La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 342 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (11:03 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si es de dispensarse la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Les rogamos a las señoras y señores de los medios de comunicación, nos hagan favor de ubicarse en su espacio correspondiente con el fin de poder realizar el pleno de esta Cámara de Diputados.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si es de dispensarse la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Gracias. En consecuencia, se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.
Pido a la Secretaría que nos dé cuenta de las Comunicaciones de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Se recibieron comunicaciones de dos diputadas. Ruego a la Secretaría dar lectura.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Solicitud de licencia de las diputadas Kattia Garza Romo y Karla Daniella Villarreal Benassini.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, pónganse a discusión los puntos de acuerdo.
Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas. Permítame diputada y diputado. Con mucho gusto. Lea los puntos de acuerdo primeramente, señor diputado.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Puntos de acuerdo Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a las diputadas Kattia Garza Romo y Karla Daniella Villarreal Benassini, para separarse de sus funciones como diputadas federales electas en la segunda y cuarta circunscripción plurinominales, respectivamente, a partir de esta fecha. Segundo. Llámese a los suplentes.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Este asunto, como ustedes recordarán, tiene relación con aquella discusión que dimos hace unas semanas, en donde mediante el empleo de la figura del suplente, se sustituye a diputadas mujeres por diputados del sexo masculino, lo que conoció la prensa como el tema de Las Juanitas.
A mí me gustaría, señor presidente; señores diputados, señoras diputadas, que en estos dos casos que se acaban de mencionar y de presentar a la discusión del pleno se nos informara, para no cometer ninguna injusticia y no adelantarnos en la argumentación, si se trata de un asunto simplemente referido por el artículo 63 de la Constitución, en donde el Presidente de la Mesa Directiva ha compelido a las diputadas propietarias han trascurrido los 10 días de los que habla el artículo 63 y por eso van a sustituir los suplentes a los propietarios.
Si se trata realmente de un hecho o de hechos o de conductas que estén justificadas, sí se expresaron los motivos, las razones de esta no comparecencia o de no asunción plena del cargo como diputadas federales; o si se trata de lo que comentamos en aquella discusión en el pleno, en donde algunos advertíamos un fraude no solamente a la ley, sino a la Constitución para vulnerar la cuota de género que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es bien importante que tengamos muy en claro si hay motivos de justificación acreditados o si se trata simplemente de vulnerar la cuota de género. Esto es importante que lo tengamos claro al momento de votar y al momento también de discutir este asunto como lo estamos haciendo; o si se trata de la estratagema para vulnerar la Constitución, la ley y la cuota de género.
Esa es la finalidad de mi intervención, señor Presidente de la Mesa Directiva, conocer los motivos de las diputadas para no asistir o para no comparecer ante este pleno. Si hay un motivo justificado o se trata simplemente de abrir el espacio a los diputados suplentes del género masculino para vulnerar la cuota de género. Muchas gracias por su atención, compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le puedo comentar, señor diputado, que fue valorado por la Conferencia, tal como se desprende del dictamen, que en virtud de existir temas de salud se consideró procedente el poder acceder a lo solicitado. No es el tema, no fueron las razones por las que con toda antelación este pleno tomó otra determinación, sino que existen temas de salud, que por respeto a las compañeras diputadas dejaríamos en estos términos. Solamente, repito, que fueron valorados por la Mesa Directiva y por la Conferencia para efecto de proceder a lo solicitado por nuestras compañeras diputadas. Con mucho gusto le transmito esa información.
Al no haber más participantes... Diputado Mario Di Costanzo.
El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (desde la curul): Con otro asunto. Una petición. A lo mejor no es una manera muy ortodoxa, pero quisiera ver si es posible incluir dentro de la agenda política, las declaraciones vertidas por Felipe Calderón y por los senadores del Partido Acción Nacional, en el sentido de que las grandes empresas no pagan impuestos y en el sentido, de que parte de la falta de acuerdos en torno al paquete económico para 2010, se debe a la falta de información que da la Secretaría de Hacienda y que no le cuadran las cifras.
Lo digo porque fue una de las razones por las que tomamos la tribuna, presidente, y porque se está discutiendo el paquete y precisamente, uno de los grandes temas son estas grandes empresas que no pagan impuestos. A lo mejor Felipe Calderón ya está de acuerdo en derogar la consolidación fiscal.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado, ya fue aprobado el orden del día. Los procedimientos para incluir nuevos temas en el orden del día tienen que ser procesados directamente en la Junta de Coordinación Política para efecto de listarlos; entonces, ya fue aprobado, por eso no es posible acceder a su solicitud.
El tema también que fue comentado en la sesión previa de la Mesa Directiva y se acordó que ese tema sea procesado previamente en la Junta de Coordinación Política. Diputada Laura Itzel Castillo.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Primero tú.
El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (desde la curul): Nada más?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Laura Itzel Castillo.
El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (desde la curul): Nada más para hacerle una petición.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): A ver, vente. Ahorita. Es sobre un asunto de procedimiento.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada, se le está concediendo a usted el uso de la palabra, diputada.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Es que es una petición, es una petición.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada, se le está concediendo a usted el uso de la palabra.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): El problema es de qué forma se llevan a cabo los acuerdos. Quisiera señalar aquí específicamente, lo relacionado ?en específico? con esta solicitud de licencia, que me parece que es importante que en el oficio se establezca la razón de acuerdo a como lo marca la propia normatividad de la Cámara. Simplemente esa es la solicitud.
Como ya lo señalaba el diputado Jaime Cárdenas, hubo un largo debate la vez anterior. Quiero solicitar, de manera respetuosa, que se cumpla simplemente con la ley, y que dentro de la licencia que se está solicitando se establezcan las razones. Eso es todo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se toma en consideración sus comentarios, diputada. Le pido a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que han concluido los oradores póngalo a votación.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado secretario. Aprobado. Por consiguiente, comuníquese.
Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Guillermo Cueva Sada, diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal.
Se designa en comisión, para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley y para entrar en funciones, a compañeros de su grupo parlamentario, a efecto de traerlo a esta Cámara a rendir la protesta de ley correspondiente.
(La comisión cumple con su encargo)
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
(Puestos los presentes de pie)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ciudadano Guillermo Cueva Sada, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación?
El ciudadano Guillermo Cueva Sada: Sí, protesto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Señor presidente, se recibieron Oficios
De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: También se recibió otro oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Impuesto a la Compra en Efectivo de Divisas, presentada por los senadores Rosalinda López Hernández y Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa que reforma el artículo 4, fracción II, inciso e) de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, presentada por el senador Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Lázaro Mazón Alonso, del PRD.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Cámara de Senadores que transcribe acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se contemple una partida extraordinaria al presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese el punto cuarto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición con punto de acuerdo para que se disminuyan los subsidios y apoyos fiscales considerados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 destinados a la entidad Servicio Postal Mexicano, presentada por el senador Arturo Escobar y Vega del Partido Verde Ecologista de México.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Señor Presidente, se recibió oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados tomar previsiones en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 con relación a la situación económica que vive el municipio de Cananea, Sonora, derivado del conflicto laboral que se enfrenta en dicha localidad, suscrita por senadores integrantes del grupo especial de trabajo para dar seguimiento al conflicto jurídico laboral suscitado entre los trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana con la empresa Mexicana de Cananea.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición con punto de acuerdo para que dentro del análisis, discusión y aprobación del El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se otorguen mayores recursos para construir la carretera Zacatecas-Durango, presentada por senadores de los estados de Zacatecas y Durango.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores con el que remite acuerdo del Congreso del estado de Zacatecas por el que solicita se apruebe un incremento de los recursos destinados al fomento de la educación en el estado de Zacatecas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. El siguiente punto del orden del día son Minutas
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto, que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de León Neerlandés, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de los Países Bajos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Gran Cruz que le confiere el gobierno de los Países Bajos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto, que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles, remitida para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Justicia. Continuamos con nuestra orden del día con el capítulo de Iniciativas
La Presidencia recibió del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, a través de la asistencia social que brinda el Estado se pretende atender las necesidades de diversos sectores de población y mejorar el bienestar de individuos y grupos. De esta forma, la asistencia social constituye una alta y valiosa expresión de solidaridad.
En tal virtud, resulta conveniente que los subsidios que otorguen las dependencias y entidades de la administración pública establezcan mecanismos de certificación de las actividades del beneficiario, a fin de garantizar la aplicación de los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad en la materia.
De igual forma, es conveniente establecer que los proyectos de reglas de operación de los programas tomen en consideración la existencia de certificaciones cumplimentadas, previo al otorgamiento de cualquier subsidio de recursos públicos.
La política social contiene tanto medidas preventivas como acciones correspondientes a las oportunidades educativas, la oferta de empleo, los beneficios tributarios y, en general, toda otra circunstancia relacionada con los niveles y sistemas de distribución de la riqueza.
Sin embargo, la función administradora de la prestación de servicios asistenciales no es privativa ni exclusiva del Estado. La autoridad administrativa está obligada a reconocer el interés de la propia sociedad por contribuir al alivio de la penuria humana.
En este sentido, el Estado debe buscar las causas generadoras de las necesidades y marginaciones, correlacionarlas y analizar circunstancias y condiciones, formalizar, e incluso fomentar la solidaridad entre los individuos y propiciar las actitudes de la llamada asistencia social privada, cuyo origen en principio radica en la filantropía propiamente dicha.
Por ello, el Estado tiene la responsabilidad de vigilar el funcionamiento de los servicios asistenciales, sus resultados y el comportamiento de los dadores y de los receptores.
Esta responsabilidad deriva principalmente de la facultad que tiene de ayudar con recursos públicos a las instituciones u organizaciones sin fines de lucro y con fines asistenciales, y de verificar que esos recursos se apliquen correcta y transparentemente. Ése es, en puridad de concepto, el principal objetivo de esta iniciativa.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la aprobación del siguiente
Proyecto de decreto
Único. Se adiciona un párrafo tercero a la fracción II del artículo 75, y se reforma el Apartado I del inciso b) de la fracción II del artículo 77, ambos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
"Fracción II. Siempre que la naturaleza del programa lo permita, se establecerán mecanismos de certificación de las actividades del beneficiario, a fin de garantizar el cumplimiento de los criterios para el otorgamiento de subsidios a que hace referencia este artículo."
En el artículo 77, su inciso b), deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo, así como certificaciones cumplimentadas, siempre que la naturaleza del programa lo permita. Los criterios deberán ser precisos, definibles, mesurables y objetivos.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Solicito que la iniciativa que ha sido publicada en la Gaceta, se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, señor presidente. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como usted lo solicita, se inserta en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el señor diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Honorable Cámara de Diputados, las condiciones de pobreza y marginación de millones de mexicanos se ha recrudecido como consecuencia de la actual crisis económica y la falta de aplicación de políticas públicas efectivas y consensuadas por los gobiernos federales anteriores, incluido el de estos tres años.
Hoy en día, tenemos como resultado de un mal gobierno 60 millones de mexicanos sumidos en circunstancias de extremo rezago y marginación y 20 millones de compatriotas en pobreza alimentaria. Si revisamos las cifras, ocupamos los últimos lugares en educación, nutrición, salud y desarrollo humano.
Según organismos internacionales como la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo y la UNICEF, pero en contraste, las percepciones y remuneraciones económicas que año con año reciben quienes han sido titulares del Poder Ejecutivo y lo han ejercido para ubicarnos en esos lugares vergonzosos, continúan previéndose en su monto de primer nivel sin razonamiento y sustento alguno, como parte del gasto público.
Quienes pueden negar que los tres últimos ex presidentes de la república, lejos de haber generado condiciones para alcanzar una vida digna para las mayorías, han alejado con su gestión aún más la posibilidad de construir un proyecto de nación capaz de concentrar la riqueza nacional y reactivar el potencial económico y social del país, para evitar sus grandes problemas.
En la pasada Legislatura se aprobaron un conjunto de reformas a los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de nuestro código político, se planteó como propósito principal de estos cambios constitucionales el de conformar un justo equilibrio entre la realidad económica que viven los gobernados y el eficiente desempeño del cargo, con la remuneración que reciben sus gobernantes.
Esta iniciativa, diputadas y diputados, tiene como objetivo fundamental eliminar las pensiones que tienen los ex presidentes de la república. Ante una crisis económica internacional y en el país, no es posible que ex presidentes que no trabajaron por el país y no trabajaron por la patria, sigan sosteniendo un salario indignante ante lo que pasa en este país.
Hoy, en la actualidad, un ex presidente tiene una pensión equivalente al salario de un secretario de Estado, un seguro de vida y de gastos médicos mayores; una pensión que se entregará a la viuda al momento de la muerte del ex presidente; una pensión que se le entregará a los hijos menores de 18 años al momento de la muerte del ex presidente y además 25 servidores públicos adscritos a la Presidencia de la República.
No es posible que ex presidentes que no trabajaron por el país, que no ayudaron a la patria, que sostuvieron de manera permanente vender la soberanía, sigan teniendo un salario indignante, mientras el poder adquisitivo desciende, mientras la sociedad de nuestro país vive en la pobreza y la marginación.
Por eso solicito una reforma que plantea este documento para eliminar las pensiones vitalicias a los ex presidentes de la república. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Gustavo González Hernández: Con su venia, señor presidente. Como ustedes saben, Acción Nacional, en su plataforma política, propuso la reducción de diputados, así como en su agenda legislativa para este primer periodo.
Es para mí un honor subir a esta tribuna a presentar en nombre de todos los compañeros de Acción Nacional la iniciativa que pretende reformar los artículos 52, 53 y 54, precisamente para reducir en 100 diputados la Cámara de Diputados, y quedar como estuvo en 1987. Como ustedes podrán revisar en la iniciativa, que está publicada, se hace un análisis histórico del número de diputados que existió a través de la historia desde 1917.
Sólo quiero hacer referencia a una serie de argumentos torales que nos permiten a nosotros proponer a esta asamblea que sí debe reducirse el número de diputados de la Cámara de Diputados.
El primer argumento es el de mayor eficiencia. Lo que nosotros pretendemos es que se agilicen una serie de trámites que requieren de un proceso individual de cada uno de ellos en la toma de decisiones parlamentarias. Asimismo, la integración de las comisiones de trabajo legislativo reflejarán la disminución de legisladores, lo que permitirá mejores sesiones de trabajo.
Un segundo argumento es la búsqueda de mayor rapidez en los acuerdos políticos que requiere nuestra nación. Así podemos unificar más rápido los criterios en cuanto sea menor la composición de los grupos.
Pero sobre todo, Acción Nacional está preocupado con el momento que vive México. A Acción Nacional le preocupa que las instituciones no busquen un esquema de austeridad. Es por eso que la reducción de legisladores implicará la disminución de costos en el Poder Legislativo.
Si bien es un beneficio secundario a las funciones legislativas, responde de forma inmediata a las políticas de austeridad impulsadas por el presidente Felipe Calderón, que en la situación económica actual deben prevalecer en la vida pública del país.
Conserva también la pluralidad y fortalece la representatividad, pues la Cámara de Diputados representa al pueblo. Por ello las diputaciones de mayoría relativa representan directamente a la ciudadanía y legitiman la representatividad del órgano legislativo. Sin embargo, en atención a la pluralidad y la adecuada representación de todos y cada uno de los mexicanos en el Congreso, los diputados de representación proporcional deben subsistir, prevaleciendo el sistema mixto de elección, pero con sólo con 100 diputados.
Es pues que la presente propuesta plantea disminuir 100 diputados de representación proporcional quedando la Cámara integrada por 400 diputados. Adicionalmente y con relación proporcional a la disminución hecha, se debe reducir de 300 a 240 el número máximo de diputados que pueda tener un partido político por ambos principios en la Cámara.
Con ello el Partido Acción Nacional cumple con su compromiso de impulsar la modernización del Congreso, fortaleciendo a esta Cámara de Diputados con el claro objetivo de su mejora institucional, en aras de procesos legislativos más eficaces y de una representación popular acorde a los tiempos que vivimos.
Por encontrarse publicada dicha iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, solicito al presidente de esta Mesa que integre estos argumentos y que integre completa la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tiene la palabra el señor diputado. Sí, diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Una rectificación de hechos, diputado presidente. El diputado González Hernández en su intervención dijo que el presidente Calderón, sólo quiero decir que Calderón usurpa la Presidencia de la República.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Adán Augusto López Hernández: Ciudadano presidente de la Mesa Directiva, señores diputados y señoras diputadas, el pasado 29 de agosto de 2008 entró en vigor el decreto por el cual el presidente de la república dejó de necesitar la autorización del Congreso de la Unión para ausentarse del país.
A partir de ese entonces, el titular del Ejecutivo federal puede ausentarse del territorio nacional hasta por siete días sin que medie el consentimiento del Legislativo. El único requisito con el que debe cumplir, el presidente en turno, es el de informar previamente de los motivos de su ausencia a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente, en su caso; así como de los resultados de las gestiones realizadas una vez que haya regresado al país.
En ausencias mayores a siete días se requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. Con la reforma anterior, el Congreso de la Unión abdicó del ejercicio de una de sus facultades constitucionales más importantes en materia de política exterior. Una facultad de control político y democrático que, sin duda, estorbaba a quien hoy ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo federal e incomodaba aquellos legisladores que consideraron una banalidad el escrutinio de la actuación exterior del Estado.
Los principales argumentos de quienes votaron a favor de eliminar la autorización del Congreso para que el presidente de la república pudiera ausentarse del país son los siguientes:
Uno. Se deben reducir los asuntos de la ya de por sí cargada agenda del Congreso de la Unión.
Dos. Se debe simplificar, aunque de hecho se elimina, el régimen del permiso que obstaculiza la eficacia del Ejecutivo.
Tres. Esta reforma dará mayor dinamismo al ejercicio de las facultades del jefe del Estado.
Cuatro. La propuesta no pretende menoscabar en modo alguno las facultades del Congreso.
Cinco. Las circunstancias políticas y materiales actuales son diferentes a aquéllas que dieron origen al actual régimen cerrado de permisos.
Seis. El artículo 88 es un resabio decimonónico, un artículo monárquico que encuentra su antecedente principal en la Constitución de Cádiz, y que choca frontalmente con la esencia y naturaleza de un régimen republicano como el nuestro.
Ante estos argumentos falaces estimo necesario precisar lo siguiente: es claro que las facultades de control democrático que la Constitución asigna al Legislativo son vistas como simples obstáculos que explican y justifican por sí mismos, por qué el Ejecutivo no es eficiente en el ámbito internacional.
Pero la realidad es que la reforma al artículo 88 cercena una de las facultades más importantes del Legislativo en materia política exterior y atenta flagrantemente en contra de uno de los pocos mecanismos de control que el Congreso posee sobre la acción exterior del presidente.
Es cierto que el contexto internacional es cada vez más dinámico y que ello demanda una mayor capacidad de acción. No obstante, no es menos cierto que precisamente ese mismo concepto hace necesario fortalecer las facultades de evaluación y fiscalización del Congreso sobre la acción exterior del Estado.
En el mundo la tendencia apunta hacia el fortalecimiento de las facultades de los parlamentos, no hacia su desmantelamiento. Y si el propio Congreso considera que ocuparse de la actividad exterior del jefe de Estado es algo sin la menor importancia, entonces estaremos dando lugar a uno de los episodios más tristes en la historia del Poder Legislativo en el país. Un episodio en donde es el propio Congreso quien acepta ser un estorbo para el presidente en turno.
Ahora bien, quienes ubican históricamente al artículo 88 como un molesto resabio decimonónico, ignoran o soslayan deliberadamente que el control de la Corte sobre el rey constituye un mecanismo de control parlamentario tendiente a controlar y ejercer un contrapeso sobre el poder absoluto.
Por lo tanto, el artículo 88, en sentido contrario a lo que se ha argumentado, constituye uno de los antecedentes más significativos del constitucionalismo moderno que en nada se encuentra peleado con un régimen republicano y democrático como el nuestro.
Lo anterior no sólo fortalece la colaboración entre Poderes, sino que por el contrario, estimula la conducción unilateral de las relaciones exteriores del país, reduciendo toda posibilidad de arribar hacia un verdadero sistema de corresponsabilidad, equilibrio y efectiva rendición de cuentas.
Por todo ello, señor presidente, señoras diputadas y señores diputados, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Proyecto de decreto.
Artículo Único. Se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 88. El presidente de la república no podrá ausentarse del territorio nacional sin la autorización de las Cámaras del Congreso de la Unión o, en su caso, de la Comisión Permanente.
La ley determinará el procedimiento que habrá de seguirse para promover la eficacia y garantizar la fiscalización de la actuación exterior de Estado. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 80 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se turna a la Comisión de la Función Pública.
Se pospone, por encontrarse realizando otra tarea en estos momentos el diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, su participación al final del turno de iniciativas.
Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Secuestro, reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No se encuentra el señor diputado, por lo que pasa al final del capítulo.
Tiene la palabra la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Con su permiso, diputado presidente. Ojalá que me pongan atención los diputados presentes, que a pesar de que son pocos pueden poner atención. Gracias.
Vengo a someter a su consideración una iniciativa de reforma de ley, que intenta reformar el proyecto de la Ley Fiscal, en sus artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Exposición de motivos
A partir de los años 80 se sentaron las bases de un esquema de coordinación fiscal amplio y de reparto de participaciones más equitativas con la expedición de la Ley de Coordinación Fiscal. Quedó regulado el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con el objeto de evitar la doble tributación, señalar el ámbito de competencias de la federación y de las entidades federativas, así como distribuir a los estados miembros de la federación una proporción de la recaudación federal mediante el establecimiento de convenios.
Con el establecimiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, las entidades federativas cedieron una parte de sus facultades impositivas. Se estableció un orden fiscal más o menos homogéneo, toda vez que ganaron mayores recursos con el otorgamiento de participaciones federales provenientes de ingresos tributarios y no tributarios, así como los obtenidos por la producción y venta de petróleo.
Es durante la década de los 90 que los procesos de descentralización de recursos destinados al combate a la pobreza inciden con mayor fuerza en la Ley de Coordinación Fiscal. En 1998 se incorporaron en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y en el capítulo V de la ley de mérito los fondos de aportaciones federales del Ramo 33.
Con la incorporación de estos fondos la federación transfiere recursos a las haciendas públicas de los estados, municipios y Distrito Federal, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal para los fondos siguientes:
Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Dentro de todos los fondos que conforman el Ramo 33, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) adquiere una especial importancia para los gobiernos locales, ya que representa una importante fuente de recursos financieros y plantea un nuevo esquema de administración de recursos y programas transferidos para la aplicación de la política social.
En cuanto al FAIS es de señalarse que éste se encuentra dividido en dos vertientes: estatal (FAISE) y municipal (FAISM). Los criterios de distribución son ponderados en una fórmula que calcula un índice global de pobreza a nivel familiar, municipal y estatal.
Las aportaciones federales que con cargo al FAIS reciben los estados y los municipios se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentre en condicione de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:
FAISM: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y
FAISE: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o municipal.
No obstante las bondades de dicho fondo es de destacarse que, desde su creación en 1998, al Distrito Federal se le ha negado el acceso a los recursos del FAIS, que están destinados a proyectos para beneficiar a la población en condiciones de pobreza.
Lo anterior en virtud de que el Distrito Federal no es considerado un estado. La problemática del FAIS radica en que, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, sus recursos se distribuyen a los estados y de los estados a los municipios.
El hecho de que se excluya al Distrito Federal de los recursos de este fondo, no radica en que la federación reconozca la existencia de brechas carenciales con base a las cuales se calculan los coeficientes de distribución del FAIS, sino en el hecho de que el Distrito Federal no es un estado, por lo tanto, el problema es de naturaleza jurídica (semántica).
Les pido que analicen esta iniciativa en la comisión correspondiente y que cuando corresponda estar aquí en pleno, todos votemos para que el Distrito Federal no sea excluido de estos beneficios.
El Distrito Federal es la casa de todos nosotros; en el Distrito Federal todos sabemos que hay contradicciones muy profundas; que en las demarcaciones, en las delegaciones tenemos a sectores de altos ingresos y a sectores de muy bajos recursos.
Que no nos sirva este eufemismo o esta falacia jurídica para evitar que el Distrito Federal goce de más de 6 mil millones que le están recortando. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diputado Serrano.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Señor presidente, le voy a pedir sea tan amable, en el turno de proposiciones que me tocaría en primer término, de instruir para que sea bajado este punto y se me programe en la siguiente sesión, por favor.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Como lo solicita, tomaremos nota de lo que usted nos indica.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.
La diputada Adriana Sarur Torre: Con su permiso, diputado presidente. Después de casi 40 días de haber emprendido nuestra responsabilidad como legisladores iniciamos con el trabajo de comisiones ordinarias.
En este orden de ideas y en relación con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación recibimos el paquete económico el 8 de septiembre y las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuentan con 14 días en el caso de la primera y un poco más de un mes en el caso de la segunda para su análisis, modificación y aprobación, en un contexto, cabe señalar, de crisis sin precedente, por lo menos en el ámbito económico.
Cabe destacar que en el caso de la Ley de Ingresos, en donde compartimos la responsabilidad de análisis y aprobación con el Senado de la república, es un hecho que estaremos analizando y, en su caso, aprobando, en el mejor de los escenarios, en el límite de los términos que establece la ley.
La facultad de aprobar el proyecto de ingresos y egresos de la federación es, sin duda alguna, una de las principales funciones de control institucionalizado sobre las actividades del gobierno federal con las que cuenta el Poder Legislativo.
Bajo este esquema el examen objetivo, la modificación responsable y la aprobación comprometida del paquete económico son elementos inherentes al control político que debemos preservar y fortalecer.
Ante la grave crisis de credibilidad del poder público, ante las críticas por los excesos, ante las percepciones ciertamente fundadas de nuestra lejanía de las demandas y necesidades de la sociedad es necesario que redoblemos nuestro compromiso. Es nuestra obligación ser profundamente escrupulosos a la hora de realizar la función para la que hemos sido electos. Es necesario que hagamos cada vez más eficientes los mecanismos que utilizamos para ejercer nuestras facultades.
Es por ello que me permito proponer la modificación al artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, encargadas de la dictaminación del paquete económico, se constituyan a más tardar el día 20 del primer mes de ejercicio para que su revisión formal cuente con más tiempo, ampliando con ello los márgenes de maniobra, fundamentalmente de los legisladores que asumen su responsabilidad durante el proceso electoral intermedio.
Esta reforma nos permitirá, además de extender los plazos para revisión del paquete económico, sentar las bases para reducir los tiempos para adelantar la construcción de los acuerdos necesarios para el funcionamiento de esta Cámara.
Compañeros, debemos ser congruentes con las facultades exclusivas que nos otorga la Constitución, impulsando los mecanismos que nos permitan ser íntegros con la responsabilidad que nos han transferido los electores.
Tomarnos el tiempo necesario para construir un proceso de debate constructivo sobre el paquete fiscal y el presupuesto de egresos es ineludible e impostergable.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente decreto que reforma el numeral 1 del artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Se pospone la intervención del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del PAN. El diputado López Portillo desea hacer uso de la palabra.
El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Presidente, solicitarle a la compañera Adriana Sarur si tiene objeción en que me sume. Suplicándole que considere también la propuesta que yo hice hace un par de semanas para que todas las comisiones, no sólo ésta, se instalen antes y nos dé más tiempo de trabajar y de servir a la nación. ¿Está usted de acuerdo en que me sume en esas condiciones, compañera?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le preguntaríamos a la diputada Adriana Sarur Torre, si está de acuerdo.
La diputada Adriana Sarur Torre (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo la diputada. Todos aquellos compañeros diputados y compañeras diputadas que deseen sumarse, favor de pasar a la Secretaría a suscribir el documento.
Le damos la bienvenida a los alumnos del Instituto Alexander, del 5o. y 6o grado de primaria. Así como a los alumnos del Colegio Amauta, del Distrito Federal, que nos visitan esta mañana.
Le pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.
Se informa a la Presidencia, que hasta el momento hay una asistencia de 451 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Esta Presidencia informa a la asamblea, que se recibieron diversas proposiciones con puntos de acuerdo que tienen relación con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010. Proceda la Secretaría a dar lectura a los enunciados y proponentes.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: De la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del PRI, para que se consideren recursos para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, Ramo 04, perteneciente a la Segob como Fondo para el Pago de Adeudos a Braceros Rurales del 42 al 64.
Del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para cumplir con los trabajos de construcción de la escuela primaria República de la India en el pueblo de San Francisco Tlalnepantla, en la delegación Xochimilco, Distrito Federal.
Se consideren recursos para crear el Fondo del Sureste, que garantice el desarrollo regional de los estados de Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
Del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para cumplir con los trabajos de la calle Morelos, entre Francisco I. Madero y Circunvalación, boulevard El Rosario y salvaguardar el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad, declaración otorgada por la UNESCO el día 11 de diciembre de 1987.
De la diputada Norma Leticia Orozco Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para que se consideren recursos para la creación de una institución educativa de nivel bachillerato, en el municipio de Moroleón, estado de Guanajuato.
Del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para cumplir con los trabajos de la avenida Prolongación División del Norte, entre la Glorieta de Vaqueritos y la avenida Guadalupe I. Ramírez y realzar dignamente la imagen de la avenida de principal acceso para el turismo de la delegación Xochimilco.
De la diputada Norma Leticia Orozco Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para que se consideren mayores recursos en el Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal, para el estado de Guanajuato.
Del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para cumplir con los trabajos de la avenida 16 de Septiembre entre Francisco Goitia y Cuauhtémoc, boulevard Xaltocan y salvaguardar el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad, declaración otorgada por la UNESCO el día 11 de diciembre de 1987.
Del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos etiquetados para cumplir con los trabajos de la avenida Prolongación División del Norte, entre avenida Guadalupe I. Ramírez y avenida 16 de Septiembre, y salvaguardar el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad, declaración otorgada por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987.
Del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para cumplir con obras de construcción de guarniciones y banquetas con concreto estampado en avenida División del Norte entre la glorieta de Vaqueritos y avenida Guadalupe I. Ramírez, delegación Xochimilco.
Del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para cumplir con obras de pavimentación con concreto estampado y repavimentación con concreto asfáltico en avenida 16 de Septiembre entre Camino a Nativitas y Francisco I. Madero, Barrio Xaltocan, delegación Xochimilco.
Del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para la terminación de la obra en sustitución del nuevo Hospital General de Zacatecas.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se reconsideren recursos para consolidar los proyectos culturales y las actividades encaminadas a la difusión cultural del estado de Zacatecas, dada su vocación cultural y turística.
De la Diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para el área de infraestructura urbana, del estado de Zacatecas.
Del diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para la construcción de una Ciudad Deportiva en Tlalpan, Distrito Federal.
De la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para el Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, que incluye las acciones y programas que realizan los diversos sectores involucrados en el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos en el rubro de turismo, para el estado de Zacatecas.
Diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para la construcción de una vía de acceso que comunique la población de Yerbabuena con La Concordia, municipio de Tlahuiltepa, Hidalgo, así como para la introducción de servicios públicos básicos y electrificación de la comunidad.
De la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para la consolidación del laboratorio integral y fábrica de biofertilizantes y plantas in vitro para el occidente de República Mexicana.
Diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para la consolidación de la planta beneficiadora de semillas híbridas para siembra, en el estado de Colima.
Diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para el proyecto de ecoturismo y salud, Grupo Empresarial de Mujeres, Volcán de Colima, en el municipio de Villa de Álvarez, en el estado de Colima.
Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se restituya a las universidades e instituciones de educación superior, a las de cultura y a las de ciencia y tecnología, los recursos que les recortaron en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, y además se incremente el porcentaje de la inflación estimada para 2010, suscrito por los diputados Mary Telma Guajardo Villarreal y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido del PRD.
Del diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para la inclusión del Programa de Protección Civil para las viviendas en riesgo.
Del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para mejorar la infraestructura penitenciaria.
Del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para el aprovechamiento racional de los recursos naturales en la cuenca del río Cupatitzio, Michoacán.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Del diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para infraestructura carretera del estado de Zacatecas, por lo menos equivalente a lo aprobado en el PEF 2009.
Del diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos a fin de crear el proyecto educativo y desarrollar el parque industrial para el establecimiento de la industria aeroespacial en Zacatecas.
Del diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para divulgar la ciencia y equipar los centros científicos de Zacatecas.
Del diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para los programas relacionados con infraestructura hidroagrícola y el agua potable para zonas urbanas y rurales del estado de Zacatecas.
Del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para concluir la construcción de la escuela secundaria La Cuesta, en la delegación Álvaro Obregón.
Del diputado Ramón Jiménez Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para promover el desarrollo rural de las zonas de mayor atraso relativo. Es cuanto, señor presidente.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Diputado Ramón Jiménez Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para la conclusión del centro de especialidades deportivas en el estado de Zacatecas.
Diputado Ramón Jiménez Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para el sector de medio ambiente y recursos naturales, específicamente para darle continuidad al proyecto de desarrollo sustentable del relleno sanitario intermunicipal de Zacatecas.
Diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para atender la problemática de desastres naturales en la delegación Álvaro Obregón.
Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para atender la problemática de las grietas en el Distrito Federal.
Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para la capacitación de los operadores del nuevo sistema de justicia penal.
Diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para la generación de energía eléctrica en el centro del país a través de centrales microhidroeléctricas.
Diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se consideren recursos para financiamiento, obras, proyectos, programas y propuestas que presentan gobiernos locales y municipios del país. Es todo, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Insértense con los títulos íntegros en el Diario de los Debates y túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibió del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos congresos estatales a instaurar comisiones de Juventud y Deporte, en aras de fortalecer la focalización de acciones y medidas a favor de los jóvenes mexicanos, mismas que se turnan a la Comisión de Juventud y Deporte.
Se recibió del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se crea una subcomisión para revisar, analizar el proyecto agrícola denominado Pujal Coy, dar cauce a las demandas de los habitantes del área comprendida por los municipios de Valles, Tamuín y Ébano, en le estado de San Luis Potosí. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Se recibió del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la realización de acciones para lograr la reparación del daño a los afectados por las inundaciones provocadas por la obra pública denominada El Tintillo, en el estado de Tabasco. Se turna a las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se recibió del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD; proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al director general de Conagua y al director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, lleven a cabo las acciones que les correspondan para solucionar el problema de abastecimiento de agua en la delegación de Iztapalapa. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Se recibió de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Conagua otorgue la concesión para ocupar un terreno federal a los habitantes de las colonias Vista Hermosa y Atacaxco, en la demarcación territorial de la Magdalena Contreras en el Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Se recibió de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, solicite a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal emita la declaratoria de alerta por la violencia contra las mujeres y menores de edad en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada Quezada.
La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Presidente, con mucho respeto, pero este punto yo sí pediría pasar a tribuna a poderlo exponer y que posteriormente pueda ser turnado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto lo puede retirar y pedir a la Junta de Coordinación Política que nos lo envíe en los términos que usted lo solicita, porque nos fue listado en estos términos de sólo turno. Con muchísimo gusto lo haríamos en otro momento, diputada, cuando ustedes lo soliciten a través de la Junta de Coordinación.
La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Por la importancia del tema, sí estaría retirándolo, porque es emitir una alerta de género por las cuestiones de trata. Estaría presentándolo entonces para la próxima semana.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Lo retiramos como usted lo solicita, diputada.
Se recibió de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Sener, para que en el ámbito de su competencia se homologuen los horarios de verano de los estados fronterizos del norte del país con los de la frontera sur de los Estados Unidos de América, a partir del 2010. Se turna a la Comisión de Energía.
Se recibió del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados envíe al titular de la Secretaría de Hacienda requerimiento para que informe con qué fundamento otorgó un presupuesto adicional en 2009 a la Auditoría Superior de la Federación, sin el consentimiento y aprobación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo en relación con el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente de la Mesa. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Como sabemos, en el año de 2007 se reformó el artículo 134 de la Constitución, para establecer limitaciones respecto a la propaganda gubernamental.
La Constitución establece en este artículo 134 que la propaganda debe tener carácter institucional, fines informativos, educativos, de orientación social; que la propaganda gubernamental no debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. También establece esta norma constitucional que habrá equidad y uso imparcial en el ejercicio de los recursos; que no deben utilizarse con fines políticos o proselitistas.
Por su parte, el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que en caso de ajustes a un presupuesto, los primeros gastos que se deben reducir son los de comunicación social.
El decreto de Presupuesto de Egresos para el 2009 regula en el artículo 18, que en principio para propaganda gubernamental deben utilizarse los tiempos del Estado; sin embargo, la norma es muy laxa, muy flexible, y permite que si los tiempos del Estado no están disponibles se deben compran ?o se pueden comprar? por los gobiernos, tiempos para la promoción gubernamental.
Estimo que ha habido un abuso por parte, no solamente del gobierno federal, sino de muchos gobiernos de las entidades federativas, en la compra de tiempo en radio y televisión para hacer propaganda gubernamental. Por eso estoy proponiendo no recursos, sino lo que estoy proponiendo es que en el decreto de Presupuesto de Egresos para el próximo año, para 2010, el artículo 18 de ese decreto de Presupuesto de Egresos para el 2010, prohíba la compra de tiempo en radio y televisión para hacer propaganda gubernamental a cargo del gobierno federal, y que se utilice íntegramente el tiempo del Estado para hacer uso de los programas gubernamentales.
Es decir, que sea imposible a los gobiernos, sobre todo al gobierno federal, comprar espacios en radio y televisión, y que se utilice íntegramente el tiempo del Estado para los fines de difusión. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Señoras diputadas y señores diputados, nos visitan en este momento alumnos de la Facultad de Derecho, de la Universidad Veracruzana, así como estudiantes del ICADEP, de Hidalgo, y alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, campus Chignahuapan, de la Facultad de Ciencias Sociales, y de Administración. Sean ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Carlos Flores Rico para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren medidas federalistas y de eficiencia para el desarrollo social, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Carlos Flores Rico: Gracias, presidente. Ya hemos comentado aquí que tal y como está diseñada la política social actual no funciona; y no funciona porque no combate la pobreza, no reduce la desigualdad, no eleva el desarrollo humano. Esto no hay que demostrarlo mucho, puesto que en cualquier parte que uno asome la cabeza encuentra marginación, miseria, indigencia y, lamentablemente, poco resultados en política social.
Hoy les vengo a proponer un punto de acuerdo, dirigido a la Comisión de Presupuesto, que no es de recursos, sino de criterios, y que tienen que ver con los defectos que vemos que tiene la política social actual.
Uno. La política actual es asistencialista. En lugar de financiar la generación de empleos y la producción, financia el consumo; y es limitada y subsidiada.
Dos. Es centralista, es asfixiante, es prácticamente de una alta burocracia que desde acá dice qué hay que hacer allá donde está el problema.
Tres. Frecuentemente cae en la duplicidad. Hace lo mismo una secretaría que otra y repiten lo que hacen los estados.
Cuatro. Es opaca. No hay padrón único de beneficiarios, pese a que hace años que tienen orden de ley y de la Función Pública de hacerlo.
Cinco. Es clientelar. Eso hace que tienda mucho a ser manejada electoreramente, de manera que el servidor público o es apóstol o es pastor de votos.
Seis, es excluyente, porque generalmente no atiende ni a los estados, ni a los municipios, pero mucho menos a la gente ni tampoco a la organización social.
Siete, y finalmente, es costosa e insuficiente.
¿Que hay qué hacer? Hay mucho que hacer. Lo podemos reducir en una frase que es: hagamos una reforma social de Estado que cambie el pacto social por el bienestar.
Entre tanto, los diputados firmantes queremos hacer llegar este punto de acuerdo, que dice cuatro cosas simplemente, a la Comisión de Presupuesto:
1. Consolidar programas sociales, evitando dispersión de recursos y sobrecostos, haciendo eficiente la focalización y ampliando las coberturas.
2. Establecer la obligación de que todos los programas actuales federales de desarrollo social sean convenidos con los estados, en los estados y en los órganos correspondientes de cada uno de ellos.
3. Que la actualización y elaboración de las reglas de los programas no retrasen la implementación eficiente y oportuna.
4. Y finalmente, garantizar que los apoyos económicos establecidos lleguen completa, oportuna y directamente a los beneficiarios, evitando intermediaciones y clientelismos electorales. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que combata el fraude laboral y fiscal desarrollado por The Coca-Cola Company y sus filiales, valiéndose del outsourcing; igualmente se exhorte a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que se apegue a derecho en el juicio en que el ingeniero Ángel Alvarado Agüero mantiene contra Coca-Cola.
El diputado Emilio Serrano Jiménez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, les pido el apoyo total para que se corrijan irregularidades que van en perjuicio no solamente de los trabajadores, sino de la hacienda pública.
Una empresa de prestigio o desprestigio internacional como es Coca-Cola, que se ufana de ser una inversora y tener más de 80 mil trabajadores en México, y que solamente 400 son los que se ven beneficiados con las prestaciones de esta empresa, está evadiendo el fisco, está violando los derechos de los trabajadores en una simulación a través del outsourcing, con el que le quita los derechos a miles y miles de trabajadores. Pero no nada más es esta empresa la que viola los derechos de los trabajadores, es una práctica que se da ya en otras grandes empresas.
No estamos en contra de la inversión extranjera. Estamos en contra de la violación de los derechos de los trabajadores. Estamos en contra de la evasión fiscal que hace esta empresa. Pero, no obstante, que son violadores de la ley, tiene el respaldo, la anuencia de instituciones que están para proteger a los trabajadores como es la Junta de Conciliación y Arbitraje, que en forma parcial le da la razón a la empresa. La Procuraduría General de la República también actúa en forma parcial a favor de estas grandes empresas.
Nosotros pedimos que respeten la ley y que se actúe con imparcialidad. No estamos pidiendo favores. Estamos pidiendo respeto absoluto a la ley. Por muy empresas transnacionales y poderosas que sean, en México se debe respetar la ley. Es lo que estamos pidiendo.
Le voy a pedir, señor presidente, que se publique íntegramente el documento del que se hizo entrega, porque ahí tenemos un claro ejemplo de las violaciones a los derechos de los trabajadores. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Insértese como lo solicita el diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI. Me están informando que se encuentra ausente en este momento del recinto, por lo cual se le dará el uso de la palabra más tarde.
Tiene la palabra la diputada Luz Carolina Gudiño Corro, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Puertos y Marina Mercante de la Cámara de Diputados.
La diputada Luz Carolina Gudiño Corro: Con su venia, diputado presidente. Vengo a esta tribuna a presentar un punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial de Puertos y Marina Mercante.
La razón: México cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral a lo largo del Océano Pacífico y del Golfo de México, en 17 entidades federativas que representan el 15 por ciento de la población y cerca del 36 por ciento del producto interno bruto.
De los 107 puertos que existen, 24 tienen actividades relevantes y de estos 19 son concesionados a las Administraciones Portuarias Integrales, mejor conocidas como APIS, con participación patrimonial al 100 por ciento de la Federación, relegando a los estados y municipios a formar parte únicamente como miembros de sus consejos de administración, pero excluidos de las asambleas de socios, ya que se trata de empresas constituidas bajo la Ley de Sociedades Mercantiles como sociedades anónimas de capital variable. Éstas a su vez ceden parcialmente sus derechos a la inversión privada para su explotación, logrando un gran dinamismo.
El 80 por ciento del comercio exterior del país pasa por las APIS de Veracruz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Ensenada y Altamira.
Actualmente los estados de Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Veracruz, han constituido sociedades mercantiles de participación 100 por ciento estatal y han obtenido del Ejecutivo federal, las concesiones de las Administraciones Portuarias Integrales para el aprovechamiento de sus litorales.
Los principales puertos de México cursan por distintas etapas: unos en proceso de consolidación y otros con problemas operativos de carga, descarga, estiba y de seguridad.
Por su ubicación geográfica, México debe de fortalecer los intercambios comerciales y de inversión hacia los mercados europeos y norteamericanos a través de sus puertos de altura o bien la interacción hacia los mercados locales.
Es necesario reformular las estrategias para la administración de las aduanas marítimas, pues se requiere de manera urgente modernizar los procedimientos y controles de tránsito marítimos.
Estudios recientes demuestran que en la próxima década la capacidad de los puertos mexicanos actuales se verá rebasada. Por ello son necesarias nuevas reglas para establecer recintos fiscalizados estratégicos y zonas de actividades logísticas.
Desde la comisión cuya creación se propone, se pueden impulsar acuerdos ente los diversos actores para concretar en el corto y mediano plazo la ampliación del Puerto de Veracruz, la ampliación del Puerto de Lázaro Cárdenas, la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, destinados a la conformación del corredor transístmico.
La administración de recintos costeros de influencia estatal y municipal; la revisión de los términos convenidos de la colaboración fiscal, en materia de zonas federales marítimas terrestres; la expansión de la Escalera Náutica del Pacífico, el desarrollo de la Escalera Náutica del Golfo, la construcción de recintos refrigerados y de empaque para productos pesqueros del mar y la construcción de terminales industriales metal mecánicas relacionada a la extracción petrolera, petroquímica y de refinación.
El desarrollo de los puertos depende de que se comprenda la importancia y trascendencia del impacto socioeconómico y territorial que la actividad portuaria ejerce sobre la ciudad y el desarrollo sustentable de la zona de influencia más cercana.
Debemos implementar una estrategia regional en la cual la directriz se sitúe en el Ejecutivo estatal para lograr una descentralización real y una efectiva desconcentración de las decisiones que, en el marco del nuevo federalismo, otorguen más facultades a las entidades federativas.
Por eso, y con el objeto de lograr los proyectos estratégicos planteados en materia de desarrollo portuario, se propone como punto de acuerdo la creación de la Comisión Especial de puertos y marina mercante, en los términos publicados en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Señoras diputadas y señores diputados, contamos con la visita de alumnos de la escuela Kairos, así como habitantes del estado de Veracruz que se encuentran como invitados. Sean ustedes bienvenidos.
Se pospone, a solicitud del Grupo Parlamentario del PRI, la intervención del diputado Antonio Benítez Lucho.
Tiene la palabra el diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial de Artesanías.
El diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica, y 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Considerandos
Los pueblos y comunidades indígenas de México presentan un rostro altamente diversificado y son quienes más contribuyen con su patrimonio a la riqueza nacional. Están integrados ?más de 12 millones de personas, la décima parte de la población del país? en 20 mil localidades y son las que más aportan en recursos humanos, territorio y cultura, a pesar de que en su mayoría viven en condiciones de miseria.
La elaboración de artesanías, esencia de nuestra identidad e historia, es también su modus vivendi y a veces su única fuente de ingresos. La artesanía comprende las obras y trabajos realizados de manera manual y creativa con poca o nula intervención de maquinaria, significándose por ser decorativos y distintos al trabajo en serie o industrial.
El 14 de junio el Ejecutivo federal constituyó el fideicomiso público Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, sectorizado a Sedesol, para impulsar el desarrollo humano, social y económico de los artesanos de México.
Asimismo, la Cámara de Diputados contaba con una Comisión Especial de Artesanías hasta la LVII Legislatura, en que se fusiona con la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, generando con esta lamentable decisión que un asunto tan importante para la vida económica de una buena parte de la población haya pasado a un segundo término.
Por ello, durante los Foros Nacionales Artesanales IV y V, celebrados en Campeche, en 2008, y en Jalisco en este año, los Institutos de las Artesanías y las Casas de las Artesanías de los estados del país se manifestaron contundente y unánimemente porque esta representación cree e integre nuevamente una Comisión Especial que impulse, proteja y reglamente la actividad artesanal, revise y actualice la incompleta e inoperante Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y a la Actividad Artesanal, y otorgue los apoyos como una política pública para que mejoren los ingresos y la calidad de vida de los artesanos mexicanos.
Esta representación, fiel al pacto federal, debe empeñarse en respaldar decididamente las propuestas que impulsen el desarrollo de los pueblos indígenas, como variante del federalismo cooperativo.
Por ello estimamos pertinente someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente Proposición con punto de acuerdo
Único. Conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Junta de Coordinación Política y a esta asamblea se constituya la Comisión Especial de Artesanías y se le dote para su eficaz desempeño de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su debida operación durante la vigencia de la LXI Legislatura. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Presidencia de la Mesa Directiva a que formule excitativas a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos del Senado de la República, para que emitan el dictamen correspondiente respecto de la iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, suscrito por los diputados José Francisco Javier Landero Gutiérrez y Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Miguel Antonio Osuna Millán: Con su venia, señor presidente. Honorable pleno legislativo, los suscritos, diputado federal José Francisco Landero Gutiérrez y diputado federal Miguel Antonio Osuna Millán, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 66, numeral 1, inciso c), y 67, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21, fracción XVI, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, propongo el siguiente punto de acuerdo para que la Presidencia de la Mesa Directiva formule excitativa dirigida a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos del Senado de la República para que emita el dictamen correspondiente respecto a la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, con base en lo siguiente:
Entre las finalidades de la Ley General para el Control del Tabaco se encuentra la de proteger a la población de los efectos nocivos del tabaco y garantizar el derecho de los no fumadores a vivir y convivir en espacios libre de humo de tabaco, así como a establecer las bases para la protección contra el humo del tabaco y las medidas para reducir el consumo del mismo.
El 9 de septiembre de 2008, en la Cámara de Senadores se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, misma que fue aprobada por 84 votos a favor.
El 4 de diciembre de 2008 se turnó para su aprobación a la Cámara de Diputados. Este proyecto de decreto establecía que en lugares con acceso al público o en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas universidades e instituciones de educación superior, podrán destinarse zonas exclusivas para fumar, las cuales deberán ajustarse a las disposiciones reglamentarias.
El 14 de abril se aprobó y se modificó la redacción del artículo, aclarando que deberán existir zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán ajustarse a las disposiciones reglamentarias.
Resulta irrebatible la necesidad de modificar la redacción actual del artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, específicamente la palabra deberán por podrán, ya que la redacción actual se contrapone con la finalidad de ésta misma.
Es una contradicción obligar a los lugares con acceso al público a contar con zonas exclusivas para fumar, pues dicha obligación no puede ser cumplida en las condiciones que establece la ley, dado que no todos los lugares con acceso al público cuentan con espacio suficiente para acatar lo que la ley señala.
Esta modificación otorgará la opción para que los propietarios de establecimientos puedan elegir por tener un espacio totalmente libre de humo de tabaco o realizar las adecuaciones para las zonas de fumadores.
Por lo antes mencionado y toda vez que el plazo legal de las comisiones unidas para llevar a cabo el proceso de dictamen a partir del turno ya ha sido ampliamente rebasado, presento la siguiente excitativa.
En los términos de los antecedentes, consideraciones y fundamentos expuestos, le pido a la Presidencia de la Mesa Directiva, se sirva excitar a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos del Senado de la República a efecto de que se sirvan emitir el dictamen correspondiente sobre la minuta referente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, aprobada y devuelta al Senado por esta Cámara de Diputados en el mes de abril de 2009, para su efecto. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias diputado. Remítase a la Cámara de Senadores.
Tiene la palabra la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la investigación de los hechos sucedidos en Oaxaca del primero de mayo del 2006 a enero del 2007, así como el 16 de julio del 2007.
La diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. La suscrita, diputada Juanita Cruz Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Entre los meses de mayo de 2006 y enero de 2007, la ciudad de Oaxaca de Juárez sufrió uno de sus momentos más críticos de su historia moderna, cuando la incapacidad del gobierno del estado fue expresada por medio de balas, toletes y represión, como único lenguaje en la solución de las demandas sociales.
Como resultado de ello se violentó el orden social y constitucional al realizarse detenciones arbitrarias de ciudadanos, agresiones y torturas, entre otros actos fuera de toda norma y de todo derecho por parte del gobierno del estado.
Tales hechos fueron analizados y juzgados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como quedó demostrado el pasado miércoles 14 de octubre, cuando resolvió el dictamen sobre la investigación del conflicto entre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el gobierno del estado.
Dicha resolución señala: durante el conflicto se violaron de manera grave los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, a la paz y al acceso a la información de la población de la ciudad de Oaxaca, haciendo responsable de estas violaciones a los derechos constitucionales y sociales al gobernador del estado Ulises Ruiz Ortiz, ya que permitió que el conflicto social creciera, debido a su falta de atención al problema, su falta de oficio político y una probada incapacidad de él, de su gobierno y colaboradores.
Asimismo, la resolución refiere que la cadena de responsabilidades no debe quedar solo hasta el entonces jefe del estado mayor de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas, sino que se debe actuar contra el ex secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora, por no existir registros de los traslados arbitrarios y actos de tortura contra los detenidos.
Al respecto, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se congratula por esta resolución y se pronuncia porque las autoridades tanto federales como las del estado de Oaxaca, inicien los procedimientos correspondientes para fincar las responsabilidades penales y administrativas en contra de estos servidores públicos, ya que de nada serviría la resolución de nuestro máximo tribunal si ésta no se ve acompañada de las sanciones penales y administrativas correspondientes.
De no hacerlo se sentaría un precedente para la procuración y administración de justicia y se contribuiría a seguir fomentando uno de los peores males que aquejan a nuestro país: la impunidad.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso del estado de Oaxaca, a que con base en la resolución 1/2007 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación al conflicto magisterial de Oaxaca, inicie el procedimiento de juicio político contra el gobernador constitucional del estado, Ulises Ruiz Ortiz.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, a que con base en la resolución 1/2007 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación al conflicto magisterial, inicie las averiguaciones correspondientes en contra de los ciudadanos Ulises Ruiz Ortiz, José Manuel Vera Salinas, José Moreno Rivas y Joaquín Darío Berges y Dorantes, a efecto de fincar las responsabilidades de carácter penal a que haya lugar.
Es cuanto, señor presidente. Solicito que mi intervención sea incluida en el Diario de los Debates tal como fue leída. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, diputada, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a eliminar el apoyo de promoción en la publicidad de oferta extrahotelera, bajo la campaña Vive México, debido a que constituye una competencia desleal hacia la oferta de hospedaje formalmente establecida en los destinos turísticos del país.
El diputado Alejandro Carabias Icaza: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en México la crisis económica nos ha llevado a una situación crítica, con repercusiones negativas en la producción, consumo y principalmente en el empleo. Aunado a esta situación, la emergencia sanitaria provocada por el virus de la influenza AH1N1 afectó gravemente la actividad turística del país.
En este tenor, y con el objeto de recuperar la actividad turística, el gobierno federal ha implementado la campaña de promoción turística denominada Vive México, con la finalidad de difundir los vastos sitios con potencial turístico de nuestro país.
Empero, dentro del marco de esta campaña hemos sido testigos de una equívoca orientación del gobierno federal y de un abuso por parte de empresas privadas, que sirven como intermediarios y promotores inmobiliarios, como es el caso de la compañía Travel Residences; empresas que promocionan con recursos públicos la oferta extrahotelera prestada de manera irregular y sin registro alguno ante las autoridades, que además de representar fugas en la recaudación, por evadir los impuestos locales de hospedaje, son un riesgo para la inversión que genera empleos formales dentro del sector turístico.
Por tanto, esta oferta extrahotelera irregular y sin registro ante las autoridades constituye una competencia desleal frente a los hoteles que aportan su tributación correspondiente, y que han invertido recursos sustantivos para cumplir con distintas regulaciones y normatividad y, que sobre todo, generan múltiples empleos formales que dan sustento a cientos de miles de mexicanos.
En este sentido, los legisladores del Partido Verde consideramos de vital importancia hacer un alto a este tipo de promociones desleales e inequitativas por parte del gobierno federal a través de la campaña Vive México.
Por lo anterior y de conformidad con la alta trascendencia que tiene este tema, los diputados que suscribimos solicitamos se apruebe el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que la Secretaría de Turismo, a través del Consejo de Promoción Turística, elimine el apoyo en la publicidad de oferta extrahotelera que llevan a cabo intermediarios y promotores inmobiliarios bajo la campaña Vive México, debido a que constituye una competencia desleal hacia la oferta de hospedaje formalmente establecido en los destinos turísticos del país. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Turismo.
Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 al 2010, se consideren recursos para inversión en equipamiento que requiere el Centro de Información del Colegio de Ciencias y Humanidades, dependiente de la Universidad Juárez del estado de Durango.
El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia, señor presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores. El suscrito, diputado coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, así como los integrantes de este grupo parlamentario y también suscrito por el diputado Ricardo López Pescador, del Partido Revolucionario Institucional, me permito poner a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Como todos sabemos, uno de los puntos centrales de las carencias que tiene el pueblo mexicano es el relativo a la educación en todos sus niveles. Desde siempre, pero en semanas recientes, autoridades docentes de educación superior y media superior ?por solo mencionar dos?, se han estado pronunciando para demandar mayores recursos para las instituciones educativas, con la intención de obtener mejores condiciones que permitan a sus educandos acceder a estatus de mejor academia en su preparación.
Recordar que esta soberanía hizo suyo el acuerdo de la Junta de Coordinación Política suscrito por todos los grupos parlamentarios y sus coordinadores, respectivamente, para manifestar y exhortar al gobierno federal para que no sufrieran recortes presupuestales a nivel superior.
El Centro de Información del Colegio de Ciencias y Humanidades de nuestra Universidad Juárez, del estado de Durango, no es ajeno a las demandas antes señaladas. El centro de información es uno de los pilares básicos de la Universidad de Durango porque le permite expandir su radio de acción y dar a conocer su proyección de largo alcance.
Para ello requiere actualizar su equipo y menaje, necesitando de mayor cantidad de computadoras, impresoras, pantallas, equipos de proyección y aire acondicionado; copiadoras, escáner, cafetería, estufa, refrigerador; archiveros para sus diferentes áreas de servicio en oficinas administrativas de catalogación y, desde luego, acrecentar el acervo bibliográfico, tanto digital como impreso y especializado.
Actualmente se cuenta con instalaciones que permiten dar atención a 2 mil 500 alumnos en dos turnos, más de 200 alumnos del sistema semiescolarizado. Se trata de elevar la cantidad de alumnos a los que se les pueda dar el servicio en condiciones óptimas y con tecnología de punta. Para cumplir con este planteamiento se requiere de una inversión de cuatro y medio millones de pesos, que se invertirán en los equipos antes señalados.
Nuestra propuesta va en el sentido de que esta honorable Cámara de Diputados, atentamente solicite al Poder Ejecutivo de la federación transfiera del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 de las partidas asignadas y aprobadas por esta soberanía a las actividades de la Presidencia de la República, a la Universidad Juárez de Durango, la cantidad de cuatro millones y medio de pesos, según se menciona en el cuerpo del documento que contiene el punto de acuerdo respectivo y se adjunta.
Además le solicito respetuosamente, señor presidente, se incluya íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente. Le entrego a la Secretaría con la firma de los diputados del Partido del Trabajo y del diputado Ricardo López Pescador del PRI. Es cuanto, gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra la diputada María Teresa Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo, a la Procuraduría de Justicia y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de dicha entidad para que investiguen, deslinden y dejen en libertad a la indígena Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Gracias, señor presidente. Nada más para comentar y comunicar al pleno de esta asamblea que retiré esta propuesta porque ya fue liberada. Entonces, agradezco.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Como lo solicita, diputada.
Tiene la palabra la diputada Margarita Gallegos Soto, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador del estado de Aguascalientes para que cumplan a cabalidad con lo que establece el artículo 25 de la Ley de Educación, suscrito por los diputados Margarita Gallegos Soto y David Hernández Vallin, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Margarita Gallegos Soto: Con su venia, señor presidente. Los suscritos diputados David Hernández Vallin y Margarita Gallegos Soto, integrantes de la Coordinación del estado de Aguascalientes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la honorable LXI Legislatura, de la Cámara de Diputados, con base a las facultades que nos confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes considerandos.
Primero. En términos de lo establecido por el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos; incluyendo a la educación inicial, así como a la educación superior, en virtud de que son necesarios para el desarrollo de la nación, razón por lo cual apoyará a la investigación científica y tecnológica, además de alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
La universidad pública mexicana es la respuesta del Estado para llevar la educación superior a los jóvenes que pertenecen a las clases económicamente débiles, quienes no tienen otra opción para cursar sus estudios. Históricamente en la universidad pública se han formado los hombres que han dado rumbo y destino a esta nación.
No obstante lo anterior, uno de los principales problemas que enfrenta la universidad pública es el financiero y para su subsistencia depende en gran medida de las participaciones que le asigne el gobierno federal y los gobiernos de los estados.
En cuanto a la participación federal que se otorga a las universidades, la asignación de las cantidades específicas que le corresponden a cada una de ellas se hace sin tomar en cuenta criterios de equidad y proporción, el grado de consolidación que tenga la institución, la tasa de crecimiento anual, la superación académica y la inflación, pues en la mayor de las veces, los criterios en los que se basan son políticos o con base en la presión que ejercen para la distribución de los mismos.
Segundo. Las universidades públicas y en general, la educación superior, corren el serio peligro de que las funciones básicas de enseñanza, investigación y extensión del conocimiento no sólo se estanquen, sino que sufran un severo retroceso ante el anuncio hecho por el secretario de Hacienda, en el sentido de que el subsidio que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado al Congreso de la Unión, destinado a la educación superior sufrirá una reducción considerable en comparación con el ejercido en el ejercicio fiscal de 2009, con lo cual se pone de manifiesto el escaso o nulo interés que el Ejecutivo federal tienen por la ciencia y la tecnología, elemento fundamental para el progreso de nuestro país.
Es incuestionable que en los últimos años el gobierno federal ha cerrado los ojos no sólo a la educación pública superior, sino a la educación pública en general. Asimismo, evidentemente ha sido la falta de apoyo para la educación media superior y superior en donde es preocupante el número de jóvenes que no alcanzan lugar en las instituciones públicas, por lo que en muchos casos abandonan su formación educativa.
Tercero. El Estado, política y socialmente está obligado a cumplir con la formación educativa de los jóvenes de México, por lo que debe aportar los recursos necesarios para mantener y sobre todo elevar la cobertura de la demanda estudiantil, la cual derivada de la crisis económica que padece nuestro país. Sin duda alguna se habrá de incrementar al carecer de recursos económicos para inscribirse en una universidad privada, por lo que hoy más que nunca tienen la responsabilidad histórica de apoyar con mayor subsidio a la educación superior en todo el país.
Cuarto. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, como la mayoría de las universidades públicas, enfrenta el enorme crecimiento de la matrícula, la cual no ha sido acompañada con incremento similar en el presupuesto que recibe del Estado, lo que origina que no pueda atender la alta demanda estudiantil que anualmente pretende ingresar a cursar alguna carrera; situación que se irá agravando si no se le apoya con el financiamiento necesario.
Durante el presente ejercicio presupuestal la UAA recibió de la federación el 58.23 por ciento de su presupuesto ordinario, el 18.70 como subsidio por parte del gobierno estatal, el 16.66 por ingresos propios y el 6.41 corresponde a su déficit presupuestal.
Como se podrá observar la UAA es de las universidades públicas del país que aporta el más alto porcentaje de ingresos propios para su sostenimiento. Hasta antes de la reforma a su Ley Orgánica, ocurrida en diciembre de 2007, la universidad recibía un 15 por ciento de subsidio estatal.
No obstante, es recurrente el déficit anual que la universidad padecía, por lo que las autoridades universitarias se convirtieron en gestores de recursos extras para mantener la oferta educativa y tener la oportunidad de incrementar la misma.
Ante esto, la LX Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes acordó incrementar el porcentaje, que por ley recibe un 25 por ciento, lo cual manifiesta el espíritu de apoyo de los miembros de esta legislatura a los jóvenes que carecen de recursos para ingresar a una universidad privada. Sin embargo, este año solamente recibió el 18.7 por ciento.
El incremento en el subsidio a la Universidad Autónoma de Aguascalientes obedece, dentro de otros aspectos, a que ha crecido el número de docentes de educación parcial o exclusiva, personal administrativo, así como la ampliación de la planta física para ofrecer mejores laboratorios y espacios académicos.
Además de que es necesario consolidar las carreras a nivel licenciatura, fortalecer los posgrados e impulsar la creación de otros, así como para que la investigación que realiza la universidad se incremente y responda a las necesidades sociales e incida directamente en el sistema productivo.
En una palabra, que las funciones básicas sigan teniendo como fin último la excelencia académica que le permita formar profesionistas de la más alta calidad, para que sean competitivos al egresar y se conviertan en elementos claves de cambio y progreso dentro de la sociedad.
Por lo expuesto sometemos a su consideración el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno federal y al del estado de Aguascalientes, con la finalidad de que cumplan a cabalidad con lo que les establece el artículo 25 de la Ley General de Educación que expresamente señala que:
El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública de los servicios educativos. El monto anual que el Estado ?federación, entidades federativas y municipios? destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor a 8 por ciento del producto interno bruto del país, destinando de este monto, al menos el 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior pública.
Únicamente se requiere la aplicación de la ley en su sentido estricto y voluntad política del gobierno federal y del gobierno del estado.
Segundo?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputada.
La diputada Margarita Gallegos Soto: ? Se solicita al gobierno federal y al gobierno del estado de Aguascalientes, a otorgar un presupuesto extraordinario a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para que pueda enfrentar su déficit presupuestal de 6.41 por ciento y así solventar los problemas del gasto corriente y de creación de infraestructura, para estar en condiciones de atender la demanda estudiantil que anualmente va en aumento y otorgar una educación de calidad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Compañeras y compañeros, contamos con la visita en estos momentos de alumnos del Centro Escolar del Tepeyac, de Naucalpan, estado de México; invitados del municipio de Tultitlán, estado de México y líderes del municipio de Ecatepec, del estado de México a quienes les damos la más cordial bienvenida.
Tiene la palabra el diputado José Manuel Hinojosa Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que modifique las reglas de operación del fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y a los gobiernos de los estados para crear un Fondo de Recursos Destinados al apoyo de Ex Braceros.
El diputado José Manuel Hinojosa Pérez: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, en julio del año 1942 las secretarías de Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social, Agricultura y Fomento y el Departamento de Salubridad Pública emitieron un acuerdo previniendo que se hicieran las gestiones necesarias para impartir seguridades a los trabajadores mexicanos que emigraban a los Estados Unidos de Norteamérica, siendo en agosto del mismo año cuando los gobiernos de México y Estados Unidos suscribieron el Acuerdo para Reglamentar la Contratación Temporal de Trabajadores Agrícolas Mexicanos, en el que se estableció la deducción de 10 por ciento del total de los salarios percibidos por los trabajadores y les sería devuelto a su regreso a México por conducto de las instituciones gubernamentales y crediticias establecidas.
Sin embargo, a muchos de nuestros connacionales no se les realizó el reembolso de sus ahorros, el cual con mucho sacrificio generaron.
Por esa situación el gobierno del ex presidente Vicente Fox, en mayo de 2005, publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se creó el fideicomiso que administraría el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como la ley que lo reglamentaba, con la finalidad de otorgar un apoyo social a los trabajadores que prestaron sus servicios en los Estados Unidos en dichos años, o en su caso, a los cónyuges o hijos que sobrevivieran al trabajador y que pudieran comprobar la procedencia del mismo a través de los requisitos establecidos en dicha ley.
Sin embargo, en junio de 2008 se realizaron modificaciones a los numerales 4, 5 y 6 de las reglas de operación del citado fideicomiso, así como al artículo quinto transitorio del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2008, mismo que estableció que la Secretaría de Gobernación entregaría un apoyo económico por la cantidad de 38 mil pesos en exhibiciones de conformidad con los recursos disponibles en el fideicomiso para cada ejercicio fiscal.
Esta situación contraviene la esencia misma del programa, ya que son recursos provenientes del ahorro de los trabajadores y que con mucho sacrificio generaron y ahora, después de muchos años de pelearlo, ya que los gobiernos priístas negaron reiteradamente su existencia, toda vez que los tuvieron ocultos o lo gastaron.
Aunado a la última modificación a las reglas de operación del fideicomiso que refiere que será entregado en exhibiciones, implica que no podrán disponer de él de manera íntegra e inmediata, por lo que es necesario que se modifiquen las citadas reglas a efecto de quedar como se establecieron en un principio, trayendo como consecuencia que los trabajadores y sus sobrevivientes puedan disfrutar de este derecho que tienen.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional siempre pugnará por apoyar a los grupos sociales menos beneficiados de nuestro país; pero además continuaremos trabajando fuertemente por lograr consolidar la transparencia y rendición de cuentas de los recursos federales y los que les pertenecen por ley a un grupo como los ex trabajadores braceros.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo.
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las reglas de operación del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, a efecto de que se vuelva a pagar el apoyo económico en una sola exhibición.
Segundo. Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que integran el territorio nacional a crear un fondo de recursos que permita apoyar a los ex trabajadores braceros con una determinada cantidad de recursos para el ejercicio 2010.
Se solicita a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados se inserte el texto íntegro del punto de acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro a los 29 días del mes de octubre de 2009. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada María Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial de seguimiento al Fondo de Apoyo Social Fideicomiso 2106, para ex trabajadores migratorios mexicanos.
La diputada María Dina Herrera Soto: Con su venia, señor Presidente. Señora secretaria, diputadas y diputados: la suscrita, diputada Dina Herrera Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones.
Diputadas y diputados: ustedes saben que hace mucho tiempo hay ex braceros afuera del Congreso peleando porque se les pague de manera íntegra y en una sola emisión el dinero que ellos ahorraron durante su trabajo en Estados Unidos.
Ante la carencia de mano de obra rural en los Estados Unidos de América por su participación en la Segunda Guerra Mundial, este país tuvo la necesidad de requerir de la mano de obra necesaria para trabajar en los grandes campos agrícolas.
Por ello fue que se solicitó al gobierno de México la firma del convenio de contratación de trabajadores mexicanos para ser empleados en labores agrícolas en Estados Unidos. En dicho convenio, los norteamericanos garantizaban la atención de su sector agrícola por trabajadores del campo mexicanos, quienes podrían laborar legalmente y con todas las garantías jurídicas en Estados Unidos. Este convenio comenzó a funcionar a partir de la firma de contratos el 23 de julio de 1942.
Los trabajadores mexicanos, además de laborar en las grandes extensiones agrícolas del país vecino, trabajaron en la construcción de las vías del ferrocarril como parte del Programa Bracero publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de agosto de 1942. Dicho programa permaneció vigente hasta el año de 1964.
Para favorecer el esfuerzo de los mexicanos, se estableció un Fondo de Ahorro Campesino, el cual fue administrado por el entonces Banco de Crédito Agrícola de México. Dicho ahorro se constituía con la aportación del 10 por ciento de los salarios devengados y su finalidad fue adquirir implementos agrícolas. Posteriormente este banco se fusionó al Banco Nacional de Crédito Rural.
En un asunto que no ha podido ser aclarado, los ahorros de los braceros no se localizaron, por lo que se presumió que fue saqueado por funcionarios, o empleado para fines gubernamentales no conocidos.
Para entonces, el gobierno federal quedó como garante de dicho fondo al adquirir esta deuda con los trabajadores migratorios acogidos al convenio anteriormente mencionado.
En la LIX Legislatura del Congreso de la Unión se aprobó la Ley que crea el Fideicomiso 2106 que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2006. Desafortunadamente los trámites burocráticos han impedido el acceso a los derechohabientes, quienes en su gran mayoría son mayores de edad.
Por ello el 28 de septiembre del año en curso presentamos una iniciativa de ley para crear el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, esto con el fin de facilitar y mejorar la disposición de los recursos que pertenecen a los ex trabajadores migratorios o a sus familiares.
Por último, quiero manifestar que hago mía la petición formulada por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la cual fue presentada el 23 de septiembre de 2009. Además de responder por la solicitud que me han hecho diversas organizaciones de ex braceros para la creación de dicha Comisión Especial.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados y a esta asamblea, que se constituya la Comisión Especial de seguimiento al Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964; que cuente para su desempeño con recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su debida operación; y que el periodo de sus funciones comprenda toda la LXI Legislatura.
Palacio Legislativo, 27 de octubre de 2009. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se ratifica la resolución que aprobó la Cámara de Diputados el 31 de agosto de 2007, relativo a la suspensión de la venta de la cartera vencida del Infonavit y solicitar la comparecencia del director de dicha institución.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Diputado presidente, diputadas y diputados. La propuesta que se presenta hoy para que se turne a comisión, tiene como objetivo la ratificación del punto de acuerdo aprobado en agosto de 2007, para la suspensión de la venta de la cartera vencida del Infonavit a empresas transnacionales. Rápidamente voy a hacer un recuento.
A partir del 2002 se genera la bursatilización de la cartera del Infonavit. En el 2005, en abril, específicamente, hay una reforma a la Ley del Infonavit, donde se le considera por esta Cámara, por este Congreso, finalmente como un organismo inauditable.
En el 2005, en octubre, se da a la quiebra 110 mil créditos vencidos. A principios de 2006 se vende o se cede como se dice, a título oneroso, la cartera vencida a dos empresas transnacionales: Capmark y Scrap II; son 56 mil los créditos vencidos.
Quiero señalar que en el caso de Capmark, es filial del grupo GMAC; y en el caso de Scrap II, de Banamex Afore y de Citigroup; es decir, instituciones que han sido rescatadas, incluso por el gobierno de Estados Unidos.
Finalmente, por cuestiones de tiempo, diría que a partir de lo que fueron una serie de amparos que se interpusieron en contra de esta venta de la cartera vencida, en 2008 se plantean dos cuestiones por distintos tribunales: en uno de ellos se considera inconstitucional la venta de esta cartera vencida, y en el otro caso se considera que es constitucional. Por esa razón es que sube a la Suprema Corte de Justicia en lo que se denomina "Contradicción de tesis".
Finalmente, a partir de esta contradicción de tesis lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia es, a través de una tesis de la ministra Luna Ramos, que el Infonavit no es autoridad; es decir, que la venta de la cartera vencida no se considera un acto de autoridad.
Es muy importante señalar que Capmark se declara en quiebra en los Estados Unidos el pasado lunes y que se declara en quiebra con mil 600 millones de dólares en el último trimestre.
Que Capmark, esta empresa trasnacional es deudora de 400 millones de pesos, que le debe al fisco; aquí en México, 400 millones de pesos.
Que el artículo 123 constitucional señala que los patrones están obligados a proporcionar vivienda cómoda e higiénica a los trabajadores, para lo cual se creará un Fondo Nacional de Vivienda con las aportaciones patronales.
Finalmente, lo que quisiera yo decir es que es importante que comparezca el contador público Víctor Manuel Borrás, el director del Infonavit, para tratar este asunto que consideramos muy delicado en estos momentos. En estos momentos de crisis económica que se esté desalojando a miles de familias es echarle lumbre al fuego.
Finalmente, diríamos que los organismos nacionales de vivienda deben recuperar su origen social. Que soy tan transgresora de la ley que simplemente exijo que se cumpla la Constitución Política Mexicana. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Vivienda.
Contamos con la presencia, compañeras diputadas y compañeros diputados, de invitados especiales del estado de Tlaxacala, así como un grupo de estudiantes de la Universidad Mexicana, campus Cuatitlán Izcalli. Les damos la más cordial bienvenida.
No se encuentra en este momento en el recinto la diputada María Isabel Merlo Talavera, por lo que se pone al final de las intervenciones.
Tiene la palabra la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Salud a que realice las acciones y mecanismos necesarios a fin de prevenir que laboratorios e instituciones privadas apliquen y vendan la vacuna contra la influenza AH1N1 a la población.
Tampoco se encuentra en el salón de sesiones, pasa al final del capítulo.
Se recibe de la diputada Leticia Quezada Contreras del Grupo Parlamentario del PRD, su proposición con punto de acuerdo relativo a la liberación de recursos y modificación de las reglas de operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que informe sobre la situación que guardan las sociedades financieras populares de México y explique el fraude de la cooperativa Caja Popular COOFIA, S.C.L., así como su situación legal.
El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero: Con su permiso, compañeras diputadas y compañeros diputados. El hecho de subir a tribuna en estos momentos significa para su servidor el reclamo, la desesperación, la frustración, los sentimientos encontrados de miles de ciudadanos mexicanos que confiaron en una institución financiera denominada COOFIA, cuyas oficinas principales se encuentran ubicadas en la ciudad de Puebla, pero que cuenta con 86 sucursales distribuidas en nueve estados de la República Mexicana, institución que está legalmente constituida, lo cual acredito con una copia simple y dejo a esta Secretaría, para su conocimiento.
Hace 20 días, aproximadamente, un grupo de ciudadanos guerrerenses se acercaron a su servidor pidiendo intervención urgente, ya que habían sido objeto de un fraude millonario. Digo textualmente las palabras de estas personas:
"Durante dos meses hemos vagado, tocando puertas de diversos funcionarios sin encontrar respuesta alguna. Los ahorros de nuestras vidas los depositamos en una caja popular llamada COOFIA acudimos a la sucursal donde abrimos nuestras cuentas. La respuesta fue tajante: no tenemos dinero y no va a haber dinero. Regresamos a los pocos días y nuestra sorpresa fue que ya estaba cerrado el local". Hasta aquí las palabras de los ciudadanos afectados.
Por parte del suscrito, inicié una compilación de datos. Sólo bastó anotar COOFIA en una computadora y me di cuenta que es un fraude consumado, 20 mil personas afectadas, un monto de mil 500 millones de pesos y lo más sorprendente, no es un tema novedoso, porque éste ya fue tratado en el Congreso local de Veracruz, donde se aprobó una fiscalía especial; demandas en Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Jalisco, Hidalgo; manifestaciones en Puebla y en Guerrero, así como un exhorto del Congreso local guerrerense a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su investigación.
Dejo copia también a esta Secretaría de este exhorto del Congreso del estado de Guerrero.
El presidente de dicha financiera, Valente Medina, en una entrevista realizada a un diario de circulación nacional reconoce faltante de liquidez, pero no da ninguna alternativa de solución.
Las mayores preocupaciones de este asunto es el reembolso de esos mil 500 millones de pesos a los ahorradores y la pregunta, ¿qué está haciendo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en relación a este fraude? El silencio por parte de esta institución sigue, salvo una pequeña declaración que hace unos días realizó su presidente, donde menciona que son 10 financieras de las que tienen denuncias. Por lo tanto, son muchas dudas que hay al respecto y necesitamos las respuestas.
Por eso pido a mis compañeras y compañeros diputados de todas las fracciones aquí representadas, que apoyen este punto de acuerdo para que comparezca ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informe sobre la situación actual de las sociedades financieras populares de México y explique el fraude de la cooperativa Caja Popular COOFIA, así como su situación legal. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Solicita el Grupo Parlamentario del PAN se posponga la intervención de la diputada Gabriela Cuevas Barrón.
Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emita a la brevedad posible sus observaciones y recomendaciones sobre el caso de los ex funcionarios y ex presidentes municipales del estado de Michoacán, actualmente internos en el Cefereso número 4 de Tepic, Nayarit.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Gracias, presidente. Voy a obviar la urgente resolución a petición de la fracción parlamentaria del PRI, para que se turne a Comisión, presidente.
Hoy en día, temas como la inseguridad pública, la lucha contra el crimen organizado y la vejación de los derechos humanos en México se ha convertido en tema que ha trascendido nuestras fronteras, además de que ha suscitado un considerable aumento en el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por ello, hoy más que nunca se espera de este organismo una participación más eficaz y contundente y comprometida en la defensa de los derechos humanos; es decir, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se establece al pie de la letra que este organismo tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.
Para tal fin, la comisión cuenta con diversas atribuciones que le han sido conferidas en el artículo 102, apartado B, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como las de formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.
Al respecto valga la pena puntualizar que si bien las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no son vinculantes, sí se puede constituir en un instrumento eficaz de denuncia que trasciende, en tanto que se trata de documentos públicos que ponen en evidencia la violación de los derechos humanos y las garantías individuales por parte de alguna autoridad, teniendo como fin restituir al quejoso en sus derechos.
De ahí la importancia de que las recomendaciones sean formuladas con estricto apego a derecho y que sean emitidas dentro de un plazo útil, pues de lo contrario, una demora en la emisión de las mismas se puede traducir en la pérdida de derechos para la víctima o en la dificultad para fincar responsabilidades.
En ese sentido, también resulta de gran importancia que la comisión está facultada para presentar quejas o realizar denuncias de los hechos ante las autoridades competentes, desde el momento en que un hecho ha sido calificado como presuntamente violatorio de los derechos humanos, incluso antes de que se dicte una recomendación, pues el no hacerlo igualmente puede constituir un grave perjuicio para el quejoso, sobre todo en materia de prescripción e impunidad.
Sin embargo, a pesar de las atribuciones con que cuenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha sido ampliamente cuestionada su eficiencia en el desempeño que ha tenido durante los últimos años en casos como el de las mujeres violadas por militares en Castaños, Coahuila; Zongolica, Veracruz; y en Nocupétaro, de Carácuaro, Michoacán.
Sobre esto es importante señalar que no sólo se ha cuestionado la manera sistemática en que se han violado los derechos humanos, la poca transparencia en que han derivado y en que se han desarrollado los procesos, y la impunidad en que han derivado, sino también que la comisión siempre responda a los cuestionamientos a que ha sido sometida apelando a supuestas limitaciones al mandato de la institución.
Por esta razón es de preocupar que después de cuatro mese,s por parte de la comisión, las investigaciones correspondientes al caso de los ex funcionarios de Michoacán, actualmente presos en Nayarit, no haya hasta el momento ningún resultado o pronunciamiento por parte de dicha instancia.
Lo anterior pone en evidencia dos cuestiones fundamentales. Primero, que efectivamente el máximo órgano encargado de velar por los derechos humanos de los mexicanos cuenta con importantes limitaciones que entorpecen el cumplimiento de sus funciones.
Segundo, la falta de transparencia y acceso a la información sobre los procesos a que han sido sometidos muchos ciudadanos mexicanos y en los que con frecuencia ocurren grandes violaciones de los derechos humanos y de las garantías individuales.
No obstante, esto tampoco justifica que la comisión apele a tales cuestiones para cerrar casos o simplemente no emitir las recomendaciones en tiempo oportuno que le permita tener mayor alcance e impacto en los procesos, porque ya se mencionó anteriormente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que si no emite con prontitud sus recomendaciones en torno a este caso, se corre el riesgo de vulnerar los derechos de los inculpados, como desafortunadamente ha sucedido en otras ocasiones.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se solicita de manera respetuosa al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que emita a la brevedad posible las observaciones y recomendaciones que ameriten y se desprendan de las investigaciones correspondientes del caso de los ex funcionarios y ex presidentes municipales de Michoacán, que se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Tepic. Nayarit.
Miembros de la asamblea; presidente: es importante comentar que ahora mismo está corriendo información en algunos medios radiofónicos de que, al parecer, ya emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos una resolución al respecto. Esperemos que la misma sea publicada de manera formal y que esto sirva como una invitación, un exhorto para que se cumplan en tiempo y forma las acciones a las que está encomendada la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y que por ninguna ocasión y por ninguna actitud se deba tener a una institución independiente, autónoma bajo la tutela del Poder Ejecutivo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos y para conocimiento del grupo plural de trabajo en la materia.
Solicita la palabra el diputado Moreira. A sus órdenes, diputado.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (desde curul): Desde acá, con todo respeto, señor presidente. Para preguntarle al señor diputado, Víctor Manuel, si acepta que respaldemos ese punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Diputado Báez Ceja, ¿está usted de acuerdo en aceptar la adhesión que propone el diputado Moreira?
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que deseen adherirse a la propuesta del diputado Báez Ceja, favor de pasar a la Secretaría a suscribir el documento correspondiente. Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP que establezca lo conducente para que ponga un plazo máximo, no mayor a 10 años, para alcanzar el nivel de secundaria, primaria y alfabetización de la población mayor de 15 que aún no ha completado estos niveles. Sí, diputado.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Una atenta petición, señor presidente de la Mesa Directiva, que esta proposición con punto de acuerdo se turne también a la Comisión de Justicia, que me honro en presidir.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿La propuesta del diputado Báez Ceja, es a la que se refiere usted, diputado?
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Sí, señor presidente, esa misma.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Cómo no, con mucho gusto, diputado, a sus órdenes. Adelante, diputado Jiménez Merino.
El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino: Con su permiso, señor presidente.
"Si quieres planear para un año, siembra arroz, si quieres planear para 10 años, siembra árboles; pero, si quieres planear para toda la vida, educa a las personas", dice un proverbio chino.
Señoras diputadas y señores diputados, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la impartición de la educación básica, así como determinar planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y alfabetización. En esta primera década del siglo XXI, nuestro país se encuentra en un gran rezago a nivel de educación básica, donde ?en principio? el analfabetismo mantiene niveles inaceptables.
De acuerdo con INEA y con el Conevyt existen 6 millones de personas que no saben leer ni escribir; 10 millones de personas no han concluido la primaria y 17 millones no han concluido la secundaria; 33 millones de mexicanos, mayores de 15 años, no tienen la escolaridad mínima básica. A un alto porcentaje de mexicanos en lugar de otorgarles mejor preparación a nivel escolar se les otorgan apoyos económicos o en especie como despensas y dinero.
La pobreza crece, el deterioro ambiental aumenta, los valores se pierden; pero lo que las familias necesitan es que les enseñemos a desarrollarse mediante la educación mínima para que sean autoproductivos. Sin educación es imposible el desarrollo nacional.
Por ello, es indispensable superar el rezago escolar; casi 4 de cada 10 mexicanos mayores de 15 años no tienen la escolaridad mínima para desarrollar sus habilidades para la vida y el trabajo. Es urgente que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con otras instancias responsables instrumente acciones para mejorar el nivel de escolaridad y los contenidos educativos de acuerdo a los problemas de la realidad socioeconómica del país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito, del pleno de esta soberanía, la aprobación del siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a fin de que se establezca lo conducente para que se ponga un plazo máximo no mayor a 10 años, para resolver el problema de la escolaridad que asegure el nivel secundaria, primaria y alfabetización de la población adulta.
Segundo. Que la Secretaría de Educación Pública revise los contenidos educativos para que se capacite para la vida a la población objetivo, que hoy está en condiciones de baja escolaridad, garantizando la atención a los problemas más apremiantes de las familias y su entorno.
Tercero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asegure los recursos suficientes, en forma multianual, de acuerdo a la meta para combatir el rezago educativo, asegurando la educación del nivel secundaria, primaria y alfabetización de la población adulta en nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra la diputada Yulenny Cortés León, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte trabaje en el análisis y revisión de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de realizar las reformas pertinentes a la misma, acorde a las necesidades del día de hoy, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Yulenny Guylaine Cortés León: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en 1988 se creó con amplias facultades para coordinar el deporte en México la Comisión Nacional del Deporte. Este órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública cuenta, entre otras facultades, la de ser rector de las políticas nacionales en materia deportiva y cultura física, con las atribuciones de formular, proponer y ejecutar estas políticas.
Dos años después, en 1990 se promulgó la Ley al Estímulo y Fomento al Deporte que constituyó en materia deportiva en nuestro país y estableció las bases jurídicas del Sistema Nacional del Deporte, citando al Conade como su entidad rectora, pero con carácter de organismo desconcentrado de la SEP.
Cuatro años más tarde se emitieron reformas a esta ley y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se otorgaron a la SEP amplias facultades en materia deportiva, mismas que se ejercen a través de la Conade.
Una nueva ley en esta materia fue promulgada en junio de 2000, a la que se le denominó Ley General del Deporte. En esta ley se estipularon las bases para la articulación de los tres órganos de gobierno, a fin de integrar el Sistema Nacional del Deporte, promover la iniciación y práctica deportiva, y ejecutar y dar seguimiento al Programa Nacional del Deporte, en sus respectivos ámbitos de competencia, entre otras cosas.
Indicó además que deberán promoverse actividades deportivas especiales para la población que padece alguna discapacidad, la población de la tercera edad, así como el apoyo a los deportes autóctonos.
Finalmente en el 2004 se promulgó una nueva ley bajo la denominación Ley General de Cultura Física y Deporte, mediante la cual la Conade se convierte en organismo público y descentralizado y le atribuye la responsabilidad de integrar el Programa Nacional en Materia de Cultura Física y Deporte. Esta ley y su reglamento tienen por objeto establecer la coordinación y colaboración entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como la concentración para la participación de los sectores social y privado en materia de cultura física y deporte.
Sin duda esta ley tiene beneficios relevantes, pues contiene mecanismos legales que derivan en beneficios para la comunidad deportiva, en particular, y para la sociedad en general. No obstante, ha quedado rezagada frente a la dinámica del deporte nacional e internacional y presenta omisiones que han retardado el fomento de la cultura física en la población, y especialmente no se ha logrado concertar e insertar el gusto por la práctica de las disciplinas deportivas en las escuelas de educación básica.
Lo anterior eminentemente deriva en la dificultad de identificar e impulsar a los talentos deportivos desde temprana edad.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos convencidos que debemos actuar desde nuestro ámbito para lograr, a través del impulso y fomento a la práctica de cultura física y el deporte, una población más sana y más competitiva en todo los ámbitos.
Es importante que nuestro objetivo no sólo sea cosechar más talento deportivo, sino estimular y dar acceso a las niñas, los niños, los y las jóvenes y adultos a la práctica de estas actividades. Para lograrlo tenemos que fortalecer los lazos de acción que lleven a la ciudadanía a tener contacto con la cultura física y el deporte, y uno de estos lazos es el marco jurídico que lo regula.
Es por ello que debemos de iniciar el análisis de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el fin común de actualizar y reforzar las bases para el desarrollo del deporte nacional y la sociedad, haciendo partícipes de este trabajo a todos esos actores de la comunidad deportiva y a los interesados, de la sociedad en general.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, resulta necesario darle continuidad al proceso de desarrollo de la cultura física y el deporte para que México logre sobresalir en estas materias a nivel internacional. Si bien es cierto que se han logrado buenos resultados en la materia, también es verdad que no son suficientes y que el futuro impone retos que debemos enfrentar hoy.
En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Juventud y Deporte a trabajar en el análisis y revisión de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de realizar las reformas pertinentes a la misma, acordes con las necesidades de hoy en día. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.
Tiene la palabra el diputado Filemón Navarro Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a llevar a cabo la debida inspección y vigilancia de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de la región de la montaña, Guerrero, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedad Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
El diputado Filemón Navarro Aguilar: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados.
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno, el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha determinado que en nuestro país existen 25 regiones indígenas que en conjunto concentran a poco más de 8 millones de indígenas, es decir, alrededor de 77 por ciento de la población indígena a nivel nacional.
Una de ellas es la región de la montaña del estado de Guerrero, considerada como una de las regiones de mayor rezago y de muy alta marginación, condiciones que se ven reflejadas en la carencia de servicios y en la tasa de fecundidad y tasa de mortalidad infantil, sustancialmente elevadas.
Una vez descrita la región de la montaña de Guerrero, quiero compartirles lo que les está sucediendo a mis hermanas y hermanos indígenas en esta región.
Desde hace varios meses se han asentado en esta región de la montaña varias empresas como Grupo Baz, Caja de Ahorro Azteca, Grupo Amor, Cofia y la Cooperativa de Abasto Popular, las cuales ofrecen servicios de ahorro y crédito.
Sin embargo, estas empresas sólo se han dedicado a defraudar a los indígenas y campesinos de esta región, es decir, esta seudosociedades o cajas de ahorro y crédito han atraído a usuarios con la idea de obtener altos rendimientos. Ejemplo de ello fue la modalidad consistente en aportar la cantidad de 520 pesos a fin de que en un lapso de tres meses pudieran recibir la cantidad de 3 mil pesos, cuestión que nunca sucedió, ni se cumplió por los representantes de la caja de ahorro.
Ante ello, las empresas en comento han defraudado a más de 20 mil indígenas de la región de la montaña del estado de Guerrero, con una cantidad que supera los 139 millones de pesos.
Por ello, es de urgente resolución frenar estas impunidades que viven los que menos tienen y que son defraudados debido a su idiosincrasia y escasa asesoría financiera.
Sin lugar a dudas se requiere que la presencia de la autoridad sea contundente para regular, supervisar y ordenar a esas sociedades cooperativas relativas al ahorro y crédito popular para tener el debido cumplimiento del objetivo que persiguen las cooperativas de ahorro y préstamo.
Por ello, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, someto a su consideración el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a la debida inspección y vigilancia de las sociedades cooperativas y de ahorro y préstamo de la región de la montaña del estado de Guerrero, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y para que, en su caso, se repare el daño a los defraudados. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se recibió de la diputada María Isabel Merlo Talavera, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenga un control más estricto de las instituciones financieras como Coofia, para evitar que continúen funcionando en demérito financiero de los recursos que son depositados por ahorradores de buena fe, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se recibió de la diputada María Cristina Díaz Salazar, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que derogue el acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio del cual se fijan las características y especificaciones de las placas y calcomanías de identificación vehicular, entre otros documentos, y emita un nuevo acuerdo que garantice que dichos documentos sean elaborados por la industria nacional, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. Se turna a la Comisión de Transportes.
Tiene la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial sobre no Discriminación.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, estoy pidiendo que se cree una Comisión Especial sobre la no Discriminación, debido a que en la legislatura anterior existía esta comisión y dejó trabajos pendientes, pero sobre todo el reconocimiento de que en este país la discriminación existe, de que existen millones de niños y niñas con discapacidad que van a las escuelas y se les impide el acceso a ellas por tener limitaciones físicas o intelectuales; que existen millones de personas con VIH-Sida que van a los hospitales y se les impide el acceso a la salud, únicamente por tener VIH o ser homosexuales.
También existen muchos despidos cuando hay discriminación o cierres en algunas empresas y las primeras que salen son las mujeres, o bien personas que tienen una religión diferente a la católica. Son muchas las causas de discriminación en este país, las vivimos todos los días; pero lo peor, las ejercemos todos los días. Todos discriminamos, porque esto es un círculo, un círculo violento para los mexicanos y para las mexicanas.
Hay convenidos internacionales que ha signado el Estado mexicano, en los que nos comprometemos a erradicar la discriminación y a respetar los derechos humanos, pero no lo hemos hecho, compañeras diputadas y compañeros diputados.
En este sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de adoptar todas las medidas legislativas, tanto para el goce de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales, como en el principio de no discriminación, pues esto no es válido que sólo a uno se le respeten los derechos y a otros, justamente por el pensamiento o rechazo que tenemos de sus preferencias, de su color, de su etnia, de su discapacidad, les neguemos el ejercicio de sus derechos humanos y por tanto, los estemos discriminando y los estemos alejando del goce del ejercicio de los derechos.
La Comisión Especial sobre No Discriminación tendrá como uno de sus objetivos identificar aquellas disposiciones que, por no tomar en cuenta las situaciones particulares de determinados grupos o sectores de la sociedad, o bien que al ser producto de factores generadores de discriminación, favorezcan la violación o una incidencia negativa en el goce de los derechos fundamentales de todas las personas.
El principio de igualdad establece que si entre dos personas existen diferencias irrelevantes, éstas deben tener un trato igual; pero también exige, que si entre estas personas existen diferencias relevantes, entonces el tratamiento que el ordenamiento jurídico les otorgue, en consecuencia deberá ser distinto.
Es aquí donde radica el sustento de esta Comisión Especial, pues en ella se velará porque no exista un trato diferente entre dos o más personas, sin que exista algún criterio que se juzgue razonable para ello y eso es algo que tenemos que consagrar en las leyes de esta nación.
Existen avances legislativos; pero no se puede negar eso. Pero hoy en día persisten claros fenómenos de discriminación, que siguen alojados en la mentalidad social y en los textos constitucionales; basta mencionar temas como la homosexualidad o la nacionalidad, aun y cuando el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional establece la prohibición de discriminar por razón de preferencias, es necesario precisar el contenido de este término, a efecto de ofrecer mayor claridad en todas las mexicanas y en todos los mexicanos.
El tema de protección frente a esta modalidad de discriminación es especialmente importante, ya que la primera encuesta nacional sobre discriminación en México señala que la sociedad mexicana es profundamente discriminatoria hacia las personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual.
En lo que concierne a la nacionalidad, basta hacer referencia al artículo 33 de la Constitución, al permitir al Ejecutivo de la Unión la expulsión de hacer abandonar a un extranjero en territorio nacional, por considerar su permanencia inconveniente. Violenta esto los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Por lo que es necesario regular la situación en la que esta discrecionalidad del presidente, pueda ser empleada, toda vez que es necesario someter a esta facultad al imperio de los principios del Estado democrático de derecho, en el cual se respeta el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo a los no nacionales que se encuentran en territorio mexicano.
La lista de rezago que tenemos en base a estas problemáticas en cuestiones legislativas es muy amplia. Por eso es necesario este punto de acuerdo en el que se crea esta Comisión Especial contra la No Discriminación y a ella se turnen todas las iniciativas y puntos de acuerdo que tengan que ver con la garantía para todos los mexicanos de tener un ejercicio libre de nuestros derechos, independientemente del estado que tengamos, de discapacidad, de preferencia sexual, se preferencia religiosa o de orientación política.
Es cuanto, diputado presidente. Le pediría que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Acabamos...
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Es para adherirme a la propuesta de la diputada y no solamente para eso, esperando que se apruebe la Comisión. Ojalá que la diputada Claudia Anaya pueda presidirla.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Le pregunto a la diputada Edith Anaya Mota si está de acuerdo en aceptar la adhesión que propone el señor diputado.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Que sí está de acuerdo. Por tanto, las compañeras diputadas y los compañeros diputados que deseen adherirse, favor de pasar a la Secretaría a suscribir el documento correspondiente.
Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política por lo que le pido a la Secretaría que proceda a dar cuenta de ésta.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva, Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en el artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted, atentamente, consultar al pleno si tiene a bien aprobar la modificación del orden del día de la sesión de hoy, para ingresar en el primer turno posible con el trámite de sólo turno a comisión, la siguiente iniciativa:
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez, y firman los coordinadores parlamentarios.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada en tales condiciones.
Se recibió de la diputada Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Equidad y Género.
Señoras diputadas y señores diputados, se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Gerardo del Mazo Morales, diputado federal electo en la cuarta circunscripción plurinominal. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes legisladores: Antonio Benítez Lucho, Diego Guerrero Rubio, María del Pilar Torre Canales, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Roberto Pérez de Alva Blanco; por tanto, les pedimos que cumplan con su cometido.
(La comisión cumple su encomienda)
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Invitamos a los presentes a ponerse de pie, por favor.
(De pie los presentes)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ciudadano Gerardo del Mazo Morales, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?
El ciudadano Gerardo del Mazo Morales: Sí, protesto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.
Señoras diputadas y señores diputados, de conformidad con el acuerdo de la reunión de trabajo de la Junta de Coordinación Política, y con la autorización del pleno, procedemos ahora a dar curso al capítulo de La agenda política
Por tanto, el siguiente punto del orden del día es la agenda política relativa a la declaración política de los pueblos indígenas.
Tiene el uso de la palabra el diputado Domingo Rodríguez Martell, del Partido de la Revolución Democrática.
Diputado Pérez de Alva, dígame usted.
El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (desde la curul): Para una pregunta muy respetuosamente, señor diputado presidente, y dado que es la esencia primordial de esta Cámara, si no se va a tocar el capítulo de excitativas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Hemos dado cumplimiento a la disposición que fue remitida por la Junta de Coordinación Política.
En los términos que fue establecido por los acuerdos del 12 de octubre, se señala que los jueves, a partir de las dos de la tarde debemos tratar los temas de agenda política, y los temas que nos enviaron el día de ayer de la Junta de Coordinación Política, es que trataríamos, como usted lo tiene en la Gaceta Parlamentaria, el tema de los pueblos indígenas; el tema de sembrar organismos genéticamente modificados en nuestro país, así como los comentarios sobre el 2 de octubre de 68.
En tales condiciones, por los acuerdos considerados tendremos que entrar a agenda política a partir de este momento. Diputado, dígame.
El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (desde la curul): No desconozco la autoridad de la Junta de Coordinación Política, sin embargo, como sólo una reflexión personal y respetuosa, deseo recordar a la Mesa Directiva que la función principalísima, sin descartar que todos los demás asuntos son importantes de la Cámara, es la de legislar.
Han pasado dos meses ya de hecho, y no hemos aprobado una sola iniciativa de ley, salvo la Ley de Ingresos. De ahí que yo considere importante que este capítulo no deba dejarse permanentemente de lado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No está de lado, diputado. En el momento en que tengamos los dictámenes correspondientes de todas las comisiones en condiciones de poderlos presentar al pleno, lo estaremos haciendo. Diputado, a sus órdenes.
El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (desde la curul): Muy rápidamente también, señor, sin querer quitar el tiempo.
El dictamen al que yo haría alusión tiene guardado aquí en la Cámara desde hace cinco o seis años. Ya está preparado en la Comisión de Energía y no es un asunto nuevo, de tal suerte que yo le rogaría que en la próxima sesión pudiera tomarse en cuenta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le suplicaría de la manera más atenta lo trasmita a su coordinador de la fracción parlamentaria, para que pueda ser tratado en la Junta de Coordinación Política y pueda ser agendado.
La Mesa Directiva con mucho gusto lo hacemos, siempre y cuando la recibamos del órgano de gobierno correspondiente.
Continuamos. Se concede el uso de la palabra al señor diputado Domingo Rodríguez Martell, del Partido de la Revolución Democrática, sobre el tema de la declaración política de los pueblos indígenas y su educación.
El diputado Domingo Rodríguez Martell: Gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras, este tema inicialmente debí haberlo expuesto en el marco del 12 de octubre, sin embargo, no tuve que esperar 500 años para hacer uso de la palabra.
Teniendo presente el contexto global de la crisis económica en que se debaten nuestros pueblos, en medio de los grandes problemas de toda índole que aquejan a la humanidad, marcando este tiempo con el signo de la iniquidad y la desigualdad social que amenaza el futuro de la humanidad, donde las clases sociales más desprotegidas se van empobreciendo cada día más, ante la mirada insensible de los que detentan los grandes capitales y se enriquecen a costa del hambre de millones de seres humanos, nuestros pueblos sobreviven, resisten y luchan por un mejor futuro para nosotros y nuestros hijos.
Recordando el compromiso asumido en el marco de la IV Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas celebrada a finales de mayo de 2009 en Puno, Perú, donde nuestros delegados acordaron realizar movilizaciones el 12 de octubre en cada uno de los países del Abya-Yala, rechazando que el 12 de octubre sea considerado como el Día de la Raza o Encuentro de Dos Mundos, con que el oficialismo gubernamental pretende reafirmar el sometimiento y festejar el exterminio de quienes fuimos sometidos por los invasores europeos en 1492.
Retomando nuestra demanda principal en México, así como en cada uno de nuestros países, es por la inclusión y respeto como sujetos de derecho público y el reconocimiento de nuestros derechos colectivos, a fin de que éstos sean garantizados en nuestra Carta Magna como parte de este Pacto fundamental del Estado mexicano que hasta hoy nos mantiene marginados en el Estado-nación.
Afirmando que aspiramos avanzar hacia la refundación del Estado mexicano a través de la instauración de un Congreso Constituyente que refunde a la República Mexicana con un nuevo Pacto Nacional en el que queden garantizados nuestros derechos como pueblos indígenas en esta nueva Carta Magna, retomando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Ratificando que la lucha de nuestros pueblos es por el respeto de nuestras tierras y territorios; nuestros derechos y nuestra cultura; percepción y cosmovisión indígena; por el acceso libre y bajo el control de nuestros pueblos, de nuestros centros ceremoniales sagrados; por el derecho al desarrollo como medio para garantizar nuestra sobrevivencia y el buen vivir.
Reafirmando también que el derecho de libre determinación y autonomía que demandan nuestros pueblos, pasa necesariamente por el derecho de consulta con consentimiento libre, informado en todos aquellos aspectos que competen a nuestros pueblos, garantizando el respeto a nuestras normas mínimas establecidas en el derecho internacional.
Sabiendo de la cercanía de la gran celebración anunciada en nuestro país para festejar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana y haciendo un esfuerzo para coordinar nuestras luchas hasta ahora dispersas, alzamos nuestras voces en una sola voz y declaramos
Primero. Que el 12 de octubre es el día de la dignidad y la resistencia de nuestros pueblos indígenas. Si algo hay que festejar, es la valentía con la que cayeron peleando nuestros ancestros contra el sometimiento español y las tiranías posteriores.
Segundo. Que a 100 años de la Revolución Mexicana y a 200 años de la guerra de Independencia, seguimos resistiendo y exigiendo nuestra inclusión y reconocimiento en la Carta Magna de México para ser parte de este Estado-nación.
Por tal razón, cuestionamos el carácter festivo de la gran celebración nacional que de dos hechos históricos importantes: el Centenario de la Revolución Mexicana y el Bicentenario de la guerra de Independencia, sin un llamado a la reflexión profunda de lo que significa y han traído como consecuencia los hechos donde nuestros ancestros sirvieron como carne de cañón, sin que por ello hayan sido incluidos con justicia en la Constitución de este Estado-nación, el cual no sólo nos excluyó, sino que nos avasalló pretendiendo todo nuestro exterminio.
Tercero. Que no renunciaremos a la lucha por la armonización de nuestra Carta Magna, para que se respete y reconozcan todos nuestros derechos contemplados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, para que nuestros pueblos sean reconocidos como sujetos de derechos garantizando en todo momento el derecho a la libre determinación de autonomía y de consulta con consentimiento libre, previo, informado que asegure nuestra participación en la toma de decisiones que nuestros gobiernos pretenden realizar en aquellas acciones que competan a nuestros pueblos.
Cuarto. Con la gran diversidad de pensamiento y posturas de las y los participantes, decimos que estamos unidos para luchar por un nuevo Congreso Constituyente que habrá de instalarse llegado el momento, donde todas nuestras propuestas serán escuchadas y objeto de una revisión seria y profunda con el fin de que sean incluidas sin mutilación ni regateos en la nueva Carta Magna, por medio de la cual entremos por la puerta grande a formar parte de ese nuevo pacto pluriétnico, pluricultural y con pluralidad jurídica con rostro indígena e incluyente. Un México plurinacional que anhelamos todos.
Por tal razón, las organizaciones firmantes y los diputados del PRD llamamos a todos los pueblos indígenas de México y sus organizaciones, a las diferentes tendencias y expresiones del pensamiento indígena, hasta ahora dispersas; al movimiento campesino, obrero y popular, y a otros sectores sociales, sujetos históricos, actores sociales y partidos políticos, a nuestros hermanos indígenas y no indígenas de México.
Desde el fondo de nuestros corazones indígenas, nosotros, los olvidados y excluidos de siempre, desde la voz de nuestros originarios de estas tierras y territorios, llamamos al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y Judicial, ¿y por qué no?, también a las empresas privadas para que no perjudiquen a nuestros pueblos indígenas, como es el caso de nuestros hermanos del municipio de Paracho, Michoacán, afectado fundamentalmente por la empresa Televisa, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones garanticen el efectivo acceso a la jurisdicción del estado.
Llamamos también a todas las organizaciones y pueblos indígenas de México interesados en la articulación, coordinación de la lucha de nuestros pueblos, a participar activamente en la realización de un Encuentro Nacional, a celebrarse el 10 de abril de 2010, encaminado a la reorganización indígena nacional para definir las acciones y programas de lucha de nuestros pueblos. 500 años después, aquí estamos.
Compañeras y compañeros, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. Sí, diputado, dígame.
El diputado Martín García Avilés (desde la curul): Para tomar el uso de la palabra sobre los hechos vertidos por el diputado, y que hace referencia a la violación de los derechos indígenas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Lo anotamos con mucho gusto, una vez que concluyan los que tenemos inscritos, con mucho gusto se la concedemos, diputado. Adelante, diputado Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, ciudadano presidente, con su venia. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
Es un hecho que en México los derechos de los pueblos indígenas constituyen una asignatura pendiente. Una asignatura pendiente, porque la reforma constitucional del 2001 no dio cumplimiento cabal a los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que fueron suscritos por el gobierno federal mexicano y por las organizaciones, los pueblos y las comunidades indígenas.
Nuestro marco constitucional en materia indígena, previsto en el artículo 2o. de la Constitución, está muy lejos del contenido del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y mucho más lejos aún de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En México los indígenas siguen reclamando del Estado, siguen reclamando de todos nosotros, tener autonomía plena. Como sabemos, no se les quiso conceder, en la reforma constitucional de 2001, autonomía territorial a sus pueblos y comunidades. Pero eso no es lo más grave, si uno revisa con cuidado el contenido del artículo 2o. de la Constitución encuentra que no hay una tutela efectiva y adecuada a los derechos colectivos de las comunidades indígenas.
La Constitución los considera, a las comunidades y los pueblos indígenas, entidades de interés público y no personas de derecho público. La Constitución señala, desde una visión profundamente homogénea, pero también profundamente antimulticultural y antipluriétnica, la visión de que México es una nación única e indivisible. No se concibe que la nación mexicana es una nación de naciones, en donde ahí hay un juego o un papel muy importante que deben tener los pueblos y las comunidades indígenas.
También hay otras deficiencias enormes. Por ejemplo, las comunidades indígenas y los pueblos indígenas no tienen acceso a los beneficios de los recursos estratégicos, tampoco son tomados en cuenta para participar en las decisiones que el gobierno federal o los gobiernos locales asumen o toman respecto a recursos estratégicos del Estado.
El derecho de consulta que establece el artículo 2o. de la Constitución es un derecho de consulta solamente para la definición del Plan Nacional de Desarrollo, o en materia de planeación, pero los pueblos indígenas deben ser consultados en otro tipo de temas y en otro tipo de asuntos que les afecten directamente, para dar pleno cumplimiento a lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Y finalmente algo de lo que debe preocuparnos, en esta Cámara de Diputados, es la posibilidad de que los pueblos indígenas tengan derechos de representación política más allá del tema municipal.
La Constitución, en el artículo 2o., permite que los pueblos indígenas, que los indígenas, tengan representantes a nivel municipal, pero ese derecho de representación política debe existir también en las legislaturas locales y, sobre todo, en el Congreso de la Unión.
Así como existe una cuota de género para favorecer el papel y la intervención, cada vez creciente y más creciente y ojalá que así sea, de las mujeres en la vida legislativa y en la vida pública del país, debiera existir una cuota que permitiera a los pueblos y a las comunidades indígenas tener representación en este Congreso de la Unión.
No debemos olvidar que los pueblos y las comunidades indígenas en este país representan más de 10 por ciento de la población. Y aquí, en este Congreso, en esta Cámara de Diputados, existe una insuficiente representación de los indígenas.
Los indígenas deben ser representantes de la nación, al igual que muchos de nosotros, y tener espacios en el Congreso federal, tener espacios en las legislaturas locales y en los municipios.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra la diputada María Felicitas Parra Becerra, del Partido Acción Nacional.
La diputada María Felicitas Parra Becerra: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, las reformas aprobadas en el año 2001 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin duda alguna marcaron cambios sustanciales en las políticas del Estado al construirse una nueva relación entre éste, los pueblos indígenas y la sociedad, fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural, el diálogo y el respeto a las diferencias.
A partir de agosto de este año se estableció en el ordenamiento supremo que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
Asimismo, se señaló que son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
De igual forma se reconocieron una serie de derechos a esos pueblos y comunidades indígenas como son: la libre determinación y autonomía para decidir sus propias formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de los conflictos internos; elegir a sus autoridades de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y en general, su identidad cultural; para accesar al uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares que habitan y a la jurisdicción del Estado, por mencionar algunos.
Estos derechos reconocidos formalmente en la Constitución federal, representan un gran avance. No obstante se ha dicho que esta forma no satisfizo las expectativas respecto al alcance de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país.
Compañeras y compañeros, México es una nación pluriétnica y multicultural. Actualmente hay 13.2 millones de indígenas, quienes representan el 12.6 por ciento de la población total. Es por eso que la administración federal ha impulsado diversas acciones encaminadas a transformar el modelo de atención hacia los pueblos y comunidades indígenas, el cual se ha basado en el fortalecimiento de las instituciones, creando las Comisiones Nacionales para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, organismos encargados de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2o. constitucional.
Resulta importante destacar el esfuerzo de estas instituciones a fin de promover el reconocimiento y vigencia de los derechos indígenas.
Por ello nuestro grupo parlamentario se manifiesta por avanzar en todos los campos que permitan fortalecer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a fin de lograr su desarrollo integral.
Por ello invitamos a esta Cámara a que retome el contenido de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y avanzar en las reformas legales necesarias para su cumplimiento. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Teófilo Manuel García Corpus: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea: el Partido Revolucionario Institucional saluda la declaración política de los pueblos indígenas que se viene a sumar a otras voces de pueblos y organizaciones indígenas que reclaman justicia y vida digna.
Como Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y como indígena, sólo puedo estar de acuerdo en la necesidad de profundizar el compromiso de los Poderes públicos, los partidos políticos y la sociedad, a favor de las reivindicaciones de nuestros pueblos originarios.
Para los pueblos indígenas de México es imposible seguir aceptando que el día 12 de octubre sea considerado Día de la Raza.
Los indígenas no desconocemos los buenos deseos de quienes impulsaron esta celebración basada en la idea de don José Vasconcelos sobre la raza cósmica que pretendía ser un colofón al principio liberal de que la unidad nacional y el progreso de México requería fundarse en una sola cultura, una sola raza y una sola lengua.
A más de 500 años, la realidad social es contundente. México es un país pluricultural, cierto. Es necesario debatir sobre el significado de la gestación del 12 de octubre; cierto es también que la resistencia y la dignidad indígena han sido la historia de nuestros pueblos desde 1492; cierto es también que el futuro de todos los mexicanos está sustentado en el diálogo intercultural. Diálogo intercultural que supone equidad y respeto entre los interlocutores, sean estos pueblos, instituciones o personas.
Pero necesitamos no sólo estar de acuerdo con esto, sino trabajar más allá de las celebraciones.
Quienes formamos parte de la clase política, además de los discursos debemos expresar nuestra voluntad y desplegar nuestra capacidad para formular los instrumentos que permitan construir las bases de un Estado pluricultural de derecho y con ello garantizar el ejercicio pleno del los derechos de los pueblos indígenas.
Con este propósito y como presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas he presentado un punto de acuerdo cuya intención es renovar el compromiso de los poderes públicos para armonizar programas, acciones, legislación y resoluciones judiciales del Estado mexicano con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
De realizarse el contenido de este punto de acuerdo, y si nosotros cumplimos con nuestro deber, considero que se sentarían las bases de compromiso político para la construcción de una auténtica política de Estado en materia de derechos y desarrollo de los pueblos indígenas. Solamente con un compromiso de esta magnitud pondremos en el centro del debate y la acción pública la equidad y el bienestar de los pueblos indígenas de México.
Particularmente, considero que debemos poner énfasis en temas como la educación intercultural para todos los mexicanos, garantizar el derecho a la consulta y a la obligación de las autoridades a recabar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades, como requisito para la ejecución de cualquier acción del Estado que les afecte: el cumplimiento al mandato constitucional de acceso preferente de los pueblos indígenas al uso y disfrute de los recursos naturales como el agua, los recursos mineros y petroleros. La superación de los conflictos agrarios en las regiones indígenas. Garantizar el derecho a la alimentación y a la salud. La conciliación de las prácticas del derecho tradicional de los pueblos con el derecho positivo, así como hacer efectiva la asistencia de intérpretes y traductores para los indígenas en los procesos de solución de conflictos.
Por último y de acción inmediata, con toda claridad y energía, y con el apoyo de los diputados comprometidos con las mejores causas de México, la lucha por un presupuesto digno y su correspondiente ejercicio pertinente a las necesidades de desarrollo con identidad que permita avanzar con mayor rapidez hacia la superación de las desventajas y la falta de oportunidades que hoy caracterizan a nuestros pueblos.
Honorable asamblea, en estas condiciones, la unidad nacional y la democracia en México están ligadas a la capacidad del Estado para preservar la paz social y promover el bienestar en la diversidad cultural.
En el momento actual nada hay más democrático que avanzar en la justicia, la libertad y el bienestar de nuestros pueblos originarios. Las causas que dieron origen al movimiento zapatista hoy siguen vigentes: el desprecio, el abandono a que tienen sometidos a nuestros pueblos originarios sigue estando presente y hoy se manifiesta de nueva cuenta en esta soberanía.
Los legisladores estamos obligados a responder a los grandes retos que implica la justicia social plena para todos los indígenas de México. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Martín García Avilés, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Martín García Avilés: Gracias, presidente, con su venia. Compañeras y compañeros diputados, he hecho uso de la palabra a propósito de un tema pendiente de agenda, no solamente porque no basta recordar las severas violaciones a los derechos de los pueblos indios y de los indígenas en general, sino porque la violación a los derechos día a día se presenta en las diferentes instituciones y ahora en la práctica y muy recientemente, hasta en empresas televisivas.
Decirles, que soy diputado federal electo del distrito VII, con cabecera en Zacapu, lo componen mayoritariamente municipios de la meseta purépecha. En el pueblo de Paracho, enclavado en la sierra, a través de los años, de manera milenaria se ha establecido la elaboración artesanal de la guitarra; con el paso de los años la fiesta tradicional se ha convertido en Feria Internacional de la Guitarra; para todos es conocida la conquista de la denominación de origen.
Todos reconocemos que la guitarra internacionalmente tiene prestigio por su calidad, por ser artesanal. Decirles que los artesanos indígenas del municipio de Paracho y los industriales de la guitarra se han quejado con mucha profundidad, porque en una de las telenovelas de la empresa Televisa, particularmente la que se intitula Hasta que el dinero nos separe, se presentó un diálogo que refiere, palabras más, palabras menos: "Eres más corriente que las guitarras de Paracho". Y a mí me consta que el gobierno federal y estatal han realizado un sinnúmero de esfuerzos para impulsar la guitarra, en particular, el estado de Michoacán año con año adquiere más de 5 mil guitarras para donarlas a escuelas secundarias, para promover e impulsar la educación artística de este importante instrumento.
En la actualidad la guitarra ha sido plagiada. Ahora, hasta los chinos hacen guitarras, y le ponen la denominación de origen: "De Paracho". De hace 36 años a la fecha, que se viene realizando la Feria Internacional de la Guitarra, los artesanos han conquistado la existencia de un centro para promover el desarrollo de la guitarra, y año con año en la feria tradicional de la guitarra se ven por las calles y las tiendas artesanales, un sinnúmero de artistas internacionales y actores que en medio de la discreción van a comprar una guitarra a Paracho. Lo mismo concertistas, mariachis y músicos de todo el mundo se acercan a Michoacán para buscar, en el municipio de Paracho, guitarras que se elaboran en la meseta purépecha.
Subo a esta tribuna, porque he recibido un sinnúmero de mensajes y correos electrónicos, pidiendo que alce la voz a nombre de los indígenas artesanos del pueblo de Paracho, para pedirle a la empresa Televisa que ofrezca una disculpa pública. Así no nos ayuda a promover la guitarra que tanta importancia ha significado para el pueblo indígena de Paracho y que ha merecido reconocimiento internacional.
Le pido a la Mesa Directiva y al pleno de esta Cámara, una misiva a la empresa, donde pida una disculpa pública. De modo que tenemos vigente y muy presente la violación a los derechos indígenas.
Ahora, de no hacer un pronunciamiento contra este hecho, de esta empresa, podrá ser un precedente para que cualquier actor en su diálogo, por quedar bien, viole, lastime, soslaye y subestime la importante elaboración artesanal de esta guitarra. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Guillermo Zavaleta Rojas, del Partido Acción Nacional.
El diputado Guillermo José Zavaleta Rojas: Gracias, ciudadano presidente. El día 12 de octubre se cumplieron 517 años del encuentro y la fusión multicultural que vino a fundar finalmente México y que hoy tenemos como nación, la cual se forjó como el acero y nuestra nación fue el crisol en donde se llevó a cabo la aleación que forma nuestra orgullosa raza de bronce y de la raza cósmica que hablaba hace un momento el diputado García Corpus, citada por él y denominada así por el maestro José Vasconcelos, oaxaqueño, también.
El análisis y el diagnóstico de lo que produjo este encuentro es profundo, complejo y multifacético. Tenemos que reconocer que esta integración no se ha dado de manera homogénea.
En la actualidad existen mexicanos que sin percatarse de lo que le significó para ellos ése 12 de octubre, fecha que puede pasar desapercibida aún en este Congreso, viven en condiciones de rezago que nos deben resultar intolerantes.
El Partido Acción Nacional ha luchado siempre porque los conceptos básicos doctrinales de solidaridad y subsidiaridad no sean un catálogo de buenas intenciones, sino que se apliquen en acciones concretas que logren disminuir, en principio, y terminar finalmente con la marginación, la pobreza y la explotación que sufre nuestra población indígena.
Hoy debemos reconocer que tenemos una deuda con quienes sus ancestros fueron los pobladores originales de nuestro país, ya que el México de hoy es el depositario histórico de su saber y su cultura. Debemos de emplear toda nuestra capacidad, imaginación y oficio político, sobre todo, en el ámbito de nuestra competencia para que el Poder Legislativo no solamente logre incorporar a los millones de mexicanos que integran los 62 pueblos indígenas al desarrollo, lo cual no puede ni debe ser postergado, sino también para mantener la paz y evitar que las condiciones de atraso sean utilizadas por Maquiavelo sin escrúpulos para ocupar nuestros pueblos lastimando su dignidad y poniendo en riesgo su seguridad en farsas de opereta.
El enfrentamiento apropiado de este reto, va mucho más allá de diferencias ideológicas y situaciones electorales, todos juntos, unidos, como una sola voz, tenemos la obligación de dar respuesta y construir en el marco de la ley y en la correcta aplicación de la misma, la contemplación de principios básicos de solidaridad y subsidiaridad en la eminente dignidad de la persona humana y de nuestros pueblos indígenas.
Las aportaciones de nuestros pueblos de México son hoy patrimonio de la humanidad. Debemos defender nuestra tradición histórica de la cual todos somos parte y preservar nuestra identidad nacional. Los pueblos indígenas del mundo exigen su reivindicación. Son pueblos originarios que requieren un trato justo y el respeto a sus derechos. Es inaplazable en México la instauración de una nueva relación entre los pueblos indígenas y el gobierno.
A su vez, con el conjunto de la sociedad que se fundamente en un nuevo Estado pluricultural de derecho constituido sobre la base verdadera de la identidad nacional, reconocida desde 1992 en el artículo 4o. constitucional y ratificada por la misma Constitución hoy vigente en su artículo 2o. a partir del año 2001.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional ratifica el compromiso de contribuir en el trabajo legislativo que permita generar las reformas necesarias al marco legal vigente a fin de garantizar una vida digna para los pueblos indígenas; que reconozca sus derechos sociales, colectivos e individuales, respetando siempre sus usos, costumbres y tradiciones, reformas que puedan ser de nivel constitucional si es necesario y que tengan que empezar con la correcta distribución del ingreso en hechos que logren la inclusión de los pueblos indígenas al desarrollo nacional.
Es claro lo que debemos hacer en lo que a comunidades indígenas se refiere. Sólo existe algo que definitivamente no podemos hacer y eso es dejarlos en un lamentable e imperdonable olvido. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández.
El diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, como representante de una de las regiones más pobres de este país, allá en la región de la montaña, donde se encuentran los municipios de menor índice de desarrollo humano, Metlatónoc, Cochoapa, por citar algunos ejemplos, vengo a expresar frente a ustedes y a compartir con ustedes la preocupación sobre el tema de los pueblos y comunidades indígenas.
La lucha de los pueblos indígenas ha sido escrita a través del tiempo como una historia de despojos, de marginación, de olvido; como una historia donde se han reflejado las voces colectivas que no han sido escuchadas y que siguen clamando ese espacio de justicia; justicia social para los pueblos y comunidades más pobres, de mayor marginación de este país.
Existe una realidad que no podemos ocultar, una creciente desigualdad y discriminación social que ha hecho altamente vulnerable a los pueblos y comunidades indígenas, mismos que se encuentran en condiciones de extrema pobreza, así también con educación de baja calidad.
Niños que no tienen oportunidad de ir a la escuela; niños que no tienen la oportunidad de una alimentación sana; niños que tienen que emigrar con sus padres a los estados del norte en búsqueda de oportunidades para trabajar para el ingreso de sus familias; niños que por muchos años han sido olvidados y que consideramos que es el momento oportuno de regresar una mirada, una mirada generosa a los pueblos y comunidades indígenas.
El artículo 2o. de nuestra Constitución Política refiere la necesidad de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe intercultural. La Asamblea General de la ONU aprobó el 13 de diciembre de 2007 la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un instrumento internacional que debe armonizarse con nuestro marco jurídico, y que nos permita, en materia de educación indígena, mayores oportunidades para los pueblos y comunidades de la región de la montaña, del estado de Guerrero, y de todas las entidades federativas de nuestro país.
También, compañeras diputadas, compañeros diputados, como lo refiere el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en el capítulo educativo, está garantizado que la educación debe ser un derecho para todos y para todas, donde se preserven las lenguas, los usos y las costumbres. Más de 500 años de lucha nacional y seguimos esperando los espacios de oportunidad, de justicia social y oportunidades para los pueblos y comunidades indígenas.
Las interrogantes son claras y es tiempo de preguntarnos si en realidad todos los pueblos indígenas de este país tienen acceso a la educación, en términos de igualdad y sin discriminación, ¿qué tanto contamos con términos y condiciones que faciliten la participación de los diferentes grupos sociales, con necesidades culturales y lingüísticas especiales en todos los niveles educativos? ¿En qué medida hemos incorporado en los planes y programas de estudio, la historia, la tradición, los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios?
El problema relacionado con la diversidad cultural y la educación indígena en México sigue imperando.
Es necesario, compañeros diputados, que orientemos el desarrollo de las políticas públicas y de fomento a la interculturalidad. Es necesario que promovamos el reconocimiento pleno de los pueblos y comunidades indígenas.
Las fuerzas políticas de nuestro país deben superar los tiempos de confrontación y amenazas de ruptura nacional, reconociendo que es el Congreso de la Unión la instancia suprema para encauzar las grandes transformaciones de nuestro país, el Poder Legislativo, tiene una gran responsabilidad histórica en la conformación de la educación actual, particularmente para la educación de los grupos sociales de menor índice de desarrollo humano, donde se encuentra la miseria desmedida sin oportunidades de vida. Ahí se encuentran los pueblos y comunidades indígenas y es tiempo de luchar por una educación digna.
No debemos permitir la fragmentación social que acabe con la diversidad cultural de nuestra nación mexicana. Sigue pendiente la necesidad de superar múltiples problemas y limitaciones de los pueblos como la marginación, la pobreza, el olvido, el racismo, la exclusión de los diferentes programas sociales.
Consolidemos las formas necesarias al marco legal en el tema educativo, comenzando por revisar el artículo 3o. constitucional. Por una mayor oportunidad de educación indígena en sus diferentes niveles de escolaridad, debemos fortalecer la creación de las universidades y preparatorias interculturales.
Es tiempo, compañeras diputadas y compañeros diputados, de impulsar una verdadera educación indígena que respete y aproveche la sabiduría de los pueblos. Una educación indígena que facilite el acceso a los campos del conocimiento. Una educación que mejore nuestras perspectivas de desarrollo y eleve la calidad en nuestras filas.
Una educación que respete la rica diversidad cultural y reivindique como parte de la identidad nacional la lengua, los usos y las costumbres. Una educación contra la explotación. Una educación contra la dominación cultural y contra la discriminación racial. Una educación que revalore nuestra cultura. Una educación indígena que ofrezca mayores oportunidades.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, como un referente comparto con ustedes una gran preocupación. La educación indígena ha tenido una disminución alarmante en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por citar un referente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, tuvo por este Congreso un presupuesto de 443 millones de pesos para la Dirección General de Educación Indígena. En el 2009, de manera inexplicable, el presupuesto lo disminuyeron a 261 millones de pesos. Y todavía en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el 2010, como una grosería y una bofetada a las esperanza de los pueblos y comunidades indígenas, el Presupuesto de Egresos, en el PEF, en el anteproyecto 2010, se está contemplando una disminución a 213millones de pesos.
Consideramos, compañeros diputados y compañeras diputadas, que debemos sumar esfuerzos para que el Presupuesto de Egresos a la educación indígena, no quede en la propuesta del Ejecutivo de los 213 y quede, como un mínimo, en 443 millones, como estaba en el 2008.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, devolvamos a los pueblos y comunidades indígenas lo que les ha sido negado a través de los años: oportunidades de educación como parte de su desarrollo humano y consolidación de sus libertades.
Queremos que la educación forme ciudadanos indígenas como Altamirano y Vicente Guerrero, originarios del estado de Guerrero ?por cierto?, que sean capaces de engrandecer y desarrollar al país en que vivimos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Ha concluido la lista de oradores. Por tanto, pasamos al siguiente punto del orden del día de la agenda política, relativo a la autorización para sembrar organismos genéticamente modificados en nuestro país. Tiene la palabra el diputado Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista.
El diputado Alejandro Carabias Icaza: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en nuestro país el tema del maíz es definitivamente de mayor relevancia, porque es un asunto histórico, cultural y sobre todo un asunto de seguridad alimentaria de todas las mexicanas y todos loes mexicanos.
Hay que recordar que México es considerado el lugar de origen del maíz desde hace más de 6 mil años y que existen, al menos 59 razas y 200 variedades.
Por todo lo que representa el maíz para nuestro país, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos muy preocupados, y estamos muy preocupados porque el pasado 15 de octubre el gobierno federal, a través de la Sagarpa y la Semarnat, aprobó los dos primeros permisos para la siembra experimental de maíz transgénico.
Estos permisos fueron otorgados ignorando el principio precautorio referido en el Protocolo de Cartagena, que fue ratificado por nuestro país en 2002 y entró en vigor en el año 2003. El principio precautorio tiene como fin proteger el medio ambiente y la salud de las personas, por lo que los gobiernos deben aplicar ampliamente este criterio cuando haya peligro de daño grave o irreversible, o cuando no exista certeza científica absoluta de estos daños, eliminando o postergando cualquier técnica y su uso, hasta que se tengan medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente y proteger la salud pública.
Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde ha manifestado su rechazo a este tipo de cultivos, sin las medidas precautorias necesarias que garanticen la preservación de nuestros recursos naturales y el bienestar de las personas.
Preocupados por el delicado tema de los transgénicos, fuimos el primer partido en presentar una iniciativa de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, así como diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley General de Salud para que se respetara el etiquetado de los productos y que los consumidores fueran informados a fin de decidir si quieren o no consumir productos transgénicos.
Ante los permisos para la siembra experimental de organismos genéticamente modificados, el Partido Verde manifiesta su total rechazo por la falta de aplicación del principio precautorio al emitir estas autorizaciones.
Es importante que en nuestro país existan controles y restricciones a este tipo de cultivos, siendo este principio, evaluando caso por caso, tal como lo establece el Protocolo de Cartagena y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados para evitar riesgos a la salud y al ambiente.
Queremos manifestar que las multicitadas autorizaciones se dan 7 meses después de que el gobierno federal promulgó modificaciones reglamentarias para permitir el uso experimental de maíz transgénico. El proceso para estas modificaciones a las normas reglamentarias, también dieron lugar en su momento a cuestionamientos de observaciones por el Partido Verde.
Las reformas al Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados restan importancia al régimen de protección especial del maíz, puesto que se derogó el artículo 8o transitorio, que indicaba que la Semarnat y la Sagarpa debían emitir disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que conformen el régimen de protección especial y que fuesen necesarias para resolver las solicitudes de permiso de liberación de este tipo de maíz.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, quiero aclarar que el Partido Verde no está en contra del desarrollo científico y tecnológico, pero sí estamos en contra de ambiciones de grupos económicos, cuyo único objetivo es hacer dinero a partir de estas tecnologías, restándole importancia a las repercusiones y consecuencias sociales y ambientales. De ahí, que se exija la revocación de toda autorización para la experimentación en ambiente libre de estos elementos hasta en tanto no exista certeza científica de su inocuidad.
Los legisladores del Grupo Parlamentario Verde Ecologista reconocemos los beneficios de la biotecnología para la salud, la alimentación y demás actividades productivas. Sin embargo, consideramos imprescindible aplicar el principio precautorio ya que una contaminación genética es tecnológicamente irreversible en este momento.
Finalmente, quiero dejar muy claro que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde en esta legislatura seguiremos luchando por conseguir un régimen efectivo de protección a una especie centro de origen, como el maíz, y sobre todo buscar, con el apoyo y la sensibilidad de los demás grupos parlamentarios, el que se pueda implementar un sistema de etiquetado para garantizarle a los consumidores su derecho a la información respecto de los productos que consumen y que contengan o haya sido producidos o concebidos a partir de elementos transgénicos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Le agradezco su participación. Tiene la palabra el diputado Avelino Méndez Rangel, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Avelino Méndez Rangel: Con su permiso, señor presidente. La posición que acaba de expresar nuestro compañero del Partido Verde, nosotros también la asumimos.
Queremos decir, hacer una breve cronología de esta situación que lamentablemente se está tratando aquí ante un reducido número de diputados, pero que debería ser producto de una discusión profunda de todos los aquí presentes, porque aquí va la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria de nuestro país, y sobre todo, cuidar el patrimonio genético que tenemos en nuestro México.
El 18 de marzo de 2005 se aprueba la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. El 19 de marzo de 2008 se aprueba el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; estos dos ordenamientos dejan un apartado especial para el maíz.
Les quiero mencionar, a modo de comparación, que la ley tiene 44 hojas tal como está aquí; 22 el reglamento. Finalmente, aparece el 6 de marzo de este año, un decreto ?parece que quieren gobernar sobre la base de decretos? firmado por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en donde en una hoja ?que es lo que contiene este decreto? da pie a que se permita la siembra de maíz transgénico en nuestro país.
Este asunto viola claramente las atribuciones del que firmó este decreto una vez más, porque es atribución de esta Cámara legislar sobre salud y sobre medio ambiente. No se puede estar legislando a base de decretos.
Quiero mencionarles a todos ustedes, que la liberación de estas nuevas especies, lo debemos de tener claro, no es un maíz común y corriente, es un maíz que se creó en laboratorio, es una nueva especie. Implica un alto riesgo ecológico en la liberación a gran escala de estos cultivos transgénicos.
Pueden provocar el flujo de transgenes de los cultivos a otras plantas silvestres, que entonces podrían transformarse en superralezas.
Son asuntos, compañeras diputadas y compañeros diputados, de verdad muy graves como para que lo dejemos pasar sin decir nada en este Congreso.
La introducción de transgénicos en el ecosistema causa una contaminación genética irreversible, provocando la desaparición de variedades endémicas o tradicionales y se introducen especies desconocidas; se altera todo el ecosistema y una alternación de todo el ecosistema, con alteración de las cadenas alimentarias, finalmente repercute en todos nosotros.
En la salud humana causa estragos como alergias, resistencia a antibióticos y efectos tóxicos. Los mexicanos estamos convencidos de que no queremos maíz transgénico.
Nuestro país puede dar ese maíz y otros productos de forma natural sin recurrir a esos elementos.
Los organismos transgénicos tienen sus antecedentes en la revolución verde: terminar con los hambrientos del mundo. Así nos lo dijeron a principios de los años sesenta y hoy el hambre sigue siendo un flagelo de toda la humanidad, porque esa no fue la solución.
Quiero concluir, compañeras diputadas y compañeros diputados, diciendo que esta soberanía tiene que pronunciarse de forma urgente sobre la revocación de la siembra de estos maíces transgénicos.
Está en riesgo la salud de los mexicanos, está en riesgo la soberanía alimentaria. En la sesión de la Comisión de Desarrollo Rural, a la que pertenezco, se propuso este punto y estamos seguros de que este pleno debe retomar la propuesta de revocar los permisos, nos debemos pronunciar en ese sentido y al mismo tiempo originar un debate muy amplio sobre la introducción de estos transgénicos que, por otra parte, nos llevan a depender de empresas que son dueñas de estas especies y por tanto, aquellos que las siembren o que sus cultivos sean contaminados con estos productos biológicos van a tener que pagar regalías.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Avelino Méndez Rangel: Concluyo, señor presidente. La siembra de transgénicos autorizada por la Sagarpa es ilegal; violó la Ley de Bioseguridad, el reglamento y está basada en un traje a la medida, producto de un decreto que esta soberanía debe analizar y debe revocar para beneficio de la alimentación y de la salud de los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, del Partido Acción Nacional.
La diputada Dora Evelyn Trigueras Durón: Buenas tardes, con su permiso, señor presidente. En la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, de marzo de 2005, se estableció que el reglamento correspondiente debería publicarse dentro de los siguientes seis meses. Sin embargo, dicho ordenamiento jurídico salió publicado hasta el 19 de marzo de 2008.
Una vez publicada esta ley, en su ordenamiento se especifica que dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Agricultura deberían emitir las disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que, conforme al régimen de protección especial del maíz a la que se refiere el artículo 2o. en su fracción XI de la ley, fuera necesaria para resolver las solicitudes de permisos de liberación del maíz, lo cual no fue realizado en tiempo y forma.
De esta manera se dictarían las condiciones necesarias para resolver las solicitudes de permisos de liberación del maíz, lo cual no fue realizado en tiempo y forma, ya que éste fue publicado hasta el 6 de marzo del 2009.
Como parte integral de un decreto que reforma el reglamento conformado al régimen de protección especial del maíz, se resuelva la solicitud de los permisos para la liberación experimental para los organismos genéticamente modificados.
A nivel mundial, compañeros, ya existen más de 90 millones de hectáreas cultivadas con organismos genéticamente modificados y diseminados prácticamente en todo el mundo, concentrándose en cuatro productos esencialmente: soya, maíz, algodón y canola.
Hoy se cultivan en mayor o menor escala desde Canadá y Estados Unidos hasta Honduras, Brasil, Argentina, Francia, España y muchos otros países de Europa central.
Es inaceptable que después de más de una década de foros, consultas y discusiones acerca de las ventajas de la biotecnología, no podamos avanzar en sentido favorable en la evaluación y posterior adopción de estos cultivos en las regiones que la ley permite, lo que sin duda ayudaría a los agricultores mexicanos a ser más competitivos y reducir la dependencia de las importaciones para abastecimiento de nuestro país.
Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el desarrollo de la biotecnología agropecuaria explora las necesidades de una agricultura sustentable que no sólo pretende generar nuevas posibilidades ante la crisis mundial de alimentos, los cambios climáticos y la sequía, sino como toda innovación tecnológica radical los organismos genéticamente modificados han generado y generarán más controversia en cuanto a sus beneficios y sus repercusiones.
Por eso es loable que tengamos leyes y reglamentos que normen su uso y su desarrollo experimental y que los resultados de los mismos se evalúen y analicen con bases científicas y no con percepciones particulares. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Ha concluido la lista de oradores. Hemos recibido de la Junta de Coordinación Política...Sí diputada. Para el mismo tema, pase usted.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Señor Presidente, diputados y diputadas. Me quiero referir a lo que ha señalado la diputada del Partido Acción Nacional con relación al artículo 2o. de la Ley de Bioseguridad.
En específico yo señalaría que a partir de esta discusión, que fue una discusión pública en la cual participaron diversas organizaciones no gubernamentales y que incluso a la iniciativa se le denominó Ley Monsanto, uno de los puntos fundamentales que introdujeron las organizaciones fue el específico en torno a este régimen de protección especial, que está contenido dentro del artículo número 2.
Quiero señalar que la propia Sagarpa lo que hizo fue restarle importancia a este punto cuando, por parte de las organizaciones sociales, fue el punto que consideraron fundamental como parte de este principio precautorio que además, a nivel internacional, se tiene contenido en los diferentes países.
Aquí se le bajó el nivel a un simple reglamento y no era ése el objetivo; el objetivo fundamental, cuando estamos hablando de un régimen de protección especial, estamos hablando de un programa especial como es el considerado en el cambio climático, es decir, se asignan recursos, que ésa es una de las cuestiones que yo consideraría que sería importante ahora con la propia discusión del presupuesto; y a partir de que este punto lo está planteando el Partido Verde Ecologista de México. Más bien lo que se tendría que estar considerando es una iniciativa para que, efectivamente, el régimen de protección especial tenga todas estas características, y no simplemente como se señaló.
Yo quisiera llamar a la reflexión cuando se plantea que, por ejemplo, existen granos transgénicos, que se está experimentando en diversos países en el mundo y que nosotros nos queremos quedar en el atraso. Países europeos, bueno digamos todos los países europeos, para no mencionarlos, y en específico Estados Unidos, protegen el trigo. ¿Por qué? Porque se considera país de origen.
En el caso del arroz también habría que ponerse a pensar por qué Japón, en específico, no considera la experimentación en el caso del arroz. Aquí lo que nosotros señalamos es que México es centro de origen y biodiversidad del maíz, y que, incluso, yo señalaría que en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable está considerado como un grano básico estratégico.
Por tanto, a mí me parece que son elementos que se tienen que tomar en consideración y que aquí hay presiones muy fuertes que se están estableciendo por parte de las empresas transnacionales, desde luego resalta Monsanto, Pioneer y Dow AgroScience que, finalmente, también aquí una de las cuestiones que deberíamos tomar en consideración y denunciar que con recursos públicos, por ejemplo, en el caso de Monsanto, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es como se pretende experimentar.
Finalmente, una de las cuestiones que me parece también importante señalar y que tomemos en cuenta nosotros como diputados y como diputadas, es que se considera que el maíz es una especie que se reproduce por polinización cruzada, o sea, el polen de una planta fertiliza a otra; es decir, el maíz, como lo han señalado alguno de los académicos en forma irónica, es una planta promiscua. Por tanto, no es tan sencillo, como ustedes lo consideran, que se pueda aislar.
Aquí ya los oradores anteriores han planteado el problema de la contaminación del propio maíz, a partir de la misma reproducción; es decir, no puede estar completamente aislado. Ésta es una falsedad.
Por tanto, nosotros nos pronunciamos porque se revoquen estos permisos; pero no solamente eso. Creo que es muy importante que en esta Cámara haya una participación por parte de científicos destacados y que vengan también de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Finalmente, quiero decir que nosotros estamos demandando esta cancelación porque consideramos que hay diversas violaciones, que se violan los derechos de participación pública, que se violan los derechos de acceso a la información; que no están los permisos ni bien fundados ni motivados, y que los permisos van en contra del objeto y fin de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Ha concluido la lista de oradores, por lo que le pido a la Secretaría que proceda a dar lectura al acuerdo de la Mesa Directiva.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su permiso, señor presidente.
Acuerdo de la Mesa Directiva para dar turno y trámite a las minutas en materia fiscal y financiera que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remita el Senado de la República.
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en la atribución que le confiere el artículo 20, numeral 2, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y considerando:
1. Que la Mesa Directiva tiene la atribución de realizar la interpretación de las normas establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requieran para el cumplimiento de sus atribuciones.
2. Que de conformidad con el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General, es facultad del presidente de la Mesa Directiva dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta a la Cámara.
3. Que con fundamento en el artículo 74, fracción IV, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo federal hizo llegar a la Cámara de Diputados, el 8 de septiembre de 2009, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, así como de diversas iniciativas en materia fiscal.
4. Que en sesión celebrada el 10 de septiembre de 2009 se dio cuenta, con dicho paquete de iniciativas, turnándose a las comisiones respectivas para su estudio y dictamen.
5. Que en sesión celebrada el 20 de octubre de 2009, la Cámara de Diputados aprobó y turnó al Senado de la República para los efectos constitucionales procedentes, diversas minutas con proyectos de decreto en materia fiscal y financiera.
6. Que el Senado de la República se encuentra analizando, discutiendo y votando los proyectos de decretos citados en el considerando anterior en su sesión de hoy 29 de octubre de 2009 y que podría aprobarlos con modificaciones que tendría que conocer y dictaminar la Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7. Que este órgano de gobierno considera que es indispensable hacer llegar a la brevedad posible a las comisiones competentes de la Cámara de Diputados las minutas que en materia fiscal y financiera remitiría el Senado, en virtud de que como lo establece el artículo 42, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Ingresos debe ser aprobada a más tardar el 31 de octubre del año en curso.
8. Que como establece el artículo 136 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las observaciones o modificaciones hechas a un proyecto de ley por la cámara revisora, al volver a la de su origen pasarán a la comisión que dictaminó y el nuevo dictamen de ésta se ajustará a todos los trámites reglamentarios.
Por lo anterior, de conformidad con las disposiciones invocadas, somete a la consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. Se autoriza a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que con apoyo de la Secretaría General reciba y de inmediato turne a las comisiones competentes, de conformidad con el artículo 136 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las minutas en materia fiscal y financiera que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podría remitir la Cámara de Senadores.
Segundo. La remisión que se haga surtirá los efectos de turno formal, por lo que las comisiones competentes deberán iniciar el trabajo de análisis y emitir el dictamen correspondiente en el plazo que señala el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
Tercero. La Presidencia de la Mesa Directiva informará a la asamblea, en la siguiente sesión, sobre los turnos dictados, de conformidad con el presente acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 29 de octubre de 2009.
Rúbricas de la Mesa Directiva. Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente; diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente; diputado Felipe Solís Acero, vicepresidente; diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, vicepresidente. Diputada María Dolores del Río Sánchez, secretaria; diputada Georgina Trujillo Zentella, secretaria; diputado Carlos Samuel Moreno Terán, secretario; diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, secretario; diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, secretaria. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Por instrucción de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Es mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese. Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva, honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20º del acuerdo relativo al orden de día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día para la inclusión correspondiente, en el primer turno posible, del siguiente asunto.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Jalisco y al ayuntamiento de Guadalajara, en relación con la realización de los Juegos Panamericanos 2011.
Firman los señores coordinadores y la señora coordinadora de los grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea, si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Jalisco y al ayuntamiento de Guadalajara, en relación con la realización de los Juegos Panamericanos 2011.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral uno, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 14º del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presentan los diputados José Francisco Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN; Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del PRD; y Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Conade; al Gobierno del estado de Jalisco; y al ayuntamiento de Guadalajara, para que de inmediato se tomen las medidas pertinentes en los aspectos económicos, políticos y jurídicos para garantizar la correcta realización de los Juegos Panamericanos 2011 y nuestro país preserve la sede de dicha justa deportiva.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2009, con la firma de todos los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo.
La diputada María Dolores Del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.
Señoras diputadas y señores diputados, en razón de que se han cumplimentado las cinco horas de duración de la presente sesión que establece el artículo primero del acuerdo relativo a los lineamientos de asistencia; con fundamento en las atribuciones que me confiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General; y en cumplimiento con el acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política del 12 de octubre del presente, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada, dígame usted.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho (desde la curul): Está enlistado el punto que yo he tratado de subir a tribuna. Ya lo cambié, de efeméride a agenda política. Permítame pasar porque me parece ya un atropello.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Lo sentimos, diputada, en el acuerdo del 12 de octubre firmado por la Junta de Coordinación Política, está señalado, diputada, que los jueves debemos concluir las sesiones a las 3 de la tarde. Por tanto, estaremos convocando para el día de mañana y le pediremos a la Junta de Coordinación Política que concluyamos la agenda que nos quedó pendiente el día de hoy, dado que estaríamos esperando que lleguen los dictámenes del Senado de la República.
Yo le pediría, diputada, que esperemos a mañana, porque seguramente encontraremos acuerdo con la Junta de Coordinación, para que estemos atentos a lo que hemos venido acordando.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho (desde la curul): Esa respuesta me la ha dado 10 veces.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Son los términos en los que esta Mesa Directiva tiene que cumplimentar los acuerdos de la Junta de Coordinación Política. No son determinaciones nuestras, sino son determinaciones de la Junta de Coordinación Política, diputada.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Que sea la última oradora.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Es que son posicionamientos de todos los grupos políticos, no es de una sola participación; por tanto, le pido a la Secretaría dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
La Secretaria diputada María Dolores Del Río Sánchez: Primer periodo de sesiones ordinarias, primer año de ejercicio, LXI Legislatura.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 15:37 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana viernes 30 de octubre a las 12:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 10:30 horas del día.