, en esta Cámara de Diputados, es la legalidad, no el número de diputadas y diputados en votación. Por tanto, esa legalidad que hoy se viola en este recinto, en esta máxima tribuna de nuestro país, es lamentable, pero también es omiso a la justicia en este país.

Amigas diputadas y amigos diputados, tuvimos una oportunidad de discutir y desahogar en esta Cámara y, lo digo discutir y desahogar, para que la justicia se dé como tal, nosotros en esta Cámara no podemos hacer las bases del Poder Judicial y, aquí se ha intentado acallar con votos lo que le corresponde a otro poder. Por eso, hoy queda constancia de no haber asumido la obligación que la patria nos ha dado a cada una y cada uno de los diputados aquí presentes.

Muchísimas gracias, diputado presidente. Gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tenemos inscritos al diputado Guadalupe Acosta, al diputado Ramón Jiménez, a la diputada Laura Itzel Castillo, al diputado Rodolfo Lara. En los términos del artículo 116, al final de la intervención del último orador preguntaré a la asamblea si se considera suficientemente discutido. Tiene la palabra el diputado Guadalupe Acosta.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El diputado representante del Partido Acción Nacional ha subido a esta tribuna a dar una serie de argumentos jurídicos legales que él comparte y cree que son razón que justifica la desaparición, mediante un decreto de parte de la Presidencia de la República, de Luz y Fuerza. Eso es lógico y saludable que así se defienda.

Esta Cámara es representación de la pluralidad del país. El Congreso, las Cámaras, ese problema intentaron resolver. Con anterioridad solamente había lo que hoy llamamos Poder Ejecutivo y en aquel tiempo eran de distintas maneras monarquías, que no tenían un contrapeso y que había un poder absoluto.

Las Cámaras de Diputados en sus distintas modalidades, que ha tenido distintos rumbos en todos los lugares del mundo, se constituyeron para que se reflejara la pluralidad del país en cuestión. Y por tanto, es normal que quien comparte el partido y las ideas de quien gobierna a México, no siempre sucede, pero es muy común que opinen de manera similar.

Lo que nosotros, o yo he venido aquí a reclamar, es que este Poder Legislativo nombró una comisión plural, conformada en su integración de juristas, presidida por el diputado Navarrete Prida, y que hicieron un estudio desde mi punto de vista serio, que recogió la dos posiciones jurídicas que se vertieron sobre el tema y que la intención de esta comisión era que se viniera a ilustrar a la Cámara de Diputados por una comisión que este pleno nombró, para que la Cámara tomase una decisión de si interponía o no el recurso de inconstitucionalidad.

No se presentó el informe. No se trajo a este pleno el trabajo que realizaron diputados durante semanas, y donde la visión que el diputado sostiene y otras con mucha mayor amplitud, él tiene un espacio pequeño para poder, sin ninguna duda, reflejar aquí lo que motiva una tendencia y opinión respecto a este tema, no se vio reflejada aquí. Ni tampoco la tendencia que refleja una opinión muy amplia de que debía de interponerse por esta Cámara el recurso de inconstitucionalidad.

Lo que yo digo es que ante un tema tan delicado, lo que yo vengo a alegar aquí no es que los compañeros del PAN compartan la opinión de licenciado Calderón, pues es muy normal, y qué bueno que se sube y expone sus puntos de vista. Eso es lo adecuado.

Estamos en el tema de agenda política discutiendo el asunto, porque fue el último recurso para que esta Cámara pudiese conocer de diferentes opiniones sobre el tema, porque mediante una votación ampliamente mayoritaria se evitó que se considerara un asunto de urgente u obvia resolución y se presentase un informe oficial por parte de la comisión, donde se recogían las distintas tendencias y se diese un debate abierto, franco, con el estilo de cada quién, porque cada quién tiene un estilo para argumentar en esta Cámara. Hay gente a la que le gusta tener un cierto un estilo, hay gente a la que le gusta tener otro cierto estilo, y cada quien se comporta de acuerdo con su responsabilidad y con sus creencias.

Pero lo que a mí me parecía adecuado, correcto, es que se diese ese debate, se conociesen las posiciones, y que la Cámara, como había acordado, resolviese si se interponía o no el recurso. Y tal vez, por lo que veo, hubiese sido mayoría quien hubiese considerado que no era adecuado que la Cámara de Diputados presentase este recurso. Y eso pudiera hasta entenderlo.

Lo que no puedo entender es esta maniobra legislativa, para que las comisiones que nosotros mismos formamos no terminen rindiendo informes al pleno en un tema tan delicado.

Ya termino diputado, no soy de los que sube mucho y por lo regular cuando están las butacas solas casi no chiflan, pero ahora parece que algunas, aunque son pocas, sí pueden chiflar. Están molestos. Deberíamos de estar un poco más molestos con los que no están en el pleno de la Cámara cumpliendo con su responsabilidad, por la cual votaron millones de mexicanos y que nos obliga a estar presentes en las sesiones cuando hay temas tan delicados, como es este.

Termino y disculpen el exceso. Mí única observación es: compañeros no denigremos al Poder Legislativo, las comisiones que nosotros mismos nombremos démosle el respeto suficiente, para que presenten sus informes al pleno y la Cámara termine resolviendo siempre, en un sentido o en otro, lo que su soberanía indique. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Comento en definitiva los que están inscritos, antes de preguntar si está suficientemente discutido: diputado Ramón Jiménez, diputada Laura Itzel Castillo, diputado Rodolfo Lara, diputado Pedro Jiménez, diputado Encinas, diputado Carlos Alberto Pérez y diputado Roberto Gil.

Después de esto, estaremos cerrándolo totalmente. Tiene el uso de la palabra?

Discúlpenme diputados, lo he manifestado en dos ocasiones por tanto no inscribo a ningún otro diputado más. Tiene el uso de la palabra el diputado Ramón Jiménez.

El diputado Ramón Jiménez Fuentes: Buenas tardes compañeros. Gracias señor presidente. Parte de lo que aquí se ha mencionado es mentira. Alguien habló de un documento de una banda de abogados, perdón, de una barra de abogados en la cual se menciona que de acuerdo a esta opinión el Ejecutivo puede sustituir o puede liquidar empresas paraestatales, pero en ese documento, que ya lo conocemos, con una actitud fraudulenta, tramposa y de mala fe, no hace alusión a que en el artículo 16 de la Ley de Entidades Paraestatales, en el artículo 15 de la Ley de Entidades Paraestatales se menciona claramente que para liquidar una empresa paraestatal debe recurrirse al ente que le dio origen.

Quiero decirles a todos ustedes que quien dio origen a Luz y Fuerza del Centro fue esta Cámara de Diputados y eso está muy claramente estipulado en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía, en la cual está Cámara de Diputados mandató al Ejecutivo para la constitución del órgano descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

En base a este artículo, quien puede suprimir o liquidar Luz y Fuerza del Centro solamente es quien le dio origen, que es la Cámara de Diputados y no el Ejecutivo, que por mandato de este Congreso constituyó esta entidad paraestatal.

Pero además, el artículo 79, fracción IV, dice claramente que el único facultado para legislar en materia de generación de energía eléctrica es esta Cámara de Diputados, también.

En consecuencia, si nosotros a sabiendas de que se han violado los procedimientos, la Constitución y la ley no obramos en consecuencia, estaremos abdicando de una función básica de este Congreso.

Por eso quiero citar nuevamente a Montesquieu que decía: Si el Legislativo abdica de sus funciones, es decir, si el Legislativo permite al Ejecutivo actos que no le corresponden o no los sanciona, entonces el Legislativo abdica de su libertad, pues la libertad consiste en ejercer su poder, y aplicar la libertad es aceptar la tiranía.

También Montesquieu afirmaba que la división de poderes es necesaria para crear una armonía en la república. Es necesaria para evitar todo tipo de abusos de poder o de acciones tiránicas. Si uno de los poderes rompe ese equilibrio hay que trabajar para restablecerlo, pues cuando el equilibrio para la preservación de la república se rompe, el único camino que se abre ante nosotros es el caos. El equilibrio se restablece ejerciendo el poder que corresponde ?agrego yo? a este Congreso de la Unión.

Si Calderón no hubiera violado la Constitución, la juez de distrito no hubiera otorgado la suspensión definitiva al amparo que solicitó el Sindicato Mexicano de Electricistas.

En consecuencia, quiero decirles a ustedes con toda claridad, si este Congreso no obra como lo plantea Montesquieu para restablecer el equilibrio de poderes, lo va a hacer nuestro pueblo. Pero debe quedar muy claro que quien está violentando el orden institucional es Calderón, con su alianza con las cúpulas del PRI y del PAN.

Por eso desde aquí me dirijo a todos los mexicanos, a aquellos que por sus venas corre la sangre de Morelos, corre la sangre de Juárez, de Cárdenas, de Ricardo Flores Magón y de otros grandes héroes cuyos nombres están inscritos aquí, para llamarlos a restablecer el poder que una tiranía está usurpando a nuestro pueblo, en contra de las luchas más sagradas del mismo.

A aquellos mexicanos, repito, a los que corre la sangre por sus venas de estos grandes hombres, los llamamos a formar la cuarta república, a restablecer la república y a darle a nuestra patria y a nuestro pueblo una vida más digna, que no solamente esté beneficiando, como en el momento actual, a las cúpulas de la oligarquía nacional y de las empresas transnacionales.

Ante esta tribuna hago el juramento firme y solemne de que lucharé con firmeza, y si es preciso daré la vida, para restablecer el orden constitucional en nuestra patria. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Señor diputado presidente, diputadas y diputados. En primer lugar quiero, desde esta tribuna, solidarizarme con las 11 mujeres que se han puesto en huelga de hambre, compañeras mexicanas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Desde aquí toda nuestra solidaridad y respeto por su entereza, por su valentía.

Hace unos momentos, el diputado del Partido Acción Nacional señaló que no estaban, dentro de su bancada, a favor de la violencia. Yo quiero aquí decir claramente que en este país existe una gran violencia que se ha promovido por parte del Estado; que hasta este momento se reportan 16 mil 500 muertos a causa de esta fallida guerra contra el narcotráfico y que detrás de ella sabemos que lo que está también es criminalizar las luchas sociales.

La legitimidad es la capacidad que tiene el Estado para obtener obediencia sin la fuerza, sin la violencia, sin esta violencia que se está ejerciendo desde el gobierno usurpador; sin embargo, aquí vemos que existe un gran miedo, basta salir alrededor de este recinto y encontrarnos cómo se encuentra infestado de la Policía Federal Preventiva.

Basta ver a Felipe Calderón cuando está en algún evento, cómo está rodeado de las Fuerzas Armadas, ya sea policía privada, ya sea el Ejército, la PFP, pero no hay otro signo de sus reuniones que no sea ése; transita con miedo.

Hay un dato importante que me parece que es necesario señalar; el presidente Lázaro Cárdenas, militar, invertía en educación, invertía en programas sociales, y se enorgullecía de que no había una gran inversión en la milicia, cuestión completamente contraria a lo que caracteriza al actual gobierno usurpador, donde incluso en seguridad pública, en este presupuesto que ustedes aprobaron, duplicó la cifra de lo que fue la inversión en 2008.

Para las Fuerzas Armadas hay más de 100 mil millones de pesos si nosotros juntamos todos los rubros; sin embargo, es también en este país donde existe, en la actualidad, el mayor índice de desempleo, el mayor índice de muertos, incluso está considerado que en el caso de Ciudad Juárez ya rebasó a los muertos que hay en Bagdad. ¿Y cuál es el resultado que estamos viendo de la implementación de esta política? Un enrarecimiento, una provocación que se le está haciendo a los mexicanos, a las mexicanas.

La respuesta que dieron los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas al salirse del recinto el día de hoy, les debería servir a ustedes, "del prian", de termómetro de cómo se encuentra la situación actualmente en el país, de qué es lo que han provocado estos gobiernos neoliberales. Aquí no nos debe extrañar, porque el mismo que se encuentra al frente de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, es el mismo que se encuentra en esas oficinas instaladas desde la época de Zedillo, del Partido Revolucionario Institucional.

Por tanto, no por el hecho de que aquí escondan su cabeza quieran que no salga a la luz pública lo que está detrás, que es este proceso de privatización y de entrega de nuestros recursos naturales al exterior, porque una cosa es clara, la energía eléctrica está privatizada, y eso es lo que está detrás de la política que han estado ejerciendo.

Y una cosa, para finalizar, lo que demuestran al no subirse a la tribuna y lo que demuestran al no mandar y firmar esta controversia constitucional es la gran cobardía que los caracteriza. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Rodolfo Lara Lagunas.

El diputado Rodolfo Lara Lagunas: Ciudadano presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, me dio gusto que subiera un diputado panista, porque creo que de eso se trata, de que haya debate, del cambio de ideas, ojalá subieran más.

Cuando vimos que los compañeros electricistas de manera iracunda salían y escuchamos algunas expresiones de algunos de ustedes, panistas, entendiendo que prácticamente se exhortaba a la violencia, cabe la reflexión: y este país ¿cómo se ha construido?

El año que entra vamos a celebrar 200 años de independencia, ¿cómo se obtuvo? No fue con conferencias, no fue con marchas, no fue con mítines. Fueron 11 años de guerra, 11 años de enfrentamientos entre los insurgentes y los realistas. Fue una revolución la que nos dio la Independencia de México.

Vamos a celebrar también, el año que entra, 100 años de la Revolución Mexicana y la dictadura porfirista también cayó no usando las buenas maneras, que a veces quisiéramos que existieran para siempre, fue también, un gran movimiento armado que duró 10 años. Gracias a esa Revolución surgió la Constitución que está rigiendo la vida de México.

Pero también les quiero recordar que si tenemos libertad de conciencia, libertad de cultos, fue por otra revolución, la que se inició en 1854 y que posteriormente, produjo las Leyes de Reforma.

No me vayan a acusar de que esto es una apología a la violencia o que la estamos llamando, simplemente les estamos recordando que este país cuando se le han cerrado las vías legales, las vías pacíficas, es el único país de América Latina que ha hecho tres grandes revoluciones y cada una de ellas ha durado más de 10 años.

Por ello, me sumo a la crítica que han hecho los compañeros, de que fue un gran error histórico el no haber permitido que finalmente fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decidiera si realmente el decreto del Ejecutivo es legal o no era legal.

Incluso, hasta dónde estamos llegando, que hasta ahorita mi formal compañero Francisco Hernández Juárez, ni siquiera les quieren recibir el documento con las firmas, ¿de qué se trata?

No se asusten luego de que tomemos las tribunas. No se asusten luego de las protestas airadas. Este régimen desde que tomó el poder se ha distinguido, precisamente, por no respetar la ley.

Calderón asumió la Presidencia de la República después de haber emprendido una guerra sucia que violentaba las normas electorales y de haber cometido un escandaloso fraude electoral. Para decirlo con sus propias palabras: "gané, haiga sido como haiga sido."

Pero sin duda, en donde se ve con toda claridad y transparencia su autoritarismo, que incluso el propio Manuel Espino lo expresa en una revista, en una entrevista, lo acusa de autoritario, termina por doblegar el orden jurídico nacional en este conflicto electricista.

Desde su inicio se mandó al cesto de la basura la vida normativa que deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se metió en la vida del Sindicato Mexicano de Electricistas al negar la toma de nota al candidato triunfador Martín Esparza. Luego, actuando como cualquier gorila de una república bananera y utilizando al Ejército y a la Policía Federal, tomó las instalaciones de Luz y Fuerza, para después emitir un decreto en donde liquida a esta empresa y manda a la calle a 44 mil trabajadores, terminando por suprimir de facto al sindicato más combativo, crítico e independiente de los últimos 95 años.

En cambio se alía ?como ya todo mundo lo dice en México?, con los sindicatos charros, autoritarios, corruptos, como es el SNTE y el Sindicato de los Petroleros.

Termino. Cuando estallan las huelgas de Río Blanco y Cananea seguramente el dictador pensó que una vez más la paz había triunfado. No entendió, tres, cuatro años después, que el pueblo se levanta en armas precisamente para mandarlo al lugar en que merecen estar todos los dictadores, en el basurero de la historia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Pedro Jiménez León.

El diputado Pedro Jiménez León: Compañeras diputadas y compañeros diputados, cualquier balance objetivo que se quiera realizar sobre la industria eléctrica en México y la situación que hoy vive Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas tiene que partir forzosamente del desempeño y el papel que juegan para la prestación del servicio público de energía eléctrica dos empresas: Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad.

Poco en realidad se ha valorado el papel que juega Luz y Fuerza del Centro en el contexto nacional. No olvidemos que opera en la Ciudad de México que tiene una densidad de población comparable con Tokio, 7 veces más densa que Madrid y 25 veces más que Berlín.

Luz y Fuerza del Centro atiende a dos de las entidades con mayor número de habitantes: el estado de México, con casi 15 millones, y el Distrito Federal, con 9 millones de habitantes. Esta empresa enfrentó múltiples problemas, como la dificultad que representa la construcción de una red subterránea compleja, obstruida por el ambulantaje, y alimentadores de más de 100 kilómetros de extensión.

Con todos los trabajadores lograron constituir una organización industrial que le permitiera crear un conjunto de procesos para autoabastecerse de los insumos necesarios para el desarrollo de la industria eléctrica. Se crearon talleres que le dieron la capacidad suficiente para reparar transformadores de distribución y de potencia, que reportaron a la empresa un beneficio de hasta un 50 por ciento.

Además, a diferencia de la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza tiene la capacidad para reparar transformadores, fabricar torres de transmisión, postes, herrajes y tableros. Por lo tanto, es claro que la deficiencia que se le pretende atribuir al sindicato en realidad es sólo un pretexto para agraviar a los trabajadores y poder crear las condiciones de privatizar el sector eléctrico.

El otro asunto al que me quiero referir es que el artículo 9o. del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1994, a través del cual se creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que se fundamentó en otro decreto de fecha 27 de diciembre de 1989, a través del cual se reformó el artículo cuarto transitorio de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, el cual dispuso la constitución, estructura y funcionamiento de un organismo descentralizado que tendría a su cargo la prestación del servicio eléctrico.

El artículo transitorio referido, modificado por el Congreso, mandató al presidente de la república a la emisión de un decreto para crear la compañía Luz y Fuerza del Centro. Por tanto, el Ejecutivo debió enviar a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con el propósito de que el Congreso le facultara a emitir el decreto de extinción.

Al no haberse seguido el procedimiento en los términos del artículo 15 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales que señala: "en la extinción de los organismos deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción o liquidación", es evidente que el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro es a todas luces ilegal. El decreto violó la Constitución.

Yo quiero recordarles que quien llegó a la titularidad del Ejecutivo, "haiga sido como haiga sido"; en esta tribuna haya entrado como haya entrado, protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República; y, ésta, en su artículo 73, en su fracción XI señala que otorga al Congreso la facultad exclusiva para crear y suprimir empleos públicos de la federación y señala, aumentar o disminuir sus dotaciones.

Ya que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro es un organismo descentralizado de la administración pública federal, estaba sujeta a la normatividad emitida por el Congreso. Por esa razón debimos haber presentado la controversia constitucional. Los seis diputados de Convergencia firmamos a favor de ello y lo sostenemos por ser inconstitucional.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Con su venia, señor presidente. Señores diputados, los que aún quedan. Han venido a hacer uso de esta tribuna a decir que le entremos al debate. Han venido a hacer uso de esta tribuna diciendo que no se da el uso de la palabra, que no se permite discutir, que no hay los argumentos necesarios; inclusive, más allá, algunos se atreven a decir que quizá otros, sumiendo la cabeza, no subimos a esta tribuna por temor.

No, señores diputados; no se equivoquen. No es temor lo que nos mueve a no subir el día de hoy a la tribuna, como muchos de ustedes quizá quisieran, para podernos engarzar en un carrusel de la diatriba, la amenaza, el chantaje y la ofensa vana que no llevan a ningún debate. Eso no es debate parlamentario, señores diputados. Ante la amenaza, la descalificación, la injuria y la agresión, nosotros siempre responderemos con educación, tolerancia y respeto.

Nadie ha dado aquí, a muchos de los que han subido a esta tribuna, la facultad de ser sensores de determinar cuándo supuestamente les asiste la razón y cuándo no. Porque ahora resulta que este Congreso debe depender de la decisión de unos cuantos y se hace lo que esos cuantos determinan; entonces ese Congreso es honorable, entonces ese Congreso cumple la ley, entonces ese Congreso cumple su trabajo. Y si no, todo lo contrario, señores diputados.

Aquí ha venido a haber amenazas más allá de lo que permitiera cualquier estado de derecho. Y así como se ha venido a hacer uso de esta tribuna para amenazar, para advertir, para señalar lo que pudiera suceder, no se les olvide que mucho nos ha costado, inclusive a muchos de la izquierda, a muchos de Acción Nacional y de otros partidos, el que hoy este país tenga instituciones democráticas, con muchas necesidades de cambio, con muchas cuestiones que hay que modificar, pero a eso es a lo que tenemos que entrarle como un debate serio y de fondo.

Nadie está contento con el país en las circunstancias que hoy nos reclaman a que todos asumamos la responsabilidad que nos corresponde.

Venimos a escuchar aquí que unos creen que procede la controversia y que otros no lo creen. No se equivoquen, señores legisladores, este no es un acto de fe. En Acción Nacional estamos seguros que esta controversia no procede y no procede porque en cuatro reuniones de la comisión de Trabajo dimos los argumentos jurídicos y en cuatro debates en este pleno hemos discutido esos argumentos jurídicos.

Les quiero decir y me hicieron recordar mi infancia, ahora resulta que de tín marín, de do pingüé, decía por ahí la frase que algunos usábamos cuando éramos niños. Aquí vinieron muchos diputados a decir que querían una acción de inconstitucionalidad. De tín marín, de do pingüé. No resultó porque se dieron cuenta que no era acción de inconstitucionalidad. Después dijeron: siempre no, vamos a la controversia constitucional. Ni los votos, como ya lo dijeron aquí, ni los argumentos, ni la razón, les asistieron. De tín marín, de do pingüé. Vamos al amparo y el amparo tampoco les dio la razón.

Hoy se presenta un punto para decir que la Corte haga uso de su facultad de investigación. Por fin, señores, ¿dónde está la inseguridad?

Nosotros seguimos afirmando y confirmando que la controversia constitucional no procede en términos legales, en términos de que el presidente hizo una facultad asistiéndole la ley y con gusto le entramos al debate, pero al debate de altura, con ideas, con argumentos, no a la diatriba, ni a la amenaza, ni al chantaje. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Roberto Gil.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde curul): Presidente, por alusión personal.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No hay alusiones personales, están debatiendo, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde curul): Entonces, para hechos. Si no quiere para alusiones, para hechos.

El diputado Roberto Gil Zuarth: Gracias, diputado presidente. Este es el cuarto debate que sostenemos sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro y nadie puede acusar a Acción Nacional de que no ha plantado la cara con argumentos, con razones, decidida y valientemente para respaldar al presidente de la república en la determinación que ha tomado.

Nunca le rehuimos al debate como algunos de ustedes quisieron. Estuvimos presentes en todos y en cada uno de los foros en los que se discutió la cuestión que se planteó en esta Cámara de Diputado.

Las únicas reflexiones que hoy nos quedan nos sugieren que por fin el país, encabezado por el presidente, tomó una decisión por mucho tiempo pospuesta, porque este país ha empezado a ser el país de las historias, de las decisiones pospuestas; de las decisiones que no se toman, porque se asume que no es el momento o porque no hay las condiciones.

Este país ha sido, el país de las historias de las decisiones pospuestas, porque no se tiene el valor democrático de tomarlas y de venir a defenderlas en cada una de las tribunas que existen en el país.

Quienes hablan en esta tribuna de irritación social, no se dan cuenta que la mayor irritación social que se genera en el país es precisamente por la ausencia de decisiones, porque la clase política, los responsables públicos, las autoridades políticas no resuelven los problemas, ni cumplen el mandato al que han estado encomendados.

Eso es lo que genera irritación social, señoras diputadas y señores diputados, que no se resuelvan los problemas. La política, hemos dicho en esta tribuna, no puede ser ocasión de conflicto, ni la pluralidad ocasión para la inacción.

Es momento de que las instituciones tomen las decisiones valientes y decidas que demanda el país. Nadie nos puede decir, nadie puede reclamar a Acción Nacional que no vino a esta tribuna a decir que la decisión del presidente de la república no solamente se sostenía en razones jurídicas, sino también en razones económicas. Un profundo pasivo laboral que pagaban todos los mexicanos aunque no recibieran el servicio.

Venimos a decir aquí en múltiples ocasiones, que los estados financieros de Luz y Fuerza del Centro, como refleja el informe al que tuvimos ocasión de ver los miembros del grupo de trabajo, decía con toda claridad que los costos eran superiores al producto de las ventas.

Que Luz y Fuerza del Centro recibía transferencias federales por 42 mil millones de pesos anuales, 300 mil millones de pesos en toda una administración, 8 veces el programa de Oportunidades, nada más y nada menos que el Fondo Nacional de Infraestructura.

Venimos a sostener las razones económicas de esa decisión, porque consideramos que los miles y miles de millones de pesos pueden ser utilizados para la prestación de un servicio público de calidad que beneficie a los ciudadanos.

Venimos a decir aquí, que había que representar las voces de las familias que sufren cortes de la electricidad, de las empresas que no pueden abrir por falta de suministro de electricidad, de las empresas y de las personas que reciben una tarifa injusta por un servicio malo y deficiente.

Todos esos argumentos los venimos a sostener aquí en el seno de la tribuna del Congreso, en la representación nacional, y no porque sea nuestra obligación defender las decisiones del gobierno federal. Lo hacemos por convicción, porque respaldamos al presidente, y porque nunca hemos tenido la duda de que esa decisión de extinguir a Luz y Fuerza del Centro era una medida de modernización del país. Una medida pospuesta por sexenios. Una medida que no había sido tomada, porque no se había tenido el valor democrático para sostenerla de cara a la sociedad.

Estamos convencidos de la necesidad, de las razones jurídicas, de las razones económicas, de la importancia histórica de la decisión que ha tomado el presidente de la república, y sabremos, sabemos y estamos ciertos de que la historia escribirá una página en la que declarará que esa decisión fue oportuna, valiente y decidida. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Pido a la Secretaría, en los términos del artículo 116, que fue señalado con anterioridad, consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutido.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia consulto a la asamblea si está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera suficientemente discutido. En consecuencia y en virtud de que se ha cumplido con el tiempo reglamentario de la duración de la presente sesión, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Primer periodo de sesiones ordinarias, primer año de ejercicio de la LXI Legislatura. Orden del día del 26 de noviembre de 2009.

(Lectura del orden del día)

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Se levanta la sesión (17:40 horas) y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 26 de noviembre a las 10:00 horas. El sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 de la mañana. Repito, el próximo jueves a las 10:00 horas.