La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 280 compañeros diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: (11:12 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día?
El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Sonido en la curul del diputado Di Costanzo. ¿Con qué propósito, diputado?
El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (desde la curul): Para hacerle una pregunta a la Presidencia, diputado. Quiero saber si nos pueden explicar por qué razón no se ha enviado el decreto de Presupuesto al Poder Ejecutivo, presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: No tengo información al respecto pero tomo nota. Con mucho gusto la Presidencia toma nota de la pregunta que usted está formulando, con el propósito de que demos respuesta puntual a ella, señor diputado, con mucho gusto.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señor secretario. Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Desinterés general, diputado presidente, pero mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobada el acta.
Continúe la Secretaría con el siguiente punto del orden del día que es Comunicaciones
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo octavo, tercer párrafo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se hagan del conocimiento del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos en la integración de comisiones, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
Que el diputado Antonio Benítez Lucho cause baja como integrante de la Comisión de Economía y cause alta como integrante en la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Que el diputado Rolando Zubia Rivera cause baja como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos y cause alta como integrante en la Comisión de Economía.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular quedo de usted. Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez, presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: De enterado. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa a los diputados que representarán a la LXI Legislatura en la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión.
La Junta de Coordinación Política, en uso de las atribuciones que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los términos del artículo 132, numerales 1 y 2, comunica, para los efectos legales y reglamentarios procedentes, la designación de los diputados que representarán a la LXI Legislatura de esta Cámara de Diputados en la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, por lo que somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Se designa a los diputados de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que se integrarán a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 132, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Las diputadas y los diputados que integrarán la comisión son:
1. José Ricardo López Pescador, el Grupo Parlamentario del PRI.
2. Sixto Alfonso Zetina Soto, del Grupo Parlamentario del PAN.
3. Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD.
Transitorios
Primero. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.
Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2009.
Firman al calce el diputado Francisco José Rojas Gutiérrez, presidente y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; la diputada Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; el diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobado. Comuníquese.
Continúe la Secretaría con oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que en octubre de 2009 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio del Congreso de Quintana Roo con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Justicia
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Sindicato Mexicano de Electricistas.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Remítase a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y al promovente para su conocimiento.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la declaratoria de emergencia en municipios del estado de Sinaloa, afectados por el ciclón tropical Rick.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Remítase a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación de la Secretaría de Salud, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al control del dengue en los estados de Jalisco y Veracruz.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Remítase a la Comisión de Salud para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Pasamos al capítulo de iniciativas. Esta Presidencia recibió del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
A petición del promovente, se pospone la iniciativa planteada por el diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 36 y 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Tiene ahora, en consecuencia, la palabra la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley Federal del Trabajo. Tiene la palabra la diputada Hernández Olmos.
La diputada Paula Angélica Hernández Olmos: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
En el Código de los Niños y Adolescentes, en su artículo 115 se define a la adopción como una medida de protección al niño y al adolescente por la cual, bajo la vigilancia del Estado se establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza.
En consecuencia el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia consanguínea. Es con actos de amor que se crea un vínculo irreversible entre los niños y adolescentes así como entre las personas dispuestas a integrarlos dentro de sus familias.
Técnicamente, la adopción es una medida de protección a las niñas, niños y adolescentes entre personas que por naturaleza no la tienen.
En la actualidad, el proceso de adopción tiende a ser riguroso y con un estricto apego a la ley; sin embargo, la Ley Federal del Trabajo no contempla para las madres trabajadoras adoptantes los mismos derechos, ya que contempla sólo a las madres en periodo de gestación y lactancia, otorgándoles seis semanas previas al parto y seis semanas posteriores a éste.
Al hablar de las madres adoptivas debemos pensar que al momento de incorporar un nuevo miembro a la familia se requiere de un tiempo que permita la adaptación, así como la integración al seno familiar.
En una sociedad en proceso de democratización y construcción de una cultura de equidad y género, es importante adecuar el marco jurídico, de tal forma que sean considerados en el texto de la ley los derechos a que se hacen acreedoras las madres trabajadoras adoptantes.
Nuestra legislación laboral debe ser generadora de certidumbre, tanto para el empleador como para el empleado. Debemos proyectar la atención y la cobertura legal a los casos minoritarios, los cuales, por el hecho de representar un pequeño porcentaje en las estadísticas no dejan de tener valor, más aún lo debe tener por el largo proceso que viven las madres adoptantes.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma los artículos 123, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 170, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.
Primero. Se adiciona un nuevo texto al apartado A, fracción V del artículo 123 de la Constitución, para quedar como sigue:
Artículo 123. ...
...
...
...
...
...
...
En el caso de madres adoptantes gozarán de seis semanas posteriores a la entrega del menor, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación del trabajo.
Segundo. Se adiciona un nuevo texto a la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:
...
II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y posteriores al parto; en caso de que sean madres adoptantes disfrutarán de seis semanas posteriores a la adopción.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Hernández Olmos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión Social.
Diputado Gerardo Sánchez, ¿con qué objeto? Sonido a la curul del diputado Gerardo Sánchez.
El diputado Gerardo Sánchez García (desde la curul): Para preguntar a la diputada si no tiene inconveniente en que nos sumemos a la iniciativa de reforma que acaba de presentar.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputada, ¿tiene inconveniente?
La diputada Paula Angélica Hernández Olmos (desde la curul): Ningún inconveniente. Adelante.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: La diputada Hernández Olmos ha aceptado; por tanto, las diputadas y los diputados que deseen sumarse a la iniciativa de la diputada pueden pasar a la Secretaría para proceder en consecuencia.
Tiene ahora la palabra la diputada Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud. Adelante, diputada Díaz Salazar.
La diputada María Cristina Díaz Salazar: Con su permiso, señor presidente. Compañeros legisladores, entre las garantías sociales tuteladas en la Constitución, la protección de la salud es una de las más relevantes, cuya finalidad es hacer efectivo el derecho a la prevención, control y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles pero que ciertamente son mortales como la obesidad, al derivar ésta en otras enfermedades de consecuencias graves como la diabetes mellitus y los efectos secundarios y complicaciones que ésta origina en los seres humanos.
La obesidad y el sobrepeso en escolares y adolescentes han aumentado de manera acelerada en la última década en nuestro país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición en Salud, el 26 por ciento de los escolares presentan sobrepeso u obesidad. De 1999 a 2006 la prevalencia de sobrepeso y obesidad aumentó en este grupo de edad 39.7 por ciento en ambos sexos.
En la etiología de esta enfermedad se encuentran factores genéticos, biológicos, socioculturales, económicos y ambientales. En los últimos 10 años se ha duplicado el número de casos de obesidad en México y triplicado durante el mismo lapso el número de casos de niños obesos cuyas edades fluctúan entre 6 y 15 años.
Ahora bien, la prevalencia de obesidad en la población diabética es de 40.1 por ciento; es posible afirmar entonces que la prevalencia de sobrepeso y obesidad, entre otros factores, contribuye a determinar la presencia de diabetes mellitus, entre otros padecimientos en los individuos.
Entre los factores causales involucrados se encuentran los siguientes: alta disponibilidad de alimentos densos en energía con un bajo aporte nutrimental a un bajo costo; aumento en el consumo de alimentos procesados altos en grasas y azúcares simples; los integrantes de la familia realizan con mayor frecuencia comidas fuera de casa donde hay pocas opciones sanas; las porciones de los alimentos ha ido aumentando, ya sea en los paquetes que se compran en el supermercado o en los platillos de los restaurantes.
Los niños pasan cada vez más tiempo en actividades sedentarias, ya sea viendo la televisión, computadora o videojuegos. Por cuestiones de seguridad o por falta de parques los niños no salen a jugar.
En las consideraciones está lo siguiente:
No obstante la existencia y vigencia de la norma oficial mexicana NOM 174SSAI-1998 para el manejo integral de la obesidad, la transición epidemiológica en México indica el incremento exagerado de este padecimiento en los últimos años.
La salud debe ser atendida y entendida no sólo como un valor biológico, sino como un bien social y cultural tutelado por la Constitución, regulado por la Ley General de Salud y vigilado por el Sistema Nacional de Salud. Por ello se hace necesaria e indispensable una campaña de prevención, tratamiento y control de esta enfermedad como la obesidad, ya sea por medio de folletos, campañas permanentes, programas y actividades de educación o sistemas permanentes de vigilancia y pláticas de orientación médica especializada y gratuitas, destacando la importancia del cuidado de la salud, que se fomente el interés y bienestar social de todos los mexicanos.
Por ello la Secretaría de Salud debe contar con las facultades necesarias para prestar servicios básicos de salud a la población mexicana que presenta claros síntomas de sobrepeso y obesidad, así como para fortalecer los programas de educación y nutrición que tienen por objeto promover hábitos de alimentación adecuados para cada individuo y ante todo, para establecer programas y llevar acabo actividades cuyo propósito sea prevenir y tratar de modo adecuado y controlar la obesidad del país.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía lo siguiente: proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 65, fracción II y se adiciona una fracción III Bis y se reforma el artículo 66. Todos de la Ley General de Salud.
Artículo 65. Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán:
I?
II. Las actividades recreativas de esparcimiento culturales y de promoción para proveer una alimentación equilibrada, baja de grasas y azúcares, que permitan un desarrollo sano del núcleo familiar.
III?
III Bis. La obligatoriedad escolar de practicar 30 minutos diarios de ejercicio físico para prevenir padecimientos de sobrepeso y obesidad que ponen en peligro la salud física y mental de los menores.
Artículo 66, se adiciona lo siguiente:
Artículo 66. En materia de higiene escolar corresponde a las autoridades sanitarias establecer las normas oficiales mexicanas para proteger la salud del educando y de la comunidad escolar, procurando que los alimentos expedidos en las escuelas tengan un mayor aporte nutrimental, evitando los alimentos procesados altos en grasas y azúcares simples. Las autoridades educativas y sanitarias se coordinaran para la aplicación de las mismas.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de noviembre de 2009. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Cristina Díaz. Túrnese a la Comisión de Salud.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputada María de Jesús Aguirre, ¿con qué objeto? Sonido en la curul de la diputada María de Jesús Aguirre.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (desde la curul): Presidente, sólo para pedirle a la diputada Cristina Díaz si me permite sumarme a su iniciativa.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Con mucho gusto. Consulto a la diputada Cristina Díaz, si no tiene inconveniente en que la diputada María de Jesús Aguirre y quienes así lo deseen, se sumen a la iniciativa que usted ha presentado.
La diputada Cristina Díaz Salazar (desde la curul): Sí, no tengo inconveniente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ha dicho que sí la diputada Cristina Díaz. Por tanto, en esos términos ocurrirá.
La diputada Hilda Esthela Flores Escalera (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Sonido en la curul de la diputada Hilda Flores.
La diputada Hilda Esthela Flores Escalera (desde la curul): Diputado presidente, para pedir igual la venia de la diputada Cristina Díaz, para sumarme a su iniciativa.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ha dicho que sí la diputada Cristina Díaz y entiendo que la diputada Rosalina Mazari está en la misma circunstancia. Por tanto, quienes deseen sumarse a la iniciativa presentada por la diputada, pueden pasar a la Secretaría para suscribir la iniciativa correspondiente.
Nos visitan alumnos de la preparatoria regional del estado de Hidalgo, invitados del diputado Jorge Rojo García de Alba, a quienes damos la más cordial bienvenida a este recinto.
Tiene la palabra la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tiene la palabra la diputada Méndez Herrera.
La diputada Alba Leonila Méndez Herrera: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados:
El acceso de las mujeres a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva es fundamental para su pleno desarrollo. Una de las etapas en las que la mujer requiere de cuidados especiales es el embarazo, y es el Estado quien tiene la obligación de generar las condiciones adecuadas para que en el proceso de ser madre, desde el momento de la concepción y hasta los 42 días después de que ocurre el nacimiento, sea atendida por personal de salud capacitado y profesional.
El embarazo somete a la mujer a riesgos de salud que puede afectar tanto a la futura madre como al bebé. La norma oficial mexicana de atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido señala que la unidad de salud debe promover que la embarazada de bajo riesgo reciba como mínimo cinco consultas prenatales durante el embarazo. Asimismo, recomienda limitar la proporción de cesáreas entre 15 y 20 por ciento con relación al total de nacimientos atendidos.
Para el cumplimiento de estas condiciones se requieren instituciones de salud con personal especialmente calificado en el ámbito de las ciencias de la salud, pero también con un alto sentido de responsabilidad, sensibilidad y profesionalismo en la atención de la mujer en estado de gestación.
Sin duda que una atención de calidad a la mujer durante el embarazo determina las condiciones del parto y puerperio. A este respecto la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en el artículo 12, punto 2, señala lo siguiente:
Los Estados parte garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
Para el cumplimiento de este mandato es necesario efectuar protocolos de atención a la mujer embarazada en las instituciones de salud. En esta tarea, el personal que la atienda en su ruta crítica juega un papel determinante.
Todas y todos sabemos que la forma y los tiempos de atención con que el personal de salud actúa es decisivo para la vida de la madre y del bebé. Ante tal exigencia es necesario reconocer que las mujeres, especialmente las de zonas rurales y las más pobres, no siempre son atendidas de manera expedita, con la solicitud que toda urgencia obstétrica requiere.
Contravenir estas disposiciones puede traer como consecuencia el aumento de la tasa de mortalidad materna.
Por tanto, señala la Organización Panamericana que las instituciones de salud de los países citados, entre ellos México, que presentan una mortalidad materna relativamente alta y tienen tasas de cesáreas muy por encima de los valores de referencia, deben investigar si sus sistemas de salud están ofreciendo una atención obstétrica adecuada y establecer un sistema de seguimiento.
Ese indicador nos muestra que estamos ante un problema obstétrico que debe ser atendido y superado.
Por lo anterior y para salvaguardar la salud de las mujeres es necesario determinar en la ley que la omisión o deficiencia en la atención a la mujer embarazada, por parte del personal de salud, debe considerarse como un tipo de violencia contra la mujer, porque pone en riesgo su salud y la de su hijo.
Asimismo deben incluirse los abusos en que incurre el personal citado cuando obliga a las mujeres a parir en condiciones contrarias a su voluntad; alteran el proceso natural del parto y todos aquellos tratos que atentan contra su capacidad de decidir sobre sus cuerpos y su sexualidad.
Con base en lo anteriormente expuesto, se propone adicionar la fracción VI al artículo 6 y recorrer el numeral de las subsecuentes, para quedar como sigue.
Artículo 6. La violencia obstétrica, cualquier acto o trato deshumanizado que ejerza el personal de salud sobre las mujeres en la atención médica que se les ofrece durante el embarazo, el parto y puerperio, tales como omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, alterar el proceso natural de parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración y practicar el parto vía cesárea, existiendo condiciones para el parto natural. Estas dos últimas sin obtener el consentimiento informado de la mujer.
Finalmente se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 53, donde se señale la prohibición de someter a la víctima a mecanismos de conciliación y/o mediación con su agresor, en tanto dure la situación de violencia.
Es pertinente señalar que tal disposición ya se encuentra en la fracción IV del artículo 8, relativo a la violencia en el ámbito familiar. Sin embargo debido a que el riesgo para la víctima frente al agresor es el mismo en todas las modalidades de violencia, se considera necesario establecer tal provisión en el artículo 4o.
El agresor deberá participar, en el artículo 53, obligatoriamente, en los programas de reeducación integral cuando se le determine por mandato de autoridad competente.
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita diputada Alba Leonila Méndez Herrera, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de acuerdo a lo siguiente.
Artículo único. Se adiciona una fracción VI al artículo 6 y se recorre el numeral de las subsecuentes, para quedar como VII.
Se adiciona un último párrafo al artículo 52 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 53 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En el artículo 53?
Se prohíbe someter a la víctima a mecanismos de conciliación, de mediación y/o cualquiera otra alternativa con el agresor, en tanto dure la situación de violencia. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Méndez Herrera. Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.
Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Jesús Zambrano Grijalva y José Luis Jaime Correa, ambos del Grupo Parlamentario del PRD. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene ahora la palabra la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputada Sarur.
La diputada Adriana Sarur Torre: Con su venia, diputado Presidente. Una de las facultades con las que contamos como legisladores se refiere a la capacidad de modificar nuestro marco jurídico a efecto de buscar el fortalecimiento continuo de los trabajos de esta Cámara de Diputados. No obstante que no pueden dejar de reconocerse los grandes avances que hemos obtenido, es necesario que nos comprometamos aún más.
Las modificaciones de las reglas de organización y funcionamiento de las comisiones constituyen un tema de suma importancia, vital para el buen funcionamiento de esta Cámara.
Las comisiones son órganos determinantes en los procesos legislativos y de control, así como en el ejercicio de las funciones administrativas y jurisdiccionales, las cuales fueron creadas para hacer más eficiente la labor de los Poderes Legislativos.
En el caso de nuestra legislación se observa, a lo largo de la historia de México como nación independiente, un gran atraso en el diseño en el sistema de comisiones. En este contexto, compañeros legisladores han sido sensibles en este tema y han presentado iniciativas comprometidas que, no obstante aportar soluciones de fondo, no han sido aún dictaminadas.
Las diversas reformas sólo han afectado en su número y en forma muy reducida han definido sus atribuciones, sin que se hayan modificado en forma determinante sus facultades, organización y procedimientos internos.
Es por ello que la iniciativa que se presenta el día de hoy plantea propuestas tendientes a fortalecer el trabajo del principal motor del Congreso: las comisiones.
1. Introducción del mecanismo del voto ponderado. Dentro de las complicaciones que se presentan en el curso de los trabajos de las comisiones ordinarias, derivada de la imposibilidad de concretar el quórum respectivo, se encuentra la relativa a la acumulación de proyectos de dictamen propuestos para su discusión final y votación. Tal circunstancia evidentemente contribuye a la formación del rezago legislativo.
Siendo una realidad y a partir de la experiencia que han arrojado los órganos de gobierno al adoptar el sistema de voto ponderado, resulta conveniente en el camino el perfeccionamiento del trabajo en comisiones y se explore la idea de que dicha forma de votación se adopte para favorecer la expedición de los dictámenes legislativos.
El nuevo mecanismo sería aplicado única y exclusivamente para solventar el problema de la falta de quórum en las reuniones de comisiones, en las que se tuviese que votar, en definitiva, por sus integrantes, la aprobación o no del dictamen puesto a la consideración. Sin que se pierda en modo alguno el derecho individual de cada legislador para emitir en cada reunión su voto personal, el voto ponderado sería aplicado supletoriamente respecto de los legisladores ausentes y ejercido por el legislador miembro de la comisión que cada grupo parlamentario, representado en la propia Comisión, hubiese designado para tal efecto desde la instalación de la misma.
2. Pertenencia de cada diputado a un máximo de dos comisiones ordinarias. A efecto de garantizar un mejor desempeño de los diputados en comisiones, es conveniente reducir el número de comisiones a las que se pueda pertenecer, con el propósito de que se distribuyan mejor sus responsabilidades, haciéndolas más efectivas.
Actualmente los diputados pueden pertenecer a un máximo de 3 comisiones, lo cual representa una importante carga de trabajo que impide que el legislador desarrolle su labor de manera eficiente, razón por la cual se propone reducir el límite a dos comisiones.
3. Publicación de los registros de asistencia a las comisiones y la facultad del presidente de la comisión de solicitar la sustitución de los diputados que no asistan.
Con estas propuestas se incorpora un mecanismo de difusión de trabajo de comisiones que incentive a los legisladores a concurrir a las reuniones de las comisiones.
Por otra parte, la oportunidad de solicitar a los coordinadores de los grupos parlamentarios la sustitución de legisladores, quienes no asistan a tres reuniones de comisión, constituye un importante instrumento para garantizar la continuidad en las reuniones, contribuyendo en gran medida al combate del ausentismo.
4. La adición de reglas para que los puntos de acuerdo sean turnados directamente a las comisiones por el presidente de la Mesa Directiva.
Con el fin de reducir la carga del trabajo del pleno es conveniente plantear la posibilidad de que los puntos de acuerdo sean turnados directamente a las comisiones competentes, sin que sean presentadas previamente ante la asamblea en el pleno, pero sí publicados en la Gaceta Parlamentaria, salvo que se soliciten de urgente u obvia resolución.
5. Adición de reglas para que los secretarios de comisión puedan convocar a reuniones.
Con el propósito de no detener el funcionamiento del trabajo de las comisiones es conveniente desarrollar un mecanismo alterno mediante el cual un número determinado de secretarios esté facultado para realizar la convocatoria respectiva.
6. Puntualizar la facultad de los coordinadores parlamentarios para decidir si forman parte o no de las comisiones.
7. Se incorporan nuevas reglas de dictaminación.
Se integrarán nuevas reglas para que las comisiones desahoguen las iniciativas que son sometidas a su estudio, discusión y dictamen. Se propone que el plazo para dictaminar sea de 30 días naturales con el propósito de que las comisiones cuenten con el tiempo razonable.
Compañeros, es impostergable que la Cámara de Diputados funcione en congruencia con las circunstancias que nos plantea la dinámica nacional. Para nosotros el rezago no es una opción. El Poder Legislativo debe ser referencia obligatoria de eficiencia, austeridad y compromiso. Es hora de dignificar el trabajo legislativo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Sarur. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene ahora la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputado Muñoz Ledo.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
Presento hoy una aportación a la necesaria y urgente reforma de la Cámara y de sus procedimientos legislativos. Se trata de reformas legales que crearían el Consejo de Estudios e Investigación de esta Cámara de Diputados. Su objetivo sería evaluar, replantear, rediseñar y coordinar todos los Centros de Investigación y el trabajo editorial de esta Cámara, que es errático, opaco y desconectado.
Los Centros de Investigación de esta Cámara son: el de las Finanzas Públicas, que creamos en el 98; el de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, el de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el de Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, y el de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, sin contar con la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia.
Hace dos años la auditoría de desempeño a los Centros de Estudio de la Cámara de Diputados, realizada en el marco de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, probó que hay fallas graves en el funcionamiento de los centros. Éstos no obedecen a las normativas elementales de este tipo de trabajos ni a las disposiciones que regulan el servicio de carrera que regulan el servicio de carrera. Son como una serie de centros universitarios desconectados o de apéndices burocráticos de la Cámara sin relación orgánica con la tarea de los legisladores, sin autoridad académica y su control administrativo verdadero. Se trata, debo decirlo, de una anomalía en los sistemas parlamentarios.
¿De quién dependen esos centro? Es de la Secretaría de la Cámara y tienen unos comités de Cámara que supuestamente supervisan a cada uno de ellos, pero en su conjunto carecen de objetivos claros e independientemente de la calidad de sus investigaciones o de sus libros, o de la falta de calidad, no tienen un diseño ni una organización que corresponda a los principios fundamentales de eficiencia administrativa, de claridad y transparencia y de funcionalidad para los trabajos de esta Cámara.
No podría dejar de mencionar, señor presidente, que el auditor superior de la Federación, a cuyo cargo estuvo esta investigación, acaba de declarar en los periódicos el día de hoy que los partidos políticos en este recinto se han convertido en mafias que utilizan al país como botín para repartirse el patrimonio público con total cinismo y desvergüenza, sin saber siquiera los principios que están defendiendo, porque ello les da oportunidad de seguir disfrutando el caudal que representan los recursos públicos bajo su disposición.
Creo, señores, que ésta es una acusación grave que debe ser respondida por los diputados, por los grupos parlamentarios o por la Cámara. De acuerdo con la perspectiva y el juicio que cada uno tenga sobre estas afirmaciones. Pero que debe ser respondida, sobre todo, con hechos.
La reforma que presentamos es tendiente a esta transparencia, eficacia y limpieza del trabajo de la Cámara, a la que he llamado, hace poco, una cámara fallida. Probemos con responsabilidad lo contrario. Muchas gracias, señores.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted diputado Porfirio Muñoz Ledo. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: A usted, diputado Muñoz Ledo. Nos visitan alumnos del videobachillerato de San Cristóbal, Guanajuato, invitados de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa. Sean bienvenidos a este recinto.
Tiene ahora la palabra el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo transitorio a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, reforma los artículos 40 y 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, que es suscrita, además, por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado Sánchez de la Fuente.
El diputado Melchor Sánchez de la Fuente: Con su permiso, diputado presidente. Los diputados de Coahuila, en voz de su servidor, presentamos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Honorable soberanía: primero que nada voy a definir en número reales qué tan importante es el papel que juega la industria automotriz en la economía de México y de los mexicanos. Genera una cadena productiva que involucra una gran medida a otras industrias como la industria del acero, el vidrio, el hule, el plástico y el textil, entre muchos más.
Desde el suministro y fabricación de sus partes y componentes, el ensamble y fabricación de vehículos, la venta y distribución hasta el servicio de postventa, creando cerca de un millón de empleos directos más miles que conlleva la cadena productiva. Más del 13 por ciento del empleo nacional.
Nuestra industria automotriz representa el 17.3 del producto interno bruto manufacturero; generó en este último año más de 17 mil millones de dólares en divisas, dando un 21.4 por ciento del valor total de las exportaciones y en 2008 fue la rama más productiva en nuestra economía nacional.
Si estamos conscientes del valor que representa la industria automotriz en la economía nacional, entonces, ¿por qué permitimos que la crisis económica y financiera que se vive en el mundo y en nuestro país dañe tan profundamente nuestra valiosa fuente de empleo?
La industria automotriz atraviesa una de sus peores crisis ante el ambiente recesivo que vivimos, lo cual ha traído como consecuencia la caída de la producción de vehículos en México, en un 42.9 por ciento en el primer semestre de 2009. Es decir, se dejaron de fabricar 452 mil 422 automóviles sólo en el primer semestre de este año, comparado con el mismo periodo de 2008. Por ende, las exportaciones se contrajeron un 42.1 por ciento y se perdieron, señoras y señores, más de 350 mil empleos formales.
Otro factor que ha contribuido a esta contracción es la entrada de automóviles usados de procedencia extranjera. Durante los últimos 5 años se ha permitido la entrada a nuestro país de 4.5 millones de vehículos extranjeros, que lejos de contribuir con la creación y mantenimiento de los miles de empleos que genera nuestra industria automotriz, han provocado daños irreversibles, no nada más en las finanzas de nuestra industria, sino en la economía familiar de quienes los adquieren; el tener que dar mantenimiento a automóviles que no cuentan con el respaldo en servicios y refacciones, quedando al final chatarra que sólo contamina y ensucia nuestro país.
Aunado a lo anterior, la industria enfrenta las fuertes cargas tributarias acumulativas, como el IVA, el ISAN y la tenencia, los cuales elevan aproximadamente hasta un 25 por ciento el precio final del vehículo, haciéndolo menos competitivo.
En otros países, a la reactivación del mercado interno automotriz se le ha dado una gran importancia. Entre los ejemplos más exitosos están Alemania, con un alcance de 3 millones de vehículos renovados, y en Brasil, mediante un programa de eliminación de impuestos al consumidor de vehículos nuevos han logrado que su mercado no sólo no caiga como el de México, sino que se espera un crecimiento del 6 por ciento en este año. En México vamos a decrecer un 12 por ciento.
En nuestro país la única medida tomada ha sido un programa de renovación vehicular, el cual ha sido un total fracaso, ya que hasta el pasado 6 de noviembre, según datos de la Secretaría de Economía, sólo han sido emitidos 3 mil 923 certificados de destrucción de vehículos y por ende, el mismo número de coches vendidos.
Compañeros, es necesario que reaccionemos rápido, que se implementen medidas reales, urgentes, que beneficien al sector automotriz y que permitan la reactivación de la industria y la mejora de las condiciones ambientales, ya que la entrada de autos usados de procedencia extranjera al mercado nacional han causado daños a la industria automotriz mexicana, pero también al medio ambiente.
Es fundamental que desde el Congreso de la Unión nosotros los legisladores hagamos, como prioridad nacional, el impulso a este sector de la industria tan importante para nuestro país; debemos de promover las reformas necesarias encaminadas para el impulso al crecimiento del mercado interno.
Sentemos precedentes, señores, y tomemos decisiones que realmente mejoren la economía nacional.
Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa que, mediante la reforma a la Ley del IVA, pretende que se incorpore un artículo transitorio para que se establezca una tasa cero a la enajenación de vehículos compactos y subcompactos.
Asimismo, con la reforma a la Ley del ISR se pretende la deducibilidad inmediata en todo el territorio nacional para la adquisición de vehículos, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas, con valor de hasta 400 mil pesos para personas morales y personas físicas, durante los próximos 12 meses nada más.
Por último, con la reforma a la Ley del ISAN (Impuesto sobre Automóviles Nuevos) buscamos la exención del pago de este impuesto a vehículos con valor de hasta 200 mil pesos; y de 200 mil a 250 mil, una exención de 50 por ciento de este impuesto.
Desde esta tribuna hago un llamado a todos los legisladores. Con unidad, señores, creemos las condiciones para el desarrollo; ofrezcamos incentivos para que a los empresarios les convenga invertir en México. Si continuamos como hasta ahora con esta crisis, con esta línea fiscal, no habrá ISR que cobrar. Si no tomamos las decisiones rápidas y urgentes, no habrá IVA que cobrar. Si no sacrificamos nuestros impuestos hoy en esta crisis, en el mañana no habrá ISAN que cobrar.
Unamos esfuerzos, señores, y saquemos adelante a nuestro país. La decisión es nuestra. Hagamos la diferencia. Legisladores, sentemos precedente y trabajemos para los mexicanos.
Señor presidente, entrego en este momento a la Secretaría la versión de la iniciativa presentada y le solicito que sea ésta la que se envíe a la comisión y se publique íntegramente en el Diario de Debates. Por su atención, señores; señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Sánchez de la Fuente. Como lo solicita, insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Benjamín Clariond Reyes Retana (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Benjamín Clariond, ¿con qué objeto?
El diputado Benjamín Clariond Reyes Retana (desde la curul): Presidente, preguntarle al diputado; quisiera adherirme a la iniciativa del diputado De la Fuente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Sánchez de la Fuente, el diputado Benjamín Clariond le pregunta si puede suscribir la iniciativa que usted ha presentado.
El diputado Melchor Sánchez de la Fuente: Claro que sí, don Benjamín, con mucho gusto. Se los agradezco.
El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Señor presidente, en el mismo sentido.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: En el mismo sentido el diputado Miguel Ángel García Granados. Ha aceptado el diputado Sánchez de la Fuente. Por tanto, las diputadas y los diputados que deseen adherirse a la iniciativa pueden hacerlo con la suscripción del documento en la Secretaría.
Tenemos la visita de un grupo de vecinos de Ecatepec de Morelos, estado de México, que hoy hacen presencia en este honorable recinto y son invitados del diputado Jorge Hernández Hernández. Bienvenidos a este recinto.
Tiene ahora la palabra la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas. Adelante, diputada Rosi Orozco.
La diputada Rosi Orozco: Con su permiso, señor presidente. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras. Me presento ante ustedes para invitarles a hacer una reflexión con respecto a la iniciativa que he entregado a la Junta de Coordinación Política y que hoy presento ante ustedes.
La trata de personas es un tema que nos une como mexicanos y mexicanas, y sobre todo como seres humanos, en el que coincidimos sin importar la ideología o partido al que representamos, pero, sobre todo, el combate a este delito constituye una lucha en la que el país necesita de la participación de cada uno de nosotros.
El Estado mexicano adquirió compromisos con la suscripción al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, el Protocolo de Palermo, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.
Entre dichos compromisos se encuentra la promulgación tanto de una ley que consagre en la legislación nacional los principios y mandatos establecidos, dictados por el instrumento internacional, antes mencionado; así como la norma que reglamente la misma. En este sentido, la ley ya fue publicada en el Diario Oficial el 27 de noviembre de 2007, con el propósito de incluir en nuestro ordenamiento jurídico federal los principales lineamientos y principios fundamentales para prevenir, tipificar y sancionar este delito con la debida colaboración de los tres órdenes de gobierno, así como de la procuración y administración de justicia.
En el artículo segundo transitorio de dicha reforma, se estableció la obligación a cargo del Ejecutivo federal para expedir el reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en un término no mayor a los 120 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la reforma. Con un atraso de más de un año, el 27 de febrero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Ahora bien, el artículo 10, de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, previó la creación de una Comisión Intersecretarial, misma que una vez instalada deberá expedir el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; programa que deberá contener como mínimo las políticas públicas en materia de prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección y atención a las víctimas del delito.
Si bien es cierto que a la fecha, la legislación en materia prevé esta creación y ya por primera vez se hizo una reunión a mediados de este año; sin embargo, todavía el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas no se ha podido consolidar.
Aunado a lo anterior, resulta indispensable la participación constante del Legislativo en los trabajos de la Comisión Intersecretarial, a efecto de apoyar e impulsar el programa que habrá de diseñar la Comisión Intersecretarial, al tiempo de que sirva como canal natural para canalizar propuestas para reformas legales.
Por lo anterior, la iniciativa tiene como propósito reformar el marco legal con la finalidad de incluir a un representante de la Cámara de Diputados en la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Por las razones expuestas, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Se reforma el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a efecto de agregar una fracción III, que quedará como sigue: En la Comisión Intersecretarial también participarán un representante de la Cámara de Diputados y un representante de la Cámara de Senadores.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los representantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores habrán de ser designados por dichos órganos legislativos dentro de un plazo no mayor a 45 días, contados a partir de la publicación del presente decreto, de conformidad a lo siguiente:
A. En el caso del representante de la Cámara de Diputados, éste será designado de entre sus miembros por el pleno de dicho órgano legislativo, a propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de dicha Cámara.
B. En el caso del representante de la Cámara de Senadores, éste será designado de entre sus miembros por el pleno de dicho órgano legislativo, a propuesta de la Comisión de Derechos Humanos, de dicha Cámara.
C. A efecto de cumplir con sus funciones, los representantes de ambas Cámaras contarán con el apoyo de un asesor cada uno, cuyo sueldo habrá de ser cubierto por la propia Cámara a que pertenezcan en los términos de acuerdo a que dicho efecto sea aprobado por la Junta de Coordinación Política de cada una de sus Cámaras. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Rosi Orozco. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.
El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Sonido en la curul del diputado Maloro Acosta, ¿con qué objeto, diputado?
El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (desde la curul): Sí, presidente. Le quiero pedir a la diputada Rosi Orozco sumarme a su iniciativa.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: ¿Diputada Orozco, acepta que se sume el diputado Acosta?
La diputada Rosi Orozco (desde la curul): Sí acepto.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ha dicho que sí, diputado. Por lo tanto si lo desea, y en la misma circunstancia a las diputadas y diputados que estén en esa situación, pasar a la Secretaría a firmar el documento.
Nos visita un grupo de alumnos de la Universidad Latina de Celaya, Guanajuato, que son invitados del diputado Martín Rico Jiménez y que están presentes en el recinto. Bienvenidos.
De la misma manera están presentes también un grupo de vecinos de Tizayuca, del estado de Hidalgo, invitados de la diputada Paula Hernández Olmos. A ambos grupos les damos la más cordial bienvenida a este recinto.
Se recibió de la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos.
Tiene ahora la palabra el diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, que es suscrita también por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputado Bailey.
El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los diputados federales por Nuevo León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma por adición el artículo 7o en sus fracciones I y II de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con la siguiente
Exposición de Motivos
En México más de 2.3 millones de personas participan en el sector financiero denominado "de ahorro y crédito popular", con un crédito que asciende aproximadamente a 25 mil millones de pesos.
Una de las instituciones en que participa el sector son las uniones de crédito, constituidas con el propósito de ofrecer acceso al financiamiento y condiciones favorables para ahorrar y recibir préstamos y servicios financieros. Constituidas con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien la supervisa bajo las normas establecidas en la citada Ley de Uniones de Crédito.
La figura jurídica cuenta con más de 70 años ofreciendo una alternativa de financiamiento con tasas de interés atractivas y esquemas de garantías menos rigurosos de los establecidos por la oferta crediticia tradicional.
La crisis de 1995-96 llevó a muchas de estas empresas a elevar drásticamente sus tasas de interés, generando graves problemas de recuperación de cartera que a su vez se tradujo el incumplimiento de estas instituciones con sus acreedores.
Un caso específico de esta situación es el que se está viviendo con un importante número de ciudadanos en Nuevo León, así como en otras entidades de la república, que han sido afectados por las operaciones fraudulentas de la Unión de Crédito Monterrey, a quien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fecha del 27 de octubre de 2004, revocó la autorización para operar.
Lo delicado del problema se agrava de manera sensible cuando los afectados constituyen un sector de la sociedad integrado por personas de la tercera edad, de pensionados y de pequeños ahorradores que depositaron en esa organización el fruto de largos años de esfuerzo y de trabajo.
Como consecuencia de las operaciones crediticias irregulares, la Unión de Crédito Monterrey no pudo cumplir con los compromisos asumidos con cerca de mil 800 socios ahorradores, por una cantidad aproximada de 380 millones de pesos.
En este sentido, para atender la problemática línea de este razonamiento, el honorable Congreso de la Unión expidió la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con fecha del 29 de diciembre de 2000.
Todo esto para solucionar problemas que enfrentaron miles de ahorradores que en esencia son similares a los que enfrentan hoy los ahorradores de la Unión de Crédito Monterrey, así como otras uniones en el resto de la república.
En este sentido, los legisladores hemos venido presentando diversos puntos de acuerdo, solicitando al Ejecutivo federal su atención y se han sostenido reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, sin que el asunto se resuelva, argumentándose que el fideicomiso referido no contempla a las uniones de crédito, por lo que se está ante un problema legal. De ahí la necesidad de llevar a cabo la reforma que se propone en la presente iniciativa y con ello atender de fondo el problema, dentro de un marco legal adecuado.
Con esta iniciativa se pretende reformar la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para que se apliquen los mismos principios de equidad y solidaridad que inspiraron la expedición de la ley en el 2000, cuando se aprobó, y auxiliar a los ahorradores de menos ingreso, para la protección de grupos vulnerables como jubilados y pensionados y sus ahorros de toda la vida, que se quedaron totalmente desprotegidos por la irregular actuación de las señaladas sociedades de ahorro y préstamo.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto
Artículo único. Se reforma por adición el artículo 7 en sus fracciones I y II, de la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para quedar como sigue:
Artículo 7. ...
I. Sociedades de tipo "I": a)...; b)...; c) ...; d)...; e) Uniones de crédito que se hayan constituido conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas.
II. Sociedades de tipo "II": A las mismas sociedades a que se refieren los incisos a), b), c), d) y e) de la fracción inmediata anterior, que se encuentren actualmente en operación. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Bailey. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia, y dé cuenta a este pleno del registro de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada de registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 430 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada secretaria. Continuamos con el capítulo de iniciativas.
Tiene la palabra el diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Luis Carlos Campos Villegas: Con su permiso, señor presidente, con el permiso de la honorable asamblea someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones II, III y VI del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo permitiéndome, señor presidente, presentar una síntesis de la misma y pidiéndole se contemple íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates.
El 17 de enero del 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para considerar como días de descanso obligatorio el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo, y el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, creándose el concepto de fines de semana largos, a efecto de fomentar e incentivar, supuestamente, el turismo nacional en las diversas regiones de la república mexicana.
El objetivo del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo es el de establecer un catálogo de fechas consideradas por los mexicanos como las más importantes en la vida cívica de la república, con la finalidad de fomentar el amor a la patria, a la comprensión de nuestros problemas nacionales pero, a la vez, fortalecer los lazos de la unidad e identidad de todos los mexicanos, exaltando los valores del nacionalismo mexicano y de su memoria histórica, tomando como ejemplo los hechos históricos que han forjado a nuestra patria, conscientes de que los grandes movimientos políticos, sociales y culturales de nuestro país, como la guerra de Independencia, la Reforma y la Revolución mexicana construyeron la república representativa, democrática y federal que hoy disfrutamos.
Los días de descanso obligatorio contenidos en el artículo 74 de la citada ley tienen el propósito fundamental de promover el nacionalismo, el patriotismo y los valores nacionales, pero a la vez pretenden fomentar la convivencia cívica y familiar, fomentando también una importante tradición cultural, sin descartar el justo descanso para todos los trabajadores, quienes tienen derecho a un merecido reposo para reponerse de la fatiga generada por la labor diaria.
La hermosa tradición familiar de acudir a presenciar los desfiles cívicos, deportivos y militares como expresión de la libertad, de la fraternidad y la convivencia pacífica, hoy en día se ve afectada por la redacción actual del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, pues la realidad social impide que las familias mexicanas participen con todos sus integrantes en los eventos conmemorativos, como son los desfiles y demás actos cívicos, ya que las diversas autoridades programan los citados eventos en fechas diferentes a los días de descanso obligatorio regulados en la ley, lo que genera la ausencia de los miembros de la familia que son trabajadores, pues éstos deben estar en sus labores productivas en los momentos en que sus hijos desfilan por las calles de nuestro país, rompiendo así con la posibilidad de compartir un acto cívico y patriótico en unión familiar. Por ese motivo, los días a conmemorar deben ser precisamente los señalados.
Es por ello que para restablecer los valores cívicos y culturales anteriormente mencionados someto a consideración de este honorable pleno la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto
Único. Se reforma el artículo 74, fracciones II, III y VI de la Ley Federal del Trabajo para que dar como sigue:
Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:
II. El 5 de febrero.
III. El 21 de marzo.
VI. El 20 de noviembre.
?Precisamente esos días.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Luis Carlos Campos Villegas. Como lo solicitó, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates su iniciativa. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene, finalmente, la palabra en este apartado de iniciativas, la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 Bis, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B, del artículo 123 constitucional. Le escuchamos, diputada Durán Rico.
La diputada Ana Estela Durán Rico: Con la venia de la Mesa Directiva, señor presidente. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativa al pago en una sola exhibición del aguinaldo anual con la siguiente
Exposición de motivos
La institucionalización del aguinaldo como un derecho de los trabajadores ha sido un reconocimiento a su labor durante una anualidad constituyendo un beneficio remunerador adicional a su salario. La consagración de esta prestación dentro del ordenamiento jurídico laboral tuvo lugar desde la Ley Federal del Trabajo de 1931 y posteriormente, se hizo extensiva para los trabajadores al servicio del Estado con la Ley Burocrática de 1963 que rige en la actualidad.
En su origen el aguinaldo se trató como un derecho, que tenía como finalidad que los trabajadores pudieran celebrar las festividades de fin de año, las cuales por costumbre habían sido onerosas, por lo que para sufragar los gastos de estas eventualidades obligaban a efectuar gastos extraordinarios, por lo que no era factible realizar dichas erogaciones con el salario, porque éste está destinado a cubrir las necesidades básicas diarias.
Como se ha mencionado, el pago de aguinaldo para los trabajadores al servicio de Estado también es una prestación garantizada por la ley, la cual se establece en el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional que a la letra dice: "Los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en un 50 por ciento antes del 15 de diciembre y el otro 50 por ciento a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna."
En los últimos años, el destino del aguinaldo de los trabajadores ha variado con relación a sus orígenes, ya que en la actualidad es demasiado recurrente que éste se utilice básicamente para pagar deudas. Por ello es importante considerar que el actual precepto que regula el pago de esta prestación para los trabajadores al servicio del Estado, no se ajusta a la realidad actual, ya que implica que aquellos trabajadores del Estado que esperan liquidar la totalidad de sus deudas con su aguinaldo, se ven limitados a solamente pagar una parte de ellas, en virtud de que dicho precepto legal regula que el aguinaldo sea pagado una mitad antes y la otra un mes después, considerando que este precepto legal menoscaba al salario del trabajador; en virtud de que al no poder liquidarse la totalidad de una o varias de sus deudas u otro tipo de compromisos, se siguen generando intereses a favor de los acreedores.
De igual manera con dicho precepto, se priva a los trabajadores a la adquisición de un bien o al pago de algún servicio en un momento de oportunidad única; es decir de una oferta al no contar con el recurso económico suficiente.
El precepto en cuestión transgrede el principio de derecho laboral internacional de la libre disposición de los salarios, establecido en el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país el cual señala que "se deberá prohibir que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario." Aunado a lo anterior la Ley Federal del Trabajo no dispone que al trabajador se le pague el aguinaldo en parcialidades.
Con base en lo anterior se propone modificar el artículo mencionado para que a los trabajadores al servicio del Estado se les pague su aguinaldo en una sola exhibición a más tardar el 15 de diciembre, con el objeto de no privarlos de oportunidades de ofertas u otro tipo de servicios, así como para dejarlos en las mejores condiciones para que aquellos trabajadores que tengan deudas las puedan liquidar totalmente para así evitar el pago de un mes de intereses.
Concretamente, lo que se pretende con esta reforma es obligar a todas las dependencias enumeradas en el artículo primero de la ley en comento a que paguen en una sola exhibición la prestación del aguinaldo a sus trabajadores. Podemos mencionar que en otros casos, como en las resoluciones de conflictos laborales, se ordena que las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador le sean pagadas en una sola exhibición.
Es nuestra responsabilidad imperante, como legisladores, crear normas más eficaces que incluyan el mayor número posible de situaciones y realidades para proteger al ciudadano, como lo es en este caso, al trabajador, darle la oportunidad de disponer desde los primeros 15 días de diciembre su aguinaldo en forma íntegra para que lo pueda utilizar como mejor le convenga, evitando con ello un aprovechamiento deshonesto producido por la permanencia de los recursos destinados a esta prestación en las dependencias responsables.
Por inducción de esta propuesta, este beneficio debe hacerse extensivo a los trabajadores de confianza, ya que la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional protege a los trabajadores de esta modalidad en cuanto a su salario, en concordancia con el artículo 127 constitucional, al considerarse al aguinaldo como parte integrante de las remuneraciones que reciben los servidores públicos.
La reforma que se propone beneficiará a los trabajadores al servicio del Estado, tanto de base como de confianza, que presten servicios en dependencias y entidades paraestatales, personal del servicio exterior mexicano, agregados navales y militares y sus ayudantes en el extranjero, personas físicas contratadas por honorarios en el gobierno federal, pensionistas, al personal docente y de instituciones de educación superior y al personal obrero de base, a lista de raya, al temporal técnico, administrativo, especialista y profesional, así como también al de las Fuerzas Armadas del país, y a toda persona que tenga derecho a recibir esta prestación.
En resumen, se propone a esta soberanía reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de que no se genere aprovechamiento de los recursos destinados para el pago de aguinaldo de los trabajadores y de que no se les prive de la posibilidad de utilizarlo en forma completa para su beneficio.
Por todos los motivos expuestos, someto a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en estos términos:
Artículo Único. Se reforma el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:
Artículo 42 Bis. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en una sola exhibición antes del 15 de diciembre, y que será equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna. El Ejecutivo federal dictará las normas conducentes para fijar las proporciones y el procedimiento para los pagos en caso de que el trabajador hubiera prestado sus servicios menos de un año.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.
Solicito, asimismo, señor presidente, que se integre en el Diario de los Debates todo el texto íntegro de esta iniciativa leído en tribuna.
Palacio Legislativo, 26 de noviembre de 2009. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Durán Rico. Como lo solicita, insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates, y túrnese la iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Sonido en la curul del diputado Jorge López-Portillo. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Señor presidente, para que le solicite a la oradora si me permite adherirme a su propuesta.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputada Durán Rico, le pregunto si acepta que el diputado López-Portillo suscriba la iniciativa.
Ha dicho que sí la diputada, diputado López-Portillo, y por tanto, puede pasar a hacer la suscripción del documento en la Secretaría, y de la misma manera las diputadas y diputados que deseen hacerlo pueden pasar a la Secretaría a hacer lo propio.
Nos visitan diferentes grupos de ciudadanos, de los que esta Presidencia da cuenta. Están presentes ciudadanos del municipio de Ecatepec, estado de México, invitados del diputado Martín Vázquez Pérez. Alumnos de la Universidad de Jalapa, invitados del diputado Javier Duarte de Ochoa. Nos visitan también del Instituto de Estudios Superiores en Gestión y Administración, del estado de Puebla, invitados del diputado Juan Carlos Lastiri y finalmente, también está presente un grupo de alumnos del Bachillerato de Morelia, Michoacán, invitados del diputado Ricardo Sánchez Gálvez. A todos ustedes, bienvenidos a este recinto.
Hemos concluido el apartado de iniciativas. El siguiente punto del orden del día es Dictámenes de primera lectura
El punto agendado corresponde a la primera lectura del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 77 Bis, 12 y 77 Bis 13, de la Ley General de Salud.
En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Es de primera lectura. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato, como lo ha solicitado la Comisión de Salud.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se dispensa la segunda lectura.
Tiene la palabra el diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente, presidente de la Comisión de Salud, para fundamentar el dictamen en nombre de la comisión, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Lo escuchamos, señor presidente de la comisión.
El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los miembros de la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados, conscientes de la importancia y de la gran responsabilidad que implica el estudio, discusión y en su caso, aprobación de toda iniciativa, emitió dictamen de carácter positivo a la iniciativa con proyecto de decreto enviada por el jefe del Ejecutivo federal, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, que reforma y adiciona los artículos 77 Bis, numeral 12 y numeral 13 de la Ley General de Salud.
La aprobación de tal iniciativa por parte de la Comisión de Salud se generó como resultado de un ejercicio responsable por parte de todos los integrantes de dicha comisión. Sus evidentes beneficios dieron origen a un clima de compromiso con el pueblo de México y de anteposición del interés colectivo por encima del interés personal o partidista.
Los diputados miembros de la Comisión de Salud actuamos con estricto apego al precepto constitucional que consagra el derecho a la protección de la salud para toda persona y en correspondencia con los principios de la Organización Mundial de la Salud que establecen el goce del grado máximo de salud que se pueda alcanzar, como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.
Hemos asumido la responsabilidad de abonar a la construcción de las condiciones legales y estructurales para la protección de la salud de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, la cual sigue siendo una tarea pendiente para los tres Poderes de la Unión.
Desde el comienzo de su operación el Sistema de Protección Social en Salud en el año 2004, el número de miembros calculado por familia fue considerado entre 4 a 5 miembros. Sin embargo, se ha constatado en los hechos que en la actualidad el promedio de miembros por familia es de 3 y que incluso en algunos estados de la república, entre un 20 a 40 por ciento, son familias unipersonales o individuales.
La desviación de la estimación inicial ha provocado que el Ejecutivo federal advierta que ese criterio para la asignación de los recursos del Seguro Popular que determina las aportaciones a cargo de las autoridades federativas, de las entidades federativas, del Distrito Federal y del gobierno federal, es un riesgo para la generación de los recursos necesarios para su funcionamiento y viabilidad.
Hemos comprendido la trascendencia del problema y la gran importancia que reviste que a la brevedad se generen los ajustes necesarios para garantizar que un mayor número de mexicanos cuenten con protección social de salud y con los beneficios que ésta otorga.
Es por ello que en el seno de la Comisión de Salud se ha decidido que la reforma a la Ley General de Salud propuesta por el Ejecutivo federal continúe su proceso legislativo, bajo la consideración central de que garantizará la viabilidad financiera del Seguro Popular y el consiguiente desarrollo y permanencia del Sistema de Protección Social en Salud, lo cual deriva en la extensión de los beneficios a un mayor número de mexicanos.
Es preciso señalar que hemos considerado que la reforma que hoy se somete a su consideración disminuirá la aportación solidaria de los estados de la república en un 23 por ciento, por lo que favorecerá las finanzas públicas de las entidades federativas.
Asimismo, facilitará el despliegue de acciones para la incorporación de un mayor número de beneficiarios, al mismo tiempo que permitirá ajustar los recursos que cada entidad federativa debe recibir de acuerdo con el número de personas afiliadas, lo que permitirá hacer realidad el acceso universal de todas y todos los mexicanos a la protección de la salud.
Los diputados que formamos parte de la Comisión de Salud ratificamos nuestro compromiso para continuar trabajando en beneficio del pueblo de México y dirimiendo nuestras diferencias en un clima de parlamentarismo propositivo e incluyente.
Por todo lo anterior, los invitamos, a todas las diputadas y a todos los diputados a votar a favor del dictamen que se somete a su consideración, que reforma y adiciona los artículos 77 Bis, numerales 12 y 13, de la Ley General de Salud. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias por la fundamentación, a nombre de la comisión, diputado Velázquez y Llorente. En consecuencia, está a discusión en lo general el dictamen.
Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios las siguientes diputadas y los siguientes diputados: Mariana Ivette Ezeta Salcedo, por el Grupo Parlamentario del PVEM; Gerardo Verver y Vargas Ramírez, por el Grupo Parlamentario del PRD; Miguel Antonio Osuna Millán, Grupo Parlamentario del PAN, y Rodolfo Torre Cantú, por el Grupo Parlamentario del PRI.
Tiene la palabra la diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo: Con su permiso, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados.
La salud es un derecho universal plasmado en el artículo 4o. de la Constitución, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Es por ello que nuestro compromiso como legisladores del Partido Verde va encaminado a garantizar a los mexicanos el acceso universal a los servicios de salud, superar los contrastes regionales que persisten en cobertura y calidad de los mismos, así como la equidad en la aplicación de políticas públicas en la materia.
El Seguro Popular representa un avance en la atención médica para los mexicanos ya que busca ampliar la capacidad de oferta, reduciendo las barreras financieras existentes, particularmente en aquéllas relacionadas al gasto excesivo en medicamentos.
Se ha estimado que alrededor de 1.5 millones de familias en México se empobrecen trimestralmente a consecuencia de los altos costos de los servicios de salud. Uno de los propósitos del Seguro Popular es reducir esta cifra ya que los gastos catastróficos se concentran principalmente en las poblaciones más pobres, las cuales no tienen acceso a la seguridad social.
A la fecha, cerca de 10.5 millones de familias, es decir, 31 millones de mexicanos, se encuentran afiliados al Seguro Popular. El dictamen que propone la Comisión de Salud a esta soberanía es replantear el modelo de financiamiento para cambiar de un esquema de afiliación familiar a uno personal, con el fin de fortalecer el principio de equidad.
El promedio del número de miembros por familia en cada entidad difiere, originando una desigualdad en la distribución de recursos, ya que el financiamiento es realizado por familia, sin considerar el número de integrantes que tenga cada una de ellas.
Con esta reforma se pretende fortalecer la dotación de recursos, aumentar su capacidad para prestar servicios, reducir la inequidad en la distribución de recursos financieros y ofrecer adecuada protección social a los millones de mexicanos que la requieren.
Al fortalecerse la entrega de recursos a las entidades existe el compromiso de las autoridades federales de dar respuesta a una de las demandas más sentidas de la comunidad: la dotación eficiente de medicamentos.
El Partido Verde reitera que no quitará el dedo del renglón: si a un ciudadano enfermo no se le da la medicina que necesita, el gobierno tiene la obligación de pagarle las mismas.
Nosotros seguiremos proponiendo los vales intercambiables en farmacias como un mecanismo de certeza, tanto para la gente como para las autoridades.
Una de las metas del Partido Verde es alcanzar el Seguro Universal para todos los mexicanos desde su nacimiento. Por ello votaremos a favor de esta reforma, ya que hará posible una reorganización que responda a las nuevas realidades económicas, sociales, demográficas y epidemiológicas, por las que atraviesa nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Ezeta. Tiene la palabra el diputado Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. El Seguro Popular financia servicios de salud a la población que no cuenta con seguridad social en este país.
Cuando nació el Régimen de Protección Social en Salud existían reservas en relación a su funcionamiento. La normatividad hablaba de familias afiliadas, esto no daba equidad a la repartición de los recursos.
El panorama ha cambiado. El número de integrantes de familia igual y se prestaba a herramientas de familias unipersonales, en donde algunas entidades federativas tenían más recursos a pesar de no contar con familias con 4.1 o 3.9 integrantes.
Los recursos para la aplicación de la atención de la salud a la persona y actualmente de la prevención de las enfermedades del Seguro Popular nos llevaba a la utilización de estos recursos de manera discrecional.
Existía poca transparencia y esta Cámara de Diputados logró quitar esa falta de transparencia para lograr tener mayor certidumbre de cómo se aplicaban estos recursos. Los recursos frescos del Régimen de Protección Social en Salud han venido a una corresponsabilidad con los estados y las entidades federativas.
La cuota social, la aportación solidaria federal que hace que se aporten recursos estatales ha venido a incrementar el gasto en salud para tratar de disminuir la brecha que existe en nuestro país.
Por cada peso que se gasta en nuestro país 40 centavos lo pone el gobierno y 60 lo ponen los bolsillos de las personas. Por ello el cambio en la ley, en el 77-Bis, para que en vez de aportar por familia se aporte por persona viene a dar equidad a la aportación de los recursos para que en las entidades federativas se pueda disponer de ellos y se logre llevar salud a todas y a todos.
México está lejano de esta situación. Los recursos económicos que se disponen no han sido suficientes para ello y su utilización muestra necesidad de aplicar eficiencia y eficacia en ellos.
Por ello creo conveniente señalar que el cambio a la ley es importante y permitirá dar equidad a la aplicación de los recursos para lograr un financiamiento adecuado de la salud de las personas, y buscar que todas y todos tengan acceso.
No es suficiente, porque necesitamos que en nuestro país el acceso universal a la salud no sea letra de discurso. Necesitamos que el acceso universal a la salud sea la práctica cotidiana. Que la portabilidad se dé de manera legal donde ya se está dando de manera informal por la ciudadanía.
Las personas que tienen seguridad social, ante la falta de expectativa, tienen que ir a los servicios de salud. Y las personas que tienen servicios de salud desafortunadamente tienen que ir a la prestación de servicios privados ante el no cubrimiento de sus problemas y de sus compromisos de salud.
Por ello pensamos, en el PRD, que el cambio en la ley es equitativo y dará certidumbre a la aplicación de los recursos, pero no suficiente. Tenemos que buscar estrategias definitivas para lograr el acceso universal a la salud, estrategias fundamentales para lograr la aportabilidad, para que no se quede ninguna mexicana, ningún mexicano sin medicamentos, sin atención médica y lo peor, pueda morir por no existir esto.
Estamos de acuerdo en esta gran oportunidad de sentar un precedente en la atención a la población abierta, que ojalá y se genere a todas las mexicanas y a todos los mexicanos, dándoles certidumbre en el financiamiento y logremos que en este país de cada peso que gaste el mexicano en salud, 70 centavos los ponga el Ejecutivo y el gobierno federal, las diputadas y los diputados y 30 centavos los pongan las personas de su bolsillo.
Ojalá esto logre suceder. Es un camino que tenemos que recorrer. Por ello el PRD votará a favor y en consideración a la gran oportunidad de sentar bases para un acceso universal a la salud. Gracias, con permiso.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputado Verver y Vargas Ramírez. Tiene ahora la palabra el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Miguel Antonio Osuna Millán: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. El derecho a la salud debe considerarse como un derecho que integra no sólo la idea de curar enfermedades, sino también de prevenirlas. Ésta es una nueva concepción de la salud, implica que nosotros como legisladores ofrezcamos una mayor protección y compromiso a través de reformas que mejoren nuestro sistema de salud.
El Seguro Popular forma parte del sistema de protección social en salud, el cual busca otorgar cobertura de servicios de salud a través de un aseguramiento público y voluntario para aquellas personas de bajos recursos que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia, que no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social.
También el Seguro Popular de Salud es la primer política pública de aseguramiento voluntario en la historia del país y está dirigido a poblaciones pobres que no tienen un vínculo con el sector formal de la economía.
La implementación de este programa deja en claro la naturaleza política de las estructuras de los sistemas de salud.
Es importante señalar que el Estado asume la responsabilidad de proteger a la población de riesgos y daños que afectan su salud, con las capacidades organizativas del gobierno y la administración pública para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud.
En este sentido, hace ya más de medio siglo la asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los que se destaca el derecho que toda persona tiene a la seguridad social, a gozar de un nivel de vida que le garantice, junto con su familia, el acceso a la salud.
En nuestra Constitución se reconoce este derecho, el cual se reafirma día a día en diversos tratados internacionales, comprometiéndose además, a buscar el más alto grado de bienestar.
Alcanzar estos logros es clave para el Estado, quien debe de considerar la equidad, el acceso y la utilización real de los servicios de salud, su calidad y las formas de financiamiento, subsidio y cobro.
Es por ello necesaria la aprobación de esta iniciativa, en donde se modifica la Ley General de Salud para que el Seguro Popular deje de ser familiar y se convierta en unipersonal. Dicho cambio nos permitirá cada año aumentar en 9 millones el número de derechohabientes, lo que acelerará la cobertura universal de esta política pública.
Por último quiero señalar que esta modificación no representa una reforma más; esta reforma significa que el Seguro Popular no sólo sea un sistema de salud, sino que sea, para muchas de las familias afiliadas, la posibilidad de acceder a los servicios y contar con medicamentos disponibles que no provoquen un decremento a su economía.
Recordemos, compañeros, que la salud no es una cuestión política ni de colores; es un derecho inalienable que nos corresponde a todos de manera igual por derecho. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Osuna Millán. Tiene ahora la palabra el diputado Rodolfo Torre Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rodolfo Torre Cantú: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todos los mexicanos tienen derecho a la protección a la salud. Para hacer universal este derecho constitucional, la Secretaría de Salud creó en 2002 un programa piloto denominado Seguro Popular dirigido a la población no derechohabiente de la seguridad social.
Este programa sentó las bases para las reformas realizadas en 2004 a la Ley General de Salud que dieron origen a la creación del sistema de protección social en salud: el Seguro Popular. En esta reforma se estableció un esquema financiero para los afiliados al Seguro Popular, con aportación específica de los gobiernos federal, estatal y, en su caso, aportaciones familiares, por lo cual cada una de las partes que integran el financiamiento tripartito realiza contribuciones por familia para generar los recursos necesarios para el Seguro Popular, de tal manera que proporcione a las familias afiliadas los servicios médicos que contemple el catálogo de servicios esenciales de salud, que incluye sin costo adicional medicamentos asociados a los tratamientos, que proteja a las familias contra aquellas intervenciones que provocan gastos catastróficos y que provea a las entidades federativas de una previsión presupuestal para apoyar la creación de infraestructura, así como el incremento en la demanda de los servicios médicos.
A partir de entonces, el Seguro Popular ha apoyado el acceso integral a los servicios públicos de salud para todos los mexicanos, bajo un sistema de aseguramiento universal en salud. Este apoyo se ha traducido en una importante cantidad de recursos que se han transferido a las entidades federativas.
Sin embargo, a seis años de la evolución del sistema se hace necesario replantear el modelo de financiamiento para transitar de un esquema familiar a uno personal, a fin de fortalecer el principio actuarial de equidad, es decir, calcular y transferir las primas del Seguro Popular de acuerdo con el riesgo de cada persona que representa, y a la estabilidad registrada de cada asegurado.
Pero no sólo el principio de equidad es relevante ya que la trascendencia también se desprende de la gran heterogeneidad que existe en el país, no sólo en términos geográficos, sino de marginación y pobreza de la población.
El esquema de financiamiento actual no ha privilegiado el apoyo a estas zonas ni diferenciado los apoyos que reciben las entidades federativas con mayor marginación o una mayor población ya que, por ejemplo, es una realidad que las familias que viven en entidades con mayor proporción de población que habitan en zonas semiurbanas o rurales, de mayor concentración indígena, tienen un mayor número de miembros por familia, en comparación con aquellas que viven en las zonas urbanas.
Con este cambio se incentiva la solidaridad financiera de las contribuciones en el sentido de que los costos promedio en que incurren las entidades federativas para la prestación de los servicios de salud puedan llegar más equitativamente. Derivada de esta realidad, la propuesta de modificación al esquema financiero tiene la ventaja de que los recursos se canalicen de esta manera.
En suma, dada la heterogeneidad geográfica, de marginación y pobreza, de diferentes condiciones de infraestructura física, así como de diferencias en los miembros por familia que existen en el territorio nacional, las modificaciones a la Ley General de Salud proponen que el financiamiento se transforme de un esquema familiar, aun en el que los recursos se determinen con base a las personas que tenga afiliadas.
En ese sentido se promueve la optimización de los recursos tanto federales como estatales que se destinan a la operación de este programa.
Por otra parte es importante resaltar que esta situación no representa impacto negativo en los recursos líquidos. En suma, resulta necesario establecer reglas de financiamiento acordes a la realidad que vive nuestro país, a fin de que el financiamiento del Seguro Popular sea sustentable y equitativo hacia aquellos lugares en que existe una mayor población en condiciones de pobreza, con lo que se busca la consolidación en el largo plazo de los objetivos del propio sistema y su participación, del Sistema Nacional de Salud. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias a usted, diputado Torre Cantú.
Ha concluido la fijación de posiciones por los grupos parlamentarios. Esta Presidencia informa que no tiene registrados oradores para la discusión en lo general. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Suficientemente discutido en lo general. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se encuentran presentes en el recinto diversos grupos de ciudadanos que nos acompañan, entre otros: Integrantes del Colegio de Estudios Científicos y Técnicos del estado de Tlaxcala; invitados de la diputada Perla López Loyo.
Alumnos del municipio de Copala, Guerrero; invitados del diputado Ángel Aguirre Herrera.
Invitados del Comité Morfín, del sector popular; invitados del diputado Héctor Pedroza Jiménez.
Vecinos de la Colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, de Coacalco, estado de México; invitados del diputado Agustín Castilla Marroquín.
Integrantes del Instituto de Administración Pública; invitados del diputado Antonio Benítez Lucho.
A todos los grupos que nos acompañan hoy, sean bienvenidos al recinto de la Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema de votación electrónico. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 355 votos en pro, 13 en contra, 4 abstenciones.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobado en lo general y en lo particular por 355 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente capítulo del orden del día corresponde a las proposiciones. Se recibió del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo para que se incorporen al Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, a los congresos locales y presidentes municipales de los estados y ayuntamientos fronterizos del norte y sur del país. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene ahora la palabra, en este capítulo, el diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal revise y evalúe las acciones y obras relacionadas con el proyecto rescate de la Laguna de Juluapan y desarrollo turístico habitacional Puerto de Santiago de La Laguna. Adelante, diputado Morán Sánchez.
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez: Con su permiso. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Ante la escasez de recursos y el incremento de las necesidades de la población, las autoridades gubernamentales están obligadas a encontrar los mecanismos que permitan brindar bienes y servicios públicos a los ciudadanos siempre salvaguardando los derechos, el bienestar y el patrimonio de las generaciones presentes y futuras.
Sin embargo, en México tenemos casos de irresponsabilidad económica, social y ambiental, pues ante el afán de obtener recursos y beneficios para grupos reducidos de personas, se empeña la conservación y sustentabilidad del medio ambiente bajo la complicidad de funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno.
En Colima, en octubre de 2009 el ex gobernador Silverio Cavazos Cevallos anunció que su gobierno vendió un terreno, propiedad de los colimenses, para desarrollar un megaproyecto turístico. Por cierto, a decir de él, a 10 dólares el metro cuadrado a la orilla de la playa.
De acuerdo con diversas organizaciones sociales, ambientalistas, nacionales e internacionales, el megaproyecto turístico Rescate de la Laguna de Juluapan, y Desarrollo Turístico Habitacional Puerto de Santiago de la Laguna, puede generar afectación a la fauna local y migratoria, a más de 100 hectáreas de manglar y a 20 mil metros cuadrados de arrecifes de coral.
Pese a que a nivel nacional e internacional se ha reconocido la importancia de la conservación de los manglares y del medio ambiente en general, el gobierno de Colima hace caso omiso a su responsabilidad en la materia, pues aun sin contar con la autorización de la manifestación de impacto ambiental promueve el desarrollo del proyecto turístico.
En el 2006 el gobierno de Colima, a través de la empresa Desarrollo Habitacional y Marina de Santiago, Sociedad Anónima de Capital Variable, sometió a evaluación de la Semarnat la manifestación del impacto ambiental, modalidad regional para el proyecto Rescate de la Laguna de Juluapan, y Desarrollo Turístico Habitacional Puerto de Santiago de la Laguna. En esta solicitud se señalan algunos de los impactos ambientales como la eliminación irreversible de la vegetación existente, principalmente mangle blanco, considerado en estatus de protección especial; pérdida del hábitat en donde se ocultan, reproducen y alimentan organismos terrestres y acuáticos que forman parte de la cadena alimenticia; afectación a la migración de la fauna; aumento en la erosión eólica e hídrica; cambios en la morfología del terreno; afectación de la hidrología superficial y cambios en el flujo de los caudales, entre otros.
Este año, bajo el argumento de promocionar el desarrollo turístico del estado y ante el reconocimiento expreso de que diversas zonas de la laguna de Juluapan están muy deterioradas, el gobierno de Colima busca solicitar que la Semarnat autorice la manifestación de impacto ambiental para ejecutar el proyecto turístico.
El proyecto genera gran preocupación en los ciudadanos colimenses pues diversos funcionarios estatales han mostrado una actitud irresponsable hacia el medio ambiente. Es por esto que realizo la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales, y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, revise y evalúe que las diversas acciones y obras relacionadas con este proyecto cumplan con la normatividad ambiental y no representen un daño al medio ambiente.
Asimismo, considero fundamental que las autoridades en materia ambiental, exijan a la empresa el establecimiento de un plan de protección y conservación del manglar localizado en los terrenos en donde se pretende desarrollar el proyecto turístico, para favorecer la protección a los ecosistemas que alberga.
Esta proposición tiene el único objeto de buscar asegurar la protección del medio ambiente, el patrimonio económico y ambiental de las generaciones presentes y futuras.
Por lo expuesto, se pone a consideración la siguiente proposición con
Puntos de acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, revise y evalúe que las diversas acciones y obras relacionadas con el proyecto Rescate de la Laguna de Juluapan, y Desarrollo Turístico Habitacional Puerto de Santiago de la Laguna, cumplan con la normatividad ambiental y no representen un daño al medio ambiente.
Segundo. Se hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solicite que el proyecto Rescate de la Laguna de Juluapan, y Desarrollo Turístico Habitacional Puerto de Santiago de la Laguna, incluya un plan de conservación y protección al manglar localizado en los terrenos donde se busca realizar dicho proyecto.
Le solicito que este punto de acuerdo quede íntegro en el Diario de los Debates, tal como aparece en la Gaceta, señor presidente. Es cuanto.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Morán Sánchez. Como lo solicita, insértese íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Nos visitan alumnos de la preparatoria número 24 de Naucalpan, estado de México, invitados del diputado David Sánchez Guevara; así como alumnos del Instituto Federico Froebel, del municipio de Zumpango, también del estado de México, invitados del diputado Raúl Domínguez Rex. Bienvenidos todos al recinto de la Cámara de Diputados.
Tiene ahora la palabra el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal observen a que estrictas medidas de austeridad, transparencia y racionalidad en el gasto de publicidad gubernamental. Lo escuchamos, diputado Lozano Herrera.
El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos para 2010 que está dotado de tres billones 176 mil 332 mil millones de pesos y que fue considerado por los legisladores como un gasto para un año de austeridad. En consecuencia, en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se señalan una serie de disposiciones en materia de austeridad, ajuste al gasto corriente y mejoras a la modernización de la gestión pública.
En consecuencia, y en escrupuloso sentido de priorizar la racionalización del gasto público y asegurar el correcto cumplimiento de los objetivos para los que fue asignado, consideramos necesario y prudente ampliar estas medidas estableciendo un exhorto para que los gobiernos federal, estatal y municipal reduzcan al mínimo sus gastos de publicidad gubernamental y estos recursos se orienten a la inversión productiva y al fortalecimiento de los programas sociales. Esta medida es congruente con el espíritu de racionalidad y austeridad que marcó la distribución y aprobación del Presupuesto de Egresos y con la deprimente realidad económica por la que atraviesa el país.
Además, resultante para las ciudadanas y los ciudadanos, que mientras este Congreso invoca la austeridad y la racionalidad del gasto, los gobernadores y presidentes municipales de los estados y municipios destinen millonarias cantidades de dinero público en campañas publicitarias para promocionarse con miras a alcanzar otros cargos de elección popular.
Está claro que el gasto en la compra de espacios publicitarios por distintos órdenes de gobierno ha sido en aumento y en detrimento del gasto social. Es probable que existan entidades donde el dinero público que se destina al culto, a la personalidad del mandatario, supere en mucho a los recursos orientados al desarrollo social, cultura o juventud, además de que esas partidas presupuestales se utilizan en forma discrecional como premio a medios afines o castigo a los que simplemente expresan sus puntos de vista sobre acciones públicas.
La forma en la que los gobiernos se encuentra obligados a garantizar la información pública está normada en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional que dice: "la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tal los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público".
Sin embargo, esta norma es soslayada cotidianamente y en la actualidad la percepción ciudadana es que los gobernantes gastan más en promocionar su imagen y resulta que los que gastan son aquéllos que buscan brincar a un nuevo cargo de elección popular y usan el presupuesto público para hacer campañas políticas.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, en las democracias contemporáneas, la publicidad de razón de Estado, en los regímenes premodernos es instrumento de coacción, de inequidad y de gasto desmedido.
Por esta razón y en congruencia con el espíritu de austeridad y racionalidad que marcó el Presupuesto de Egresos de 2010 y si en verdad queremos ser congruentes, aprobemos este exhorto para que el gasto de publicidad de los gobiernos se someta a estrictos criterios de austeridad y racionalidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de acuerdo.
Único. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal a observar estrictas medidas de austeridad, transparencia y racionalidad en el gasto de publicidad gubernamental, ajustándose a lo que mandata el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación incluya en el calendario oficial el 19 de julio como el día para conmemorar la Declaración de Autodeterminación de México hecha por Francisco Primo de Verdad y Ramos, con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia nacional. Adelante, diputado Jaime Correa.
El diputado José Luis Jaime Correa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, vengo hoy a esta tribuna para hacer una reivindicación de uno de los personajes que contribuyeron a preparar la Independencia nacional de México.
Por tanto, pongo a su consideración una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación, que por motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia nacional incluya en el calendario oficial el 19 de julio como el día para conmemorar la Declaración de Autodeterminación de México hecha por Francisco Primo de Verdad y Ramos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A mediados de 1808 llegó a la Nueva España la noticia de la abdicación de la familia real de los Borbones, debido a la invasión de España por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte. Ante estos acontecimientos el licenciado por Francisco Primo de Verdad y Ramos, síndico de la Ciudad de México, propuso junto con el regidor Juan Francisco Azcárate, que el virrey convocara a todos los ayuntamientos a crear juntas encaminadas a formar un gobierno provisional apoyado en el pueblo.
La propuesta del abogado Primo de Verdad encontró respaldo entre numerosos miembros de la población del país, pues consideraba que éstos, como cualquier súbdito de la Colonia Española, tenían derecho de establecer un gobierno provisional basado en las leyes de partida para que ejerciera la autoridad abandonada por el rey, con el fin de dar paso a un nuevo proceso independiente de toda autoridad peninsular en la Nueva España.
Fue así que el 15 de junio de 1908 el virrey José Videgaray convocó a los notables del Virreinato, integrantes del Real Acuerdo, cuerpo formado por los oidores para asesorarlo en asuntos difíciles a constituir dicho gobierno, destacándose a las figuras del licenciado Primo de Verdad, Francisco Azcárate y Melchor de Talamantes, teniendo como proclama que la soberanía reside esencialmente en el pueblo.
El 19 de julio, Primo de verdad y Ramos presentó al virrey la Declaración de Autodeterminación de México, en la que el ayuntamiento de la Ciudad de México, en representación de todo el reino, debería de declarar la autodeterminación.
Para sofocar todo intento independentista los peninsulares también decidieron aprehender a todos aquellos que se habían manifestado y abrazado la lucha de liberarse de la Colonia Española, así fueron hechos presos Primo de Verdad y Ramos, Francisco Azcárate, el abad de Guadalupe José Neye de Cisneros, el canónico José Mariano Berinstain, el licenciado José Antonio de Cristo y Fray Melchor de Talamantes, quienes fueron recluidos en las cárceles del arzobispado en la Ciudad de México.
Desde la sonada de Yermo, Primo de Verdad permaneció recluido en la cárcel eclesiástica del arzobispado, pero el 4 de octubre de 1808, por la mañana, misteriosamente apareció muerto en su celda de la prisión. Se asegura que fue asesinado por los españoles que se hicieron cargo del gobierno colonial. Primo de Verdad fue sepultado en la sagrada Basílica de Guadalupe.
En la actualidad el abogado Primo de Verdad y Ramos ha merecido todo tipo de homenajes, como parte de la celebración del Bicentenario del inicio de la Independencia y el Centenario del inicio de la Revolución, a partir del 2007 el Banco de México puso en circulación monedas conmemorativas de 5 pesos, con personajes representativos de esos movimientos históricos. Una de ellas corresponde a Primo de Verdad y Ramos como un justo reconocimiento como precursor de la gesta independentista.
Por tanto, propongo a ustedes el siguiente
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo que instruya a la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones y con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia nacional, y con fundamento en la fracción XXVI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que incorpore en el calendario oficial el 19 de julio como Día de la Proclamación de la Autodeterminación de México, hecha por el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, por ser fecha histórica para el pueblo mexicano, y lo declare como fiesta nacional. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Jaime Correa. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Están presentes en el recinto presidentes municipales de distintos municipios de Oaxaca, de Salina Cruz, de ciudad Ixtepec, de San Andrés Dinicuiti, de Barrio La Soledad y de Santo Domingo Petapa, todos ellos invitados por la diputada Sofía Castro. Les damos la más cordial bienvenida.
Tiene la palabra el diputado Roberto Borge Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a fijar, a favor de las familias de Quintana Roo, la tarifa 1B a fin de estar homologado con los estados de la Península de Yucatán. Lo escuchamos, diputado Borge Angulo.
El diputado Roberto Borge Angulo: Con su venia, presidente. El que suscribe, diputado Roberto Borge Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad, a su director general ingeniero Alfredo Elías Ayub, a revalorizar las tarifas eléctricas en los diferentes municipios de Quintana Roo, tomando en cuenta su temperatura mínima promedio, y los siguientes puntos que van en esta propuesta.
Antecedentes
El 1 de octubre de 2007 se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que autoriza el ajuste de las tarifas para suministro y venta de la energía eléctrica.
Consideraciones
Primera. Que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) establece tarifas para aplicarse a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda.
Segunda. Que la diferencia de tarifas determinadas en Quintana Roo presenta una temperatura mínima mensual, en dos meses o más, mayor a lo establecido por la Comisión Federal de Electricidad.
Tercera. Que se considera que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Cuarta. Que en los estados de la Península de Yucatán: Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el clima promedio es semejante; sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad no lo considera así para distribuir las tarifas de electricidad.
Quinta. Que las cifras del Inegi demuestran que la temperatura máxima promedio en Quintana Roo es de 33 grados centígrados, en Yucatán la temperatura máxima promedio es de 36 grados centígrados, y para Campeche la temperatura máxima es de 30 grados centígrados.
Sexto. Que la temperatura máxima de los tres estados es muy parecida y que en consecuencia hace que las familias consuman mayor cantidad de electricidad para conservar sus alimentos o, simplemente en sus hogares, para tener mayor comodidad utilizando ventiladores o aires acondicionados.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión Federal de Electricidad, a su director general, ingeniero Alfredo Elías Ayub, a revalorizar a favor de las familias y los comerciantes del estado de Quintana Roo, las tarifas eléctricas en los diferentes municipios del estado, tomando en cuenta su temperatura mínima promedio, es decir, el municipio de Cozumel que cuenta con la tarifa máxima que hay en la Comisión Federal, 1A, pudiera pasar a formar parte de la tarifa 1C.
Los municipios restantes del estado de Quintana Roo: Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Benito Juárez, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto, Tulúm, José María Morelos y Otompe Blanco, pudieran pasar de la tarifa 1B a la tarifa 1C, como la que hoy predomina en nuestro vecino estado de Yucatán.
Es cuanto, señor presidente. Suplico se pudiera insertar en el Diario de los Debates, el verdadero título de este punto de acuerdo, porque estuvo suscrito de manera errónea en el oficio que se envió a la Junta de Coordinación Política. Mucho le suplicaré. Muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Borge Angulo y como lo solicita, insértese el texto íntegro de la proposición, en el Diario de los Debates, así como la publicación también en la Gaceta y se turna a la Comisión de Energía.
Tiene la palabra la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz, a llevar a cabo las medidas necesarias para atender la problemática de violencia feminicida en la entidad.
La diputada Alba Leonila Méndez Herrera: Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados y compañeras diputadas, la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, que puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta contra ellas.
Hablar de violencia feminicida es hablar de la violación reiterada de los derechos humanos de las mujeres, es hablar de impunidad acompañada de sufrimiento y represión continua hacia la mujer, tanto por la sociedad como por el Estado en el ámbito público y privado.
Esta violencia toma connotaciones particulares al conformarse por hechos que aunque penados por la ley, parecieran de aceptación y práctica común por un aparte importante de la sociedad y de las instituciones que la norman.
En este tipo de violencia no sólo existe violencia social contra las mujeres, también está la violencia que las instituciones ejercen sobre ellas al no responder para garantizarles su vida, aún cuando ésta es una obligación del Estado, lo que lleva a que una vez cometidos los delitos contra ellas haya impunidad y la impunidad, amigos y amigas, es otro elemento de la violencia feminicida.
Es en este sentido que deseo exponer las siguientes consideraciones, pues la Cámara de Diputados, como una institución nacional que debe tomar por elemental prioridad el respeto de los derechos humanos de las personas, debemos dejar de ser cómplices, parte de la violencia institucional que se ejerce contra muchas mujeres a diario en nuestro país.
De 2007 a la fecha, en la zona que conforman los municipios de Isla y Rodríguez Clara, en el estado de Veracruz, son ya 9 mujeres las que han sido asesinadas. Sus familias, indignadas por el nulo esclarecimiento de los hechos y la impunidad que los acompaña, reclaman con razón justicia.
Así pues, en el estado de Veracruz contamos, desde febrero de 2007, con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Por su parte, el estado de Veracruz atendiendo a la armonización legislativa, cuenta ya, desde febrero, con una ley al respecto. En ella se instituye la obligación para que el gobierno del estado atienda los casos de violencia feminicida. Así lo señala el artículo 38. De ahí que existe por ley la obligación clara para el gobierno del estado de Veracruz de atender este grave problema social.
Es por ello que hoy, rompiendo con la indiferencia institucional respecto de la muerte de muchas mujeres en el estado de Veracruz, pugnamos por exhortar a su gobierno, que encabeza el licenciado Fidel Herrera Beltrán, a actuar en consecuencia y cumplir con las obligaciones que al respecto tiene para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres veracruzanas, en general y en particular las de los municipios de Isla y de Rodríguez Clara.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de acuerdo.
Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz, encabezado por el licenciado Fidel Herrera Beltrán, a llevar a cabo las medidas necesarias para atender la problemática de violencia feminicida en la entidad, en particular la de los municipios de Isla y Rodríguez Clara, en concordancia con las obligaciones establecidas para ello en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado, así como exhortar a esta honorable Cámara de Diputados a crear una comisión especial que investigue el tema de la violencia feminicida en el municipio de Isla, Veracruz y en el propio estado de Veracruz.
Es cuanto, Presidente. Únicamente le pediría insertar la versión estenográfica a la comisión a la cual sea enviado dicho punto de acuerdo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Méndez Herrera. Como lo solicita, se procederá en consecuencia por la Secretaría. Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.
Tenemos la visita de un grupo de vecinos del estado de Tlaxcala, invitados del diputado Julián Velázquez y Llorente.
También nos acompaña un grupo de vecinos del municipio de Villa de Allende, del estado de México, invitados del diputado Ignacio Pichardo Lechuga. A ambos grupos la más cordial bienvenida al recinto de la Cámara de Diputados.
Se recibió de la diputada María Isabel Merlo Talavera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial de los ex trabajadores migrantes mexicanos braceros. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
A petición de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia, se pospone la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco de México y a la comisión organizadora de los festejos patrios del año 2010 respecto de la emisión conmemorativa de billetes de 100 pesos.
Tiene la palabra el diputado Jorge Rojo García de Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México) y de la Secretaría de Economía, a resolver el problema del sector productivo lechero.
El diputado Jorge Rojo García de Alba: Con su permiso, señor presidente. Una de las principales motivaciones es la necesidad de alimentar a la población mexicana que, en su mayoría, tiene un nivel bajo de ingresos. La leche se presenta como una de las principales alternativas, sobre todo para la niñez de nuestro país, para que cumpla con este fin. Es necesaria su consolidación como un bien básico accesible a todos los niveles y en todos los lugares.
Por ello, en la medida en que aumente la importancia del consumo de este producto en la dieta básica de la población, la leche será un producto estratégico que ayude a mejorar la alimentación y la salud de los mexicanos.
Por otra parte, se enfatiza que el sector lechero mexicano se encuentra ante una disyuntiva que deberá de crecer, igualando su productividad a la de los socios comerciales de México o admitir la existencia de ventajas comparativas que favorecen a Estados Unidos, y en lo particular a Canadá.
La situación que enfrentan los productores de leche del país es preocupante, y en particular, Hidalgo es uno de los estados que resiente en mayor cuantía dicho contexto complejo. No es suficiente con garantizar que Liconsa adquiera la producción nacional; es necesario diseñar mecanismos que permitan compensar las disminuciones que pudieran presentar en el precio lácteo.
Nuestro país tiene un déficit de la producción de leche aproximadamente de 50 por ciento. Esta situación ha dado cabida a que, con la apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio, una serie de empresas que se dedican a industrializar la leche, y buscando satisfacer la demanda nacional, privilegien la importación de leche en polvo descremada.
En su mayoría, en ocasiones importan sueros de uso veterinario; producto no apto para el consumo humano, el cual revuelven con leche producida en México, misma que primero descreman y extraen sus propiedades nutricionales y posteriormente adulteran con grasa vegetal y otros productos que no son propios de la leche, ocasionando con ello un fraude al consumidor y la consecuente afectación a los productores nacionales.
Es de destacar que este año se presentó una de las sequías más graves, ocasionando que la producción de leche en México haya disminuido más de 20 puntos porcentuales, lo que genera una mayor dependencia a la importación de productos lácteos.
El impacto de lo mencionado anteriormente se manifiesta de diferentes maneras, de acuerdo al nivel de la producción de cada entidad federativa. En ese sentido, el estado que me honro en representar, Hidalgo, es uno de los más afectados.
No es suficiente con implementar programas que fomenten la producción con el objetivo de eficientar a dicho sector; es necesario contar con acciones integrales que incluyan la distribución y la comercialización del lácteo y de los derivados del mismo.
La Sagarpa, como institución encargada de la política agropecuaria nacional, tiene la obligación de implementar programas emergentes de compensación y rescate a los productos de la leche en Hidalgo, en lo particular, y de todos los productores a nivel nacional.
En ese sentido es indispensable apoyar a los productores sociales, los cuales no pueden acceder a los programas del gobierno federal ya que actualmente los excluyen de la mayoría de los programas de apoyo de los cuales dependen más de 200 mil familias mexicanas.
Hoy en día, la ley general de la leche reglamenta una norma jurídica para hacer obligatoria la planeación de la actividad lechera y sus derivados; sin embargo es de destacar que hay un gran déficit de reordenamiento para controlar la importación de sueros lácteos que vienen a distribuirse y a consumirse en México como leche, lo cual es un fraude para el consumidor.
Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados, y en lo particular quienes representamos a Hidalgo, estamos comprometidos a velar porque el sector agropecuario del estado cuente con un entorno que favorezca su crecimiento y con ello el objetivo de coadyuvar al desarrollo económico nacional, sea una meta viable a mediano y largo plazo.
Con fundamento en lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a implementar de manera inmediata un programa emergente de rescate que otorgue apoyos financieros a los productos sociales de la leche que se encuentran en el estado de Hidalgo y a nivel nacional.
Se considere al sector de productores de la leche nacional en el conjunto de las actividades prioritarias para el desarrollo integral del sector agropecuario nacional, ello con el objetivo de que se diseñe una política estratégica particular que permita generar beneficios a los pequeños productores o productores sociales;
3. Unificar normatividad con relación a la producción, industrialización, distribución y calidad de la leche.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía para que:
1. Se regulen las importaciones de leche en polvo de acuerdo con las necesidades del mercado nacional. Asimismo, se envíe una excitativa a la Secretaría de Economía para que cumpla con la revisión periódica y veraz de los productos lácteos en el mercado, para asegurar con ello que los mexicanos recibamos lo que pensamos y adquirimos la necesidad de una correcta nutrición. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted diputado Rojo García de Alba. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Economía.
El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Sí, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Con el objeto, presidente, de hacerle una pregunta al diputado orador. Si me permite que me adhiera a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Le pregunto al diputado Rojo García de Alba si no tiene inconveniente en que el diputado Omar Fayad suscriba con usted la proposición.
El diputado Jorge Rojo García de Alba (desde la curul): No, adelante.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ha aceptado el diputado Rojo García de Alba, diputado Fayad, y por tanto, puede pasar a la Secretaría a suscribirla. Las diputadas y diputados que deseen también hacerlo, pueden hacer lo propio. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía.
Se recibió del diputado Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía realiza un extrañamiento a la Comisión Nacional del Deporte y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en virtud de que el jurado del Premio Nacional del Deporte en la categoría Deporte Paralímpico la dictaminó desierta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Atención a Grupos Vulnerables.
Nos visita un grupo de alumnos de la Universidad del Valle de México de la ciudad y Puerto de Tampico, Tamaulipas, invitados del diputado José Francisco Rábago Castillo. Bienvenidos al recinto de la Cámara de Diputados, alumnos de la Universidad del Valle de México, de Tampico.
Tiene ahora la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, a que supervise y verifique el legal funcionamiento de hospitales y clínicas privadas en el Distrito Federal, en donde se presten servicios de atención a mujeres embarazadas y partos. Adelante, diputada Quezada.
La diputada Leticia Quezada Contreras: Sí. El presente punto de acuerdo es un punto que se suma a una serie de puntos que se han subido de varios grupos parlamentarios, sobre todo del Partido Acción Nacional, en donde en días pasados toda la ciudad nos dimos cuenta de una banda organizada que operaba en la delegación Venustiano Carranza en un hospital llamado "Centro de Oriente".
La captura de los presuntos delincuentes fue organizada por la denuncia de uno de los hijos de los implicados, del director del hospital. Y de acuerdo con las primeras investigaciones a las madres de los niños que les eran robados, se les decía que sus bebés habían muerto al nacer.
En conferencia de prensa el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dio a conocer que dicho nosocomio llevaba más de 20 años de operar. Por lo que se ampliaron las investigaciones ya que en este ilícito se podría dar el robo y tráfico de decenas de recién nacidos. Además de que se buscaba a otros integrantes de la dicha banda. A los detenidos se les acusa de los delitos de tráfico de menores, uso de documentos falsos y delincuencia organizada.
En virtud de lo anterior, solicitamos que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ponga atención en el asunto, ya que ésta tiene las atribuciones de regulación, control, vigilancia y fomentos sanitarios, tal como lo establece el artículo 3o. de dicho Reglamento de la Comisión.
Asimismo, Cofepris cuenta con la Comisión de Operación Sanitaria, misma que tiene la atribución de realizar visitas de evaluación, verificación y supervisión de la actuación de terceros autorizados, y emitir el dictamen correspondiente y en su caso, las medidas de seguridad y sanciones que procedan, tal como lo establece el artículo 15 del mismo reglamento.
Así también, aunado a lo anterior, existe ya en el Distrito Federal la Ley de Extinción de Dominio, la mencionada legislación mandata al ministerio público a iniciar el procedimiento de extinción de dominio, incluso a solicitar medidas cautelares respecto de los bienes relacionados con los delitos como el de la delincuencia organizada, delito que estamos comentando.
Es por lo anterior que someto ante este honorable pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios a que en el marco de sus atribuciones supervise y verifique el legal funcionamiento de hospitales y clínicas privadas en el Distrito Federal y en donde se presten servicios de atención a mujeres embarazadas y partos.
Segundo. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal, para que a través de la figura jurídica denominada extinción de dominio, con el objetivo de que se ejerza la acción de extinción de la propiedad respecto de los bienes o inmuebles que han sido utilizados o que son producto de los delitos relacionados con tráfico de menores, uso de documentos falsos y delincuencia organizada.
Por economía procesal solicito se incluya íntegro el texto de la presente proposición en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Quezada. Como lo solicita, insértese íntegro el texto de su proposición en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y del Distrito Federal.
Esta Presidencia informa que se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Federal de Electricidad ante el pleno de esta Cámara de Diputados, de parte del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Función Pública.
El diputado Leoncio Morán Sánchez ha invitado a esta sesión al niño Luis Samuel Catalán Decena, originario del puerto de Manzanillo, Colima, quien resultó ganador del concurso Diputado Federal por un Día, con su propuesta Posibles Soluciones a la Problemática de la Delincuencia Juvenil.
Le damos la más cordial bienvenida al niño Luis Samuel Catalán Decena, ganador del concurso Diputado Federal por un Día, por su propuesta Posibles Soluciones a la Problemática de la Delincuencia Juvenil. Bienvenido.
En cumplimiento?
El diputado José Luis Jaime Correa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Sí, diputado. Diputado Luis Jaime Correa. Sonido en su curul, ¿con qué objeto, diputado?
El diputado José Luis Jaime Correa (desde la curul): Solamente para solicitarle amablemente, señor presidente, que el punto anterior, el punto de acuerdo para que se cite a comparecer al titular de la Comisión Federal de Electricidad pudiera ser turnado a la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: La Presidencia de la Mesa Directiva ha determinado el turno a las comisiones señaladas, de Energía y Función Pública, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo Vigésimo de los lineamientos que regulan la estructura y funcionamiento interno de la Junta, que está publicado en la Gaceta Parlamentaria del pasado jueves 19.
En cumplimiento del acuerdo de la Junta de Coordinación Política conocido por el pleno, aprobado el 12 de octubre de 2009, a partir de las 14:00 horas?
El diputado Alfonso Santana Alfaro (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Dígame, diputado.
El diputado Alfonso Santana Alfaro (desde la curul): La intención es de que comparezca ante el pleno, no ante comisiones. Por eso es que se está solicitando que la Junta de Coordinación Política determine el resultado de la solicitud de este punto de acuerdo.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Pero para eso es necesaria la opinión de las comisiones de la materia en razón de la naturaleza del planteamiento que se está formulando en los considerandos de la proposición, diputado. Las propias Comisiones Unidas, al conocer la proposición, pueden proponerlo a ese órgano de gobierno.
En cumplimiento del acuerdo de la Junta de Coordinación Política conocido por el pleno el 12 de octubre de 2009, a partir de las 14:00 horas del día de hoy, debe iniciar el capítulo de Agenda política
En tal virtud, entramos a dicho capítulo con el primer tema relativo a comentarios al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, inscrito por la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Enseguida escucharemos a la diputada Leticia Quezada Contreras.
La diputada Leticia Quezada Contreras: Muchas gracias, diputado presidente. Quisiera hacer algunos comentarios en cuanto a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue ayer.
Es inaceptable para muchas mujeres del país, y es una burla también, que ayer fue el día para conmemorar la eliminación de la violencia contra la mujer y el martes a esta soberanía llega un tipo de violencia que se le llama violencia institucional, que está dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Esta violencia institucional es una reforma que envía el Congreso de Veracruz, en donde se reforman derechos que, por años, mujeres hemos ido peleando y que queremos que se respeten en todo lo ancho y largo del país. Decimos que es una burla por parte de partidos políticos que, en estos 17 estados han apoyado y que después de un día, llega de forma que violenta muchos derechos de millones de mujeres en todo el país.
Llega a esta Cámara, recibimos la noticia de este Congreso, en donde se reforma el artículo 1o., sobre todo, y el 4o, en donde dicen que es una reforma progresista, pero nosotros no lo vemos de esta forma. Vemos que es un retroceso terrible para los derechos de las mujeres y que no salva en nada el derecho a la salud, a la libre elección de las mujeres. Ésa es una forma de violencia.
Existen muchos tipos de violencia que están catalogadas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la violencia institucional es en la que son partícipes muchos hombres y mujeres, de 17 Congresos que hacen y reforman leyes. Se pretende que ese tipo de violencia también llegue a esta Cámara y que seamos parte de esto.
Sin embargo, decimos --y mujeres organizadas alzamos la voz-- que no permitiremos ni un solo retroceso de nuestros derechos ganados por años, ganados con sacrificios de muchas mujeres en todo el país. La lucha lo dice, la lucha nos da la razón.
Es por eso que en esta máxima tribuna de la nación hoy comentamos y decimos que ya basta, que paren esa alianza política en donde están dejando a un lado a las mujeres, porque con este tipo de reformas criminalizan a las mujeres, castigan a las mujeres más pobres, a lo largo y ancho del país; pero también, ¿qué quieren?, ¿qué tipo de resultados quieren? ¿Aumentar abortos clandestinos en estos 17 estados? Porque el resultado también es que existirá probablemente mayor número de muertes maternas. Al no tener opciones, aquellas mujeres, irán de nueva cuenta a los usos clandestinos.
¿Esto acaso no es una violencia muy fuerte y muy grave en todo lo largo y ancho de nuestro país? Sí, y alzamos la voz y decimos que no es justo, que no vamos a permitir, que vamos hacia un frente, compañeros, compañeros, sobre todo compañeras de los diferentes partidos políticos que están aquí representados, queremos que esta voz se haga eco y llamar a todas las mujeres progresistas presentes y que no están, diputadas federales, a que integremos una mesa de trabajo y vayamos hacia el diálogo y la discusión; no solamente de esta violencia institucional, que nosotros mismos solapamos y también podemos dar la venia para que en 17 estados esté resultando lo que hasta el martes pasado llegó, está violencia hacia las mujeres.
Queremos que se abra un debate claro, no solamente en esta violación de derechos de mujeres, sino que en todos, porque la agenda de género es muy amplia y todavía hay mucho por qué pelear. Existen muchos tipos de violencia que tenemos que ver, las armas, herramientas jurídicas y desde aquí qué podemos hacer para ir generando los consensos para terminar, erradicar y también prevenir todo tipo de violencia para las mujeres.
Ya basta de mujeres que sean golpeadas, ya basta de mujeres que pasen a estadísticas y nosotros con los brazos cruzados, sin hacer absolutamente nada. Tenemos leyes, hemos hecho reformas, la legislatura pasada y, sin embargo, es muy complicado que muchas reformas y muchas leyes se aterricen realmente para apoyar a las mujeres en los territorios, abajo, porque cuando las mujeres son golpeadas, violentadas, humilladas, sobajadas, todo tipo de violencia que existe hacia las mujeres, cuando llegan a presentarse a la Procuraduría de Justicia de cualquier estado, de cualquier lugar, simplemente se les dice: perdónalo, porque es tu pareja.
Ya basta. Tenemos que ver las herramientas jurídicas de cómo podemos sacar a todas esas mujeres que se encuentran en violencia día con día y, no se trata solamente de subir a esta máxima tribuna y decir que existen las leyes y recordar a lo largo de la historia lo que miles de mujeres han hecho. Se trata de que actuemos en este momento y que formemos un grupo multidisciplinario para que podamos realmente, esta legislatura, sacar muy buenas propuestas para las mujeres y que esta legislatura brille porque se apoyen los derechos de las mujeres en todo el país, los derechos de las mujeres de todas las edades, porque aquí se trata de luchar por niñas, por adolescentes, por jóvenes y por adultas mayores.
También queremos comentar que de todos los tipos de violencia que existen, una de las más reprobables es la violencia física que padecen muchas de nuestras mujeres al interior de sus hogares.
¿Qué vamos hacer? Se trata de llevar a cabo propuestas en donde el Grupo Parlamentario del PRD estará trabajando activamente en los derechos de las mujeres, porque hemos sido generadores de derechos. Tal es el caso en la Asamblea Legislativa, voy a poner un caso del Distrito Federal, en donde logramos la interrupción legal del embarazo para las mujeres del Distrito Federal, derecho que lo tenemos ganado ya en el Distrito Federal.
Y por este derecho vamos en todo lo largo y ancho del país, y aquí decirle tanto al PRI y al PAN, que apoyemos los derechos de las mujeres, pero sobre todo al PRI, que ya no sigamos apoyando este tipo de iniciativas que se están llevando a cabo en los 17 Estados, sino que saquemos adelante lo que ustedes tienen en sus estatutos y saquemos adelante los derechos de las mujeres en todo el país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputada Leticia Quezada. Esta Presidencia informa que se han registrado, para hacer uso sobre este tema las diputadas María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia, y la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN, pues el registro fue realizado en forma conjunta.
En consecuencia tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para hablar sobre el tema.
La diputada María Guadalupe García Almanza: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de ayer, 25 de noviembre, por declaración de la Organización Nacional de las Naciones Unidas en 1999, se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha fue elegida en memoria del brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo.
La violencia contra la mujer no es una cuestión cultural sino de orden delictivo. Es a nivel mundial y se ha convertido en una pandemia que no respeta razas, clases sociales, religiones, niveles educativos ni económicos ni fronteras internacionales, ante la que los gobiernos deben dar respuesta.
Para poner fin a esta situación se necesita procesar a más responsables por este delito y trabajar para lograr la igualdad completa de la mujer en todos los ámbitos de la vida. Poner fin a la impunidad y garantizar la implementación plena de las leyes que reconocen la igualdad de la mujer y su derecho a vivir sin violencia.
No seamos incongruentes. No seamos hipócritas. Es muy común escuchar que, por un lado, se expiden leyes federales y locales, con los rimbombantes nombres de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y por otro lado, que cada vez son más las Legislaturas locales en nuestro país, que en franca violación a nuestra Constitución y a los derechos humanos de la mujer han elevado a rango constitucional la penalización del aborto, lo cual es una forma más de violencia en contra de las mujeres, y es que por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada.
La violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre; constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, y a la que son particularmente vulnerables las mujeres indígenas, las refugiadas, las migrantes, las que habitan en comunidades rurales o remotas, las indigentes, las recluidas en instituciones o se encuentran detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidades, las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto. Pero de la que no se salvan las señoras de Polanco y de Las Lomas, a las que el marido les tapa los moretones con abrigos de pieles y ropa de diseñador y que abarrotan los gimnasios porque sus maridos les dicen que están feas y gordas.
Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa, para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora, una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer.
Lejos está el Estado mexicano de cumplir con su obligación al respecto, cuando premia la ineptitud para esclarecer los feminicidios de Juárez con un cargo de procurador general de la república.
No podemos callarnos, no podemos permanecer ajenos e indiferentes. Hace 49 años fueron Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, en la República Dominica. Mañana puede ser nuestra hija, nuestra amiga, nuestra hermana o nuestra madre, de aquellos que la tenemos, por supuesto. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada García Almanza. Tiene ahora la palabra la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, para referirse también a este tema.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes: Señor presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados. Hace 10 años la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución que designa al 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La respuesta es contundente, la respuesta es: por supuesto, que sí. La agresión contra una mujer constituye un acto violento contra todas y cada una de las mujeres del mundo.
En palabras de Marcela Lagarde, la violencia de género es un mecanismo político cuyo fin es mantener a las mujeres en desventaja y desigualdad. Permite excluir a las mujeres del acceso a bienes, recursos y oportunidades; contribuye a devaluar, a denigrar y a amedrentar a las mujeres y reproduce el dominio patriarcal.
Según datos de la ONU, compañeros, al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha sido golpeada. Se estima que al menos una de cada cinco ha sido violentada física o sexualmente. En México, a nivel nacional, un 40 por ciento de las mujeres han sufrido violencia por parte de su pareja; el 32 por ciento ha sufrido algún tipo de violencia emocional; el 23 por ciento violencia económica; el 10 por ciento violencia física y asciende a 30 por ciento el porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han sufrido algún tipo de incidente de violencia en el trabajo.
El 15 por ciento de las mujeres encuestadas reportó haber sufrido discriminación, hostigamiento, abuso o acoso sexual, en la escuela. Como ustedes ven, no hay ámbito que exima a la mujer de algún tipo de violencia. Ya 155 mil mujeres han declarado haber sufrido violencia emocional y económica en sus hogares, por lo cual han contemplado, en alguna ocasión, el suicidio.
Con estos datos no podemos más que estar de acuerdo que registrar y evidenciar la violencia contra las mujeres es tarea indispensable para avanzar en la instrumentación de mecanismos que lo eviten. En los últimos 10 años México ha tenido importantes transformaciones legislativas, ha tenido reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
El Estado mexicano, señores diputados, ha tenido avances significativos en la materia pero aún están lejos importantes y significativas victorias. Hoy todas las entidades federativas del país cuentan ya con una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 28 estados abordan ya el tema de violencia familiar en sus legislaciones.
A lo largo de esta Legislatura se han presentado 22 iniciativas que contemplan propuestas de reforma en materia de derechos humanos de las mujeres, con lo cual la cámara baja refrenda su compromiso por la observancia al derecho de las mujeres a vivir con una vida libre de violencia.
Hoy han suscrito las diferentes fracciones parlamentarias un punto de acuerdo para solicitar la creación de un número único nacional de tres dígitos para la atención de las víctimas de la violencia contra las mujeres. Se presentará en su momento para aprobación y discusión por la diputada panista Kenia López Rabadán.
Sirva la voz de este día, compañeros, para recordarle al mundo entero que la violencia contra las mujeres es un acto que lastima la dignidad humana, atentando siempre contra los principios de justicia y de libertad.
Sirva la voz para gritar basta; sigamos actuando con energía, logremos erradicar por completo la violencia contra la mujer. Cada mujer golpeada es un golpe a cada una de nosotras, las mujeres de este mundo. Gracias por su trabajo, gracias por su compromiso y gracias por su atención.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Pérez Reyes. Se han inscrito para hacer uso de la palabra diversas diputadas de los distintos grupos parlamentarios. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra a la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, para hablar en relación con este mismo asunto.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Diputado presidente, diputadas y diputados, los reportes institucionales refieren que durante esta administración han sido ejecutadas 16 mil 500 personas y 3 mil 160 han sido desaparecidas por grupos del crimen organizado, revelaron integrantes del gabinete de seguridad nacional.
Las estadísticas oficiales señalan que Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Durango son las entidades que concentran más de 54 por ciento de las víctimas mortales, cuyos casos se investigan como homicidio doloso. De los 6 mil 500 ejecutados este año, 300 eran mujeres.
Algunos datos obtenidos de las procuradurías estatales de justicia reflejan un mayor número de homicidios dolosos contra mujeres en 2008: Chihuahua, 187; estado de México, 176; Veracruz, 96; Quintana Roo, 64; Jalisco, 57; Sinaloa, 48 y Chiapas 45.
Conforme al artículo 21 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Para atender este flagelo, en términos del artículo 26 de esta ley, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a lo siguiente:
1.- El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial.
2.- La rehabilitación. Se deben garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas.
3.- La satisfacción. Son las medidas que buscan una reparación orientada hacia la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran:
a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de reparación.
b) La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad.
c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres.
d) La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.
Yo les preguntaría aquí a mis compañeras diputadas federales que votaron a favor del Presupuesto, si se etiquetaron recursos federales específicamente para este tema que ya está en la ley, y pues no.
La caravana Éxodo por la vida de las mujeres convocada por la Organización Mujeres de Negro, recorrió el país para denunciar a algunos gobiernos y Congresos estatales por negarse derechos como la promulgación de leyes para erradicar la violencia, el esclarecimiento de los feminicidios o el aborto legal en los casos de embarazo por violación.
Las organizaciones del Éxodo denunciaron, por ejemplo, el boicot del que fueron objeto, como caravana, a su paso por el estado de México, ordenado esto directamente por el gobernador Enrique Peña Nieto, entidad donde organizaciones civiles han denunciado el asesinato de más de 170 mujeres en lo que va de este año.
El diario español El mundo publicó recientemente una nota en la que señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se acredita la responsabilidad del Estado mexicano en los crímenes de Juárez.
Sin duda, esto es un logro de las organizaciones sociales y de las madres de las asesinadas y desaparecidas, las cuales luchan denodadamente porque en México se haga justicia, que la consigna que ha acompañado su larga marcha se haga realidad. Ni una muerta más.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Castillo. Tiene el uso de la palabra, para referirse al mismo tema, la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Yolanda del Carmen Montalvo López: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, la familia es el núcleo de la sociedad. Ésta es una frase que hemos escuchado reiteradamente, puesto que es ahí, precisamente, donde nos formamos como personas, donde recibimos amor, cariño y enseñanza.
Pero lamentablemente es ahí también, donde crece y se desarrollan por diversas circunstancias, delincuentes, drogadictos y padres golpeadores, quienes desde niños seguramente sufrieron violencia, presenciaron golpes a sus madres y escucharon insultos y ofensas.
El día de ayer se conmemoró una fecha que, sin duda, es para nosotros motivo de preocupación y dolor, ya que nos recuerda y hace conscientes de que aún queda mucho por hacer en materia de respeto a los derechos humanos de la mujer.
La discriminación y la violencia que vivimos las mujeres en lugares públicos, como mercados, escuelas y trabajo, pero más aún en nuestras propias casas; es un tema que en la mayoría de las ocasiones pasa desapercibido, debido a que es un tema que no es considerado como asunto importante y mucho menos, un tema sobre el que tuvieran que crearse leyes para evitarla.
Con el largo trabajo de hombres y mujeres que por décadas no han cesado en la lucha por defender los derechos de la mujer, hoy en día contamos con las herramientas legales para prevenir y erradicar todo tipo de violencia; sin embargo, todavía hace falta un mayor compromiso de las autoridades municipales y en algunos casos, estatales.
Por ello, es importante que reconozcamos el compromiso del presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa, quien desde su iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación buscó cuadruplicar el presupuesto asignado en materia de género.
Hoy, esto es una realidad insoslayable. Ahora la tarea de la sociedad civil y de las autoridades en su conjunto será unir esfuerzos para que esos recursos que se transformen en mejores políticas públicas y programas de erradicación de la violencia contra la mujer.
También es cierto que nunca serán suficientes los esfuerzos, por lo que debemos fomentar una nueva cultura desde el seno del hogar, uniendo nuestros esfuerzos para acabar con la desigualdad, la marginación y la violencia.
Es por eso que hoy quiero convocar a todas las fuerzas políticas desde aquí, a todos los mexicanos, para prevenir la violencia y desechar de nuestra cultura el machismo; ése que hace que el hombre llame tonta a la mujer; machismo que lo orilla a llamar a una dama mediante un chiflido, como si fuera un animal; lo mismo que por demostrar su virilidad, abusa de la mujer.
Sumemos voluntades para que no sigamos siendo parte de las estadísticas crueles, aquellas que nos muestran la triste realidad de jóvenes, mujeres que viven silenciosamente un infierno, que creen que ser del sexo débil no tiene posibilidad de superarse, de madres de familia que por no conocer sus derechos permiten que les digan que no sirven para nada o que dicen puras tonterías.
Recordemos que cuando se daña a una mujer, se daña a una familia. La violencia contra la mujer sigue siendo uno de los importantes desafíos de nuestra época. Tenemos la posibilidad de poder evitar que más mujeres sigan muriendo a causa de la violencia.
Hoy es día de unirnos, de trabajar incansablemente para evitar más violencia contra las mujeres. Seamos, pues, la voz de aquellas que callan; seamos los brazos que cobijan a aquellas que viven amenazadas; seamos sensibles al sufrimiento que viven las mujeres que están presas, muchas veces por delitos que no cometieron o por actos que únicamente buscaban la defensa propia del agresor.
Sigamos siendo madres, esposas, hermanas e hijas que clamamos respeto y luchamos por una verdadera y plena equidad entre género. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Montalvo. Tiene ahora la palabra la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor presidente. "La violencia de género es quizá la más vergonzosa violación de los derechos humanos. Mientras continúe, no podemos afirmar que estemos logrando progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz". Kofi Annan.
En el mundo se han documentado extensamente las ignominiosas situaciones de violencia, en la paz y en la guerra, de que somos objeto las mujeres y las niñas, y que padecemos en mayor o menor proporción abusos y vejaciones.
Este 25 de noviembre es una fecha triste que conmemorar porque el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer vale la pena tener presente que se instituye a propuesta de la República Dominicana, al tenor del recuerdo del brutal asesinato de las hermanas Mirabal.
Hoy, debemos mirar la situación actual y preguntarnos sobre las perspectivas. Estadísticas mundiales señalan que de cada 4 mujeres que son violadas en algún momento de su vida, dependiendo del país, entre una y 3 son maltratadas físicamente de forma habitual.
Aproximadamente 120 millones de mujeres han padecido mutilaciones genitales. Datos proporcionados por Unifem revelan que el 65 por ciento de las mujeres a nivel mundial sufren este problema, y que se repite de madres a hijas.
En México, el 67 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de maltrato en los últimos 5 años. Los casos han aumentado en un 12 por ciento. Según encuestas de la Secretaría de Salud, las autoridades federales sólo han podido consignar ante juzgados 7 expedientes penales de 189 que se integraron en este último año.
La forma más común de violencia es la conyugal. Según la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres 2008, 2 de cada 10 mujeres, el 21.5 por ciento, padeció alguna agresión de su pareja. En 2008 la cifra se incrementó en un 33 por ciento. Tres de cada 10 mujeres que acuden a los servicios públicos de salud viven algún tipo de violencia, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Esta cifra acusa una incremento de 12 por ciento.
Otros datos señalan que 3 mil 510 llamadas realizadas al teléfono de emergencia de Inmujeres durante enero y febrero de este año, 73 por ciento fueron por víctimas de maltrato físico y psicológico. En 2 mil 732 casos, la violencia fue ejercida en el ámbito familiar; en el 68 por ciento es generador de la violencia el esposo o la pareja y en 135 casos el novio.
Encontramos, pues, que el fenómeno sigue en aumento y que hay materias que siguen pendientes de revisar.
En el Partido Revolucionario Institucional mantenemos el firme compromiso de trabajar para lograr condiciones de acceso pleno a los derechos de las mujeres y las niñas, entre los cuales, el derecho a una vida libre de violencia ocupa un lugar relevante.
Las formas del maltrato menos ostentosas, como la institucional, el abuso verbal, emocional, sexual y patrimonial, en contra nuestra, nos recuerdan la importancia de dar continuidad a los esfuerzos para lograr una transformación social radical, socavar la discriminación y la violencia desde los cimientos, a través de la educación y la sensibilización de los esquemas de pensamiento que toleran o favorecen estas conductas.
La ignominia de los homicidios contra las mujeres, léase feminicidios, ha permitido que México, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea reconvenido. Por eso nos urge reforzar los mecanismos jurídicos para inhibir y sancionar la violencia de género y buscar la coadyuvancia para lograr la armonización en todos los estados de la república.
El camino es aún largo y no terso, y si bien yo les recuerdo, hace muy poco luchamos por un presupuesto nada fácil de alcanzar a favor de las mujeres, por eso asumamos, hombres y mujeres, con firmeza, que la violencia contra las mujeres se opone a cualquier aspiración de país, libertario y de pensamiento democrático. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Gastelum Bajo. Nos acompañan un grupo de alumnos de la Universidad de Sonora, invitados del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, así como vecinos del municipio de Nicolás Romero, del estado de México, invitados de la diputada Elvia Hernández García.
A ambos les damos la más cordial bienvenida, al igual que a un grupo de alumnos de la Universidad Autónoma de Nayarit, quienes han sido invitados por el señor diputado Manuel Cota. A todos, bienvenidos a este recinto.
Para referirse a este mismo tema, tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del PT.
La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún: Diputado presidente; señores y señoras diputadas. El pasado 19 de noviembre el Parlamento europeo desarrolló una condena mayoritaria en contra del Estado mexicano, definiéndolo como ineficiente al imperar la impunidad frente a los altos índices de Feminicidios cometidos en nuestra nación. Este es el segundo año que el Parlamento europeo declara que en México reina la impunidad en relación a los Feminicidios.
Parece haber, ciertamente aquí en la Cámara de Diputados no sé si una doble o triple o múltiple moral. Resulta que en la LIX Legislatura un grupo de diputadas hicieron un proyecto de decreto para tipificar el delito de feminicidio; es decir, hace 6 años se intentó tipificar el delito de feminicidio y no pasó nada.
En la LX Legislatura, otro grupo de diputadas, también de la Comisión de Equidad, propusieron modificaciones al Código Penal para tipificar el delito de feminicidio y no pasó nada.
Sin embargo, sí existen en otros países como Brasil, Costa Rica, Argentina y España, por decir algunos, donde queda tipificado este delito que tiene que ver con la condición de género, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la virulencia y la violencia con la que se mata, con la que se destruye el cuerpo de las mujeres.
Es decir, cuando hablamos de feminicidio no estamos hablando solamente de un término sociológico, o no deberíamos de hablar de un término sociológico. Es un elemento que es posible trasladarlo a una categoría jurídica, tipificarla, ponerla en el Código Penal. Hacer que quien cometa un feminicidio en nuestro país tenga una condena específica.
Sin embargo es extraño, porque aunque el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, en realidad en nuestro país más bien estamos a contracorriente. Resulta que mientras se está luchando en contra de la violencia, en varios estados de nuestro país se está tipificando el delito y penalizando el delito del aborto. Incluso el estado de Veracruz mandó acá una minuta.
En varios estados hay toda una campaña del Partido Acción Nacional para lograr que se penalice cualquier forma de terminación del embarazo, sin importar el nivel de violencia que puede significar para una persona, para una mujer el ser violada, el ser lastimada, el ser golpeada, el ser mutilada y aparte, tener que parir al producto de esta situación. Eso no lo consideran violencia hacia las mujeres.
Es decir, estamos en una doble moral porque por un lado estamos construyendo leyes que violentan los derechos humanos de las mujeres, que las agreden, que las limitan en su desarrollo como seres humanos, que tipifican y penalizan su acción de libertad y por otro lado, somos incapaces, incluso en este Congreso desde hace por lo menos 6 años, habría que rastrear años atrás, hemos sido incapaces siquiera de tipificar el delito de feminicidio y usamos el 25 de noviembre sólo para hablar de la importancia de luchar a favor de las mujeres.
Convoco a los muy pocos diputados y muy pocas diputadas que están todavía en el recinto a estas horas, a que impulsemos --en las diferentes comisiones que sobre el tema pueden aportar?primero, a que sí tipifiquemos el delito de feminicidio. Sí es jurídicamente viable tipificarlo, sí es jurídicamente viable ponerlo en el Código Penal.
Segundo. Reconozcamos que al violentar los derechos humanos de las mujeres, en cualquiera de sus formas de expresión, es una violencia decidida. Cuando los Congresos estatales tipifican y penalizan el aborto en contra del derecho humano de las mujeres es una violación y es una violencia que también deberíamos tratar de erradicar.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputada Reyes. Tiene ahora la palabra la diputada Gloria Romero León para referirse al mismo tema, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La escuchamos, diputada Romero León.
La diputada Gloria Romero León: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Ayer, 25 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Fue instituido a nivel internacional por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999, cuya petición fue presentada por República Dominicana, con el apoyo de más de 60 gobiernos.
Hasta hace unos cuantos años que la violencia contra la mujer ha venido pasando de ser un tema vedado, oculto en las entrañas de las familias, a un campo importante de acción de los gobiernos nacionales y de las organizaciones internacionales.
Actualmente se cuenta con una convención regional específicamente de este tema, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, convención de Belém do Pará, la cual es fruto del esfuerzo internacional por evidenciar la existencia del problema y por buscar las alternativas para su solución, por constituir una de las peores formas de discriminación contra la mujer y de violación de sus derechos humanos.
Pese a estos esfuerzos, la violencia contra las mujeres sigue siendo un enemigo invisible, presente en muchos rincones de la convivencia familiar y que se esconde en la ambigüedad de las estadísticas y en el solapamiento que le ofrecen muchas mujeres, hombres y familias.
El 25 de noviembre no es un día para celebrar, sino para reflexionar y tomar conciencia de un problema de dimensión social que nos afecta a todos y no únicamente a las mujeres que están sufriendo agresiones y malos tratos en la intimidad de su hogar y fuera de éste.
La violencia contra las mujeres, que es una de las más degradantes violaciones de los derechos humanos, se continúa propagando. En general, y no sólo para el caso mexicano, diversos estudios sugieren que la violencia contra las mujeres no distingue grupos socioeconómicos, edad o niveles educativos. Se observa en las calles, en los lugares de trabajo, en las escuelas y, desde luego, en la privacidad del hogar.
En México es alarmante el nivel de violencia contra la mujer mexicana. Ante ello, queda cada vez más claro que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada por el Congreso para proteger a ese sector contra las agresiones, debe ir acompañada por un sistema de justicia eficiente para evitar la impunidad.
Las cifras más altas de violencia contra las mujeres se dan en Quintana Roo, con 31.8 por ciento; Coahuila y Nayarit, con 28; Oaxaca, con 27.5, y Tlaxcala, con 20 por ciento. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres levantada en 2004 por la Secretaría de Salud, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia de pareja alguna vez en la vida, y una de cada cinco sufre maltratos con su pareja actual. Además, dos de cada tres mujeres han sufrido violencia alguna vez en la vida, además de que la prevalencia nacional de la violencia en la pareja actual es de 21 por ciento.
Sin dejar de reconocer los esfuerzos que se han venido realizando en México y en otros países de América Latina por generar información confiable y desagregada para conocer la situación real de las mujeres víctima de violencia, aún falta que éstos sean permanentes.
Es por ello que una tarea prioritaria es la actualización y la creación de un sistema de estadísticas e información para conocer de manera más precisa y actualizada la magnitud y las características de la violencia contra las mujeres, con la finalidad de que las acciones emprendidas por las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil tengan el impacto y la trascendencia esperados.
Hago un llamado a las autoridades competentes para trabajar de inmediato en esta tarea. Quiero especialmente dirigirme a las mujeres para que rompan el silencio y denuncien a las autoridades que están siendo víctimas de violencia.
No sigamos encubriendo por más tiempo este flagelo. Abramos los ojos para darnos cuenta que el problema existe, y la boca para denunciarlo, instrumentemos la práctica de cero tolerancia.
Incluso hoy cuando algunas mujeres maltratadas comienzan a decir "ya basta", y salen del anonimato para denunciar a sus agresores y pedir justicia, vemos cómo la mayoría sufren en silencio dentro de la prisión en la que se ha convertido su hogar.
El primer paso para acabar con esta insostenible situación es la denuncia. Hay que sensibilizar a toda la población, y desde esta tribuna hacemos un llamado a que todos luchemos para acabar con esta violencia irracional, que en ocasiones desgraciadamente cobra la vida de muchas mujeres.
Sumemos los esfuerzos para que juntos, gobierno y sociedad, tomemos acción para acabar con la violencia contra la mujer. Es cuanto.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputada Romero León. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Blanca Estela Jiménez Hernández: Gracias, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la violencia contra las mujeres debe ser un tema de la más alta prioridad, razón de Estado y parte de la agenda estratégica.
Es necesario asumir que es un fenómeno social, que aunque afecta principalmente a las mujeres trastoca también a la sociedad nacional. Por tanto, no podemos seguir dando la lucha solas, requerimos necesariamente que junto de nosotras se constituya un modelo nuevo de sociedad y de relaciones interpersonales y familiares.
En este punto me atrevería a proponer como un primer gran desafío la urgente necesidad de tomar conciencia desde el ámbito institucional hasta el individual, de la existencia y vigencia de los derechos de las mujeres. Para ello es necesario mirar a través de otros cristales a la nueva sociedad, el entorno, y desde luego, a las mujeres y a los hombres de este siglo.
Para poner el tema en perspectiva es necesario señalar que de acuerdo a los datos de Inmujeres y de Inegi en México, la violencia contra las mujeres se considera ya como una grave enfermedad social que afecta a más de 9 millones de mujeres en todo el país.
El 46.6 por ciento de las mujeres reconocieron haber vivido algún tipo de violencia. La más alta fue la emocional, después siguió la financiera, la económica, que es el control a través del dinero, después la física y al final la sexual.
Según el Instituto Nacional de la Mujer, en México cada día mueren 10 y 14 mujeres víctimas de violencia extrema; una de cada tres mujeres ha sufrido violencia de pareja alguna vez en su vida y una de cada cinco mujeres sufre violencia con su pareja actual; dos de cada tres han sufrido violencia alguna vez en su vida.
La Secretaría de Desarrollo Social reportó que el 66 por ciento de las mujeres muertas en zonas urbanas son resultado de violencia intrafamiliar.
La violencia doméstica se vive en 7 de cada 10 hogares mexicanos; la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total y parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades, por lo tanto es un delito.
La violencia contra la mujer no sólo es una grave infracción a los derechos humanos, sino que además impone enormes costos sociales y económicos, menoscaba la contribución de las mujeres al desarrollo, la paz y la seguridad; plantea una grave amenaza al logro de los objetivos del desarrollo acordados internacionalmente.
Hoy podemos señalar, al igual que Octavio Paz, que la mejor medida de avance, progreso y modernidad de los pueblos, no sólo se determina únicamente por el grado de desarrollo científico y tecnológico, sino más bien por la capacidad crítica y autocrítica de los habitantes, así como por la libertad e igualdad de derechos humanos que se reconozcan a las mujeres. Esto es, en el acceso a las oportunidades de trabajo, de creación intelectual y las artísticas, la participación política e intervención de los asuntos del poder, entre otros.
Por lo que sólo en la medida en que se disminuya hasta desaparecer la discriminación de género y sexo, habrá un verdadero y total reconocimiento a la dignidad humana de la mujer y la humanidad en su conjunto podrá finalmente disfrutar de la plena libertad que le corresponde.
La igualdad no es sólo un concepto a aplicar, sino una noción que necesita aprendizaje y práctica tanto por la que sufrimos de su falta como por quienes sólo la conciben por su forma abstracta.
En este sentido la educación tiene un rol fundamental. Desgraciadamente no es secreto para nadie que la educación en sí misma es un lujo en diversas regiones de nuestro país.
Queda claro en nuestros días que las mujeres tenemos derechos inalienables, imprescriptibles, inmodificables, intransferibles como son el derecho a la libertad de expresión, de asociación, sexual, de decisión, sobre todo en nuestro cuerpo, de elección de tránsito, etcétera.
Tenemos derecho a la vida y a vivir una vida libre de violencia; derecho a no ser discriminadas, derecho a un salario digno y bien remunerado, a la alimentación.
En ningún caso se puede estimar que sea el legítimo uso del poder con propósitos coercitivos; sólo cuando su abuso no se distingue de su uso, se terminan legitimando las agresiones.
Un país donde un alto porcentaje de las mujeres sufren violencia y discriminación, no puede ser un país justo.
La igualdad es la base de toda sociedad democrática y debe recoger entre sus principios la justicia, reconociendo como derechos fundamentales los denominados derechos humanos.
No podemos olvidar que las agresiones hacia las mujeres, la violencia de género, los delitos de género tienen su fundamento principal en la desigualdad. Es imprescindible poner fin a la impunidad y garantizar que se exija responsabilidad por la violencia contra la mujer. Precisamente para prevenir y reducir esa violencia, la labor para poner fin a la violencia contra la mujer obliga a demostrar el compromiso político y las medidas sistemáticas y sostenidas, apoyadas con suficientes recursos y mecanismos institucionales poderosos, dedicados y permanentes.
En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las diputadas priistas les decimos a las mujeres que no daremos un paso atrás, que daremos una lucha incansable para lograr los mayores y mejores avances, los mejores derechos, con responsabilidad ética y congruencia.
Desde esta tribuna les decimos de frente a las mujeres mexicanas que caminaremos junto a ustedes y que no nos rendiremos en esta lucha histórica que nos compromete y nos pertenece, al igual que a todos ustedes.
Les pido que unamos nuestras voces, nuestros esfuerzos y voluntades para decir no a la violencia contra las mujeres. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Jiménez. Está presente un grupo de estudiantes de Tepic, Nayarit, invitados de la diputada Ivideliza Reyes Hernández. También están presentes vecinos de Atizapán de Zaragoza, y estudiantes de la maestría en administración pública de la Universidad Anáhuac, invitados del diputado Sergio Saldaña. Bienvenidos.
Tiene la palabra la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
En el marco del Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe celebrado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981, fue declarado el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Dicho encuentro se caracterizó por la denuncia de la violencia doméstica de género, así como la violación y el acoso sexual a nivel de Estado.
El 25 de noviembre se adoptó para conmemorar el brutal asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo, en la República Dominicana.
El 20 de diciembre de 1993, cuando la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, se señaló que la violencia contra la mujer constituye una violación a sus derechos humanos y a las libertades, por lo que se necesita una clara y exhaustiva definición de la violencia contra las mujeres, una puntual declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda forma de violencia y un compromiso de los estados y de las comunidades internacionales, en general.
Sin embargo, es hasta el 17 de diciembre de 1999 cuando la Organización de las Naciones Unidas dio carácter oficial a esta fecha mediante la resolución 54/134, en la cual se invita a los gobiernos, a las organizaciones internacionales y a las organizaciones no gubernamentales a llevar a cabo actividades de sensibilización sobre el problema de la violencia contra las mujeres.
Hoy, a casi una década de conmemorarse el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, observamos que si bien ha habido cambios, en su mayoría de carácter legislativo, que pretenden eliminar y sancionar la violencia cometida contra las mujeres, aún hay mucho camino por recorrer en este rubro.
Uno de los temas que sin lugar a dudas pone en evidencia la violencia cometida contra las mujeres es el tema de trata de personas; para muestra, algunos datos, algunas cifras. Este delito es conocido como una forma moderna de esclavitud y representa una de las más crueles formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Es el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada en el mundo, tan sólo por debajo del tráfico de drogas y tráfico de armas.
La Organización de las Naciones Unidas calcula que este delito genera ganancias de 9 mil 500 millones de dólares, aproximadamente al año. Según el informe del Departamento del Estado Norteamericano sobre la Trata de Personas 2007, un número importante de mujeres, niñas y niños mexicanos son objeto de tráfico interno para ser explotados sexualmente, siendo extraídos con engaños de regiones urbanas pobres hacia zonas urbanas en fronteras y turísticas, mediante ofertas falsas de trabajo.
Es un problema trasnacional y de múltiples aristas en donde se conjuga la comisión de delitos. La Organización Internacional por la Migración señala que prácticamente cualquier persona puede ser víctima de trata; sin embargo, las mujeres, las niñas y los niños son los más vulnerables; en especial en lo que respecta a la explotación sexual y a la servidumbre.
Éstos son algunos datos que nos muestran que en el tema de delito de trata de personas el trabajo realizado hasta el día de hoy ha sido insuficiente. Desde el ámbito legislativo celebramos el contar con una legislación específica en la materia y con la legislación penal que contempla este marco jurídico. Pero es necesario redoblar los esfuerzos desde este Poder Legislativo federal y desde los Poderes legislativos locales, a fin de armonizar la legislación estatal a los instrumentos internacionales en la materia. Hasta el día de hoy sólo dos entidades federativas cuentan con una legislación específica en materia de trata de personas.
Por lo que este 25 de noviembre es un día importante para señalar las carencias que aún tenemos en nuestro marco jurídico en este tema, y sobre todo las tareas legislativas pendientes que coadyuven a eliminar la forma de violencia cometida contra las mujeres y las niñas de México.
Diputadas y diputados, este 25 de noviembre, además de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hay que refrendar nuestro compromiso legislativo por la lucha contra la eliminación de la violencia, y es específico refrendar nuestro compromiso en la lucha contra el delito de la trata de personas, al ser éste una forma de violencia cometida en mayor medida contra las mujeres y las niñas del mundo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: ... Hernández.
La diputada Marcela Torres Peimbert ha invitado a esta sesión, a integrantes del Instituto Asunción del estado de Querétaro. Les damos la más cordial bienvenida.
Tiene la palabra la diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Obdulia Magdalenta Torres Abarca: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, no podía yo quedarme callada, no estaba yo registrada para pasar a tribuna, pero yo no quiero dejar pasar y decir que en este recinto hemos también recibido violencia. Las mujeres que han renunciado y han asumido algunos otros, dos compañeros, ahora sí el fuero, es una violencia.
Uno de los valores fundamentales de la democracia es la representación equitativa de los ciudadanos en la toma de decisiones, en la economía, en la vida social, en la cultura, y por supuesto en la política.
En México, el acceso de las mujeres a la política inició formalmente en 1953, cuando se nos dio el derecho al voto; 138 diputadas tomamos protesta; 26 puntos por ciento del total de las curules; 128, a lo mejor habremos de quedar, que sería menos de un 26 por ciento.
Las mujeres representamos el 52 por ciento de la población nacional. El 51 punto por ciento de la lista nominal de electores a nivel federal. Dato importante, ya que una de las formas en que las mujeres participan en las decisiones del país es ejerciendo su derecho a votar.
Algunos partidos han defendido y promovido los derechos políticos de las mujeres, además de ser una premisa para alcanzar una ciudadanía más democrática y un indicador que fortalece la gestión de las instituciones políticas públicas.
Qué lástima que iniciados los trabajos de la LXI Legislatura 8 diputadas renunciaron para ceder sus curules a compañeros de su partido, para dejarles dieta, curul y fuero. Desafortunadamente todo esto se debe a pactos de partidos, incluyendo al mío.
No podemos permitir más "juanitas" y "juanitos" que denigran la política y al sistema de partido del país. Esta LXI Legislatura no debe seguir permitiendo este tipo de acciones y de ser burlados con tanto cinismo y arrogancia por parte de algunos integrantes del mismo. Ahora resulta que siguen aumentando las solicitudes de otros partidos políticos.
En las condiciones actuales del país, en donde la pobreza se extiende y abraza a más mexicanas y mexicanos, en donde persisten profundas desigualdades entre hombres y mujeres, en donde la discriminación hacia la mujer está presente en las actividades cotidianas, hace falta hoy más que nunca de nuestro trabajo organizado y honesto, de nuestra perseverancia y convicción democrática.
Lástima que algunas mujeres se presten y algunas se dejen utilizar por familiares y jefes corruptos. Esto que se atreven hacer públicamente, que más no harán atrás. Actitudes como ésta, es una violencia para la lucha femenina, para tener representación de las mujeres en los espacios de decisión.
Hago un llamado a mujeres y hombres dispuestos a luchar por México, por los principios y los derechos humanos, la justicia y la equidad, la legalidad y las convicciones justas y así acabar con estos vicios de corrupción que se han dado y siguen dándose y revertir la simulación.
Tenemos una compañera que pasó aquí a tribuna, la diputada Araceli, a presentar para la reforma, una propuesta para reformar el artículo 51 y 57. Ojalá, compañeros y compañeras, esta propuesta no quede en el olvido.
Sabemos que va a ser difícil pararlo porque lo han hecho anteriores Legislaturas, pero lo fueron haciendo poco a poco. En esta Legislatura presentaron de sopetón las 8 renuncias que no han pasado, pero ya pasaron 2 de otros partidos. Ojalá y se dé esta reforma para que no se sigan dando estos vicios de corrupción, para que los partidos puedan registrar las fórmulas de titulares y suplentes mujeres, para que sigamos la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, y la violencia se está dando en este recinto, compañeros. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Torres Abarca. Tiene la palabra, ahora, la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
No se encuentra. Se concede el uso de la palabra, finalmente, a la diputada María Felicitas Parra Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada María Felicitas Parra Becerra: Con su venia, señor presidente. Las mujeres hemos luchado por alcanzar la igualdad de nuestros derechos dentro de los diversos marcos normativos mundiales; sin embargo, aún no podemos hablar de haber alcanzado esa igualdad, la cual tiene diferencias abismales entre pueblos y regiones.
Tan sólo por poner un ejemplo, en México existen más de 300 pueblos indígenas cuyos usos y costumbres no permiten a las mujeres acceder a la igualdad de oportunidades en valores, tareas, trabajos, derechos y obligaciones.
Alrededor del mundo la cifra entre desigualdad de oportunidades y violencia en contra de las mujeres señala que casi el 70 por ciento de las mujeres, de 15 años en adelante, han sufrido algún tipo de violencia en su vida, y que más de 40 por ciento de las mujeres sufrieron violencia emocional, económica, física o sexual por parte de sus parejas, estableciendo aún en nuestros días una iniquidad y desigualdad, principalmente de oportunidades y derechos existentes en un entorno diseñado principalmente para los hombres, siendo esto el preámbulo principal que da pauta a la tolerancia de la violencia que aún existe en contra de las mujeres.
No obstante a los esfuerzos de muchos gobiernos a nivel global que han implementado políticas públicas donde se trata de erradicar la violencia, alguna de sus clases que padecemos las mujeres, muchos teóricos clasifican la violencia en tres vertientes: violencia física, sexual y psicológica.
En nuestro país contamos con una legislación que ha tratado de terminar con la violencia en contra de las mujeres, enmarcada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No obstante a ello, quienes estamos inmersas en la búsqueda de nuestra igualdad, equidad y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, aún alzamos la voz para denunciar que, a pesar de los tratados internacionales y de nuestras propias leyes, las mujeres seguimos padeciendo alguna clase de violencia.
Compañeras y compañeros, es labor fundamental de esta LXI Legislatura luchar hombro con hombro con nuestros compañeros para adecuar, endurecer y fortalecer nuestro marco normativo, a efecto de que aun en aquellos rincones en donde las mujeres son víctimas día a día de alguna clase de violencia, terminen con ese padecimiento que nos envilece y demerita como sociedad y como nación.
Hoy, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres debemos reconocer los esfuerzos que nuestro gobierno ha implementado; sin embargo, no podemos cerrar los ojos ante la imperante necesidad que aún existe en varias legislaciones de los estados. Prueba de ello es que nuestro presidente Felipe Calderón Hinojosa ha exhortado a las 32 entidades del país y han aprobado su legislación respectiva, pero sólo 18 han publicado los reglamentos correspondientes.
Es por ello que el Partido Acción Nacional, a través de mi conducto, hace un llamado a todos y cada uno de los gobernantes, representantes y actores políticos del país para que reúnan y redoblen los esfuerzos y sensibilicen ante éste que es uno de los problemas del que son víctimas las mujeres y que nos atañe a todos, bajo la responsabilidad que nuestros representados nos han encargado.
Señoras y señores, estoy cierta de que en la misma medida en que nosotros coadyuvemos con los gobiernos locales y el gobierno federal, luchando siempre al lado de nuestros hombres, lograremos el tan anhelado bienestar común. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias a usted, diputada Parra Becerra. La Presidencia informa que no hay más oradores anotados para pronunciarse sobre el tema, e informa adicionalmente que se acaban de recibir dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de éstas.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día para la discusión correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto:
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa la delegación permanente de legisladores que representarán a la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura en calidad de observadores permanentes ante el Parlamento Centroamericano con sede en Guatemala, Guatemala.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa la delegación permanente que representará a la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura en la Comisión Permanente Mixta México-Unión Europea.
Firman el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, diputado Alejandro Encinas Rodríguez, diputado Juan José Guerra Abud, diputado Pedro Vázquez González, diputado Pedro Jiménez León, diputado Reyes Tamez Guerra.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señor secretario. Consulte a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobada. Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo por el que se designa la delegación permanente de legisladores en calidad de observadores ante el Parlamento Centroamericano que representará a la Honorable Cámara de Diputados en Guatemala, Guatemala.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, incisos b) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración del honorable pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. Se designa la delegación permanente de diputados que representarán a esta Cámara con estatus de observador permanente ante el Parlamento Centroamericano con sede en Guatemala, Guatemala.
Segundo. La delegación estará integrada por siete diputados y diputadas de los grupos parlamentarios con representación en esta Cámara en la siguiente proporción:
Tres del Partido Revolucionario Institucional; uno por el Partido de Acción Nacional; uno por el Partido de la Revolución Democrática; uno por el Partido Verde Ecologista de México; y un legislador con carácter rotatorio, cuyo lugar ocuparán los partidos con representación política minoritaria que deberá alternarse sucesivamente entre el Partido del Trabajo, el Partido Nueva Alianza y el Partido Convergencia.
Las diputadas y diputados que integrarán la delegación son: diputado César Augusto Santiago Ramírez, Grupo Parlamentario PRI; diputada Georgina Trujillo Zentella, Grupo Parlamentario PRI; diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, Grupo Parlamentario PRI, diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, Grupo Parlamentario PAN; diputado Ariel Gómez León, PRD; diputado Álvaro Raymundo Vargas Sáenz, del Partido Verde Ecologista de México; diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, rotatorio; y por definir los otros partidos.
Tercero. Para el desarrollo de sus trabajos la delegación estará a lo establecido por los lineamientos para la asignación de viáticos y pasajes aéreos en comisiones internacionales de esta Cámara.
Transitorios
Primero. Para efectos de lo dispuesto por el resolutivo segundo del presente acuerdo, la rotación de legislador que integren los grupos parlamentarios minoritarios iniciará con la participación en las asambleas plenarias del Parlacen, que se celebrarán el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009, de un representante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, al cual deberá seguir sucesivamente en las futuras reuniones un representante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y un representante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, repitiendo la rotación tantas veces como sea necesaria.
En caso de que uno de estos grupos parlamentarios decida no acreditar representantes en alguna reunión de este mecanismo, deberá comunicarlo a la Junta de Coordinación Política, a efecto de que esta decida lo conducente en el marco de sus atribuciones legales respecto a la integración final de la delegación.
Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el pleno.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 26 de noviembre de 2009. Firman el presidente y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI y todos los coordinadores y coordinadora de los distintos grupos. Es todo, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, señora secretaria. En consecuencia, consulte a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobado. Comuníquese.
Proceda ahora la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo por el que se designa a la delegación permanente de legisladores que representará a la honorable Cámara de Diputados en la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa la delegación permanente que representarán a la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura en la en la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.
Primero. Se designa a la delegación permanente de diputados que representará a esta Cámara ante la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.
Segundo. La delegación estará integrada por 7 diputados y diputadas de los grupos parlamentarios con representación en esta Cámara, en la siguiente proporción: 3 del Partido Revolucionario Institucional; 1 por el Partido Acción Nacional; 1 por el Partido de la Revolución Democrática; 1 por el Partido Verde Ecologista de México y 1 legislador con carácter rotatorio, cuyo lugar ocuparán los partidos con representación política minoritaria, que deberá alternarse sucesivamente entre el Partido del Trabajo, el Partido Nueva Alianza y el Partido Convergencia.
Las diputadas y diputados que integraran la delegación son: diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI; diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del PRI; diputado Juan Carlos Lastiri Quirós, del Grupo Parlamentario del PRI; diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, del Grupo Parlamentario del PAN; diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del PRD; diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, por el Partido del Trabajo, rotatorio. Por definir tanto el Partido Nueva Alianza como el Partido Convergencia.
Tercero. Para el desarrollo de sus trabajos la delegación estará a lo que se establecen los lineamientos para la asignación de viáticos y pasajes aéreos en comisiones internacionales, que establece la normatividad administrativa de la Cámara de Diputados.
Transitorios.
Primero. Para efectos de lo dispuesto por el resolutivo Segundo del presente acuerdo, la rotación del legislador que integren los grupos parlamentarios minoritarios iniciará con la participación en la novena reunión de este mecanismos parlamentario, con un representante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; al cual deberá seguir sucesivamente en las futuras reuniones un representante del Grupo Parlamentario de Convergencia y un representante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, repitiendo la rotación tantas veces como sea necesario.
En caso de que uno de estos grupos parlamentarios decida no acreditar representantes en alguna reunión de este mecanismo, deberán comunicarlo a la Junta de Coordinación Política, a efecto de que decida lo conducente en el marco de sus atribuciones legales, respecto a la integración final de la delegación.
Segundo. El presente acuerdo estará en vigor en el momento de su aprobación por el pleno.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 26 de noviembre del presente año.
Firman el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, presidente y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y la señora y los señores coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputado secretario. En consecuencia, consulte a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobado. Comuníquese.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Orden del día de la próxima sesión. Primer periodo de sesiones ordinarias, primer año de ejercicio, LXI Legislatura. Orden del día 1 de diciembre de 2009.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se levanta la sesión (15:36 horas) y se cita para la que tendrá lugar el martes 1 de diciembre a las 10:00 horas. Se informa a las diputadas y a los diputados que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.