Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 6 de octubre de 2009

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras diputadas y de los señores diputados.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 383 diputados. Por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (11:46 horas): Se abre la sesión. Consulte a la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior?

El diputado Porfirio Muñoz Ledo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame señora secretaria. Desea hacer uso de la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo. ¿Desde su curul, señor diputado?

El diputado Porfirio Muñoz Ledo (desde la curul): No. Quiero subir a tribuna.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ciudadano, señor presidente; ciudadanos legisladores, los que ya están sentados y lo que todavía están platicando. He pedido el uso de la palabra para una observación respetuosa sobre el orden del día. Sé que se ha discutido esta mañana en la Mesa Directiva. Resulta que aprobamos un formato de orden del día en el cual el debate político se queda para el final, para la próxima sesión o para la próxima semana y sobreabundan los puntos de acuerdo.

Espero, como muchos legisladores, que esta anomalía sea corregida, porque el debate sobre los temas fundamentales de la nación ocurre cuando el quórum ya se ha disuelto o cuando la fatiga ha ganado la batalla parlamentaria.

No olvidemos que esta Cámara y el Congreso de la Unión tienen como función legislar; así como el Ejecutivo tiene como función administrar, pero que ambos somos Poderes del Estado y que aquí se deposita no sólo la representación nacional, sino la conciencia crítica del país.

El tema de hoy es el atraco estructural al Sindicato Mexicano de Electricistas. Le llamo atraco estructural porque es un avance de las privatizaciones que vienen y de la flexibilidad laboral que se pretende.

Antes de precarizar la condición de los trabajadores han decidido precarizar a los propios sindicatos. Le han quitado al Sindicato Mexicano de Electricistas una concesión que tenía para fibra óptica en comunicaciones, y se la han dado a una empresa de origen español que se llama WL Comunicaciones, cuyos dueños ahora son altos dignatarios y personalidades del partido en el gobierno.

La intención es disminuir, eliminar la resistencia del sindicato, para proceder a la fusión de las empresas, y después a la privatización de las mismas, como antecedente del alza desmesurada en el costo de la electricidad.

La negativa de la nota de la Secretaría del Trabajo ?lo dice un antiguo titular de esa dependencia? es ilegal. Se trata de un procedimiento administrativo de registro, que nada tiene que ver con el registro que prevé la ley para la constitución de los sindicatos, y en el cual se establece que en ningún caso podrá negarlos la autoridad correspondiente.

La Junta de Conciliación y Arbitraje en la esfera federal y las de la esfera local, no tienen competencia para intervenir en las elecciones internas de los sindicatos; no son el IFE laboral ni menos el Trife.

Llegará el día, que espero sea próximo, para el respeto de la libertad y autonomía sindicales, donde la ley prevea un sistema que garantice, en plenitud, la libre expresión de los trabajadores.

La Convención 87, sobre la libertad sindical, de la Organización Internacional del Trabajo, estipula claramente que las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar el derecho de los trabajadores a elegir a sus representantes, y de todas las actividades y programas de acción de las organizaciones sindicales.

La fracción XXVI del artículo 123 de la Constitución establece el derecho de los empresarios y de los trabajadores para organizarse libremente y ningún registro es constitutivo de este derecho.

Termino diciendo que a Lozano hay que cortarlo por lo sano. Las organizaciones sindicales ya han pedido su renuncia desde que expresó, desde su función, que la Ley Federal del Trabajo era inaplicable y nociva a las relaciones obrero-patronales. Habiendo prometido cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, no solamente es reo de juicio político, sino debe exigir esta representación su renuncia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le comento, señor diputado, que es tema que vimos hoy en la Mesa Directiva y que estaremos desahogando los temas pendientes de la sesión anterior, a efecto de poder cumplimentar los acuerdos de la última sesión que suspendimos.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se lo agradezco mucho, señor presidente. Olvidé nombrar a muy connotados dirigentes sindicales como Tereso Medina, como el propio Francisco Salazar, que fue líder de trabajadores en la Universidad de San Luis; como Francisco Hernández Juárez, como tantos otros. Son no solamente alusiones en términos de la ley, son menciones precisas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría siga con el siguiente punto del orden del día, que es la lectura el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta. Pasamos al siguiente punto, que es proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno, de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Continúe el secretario.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura.

En votación económica, solicito a diputados y diputadas que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo (votación). Mayoría, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado, Comuníquese.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea la Comisión Especial Para analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales.

En votación económica se pregunta si se aprueba, las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo (votación). Aprobado, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado, Comuníquese.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura.

En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el presente acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo (votación). Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado, comuníquese.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con el que se designa a los integrantes que representarán a la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres.

En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con el que se exhorta al gobierno federal a que, a través de las Secretarías de Salud y de Educación Pública, inicien campañas de prevención y atención a la población por la epidemia de influenza AH1N1.

En votación económica se pregunta?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, secretaria. Sí, diputado, dígame.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente, sobre este tema que va a poner a votación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Con el objeto, diputado presidente, de manifestar mi voto en contra, razonarlo. Se ha hecho una manipulación del tema, del virus al que se está haciendo referencia.

Hubo una campaña del gobierno usurpador, previa a la elección del 5 de julio, donde hubo una evidente manipulación, un manejo de las cifras con intención política, un daño a la economía por un manejo ligero e irresponsable. Me parece que la determinación que esta soberanía va a tomar en el sentido de que se empiece a aplicar las vacunas en los términos que han planteado, es una decisión incorrecta.

Creo que esta decisión tendría que pasar por una revisión muy seria del tema, efectivamente, sobre la dimensión de la enfermedad, los casos que existen, los costos que ha tenido la compra de estas vacunas, efectivamente, su eficacia, que me parece que esconde más un negocio de compra de este tipo de medicamentos y no de una verdadera solución a un problema de salud pública que no existe.

Hay casos muy graves donde sí hay pandemia como el sida y no se ha tenido ninguna respuesta en las dimensiones y las características que se le ha dado a esta enfermedad. Sin embargo, en este caso, la propia Cámara de Diputados está a punto de tomar una determinación que no ha sido discutida, que no ha sido revisada con seriedad, y que me parece una cosa incorrecta.

Por tanto, pediría que se turne, como todos los demás casos, a un análisis de las comisiones, a la propia Junta de Coordinación, aunque está avalando, de entrada, este documento, en su defecto, y que no se tome en este momento la determinación o, en su caso, se haga una revisión seria del mismo, en el debate necesario. Esto es lo que estoy planteando, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado, sólo que a la hora que turnamos, fue turnada en sesiones posteriores, no hubo oposición al trámite, por tanto, le pido a la Secretaría proceda a continuar con el trámite en este tema.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado, comuníquese.

La Secretaría diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto; el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondiente al mes de agosto de 2009.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: ¿Falta algún diputado o diputada de registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 459 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor secretario, le solicito que continúe con el oficio del congreso del Estado de Baja California.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Oficio del Congreso del estado de Baja California sur con el que remite acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se destinen recursos suficientes para la compra y distribución oportuna de vacunas contra la Influenza Humana AH1N1 y se distribuyan a las secretarías de Salud de cada una de las entidades federativas para su inmediata aplicación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Oficio del Congreso del estado de Chihuahua con el que remite acuerdo para que en el momento de analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 exista la posibilidad de autorizar o destinar la partida correspondiente al gasto administrativo y/o corriente asignado a la Secretaría de Turismo en el presente ejercicio fiscal.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio del Congreso del estado de Colima con el que remite acuerdo para que en la miscelánea fiscal de 2010 no se aprueben nuevos impuestos ni se incrementen las tasas impositivas en los ya existentes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Señoras y señores diputados: contamos con la visita de estudiantes y maestros del Instituto Leonardo Bravo, en su licenciatura de turismo, así como de la escuela Villarrica de la Veracruz y colonos y líderes del municipio de Ecatepec, Estado de México. Sean todos ustedes bienvenidos. Continúe, señor secretario.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio del Congreso del estado de Oaxaca con el que remite acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se etiqueten recursos para aplicarlos directamente a un programa de apoyo a los pequeños productores que cultivan y resguardan las cerca de 60 razas criollas de maíz.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el que remite acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a elaborar de manera coordinada un diagnóstico de las condiciones sociodemográficas y económicas, así como los alcances de la función gubernamental relativa con la prestación de servicios públicos en las delegaciones Iztapalapa, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el que remite acuerdo para exhortar al Senado de la república, a la Cámara de Diputados y a la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar su presupuesto a fin de realizar economías para ser destinadas a los programas de orden social.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese el punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación de la Sagarpa, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los trabajadores migrantes en retorno y sus familias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación de la PGR, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los recursos públicos del Fondo de Desastres Naturales asignados al gobierno de Tabasco.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de la Función Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación de la Secretaría de la Reforma Agraria, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al fenómeno hidrometeorológico Jimena.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente, para su conocimiento.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al huracán Jimena.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente, para su conocimiento.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación de la Secretaría de Educación Pública a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al fenómeno hidrometeorológico denominado "Jimena".

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente, para su conocimiento.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite los informes finales de las evaluaciones en materia de diseño de los programas a cargo de la Secretaría de Economía y su sector coordinado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Economía, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite los informes finales de la revisión a la matrícula pública de educación básica del ciclo escolar 2008-2009, y a las nóminas pagadas de los tres niveles de educación básica, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2009.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos, correspondientes al primer semestre de 2009.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía, para su conocimiento.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el Informe, correspondiente al cuarto bimestre, sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, y de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno federal, en cumplimiento a los establecido por el artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación, para su conocimiento.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 40 F y 222, de la Ley del Seguro Social, presentada por los senadores Francisco Herrera León, Fernando Castro Trenti, Fernando Baeza Meléndez, Adolfo Toledo Infanzón, Raúl Mejía González y Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 6º y 14 de la Ley de Comercio Exterior, presentada por los senadores Amira Griselda Gómez Tueme y Jesús María Ramón Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Economía.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Pesca y de Ciencia y Tecnología, para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, apruebe un mayor presupuesto a la ciencia y tecnología pesquera acuícola del país y al Instituto Nacional de Pesca, presentada por los senadores Luis Alberto Coppola Joffroy y Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Pesca y de Ciencia y Tecnología.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a crear un Fondo de Contingencias Sanitarias para atender enfermedades como la Influenza AH1N1 y el dengue, entre otras, presentada por los senadores María Elena Orantes López, Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a disponer una mayor asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, para el Fondo de Modernización Municipal, presentada por el senador Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instalar una mesa de trabajo encargada de poner en operación las acciones de emergencia y aplicación de recursos económicos para atender problemas que enfrentan los productores agropecuarios y pesqueros de los municipios de Comondú y Mulegé en Baja California Sur, que resultaron afectados por el huracán Jimena, presentada por los senadores Francisco Javier Obregón Espinoza, Josefina Cota Cota y Luis Alberto Coppola Joffroy, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos del Trabajo, de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, respectivamente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese el tercer punto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Minuta con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Carlos Eduardo Jiménez Macotela para aceptar y usar la Medalla Escuela Superior de Guerra en grado único de Servicios Distinguidos, que le otorgan las Fuerzas Armadas de la República de Colombia.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Minuta con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Mario Rodolfo Segura Villaseñor para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Comendador Primera Clase, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Minuta con proyecto de decreto, por el que concede permiso al ciudadano Hugo Argote Oropeza para que pueda aceptar y usar la Medalla al Mérito Tamandaré, que le otorga la Armada de la República Federativa de Brasil.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Pasamos al siguiente punto del orden del día Iniciativas

Tiene la palabra el diputado Fernando Morales Martínez para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita además por el diputado Juan Carlos Lastiri Quirós, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Juan Carlos Lastiri Quirós: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, para el Congreso de la Unión ha sido práctica parlamentaria el crear comisiones especiales, de manera temporal, que se encarguen de los temas más relevantes de la vida nacional.

En particular, se ha encargado de crear comisiones para evaluar desastres como los que se han presenciado en los últimos años debido a los deslizamientos de taludes y laderas, así como hundimientos de tierra, desbordamientos de ríos y de presas, deslaves por lluvias, sequías y demás desastres naturales que han provocado la pérdida de los pocos bienes de los que menos tienen; pero también por eventos catastróficos causados por la negligencia de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y de empresarios sin escrúpulos, como en el caso del News Divine o el Lobohombo, o más recientemente, el caso de la guardería ABC.

Hay muchas constructoras de vivienda que edifican casas en lugares inapropiados. Sabemos que las comisiones que esta Cámara ha creado no han arrojado los resultados contundentes que muchas veces nosotros deseáramos, o la ciudadanía esté esperando.

Es tiempo de que esta Cámara asuma la responsabilidad y tenga una vía permanente y constante para atender y entender la demanda ciudadana en lo que se refiere a una mayor prevención y menos atención urgente. Es tiempo de responderle a la gente en lo que más le importa: su vida, la de su familia y sus bienes.

Es así que la protección civil es una de las prioridades que año con año se imponen en la agenda nacional. Este año no ha sido excepción, mientras el centro-sur del país se ha visto azotado por inundaciones, el común denominador en el norte son las sequías.

En efecto, es muy importante prepararnos contra fenómenos hidrotermológicos, a los que no estábamos acostumbrados y que lamentablemente hoy nadie se pone a pensar en ello.

Debemos proteger a las ciudades y a las comunidades de inundaciones, elaborar un programa nacional de reubicación de personas, identificar puntos de desplazamientos y hundimientos de tierra, prevenir peligros por erupciones volcánicas, sequías y hambrunas ocasionadas por el calentamiento global del planeta.

Debemos analizar que a la fecha no existe un solo fondo etiquetado para la protección civil, para el equipamiento en los tres órdenes de gobierno.

El Estado tiene la obligación de proteger la vida, la libertad, las posesiones y derechos de todos los ciudadanos. De ahí se deriva la protección que debemos hacer frente a los peligros que ellos están corriendo, fundamentalmente ante los desórdenes y trastornos provenientes de elementos, agentes o fenómenos naturales o humanos que puedan dar lugar a desastres como la trágica e irreparable pérdida de las vidas humanas, la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza y la interrupción de la vida cotidiana.

Es por esto que a raíz de los sismos de 1985 surge el Sistema Nacional de Protección Civil, cuando se crea la Comisión Nacional de Reconstrucción y se trabaja para resolver el grave problema a consecuencia de los sismos, por lo que en abril de 1986 se le presenta un documento al Ejecutivo federal.

Es claro que estas funciones no son cosa sencilla y deben tener un lugar primordial en la agenda nacional. La propia Coordinación General de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, considera de gran importancia y valor contar con una comisión que tenga protección civil, dentro del Poder Legislativo.

Compañeras y compañeros, la Cámara de Diputados, como órgano de representación popular, tiene entre sus funciones la vigilancia del buen funcionamiento y desarrollo gubernamental, que a su vez tiene la función primordial del cuidado de los ciudadanos.

Es por eso, amigos, que es momento de que aprobemos una comisión que se convierta en el eje rector, la columna vertebral de la protección civil en México y seamos nosotros, los legisladores, quienes fomentemos la cultura de la prevención, así como la inclusión de la cultura de prevención en los libros de texto de la educación pública.

De nuestra decisión, señoras diputadas y señores diputados, les puedo asegurar que llevaremos en nuestras espaldas el orgullo de haber salvado vidas o el peso de la pérdida de éstas, por la desidia de nuestro actuar. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Tiene la palabra el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 17 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los suscritos diputados federales de la LXI Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de este pleno la presente

Iniciativa

El sistema financiero mexicano debe ayudar a que los proyectos productivos reciban los recursos necesarios para llevarse a cabo y debe propiciar que todos los sectores sociales participen en el desarrollo económico.

Sin embargo, este sistema presenta muchas debilidades, como es que el 70 por ciento de la población de nuestro país no participe en las operaciones del sistema por lo caro de sus servicios. Además, hay muy pocos productos y servicios que satisfagan las necesidades de las personas de acuerdo al nivel de sus ingresos.

Así el problema aumenta con las repetidas prácticas de las entidades financieras que no informan adecuadamente las condiciones que afectan principalmente las operaciones de crédito y ahorro.

Todas las causas mencionadas han provocado que el sistema financiero mexicano evolucione de forma lenta en comparación con el de otros países. Por ejemplo, el crédito que se entrega al sector privado como porcentaje del producto interno bruto, pasó del 16.9 por ciento del PIB en el año 2000, al 23.3 por ciento en marzo de 2008. Sin embargo, en Chile esta variable se localiza en un 75 por ciento del producto interno bruto y en países como España alcanza el 151 por ciento de producto interno bruto.

Con la finalidad de combatir estos problemas, desde el Congreso de la Unión se han presentado e impulsado, diversos proyectos que favorecen la transparencia y competencia de los servicios financieros, generando la publicación, en junio de 2007, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que se enfoca en propiciar que los usuarios tengan información clara y precisa para la toma de decisiones.

Por ejemplo, que les informen de forma transparente cuánto será el pago total que realizarán por sus créditos, incluyendo los conceptos de intereses y comisiones.

Sin embargo, los intereses y las comisiones no son los únicos costos que se cargan en los servicios que prestan las entidades financieras, y aunque la mayoría están incluidos en el costo anual total, desgraciadamente existen algunos costos y cargos que por su naturaleza no están incluidos en el costo anual total.

Por ejemplo, hay costos y cargos que se introducen en las cláusulas de los contratos y que se refieren a condiciones particulares de los productos y servicios, por lo cual únicamente se aplican cuando el usuario no cumple alguna de las condiciones del contrato, así surgen las penalizaciones como resultado de un presunto incumplimiento del usuario que genera una supuesta afectación a los planes financieros en las instituciones. Bajo esta justificación las instituciones financieras establecen, sin acuerdo o autorización del cliente, este tipo de penalizaciones de las cuales el cliente no se percata porque normalmente están escritas en las famosas letras chiquitas.

Como ejemplo de este tipo de penalizaciones encontramos los cobros que realizan las financieras de las agencias de automóviles que sus contratos para créditos automotrices contienen penalizaciones por pagos anticipados.

Es decir, si el deudor desea abonar una cantidad mayor a la estipulada como pago mensual con la finalidad de liquidar la deuda de su auto antes del plazo fijado en el contrato, la financiera le cobra un porcentaje extra al costo total del vehículo por el pago.

Aun cuando la aplicación de una penalización en estos casos es muy absurda porque evita que los deudores paguen sus deudas rápidamente, es una práctica común que realizan las entidades financieras.

Por lo anterior, esta iniciativa busca transparentar este tipo de condiciones crediticias impidiendo que las entidades financieras cobren penalizaciones por pronto pago, salvo los casos en que este pago sea reconocido por acreedor y deudor, de común acuerdo, identificando esta condición con letra clara y sobresaliente, tanto en las cláusulas de los contratos como en su carátula. Así, el cliente identificará este tipo de penalización de forma rápida y podrá tener la información completa para decidir firmar o no un contrato que contenga este tipo de costos que le impidan liquidar rápidamente sus créditos.

Que no se cobre esta penalización salvo cuando esté estipulado de común acuerdo entre las partes.

Por lo expuesto y fundado, y a fin de fortalecer la transparencia de los servicios financieros y dar mayor certeza a los usuarios de los mismos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 17 Bis a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Diputado presidente, dado que el texto íntegro de la iniciativa está publicado en la Gaceta Parlamentaria, le solicito respetuosamente su inserción en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra el diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados: El suscrito diputado federal del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 55 del Reglamento del Congreso de la Unión, presenta ante esta soberanía iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

La reforma del Estado requiere de un proceso de cambio que involucre a la sociedad y gobierno, en una reestructuración de sus instituciones que alcance mayor eficiencia y eficacia en su desempeño.

El Estado se contempla como el baluarte que garantiza la prevención de los valores como son la libertad, la justicia, la transparencia, la seguridad y los servicios públicos, procurando el bien común.

Cuando un funcionario público es designado, ya sea por elección o por decreto, representa al Estado como ente público y está obligado a desempeñar bien su función y a recibir un salario.

No es suficiente definir el salario mínimo, así como tampoco definir en una ley que los servidores públicos no deban ganar más que el titular del Ejecutivo federal. Se hace necesario definir criterios y parámetros a los que deban ajustarse los funcionarios públicos para evitar exceso y desequilibrio en la asignación de altos salarios.

Esta iniciativa plantea que las percepciones de los funcionarios públicos de elección y de confianza se sujeten, además de lo ya previsto por el artículo 127 de la ley suprema, a los criterios de austeridad, región económica, racionalidad en relación con el gasto corriente y situación socioeconómica, en la que se debe observar la coherencia con su población.

Una nueva cultura en la administración pública reclama profesionalismo y austeridad. Los salarios deben ser congruentes con el desarrollo socioeconómico de nuestra nación. Por lo anterior, se hace necesario implementar mecanismos que sumen al desarrollo económico del país.

Solicito a esta Presidencia disponga lo necesario para que se inserte de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, para Nueva Alianza resulta urgente y prioritario exponer la gravedad del estado en que se encuentra el uso, explotación y aprovechamiento de los recursos hidráulicos, el cual ha sido afectado por fuertes sequías en los últimos años y se ha presentado en las regiones localizadas en los estados del norte y del centro del país, en donde las precipitaciones son en promedio de 400 milímetros al año.

Once millones de mexicanos no tienen acceso al agua potable y se espera que para el año 2030 el consumo de agua aumente en un 25 por ciento.

Es cada vez más notoria la insuficiencia del líquido en la cuenca del valle de México. En los últimos meses continúa afectando en forma grave a la población del Distrito Federal y del estado de México.

Por cuanto hace al aprovechamiento del agua, las eficiencias en el uso aún son muy bajas; en el sector agrícola oscila entre el 33 y 55 por ciento. En las ciudades, su aprovechamiento fluctúa entre el 50 y el 70 por ciento.

De acuerdo con información que presenta la Comisión Nacional del Agua en sus estadísticas de 2008, al dividir el país en dos grandes zonas: norte y sur, encontramos que en la primera se concentra el 77 por ciento de la población, que genera el 87 por ciento del producto interno bruto, y cuenta con una disponibilidad de agua del 31 por ciento.

En la zona sur, en la que habita el 23 por ciento de la población, se genera el 13 por ciento del producto interno bruto y cuenta con una disponibilidad de 69 por ciento del agua renovable.

Al mismo tiempo existen hoy tres veces más mantos acuíferos sobreexplotados que hace 30 años, de los cuales se extrae el 60 por ciento de las aguas subterráneas, lo cual hace que el recurso hídrico sea cada vez más insuficiente.

En múltiples ocasiones el agua ha sido motivo de confrontaciones y problemas judiciales entre comunidades, municipios y entidades, como es el caso que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional por la que el estado de México pretendió la cancelación de la concesión por la cual el Distrito Federal lleva a cabo la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales provenientes de las cuencas localizadas en dicha entidad.

Nueva Alianza considera urgente que ante problemas futuros que se susciten por uso, aprovechamiento y explotación del agua, consolidar el marco normativo, que en lo inmediato impida que cualquier decisión que se adopte para el uso más racional de este recurso genere conflictos entre comunidades, así como en las relaciones entre gobiernos municipales, estatales, del Distrito Federal y las dependencias del Ejecutivo federal.

Someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos párrafos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el párrafo sexto y se adicionan los párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno, todos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 27. ?

?

Se considera de interés público el control de extracción y de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales superficiales y del subsuelo, así como las actividades fundamentales para lograr su uso sustentable, así como la gestión integrada de los recursos hídricos.

La gestión integrada de los recursos hídricos es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Nacional del Agua, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, en cuya integración participará el Poder Legislativo de la Unión, los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, los municipios, las instituciones públicas de educación superior y los usuarios, en los términos que se determinen en la correspondiente ley reglamentaria.

El Consejo es la máxima autoridad administrativa en materia hídrica, autónoma en sus decisiones y funcionamiento, con una estructura integrada de órganos nacionales y regionales, atendiendo a regiones hidrológicas administrativas, en la cual se considerará a la cuenca hidrológica como unidad básica para la gestión integral y sustentable de los recursos hídricos.

Se crean órganos de vigilancia integrados por representantes de los tres órdenes de gobierno, de las instancias académicas y de la sociedad civil. El consejero presidente y los consejeros de las regiones hidrológico administrativas serán designados por el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, a propuesta de las instituciones públicas de educación superior, con especialidades vinculadas en la materia hídrica de cada una de las regiones hidrológicas en que se divida el territorio nacional.

Los funcionarios designados durarán en su encargo 7 años y no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo Nacional y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia.

Para un desempeño profesional se establece que los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán de personal calificado necesario, con base a un sistema profesional de carrera. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Les informo, señoras diputadas y señores diputados, que tenemos como invitados en este momento del XI Distrito de Ecatepec, Estado de México. Muchas gracias por visitarnos.

Tiene la palabra el señor diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.

El diputado Agustín Torres Ibarrola: Con su venia, señor presidente. Vengo ante esta asamblea, a presentar una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Históricamente, las sociedades humanas hemos usado la atmósfera como depósito de gases derivados de nuestras actividades, ya sean industriales, agropecuarias, de transporte o de generación de energía.

La capacidad biológica y geológica de nuestro planeta para descomponer estos gases ha sido totalmente rebasada. Su acumulación en la atmósfera dificulta la salida de los rayos solares y ha generado un incremento en la temperatura promedio del planeta.

El problema tiene dimensiones mayúsculas. Al subir la temperatura del agua superficial de los océanos, los huracanes tienden a formarse con mucho mayor facilidad; tienden a acumular más agua y a ser mucho más violentos. Los peces y las aves adelantan sus migraciones confundiendo el cambio climático con un cambio de estación. Desovan anticipadamente y afectan el desarrollo de su especie.

El incremento de la temperatura ha ocasionado el deshielo de la superficie del Ártico en un 20 por ciento; la fusión con el mar de 3 mil 240 kilómetros cuadrados de hielo. Sí, 3 mil 240 kilómetros cuadrados de hielo que equivalen a dos veces el tamaño del territorio del Distrito Federal.

El cambio climático también ha ocasionado la reducción de un 82 por ciento del glaciar más importante de Bolivia y la pérdida de 40 por ciento de los glaciares del Iztaccíhuatl, en México.

El deshielo se unirá al calentamiento de los océanos para estimular una rápida subida en el nivel del mar, que tan solo en el siglo XX aumentó en 17 centímetros su nivel. Esto ha puesto en guardia a muchísimas naciones insulares.

El cambio climático además tiene un severo impacto en la economía. México perdió en 2005 el 13 por ciento de su producción agrícola y también ha visto disminuir su producción pesquera en los años calurosos.

Si se mantienen los índices actuales, al final de este siglo la producción agrícola disminuirá tanto que habrá escasez de alimentos. El agua potable no alcanzará a satisfacer las necesidades mundiales y el nivel del mar subirá a niveles amenazantes.

Las enfermedades tropicales se expandirán y aumentarán las afectaciones cardio-respiratorias y diarreicas. México, en particular, perderá varios kilómetros de sus costas en Tampico, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz.

Nuestra respuesta individual y colectiva frente al cambio climático nos va a definir como generación ante la historia de la humanidad. Seremos juzgados como sociedad y como individuos por futuras generaciones.

La iniciativa que hoy presento reconoce que nuestro país ha apoyado, sin reservas y de manera oportuna, los instrumentos jurídicos negociados de manera multilateral como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto.

En ese sentido, y siendo la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente el instrumento jurídico adecuado, propongo incorporar en su artículo 3o. las definiciones de cambio climático, emisiones y gases de efecto invernadero hoy ausentes en ella. Las definiciones propuestas coinciden plenamente con los conceptos que establecen las convenciones y protocolos internacionales mencionados.

Señoras diputadas y señores diputados, ¿cómo vamos a declarar de utilidad pública un fenómeno que no está definido en la ley? ¿Cómo vamos mitigar un problema que no hemos acotado? Hoy la falta de definición precisa puede derivar en un manejo inadecuado de los conceptos y de las soluciones. Darle certeza jurídica al concepto es darle precisión a la respuesta del Estado mexicano.

Definir el problema en nuestra ley es el primer paso. Debemos, más adelante, avanzar con la Ley Reglamentaria en Materia de Cambio Climático que resuelva la falta de regulación que hoy tenemos en torno a este fenómeno y que podría dar cabida a la inexacta aplicación de políticas públicas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tiene la palabra la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputada.

La diputada Elsa María Martínez Peña: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, pese a que la igualdad política, como premisa fundamental de la democracia, es considerada un elemento insoslayable en este país y en la conformación de este Congreso, varias son las barreras y obstáculos que las mujeres aún enfrentamos en el acceso y en la permanencia a los cargos de representación política.

A raíz de las solicitudes de licencia en septiembre pasado, de varias diputadas, con apenas unos días de haber tomado posesión, surgieron serios cuestionamientos acerca de este trámite, que si bien se ha presentado en legislaturas anteriores sin discusión y es inclusive una práctica, lo extraordinario y preocupante de esta legislatura es que quienes piden licencia son mujeres y quienes ocuparán su lugar son hombres.

Ellos no es más que una clara demostración de que el objeto de las reformas en materia electoral, referentes al sistema de cuotas y la implementación de acciones afirmativas para alcanzar la equidad de género, se encuentra totalmente tergiversado con hechos que son absolutamente incompatibles con la sociedad democrática que se supone estamos construyendo.

En México, lamentablemente, las cuotas de género se convirtieron para varios partidos políticos en obligaciones que se tienen que cubrir y están lejos de ser un punto de partida que permita aumentar gradualmente la presencia de las mujeres en los espacios de representación popular.

Por ello, se ha hecho una vez más necesario que las reformas a favor de la igualdad vayan acompañadas de medidas eficaces que aseguren su cumplimiento. En este sentido, las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentamos la iniciativa mediante la cual se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de que la fórmula de candidatos se integre por ciudadanos y ciudadanas del mismo género, tanto para diputados como para senadores, siendo una obligación de los partidos políticos garantizar dicha fórmula al momento de solicitar el registro a cargos de elección popular.

La equidad de género formará así, parte de los principios rectores de la función electoral que deberán observar las autoridades competentes.

Asimismo, se propone reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que las cuotas que deban ser garantizadas por los partidos políticos en el registro de sus candidatos comprendan no sólo a las candidatas propietarias, sino también a sus respectivas suplentes, y de esta forma consolidar la representación de género en el Poder Legislativo.

Por otra parte, para garantizar el ejercicio de la representación que se otorga a diputados a través del voto de los electores, se propone reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer un tiempo mínimo para el ejercicio del cargo, por lo que la solicitud de licencia sólo podrá aceptarse por causas graves que así lo justifiquen o bien, cuando hayan transcurrido dos terceras partes del periodo para el cual fueron electos.

La iniciativa en cuestión propone también modificar la ley con el fin de que se establezca como una atribución de la Mesa Directiva de la Cámara, la de elaborar el proyecto de dictamen por el cual se determina si procede o no la solicitud de licencia de diputados o senadores.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, el 17 de octubre próximo se cumplirán 56 años desde que se logró, tras 150 años de lucha, la posibilidad de las mujeres de participar en los asuntos públicos de este país a través de los puestos de representación popular, y aun así seguimos viviendo un constante regateo de los derechos políticos.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presenta hoy esta iniciativa con el fin de seguir transformando el espacio público y construir, desde el diálogo y el acuerdo, un orden en el que se ostente menos el poder y se ejerza más la autoridad democrática de ambos géneros. Ese es el fin de esta iniciativa y la premisa fundamental de nuestra democracia.

En este sentido, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 51, 57 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; se adicionan los artículos 11 y 20; se reforma y adiciona el artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por respeto al tiempo de ustedes, compañeros legisladores, omitiré la lectura del articulado y solicito a la Mesa Directiva sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria, con el turno correspondiente. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada. Como lo solicitó, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Tiene ahora la palabra el diputado Oscar Martín Arce Paniagua, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el propio diputado, así como por los diputados Gabriela Cuevas Barrón y Jesús Ramírez Rangel, todos del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Oscar Martín Arce Paniagua: Con su permiso, presidente. Los suscritos diputados Oscar Martín Arce Paniagua, Gabriela Cuevas Barrón y Jesús Ramírez Rangel, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de esta Legislatura, proponemos ante este Congreso iniciativa de ley que modifica el artículo 111 y 112 de la Constitución Política.

Esta iniciativa está basada en la enorme responsabilidad que tenemos los altos funcionarios, como lo son los señalados en el artículo 108, 110 y 111, en donde nos procuran desarrollar libremente nuestra actuación, aunado al artículo 61 de la Constitución y que prevé para nosotros el fuero o la inmunidad constitucional.

Sin embargo, partiendo del principio de que todos los hombres y mujeres somos iguales en este país, de que no podemos tener muchos más privilegios que los que necesitamos nosotros para ejercer nuestra función, que viene destinada al ejercicio de poder hablar, exponer y explicar libremente nuestras ideas, proponemos la delimitación del fuero constitucional, para efectos de que se actualice esa figura y podamos nosotros tener una nueva alternativa como la tienen algunos otros países de América Latina.

Por ejemplo, en Argentina previenen que un senador o un diputado desde el día de su elección no puede ser arrestado, salvo únicamente se encuentre cometiendo un delito y en el momento sea detenido en flagrancia del mismo.

Así pues, con la finalidad de otorgar un mínimo de protección al desarrollo de la función legislativa, pero que al mismo tiempo se evite la impunidad mostrada por determinados servidores públicos a través de la cual la garantía de no procesabilidad penal, se proponen los siguientes cambios al régimen actual.

Uno. Sustituir y atenuar la garantía constitucional de no procesabilidad penal por la garantía de procesabilidad en libertad.

Dos. Prever las siguientes dos excepciones a la garantía de procesabilidad de libertad:

a) Cuando sea detenido en flagrancia cometiendo un delito calificado como grave por la ley penal federal, o que el juez que conozca del asunto libre orden de aprehensión contra el servidor público cuando se le acuse por estos delitos.

b) Cuando se encuentre separado de su encargo por licencia o suspendido por cualquier otro motivo y se le impute la comisión de un delito calificado como grave por la ley penal.

Narrado lo anterior se somete a la consideración de esta honorable asamblea lo siguiente:

Se reforman los párrafos del artículo 1o. y 5o.; se derogan los párrafos segundo, tercero, sexto, séptimo y octavo del artículo 111, y se reforma el artículo 112, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 111. Los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura, los secretarios de despacho, los diputados de la Asamblea del Distrito Federal, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, el procurador General de Justicia, el procurador General del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, cuando sean acusados por la comisión de un delito durante su encargo, en el proceso penal que al efecto se instaure, no podrán ser privados de su libertad hasta en tanto exista sentencia firme de la autoridad judicial que así lo imponga.

Se derogan unas fracciones.

Para poder procesar penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados y, en su caso, miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, se estará a lo previsto en el primer párrafo de este artículo.

Artículo 112. No se observará la garantía constitucional prevista en el artículo 111 cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo mencionado se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos.

a) Tratándose de la comisión de delitos graves así calificados por la ley penal federal, sea detenido en flagrancia, o bien, que exista una orden de aprehensión dictada por juez competente; y

b) Se separe de su encargo por licencia o sea suspendido por cualquier motivo, y se le impute la comisión de un delito calificado como grave por la ley penal federal.

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Arce. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene ahora la palabra el diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 151 de la Ley Aduanera. Adelante, diputado.

El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco: Gracias, diputado presidente. Compañeros legisladores, en vista que la iniciativa de reforma y adiciones a la Ley Aduanera vigente que deseamos presentar ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día, obviaré su lectura, y solamente utilizaré la oportunidad para hacer algunas reflexiones para argumentarla, solicitando de antemano a la Presidencia que instruya para que se registre nuestra participación en el Diario de los Debates y, por supuesto, se le dé el trámite que corresponde.

En la enorme superficie de la nación, la historia, la orografía, la sociedad misma y muchos otros factores han generado a lo largo de todos estos años una diversidad de grandes poblaciones con sus especiales características.

Para el efecto que motiva la presente deseo referirme a la zona fronteriza norte; una enorme franja de alrededor de 3 mil kilómetros, colindante con el país más poderoso del mundo y en la que se ha concentrado alrededor de la quinta parte de la población mexicana tanto por su propia evolución como por el arribo de connacionales de todo el país.

Esto ha tenido como consecuencia el tener que enfrentar grandes retos en aquella región, que sin embargo se han convertido en oportunidades, lo que la ha vuelto un ejemplo de desarrollo. Reitero que para sustentar brevemente el propósito de la iniciativa en comento, hoy me referiré de manera muy particular a los residentes de esa franja fronteriza, que tienen su residencia de lado mexicano, en las ciudades limítrofes con Estados Unidos de América, pero que por muy diferentes razones, principalmente la falta de oportunidades de empleo, entre otras muchas, trabajan en distintas ramas de la actividad productiva de aquel país, pero que no pierden su arraigo, su convicción nacionalista y optan por vivir ellos y sus familias del lado mexicano.

Su trabajo representa un fuerte ingreso para la economía de la zona fronteriza, pues es gente que al recibir su salario en dólares mantiene su gasto familiar del lado de nuestra frontera. Paga impuestos, consume mayoritariamente artículos del lado mexicano, educa a sus hijos en las escuelas mexicanas. En suma, inyecta fuertes sumas de dinero a la economía nacional.

Mucho se ha hablado de las grandes cantidades de remesas en dólares que se reciben por medios tecnificados, pero poco se dice de esta economía que nutre a la zona fronteriza de manera anónima, de manera permanente, incuantificable, pero que es de una enorme ayuda para la región.

No obstante, resulta molesto e incongruente, que estos trabajadores sufran con frecuencia el maltrato y aún sean víctimas de la extorsión por parte de las autoridades mexicanas, aduaneras y fiscales.

La iniciativa promueve evitar tal extorsión y, en múltiples casos, la pérdida del patrimonio familiar, ante el hecho normal de que por situaciones de emergencia o ?habría que aceptarlo? por desconocimiento entendible de la propia ley aduanera, los familiares del trabajador conduzcan un automóvil adquirido por él en la zona fronteriza, del lado americano, y que sean víctimas, de verdad, víctimas de los aduanales, de los fiscales que utilizan la ley más como un vulgar instrumento de corrupción que con el propósito de cumplir rigurosamente con un precepto legal.

En suma, esta iniciativa promueve otorgar un mínimo de facilidades, como una reciprocidad del Estado mexicano, a esta gente que tanto hace por la economía de la región fronteriza norte y que, por supuesto, no son ni contrabandistas ni delincuentes, incorporando en la ley la figura de comisión de una falta por vez primera y única, y aplicando una sanción económica que la propia ley aduanera contempla, y que insista impidiendo la extorsión y a la vez, en otros casos ?como sucede con mucha frecuencia?, el decomiso del patrimonio familiar y la aplicación de un esquema, de verdad, aberrante de sanciones fiscales totalmente desproporcionadas.

Señor presidente, en ánimo de la economía procesal parlamentaria, le solicito le dé el trámite a la iniciativa y que se inserte la participación de su servidor en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Pérez de Alva. Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El siguiente apartado del orden del día corresponde a las Proposiciones con punto de acuerdo

Esta Presidencia recibió del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo relativo a la realización anual del Parlamento de Jóvenes Universitarios de México. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Se recibió del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se realicen las reasignaciones financieras necesarias, particularmente en el Capítulo 1000, del Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (Fasa), a fin de que la Secretaría de Salud cuente con los recursos necesarios que le permitan concluir con el proceso de regularización de manera integral, en cuanto a salario y prestaciones de los trabajadores que laboran en condiciones precarias en la mencionada dependencia de todo el país. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene ahora la palabra el diputado Luis Hernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política integre la Comisión de Concordia y Pacificación. Adelante, diputado.

El diputado Luis Hernández Cruz: Con su venia, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones.

Como es de recordarse, el 1 de enero de 1994, en el estado de Chiapas, un grupo de hombres y mujeres armados, mayoritariamente indígenas, autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se levantaron en armas en contra del gobierno de la república reclamando sus derechos a alterar o modificar la forma de gobierno, al trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.

Los enfrentamientos durarían 12 días al decretar el gobierno federal un cese al fuego y nombrar una comisión para el diálogo con el EZLN.

Pasaría un año para que el Congreso de la Unión emitiera un instrumento legal que diera cauce institucional a este diálogo y negociación.

Así el Congreso aprobaría la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, en marzo de 1995. Esta ley tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de conciliación y pacificación, la solución justa, digna, duradera al conflicto.

En el artículo 2o. de esta ley se establece en seis puntos el objeto del Acuerdo de Concordia y Pacificación a que se refiere el párrafo anterior.

La Ley del Diálogo crea la Comisión de Concordia y Pacificación, Cocopa, quien se encargará, entre otros aspectos, de coadyuvar y fijar las bases para el diálogo y la negociación del Acuerdo de Concordia y Pacificación a que se refiere esta ley.

Así, bajo este marco legal, se creó la Comisión de Concordia y Pacificación, Cocopa, que estaría integrada por los miembros de la comisión legislativa del Congreso de la Unión, así como por un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo del estado de Chiapas que serán invitados con tal objeto.

La Cocopa ha sido un actor fundamental en la construcción de una paz digna y duradera para el estado de Chiapas. Tan sólo recordemos la elaboración y presentación de la Iniciativa de Ley sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrita por el propio Ejercito Zapatista y las organizaciones indígenas del país.

A 15 años del levantamiento armado del EZLN en Chiapas y 13 de su retiro de la mesa de negociación, los propósitos que se impuso el Congreso de la Unión contenidos en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, no han sido cumplidos a pesar de los esfuerzos de los gobiernos del estado de Chiapas.

Aún se presentan en el estado de Chiapas las causas que dieron origen al conflicto. Los pueblos y comunidades indígenas asentados en este estado, presentan los más altos índices de pobreza y marginación, como lo señalan diversos estudios.

El EZLN, al suspender negociaciones con el gobierno federal y no romperlas, siguen siendo un ejército armado al amparo de la Ley para el Diálogo.

Los pueblos y comunidades indígenas de la zona de conflicto en el estado de Chiapas viven una constante zozobra al mantenerse un conflicto armado latente, que deriva en enfrentamiento entre los diferentes actores de esta región, que van desde los grupos paramilitares que aún tienen presencia en la zona; los más de 10 desplazados por el conflicto armado, el propio EZLN, organizaciones sociales y partidos políticos.

Para esta Legislatura debe ser imperativo el cumplimiento de esta ley y abonar en atender las razones que llevaron al alzamiento armado de 1994 en Chiapas y desactivar cualquier conflicto que afecte nuestra frágil democracia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, para designar a los diputados que integren la Comisión de Concordia y Pacificación, Cocopa, para su debida integración, toda vez que se trata de una comisión bicamaral.

Segundo. El objetivo de la comisión será el que se deriva de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

Tercero. Para el cumplimiento de estos objetivos dicha comisión podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales, organizaciones civiles, desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de sus objetivos, de conformidad al marco normativo aplicable.

Cuarto. La comisión se instalará por el periodo de ejercicio de la LXI Legislatura y deberá presentar de manera anual su informe de actividades en el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta a la Secretaría de Energía a tomar las medidas conducentes a efecto de que Pemex conceda una reducción de 40 por ciento en el precio del gasóleo, gas LP y gas natural. Adelante, diputada.

La diputada Adriana Terrazas Porras: Con su venia, diputado presidente. Los que suscriben, diputados chihuahuenses integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cada año en fechas similares los diputados chihuahuenses que han sido integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en anteriores legislaturas han acudido a la tribuna de esta soberanía para hacer un planteamiento similar al que efectuamos en este momento.

En razón de las inclemencias invernales que afectan a la población de nuestra entidad federativa, la posición geográfica del estado de Chihuahua, comprendida en la altiplanicie y la Sierra Madre Occidental, da como resultado un clima desértico y sumamente extremoso que provoca que se presenten temperaturas de hasta 45 grados centígrados en verano y de 20 grados centígrados bajo cero en invierno, en algunas regiones del estado.

Las condiciones climatológicas de la entidad generan diversos problemas en la salud y la economía de las familias chihuahuenses, entre las que podemos señalar las siguientes:

Un incremento en las enfermedades respiratorias agudas como influenza y neumonía, principalmente en niños y personas de tercera edad, así como entre quienes carecen de las mínimas condiciones de bienestar debido a la pobreza y pobreza extrema; ausentismo laboral que repercute en la productividad de las empresas y de la economía estatal; alto índice de inasistencia escolar; afectación de la economía familiar.

El número de personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias agudas por hipotermia por cada ciclo invernal es superior a las 750 personas, dando como resultado alrededor de 75 defunciones por hipotermia en cada ciclo.

El gasóleo, el gas LP y el gas natural son productos de alto consumo en los hogares chihuahuenses, sobre todo en la temporada otoño-invierno. Desafortunadamente, el esquema de precios de dichos productos obedece al fenómeno económico denominado oferta-demanda, ocasionando con esto el encarecimiento de los energéticos para uso doméstico.

El precio promedio al público del gasóleo doméstico representa un costo mensual cercano a los mil pesos al consumidor. En este mismo contexto, el precio del gas LP impacta aproximadamente en un 22 por ciento en la economía familiar: de 22.54 kilogramos de gas LP que se consumen en verano, en la época de invierno aumenta el consumo a 125.25 kilogramos, es decir, aumenta un 555.67 por ciento y no así el ingreso per cápita.

Por otro lado, el precio del gas natural tiene un impacto de 15 por ciento en la economía familiar y su consumo en invierno se incrementa en un 560 por ciento al subir de 30 metros cúbicos en verano a 168 metros cúbicos en invierno.

La liquidez de los hogares se ve considerablemente disminuida por los gastos que se generan para adquirir estos combustibles de primera necesidad. En razón de ello se han hecho estudios en relación con el impacto que estos costos tienen en los hogares chihuahuenses, de los cuales se ha concluido que con un descuento de 40 por ciento en el precio de los combustibles se podría atenuar este impacto.

Por tales consideraciones, nos presentamos ante esta tribuna en nombre de los chihuahuenses y de las chihuahuenses, a plantear un asunto concreto y urgente, de alta prioridad, que afecta a amplios sectores de la población de Chihuahua.

Por ello, compañeros, hacemos un llamado a la comprensión y a la mejor voluntad política de nuestros compañeros diputados presentes en este recinto, para que reflexionen en que será vano hablar de los grandes problemas que enfrente la economía nacional si desatendemos las necesidades básicas de quienes representamos, si no les garantizamos los mínimos de bienestar que les permitan su supervivencia en niveles adecuados a las condiciones geográficas, climatológicas y económicas que conforman su entorno.

Los invitamos a convertir el discurso en realidad, a convertir las promesas en acciones concretas, a responder de frente a una demanda de bienestar, de salud y de calidad de vida.

En mérito de lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Energía para que adopte las medidas conducentes a efecto de que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores de Chihuahua un descuento de 40 por ciento al gasoleo doméstico, al gas LP y al gas natural para el periodo que comprende del 1 de noviembre de 2009 al 31 de marzo de 2010. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Terrazas. Túrnese a la Comisión de Energía.

Tiene la palabra el diputado Federico Ovalle Vaquera, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República integre la Conferencia de Comisiones para concluir el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional suscrita por el propio diputado Ovalle, así como por los diputados Francisco Hernández Juárez, José Narro Céspedes y Emiliano Velázquez Esquivel, todos ellos del Grupo Parlamentario del PRD. Adelante, diputado.

El diputado Federico Ovalle Vaquera: Gracias, presidente. Los suscritos, diputados Cruz López Aguilar y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI; Francisco Hernández Juárez, José Narro Céspedes, Emiliano Velázquez y Federico Ovalle, del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 98, numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajos las siguientes

Consideraciones

Primero. Con fecha 24 de septiembre de 2009 se presentó al pleno de esta Cámara proposición con punto de acuerdo, la que se apoya a plenitud, refrendada por los mismos promoventes, donde se exhorta respetuosamente al Senado de la República para que dictamine la minuta con proyecto de decreto que expida la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, turnada a esa soberanía el 30 de marzo de 2006.

Segundo. No obstante lo anterior y en virtud de la importancia que la minuta de la ley referida tiene para la alimentación y nutrición de la población del país, particularmente en esta etapa de crisis alimentaria, y asimismo, en alcance a la proposición mencionada, estimamos necesario imprimir mayor celeridad al proceso legislativo que lleva el cumplimiento del dictamen correspondiente.

Es pertinente recordar que la minuta de referencia fue enviada a la colegisladora desde el 30 de marzo de 2006.

Tercero. Se reitera que se ratifican los considerandos, las proposiciones antes mencionadas. De ellos destacamos que la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional constituyen un elemento central del concepto de seguridad nacional.

En resumen, los suscritos proponemos el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución que dice:

Único. Se exhorta respetuosamente al Senado de la República para integrar la Conferencia de Comisiones, para que la minuta con proyecto de decreto que expida la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional aprobada por esta Cámara de Diputados el 30 de marzo de 2006 y turnada para dictamen a esa colegisladora en la misma fecha, se dictamine por las comisiones involucradas en el Senado, con la participación de la comisión dictaminadora en esta Cámara, a fin de agilizar en la medida de lo posible el proceso legislativo referido en los incisos d) y e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Firman, los promoventes. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Ovalle. Remítase a la Cámara de Senadores.

Tiene la palabra el diputado Antonio Benítez Lucho, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal modifique las reglas de operación de la empresa paraestatal Liconsa, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Antonio Benítez Lucho: Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados. En representación de los ganaderos lecheros del estado de Veracruz y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre propio y de la diputación veracruzana priista, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

El desarrollo económico que requiere el país a fin de frenar el avance de la recesión económica mundial, se basa en fortalecer la capacidad productiva de los diversos sectores a través de la inversión en infraestructura, permitiendo la comercialización de los productos locales en mercados nacionales.

Desde 2004, la paraestatal Liconsa opera el Programa de Adquisición de Leche Nacional, llamado "PALN", habiendo contraído y rehabilitado a 49 centros de acopio en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Chihuahua, Campeche, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, Aguascalientes y Oaxaca, quienes integran la red de acopio y enfriamiento de leche fresca, con capacidad para manejar cerca de un millón 100 mil litros de leche diarios entre las 12 entidades mencionadas.

El precio de leche por litro en el 2005 quedó definido en 3.50 pesos de leche caliente y 3.64 pesos por litro de leche fría, precios que han venido aumentando en forma gradual hasta llegar el 29 de abril pasado en 4.20 pesos por litro de leche fría y sin contemplar un precio por litro de leche caliente, quedando en evidencia la falta de interés por parte de Liconsa de comprar a los ganaderos que no cuentan con los medios para enfriar y transportar su producto.

Esta situación ha provocado que Liconsa sólo compre a 4 mil 500 productores en lugar de los 250 mil que integran el sector lechero de México, a pesar de que ha ido subiendo su cuota anual de adquisición de leche de 370 millones de litros en el 2007 a 640 millones de litros en el presente año.

Para abastecer la demanda nacional de leche líquida y en polvo se requieren 11 mil 500 millones de litros de leche, produciéndose sólo 9 mil millones de litros, por lo que las importaciones ascienden a 2 mil millones de litros. De aquí la relevancia del punto de acuerdo que propongo a esta soberanía.

Veracruz ocupa el quinto lugar en producción de leche a nivel nacional, sólo después de los estados de Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua, produciendo un volumen diario estimado en más de un millón de litros.

Compradores como Liconsa requieren de proveedores que sean capaces de asegurar un rango estable de producción de leche a un precio de compra competitivo, que impida la alternativa de adquirir materia prima en mercados internacionales. Lamentablemente, en la actualidad Liconsa ubica su cadena de suministros fuera del país.

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente

Proposición con puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, en el ámbito de la colaboración entre los poderes, a efecto de que se sirva instruir la realización de los estudios orientados a la actualización y modificación de las reglas de operación de la empresa Liconsa, a fin de favorecer el mercado interno y apoyar a los productores nacionales de leche mediante la regulación del precio del producto y fomentando el desarrollo de empresas integradoras bajo el régimen de sociedades cooperativas que generen economías de escala y permitan la comercialización del producto de manera integral.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, en el ámbito de la colaboración entre los poderes, a que se adopten medidas orientadas a eliminar la importación de caseinato de calcio para la reconstitución de la leche que distribuye Liconsa en nuestro país, al amparo presupuestal de los programas destinados al combate a la pobreza, y en su lugar apoye la inversión de la infraestructura física de los productores nacionales.

Tercero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a realizar los estudios tendentes a implementar el esquema de ganadería por contrato que asegure la producción planificada de leche, garantice el consumo nacional y consolide su venta con precios accesibles a los mexicanos.

Cuarto. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a instruir a los titulares de las Secretarías de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Desarrollo Social, en coordinación con Liconsa, para realizar los estudios y adoptar las medidas conducentes a fin de establecer programas de capacitación destinados a los productores nacionales de leche, que les permita garantizar el correcto uso y manejo del lácteo, así como buscar las fuentes de financiamiento en instancias nacionales e internacionales para apoyar la industrialización de la producción de leche en el país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Benítez. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

Tiene ahora la palabra el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que, a través de la Secretaría de Salud, informe a la población los grupos que serán susceptibles de recibir la vacuna contra el virus de la influenza AH1N1.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. El suscrito, diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de acuerdo

La enfermedad causada por el virus de la influenza AH1N1 fue identificada en nuestro país desde marzo de 2009. Desde la aparición de este virus pandémico hasta el 30 de septiembre se ha registrado 27 mil 669 casos confirmados, con 231 defunciones, con una afección principal a los grupos de 20 a 50 años de edad y algunos grupos en situación de riesgo. Al momento, ha sido causa importante de daños a la economía, la armonía social y la salud de México.

Ésta, la vacunación que ha sido la expectativa del virus AH1N1, ha generado en la opinión pública nacional e internacional gran expectativa dada la problemática en la distribución, producción, y los grupos identificados susceptibles de ser vacunados.

La Organización Mundial de la Salud anunció el 24 de septiembre que sólo habrá disponibles 3 mil millones de dosis de vacunas contra la influenza AH1N1, lo que representa menos de la mitad de la población en el mundo.

Ayer los servicios de salud del país iniciaron la estrategia de vacunación de influenza estacional con grupos de edad y grupos en situación de riesgo bien definidos, identificando plenamente el número de dosis a aplicar para prevenir esta enfermedad en todo el país.

La vacuna de la influenza estacional es serotípicamente diferente a la vacuna de la influenza A H1N1 y en la ciudadanía han surgido expectativas con relación a la vacunación, al virus de la A H1N1, que ha generado confusión. Incluso las autoridades de salud del país han tenido que salir a aclarar esta situación.

Estados Unidos el día de ayer inició la vacunación del virus A H1N1 con grupos de riesgo perfectamente identificados y de manera específica.

La vacuna busca disminuir en nuestro país los casos de enfermos y muertes en el invierno 2009-2010, por tanto, exhortamos al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, para que defina concretamente los grupos de edad y los grupos en situación de riesgo susceptibles de ser vacunados.

Segundo. Que en el marco de la estrategia de la comunicación a la ciudadanía, con relación a la vacuna de influenza del virus A H1N1 que tiene implementada el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud, se insista en la diferencia entre la vacuna de la influenza estacional y la vacuna de influenza del virus A H1N1. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Verver. Túrnese a la Comisión de Salud.

Tiene ahora la palabra el diputado Tereso Medina Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que libere los recursos aprobados por esta soberanía para la conclusión de la modernización de la carretera Saltillo-Zacatecas en el tramo Concha del Oro hasta la ciudad de Saltillo, del estado de Coahuila. Adelante, diputado.

El diputado Tereso Medina Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, vengo a nombre de mis compañeros diputados federales de Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI, a presentar ante esta honorable soberanía un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal y que, por respeto al acuerdo y ya que se encuentra publicado en Gaceta Parlamentaria, me abocaré a comentar los motivos que lo originan.

De acuerdo con datos del informe de avances de los programas y proyectos de inversión aprobados para el 2008, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto aprobado por esta Cámara de Diputados para el programa de Construcción y Modernización de la Carretera Saltillo-Zacatecas fue de 480 millones y se han ejercido sólo 175.6 millones de pesos que representaban sólo el 31.7 por ciento del total.

Para el 2009, de igual forma, con datos a mayo de este año, se tenía un monto aprobado acumulado por esta soberanía de 695 millones de pesos para el mismo tramo carretero y se tenía un ejercicio acumulado de sólo 344.6 millones de pesos.

Es decir, de acuerdo a la información disponible a la fecha y faltando cuatro meses para concluir el año, al gobierno federal le faltan por ejercer en este proyecto recursos equivalentes al 48 por ciento del presupuesto total aprobado por esta soberanía.

No es raro observar este tipo de resultados en la presente administración, ya que el común denominador ha sido la incapacidad, la falta de sensibilidad y la omisión en el ejercicio de los recursos que esta Cámara de Diputados aprueba para las diversas entidades del país.

De acuerdo con información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta honorable Cámara de Diputados, referente a los subejercicios al tercer trimestre del año 2007, el total del subejercicio se ubicó en los 11 mil 190 millones de pesos, de los cuales 6 mil 611 millones correspondieron al Ramo de Comunicaciones y Transportes; y para el 2008 el subejercicio para el tercer trimestre se ubicó en los 6 mil 103 millones de pesos, de los cuales mil 200 millones de pesos correspondieron al Ramo de Comunicaciones y Transportes.

Como es de observarse, el subejercicio de este Ramo representa un gran porcentaje del subejercicio total. Esta es sólo una muestra de la falta de sensibilidad con la que ha o se ha conducido el actual gobierno en turno.

Por si fuera poco, al interior de la república nos encontramos con funcionarios federales, que en lugar de dar fluidez a la ejecución de las obras de infraestructura que esta soberanía aprueba, parecieran competir por ver quién puede blanquearlas con mayor tiempo, haciendo del subejercicio una política pública.

Además del poco compromiso por garantizar la seguridad de los mexicanos, tenemos que batallar con la falta de interés para construir vías de comunicación modernas y seguras, aumentando así, los riesgos de nuestras carreteras y poniendo en riesgo la vida de muchos mexicanos, coahuilenses y zacatecanos, en particular.

Ante el panorama de la crisis del desempleo, con la conclusión de estas obras se contribuiría a la generación de empleos, además sería un área de oportunidad y que a la fecha el gobierno federal no ha sido capaz de crear el tan elevado anhelo de los mexicanos, que es un empleo digno para todos y para todas.

Por lo que, en tal virtud, acudimos a esta tribuna para solicitar su apoyo y respaldar el siguiente

Punto de acuerdo.

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a la brevedad posible libere los recursos aprobados por esta soberanía para la conclusión de la modernización de la carretera Saltillo-Zacatecas, en el tramo Concha del Oro hasta la ciudad de Saltillo, Coahuila. Es cuanto.

Señor presidente, le solicito se incluya íntegramente la versión impresa en Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Medina. Túrnese a la Comisión de Transporte.

Tiene la palabra el diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa detenga el uso experimental de maíz transgénico en nuestro país. Adelante diputado Ambrosio.

El diputado Heriberto Ambrosio Cipriano: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados. La coyuntura del campo mexicano se encuentra en una grave situación de desmantelamiento; aprovechando este contexto tanto el gobierno como las empresas transnacionales han argumentado que la alimentación con maíz transgénico en nuestro país traerá consigo un incremento en la producción de dicho grano.

A pesar de la embestida, la producción del grano sigue siendo alta. Los pequeños productores y campesinos han resistido, hasta ahora, las arremetidas del mercado y el abandono del Estado. Aunque ciertamente estamos en una situación delicada, donde el campo no aguanta más.

Sin embargo, la liberación de estas semillas y otros productos genéticamente modificados, abre una enorme incertidumbre por sus posibles impactos sobre la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la salud humana.

Pese a ello, autoridades mexicanas importan de Estados Unidos poco más de 8 millones de toneladas de maíz cada año, de las que el 60 por ciento son maíz transgénico. A ellos se suman múltiples productos con sustancias nocivas o que carecen de los atributos con que se anuncian.

La libre importación de estos productos ha provocado contaminación transgénica de los cultivos de maíz en las regiones de Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y el Distrito Federal, concretamente de Milpa Alta y Magdalena Contreras.

México es centro de origen y diversidad genética del maíz. Nuestro país se encuentra con 60 razas y cerca de 200 variedades de maíz, lo cual permite que en nuestro país se cultive este importante grano en diversas condiciones económicas y a cualquier altura. Lo que convierte al maíz en parte fundamental de nuestra soberanía alimentaria.

La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, reconoce a México como centro de origen que posee uno de los niveles más altos del mundo en biodiversidad y que su protección es prioritaria. Esto significa que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger y garantizar la bioseguridad de este grano esencial.

En nuestro país, la autoridad sanitaria encargada de protegernos contra riesgos sanitarios no realiza ninguna investigación propia sobre los transgénicos. Para autorizar el consumo de estos organismos se basa en la información presentada por las compañías creadoras de los transgénicos, interesadas en comercializarlos.

Los transgénicos no son más que una nueva forma de concentrar la riqueza en manos de muy pocas transnacionales biotecnológicas y agroalimentarias poniendo en riesgo a más de 80 por ciento de los consumidores y de los campesinos y, sobre todo, al medio ambiente.

Éste es el escenario que espera a los| mexicanos si el gobierno cede a la presión de las corporaciones biotecnológicas. Ante ello, la Sagarpa realiza una campaña pro maíz transgénico en vez de tomar medidas enfocadas a proteger y reactivar el campo mexicano, encaminadas a fortalecer la soberanía alimentaria del país.

México, como nación megadiversa, ratificó el 24 de mayo de 2000 el Protocolo de Cartagena, y con ello asumió el compromiso de proteger a nuestra biodiversidad y patrimonio genético. El gobierno federal debe garantizar que México sea libre de contaminación con maíz transgénico e impedir que las empresas biotecnológicas tengan el control de este grano. Esto sólo será posible con un verdadero régimen de protección especial del maíz.

Por lo expuesto, someto a consideración de este pleno la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) detenga el uso experimental del maíz transgénico en nuestro país.

Solicito, diputado presidente, que el texto íntegro se publique en el Diario de los Debates. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, a usted diputado Ambrosio. Tal como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Tiene ahora la palabra el diputado Fermín Montes Cavazos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Citricultura. Adelante, diputado Montes.

El diputado Fermín Montes Cavazos: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados: Los suscritos, diputados federales de los estados citrícolas del Grupo Parlamentario del PRI, de esta LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55 y 58 de su Reglamento para el Gobierno Interior, someten a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se crea la Comisión Especial de Citricultura, en atención a las siguientes

Consideraciones

Los cítricos son las frutas más importantes, en términos de valor, en el comercio internacional. 140 países producen alrededor de 115 millones de toneladas de estos frutos. Brasil, los países del Mediterráneo, Estados Unidos, China y México producen alrededor del 70 por ciento de este total.

En nuestro país la superficie cultivada de cítricos supera las 549 mil hectáreas que producen un promedio anual de 7 millones de toneladas de esta fruta, con un valor estimado de 7 mil 100 millones de pesos, lo que sitúa a México en el quinto lugar mundial en producción de cítricos y en el cuarto lugar mundial en exportaciones.

Los principales estados productores son Veracruz, San Luis Potosí, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Nuevo León, Yucatán y Sonora. Esta actividad genera más de 780 mil empleos a nivel nacional, y tiene un impacto social y económico de primer orden en las zonas productoras.

En este sentido es necesario destinar mayor gasto a la reconversión productiva, organización y capacitación de los productores, a la investigación, a las campañas fitosanitarias, a la industrialización y a la comercialización en el mercado nacional e internacional y blindar los recursos para evitar recortes presupuestales, subejercicios o complejas reglas de operación que dificultan el acceso a los apoyos por parte de los productores.

Esta honorable Cámara de Diputados, en su pasada legislatura, mediante la Comisión Especial de Citricultura logró aprobar importantes recursos para la operación del programa de Competitividad para la Citricultura, que representó importantes beneficios para el campo, para la salud y para la nutrición de los mexicanos, especialmente de niños y jóvenes.

No obstante lo anterior, quedan muchas cosas por hacer dentro de este importante sector de la agricultura nacional.

Cada vez surgen nuevos retos, como es el caso del reciente brote en Yucatán y Quintana Roo de la enfermedad conocida como HLB Huanglongbing, para la que actualmente no existe una cura y que ha impactado fuertemente a los productores de la Florida, en los Estados Unidos; no obstante sus esfuerzos millonarios, por lo que debe contar con los recursos humanos, financieros y técnicos para prever su propagación en nuestro país.

Por lo anterior es que consideramos de vital importancia la creación o, en este caso, la reactivación de la Comisión Especial de Citricultura, para que logremos sumar esfuerzos para impulsar la participación organizada de los productores y las empresas mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para que se establezca la Comisión Especial de Citricultura y se exhorte a las dependencias federales y a los gobiernos locales para apoyar acciones e inversiones para el rescate, la preservación, el desarrollo y el aprovechamiento de la citricultura en los términos publicados en la gaceta oficial de esta honorable Cámara de Diputados. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Montes Cavazos. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial Nacional del Empleo.

El diputado Isaías González Cuevas: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el propósito de esta intervención es proponer al pleno un punto de acuerdo para crear la Comisión Especial Nacional del Empleo, en los términos que establece nuestro marco jurídico constitucional vigente.

Las presentes consideraciones tienen el objetivo de resaltar la necesidad de crear una comisión que reciba, analice y coadyuve en el dictamen de todas aquellas iniciativas de ley referidas específicamente a la materia del empleo y a la reactivación económica, proponiéndose en todo monto apoyar al sector productivo nacional sin afectación ni menoscabo de los derechos constitucionales de los diferentes actores sociales.

Considerando que en la situación actual la recesión mundial ha afectado a todas las economías del mundo y que nuestro país ha sido el más afectado tanto en materia de crecimiento como en la pérdida de empleos formales, en lo que va del sexenio se han perdido 1.3 millones de empleos, 950 mil de ellos tan sólo en lo que va del presente año, con lo que el total de desempleados abiertos sumó, al cierre de agosto, un total de 2.9 millones de personas.

Si a esta cantidad le sumamos los 4.5 millones de subocupados en la economía, más de un millón de jóvenes que se incorporan cada año al mercado laboral, más los 12.3 millones de ocupados en la informalidad, tenemos entre desocupados, subocupados e informales 19.7 millones de personas que, estando en edad productiva, son involuntariamente improductivos y se encuentran en situación precaria, y sin seguridad social.

Adicionalmente, debemos destacar que al problema de la enorme cantidad de desocupados, subocupados e informales, tenemos que añadir el tema de la calidad de la mano de obra; es decir, el tema de la empleabilidad, pues casi la mitad de la PEA, 21.6 millones de trabajadores, se encuentran en situación de rezago educativo. Esta situación es grave, amenaza la cohesión social.

Por ello es imperativo que en este ámbito legislativo logremos establecer consensos estratégicos entre el conjunto de las fuerzas políticas aquí representadas, con el propósito de construir propuestas de política pública dotadas de los mecanismos y la fuerza política suficientes que les den viabilidad y congruencia con nuestra responsabilidad para atender las necesidades prioritarias que la población del país nos demanda.

Señoras y señores diputados: es de vital importancia atender lo inmediato, pero también es fundamental sentar las bases para el futuro y asegurar el empleo de las nuevas generaciones, por lo que consideramos importante tener una ley rectora que nos permita coordinar el trabajo de todos los sectores, como es una ley de fomento industrial, que hoy en día no existe y que por esa carencia se dispersan las acciones y es difícil tener resultados en la generación de los empleos.

Debemos de acentuar las coincidencias en este tema con el objetivo de generar compromisos entre legisladores y sus partidos, entre el Congreso de la Unión y los niveles de gobierno federal, estatal y municipal para alcanzar los objetivos que necesitamos.

En esta comisión se realizará un trabajo de alta calidad política para dar continuidad y conocimiento histórico al conjunto de los miembros de esta honorable Cámara de Diputados en materias referidas a los temas de empleo y empleabilidad, que serán parte sustantiva de su responsabilidad.

Será un vínculo con los representantes de los sectores económicos a fin de discutir directa y abiertamente con los involucrados de los sectores obrero, empresarial, campesino, agroindustria y con los representantes del sector informal, temas tan pertinentes como la reconversión de la informalidad y la recomposición de las cadenas productivas para un crecimiento económico sustentable.

No existe mejor forma de combatir la pobreza que generar empleos e ingresos que vendrán finalmente a impulsar el consumo y la inversión productiva. Así, cualquier iniciativa coincidente con alguno de estos temas deberá ser recibida, analizada, tramitada y dictaminada de manera expedita para que sirva de marco efectivo en las relaciones económicas específicas de los actores productivos.

Por los fundamentos expuestos ante ustedes, señoras y señores diputados de esta Legislatura, solicito su apoyo, así como su confianza, para la creación de esta importante comisión especial nacional del empleo, donde fluirán las ideas y propuestas de todos y cada uno de nosotros para resolver la problemática prioritaria que aqueja a la nación.

Sin más por el momento, señor Presidente, solicito que el texto de la proposición con punto de acuerdo para crear la comisión nacional del empleo sea publicado íntegramente en el Diario de los Debates de esta honorable Cámara de Diputados. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado don Isaías González, y como lo solicita se insertará el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Está presente en el salón un grupo de personas del estado de Durango, invitados especiales del diputado Jorge Herrera Caldera, a quienes damos la más cordial bienvenida.

Tiene la palabra el diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se incorporen e integren a la zona metropolitana de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec como beneficiarias del Fondo Metropolitano.

El diputado José Manuel Agüero Tovar: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados: La clasificación de zona metropolitana fue reconocida oficialmente por la Sedesol, por el Conapo, por el Inegi, y se consideran actualmente 56 en todo el país. En este momento sólo 16 de ellas tienen acceso a los recursos del Fondo Metropolitano. Tal fondo se creó a partir de 2006 con el objetivo de reordenar la vida en la zona metropolitana del valle de México. Posteriormente, en el Presupuesto de Egresos de 2007 se incluyó a las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara.

En 2008 fueron integradas por la Cámara de Diputados, 4, y en 2009 se anexaron 9 zonas metropolitanas más. Si bien los recursos se han incrementado anualmente, su distribución sigue concentrándose en las 2 principales zonas metropolitanas con 51.08 y 17.02 por ciento, respectivamente, porque el restante 31.9 por ciento se reparte entre las 14 zonas metropolitanas del país.

El crecimiento desbordado de la población urbana de ninguna manera es privativo únicamente de las grandes capitales; también la serie de problemas y demandas sociales han alcanzado a los gobiernos municipales. Cito en este caso a Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec, pertenecientes todas a Morelos.

Estima el Conapo que para 2017 Cuernavaca como zona metropolitana fácilmente tendrá más de un millón de habitantes. Actualmente por su crecimiento acelerado tiene rezagos, necesidades y retos que requieren soluciones integrales y urgentes, dado que ha sido rebasada su capacidad financiera para realizar las obras y servicios que demanda para alcanzar un desarrollo integral sustentable.

Basados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Asentamientos Humanos se creó un convenio de coordinación por el que se reconoce la existencia de dicha zona conurbada desde diciembre de 2002, así como los convenios de ratificación necesarios a la fecha. A su vez, el marco jurídico en la entidad fue adecuado para este fin el pasado 26 de agosto.

En apego al espíritu federalista de nuestra nación para hacer valer las condiciones de igualdad y equidad plasmadas en nuestra Carta Magna, expongo los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, al secretario de Hacienda y al secretario de Desarrollo Social, a incorporar e integra a la zona metropolitana de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec, como beneficiaria del Fondo Metropolitano en el PEF de 2010, a efecto de prever, atender y solucionar los problemas propios de su crecimiento y desarrollo metropolitano, por los motivos y fundamentos legales antes citados.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados, para que en el PEF para el ejercicio fiscal de 2010, en su artículo 42 y en el Anexo 12 del mismo, sea incorporada la zona metropolitana de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec como beneficiaría del Fondo Metropolitano del Ramo 23.

Se solicita a la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados que se inscriba en el Diario de los Debates los presentes puntos de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputado Agüero. Tal como lo solicita se insertará el texto íntegro de su proposición en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene ahora la palabra, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a firmar a la brevedad el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre trabajadores con responsabilidades familiares. Adelante, diputada María de Jesús Aguirre.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el tema de la conciliación entre las responsabilidades familiares y laborales de las personas ha ido colocándose en el centro del interés por impulsar, desde distintas trincheras, mejores condiciones laborales para mujeres y hombres, no sólo en México, sino en el mundo.

En los últimos años se han registrado importantes cambios en el mercado laboral mexicano, cambios caracterizados, por ejemplo, por un ingreso de las mujeres a la vida laboral en un ritmo y ámbitos que posiblemente no se habían dado antes.

La legislación mexicana actualmente no contempla disposiciones que permitan la conciliación entre ambas esferas de la vida, dejándose el tema a nivel de acuerdos entre las personas empleadoras y las trabajadoras y los trabajadores, sin un marco jurídico de referencia que permita la existencia de esquemas y el establecimiento de políticas conciliatorias entre la vida laboral y familiar que faciliten tender un puente entre ellas, con el objetivo de lograr igualdad de oportunidades y responsabilidades entre las personas.

Sobre este asunto, la Organización Internacional del Trabajo adoptó en 1981 el Convenio 156, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, mismo que entró en vigor en 1983. La importancia de este convenio radica en que aborda específicamente la problemática de las trabajadoras y los trabajadores que tienen, además, a su cargo, un hogar o personas que de su cuidado dependen.

México no ha firmado ni ratificado este convenio pese a que la realidad nacional lo exige y también a pesar de que el marco jurídico laboral no garantiza algo que, más que una posibilidad o un acuerdo entre empleadores y trabajadoras o trabajadores, debe entenderse como un derecho laboral de todas las personas. La firma y ratificación del Convenio 156 es necesaria e importante, toda vez que su entrada en vigor para México requerirá que sus disposiciones sean incorporadas a la legislación interna.

El Ejecutivo federal ya ha sido exhortado por el Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados, por el Senado de la República y ésta es la cuarta ocasión. Su firma representaría una muestra de compromiso del gobierno mexicano por completar el camino hasta su plena garantía para las trabajadoras y los trabajadores mexicanos.

En vista de la innegable necesidad que existe en el mercado laboral y en la economía mexicana de contar con disposiciones jurídicas claras y seguras que permitan conciliar las responsabilidades familiares y las laborales, en el entendido de que ello tendrá amplias y positivas repercusiones en las personas, familias, empresas y, en general, en la sociedad y en la economía mexicana, es por esto que someto a consideración de esta Cámara de Diputados y diputadas el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a que firme a la brevedad el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre trabajadores con responsabilidades familiares.

Diputado presidente, en virtud del respeto al tiempo que se me ha asignado, solicito se inserte íntegro en el Diario de los Debates, toda vez que ya está publicado en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias a usted, diputada Aguirre Maldonado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se recibió de la diputada María Isabel Merlo Talavera, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo relativo al fortalecimiento de las oficinas de atención a migrantes de los estados de la República Mexicana. Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Esta Presidencia informa que los diputados Francisco Moreno Merino y Jorge López Portillo, del Grupo Parlamentario del PRI, han expresado su interés de adherirse a la proposición con punto de acuerdo recientemente presentada por el diputado José Manuel Agüero.

Si el proponente no tiene inconveniente en la solicitud de adhesión, hago la consulta correspondiente. La Secretaría pondrá a su disposición la proposición con punto de acuerdo para la firma respectiva.

El diputado José Manuel Agüero Tovar (desde la curul): Ninguna oposición, señor diputado.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado. La Secretaría le llevará el documento a los diputados López Portillo y Moreno Merino, para la firma correspondiente. Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita un Programa Nacional de Operación sin Contaminación Ambiental en Ingenios Azucareros de México y para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se consideren recursos para el ingenio azucarero Emiliano Zapata, de Zacatepec, Morelos. Adelante, diputada Mazari.

La diputada Rosalina Mazari Espín: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento a consideración del pleno una proposición con punto de acuerdo para solicitar un Programa Nacional de Operación sin Contaminación Ambiental en Ingenios Azucareros de México, y se destinen 105 millones de pesos al ingenio azucarero Emiliano Zapata, de Zacatepec, Morelos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

La población que represento, en la zona sur del estado de Morelos, ha padecido la emisión de contaminantes primarios de alta peligrosidad que emite el ingenio azucarero Emiliano Zapata.

Desde 1991 a la fecha, el daño de salud pública va en aumento entre los habitantes de cinco municipios denominados de la zona cañera, con un número superior a 250 mil personas expuestas al humo, polvo, tizne y hollín, provocando graves irritaciones oculares, problemas en las vías respiratorias, hasta llegar a enfisema pulmonar, alergias en la piel, congestión nasal y sangrado repentino de las fosas nasales, por los altos grados de variación del aire por óxido de azufre, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos y partículas, provocando una situación ambiental insostenible.

Es una realidad que en los 57 ingenios azucareros ubicados en 15 estados del país, sus máquinas son obsoletas. Equipos de más de 50 y 70 años con calderas adaptadas que utilizan a discreción, lo mismo combustóleo, bagazo lleno de humedad, que provoca una pesada contaminación del aire y uso del petróleo.

Es en Morelos, su ingenio Emiliano Zapata, de Zacatepec, de los más productivos de azúcar por hectárea y de procesamiento de la misma. También altamente esclavizado en ruido, lluvia de ceniza, violación reiterada a la ley en materia ambiental, auditorías burladas y degradación a los mínimos estándares ambientales humanos del aire, agua y suelo.

Es grave cuando se estima que en la producción de azúcar, este ingenio y muchos otros del país, utilizan más de un 60 por ciento el bagazo como combustible y el 40 por ciento de combustóleo. Se sigue quemando en campos la caña, sin invertir en tecnología que disminuya el daño ecológico.

Es la importancia económica agrícola cañera de la que dependen dos millones de personas de manera directa e indirecta, una rama productiva.

En la LIX Legislatura impulsamos la Ley del Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar para dar certeza al producto y seguridad jurídica, pero es necesario ahora que el gobierno de la república, a través de un monto económico específico, asuma una inversión directa en recursos federales que actualice a los mejores niveles industriales la maquinaria y procesamiento en toda la cadena productiva.

Lograr azúcar sin contaminación a los pueblos por sus factorías es un deber en congruencia con el campo, la salud, la soberanía alimentaria y la ecología. Es un producto agrícola de interés público nacional.

México ha firmado protocolos internacionales de reducción de emisión de contaminantes, que debe cumplir por el cambio climático. El régimen jurídico de los ingenios jamás impide obligar a modernizar la industria con apoyo de la federación. Los ingenios tienen una base histórica, económica y productiva por encima de la temporalidad de sus propietarios. Los productores y sus organizaciones saben de esta necesidad de inversión inmediata con dinero que este Congreso autorice a las instituciones y puedan transformar la vida industrial de sus ingenios, haciéndolos más productivos y con menor contaminación para sus familias.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. Se solicita que esta Cámara de Diputados constituya un Programa Nacional de Operación sin Contaminación Ambiental en Ingenios Azucareros de México, y destine 105 millones de pesos al ingenio azucarero Emiliano Zapata, de Zacatepec, Morelos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

A petición del Grupo Parlamentario del PRI, el asunto enlistado como punto 15 se pospone para la siguiente sesión.

Tiene la palabra el diputado Mario Moreno Arcos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta a los gobiernos federal y estatales, a garantizar a la población campesina su bienestar, participación e incorporación en el desarrollo rural, y se aporten de manera emergente los recursos financieros que conformen un subsidio que permita en 2010 la adquisición de insumos agrícolas básicos, particularmente a los trabajadores del campo afectados por la sequía atípica en Guerrero.

El diputado Mario Moreno Arcos: Gracias, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados: Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso General, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, de Guerrero, presentamos ante este honorable pleno, para su análisis, discusión y aprobación, una propuesta de incorporación eventual y emergente de recursos económicos en el Presupuesto de Egresos de 2010, para la adquisición de fertilizante en la búsqueda de una alternativa solidaria para el rescate del agro guerrerense y los campesinos afectados por la sequía atípica en nuestro estado.

Considerando la relevancia que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al desarrollo rural y al bienestar, participación e incorporación de la población campesina al desarrollo nacional, y que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el marco de la Constitución, señala la coordinación entre federación, estados y municipios para el impulso de políticas y acciones destinadas al medio rural como prioritarios para el desarrollo del país, resulta urgente promover un punto de acuerdo que nos permita analizar y corregir en lo posible las disparidades en el desarrollo regional de los estados de la república, y de manera especial a los municipios de Guerrero afectados por la sequía que ha mermado de manera grave las condiciones productivas del campo guerrerense, a corto y largo plazo.

En ese tenor es indispensable señalar que los antecedentes del Programa de Subsidio al Fertilizante en Guerrero registra actualmente un padrón de 267 mil campesinos con un total de 460 mil hectáreas cultivables. Hasta hace poco, el Programa de Subsidio al Fertilizante, de carácter tripartita, consideraba la aportación de los productores en un 25 por ciento del costo total del paquete y el 75 por ciento el estado y municipios. Sin embargo, actualmente los municipios absorben arriba de 50 por ciento del costo del paquete y la participación estatal oscila entre 15 y 25 por ciento, repercutiendo gravemente en las economías municipales y, por supuesto, en la de los productores del campo.

Por eso, desde esta tribuna hacemos un llamado a reconocer las condiciones de crisis ambiental y de pobreza extrema que, de no atenderse de manera urgente, representan un riesgo a la estabilidad y a la seguridad no sólo de Guerrero, sino de este país.

Por todo lo anterior, presentamos ante ustedes el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Los diputados por el estado de Guerrero hacen una atenta propuesta y petición, a nuestros compañeros, para que en el análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos 2010 se integre un subsidio emergente para financiar a los productores guerrerenses afectados por la sequía atípica, en la adquisición de los insumos agrícolas básicos a través del programa de fertilizantes.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal involucrados en este programa para que en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales en materia de desarrollo rural integral, de manera coordinada realicen las acciones pertinentes y coadyuven, dentro del ámbito de su competencia, en la aplicación efectiva del citado subsidio. Es cuanto, ciudadano presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Moreno Arcos. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Tiene la palabra el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea un comité de trabajo, cuyo objetivo es el estudio de las normas operativas de la regulación de las guarderías subrogadas del IMSS para dotarlas de mayor calidad y seguridad.

El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez: Los suscritos, diputados Miguel Ernesto Pompa Corella, Ernesto de Lucas Hopkins, José Luis Marcos León Perea, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, Onésimo Mariscales Delgadillo y Jesús Alberto Cano Vélez, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de esta honorable Legislatura y con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentamos ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Honorable asamblea, tenemos el honor de hablar por los habitantes del estado de Sonora y expresar el sentimiento con respecto a los sucesos del 5 de junio en la ciudad de Hermosillo. Me refiero al incendio de la guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde perdieron la vida 49 niños menores de cuatro años.

Estamos consientes que si bien no fue un suceso intencional, sí fue algo previsible y que se pudo evitar. Por ello, les quiero exponer una serie de ideas. Las circunstancias posteriores a la catástrofe develaron una serie de incongruencias con la atención a los padres que tienen hijos lesionados de sus pulmones o afectaciones internas. Únicamente se ha considerado a los padres de niños fallecidos o que tengan quemaduras externas para su atención.

Las profesoras afectadas no han sido atendidas adecuadamente y además no se les quiere liquidad conforme a la ley. Las afectaciones de los niños, como ya lo he mencionado, llegan a ser hasta quemaduras internas de sus pulmones, a lo que requieren cuidados y tratamientos de un alto costo económico, además de que sólo se realiza en esta ciudad capital o en el extranjero.

Por ello, dentro de los acuerdos tomados por las autoridades y los padres de familia se estableció la habilitación de un neumólogo en la ciudad de Hermosillo, que hasta la fecha no se tiene. Los padres de familia, por el temor de llevar a sus hijos a guarderías, han solicitado que se les entregue a ellos la cantidad que el IMSS estaría pagando por cada niño como subrogación.

Aparte existe un reclamo generalizado, porque no se atiende a los niños discapacitados. Como pueden ver existen demasiadas irregularidades en la forma de operación de las guarderías subrogadas y la atención de las autoridades a las familias afectadas.

Por esto, el punto de acuerdo en cuestión nos da la oportunidad de avanzar en las políticas públicas que el Estado está obligado a adoptar por la seguridad de todos sus habitantes, en especial de nuestros niños.

De esta manera, consideramos que debemos crear, en el marco de las facultades legislativas, la obligación de esta Cámara, que por medio de un comité de trabajo establezca el compromiso de estudio de las normas operativas de regulación de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para dotarlas de mayor calidad y seguridad.

Ningún comité de trabajo o estudio se encuentra completo si no se incluye a las autoridades competentes en la materia y, especialistas en el tema para enriquecer las proposiciones. Por ello, proponemos, junto con la creación del comité, exhortar a las autoridades del IMSS a que se unan al equipo de trabajo y lanzar la convocatoria pública de participación ciudadana.

Todo trabajo sería en vano si no logramos concretar los esfuerzos del Comité en materia tangible. Por tanto, es necesario poder mantener un plan de trabajo constante para la consecución del objeto de la representación, iniciando con la solicitud de información al IMSS, de las medidas adoptadas para procurar la seguridad de las guardarías y poseer un marco referencial de estudio, establecer una agenda mínima del trabajo del Comité para el primer periodo de esta Legislatura y presentar los resultados antes de acabar con el periodo de sesión.

El Poder Legislativo no debe estar ajeno a este problema, se encuentra obligado a impulsar las reformas necesarias para evitar que se repitan estas catástrofes. Por ello apelo al interés y razón de esta asamblea, para acordar los puntos de acuerdo que detallo.

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación del Comité de Trabajo, cuyo objetivo primordial es el estudio de las normas operativas de regulación de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para dotarlas de mayor calidad y seguridad.

Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política invitar a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social a participar dentro del Comité de Trabajo para el estudio de las normas operativas de regulación de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, solicitar la información de las medidas adoptadas para procurar su seguridad.

Tercero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que acuerde las medidas necesarias para el lanzamiento de la convocatoria pública de propuestas de la sociedad civil, para lograr las reformas a las normas operativas de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Cuarto. Se solicita a la Junta de Coordinación Política gire solicitud de información a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social acerca de las medidas adoptadas para la seguridad de las guarderías subrogadas.

Quinto. Se solicita a las instituciones públicas responsables de establecer y operar estancias infantiles, indemnizar a los padres de familia de niños con lesiones internas a causa del incendio y habilitar el médico neumólogo pediatra, en la ciudad de Hermosillo, para la terapia de los infantes, incorporarlo en su política de servicios y otorgar la subrogación directa a los padres de familia.

Sexto. Se solicita a las autoridades del IMSS acuerde las medidas necesarias para otorgar extraordinariamente los permisos a las madres de ausentarse para el cuidado de sus hijos. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Acosta Gutiérrez. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento en el sistema de redes hidráulicas.

El diputado Jorge Hernández Hernández: Con su venia, señor presidente de la Mesa Directiva, diputado Francisco Ramírez Acuña. Con su permiso, señores diputados que integran esta Mesa Directiva.

Compañeras diputadas y compañeros diputados de la LXI Legislatura. Su servidor, Jorge Hernández Hernández, diputado federal del décimo primer distrito electoral de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante esta honorable soberanía vengo a exponer los motivos que fundamentan esta proposición con punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial de supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento en el sistema de redes hidráulicas.

En virtud de que el texto de diagnóstico prospectivo lo tienen ustedes, señores diputados, en la Gaceta Parlamentaria, me permito presentarles la importancia, con carácter de urgente u obvia resolución, que reviste esta

Proposición con punto de acuerdo

De conformidad en el marco normativo constitucional es nuestro deber, como Congreso federal, establecer y corroborar contribuciones que permitan la supervisión en la aplicación de los recursos en momentos de contingencia ambiental, así como coadyuvar en las diversas tareas para impulsar medidas preventivas y correctivas en materia del sistema de redes hidráulicas.

Por ello, invito a las diputadas y a los diputados de esta legislatura a hacer conciencia de la responsabilidad que nos han conferido los ciudadanos mexicanos, y entreguemos buenos resultados de nuestro ejercicio legislativo.

Esta proposición con punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial de supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento del sistema de redes hidráulicas tiene como objetivo primordial prevenir, recomendar y supervisar los trabajos y acciones que los gobiernos, en sus tres órdenes, ejecuten en beneficio de nuestras poblaciones, que estamos representando en esta legislatura, en materia de prevención, en momentos de contingencia ambiental y en el saneamiento preventivo y correctivo en el sistema de redes hidráulicas.

Legisladores de todas las fracciones parlamentarias han manifestado en diferentes ocasiones su preocupación por hechos lamentables en momentos de contingencia ambiental ocasionados por los cambios climáticos que en los últimos años hemos vivido y que han provocado daños irreparables tanto en la economía personal como en los bienes materiales, en los patrimonios nacionales, en los patrimonios personales, y lo más lamentable, en la pérdida de vidas humanas.

El Distrito Federal, Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Jalisco, el Estado de México, entre otras entidades federativas, han sufrido los estragos de las inclemencias del tiempo. Es cierto, se han atendido los reclamos y solicitudes realizadas en otras legislaturas, así como los pronunciamientos en esta misma.

Hago referencia en estricto sentido de los recursos que se han otorgado al Fondo de Desarrollo de Desastres Nacionales (Fonden), mismos que no han llegado en tiempo ni forma a las distintas zonas afectadas.

Es por ello, señores diputados y señoras diputadas, la importancia de la creación de esta Comisión Especial con un solo objetivo: permitir, a través de la supervisión de la misma, que los recursos del Fonden, a través de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, lleguen a las personas que así lo necesiten y que en momentos de desgracias están solicitando el apoyo de ustedes, sus diputados federales. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Hernández Hernández. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Lastiri Quirós, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se incremente y transparente la partida asignada a la educación universitaria.

El diputado Juan Carlos Lastiri Quirós: Con el permiso de la Presidencia. Solicito, señor presidente, que el texto íntegro del punto de acuerdo que presento a esta soberanía forme parte del Diario de los Debates.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, acudo a esta tribuna a nombre de las legisladoras y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, en el estado de Puebla. Lo hago con el convencimiento de que la educación superior es la base para construir un mejor país; lo hago con el objetivo de alertar sobre la intención de disminuir el presupuesto a las universidades públicas estatales.

Las 46 universidades públicas estatales atienden una matrícula superior a los 800 mil estudiantes; más del doble de la que atienden las universidades federales. Lo hacen con recursos limitados y con esquemas presupuestales que restringen su pleno desarrollo.

Dentro de ellas destaca la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que atiende a más de 6 mil estudiantes. Este Congreso no puede dejar de lado que los países que han apostado a la educación superior y a la ciencia como factores de desarrollo y bases para la creación de ciudadanía y democracia son las naciones con más altos niveles de desarrollo.

En este contexto resulta preocupante la caída de los recursos que se consideran en el Presupuesto 2010 para la Dirección General de Educación Superior Universitaria, a través de la cual se canaliza el subsidio federal a las universidades públicas estatales.

En efecto, para el ejercicio 2010 el Ejecutivo federal ha propuesto una asignación presupuestal a la mencionada dirección general de 35 mil millones 937 mil, los cuales resultan inferiores en 7 mil millones de pesos, lo que representa una disminución en términos reales de 16.9 por ciento con respecto al presupuesto autorizado para 2009.

El análisis del presupuesto de la Dirección General de Educación Superior Universitaria indica que el total del subsidio para 2010 disminuirá 16.6 por ciento en términos reales respecto al presupuesto 2009.

Por otra parte, con base en las estimaciones realizadas se considera que los subsidios para 2010 que recibirá el estado de Puebla tendrán una disminución significativa, por lo que se propone que con base en la revisión que se haga de las fuentes de ingresos para reorientar el proyecto presupuestal del Ejecutivo se canalicen al subsidio ordinario de la UAP 350 millones de pesos adicionales a lo aprobado en el año 2009. Es un monto que apenas hace justicia a una de las universidades más importantes del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el punto de acuerdo siguiente:

Se exhorta a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados a incrementar el presupuesto a la Dirección General Superior de Universidades en 7 mil millones de pesos respecto al presupuesto aprobado en el 2009, en beneficio de 46 universidades públicas estatales.

Se exhorta a las mismas comisiones a detallar en el anexo correspondiente del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 para que a las universidades estatales que reciben subsidio ordinario, los montos estén asignados a cada una de éstas. Y se exhorta a las mismas comisiones a canalizar, a través del Presupuesto federal en el Ejercicio Fiscal 2010, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 350 millones de pesos más a los aprobados en 2009, como parte del subsidio ordinario que se apruebe para esta institución educativa.

Se solicita a la Presidencia que este punto de acuerdo se turne a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, a efecto de su análisis correspondiente. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Lastiri Quirós. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la palabra el diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial del Café.

El diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, dentro de las actividades agrícolas con mayor importancia y arraigo en nuestro país destaca la cadena productiva del café. Dicha actividad constituye uno de los negocios más rentables a nivel mundial y con mayor valor comercial.

El cultivo del café representa una importante entrada de divisas para los 50 países productores, entre los que se encuentra México ocupando el quinto lugar en importancia.

Como sabemos, el café en México se produce en cuatro zonas cafetaleras comprendidas en 12 estados de la república, que abarcan 398 municipios, según el padrón nacional cafetalero. El café representa cerca de 14 por ciento de las exportaciones totales, de las cuales aproximadamente el 80 por ciento se va hacia Estados Unidos.

En esta actividad se emplean casi 3 millones de mexicanos, principalmente en zonas marginadas e indígenas.

Pese a las grandes oportunidades de mercado que ofrece el aromático, en nuestro país existen factores que debilitan su competitividad, tales como la marginalidad en que vive el 80 por ciento de los productores, la deficiente infraestructura cafetalera, falta de apoyos para la renovación de los cafetales de avanzada edad, falta de capacitación para el mejoramiento de los procesos de siembra y cultivo, escasez de mano de obra por la creciente migración, abandono de las tierras, rotación de cultivo, la existencia de intermediarios y los altos costos de producción han hecho que el cultivar café ya no sea atractivo para los campesinos.

Otro lastre que afecta a los pequeños productores de café es la falta de financiamiento oportuno y en condiciones favorables, toda vez que los créditos disponibles de origen gubernamental son otorgados de manera discrecional y la banca privada no manifiesta ningún interés por apoyar a este sector.

No obstante que en la actualidad la tendencia de los precios internacionales del grano ha mejorado, en nuestro país persiste el problema de la producción, la calidad, asistencia técnica y capacitación.

En Veracruz se asientan las principales regiones productoras del país, con una calidad reconocida a nivel internacional. Por ello sabemos que es necesario la implementación de una política de Estado urgente, que restaure la cadena productiva del café y que garantice un precio justo a la cosecha del grano.

La cafeticultura debe ser vista como una oportunidad de crecimiento económico y fuente de desarrollo social y regional.

Cabe señalar que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, el Ejecutivo federal propone reducir sustancialmente los recursos destinados al Programa de Fomento Productivo del Café. De ahí que resulte indispensable y urgente que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se contemple un incremento en las partidas que se destinan a los programas sociales y de apoyo a la producción que inciden en este importante sector.

Por lo anteriormente expuesto, resulta indispensable dar continuidad al trabajo realizado por las dos legislaturas que nos precedieron. La creación de la Comisión Especial del Café debe fortalecer a una instancia legislativa donde se analicen y se propongan alternativas y estrategias tendientes a apoyar de forma integral esta importante actividad.

Señoras diputadas y señores diputados, los que suscriben, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Cruz López Aguilar y María Isabel Pérez Santos, diputados federales de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea para que sea turnada a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo para considerar la creación y constitución de la Comisión Especial del Café. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Flores Espinosa. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Se recibió de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal firme a la brevedad el Convenio 183 sobre la Protección de la Maternidad de la Organización Internacional del Trabajo. Atendiendo lo solicitado se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se consideren recursos para diversas adquisiciones y obras para el Instituto Nacional de Investigación Nuclear.

El diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, dependiente de la Secretaría de Energía, realiza investigación científico-tecnológica en el marco de las fronteras del conocimiento, en el área de la ciencia y la tecnología nucleares, proporcionando al pueblo mexicano servicios especializados y productos a la industria en general y a la rama médica en particular; puntos en los que radica la importancia de fortalecerlo e impulsarlo como parte estratégica del Estado mexicano.

El marco de la crisis mundial actual es un buen momento para reflexionar que sólo con la inversión en aspectos estratégicos y visión a mediano y largo plazo de los beneficios sociales, ambientales, y económicos que la naturaleza de dicho instituto permite es como se puede ir superando la falta de una política tendente a obtener recursos de la vinculación de la ciencia con la empresa.

Por ello, este proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 es un buen momento para considerar los recursos necesarios para que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares construya instalaciones seguras, adquirir nuevo equipo, equipar los laboratorios y apuntalar la investigación y desarrollo científico ya que es parte nodal del objeto de dicho instituto, para que pueda cumplir plenamente con los fines para los que fue creado.

Lo anterior es una obligación que debemos resolver de manera urgente. Hagamos conciencia de las necesidades reales de nuestro país. No se trata solamente de colocar o dar recursos de manera inconsistente ya que en lo referente al beneficio de carácter nacional, nuestra Constitución es clara y contundente.

Para continuar con un mejor desempeño de sus trabajos, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, así como los diversos sectores científicos, académicos y sociales especializados se han manifestado por la necesidad de adquirir, instalar y operar un ciclotrón de 50 mega electrón-volts, en el centro nuclear de México.

Por ello presento ante ustedes los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Comisión de Ciencia y Tecnología, a incorporar en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, 600 millones de pesos para la adquisición, instalación y operación de un ciclotrón en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, a efecto de trascender en el plano nacional e internacional en el desarrollo sustentable de la generación y uso de tecnologías avanzadas en materia nuclear.

Segundo. Se etiqueten en el Ramo 18, en el Programa de Obra Pública, recursos por 26 millones de pesos para la construcción de un edificio para albergar laboratorios; se etiqueten 28 millones de pesos para la construcción de una planta de tratamiento de desechos radioactivos; y se etiqueten 84 millones de pesos para la adquisición de equipo para laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico.

Finalmente, señor presidente, compañeros, quiero hacer un público reconocimiento al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear por fortalecer su compromiso permanente a favor de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Terrón Mendoza. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Señores diputados, el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez ha expresado su interés de adherirse a la proposición presentada por el señor diputado Lastiri. Pregunto al señor diputado Lastiri si no tiene inconveniente en la solicitud de adhesión que nos ha hecho el diputado Flores Ramírez.

El diputado Juan Carlos Lastiri Quirós (desde la curul): Ningún inconveniente, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Entonces que se proceda a recoger las firmas de adhesión. Muchas gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se crea la Comisión Especial para la industria manufacturera de exportación.

El diputado Alejandro Cano Ricaud: Con su venia, diputado presidente. Los que suscriben, diputados chihuahuenses integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someten a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con base en lo siguiente.

Nuestro país vive hoy una situación económica muy compleja ya que el principal socio comercial que tenemos se encuentra en una crisis que afecta al mundo. Ante ello, es importante generar acciones en el ámbito legislativo que permitan, por una parte, conservar los empleos existentes, y por otra, atraer nuevas inversiones que beneficien a las familias mexicanas.

La industria manufacturera de exportación, comúnmente denominada "industria maquiladora", ha venido evolucionando hasta convertirse en un pilar fundamental de la economía nacional.

Diversas son las actividades que se llevan a cabo en este tipo de industria, en sus inicios predominan las actividades más tradicionales, como la producción de muebles y molduras de madera, la industria del cuero y el calzado, la fabricación de prendas de vestir, la industria del juguete, entre otras.

Al tiempo, empresas de mayor envergadura se instalaron con la finalidad de realizar fases de su proceso productivo con alto valor agregado. Hoy día, son diversos los agrupamientos industriales desarrollados, destacan automotriz, electrónica, tecnología de la información, electrodomésticos, biotecnología, aeroespacial.

Actualmente, según datos proporcionados por la Cámara de la Industria Manufacturera de Exportación, esta industria contribuye con el 44 por ciento de las exportaciones totales de nuestro país, además, la industria manufacturera tiene vínculos con el desarrollo regional en la diversificación de la inversión extranjera y la transferencia de tecnología, además permite el desarrollo social por medio del trabajo productivo y la mano de obra calificada.

Datos proporcionados por el Inegi, en la estadística que lleva a cabo sobre el comportamiento de la industria manufacturera de exportación, a diciembre de 2006 en nuestro país se encontraban establecidos 2 mil 700 establecimientos de este tipo de industria, la cual emplea en el país a más de un millón de trabajadores.

La función de todas y cada una de las esferas de gobierno es actuar para prevenir la pérdida de empleo a través de una política de desarrollo económico que incentive la inversión nacional y extranjera, que fomente la innovación tecnológica y la transferencia de tecnología, la investigación, la incorporación de valor agregado en la producción, entre otras.

La industria manufacturera de exportación enfrenta, además de la crisis financiera internacional, otro tipo de problemas y retos en el contexto internacional, como es la pérdida de competitividad, la falta de certidumbre jurídica y la incertidumbre fiscal, entre otros.

Sin lugar a dudas, los programas del gobierno federal cuentan con presupuestos insuficientes que no logran cubrir las necesidades de las empresas que invierten en sectores modernos y de gran tecnología, por tanto, una de las tareas de esta Legislatura es busca asignar un mayor presupuesto a los programas que deban impulsar el desarrollo industrial y económico.

También desde el Congreso debemos promover la elaboración de reglas de operación con una mayor transparencia y más democracia en la asignación de los recursos federales.

Por tales razones expuestas ante esta asamblea, y no sin antes puntualizar el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico.

Asimismo, acorde con la normatividad que rige a esta Cámara de Diputados, corresponde a la Junta de Coordinación Política generar los acuerdos necesarios para la creación de comisiones especiales.

Nos dirigimos a ustedes, compañeros legisladores y compañeras legisladoras, con el objeto de solicitarles se aprueben los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero. Se constituye la Comisión Especial de la Industria Manufacturera de Exportación, con el objeto de estudiar a fondo su evolución y sus requerimientos ante el entorno económico y social actual, como una industria fundamental para el crecimiento económico y el empleo, así como proponer e impulsar acciones que promuevan su desarrollo.

Segundo. La comisión estará formada por 20 diputados que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad en la inclusión de todos los grupos parlamentarios.

Tercero. La comisión funcionará durante el término de la LXI Legislatura.

Cuarto. La comisión deberá de rendir de manera semestral un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Solicito a la Presidencia se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates la presente proposición. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Cano Ricaud. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la SCT, de Sectur y de la Secretaría de Economía, así como del titular de Conagua se elabore un plan integral de reactivación económica para el estado de Oaxaca.

El diputado Eviel Pérez Magaña: Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hoy pretendo que mi voz sea la voz de millones de oaxaqueños, cientos de miles de ellos sobrevivientes de la pobreza y la marginación.

El Consejo Nacional de la Población ubica a Oaxaca como el tercer estado más marginado del país. De los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano definido por las Naciones Unidas, 89 son municipios oaxaqueños.

Los estados más pobres del país han sido golpeados gravemente por la crisis económica internacional. El gobierno federal no ha hecho lo suficiente para evitar este golpe e impulsar nuestra economía.

El turismo, que constituye un motor de desarrollo económico en el estado de Oaxaca, un estado donde tenemos una riqueza y una biodiversidad inigualable, además de una pluralidad cultural y étnica impresionante, se ha dejado prácticamente a la responsabilidad local, cuyas posibilidades son escasas. Una enorme cantidad de oaxaqueños vive del turismo; trabaja en hoteles, restaurantes y artesanías.

Miles de familias oaxaqueñas nos hacen un reclamo justo: empleo e ingresos. Miles de familias oaxaqueñas hoy apelan a la solidaridad de esta soberanía para responder con la misma contundencia. Los estados más pobres de México necesitan un trato justo y lo necesitan ya.

Bajo el pretexto de la crisis las finanzas estatales han sido disminuidas arbitrariamente sin consultar a los gobiernos locales, para definir dónde y cuándo se afectan menos sus prioridades. Muchos años de olvido de la federación han dejado problemas que hoy se agravan en Oaxaca. Somos la única entidad federativa que no cuenta con un eje troncal que comunique a la capital con las diversas regiones.

Los oaxaqueños de los 17 municipios conurbados aguardan inquietos la solución que le daremos al abasto del agua. Las iniciativas federales encargadas de promover el desarrollo y la economía en los sitios turísticos como la ciudad de Oaxaca, como Huatulco, Puerto Escondido, han hecho caso omiso al compromiso del titular Ejecutivo.

No estamos satisfechos con el trato que nos da el gobierno de la república. Es lenta la ejecución de la vía rápida entre la ciudad de Oaxaca y Tehuantepec. Es ineficaz el tratamiento a la ampliación y modernización de la carretera costera que une al sur de México con los principales demandantes de nuestros insumos.

Así sabemos también que esta semana se ha pospuesto por tercera vez la carretera de Oaxaca-Puerto Escondido, lo que incide en el desarrollo de la costa. La federación ha prolongado la terminación e inicio de importantes arterias que le dan vialidad al sur, al sur-sureste y al propio país.

Es la hora de mirar al sur, es la hora de escuchar la voz de la pobreza y la marginación. Definir o cancelar la obra pública, retrasa o cancela las posibilidades de desarrollo e igualdad de millones de oaxaqueños.

El gobierno de la república debe dar certidumbre a las entidades como Oaxaca respecto de los proyectos detonadores de desarrollo económico y social. El desempleo acicatea el conflicto social. La Situación crítica de la economía nacional requiere de un programa emergente para reactivar las micro, pequeñas y medianas empresas.

Es una responsabilidad impostergable. Es urgente que los estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, se integren en la agenda política nacional.

Exigimos que el gobierno federal nos escuche y rescate las propuestas de los gobiernos locales, como el Programa Integral del Sur y se ejecuten proyectos estratégicos de reactivación económica y desarrollo social.

Señoras y señores, asumamos nuestra responsabilidad ante la marginación y la pobreza de millones de mexicanos. Fuimos electos para ser la solución. Lo que hoy hagamos por Oaxaca, estén seguros, va a ayudar a transformar a México.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo

Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, instruya a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de Economía y a la Comisión Nacional del Agua, para que elaboren un plan integral de reactivación económica, turística y de infraestructura, que contemple créditos y posibilite la capitalización y continuación de las actividades productivas en Oaxaca y en los estados de menor índice de desarrollo humano. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Pérez Magaña. Túrnese a la Comisión de Economía.

Tiene la palabra el diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial en materia de protección civil.

El diputado Enrique Torres Delgado: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el mundo entero está expuesto a calamidades que, de manera artificial o natural, se generan. Nuestro país no es la excepción; puede resultar azotado por múltiples fenómenos naturales adversos debido a su ubicación y formación geográfica. Se halla sujeto a eventos naturales, con elevados riesgos de convertirse en desastres que afecten a la población.

Dichos riesgos pueden provenir de sismos y terremotos, provocados por el movimiento y acomodo de placas tectónicas; erupciones de volcanes activos, como el Popocatépetl, el Pico de Orizaba, el Volcán de Fuego, de Colima y el Tacaná, entre otros; ciclones; huracanes; tormentas y depresiones tropicales originadas en los dos océanos que, además de daño directo por vientos y marejadas, producen precipitaciones extraordinarias, avenidas torrenciales, desbordamientos, deslaves e inundaciones, sequías frecuentes y recurrentes en las zonas áridas y el semidesierto, que cubren más de la mitad del país; lluvias cíclicas o excepcionales en casi todo el territorio; e incendios en la temporada de secas, riesgo que se agrava después de meteoros excepcionales, que devastan vegetación, así como los generados de manera artificial.

La diversidad de los fenómenos naturales que lo afectan y la intensidad con que pueden presentarse convierten al país en uno de los que concentran los más altos riesgos de desastres naturales en todo el mundo.

Todo lo anterior justifica la participación del Estado en materia de protección civil, pues una de sus obligaciones principales es la protección de la vida y de los bienes de las personas. Debe tenerse presente que, históricamente, las atribuciones en materia de protección civil se hallaban dispersas en varias disposiciones y dependencias, y se modificaban sin ninguna orientación o finalidad. Por ello, el 6 de mayo de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprobaron las bases para el establecimiento del sistema nacional de protección civil.

El 30 de septiembre de 1997, el pleno de la Cámara de Diputados acordó la creación de la Comisión Especial de Protección Civil, que se instaló formalmente el 8 de octubre del mismo año, con el objetivo central de coadyuvar al fomento de una cultura de protección civil, que permitiese a la población mitigar los efectos de los desastres, mediante la creación o actualización de leyes y reglamentos que enmarquen y encaucen las acciones nacionales en la materia.

Esa comisión presentó a consideración de la honorable Cámara de Diputados una iniciativa para adicionar una fracción, la XXXIX-I al artículo 73 de la Carta Magna, que faculta al Congreso de la Unión a fin de legislar en la materia. Agotado el proceso legal correspondiente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999, otorgándole plena vigencia.

Lo anterior permitió la elaboración de la Ley General de Protección Civil, la cual establece las bases de coordinación que encauzarán las acciones conjuntas de la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, tanto en acciones de carácter preventivo como en el auxilio en desastres y la recuperación posterior.

En tal sentido, se retoma la propuesta de crear una comisión especial responsable del tema de la protección civil en el país, lo cual encuentra fundamento en el hecho comprobado de que los desastres son eventos singulares, con características y procesos de gestación, evolución y resolución muy particulares que, aunados a expresiones actuales de la dinámica de los grupos sociales, imprimen a las medidas legislativas y políticas públicas una vertiginosa evolución que requiere propuestas y soluciones cada vez más imaginativas, a fin de que las respuestas sean ágiles y eficaces y protejan a fondo a la población ante eventos que la lesionen o afecten.

Es decir, nuestro país requiere de medidas legislativas políticas, programas de acciones de largo plazo que con un carácter programático e integral, pero al mismo tiempo flexible, vayan adecuándose a las necesidades y realidades cambiantes que esta problemática reviste, incluyendo en los mismos el marco jurídico que lo sustente, les otorgue fortaleza y garantice permanencia.

Por lo expuesto y fundando, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que con fundamento en los artículos 34, inciso b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos determine la creación de la Comisión Especial en Materia de Protección Civil.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial será la revisión y actualización constante del marco jurídico en materia de protección civil. El control evaluatorio de la materia, por parte de las autoridades competentes, de conformidad con el marco jurídico aplicable, así como todas aquellas que sean necesarias para fortalecer las acciones de prevención y recuperación, tratándose de desastres generados por la presencia de fenómenos naturales y humanos.

Tercer. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.

Cuarto. Para el cumplimiento de este objetivo, dicha Comisión Especial podrá allegarse la información que considere pertinente, así como reunirse, cuando lo considere necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de su competencia.

Quinto. La Comisión Especial, objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Sexto. La máxima duración de los trabajos que realice la Comisión Especial será el mes de agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo, para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado Torres Delgado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Fernando Morales Martínez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pide el uso de la palabra el señor diputado Fernando Morales. ¿Con qué objeto diputado?

El diputado Fernando Morales Martínez (desde la curul): Señor presidente, nada más es para hacer una adhesión a la propuesta que está haciendo, del punto de acuerdo, el señor diputado. Que quedara sentado en actas, que como fracción parlamentaria del PRI exhortamos a la Junta de Coordinación para que este punto sea de atención urgente. Nada más, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. El diputado Fernando Morales ha expresado su interés de adherirse a la proposición presentada por el diputado Enrique Torres. Le pregunto al proponente si no tiene inconveniente en la solicitud de adhesión.

El diputado Enrique Torres Delgado (desde la curul): No.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Manifiesta que no. Por favor, proceda la Secretaría a disponer lo necesario para que sea firmada la proposición. Muchas gracias.

Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez Fuentes, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se consideren recursos económicos para la estabilidad y el fortalecimiento de la cadena productiva agave mezcal, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Ramón Jiménez Fuentes: Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el mezcal es una bebida alcohólica regional, obtenida por destilación y certificación de mostos preparados directa y originalmente con los azúcares extraídos de las cabezas maduras de los agaves.

En el país se producen 335 mil toneladas de agave mezcalero al año, producción correspondiente a la llamada zona de denominación de origen mezcal, que corresponde a los estados de Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Durango, Tamaulipas y San Felipe, Guanajuato, donde a su vez se registran alrededor de 30 mil productores, generando 5 mil 270 empleos permanentes al año.

Actualmente las condiciones socioeconómicas de los productores primarios y productores de mezcal es un común denominador por su población de alta y muy alta marginación. La mayoría de los productores carecen de tecnología moderna, por lo que obtienen su producto de manera artesanal, mediante procesos poco eficientes.

En nuestro país existen 80 envasadoras que manejan 130 marcas de mezcal, las cuales embotellan alrededor de 8 mil litros anuales.

El costo de producción de agave es muy alto, ya que un ciclo completo de ocho años varía entre los 40 mil y los 250 mil pesos por hectárea.

Actualmente en nuestro país la cadena productiva agave-mezcal ha tenido dificultades. Los productores atraviesan por serios problemas de comercialización de su materia prima, ya que los precios se han desplomado hasta en menos de un peso por kilogramo, cuando en años anteriores llegó a pagarse a 10 y 12 pesos por kilogramo.

En estados como el de Zacatecas, que cuenta con plantaciones cultivadas, una gran cantidad del agave no tiene salida comercial ni se industrializa por falta de infraestructura para estos propósitos. Por lo que el esfuerzo y la inversión de los productores por ocho años, corren el riesgo de perderse y que se abandone esta actividad.

Por lo anteriormente mencionado someto a su consideración el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se destinen y etiqueten 350 millones de pesos para el fortalecimiento de la cadena productiva agave-mezcal en acciones dirigidas a la construcción de módulos agroindustriales, el fortalecimiento, la modernización y la terminación de las fábricas de mezcal existentes; la certificación de fábricas, promoción y comercialización de mezcal y para el otorgamiento de créditos a bajas tasas de interés a los productores de mezcal; subsidios a los energéticos, entre otras acciones que se consideren para lograr la estabilidad en esta cadena productiva.

Suscriben el presente punto de acuerdo los diputados: Claudia Edith Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández, Samuel Herrera Chávez, Heladio Gerardo Verver y Vargas y su servidor, Ramón Jiménez.

Gracias, ciudadano presidente. Agradeceré se incorpore el presente documento íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Jiménez Fuentes. Insértese en el Diario de los Debates, como usted lo solicita y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la palabra el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a cancelar la licitación pública internacional para el diseño y construcción de la presa El Zapotillo, en el Río Verde y consecuentemente, cancelar el inicio de la construcción de dicha presa en el estado de Jalisco.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores legisladores:

Durante la comparecencia del ciudadano Fernando Gómez Mont el pasado 17 de septiembre, elevamos a la consideración de ustedes la inconformidad de vecinos de diversas comunidades de la región de Los Altos de Jalisco.

Es un tema que viene procesándose durante años y que en el documento, que solicito a la Presidencia que se inserte en forma integral, se hace un desglose en 17 apartados numéricos, de los cuales sólo subrayaré lo siguiente:

En junio de 2006 el gobierno federal, la Semarnat, autorizó a la Conagua la manifestación de impacto ambiental, que se abrevia en términos hidrológicos MIA-1310/06. En esa autorización se puntualizaba que la cortina de la presa de El Zapotillo tendría una altura de 80 metros y que su embalse abarcaría una superficie de 2 mil hectáreas, con una capacidad de almacenamiento de 411.6 millones de metros cúbicos. Pese a lo anterior, Conagua acaba de licitar la mencionada presa con una cortina de 105 metros de altura, con un embalse de 3 mil 800 hectáreas y un almacenamiento de 911 millones de metros.

Esa modificación es a todas luces irregular y traería como consecuencia la inundación y la desaparición de las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín. Este proceso se hizo sin contar la licitación con una nueva manifestación de impacto ambiental y a todas luces es ilegal ya que el artículo 6o. del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala: "Las ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infraestructura, rehabilitación y mantenimiento de instalaciones requerirán manifestación de impacto ambiental cuando impliquen incremento en el nivel de impacto y riesgo ambiental", como es caso.

Aunado a lo anterior, en sesión del ayuntamiento de Cañadas de Obregón del viernes antepasado, por mayoría de votos ese ayuntamiento, que es de extracción panista, votó acertadamente en contra de otorgar el uso de suelo a la Conagua para autorizar la altura de la cortina de 105 metros.

Por si lo anterior fuera poco, el proceso de licitación que se otorgó a la empresa, propiedad de Carlos Hank Rhon, es ilegal. Hay impugnación en la Secretaría de la Función Pública porque está otorgada por 2 mil 194 millones de pesos, 622 millones de pesos más que lo que presentó la empresa ICA y otras participantes.

Para concluir, otro aspecto fundamental es la violación de los derechos humanos de quienes han presentado quejas ante la comisión estatal, más de 200, que no han sido escuchados. Dicho organismo emitió una medida cautelar para pedirle al gobierno de Jalisco que lleve a cabo una consulta popular y que cancele todo acto de hostigamiento y presión a los habitantes.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, recibió a los vecinos afectados, se comprometió a que en un lapso de tres meses llevaría a cabo esa consulta y que respetaría el acuerdo de los vecinos. También a que iría personalmente a Temacapulín a visitar la obra. No ha cumplido Emilio González Márquez, que, al contrario de la sensibilidad del ayuntamiento panista, ha sido ajeno y ha sido distante de los vecinos de Temacapulín.

Por eso y aunado a que el INAH tampoco ha otorgado la autorización para la desaparición de monumentos históricos es que pedimos aquí, a esta Presidencia, se excite bajo el siguiente punto de acuerdo al Ejecutivo federal, para que instruya a Luege Tamargo a cancelar la licitación pública de la presa El Zapotillo sobre el río Verde y, consecuentemente, el inicio de la construcción, también debe cancelarse la misma.

Pedimos a la Presidencia...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, señor diputado.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: ... que turne este punto de acuerdo a las Comisiones de Gobernación, Derechos Humanos, Pesca, Recursos Hidráulicos, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que informen de la misma.

Asimismo le ratificamos la petición de que se inserte íntegro el cuerpo de este proyecto en el Diario de los Debates. Gracias a los diputados del PT y del PRD que compartieron este punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Ibarra Pedroza. Como solicita, insértese en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos y Gobernación.

Tiene la palabra el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los cambios de la estructura y evaluación del desempeño de la administración pública federal y los Poderes Legislativo y Judicial.

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en Nueva Alianza creemos que para avanzar en la construcción de un mejor país es fundamental modernizar el aparato de la administración pública y, en general, el marco de funcionamiento de los Poderes de la Unión a través de una reingeniería institucional; es decir, una reforma integral y continua que responda a una dinámica política, económica, social y cultural existente en nuestro país.

Como diputados estamos conscientes de que la eficiencia de las instituciones del Estado está intrínsecamente relacionada con el buen diseño organizacional que la acompaña; mientras mantengamos vigentes estructuras administrativas ineficientes y diseños jurídicos desfasados, nuestras instituciones seguirán presentando serios problemas en su funcionamiento.

Tenemos pocos avances en la evaluación del desempeño de la administración pública federal y en la vigilancia de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, especialmente en el análisis de su contribución al desarrollo del país.

Los cambios deben estar vinculados con el nuevo modelo de gestión que privilegie la eficiencia mediante el establecimiento de nuevos esquemas que permitan la evaluación, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto.

Creemos que no es suficiente que a las dependencias de gobierno, instituciones parlamentarias y órganos de impartición de justicia se les asignen mayores recursos para alcanzar eficiencia, si no van acompañados de mayores controles y si no se promueve la responsabilidad social en sus decisiones.

Hoy más que nunca es necesario institucionalizar procesos de evaluación, de resultados para orientar los procesos administrativos y políticos al rendimiento de recursos y maximización de objetivos, a partir de la incorporación de estándares de desempeño, la aplicación de permanentes y sistémicas evaluaciones, y de la necesidad de una efectiva rendición de cuentas.

Es fundamental definir las responsabilidades de cada una de nuestras instituciones para evitar el burocratismo, la duplicidad de funciones, la discrecionalidad y, sobre todo, la corrupción.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Se solicita de la manera más respetuosa, a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, que constituya la Comisión Especial para dar seguimiento a los cambios en la estructura y evaluación del desempeño de la administración pública federal y los Poderes Legislativo y Judicial, el objeto de esta comisión será el que se deriva de su denominación. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Vázquez Aguilar. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el señor diputado Tomás Gutiérrez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el acceso digital a los mexicanos y de orientación y uniformidad legislativa en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.

El diputado Tomás Gutiérrez Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: Acudo a esta tribuna para someter al pleno de la Cámara de Diputados la creación de la Comisión Especial para la promoción del acceso digital a los mexicanos y de orientación y uniformidad legislativa en materia de tecnologías de información y comunicaciones.

Comento a ustedes que en la pasada Legislatura fue creada la comisión especial y ahora vengo a proponer su creación ampliando el ámbito de su competencia y, es decir, también que tenga orientación y uniformidad legislativa para enfrentar los grandes desafíos de los avances tecnológicos de información y comunicación registrados en el mundo.

Aunado a lo anterior, sabemos que el acceso al desarrollo de las tecnologías han contribuido a elevar la productividad y a multiplicar los bienes y servicios y en gran medida, ampliar las oportunidades de desarrollo humano en las comunidades con un alto índice de marginación y pobreza, principalmente.

Pero el acceso a la innovación no sólo por sí solo podrá ser, sino también tendrá que tener algunas medidas para ampliar las oportunidades de desarrollo humano en las comunidades con un alto índice de marginación y pobreza.

Hoy quiero decirles que la innovación por sí solo no es suficiente. Para ello es indispensable propiciar un ambiente económico favorable, un marco jurídico que brinde certeza y seguridad jurídica, así como impulsar las habilidades de la población mexicana para un mejor aprovechamiento de los descubrimientos tecnológicos de información y de comunicaciones.

Por otra parte, resulta importante valorar el esfuerzo realizado por el gobierno del sexenio anterior, toda vez que al crear la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico se favorecieron diversas iniciativas, proyectos y procesos que han agilizado los trámites que realizan los ciudadanos, al elevar la calidad de los servicios gubernamentales y coadyuvar a la transparencia de la función pública y evitar prácticas de corrupción.

Ahora bien, desde el ámbito legislativo se ha logrado realizar diversas reformas en la legislación mexicana en esta materia para también dar certeza jurídica a los acuerdos suscritos en medios electrónicos, ópticos y firma electrónica avanzada ?por cierto, compañeros, por ahí estuvieron los del SAT; no sé a cuántos de ustedes ya se les pasó este registro?, también la creación de la base de datos de usuarios de telefonía móvil y de la incorporación de los llamados juicios en línea, entre otros.

En adición a lo anterior, se tiene conocimiento de que existen diversas iniciativas pendientes de dictamen en este Congreso. Por lo cual, es necesario crear esta Comisión.

Además, quisiera decirles que hoy, yo creo que si pudiera haberme traído yo la cantidad de hojas, yo creo que estuviera un poquito más alto, para que ustedes pudieran ver que alrededor de 150 mil hojas fueron repartidas el día de hoy. Yo creo que es necesario legislar y meter esto ya en iniciativas o reglamentos hacia lo que es este recinto. También quiero decirles que es necesario el uso de la computadora.

Por el tiempo que tenemos establecido y para no quitar más de su tiempo, les diré que, por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero. La creación de la Comisión Especial para la promoción del acceso digital a los mexicanos, y de orientación y uniformidad legislativa en materia de tecnologías de información y comunicaciones.

?Termino, compañeros.

Segundo. La comisión estará integrada por el número de miembros que determine la Junta de Coordinación Política, quines serán propuestos por los grupos parlamentarios en forma proporcional y representación en la Cámara de Diputados, y contará con una mesa directiva, que se formará por un presidente y tres secretarios.

Tercero. La Comisión Especial tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto de 2012.

Entrego, porque no puedo dejar al presidente mi laptop ni mi iPod, aquí, en este recinto, le tengo que entregar por escrito. De favor, señor presidente. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el señor diputado Filemón Navarro Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos para los programas dirigidos a atender a los pueblos y a las comunidades indígenas.

El diputado Filemón Navarro Aguilar: Con su venia, diputado presidente. Ku? taxin yu?u na kuni ko xi, ña va ("Que no se quede callado quien quiera vivir feliz"): Atahualpa Yupanqui.

Derivado de la crisis económica que estamos viviendo, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, aunada a la caída de las remesas de nuestros conciudadanos y la aceleración del desempleo, tenemos una gran tarea, como legislador indígena, sobre todo, porque sabemos que los más afectados de esta situación económica son nuestras hermanas y hermanos indígenas del país, que viven en situaciones de alta y muy alta marginación.

En este contexto, el Ejecutivo federal ha mandado al Congreso de la Unión su propuesta de paquete económico para 2010. Incluso, el Ejecutivo federal se atrevió a enviar una iniciativa de ley que establece la contribución para el combate de la pobreza, donde pretende cobrarnos 2 por ciento de impuestos a los más pobres a fin de implantar políticas sociales que beneficien a este sector.

Sin embargo, esto no es cierto. Si revisamos la propuesta que mandó el Ejecutivo federal a este recinto sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación, nos podemos dar cuenta de que a la institución encargada de atender a los pueblos y a las comunidades indígenas se ha reducido el presupuesto. Esto quiere decir que a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se quiere designar un monto de 7 mil 340.7 millones de pesos para 2010; es decir, 468.5 millones de pesos menos que en 2009. En términos porcentuales, este monto representa 0.23 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010.

Ahora, si hacemos el ejercicio sobre la propuesta de egresos de la federación para 2010, encontramos que en el presupuesto para el desarrollo integral de los pueblos y de las comunidades indígenas, en el anexo 7, representa sólo 1.40 por ciento del Presupuesto. Sin lugar a dudas, este presupuesto para la atención a los pueblos indígenas es vejatorio. Es por eso que, como legislador indígena, propongo un presupuesto digno para nuestras hermanas y hermanos indígenas. Es un gran problema que se tiene que resolver de inmediato. No puede ser posible que hoy en día los indígenas sean identificados por tener un bajo perfil, tanto en los niveles de ingreso y por su situación generalizada de marginación.

Sin temor a equivocarme, la ciudadanía correlaciona el ser indígena con el ser pobre y con toda razón. Por ejemplo, el 3.4 por ciento de las viviendas a nivel nacional carecen de electricidad, mientras que en las viviendas indígenas se triplica al 9.9 por ciento.

En cuanto a la población analfabeta indígena de 15 años o más se ha alcanzado el 21.6 por ciento, en tanto que a nivel nacional es de 6.3 por ciento. Asimismo, el 28.2 por ciento de las mujeres indígenas no tienen ninguna instrucción; en cambio en los hombres indígenas esto representa el 17.3 por ciento.

Ante esto, compañeros diputados, propongo el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a etiquetar en el dictamen del Presupuesto de la Federación para el Ejercicio 2010, recursos en un 10 por ciento del total del monto propuesto para el Presupuesto de Egresos de la Federación en el 2010, a fin de atender a los pueblos y comunidades indígenas.

Segundo. Se exhorta a las instituciones de la administración pública federal del gobierno, a implementar y ejecutar acciones necesarias para atender a los pueblos y comunidades indígenas. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Navarro Aguilar. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de México, a que respete las garantías de legalidad y audiencia y los derechos humanos y laborales de los trabajadores magisteriales del municipio del valle de Chalco, desplazados en sus funciones desde el pasado día 16 de agosto del año 2009; así como la integridad física y moral de quienes se sostienen en huelga de hambre frente a la casa de gobierno de ese estado.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún: Diputado presidente. Señoras diputadas y señores diputados, el día 16 de agosto pasado inició el ciclo escolar 2009-2010 con una desagradable injusticia en el caso del Magisterio del valle de Chalco, estado de México, pues decenas de ellos reconocidos ante la ley como servidores públicos fueron injustamente desplazados y desalojados de sus centros escolares y por ende de sus centros de trabajo.

A pesar de los esfuerzos por resolver con el diálogo y la razón esta injusta situación, la autoridad ha desoído en numerosas ocasiones sus reclamos, situación que motivó la movilización social de este grupo de profesores y profesoras.

Después de algunos intentos de establecer comunicación y mesas de resolución del conflicto, el gobernador constitucional del estado de México, Enrique Peña Nieto, designó a los señores Luis Manuel Miranda, secretario de gobierno; y Ernesto Monroy, subsecretario de Educación Básica del gobierno de esta entidad federativa para atender las demandas de los inconformes.

En tres ocasiones y, el día de hoy, nuevamente, han suspendido las negociaciones dichos funcionarios, a pesar de haberse comprometido a recibir a los profesores, cancelaron las sesiones y hasta el momento no los han recibido. Hemos estado hablando con algunos diputados del estado de México el día de hoy y, aún hoy, no los reciben.

Desde el lunes 28 de septiembre los trabajadores desplazados y otros, de forma solidaria mantienen un plantón en la capital mexiquense sin obtener respuesta por parte de las autoridades y sin que estas aperturen siquiera la menor posibilidad de diálogo.

Diez de los manifestantes en una acción desesperada optaron por declararse en huelga de hambre desde el pasado 30 de septiembre, Fidelino López, Nancy Ortega, Silvia González, José Luis Aguilar, Esperanza Galindo, Carlos Gómez, Marco Antonio Polo, Elizabeth Nava, Lourdes Joaquín y Benito Hernández, se encuentran en huelga de hambre.

Cabe señalar que el día de ayer tres de ellos la levantaron por una situación ya de deterioro franco de su salud. Ante esta situación, y haciéndole un llamado a todos los diputados y diputadas aquí presentes del Estado de México, solicitamos el

Punto de acuerdo.

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto, en su calidad de jefe del Ejecutivo local de esa entidad federativa, a respetar las garantías de legalidad de audiencia, el respeto a los derechos humanos y derechos laborales de los trabajadores magisteriales del Valle de Chalco, Estado de México, desplazados de sus funciones desde el pasado 16 de agosto de 2009, así como que se resguarde la integridad física y moral de quienes se sostienen en huelga de hambre frente a la casa de gobierno del estado.

Segundo. Que se exhorte también para establecer de inmediato las mesas de negociación tendientes a reactivar el diálogo y resolver este conflicto, en las que intervengan funcionarios de la administración pública estatal facultados con la capacidad de resolver esta situación.

Solicito igualmente que se integre el texto completo en el Diario de los Debates. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias diputada, Reyes Sahagún. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Se recibió del diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial del Café. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas.

La diputada Rosi Orozco: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Me presento ante ustedes para invitarlos a hacer una reflexión con respecto al punto de acuerdo que he entregado a la Junta de Coordinación Política y que hoy presento ante ustedes.

El tema que hoy traigo ante este pleno, es un tema que nos une como mexicanos y mexicanas y sobre todo, como seres humanos. Este es un tema en el que coincidimos sin importar la ideología o partido al que representamos, pero, sobre todo, este es un asunto que nos debe preocupar a todos y en el que el país necesita de la participación de cada uno de nosotros, esto es: el combate a la trata de personas, un crimen que ha infiltrado nuestra sociedad y a los distintos niveles de gobierno.

De acuerdo al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, se entiende por trata de personas la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión, o recepción de pagos, o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Desde hace varios años en nuestro país se han dado pasos importantes en el combate a este flagelo, que arremete a personas de los más diversos entornos económicos y sociales de nuestro país, sobre todo a nuestras niñas y nuestros niños.

En este sentido, México fue uno de los primeros países en comprometerse en la Comunidad Internacional a través de la ratificación de este protocolo en 2003 y a partir de ese momento el gobierno mexicano se comprometió a tomar todas las medidas necesarias para prevenir, combatir y proteger a las víctimas de este fenómeno delictivo.

Pudiera pensarse que actualmente contamos con los mecanismos necesarios para poder emprender una lucha frontal contra la trata de personas. Sin embargo, la realidad nos señala que a la fecha no existe ningún tratante sentenciado y que las acciones de prevención y atención a las víctimas se encuentran detenidas, mientras que las redes de tratantes siguen operando en nuestro país de manera impune.

Consideramos de gran relevancia que el Poder Legislativo pueda dar seguimiento a la labor que esta comisión debe desarrollar de acuerdo a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y su reglamento.

Es por este asunto que hoy los invito a que nos unamos a esta lucha. Los invito a que tomemos como bandera de ésta, la LXI Legislatura, el ser la voz de aquellas niñas y niños, mujeres y varones que hoy son víctimas y se encuentran bajo condiciones de esclavitud.

Luchemos juntos, sin importar partidos o ideologías, hasta lograr erradicar de nuestro país la impunidad, la ineficiencia y el desinterés que ha permitido que este crimen continúe. Garanticemos a cada niño y niña mexicano las condiciones suficientes para el desarrollo de una vida plena, comenzando con su integridad física y moral.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a que, con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, y una vez realizado lo anterior lo someta a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial será emprender lo que se deriva de su denominación.

Tercero. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha Comisión Especial podrá allegarse la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables y organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo en el ámbito de sus competencias.

Quinto. La Comisión Especial tiene como objeto el presente punto de acuerdo y funcionará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Especial será a agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Orozco. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que, a través de la Secretaría de Salud, dicte la Norma Oficial Mexicana de Prevención y Atención Integral de Salud y Enfermedades Mentales.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez: Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de todas las diputadas y todos los diputados. La pobreza, la exclusión y la inseguridad constante se relacionan con la aparición de trastornos mentales. En los hechos, actualmente y en el último mes, hemos sido testigos de situaciones en las cuales se relaciona la salud mental, como ejemplos el vuelo 576 y la tragedia fatal del Metro Balderas; esto evidencia el desequilibrio mental que existe actualmente en algunas personas de nuestra sociedad.

La Organización Mundial de la Salud señala que el 12 por ciento de la población del mundo probablemente tenga un trastorno mental.

La Ley General de Salud en su contenido nos lleva a un punto importante que señala a la salud mental como causa de salubridad general y prioritaria para la prevención de éste y de lo siguiente.

Con base en todo esto y lo expuesto en el punto de acuerdo, por eso proponemos y sometemos a consideración y aprobación del pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto a las disposiciones, exhorta al Ejecutivo federal a emitir, por conducto de la Secretaría de Salud, una norma oficial mexicana de prevención y atención integral de la salud y enfermedades mentales.

Segundo. Dicha norma oficial deberá contener un modelo que contemple la identificación de factores de riesgo y según resultado, el desarrollo de habilidades para la vida, en especial en los menores de 18 años y muy especialmente en los menores de cinco años.

Tercero. Que el modelo de atención integral a la salud mental contemple un tamizaje por grupos de edad para ser aplicado en los servicios de salud de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, cuando un usuario acuda a atención médica y que aquellas personas que resulten con la posibilidad de tener algún problema sean canalizados y atendidos por los servicios de salud y los servicios de psicología ya existentes.

Cuarto. Que el modelo de atención integral a la salud mental incluya un instrumento de evaluación y medición para evaluar la calidad de los servicios y el bienestar de la población. Es cuanto, señor presidente, muy amable.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Salud. La proposición presentada por el diputado Canek, se retira del orden del día a solicitud del mismo legislador.

Tiene la palabra el diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Con su permiso, presidente. Solicito que el texto íntegro de la presente y de la reforma que propuse anteriormente sean publicados íntegramente en la Gaceta.

A la serie de transformaciones que se proponen para modernizar al Estado mexicano y actualizar nuestro sistema jurídico, partiendo de reformas de índole constitucional, se le ha denominado la "reforma del Estado".

Desde 1977 la estructura mexicana ha experimentado una serie de reformas que constituyen un antecedente importante para la transición democrática del país.

Gracias a ello se aceptó el derecho a la información, a la constitucionalización de los partidos políticos, se establecieron mecanismos de representación proporcional y se crearon las comisiones legislativas de investigación.

No debe olvidarse que en los últimos 10 años se instrumentaron reformas que permitieron contar con reglas más claras y equitativas para el proceso electoral, así como la posibilidad de elegir a los poderes Ejecutivo y Legislativo en el Distrito Federal y en las entidades.

Lo anterior implicó que en el año 2000 México consolidara la transición democrática y la alternancia simbolizó el triunfo de una generación que luchó por los derechos civiles.

En el año 2000 la LVIII Legislatura, posteriormente la LIX y la LX crearon la Comisión para la Reforma del Estado, en tanto que el Senado, desde el año 2006 cuenta con una Comisión Ordinaria para la Reforma del Estado.

El Partido Acción Nacional quiere transformar al Estado mexicano para que responda a las aspiraciones de los mexicanos, poner a la persona humana en el centro de sus propuestas, a fin de que la reforma del Estado sirva a las instituciones y contribuya al desarrollo del país y a la eliminación de la pobreza.

Nuestro sistema político debe responder a las exigencias actuales, a un federalismo plural y vigoroso.

En congruencia con lo mencionado en el Tercer Informe de Gobierno del presidente Calderón, quien convocó a todos los sectores para alcanzar un cambio profundo en México. Para ello refirió 10 puntos. Es por tanto que proponemos esta comisión de reforma del Estado.

Por lo antes expuesto, someto a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que, con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la constitución de la comisión especial para la reforma del Estado y una vez realizado lo anterior lo someta a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados.

Segundo. El objeto de la comisión especial será emprender lo que se deriva de su denominación.

Tercero. La comisión especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación de los grupos parlamentarios de la Cámara.

Cuarto. El objeto de esta comisión especial es contar con un espacio parlamentario en la Cámara de Diputados que permita construir acuerdos, unificar criterios y hacer eficientes los procesos que accedan a la modernización y fortalecimiento del Estado mexicano.

Quinto. La comisión especial, objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la comisión especial será hasta el mes de agosto del 2013. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Arce Paniagua. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal desista de presentar ante el Legislativo federal la conocida como iniciativa Lozano, de reformas a la Ley Federal del Trabajo o equivalente. Contrariamente, inicie al efecto un amplio proceso de discusión, especialmente entre la clase trabajadora, que conlleve la tutela de los derechos históricos de ésta.

El diputado Emilio Serrano Jiménez: Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados. La historia en México nos marca que existen cinco clases sociales: la de los patrones, la de la clase trabajadora, el gobierno, el ejército y el clero. Pero tal parece que ahora el gobierno se asocia a los patrones para hundir más a la clase trabajadora.

El secretario Lozano es un verdadero tapete de Felipe Calderón. Quiere quedar bien con él a como dé lugar y propone a esta soberanía, a la Cámara de Diputados, una reforma a la Ley Federal del Trabajo, cosa que no vamos a permitir porque hay diputados con conciencia social, con conciencia democrática en Acción Nacional; es una bandera del PRI que durante muchos años ha defendido a la clase trabajadora y desde luego el PT, Convergencia, Nueva Alianza. Creemos que el Partido Verde también y desde luego, el PRD.

Una iniciativa que atenta contra los derechos de la clase trabajadora, agresiva, contra los sindicatos, contra la democracia y este señor secretario del Trabajo no piensa que está despertando al tigre dormido, a la clase trabajadora y en medio de esta crisis económica, ¿quiere hacer una reforma a la Ley Federal del Trabajo? Desde luego que está demente porque ese tigre se puede despertar y puede crearse un movimiento social en México.

Propuesta concreta: que se discuta con la clase trabajadora, que se discuta con los patrones. ¿Por qué no? Que se discuta con los patrones, con el gobierno, y llegar a una conclusión, a un acuerdo pacífico. Ésa es la invitación que hago a mis compañeras diputadas y compañeros diputados, para que reflexionemos sobre este tema y no dejemos pasar esta iniciativa que es antisocial.

Le pido, señor presidente, que este texto que voy a entregar se publique íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Serrano Jiménez. Tal como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La propuesta presentada por el diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández solicita que se posponga a petición del propio promovente.

Tiene la palabra el diputado Gustavo González Hernández para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, a excitar a la Comisión de Límites de las Entidades Federativas de esa Cámara, a presentar el dictamen relativo al problema territorial entre Jalisco y Colima, suscrita ésta por los diputados Gustavo González Hernández y Pedro Peralta Rivas, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Gustavo González Hernández: Gracias, señor presidente, con su permiso. Como bien dice, a nombre del diputado Pedro Peralta, de Colima, y de un servidor, de Jalisco, vengo a hacer mención de una serie de consideraciones que sustentan esta proposición de exhorto.

Como ustedes saben, en el artículo 45 de nuestra Constitución, desde que entró en vigencia, establece que las entidades federativas tendrán y conservarán la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstas.

Sin embargo, cuando entró en vigor la Constitución, ni el Ejecutivo federal, ni el Legislativo hicieron ningún trabajo en materia cartográfica para poder determinar si las entidades de la federación tenían alguna diferencia limítrofe. Esto repercutió en que, en el caso que nos ocupa, Jalisco-Colima, se presentaran diferencias limítrofes en tres espacios territoriales: el primero en la zona del volcán; el segundo en lo que se denomina Minatitlán y Cuautitlán, y el tercero lo que se denomina Isla Navidad en la zona costera.

Pero el problema no termina ahí. Durante toda la historia de las relaciones Jalisco-Colima se da una serie de situaciones y de problemas que llegan incluso a posibles enfrentamientos entre personas armadas, de Seguridad Pública, de un estado y de otro. Pero lo peor del caso es que las personas que habitan esos territorios no tienen ninguna certeza de a qué autoridad dirigirse.

Y ha habido una serie de situaciones donde el último de los episodios se presenta en la comunidad de Las Pesadas, una comunidad habitada por los náhuatl, donde hace cerca de dos meses, al tener una resolución favorable en materia agraria, tratan ellos de poner unas mojoneras y Colima trata de impedirlo.

Queremos dejar bien claro los diputados que hacemos esta propuesta, queremos recalcarlo aquí en la tribuna, que estamos promoviendo este exhorto sin ningún interés de abogar en cada uno de los estados; él por Colima, yo por Jalisco.

El problema no radica ahí. Nosotros queremos que este problema se vea con una óptica humanista, donde las personas que habitan los territorios en conflicto tengan certeza de a qué autoridad acudir. No se trata de que un estado gane y un estado pierda. Se trata de resolver su situación a los habitantes de las zonas en conflicto.

Solicito a la Presidencia de la Mesa que reproduzca íntegramente la proposición, toda vez que como es evidente, sólo hice referencia de algunos de los considerandos. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias diputado González Hernández. Como lo solicita, insértese íntegramente en el Diario de los Debates y remítase a la Cámara de Senadores.

Se recibió del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a aprobar recursos para establecer un sistema nacional de extensionismo rural con 13 mil 500 asesores técnicos que atiendan municipios, sistemas, productos, cadenas productivas y ejidos, y apoyen a los actores productivos de hacer mejor lo que hacen y aprovechar mejor lo que tienen. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se recibió del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se destinen al menos 5 por ciento de los recursos otorgados al programa de Desarrollo Humano Oportunidades, para la creación de un plan piloto nacional de autoproducción alimentaria, para que las familias beneficiadas puedan generar alimentos y crear agronegocios. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la palabra la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se consideren recursos para atender la problemática de asentamientos humanos irregulares, a través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, mediante un esquema de financiamiento público para la adquisición de vivienda para los habitantes que se encuentran establecidos en zonas de alto riesgo en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Muchas gracias, diputado presidente. Con el permiso de los compañeros diputados y diputadas. Ya lo leyó el presidente de la Mesa Directiva, se trata de pedir una fuerte suma para canalizarla a la gente que no tiene dónde vivir. Que está ubicada en cerros, en cavernas, a orillas de las barrancas. Es una fuerte suma que consiste en mil millones de pesos, pero que el problema es un problema mayúsculo, es un problema real, es un problema lacerante.

Yo les pido a mis compañeros que nos salgamos del circuito de confort que tenemos, donde en una casa bonita, con todas las comunidades nos subimos al coche, vamos al trabajo, y tenemos todas las comodidades. Nuestros hijos van a la escuela, a escuelas muy probablemente privadas.

Yo les pido que por un momento de nuestra vida nos salgamos de ese circuito y pensemos que existe mucha gente que no vive como nosotros. Que vive en condiciones totalmente de desventaja y que ni siquiera tiene la seguridad de su vida porque está viviendo en condiciones de peligro. Ojalá que tomen en cuenta este punto de acuerdo. Los datos son verdaderamente escalofriantes.

Según el Cenapred (Centro Nacional de Prevención de Desastres), la Secretaría de Gobernación informó que en los últimos 20 años el número de desastres, superiores a 75, han causado alrededor de 7 mil muertos y decenas de miles de damnificados.

El número de víctimas fatales durante los últimos 20 años, asciende a algo más de 10 mil personas; alrededor de 500 personas anualmente. En el caso del Distrito Federal, la ocupación habitacional de casi 3 mil 500 kilómetros cuadrados de suelos arcillosos o porosos, laderas, barrancas y macizos con pendientes muy pronunciados y las intensas precipitaciones pluviales que ascendieron a más del 30 por ciento. El agua que cae en la ciudad son causas centrales del alto grado de vulnerabilidad en la que viven miles de familias de la Ciudad de México.

Dichos riesgos pueden clasificarse en tres tipos: hidrometeorológicos, que comprenden los asentamientos ubicados en zonas de laderas, barrancas con peligros de deslave, principalmente en las delegaciones Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Cuajimalpa.

Estructurales, que comprenden las vecindades que por su antigüedad y falta de mantenimiento están en riesgo inminente de derrumbarse, ubicadas principalmente en las delegaciones centrales, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza.

Los geológicos, que abarcan los asentamientos ubicados en zonas donde el suelo tiene importantes fallas, con grietas y cavernas, principalmente en la delegación Iztapalapa y Álvaro Obregón.

El Instituto de Vivienda del Distrito Federal tiene detectados 115 sitios de alto riesgo en ocho delegaciones; es decir, ocho mil 40 viviendas en alto riesgo, que requieren atención prioritaria, aunque el universo de atención asciende a 16 mil 708 familias y 370 inmuebles expropiados por alto riesgo estructural, los cuales se dividieron para su atención en prioridad uno, estructurales dañados al 100 por ciento; prioridad dos, estructuras dañadas al 40 por ciento y prioridad tres, vivienda precaria.

Los inmuebles prioridad uno, que suman 185 y comprenden 3 mil 699 viviendas, son los que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal atenderá durante este año y el próximo. La mayor parte de ellos ya fueron desalojados a través de un apoyo de renta que otorgó el Instituto de Vivienda.

Para que el instituto pueda atender a las familias ubicadas en zonas de riesgo o vecindades de alto riesgo con prioridad uno, requiere de mil millones de pesos para este año fiscal 2010.

Ojalá que este punto de acuerdo que se turna a las comisiones de Presupuesto y Vivienda, sea atendido en función del gran riesgo que sufren, que tienen estas familias.

Es cuanto, presidente, y le pido que se inserte en el Diario de los Debates de manera íntegra. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Vázquez Camacho. Como solicita, insértese en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión del Distrito Federal.

Tiene la palabra el diputado Joel González Díaz, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para dar cuenta y seguimiento integral de la problemática existente en la Cuenca del Río Lerma-Chapala-Santiago.

El diputado Joel González Díaz: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Con punto de acuerdo por el que se crea una comisión especial para dar cuenta y seguimiento integral a la problemática existente que aqueja a la Cuenca del Río Lerma-Chapala-Santiago.

Realizar la evaluación de las propuestas y acuerdos dados por los distintos actores involucrados en los últimos años y así coadyuvar a encontrar soluciones concretas a esta grave crisis ambiental.

Suscrita por los diputados integrantes de la coordinación del estado de Jalisco, del grupo parlamentario del PRI.

De acuerdo con lo señalado en los artículos 4 y 9 de la Ley de Aguas Nacionales, y 14 del reglamento de ésta, le compete el ejercicio de las funciones en materia de administración de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, y consecuentemente, el de la autoridad en la materia.

Respetando y dándole la importancia que requieren los preceptos antes señalados, es que la comisión especial de la Cuenca del Río Lerma-Chapala-Santiago deberá trabajar respetando y coadyuvando estos ejes en dirección de la cuenca del Río Lerma-Chapala-Santiago.

Está asentada en la parte central del occidente de México; es precisamente por su situación geográfica en la parte baja del occidente del país que es una de las más importantes, que abarca 54.300 kilómetros cuadrados. Es decir, el 3 por ciento del territorio nacional que comprende cinco importantes estados de la república, como vienen siendo estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco.

A lo largo y ancho de ésta se asientan uno de cada 10 mexicanos. La cuenca es la fuente de agua para más de 16 millones de habitantes en la misma cuenca y más de dos millones por cada una de las ciudades de Guadalajara y México, abastecidas a través de sistemas de ríos. El Río Lerma, junto con el Cutzamala, forman la cuenca más importante del Distrito Federal en un total ?estamos hablando? de alrededor de 20 millones de habitantes que se ven beneficiados de alguna manera por este sistema.

Si a toda esta problemática le sumamos la más grave de todas: la gran cantidad de contaminantes que se vierten a lo largo y ancho de este gran sistema acuífero, producto de este crecimiento demográfico desmedido y desproporcionado que sin duda lleva consigo efectos colaterales.

Sólo por mencionar algunos, esta cuenca recibe grandes cantidades de descargas de aguas negras, residuales y descargas de las diferentes industrias del calzado, porcícola, metalúrgica, agrícola, entre otras. Recordemos que estamos hablando de 20 millones de personas en promedio.

Por todo eso es que hay que darle la atención que se merece esta problemática. Son ya a la fecha una gran cantidad de estudios realizados de toda índole en esta zona. Químicos, biológicos, físicos, geográficos, topográficos, de impacto ambiental, de salud pública.

Sólo por mencionar uno de los más importantes, es el que se realizó en colaboración con la Universidad de Guadalajara y la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del estado de Jalisco. El objetivo principal fue obtener un diagnóstico general de la grave situación que prevalece en términos de contaminación en la mencionada cuenca.

El estudio realizado arrojó ?en todos los casos muestreo? una significativa cantidad de contaminantes de metales pesados como cromo, plomo, cobalto, arsénico, cobre, magnesio, mercurio, entre otros. Cabe destacar que el muestreo se realizó en distintos sitios de la Cuenca Lerma-Chapala- Santiago.

Toda esta serie de estudios coinciden de manera puntual y general en dicha cuenca, que han generado una alerta roja; en otras palabras, un serio problema ecológico que debe ser considerado ya como un asunto de seguridad nacional.

Conclusiones

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado, por favor.

Reflexionando sobre la compleja crisis del vital líquido a nivel mundial, es cierto que en un periodo no muy lejano estaremos lamentando lo que se debió de haber hecho en torno al trabajo social, político y de conciencia para generar, así, verdaderamente. Alguien dijo "hay hombres tan pobres, que lo único que tienen es dinero".

Requerimos una comisión especial con alto sentido ambientalista y negociador. Esta comisión debe ser un órgano evaluador coordinador de voluntades y de programas distintos a actores involucrados.

A los diputados de la coordinación de Jalisco del Grupo Parlamentario del PRI, nos interesa de forma primordial la solución a esta grave crisis ambiental.

Punto de acuerdo

Se hace un atento exhorto a la Junta de Coordinación Política para que se conforme la Comisión Especial para dar Cuenta y Seguimiento Integral a la problemática existente que aqueja a la Cuenca del Río Lerma-Santiago, para realizar evaluaciones de las propuestas dadas en distintos puntos involucrados. Los diputados que suscriben el presente punto de acuerdo, integrantes de la coordinación del estado de Jalisco del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Señor presidente, por economía procesal, le solicito atentamente se inserte el texto íntegro al Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, diputado, se inserta en el Diario de los Debates. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Pedro Peralta Rivas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se sume al reconocimiento internacional a la Conavi y a Infonavit, por haber obtenido el Premio Estrella Internacional de Eficiencia Energética.

El diputado Pedro Peralta Rivas: Con su venia, diputado presidente.

? Papá, ¿qué mundo me vas a heredar?

? ¿Por qué hijo?

? Me dijo mi maestra que te preguntara.

En la respuesta a mi hijo aún me encuentro trabajando.

El suscrito, diputado federal Pedro Peralta Rivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de realizar un justo reconocimiento público a la Conavi y al Infonavit, por el premio recibido de parte de la organización Alliance to Save Energy por considerar que sus programas promueven la adopción de ecotecnologías, favoreciendo con ello el uso eficiente de la energía.

La eficiencia energética es una de las principales estrategias para disminuir considerablemente las emisiones de gases tóxicos, como el bióxido de carbono, enviadas a la atmósfera, siendo éste uno de los principales causantes del cambio climático, fenómeno que se ha convertido en uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad actualmente.

El gobierno federal ha hecho de la vivienda sustentable una prioridad para apostar por el aprovechamiento inteligente de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente a favor de las generaciones futuras. El Infonavit, a través del programa Hipoteca Verde permite que los derechohabientes puedan acceder a un crédito mayor para adquirir una vivienda con características ecológicas.

Las ventajas de este concepto son simples ?como lo afirma el director general del Infonavit, Víctor Manuel Borrás Setién? prestar un poco más, para que se puedan adquirir este tipo de dispositivos que van a generar un ahorro a futuro.

El pasado 23 de septiembre la organización estadounidense Alianza para el Ahorro de Energía, Alliance to Save Energy, entregó en la ciudad de Nueva York el Premio Estrella Internacional de Eficiencia Energética al presidente Felipe Calderón por promover un manejo eficiente de la energía en el sector vivienda; y de esta manera mitigar los efectos del cambio climático a través de los programas Hipoteca Verde y Ésta es tu Casa operados por el Infonavit y la Conavi, respectivamente.

Este hecho no debe pasar desapercibido, ya que los programas federales del gobierno mexicano fueron seleccionados como ganadores entre 500 candidatos de todo el mundo. Así, resulta necesario reconocer que los esfuerzos del gobierno federal para promover que los nuevos desarrollos habitacionales de vivienda destinados a quienes ganan menos incorporen ecotecnologías, colocan a México a la vanguardia en materia de desarrollo sustentable.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se suma al reconocimiento internacional a la Comisión Nacional de Vivienda, Conavi y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit, por haber obtenido el Premio Estrella Internacional de Eficiencia Energética, otorgado por la Alliance to Save Energy por considerar que los programas Ésta es tu casa e Hipoteca Verde representan el esfuerzo que coloca a nuestro país a la vanguardia en el uso de ecotecnologías en las viviendas, contribuyendo de esta forma al uso racional de la energía y a la sustentabilidad ambiental de nuestro entorno.

Para obviar los tiempos legislativos, solicito a usted, diputado presidente, se inserte este documento íntegro, en todos sus textos al Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Peralta Rivas. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, con el fin de otorgar mayores recursos para el programa 3 x 1 para Migrantes.

El diputado Samuel Herrera Chávez: Con su permiso, presidente. Honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado Samuel Herrera Chávez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, con el fin de otorgar mayores recursos para el Programa 3x1 para Migrantes.

El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los programas que ha generado un mayor beneficio a diversas regiones y comunidades de México es el Programa 3x1 para Migrantes. El programa 3 x 1 ha estimulado la participación de los tres órdenes de gobierno con los clubes y las federaciones de migrantes. De esta forma, por cada peso que aportan los migrantes para obras de beneficio social en las comunidades o regiones de nuestro país, los gobiernos federal, estatal y municipal ponen tres pesos; por eso se denomina 3x1.

La población objetivo lo constituyen las personas que habitan en las comunidades de origen u otras localidades que presentan condiciones de pobreza, rezago o marginación, por lo cual el programa ha financiado acciones en materia de saneamiento ambiental y conservación de los recursos naturales, educación, salud y deporte, agua potable, drenaje y electrificación, comunicaciones, caminos y carreteras, cultura, mejoramiento urbano, proyectos productivos comunitarios, proyectos productivos para la generación de ingreso y empleo para la población, entre otros.

De particular importancia para el desarrollo del programa 3 x 1 durante los próximos años es la crisis financiera que sacude a Estados Unidos. Es prácticamente un hecho que dicha distorsión económica tendrá un impacto adverso en este programa.

Actualmente ya se observa una baja sensible en las remesas que se envían a México, lo cual ya está teniendo un impacto importante sobre las comunidades de origen de los migrantes. El Banco de México ha reportado que las remesas decrecieron, de 26 mil 76 millones en 2007 a 25 mil 145 millones en 2008, después de años de crecimiento.

Además, es muy probable que esta baja en remesas tenga un impacto aún más notable en las comunidades con una larga trayectoria de migración. Así, la crisis económica podría convertirse en un dique para la continuación de este importante programa y, por consiguiente, para la consolidación de estos proyectos productivos y de beneficio social que ya se encuentran en marcha.

La crisis ha repercutido también sobre los liderazgos migrantes en Estados Unidos, ya que la organización social se ha debilitado debido a que los connacionales han concentrado prioritariamente su atención en las necesidades inmediatas, particulares y familiares.

En ese mismo sentido, las políticas migratorias puestas en marcha por la administración del ex presidente George Bush y continuadas con la actual administración del presidente Obama, rompen el esquema migratorio circular y, por ende, profundizan un proceso de expatriación y dificultan el ejercicio de una ciudadanía binacional.

El Grupo Parlamentario del PRD vemos con preocupación que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, presentado por el Ejecutivo federal en días pasados ante la Cámara de Diputados, los recursos para el Programa 3 x 1 para Migrantes son los mismos que los aprobados el año pasado y si tomamos en cuenta la inflación, observamos que en realidad existe un decremento en términos reales de las contribuciones económicas para este importante programa.

Adicionalmente, en el caso particular de Zacatecas, lugar que se ha caracterizado por llevar a cabo una política abierta de apoyo y estímulo a la organización comunitaria de los migrantes que retornan, se aprecia un decremento de más del 200 por ciento, a pesar de los casi 27 millones de pesos aprobados por el presente ejercicio fiscal, a menos de 10 millones para el 2010.

En el mismo sentido, en otro de los estados gobernados por nuestro partido, como es Michoacán y Guerrero, también se aprecia una reducción significativa de los montos asignados a este programa. Confiamos en que no se trata de una administración de recursos con tintes políticos.

Así pensamos que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de recomponer el proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo federal y fortalecer el programa 3 x 1, con el fin de recompensar el esfuerzo que siguen haciendo nuestros migrantes al destinar parte de sus importantes ingresos a favor del desarrollo de las comunidades y regiones de México.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fortalecer el Programa 3x1 para Migrantes ?entre ellos, de nuestros estados de Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Baja California?, duplicando los recursos solicitados por el Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a octubre 6 de 2009. Firman, su servidor, diputado Samuel Herrera Chávez, los diputados Heladio Verver, Gerardo Leyva, Ramón Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD. Muchas gracias, ciudadano presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Señoras diputadas y señores diputados, en virtud de que se ha cumplido el tiempo de duración de la presente sesión que establece el artículo primero del Acuerdo relativo a los lineamientos de asistencia a las mismas, con fundamento en las atribuciones que me confiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General, proceda la Secretaría a leer el orden del día de la próxima sesión.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se va a leer el orden del día de la próxima sesión.

(Lectura del orden del día)

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (17:09 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 8 de octubre a las 10 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 de la mañana.