La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 329 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (11:39 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si es de dispensarse la lectura del orden del día, en virtud de encontrarse publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si es de dispensarse la lectura, tomando en consideración también que ha sido publicada.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Está a discusión el acta.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, presidente; respecto al acta, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Cárdenas.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): No sé si pueda pasar a tribuna o desde mi curul.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Desde su curul, señor diputado, dígame.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Es para manifestar nuestro desacuerdo respecto al acta, con la integración de las comisiones. Hemos hecho un análisis en el grupo parlamentario y, desde nuestro punto de vista, la integración de las comisiones, principalmente por lo que ve al tema de la sobrerrepresentación de los secretarios en las comisiones, favorece sobre todo al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Acción Nacional.
Es decir, no existe una representación adecuada en los términos que establece el artículo 43, párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso, que señala: "Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y la conformación de las comisiones". Asimismo, el párrafo cuarto establece el mismo criterio de proporcionalidad.
Vemos, en el análisis del acta y de la Gaceta Parlamentaria, que en el caso del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional existe una sobrerrepresentación de esos partidos en las secretarías de las comisiones; y nuestro grupo parlamentario, que de acuerdo a la composición que tienen en esta Cámara debería tener 12 secretarios en las comisiones, no alcanza a tener ese número.
Por eso consideramos que no se está dando cumplimiento cabal al artículo 43, párrafos tres y cuarto, de la Ley Orgánica. Así como tampoco se está dando cumplimiento pleno e íntegro al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso, porque las comisiones, como todos sabemos, se constituyeron dejando espacios en blanco, sin que tuviésemos claridad en el caso del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre quiénes serían los integrantes de esas comisiones.
Para concluir, señor presidente, estimamos que cualquier acuerdo de la Junta de Coordinación Político o acuerdo que asuma el pleno de esta Cámara, debe respetar a cabalidad lo que establece la Ley Orgánica del Congreso. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, señor diputado. Solamente le comentaría que estamos en la discusión del acta de la sesión anterior, que da muestra y fe de lo que sucedió en la sesión correspondiente. El tema que usted comenta es tema de la sesión anterior, que debimos de haberlo discutido en sus términos, como usted lo señala, haber hecho el planteamiento adecuado; pero hoy solamente el acta da justa relación de lo que sucedió en la sesión anterior. Sí, diputado, dígame.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Yo insisto, señor presidente, en la importancia que tiene este asunto, la trascendencia para que las decisiones del pleno y de la Junta de Coordinación Política se tomen respetando el contenido de la ley, y pienso que siempre este pleno de la Cámara es soberano, y como tal, puede rectificar y modificar decisiones previamente asumidas, sobre todo cuando estas decisiones se han tomado con desapego a lo que establece la propia ley.
No hay que olvidar que el pleno de esta Cámara de Diputados es soberano y puede modificar decisiones previamente adoptadas, como ya lo hemos hecho al cambiar el formato de las comparecencias de los secretarios de Estado cuando asistieron a esta Cámara a presentar sus informes respectivos. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, señor diputado. Está pidiendo la palabra la diputada Laura Itzel Castillo.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): En el mismo sentido, diputado presidente. Hay una violación al artículo 34 de la Ley Orgánica, con relación a la proporcionalidad, y que tiene que ver, desde luego también con la aplicación de la austeridad a la que se está llamando.
Nos sorprende encontrar dentro de los mismos documentos donde se asientan los representantes de cada una de estas comisiones que, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Desarrollo Social, el representante aquí presidente es del PRI y además hay seis secretarios del mismo partido, dos del PAN, uno del PRD, uno del Verde y uno de Nueva Alianza.
Así podríamos revisar algunas otras, por lo que consideramos que además de esta violación flagrante que se hace a la proporcionalidad, el problema también radica en el número de secretarios y lo que implica en torno al gasto para esta Cámara de diputados.
Por tanto, estaríamos llamando a que se respete la misma ley y a que se tome en consideración que si de acuerdo a esta proporcionalidad se viera que existieran seis secretarios y un presidente en cada una de las comisiones, los resultados obviamente hubieran sido distintos.
Por lo que, desde el Partido del Trabajo planteamos, en primer lugar, que de acuerdo a estas 44 secretarías ?que estarían dentro de las mismas comisiones?, 19 estarían para el Partido Verde, 12 para el PT, ocho para el Panal y cinco para Convergencia.
No es conveniente de ninguna manera el tono en el que se hacen las votaciones, la hora en que se realizan y que esto es un precedente seguramente de cómo se van a llevar a cabo las votaciones con relación al paquete económico. Se podía haber hecho la votación el mismo miércoles en la tarde y no en la madrugada, tomando en consideración todas estas cuestiones que aparecen en la propia Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias por su intervención, diputada. El pleno la ha escuchado y los grupos parlamentarios también han tomado conocimiento de lo que usted ha expresado. Le pido a la Secretaría continuar con la votación, con la discusión del acta.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Es el acta lo que se está votando. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se aprueba el acta. Pido a la Secretaría continuar con el orden del día. Comunicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica conmemorativa del 201 aniversario luctuoso de Francisco Primo de Verdad y Ramos, que tendrá lugar el 4 de octubre a las 10 horas, en el monumento erigido en su memoria.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los diputados Roberto Rebollo Vivero y Jaime Correa.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Correspondencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la que informa la reducción de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2010.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio del Banco de México con el que remite su informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de 2009, y sobre la inflación del primer y segundo trimestres del año en curso, de conformidad con lo que establece el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio del Congreso de Michoacán, con el que remite acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a discutir lo referente a las jurisdicciones especializadas constitucionales en el ámbito penal y a analizar la situación que prevalece en materia de derechos humanos en México.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio del Congreso de Nuevo León, con el que remite acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se asigne una partida para útiles escolares y desayunos para los niños que cursan la educación básica.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio del Congreso de Michoacán, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 133 de la Ley Federal del Trabajo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 113 y 177 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por los senadores Rosalinda López Hernández y Tomás Torre Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los dos primeros párrafos y se adiciona un último párrafo del artículo 2o., de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Raúl Mejía González, del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Pasamos al capítulo de iniciativas. Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 19 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Está solicitando la palabra la diputada Clara Gómez. Adelante, diputada.
La diputada Clara Gómez Caro (desde la curul): Con su venia, señor presidente. Quiero hacer uso de la voz para informar que el martes falleció el hijo del diputado Valdemar Gutiérrez Fragoso y pedirles un minuto de silencio, si es posible.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo pide, diputada, pedimos a las señoras diputadas y a los señores diputados ponernos de pie.
(Minuto de silencio)
Esta Presidencia también recibió del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. Se turna a la Comisión de Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, recibimos del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se turna a la Comisión de la Función Pública.
Esta Presidencia recibió del señor diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
De igual manera, recibimos del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Túrnese a la Comisión de la Función Pública.
En este capítulo de iniciativas recibimos del diputado Javier Duarte de Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se turna a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el señor diputado Ignacio Téllez González, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud.
El diputado Ignacio Téllez González: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, voy a empezar a exponer los motivos de la iniciativa de ley.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el consumo de psicotrópicos es uno de los problemas de salud pública más complejo que enfrenta nuestra sociedad. El artículo 3o. de la Ley General de Salud, en su fracción XXIII, establece que el programa contra la fármaco dependencia es materia de salubridad general.
La OMS define a la fármaco dependencia como "el estado psíquico, y a veces físico, causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, caracterizado por modificaciones del comportamiento y por reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible a tomar el fármaco en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar una sensación de malestar que surge al dejar de consumirlo".
Los trastornos por consumo de psicotrópicos son algo común en la demanda de servicios de salud. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones, de 2002, entre la población de 12 a 65 años, un total de 314 760 personas afirmaron consumir drogas inhalables, el 59 por ciento de ellos afirmaron haberlos obtenido en la calle, 3.67 en la casa y 24.63 por ciento con un amigo.
En mi experiencia como presidente municipal tuve la oportunidad de conocer muy de cerca el problema de las adicciones entre los jóvenes. En 3 años, en el municipio de Etzatlán logramos reducir el consumo drogas y alcohol, después de que la propia autoridad incentivaba el consumo de las mismas entre los jóvenes. En una población de 18 mil habitantes ocurrían en promedio 9 muertes ocasionadas por el consumo de alcohol y drogas. En mi periodo como presidente municipal logramos que se registrara sólo 1 por estas causas.
¿Cómo logramos este avance? Sin duda era un gran reto. Primeramente aplicando un reglamento donde empezamos a reducir los horarios en bares, cantinas, tiendas de abarrotes, etcétera. Así como un combate frontal a narcotienditas. Además de que a todos los jóvenes que ingresaban a la cárcel, con problemas de alcohol y drogas, los empezamos a vincular a la unidad de atención contra la violencia intrafamiliar.
Sin embargo, no fue suficiente y empezamos a invertir en infraestructura deportiva. Terminamos invirtiendo la sexta parte de nuestro presupuesto total durante los tres años en unidades deportivas, canchas de usos múltiples en todos los barrios y comunidades, empastamos canchas de futbol, además de un domo polideportivo donde actualmente estamos desarrollando 10 disciplinas diferentes.
Todo esto lo menciono porque creo firmemente que hay diversas formas de empezar a disminuir los problemas de drogadicción y alcoholismo en nuestros jóvenes. Uno de mis compromisos como legislador es con los jóvenes, por ello me propongo presentar como mínimo tres iniciativas en beneficio de la juventud, y de esta manera buscar que alcancen mejores condiciones de vida y de desarrollo.
Resulta evidente que en la sociedad actual se ha diversificado de manera descomunal la oferta y diversidad de drogas que se encuentran al alcance de la población y que va en franco aumento la cantidad de personas que recurren al uso de drogas por diversas causas. En ese contexto es conveniente localizar aquellas que por su gran demanda y por sus efectos puedan representar un mayor riesgo para la salud.
El nitrito de amilo, el nitrito de butilo y el nitrito de isobutilo, son los nombres técnicos de una droga que se mantuvo de moda entre las personas del sexo masculino con preferencias homosexuales durante los años ochenta, dichas substancias han sido llamadas comúnmente "poppers".
Algunos de los efectos psicotrópicos que producen los poppers, son: taquicardia, sensación de relajación, dolor de cabeza, hipertensión ocular, adormecimiento, relajamiento de los esfínteres y de la cavidad vaginal. Por tratarse de un vasodilatador produce una mayor erección; sin embargo, en combinación con otra droga o con medicamentos, como el viagra, es común que produzca infarto, lo que debe ser común.
Actualmente, esta droga se distribuye de una manera relativamente clandestina en las calles y en los sex shops, su presentación se ha sofisticado y se ofrece en frasco con etiquetas atractivas y con diversidad de aromas, de acuerdo con la información proporcionada por el reportero Fernando Díaz, de la revista Chilango.
Esta droga no se encuentra en la lista de psicotrópicos que establece la Ley General de Salud, por lo que no existen elementos jurídicos para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la dependencia que se encarga de la vigilancia de la materia, pueda emprender acciones.
Está claro que la distribución de los poppers resulta un gran riesgo para la salud de un sector de la población, dada la magnitud de sus efectos psicotrópicos y nulo efecto terapéutico, así como, por que existen las condiciones propicias para su venta indiscriminada.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto
Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 245 de la Ley General de Salud, agregando a su fracción I los nitritos de amilo, butilo e isobutilo: poppers ?como decía? como parte del grupo de substancias psicotrópicas de nulo o escaso valor terapéutico, para quedar como sigue:
"Artículo 245. En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:
"I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son como lo denominamos comúnmente, internacionalmente: nitrito de amilo, de butilo e isobutilo, y otras denominaciones comunes o vulgares como poppers". La denominación química, insisto, es el nitrito de amilio, nitrito de butilo y nitrito de isobutilo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI, con un proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
El diputado Miguel Ángel García Granados: Muchísimas gracias. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el suscrito, diputado Miguel Ángel García Granados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, con el más firme propósito de alentar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
En opinión de estudiosos del tema financiero, la economía del mundo ha caído en una de las más graves crisis de las últimas décadas, con consecuencias altamente graves para la conservación y generación de fuentes de empleo.
La recesión financiera registrada en los últimos meses se ha significado por la pérdida de fuentes de trabajo, con la consecuente baja en el poder adquisitivo de los consumidores lo que, a su vez, es una de las causas directas del cierre de micro, pequeñas y medianas empresas.
Incluso el propio Banco de México pronostica para el presente año la pérdida de entre 635 mil y 735 mil empleos formales, con una caída anual de 6.5 a 7.5 del producto interno bruto.
El propio Banco Central estima que al menos 2 de cada 10 empresas recortarán personal debido a otras causas. Entre otras causas, debido a los incrementos de las materias primas y a la elevación de los costos de producción.
Frente a este panorama, el sector productivo del país ha demandado con urgencia a la autoridad gubernamental la instrumentación de medidas que alienten el crecimiento de las mismas, y de esta manera, garantizar la conservación de las fuentes de empleo.
Una de estas demandas es precisamente la eliminación de cargas tributarias ?que en opinión del sector, desalientan la productividad?, como lo es la aplicación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. Sobre todo, ahora que las circunstancias económicas del mundo, y de México en particular, son diametralmente contrarias a la realidad que se vivía en septiembre de 2007, que es cuando se aprobó la aplicación de este impuesto.
La correspondiente exposición de motivos que dio origen a la Ley del IETU precisaba, entre otros argumentos, que la aplicación de este instrumento tributario era establecer competitividad con efectividad, equidad y proporcionalidad. Estos principios no se cumplen, ya que las micro, pequeña y mediana empresas no tienen activos fijos que en un momento determinado puedan deducir, depreciar o aplicar para deducción inmediata, como sí lo pueden hacer las grandes empresas.
Se habló también de que este instrumento sería promotor de la inversión y la creación de empleos, lo cual es una falacia más; toda vez que, de cara a la emergencia financiera mundial del último año, la generación de fuentes laborales se ha visto sensiblemente contraída. Los recortes, la reducción de jornadas laborales, la baja en los sueldos de personal, siguen estando a la orden del día.
En los motivos que sustentaban la Ley del IETU se hablaba también de un principio de equidad tributaria, lo cual tampoco se cumple. Consecuentemente, urge a México que sean instrumentadas medidas que realmente promuevan la inversión y la productividad, y no obligaciones tributarias que representen un freno para el crecimiento de la economía.
Las leyes salidas de las manos falibles de los hombres no son perfectas ni tienen aplicación perenne. Por ello, hoy estoy pidiendo la comprensión de todos los grupos parlamentarios para que en el seno de la comisión enriquezcamos esta iniciativa, que fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
La iniciativa simplemente pretende
Artículo único. Abrogar la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
Artículo transitorio
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el 1 de octubre de 2009. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad para los Servidores Públicos de los Tres Poderes de la Unión y de los Organismos con Autonomía Reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, resulta inconcebible y es verdaderamente vergonzoso que un país que cuenta con casi 20 millones de personas que viven en condiciones de pobreza alimentaria, tenga un gobierno tan dispendioso como el nuestro.
Los tres últimos gobiernos de nuestro país han ido incrementando su gasto corriente de manera exponencial. Por ejemplo, durante los dos primeros años de gobierno de Ernesto Zedillo, el gasto corriente tuvo incremento por un monto de 538 mil 697 millones de pesos. Posteriormente, en el gobierno de Vicente Fox, el gasto corriente se incrementó a un millón 668 mil 183 millones; y en los dos primeros años del gobierno de Felipe Calderón el gasto remontó a 3 millones 197 mil 513 millones de pesos. Es decir, duplicó la cifra de su antecesor, que ya era de por sí muy onerosa.
Pero lo más escandaloso es que esta cantidad representa el 74 por ciento del gasto programable total. Es decir que el gobierno se gasta prácticamente todos los recursos en gasto corriente y solamente destina el 26 por ciento del gasto a inversión. Estas cifras nos demuestran que ha habido una distribución absolutamente injusta de los recursos, y los legisladores somos parcialmente responsables de esta situación porque somos nosotros los que aprobamos el Presupuesto de Egresos.
Es por eso que hoy vengo a proponer a nombre de mi grupo parlamentario una Ley de Austeridad que detenga tal dispendio. No es justo que un país que cuenta con 70 millones de personas que no perciben un salario digno que les permita satisfacer sus necesidades más elementales, tengan un gobierno con un gasto corriente tan elevado.
Adicionalmente, nuestro país cuenta con 50.6 millones de personas que son consideradas pobres en su patrimonio, es decir, que no cuentan con un ingreso suficiente para poder satisfacer sus necesidades mínimas de salud, educación, vivienda, vestido y transporte público.
De continuar por este camino el país se dirige al precipicio. Es necesario actuar para evitar un colapso. No podemos permanecer inermes bajo el argumento de que somos víctimas de la crisis mundial. Es necesario asumir que la crisis es nuestra y, por tanto, es nuestra responsabilidad poner el mayor esfuerzo para enfrentarla.
Sin el ánimo de ser apocalípticos, pero sí realistas, debemos ser conscientes de que esta crisis podría llegar a convertirse en la peor crisis que hayamos vivido y que las consecuencias pueden derivar cosas terribles.
Los exhorto a que tengamos una poco de sensibilidad. Ya no es posible continuar denigrando de esta manera a los ciudadanos pidiéndoles que, además de su raquítica situación, tengan que aportar mayor cantidad de recursos a través del pago de impuestos.
Los integrantes del sector público de alto nivel debemos dar el ejemplo, debemos comenzar por recortar nuestros ingresos que son suficientes. Un país con altos índices de pobreza, como México, no puede dilapidar sus pocos recursos económicos en una clase política llena de prebendas y privilegios; por tanto, debemos poner un alto a esta mala práctica.
En estos momentos de crisis, los legisladores, como representantes populares debemos ser los primeros en solidarizarnos con nuestros representados y promover la equidad entre todos los sectores de la población.
Si todos los ciudadanos pagan la gasolina de su automóvil, para ir a trabajar, hagamos lo propio, paguemos nuestra gasolina. Y si los servicios del ISSSTE no nos satisfacen debemos trabajar en lo necesario para mejorar a los mismos para toda la población. Hagámonos cargo de nuestra cuenta de teléfono celular, como lo hacen los demás ciudadanos, etcétera.
Con una distribución tan injusta de los recursos, no nos podemos sentir sorprendidos cuando vemos que los índices de delincuencia se incrementan o cuando vemos que los delincuentes son ahora más jóvenes y más rudos. Por eso, necesitamos reordenar los recursos del presupuesto federal, dando prioridad a los asuntos más sensibles de nuestro país, como la prevención de la delincuencia.
Debemos poner especial atención en las causas que generan la descomposición social e invertir en las áreas rurales o urbanas de alto riesgo; es decir, aquellos espacios con altos índices delictivos, de desempleo y de pobreza.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto a que expide la Ley de Austeridad para los Servidores Públicos de los tres poderes de la Unión, y de los organismos de autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia; compañeras diputadas y compañeros diputados, desde 1993, año en que entró en vigor la reforma constitucional que dotó de autonomía al Banco de México se canceló el crecimiento económico de nuestra nación.
Esto ocurrió así, porque toda la política monetaria se puso al servicio de la oligarquía empresarial y financiera. El trasfondo de esta autonomía era desarrollar una política monetaria que fortaleciera el tipo de cambio del peso frente al dólar, para que los grandes empresarios fortalecieran su presencia en otras partes del mundo, comprando empresas con dólares baratos.
Como esto no puede continuar así, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que ha llegado la hora de romper con el carácter neoliberal y autónomo del Banco de México. Para ello, estamos proponiendo la presente iniciativa de ley que reforma el párrafo seis del artículo 28 constitucional para que el Banco de México vuelva a depender del gobierno federal y cumpla la función de financiarlo.
Queremos que vuelva a ser un activo promotor del crédito y del desarrollo nacional. Ése fue el propósito fundamental que le asignó el Constituyente de 1917, al aprobar la Constitución un banco único de emisión, lo cual se concretó en 1925 con la creación del Banco de México.
Sin el papel activo de esta institución como promotora del desarrollo económico, México jamás hubiera logrado el exitoso desempeño que tuvimos desde los años cuarenta hasta los ochenta del siglo pasado. Por ejemplo, entre 1941 y 1950 el producto interno bruto creció al 6 por ciento; entre 1951 y 1960 el crecimiento fue de 6.2 por ciento; entre 1961 y 1970 la economía mexicana creció al 7 por ciento; y entre 1971 al 80 lo hizo con el 6.7 por ciento.
Los datos son contundentes, tuvimos un crecimiento económico extraordinario; sin embargo, con la crisis actual económica y la llegada al poder del núcleo impulsor de neoliberalismo, la política de promoción del desarrollo económico por parte del gobierno federal y del Banco de México fue desmantelada totalmente; desde ese entonces se estancó y los ritmos de crecimiento han sido raquíticos.
Durante el gobierno de Miguel de la Madrid la economía de México creció 0.06 por ciento anual durante la década de los noventa y, el crecimiento promedio del producto interno bruto fue de 3.5 por ciento. En lo que va del presente, el crecimiento ha sido de tan sólo 1.4 por ciento.
México es hoy el único país en América Latina que ya no crece. Dotar de autonomía al Banco de México, en 1993, fue una decisión económica y política pensada para largo plazo. Esta determinación se basó en el predominio de los grandes monopolios y oligopolios en el entorno mexicano. Por esta razón, promover a estos grupos económicos y financieros se convirtió en una prioridad de la nueva élite gobernante.
La decisión política se sustentó en el hecho de que, al comandar la acumulación capitalista de nuestro país, la oligarquía empresarial planteó una estrategia de desarrollo en la que el sistema financiero debería estar volcado al servicio de sus intereses. Es decir, el financiamiento a la acumulación tenía que estar enfocado a sus privilegios.
Ésa fue la razón por la que propusieron dar autonomía al Banco de México, porque ello implicaba garantizar que los créditos serían para ellos y ya no para el gobierno federal, como era el esquema del llamado Estado de bienestar.
Las repercusiones globales de esta política económica están a la vista de todos: el escaso crecimiento económico, mayor pobreza y crecimiento del desempleo. En contrapartida, esta política ha generado un pequeño grupo de ricos más ricos y la exclusión de millones de mexicanos. Al mismo tiempo, ha promovido un sistema financiero rapaz a su servicio porque los bancos sólo prestan recursos a estos grandes monopolios y oligopolios.
Asimismo, la autonomía del Banco de México fue otro factor de la profundización de la crisis económica actual porque, al impulsar la acumulación financiera y la especulación de estos grandes grupos con los instrumentos derivados, terminaron por ahogar a algunos de ellos y a la economía mexicana. Ése fue el caso de Cemex, Comercial Mexicana y otras grandes empresas.
¿A quién beneficia la autonomía del banco central? La evidencia muestra que es la oligarquía empresarial y financiera, así como a los funcionarios neoliberales de la alta burocracia.
Señor presidente, por las razones antes expuestas ?y termino?, el Partido del Trabajo tiene claro que para poder nuestra economía volver a crecer necesita desterrar el poder político, al grupo neoliberal y convertir al Banco de México en un baluarte de nuestro desarrollo, como se hizo en el pasado.
Le solicito, señor presidente, que la presente iniciativa sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Hago entrega de la iniciativa a la Secretaría de esta Mesa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, señor diputado. Publíquese y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Humberto Lepe Lepe, Francisco Saracho Navarro y Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados y compañeras diputadas, por obvio de tiempo y ya que esta iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, quisiera compartir con este pleno las siguientes reflexiones, a efecto de normar nuestras consideraciones futuras sobre el tema.
La lucha por la consolidación del derecho social de los trabajadores para adquirir una vivienda digna y decorosa encuentra cauce en los postulados básicos que recogió el Constituyente del 1917 y que, posteriormente, rindieron frutos al promulgarse la primera Constitución Social del siglo XX, ordenamiento rector de los derechos y garantías de los mexicanos.
Hay que recordar que el Constituyente, a través del artículo 123 de la propia Carta Magna, en su fracción XII, obligó a toda empresa a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, mediante un mecanismo que se consignó en el mismo artículo.
Para 1972 se reforma el 123 constitucional para crear, por un lado, el Fondo Nacional de la Vivienda, con las aportaciones del patrón, a fin de constituir depósitos en favor de los trabajadores y hacer posible que adquieran su patrimonio familiar. Por otro lado, se crea el organismo que administra dicho fondo.
La pérdida de empleo ha situado a muchos mexicanos en una gran disyuntiva: comer o pagar las cuotas del Infonavit.
Se ha colocado en una espiral de consecuencias al trabajador. Primero, ha perdido todo poder adquisitivo al desaparecer su fuente de ingresos; después pierde toda prestación que alivie sus necesidades tales como salud, escuela y vestido; y tercero, pierde su patrimonio y el de su familia.
A esta agobiante situación, de manera inhumana el encargado de administrar los fondos generados con su trabajo, el Infonavit, suma otra calamidad en contra de la clase trabajadora: la venta a particulares de la cartera vencida, acción que está en contra del espíritu de la ley ya que el instituto debe ser protector del patrimonio que se generó con el esfuerzo de los trabajadores. El instituto es de ellos, de los trabajadores, y no de quienes ocupan sus cargos de dirección.
No obstante que la Constitución y las leyes protegen a los trabajadores ante el capital, el Estado mexicano parece renunciar a su misión de protegerlo.
Los trabajadores se enteran de manera indirecta, por medios electrónicos u otros, que han adquirido una enorme deuda con una empresa que es profesional en el cobro de adeudos y que no es la institución pública creada por el Estado mexicano para beneficio de ellos.
No debe una institución pública ?creada por una ley de interés social, alimentada con recursos de los trabajadores? ser instrumento de empresas privadas. Estas empresas, a la sombra protectora del instituto, han iniciado juicios que conducen al desalojo de los trabajadores que ahora suman a su terrible situación de pérdida del empleo, la pérdida de su patrimonio y esto no puede nunca ser admitido por esta soberanía.
Hace pocos días subió a esta tribuna la señora diputada Laura Itzel Castillo, a quien le reconozco su enorme conocimiento sobre el tema; lo hizo para proponer una reforma en esta misma materia.
Como ella y como el diputado Isaías González Cuevas, muchos legisladores de varios partidos y lugares del país nos hemos sumado a la defensa del trabajador ante la política inhumana del instituto.
Con respeto les pido que pronto nos aboquemos a la atención del reclamo que hoy hacen miles de mexicanos en materia de vivienda. Reclamos que hoy se están convirtiendo en iniciativas de ley y que su constante presentación en tan poco tiempo ante esta soberanía son prueba de que las cosas en el Infonavit marchan mal.
Es mucha la angustia de los trabajadores. Algunos de ellos han sido amenazados no sólo con perder su casa; también los acreedores plantean ir contra otros de sus pocos bienes para cobrar un adeudo imaginario.
Diputados de esta soberanía, la iniciativa que hoy les presento modifica tres artículos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: el 3, fracción I; el 16, fracción IX y adiciona un cuarto párrafo, dejando como quinto párrafo el vigente al artículo 41. Tiene por objeto que en ningún caso el instituto pueda ceder a título gratuito u oneroso, enajenar o transferir a particulares el cobro de los adeudos que el trabajador tiene con el Infonavit. Esta reforma los protegerá de quienes se quieren enriquecer a costa de su modesto patrimonio.
Miles de mexicanos esperan que nosotros demos respuesta a su inquietud, terminando con esta situación injusta. Por ello los convoco para aprobar, en su momento, esta reforma en apoyo y solidaridad con quienes menos tienen, pero más contribuyen al país: los trabajadores.
Es cuanto, señor presidente. Le solicito que se inscriba en su totalidad en el Diario de los Debates la iniciativa publicada hoy en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Publíquese, tal como lo solicita, y túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda.
Tiene la palabra el señor diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que crea la Pensión Universal a Favor de las Personas de Setenta Años y Más.
El diputado Emilio Serrano Jiménez: Con su venia, señor presidente. Pena de muerte a quien no llegue a viejo. Compañeras diputadas y compañeros diputados, así como ustedes nos dieron seguimiento, nos monitorearon en campaña, nosotros también lo hicimos y muchos de ustedes ofrecieron trabajar y velar por la calidad de vida de los adultos mayores, las personas mayores, quizá viendo cómo viven sus abuelos, sus papás o previendo el futuro de ustedes.
Esto nos hace reflexionar que en México hay miles, millones de personas mayores que no tienen trabajo, porque nadie les da trabajo a los 40, 50, 60 años; menos a los 70. Y si no tienen trabajo, no tienen ingresos y si no hay ingresos no hay para comprar medicamentos, para atender su salud, que es muy deficiente, para comprar comida para comprar vestido, y podemos garantizar que muchos, muchos, no tienen ni para comer.
Sabemos que el gobierno federal está dando un apoyo de 500 pesos bimestrales y hemos escuchado, a través de la televisión y la radio, a Felipe Calderón que dice que les va a ofrecer 900 pesos. No pedimos que sean 900 pesos; que sea medio salario mínimo. Sí se puede. En México hay mucho dinero, mucho, mucho dinero. Desgraciadamente mal distribuido.
Uno de los segmentos que más padece la desigualdad son los adultos mayores. Que no sirva nada más para el voto, que no sirva nada más para hacer que lleguen los diputados a las curules. Hay que responderles ahora.
Podemos garantizar que muchas y muchos de ustedes prometieron en campaña y pronunciaron muy hermosos discursos. Que esos discursos se conviertan en una realidad aquí, con el voto de ustedes. Vamos a hacer realidad el que tengan para comer los adultos mayores que no tienen ningún ingreso. Sí se puede. Es cuestión de voluntad política, de sensibilidad.
Agradezco el apoyo de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, de Nueva Alianza. No hubo oportunidad de solicitarle al Verde Ecologista y a los compañeros de Acción Nacional el apoyo a esta iniciativa con su firma, pero sabemos que todas y todos quieren cumplir con ese compromiso de campaña.
Es de humanidad y hay que demostrarles a los adultos mayores que no son votos, que son personas, que son seres humanos que tienen necesidad de comer, de vestir, de medicamentos, de salud, que tienen derecho a la vida. Vamos a apoyarlos.
Apelo a la sensibilidad de todas y de todos ustedes y vamos a hacer realidad el sueño de muchos mexicanos.
En el Distrito Federal se está dando ese apoyo de medio salario mínimo a los adultos mayores. Vamos a hacerlo a nivel nacional, que es donde más hace falta. En la sierra, en el campo, en el monte, en donde la gente muestra su hambre en el rostro, que bajan con los huaraches rotos, sus ropas rotas y que de veras no tienen ni para comer.
Vamos a lograr la pensión universal a nivel nacional. Sí se puede. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o., 27, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el señor diputado, y además por el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Con la venia de las diputadas y de los diputados. Efectivamente, esta iniciativa está firmada tanto por el compañero Gerardo Fernández Noroña como por su servidor, y busca la reforma, la adición, la modificación a 4 artículos constitucionales: al artículo 4o., al artículo 27, al artículo 73, fracción XVII de la Constitución y al artículo 115, en su fracción III, inciso a).
El propósito de esta iniciativa es elevar a carácter constitucional el derecho humano de acceso al agua. Nuestra propuesta se apoya en precedentes tanto internacionales como de derecho comparado.
Desde hace varios años tanto Naciones Unidas como la UNESCO han insistido en el acceso al agua como derecho humano fundamental. De hecho existe la observación número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que regula y establece las condiciones de acceso al agua.
Algunas Constituciones de América Latina, como la Constitución Boliviana y Ecuatoriana, muy recientes, han establecido que este derecho es un derecho humano y fundamental. ¿En qué consiste nuestra propuesta? Nuestra propuesta se apoya en los siguientes aspectos:
En primer lugar, recuperar el agua para la nación; es decir, para toda la población. Tanto para las generaciones presentes, como las futuras.
En segundo lugar, derogar las atribuciones del Ejecutivo para aprobar reglamentos autónomos en la materia como hoy sucede.
En tercer lugar, la imposibilidad para que los particulares, sean nacionales o extranjeros, puedan adquirir el dominio o propiedad sobre el agua.
En cuarto lugar, el reconocimiento de que toda persona tiene el derecho fundamental a acceder y a utilizar el agua potable en cantidad y calidad suficientes, bajo condiciones de no discriminación y asequibilidad para su uso personal y doméstico.
En quinto lugar, la determinación de que la federación, las entidades federativas y los municipios, según lo disponga la Constitución y la ley secundaria en sus respectivos ámbitos de competencia, tienen la obligación de asegurar el goce de efectivo de este derecho fundamental.
También se señala que los servicios de acceso a los servicios de alcantarillado no podrán privatizarse ni serán susceptibles de concesión. Se establece que la gestión y supervisión del agua debe ser pública, pero también social, colectiva, participativa, equitativa y no comercial.
Consideramos que el cobro por los servicios del agua para consumo humano y doméstico debe ser de carácter social, y el no pago de derechos dará lugar a las acciones que determine la ley, pero nunca a la suspensión de los servicios cuando el agua se use para consumo humano o doméstico.
El Estado debe garantizar la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Asimismo se establece que toda actividad relacionada con el agua no debe afectar la calidad y la cantidad del agua ni el equilibrio de los ecosistemas, en especial de las fuentes y zonas de recarga de agua.
También consideramos que es importante mantener el principio de sustentabilidad de los ecosistemas y que el consumo humano sean prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.
Las autoridades a cargo de la gestión del agua deben ser responsables de la planificación, regulación y control en los términos de la ley. La explotación y el aprovechamiento del agua deben estar sujetos a procesos de consulta libres, previos e informados con las poblaciones afectadas.
Y se debe garantizar la participación ciudadana en todos los procesos de gestión y promover la conservación de los ecosistemas. Asimismo, los núcleos ejidales y comunales, así como en las comunidades indígenas, deben ser consultadas cuando se afecte su derecho al agua, respetando sus normas y procedimientos.
En estos y en otros puntos más consisten nuestras propuestas, que intentan elevar el derecho al acceso al agua como derecho humano previsto en la Constitución. Establecer la prohibición de la privatización de estos recursos y establecer, también, que es un recurso del dominio directo de la nación. Muchas gracias a ustedes, señoras diputadas y señores diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Esta Presidencia instruye a la Secretaría, para que a su vez instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Con los registros de los diputados Raúl Domínguez Rex, diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, diputado Jaime Sánchez Vélez y diputado Canek Vázquez Góngora hay un total de 441 diputados, presidente.
Ciérrese el sistema electrónico. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Continuamos. Tiene la palabra la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la ciudadana diputada, además por Óscar Lara Salazar y Germán Contreras García, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor presidente. Vengo a presentar un proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En el primer día de sesiones de la LXI Legislatura, la Cámara de Diputados fue escenario de una intentona que, de prosperar, violaría el espíritu de equidad en la distribución de las diputaciones que se planteaban, de acuerdo al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El Cofipe, en el artículo 219, manifiesta que la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores, que presenten los partidos o las coaliciones ante el IFE deberán integrarse con al menos 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. De esto quedan exceptuadas las candidaturas de mayoría relativa, y decididas por votación de cada partido.
La intención de imponer, vía solicitud de licencia, a aquellos suplentes en perjuicio de los legisladores propietarios se llevó a cabo en este pleno camaral con el argumento de defender la libertad de que goza cualquier persona por decidir lo que mejor convenga a sus intereses. Es lamentable que los partidos se valgan de recursos legaloides para evitar sanciones del IFE en materia de cuota de género, y considero el hecho como un tropiezo en la lucha de las mujeres. Además de que representa un engaño para el electorado. Por ello presento este
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 48. ?
Párrafo segundo: "La licencia se negará cuando se presuma que la misma ha sido motivada por la preterintencionalidad de garantizar temporalmente la equidad de género a que hacen referencia los artículos 38 inciso s), 218, numeral 3; 219, numeral 1; 220, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es todo, señor presidente. Esto lo presentamos a nombre de la bancada priísta sinaloense.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene la palabra la diputada María Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
La diputada María Dina Herrera Soto: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Apenas hace un par de días, el 29 de septiembre, se cumplieron ya 67 años de que los primeros trabajadores braceros mexicanos marcharon hacia Estados Unidos para trabajar en los campos agrícolas de aquella región.
Durante más de 20 años, nuestros compatriotas se convirtieron en la fuerza humana indispensable que permitió a los Estados Unidos mantener la estabilidad económica durante la Segunda Guerra Mundial y el crecimiento y la recuperación en los años posteriores.
Como sabemos, mediante el acuerdo migratorio que se suscribió entre México y Estados Unidos para tal efecto, los trabajadores mexicanos aportaron el 10 por ciento de sus salarios a cuentas bancarias de ambos gobiernos. No obstante, el fondo de ahorro creado nunca fue devuelto a nuestros connacionales.
Así, mediante la aprobación de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005, el Poder Legislativo reconoció la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con los trabajadores ex braceros.
Gracias a esta nueva ley se instituyó un primer intento por retribuir a nuestros trabajadores migratorios parte de la deuda económica que se tiene con ellos. Así, el Ejecutivo federal decidió otorgar un apoyo social de 38 mil pesos para cada uno de los ex braceros.
No obstante, ni la aprobación de dicha ley, ni las reformas y adiciones aprobada por el Congreso de la Unión durante 2008 a este ordenamiento han podido satisfacer las múltiples irregularidades e inconsistencias que se han suscitado durante estos años en el funcionamiento de las reglas de operación del fideicomiso creado para otorgar el apoyo social para los ex trabajadores migratorios mexicanos.
La iniciativa de reformas que estamos proponiendo busca que ningún trabajador ex bracero mexicano que laboró en Estados Unidos en el periodo de 1942-1964 quede exento de recibir el apoyo social. Queremos evitar los trámites burocráticos excesivos que han impedido que nuestros connacionales sean debidamente integrados en el padrón constituido para tal efecto.
Proponemos para ello flexibilizar los requisitos que actualmente se solicitan para acreditar la calidad del trabajador migratorio pues, como hemos visto en estos años, esta situación ha impedido la inclusión de muchos compatriotas que son legítimos merecedores del apoyo.
Nuestra propuesta contempla también dar mayor participación en este proceso a la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los ex trabajadores migratorios de esta Cámara de Diputados, o al mecanismo que esta soberanía decida integrar, con el fin de supervisar y dar seguimiento al cabal cumplimiento de las disposiciones de la ley y del comité técnico del fideicomiso.
Asimismo, planteamos la inclusión de representantes de las diversas organizaciones de braceros en estos órganos de supervisión. Buscamos también otorgar un orden de prelación en el pago del apoyo social a los ex trabajadores migratorios y/o sus beneficiarios, a fin de privilegiar a aquéllos que tengan alguna enfermedad terminal o una discapacidad severa.
La iniciativa de reformas contempla también la posibilidad de que se brinde asesoría legal gratuita para denunciar a personas u organizaciones que cometan fraude, abuso de confianza y otras irregularidades que, desafortunadamente, se han presentado durante los últimos años contra los ex braceros o sus beneficiarios.
Finalmente, nuestra iniciativa contempla la celebración de convenios con otras dependencias federales y de los estados, a fin de que el pago del apoyo social a los beneficiarios pueda darse en lugares alternos a las oficinas de Telecom, sin que por ello signifique el cobro de alguna comisión.
Las demandas de los ex trabajadores braceros son justas y urgentes. Esperamos que todos los grupos parlamentarios puedan apoyar esta iniciativa para cumplir con la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con sus ex trabajadores migratorios. Por su atención, muchas gracias.
Suscriben la iniciativa los diputados: Laura Arizméndi Campos, de Convergencia; María Guadalupe Silerio Núñez, del PRD; doctor Heladio Gerardo Verver y Vargas, PRD; y el diputado Ramón Jiménez Fuentes, del PRD. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación.
Tiene la palabra el señor diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.
El diputado Luis Carlos Campos Villegas: Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de la honorable asamblea, comparezco a presentar iniciativa para adicionar una fracción VII al artículo 2 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, para evitar que, por la falta de una redacción adecuada, los menores de edad de las escuelas primarias y secundarias sean gravados con este impuesto en su ahorro escolar.
Pido a la Secretaría que se integre totalmente la redacción de esta iniciativa al Diario de los Debates, toda vez que presento solamente en este momento una síntesis de la misma.
En México las condiciones para fomentar el ahorro familiar no son las adecuadas. Nuestro país está inmerso en una profunda recesión económica que se traduce en pérdida constante de las fuentes de trabajo y del poder adquisitivo de los salarios.
Asimismo, el aumento de los mexicanos que viven en la pobreza extrema y la crisis económica que ha encarecido el consumo de los bienes y servicios de primera necesidad son factores que desincentivan la práctica de ahorrar.
Sin embargo, a pesar de la existencia de estos factores, existen instrumentos que las familias mexicanas utilizan para incrementar su consumo futuro, siendo uno de ellos el ahorro escolar definido como una cantidad monetaria predeterminada fijada unilateralmente por los padres de familia y los alumnos, y que es entregada semanalmente por cada educando.
Los fondos provenientes del ahorro escolar son conservados en depósitos y manejados por las instituciones de crédito, con el propósito de que al final del ciclo escolar a cada estudiante le sea devuelta la cantidad total de su ahorro, más una tasa de interés.
Por otra parte, el 1 de octubre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Depósitos en Efectivo, cuyo objetivo fue imponer un gravamen a la informalidad. De acuerdo con el artículo 2o. de esta ley, el ahorro escolar acumulado superior a 25 mil pesos mensuales no está exento del pago de este impuesto; es decir, es sujeto de una tasa impositiva de 2 por ciento.
Asimismo, en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de 2010 que ha presentado el titular del Poder Ejecutivo, se contempla una reforma a esta ley para incrementar la tasa tributaria de este impuesto de 2 al 3 por ciento y reducir su base gravable de 25 mil, a 15 mil pesos mensuales.
Como se puede observar, este impuesto es distorsionarte, porque al intentar gravar la actividad informal y no hacer las exenciones adecuadas, y la redacción en la ley correcta, termina gravando actividades económicas formales y desincentivando la práctica de diferentes tipos de ahorros y, como en este caso en particular, el ahorro escolar.
Actualmente cientos de escuelas, fundamentalmente de educación primaria y secundaria, han suprimido esta tradición y práctica educativa del ahorro escolar para evitar el pago de este impuesto.
Por las razones expuestas previamente, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que adiciona una fracción VII, al artículo 2o., de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo; y quedaría redactada de la siguiente manera:
Artículo único. Se adiciona la fracción VII al artículo 2o. de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.
Artículo 2o. No estarán obligadas al pago del impuesto a los depósitos en efectivo:
VII. Las personas físicas y morales que acrediten ante la institución del sistema financiero en la que realicen el o los depósitos en efectivo, que se encuentran debidamente inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, y el depósito provenga del ahorro educativo mensual captado en las escuelas del sistema educativo nacional, y que el dinero pertenezca a los alumnos inscritos en el centro escolar.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se recibió del señor diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene la palabra el señor diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf: Con su permiso, señor presidente. A partir de la LVIII y hasta la anterior LX Legislatura, la Cámara de Diputados, por consenso de todos los grupos parlamentarios ha determinado establecer la creación de la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste, órgano legislativo que ha tenido como objeto el que se deriva de su denominación y que en coordinación con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública han impulsado, mediante el Presupuesto de Egresos, proyectos en materia de infraestructura de impacto regional, tales como carreteras, hospitales, pasos fronterizos, entre otros, y que se han traducido en beneficio para los nueve estados que comprenden el sur-sureste del país.
Esta comisión, con carácter de especial desde su origen, ha coordinado acciones para fomentar, fortalecer y dar seguimiento a las políticas, estrategias y programas que en el ámbito de la administración pública se han emprendido con el compromiso de contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes y lograr el desarrollo integral sustentable de la región sur-sureste del país, comprendida por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
No obstante, y a pesar de que se han realizado esfuerzos importantes en esta Cámara de Diputados por incorporar al desarrollo nacional a esas entidades federativas, lo cierto es que prevalecen realidades socioeconómicas con profundas diferencias que se reflejan en una geografía desigual y compleja.
Como casos extremos, Oaxaca y Chiapas tienen más de 50 por ciento de su población en localidades clasificadas de alta o muy alta marginación, Guerrero registra 45 por ciento, Puebla y Veracruz más de 30, Yucatán y Campeche entre 20 y 30, mientras que Quintana Roo y Tabasco entre 10 y 20 por ciento.
Por los razonamientos antes expuestos elevo a la consideración de esta soberanía que se establezca, con carácter de ordinaria, la Comisión de Desarrollo Regional del Sur-Sureste, bajo la siguiente
Exposición de motivos
El último Censo de Población y Vivienda muestra que de las 10 entidades con mayor grado de marginación en la República Mexicana 8 pertenecen a la región sur-sureste, el rezago es evidente, principalmente en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde existen altos niveles de desnutrición infantil, baja escolaridad promedio y una pobre dotación de infraestructura básica.
De igual manera, de los 851 municipios del país, considerados por Conapo como de alta y muy alta marginación, donde radican 10.6 millones de habitantes, 714 se concentran en la región sur-sureste, habitando en ellos 8 millones de habitantes.
Otros datos mencionan que en la referida región habitan 28 millones de habitantes, lo que representa el 43 por ciento de la población total, 74.4 por ciento de la población indígena del país habita en ésta, y el índice de escolaridad media es de 6.7 años, lo cual es comparativamente menor al índice de escolaridad promedio del resto del país, que es de 7.6 años.
Igualmente, el grado de dispersión de la población en localidades pequeñas es mucho mayor en el sur-sureste que en el resto del país, ello dificulta, sin lugar a duda, la provisión de servicios públicos e infraestructura.
Dentro de estas localidades pequeñas en la región sur-sureste existen más de 23 mil en condiciones de aislamientos sin caminos y fuera del círculo de influencia de alguna ciudad cuya población vive en condiciones de pobreza extrema.
En efecto, el efecto del desarrollo desequilibrado en el sur-sureste resulta aún más dramático si lo analizamos en términos de distribución social y del ingreso, donde es calificado por el Banco Mundial como de los peores del mundo.
Las asimetrías que presenta el desarrollo regional del sur-sureste de México no sólo son evidentes en los indicadores como producto interno bruto, sino también variables como la ubicación geográfica del aparato productivo, la infraestructura, la organización del sistema de ciudades, la distribución de la población y el destino de las políticas en materia de desarrollo regional.
Por todo lo anterior planteo la necesidad urgente de establecer, con carácter de permanente, la Comisión de Desarrollo Regional del Sur Sureste, y en consecuencia esta Cámara de Diputados no se vea en la necesidad, legislatura tras legislatura, de crearla con carácter de especial y con vigencia determinada.
No omito mencionar que durante las tres anteriores legislaturas ya se han presentado similares propuestas a esta iniciativa. En esta ocasión apelamos a su voluntad política, conciencia social y solidaridad parlamentaria.
La comisión que propongo a ustedes tendrá como prioridad abocarse a generar a políticas públicas diferenciadas, presupuestos más eficientes y leyes acordes a la realidad de cada estado en esa región. Desde luego, apoya a revertir las tendencias dispares de crecimiento y desarrollo que se contrastan entre el norte y sur del país.
Señor presidente, quiero agradecer a los 63 diputados y diputadas federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de los estados del Sur Sureste que, conscientes de las necesidades que apremian a esta región del país, suscriben la presente iniciativa. Y solicito, respetuosamente, sean incorporados sus nombres tanto en el Diario de los Debates como en la Gaceta Parlamentaria.
Entrego al presidente el texto original y queda abierto en Mesa Directiva, por si algún otro legislador quiera adherirse a ella y respaldarla. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Insértese el texto en el Diario de los Debates, como usted lo solicita, y túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Les informo, señoras diputadas y señores diputados, que contamos con la asistencia de invitados de Puente de Camotlán, del estado de Nayarit, y también nos acompañan invitados especiales del estado de Jalisco. Sean ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra la diputada Diva Hadamira Gastelum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada Diva Hadamira Gastelum Bajo: Con su permiso, señor presidente. Esta iniciativa con proyecto de decreto es para adicionar los artículos 132 Bis, 132 Bis-A, 132 Bis-B y 132 Bis-C de la Ley Federal del Trabajo. Es referente a un permiso o licencia que se propone como derecho de los padres y propongo que debe denominarse como "permiso de licencia de paternidad remunerada", toda vez que el mismo le será otorgado al padre para asumir las obligaciones y responsabilidades derivadas del nacimiento de su hija o hijo.
Esto es, por su paternidad. En tanto la remuneración deviene del hecho de que durante este tiempo deberá percibir un salario íntegro como si estuviera laborando.
En lo que respecta al tiempo de duración del permiso o licencia para ejercer su paternidad remunerada se estima debe de ser de 14 días, en razón de que durante este lapso el padre podrá realizar las atenciones y cuidados que requiere su hija o hijo recién nacido y que, por la naturaleza del parto, no puede realizar la madre.
A fin de gozar de este permiso o licencia de paternidad remunerada, se considera que el trabajador deberá presentar ante el patrón el certificado médico de nacimiento del niño o niña, expedida por un centro de salud público o privado en el cual conste su carácter de progenitor.
Asimismo, tomamos en consideración que los permisos o licencias de paternidad no deben ser renunciables y deben computarse en determinación de la antigüedad del trabajador en la empresa.
Por tanto, propongo este
Decreto que adiciona los artículos 132 Bis, 132 Bis-A, 132 Bis-B, 132 Bis-C, de la Ley Federal del Trabajo.
Artículo único. Se adicionan los artículos 132 Bis, 132 Bis-A, 132 Bis-B y 132 Bis-C, de la Ley Federal del Trabajo para quedar en los términos siguientes:
Artículo 132 Bis. Además de las obligaciones previstas en el artículo anterior, el patrón deberá otorgar al padre de familia, quien tendrá derecho a un permiso o licencia de paternidad remunerada de 14 días contados a partir del nacimiento de su hijo o hija, a fin de que asuma en condiciones de igualdad con la madre el acontecimiento, las obligaciones y responsabilidades derivadas en relación al cuidado y asistencia.
En caso de parto múltiple, el permiso o licencia de paternidad remunerada será de 21 días continuos. Para este efecto el trabajador deberá de presentar ante el patrón el certificado médico del nacimiento del niño o la niña expedido por un centro de salud público o privado, en el cual conste su carácter de progenitor.
Artículo 132 Bis A. En caso de enfermedad grave del hijo, así como de complicaciones graves de salud que coloquen en riesgo la vida de la madre, este permiso o licencia de paternidad remunerada se extenderá por un periodo igual de 14 días continuos.
En el supuesto de que, con ocasión del parto o sus complicaciones, fallezca la madre, el padre del niño o niña tendrá derecho a la licencia o permiso postnatal que hubiere correspondido a ésta.
Artículo 132 Bis B. Los permisos o licencia de paternidad no son renunciables y deberán computarse para los efectos de determinar la antigüedad del trabajador en la empresa.
Cuando un trabajador solicite inmediatamente después de permiso o licencia de paternidad las vacaciones a que tuviere derecho, el patrón tendrá la obligación de concedérselas.
Artículo 132 Bis C. Esta licencia de paternidad será sufragada por el sistema de seguridad social a la cual se encuentre sujeto el trabajador.
Transitorio
Único. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esto también a nombre de la bancada sinaloense. Es todo, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra la diputada Cristabell Zamora Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
La diputada Cristabell Zamora Cabrera: Muy buenos días. Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, la frontera norte aporta mucho al país y ofrece grandes oportunidades para la competitividad y el desarrollo humano y sustentable, a pesar del entorno actual adverso.
Ahí se generan grandes indicadores como el 25 por ciento del producto interno bruto nacional y el 29 por ciento de la inversión extranjera directa. Además de ello, el 83 por ciento del empleo de las empresas maquiladoras se encuentra ahí.
Sin embargo, las preocupaciones en la zona fronteriza no son los problemas más comunes de todos los municipios de nuestro país, como la seguridad y el desarrollo económico, entre otros, sino que se ven incrementados por la migración, el deterioro de la infraestructura, el comercio exterior, la modernización en puentes internacionales y la agilización en el cruce de mercancías, que los dejan indefensos ante la competitividad y el desarrollo de las ciudades del otro lado de la frontera.
Históricamente los estados y municipios fronterizos para paliar los problemas relativos a su región, como los de cubrir de alguna manera los servicios básicos a los migrantes transfronterizos, han solicitado una mayor participación en los ingresos provenientes del cobro de peaje en puentes nacionales e internacionales.
La principal finalidad de dicha solicitud es la de brindar una mejor atención y un servicio a la ciudadanía a través de la inversión en construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad de impacto regional.
En segundo lugar, pero no menos importante, brindar servicios básicos a los trabajadores migrantes que llegan con el propósito de cruzar las fronteras pero que en muchos casos al final terminan quedándose en las ciudades fronterizas o en su región.
Cada día, ante el aumento considerable del flujo migratorio y del aforo vehicular de las distintas carreteras, puentes y caminos del país, existe una creciente demanda por obras de infraestructura que permitan hacer frente a las nuevas necesidades de la población.
La justificación original del cobro de peaje en los puentes se basa en la recuperación de la inversión inicial, así como en la posibilidad de cubrir los gastos de mantenimiento de los mismos. Sin embargo, el peaje se ha convertido en un impuesto que se carga a la población que utiliza estas vialidades, sin que ésta se beneficie sustancialmente por su pago.
Para lograr mejorar la infraestructura carretera alrededor de los puentes de peaje, y los servicios adyacentes, es necesario que los ingresos obtenidos se apliquen a estos conceptos y no al gasto corriente. El actual esquema de reparto de los ingresos provenientes de los puentes de peaje ha mostrado su ineficiencia para satisfacer las demandas de la ciudadanía, ya que Caminos y Puentes Federales (Capufe) destina más de 90 por ciento de sus ingresos al gasto corriente.
Más aún, durante 2009 hasta hoy Capufe no destinó ni un solo centavo en inversión física en obra pública de sus recursos propios. Los únicos pocos recursos para este rubro provinieron de transferencias del gobierno federal. Sin embargo, de sus ingresos proyectados por concepto de peaje, 91 por ciento proveniente sustancialmente de cada puente internacional. Inclusive, si quitamos los gastos de mantenimiento directos, es decir, aquellos que realmente van a mejorar la infraestructura de puentes, el 84 por ciento sigue destinándose a nómina. Vale la pena señalar un ejemplo claro, la administración municipal de Nuevo Laredo, en su Puente Internacional III gasta en honorarios menos del 6 por ciento de sus ingresos.
Por eso, una manera de garantizar mayores ingresos es el incremento en la aportación máxima que la federación, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, distribuye a los estados y municipios provenientes de las cuotas de los puentes de peaje señalados en la Ley de Coordinación Fiscal.
Por eso, si incrementamos la aportación máxima de la federación hasta en 50 por ciento se da un paso adelante en materia de federalismo fiscal, y se cumple con la demanda por crear, mantener, reparar y ampliar la infraestructura que permita el buen funcionamiento de las carreteras y puentes.
Además, la misma ley es muy clara al incentivar a los municipios a mantener un nivel de recaudación considerable en el impuesto predial, y al prohibir la utilización de los recursos en gasto corriente, por lo que el uso correcto y el destino de los mismos ingresos estarían garantizados.
Por eso es muy importante que impulsemos el desarrollo de las comunidades de la región fronteriza del norte de nuestro país. Tales como el desarrollo económico, la migración, relaciones internacionales, seguridad pública, municipalismo, en su caso, infraestructura y desarrollo urbano.
Por eso proponemos actualizar el esquema de participación de fondos, en beneficio de municipios y entidades donde se ubiquen tales puentes nacionales o internacionales, en su caso. Quienes podrán obtener hasta 50 por ciento del monto total de los ingresos brutos que se deriven de la operación de los mismos y que se incluya en la ley la atención a los servicios básicos de los migrantes.
Señor presidente, le solicito que se incluya el documento completo de la presentación de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa de proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La diputada Hilda Esthela Flores Escalera: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hago uso de la tribuna para presentar, a nombre de los diputados federales de Coahuila del Grupo Parlamentario del PRI, una iniciativa que propone incluir a la región de Cinco Manantiales, el estado de Coahuila, a la región fronteriza contemplada en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y que, por obvio de tiempo, ya que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, me permito compartir con ustedes los siguientes razonamientos.
Con frecuencia cuando se habla de regiones fronterizas, de manera inmediata se nos viene a la mente la noción de áreas territoriales localizadas en los extremos de un país, tratándose más bien de una región cuya extensión y límites no coinciden con la línea demarcadora internacional, ni necesariamente con las áreas limítrofes que concurren a un espacio regional fronterizo.
La región fronteriza es aquélla que está determinada por el tipo de procesos sociales que se establecen en estos territorios, donde los límites internacionales (la línea fronteriza) se convierten en factores que dinamizan las relaciones de intercambio y comercio fronterizo, lejos del rol formal que les asignan los tratados y las leyes.
En nuestro caso, nuestro país cuenta con dos regiones fronterizas: al norte, con Estados Unidos de América, y al sur, con Guatemala. Nuestra frontera norte comprende 24 condados del lado estadounidense y 38 municipios del lado mexicano. Éstos últimos reflejan las mismas condiciones de desarrollo en que se encuentra el resto de nuestro país. En ella se notan grandes concentraciones de población, la cual creció rápidamente hasta alcanzar 13 millones de habitantes en 2005.
La población tiene, en general, un bajo nivel de escolaridad. La mayoría de la infraestructura de salud se concentra en los grandes centros urbanos fronterizos y existe un sector importante de la población que no tiene acceso al agua potable, drenaje y vivienda.
Un poco más de 60 por ciento de la población empleada en el sector formal tiene ingresos mensuales inferiores a 3 salarios mínimos, situación que los coloca por abajo de la línea de pobreza. En la región, más de 40 por ciento de la población total vive en condiciones de marginación social.
En México una de las experiencias más importantes para nuestro país es el programa Frontera 2012, un programa de cooperación a 10 años diseñado para proteger el medio ambiente y la salud pública en la zona fronteriza. Se estructura a partir del Acuerdo de La Paz, del 14 de agosto de 1983, firmado por los entonces presidentes Miguel de la Madrid y Ronald Reagan, de México y Estados Unidos de América, respectivamente.
Como podemos observar, la definición de "franja o región fronteriza" responde a visiones de intereses de ambos países, a determinados problemas que deben ser resueltos de manera binacional; por lo que nuestras leyes deben adecuarse al nuevo panorama de intereses nacionales y binacionales.
En el caso de Coahuila, una región que ha sido participante fundamental en varios programas es Cinco Manantiales, que comprende cinco municipios: Zaragoza, Morelos, Allende, Villa Unión y Nava, uno de ellos es el proyecto de alcantarillado, saneamiento y reciclaje de cartón en dicha región.
El proyecto global, con un costo de casi 21 millones de dólares, incluye una planta industrial de reciclaje de papel y cartón, una planta de tratamiento de aguas residuales y una contribución en especie para obras públicas como un relleno sanitario o algunas otras relacionadas, y se enmarca dentro de las prioridades de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef), referente al tratamiento de aguas residuales.
Este proyecto es auspiciado por municipios de la región de Cinco Manantiales, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y la empresa privada Grupo Solar, SA de CV. Asimismo, se encuadra dentro de los principios de la Cocef, en la categoría de proyectos del sector privado, como una asociación pública-privada.
La tesis que aquí argumentamos para presentar esta iniciativa se fundamenta en la experiencia que desde diversos ángulos ha llevado a cabo nuestro país, sobre todo, con el compromiso del desarrollo y aprovechamiento de nuestras regiones que interactúan en el ámbito fronterizo.
Compañeros y compañeras, respetuosamente les solicitamos que aprobemos en su momento la siguiente iniciativa que adiciona al último párrafo del artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:
Artículo 2o. ...
...
...
Para efectos de esta ley se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo; los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado a 10 kilómetros al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional; así como la región Cinco Manantiales, comprendida por los municipios de Zaragoza, Allende, Morelos, Nava y Villa Unión, todos municipios del estado de Coahuila.
Es cuanto, diputado presidente, y le solicito respetuosamente que se incluya de manera íntegra esta iniciativa que ya ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Insértese el texto íntegro, como lo solicita, y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable asamblea, tenemos entre nosotros a alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, así como estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la licenciatura en derecho. Muchas gracias por visitarnos.
Tiene la palabra el diputado Mario Moreno Arcos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Mario Moreno Arcos: Con su venia, ciudadano presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
En ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los diputados federales por Guerrero, del Grupo Parlamentario del PRI a esta legislatura, sometemos a consideración de este pleno el siguiente proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 33, primer párrafo, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal, con el objetivo de regular y modificar el programa de subsidio del fertilizante en un programa social de financiamiento, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
El artículo 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la relevancia que tiene para nuestra nación el desarrollo rural, destacando la importancia de la participación y la incorporación en el desarrollo nacional de los grupos organizados, y que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, igual que señala que fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.
Por su parte, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el artículo 5o. determina que dentro del marco previsto por la Constitución federal, el Estado, a través del gobierno federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y las municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural, que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país, y que estarán orientados a los siguientes objetivos:
Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso.
Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada de las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable.
Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país, fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales mediante su aprovechamiento sustentable y valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional.
Promover y realizar acciones en pro del fortalecimiento de la hacienda municipal, es otro de los factores que se pretende con la presente iniciativa, ya que se ampliarán los agentes que incrementarán el impulso al desarrollo agrícola en los municipios.
Por lo aquí expresado preparamos esta iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal para las aportaciones federales con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y éstas puedan destinarse en la adquisición de insumos agrícolas para el incremento del desarrollo rural sustentable.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Proyecto de decreto
Único. Se reforma el artículo 33 en su primer párrafo, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:
Artículo 33. "Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los estados y los municipios se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas, adquisición de insumos agrícolas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:
"Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas; urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres; infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, infraestructura productiva rural e insumos agrícolas".
Gracias, ciudadano presidente. Agradeceré se incorpore el presente documento íntegro en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 133 del Código Federal de Procedimientos Penales y 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con su permiso, señor presidente. Durante los últimos años el fenómeno de la delincuencia organizada en nuestro país ha experimentado un crecimiento exponencial.
Los grupos delincuenciales que operan en la república obtienen ingresos superiores a los 30 mil millones de dólares anuales. Alrededor de 450 mil personas pertenecen a su estructura operativa y en el Tercer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón se destaca que durante su administración se han capturado a 80 mil presuntos miembros del crimen organizado.
Los delitos que cometen las organizaciones delictivas lesionan fuertemente la economía del país y provocan alarma y crispación social. Por ello se ha hecho indispensable perfeccionar los mecanismos de reacción y prevención, para combatir más eficientemente este flagelo. Así han surgido nuevas figuras jurídicas como el arraigo en centros oficiales.
En junio de 2008 se reformó el artículo 16 constitucional, para instituir formalmente el arraigo como una de las medidas cautelares en materia penal, por lo que cualquier debate respecto a la constitucionalidad de esta figura ya está zanjado.
Sin embargo, ha quedado pendiente establecer fórmulas congruentes al mandato constitucional, señalando reglas claras para su tramitación. Un aspecto de varios hasta hoy no reglamentados respecto al arraigo es el de su levantamiento, extinción o supresión individualizada de sus efectos.
En la práctica forense, cuando durante el periodo concedido por el juez las causas que le dieron origen desaparecen o el Ministerio Público no logra recabar elementos para la debida consignación de la averiguación previa, el arraigo se levanta por el mero transcurso del término concedido por el juez o por disposición unilateral del Ministerio Público.
En el primero de los casos no existe problema o inconveniente alguno. En el segundo de los casos sí hay una problemática, puesto que es frecuente que el Ministerio Público omita dar aviso de levantamiento del arraigo al juez que lo decretó, con lo que éste pierde el control del expediente relativo, en perjuicio de la eficiente administración de justicia.
Esto representa una constante y no un caso aislado, el arraigo está siendo una práctica que se está usando al extremo. En tan sólo nueve meses la solicitud de arraigo, demandas y demás medidas cautelares se han convertido en un bum legal, inundando de trámites a los tribunales federales especializados.
Sólo apenas en julio pasado el Consejo de la Judicatura Federal debió acordar la creación de un juzgado más en la materia, luego que después de seis meses los seis primeros juzgados creados en enero de este año se vieran saturados de asuntos de esta índole.
Por ello, si la práctica permanece sin ser debidamente regulada, en poco tiempo estará afectando negativamente a la administración judicial. De persistir el manejo discrecional del Ministerio Público sobre el levantamiento del arraigo, la función judicial en la materia quedará trunca, incompleta, contradicha y desordenada.
En esa virtud, antes de que el tiempo avance y el problema se agrave, es necesario corregir la práctica indicada, estableciendo en la ley disposiciones para que sólo quien decrete el arraigo pueda levantarlo.
Por lo anterior, formulo la iniciativa siguiente. Se adicionan los artículos 133 Bis, del Código Federal de Procedimientos Penales, y 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:
El levantamiento del arraigo, en todo caso, será facultad del juez que lo decretó, quien resolverá en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes correspondientes del Ministerio Público.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Señor presidente, solicito que el texto de esta iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto. Señoras legisladoras y señores legisladores, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Como lo solicita insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Tiene la palabra el señor diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, uno de los temas ?a pesar de ser muy recurrido por organizaciones no gubernamentales y por la propia comunidad internacional? es la figura de la adopción, acto jurídico que necesita una revisión y discusión profunda por parte de esta soberanía, para contar con una legislación nacional eficiente y moderna, que prevea las mejores prácticas adoptadas en tratados y convenios internacionales.
Actualmente es un hecho que cada vez son más los matrimonios y las familias mexicanas que recurren a este tipo de acciones y que tienen como objetivo fundamental proveer a los niños en situación de desventaja de un hogar con características similares a quienes tienen la fortuna de, en forma natural, procrear hijos.
Sin embargo, nuestra legislación no previó los alcances del tema que hoy se aborda, que la mujer trabajadora que ha decidido adoptar a un menor tenga los mismos derechos de las madres trabajadoras, contemplados en el artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo.
La ley laboral no contempla derechos para aquellas mujeres que no tuvieron un embarazo, sino que optaron por la maternidad por la vía de haber adoptado a un menor. Estamos convencidos de que el derecho laboral debe contribuir a la igualdad, la equidad y la justicia.
Es importante destacar que durante muchos años ha imperado en el trato hacia la mujer trabajadora una desigualdad que ha sido motivo de revisiones permanentes de las legislaciones, para proveer de normatividad justas y equitativa a quien desempeña un doble papel fundamental en la sociedad: ser madre y trabajadora.
La protección a la maternidad que señala el artículo 165 de la Ley Federal en comento debe interpretarse como un elemento fundamental para el desarrollo colectivo de la sociedad mexicana y sus próximas generaciones.
El papel de la mujer y madre trabajadora, como se ha señalado anteriormente, debe ser reconocido por nuestra ley laboral. Sin embargo, como se ha podido constatar en los artículos mencionados y en el mismo capítulo, no se señalan las hipótesis que comprendan el caso de las mujeres que por adopción se conviertan en madres. El rol que se desempeña es exactamente el mismo.
El derecho que goza una mujer trabajadora posterior al parto debe ser igual al que debe gozar una madre trabajadora por la vía de la adopción, trátese de la edad que tenga el menor. La persona que adopta un hijo debe convivir con un menor que se está adaptando a un entorno desconocido, a quien en edad temprana resultará más fácil asimilarlo. Pero también es de considerarse que el menor resentirá ese cambio de entorno donde debe ser atendido con mayor precisión y cuidados por su madre.
La protección a la maternidad que señala el artículo 160 de la Ley Federal del Trabajo, por tanto, debe entenderse como ese rol que lleva la mujer genéricamente y no sólo enfocarse a las etapas pre y posparto, sino también contemplar a la etapa de adaptación de un menor adoptado.
De tal forma, la presente iniciativa tiene como objetivo fundamental el incorporar como derecho de la mujer trabajadora que se encuentra en la hipótesis en la que se convierta en madre por la vía de la adopción, equiparando su papel al de aquella que goce de estos derechos por motivo de estar embarazada; y en un segundo sentido, velar por los derechos de los niños que se integran a una familia por la vía de la adopción.
Por lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante el pleno de esta soberanía la presente propuesta de iniciativa de decreto que reforma los artículos 165 y 170, fracciones II, III y VI, de la Ley Federal del Trabajo.
Decreto
Único. Se reforman los artículos 165 y 170, fracción II, III y VI, de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
Artículo 165. Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito fundamental la protección de la maternidad por la vía natural o por adopción.
Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:
I. ?
II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto, y de seis semanas posteriores a la adopción, para aquellas que por dicha vía sean madres.
III. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario, en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo, del parto o por la adopción.
Fracción VI. Al regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto o de la adopción.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Quedan sin efecto las normas y los lineamientos jurídicos que vayan en contra de la aplicación e implantación del presente decreto. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Pasamos al siguiente punto del orden del día que es Proposiciones
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada, adelante.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Le agradezco. Solamente para pedir que también sea enviada a la Comisión de Equidad y Género.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Cómo no, con mucho gusto. Como lo solicita, se remite también a la Comisión de Equidad y Género.
Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de la Industria Automotriz, suscrito por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Humberto Lepe Lepe, Francisco Saracho Navarro y Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Esta Presidencia recibió además proposición con punto de acuerdo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a que promueva la reinstalación de la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el señor diputado Carlos Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial del Café.
No se encuentra en el salón de sesiones en estos momentos el señor diputado Martínez Martínez, por tanto su participación se pasa al final de este capítulo.
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Promoción del Desarrollo Regional del Sur Sureste de México.
El diputado Juan Carlos López Hernández: Con su venia, señor presidente. En un país donde prevalece una profunda injusticia social, en donde la desigualdad económica se manifiesta a través de la ofensiva inequidad en la distribución del ingreso, en donde los derechos políticos de un amplio sector de la población están supeditados a la lucha diaria por la subsistencia, en un país como el nuestro, señoras y señores diputados, la pobreza y el combate de las causas que la hacen posible debe ser el tema central de nuestro quehacer parlamentario.
En México la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y cerca de una quinta parte vive en pobreza extrema. Esa desigualdad se refleja con crudeza en el plano regional.
De acuerdo a las cifras de Conapo, tres estados que concentran el 10.6 por ciento de la población nacional se consideran con un índice de marginación muy alto, y me refiero a Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Ocho entidades más se clasifican con un grado de marginación alto: Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Campeche, Tabasco, Michoacán y Yucatán.
En su conjunto, la región sur-sureste presenta los niveles de marginación más altos del país. En esta parte del país la pobreza extrema es tres veces mayor que el promedio nacional.
La población analfabeta supera en más de 11 puntos porcentuales la media del país. La cobertura del sector salud sólo atiende a la mitad de la población. Los niveles de urbanización son los más bajos de México y las condiciones de vivienda son malas para la mayoría. La dotación de agua, servicios sanitarios, drenaje y suministro de energía eléctrica, entre otros servicios, son desconocidos para más de un tercio de la población que habita esta región.
Ahí prevalece la agricultura de subsistencia y la producción pesquera sólo aporta 3.28 por ciento de la producción nacional, a pesar de contar con 17 por ciento de litoral del Pacífico y 28 por ciento de lagunas y costeras del país.
La infraestructura carretera muestra un rezago impresionante. Se carece de importantes conexiones terrestres. La red de puertos y aeropuertos es reducida. En suma, no se cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo de la actividad económica.
Señoras y señores diputados, una nación con profundas desigualdades económicas y sociales está condenada al fracaso. Un país con graves desequilibrios regionales no tiene futuro. Debemos abatir la pobreza, sí, y también debemos impulsar el equilibrio regional.
Para combatir la pobreza se requieren iniciativas y proyectos que ayuden a disminuir las condiciones de desigualdad social a través del crecimiento económico, con una más justa distribución del ingreso.
Para mover el equilibrio regional se necesita que el Presupuesto de Egresos destine recursos para promover el desarrollo de las entidades menos favorecidas, mediante proyectos de infraestructura, fondos de inversión y créditos productivos.
La pobreza y la extrema pobreza sólo disminuirán con inversiones, empleo y producción. Los desequilibrios regionales sólo serán atenuados con políticas específicas para revertir dicha situación.
Legislaturas anteriores tuvieron la visión para crear la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del Sur-Sureste de México. No desaprovechemos esos esfuerzos.
Diputadas y diputados de la LXI Legislatura, por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 44, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura crea la Comisión Especial para la promoción del desarrollo regional del Sur-Sureste de México.
Segundo. La Comisión Especial estará conformada por 20 integrantes electos, con base en los criterios de pluralidad y proporcionalidad.
Tercero. La Comisión Especial impulsará programas y proyectos de desarrollo regional del Sur-Sureste de México, a la vez que promoverá y dará seguimiento a los programas del gobierno federal y estatal, encaminados al mismo fin.
Cuarto. La Comisión Especial rendirá de manera periódica un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2009.
Señor presidente, solicito que la presente intervención y el texto de la proposición del punto de acuerdo se integren al Diario de los Debates. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Cómo no. Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Señores diputadas y diputados, me permito informarles que nos visitan invitados especiales del municipio de Ecatepec, del Estado de México. Bienvenidos, señores invitados especiales.
Tiene la palabra el diputado Carlos Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial del Café.
El diputado Carlos Martínez Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, haciendo uso de esta alta tribuna, manifiesto una de las principales prioridades de la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en torno a la creación de la Comisión Especial del Café en esta LXI Legislatura.
Por tal razón, voy a dar algunos datos importantes de esta actividad productiva.
México ocupa el séptimo lugar en producción en el mundo. Ocupamos orgullosamente el primer lugar en producción de café orgánico. Esto muestra una clara responsabilidad social del sector cafetalero con el medio ambiente y con el cuidado a la salud.
El país cuenta con una superficie cultivada de 684 mil hectáreas que se componen de 490 mil productores en 12 estados del país: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro y Tabasco. La producción anual es de 3.7 millones que producen divisas agropecuarias por un importe de 480 millones de dólares. Este sector contribuye al mejoramiento del medio ambiente. Una hectárea de producción de café equivale a 10 hectáreas de bosque.
Y quisiera citar de forma importante un acontecimiento que sucedió en Chiapas, de donde yo soy originario. En el 2005 el fenómeno hidrometeorológico Stan provocó daños incalculables, pero gracias a que la Sierra Madre se encuentra cultivada con este aromático grano, se evitó que las desgracias fueran superiores, y también hay que decirlo, estos cafetos tienen mucho que ver con la producción del agua, con la captación del bióxido para el mantenimiento de los acuíferos y también para la producción del oxígeno.
Cabe destacar que en la LIX Legislatura y la LX Legislatura iniciaron estos trabajos de implementar diversas acciones, diversos políticas públicas. Mencionaré algunos de los desafíos que se han dado. Se ha fortalecido el desarrollo integral de los cafeticultores, se han impulsado proyectos productivos, se ha dado fomento productivo, realmente ha habido un impulso, pero es importante destacar que no toda política pública es una tarea terminada, siempre merece un trabajo para una mejora continua.
Por eso acá, en esta LXI Legislatura es importante que se dé seguimiento a todos estos trabajos que nos han precedido, y por supuesto tenemos que seguir mejorando el apoyo a los diversos programas del café como son: el fomento productivo, el fondo de estabilización, la capacitación, la promoción al consumo del café, y otras más. Tenemos que seguir impulsando en ese sector social la asociación productiva, que se formen estas organizaciones para que puedan aspirar a mejores mercados.
Acción Nacional es consciente de la problemática del sector cafetalero, así como de las necesidades de impulsar políticas públicas basadas en el desarrollo sustentable que fomenten la asociatividad productiva, permitiendo a los productores conservar su patrimonio y generar un sustento significativo, o sea, una mejor calidad de vida.
Los legisladores de Acción Nacional tenemos claro el fomentar una política cafetalera que sea más equilibrada en el cumplimiento de las obligaciones por parte de todos los agentes de la cadena productiva con el propósito de eliminar el comercio informal del café.
En el Grupo Parlamentario del PAN reconocemos la necesidad de contar con una Comisión Especial del Café capaz de fomentar acciones para el desarrollo integral y sustentable de la cafeticultura nacional, que impulse el aumento de la producción, de la productividad y la calidad del café mexicano para su mayor incursión en el mercado nacional y extranjero.
Para Acción Nacional es muy importante seguir trabajando en el campo, lograr el bienestar social y económico de todos los integrantes del sector cafetalero y de sus familias. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muchas gracias, diputado Martínez Martínez. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra, el señor diputado Salvador Manzur Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la reclasificación de las tarifas eléctricas.
El diputado Salvador Manzur Díaz: Con su permiso, señor presidente. Veracruz es uno de los estados que más contribuciones ha hecho al desarrollo nacional. Una de ellas es su capacidad de generación de energía eléctrica. Veracruz es el primer productor en esta materia a nivel nacional; sin embargo, 7 millones 110 mil veracruzanos enfrentan cada día una situación injusta. En Veracruz pagamos tarifas eléctricas más caras que en la gran mayoría de las entidades federativas del país.
Para medir adecuadamente los niveles térmicos en Veracruz, al igual que en otras ciudades del sureste mexicano, a las altas temperaturas de calor se deben añadir condiciones adicionales como la humedad y los vientos. Esto, todo junto, se le denomina la sensación térmica.
Afortunadamente estos criterios ya han sido incorporados en las mediciones oficiales realizadas por la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, de acuerdo con la legislación vigente, a quienes viven en mi distrito se les cobra por parte de la Comisión Federal de Electricidad una tarifa denominada 1-C, que establece que la temperatura media en esta ciudad es de 30 grados centígrados durante el verano.
No obstante, la presencia de actores como los que ya he mencionado originan que las personas padezcan temperaturas muy por encima de las que determinan estas tarifas.
Por ello, en sus registros oficiales, Conagua ya mide los factores de viento y humedad que inciden sobre la denominada sensación térmica. Esta es así una medición más precisa sobre el efecto real de la temperatura.
Por tanto, las mediciones de Conagua demuestran que la clasificación que la Secretaría de Hacienda ha hecho en materia energética para la zona de Veracruz y Boca del Río es incorrecta. Y por tanto, esas tarifas deben ajustarse para que los veracruzanos paguemos menos por la electricidad que consumimos.
Conagua ha registrado un promedio de sensación térmica para Veracruz y Boca del Río que oscila entre 33 y 34 grados. A los usuarios de eracruz y Boca del Río se les cobra una tarifa incorrecta que debería modificarse por la tarifa 1-F, que es la que pagan los usuarios domésticos con temperatura de 33 grados.
Como se puede observar, el campo de la técnica ha quedado demostrado, y el campo de la academia también nos da la razón. Un estudio de la Universidad de Cambridge, publicado en el mes de agosto, nos ilustra sobre la situación actual con la que CFE realiza sus mediciones para determinar la eficiencia de sus redes de distribución y transmisión. Los resultados son reveladores y no dejan lugar a dudas. México obtuvo una calificación de cero.
Compañeros diputados, compañeras diputadas, cuando los indicadores mismos del gobierno federal, la lógica económica, la situación que viven millones de familias y, mediciones de universidades de prestigio internacional nos dicen que la CFE está mal, no nos queda más que decirlo categóricamente, la Comisión Federal de Electricidad ha estado cobrando tarifas injustas a los mexicanos.
Por todo lo anteriormente expuesto y en términos de los preceptos legales invocados, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de acuerdo
Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, reclasifiquen a las zonas de Veracruz y Boca del Río en materia eléctrica, de la tarifa 1C a la 1F. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado Manzur Díaz. Túrnese a la Comisión de Energía.
Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República presente conclusiones no acusatorias a favor de Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas injustamente, al igual que Jacinta Francisco Marcial, y para que el juez cuarto de distrito en materia penal de Querétaro, restituya la libertad corporal, reconozca la inocencia y se repare el daño ocasionado a estas mujeres.
La diputada Leticia Quezada Contreras: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Pido que se pueda enviar este punto a la Junta de Coordinación Política, por ser de urgente y obvia resolución.
También, comentar que tal parece que en nuestro país es un delito ser mujer, ser indígena y ser pobre. El 19 de diciembre de 2008, en Querétaro, fueron sentenciadas injustamente Jacinta Francisco Marcial, Alberta y Teresa González, por el delito de secuestro; por hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006, siendo sentenciadas a 21 años de prisión y 2 mil días de multa.
Como todos sabemos, el 16 de septiembre ?después de más de 3 años de permanecer injustamente en prisión? fue liberada Jacinta Francisco Marcial, ya que la PGR no pudo acreditar sus imputaciones y presentó conclusiones no acusatorias contra Jacinta; o más bien, no pudo sostener más el montaje y la simulación en el caso de estas 3 mujeres.
Sin embargo, por esos mismos hechos, con las mismas pruebas fabricadas y por el pésimo sistema judicial penal, aún permanecen privadas de su libertad injustamente Teresa González y Alberta Alcántara, mujeres ?al igual que Jacinta? indígenas y pobres.
Alberta Alcántara y Teresa González han sido víctimas de discriminación. Se han violado en este proceso todas las garantías individuales y debido proceso, y se ha ejercido, además de la discriminación, violencia institucional, pasando por alto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Después de tres años de estar vinculada a proceso Jacinta, la Procuraduría consideró ?tal como lo informa a esta soberanía? que formuló consideraciones no acusatorias debido a que se le asiste a Jacinta el beneficio de la duda, actuándosele el principio de in dubio pro reo.
Sin embargo, en el caso de Teresa González y Alberta Alcántara no asiste el mismo principio sino el de la legalidad, tal como lo expresa el mismo comunicado. Es decir, respecto a una misma causa penal, respecto a las mismas pruebas que fueron presentadas en duda por un tribunal colegiado, no operó el mismo principio de derecho penal. Esto es realmente indignante.
Debe resolverse, a la brevedad, la situación jurídica de Teresa González y Alberta Alcántara. Sin dilatación y en términos de ley deberá ser procesada su excarcelación, la reparación integral del daño causado y la no repetición de los hechos. Por lo que se pide:
Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que ?en un acto de justicia y estricto apego a la ley y a los derechos humanos de Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas, procesadas y encarceladas con las mismas pruebas ilegales que Jacinta? presente conclusiones no acusatorias en el proceso que se sigue en contra de estas dos mujeres y en, consecuencia se dicte el sobreseimiento y absoluta libertad de Teresa González y Alberta Alcántara, como ocurrió en el caso de Jacinta Francisco Marcial.
Segundo. Se exhorta al juez cuarto de distrito en materia penal del estado de Querétaro para que, sin dilación alguna, se ordene la libertad absoluta e inmediata de Teresa González y Alberta Alcántara, inculpadas injustamente, al igual que Jacinta Francisco Marcial, y se les restituya en su libertad. Se reconozca su inocencia y se ordene la reparación del daño, en los términos que plantea el derecho internacional público y las convenciones internacionales en las que el Estado mexicano ha sido parte, ordenando se garanticen los derechos humanos de Alberta Alcántara y Teresa González, y
Tercero. Se publique la presente proposición con punto de acuerdo en dos diarios de circulación nacional.
Por economía parlamentaria solicito que se reproduzca íntegramente el presente punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada Quezada Contreras. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al director del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate a Autopistas Concesionadas, a anular la aplicación del incremento de 4.1 por ciento a las cuotas de peaje en la Autopista del Sol, y a realizar un descuento de hasta el 50 por ciento en el tramo Chilpancingo-Acapulco en Guerrero.
El diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los que suscriben, diputados federales del PRI por el estado de Guerrero, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permiten someter a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El estado libre y soberano de Guerrero vive del turismo. La Autopista del Sol (Cuernavaca-Acapulco) fue construida por gestiones del gobernador José Francisco Ruiz Massieu, con el propósito de convertirla en una de las principales arterias turísticas del país y uno de los ejes fundamentales para el desarrollo económico del estado.
Desde 1993, con la inauguración de la autopista administrada por Capufe, se reconoció que las cuotas eran de las más altas del país; tarifas que contrastan con una prestación de servicios regularmente deficiente e insegura, tanto por las condiciones orográficas, pluviales y vicios ocultos, como por rehabilitaciones permanentes que por su mala calidad parecen interminables.
El pasado 7 de septiembre el Sistema de Información sobre Accidentes Vehiculares difundió por la agencia de consultoría Global Mind que la Autopista del Sol se encuentra entre las 10 carreteras más peligrosas de la república.
Desde hace ya un buen tiempo el tramo comprendido de la caseta de Palo Blanco ?en Chilpancingo? a la caseta La Venta, ?en la entrada de Acapulco? es objeto de rehabilitación, ocasionando que en más de 30 kilómetros sólo se ocupe un solo carril, de uno y otro sentido, con los consiguientes riesgos: pérdida de vidas humanas y lentitud en su circulación.
No obstante ello, a partir del pasado 4 de agosto se aplica un 4.1 por ciento de aumento a la cuota; es decir, de 864 que se cobraban de Tlalpan a Acapulco, ahora se cobran 900 pesos, circunstancia que ha generado la inconformidad de amplios sectores por considerarla injusta y no proporcional a la calidad del servicio que se presta.
Por ello, es evidente la necesidad de que esta alta soberanía se pronuncie por la no aplicación de este incremento y porque se otorgue un descuento de hasta el 50 por ciento del tramo en rehabilitación, en virtud de que no existe en el mismo una autopista funcionando al 100 por ciento, por lo que no se justifica cobrar por un servicio que no se proporciona, precisando que este descuento tendría vigencia hasta en tanto la autopista esté rehabilitada en su totalidad.
Por todo lo anterior, los diputados federales del PRI por el estado de Guerrero, conscientes de que la comunicación carretera que brinda la Autopista del Sol es vital para el desarrollo de nuestro estado ya que el turismo es nuestra principal fuente de ingresos, estimamos pertinente someter a su consideración la siguiente
Propuesta de acuerdo parlamentario
Único. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Agustín Carstens, y a Alonso García, director general de Banobras, institución fiduciaria del Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura) ?antes Farac?, a que deroguen el incremento vigente de las cuotas de peaje a partir del 4 de agosto del año en curso y que se otorgue un descuento de 50 por ciento específicamente en el tramo Palo Blanco-Chilpancingo-La Venta-Acapulco, de la Autopista Cuernavaca-Acapulco, hasta en tanto esté totalmente rehabilitada y en condiciones óptimas y seguras de uso.
Solicitando, ciudadano presidente, se inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro del presente. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La diputada Laura Arizmendi, desde su asiento, por favor.
La diputada Laura Arizmendi Campos (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Para solicitarle al diputado Alvarado me permita adherirme a su propuesta, represento a Guerrero por Convergencia. Diga que sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Si el señor diputado proponente no tiene inconveniente, se otorga su petición y estará a su disposición la proposición para que pase a firmarla.
Tiene la palabra el señor diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México.
El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con su permiso, señor presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, desde la LVIII Legislatura ha venido operando en esta Cámara una comisión especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de nuestro país.
Los esfuerzos de cooperación y de coordinación que esta soberanía ha desarrollado con autoridades, sectores productivos y ciudadanos para contribuir al abatimiento del rezago económico, las injusticias sociales y los desequilibrios en esa región requieren, sin lugar a dudas, de continuidad.
Las asimetrías existentes entre los estados del sur-sureste y los del centro y norte del país no sólo se siguen presentando, sino que con el paso del tiempo se han vuelto mucho más profundas. La gente de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán demandan un México más justo y equilibrado y requiere que se instrumenten en su región políticas públicas diferenciadas y compensatorias, orientadas a la aplicación de un federalismo igualitario y efectivo.
Hasta ahora son muchos los temas todavía pendientes en la agenda política, económica y social de la región sur-sureste. Según expresiones de los gobernadores de la región, temas como la generación de energías alternativas, la revisión de tarifas eléctricas preferenciales, el control eficaz de los flujos migratorios, la seguridad en fronteras, el diseño de un programa integral para el saneamiento de las cuencas hidrológicas, la construcción de infraestructura para el desarrollo y la competitividad, el fortalecimiento del turismo, el sistema logístico para el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec son asuntos inacabados que exigen seguimiento y atención prioritaria y urgente.
Por eso es indispensable que esta Cámara continúe articulando acciones con la federación, los estados y los municipios para establecer prioridades, impulsar proyectos viables de desarrollo sustentable y generar riqueza y bienestar en la región sur-sureste de México.
Para atender esta tarea es conveniente reinstituir la instancia que ha tenido como fin la creación de instrumentos legales para el desarrollo de las entidades indicadas y gestionar, mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, proyectos de impactos en la región, como por ejemplo, el Fonregión para infraestructura en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, al que el proyecto del PEF enviado por el Ejecutivo pretende reducir en 2010 el 49 por ciento de los recursos aprobados para este año.
Es decir, es necesario volver a crear la comisión especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México; en razón a ello, solicitando se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, someto a la consideración de este pleno el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, cuyo objeto será el que se deriva de su denominación.
Segundo. La Comisión estará integrada por el número de miembros que la Junta de Coordinación Política determine, los cuales serán propuestos por los grupos parlamentarios en la misma proporción que éstos tienen en la composición del pleno, y contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.
Tercero. La Comisión Especial tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto de 2012. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el señor diputado Genaro Mejía de la Merced, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento y supervisión de los resultados y avances del proyecto Aceite del terciario del Golfo en el Paleocanal Chicontepec.
El diputado Genaro Mejía de la Merced: Con su permiso, señor presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, el suscrito diputado, en nombre propio y de los integrantes de la diputación del estado de Veracruz, del Partido Revolucionario Institucional, de esta LXI Legislatura, con fundamento en lo que establece el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en el artículo 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente
Proposición
Con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el seguimiento y supervisión de los resultados y avances del proyecto Aceite del terciario del Golfo en el Paleocanal del Chicontepec, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno. De Conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el pleno que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
Dos. Por su parte, el artículo 42 del ordenamiento legal que se invoca establece que el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico, debiéndose establecer en el acuerdo que las establezca el objeto, el número de integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les haya encomendado. Y, cumplido su objetivo, se extinguirán.
Tres. En términos de lo establecido en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cada Cámara nombrará las comisiones especiales que se crean convenientes, cuando lo exija la urgencia y calidad de los negocios.
Antecedentes
Uno. El proyecto Aceite terciario del Golfo, que Petróleos Mexicanos lleva a cabo en el Paleocanal de Chicontepec, no sólo representa 39 por ciento de la reserva total de hidrocarburos del país, es decir, cerca del equivalente de 17 mil millones de barriles de petróleo crudo, sino que también contribuye significativamente a las finanzas públicas nacionales al entregar 71 por ciento de los ingresos netos generados de su producción.
Dos. Ubicado al norte de Veracruz y al oriente de Puebla, el Paleocanal de Chicontepec es un campo petrolero que comprende un área de 3 mil 785 kilómetros cuadrados y abarca 12 municipios: 9 en Veracruz y 3 en Puebla.
En su conjunto, se trata de una región que cuenta con 766 mil personas, según datos del Inegi y en su mayor parte de los municipios son de muy alta marginación y bajo índice de desarrollo humano.
Tres. A diario se perforan dos pozos en el Paleocanal de Chicontepec; se producen alrededor de 32 mil barriles diarios de petróleo y cerca de 85 millones de metros cúbicos de gas, lo que constituye una importante aportación al desarrollo energético del país. En lo que va de 2009 se han perforado 288 pozos y adjudicado 26 contratos.
Cuatro. Datos oficiales de Pemex resaltan proyección de mil 411 pozos en este proyecto para el 2010 y estiman que para el 2015 su contribución sea superior a 20 por ciento de la producción nacional.
El objetivo de Pemex es convertir a Chicontepec en una cuenca que pueda producir entre 550 mil a 700 mil barriles diarios hacia el 2017.
Desde su puesta en marcha este proyecto representó un nuevo modelo de desarrollo sustentable, pues al tiempo que permite impulsar la responsabilidad compartida entre el gobierno, el sector productivo y la sociedad para contribuir con el desarrollo humano de la región, genera oportunidades en las empresas locales, fortaleciendo el incremento en el consumo de bienes y servicios, traduciéndose en una distribución de ingreso más equitativa.
Según el diagnóstico socioeconómico elaborado y coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad Veracruzana en el marco del convenio para la colaboración institucional con Pemex, una de las principales restricciones sociales y económicas en los municipios de la región es que cerca de 70 por ciento de su población tiene ocupación informal e ingreso de dos salarios mínimos, situación que refleja en general, la precariedad económica de la región, significando un proyecto de este tipo un detonante de desarrollo social.
La complementación de las actividades petroleras es importante desde una perspectiva potenciante e integración de sectores locales como la construcción, servicios de reingeniería y mantenimiento, así como la posibilidad de que las empresas contratistas generen esquemas de alianza locales, eslabonamientos productivos con empresas nacionales y de la región.
Por todo lo expuesto y con fundamento en lo que establece los artículos 93 constitucional, y 34, párrafo uno, inciso c); 42, párrafo uno, y 43, párrafo tres, de la Ley Orgánica del Congreso General, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Proposición con puntos de acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para el seguimiento y supervisión de los resultados y avances del proyecto Aceite Terciario del Golfo, en el Paleocanal de Chicontepec. El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación.
Segundo. La Comisión Especial contará con los recursos y personal necesario para su operación, y su duración será hasta el término de la actual legislatura o cuando se haya cumplido su objeto.
Para esos efectos deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados, o en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Tercero, y último. La comisión se integrará de manera plural por 30 diputadas y diputados, representantes de todos los partidos políticos. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de loa Debates y túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Jaime Flores Castañeda, para presentar una proposición con punto de acuerdo, con el que solicita se incluya a Ciudad Juárez, Chihuahua, como beneficiaria de los apoyos del Fondo Metropolitano, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 y subsecuentes, suscrita por los diputados Jaime Flores Castañeda, Adriana Terrazas Porras, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Alejandro Cano Ricaud, Graciela Ortiz González, Luis Carlos Campos Villegas, Guadalupe Pérez Domínguez, Maurilio Ochoa Millán y Héctor Agustín Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jaime Flores Castañeda: Con su venia, diputado presidente. Los que suscriben, diputados chihuahuenses integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de motivos
En el libro Delimitación de zonas metropolitanas de México, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se define como zona metropolitana al conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasen el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí mismo o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.
En esta definición se incluye además a aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación de políticas urbanas.
Adicionalmente, se definen como zonas metropolitanas todos aquellos municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como aquéllos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de Norteamérica.
La población del municipio de Juárez, de acuerdo con el conteo de población y vivienda efectuado por el Inegi, fue de un millón 313 mil 300 habitantes, con lo que se ubica como la onceava zona metropolitana más grande del país y la zona metropolitana fronteriza más grande del mundo.
Juárez es considerada la quinta ciudad de mayor generación de riqueza a nivel nacional y sexto centro poblacional del país y la cuarta más productiva de América Latina. Por su gran actividad empresarial ocupa el lugar 16 entre las mejores ciudades para hacer negocios a nivel Latinoamérica.
Indudablemente, para atender estas necesidades resulta indispensable que se cuente con mayores recursos económicos y sólo de esa manera se podrá abatir el rezago que se está generando.
Desafortunadamente, esta zona metropolitana no ha sido considerada en el Fondo Metropolitano.
Considerando lo antes expuesto, se acredita que en Ciudad Juárez hay viabilidad para generar progreso a efecto de mejorar la calidad de vida de la población y venimos hasta ésta, la más alta tribuna de la nación, a solicitar el apoyo de nuestros compañeros legisladores y compañeras legisladoras.
Por las razones expuestas ante esta asamblea, nos dirigimos para pedirles se apruebe el siguiente
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Ejecutivo federal que se incluya y sea considerada a Ciudad Juárez, Chihuahua como beneficiaria de los apoyos del Fondo Metropolitano en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 y subsecuentes.
Solicito a la presidencia se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates la presente proposición. Gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se consideren mayores recursos financieros para el programa de Nivelación Salarial de los Profesores de Educación Media Superior de la República Mexicana.
El diputado Pedro Jiménez León: Con permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. La educación en México es una garantía individual establecida en la Carta Magna que no debe ser restringida suspendida para ningún mexicano en los niveles básico y medio superior.
Por el contrario, debemos fomentar los valores patrios laicos y científicos, a fin de crear una nación libre, nacionalista y comprometida con la sociedad. Es un deber fundamental del Poder Ejecutivo federal velar porque se cumpla la voluntad del Constituyente Permanente a través de la administración pública, ejerciendo la actividad financiera del Estado en apego a los principios económicos de proporcionalidad, equidad, inmediatez y transparencia en el gasto público.
Sin embargo, apreciamos que en la propuesta presupuestal para 2010, en el tema de los salarios de los académicos del nivel medio superior, no aborda con seriedad la impostergable obligación de satisfacer sus necesidades mínimas.
La Unión Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres, desde la LIX Legislatura, realizó una gestión que dio como fruto el que se aprobara el Programa de Nivelación Salarial para todo el personal de los colegios de bachilleres en la República Mexicana.
El gobierno federal se comprometió entonces a que este programa estaría realizándose durante los próximos cinco años. Lamentablemente, más tarde se desentendieron de este programa y ésa es la razón por la que la inconformidad de la Unión Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres se expresan a través de su servidor, con el propósito de que en el Presupuesto de Egresos esta soberanía tenga a bien aprobar o corregir esta decisión del Ejecutivo, que tiene como propósito castigar a la educación media superior.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Exhortar a esta soberanía a incrementar los recursos financieros del Programa de Nivelación Salarial de los profesores de educación media superior de la República Mexicana, en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado Jiménez León. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene ahora la palabra, el señor diputado Roberto Rebollo Vivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo relativo a las altas precipitaciones que se registraron en el Distrito Federal y en el Estado de México.
El diputado Roberto Rebollo Vivero: Señor presidente; señoras diputadas y señores diputados, comento que en el Distrito Federal y en el Estado de México habitan desde 1990 alrededor 20 por ciento de la población nacional, quienes registran ya los típicos problemas de la metrópolis, tales como problemas de abastecimiento del agua potable, de alcantarillado, de seguridad pública, tratamiento de desechos sólidos, de vivienda, de suelo urbano, de infraestructura, de salud educativa, así como de transporte y vialidad, entre otros.
En 2003 se aprobó la creación e integración de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, cuya misión es mejorar la gobernabilidad, convivencia, bienestar de los ciudadanos que habitan en las grandes urbes del Estado de México y del Distrito Federal.
Paralela a la creación de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, el Ejecutivo de Estado de México propone la creación de un fondo metropolitano para obras y servicios de carácter estrictamente urbano en municipios conurbados del Estado de México, del valle de Toluca, así como de las 10 delegaciones del Distrito Federal.
En el proyecto de Presupuesto de 2010 enviado por el Ejecutivo federal de esta honorable Cámara, la asignación de recursos para el fondo metropolitano del valle de México y del Distrito Federal se redujo hasta 42.2 por ciento, en relación con el presupuesto aprobado en 2009; cantidad que representa un mil 477 millones 200 mil pesos.
Asimismo, el presupuesto para el fondo metropolitano de 2009 fue inferior al de 2008, y el de 2010 se reduce más de 43 por ciento con relación al Presupuesto de 2008. No puede ser posible.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, de aprobarse el Presupuesto en el 2010, en los términos que manda el Ejecutivo federal, quedará pendiente el mantenimiento de la infraestructura del programa de saneamiento, de drenaje, de alcantarillado, que mitigue los riesgos por fenómeno naturales.
De esta forma podemos asegurar que las inundaciones serán cada día más graves en el valle de México y el Distrito Federal; esto perjudicaría a la población más necesitada y por si fuera poco, en el ejercicio de 2008 se aplicó un presupuesto de 3 mil 550 millones de pesos. Entendemos con claridad la política de austeridad que se pretende emplear para el 2010.
Sin embargo, pensamos que en este rubro es muy delicado que se pretenda reducir el presupuesto. Es preferible que haya un recorte en las más de las mil subsecretarías de Estado que mantiene el gobierno federal.
Qué bueno que se atendió el problema en la zona de Valle Dorado del Estado de México; ahora también le toca a la zona de la delegación Gustavo A. Madero, de la delegación Azcapotzalco.
Por todo lo anterior, señor presidente, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Puntos de acuerdo
Primero. Que en la discusión del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010 los recursos destinados al Fondo Metropolitano no se reduzca ni un solo centavo, en especial, los destinados a la zona metropolitana del Valle de México, necesarios para continuar las obras de mantenimiento.
Segundo. Que el pleno de esta Cámara de Diputados realice un atento y respetuoso exhorto al Gobierno del Distrito Federal para que realice la terminación del puente de avenida Centenario, así como las acciones de desazolve; que prevea las inundaciones, encharcamientos y hundimientos como los que se vinieron registrando en septiembre, en vialidades primarias y colonias alrededor de esta zona; colonias afectadas como la Nueva Atzacoalco, CTM El Risco, Gabriel Hernández, San Felipe de Jesús, por nombrar algunas colonias.
Señor presidente, le solicito que el texto íntegro se inserte en el Diario de los Debates.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, yo soy un guerrero de las calles. Llegue aquí a la Cámara de Diputados con la promesa firme, con el compromiso con la ciudadanía de regresar a las colonias.
Los invito, de verdad a que utilicemos esta tribuna para ponernos de acuerdo. La gente nos necesita. Necesita ver resueltos los problemas que tanto aquejan a la ciudadanía. México necesita de cada uno de nosotros. No les fallemos, por favor.
Todos los partidos políticos hagamos buen uso de esta tribuna. Trabajemos en conjunto, porque es importante devolver la confianza a los mexicanos que ya están hartos de políticos que piden el voto, se van y no regresan a sus colonias.
Les hago una atenta invitación, más que a debatir, a regresar a nuestras calles, a nuestras colonias, y más que venir aquí a ver de qué forma atacamos al contrincante, vamos a trabajar en común. México tiene muchos problemas y mucha gente está esperando resultados de parte nuestra. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señores legisladores.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debate. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el señor diputado Pablo Rodríguez Regordosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a sus municipios, al gobierno del Distrito Federal y a sus delegaciones, así como a las diversas entidades públicas, a aplicar medidas de austeridad y previsión con el objeto de hacer frente, en términos de la ley, a la obligación de pago de aguinaldos al personal, correspondiente al ejercicio 2009.
El diputado Pablo Rodríguez Regordosa: Con su permiso, señor presidente. Dice el viejo refrán, no hay plazo que no se cumpla, ni tiempo que no se agote. Acudo hoy a esta alta tribuna del país, a presentar ante ustedes una preocupación de cientos de miles de compatriotas a lo largo del territorio nacional.
Durante los meses de septiembre y octubre del año pasado se discutía el paquete económico enviado por el Ejecutivo federal para el presente ejercicio, al mismo tiempo estallaba en el sistema financiero norteamericano la peor crisis de la que su historia tuviera registro, y a lo largo del año hemos ido sufriendo sus consecuencias.
Adicional a ello, los precios de la mezcla mexicana del petróleo y la producción y exportación de crudo han estado por debajo de los niveles considerados en el Presupuesto aprobado por esta Cámara.
La reducción de los ingresos petroleros y no petroleros obligó al gobierno federal a recurrir a los diversos fondos de contingencia, pero aún así se tuvieron que realizar recortes a las ministraciones de recursos y lamentablemente no se prevé que haya cambios sustanciales en los ingresos presupuestales para reponer los recursos faltantes.
Los recortes no serían tema grave si no fuera porque derivado del espejismo de la disponibilidad de recursos excedentes del petróleo que en años pasados gozaron estados, municipios, Distrito Federal y delegaciones, en donde en lugar de invertir en obras de infraestructura hicieron crecer su gasto corriente.
Así, a más de dos meses de distancia de que se cumpla la obligación legal consignada en el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, presento esta propuesta con punto de acuerdo, para exhortar a que se tomen en los estados, sus municipios, el Distrito Federal, sus delegaciones y en las diversas entidades públicas, medidas de austeridad y previsión que permitan generar reservas de recursos, a efecto de que el aguinaldo pueda ser pagado oportunamente al personal a su cargo.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, es justo, es necesario que con tiempo suficiente hagamos el exhorto y lancemos la advertencia; los trabajadores al servicio del Estado tienen el derecho a las prestaciones de ley y ellos y sus familias tienen el derecho a tener la tranquilidad de que, llegado el momento podrán disfrutarlas.
En nombre de miles de mexicanos, muchas gracias. Es todo, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado Pablo Rodríguez. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a que modifique las reglas de operación de Procampo.
El diputado Gerardo Leyva Hernández: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, comparezco ante esta legislatura en representación de un grupo de diputados del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo para eliminar las restricciones a la inscripción de nuevas tierras en el programa de Apoyos Directos al Campo.
El Procampo surgió ante la necesidad de que los productores mexicanos estuvieran en condiciones de competir con los Estados Unidos y Canadá, sustituyó al sistema de precios de garantía, que era la forma de asegurar un ingreso mínimo a todos los productores.
Originalmente Procampo iba a durar 15 años, pues se estimaba que en ese periodo los productores mexicanos iban a ser competitivos internacionalmente. Sin embargo, al cumplirse ese plazo los saldos del Tratado de Libre Comercio y del propio Procampo los podemos resumir como una disminución de nuestra capacidad de soberanía alimentaria.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable de esta Cámara, en su metaevaluación de programas de la Sagarpa, en 2007 recomienda la necesidad de hacer cambios en las reglas de operación. La imposibilidad de nuevas inscripciones de tierras ha marginado los beneficios a un buen número de productores; algunos porque al momento de elaborarse el padrón existía un amplio desconocimiento entre la población sobre el programa, y muchos creían que era para quitarles las tierras. Otros han sido marginados, manteniendo una serie de restricciones establecidas tanto en el decreto de creación de 1994 como en las reglas de operación.
Así lo establece el artículo 7o., que en su párrafo primero, a la letra dice: "No podrán ser apoyados los productores cuando sus superficies hayan sido sembradas en alternancia con cultivos perennes, caña de azúcar o similar; o los cultivos elegibles hayan sido utilizados como nodriza para el establecimiento de pastizales". Particularmente insostenible es la limitación de apoyos a las superficies que han sido sembradas con alternancia con cultivos perennes.
La idea de esta restricción era evitar que se derrumbara la producción de cultivos perennes al empezar a sembrar los productos contemplados en el Procampo, atraídos, por supuesto, por los apoyos ofrecidos.
Sin embargo, al establecerse estas reglas se actuó de manera injusta contra productores que antes tenían la opción de beneficiarse con los precios de garantía que eran de acceso general y universal, mientras que ahora no pueden recibir los recursos que sustituyeron a este sistema.
Por tanto, la modificación de este importante programa debe pasar por la eliminación de las restricciones que marcan sus reglas de operación. Por ello sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a modificar las reglas de operación del Programa de Apoyos Directos al Campo, a fin de eliminar la a fin de eliminar las restricciones que impidan la inscripción de nuevos terrenos productivos, entre los que destacan las tierras que se han alternado con productos perennes y los que por cualquier otro motivo no se inscribieron cuando se realizó el padrón y que hoy cumplen los requisitos para ser beneficiarios. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ha solicitado un cambio de turno para sus 2 presentaciones, lo cual se concede. Por tanto, tiene la palabra el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar punto de acuerdo para instaurar el 29 de septiembre como el Día Nacional del Maíz.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el maíz ha sido por milenios el principal sustento de los mexicanos. Actualmente se siembran 8 millones de hectáreas, siendo de temporal 82 por ciento y 18 por ciento de riego, y se producen alrededor de 20 millones de toneladas. De la producción de maíz, 92 por ciento es de tipo blanco, lo que permite cubrir las demandas del consumo nacional.
De los 4 millones de productores agrícolas en el país, 3.2 millones producen maíz; 92 por ciento de los productores posee predios entre 0 y 5 hectáreas y aportan 56.4 por ciento de la producción total; 7.9 por ciento de los productores cuentan con predios arriba de 5 hectáreas por productor y aportan 43.6 por ciento de la producción.
Desde hace centurias año con año se renueva la unión entre el maíz y los hombres y las mujeres de esta tierra. Las tortillas preparadas con este grano, considerado sagrado por su vital importancia en muchas comunidades de nuestro país, nos han acompañado a lo largo de la historia.
La manera de ver el mundo de los pueblos originarios propició que, en el entorno del maíz, se llevaran a cabo diversas celebraciones religiosas. Los dioses vinculados con la lluvia, el sol, el viento, el fuego y los mantenimientos tenían fiestas especiales en las distintas culturas: raramuri, huasteca, cora, huichola, náhuatl, purépecha, maya, tzotzil, zapoteca, mixteca y otras más, que han poblado este territorio.
Tiene celebraciones específicas la elección del lugar para la milpa, que es un espacio sagrado, pues cada una de sus esquinas corresponde a los cuatro rumbos. La siembra por mayo, que es otro momento especial y, antes de la siembra, la petición para que el viento permita que lleguen las nubes cargadas de agua desde los cerros, que además albergan los manantiales y para que no caiga el granizo ni las heladas que destruyen. A medio ciclo, hacia fines de junio se renueva la petición de las lluvias, vendrán luego los primeros elotes y finalmente la cosecha.
A los antiguos dioses, se superpusieron los santos católicos, aunque varía en distintas poblaciones, estados y regiones del país, suelen estar asociados con el ciclo agrícola, la Santa Cruz, San Isidro Labrador, San Juan Bautista, la Virgen María, San Miguel Arcángel, y para agradecer la cosecha, los fieles difuntos, lo que conocemos como el Día de Muertos, celebración en la que se ofrenda comida a los que ya no están con nosotros, pero que de algún modo hicieron posible que hubiera cosecha.
En muchos lugares los primeros elotes suelen cortarse a fines de septiembre, y por ello, se elige el día de San Miguel, que se celebra el 29 del pasado mes para hacer diversas ceremonias. San Miguel lucha contra el mal ese día; hombres y mujeres colaboran con él. Con su espada, identificada con el rayo, y por tanto con la lluvia, protege a la milpa para que la cosecha llegue a buen término y tengamos alimentos suficientes.
Todos los que compartimos la cultura del maíz tenemos que honrar a quienes hicieron posible nuestro alimento primordial y ser dignos herederos de nuestros abuelos.
Por lo anterior, y con el objeto de desplegar nuestra imaginación para rescatar y desarrollar la cultura del maíz, y al mismo tiempo para evitar las amenazas para la salud humana, que representa el uso de maíz transgénico, se requiere instaurar un Día del Maíz.
Por ello, proponemos el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se declarare por esta soberanía el 29 de septiembre como Día del Maíz, a partir de esta fecha. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se considere mayores recursos para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.
La diputada Sofía Castro Ríos: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. En uso de las facultades que nos confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y a nombre propio y de la fracción oaxaqueña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pongo a consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo.
En la población de las regiones indígenas se concentran los indicadores más desfavorables de nivel de vida y desarrollo humano, con relación al resto de la sociedad mexicana. Ésta es una realidad cotidiana en las ciudades y en el campo, y reconocidas a través de diversos instrumentos para identificar y medir la marginación y la pobreza.
Así, el sistema de indicadores sobre la población indígena en México, formulada por la CDI, por el Programa de las Naciones Unidas con base en los datos obtenidos en el II Conteo Nacional de Población, México 2005, que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y la Coneval, se señalan, entre otros, que el 55.6 por ciento de las viviendas indígenas cuentan con drenaje, mientras que el promedio nacional es de 86.3.
El 21.6 de la población indígena, entre 15 y 64 años es analfabeta en el idioma español, mientras que a nivel nacional lo es el 6.3 por ciento de ese mismo rango poblacional, además es 100 por ciento analfabeta en su propio idioma.
En las comunidades indígenas mueren 28 niños y en las ciudades sólo 19, antes de cumplir su primer año de vida. El 80 por ciento de los niños indígenas presentan desnutrición, el 44 son de una estatura baja, y el 58 por ciento de un peso inferior a los que deberían tener.
El 76.84 por ciento de la población indígena ocupada percibe ingresos inferiores a dos salarios mínimos, cantidad considerada como mínima indispensable para atender los requerimientos de una familia.
Las estimaciones realizadas en 2008 reconocen que 50.6 millones de mexicanos son pobres, que no tienen el ingreso para satisfacer las necesidades básicas de salud, alimentación, vivienda, vestido, transporte público, entre otros. En México es de conocimiento general que entre esta gente pobre, los más desprotegidos son los habitantes de las comunidades indígenas del país.
Entre 2006 y 2008 aumentó la incidencia de la pobreza del patrimonio, la cual pasó de 42.6 por ciento a 47.4 por ciento. A su vez la incidencia de la población alimentaria aumentó de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento.
Segundo. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el inciso c), fracción III, del artículo 42 obliga al titular del Poder Ejecutivo a remitir anualmente al honorable Congreso de la Unión el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el 8 de septiembre de cada año, y que en dicho proyecto, de acuerdo con lo establecido en el inciso j) del artículo 41 de la misma ley deberá contener las previsiones del gasto para atender el mandato constitucional que previene el apartado B, del artículo 2o. constitucional, para abatir las carencias y los rezagos de los pueblos y de las comunidades indígenas.
Tercero. En atención al mandato antes señalado, el Ejecutivo federal ha propuesto a la honorable Cámara de Diputados y ha aprobado recursos por 4 mil 378.4 millones de pesos al programa de Infraestructura Básica para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el presente ejercicio fiscal.
Cuarto. A todas luces denota que dichos recursos son insuficientes para atender a más del 10 por ciento de la población nacional, que es la indígena, sobre todo si consideramos que por los indicadores presentados arriba ésta se caracteriza por su pobreza y la falta de oportunidades.
Quinto. El presidente Calderón, el pasado 2 de septiembre, al expresar un mensaje, con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, propuso 10 puntos para alcanzar el cambio profundo que requiere el país, y destaca, en el primero, su propósito de frenar el crecimiento de la pobreza y se compromete a proponer un presupuesto que no reduzca el gasto en el combate a la pobreza y que lo blinde para evitar desvíos en cualquier orden de gobierno.
Sin embargo, son precisamente las regiones indígenas del país las que menos infraestructura hospitalaria, educativa, de vivienda, agua potable, electrificación, entre otras, tienen. Por lo que en mérito de lo antes expuesto y fundado los suscritos legisladores ponemos a consideración de la honorable asamblea, de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de cuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, así como al secretario de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que en el proyecto del Presupuesto de Egresos 2010 programe en las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, precisamente en el programa Pibai (Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas), de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, un incremento de 100 por ciento de recursos en relación al presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2009.
Es cuanto, señor presidente. Solicito sea incluido íntegramente el presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para que refuercen las acciones de protección, recuperación y vigilancia en el parque regional La Malinche.
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Zarzosa, ¿con qué objeto, señor?
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (desde la curul): Señor presidente, sólo para pedirle a la diputada que nos antecedió en el uso de la palabra, que pueda adherirme al punto de acuerdo, si fuera tan amable.
El Presidente diputado Francisco Javier Slazar Sáenz: Si la diputada proponente no tiene objeción, se concede y se suplica que pase usted a firmar la proposición que se encuentra aquí en la mesa. Adelante, señor diputado Natale.
El diputado Juan Carlos Natale López: Gracias. Con su permiso, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados, siguen siendo aún incipientes las transformaciones que el hombre le ha impuesto a la naturaleza.
Hoy por hoy las atroces implicaciones que resultan de la interacción entre los núcleos poblacionales, el desarrollo industrial y la urbanización para con el medio ambiente y los recursos naturales se significan muchas veces por la sobrevivencia de ecosistemas y de reservas forestales que, en la mejor de las suertes, pasan únicamente a formar parte del adolecido inventario oficial de los recursos naturales que tuvimos.
En aras de garantizar el sostenimiento de bienes y servicios de los grandes conglomerados urbanos, así como de asegurar ciertos procesos productivos de diversas cadenas productivas, principalmente en materias agropecuarias y forestales, hemos incurridos, todos, sin excepción alguna, a dañar sistemáticamente las reservas ecológicas de diversas partes del país y en muchas ocasiones con daños irreparables.
Las últimas tres administraciones han logrado, y lo reconocemos, un avance en la ejecución de las políticas forestal y ecológica, impulsadas predominantemente por la secretaría responsable en la materia, bajo una estrategia de planeación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, así como también de cinco instituciones especializadas: La Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Profepa.
Sin embargo es inexcusable hacer un breve diagnóstico que esboce la situación en materia forestal y de recursos naturales con los que cuenta el país, con la seriedad y certidumbre que ello amerita.
Tenemos registrados un total de 141.7 millones de hectáreas forestales, de las cuales 56.8 millones de hectáreas corresponden a bosques y selvas; 58.4, a vegetación de zonas áridas y 4.1 millones a otro tipo de vegetación.
Cabe destacar que en las regiones propiamente boscosas habitan 12 millones de personas. De acuerdo al informe del gobierno federal, el logro más importante en materia forestal ha sido la reducción de la tasa de deforestación nacional, que pasó de un promedio anual de 401 mil hectáreas durante la década de los noventa, a 314 mil hectáreas en el periodo 2000-2004; 21.7 por ciento que, por cierto, mereció el reconocimiento al gobierno mexicano a propósito del Foro de Naciones Unidas Sobre los Bosques, realizado en mayo de 2005 en Nueva York.
Sin embargo, más allá de los datos oficiales, ha sido una constante la pérdida de millones de hectáreas de bosques, selvas, matorrales y pastizales, para convertirse a otros usos; al grado de que las tierras para la agricultura se han incrementado en los últimos cuatro años, en 3.9 millones de hectáreas, de las cuales gran parte corresponden a zonas protegidas.
Otro aspecto importante y que es oportuno observar es el referente al factor que tiene que ver con el entramado institucional que sobrepone funciones y que resulta en exceso centralista.
Hay que recordar que en los primeros tres años de la administración se dieron fuertes tensiones al interior del sector, entre el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y el director de la Comisión Forestal, quien finalmente fue designado como sustituto. Cabe mencionar también que dichas tensiones se dieron a lo largo de la geografía nacional entre los delegados de las dependencias federales y los responsables de las políticas forestales o ambientales en las entidades federativas, generando incertidumbre o situaciones de conflicto.
Más allá de la confrontación de intereses que se da en el seno de las élites burocráticas es evidente que la diversidad de disposiciones redundantes entre varias dependencias y la ausencia de reglas claras para descentralizar programas y recursos están siendo un obstáculo para acelerar la solución de uno de los problemas considerado como de seguridad nacional.
El esfuerzo realizado y los avances logrados, así como la pérdida de recursos forestales siguen siendo una preocupación y una constante, principalmente para la zona que constituye el Parque Nacional La Malinche, situado en la cuarta zona metropolitana Puebla-Tlaxcala.
El Parque Nacional La Malinche desafortunadamente ha sufrido la pérdida de grandes extensiones forestales debido a la tala clandestina, el aumento de la zona urbana y la frontera agrícola, las sequías e incendios forestales.
Esta situación pone en riesgo el suministro de agua potable para 2.4 millones de habitantes de la zona centro de ese estado debido a que aquí se encuentra uno de los dos centros de recarga para el acuífero del valle de uno de los principales pulmones ecológicos de la zona centro del país.
Desde 1996 se iniciaron los trabajos de reforestación y conservación de esta zona; sin embargo, la recuperación de la zona boscosa no se ha logrado y vemos muy lejos el rescate de esta zona debido a que los suelos son arenosos.
El Parque Nacional La Malinche ha perdido 134 mil 400 hectáreas de cubierta arbórea por tala y otros factores, en detrimento del ambiente, y se han extraído ilegalmente más de 10 metros cúbicos de madera cada año.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Que en el marco de las competencias concurrentes en materia forestal y ecológica, se exhorte a los gobiernos de los tres órdenes a que realicen conjuntamente un diagnóstico sobre el Parque Nacional La Malinche que sirva de base para analizar la posibilidad de que se suscriba un convenio en el que se fijen compromisos, metas y objetivos de acuerdo con sus respectivas competencias, y en coordinación con la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la Comisión Nacional Forestal, así como a las Procuraduría forestales y de Protección al Medio Ambiente, tanto del orden federal como de los estados ,y a las unidades administrativas encargadas del ramo en los estados y municipios, a que vigilen, inspecciones y atiendan, y en su caso sancionen con mucho mayor rigor, las actividades productivas y los asentamientos humanos en la zona boscosa que representen irregularidades, infracciones o delitos, así como a impulsar un programa especial de prevención de infracciones y delitos ecológicos para los pobladores de la zona.
Tercero. Que de conformidad con lo dispuesto por el punto primero, se haga del conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a efecto de incluir una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 que permita diseñar y aplicar las acciones convenientes para resarcir los efectos de deforestación y degradación de bosques, suelos, ecosistemas y mantos acuíferos, con el fin de garantizar la sustentabilidad del Parque Nacional La Malinche.
Señor presidente, mucho le agradeceré que el presente punto de acuerdo sea turnado a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de Presupuesto. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a que realice las acciones necesarias para prevenir el contagio de influenza A H1N1.
La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo: Diputado presidente, compañeros diputados, desde mediados de marzo de 2009, al menos 900 casos mortales han ocurrido en Europa y en América por la pandemia de una nueva cepa conocida como influenza A H1N1, por lo que en México se aplicaron diversas medidas, tales como la suspensión de actividades educativas.
Para los primeros días de mayo pasado se decide la suspensión de actividades no esenciales. Todo ello para evitar que este nuevo brote causara una pandemia con consecuencias mortales en la población.
El secretario de Salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos, informó que a la fecha se han registrado 29 mil 241 casos confirmados y 226 defunciones en el país, y reconoció que siguen aumentando el número de casos de personas contagiadas.
Mencionó que en esta nueva oleada de virus el pico más importante de la enfermedad está previsto para mediados de noviembre del presente año. Para mitigar la propagación de la influenza A H1N1 entre nuestra población se han emitido lineamientos de prevención y control en materia de influenza A H1N1 específicos para cada uno de los entornos que impliquen escenarios favorables para la diseminación de infecciones que se transmitan por la vía respiratoria.
La Secretaría de Salud ha incrementado y actualizado estos lineamientos conforme a la sistematización del conocimiento que vaya avanzando sobre este virus.
Los conceptos fundamentales de estos lineamientos son: el distanciamiento social y mejora de higiene del entorno, por lo que considero de gran importancia que en el interior de las instalaciones del Palacio Legislativo, en San Lázaro, se garantice el aseguramiento de las prácticas de higiene y se establezcan mecanismos de procedimiento de acceso a estos entornos como son: los filtros de supervisión y sanitización para que se asegure un ambiente sano y con el menor riesgo de contagio de esta influenza, entre los aproximadamente 7 mil personas que se encuentran laborando y en tránsito.
En virtud de lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de acuerdo
Se exhorta respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados a realizar las acciones y tomar las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio del virus de la influenza A H1N1. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada Quiñones Cornejo. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Mesa Directiva.
Tiene la palabra el señor diputado César Francisco Burelo Burelo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita la conformación de un grupo de trabajo encargado de observar y dar testimonio de la actuación de los diferentes niveles de gobierno durante el proceso electoral que se celebrará en el Tabasco el 18 de octubre del presente año.
El diputado César Francisco Burelo Burelo: Con su permiso, señor presidente. Gobernar sin la sensibilidad, la responsabilidad y el compromiso político requerido para hacerlo se convierte, sin excepciones, en una pesadilla para los gobernados.
En estas condiciones quien detenta el poder recurre a toda clase de abusos y torpezas políticas, sin algún tipo de consideración al grave daño social que esto ocasiona. Los procesos electorales le representan una inmejorable oportunidad para reivindicarse ante sus copartidarios; esto es, apretar el gatillo para disparar programas y obras públicas con fines electoreros, el uso de los recursos policiacos y judiciales, así como costosas campañas mediáticas con cargo al erario público, para desacreditar a sus oponentes. Recuérdese el famoso desafuero en contra del licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Los últimos meses han sido especialmente difíciles para la izquierda mexicana, consecuencia de la persecución judicial a que han sido sometidos numerosos militantes, así como líderes políticos, gobernantes y legisladores.
Cito sólo algunos ejemplos. En Guerrero más de 20 militantes del PRD han sido asesinados, destacando la muerte, bajo condiciones muy sospechosas, de nuestro principal precandidato al gobierno estatal: el diputado local Armando Chavarría Barrera.
Hoy día, en Tabasco, la Procuraduría estatal acusa a funcionarios públicos de estar ligados a la delincuencia organizada, sin aportar mayor elemento que la supuesta denuncia de testigos protegidos. Justamente en la víspera del proceso electoral estatal y, precisamente, en uno de los municipios que el PRD gobierna en la entidad.
La desconfianza de que estos hechos pueden generar o responder a la fabricación de un delito en la proximidad de la elección local no es menor. Basta recordar que hace tres años a compañeros de nuestro partido se les expuso públicamente por el gobierno de Manuel Andrade como presuntos delincuentes electorales.
Meses después, el ombudsman nacional acreditó que fueron vulnerados sus derechos a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal; así como al trato digno, debido a la práctica de tortura de la cual fueron objeto.
Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, respetemos el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos de Tabasco a elegir libremente a quienes gobernarán las 17 presidencias municipales y a quienes conformarán el próximo Congreso local. Que sea a través de elecciones equitativas y transparentes, en donde la confrontación de ideas y proyectos definan los resultados del 18 de octubre, y no mediante escándalos sin sustento que únicamente polarizan de manera muy peligrosa los ánimos de la ciudadanía.
Por las consideraciones antes expuestas, solicitamos al pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, por conducto de la Junta de Coordinación Política, considera necesaria la creación e integración de un grupo de trabajo y observación plural de legisladores que acuda al estado de Tabasco a dar testimonio de la actuación de los diferentes niveles de gobierno, durante el desarrollo del proceso electoral que se celebrará el 18 de octubre de 2009.
Segundo. La comisión tendrá las funciones de vigilar que, durante el desarrollo del proceso electoral, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno no cometan actos intimidatorios o de coacción o de cualquier otro fin que tenga como finalidad desvirtuar la libertad y la secrecía del voto ciudadano.
Tercero. La comisión especial concluirá su función otorgando al pleno de la Cámara de Diputados el informe final del desarrollo de las actividades descritas en el numeral 2 del presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar punto de acuerdo por el que se aprueba como Día Nacional del Maíz el 29 de septiembre y se exhorta a la Sagarpa suspenda los permisos de liberación de maíz transgénico, en tanto se conforma el régimen de protección especial al maíz y se dictan los acuerdos que ordena la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Diputado presidente, diputadas y diputados, 19 millones de personas, es decir, la quinta parte de la población tiene hambre. Tres de cada 10 personas que viven en el campo no cuentan con los medios para adquirir la canasta básica. La anemia afecta 27 por ciento de niñas y niños, lo que causa baja estatura y los hace más propensos a contraer enfermedades infecciosas.
En el otro extremo, México tiene el primer lugar en obesidad infantil en el mundo y el segundo en obesidad en población adulta.
Felipe Calderón se reunió en Davos, Suiza, con Monsanto, empresa transnacional que pretende privatizar el maíz mexicano a través de los permisos que solicitan a las autoridades, para la experimentación con maíz transgénico.
El maíz en México es un símbolo cultural de nuestra identidad. El 70 por ciento de los productores nacionales se dedican al cultivo de este grano. Es el segundo producto, después del petróleo, del que más subproductos se obtienen.
La introducción de transgénicos en el campo mexicano implica escenarios irreversibles:
Primero. El riesgo de contaminación del maíz mexicano podría volver estático un proceso de miles de años de diversificación. Con ello podría perderse el patrimonio genético necesario para adaptarnos al cambio climático.
Segundo. El riesgo del control extranjero y privado de las semillas a partir de granos aparentemente más productivos, pero con nula capacidad reproductiva, es decir, podría provocar semillas estériles.
El principio precautorio regulado en las normas internacionales permite que ante la incertidumbre y amenaza o riesgo de daño cada país pueda prohibir la entrada de transgénicos. La pregunta no sólo es cómo producir más, sino cómo producir de manera incluyente y de forma que aumenten los ingresos de los más pobres.
Los verdaderos temas son quién produce, quién comercia, quién tiene el poder adquisitivo para consumir, así lo aseguró Oliver de Schutter, relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, en reciente visita a nuestro país.
El artículo 33 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados señala la obligación de poner a disposición del público las solicitudes de permiso, pero respetando las reservas de confidencialidad.
Pasadas legislaturas fueron omisas en legislar sobre el régimen especial de protección al maíz. Requiramos la información oficial; llamemos a la academia y a los sectores interesados; convoquemos a los funcionarios para que, bajo protesta de decir verdad, nos informen.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se exhorta a la Sagarpa a que suspenda los permisos de liberación de maíz transgénico en su fase experimental, en tanto no se conforme el régimen especial de protección al maíz que estipula la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, y mientras no se expidan las normas oficiales que derivan de dicha ley, y en tanto no se emitan los acuerdos que determinen cuáles son las especies donde México es considerado centro de origen y de diversidad genética.
Segundo. Se solicita a la Sagarpa, en términos del artículo 93 constitucional, que informe a la Cámara de Diputados sobre:
A. Los avances en la constitución del régimen especial de protección del maíz.
B. Los avances sobre la emisión de acuerdos que determinen cuáles son las especies donde México es considerado centro de origen y de diversidad genética; y
C. Los avances para expedir las normas oficiales que derivan de la Ley de Bioseguridad.
Solicito que se inserte en el Diario de los Debates.
Mañana se conmemora un día funesto para nuestro país. Que el 2 de octubre no se olvide. No a la militarización. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada Castillo Juárez. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. El primero y tercer punto túrnense a la Comisión de Agricultura, y el segundo a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el señor diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se incorpore a la zona metropolitana de Reynosa-Río Bravo, en el Fondo Metropolitano del Ramo 23.
El diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas: Con su permiso, señor presidente. Compañeros legisladores, comparezco a esta tribuna en nombre de los diputados tamaulipecos priistas, a someter a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo para que sea incluida la zona metropolitana de Reynosa-Río Bravo del estado de Tamaulipas, en el Fondo Metropolitano del Ramo 23.
Como es del conocimiento, el 13 de marzo de 1998, los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal suscribieron un convenio mediante el cual se instauró la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana. Esta comisión impulsó la creación del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México, como fuente alternativa de financiamiento en las acciones y obras de alcance metropolitano.
En el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2006 se aprobó la inclusión en el Ramo 23 el Fondo Metropolitano. En el Presupuesto de 2007 por primera vez se canalizaron recursos a las zonas metropolitanas de las ciudades de Guadalajara y Monterrey. En el 2008 el Fondo metropolitano contempló recursos para siete zonas metropolitanas que abarcan a nueve entidades federativas.
En el artículo 42 del proyecto de Presupuesto de 2010 se establece que los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, que deberán ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuación y la planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas.
Coadyuvar a sus viabilidades y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.
El presupuesto de Egresos de 2010 prevé destinar tres mil 500 millones a zonas metropolitanas de ciudades del estado de México, Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, León, Puebla, Querétaro, Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villa Hermosa y la laguna de Coahuila y de Durango.
Compañeros, con base en las últimas delimitaciones de las zonas metropolitanas elaboradas por el Consejo Nacional de Población, Sedesol y el Inegi, en nuestro país existen 52 zonas metropolitanas.
Según datos del Inegi, durante su último conteo de 2005, Reynosa contaba con una población total de 507 mil 998 habitantes. Cuenta con una zona metropolitana que está conformada por los municipios de Río Bravo y Reynosa. La población total del área metropolitana era hasta el 2005 de 637 mil 730 habitantes. A 2009 debe ser, por el alto índice demográfico, cerca de un millón de habitantes, situándola en la vigésima tercera conurbación más grande de México.
Con las aportaciones del Fondo Metropolitano, la zona metropolitana de Reynosa-Río Bravo ?de aprobarse este punto de acuerdo? podría contar con recursos adicionales para construir nuevas obras de infraestructura que eleven a ciudades de calidad e incrementen su competitividad, pues el acelerado crecimiento demográfico industrial y comercial de la entidad y el incremento continuo de flujo de mercancías, materias primas y productos terminados requieren de modernos sistemas de infraestructura.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año fiscal 2010, se incluya a la zona metropolitana Reynosa-Río Bravo como beneficiaria del Fondo Metropolitano. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra la diputada Silvia Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal intensifique las labores de desazolve y bacheo en la Ciudad de México.
La diputada Silvia Pérez Ceballos: Con su permiso, señor presidente. Solicito se inserte el texto íntegro del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que se intensifiquen las labores de desazolve y bacheo en la Ciudad de México, y que se realicen de manera eficiente. Por ejemplo, de nada sirve que el desazolve se haga si la basura se deja a un lado y regresa al lugar de origen.
Para Acción Nacional la solidaridad es la fórmula de convivencia social en la que se conjuga el esfuerzo de todos para los fines de la comunidad, sin detrimento de los intereses legítimos de las personas. Para ello, es necesaria la prevención. Hay que recordar que en temporada de lluvias se incrementan los riesgos de todas aquellas familias que viven en asentamientos irregulares.
Las intensas lluvias y constantes inundaciones ocurridas en el Distrito Federal, principalmente en arterias de gran circulación, han causado estragos inéditos. Hemos vivido serias afectaciones en nuestras actividades cotidianas y en muchos casos, lamentablemente, se han visto afectados patrimonios de familias y hay pérdida de vidas humanas.
En 2008 murieron 2 personas en la delegación Álvaro Obregón y recientemente en Iztapalapa, 2 y 3 en Magdalena Contreras. Cientos de casas fueron afectadas en la delegación Gustavo A. Madero.
En marzo de 2009 el jefe de gobierno Marcelo Ebrard dio garantía de que la Ciudad de México no sufriría ninguna inundación tras los trabajos de reparación, mantenimiento y rehabilitación del drenaje profundo. Además dijo que estos trabajos evitarían fallas estructurales en el emisor central y en los 125 puntos de la red de interceptores de la Ciudad de México.
En mayo del presente año la Comisión de Gestión Integral del Agua de la Asamblea del Distrito Federal alertó a los gobiernos capitalino y del Estado de México sobre el riesgo de una inundación a escala regional, si no se realizaba mantenimiento preventivo al sistema de drenaje.
Dicha comisión señaló que, a pesar de que 11 kilómetros del drenaje profundo fueron reparados, continuaba el riesgo latente de inundaciones sectoriales en esta temporada de lluvias. Al parecer, la recomendación no fue atendida y hoy los capitalinos sufrimos las consecuencias graves de que la autoridad responsable no haya tomado las medidas preventivas necesarias.
Aunado a lo anterior, las precipitaciones pluviales han afectado principalmente a las delegaciones Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, que alcanzaron niveles nunca antes vistos.
Estas lluvias dejaron un saldo de más de mil 400 viviendas inundadas, encharcamientos, vuelos afectados por la suspensión de operaciones y el cierre de estaciones del Metro. Esto, a causa de los 27 mil millones de litros caídos en esta ciudad, lo que equivale a llenar 13 veces el Estadio Azteca.
Ante el pronóstico por parte del Servicio Meteorológico Nacional de que las intensas lluvias persistirían, surge la preocupación por el deterioro importante de la carpeta asfáltica de las principales viabilidades de la Ciudad de México. Como ejemplo, en un pequeño tramo del Periférico hay 900 baches.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno el siguiente
Punto de acuerdo.
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que se instruya al personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a intensificar las labores de desazolve en esta ciudad y a emprender una campaña de conscientización ciudadana para no arrojar basura a la vía pública.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al jefe del Gobierno del Distrito Federal a intensificar las labores de bacheo en la carpeta asfáltica de las principales vialidades de la Ciudad de México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
Tiene la palabra la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reducir las tarifas eléctricas de uso doméstico como medida para atenuar los problemas económicos de las familias mexicanas.
La diputada Esthela Damián Peralta: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados: me presento ante esta tribuna para presentar proposición con punto de acuerdo a efecto de que se reduzcan las tarifas eléctricas de uso doméstico, con la finalidad de atenuar la crisis económica de las familias mexicanas.
En los últimos meses se ha vivido un gravísimo problema económico, que ha devastado la economía de los mexicanos, el cual puede tener consecuencias sociales y políticas indeseables, por el bajo poder adquisitivo de los salarios, el desempleo y la carestía de los productos básicos, aunados a las intenciones de quienes nos gobiernan de elevar los impuestos y derechos o de crear algunos que lesionen aún más la economía doméstica.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, conforme a datos del tercer Informe de Gobierno, de 2009, elaboró un análisis en relación con las tarifas y la relación precio-costo de energía eléctrica para el sector doméstico del periodo comprendido entre 2004 y 2009.
Para 2004, el subsidio fue de 54 millones de pesos, en 2005 llegó a 62 millones, para 2006 llegó a 64 millones de pesos, en 2007 subió a 70 millones y en 2008 alcanzó 99 millones, pero en 2009 es del orden de 40 millones si tomamos en consideración que en el primer semestre de 2009, enero-junio, el subsidio es menor de 50 por ciento en relación con 2008.
Es decir, no se ha aplicado siquiera la mitad de lo que se proyectó para 2008, y esto es evidente si nos vamos a las colonias, a los estados o a nuestros propios hogares. Se observa con claridad que los recibos que se venían pagando en 2008 han tenido un incremento de por lo menos 50 por ciento.
Desafortunadamente, el tema de los cobros excesivos de la luz es una problemática generalizada. Lo mismo lo encontramos en Puebla que en Querétaro, en Guanajuato, Tlaxcala, Aguascalientes, Guerrero o en el Distrito Federal, donde han aumentado las quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor por cobros excesivos.
Nuestra proposición tiene como sustento una realidad cotidiana, la misma que viven más de 45 millones de ciudadanos que, estando en edad de trabajar, 2 millones no tienen empleo y 27 millones están ocupados, pero no cuentan con prestaciones.
Esa realidad la viven más de 12 millones de mexicanos que trabajan en la informalidad y la deben enfrentar más de 4 millones de compatriotas que han sido subempleados. Todas, cifras del Inegi.
¿Qué estamos solicitando en el punto de acuerdo? Solicitamos que nos informen la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro acerca de la aplicación de los subsidios a las tarifas domésticas en este año. Que los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza se reúnan en una comisión plural de diputados, para analizar: la calidad en el servicio que prestan en todo el país, el reembolso y el pago de daños por descargas de energía eléctrica, la aplicación de tarifa doméstica de alto consumo en el cobro por suministro del fluido eléctrico y los subsidios de energía eléctrica que se aplican en el país.
Por economía parlamentaria, solicito que se inserte de manera íntegra el texto del punto de acuerdo presentado por la de la voz en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Como solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates; y túrnese a la Comisión de Energía.
Tiene la palabra el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar? Perdón, diputado.
El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Sólo para adherirme al punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Está usted de acuerdo, compañera en que se sume a su propuesta?
La diputada Esthela Damián Peralta (desde la curul): Sí, está bien
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien, está de acuerdo la compañera, se mandará para su firma.
Tiene la palabra el señor diputado José Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los funcionarios públicos federales y de las entidades federativas, no sujetos durante su desempeño a la aplicación de la reciente reforma del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se sensibilicen y en un acto de solidaridad adecuen sus percepciones a la situación que vive el país.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Gracias, diputado presidente. Quiero comenzar mi intervención planteando que deberíamos cambiar el método de trabajo.
Esta miscelánea de hablar de todo y nada a la vez es una manera horrible de tratar los temas y un desperdicio de tiempo y de paciencia, francamente.
Quiero comentar también que a como vamos no se tocará, seguramente, el grave atentado que ayer tuvo el Estado Mayor Presidencial sobre tres jóvenes en Morelia, Michoacán, en estas cosas que hemos venido denunciando desde la tribuna y tampoco habrá tiempo, seguramente, para comentar sobre el 41 aniversario del 2 de octubre, esa matanza. Es una lástima porque son temas muy importantes pero ya se tocarán.
Respecto al punto concreto que presento a esta soberanía, se modificó el artículo 127 constitucional para que ningún funcionario ganara más que el presidente de la república, sin importar que éste usurpe la presidencia de la república.
Hubo un número muy grande de funcionarios que tanto porque no se puede hacer retroactivo el ordenamiento o por diversas razones de la Suprema Corte de Justicia, del Instituto Federal Electoral, del Banco de México, de la propia Cámara, que según ha informado la prensa, el secretario general gana más de 4 millones de pesos, lo cual es un escándalo, si es así, pues tienen percepciones superiores al del Ejecutivo federal.
Por esta razón y por obviedad de tiempo, voy a leer de manera precisa los cuatro puntos del acuerdo:
Primero. Se hace una exhortación para que los funcionarios públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministros, magistrados, jueces y demás empleados y funcionarios públicos de otros órganos del Estado, incluyendo los autónomos, así como el IFAI, todos ellos exentos durante su desempeño de la aplicación de la reforma del artículo 127 constitucional en cuanto a sus remuneraciones, se sensibilicen y en un acto de solidaridad adecuen sus percepciones a la situación que vive el país y donen a las instituciones públicas de asistencia la parte de su remuneración que rebase la percepción máxima establecida para el Ejecutivo federal.
Para quien piense que ésta es una candidez, yo, aunque no gano lo que quien usurpa la presidencia, la mitad de mi ingreso lo destino a obra social en mi distrito.
Segundo. Se hace una exhortación para que los funcionarios públicos de los órdenes de gobierno estatal y municipal que estén exentos durante su desempeño de la aplicación de la reforma al 127, también donen el excedente a instituciones de asistencia pública.
Tercero. Se exhorta a esta Cámara de Diputados para que en el menor tiempo posible legisle sobre la ley reglamentaria que permita un eficaz cumplimiento del artículo 127 constitucional y establezca las sanciones administrativas y/o penales, en caso de incumplimiento. Y finalmente
Cuarto. Se exhorta a la Cámara de Diputados para que modifique, si es el caso, su presupuesto 2010 e impida que el secretario general o cualquier otro funcionario de la Cámara de Diputados que reciba una percepción superior a lo de un diputado federal. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el señor diputado Ardelio Vargas Fosado, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que respete la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas, suscrito por diputados de diversos grupos parlamentarios.
El diputado Ardelio Vargas Fosado: Con su permiso, señor presidente. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, a respetar la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Los suscritos, diputados federales de la LXI Legislatura, integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía
Proposición con punto de acuerdo con objeto de que se exhorte al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, a efecto de que respete la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas, en atención a las siguientes
Consideraciones
La autonomía sindical es una conquista laboral que tuvo un elevado costo social para los trabajadores. El derecho a la autodeterminación de las colectividades de trabajadores es un elemento esencial para la justicia social y la vida democrática consagrada en nuestra Constitución.
Una de las manifestaciones concretas de la autonomía sindical es la organización periódica de las elecciones internas para que los trabajadores elijan libremente a sus representantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 3 del Convenio 87 de la OIT.
En este sentido, durante abril a julio del año en curso el Sindicato Mexicano de Electricistas llevó a cabo el proceso de elección de su comité central. Como resultado de dicho proceso, Martín Esparza Flores resultó electo secretario general, habiéndose votado y aprobado mediante asamblea general de fecha 6 de julio del presente año.
En cumplimiento a la normatividad laboral, el 5 de agosto del año en curso el Comité Central del SME informó a la Secretaría del Trabajo la integración de su comité central solicitando la toma de nota y estatutariamente se encuentra en funciones a partir del 14 de julio del año en curso.
Con el supuesto argumento de contar con un plazo que vence hasta el 5 de octubre, la autoridad laboral ha negado reiteradamente la solicitud para que otorgue la correspondiente toma de toma. La negativa de la autoridad laboral en cuanto a extender la toma de nota al Comité Central del SME es producto del error en que incurre la Secretaría del Trabajo, al confundirse la figura del registro de sindicatos con la llamada "toma de nota".
La toma de nota se norma en el reglamento interior de la Secretaría del Trabajo, no resultando aplicable disposición alguna referente al registro de sindicatos que contempla la Ley Federal del Trabajo. Se trata de cosas diversas, también reguladas en forma diferente por las leyes laborales.
La autoridad laboral no se está conduciendo en congruencia con las facultades que se le otorgan y, en lugar de tutelar los derechos laborales y concretamente velar por el respeto y actuar en consecuencia con el principio de autonomía sindical, está realizando exactamente lo contrario al obstaculizar sin fundamento la toma de nota solicitada por el SME.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Esta soberanía acuerda exhortar al secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, para que en cumplimiento de sus facultades legales respete la autonomía sindical de la vida interna del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Segundo. Se solicita al secretario del Trabajo y Previsión Social acate el derecho constitucional del Sindicato Mexicano de Electricistas a decidir legal y democráticamente los asuntos que le competen. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra el señor diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a Semarnat y a Profeco instalen la mesa de diálogo con relación al proyecto de confinamiento de desechos industriales en Zimapán, estado de Hidalgo.
El diputado Francisco Hernández Juárez: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados, el que suscribe, diputado federal Francisco Hernández Juárez, de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía
Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En julio de 2004 la empresa española Abengosa-Befesa presentó el proyecto de Sistemas de Desarrollo Sustentable, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con una inversión en la primera etapa de 9 millones de dólares.
El proyecto plantea construir un confinamiento de desechos tóxicos y peligrosos. El confinamiento es el más grande de México y América Latina, en 133 hectáreas, a escasos 6 kilómetros de la cabecera municipal de Zimapán, Hidalgo.
Este confinamiento tiene capacidad de tratamiento de residuos sólidos, semisólidos y líquidos, con la finalidad de estabilizarlos, mediante un proceso en el que se utiliza cal, cemento y arcilla. Al entrar en operación éste recibirá 170 mil toneladas anuales de residuos tóxicos y peligrosos cada año.
El municipio de Zimapán, cuya explotación minera ha ocasionado el índice de mayor contaminación ambiental y la más alta concentración de arsénico en los mantos acuíferos del país, y de tener un alto rango de enfermedades de cáncer y diabetes en su población, se encuentra en riesgo mayor con la instalación de este basurero de desechos tóxicos.
La instalación de este proyecto ha ocasionado conflictos agrarios, ya que los integrantes del ejido de Mezquite Segundo han demostrado en los tribunales que el confinamiento se edificó en su propiedad y no en el ejido de San Antonio, como se cita en el manifiesto de impacto ambiental.
El pueblo de Zimapán se ha organizado para rechazar la edificación del confinamiento por el impacto ambiental y las violaciones que la empresa española ha efectuado a las normas establecidas para su autorización.
Se desacató la orden judicial emitida por el Tribunal Colegiado de Distrito con sede en Pachuca, Hidalgo, que otorga suspensión provisional al amparo interpuesto por el consejo municipal de suspender sus actividades hasta que se comprobara que su funcionamiento no pondría en riesgo la vida y salud de los habitantes de este municipio.
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, en el resolutivo GPA.DGI-RA.646.04, admite que no se realizó ninguna consulta pública del proyecto.
A pesar de estas resoluciones a favor del pueblo de Zimapán, la respuesta a sus peticiones ha sido la represión por parte del gobierno federal y estatal a lo largo de más de dos años de lucha jurídica y movilizaciones para defender su calidad de vida, ante la empresa Befesa, cuyo historial de contaminación por el mal manejo de los materiales tóxicos ha sido denunciada por los grupos ambientalistas en Huelva, España.
El consejo municipal, a través de su presidente, ha buscado a las autoridades federales para encontrar una salida a su petición de cancelar este proyecto. Para ello han solicitado a expertos en geología y medio ambiente, estudios independientes que permitan conocer el impacto real de este basurero tóxico.
El dirigente de la resistencia contra el confinamiento de Befesa, José María Lozano Moreno, ganó la presidencia municipal de Zimapán; la Secretaría de Gobernación lo citó el 2 de septiembre de 2009 a una reunión con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Jerónimo Gutiérrez Hernández; y el secretario de Gobernación de Hidalgo, Gerardo González Espínola.
Ante el temor de sufrir alguna medida judicial, el presidente municipal solicita a organizaciones sindicales y de derechos humanos que lo acompañen. El subsecretario de Gobernación planteó que, dada la resolución judicial, la empresa ha cumplido los requisitos establecidos, y le dan 24 horas para que entre en operación, con o sin el consentimiento del poblado y la representación municipal.
El ultimátum de la Segob pone en alerta a la comunidad de Zimapán, ante la posible entrada de la fuerza pública para permitirle a la empresa Befesa empezar a funcionar a pesar de que la población se opone.
La Secretaría de Gobernación se ofreció a instalar una mesa de diálogo permanente para atender las peticiones de la comunidad, y se comprometió a convocar a las organizaciones para analizar las propuestas, y hasta la fecha esto no ha operado.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente
Proposición
Primero. Se exhorta al secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, a convocar a la instalación de esta mesa de diálogo a la brevedad posible, con la representación del municipio de Zimapán, a fin de analizar y tomar las medidas conducentes que beneficien a la comunidad y evitar la salida represiva a este problema.
Segundo. Convocar a las autoridades competentes, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal del Consumidor, para evaluar los impactos ambientales bajo las normas nacionales e internacionales a través de un tercero, para garantizar la objetividad del resultado y evaluar la viabilidad de la planta de residuos industriales, la afectación al medio ambiente y la calidad y la vida de la población. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra el señor diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la inversión del tramo carretero Nogales-Estación, así como la realización de obras complementarias de modernización en municipios derivados del convenio de coordinación celebrado por el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, por parte del gobierno federal y el gobernador del estado de Sonora.
El diputado Onésimo Mariscales Delgadillo: Con su permiso, señor presidente. Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados.
Proposición con punto de acuerdo para exigir el cumplimiento del convenio de Coordinación que celebraron el 18 de septiembre de 2008 por el gobierno federal y el gobernador del estado de Sonora, para ejecutar las obras del tramo carretero Estación Don-Nogales, así como las obras complementarias de modernización en los municipios por los que atraviesa.
Los suscritos diputados federales, integrantes de esta LXI Legislatura, representantes populares del estado de Sonora y pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exigir la inversión del tramo carretero Nogales-Estación Don, de 5 mil millones de pesos, así como obras complementarias de modernización en municipios derivados del convenio de coordinación que celebraron el 18 de septiembre de 2008, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, por parte del gobierno federal, y el gobernador del estado de Sonora, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El 18 de septiembre de 2008 se firmó un convenio de coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal y el gobierno de Sonora para modernizar la carretera Estación Don-Nogales, ello con la finalidad de resolver la problemática operativa de dicha carretera y garantizar la seguridad de los usuarios en esta vialidad, con una inversión de más de 5 mil millones de pesos. Lo anterior de conformidad con el comunicado de prensa número 191 emitido por la propia SCT en esa misma fecha.
En ese mismo programa de modernización se contempla la rehabilitación del pavimento en tramos con un estado físico no satisfactorio, así como la ampliación de la sección transversal de los cuerpos de la carretera.
Incluye el reforzamiento del programa de residentes en las casetas de Fundición, la Jaula y Esperanza, con lo que 46 mil 724 usuarios registrados no pagarán peaje en estas localidades. Los habitantes que se beneficiarían son residentes de los municipios de Álamos, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa, en la caseta Función; y la Jaula, Bácum, Cajeme, Quiriego, Vicam y Potam en Esperanza.
También se contempla la elaboración de los proyectos ejecutivos necesarios, para ampliar satisfactoriamente la sección en ambos cuerpos de la carretera en los tramos con mayor índice de accidentes.
Este convenio resulta de interés para los sonorenses y ciudadanos de los estados vecinos de la región noroeste del país y los estados vecinos de Norteamérica, Arizona y California, por el intercambio comercial, turístico, industrial y de servicios en esta región que fue signado el convenio y los avances de las obras que hasta el momento se han realizado.
Es conveniente recordar que en los últimos años, Sonora fue azotado por fenómenos climatológicos atípicos, como Juliett, Henri, Lowell, Norbert y recientemente Jimena, que provocaron severos daños a la estructura carretera, lo que ha hecho perder competitividad a los diferentes sectores productivos del estado y del resto del país, afectando al turismo, comercio, industria, agricultura, ganadería y seguridad de los usuarios de dicha ruta de peaje.
Por todo lo anterior y tomando en consideración que ya se cumplió un año de la suscripción del referido convenio, y hasta el momento los sonorenses no tenemos ningún tipo de información oficial del inicio de las obras de dicho tramo, mismo que se encuentra en pésimas condiciones, nos permitimos presentar ante este pleno el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se dé cumplimiento al convenio suscrito por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno del estado de Sonora, referido al antecedente primero.
Segundo. Se informe a esta soberanía sobre los términos y condiciones en los que fue signado el mencionado convenio y concretamente se remita el programa de inversión, adjuntando el calendario de ejecución, así como los términos del proceso de licitación de la obra.
Tercero. Se informe también de las obras adicionales de infraestructura complementaria en los municipios por donde cruza la carretera de cuatro carriles.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 29 de septiembre de 2009.
Diputado José Luis Marcos León Perea, diputado Ernesto Lucas de Hopkins, diputado Rogelio Días Brown, diputado Manuel Ignacio Acosta, diputado Miguel Ernesto Pompa, diputado Jesús Alberto Cano Vélez y diputado Onésimo Mariscales. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Transportes.
Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad desista de las demandas interpuestas contra los usuarios de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, por las protestas sociales contra el alza de las tarifas eléctricas.
El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. Quiero enviar desde esta alta tribuna de la nación un saludo a los dirigentes sociales René Muñoz Girón, Sonia Ríos, Artemio Zárate, Miguel Ordaz y Horacio Antonio Hernández, por la valentía civil que han tenido para denunciar ante las autoridades correspondientes las irregularidades que afectan a decenas de miles de oaxaqueños y mexicanos en general, por las altas tarifas del servicio de la energía eléctrica.
Desde principio de la presente década se han incrementado de manera dramática los costos en las tarifas eléctricas en el país, las cuales superan hasta 25 por ciento las tarifas en Estados Unidos de Norteamérica.
Con fecha 17 de febrero del año en curso un grupo de ciudadanos se presentó ante las oficinas de la agencia comercial de la Comisión Federal de Electricidad, ubicada en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, para exigir, mediante oficio dirigido al ingeniero Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad, la resolución y la reducción del precio de kilowatts, debido a los altos cobros del servicio.
El grupo en comento presentó el 20 de febrero del presente año un oficio dirigido a la licenciada Ana Pérez, jefa de la Agencia Administrativa de la Comisión Federal de Electricidad, en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, mediante el cual se solicitaba información por escrito sobre los motivos de los cobros excesivos y por los cortes sucesivos del servicio de la energía eléctrica.
Cinco días después se realizó una mesa de trabajo en la que estuvo presente el ingeniero Eduardo Olivares Pérez, superintendente de la zona de Tehuantepec, de la Comisión Federal de Electricidad, y la comunidad afectada en esa reunión, representada por el ingeniero René Núñez Girón.
En dicha mesa se signó una minuta de trabajo con los siguientes puntos:
Uno. Que la Comisión Federal de Electricidad realizaría una revisión de los recibos de los pobladores considerados anormales y realizaría una refacturación, en caso de detectar algún tipo de error, con la aclaración de que a los recibos que estén en revisión no se les suspenderá el servicio. Estas revisiones deberán concluirse a más tardar el 6 de marzo del año en curso.
Dos. Que la Comisión Federal de Electricidad de la zona de Tehuantepec ofrecerá el apoyo de asesoría en ahorro de energía y se compromete a que, al término de la revisión de los recibos, instrumentará un programa permanente de ahorro de energía.
Cabe señalar que la minuta se firmó por los funcionarios de la CFE, ingeniero Eduardo Olivares Pérez y Ana Dinorah Pérez López, así como por el representante y por habitantes afectados. Sin embargo, los funcionarios no cumplieron los acuerdos, por lo que los ciudadanos afectados presentaron otro oficio, con fecha 12 de marzo, dirigido al ingeniero Eduardo Olivares Pérez, superintendente de la zona Tehuantepec de la CFE.
Debido a la falta de compromiso por parte de las autoridades y ante el marasmo institucional para hacer viables las demandas y los compromisos asumidos, el 23 de marzo se llevó a cabo una manifestación por la población afectada afuera de las oficinas de la CFE, haciendo uso de uno de los derechos más elementales consagrados en la Carta Magna: la libertad de manifestación.
En lugar de dar salida a las peticiones, que se realizaron conforme a derecho, las autoridades interpusieron una demanda ante el juez séptimo de distrito en Salina Cruz, Oaxaca, por el delito de privación ilegal de la libertad, solicitando que se liberase orden de aprehensión contra los manifestantes, incluidos los ciudadanos que mencioné al inicio de esta intervención.
Señoras y señores diputados: nos preocupa que las autoridades de la CFE, ante reclamos de los ciudadanos de manera ordenada, pacífica, institucional, respondan de esta manera a través del levantamiento de actas y consiguientes averiguaciones previas contra ciudadanos pacíficos.
Por eso, apelando a la sensibilidad de este honorable cuerpo colegiado, con fundamento en los elementos mencionados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
De urgente u obvia resolución.
Único. Que se exhorte a la Comisión Federal de Electricidad para que desista de las demandas interpuestas, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión, la cancelación de los sujetos a proceso jurídico, generadas de la protesta social, contra los usuarios de energía eléctrica en Ixtepec, Oaxaca.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009. Gracias por su atención. Solicito al presidente que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Como solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Energía.
Tiene la palabra el diputado Josué Cirino Valdés Huezo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a honrar la memoria del generalísimo don José María Morelos y Pavón, mediante la realización de diversas acciones tendentes a conservar en buen estado y restaurar monumentos que evoquen al héroe, así como llevar a cabo la difusión de su biografía, logros y virtudes en radio y en televisión nacionales.
El diputado Josué Cirino Valdés Huezo: Compañeros diputados, señor presidente: Según frase de José Martí, "honrar honra", con motivo del acercamiento del bicentenario de la Independencia nacional justo es honrar a nuestros héroes.
Uno de los pilares fundamentales de la independencia es sin duda el cura José María Morelos y Pavón. Su indeclinable voluntad, su genio político y militar y su sensibilidad política lo convirtieron en pieza clave del movimiento insurgente hasta encabezarlo.
Resulta lamentable el mal estado que guarda un buen número de monumentos históricos erigidos a lo largo y ancho de la república en nombre del caudillo. Es el caso de dos estatuas que hay en Ecatepec de Morelos, México ?donde, como todos sabemos, el Siervo de la Nación fue sacrificado?, a cuyo pie conmemoramos ayer los 244 años de su natalicio.
Aunado a lo anterior, en los contenidos televisivos y en los radiofónicos rara vez encontramos menciones trascendentes sobre hechos históricos relevantes para el país, por lo que
Considerando
Primero. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos son de utilidad pública la protección, la conservación y la restauración de los monumentos históricos.
Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o., 4o., 7o., y 44 de dicha ley son competentes para la protección, la conservación y la restauración de los monumentos históricos la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Tercero. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión es competencia de la Secretaría de Gobernación vigilar que las transmisiones de radio y las de televisión, dirigidas a la población infantil, procuren la comprensión de los valores nacionales.
Cuarto. Que con fundamento en el artículo 11 de la Ley Federal de Radio y Televisión, la Secretaría de Educación Pública tiene como atribución promover la transmisión de programas de interés cultural y cívico.
Quinto. Que con fundamento en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, las estaciones de radio y de televisión deberán efectuar emisiones diarias, gratuitas con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social, las que serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.
Sexto. Que con el paso del tiempo distintos monumentos de Don José María Morelos y Pavón han sufrido deterioro y destrucción, específicamente dos estatuas situadas en Ecatepec de Morelos, México; una de ellas de 1864 y otra de la década de los ochenta.
Séptimo. Que lamentablemente los medios de comunicación electrónicos no dedican, desde nuestro punto de vista, tiempo suficiente para recordar hechos trascendentes de la historia de la nación.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se exhorta al presidente de la república a instruir a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto de Antropología e Historia, para que durante el año de celebración del Bicentenario de la Independencia ejerza su facultad de conservación y restauración de los monumentos históricos que evoquen al generalísimo José María Morelos y Pavón, poniendo especial atención en los que residen en el lugar de la muerte de dicho caudillo.
Segundo. Se exhorta al presidente de la república a instruir a la Secretaría de Gobernación a efecto de que en los tiempos oficiales que la ley asigna al Estado se incorporen cápsulas conmemorativas sobre la vida, la obra y el legado del Siervo de la Nación. Por su atención, gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra la diputada Martha Angélica Bernardino Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para el seguimiento de la inversión pública en infraestructura, reactivación económica y empleo.
La diputada Martha Angélica Bernardino Rojas: Gracias. Con su permiso, diputado presidente, buenas tardes.
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento a esta honorable asamblea punto de acuerdo para la creación de una comisión especial encargada del seguimiento de la inversión pública en infraestructura, reactivación económica y empleo, teniendo como antecedente que la bonanza petrolera en los últimos años no ha sido aprovechada por los gobiernos que han estado ejerciendo.
Así también como que los escenarios económicos internacionales han tenido una repercusión directa en la crisis de México, que las estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en el apartado de Economía Competitiva y Generadora del Empleo reconocen a la infraestructura como la vía adecuada para la reactivación económica y el empleo.
Que muchos de los recursos presupuestarios destinados a la infraestructura carecen de una eficiente planeación, aplicación y fiscalización. Situación que ha generado montos alarmantes de subejercicios.
Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha manejado los fondos y fideicomisos de manera discrecional. Y que la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha sido de manera constante en los temas de infraestructura y generación de empleos.
También, que existen grandes contradicciones entre los recursos programados y ejecutados. Por tanto, es imprescindible que el Legislativo cuente con un instrumento que dé seguimiento puntual a los recursos programados por esta soberanía.
En síntesis, ése es el punto de acuerdo y solicito también que tenga a bien inscribirlo de manera textual en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, diputada. Se ordena insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates y se turna a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el señor diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Presidencia de la República a que tome acciones decididas y contundentes para hacer viable y productiva la explotación del gas metano asociado al carbón.
El diputado Melchor Sánchez de la Fuente: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los diputados federales por Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI, a través del de la voz, su servidor Melchor Sánchez de la Fuente, presentamos a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, con los siguientes motivos y
Antecedentes
En noviembre de 2004 el gobierno mexicano, junto con otras 13 naciones, se adhirió a la Asociación para el Mercado del Metano, a fin de cooperar en el desarrollo de proyectos para la captura y uso del gas metano como fuente de energía limpia y para mejorar el medio ambiente. Lo anterior toma especial importancia, toda vez que este gas ha aumentado su presencia 151 por ciento durante el último siglo en la capa de ozono.
La explotación de este tipo de gas no convencional tiene una creciente importancia económica, llegando a representar cerca 15 por ciento de la producción doméstica del gas de Estados Unidos de Norteamérica, y hasta 40 por ciento de Canadá, según datos del Sistema Integral sobre Economía Minera.
En nuestro país se explotan más de 15 millones de toneladas de carbón mineral cada año. De éstas, 95 por ciento se producen en la región carbonífera de Coahuila. Cuando sumamos a esta importante actividad minera la presencia de altas concentraciones de gas metano asociado al carbón y la ausencia de incentivos suficientes para invertir en el aprovechamiento de este gas asociado, resalta de manera considerable el riesgo de sufrir accidentes que corren los trabajadores de las minas de carbón.
Un ejemplo fue la explosión de gas metano ocurrida el 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde perdieron lamentablemente la vida 65 mineros.
El 9 de marzo de 2006, a propuesta de esta soberanía, fue aprobado el decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y la Ley Minera, el cual establece el marco jurídico para la explotación del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2006.
Con esto se pretende, entre otros, evitar desgracias como la ocurrida en la mina Pasta de Conchos donde perdieron ?como ya lo dije? 65 mineros la vida. Recientemente, en la mina Lulú perdieron la vida 2 mineros, también en Coahuila.
En estos momentos las altas cargas impositivas hacen imposible la explotación del gas metano y dejan sin sentido la reforma antes mencionada. Además, deja a México sin la posibilidad del desarrollo económico, tan necesario, que pudiera beneficiar a muchos miles de mexicanos desempleados.
Yo me pregunto: ¿por qué detener la posibilidad de progresar? ¿Por qué tanta burocracia para lograr lo que a todos los mexicanos conviene? ¿Por qué hacer difícil lo que podría sacar de la pobreza a miles de personas mexicanas desempleadas?
El tema de reactivación económica es prioritario y es urgente. Tenemos un país rico en todos los aspectos. El gas es nuestro, aprovechémoslo. Detengamos el tirarlo al espacio y seguir contaminando el medio ambiente.
A mí nadie me va a contar lo que nuestros mineros sienten al arriesgar su vida en los trabajos día con día. He estado con ellos ahí en su trabajo, ahí en el tajo, ahí en el pocito carbonero donde apenas caben los mineros a gatas, sin seguridad alguna que los proteja de este gas tan dañino.
Compañeros diputados, respetuosamente les pido que aprueben este punto de acuerdo, dada la importancia que tiene la minería en el desarrollo económico de nuestro país, especialmente para estados como Coahuila.
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al presidente de la república a que tome acciones decididas y contundentes para hacer viable y productiva la explotación del gas metano asociado al carbón, para evitar accidentes lamentables como el que sucedió en la mina Pasta de Conchos y recientemente en la mina Lulú, así como detener el deterioro ambiental de la región e impulsar el desarrollo económico tan importante para México.
Señor presidente, le solicito que se integre en el Diario de los Debates este punto de acuerdo tal y como fue publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, señor presidente. Por su atención a todos ustedes y a usted, presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Energía.
Señoras diputadas y señores diputados, acabamos de recibir diversas comunicaciones de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de éstas.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación del orden del día para la inclusión correspondiente en el primer turno posible, del siguiente asunto:
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política con el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se solidarice con el pueblo y gobierno de la República de Guatemala, enviando ayuda urgente para mitigar los efectos de la sequía que azota a la población de este hermano país.
Firman, diputado Francisco Rojas Gutiérrez, Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputada Josefina Vázquez Mota, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Juan José Guerra Abud, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Pedro Jiménez León, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; diputado Pedro Vázquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Reyes Tamez Guerra, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted, diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, atentamente, consultar al pleno la modificación al orden del día para la inclusión correspondiente en el primer turno posible, del siguiente asunto:
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se ejecuten los recursos programados del Fonden, Sagarpa y Conagua, para mitigar los efectos del huracán Jimena, en Baja California Sur.
Firman también todos los diputaos integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados. En consecuencia proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo para solidarizarse con el pueblo y el gobierno de la República de Guatemala.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se solidarice con el pueblo y gobierno de la República de Guatemala enviando ayuda urgente para mitigar los efectos de la sequía que azota a la población de ese hermano país.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente que presentan los diputados federales integrantes de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo, del Partido de la Revolución Democrática y del Convergencia, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente
Punto de acuerdo
Único. El pleno de este Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de la Unión para que el gobierno mexicano se solidarice con el pueblo y gobierno de la República de Guatemala enviando auxilio consistente en alimentos y medicinas que permitan mitigar el grave efecto del fenómeno de la sequía que azota a la población de ese hermano país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 1 de octubre de 2009.
Diputado Francisco Rojas Gutiérrez, presidente y, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputada Josefina Eugenia Vázquez Mota, coordinadora del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, diputado Alejandro de Jesús Encinas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputado Juan José Guerra Abud, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputado Pedro Vázquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Reyes Tamez Guerra, coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, diputado Pedro Jiménez León, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia. Es todo, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.
Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo relativo a los efectos del huracán Jimena en el estado de Baja California Sur.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su permiso, señor presidente. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se ejecuten los recursos programados del Fonden, Sagarpa y Conagua para mitigar los efectos del huracán Jimena en el estado de Baja California Sur.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de la sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente que presenta la diputada Esthela Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se solicita al Ejecutivo federal, en particular a la Secretaría de Gobernación, que radique de manera urgente los recursos programados y extraordinarios del Fonden para mitigar los daños provocados por el huracán Jimena en los municipios de Comondú, Mulegé, del estado de Baja California Sur.
Segundo. Se solicita al Ejecutivo federal que constituya de manera inmediata una mesa de trabajo con las dependencias involucradas, gobierno federal, estatal y municipal, sectores productivos y legisladores federales, estatales, para agilizar, seguir y evaluar los trabajos de reparación de los daños de los municipios afectados.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que establezca de manera urgente un programa emergente, en el que se asignen recursos para apoyar a los sectores agropecuario y pesquero de estos municipios.
Cuarto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara, que contemple ampliaciones de recursos para los programas de apoyo a los sectores agropecuario y pesquero de Baja California Sur, para el ejercicio fiscal 2010.
Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a 1 de octubre de 2009. Diputado Francisco Rojas Gutiérrez, presidente y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputada Josefina Eugenia Vázquez Mota, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Juan José Guerra Abud, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Pedro Vázquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Reyes S. Tamez Guerra, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; y diputado Pedro Jiménez León, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Aprobado.
Señoras diputadas y señores diputados, en razón de que se han cumplido más de las 5 horas de duración de la presente sesión, que establece el artículo 1o. del acuerdo relativo a los lineamientos de asistencia a las sesiones y con fundamento en las atribuciones que me confiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (16:39 horas): Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 6 de octubre a las 11 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.