La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 316 diputados; por lo tanto hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: (10:46) Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día en virtud de que ésta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Solicito a la Secretaría consulte a la asamblea si es de dispensarse la lectura, tomando en consideración que ha sido también publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, se dispensa a lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta. Pido a la Secretaría que continuemos con el orden del día. Entramos al capítulo de Comunicaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Así es, presidente. Se recibió comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que se informa el nombramiento del doctor Luis González Placencia, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para el periodo correspondiente del 1 de octubre de 2009 al 30 de septiembre de 2013. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Asimismo, se recibió el acuerdo de la Junta de Coordinación Política con el que se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Salud, se coordine con los gobiernos estatales de Jalisco y Veracruz para atender la crisis epidemiológica de dengue que afecta a la zona metropolitana de Guadalajara y Veracruz.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda a someterlo a votación, la Secretaría.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con el que se aprueba el calendario y el formato de las comparecencias, ante comisiones, de titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, para la continuación del análisis del Tercer Informe de Gobierno del presidente de la república, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso c), y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. Que el numeral 4 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las Cámaras analizarán el informe sobre el estado que guarda la administración pública federal que presenta el presidente de la república.
Segunda. Que de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en el que se impulsan los entendimientos y convergencias políticas, a fin de alcanzar los acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.
Tercera. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos corresponde a la Junta de Coordinación Política presentar al pleno proyectos de proposiciones con punto de acuerdo sobre asuntos que deban ser desahogados en ése órgano.
Cuarta. Que para profundizar el análisis del Tercer Informe de Gobierno del presidente de la república y el diálogo constructivo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, la Junta de Coordinación Política ha considerado pertinente citar a comparecer a los secretarios de Estado y titulares de entidades responsables de la política económica, de salud, trabajo y previsión social y al titular de Petróleos Mexicanos.
Quinta. Que resulta necesario establecer el formato conforme al cual se desarrollará el análisis temático en materia de economía, salud, trabajo y previsión social y Petróleos Mexicanos, atendiendo al acuerdo emitido por las mesas directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, relativo a la recepción y el trámite del Tercer Informe de Gobierno del presidente de la república, el cual prescribe que cada una de las Cámaras definirá la forma en que se realizará el análisis de dicho informe, y que en ese sentido se determina que el análisis continúe a través del trabajo de comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.
Y con fundamento en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General, este órgano de gobierno somete a la consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados en términos del artículo 69 y segundo párrafo del artículo 93 constitucional, así como del numeral 4, del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda la continuación ante comisiones del análisis del Tercer Informe de Gobierno del presidente de la república, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Segundo. La continuación del análisis del Tercer Informe de Gobierno tendrá lugar en el marco de reuniones de trabajo de las siguientes comisiones durante el periodo comprendido del 13 al 15 de octubre de 2009 bajo el siguiente formato:
Hora: 17:00 horas. Fecha: martes 13 de octubre. Dependencia: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Titular: Javier Lozano Alarcón. Comisión legislativa: Trabajo y Previsión Social.
Hora: 10:00 horas. Miércoles 14 de octubre. Dependencia: Petróleos Mexicanos. Titular: Juan José Suárez Coppel. Comisiones: Energía, Hacienda y Crédito Público.
Hora: 17:00 horas. Miércoles 14 de octubre. Secretaría de Salud. Titular: José Ángel Córdoba Villalobos. Comisión de Salud.
17:00 horas. Jueves 15 de octubre. Secretaría de Economía. Titular: Gerardo Ruiz Mateos. Comisiones: Economía, Hacienda y Crédito Público, Fomento Cooperativo y Economía Social.
Tercero. El formato al que se sujetará el análisis referido es el siguiente:
a).- Intervención del funcionario compareciente hasta por 10 minutos.
b).- Rondas de preguntas y respuestas. Se abrirán tres rondas; en cada una de ellas participarán todos los grupos parlamentarios en orden creciente:
1.- Convergencia.
2.- Nueva Alianza.
3.- Partido del Trabajo.
4.- Partido Verde Ecologista de México.
5.- Partido de la Revolución Democrática.
6.- Partido Acción Nacional.
7.- Partido Revolucionario Institucional.
a).- Los grupos parlamentarios tendrán hasta 2 minutos para plantear pregunta. El funcionario compareciente dispondrá de hasta 4 minutos para dar respuesta. El legislador que haya hecho uso de la palabra para pregunta tendrá hasta 2 minutos adicionales para exponer su réplica.
b).- Conclusiones generales. El funcionario compareciente dispondrá de hasta 5 minutos para recapitular o hacer las conclusiones de su comparecencia.
Firma el Presidente, diputado Francisco José Rojas Gutiérrez y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los integrantes de la Junta.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría con oficios de la Comisión Nacional del Agua.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Comisión Nacional del Agua, por el que da contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las afectaciones causadas por los fenómenos climatológicos en diversos estados de la república.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento. Continúe con oficio del gobierno de Morelos.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio del gobierno de Morelos, con el que solicita a la Cámara de Diputados que al analizar, discutir y aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 considere a Morelos para adherirse y ser beneficiario del Fondo Metropolitano.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continúe con oficios de la Secretaría de Gobernación.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Se recibieron diez oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México e informa que dejan de prestar servicios a gobiernos extranjeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación. Por las que se refieren a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, remítanse a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, para su conocimiento. Continúe la Secretaría con oficios de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por los senadores Felipe González González y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se mantenga el monto del subsidio otorgado en el ejercicio inmediato anterior para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, presentada por los senadores Marco Humberto Aguilar Coronado, Rafael Moreno Valle Rosas, Jorge Andrés Ocejo Moreno y Ángel Alonso Díaz Caneja, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, a que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se destinen mayores recursos al subsidio para la seguridad pública municipal, o bien, aplicar un recurso a los municipios que no son elegibles para recibir este subsidio, presentado por la senadora Lázara Nelly González Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Pública. Continuamos con el orden del día en el apartado de Iniciativas
Esta presidencia recibió del diputado Sergio Lobato García, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Por lo que se turna a la Comisión de la Función Pública.
Tiene la palabra el diputado Maurilio Ochoa Millán, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o de la Ley de Energía para el Campo y suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Maurilio Ochoa Millán: Muy buenos días. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en el 2001 los productores agropecuarios del país iniciaron acciones de resistencia civil en contra de la Comisión Federal de Electricidad por los altos costos que los energéticos agropecuarios afectaban a sus ingresos, por el incremento en los costos de producción en estas actividades agropecuarias.
Estas acciones dieron origen a la Ley de Energía para el Campo aprobada por esta soberanía en diciembre de 2002, donde se establecen las acciones de impulso a la productividad y competitividad con medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto de otros países.
A partir de la promulgación de esta ley, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos han reducido los precios y tarifas del diesel agropecuario, diesel marino, gasolina para pesca ribereña y la energía eléctrica para bombeo y rebombeo agrícola y ganadero utilizados en los procesos productivos primarios, basados en los recursos naturales, renovables, agricultura, ganadería y silvicultura, acuacultura y pesca ribereña.
Este beneficio de precios y tarifas de estímulo no se aplica a los frigoríficos de manzana, por no estar establecido en este tipo de actividades en la ley y, que son consideradas como agroindustrial por el gobierno federal, cobrándose tarifa industrial que encarece los costos de producción de la manzana y otros productos.
En México los estados con mayor superficie de producción de manzana son en origen de importancia Chihuahua, Durango y Coahuila. Actualmente Chihuahua es el principal productor de manzana el país, con aportación de más de 75 por ciento de las cajas a nivel nacional. En el estado de Chihuahua se tiene infraestructura para la conservación de la misma, con una capacidad de almacenamiento de 281 mil 635 millones de cajas, siendo el 60 por ciento refrigeración convencional y el 40 por ciento atmósfera controlada
Los municipios de origen de importancia de almacenamiento son Cuahutémoc, Nuevo Casas Grandes, Guerrero, Namiquipa, Bachiniva. El 60 por ciento de la manzana se refrigera, el 25 por ciento se dirige a la industria y sólo el 15 por ciento al mercado en la época de cosecha.
En este sentido, en 10 municipios de Chihuahua se cuenta con la infraestructura para la conservación y almacenamiento de la manzana. Un estudio realizado por los productores de manzana, a través de su organización Unifrut, señala que los costos se han incrementado de octubre de 2007 a octubre de 2008, en un promedio de 46 a 57 por ciento en los costos de refrigeración de la manzana y del consumo de energía eléctrica.
Los refrigeradores de manzana deben considerarse como una extensión complementaria a la huerta y en este proceso ninguna agregación de valor: es sólo una consecuencia por cuestiones de mercado de la oferta y la demanda.
Si a los altos costos de energía eléctrica le agregamos todos los demás problemas que enfrenta el sector en el estado y en el país, como son las prácticas desleales del comercio internacional por los precios del dumping de la manzana norteamericana y otros frutos.
Los impactos negativos de los fenómenos naturales como el granizo, el incremento de los costos en el flete y en los destinos de las cosechas, entre otros, obliga a los legisladores a poner soluciones para apoyar tarifas preferenciales a esta actividad.
Compañeros diputados y compañeras diputadas, la iniciativa que hoy presentamos los diputados federales por Chihuahua, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene como objeto modificar la Ley de Energía para el Campo, para que se incluya esta actividad de conservación de manzana y otros frutos. De esta forma se reducirán los costos de energía eléctrica para esta actividad.
Tendremos que dejar de ser insensibles ante la falta de capacidad que hoy han mostrado las autoridades y falta de sensibilidad. Vamos a echarle la mano al campo. Vamos a echarle la mano a la producción de alimentos. Recuerden, compañeros legisladores, que si los sartenes chillan, los niños ya no van a chillar. Es cuanto, señor presidente. Solicito se integre el texto íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, señor diputado Ochoa Millán. Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Energía, con opinión de la Comisión de Desarrollo Rural.
Tiene la palabra la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Nuestro país atraviesa por una de las mayores crisis económicas de las que tengamos conocimiento.
En esta etapa las familias mexicanas son las que cada día resisten al desempleo, la caída de los salarios, el incremento inusitado al precio de los alimentos, el transporte y la vivienda, así como la falta de acceso a los servicios de salud, cultura y educación, consecuencia no sólo de la emergencia económica, sino por la insistencia de mantener un modelo económico cada vez más excluyente.
En este escenario nos podemos dar cuenta de que si un sector ha sido severamente afectado por la crisis económica es el de las mujeres, sobre todo aquellas que son madres solteras y al mismo tiempo jefas de familia. Son ellas quienes enfrentan la peor forma de injusticia económica. No hay duda que la crisis continúa llevando a las mujeres a la baja de su poder adquisitivo y las sitúan en la peor situación de la economía nacional.
Por tanto, las dos iniciativas que hoy ponemos a consideración de esta soberanía el diputado Rubén Moreira Valdez, del PRI y la de la voz, van dirigidas a proteger a aquellas mujeres que siendo madres solteras y al mismo tiempo jefas de familia, asumen cada día la responsabilidad de ser el único sostén familiar.
Se trata de dotar al Estado de instrumentos para que, en esta etapa de emergencia económica, pueda brindar el apoyo y la seguridad social a este sector de la población y oportunidades para su incorporación inmediata al mercado de trabajo; y que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del segundo trimestre de 2009, afecta a alrededor de 6 millones 967 mil jefas de familia.
La primera iniciativa propone la creación de una Ley Federal de Apoyo a las Madres Solteras Jefas de Familia, mediante la cual aquellas mujeres que se encuentran en condiciones de desventaja socioeconómica por el hecho de ser el único sostén económico de sus hijos menores de edad, con independencia de las circunstancias que originaron dicha situación, y que se encarguen en forma única y total del sustento económico de sus descendientes en línea recta, tendrán el derecho de recibir, por parte del gobierno federal, un apoyo económico mensual equivalente a ocho días de salario mínimo vigente para el Distrito Federal.
A este apoyo se agrega el derecho de atención médica y medicinas en el sector salud, sin que deban cubrir las cuotas de recuperación correspondientes.
Cabe señalar que esta propuesta tendría una aplicación en aquellas zonas rurales y con población mayoritariamente indígena y de desventaja social y económica.
La segunda iniciativa propone adicionar un segundo párrafo al artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para otorgar un estímulo fiscal de un 20 por ciento a los contribuyentes o patrones que contraten madres solteras o jefas de familia.
Consideramos que de aprobarse estas iniciativas se estaría contribuyendo al apoyo de un sector de la población que de manera directa es afectada por esta etapa de emergencia económica, logrando un avance importante en el apoyo a las madres solteras o jefas de familia, tanto de las zonas rurales como urbanas, ya que se dotaría al gobierno federal de los instrumentos para invertir en programas y políticas públicas integrales.
Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un estado social de derecho y por ende en una democracia tiene que ser ajeno a la exclusión, a la marginación y a la desigualdad.
No podemos hablar de democracia si no existe la posibilidad de acceso a las mujeres madres, solteras y jefas de familia a la igualdad de oportunidades. Es cuanto, señor presidente. Por la brevedad del tiempo para la presentación de estas iniciativas le solicito su incorporación de las mismas al Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. La primera túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. La segunda túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Natale López para presentar iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México y otros grupos parlamentarios.
El diputado Juan Carlos Natale López: Con su permiso, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Voltaire dijo: "Quienes creen que el dinero lo hace todo terminan haciendo todo por el dinero".
Estoy seguro de que, contrario a lo que pensaba Voltaire, nuestro juicio será guiado por privilegiar el bienestar de todos los mexicanos en la discusión y aprobación de la reforma fiscal que nos espera.
El año pasado el Congreso de la Unión mostró su decidido apoyo a la administración para aprobar el tan repudiado IETU. En el debate se señaló a la autoridad fiscal que un impuesto no atendía a la condición particular de los contribuyentes. Los contribuyentes no podrán ser sólo objeto de rechazo y de demandas de amparo, sino de severos señalamientos, dado que afecta la capacidad de las empresas para mantener puestos de trabajo, ya que además de implicar un costo adicional transfirió el escaso flujo de los contribuyentes a la administración pública.
Es claro que el IETU no sólo no protegió los empleos, sino que los perdimos mermando severamente la capacidad financiera de la pequeña y mediana empresa. El IETU ha mostrado ser eficiente en asegurar una renta que sufraga caprichos y despilfarros, paga el abultamiento de la alta burocracia y ha cubierto un sinnúmero de gastos irresponsables que han quedado al descubierto.
Hacienda ha defendido su permanencia por frías cifras de recaudación adicional, que son directamente proporcionales a la desaparición de empresas, plazas de trabajo, cierre de negocios y crecimiento del desempleo.
El IETU no sólo es perversamente recaudatorio, sino que es predatorio del crecimiento de los agentes productivos. Su permanencia sólo augura mayor desempleo, inflación y un esquema inicuo y desproporcionado.
El IETU es tan injusto que un día su creador lo inventa y al otro día se ampara de él desde una cómoda posición en el sector privado. La acción de la Suprema Corte de Justicia ha sido lenta e inoportuna ya que, no obstante que se trata de un asunto de la mayor trascendencia para las finanzas públicas, lo ha demorado en la solución de las controversias planteadas.
Con lo que el gobierno federal hoy tiene sobran formas de cómo resolver que la economía que vive México se resuelva. Lo que falta es voluntad y disposición, ya que, por ejemplo, los más de 2 mil grandes contribuyentes pagan una tasa efectiva entre el 3 y el 8 por ciento en lugar del 28, que el 90 por ciento de los contribuyentes paga.
¿Qué pasaría si pagaran una tasa mínima del 14 por ciento? Esto representaría entre 300 y 400 mil millones de pesos, o si elimináramos todas las delegaciones federales, dejando una delegación por estado; el ahorro aquí sería de 400 mil millones de pesos, o si, por ejemplo, hiciéramos un retabulación de sueldos y salarios en las subsecretarías, jefaturas de unidad y direcciones generales; esto significaría un ahorro de 180 mil millones de pesos en casi 3 mil cargos públicos.
Es tiempo de que el Congreso retome la responsabilidad en el manejo tributario.
Dos ganadores del premio Nobel de Economía, Robert Engle y Eric Maskin, aseveraron firmemente: de ninguna manera es viable para México que se impongan más impuestos. Las autoridades fiscales van en contra de la razón y es por eso que la economía nacional es señalada como la última de las economías del Continente Americano.
Con lo anterior, ha quedado demostrado contundentemente que los mexicanos lo que menos necesitamos son impuestos. El Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) tuvo la oportunidad de mostrar sus bondades y el resultado es una economía en desplome, una caída profunda del empleo y un derrotero sin rumbo de las finanzas nacionales.
Compañeros y compañeras, el sector productivo y el sector laboral, que es casi todos los que conformamos el país, no sólo no queremos el IETU, sino que lo repudiamos. Entonces ¿quién es el enemigo, ¿el gobierno federal? Es sólo una pregunta. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado César Nava Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado José César Nava Vázquez: Con su permiso...
El diputado Héctor Agustín Murguía Lardizábal (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, señor diputado. Diputado ¿con qué objeto desea usted intervenir?
El diputado Héctor Agustín Murguía Lardizábal (desde la curul): Adherirme a la iniciativa que acaba de presentar el compañero anterior, para abrogar el IETU.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputado. Le preguntaría. El diputado Murguía ha expresado su interés de adherirse a la iniciativa presentada por el señor diputado Carlos Natale López. Le pido al señor diputado manifieste si está de acuerdo en la adhesión que propone el señor diputado Murguía.
El diputado Juan Carlos Natale López (desde la curul): Sí, claro. Acepto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aceptado. Con mucho gusto, la Secretaría proceda a recoger las firmas correspondientes. Tiene el uso de la palabra el diputado César Nava Vázquez.
El diputado José César Nava Vázquez: Con su permiso, señor presidente. Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En materia electoral, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en nuestro país se llevaron a cabo una serie de reformas que en su momento tuvieron como objetivo responder a los cambios que vivía el sistema político mexicano.
En este tenor, las modificaciones buscaron generar paulatinamente un sistema de partidos competitivo, abierto y democrático; la última de ellas en 1996.
Al paso del tiempo fue necesario hacer una valoración sobre los alcances de esa reforma, la de 96, como resultado de la reciente alternancia política y la apertura del sistema de partidos.
En ese tenor, y después de una serie de debates y discusiones, el Congreso de la Unión aprobó en 2007 una nueva reforma constitucional. De esa reforma se desprendió que en cuanto al recurso asignado para actividades de campañas electorales, cuando solamente se renueva la Cámara de Diputados, los partidos recibirán un 30 por ciento del monto del financiamiento ordinario que corresponda en el mismo año.
En el año de las elecciones en que se renuevan de manera simultánea el Poder Ejecutivo federal y ambas Cámaras del Congreso de la Unión, esto equivaldrá al 50 por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año.
La nueva fórmula para determinar dicho financiamiento representó una dinámica mucho más simple y revestida de certeza jurídica. Como método para el cálculo se contemplaron dos factores en específico: el 65 por ciento del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, y el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
Sin embargo, en estos momentos la situación económica del país, afectada primordialmente por la crisis alimentaria mundial de 2007 y la crisis financiera global de 2008-2009, requiere el esfuerzo de todos para retomar el camino del desarrollo y para evitar que millones de mexicanos permanezcan en niveles de pobreza alimentaria, patrimonial, de capacidades, o que peor aún, caigan en ella.
Si bien todos los mexicanos estamos obligados a contribuir en la medida de nuestra capacidad de ingreso y de gasto para el sostenimiento de los programas de combate a la pobreza, son los partidos políticos y las autoridades electorales los primeros obligados a cuidar los recursos de todos los mexicanos con apego a los principios de austeridad y eficiencia, así como establecer medidas de ahorro y de eliminación de privilegios.
Es por ello que hoy el Partido Acción Nacional propone disminuir el financiamiento público a los partidos políticos y regular el salario de los consejeros electorales para lograr ahorros considerables, mismos que podrán destinarse al apoyo de las familias más necesitadas en materia de salud, educación, alimentación, y en general, en el combate a la pobreza.
Para lograr esta reducción se propone modificar la fórmula que establece la Constitución Política para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos disminuyendo el porcentaje del 65 al 35 por ciento del salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
De igual forma se propone eliminar el financiamiento local a los partidos políticos nacionales. Con ello se lograría la disminución de aproximadamente 50 por ciento del monto del financiamiento público que actualmente reciben los partidos políticos nacionales.
Es importante señalar que el objeto de esta iniciativa se centra en las actividades ordinarias que los partidos realizan, independientemente de los procesos electorales. Como parte de las modificaciones planteadas se propone modificar el esquema de retribuciones de los consejeros electorales.
El planteamiento busca modificar la fracción que establece que su salario será similar al de los ministros de la Corte para establecer que la base para su determinación será lo estipulado en la fracción II del artículo 127 constitucional, que señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración alguna mayor a la establecida para el presidente de la república.
La suma de los conceptos que los partidos políticos reciben por ambas partidas, tanto la local como la federal, y que buscaríamos reducir a la mitad, equivale a 4 mil 700 millones de pesos anuales.
Por otra parte, la difícil situación económica por la que atraviesan millones de mexicanos nos exige demostrar que es posible buscar otras fuentes de financiamiento alternas a la pública, siempre apegadas a la transparencia y fiscalización.
En esta lógica se propone reducir la carga que soportan los contribuyentes mexicanos para el sostenimiento de las actividades de los partidos y aumentar las posibilidades de recibir aportaciones de simpatizantes y militantes.
En esta lógica se propone retomar la fórmula en la que se establecía una composición de los ingresos anuales de los partidos, basado en un 70 por ciento del financiamiento público y un 30 por ciento de aportaciones de simpatizantes y militantes.
Los mexicanos esperan que dejemos de lado nuestras diferencias y que pongamos por encima de cualquier consideración partidista el bien de todos, especialmente de quienes menos tienen.
Confiamos en que encontraremos en este honorable Congreso de la Unión el espacio propicio para el diálogo y el acuerdo que propicien la reducción de la carga fiscal que representa para todos los mexicanos el sostenimiento de las actividades de los partidos.
De aprobarse esta iniciativa, los partidos estaríamos respondiendo a una clara demanda ciudadana. Es justo reconocer que los mexicanos esperan y exigen de sus representados acciones concretas para hacer de nuestra democracia un sistema en el que los privilegios y los costos excesivos no tengan cabida.
Señor presidente, solicito a usted se inscriba en el Diario de los Debates la versión de la iniciativa en los términos leídos y se haga la corrección correspondiente en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, señor diputado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, y túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.
Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley de Aviación Civil; de la Ley de Aeropuertos y de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo me permito presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley de Aviación Civil; de la Ley de Aeropuertos y de la Ley Federación de Telecomunicaciones, con base en la siguiente
Exposición de motivos
Los antecedentes de la requisa en nuestro marco jurídico se remontan a la Segunda Guerra Mundial, esta figura jurídica tuvo vigencia en aquel momento por el propio contexto histórico.
En su inicio, esta figura se incorporó a la Ley de Vías Generales de Comunicación, sin embargo, se puede afirmar que, pese a la violación categórica que se hizo de los derechos laborales, la requisa en aquella época se validó, ya que era de vital importancia garantizar de manera adecuada el sistema de las vías de comunicación frente a los posibles sabotajes realizados por agentes extranjeros.
Actualmente, los efectos que se observan por la aplicación de esta figura jurídica tienen graves consecuencias. Una de ellas y posiblemente la más significativa, es la violación que se hace de los derechos laborales alcanzados por los sindicatos. Esto es, cuando el gobierno arbitrariamente decide aplicar la figura de la requisa el contrato colectivo de trabajo queda insubsistente y pese a que éste busca el mejoramiento de las relaciones de trabajo, a fin de dar equilibrio a las relaciones entre patrones y trabajadores, la requisa no debería ser aplicable.
La requisa es, pues, un acto administrativo de cesión forzada de bienes, que implica una limitación de la propiedad privada. Esta figura jurídica de naturaleza administrativa se puede realizar en propiedad o en uso.
La requisición en propiedad opera en materia de bienes muebles, y la de uso sólo opera tratándose de bienes inmuebles. La requisa debe circunscribirse al uso temporal de los bienes inmuebles.
En nuestro sistema jurídico existen tres causas que motivan la requisa. Éstas son:
Primero. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cuando la sociedad peligre.
Como segundo caso, la requisición militar en tiempos de guerra, y como tercer tipo, la requisición de tipo administrativa para casos excepcionales y urgentes.
El objeto de esta iniciativa se referirá a la requisa administrativa.
El Partido del Trabajo, dentro de su ideario político, específicamente en su declaración de principios y en su programa de acción busca un equilibrio entre las desigualdades de clase, en donde la clase trabajadora es la que normalmente resulta siempre más dañada, por lo que de obtener el equilibrio entre clases, se constituiría un sindicalismo propositivo que conlleve al aumento de eficiencia y productividad de los trabajadores. Por tanto, la requisa vulnera gravemente las garantías de estos derechos colectivos laborales.
Por otro lado, al seguir permitiendo la existencia de la requisa también se está coartando el derecho a la libre sindicalización, pero aún más, el derecho de huelga consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; derecho social regulado específicamente en el artículo 123, apartado A, fracción XVI y reglamentado en la Ley Federal del Trabajo, por lo que no podemos olvidar la génesis de la cual se desarrolla este derecho social, lo mismo que representan para nosotros los propios derechos individuales en las relaciones sociales elevados a la categoría superior como una nueva justicia social.
Al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no le pasa desapercibido que la requisa es un instrumento del Estado que vulnera los derechos de los trabajadores. La requisa se ha utilizado en contra de los trabajadores de Teléfonos de México y también en contra de los Trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
El lunes 16 de marzo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara la ocupación inmediata, total y temporal de todos los bienes y derechos de Luz y Fuerza del Centro. Esta ocupación temporal no se llevó a cabo, en virtud de que la huelga que la motivaba se solucionó con arreglo entre sindicato y empresa.
Sin embargo, en el marco del conflicto sindicato-Secretaría del Trabajo por la negativa de la autoridad a otorgar la toma de nota, de nueva cuenta la figura de la requisa surge como amenaza y arma de presión del gobierno en contra de los trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza del Centro.
Nuestro grupo parlamentario presenta esta iniciativa con el propósito de que la inconstitucional figura de la requisa no sea utilizada de nueva cuenta en perjuicio de la clase trabajadora.
Señor presidente, le solicito respetuosamente se inserte íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Hago entrega a la Secretaría de la misma. Es cuanto. Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Vázquez González. Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, de Transportes y de Trabajo y Previsión Social.
Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Honorable asamblea, nos visitan jóvenes provenientes del distrito de Actopan, Hidalgo, invitados por la diputada Paula Hernández Olmos y el diputado Jorge Rojo García de Alba. Sean ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que crea el organismo público descentralizado federal denominado Instituto Nacional de Prevención del Delito.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Con su venia, diputado presidente. Como no voy a leer, por técnica y tiempo legislativo la presente iniciativa con proyecto de decreto, le ruego su inscripción total en el Diario de los Debates.
Compañeros congresistas. La justicia en México es el tema número uno en este tiempo y en este momento y la justicia penal sobresale de manera subrayada. Estamos viviendo un círculo vicioso en materia de justicia, con una nula prevención del delito, con una insuficiente investigación y persecución del delito, con un enjuiciamiento que no cumple con el texto constitucional de garantizar a los mexicanos una justicia pronta y expedita, con un sistema de ejecución de penas que ha sido un fracaso, porque no corresponde a los lineamientos del artículo 18 constitucional.
Se ha dicho por los criminólogos, con razón, que el mejor delito que existe es el que no se comete, porque se previene. Si vemos el Tercer Informe de Gobierno ?aquí lo dije en su momento?, en materia de prevención solamente se destaca la recuperación de espacios públicos para convertirlos en campos deportivos. Ésta es una visión parcial, disminuida, de lo que debe ser la prevención del delito.
Vamos, compañeros diputados, a asentar las bases de un nuevo sistema moderno de justicia penal. Y la propuesta es expedir la ley, someterla a la consideración de esta soberanía, para que se cree el Instituto Nacional de Prevención del Delito como organismo público descentralizado, con autonomía económica y orgánica, técnica y funcional, y sectorizado a la Secretaría de Gobernación, por ser esta dependencia la que en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública jefatura el ejercicio de las atribuciones de las demás dependencias del gobierno federal.
Pretendemos con esta iniciativa adelantarnos a la actividad de reacción del Estado. Necesitamos prevenir conductas ilícitas. La prevención se inicia desde el hogar inculcando a los niños y a los jóvenes valores. Se continúa en la escuela con una instrucción, no educación, que tenga como sustento la educación cívica para inculcar en los jóvenes un sentimiento de pertenencia a nuestro país; de orgullo y de respeto a la ley, a los símbolos patrios, a nuestros semejantes y a los maestros.
Por eso, en esta materia es fundamental la participación de los padres de familia y de los maestros, del sector privado, de los sindicatos y de todos los mexicanos. La prevención del delito no compete a las instancias que están encargadas de investigar, perseguir y sancionar a los delincuentes.
Por eso es que llamo su atención, compañeros, para que iniciemos hoy, en este Congreso, una cruzada para acreditar en México una cultura de la legalidad, de respeto a las normas constitucionales, que muchas de ellas, hemos dicho, deben ser revisadas.
Con la creación del Instituto Nacional para la Prevención del Delito pondremos nuevamente a la vanguardia a nuestro país en esta materia; y no solamente yendo atrás de los delincuentes. Tenemos que elaborar un atlas delincuencial, el conocimiento de la comisión de los delitos y, sobre todo, proteger a lo más importante que tiene este país, que son los niños y los jóvenes. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Benítez Treviño. Como usted lo solicitó se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Sí, diputado Carlos Alberto Pérez, ¿para qué objeto?
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente, para efecto de que, como es un tema que hemos trabajado con el diputado Benítez, pedirle, si no tiene inconveniente en que nos podamos adherir a la propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunto al señor diputado Benítez Treviño si no tiene inconveniente en la solicitud de adhesión que hace el señor diputado.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Con mucho gusto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Le pido a la Secretaría ponga a disposición la documentación para los efectos.
El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Miguel Ángel García Granados, ¿con qué objeto?
El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Para el mismo propósito, señor presidente. Si nos permite el diputado Benítez Treviño suscribir, tanto al diputado Alfredo Villegas como a un servidor, la iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En virtud que el diputado ha manifestado su aceptación, pasarán la documentación para los efectos correspondientes. Muchas gracias.
El diputado Martín García Avilés (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El diputado García Avilés, ¿con qué objeto?
El diputado Martín García Avilés (desde la curul): Presidente, con el objeto de pedirle, la súplica al diputado proponente, si me permite adherirme, porque estamos trabajando justamente en un punto de acuerdo, pero me parece que absorbe la esencia de la iniciativa que ha presentado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Diputado Benítez Treviño, están solicitando adherirse más a su propuesta, ¿manifiesta usted su anuencia?
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Con mucho gusto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien. Pasarán con la documentación correspondiente.
El diputado Camilo Ramírez Puente (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: También el diputado Camilo Ramírez.
El diputado Camilo Ramírez Puente (desde la curul): Sí, señor presidente, también adhiriéndome a la propuesta de iniciativa presentada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien. Señor diputado, ¿no tiene usted ningún inconveniente?
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Ninguno.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pasarán la documentación correspondiente, diputado.
Tiene la palabra el diputado Enrique Octavio Trejo Azuara, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Enrique Octavio Trejo Azuara: Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, esta iniciativa, esta propuesta de reforma al inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal tiene una trascendencia muy importante.
Hay una obligación que nos establece precisamente la fracción III del artículo 115 constitucional y se refiere a la disposición del tratamiento de aguas residuales. En mi opinión creo que esta reforma va totalmente acertada.
En San Luis Potosí tuvimos la oportunidad, precisamente, de estar al pendiente, de estar al frente, para que hubiese en nuestro estado más municipios con plantas tratadoras y disposición de aguas residuales, pero nos encontrábamos con un problema serio, con un problema que tenemos que atender de raíz: el de una reforma. Precisamente a través de estos fondos federales, que sabemos que están etiquetados en el Fondo de Fortalecimiento Municipal y el Fondo de Infraestructura Social Municipal y que no establecen que los municipios pudieran utilizar recursos para tratamientos de disposición de aguas residuales.
Esto obedece también a una cruzada que ha realizado nuestro presidente Felipe Calderón, para contar con aguas más limpias, con aguas más sanas. Sabemos perfectamente que en nuestro país contamos con mil 710 plantas tratadoras y disposición de aguas residuales.
El problema al que nos enfrentamos, el problema que hoy tenemos, aparte de la instalación de estas plantas tratadoras, es el mantenimiento de las mismas. Ni los ayuntamientos pueden, y están encontrándose, en este futuro inmediato, con la falta de recursos para poder seguir con esta disposición que la misma ley establece.
Además, en esta reforma que se estableció hace algunos años, en el artículo 115, y que además la Ley de Aguas lo contempla, permite que los propios ayuntamientos puedan condonar estos derechos en el momento de las descargas de esta agua.
Y a su vez, que también hay una sanción para aquellos municipios que no puedan recurrir a esta acción y puedan encontrar problemas serios en esta disposición de carácter legal, y en ocasiones la multa podría ahogar más las finanzas en los municipios.
Ésta es una propuesta que nos va a permitir desahogar en todos nuestros municipios, para que todos tengamos un suelo más limpio, tengamos aguas más limpias y podamos, en todos los sentidos, tanto en el sector rural y el sector urbano, tener un mejor país y un mejor futuro para nuestros hijos. Es cuanto, diputado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Señoras y señores diputados, tenemos la visita de jóvenes del Liceo Europeo Preparatoria Campus Aeropuerto de esta ciudad, a quienes les damos la más cordial bienvenida.
Tiene la palabra la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27 y 36 de la Ley General de Salud.
La diputada Rosalina Mazari Espín: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración del pleno una iniciativa que reforma el artículo 4o., párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, fracción VIII y 36, segundo párrafo de la Ley General de Salud, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
El Estado debe de garantizar a la población tres condiciones básicas: la seguridad de su patrimonio, la conservación de su vida mediante la seguridad pública y administración de la justicia, y la salud pública de la población como garantía constitucional que dote de atención médica, entrega de medicamentos y tratamientos especializados en busca de calidad y dignidad física y emocional de los habitantes.
El gobierno celebra en el año 2010 el inicio de la lucha de Independencia nacional en su bicentenario y cien años del comienzo de la Revolución Mexicana, en el año 1910.
Lo lamentable es que todavía la población mexicana, en su mayoría, sufre la negativa en servicios de salud, se niega la gratuidad por atención médica, la salud pública se limita y deja de ser universal y la asistencia social es selectiva.
En 1983 se publicó una adición al artículo 4o. de la Constitución que establece el derecho a la protección de la salud, sus bases, modalidades, la concurrencia de la Federación y las entidades federativas, texto que es necesario pero ya no suficiente ante las realidades nacionales médicas y de salud pública poblacional.
De 1980 al presente año, las estadísticas, guardando las proporciones del crecimiento poblacional, siguen demostrando los mismos padecimientos y causas de muerte del mexicano, sin que la prevención haya surtido efecto alguno.
La falta de inversión en infraestructura exhibe su carencia en perjuicio de la sociedad y las quejas ciudadanas en la atención médica agrava a los más pobres.
Las principales causas de muerte de la población adulta, igual que hace 30 años, son los padecimientos cardiovasculares en un 29.5 por ciento; tumores malignos, un 14.4 por ciento; la diabetes mellitus, 14.2 por ciento; los problemas digestivos siguen en un 9.5 por ciento y las causas respiratorias en un 6.7 por ciento.
Esto aumenta al limitar y no dotar de insumos, en medicamentos, al señalarse un cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica y segundo y tercer nivel; más, todavía que se han establecido del año 2000 esquemas de financiamiento bajo el nombre de "cuotas de recuperación", que restringe ante la pobreza y miseria económica de los ciudadanos el acudir a curarse.
Por un lado enfrentar el desempleo, bajos salarios, menor poder adquisitivo y cobro llamado mínimo, pero es un alto gasto para muchos hogares mexicanos y una vez pagado lo único que logran es una receta médica que obliga a un endeudamiento familiar.
México es de los cinco países en superior importancia de producción y exportación de petróleo en el mundo.
Se heredaron centros nacionales de especialidades médicas de tercer nivel o generación, construidas en los años 50 a los 80. Se buscaba pasar de la atención médica básica a la especialización en salud de la población.
Sin embargo, en este siglo XXI, la mayoría de clínicas del sector salud y hospitales públicos, carecen de medicamentos, insumos, equipo médico y calidez en la atención.
El gran reto es que México pueda dar una cobertura integral en la salud de sus habitantes, y para ello la Ley Suprema de la Unión y la ley federal de la materia, de forma jerárquica debe garantizar que todo mexicano reciba atención médica básica y especializada y que el Estado dote de los medicamentos e insumos para tal fin.
Es una necesidad elemental del ser humano, propia de un pueblo civilizado y de un gobierno de régimen democrático al que aspiramos todos los partidos políticos.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 27, fracción VIII, y 36, párrafo segundo, de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente forma.
Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
...
...
Tercer párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El Estado proveerá en instituciones públicas atención médica, medicamentos, tratamientos especializados y asistencia social. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
De la Ley General de Salud
Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud se consideran servicios básicos de salud los referentes a:
Fracción VIII. La dotación total de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud.
Artículo 36. ...
Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario. El gobierno garantizará en las instituciones públicas a los usuarios atención médica, dotación de medicamentos, tratamientos especializados y asistencia social garantizando los recursos públicos para alcanzar este fin. Las cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Salud.
Le pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 455 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarla por cédula.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre "Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo".
El diputado Emiliano Velázquez Esquivel: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Vengo a esta tribuna a presentar una propuesta para que se inscriba en letras de oro en el recinto legislativo el nombre "Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo".
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es uno de los principales embriones intelectuales de nuestro país. Es una institución que cuenta con una gran tradición académica en Michoacán y desde su creación, en 1540, ha dejado un enorme legado en el terreno cultural; sin embargo, la consolidación de esta institución no ha sido nada sencilla, pues ha atravesado por una evolución compleja que se relaciona con los difíciles procesos históricos de nuestro país.
La también conocida Universidad Nicolaita fue fundada en la ciudad de Pátzcuaro por don Vasco de Quiroga, quien originalmente tenía el objetivo de constituir una institución que le permitiera formar sacerdotes para la evangelización de las personas que se encontraban en el territorio de su jurisdicción.
En 1580 la institución fue trasladada a la ciudad de Valladolid, y a partir de ese momento surgieron algunas vicisitudes relacionadas con la corriente ideológica que debía mantener esa institución.
En 1590, el obispo de Michoacán, fray Alonso Guerra, trabajó para convertir al Colegio de San Nicolás en un seminario tridentino; sin embargo, se enfrentó con una dura negativa por parte del cabildo eclesiástico y, a la muerte del obispo Guerra, por órdenes de Clemente VIII se pretendió establecer un seminario conciliar.
Sin embargo, el cabildo emprendió por la vía jurídica una enérgica defensa en la que participaron las autoridades civiles y eclesiásticas de la Nueva España, en un enfrentamiento que habría de prolongarse hasta 1610, cuando el papa Paulo V revocó la orden de su antecesor.
Pese a todo el conflicto, el Colegio de San Nicolás mantuvo, en todo momento, sus actividades con regularidad, sin incorporar cambios trascendentales en sus aulas, donde se enseñaba lo indispensable para atender los servicios religiosos de los españoles y evangelizar a los indígenas.
Al comenzar el siglo XIX la institución vivió su etapa de consolidación. Es a partir de ese momento que se situaba en una carrera ascendente dentro del mundo intelectual de la Nueva España. Sin embargo, las consecuencias del movimiento de Independencia, guiado por un selecto grupo de maestros y alumnos nicolaitas, como Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, José Sixto Verduzco, José María Izazaga e Ignacio López Rayón, llevaron al gobierno virreinal a clausurarlo.
Una vez consumada la Independencia de México comenzó el proceso de reapertura del colegio, pues desde una dura y difícil negociación entre la Iglesia y el Estado, el cabildo eclesiástico cedió el 21 de octubre de 1845, a la Junta Subdirectora de Estudios de Michoacán, el Patronato del Plantel.
El 17 de enero de 1847, el gobernador Melchor Ocampo procedió a su reapertura, dándole el nombre de Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Con ello se inició una nueva etapa en la vida de la institución.
Fue hasta el triunfo de la Revolución Mexicana cuando todo el proyecto educativo se consolidó. Momentos antes de tomar posesión del gobierno de Michoacán, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio tomó la iniciativa en sus manos, logrando establecer la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el 15 de octubre de 1917, formada con el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, las Escuelas de Arte y Oficios, la Industrial y Comercial para las Señoritas, la Superior de Comercio y Administración, la Normal para Profesores, Normal para Profesoras, la de Medicina y Jurisprudencia, además de la biblioteca pública, el Museo Michoacano, el de la Independencia y el observatorio meteorológico del estado.
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es un orgullo de todo nuestro país y vengo a esta tribuna a reivindicar su nombre.
Por lo antes expuesto, atentamente expongo ante el pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados "Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo".
Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del recinto legislativo de la Cámara de Diputados el nombre de "Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo". Muchísimas gracias diputadas y diputados. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Seguimos con el orden del día y entramos al capítulo de proposiciones. Esta Presidencia recibió de la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se asigne una partida especial para atender la seguridad social de los cañeros y jornaleros asociados a la agroindustria azucarera y alcoholera. En tal sentido, se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Asimismo, se recibió del diputado Oscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, se consideren mayores recursos para el impulso y generación de fuentes alternativas de bio-energía. Se turna, en consecuencia, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibió de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, se consideren recursos para la creación de un Fondo de atención y mitigación de riesgos hidrometeorológicos para la Ciudad de México; por lo que se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Fue recibido por la Presidencia, de parte del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, se consideren mayores recursos para la atención de educación indígena a través de la Dirección General de Educación Indígena; por lo que se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
De igual manera, se recibió de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, se consideren recursos para atender obligaciones de pago, a favor de ejidos y comunidades, derivadas de decretos expropiatorios promovidos por la federación, entidades federativas y municipios. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Fue recibido del diputado Ramón Jiménez López, del PRD, proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, se reasignen recursos a los programas que tengan mayor impacto en la producción rural, sin reducir de manera sensible la asignación a los programas de asistencia social en el área rural. Se turnan, por consiguiente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
De igual manera, recibimos de parte del diputado Héctor Fernández Aguirre, proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, se consideren recursos para el Programa de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización, en particular, al algodón de nuestro país, y suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI; por lo que se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibió de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2010 se consideren recursos para el rescate y conservación de ríos y barrancas del Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Fue recibido de parte de la diputada Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el sector turismo, con el propósito de hacerlo una prioridad nacional para generar inversiones, empleos y combatir la pobreza en las zonas y regiones turísticas del país. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Fue recibido de parte del diputado Jorge Fernando Franco Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta al Ejecutivo federal a no desaparecer la Secretaría de Turismo por ser prioritaria para la activación económica de nuestro país. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Se recibió de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno de Baja California Sur, a coadyuvar en la solución de los conflictos que vive la Universidad Autónoma de dicha entidad. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Asimismo, se recibió del diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se condenan actos de antisemitismo. Se turna el primer punto a la Comisión de Relaciones Exteriores y el segundo, a la Comisión de Gobernación.
Se recibió del diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el Acceso Digital a los Mexicanos. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado José Narro Céspedes, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a las operaciones que realiza en México el consorcio extranjero Sempra Energy.
El diputado José Narro Céspedes: Con su permiso, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, para nosotros es muy importante este tema que tiene que ver con una empresa que se instaló fundamentalmente en el Valle de Mexicali y en Ensenada, Baja California, con el objetivo de, desde ahí, surtir o proporcionar gas licuado al sur de California, y energía eléctrica también, sobre todo a esa importante región del sur de California, de Estados Unidos.
Esto surge fundamentalmente en 2001, a partir de que la empresa Enron desvía gas que iba destinado hacia el estado de California y que lo orienta hacia Oregon y Washington, provocando que los precios de la electricidad en California subieran de 6 dólares el millar de pies cúbicos de gas natural, a más de 60 dólares en seis meses. Esta crisis provocó, en 2003, entre otras cosas, la caída del gobernador Grey Davis en Estados Unidos.
A partir de que esta empresa fue demandada por los usuarios de Estados Unidos se tuvo un laudo resolutorio para devolver más de 800 millones de dólares, prácticamente se declaró en quiebra y fue vetada para instalarse en Estados Unidos, y a partir también de que no cumplió con las normas ambientales, ni las normas de seguridad en Estados Unidos, buscó instalarse en Baja California Sur, para desde ahí buscar proporcionar estos servicios, y de alguna forma, también proporcionar el gas natural que requería California. Y claro, en Baja California, para poder sortear o burlar y no cumplir con los requerimientos mínimos ecológicos y de seguridad que requieren este tipo de empresas.
Esto se hizo fundamentalmente en el año de 2003 en las gestiones del gobernador Eugenio Elorduy, que contó con el apoyo de Vicente Fox para que esa empresa se pudiera instalar en ese lugar.
Para nosotros es un tema de suma importancia, porque esta empresa se dedica no nada más a recibir y a conducir gas hacia Estados Unidos, sino también a generar energía eléctrica violentando la propia Constitución de México y violentando las leyes que aquí nos rigen.
Esta empresa de alguna forma realiza esta actividad violentando toda normatividad, despojando a una persona de sus bienes, contratando a una empresa norteamericana de espionaje que violenta la soberanía nacional, despojando a un propietario, a un ejidatario de sus tierras, aparentemente simulando una compra-venta con una persona, cuya constancia de defunción indica que falleció dos años antes de la compra de estas tierras. Y resulta que el apoderado legal del gobernador y su hija son socios de esta empresa norteamericana.
Ante todo esto queremos pedirle, diputado presidente, lo siguiente:
Uno. Se turne a la Junta de Coordinación Política, para que ésta, a su vez, proponga al pleno de esta Cámara de Diputados la conformación de una comisión plural y paritaria para investigar las causas y los efectos de las políticas federales y estatales del sexenio pasado que permitieron convertir a Baja California en el abastecedor de energía y gas natural del sur de los Estados Unidos.
Dos. Con fundamento en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional; y con base en los principios de libre concurrencia establecidos en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de los relativos a la Ley Federal de Competencia Económica, dado que sus actividades en el país se ubican al margen de lo que permite la Carta Magna y además se constituye en un monopolio, el gobierno federal suspenda la operación de Sempra Energy en Ensenada Baja California.
Tres. Se turne a la Comisión de Medio Ambiente para que ésta solicite a la Procuraduría Federal del Consumidor, de Protección al Ambiente, en caso de existir la aprobación de la manifestación de impacto ambiental, las bases, los criterios y documentos sobre los cuales se otorgaron y obtuvieron las aprobaciones para la operación de la empresa citada.
Cuatro. Se turne a las Comisiones de Justicia, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores y, a su vez, éstas hagan llegar a la Secretaría de Gobernación las copias de documentos que documentan las acciones de espionaje y los cheques pagados por Sempra Energy, para que por los conductos oficiales se establezcan las acciones legales correspondientes contra dicha empresa que ha violado la soberanía nacional y se informe de la misma a esta Legislatura.
Cinco. Se turne a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda para que, a su vez, ésta investigue el monto de recursos federales que se asignaron al gobierno del estado de Baja California en la administración del ciudadano Eugenio Elorduy Walter, con destino a la obra denominada Corredor 2000 y que se dé parte a la Procuraduría General de la República, ya que se trata de un flagrante desvío, además de evidente tráfico de influencias para financiar la operación de una empresa particular mediante estos recursos, de la cual el propio ex gobernador Elorduy es socio a través de su hija y de su apoderado Francisco Javier Molina Robles.
Seis. Se exhorte al gobierno del estado de Baja California para que conforme a la ley acate las disposiciones judiciales en la materia y el predio mencionado en este texto se restituya de inmediato a su legítimo propietario, señor Ramón Eugenio Sánchez Ritche e informe a esta soberanía de las diligencias que al respecto se llevan a cabo.
Siete. Se haga llegar el presente punto de acuerdo al Congreso y al Poder Judicial del estado de Baja California para enterarlo del caso, solicitándole respetuosamente realice las acciones que considere pertinentes.
Ocho. Por tratarse de un asunto de carácter internacional que involucra la operación de la multicitada empresa en ambos casos al lado de la frontera, se haga llegar la presente denuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las comisiones de Relaciones Exteriores, tanto del Senado de la República como de esta Cámara de Diputados, para que se produzca una nota a sus homólogos del gobierno y del Congreso de Estados Unidos de América, en la que se denuncia a la Empresa Sempra Energy que presuntamente cometió violaciones a la ley de prácticas corruptas en el extranjero, para que las autoridades de dicho país investiguen lo conducente, desde el ámbito de su propia Secretaría.
Aquí están las copias de los cheques para que se llevara a cabo?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pediríamos concluir, señor diputado.
El diputado José Narro Céspedes: Término, presidente. Para que se hiciera el espionaje aquí en México por parte de una empresa norteamericana.
Por todo esto, señor presidente, le pedimos lo que estamos solicitando y que se inscriba el texto en su totalidad en el libro de actas de esta soberanía.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como usted lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y se turna el primer punto a la Junta de Coordinación Política y el punto segundo al octavo a la Comisión de Energía, con opinión de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México.
No se encuentra presente en estos momentos la diputada Leticia Quezada Contreras. Pasa al final del capítulo su proposición para su desahogo.
Tiene la palabra el diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo para elaborar un proyecto de creación de la Secretaría de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural.
El diputado José Narro Céspedes: Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, queda planteado en esta Legislatura, aunque no con precisión por parte del Ejecutivo federal, la propuesta de desaparecer la Secretaría de Reforma Agraria con un planteamiento poco preciso en estos momentos.
Pensamos, por un lado se plantea su desaparición, pero por otro lado también se plantea que sus funciones continúen y entonces, viene el mismo presupuesto, viene un presupuesto asignado; entonces, dice uno, desaparece, pero que sus funciones y atribuciones que se encuentran lamentablemente únicamente en la Constitución y en la Ley Federal de la Administración Pública Federal, porque no apareció en la Ley Agraria, las atribuciones de la Secretaría de la Reforma Agraria, se van a cumplir por otra dependencia. Por eso no entendemos nosotros las motivaciones que pudieran justificar su desaparición.
Pero no nada más eso, es claro que la reforma agraria juega un papel fundamental para la seguridad y para la tranquilidad del campo mexicano y es importante que exista una secretaría también, que pueda ayudar y coadyuvar a la regularización y al gran problema que se presenta ahora en el mercado de tierras en este país. Tenemos que actuar.
Anteriormente, la Secretaría de la Reforma Agraria regulaba 74 millones de hectáreas en el país y que actualmente, con la desamortización de las tierras ejidales y comunales, estamos hablando de 177 millones de hectáreas que pasan al mercado de tierras y que se requiere que haya un organismo que permita que realmente se aplique la justicia agraria y que no haya todo un proceso de despojo, de atropellamiento contra los legítimos propietarios de la tierra.
Sin dejar de señalar que sobre todo lo que son las tierras comunales e indígenas del país, la mayor parte de ellas se encuentran en conflicto y no están regularizadas, y hay una deuda pendiente muy importante del gobierno federal, con este importante sector del campo de nuestro país.
Ante estos argumentos que estamos planteando, para buscar resumir un poco nuestra propuesta, lo que estamos proponiendo fundamentalmente es que la Secretaría de la Reforma Agraria se transforme en Secretaría de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, como pasa en otros países como Brasil, que hay una secretaría que se dedica a los agro negocios, que es el papel que juega la Secretaría de Agricultura, pero también que haya una secretaría que se dedique a atender a la agricultura campesina y al pequeño productor. Este papel fundamental que de forma limitada tiene en este momento la Reforma Agraria, creo que habría que fortalecerlo y potenciarlo, con todo lo que tiene que ver con la capacitación, el apoyo, asesoría que requiere este importante sector que es base fundamental de la soberanía alimentaria en nuestro país.
Por esto planteamos el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Que esta soberanía, por conducto de la Presidencia, instruya a las Comisiones de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural, para que elaboren el proyecto de creación de la Secretaría de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural, misma que se integraría con las áreas que actualmente la conforman y en la cual se sectorizaría la Subsecretaría de Desarrollo Rural y algunas otras funciones a cargo de la Sagarpa, como el Registro Nacional Agropecuario que pasaría a manos de la Reforma Agraria, así como la de la Corett y algunos programas sociales operados por la Sedesol, como es el caso de opciones productivas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Narro Céspedes. Túrnese a la Comisión de Gobernación, con opinión de las Comisiones de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural.
La proposición a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI, se pospone a petición del grupo parlamentario.
Tiene la palabra la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del PAN. Nos pide la diputada posponer la presentación de su proposición con punto de acuerdo.
Tiene la palabra la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se insta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña nacional en los medios masivos de información sobre la gratuidad y la facultad exclusiva de la dependencia federal para la adquisición y aplicación de la vacuna contra la influenza AH1N1.
La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal: Gracias, diputado presidente. El pasado lunes 21 del presente, el titular de la Secretaría de Salud José Ángel Córdova Villalobos anunció que el país está en alerta intermedia debido al incremento de casos de gripe causada por influenza AH1N1. También informó que la vacuna contra este virus únicamente será distribuida por el sector público y de manera gratuita.
Asimismo, ratificó que el gobierno federal adquirirá 30 millones de dosis para combatir el virus en esta segunda etapa pandémica, para lo cual aseguró se disponen de 500 millones de pesos para la adquisición de la vacuna a los laboratorios europeos.
También recordó que las dosis se aplicarán a los grupos que la Secretaria de Salud federal determine, en virtud del riesgo, como es el personal médico y militar, entre otros.
El secretario Córdova Villalobos admitió en los medios masivos de información que personas sin escrúpulos están vendiendo u ofertando a la población la adquisición de vacunas contra la influenza, por lo que hizo un llamado para no caer en este engaño.
El ofrecimiento o la venta de las falsas vacunas ha comenzado a inundar diversos espacios publicitarios con anuncios como los siguientes: "Ya tenemos la vacuna contra la influenza. Adquiérala aquí" o "Protégete contra la influenza. Apártala con 100 pesos". En otros casos simplemente se proporcionan los números telefónicos para adquirirla.
En el interior del país este tipo de acciones fraudulentas también comienzan a generalizarse, como ocurrió en Michoacán, cuyo gobierno lanzó una alerta para prevenir a la población de no adquirir las falsas o inservibles vacunas contra la influenza pandémica.
Es por ello que estamos proponiendo instar a la Secretaría de Salud a implantar una campaña de información a nivel nacional. De esta manera, como dice la publicidad oficial, "es mejor prevenir que lamentar".
Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter ante el pleno de esta honorable soberanía, la proposición con el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados insta a la Secretaría de Salud para que implemente una campaña nacional a través de los medios masivos de información, en particular en hospitales públicos y privados, sobre la gratuidad y la facultad exclusiva de la dependencia federal para la aplicación de la vacuna contra la Influenza AH1N1, a fin de evitar que la población sea objeto de engaños o fraudes por la venta de vacunas falsas.
Segundo. También insta a la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar que los establecimientos o giros comerciales farmacéuticos no incurran en la práctica dolosa y fraudulenta de la venta de falsas vacunas y si fuera el caso, aplique la normatividad conducente en la materia. Es todo, señor presidente. Pido se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Guajardo Villarreal. Como lo solicita, se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates y se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Economía.
Tiene la palabra el señor diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría General de la Cámara de Diputados un análisis sobre la constitucionalidad y legalidad del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre del 2009.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Con la venia de las compañeras diputadas y de los compañeros diputados. Efectivamente, durante el mes de septiembre de este año, se han publicado en el Diario Oficial de la Federación, distintos reglamentos a las leyes aprobadas el año pasado en materia petrolera, en particular este Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos.
Este reglamento tiene como finalidad continuar con la privatización en el sector energético. Si ya de por sí las leyes aprobadas en materia petrolera, el año pasado, violentaron claramente los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución General de la República, porque la explotación de los hidrocarburos solamente corresponde a la nación, se trata de actividades estratégicas que son exclusivas del Estado, y es a través del sector público que se debe realizar la explotación al permitirse la intervención de particulares, sobre todo de empresas de servicios y petroleras extranjeras, estos reglamentos, en particular este de la Ley de Petróleos Mexicanos, continúan con este proceso de privatización.
Por ejemplo, señala el reglamento la existencia de una industria petrolera estatal, categoría jurídica no prevista ni siquiera en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
Está violentándose entonces la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de hidrocarburos.
Conforme al artículo 73, fracción X de la Constitución, solamente el Congreso puede legislar en materia de hidrocarburos y, desde luego, los reglamentos no pueden ir más allá de la ley.
Pero no solamente eso, sino que el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos cede al sector privado importantes actividades de la industria petrolera que están reservadas a la nación y al Estado.
Y además se permite a los contratistas o se faculta para que los contratistas puedan ser retribuidos mediante esquemas no previstos en la Ley de Petróleos Mexicanos.
Por todo lo anterior considero que hay violaciones claras, evidentes a la Constitución y, sobre todo, a las facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de hidrocarburos.
Por eso estoy solicitando muy atentamente que la Secretaría General, por conducto del área de Servicios Jurídicos de esta Cámara, realice un estudio jurídico, concienzudo, a este Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y se determine si hay o no violaciones a la Constitución y a las propias leyes aprobadas en materia de petróleo el año pasado y de haber estas violaciones, se establezcan los mecanismos, los recursos que procedan para hacer valer la inconstitucionalidad y la ilegalidad de estos reglamentos. Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado Cárdenas Gracia. Se turno a la Junta de Coordinación Política su proposición.
Tiene la palabra la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República reconsidere la propuesta del Ejecutivo federal de suprimir la Secretaría de Turismo, en razón de que se afectará a una actividad generadora de divisas y empleos en el país.
Sí, señor diputado César Augusto.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): Para preguntarle al diputado Jaime Cárdenas, si acepta que suscriba yo también su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado Cárdenas Gracia, está solicitando el señor diputado adherirse a su proposición. Le pregunto si acepta usted la adhesión.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Desde luego que sí, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, señor diputado. Con mucho gusto. Por favor proceda la Secretaría a lo conducente. No se encuentra la diputada Laura Arizmendi Campos. Por lo tanto, pasa su proposición al final del turno.
Tiene la palabra el diputado Hernán de Jesús Orantes López, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial de ganadería, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Hernán de Jesús Orantes López: Con su venia, diputado Presidente. No obstante que durante los últimos años el sector agropecuario mexicano ha experimentado una gran crisis estructural y funcional, México ha sobresalido en la escena mundial con una extraordinaria calidad de sus ejemplares bovinos, que han podido exportarse a lugares tan lejanos como Tailandia, Colombia, Centroamérica y los propios Estados Unidos y Canadá.
De igual forma, la famosa mundialmente conocida miel producida por los apicultores mexicanos, sin denostar el trabajo de avicultores, porcicultores y en general por todos aquellos productores nacionales que han puesto todo su esfuerzo en el desarrollo de una ganadería emblemática a nivel internacional.
Hoy en día gran parte de la población de nuestro país se encuentra diseminada en las más de 200 millones de hectáreas dedicadas a esta actividad y que representa, en una mayoría de ocasiones, la única fuente de ingresos para miles de familias mexicanas.
A ello habría que agregarle la falta de apoyos tecnológicos, lo cual ha sido una constante para los productores pecuarios.
Los programas del gobierno federal, pese a destinar considerables presupuestos, son dirigidos de manera deficiente, sin contar los trámites burocráticos desarrollados por la Sagarpa, los cuales son un verdadero tormento para aquéllos que requieren programas de financiamiento productivo.
Asimismo, no existe un programa de verdadera transferencia de tecnología y mejoramiento genético para desarrollar, de acuerdo con la diversidad y ventajas comparativas de cada región, un programa encaminado a elevar la producción en aquellas actividades para las cuales la tierra tiene definida su vocación.
Una deficiente campaña sanitaria mantiene a raya a los productores pecuarios, que se encuentran a merced de una certificación supuestamente binacional, que ha sido impuesta al gobierno y que no se ha traducido en mejores estándares de salud de la ganadería. Por el contrario, ha permitido florecer el lamentable cáncer de la corrupción en las oficinas públicas. La falta de canales de comercialización es una triste realidad en nuestro campo. Desde hace más de 25 años no fluyen los recursos crediticios al sector y los pocos que lo hacen, a través de programas de FIRA, llegan con plazos de cumplimiento muy cortos y tasas elevadas que obstaculizan el crecimiento de empresas agroindustriales evitando asumirse como un eficiente canal de comercialización de productos.
México registra desde hace muchos años un déficit de producción de lácteos motivado por la desmedida importación de leche en polvo, en muchas ocasiones, de dudosa calidad, que ingresa al país a precios subsidiados por otras naciones altamente eficientes en producirla.
La producción de carne no es la excepción. A raíz de la globalización de la economía considerables cantidades de carne son introducidas al país para ser comercializadas en las grandes tiendas y almacenes de autoservicio, desplazando la carne nacional de mejor calidad y precio. Los subsidios de los países con quienes tenemos tratados comerciales, no permiten una sana competencia en condiciones de igualdad.
El Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (Progan), un recurso federal destinado a brindar apoyos al sector, se ha quedado en un cúmulo de buenos deseos y está muy lejos de representar la solución de los ganaderos mexicanos. Es el equivalente de una aspirina contra el cáncer.
A este panorama desalentador se suma el impacto natural que representa el gravísimo fenómeno de la sequía que ha cobrado ya la vida de miles de animales en algunas regiones del país y ha dejado en la calle a miles de productores pecuarios.
Toda esta vorágine de circunstancias adversas hacen pensar que el campo está destinado a desaparecer; sin embargo, estamos obligados a salvaguardar el más importante de sus activos: el productor mexicano, quien pese a toda adversidad trabaja con esfuerzo y orgullo para hacer producir sus tierras, mantenerse a la vanguardia en los nuevos métodos de producción, pese a la falta de apoyos oficiales y canales de comercialización...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pediríamos concluir, señor diputado.
El diputado Hernán de Jesús Orantes López: ... una actividad sustentable y de vanguardia que permita la producción de alimentos para el pueblo de México.
Con base en lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, así como a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de Ganadería de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LXI Legislatura, encargada de dar seguimiento a los trabajos que han quedado pendientes de resolver, así como de vigilar los recursos destinados en la materia.
Asimismo, se propone de manera urgente la necesidad de continuar con los trabajos que venía realizando la Comisión Especial de Ganadería en la anterior legislatura, de tal forma que se atiendan los asuntos del sector, donde la prioridad es la de favorecer a los ganaderos mexicanos.
Segundo. Que la Junta de Coordinación Política integre y presente al pleno de esta soberanía la propuesta de integración plural de diputadas y de diputados que habrán de integrar la Comisión Especial de Ganadería. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Orantes López. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta al Senado de la República a reconsiderar la propuesta del Ejecutivo federal de suprimir la Secretaría de Turismo, en razón de que afectará a una actividad generadora de divisas y empleos en el país.
El diputado Sergio Arturo Torres Santos (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, señor diputado Torres. Permítame, diputada.
El diputado Sergio Arturo Torres Santos (desde la curul): Para adherirme a la propuesta del diputado que precedió en la tribuna. Para adherirme a la propuesta de la formación de la Comisión Especial de Ganadería.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Le preguntaríamos al diputado Orantes López. ¿Está usted de acuerdo en que se adhiera el señor diputado a su proposición?
El diputado Hernán de Jesús Orantes López (desde la curul): Con todo gusto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, con mucho gusto. Que proceda la Secretaría a presentar la documentación correspondiente. Adelante, diputada Arizmendi Campos.
La diputada Laura Arizmendi Campos: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el pasado 22 de septiembre el Ejecutivo federal presentó ante el Senado de la República el decreto para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que formaliza y da plazo para la desaparición de las Secretarías de Turismo, Reforma Agraria y Función Pública.
En el caso de la Secretaría de Turismo, ésta pretende ser asignada a la Secretaría de Economía. El sector turístico es uno de los más representativos en la generación de empleo y del crecimiento económico, situación que de ningún modo justifica su inserción en la Secretaría de Economía.
Sorprende la decisión del Ejecutivo federal, ya que a la Secretaría de Turismo corresponde conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional y, hasta hace unos meses, constituía una prioridad para el desarrollo nacional en la generación de empleos y la reactivación económica.
Su estrategia proponía el reconocimiento del turismo como pieza clave del desarrollo económico de México, diversificación de los productos turísticos y desarrollo de nuevos mercados, impulso a las empresas turísticas para ser más competitivas, desarrollar con pleno respeto los entornos naturales, culturales y sociales.
Desde 1928, en que se hace de la actividad turística una política de Estado, hasta ahora que es una de las principales actividades generadoras de riqueza, representa el 1.3 por ciento del producto interno bruto. De enero de 2007 a junio de 2009 la balanza turística acumuló un superávit de 11 mil 996 millones de dólares, esto es 66.3 por ciento superior al resultado acumulado entre enero de 2001 y junio de 2003.
En cuanto a las inversiones generadas el ramo turístico acumuló un nuevo récord histórico, al presentar de enero de 2007 a junio de 2009 un ascenso acumulado de 9 mil 703.7 millones de dólares por inversión privada, lo que representó 106.5 por ciento más a lo registrado en el período de enero de 2001 a junio de 2003. Así, los recursos invertidos de enero de 2007 a junio de 2009, estuvieron compuestos en 36.8 por ciento por inversión extranjera y 63.2 por ciento por recursos de inversionistas nacionales.
Es ello razón fundamental para exhortar al Senado de la República a analizar y valorar la propuesta del Poder Ejecutivo de suprimir la Secretaría de Turismo, en razón de que tal decisión afectará a la tercera fuente de ingresos y generadora de empleo del país.
Por lo anterior, expongo la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al Senado de la República, a fin de que reconsidere la propuesta del Ejecutivo federal de suprimir la Secretaría de Turismo y, por el contrario, fomente el crecimiento y desarrollo de esta actividad y dé cumplimiento a los programas en la materia, en razón de que afectará a la tercera actividad generadora de divisas y empleos del país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias diputada Arizmendi Campos. Remítase a la Cámara de Senadores.
Tiene la palabra el señor diputado Luis Carlos Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial responsable de conciliar y dar seguimiento a los problemas limítrofes que se generan entre los municipios.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde su curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. Sí, diputado, dígame, ¿con qué objeto?
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde su curul): Le agradezco mucho, señor presidente. A nombre de los diputados de Baja California Sur, quiero pedirle a la ciudadana diputada adherirnos a su propuesta, que no desaparezca la Secretaría de Turismo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, le preguntamos a la señora diputada si está usted de acuerdo en la adhesión de los compañeros.
La diputada Laura Arizmendi Campos (desde la curul): Sí, claro.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por favor, proceda la Secretaría.
La diputada María Dina Herrera Soto (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputada.
La diputada María Dina Herrera Soto (desde la curul): Quisiera adherirme a la propuesta de la compañera diputada Laura Arizmendi.
La diputada Laura Arizmendi Campos (desde la curul): Claro que sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Si manifiesta su anuencia. Con mucho gusto, pasará A la Secretaría. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Carlos Meillón Johnston.
El diputado Carlos Luis Meillón Johnston: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la historia del federalismo en México es producto de nuestros héroes, inspirado en los antecedentes de la Constitución de Cádiz se plasma por primera vez en la Constitución de 1824 y se interrumpe en varias ocasiones, hasta quedar vigente en la Constitución de 1927.
El municipio se considera como uno de los cimientos del sistema federal, pues los municipios y las diputaciones provinciales jugaron un papel muy importante, pues ambos abogaron por el establecimiento de una república de tipo federal.
Para Acción Nacional, desde su fundación, el municipio es visualizado y considerado como la parte medular de la conformación del sistema político mexicano, sus lineamientos fundamentales se encuentran establecidos en el artículo 115 de nuestra Constitución, y es el primer órgano de gobierno que le da sustento al pacto federal suscrito para la integración nacional.
Nuestro país actualmente cuenta con más de 2 mil 400 municipios, cuya división geo-política se ha generado en razón de la riqueza cultural y social que impera en nuestra república mexicana.
Desafortunadamente, existen situaciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional en los que no se encuentran debidamente definidos los polígonos y las superficies, creándose espacios propicios para la ingobernabilidad.
De lo anterior tenemos ejemplos muy claros en diversos estados de la república mexicana, en los que se ha suscitado incluso una lucha fratricida entre los propios mexicanos.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial responsable de Conciliar y dar Seguimiento a los Problemas Limítrofes que se generen entre los municipios.
Segundo. El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación.
Tercero. La comisión especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.
Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales.
Quinto. La comisión especial objeto del presente punto de acuerdo funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables.
Sexto. Los trabajos que realice la comisión especial concluirán el mes de agosto de 2012. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Señoras y señores diputados, contamos con la visita de alumnos y maestros de la Escuela Libre de Derecho, a quienes damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias.
Tiene la palabra la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política integre el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, la desigualdad en el goce y ejercicio de los derechos, que entre hombres y mujeres sigue siendo un saldo para la justicia social, el desarrollo y la democracia.
Nuestro país ha ratificado diversos instrumentos internacionales que obligan a las instituciones del Estado a incorporar medidas para lograr el pleno goce y ejercicio de los derechos de las mujeres. Además de estos instrumentos internacionales, el Estado mexicano tiene la obligación de lograr la igualdad de género por un efecto de su derecho interno, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución federal.
La invisibilidad y la naturalización de la desigualdad de género explica que en muchos casos las instituciones del Estado ignoren las diferencias de roles, funciones y necesidades entre mujeres y hombres.
Por ello es importante contar con un órgano encargado de brindar información científica oportuna y útil a las y los legisladores en materia de género, para así poder visibilizar la problemática y contar con herramientas para enfrentar y superar la inequidad entre mujeres y hombres.
El cumplimiento de estas obligaciones por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 2005, reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el cual se crea el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
El artículo tercero transitorio del mencionado decreto establece que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados presentará al pleno de la misma, para su aprobación, la integración de este comité, que es el órgano rector del Centro de Estudios y que tiene por objeto formular directrices que contribuyan a orientar su trabajo y vigilar el adelanto, cumplimiento de las funciones y actividades que tiene encomendadas.
Es por ello que solicito a la Junta de Coordinación Política, a efecto de maximizar el funcionamiento y los resultados del trabajo del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, presentar a la brevedad posible la propuesta de integración del comité de dicho organismo mediante la aprobación del presente punto de acuerdo, ya que a través del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género lograremos potenciar el apoyo técnico a las diputadas y a los diputados para aportar estudios e información entre la igualdad de género, para hacer posible la transversalidad de la perspectiva de género en las iniciativas, en el trabajo parlamentario y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano de las mujeres y de los hombres. Señor presidente, solicito que se inserte íntegro este punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, diputada Torres Abarca, se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al análisis de los resultados de la prueba ENLACE, así como las medidas que tomará el gobierno federal para mejorar la calidad de la educación básica en México.
El diputado Óscar Román Rosas González: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, muy buenas tardes. Estudiantes que hoy nos acompañan.
El que suscribe, diputado federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Hace unos días el secretario de Educación, Alonso Lujambio, dio a conocer los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Educativos, comúnmente conocida por sus siglas, ENLACE.
El secretario Lujambio expresó que ésta es una prueba objetiva y estandarizada que mide los conocimientos y habilidades definidos en los planteles y programas oficiales de estudio de educación básica. Precisó que este año la prueba se aplicó en más de 13 millones de estudiantes de educación básica en escuelas públicas y privadas del país y que lo anterior era necesario para identificar lo que estamos haciendo bien y en qué áreas debemos hacer esfuerzos adicionales para mejorar.
De igual forma, expresó que ENLACE era un gran ejercicio analítico universal y censal para fortalecer la evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas como factor clave de la calidad de la educación en México y que, como desde el 2006, este año difundían una vez más los resultados de ésta como parte de un ejercicio autocrítico, de reflexión colectiva al difundir los resultados de la prueba 2009.
Al respecto, señoras diputadas y señores diputados, considero que es necesario que el titular de la Secretaría de Educación Pública federal nos diga qué es lo que está haciendo bien, porque los resultados no parecieran ser lo que todos los mexicanos esperamos. Es necesario saber cuáles son las áreas que están fallando y cuáles son las áreas que debemos apuntalar.
Necesitamos más respuesta, necesitamos un mayor compromiso, necesitamos saber las medidas que se tomarán al respecto. ENLACE no fue diseñado, al menos eso nos expresan, para conocer quiénes salieron bien o qué escuela es la mejor del país. Sus alcances tienen que ser mayores y por ello, es necesario que el secretario de Educación venga aquí, a esta tribuna, y frente a la sociedad nos diga qué está pasando con la educación básica en nuestro país.
¿Cómo podemos aspirar, como nación, a desarrollarnos más y mejor? ¿Cómo podemos aspirar como nación a mejorar la calidad de vida de los mexicanos? Si precisamente uno de los componentes que miden la calidad de vida de las personas no satisface los estándares necesarios para que un ser humano pueda acceder a un mejor futuro.
Sin una educación de calidad, ¿qué herramientas puede tener un niño en México para ser competitivo, para mejorar su situación familiar? Sin una educación de calidad, ¿cómo puede un joven incorporarse a la vida productiva de México? Sin una educación de calidad, ¿cómo podemos hablar de equidad en las oportunidades? ¿Cómo podemos garantizarle a los mexicanos que vivan mejor?
La educación es el motor del desarrollo y la única manera para tener un desarrollo de calidad es tener una educación de calidad y el día de hoy no la tenemos. Aunado a ello, considero que no solamente es necesario tomar medidas en función de esta prueba. Una prueba adicional que el gobierno debe realizar es la relativa a que si el Estado mexicano está cumpliendo con la sociedad y le garantiza a los niños de México la infraestructura y las condiciones necesarias para que estos puedan desarrollar sus talentos en sus aulas del país.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pediríamos concluir, diputado.
El diputado Óscar Román Rosas González: Las mejores economías del mundo son hoy, precisamente, el impulso que le han dado a educación y han visto en ésta una oportunidad para el progreso equitativo de sus naciones.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente propongo a la asamblea considerar este asunto como de urgente u obvia resolución, aprobar el presente
Punto de acuerdo
Único. Se cita al titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, Alonso José Ricardo Lujambio, para que comparezca ante la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y dé a conocer el análisis de los resultados de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, bajo las siglas ENLACE. Así como las medidas que tomará la Secretaría de Educación Pública para mejorar la calidad de la educación básica en México. Diputado Óscar Román Rosas González. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Contamos con la presencia de alumnos y maestros de la Universidad Leonardo Bravo, de Tlalnepantla; así como vecinos de Ecatepec, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias.
Tienen la palabra la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Infonavit a que instruya a los despachos externos que han contratado, para que cesen el hostigamiento y amenazas hacia los acreditados trabajadores para el cobro de créditos otorgados por dicho instituto. Suscrito por los diputados Norma Leticia Salazar y Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez: Gracias, diputado presidente. Estimadas compañeras diputadas y compañeros diputados. Los diputados federales Norma Leticia Salazar Vázquez y Jesús Ramírez Rangel, integrantes de esta LXI Legislatura, así como del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentamos proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Infonavit, a fin de que instruya a los despachos jurídicos y externos, a los cuales se les vendió la llamada cartera vencida, para que cese el hostigamiento y amenazas hacia los acreditados trabajadores para el cobro de los créditos otorgados por dicho instituto, bajo las siguientes
Consideraciones
Las casas que otorga el Infonavit, por medio de sus créditos, pueden ser de alegría para miles de derechohabientes que han tenido que dar al instituto la cuota que les corresponde como trabajadores. Sin embargo, muchos de ellos no saben que a largo plazo vendrían a verse envueltos en un grave problema.
El principal problema que tienen, es que muchas de esas personas se vieron beneficiadas por el Infonavit con un crédito para adquirir vivienda, pero cuando desafortunadamente han perdido su trabajo y no han podido regularizar sus pagos, reciben constantes amenazas y hostigamientos de despachos jurídicos externos de la dependencia.
Actualmente existen cientos de familias con el temor de que en un momento a otro les puedan instaurar un procedimiento judicial, ya que por la falta de trabajo y por las condiciones económicas actuales que prevalece no sólo en nuestro país, sino en el mundo entero, no van a poder hacer frente a su obligación de pago, lo que ha originado que los referidos despachos de cobranza pongan sellos en las viviendas con la leyenda de "embargada". Situación no solamente irregular, sino ilegal, ya que violenta lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, que consagra el derecho a que nadie puede ser privado de sus propiedades, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos.
Ello a pesar de que estos despachos únicamente deben limitar su función a lo que es cobranza o recuperación de cartera vencida. No tienen facultades más allá de esta acción.
En este sentido, se vuelve inaplazable, impostergable, concretar una reunión con el Consejo Consultivo del instituto, que deberá sostener con esos despachos para que se revise el contenido de los requerimientos que envían a los domicilios y si es necesario, modificar la redacción, así como modificar las acciones emprendidas a realizar la cobranza, tales como las llamadas telefónicas intimidatorias y amenazantes y la colocación de sellos digitales.
Cabe mencionar que estos despachos jurídicos realizan la cobranza, algunos desorganizados y existen algunos que ni siquiera saben explicarle al derechohabiente cuál es el problema.
En diversos ejercicios se ha detectado que tras una larga espera y varios intentos, los asesores que responden en Infotel al teléfono 01 800 685 88 36, indican que determinada cuenta se encuentra en un despacho jurídico determinado. Sin embargo, al comunicarse a dicho despacho, se indica que el expediente no está ahí, sino en otro despacho.
No obstante este calvario, a los pocos días, esta persona le vuelve a requerir el pago al derechohabiente; los mismos despachos jurídicos con los que ya se había acudido para la asesoría vía telefónica.
Otro problema, es que algunos seudolíderes hace algunos años asignaron viviendas abandonadas del Infonavit a cambio de recursos que les pidieron a las personas que requerían esas casas. Pero el problema actual es que están a punto de perderlas.
En conclusión, los problemas más comunes que enfrentan los derechohabientes en relación al pago de sus créditos son las siguientes:
Primero. Denuncian el hostigamiento y amenazas de despachos jurídicos en contra de personas que por diversos motivos no han podido realizar sus pagos a la institución.
Segundo. Manifiestan que desde hace años algunos líderes asignaron viviendas abandonadas a cambio de dinero.
Tercero. No se dan a conocer los decretos presidenciales que benefician a personas con determinadas características.
Es por ello que sometemos a esta consideración este
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta al Infonavit en su carácter de órgano autónomo descentralizado del gobierno federal, a fin de que instruya los despachos jurídicos externos, a los cuales se les vendió la llamada cartera vencida, para que cese el hostigamiento y amenaza hacia los acreditados trabajadores para el cobro de créditos otorgados por dicho instituto.
Segundo. Se exhorta al Infonavit en su carácter de órgano autónomo descentralizado del gobierno federal, a fin de concertar una reunión del Consejo Consultivo del instituto con los despachos jurídicos externos a los cuales se les vendió la llamada cartera vencida, para que se revise el contenido de los requerimientos que envían a los domicilios, y si es necesario modificar la redacción, así como modificar las acciones emprendidas al realizar la cobranza, tales como las llamadas telefónicas intimidatorios y amenazantes y la colocación de sellos ilegales.
Por último, solicito que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Salazar Vázquez. Como lo solicita se insertará el texto íntegro en el Diario de los Debates y se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda.
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (desde la curul): Para pedirle a la diputada si existe la posibilidad de sumarme a la propuesta que hace.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputado Morán. Le preguntamos a la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez si acepta la adhesión del diputado Morán.
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (desde la curul): Sí, con gusto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Cómo no, acepta. Ahorita la Secretaría pone la documentación a su disposición. Muchas gracias. Diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): En el mismo sentido, si la diputada no tiene inconveniente, me quisiera sumar a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada, ¿tiene usted inconveniente para que el diputado Fernández se adhiera a su propuesta?
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (desde la curul): No, ninguno.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputado, acepta la diputada y le enviarán la documentación.
Tiene la palabra el diputado Armando Ríos Píter, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se crea la Comisión Especial de Competitividad para un Crecimiento con Equidad.
La diputada Guerrero quiere hacer uso de la palabra. Permítame, diputado Ríos Píter.
La diputada Delia Guerrero Coronado (desde la curul): También, si lo permite la diputada, adherirme a este punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada, ¿acepta usted una adhesión más?
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (desde la curul): Sí, acepto con mucho gusto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta con mucho gusto. Se remite la documentación. Tiene usted el uso de la palabra, diputado Ríos Píter.
El diputado Armando Ríos Píter: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ... Permítame, diputado.
El diputado José Tomás Carrillo Sánchez (desde la curul): Discúlpeme, presidente. Con el mismo objeto, para pedirle a la diputada si nos podemos adherir a la propuesta que tiene que ver con el Infonavit.
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (desde la curul) : Sí, de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Nos manifiesta la diputada su aceptación. Con mucho gusto le harán llegar la documentación.
Diputada Rosaura Ochoa.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): Gracias presidente. Igualmente, en el mismo sentido, solicitarle a la diputada adherirnos los integrantes del grupo de Convergencia.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta la diputada. Se estará enviando la documentación. Adelante, diputado Ríos Píter.
El diputado Armando Ríos Píter: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados:
Con base en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno el presente punto de acuerdo con la finalidad de conformar la Comisión Especial de Competitividad para un Crecimiento con Equidad, a partir de las siguientes
Consideraciones
México es un país cuya tamaño de su economía es importante; somos la undécima economía mundial, con base en distintos indicadores y especialmente con base en el producto interno bruto, tenemos un producto interno bruto per cápita importante. Repito, casi la undécima economía en el mundo.
Sin embargo, la queja generacional, además de que tenemos una población económicamente activa importante, casi con un crecimiento de 1.7 por ciento anual, la queja recurrente de la sociedad, y obviamente el malestar que hoy presenta nuestro país y que es evidente en las discusiones que hemos empezado a tener alrededor del tema del Presupuesto y de la Ley de Ingresos, es que somos un país que no crece, que somos un país que está estancado y que somos un país que en los últimos 10 años no ha tenido un crecimiento mayor al 1 por ciento.
En ese contexto, la grave problemática que vive nuestra sociedad es que, además de que somos un país que no crece, somos un país extraordinariamente desigual, somos un país que comparte, por poner algún ejemplo, indicadores en términos de desigualdad con Zambia, con Zimbabue, con Nigeria, con las economías más rezagadas del África subsahariana.
Esta contradicción de ser un país grande, un país que tiene un potencial económico importante, lacera y pega a la sociedad cuando nos ponemos a ver que entre el norte y el sur existe esa gran brecha de desarrollo y que tenemos no tan solo la cifra siempre recurrente de 20 millones de nuevos pobres en condición de pobreza alimentaria, sino que al mismo tiempo tenemos casi el 40 por ciento del producto interno bruto acaparado por el decil más alto. Y tenemos el deshonroso primero, segundo o tercer lugar, no sé en cuál esté colocada ahorita la persona más rica del mundo, el dueño del consorcio más poderoso y más rico en el país.
Bajo esta lógica, lo que nosotros ponemos a consideración es conformar una comisión especial que nos permita sentarnos a dialogar con los sectores productivos para analizar tres temas que son de gran importancia: cómo lograr una mayor eficiencia, transparencia y credibilidad en el marco institucional, cómo lograr una mejor calidad en la educación básica y los servicios de salud y de capacitación para las fuerzas laborales y el combate a los monopolios de esos sectores que se han apropiado de la economía mexicana.
Por eso ponemos a consideración de esta soberanía conformar una comisión especial que nos permita, de cara y de frente a la sociedad, con los sectores productivos incluidos, discutir estos temas para destrabar el crecimiento que está atorado hoy y generar condiciones de competitividad, pero sobre todo garantizar un país que sea cada vez más equitativo, como lo que necesitamos en este momento, sobre todo para ese bono demográfico. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de las dependencias encargadas de la administración y la coordinación de las garitas internacionales, envíe un informe sobre el Sistema de Supervisión y Control Vehicular, así como de la detección de armas y contrabando de mercancías en el estado de Baja California.
El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid: Señor presidente, amigas legisladoras y amigos legisladores, los puertos fronterizos del país son de suma importancia, principalmente aquéllos que colindan con los Estados Unidos de Norteamérica.
Tan sólo en lo que respecta al estado de Baja California se encuentran seis puertos fronterizos: Tijuana-San Ysidro, Tijuana-Otay Mesa, Tecate, Mexicali-Caléxico, Mexicali II y Algodones-Andrade, aumentando los cruces que se encuentran en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Sonora, etcétera, que abarcan, todos ellos, la zona sur de los Estados Unidos y que presentan un ingreso importante para la economía de ambos países.
El Sistema de Supervisión y Control Vehicular analiza el tipo de vehículo, el número de matrícula y el peso supuestamente en siete segundos. Este sistema brinda mayor seguridad en los cruces fronterizos, registrando cada uno de los vehículos que atraviesan las garitas norte de nuestro país. Obviamente, el propósito es dificultar el tráfico de armas y sustancias prohibidas; sin embargo, el tiempo para el que estaba diseñada la revisión es ampliamente excedida, haciendo que el tránsito sea demasiado lento dejando pérdidas económicas sumamente valiosas.
Si bien es necesario un programa que contenga mecanismos de revisión y reducción de ingresos de mercancías y armas al territorio nacional, es cierto también que la inoperancia del programa Siave se ha visto desfavorecida con las pérdidas económicas que las demoras están ocasionando.
Quienes pertenecemos a los sectores empresariales, tanto mexicanos como estadounidenses, estamos de acuerdo con la medida del gobierno federal, que obviamente busca evitar el cruce de armas y dinero producto del narcotráfico, además del contrabando de mercancías; sin embargo, estamos ciertos en que se debe de aplicar este sistema cuando se tenga la capacidad de atender el aforo vehicular sin ocasionar retrasos.
Por otra parte, la implementación de este programa de supervisión no sólo afecta a la economía, sino también a las personas que diariamente deben cruzar por las garitas internacionales, ya sea por cuestiones laborales, escolares o personales. Tan sólo en Tijuana se calculan miles de personas que pierden de una a cuatro horas cada día en los cruces fronterizos.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las dependencias encargadas de la administración y la coordinación de las garitas internacionales, para que entregue a esta soberanía un informe detallado sobre los beneficios y logros alcanzados por del Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave); así como en la detección de armas y contrabando de mercancías en la franja fronteriza comprendida en Baja California.
Señor presidente, le solicito de la manera más atenta que la presente se inserte de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Como lo solicita diputado, se inserta en el Diario de los Debates y se publica en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Pública.
Tiene la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores inicie los procedimientos para la adhesión de México a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Convención referida, la que mencionaba el presidente, busca obligar a los estados parte a no recurrir a las prácticas mercenarias, al tiempo que establece la prohibición expresa de tales actividades, para la cual la Convención establece la obligatoriedad de extraditar o procesar a los mercenarios que se encuentran en su territorio, independientemente de que el delito se haya cometido ahí o en otra parte.
México, en el proceso de su consolidación como un país democrático, ha establecido un vínculo indisoluble con el estado de derecho y los derechos humanos, al grado de tener como condicionante misma de su existencia el deber de adoptar mecanismos que combatan la corrupción y la violación de los derechos humanos.
De lo contrario, no se puede calificar como un Estado democrático de derecho ya que la corrupción atenta contra los derechos y libertades, o bien, de los involucrados en estos actos, o de terceros, situación que no puede ser justificada por atentar contra la esencia de las democracias que es el respeto a los derechos fundamentales de todos los seres humanos.
Dada la ola de violencia presente en nuestro país consideramos pertinente que México manifieste expresamente su adhesión a este instrumento, pues, sin duda, las disposiciones ahí contenidas contribuirán a regular y sancionar las conductas que desgraciadamente se han incrementado por las actividades de las organizaciones delictivas.
A propósito de la comparecencia que tuvo aquí la secretaria de Relaciones Exteriores el pasado 29 de septiembre, en donde ella se comprometió a revisar la posibilidad de que México se sumara a este tratado que nos es tan importante en el marco de violencia que vive nuestro país, y por esto sometemos a consideración de esta soberanía la aprobación de este punto de acuerdo en donde se solicita a la secretaria de Relaciones Exteriores que inicie los procedimientos protocolarios para la adhesión del Estado mexicano a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, y remita a esta soberanía la respuesta a la solicitud de información requerida por el Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, realizada en el Estado mexicano en noviembre del año pasado. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Tiene la palabra la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta a los Congresos locales a expedir una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como para armonizar su marco jurídico en la materia.
La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos: Con su permiso, señor presidente. Le solicito que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a presentar un punto de acuerdo con el que se exhorta a los Congresos locales a expedir una ley para prevenir y sancionar la trata de personas y que armonicen su marco jurídico penal de acuerdo a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
De acuerdo con el Informe Mundial sobre Trata de Personas este fenómeno criminal tiene presencia en 155 países. Al respecto conviene señalar que la Organización Internacional del Trabajo ha estimado que el número mínimo de personas víctimas de explotación laboral y explotación sexual como consecuencia de la trata de personas es de 2.5 millones.
Quienes hoy tenemos la fortuna, y a la vez la enorme responsabilidad de ser los representantes de la ciudadanía, no debemos ser indiferentes ni conformarnos con lo que se ha avanzado en esta materia, pues esta conducta es, por desgracia, una terrible realidad en nuestros días.
México ha participado en diversas convenciones internacionales sobre la problemática de la trata de personas, donde se han suscrito instrumentos internacionales para proteger a las víctimas de este delito, además de establecer las bases para la colaboración y vigilancia internacional de esta actividad delictiva.
Cabe destacar que nuestro país se ha comprometido en instrumentos internacionales como la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños, y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, por mencionar algunos.
A consecuencia de estos compromisos internacionales, se creó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, pero aún la tarea no está completa, pues en cuanto a legislación se refiere, falta un largo camino por transitar, especialmente en la legislación local, ya que sólo dos entidades federativas, el Distrito Federal y Chiapas, cuentan con una ley en el tema de trata de personas.
Por otra parte, existen 11 entidades federativas que aún no tipifican en sus códigos penales este delito, de conformidad con el Protocolo de Palermo y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
En las entidades donde sí está tipificada la trata de personas existe una gran diferencia entre lo que consideran actividad, medios comisivos y los fines. Existe una gran divergencia entre las penalidades de cada entidad para el delito de trata. De las 21 entidades federativas que tipifican el delito, 12 no incluyen los medios comisivos.
Por lo anteriormente expuesto, resulta necesario llevar a cabo una homologación integral de los tipos penales en las legislaciones del país, a fin de evitar confusiones respecto a su alcance, punibilidad, medidas preventivas y medios comisivos del delito, razón por la cual someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a los congresos locales a efecto de que expiden una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como a que armonicen su marco jurídico penal de acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Pérez Ceballos. Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Derechos Humanos. Diputada Damián, a sus órdenes.
La diputada Esthela Damián Peralta (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Para solicitarle a la diputada que me pueda adherir a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada, le preguntamos a la diputada Pérez Ceballos si está de acuerdo en que haya adhesiones de parte de sus compañeras diputadas y compañeros diputados.
La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (desde la curul): Claro que sí, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. También lo solicita la diputada Ifigenia Martínez. A sus órdenes, diputada. Diputada Reyes Sahagún.
La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (desde la curul): Me quiero sumar a la propuesta, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): En el mismo sentido.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Cárdenas. Muy bien. Diputada Laura Piña.
La diputada Laura Piña Olmedo (desde la curul): Solicito adherirme.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿También usted solicita adherirse? Muy bien. Diputado Arturo Santana.
El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul): En el mismo sentido, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Adelante, diputada Torre Canales.
La diputada María del Pilar Torre Canales (desde la curul): Yo voy en el mismo sentido. Me quiero sumar, si me lo permite la diputada, me quiero sumar a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Rosario Brindis.
La diputada María del Rosario Brindis Álvarez (desde la curul): En el mismo sentido, señor presidente. Me adhiero a la propuesta de la diputada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. ¿Algún otro diputado? ¿Diputada Quiñones?
La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (desde la curul): En el mismo sentido, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Diputada Rosi Orozco?
La diputada Rosi Orozco (desde la curul): De la misma manera, señor Presidente, me adhiero a la propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Diputada Paz Gutiérrez?
La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde la curul): Con gusto me adhiero a la propuesta, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Diputado Pérez?
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Los diputados y diputadas de Acción Nacional que estamos aquí presentes, nos adherimos al punto; el grupo parlamentario.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien. Diputada, ¿manifiesta su conformidad con que todas las señoras y señores diputados que quieran adherirse puedan hacerlo?
La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (desde la curul): Con todo gusto, señor presidente. Agradezco a todos su apoyo porque esto es por los ciudadanos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien. Está a disposición de todas las señoras y señores diputados que deseen adherirse el documento en la Secretaría, para que se haga constar su adhesión. Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del secretario de Salud y del titular de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, con la finalidad de que informen a esta soberanía la situación prevaleciente en relación con el rebrote del virus de influenza AH1N1.
El diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Por economía parlamentaria expondré sólo un breve resumen, por lo que le solicito quede registrada la versión íntegra en el Diario de los Debates.
La salud pública es uno de los elementos esenciales para alcanzar el desarrollo social que hoy demanda el país. Con gran consternación México vivió en el mes de abril una emergencia sanitaria por la aparición de un nuevo virus denominado influenza porcina, ahora virus de influenza AH1N1, que ha provocado de manera permanente graves daños a la armonía social y a la economía.
Las entidades con mayor incidencia de casos confirmados son el Distrito Federal, Chiapas, Yucatán, Jalisco, San Luis Potosí, con cifras que de manera alarmante se van incrementando.
Al respecto la Secretaría de Salud informa que a la fecha se tienen 35 mil 838 casos confirmados de personas contagiadas y 245 decesos. El registro más drástico se da entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre, cuando en tres días se detectó un incremento de 506 casos y seis decesos más en el país, con un promedio de 168 casos al día, números, compañeros, que nos deben alertar, ya que esto habla de un rebrote anticipado.
Bajo esta premisa, la Secretaría de Salud anunció un plan nacional complementario para enfrentar un rebrote del virus, frente a los pronósticos de que en invierno podrían contagiarse por lo menos un millón de personas.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática manifiesta que frente al inminente rebrote del virus de la influenza AH1N1, es propicio que esta soberanía haga comparecer a la brevedad a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Cofepris.
Lo anterior, con la finalidad de que la sociedad mexicana conozca con certeza las medidas que se han diseñado para preparar al Sistema Nacional de Salud, quien está obligado a preservar la salud y vida de todos los mexicanos.
Esta Cámara de Diputados debe mantenerse vigilante a las acciones de gobierno e implementar, desde el ámbito parlamentario, aquellas que aseguren su cumplimiento, más aún cuando se trata de salvaguardar los derechos fundamentales como el de la salud.
Compañeras y compañeros diputados, legislar es nuestra responsabilidad. Cumplamos con ánimo, decisión, pasión, pero principalmente con unidad en torno a los problemas neurálgicos del país. Demostremos de cara a la nación que en este Congreso existe sensibilidad y voluntad política para proponer las soluciones que demandan nuestros conciudadanos.
Por lo antes expuesto, solicito respetuosamente se someta a consideración de esta soberanía como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo
?Termino.
Primero. Con absoluto apego al principio de división y colaboración de Poderes, esta Cámara de Diputados acuerda la comparecencia ante el pleno del ciudadano José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, y del titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con el objeto de que informen detalladamente sobre las acciones que en el ámbito de su competencia han emprendido en coordinación con los sistemas de salud de las entidades federativas para enfrentar el rebrote del virus de influenza AH1N1 en el marco del Plan Nacional de Respuesta Complementaria.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, con sensibilidad, responsabilidad y compromiso construyamos juntos el México que tanto necesitamos. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Hernández Rodríguez. Como lo solicita se insertará el texto íntegro en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que exhorta a la Sagarpa, a los titulares de los Ejecutivos locales y a los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable a respetar la participación ciudadana y fortalecer la transparencia en el ejercicio de recursos destinados al desarrollo rural.
El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Con su permiso, señor presidente. Algún humanista dijo una vez que las leyes mexicanas son como el inglés, que se escriben de un modo y se pronuncia de otro. Acción Nacional inicia su actuar político como un partido eminentemente federalista y municipalista, además de ser un gran impulsor de la participación ciudadana. Entendemos la necesidad de un sistema federal que armonice la autonomía de cada poder político con la unidad nacional y que sea capaz de generar condiciones de convivencia estable y funcional en el marco de la pluralidad.
Para Acción Nacional, la actividad agroalimentaria en su conjunto es de vital importancia, pero más importante es aún la sociedad rural que depende directamente de ésta. En el Grupo Parlamentario del PAN estamos convencidos de la importancia de este sector para el desarrollo del país.
En este sentido, preocupados y ocupados por generar más acciones que detonen el desarrollo rural, asumimos con responsabilidad y seriedad nuestro papel como legisladores y apostamos por un sector rural organizado, competitivo, pero sobre todo que fomente y fortalezca la participación ciudadana.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable expone que con apego a los principios de federalización se integrarán los consejos estatales y municipales homologados al Consejo Mexicano en los municipios y en las entidades federativas.
Éstos deben constituir una herramienta para la participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y distribución de los recursos que la federación, las entidades federativas y los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas.
El primer párrafo de la citada ley es acatado, respetado al pie de la letra por los titulares de los Ejecutivos locales de manera clara y contundente. Desafortunadamente, en el mismo numeral, en sus párrafos cuarto y quinto se estatuye que la integración de los consejos estatales deberá ser representativa de la composición económica y social de la entidad y que la organización y funcionamiento de los consejos estatales y municipales se regirán por los estatutos que al respecto se acuerden entre el gobierno federal, y las entidades federativas.
Esto, compañeros legisladores, definitivamente no se cumple. Esto, diputadas y diputados, es simple y sencillamente letra muerta en los estados y municipios de nuestro país. Compañeras y compañeros, la omisión caprichosa de la ley y la distribución selectiva y antojadiza de los programas y recursos representan un retroceso para la sociedad rural.
Cumplir la normatividad, regular y acatar las responsabilidades que la ley indica, más que una obligación es un deber.
Por lo anteriormente expuesto y con base en los artículos 9, 23, 24 y 25 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, referentes a la participación ciudadana en la distribución de recursos de la federación, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo, y termino
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a los titulares de los ejecutivos locales, que con apego al Capítulo III de la Ley del Desarrollo Rural Sustentable, específicamente en el artículo 24, se integren los consejos correspondientes de acuerdo a lo ordenado en la citada ley.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a los titulares de los ejecutivos locales, a cumplir con el convenio de federalización de recursos concurrentes con los estados para que cumplan y se sometan a los lineamientos que señala la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en cuatro términos específicamente:
El primero. Que fomente la participación ciudadana y la pluralidad.
Segundo. Que sean agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y distribución de los recursos en los tres niveles de gobierno.
Tercero. Que fortalezca el ejercicio transparente de los recursos destinados a los programas concurrentes.
Y cuarto. Que garanticen la atención efectiva a las necesidades y prioridades de este sector, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.
Por último solicito que se inserte íntegramente este texto en el Diario de los Debates, señor presidente. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Arriaga Rojas. Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México.
La diputada Leticia Quezada Contreras: Gracias. Pido, señor presidente, que pueda mandar este punto a la Junta de Coordinación Política y pueda ser inscrito de manera íntegra en el Diario.
A partir de 1993 en Ciudad Juárez, Chihuahua, se dio cuenta de una serie de homicidios cometidos contra mujeres, niñas y mujeres jóvenes, desde entonces ya hace 16 años han sido privadas de la vida, en esa ciudad, 430 mujeres, tan sólo en 2008 se registraron 17 muertas y 30 desaparecidas. Aunado a esto nos encontramos con que durante la primera década se reportaron 4 mil mujeres desaparecidas, según informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Los anteriores son datos reservados, ya que existen otros más alarmantes, proporcionados por organizaciones sociales y organizaciones de la sociedad civil, que afirman que de 1999 a 2008 más de 10 mil mujeres y niñas han sido asesinadas en México.
Es lamentable que estos hechos no hayan cesado en Chihuahua, pero aún más es que se siguen presentando en el resto del territorio nacional, en donde en la actualidad se encuentran registros de feminicidios y desapariciones de mujeres, principalmente en los estados de Guanajuato, Sonora, Coahuila, Veracruz, Nayarit, Chiapas, estado de México y en el Distrito Federal.
Es necesario que desde ese honorable órgano legislativo exijamos que estos crímenes sean establecidos por parte de las autoridades responsables. Queremos que se esclarezcan, ya que a lo largo del tiempo las mismas han demostrado silencio, omisión, negligencia y colusión al prevenir, investigar, sancionar y trabajar para erradicar estos delitos.
Por lo anterior, es imperante la necesidad de que esta Legislatura cuente con una Comisión Especial que dé seguimiento puntual a este gravísimo problema que asecha, desde hace 16 años, a nuestras mujeres de todo el país y a las familias que han perdido o que viven con la ausencia de una de sus integrantes, logren por fin la impartición de justicia al esclarecer las investigaciones que lleven a la detención y esclarecimiento de los crímenes, para que este tema que lacera a la sociedad mexicana no pase de largo y deje de ser uno de los más grandes pendientes que tienen las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia en nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable pleno y de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por medio de la cual se exhorta a las y los diputados integrantes de esta Legislatura, para la creación de una Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Realizados en Nuestro País. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita la diputada, túrnese a la Junta de Coordinación Política. Diputada.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (desde la curul): Señor presidente, para sumarme a la propuesta de la compañera que acaba de bajar del podium, a nombre del Partido Revolucionario Institucional, por favor.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien diputada, muchas gracias. Sonido para que haga uso de la palabra la diputada Pérez de Tejada.
La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (desde la curul): Presidente, para solicitarle también a la diputada nos permita integrarnos a este punto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto. ¿Alguna otra diputada o diputado desea hacer uso de la palabra en este sentido? Diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): En el mismo sentido, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Le preguntamos a la diputada Quezada Contreras, si acepta la adhesión de las señoras y señores diputados que han hecho uso de la palabra.
La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Sí, acepto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien. Acepta la diputada, por lo tanto les pedimos pasen a la Secretaría para poder suscribir la documentación correspondiente. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el señor diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la entrega de toma de nota a la dirigencia electa del Sindicato Mexicano de Electricistas.
El diputado Francisco Hernández Juárez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: el suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este honorable pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la entrega de nota a la dirigencia electa del Sindicato Mexicano de Electricistas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno. La libre asociación de trabajadores y trabajadoras para el estudio, la defensa y el mejoramiento de sus intereses, es una garantía fundamental establecida en nuestra Constitución, al igual que el derecho de asociación, no admite más limitaciones que las de tener un objeto lícito y conducirse por medios pacíficos.
En este marco, los y las trabajadoras tienen el derecho a coaligarse para defender sus intereses y no requieren permiso, supervisión ni limitación de autoridad administrativa alguna.
De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, las autoridades laborales sólo ejercen una función de registro de la organización y en sus cambios en sus comités ejecutivos y dirigencias, pero de ninguna forma la Constitución ni las leyes le permiten a la autoridad sancionar el ejercicio de la voluntad de los agremiados ni la conducción de sus organizaciones.
Dos. En el caso de las elecciones para la Secretaría General del Sindicato Mexicano de Electricistas, realizadas entre abril y junio del presente año, la libre determinación de los sindicatos ha sido lamentablemente vulnerada por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Los sindicatos están obligados a notificar los cambios en su directiva, no a someter al arbitrio de la autoridad laboral sus decisiones. La autoridad sólo está facultada para tomar nota de esta modificación.
Quienes participamos en este pleno no contamos con elementos para determinar o calificar las posibles irregularidades que sucedieron en los comicios citados y no tenemos atribuciones para emitir una resolución al respecto. Pero sí debe quedarnos claro que el secretario del ramo ya ha emitido una resolución negando la toma de nota al Sindicato Mexicano de Electricistas y lo ha dejado sin representación.
Si existen irregularidades o inconformidades con los resultados del proceso, quien debe emitir una resolución es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, una vez agotado el posible juicio de amparo. Hasta el momento estos órganos no han emitido una resolución al respecto, por lo que es inconcebible que la autoridad laboral, que debiera ser la primera en respetar la ley, actúe irresponsablemente y afecte a una organización sindical al dejarla sin representatividad. Con esto paraliza al sindicato para realizar gestiones laborales, manejar su patrimonio y representar los intereses de sus agremiados y agremiadas.
En un medio sindical caracterizado por prácticas clientelares y corporativas, por falta de transparencia y su dependencia del Estado mexicano, el Sindicato Mexicano de Electricistas es una de las organizaciones que representa una práctica democrática independiente del Estado.
Se estima en estudios recientes que menos de 10 por ciento de los trabajadores pertenecen a sindicatos. Además, se ha demostrado que 90 por ciento de los contratos colectivos depositados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje son simulaciones, contratos firmados con las empresas al margen de la voluntad de los trabajadores para proteger al patrón ante la posibilidad de que las trabajadoras y los trabajadores se organicen de manera auténtica para evitar que intervengan en la gestión y negociación de sus condiciones de trabajo.
Traigo a este tribunal el caso de un dirigente como Ramón Gámez Martínez, por cierto, prófugo de la justicia por corrupción de menores, que en su momento llegó a manejar más de 2 mil contratos de protección, involucrando a 350 mil trabajadores y trabajadoras, a empresas nacionales y multinacionales que se dedican a la prestación de servicios.
Recientemente, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje registró dos contratos colectivos a favor de ese sindicato para llevar la relación de un par de call centers. Ante eso, la autoridad laboral permite la impunidad de personajes de este tipo, pero carece de voluntad para respetar el derecho de los trabajadores a ejercer sus libertades democráticas y su autonomía sindical.
Con independencia de la existencia de irregularidades en el proceso citado, la intervención de las autoridades al negar la toma de nota constituye un atropello a la Constitución y a las leyes y es además un nefasto precedente de la intervención de las autoridades en la vida de las organizaciones sindicales.
De quedar impune esta intervención, los sindicatos sólo podrán operar con la anuencia de una autoridad externa a la que los trabajadores y trabajadoras tendrán que solicitarle su venia para redactar estatutos, reglamentos, para elegir libremente a sus representantes, organizar su administración, sus actividades y formular su programa de acción.
Al igual que el secretario de Trabajo y Previsión Social, nosotros queremos una salida legal. A diferencia de él, nosotros no queremos una confrontación, sino una solución pacífica y conforme a derecho. Esta soberanía tiene la palabra.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de este honorable pleno, el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario del Trabajo y Prevención Social a que resuelva conforme a derecho, en los términos que los estatutos señalan, considerando que ésta es la única manera para que este problema se resuelva, permitiendo que el Sindicato Mexicano de Electricistas pueda recuperar su representación jurídica completa y dejar que el órgano jurisdiccional resuelva conforme a la ley.
Segundo. Exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a resolver a la brevedad y en estricto apego a derecho, sobre los comicios internos del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Asimismo, solicito a la Mesa Directiva se obsequie trámite de urgente resolución al presente punto de acuerdo.
Pido a la Presidencia que este punto se inscriba íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, dos terceras partes por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Hemos recibido el registro de oradores que presentan los grupos parlamentarios. Se le concede el uso de la palabra, en contra de la proposición, al diputado Arturo Ramírez Bucio, del Partido Acción Nacional.
El diputado Arturo Ramírez Bucio: Señor presidente, para solicitarle primeramente, que se revise si hay quórum legal. Creo que no hay suficientes diputados para poder hacer el debate. Solicito que se registren en el tablero.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En los términos de ley, señor diputado, para esta Presidencia hay quórum suficiente para continuar la sesión.
El diputado Arturo Ramírez Bucio: La Ley Federal del Trabajo es muy clara en su artículo 359, donde establece que los sindicatos tienen la autonomía, el derecho de redactar sus propios estatutos.
También, en este mismo ordenamiento legal, la Secretaría del Trabajo y los diputados que representamos al Partido Acción Nacional, tenemos muy claro que el proceso que hoy vive el Sindicato Mexicano de Electricistas se ha politizado de tal manera, que hoy queremos expresarles que los números que se manejan en la elección del secretario de este Sindicato, nos dan las luces claras de que hoy el proceso tendrá que repetirse, porque nos queda claro que estos números están fuera del registro en esta elección.
Primeramente decirles, la Dirección General de Registro de Asociaciones es muy clara y nos señala que los votos obtenidos por unos y otros de los contendientes, la distancia es tan pequeña que hace para nosotros un problema real, fuerte, porque en el registro de los compañeros que votaron para designar, para decidir a su secretario, está por encima del padrón.
De hecho, podemos decir que este padrón, primeramente, el 30 de enero, en el registro que se tiene por parte de la Secretaría, en el 2008, hay un número de 41 mil 975 trabajadores registrados, y en el padrón que se exhibió para esta elección se tiene un padrón de 66 mil 388, lo cual hace una diferencia sustancial.
En ese mismo sentido, la gente, los votantes que se registraron y que están fuera de todo ordenamiento jurídico, nos dicen que hay una diferencia de 352 votos de diferencia, pero que en este mismo sentido se tienen más de mil sufragios que no están registrados en estos padrones.
En ese mismo sentido creemos que la toma de nota que no se le ha dado a quien la exige, es debido a que hay una diferencia sustancial en las divisiones foráneas. De hecho, hay un diferencial del 44 por ciento en los votos.
Es decir, existe una diferencia de 3 mil 827 votos o sufragios por encima de los registrados ante la Secretaría del Trabajo. En ese sentido creemos que nosotros tenemos que luchar por la legalidad en el sindicalismo.
Hoy el sindicato, hoy los sindicatos tienen que buscar ser más representativos y hacer un esfuerzo para que todos aquellos que estén insertos en un sindicato realmente sean representados por sus líderes de forma legal.
Creemos, en definitiva, que el Sindicato hoy por hoy no tiene la mayoría o el presidente que está exigiendo la toma de nota no tiene la mayoría conforme a la elección.
En ese sentido, nosotros pedimos a los diputados que seamos conscientes, que hoy se requieren nuevas relaciones laborales, se requiere que los sindicatos sean artífices y representantes de los trabajadores.
Definitivamente no cumple el titular que está exigiendo, el señor Martín, no cumple con los requisitos que la propia ley le exige para ser representante legal de este sindicato. Hoy por hoy pedimos que esta soberanía se manifieste en contra de la toma de nota del líder sindical Martín Esparza. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado Ramírez Bucio. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Castro Cosío, del PRD, en pro, hasta por cinco minutos.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: Con su permiso, señor presidente. De verdad es, con todo respeto señor diputado, usted es juez y parte. No es posible que venga usted aquí a la tribuna a decirnos que se politiza un asunto y pareciera que usted estuvo en la asamblea, pareciera que usted, contó los votos?
No es así, no es un asunto de números, señor diputado, no es un asunto solamente de una votación está en juego nada más ni nada menos que el respeto a la autonomía y a la independencia sindical. Eso es lo que está en juego, no una elección.
Como en los viejos tiempos de la represión y del garrote, en donde "el Estado soy yo", en donde la arrogancia, la grosería del señor secretario está por encima de los intereses de las y los trabajadores de este país. Basta verlo en una entrevista, la manera como desprecia el derecho y la razón; basta ver al señor secretario con su arrogancia y a negarse cada vez más a entender que las y los trabajadores no pueden ser tutelados por el Estado mexicano de la manera como lo está haciendo.
Este arrogante y grosero secretario hoy lanza sus baterías contra un sindicato más en México. Hoy le toca al SME, hoy le toca al Sindicato Mexicano de Electricistas la intervención de manera abusiva del Estado, del gobierno federal, en la vida interna del Sindicato Mexicano de Electricistas.
¿Dónde está el llamado a la unidad? ¿Ése es el respeto a la legalidad, ése es el respeto al estado de derecho que se plantea hoy? No, compañeros, no nos engañemos más. Se agrede la autonomía sindical de las organizaciones que le estorban al secretario para sus negocios.
Hoy esta secretaría es cómplice de los excesos de sus aliados. Calla y guarda silencio cómplice en otras organizaciones gremiales, que con toda impunidad violentan el derecho y la ley.
¿Quieren ejemplos, señores? Basta y sobra lo que hace Elba Esther Gordillo en las diferentes secciones del país, donde nadie dice nada, simplemente por ser aliada del poder.
Con cuánto desparpajo y cinismo se ataca a los que no son afines, pero se violenta la legalidad sindical, y el señor secretario del Trabajo, con sus conocidos, sus amigos, se permite darle el derecho al delincuente Ramón Gámez, que siendo un prófugo de la justicia está suscribiendo contratos colectivos. ¿Ésa es la legalidad? ¿Ése es el estado de derecho? No compañeros, es la complicidad con los negocios.
Al que se quiere liquidar es al SME, porque es un sindicato que ha combatido con la razón y el derecho por defender su fuente de trabajo. Quieren vender Luz y Fuerza, eso es lo que está atrás. No nos neguemos más, por eso defendemos, no una votación; defendemos la autonomía que tienen los trabajadores para elegir a sus representantes.
No soy yo ni es ningún diputado, ninguna secretaría, la que tiene que intervenir en la vida de los sindicatos. No se engañe, señor secretario, en usar mal la fuerza y el desprestigio de las organizaciones sindicales. Ésta no es la vía para alcanzar la concordia y la democracia nacional; por el contrario, lo único que está haciendo con su arrogancia es dejar claro el desprecio que ustedes en el gobierno tienen en contra de los trabajadores que se oponen a sus negocios privatizadores.
Deje a un lado, señor secretario, su interés por liquidar la Compañía de Luz y Fuerza. Señor secretario, ya déjese de entrometer en los asuntos sindicales y dedíquese a buscar mejores condiciones de vida y de trabajo para los obreros de este país.
No es el momento, señor secretario, de más provocaciones y abusos en contra de los trabajadores. No se entrometa más ni siga pisoteando el derecho y la autonomía sindical. Dejemos que los organismos sindicales decidan por sí mismos. No más intervención en contra de las trabajadoras y los trabajadores de este país.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Castro Cosío. Tiene el uso de la palabra el señor diputado José Gerardo de los Cobos Silva, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado José Gerardo de los Cobos Silva: Con su permiso, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. El día de hoy en la mañana se instaló la Comisión de Trabajo y Previsión Social ?les pido respeto? y ahí estuvimos.
En la instalación manifestamos, a través de un compañero de cada grupo parlamentario, la intención de buscar acuerdos y de sumar esfuerzos para sacar adelante la reforma laboral, la que está pendiente.
Don Tereso, presidente de la comisión, enmarcó en su mensaje final la intención de todos de sumar esfuerzos en este sentido. Eso es no con visión partidista, sino con una visión a favor de México; más allá de lo posible, más allá de lo deseable, lo que es necesario hoy por hoy en este país.
En el asunto concreto del SME (Sindicato Mexicano de Electricistas), simple y sencillamente anotar dos cosas. No se busca privatizar ni vender absolutamente nada. Hay un proceso ?le pido respeto, compañero? en el cual la autoridad, ciertamente registral, fue requerida por los propios participantes para que les diera la toma de nota. Si a nosotros no nos gusta ese procedimiento que está en la ley, tenemos la oportunidad ?cuando hagamos la revisión integral de la ley? de cambiar ese proceso. Pero hoy por hoy, es lo que la ley establece.
Aprovechando, a mi compañero interlocutor le digo que fueron los propios participantes los que le piden a la Secretaría del Trabajo que se les otorgue la toma de nota. Repito, si no nos gusta ese procedimiento, aprovechemos la voluntad de todas las fuerzas políticas que participamos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social ?que hoy se instaló? precisamente para hacer esas propuestas.
Yo creo que, efectivamente, el marco laboral debe defender ?fíjense bien? los intereses de la clase trabajadora. Su servidor, como laboralista, es un convencido de que el sindicalismo no solamente en México, sino en todo el mundo, es un elemento necesario para el desarrollo.
Los sindicatos no son parte del problema, son parte de la solución y en ese sentido debemos buscar que efectivamente los agremiados en los sindicatos se sientan perfectamente representados, empezando por sus propios líderes.
El diputado Ramón Jiménez López (desde la curul): Señor presidente, por su conducto, si el orador me acepta una pregunta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, señor diputado. El diputado Ramón Jiménez López, desea hacerle alguna pregunta. ¿Acepta usted la pregunta o no la acepta?
El diputado José Gerardo de los Cobos Silva: Sí, con todo gusto, señor presidente.
El diputado Ramón Jiménez López (desde la curul): Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido paren el cronómetro y el señor diputado haga la pregunta correspondiente.
El diputado Ramón Jiménez López (desde la curul): Solamente quiero preguntarle al orador. Él hace un momento mencionó que de acuerdo con la ley vigente, el día de hoy es que se ha incurrido en violaciones a la misma. Por eso argumenta él que no le dan la toma de nota al sindicato.
Yo quisiera preguntarle si fuera tan amable de decirme, ¿qué ley establece lo que usted está afirmando, si fuera tan amable por favor? O si no es una ley y es un reglamento, que entonces es una cosa diferente. Porque usted sugiere también que aquí debemos reformar la ley a la que hace alusión. ¿De qué ley está hablando usted, señor diputado, si fuera tan amable?
El diputado José Gerardo de los Cobos Silva: Sí, compañero diputado. Primero le aclaro que lo que usted acaba de afirmar yo no lo dije. Yo lo que dije, si son tan amables de poner atención, sobre todo el compañero.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido, señor diputado, que se eviten los diálogos con el resto de los compañeros diputados y concluya usted su intervención.
El diputado José Gerardo de los Cobos Silva: Es para contestar la pregunta, señor presidente. Yo lo que dije es que son precisamente los participantes los que le han solicitado a la autoridad laboral el que se les otorgue la toma de nota. No, pues son los participantes los que han solicitado la toma de nota, precisamente eso es lo que se alude como conflicto, que no se le ha otorgado la toma de nota.
Entonces cómo le dice uno, por un lado, a la autoridad laboral: no me has dado la toma de nota que te estoy solicitando, y por otro lado, le decimos que no intervenga. Por eso digo, es una oportunidad la que tenemos en estos momentos.
Hoy instalamos la comisión. Hoy manifestamos sumar los esfuerzos de todos en un tema que es importante. El trabajo es el motor del desarrollo de cualquier país, en ese sentido tenemos esa oportunidad. Hay un proceso que se está desahogando.
Yo quiero intervenir en el sentido de que no contaminemos lo que hoy echamos a andar?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pregunto, señor diputado, ¿ha contestado ya la pregunta? Para que el cronómetro continúe.
El diputado José Gerardo de los Cobos Silva: Sí, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Que siga adelante el cronómetro, por favor. Adelante, señor diputado.
El diputado José Gerardo de los Cobos Silva: Para concluir, no pienso agotar el tiempo, es si hoy establecimos un mecanismo, un método, para poder concurrir todos, escucharnos y lograr lo que sea necesario para México en la materia laboral.
Yo les pediría que no contamináramos este esfuerzo, aunque son respetables todas las opiniones, y aprovechemos esta oportunidad.
Hoy lo dijimos en la instalación de la comisión, que ojalá la LXI pueda sacar adelante muchos acuerdos que no se han logrado sacar en el pasado, empezando por la Comisión del Trabajo.
Don Tereso, le manifestamos ?usted lo oyó? nuestra disposición a sumar esfuerzos.
Entonces vamos por México. No vamos por sectarismos ni por visiones particulares. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Rodolfo Lara Lagunes, del Partido de la Revolución Democrática, en pro, hasta por cinco minutos.
El diputado Rodolfo Lara Lagunes: Compañeras diputadas y compañeros diputados, para el Partido de la Revolución Democrática se está iniciando ya lo que acaba de mencionar el compañero diputado, la reforma laboral, que tanto ha venido exigiendo quien ocupa el Poder Ejecutivo federal.
No es el partido el que está politizando este asunto. Ojalá y fuera solamente una cuestión de legalidad, pero desde un día antes de que el secretario del Trabajo negara la toma de nota, ya se estaba iniciando en los medios masivos de comunicación la satanización del Sindicato Mexicano de Electricistas y de su dirigente.
El día de ayer nos enteramos, a través de un desplegado, cómo una serie de organismos proempresariales y de derecha siguen cuestionando, están cuestionando las condiciones laborales de los trabajadores electricistas.
Les duele mucho, y eso es lo que francamente molesta, irrita, que los trabajadores de este sindicato ganen buenos salarios. Les molesta que se jubilen en condiciones humanas. Les molesta que estos electricistas ganen dos veces más que el término medio de los obreros.
Quisieran, con la reforma laboral, que los trabajadores de México trabajaran como los obreros chinos, en donde entran a las 8:00 de la mañana y salen a las 8:00 de la noche. Pero eso no lo vamos a permitir.
No es estrictamente un problema legal. Ya el mismo Consejo Coordinador ayer está pidiendo la desaparición de Luz y Fuerza del Centro. No se están refiriendo al problema interno del sindicato, sino que se están dando argumentos precisamente para desaparecer este organismo y por tanto desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas.
Miren nada más hasta dónde llega esta aberración. El Sindicato Mexicano de Electricistas es el primero en este país en haber introducido el voto secreto, directo y universal en las elecciones.
Desde 1916 es este sindicato vanguardia de la democracia sindical en nuestro país. Es un sindicato históricamente democrático y por lo mismo pensamos, el partido y las fracciones de izquierda, defenderlo dentro y fuera de la tribuna.
Podría pensarse, y aquí se ha dicho, que es el espíritu de legalidad lo que rige la actuación del secretario del Trabajo, pero me pregunto: ¿por qué si tanto respeto hay por la legalidad, el año pasado Elba Esther Gordillo vuelve a reelegirse, y tiene ya cerca de 20 años dentro de este organismo sindical? ¿Por qué se reeligió sin haber realizado el congreso respectivo para ello? Sin embargo, a pesar de haber violado los estatutos del propio SNTE, a pesar de ello, la Secretaría de Trabajo le dio la toma de nota.
Estamos viendo aquí la doble cara, la doble moral. Por eso nosotros en esta tribuna le exigimos al secretario del Trabajo que cumpla con la ley y la ley es clara. Los sindicatos solamente le solicitan a la secretaría la toma de nota, no le están pidiendo una valoración, no le están diciendo que juzguen si la elección fue o no de acuerdo a los estatutos respectivos.
Ya lo dijo ayer aquí el compañero diputado Porfirio, la Secretaría de Trabajo no es el IFE sindical. Por tanto, exigimos el respeto irrestricto para esta elección y el reconocimiento pleno al secretario Martín Esparza Flores.
Finalmente, queremos dejar bien claro: no están solos los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Contarán, como siempre, con el pueblo de México y con el Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Ha solicitado la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados y compañeras diputadas, cada que Acción Nacional dice que va por México me entra una preocupación terrible porque viendo su actuación me queda claro que van a saquear a México.
Ahora lo que pretenden es liquidar a la Compañía de Luz y Fuerza para entregarla a las transnacionales.
De hecho Lozano Alarcón es cabildero de las empresas de telecomunicaciones. Iba a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le cerraron el paso, lo mandaron a la Secretaría del Trabajo y desde ahí ha estado haciendo el trabajo sucio para quien usurpa la Presidencia de la República, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.
Miren, Lozano Alarcón es un melómano, como muchos fascistas y líderes nazis. No todos los melómanos lo son; él sí comparte ambas condiciones; y es, además, un zascandil. Voy a explicar por qué lo es.
Aquí se está diciendo que no dieron la toma de nota porque hubo irregularidades en la elección interna y ya se están convirtiendo en tribunal electoral aquí los compañeros de la bancada del PAN.
Pero les digo que si Lozano Alarcón hubiera sido la mitad de puntilloso con la elección del 2006, le habría dicho a Calderón que no tomara protesta porque él no había ganado la elección presidencial.
Ahora, en esta situación, se mete en cosas que no le corresponden. El Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito estableció en el amparo 1875/2005 con respecto a la toma de nota. Ahora bien, debe considerarse que la facultad mencionada, tiene como objetivo que, mediante el cotejo de las actas y documentos, se verifique el cumplimiento de los aspectos formales del procedimiento que señalan los estatutos para elección o cambio de dirigentes, como puede ser el que haya existido una convocatoria, que se celebró una asamblea y que por voto de la mayoría de los agremiados se eligió a la directiva cuya toma de nota se pide.
Sin embargo, tal facultad no entraña la posibilidad de que la autoridad registradora resuelva acerca de cuestiones de hecho que algunos inconformes hagan valer como determinantes de la nulidad de la elección, como pudieran ser la falta de identificación de los trabajadores, que la asamblea en realidad no se realizó, que votaron personas que no tenían derecho a sufragar, entre otras, pues la declaración de nulidad o anulación de la elección de referencia no compete a la autoridad laboral registradora, sino a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en caso de que se promueva un juicio laboral, es decir, una contienda entre partes en las que se tenga la oportunidad de decir sus pretensiones y proponer pruebas en defensa de sus correspondientes intereses.
No le corresponde al secretario del Trabajo negar la toma de nota por los argumentos que ha dado. El secretario del Trabajo del gobierno usurpador debe dar la toma de nota, pero deja en estado de indefensión a los trabajadores porque viola la ley y dice: "yo decidí no darla porque la elección fue irregular". ¿Qué facultades tiene él para juzgar si la elección fue regular o no lo fue?
Pero lo más importante. Cuestiona nada menos que a uno de los sindicatos que tienen la vida democrática más activa del sindicalismo en nuestro país. Es el colmo del subterfugio que estén utilizando este mecanismo para tratar de liquidar a la Compañía de Luz y fuerza.
Tengo aquí un decreto que expidió el 16 de marzo de 2009 Calderón para requisar la compañía de luz. Por supuesto plantea la intervención del Ejército, disfrazado de policía federal preventiva, y propone que esté al frente de la compañía, como administrador, un sujeto de nombre Everardo González González.
Este sujeto fue acusado en Nuevo León, cuando era nada menos que gerente de la División Golfo-Norte de la CFE, de haber introducido 14 contenedores con ascareles procedentes de Altamira y haberlos escondido en una subestación eléctrica. Fue denunciado también el entonces gobernador Fernando Canales Clariond, quien por cierto está en la empresa NL Comunicación, interesada en quedarse con la parte de los mil 100 kilómetros de fibra óptica que ha venido trabajando la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Estas cosas son de las que estamos hablando y no de la elección interna del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso es que cuando digo que hay doble moral en el Partido Acción Nacional y doble moral en su discurso me estoy refiriendo a estas cosas.
Quiero terminar recordando algunas perlas de Lozano Alarcón. Zhenli Ye Gon lo acusó de haberlo presionado para que resguardara aquellos millones de dólares. Lozano dijo que lo iba a denunciar, que lo que ganara de la denuncia lo iba a meter a una asociación privada de ayuda pública y por supuesto no ganó la demanda.
A Carlos Slim le dijo que no tenía razón sobre el escenario grave de la crisis económica. ¿Quién se tuvo que comer sus palabras, les pregunto compañeros de la fracción del PAN?
Y termino simplemente planteando a los jilgueros que me están poniendo música ?el melómano es Lozano Alarcón? que declara: "ni el chantaje ni las movilizaciones, ni las afectaciones a terceras personas harán obtener las cosas que no les corresponden". A quien no le corresponde liquidar la Compañía de Luz y Fuerza es al gobierno usurpador y les exigimos responsabilidad y respeto a la compañía de luz, al sindicalismo y a la vida democrática de ese sindicato, que es ejemplo en este país. Muchas gracias, compañeros y compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional. Perdón, diputado. Dígame por favor, diputado, con qué objeto.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo (desde la curul): Si no hubiera otro Porfirio en la sala, como oí mi nombre. Le pido para alusiones personales. Oí, Porfirio, cuando entraba, en un orador, si hay otro, lo compartimos. Gracias, presidente. Para alusiones personales.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Desde la curul haga favor de intervenir señor diputado. Nadie ha mencionado el nombre de Porfirio... Pero con mucho gusto.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sí, el profesor Lagunas.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo (desde la curul): El profesor Lagunas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputado.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Ciudadano presidente, tendremos en la Comisión del Trabajo, de la que formo parte, el jueves, oportunidad de tener un amplio debate con el señor Lozano.
Yo quiero dejar aquí sentados dos o tres puntos fundamentales. No se ha politizado este asunto; es profundamente político, es parte de las reformas estructurales del periodo postrero de la reforma neoliberal, es parte de la privatización del sector energético.
Si no vemos el problema de conjunto, no entendemos lo que pasa. Cualquier recomendación del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional en el marco del Consenso de Washington, alude a la totalidad del sector energético.
En este caso son sujetos de problemas potenciales, tanto el Sindicato Único de Trabajadores Eléctricos de la República Mexicana, que es el sindicato nacional de industria en el ramo, el Sindicato de Trabajadores Petroleros y el Sindicato de Trabajadores de la Energía Nuclear.
Segundo. El caso del SME tiene enormes peculiaridades que hacen comprender el fondo del asunto.
Cuando la energía eléctrica mexicana estaba en manos de compañías extranjeras, el presidente Lázaro Cárdenas creó la Comisión Federal de Electricidad, para efectos nacionales que entró en competencia con ellos, pero el núcleo duro del interés extranjero, el punto estratégico era la Mexican Little Powell, que es la actual compañía mexicana de luz, porque es la que surtía de electricidad a la capital de la república.
Cuando se logró la compra de la Mexican Little Powell, todas las demás compañías extranjeras vendieron, y fue sí como se reformó la Constitución para nacionalizar esa rama de actividad económica.
Esa es la razón porque los gobiernos revolucionarios de entonces fortalecieron al Sindicato Mexicano de Electricistas. No es cualquier sindicato, es un símbolo histórico, es y sigue siendo un Sindicato revolucionario.
Tercero, conozco la biografía del señor Lozano, nos ha hecho una síntesis esta mañana el gran periodista Miguel Ángel Granados Chapa. Es una gente que ha servido invariablemente a intereses privados, y que como se le llama en esa columna, tiene talante de provocador. Lo que está haciendo es tender una trampa. Es tan absurdo e insolente, tan ilegal detener una toma de nota de un sindicato que no se puede entender sino como una bravuconada. Encima de tener los fondos sindicales, que legalmente la empresa está obligada a depositar, es una doble provocación.
Lo que quieren es que el Sindicato pierda la paciencia, se vaya a la huelga, requisen la empresa y éste sea el antecedente de su privatización. Por eso esta mañana, al escuchar en la comisión a los líderes sindicales ?a quienes conozco bien, porque trabajamos durante mucho tiempo?, entendí su estrategia.
Hay solidaridad entre los sindicatos de México para no dejarse provocar. Es necesario que esta Cámara tome cartas en el asunto. Se tiene que investigar la transferencia de contratos como el de fibra óptica, que eran concedidos al sindicato porque es la misma práctica que se han seguido en los dos últimos gobiernos en Petróleos Mexicanos, que es dar concesiones a familiares, a parientes y a amigos que luego precipitan la privatización. Es el caso ?y lo digo? de quien fue secretario de Gobernación y murió trágicamente; es el caso Mouriño. La privatización por la vía del conflicto de intereses y la liquidación de los organismos defensores de la soberanía nacional. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores. Mi grupo parlamentario considera oportuno fijar su posición respecto al asunto en debate. En principio diré que los diputados del Partido Revolucionario Institucional coincidimos con los antecedentes y consideraciones de la proposición que ahora se discute. Por una parte, porque nosotros pertenecemos a un instituto político comprometido con el respeto irrestricto a los derechos laborales y de organización de los trabajadores. Por otra parte, porque estimamos equivocada la estrategia asumida por la Secretaría del Trabajo en relación con el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Ante la situación por la que atraviesan los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, el Grupo Parlamentario del PRI considera necesario reiterar su solidaridad histórica con el sindicalismo mexicano, en su conjunto, y de manera particular con el SME, de 94 años de tradición histórica en las luchas de los trabajadores.
Por ello es que rechazamos cualquier tipo de prejuicios en las relaciones entre el gobierno y los sindicatos, y con mayor razón, no admitimos que la autoridad administrativa, bajo pretexto de fiscalizar su vida interna, pretenda vulnerar su autonomía y formas propias de organización.
Mi grupo parlamentario está cierto que las discrepancias, los desacuerdos, o la falta de coincidencias que en cualquier grupo social a veces se presentan, y la de los trabajadores, no es la excepción, tienen que ser resueltas mediante el diálogo entre ellos mismos, y de no ser esto posible, ser dirimidas por medio de la normatividad laboral, y a través de los órganos jurisdiccionales competentes. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene, pues, la palabra.
En repetidas ocasiones, el PRI se ha pronunciado por el apego absoluto de las autoridades a las normas contenidas en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, y por ello no puede, de ninguna manera avalar acciones que vulneran los derechos y las conquistas adquiridas por la clase trabajadora.
Nosotros reivindicamos la contratación colectiva, el derecho de huelga y la libre asociación sindical como mecanismos legítimos y prácticos de la lucha obrera. Nos queda claro, por ejemplo, que es necesario avanzar en la democratización del país y en el caso sindical, no es ni debe ser la excepción.
Temas como la representación de las minorías en la integración de los comités ejecutivos sindicales, limitación en la elección de dirigentes o mayor transparencia en el manejo de cuotas de los trabajadores están a debate y forman parte de la agenda de una futura reforma laboral, pero mientras esto no se materialice y se haga positivo, tenemos que atenernos a lo que ahora establece la ley vigente.
En el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas sabemos que su proceso de renovación de dirigencia fue competido, se habla de inconsistencias e irregularidades, pero también sabemos que si esto realmente sucedió es a los propios trabajadores de ese sindicato a quienes intramuros correspondería ejercer sus derechos para, en su caso, restituir los que les hubiesen sido vulnerados, o bien, incentivando la intervención de las autoridades legalmente competentes para la resolución de su diferendo.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social no debe, y mucho menos de manera oficiosa, convertirse en la abogada de una de las partes en conflicto; por el contrario, pensamos que la Secretaría del Trabajo está llamada a asumir el papel de amigable componedor, de mediador entre las partes en conflicto. Ésta no puede ni debe actuar como juez de hecho.
Para nosotros, es claro que la Secretaría del Trabajo se equivoca al asumir un comportamiento beligerante, parcial, prejuiciado hacia una parte, cuando tendría que ser institucional, prudente, conciliatoria y respetuosa.
En momentos como los que vivimos, de crisis económica, de frustración social, de desencanto en nuestras autoridades, las dependencias del gobierno federal deberían evitar discusiones y enfrentamientos que a lo único que contribuyen es a la crispación de la sociedad mexicana. No actuar así, resulta inexcusable.
La Secretaría del Trabajo, en el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, como en todos los conflictos laborales, sean éstos colectivos o individuales, debería actuar con sensibilidad, sin maniqueísmos?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Concluyo, señor presidente. Por la importancia de este tema, su venia, por favor.
Sin maniqueísmos, descartando las falsas premisas de democracia sindical a ultranza, dirigentes químicamente puros, corrientes buenas y malas, para no caer en la revisión tendenciosa de documentos para encontrar defectos e irregularidades en los procesos electorales sindicales.
Aquí se ha hablado de temas importantes, subsidios que es importante analizar en el SME y en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro; asuntos que deben analizarse por las autoridades competentes, pero fundamentalmente mi fracción parlamentaria se pronuncia por un respeto irrestricto al derecho de los trabajadores y sus organizaciones para definir en plena autonomía su vida interna. Por eso, avalamos plenamente el punto de acuerdo aquí planteado. Muchas gracias, señoras diputadas y señores diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Ha solicitado y tiene el uso de la palabra, el diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Francisco Hernández Juárez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, antes que nada quiero agradecer al Partido de la Revolución Democrática, al Partido Revolucionario Institucional, al Partido del Trabajo, a Convergencia, por haber apoyado esta propuesta.
Creo que la Cámara está hoy contribuyendo con esta votación, con el apoyo de esta propuesta a encontrarle una salida legal y pacífica a este conflicto.
Quise hacer estas aclaraciones porque yo no vine a discutir ni presenté ningún elemento que tuviera que ver con el padrón electoral. Yo no estuve en el proceso, yo no fui de los jueces que estuvo en la votación. Los únicos que tienen esta información son los trabajadores electricistas y el secretario del Trabajo.
No sé cómo el PAN puede proveerse de información tan directa, porque hablar de que el padrón estuvo inflado, que hubo mil, que inclusive llegaron por no sé qué lugar; pues salvo que directamente los hayan conducido quienes hablan de esto, sólo de esa manera se puede hablar con tanta certidumbre del manipuleo del padrón, porque ni los propios trabajadores hoy están claros de qué pasó en el proceso electoral.
Es evidente que hay dudas, es evidente que hay cuestionamientos. La votación fue muy cerrada y quienes perdieron alegan que hubo afectaciones al proceso y piden que se revise el proceso. Eso me parece que yo lo he escuchado ya en las elecciones para presidente de la república y nunca ?me imagino que esa duda hubiera entrado? nos hubieran dejado sin presidente en el país. No me imagino por qué esto lo llevan como consecuencia de las dudas del proceso electoral, a dejar sin dirigencia al Sindicato Mexicano de Electricistas.
Que son facultades del secretario general atender las quejas de los contrarios a los procesos normales a la dirección del sindicato y de esa manera está actuando un compañero de alguna fracción parlamentaria, que preguntó ¿sabe usted a qué ley se refiere? La Ley Federal del Trabajo dice que los trabajadores tienen derecho a organizar su sindicato, a coaligarse para defender sus intereses y sólo pone como condición que sea lícito y pacífico.
El gobierno elaboró un reglamento con leyes secundarias que ahora en su aplicación puso por encima de la ley. En función de ese reglamento, es que se da esa facultad que no le da ese derecho que la autoridad pretende tener.
Pero quisiera yo, además de agradecer a los compañeros de las diferentes fracciones parlamentarias que aceptaron apoyar esta propuesta, exhortar a mis compañeros del PAN. Lo único que estamos pidiendo es que el gobierno, el secretario del Trabajo, cumpla con la ley y que lo haga dentro de lo que establece la Ley Federal del Trabajo y lo que señalan los estatutos.
Déjenme decirles en qué estamos desde el punto de vista legal, para que ustedes entiendan por qué es la única solución. El secretario del Trabajo recibe una inconformidad de la oposición ?de los que perdieron? y dicen que las elecciones estuvieron amañadas y que no deben entregar la toma de nota al secretario de ganó, a Martín Esparza.
El secretario, con la información que tiene, determina que sí hay irregularidades y decide no entregar la toma de nota al secretario general. El secretario ya dio un paso irreversible, ya decidió dejar sin dirección al sindicato.
Si el secretario del Trabajo quiere que se respete la ley y resolver el problema sin conflicto, lo que debería de haber hecho es decirle al comité ejecutivo ?mandarlo llamar?, al comité central: tengo elementos para suponer que hay anormalidades en su proceso. No voy a entregarles la toma de nota. Procedan ustedes en consecuencia.
El estatuto de los electricistas dice que si hay un conflicto electoral ellos deben convocar a una asamblea extraordinaria de inmediato y en la asamblea extraordinaria nombrar a quien va a estar en ese momento de crisis hasta que resuelvan los órganos jurisdiccionales el proceso electoral.
Si uno quiere conflicto no les dice "deja el sindicato sin dirección", los manda a la calle y entonces va a rodearse de toda la solidaridad de que todos creemos que debe rodearse ese sindicato.
Si se quiere resolver de manera pacífica, simplemente se les deja que hagan su asamblea extraordinaria, que resuelvan quién va a ser su dirección, puede ser Martín o quien ellos decidan, y el secretario no tendría dificultad para entregar la toma de nota; si quiere que el problema se resuelva de manera pacífica. Si hay otra cosa atrás, que no sea eso...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ... Pediríamos al orador concluir.
El diputado Francisco Hernández Juárez: Ya voy a terminar, señor. Entonces, uno se pone a pensar: entonces a lo mejor quieren aprovechar esto y lo toman como pretexto para entrarle a la reforma energética y a su privatización; o es que pronto el secretario de Trabajo va a presentar una reforma laboral y quiere romper el frente que va a ver esa reforma laboral.
Si no es eso, pienso que el PAN ?con todo respeto? puede estar de acuerdo, porque lo único que estamos pidiendo es que el secretario de Trabajo proceda de acuerdo a la ley y a lo que los estatutos establecen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Roberto Gil Zuarth.
El diputado Roberto Gil Zuarth: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hemos escuchado muchas especulaciones en este debate. Hemos escuchado también la argumentación de distintos actores políticos, de distintas fuerzas parlamentarias que tienen asiento en esta legislatura.
Nosotros tenemos una posición clara, muy clara sobre el tema del Sindicato Mexicano de Electricistas, y la posición no es otra que se aplique la ley en el marco de la autonomía del sindicato, con responsabilidad. No nos confundimos nosotros en ese debate, ni utilizamos ese debate para generar especulaciones sobre lo que no existe. Ni privatizaciones, ni ventas.
Acción Nacional está por la eficiencia de las empresas públicas como Luz y Fuerza del Centro, porque aquí tienen voz sindicatos t tienen voz distintos actores sociales, pero también debemos escuchar la voz de miles de usuarios, millones de usuarios del servicio público de electricidad que tiene cortes, que le cobran la tarifa de manera injusta y que padecen ineficiencias estructurales de muchas empresas públicas.
Nosotros vamos a ser la voz en este parlamento que represente esos millones de usuarios que no tienen aquí participación. Es un asunto de legalidad y no nos podemos equivocar. El procedimiento que está aplicando la Secretaría del Trabajo no solamente está previsto en las leyes; también está previsto, reconocido y avalado por la Suprema Corte de Justicia, no en tesis aislada, sino en jurisprudencia obligatoria.
El Comité de Libertad Sindical de la OIT también ha reconocido la vigencia y validez de procedimientos registrales que son constitutivos de personalidad jurídica. Nosotros, desde Acción Nacional, llamamos al debate de fondo, y el debate de fondo es el régimen jurídico de los sindicatos. El debate de fondo es la eficiencia de las empresas públicas, el debate de fondo es la aplicación de los más de 50 mil millones de pesos que anualmente se asignan a Luz y Fuerza del Centro. En ese debate estaremos. En ese debate permanentemente estaremos atentos y participantes. No incurramos, hoy en falsos debates.
En Acción Nacional siempre hemos reconocido el valor de los sindicatos como fórmulas de compensación de desigualdades en las relaciones laborales. Eso está en nuestra declaración de principios, desde nuestros orígenes.
No estamos confundidos ni extraviados, como muchos aquí ya lo dejaron claro. Y nosotros fuimos, en distintos momentos, quienes llamamos a que este asunto se resuelva en las instancias competentes.
Tienen los mecanismos legales las partes involucradas en ese diferendo para resolver la cuestión. Han anunciado ya la interposición de acciones jurídicas nacionales como internacionales.
No hagamos de este Parlamento comité de agravios de unos cuantos. Este Parlamento debe velar por el interés nacional, y el interés nacional pasa por el análisis objetivo, imparcial, de la realidad política y específicamente de los hechos sociales.
No debemos, bajo ninguna circunstancia, convertir este Parlamento en el espacio único de expresión de sólo ciertas voces. Debe resolverse ese conflicto en el marco de la ley, y a esa convocatoria están llamados todos por Acción Nacional. Que ese asunto se resuelva en las instancias competentes y discutamos aquí lo que nos corresponde: hacer leyes para mejorar la gestión de los servicios públicos básicos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Ramírez Marín, dígame.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente, para pedirle atentamente consulte a la asamblea, una vez agotada la lista de oradores, lo considere suficientemente discutido.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Mire, diputado, tenemos registrado al diputado Jaime Cárdenas Gracia y al diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Una vez que hagan uso de la palabra, con mucho gusto procederemos a lo que usted solicita.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. Una vez que concluyamos con estos dos oradores que están registrados, preguntaremos, si la asamblea nos autoriza, con mucho gusto, estaremos otorgando, todo el tiempo que la asamblea nos autorice, la palabra, señor diputado. Adelante, señor diputado Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Con su venia y con la venia de todas las compañeras y los compañeros. No es, como hemos escuchado aquí, la toma de nota un acto constitutivo.
Los criterios reiterados del Poder Judicial federal hablan de la toma de nota como un acto administrativo de carácter declarativo. No podría ser de otra manera, porque de acuerdo al artículo 123, apartado A, fracción XVI, de la Constitución, el derecho que protege y garantiza el derecho de asociación sindical es un derecho en donde las autoridades administrativas no tienen facultades para intervenir ni entorpecer la vida interna de los sindicatos.
Y eso lo señala, con toda precisión, el artículo 382 de la Ley Federal del Trabajo: "está prohibido para las autoridades administrativas entorpecer la vida sindical".
Eso mismo lo señala el artículo 3o., párrafo segundo, del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado mexicano, que establece la prohibición de entorpecimiento de la vida y de la libertad sindical.
La autoridad del trabajo administrativa, el secretario del Trabajo, al no dar la toma de nota dentro del término de tres días que establece el artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo está entorpeciendo la vida interna sindical, la libertad sindical, al privarlos también de las cuotas, al retener las cuotas, está afectando la autonomía sindical.
Hay que decir que la autoridad administrativa laboral, el secretario del Trabajo, cuando conoce de una toma de nota o de un registro sindical, solamente puede conocer de requisitos formales, pero nunca sobre cuestiones de hecho, porque invadirá la autonomía sindical.
La única autoridad, las únicas autoridades que pueden atender a cuestiones de hecho, materiales, cuando se provoque un conflicto laboral entre grupos al interior de los trabajadores, son las autoridades jurisdiccionales, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y en su caso los tribunales federales. Pero esto no lo puede hacer el secretario del trabajo. Su intervención es meramente, repito, administrativa, declarativa, no constitutiva. El secretario del Trabajo, como lo mencionó el martes pasado el diputado Muñoz Ledo, no es un IFE sindical, no concede la toma de nota ningún efecto constitutivo, es simplemente administrativo y declarativo.
Por lo tanto para nosotros, para nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hay un claro exceso, una deficiente actuación del secretario del Trabajo.
El secretario del Trabajo ha violado el artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo al no dar la toma de nota en el plazo de tres días; ha entorpecido la vida sindical violando el artículo 382 de la Ley Federal del Trabajo; ha violentado el artículo 3o. del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y sobre todo, ha trasgredido el artículo 123, apartado A, fracción XVI de la Constitución General de la República.
Por todas estas conductas violatorias de la Constitución, de los tratados y de la Ley Federal del Trabajo, por afectar gravemente la autonomía sindical, el secretario del Trabajo debiera ser sometido a juicio político.
Está en los supuestos del artículo 7o., de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece el artículo 7o., de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que es motivo de juicio político la violación a las normas constitucionales y a las normas legales.
Pido que no solamente respaldemos la propuesta, la proposición con punto de acuerdo leída por el compañero Hernández Juárez, del Partido de la Revolución Democrática, sino que estudiemos seriamente la presentación de un juicio político en contra del secretario del Trabajo por violar tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo y los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez: Muy buenas tardes tengan todas y todos. Con el permiso de la presidencia. Diputadas y diputados: la agenda del país requiere cambios profundos. Uno de ellos es en materia laboral. La agenda laboral es sumamente importante para trascender, no sólo respecto del desarrollo propio del país, sino de las condiciones mismas de la competitividad del país en el contexto internacional.
No hay que soslayar que este tema del Sindicato Mexicano de Electricistas es relevante, lo es, tanto lo es que se ha venido ventilando un día y otro también, acerca de abusos, acerca de excesos, acerca de caballos, de duelas de bambú, acerca de condiciones de lujo que ya quisiera un magnate para un domingo.
Razones se necesitan para trascender en el marco jurídico que el país necesita. El planteamiento que hemos hecho en Acción Nacional es que tenemos que hacer transformaciones de fondo, que debemos cuidar los recursos de la población que no sólo merece un buen servicio, sino que también merecería que sus impuestos no se despilfarren en gustos exóticos de nadie.
Debemos cuidar el uso de los recursos en tiempos de grandes dificultades económicas. Esta frase la hemos puesto sobre la mesa y está en la gaceta por parte de Acción Nacional. Es nuestro compromiso con la gente y por eso reiteramos que las condiciones no están para apoyar movimientos que no tengan fundamento.
Exigimos y respaldamos la aplicación estricta de la ley. Pedimos que la austeridad reine, como hemos puesto la muestra aquí mismo, y ya no sólo Acción Nacional que comenzó con esta tarea, sino también, afortunadamente, ya permea en los grupos parlamentarios.
Los derechos de los trabajadores tienen que subsistir. Reitero, no privatización, claro. No venta, claro. Pero ¿y la gente? ¿La gente tendrá la culpa de que atendamos primero lo exótico, de que atendamos primero las necesidades primordiales de un liderazgo que ha demostrado no estar a la altura? No. La gente no tiene la culpa. La gente necesita que la defendamos, que no seleccionemos una facción para ponerla por encima del pueblo. A eso no vinimos. No vinimos aquí a jurar respeto a la ley para venir a respaldar a unos en perjuicio de todo el país.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Hemos agotado la lista de oradores. En los términos de los artículos 115 y 116 del Reglamento para el Gobierno Interior, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se declara suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Comuníquese.
La Presidencia tiene un acuerdo de los integrantes de la Mesa Directiva. Pido a la Secretaría proceda a leer al acuerdo de los integrantes de la Mesa Directiva.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Sí, señor presidente.
Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el que se determina llamar a tomar protesta constitucional al C. Israel Ceja, suplente del ciudadano Julio César Godoy Toscano.
Considerandos
Primero. Que de conformidad con el artículo 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados tiene la facultad de dictar resoluciones relativas a su régimen interior.
Segundo. Que en término del artículo 20, numeral 1 y 2, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva cuenta con facultades expresas para garantizar que los trabajos legislativos se desarrollen conforme a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para interpretar las normas en materia parlamentaria que involucren a la Cámara de Diputados.
Tercero. Que con fecha 1 de octubre de 2009 la Cámara de Diputados recibió la notificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a la resolución emitida dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por el ciudadano Julio César Godoy Toscano, en su expediente SUP-JDC0670/2009, por medio del cual en su resolutivo determina lo siguiente:
Único. Se confirma la determinación de negar el registro del actor, en su carácter de diputado federal y la expedición de su credencial por parte del secretario general, subdirector general de Asuntos Jurídicos, presidente e integrantes de la Mesa de Decanos, y presidente de la Mesa Directiva, todos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en los términos precisados en el considerando último de esta sentencia.
Cuarto. Que de conformidad con el artículo 16, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados tiene la obligación de llamar a los diputados suplentes para rendir la protesta correspondiente.
Quinto. Que en observancia a lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, en virtud de la suspensión de los derechos políticos del ciudadano Julio César Godoy Toscano, según la resolución citada en el considerando primero, es menester que esta Cámara de Diputados requiera la presencia del diputado electo suplente, por el I distrito electoral federal, con cabecera en Lázaro Cárdenas, Michoacán, a efecto de rendir protesta constitucional.
Sexto. Que a fin de dar debido cauce a la determinación anterior, es preciso solicitar al presidente de la Mesa Directiva que, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 22, numeral 1, y 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, llame al ciudadano Israel Madrigal Ceja a rendir la protesta constitucional en su carácter de diputado electo suplente, por el I distrito electoral, con cabecera en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Lo anterior, sin menoscabo de que, en caso de que se resuelva la situación jurídica del ciudadano Julio César Godoy Toscano durante esta Legislatura y le sean restituidos sus derechos político-electorales, esta Cámara de Diputados estaría en actitud de proceder a tomar la protesta de ley que corresponde.
Por razones expresas, esta Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acuerda:
Primero. Se solicita al presidente de la Mesa Directiva se sirva llamar al C. Israel Madrigal Ceja, a rendir la protesta constitucional correspondiente en su calidad de diputado electo suplente por el Distrito Electoral federal I, en Michoacán.
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al pleno de la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de octubre de 2009. Firman: diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente; diputado J. Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente; diputado Felipe Solís Acero, vicepresidente; diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, vicepresidente; diputada María Dolores del Río Sánchez, secretaria; diputada Georgina Trujillo Zentella, secretaria; diputado Carlos Samuel Moreno Terán, secretario; diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, secretario; diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, secretario; diputada María Teresa Rosaura Ochoa, secretaria. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, la votación es mayoría por la afirmativa. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Se aprueba el acuerdo. Aprobado y comuníquese.
Honorable asamblea se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Israel Madrigal Ceja, diputado federal electo en el primer distrito del estado de Michoacán. Por consiguiente y en cumplimiento del acuerdo aprobado, se designan en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes legisladores: José Manuel Agüero Tovar, Jorge Humberto López-Portillo Basave, Leticia Quezada Contreras, Mary Telma Guajardo Villarreal, Emiliano Velázquez Esquivel, Martín García Avilés, Norma Leticia Orozco Torres, y María del Pilar Torre Canales. Les pido cumplan con su cometido.
(La comisión cumple con su cometido)
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Se invita a los presentes ponerse en pie.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ciudadano Israel Madrigal Ceja: ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación?
El ciudadano Israel Madrigal Ceja: Sí, protesto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor Israel Madrigal Ceja, si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.
La Presidencia recibió del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De conformidad con lo que establece el artículo 21, la fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.
La Presidencia recibió del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Desarrollo Social.
De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente.
La Presidencia recibió del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.
Pido a la Secretaría se sirva leer el orden del día de la próxima sesión.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Lectura del orden del día de la sesión del 13 de octubre de 2009.
(Orden del día)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (15:21 horas): Gracias. En razón de que se han cumplido ampliamente las cinco horas reglamentarias de duración de la presente sesión, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 13 de octubre a las 10 de la mañana, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 de la mañana.