La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se invita a las diputadas y los diputados que no han registrado su firma de asistencia a esta sesión, pasen a las mesas instaladas en el vestíbulo principal de acceso al salón de sesiones. Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 381 diputados, por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (11:21 horas): Se abre la sesión. Con toda atención, la Presidencia invita cordialmente a los representantes de los medios de comunicación a ocupar los lugares que tienen asignados para cumplir su importante labor informativa.
Por otro lado, deseo agradecer de manera personal a todos los grupos parlamentarios su solidaridad que mostraron hacia nosotros por la pérdida de mi madre. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
Consulte la Secretaría a la asamblea si dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Solicito a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta de la sesión. Pasamos al siguiente punto del orden del día que son Comunicaciones del Congreso del estado de Guerrero.
Señor secretario.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con su permiso, señor presidente. Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Palacio Legislativo de San Lázaro.
Con motivo del 196 aniversario del primer Congreso de Anáhuac, La LIX Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero se honra en invitarlos a la sesión solemne que tendrá verificativo en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, el 13 de septiembre del presente año, a las 18:00 horas, en la Catedral de Nuestra Señora Asunción de María (anteriormente Parroquia de Santa María de la Asunción).
En ese trascendente evento, el generalísimo don José María Morelos y Pavón condensó en Los sentimientos de la nación la aspiración que postulaba a un mejor gobierno y una vida justa para los mexicanos y que días después inspiró la declaración de la Independencia de la América Septentrional el 6 de noviembre de 1813.
Los principios invaluables legados por esa generación de hombres insignes trascendieron hasta nuestros días y orientan nuestra vida constitucional y democrática. Por ese motivo el Congreso estatal decretó que el 13 de septiembre de cada año se realice sesión pública y solemne en Chilpancingo, elevada en ese tiempo a Capital de las Américas, para conmemorar este suceso, uno de los más importantes de nuestra historia patria.
Los guerrerenses apreciaríamos su presencia en este aniversario, para dar realce a una distinción de la que nos sentimos gratamente honrados y comprometidos.
Firma, el diputado Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Mesa Directiva. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. En su oportunidad, la Mesa Directiva hará la designación correspondiente para asistir en representación de la Cámara.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Con su permiso, señor presidente. Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio SPEDT/200.385/09, el licenciado Jordy Herrera Flores, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, remite el informe de avance del Programa para incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (PEO), correspondientes al segundo trimestre de 2009.
Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les remito para los fines procedentes copia del oficio al que me he referido y de sus anexos.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. Firma el titular de la Unidad, licenciado Gonzalo Altamirano Dimas. Es cuanto, señor presidente.
El diputado Presidente Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Energía para su conocimiento. En tanto se integra la comisión consérvese en la Dirección General de Procesos Legislativo.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se recibieron 19 oficios con los que remite el tercer informe de labores de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, de la Defensa Nacional, de Desarrollo Social, de Economía, de Energía, de la Función Pública, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Reforma Agraria, de Relaciones Exteriores, de Salud, de Seguridad Pública, de Trabajo y Previsión Social y de Turismo; de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y de la Procuraduría General de la República. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado, y distribúyase a las diputadas y a los diputados.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Oficio del Congreso del estado de San Luis Potosí, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Oficio del Congreso del estado de San Luis Potosí, con el que remite acuerdo por el que propone modificaciones a la Ley General de Educación. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su conocimiento. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2010, otorgar mayores recursos a la educación náutica, presentada por el senador Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de la Cámara de Senadores, por el que se exhorta a diversas comisiones de la Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se aumenten los recursos destinados a las políticas públicas en materia indígena, presentada por la senadora María Serrano Serrano, del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Cámara de Senadores, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no efectuar recortes a los presupuestos de las universidades e instituciones públicas de educación superior en el Ejercicio Fiscal 2009, así como solicitar a la Cámara de Diputados se destinen mayores recursos a estas instituciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010; presentada por la senadora María Elena Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
La Presidencia informa a la asamblea que en la reunión previa de la Mesa Directiva se acordó hacer el siguiente pronunciamiento, relativo a sucesos recientes en el estado de Tabasco.
Compañeras y compañeros diputados, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados expresa su más profunda condena por el violento y lamentable homicidio del ingeniero José Francisco Fuentes Esperón, candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado local por el cuarto distrito del estado de Tabasco; de su esposa Liliana Argüelles Beltrán y de sus dos hijos menores, José Francisco y Fernando, al tiempo que expresa sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas.
Hechos como éste conmocionan a la sociedad y nos obligan a reflexionar y tomar acciones para evitar que puedan seguirse presentando, para contar con mejores instrumentos legales y operativos que los prevengan, que eviten la impunidad y que permitan recomponer la estructura social para que nuestra sociedad privilegie la convivencia en valores. Descansen en paz.
Tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, suscrita por los diputados María Cristina Díaz Salazar, María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Cristina Díaz Salazar: Con su autorización, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, a nombre de los diputados federales por el estado de Nuevo León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acudo a esta tribuna para someter al pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversos artículos y se adiciona un Capítulo VI Bis a la Ley del Seguro Social, con el objetivo de crear un seguro por pérdida involuntaria del empleo como una prestación social permanente, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
La economía mundial sufrió una fuerte desaceleración en 2008 que ha provocado una interrupción abrupta en los flujos de capital hacia los países emergentes y en desarrollo, lo que ha desestabilizado su crecimiento, y con ello, un fuerte aumento del desempleo.
El desempleo mundial es de 6.1 por ciento en la actualidad y se estima que aumentará en 2009, lo que incrementará la cifra a cerca de 230 millones de personas sin empleo. En Latinoamérica se estima también que más de 4 millones de personas perderán sus puestos de trabajo este año debido al impacto de la crisis mundial.
En lo que respecta a nuestro país, el recrudecimiento de la crisis internacional se reflejó en la pérdida de casi 1 millón de empleos a partir del segundo trimestre de 2008, cuando la población ocupada era de 43.9 millones de personas, y al cierre de 2009 bajó a 42.9 millones de personas.
Así, el número de personas desocupadas y sin posibilidad de obtener un ingreso llegó en marzo pasado a un récord histórico de 2 millones 288 mil 659 mexicanos; superior a lo reportado en el mismo mes de 2008 y que significó que en ese periodo aumentó en 509 mil 315 el número de trabajadores que tenían un empleo y quedaron totalmente desocupados, según el Inegi.
Cada país le brinda a esta problemática diversa atención, siendo el seguro de desempleo la política pública que se aplica como un mecanismo diseñado para brindar seguridad en los ingresos, evitando cambios drásticos en el consumo en los hogares en el tiempo que se encuentran sin trabajo.
En los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Italia y Japón, es muy común esta política económica que estimula la demanda agregada, incluyendo el consumo y la inversión. En América Latina, Argentina, Chile y Brasil marchan a la vanguardia en esta materia
De esta forma, el seguro de desempleo ha probado plenamente su viabilidad y su sustentabilidad, pero sobre todo, sus enormes beneficios sociales y económicos. Además, representa un compromiso pendiente que nuestro país debe aplicar, ya que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de su medio de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
La OCDE recomendó desde 2003, a las autoridades de nuestro país, aplicar medidas como el seguro de desempleo, porque México se ubica en el último tercio del grupo de países miembros que tienen menos de la media establecida de 65 por ciento de empleo.
En el Poder Legislativo, desde hace más de seis años se han planteado cerca de 11 iniciativas tendientes a establecer un seguro de desempleo y, adicionalmente, el 26 de mayo de 2009 fueron publicadas diversas reformas a la Ley del Seguro Social, con el fin de que las personas que se encuentren en situación de desempleo en forma temporal tengan acceso a los recursos de su cuenta individual de Afore.
En este tenor, y a diferencia de las iniciativas planteadas, la presente propuesta pretende incorporar una prestación adicional al de salud y pensiones, en el marco de que la seguridad social es un elemento deseable para la economía y el bienestar de la población.
Así, mediante un conjunto de reformas a la Ley del Seguro Social se pretende proteger a los trabajadores afiliados al IMSS, para que, en caso de que pierdan su empleo por causas ajenas a su voluntad, cuenten con un ingreso mínimo y tengan la posibilidad de capacitarse para reincorporarse al mercado laboral. Ello considerando, entre otras, las siguientes características:
Primero, el riesgo protegido por este capítulo es la pérdida involuntaria del empleo. El Seguro de Pérdida Involuntaria del Empleo garantiza un ingreso mensual a los trabajadores registrados en el IMSS en caso de que queden en situación de desempleo por alguna de las siguientes circunstancias:
I. Terminación de la obra por vencimiento del término o inversión del capital de la patronal;
II. Cierre de la empresa contratante;
III. Reducción definitiva de la plaza correspondiente; o
IV. Rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador, y los demás que favorezcan a éste, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo.
Todo trabajador contará con una subcuenta en la cuenta individual establecida en el artículo 174 de la ley del IMSS.
La cuantía de la prestación a que se refiere el presente capítulo será el equivalente al 40 por ciento del salario promedio de sus cotizaciones semanales, integradas conforme a la Ley del Seguro Social de los últimos 12 meses, hasta el límite de tres salarios mínimos cotizados de manera mensual.
La prestación por pérdida involuntaria del empleo tendrá una temporalidad de hasta seis meses y se podrá acceder a ésta en dos ocasiones dentro de un periodo de 5 años. Tratándose del otorgamiento de la prestación por segunda ocasión, ésta tendrá una temporalidad de hasta tres meses.
La prestación que brinda el seguro por pérdida involuntaria del empleo será personal y para acceder al beneficio el trabajador deberá acreditar ante el instituto: residir en territorio nacional, tener reconocidas por el instituto un mínimo de 104 cotizaciones semanales, de las cuales 52 deberán haber sido continuas durante los últimos 3 años anteriores al cese de trabajo; no recibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa, y ser demandante activo de empleo en los términos que el instituto fije.
Se dará prioridad a los trabajadores que tengan dependientes económicos y será intransferible, salvo en caso de muerte del trabajador, otorgándose el beneficio a sus dependientes económicos.
Los patrones y el gobierno federal, en la parte que les corresponde, están obligados a enterar al instituto el importe de las cuotas obrero-patronales y la aportación estatal del seguro de pérdida involuntaria de desempleo. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en la respectiva subcuenta de la cuenta individual del trabajador.
Las cuotas de aportación a que se refiere el artículo anterior:
Primero. Los patrones y trabajadores cubrirán las cuotas del 2 por ciento y el 1 por ciento, respectivamente, sobre el salario base de su cotización. El gobierno federal aportará mensualmente por concepto de cuota social una cantidad de 2 por ciento sobre el salario base de la cotización prevista en la ley.
Por lo anterior, se plantea reforzar las medidas implementadas por el gobierno federal con una solución sustentable para millones de mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, es de someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto en el que se reforman diversos artículos y se adiciona un capítulo sexto Bis a la Ley del Seguro Social, con el objetivo de crear un seguro por pérdida involuntaria del empleo como una prestación social permanente.
Firman la iniciativa: diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, diputado Rogelio Cerda Pérez, diputado Benjamín Clariond Reyes Retana, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, diputada Marcela Guerra Castillo, diputado Felipe Enríquez Hernández, diputado Fermín Montes Cavazos y, la de la voz. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra la diputada Alejandra Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un numeral 3 al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su venia, señor presidente. La iniciativa que someto el día de hoy a la consideración del honorable Congreso de la Unión, a través de este órgano legislativo, pretende constituir una aportación más tendiente a combatir prácticas de desigualdad en el acceso a los cargos públicos entre hombres y mujeres, desafortunadamente, muy arraigadas todavía en nuestra cultura.
La participación política de las mujeres en nuestro país fue resultado de una decidida lucha para que fueran reconocidos nuestros derechos en plenitud como ciudadanas mexicanas. Los primeros logros respecto a la igualdad política electoral surgen en 1916, cuando en Chiapas, Tabasco y Yucatán se reconoce la igualdad jurídica para votar y ser electa en puestos públicos de elección popular.
En 1922, en Yucatán se reconoció el derecho de las mujeres para participar en elecciones municipales y estatales. Un año después, en San Luis Potosí, se aprobó la ley que permitió a las mujeres alfabetizadas participar en procesos electorales. Sin embargo, es hasta 1947 cuando se reconoce a la mujer mexicana, en el ámbito federal, el derecho a votar y ser votadas en los procesos electorales municipales.
Más tarde, en 1953, se expidió la reforma a los artículos 34 y 115, fracción I, de la Constitución General, que otorgaba plenitud de los derechos ciudadanos a la mujer mexicana.
El Partido Acción Nacional siempre ha reconocido el importante papel de la mujer en la vida política del país, proclamando el ejercicio de sus derechos políticos y presentando iniciativas de ley para que se reconozca su calidad ciudadana. De esta manera, desde su fundación en 1939, nace con la convicción de promover no sólo el voto de la mujer, sino su participación más activa en la política.
En efecto, para Acción Nacional la promoción política de las mujeres, desde su origen, significó un rubro sustancial que no podía esperar, de tal manera que desde las reformas constitucionales de 1953, en el histórico de Acción Nacional es posible observar la integración de las mujeres en la toma de decisiones de sus órganos políticos de mayor jerarquía.
Una muestra significativa la encontramos en el Consejo Político del Partido Acción Nacional del periodo 1949 a 1954, en donde había una integración de mujeres de 11.61 por ciento; porcentaje que ha ido en ascenso a través de los años, y hasta la fecha, donde el mencionado órgano máximo se encuentra integrado por 21.77 por ciento.
Dicha tendencia se encuentra igualmente reflejada en el Congreso de la Unión, en donde la participación de la mujer en los grupos parlamentarios, del Partido Acción Nacional, se ha incrementado en la Cámara de Diputados de 5 por ciento en el periodo 1964-1967, al 28 por ciento en el actual periodo 2009-2012, y en la Cámara de Senadores de 4 por ciento en el periodo 94-97, al 13.46 en la actual legislatura.Asimismo, resulta importante mencionar que Acción Nacional ha postulado candidatas a gobiernos estatales desde el año de 1962; y del año 1967 data la primera de 105 de sus presidentas municipales.
Así, Acción Nacional, con la convicción democrática que lo caracteriza, ratifica su compromiso con el respeto al derecho paritario de hombres y mujeres en la participación de la vida pública nacional. La idea de democracia paritaria surge en un contexto internacional en el que grupos sociales históricamente excluidos, subordinados o discriminados, han reivindicado su derecho a tomar parte activa en la definición de la agenda política.
Desde la perspectiva de género, la democracia paritaria aparece en principio como la necesidad de que la participación en la toma de decisiones sea equilibrada entre mujeres y hombres, dotando de herramientas jurídicas las reglas que impidan un desarrollo discriminatorio de cualquier actividad y, por supuesto, con especial énfasis dentro del ámbito político. Se trata de una reivindicación histórica que reconoce la exclusión sistemática de las mujeres en los espacios públicos y de ejercicio del poder.
Nuestra individualidad nos diferencia, pero los hombres y las mujeres somos iguales en cuanto a sujetos de derecho, pues tenemos la misma naturaleza y, por tanto, debemos aspirar a las mismas oportunidades y prerrogativas en la vida en sociedad.
El potencial del ser humano radica en su inteligencia, sus valores y su integridad, los cuales se pueden desarrollar indistintamente por hombres y mujeres, de acuerdo con sus características propias y al alcance de su esfuerzo, capacidad y empeño. No se trata de un obsequio o una concesión. Se trata de garantizar la igualdad de oportunidades. Sin embargo, dado que aún tenemos una sociedad reacia a diversos sectores, a asumir esta realidad, es que debemos mantener de forma transicional un andamiaje jurídico que nos lo garantice.
El Congreso de la Unión no sólo es el reflejo de la realidad viva de la sociedad y pluralidad mexicana. También representa las aspiraciones de la nación que queremos construir. Por ello su composición no sólo debe reflejar la equidad de género que exige la axiología social; también debe vigilar que su cumplimiento vaya más allá de la letra de la ley y se perciba en el día a día en la actividad legislativa.
Acción Nacional se mantiene firme en la continuidad de los avances obtenidos en materia de equidad de género, pero, sobre todo, para que la esencia y los objetivos planteados se cristalicen en un futuro inmediato.
Se debe señalar que la intencionalidad de procurar, a través de las leyes, una adecuada equidad de género en los espacios públicos de nuestra país, de ninguna forma debe concebirse en el sentido de pretender otorgar de manera arbitraria a las mujeres espacios que no se han ganado, sino establecer las bases mínimas fundamentales que les garanticen, de manera natural, el poder acceder a lo que por sus méritos y en pleno ejercicio de sus derechos han obtenido, sin que medie para ello ninguna limitación de carácter cultural, ideológica o derivada de usos y costumbres todavía vigentes en muchas comunidades, tendientes a marginar a las mujeres de participar en determinadas actividades.
No obstante, todavía no es posible presumir que en México el camino recorrido en materia de equidad de género haya concluido y, por el contrario, de un balance general es dable afirmar que la brecha que se ha abierto todavía se encuentra dentro del plano de la retórica y desafortunadamente desde los propios espacios públicos, como es este honorable Congreso, seguimos encontrándonos en mayor o menor medida con manifestaciones de resistencia a permitir que la participación de las mujeres se dé como una cuestión natural.
El ejemplo más tangible de la insuficiencia de las normas vigentes en este rubro lo encontramos en la reciente reforma al Código Electoral Federal del año 2007, en la cual, con el fin de seguir fortaleciendo la democracia paritaria en el artículo 219 de dicho ordenamiento, se incrementó el porcentaje hasta en un 40 por ciento que necesariamente debe preservarse de un mismo género en los espacios de candidatos propietarios de las Cámaras de Diputados y de Senadores, que los partidos y coaliciones deben registrar ante la autoridad electoral.
No obstante, ni en la disposición referida ni en ninguna otra encontramos los mecanismos para garantizar que ese 40 por ciento mínimo exigible del mismo género, subsiste en la composición de los órganos legislativos.
Debemos preguntarnos si con la disposición del Código Comicial Federal que se propone adicionar, tal y como se encuentra hoy establecida, resulta suficiente para garantizar, no el cumplimiento de un requisito electoral, sino una representación equilibrada y permanente de hombres y mujeres en los órganos legislativos.
La respuesta es no. Es menester impulsar los mecanismos para que se salvaguarden los todavía pocos espacios que por lo general tenemos asignadas las mujeres, de tal manera que los mismos prevalezcan incluso con la separación del cargo de los legisladores propietarios.
En México debemos, de una vez por todas, poner un alto a cualquier intención de hacer de la equidad de género una ficción.
Las leyes que hemos creado para dar viabilidad a la equidad de género en materia electoral y política deben ser entendidas como una sujeción que, más allá de su coacción jurídica, nos comprometen social y políticamente a respetarlas; pues su fin implica la evolución misma de nosotros como personas en lo individual y en nuestra vida en sociedad.
En virtud de lo anterior, a nombre de los hombres y mujeres que integramos la fracción parlamentaria de Acción Nacional, se formula la presente propuesta, la cual tiene como fin garantizar que los porcentajes de equidad de género establecidas por ley para candidaturas a escaños en el Congreso de la Unión prevalezcan en la composición de cada una de las Cámaras.
Para ello, se propone que la selección de las candidaturas por representación proporcional, el propietario y el suplente sean del mismo género. Es decir, sin modificar el porcentaje previsto en el numeral 1, del artículo 219, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que las candidaturas deberán integrarse con al menos el 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.
Con atención a lo dispuesto en el artículo 220 del mismo ordenamiento legal, que refiere que las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas y en cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas del género distinto, de manera alternada.
Las fórmulas propuestas en dichas listas deben ser personas del mismo género, de tal forma que si la candidatura propietaria es de una mujer, necesariamente deberá ser su suplente otra mujer.
La voluntad de la mayoría indefectiblemente constituye la manifestación más legítima de la democracia representativa, por lo que ésta nunca podrá ser sujeta a condiciones particulares que la contravengan.
Sin embargo, en contrario sentido, las candidaturas de mayoría relativa que hayan sido designadas por cualquier método que no sea elección democrática tendrán que ajustarse al mismo principio de fórmula de las candidaturas de representación proporcional; es decir, el propietario y el suplente deberán ser el mismo género. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación. En tanto se integra la comisión consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra la diputada, María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 51 y 57 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Muchas gracias. Con el permiso de los diputados integrantes de la Mesa Directiva. Honorable Congreso de la Unión, vengo ante ustedes a proponer una iniciativa de proyecto de decreto en materia de equidad de género y derechos políticos de las mujeres.
A nombre propio y a nombre de las diputadas del PRD en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone reformar los artículos 51 y 57 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de equidad de género y derechos políticos de las mujeres, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
En México seguimos reclamando igualdad de oportunidades para las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida nacional, que guarda todavía un atraso en visualización, por ejemplo, en la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo que no ha significado igualdad de oportunidades y menos de ingresos. Las mujeres seguimos siendo segregadas, e incluso cuando se cuenta con un mayor nivel, se gana un salario menor que el de los hombres.
Otro ejemplo de prácticas discriminatorias es que en las maquiladoras continúan aplicando la prohibición, a todas luces ilegal, de que se embaracen, y solamente son contratadas cuando se comprueba el resultado negativo del examen de embarazo.
Aunque se reconoce la participación de las mujeres en los diversos ámbitos del desarrollo profesional y político, es aún escasa en los puestos de elección popular, cargos de dirección y toma de decisiones del sector público y privado, órganos de impartición y administración de justicia, entre otros.
Desde hace décadas, legisladoras, organizaciones políticas, ONG, y sociedad civil en general, han buscado insertar en nuestra legislación disposiciones legales que eviten la discriminación y propicien avances en la participación femenina.
Como muestra de ello se señalan algunas cifras. Las mujeres representamos 52 por ciento de la población nacional, el 51.7 por ciento de la lista nominal de electores a nivel federal; dato importante, ya que una de las formas en que las mujeres participan en la decisión del país es ejerciendo su derecho a votar.
Cabe señalar que el Distrito Federal es además una de las tres entidades federativas donde las mujeres representamos 53 por ciento de la lista nominal de la entidad. De particular importancia es el espacio político que las mujeres hemos ganado en el Poder Legislativo: 16.2 por ciento, pues esto nos ha permitido incidir de manera directa en La legislación no sólo de problemas nacionales, sino también llevando adelante su preocupación por el problema de género, ya que es más fácil solucionarlos cuando existe una mayor participación de las mujeres en política, ya que nadie hará de las mujeres lo que las mujeres hagamos por nosotras mismas, sobre todo en defensa de nuestros legítimos derechos.
Aceptar y establecer constitucionalmente la igualdad formal entre hombres y mujeres constituye un hecho de trascendental importancia. Sin embargo, transcurridas ya varias décadas, esta igualdad resulta insuficiente ya que la igualdad de todas y de todos ante la ley no es sinónimo de igualdad de oportunidades.
Es un hecho que aún está muy lejos la igualdad de acceso a las estructuras de poder y la toma de decisiones, y que sólo la intervención directa de las mujeres en estos espacios generará mayor apertura de los mismos.
Por esto, cada vez es más clara la importancia y necesidad de impulsar con mayor empeño acciones concretas para la participación política de las mujeres y lograr así nuevos mecanismos de diálogo y propuestas.
El acceso de las mujeres a una mayor participación política y en la toma de decisiones es un principio de justicia y equidad social. Incorporar el punto de vista de las mujeres constituye un requisito fundamental para contar con la perspectiva de género desde nuestra realidad específica.
En este sentido, esta soberanía en la pasada legislatura, por conducto de diputadas de diversos grupos parlamentarios que presentaron sendas iniciativas, se hicieron eco a la necesidad de hacer respetar los criterios electorales en materia de género. Y por ello esta LXI Legislatura debe ser parte actora en la transformación real de nuestro sistema de representación, reconociendo la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en la vida nacional de nuestro país.
No se puede simular la participación de las mujeres en puestos de representación popular, como así se pretende hacer utilizando el derecho que tienen los legisladores y las legisladoras para solicitar licencia a efecto de separarse temporal o definitivamente de sus cargos por "causa justificada".
Esta simulación es verdaderamente vergonzosa, inmoral y nada ética, cuando se dé el triunfo de una candidatura encabezada por una mujer, para luego cederle su lugar a su suplente de otro género que no ganó su candidatura en las urnas.
Los partidos políticos deben garantizar la equidad de género a la hora de proponer las candidaturas y cumplir con lo establecido en el Cofipe y respetar la composición de género de sus bancadas y para ello deben ser desterradas estas sinergias negativas que violan no solamente los derechos políticos de las mujeres, sino que lastiman la dignidad de las mismas.
En razón de ello es que proponemos combatir, desde raíz, esta desafortunada práctica para que desde nuestra Constitución, en sus artículos 51 y 57, se establezca la obligatoriedad de que la fórmula de candidatos sea del mismo género, tanto de diputados como de senadores.
En este sentido también proponemos que en el Cofipe, en su artículo 20, se traslade ese mandato constitucional para hacer efectivo este derecho que beneficiará a las mujeres, tratándose de diputados y de senadores de mayoría relativa o de representación proporcional.
En el PRD sostenemos que no se puede dejar de lado la opinión e intereses y las necesidades de las mexicanas y que la igualdad de participación de la mujer y del hombre en asuntos públicos y en la toma de decisiones es una condición sine qua non para incidir en el fortalecimiento de la real democracia de nuestro país.
Artículo 1o. se reforman los artículos 51 y 57 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 51 que habla sobre el suplente del mismo género; el artículo 57, en el caso de los senadores sobre el suplente del mismo género.
En el artículo 2o. se reforma el artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: "hablando de las vacantes tanto en los diputados con mayoría relativa y de representación proporcional, los suplentes deberán ser del mismo género que el propietario". Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación.
El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, México atraviesa por una crisis fiscal que se explica por la subordinación de la política tributaria al modelo neoliberal, para lo cual desde hace mucho tiempo se diseñó una estrategia basada en regímenes fiscales especiales para un selecto grupo de empresas, sin considerar las graves consecuencias que tendría para la economía en su conjunto.
Así la recaudación se ha recargado históricamente en la clase media, en los asalariados y en Pemex. Mientras que se ha desgravado a los grandes grupos corporativos.
Esta situación, al no haberse corregido, presenta riesgos muy altos para nuestra economía, entre los que destacan el desequilibrio fiscal y la pérdida de la estabilidad financiera del país, a lo que se suman rezagos en sectores estratégicos para el bienestar de la gente y para el crecimiento económico.
La debilidad financiera a la que la hacienda pública está expuesta ha generado múltiples presiones para ceder al capital privado diversas actividades que son una obligación constitucional del Estado mexicano, como es el caso del sector energético.
No podemos olvidar que la recaudación del ingreso tributario ha sido baja y ha fluctuado en los últimos 20 años entre el 10 y el 11 por ciento del producto interno bruto, mientras que en otros países, incluso aquéllos que se clasifican como en vías de desarrollo, la recaudación excede al 15 por ciento del PBI.
En concreto, en la Ley del Impuesto sobre la Renta existen regímenes de privilegio para determinados sectores empresariales que benefician de manera indebida, y en detrimento de la recaudación federal, y del principio de justicia fiscal.
Esa gama de privilegios, instituidos en diferentes tiempos por el Congreso, ha impedido que las finanzas públicas tengan un verdadero sentido redistributivo de la riqueza.
Una prueba de lo anterior radica en que, mientras que las empresas aportan entre el 55 y 60 por ciento del ingreso nacional, su contribución al pago del impuesto sobre la renta como porcentaje del PIB ha sido de 2.6 por ciento en promedio durante los últimos siete años; en tanto que la contribución fiscal de los asalariados, que generan el 25 por ciento del ingreso nacional, ha sido en promedio de 2.2 por ciento.
Esto es, aunque la contribución de las empresas debería ser de al menos del doble de los asalariados, en virtud de que generan el doble de la riqueza, esto no sucede así gracias a los regímenes fiscales especiales.
Cabe señalar que de acuerdo con los informes presentados a la Bolsa Mexicana de Valores, se observa que el año pasado 13 grandes empresas y 6 instituciones bancarias, a pesar de haber registrado ingresos que en conjunto ascendieron a 1 billón 830 mil millones de pesos, su pago de impuestos apenas fue de 55 mil millones, lo que representó en promedio sólo el 4.9 por ciento de sus ingresos.
Por su parte, los impuestos diferidos alcanzaron 114 mil millones, lo que significa que debido a la existencia de tratamientos fiscales especiales, por cada peso que estas empresas le entregaron al fisco, el propio fisco les permitió diferir 4.2 pesos en promedio.
Por mucho tiempo se ha sostenido que dichas facilidades fiscales se han otorgado con el objetivo de incrementar la inversión y la generación de empleo; sin embargo, conviene citar la conclusión emitida por la Auditoría Superior de la Federación, quien en 2007 concluyó lo siguiente:
Se detectaron 50 grandes contribuyentes cuyos pagos individuales de ISR, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos. Esto, debido a que las devoluciones efectuadas en el período superaron al incremento en la inversión privada, lo que contradice la hipótesis de que una menor tributación libera recursos a los particulares para incrementar la inversión en capital. Por ello, se genera una situación de privilegio para unos cuantos contribuyentes, lo que contraviene el principio de equidad fiscal.
El proyecto de ley que hoy presentamos se orienta hacia la eliminación de esos privilegios fiscales. En este sentido, la consolidación fiscal ha sido uno de esos privilegios, ya que permite que una empresa exitosa adquiera a una empresa no exitosa y con ello consolide ganancias de ambas para efectos del pago de impuestos.
Este mecanismo se ha prestado a que empresas muy exitosas busquen a cualquier empresa que tenga pérdidas, con el objeto de no pagar impuestos. Por ello no es de sorprender que esta forma sea utilizada casi en su totalidad por las empresas más grandes.
Otro privilegio es la depreciación acelerada de activos fijos, es decir, de la maquinaria, equipo, de los terrenos y la construcción. Todos sabemos que estos activos pierden su valor poco a poco. De hecho, una construcción dura mucho tiempo antes de perder todo su valor y los terrenos casi nunca pierden el valor, sino por el contrario, lo ganan.
No hay, entonces, una justificación para que una empresa que adquiere activos fijos reporte cero utilidades con el argumento de que cargó todo su valor a los costos de un solo ejercicio fiscal. Aun así, esto ocurre todos los días y de nuevo son las más grandes empresas las que se benefician.
Un privilegio más es la ganancia por venta de acciones por la Bolsa de Valores, en donde desafortunadamente en los casos de mayores ganancias se ha tratado de ventas y compras que no se han hecho en la Bolsa Mexicana de Valores.
El proyecto que hoy presentamos busca también acotar estas operaciones y negar la exención en todos aquellos casos en los que la venta de acciones no sea al gran público inversionista. En este mismo orden se ubica la propuesta para limitar las deducciones de los donativos y de las campañas de redondeo que las empresas realizan.
En suma, para incrementar con justicia y equidad los ingresos que recibe el gobierno es necesario que las empresas paguen más y no que se apliquen impuestos a la pobreza o el IVA en alimentos y medicinas.
De manera adicional, la iniciativa propone que se modifique el llamado secreto fiscal, para que el Congreso de la Unión tenga acceso a la información fiscal y así poder medir el impacto recaudatorio y la eficacia de los cambios tributarios que se aprueben.
Diputadas y diputados, un cobro de impuesto más riguroso, bajo un tratamiento justo que elimine los privilegios fiscales más costosos para la hacienda pública, y que sea más equitativo para los asalariados y las pequeñas y medianas empresas, es absolutamente esencial y urgente.
No hacerlo implica seguir castigando a los que menos tienen, mantener ingresos tributarios que no alcanzan a cubrir las necesidades del erario y alentar a la economía subterránea, al darse cuenta la gente de que no tiene caso pagar impuestos cuando los más poderosos no lo hacen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar una iniciativa, con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con su permiso, presidente. Honorable asamblea, hoy será entregada a esta soberanía la propuesta del Ejecutivo federal para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.
En las últimas semanas se han planteado diversas propuestas para subsanar la caída de los ingresos y tener la capacidad de contar con un presupuesto suficiente para atender las necesidades del país e impulsar su desarrollo.
En Nueva Alianza hemos propuesto una discusión amplia que contemple reformas integrales, que además de darle recursos al Estado para cumplir con sus obligaciones, nos permita, como nación, impulsar un nuevo modelo económico más justo, equitativo y con una mejor distribución de la riqueza.
Somos los legisladores los que tenemos hoy la oportunidad de convocar a la nación para hacer los cambios que sean necesarios y recuperar la senda del crecimiento económico. Sin embargo, la gente nos exige acciones inmediatas, servicios como la educación, salud y seguridad; políticas como el combate a la pobreza no pueden esperar ni deben sufrir recortes, pues son estratégicos para el bienestar de la sociedad y para la construcción de las bases del futuro.
Considero que en esta legislatura existe la sensibilidad, la responsabilidad y la visión necesaria para que aprobemos las reformas de nuestras leyes y hacer posible la recuperación económica sustentable atendiendo los sectores estratégicos para nuestro desarrollo como lo son la educación, la ciencia y la salud.
Para Nueva Alianza es imperativo atender la demanda de millones de mexicanos que exigen a los servidores públicos que seamos responsables y promovamos políticas de racionalidad y austeridad presupuestal.
Es una condición obligada de quienes ejercemos un cargo de representación o servicio público el predicar con el ejemplo. Si se pide a la sociedad sacrificio, trabajo y paciencia, es nuestra obligación, de los legisladores, del Ejecutivo federal, del Poder Judicial y de los órganos autónomos, el prescindir de prestaciones, servicios y atenciones que son percibidos como privilegios y onerosos ante la crisis.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que los ahorros o economías que se pueden generar por instrumentar medidas de austeridad en áreas como los servicios personales, gastos médicos mayores, bonos de servidores públicos, gastos en comunicación social, percepciones extraordinarias, gastos de representación, teléfonos celulares, combustibles, viajes y automóviles de funcionarios de los tres poderes, pueden destinarse prioritariamente a complementar el presupuesto de educación, ciencia y tecnología.
El compromiso del Estado con la educación debe ser incuestionable. La inversión en educación, ciencia y tecnología son estratégicos y prioritarios para el presente y para el porvenir del país.
Invertir en educación es invertir en el futuro. La educación es y seguirá siendo la vía para formar mexicanos y mexicanas más preparados para incorporarse al sector productivo, más críticos y exigentes, tolerantes y más participativos para consolidar nuestra democracia. Sólo a partir de un apoyo firme a reformas como la que proponemos, podremos cumplir con la sociedad que nos demanda.
Para Nueva Alianza destinar mayores recursos a educación, ciencia y tecnología, mantener servicios de salud de calidad e invertir en una política no de combate a la pobreza, sino de apoyo para el desarrollo de las familias que viven en situación de pobreza, es fundamental para construir una sociedad más igualitaria.
Nuestra propuesta es promover desde el Poder Legislativo un perfil de gasto que defienda y dé consistencia a los compromisos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Es precisamente en este sentido que como diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, comprometida con reformas legislativas orientadas a contribuir al beneficio de la sociedad y preocupada por la insuficiencia de recursos fiscales, propongo lo siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con base en el siguiente
Decreto
Artículo primero. Se reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:
Artículo 61. Los ejecutores del gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas sociales aprobados en el Presupuesto de Egresos.
Los ejecutores del gasto están obligados a tomar medidas de austeridad con el fin de racionalizar el gasto, eliminando gastos en servicios personales, seguros de gastos médicos, reducción de direcciones generales adjuntas, pago de telefonía celular, compra de vehículos y prioritariamente, las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias, así como gastos de comunicación social y gastos administrativos no vinculados a la atención a la población.
Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse en los términos de las disposiciones generales aplicables a la inversión en educación, ciencia y tecnología.
El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, establecerá un programa de mediano plazo para promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública de la administración pública federal, a través de acciones que modernicen y racionalicen las prestaciones de los servicios públicos, promuevan la productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades, y reduzcan gastos de operación.
Dichas acciones deberán orientarse a lograr mejoras continuas de mediano plazo que permitan, como mínimo, medir con base anual su progreso.
Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de las medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos compromisos deberán formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en su cumplimiento se reportará en los informes trimestrales.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 8 días del mes de septiembre de 2009. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Informo a ustedes, señoras diputadas y señores diputados, que se encuentran visitándonos en este momento colonos del municipio de Ecatepec, del Estado de México. Sean ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra la diputada Margarita Suárez González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, y adiciona una fracción V al artículo 389 de la Ley General de Salud.
La diputada Laura Margarita Suárez González: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la discapacidad es un problema que afecta a una gran parte de la población mundial y su magnitud se acrecienta por sus repercusiones en la familia y en la sociedad, lo cual deriva en un franco deterioro en la calidad de vida de quien la padece y un incremento en los costos de atención médica, entre otros.
La población con discapacidad debe ser un grupo de especial atención, principalmente porque representa un fenómeno social que tiene implicaciones sobre la dignidad de la persona humana. Ello demanda la acción positiva del Estado y la sociedad para generar las políticas y acciones integrales para su atención.
Todo gobierno tiene la obligación de responder con eficacia a las crecientes necesidades de los diferentes sectores de la sociedad, y con mayor razón si se trata de quienes se encuentran en situación adversa ante la vida. Por ello, sólo es posible si se conocen sus necesidades y demandas primordiales.
En nuestro país, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno y sus instituciones, lamentablemente no se tienen datos confiables y actualizados acerca de la población con discapacidad debido, entre otras causas, a la falta de solidaridad y de una cultura en la que los mexicanos aprendamos a convivir, valorar y respetar las diversidades, haciendo a un lado prejuicios y estigmas que sólo nos separan como sociedad.
Si bien es cierto que a través de los censos es como se obtienen los datos sobre la población de un país y sus características, también lo es que éstos tienen lugar cada 10 años; sin embargo, durante este lapso, países como el nuestro, donde la dinámica de la población es permanente, requiere de herramientas e instrumentos que permitan conocer de inmediato las características y necesidades actuales de la sociedad.
En este sentido, la iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley General de las Personas con Discapacidad y adiciona la fracción V al artículo 389 de la Ley General de Salud, establece que la Secretaría de Salud expida el Certificado de Reconocimiento y Medición de la Discapacidad para toda persona que padezca una discapacidad permanente o definitiva, el cual permitirá que cuenten con un documento uniforme en todo el país y que les sirva como identificación de su padecimiento, y que al mismo tiempo funcione como una herramienta estadística en la recolección y registro de datos sobre este sector de la población.
Además, servirá como herramienta de investigación para medir los resultados de las acciones en su beneficio y los impactos que en su calidad de vida tengan las acciones de política pública.
Para las instituciones gubernamentales el certificado se convertirá en un instrumento que le permitirá focalizar sus acciones, identificar con toda precisión a la población objetivo y planear mejor para, en consecuencia, realizar las adecuaciones necesarias que redunden en mejores acciones y programas para las personas con discapacidad.
Lo que se pretende es facilitar a las personas con discapacidad permanente el acceso al disfrute de diversos apoyos y servicios que las instituciones mexicanas tienen la obligación de brindarles. Es decir, dicho certificado servirá como un instrumento que agilizará cualquier trámite que la persona requiera cuando se dirija a las instituciones públicas, sociales y privadas.
En el Partido Acción Nacional estamos comprometidos con aquellos sectores de la población menos favorecidos y que sufren condiciones de exclusión y marginación por su discapacidad, por lo que los invitamos a eliminar cualquier obstáculo que les impida desarrollarse con plenitud en todos los ámbitos de su vida.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, debemos emprender acciones que contribuyan al establecimiento de bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida nacional, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Salud. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, para crear el Seguro de Desempleo para la protección del trabajador mexicano.
El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó durante las LIX y LX Legislaturas la iniciativa del Seguro del Desempleo, por considerar que ha sido una demanda histórica de millones de mexicanos.
Sin embargo, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, dictaminaron esta iniciativa en sentido negativo el 25 de marzo de 2008. Se argumentó en su momento que el artículo 191 de la ley ya prevé que durante el tiempo que el trabajador debe estar sujeto a una relación laboral tendrá derecho a la ayuda por desempleo porque puede retirar una parte de lo que ha acumulado en su cuenta de retiro.
Con esta argumentación los diputados del PRI y del PAN votaron en sentido negativo este dictamen, porque pretenden darle una solución incorrecta a un fenómeno social como lo es el desempleo; porque tomar recursos de la cuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, vulnera la seguridad del trabajador al disminuir la masa de recursos para su pensión cuando llegue el momento de su jubilación.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera una obligación moral y política insistir en la urgencia de crear el seguro de desempleo para proteger de los embates de la crisis a los mexicanos que son lanzados al desempleo.
Para nosotros el desempleo tiene que ver con la manera específica en que se organiza la producción capitalista, donde los fabricantes tienden a invertir cada vez más en maquinaria, instrumentos de trabajo, materias primas, lubricantes, etcétera, y en menor proporción en la fuerza de trabajo.
El resultado final de este proceso es que con el paso del tiempo los obreros son sustituidos por el mayor uso de máquinas y lanzados al desempleo. Este fenómeno de desplazamiento del trabajo por el capital es consustancial al sistema capitalista.
Asimismo, el comportamiento cíclico de la economía capitalista se convierte en otra fuente de desempleo, porque en épocas de crisis recesivas o represivas el desempleo tiende a crecer como resultado del despido de cientos de miles de trabajadores de las actividades económicas.
En el caso específico de México el desempleo empezó a convertirse en un fenómeno permanente del sistema económico desde los años cuarenta, del siglo pasado, debido al rápido proceso de industrialización que emprendió el país desde esa década.
Las crisis de los años setenta y ochenta, así como las más recientes y la actual, han generado un desempleo masivo en la economía mexicana. Al mes de julio de 2009 el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) estima que el desempleo abierto de la economía mexicana es de 6.12 por ciento con respecto al total del PEA (población económicamente activa), que está conformado por más de 45.7 millones de mexicanos.
Sin embargo, esta cifra de desempleo abierto es totalmente engañosa, porque la metodología que se utiliza para estimar el cálculo es insuficiente y no representa la realidad del mercado laboral en relación al desempleo que aqueja actualmente a la población mexicana.
Por otra parte, más de 25 millones de nuestros compatriotas que representan más de la mitad del PEA no tienen prestaciones laborales. Asimismo, 4 millones de trabajadores agrupados no tienen algún tipo de trabajo y solamente sobreviven de las propinas que reciben en actividades como gasolineras, restaurantes, en labores de custodia vehicular en los centros comerciales o departamentales, como franeleros, limpiaparabrisas, etcétera.
Junto a lo anterior, también se acrecentó la pobreza del pueblo mexicano, que la propia Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) estima en el curso de 2009 en más de 55 millones, es decir, más de la mitad del total de la población y en pobreza extrema reconoce oficialmente a más de 20 millones de mexicanos.
Por esa razón, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está convencido, de que los problemas de desempleo que enfrentan millones de nuestros compatriotas debe tener una solución inmediata.
Nuestra propuesta va en el sentido de crear un seguro de desempleo para los trabajadores mexicanos, en virtud de que es indispensable dotarlos de recursos que les permitan sobrellevar la actual coyuntura de la economía.
Además, si en otras partes del mundo este seguro existe desde hace décadas, por qué en nuestro país no vamos a proteger a nuestros compatriotas que están desempleados en estos tiempos críticos.
Proponemos que los recursos financieros para sostener el Programa de Seguro de Desempleo sean aprobados por la Cámara de Diputados y transferidos para su cometido al Instituto Mexicano del Seguro Social.
También proponemos dotar de este seguro durante seis meses a 2 millones 800 mil personas, que es la cifra de desempleados que reconoce oficialmente el gobierno mexicano al mes de julio del presente año.
El monto de estos recursos debe ser financiado con los recursos que existen en diversos fondos y fideicomisos de carácter análogo que ha creado el gobierno federal en la presente administración, cuyo monto es alrededor de 500 mil millones de pesos, conforme lo reportado en el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del segundo trimestre del año 2009.
Solicito, señor presidente, que la presente iniciativa sea publicada de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates de esta Cámara. Y le hago entrega a la Secretaría de la misma. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Se recibió del señor diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Diputado presidente, diputadas y diputados, acudo a esta tribuna como parte del Movimiento por la Defensa de la Economía Popular y la Soberanía Nacional, integrado por millones de mexicanos y mexicanas que buscamos la transformación de fondo en este país.
Para el caso de la política habitacional, los últimos gobiernos han reducido el derecho social a la vivienda a una simple mercancía. Primero bursatilizan los créditos de los organismos de vivienda. En el caso del Infonavit, han vendido la cartera; es decir, las casas de las familias trabajadoras a empresas transnacionales.
No obstante, hoy los mismos integrantes de los órganos de gobierno que aprobaron la venta llaman desde el Senado a moderar la cobranza de quienes han perdido sus empleos. Incluso, desde esta Cámara pretenden encabezar lo que no defendieron en su momento.
El 18 de diciembre de 2008, en la sesión 95 de la Asamblea General del Infonavit, representantes del sector obrero ligado al PRI y funcionarios panistas decidieron ratificar tanto la venta de cartera, como la bursatilización de créditos. Éstos, según dijeron, para evitar controversias; ya que el instituto había perdido un amparo que lo obligaba a adquirir nuevamente el crédito de manos extranjeras.
El mal manejo es inocultable. Existen más de 36 mil millones de pesos en créditos de quienes se encuentran en prórroga por haber perdido su trabajo.
Por otro lado, también hay más de 34 mil millones de pesos en cartera vencida. Por primera vez en muchos años la cartera sujeta a prórroga es mayor que la cartera vencida; juntas suman más de 70 mil millones de pesos, cifra similar a la cartera vencida de toda la banca.
El origen del problema radica en una concepción financiera marcada por la especulación, tal es el caso de los Cedevi. Los Cedevi son bonos que el Infonavit coloca en los mercados financieros internacionales, garantizando su pago con las hipotecas de los trabajadores.
Se copia el esquema de las gigantes financieras norteamericanas Fredy Max y Fanny May, causantes de la crisis hipotecaria mundial y objeto de uno de los mayores rescates en la historia de los Estados Unidos, cuyo monto superó los 240 mil millones de dólares.
Ahora los créditos de los trabajadores mexicanos son monitoreados por fiscalizadoras internacionales, por lo que la venta de cartera responde a una limpieza de activos que busca cuidar la imagen financiera del instituto.
Por tanto, la cesión de cartera no significa necesariamente la recuperación de dinero. Con la venta de 56 mil créditos vencidos el Infonavit anuló el derecho constitucional a contar con créditos baratos y suficientes, y a que éstos sean pagados con el salario.
El Consejo de Administración del instituto y su director, Víctor Manuel Borrás, están ocasionando a la dependencia un quebranto gradual en diferentes rubros y niveles. Veamos.
Primer quebranto. La venta de la cartera a menos de 15 por ciento de su valor. El Infonavit otorgó más de 10 mil millones de pesos de margen de utilidad a dos consorcios extranjeros: Capmark, filial de GMAC, financiera de General Motors, y a Scrap II, creada por GMAC, integrante del corporativo de Citigroup, ambas empresas en poder del gobierno norteamericano.
Segundo quebranto. El Infonavit pierde el 20 por ciento de lo que invirtió en las hipotecas. Ejemplo: en tan solo una emisión de 2006 la dependencia vendió los derechos de 8 mil 500 hipotecas, con un valor de mil 500 millones de pesos, a mil 200 millones, lo que implicó un quebranto por 300 millones de pesos.
Tercer quebranto. Deuda impagable. El instituto pagó en 2008 a los trabajadores derechohabientes el 7 por ciento, y cobró intereses por crédito de vivienda a 12 por ciento; sin embargo, a los inversionistas extranjeros que compraron Cedevis les pagó a un 17 por ciento de interés. Qué justicia.
Cuarto quebranto. Dispendio en la administración del instituto. Los costos de operación o sueldos se incrementaron en 10 años en 67 por ciento, más de mil 100 millones de pesos anuales, que equivalen al valor de la venta de cartera hecha a una de estas empresas transnacionales, a Scrap II.
El Infonavit es el único organismo público descentralizado que no es fiscalizado por nadie y que maneja un presupuesto de miles de millones de pesos del ahorro de los trabajadores, por lo que la iniciativa establece la obligación de sujetarse a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Diputados y diputadas, este proyecto busca dos objetivos primordiales: rescatar al instituto y apoyar a la economía popular de nuestro país.
1. La iniciativa concibe que el Fondo Nacional de la Vivienda opere eficientemente con políticas de austeridad, producción social de vivienda, créditos baratos y suficientes, con transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo con las normas generales que rigen a toda la administración.
2. Propone inyectar 10 mil millones de pesos a la economía popular mediante la devolución de la subcuenta de vivienda a los pensionados, ya sea a través del pago en efectivo, como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia, o bien a través de créditos solidarios para que otros miembros de las familias o allegados terminen de pagar estos créditos.
3. Reivindica los derechos laborales establecidos en la Ley Federal del Trabajo y demás leyes relativas, para proteger a los grupos de población más vulnerables.
4. Establece que el instituto debe desarrollar sus actividades dentro de una política integral de vivienda y desarrollo urbano sustentable.
5. Combate la feminización de la pobreza al permitir el acceso a la propiedad de las mujeres, a causa de la ausencia permanente de la pareja, de tal manera que pueda tener acceso al mismo crédito.
Por todo lo anterior y en ejercicio de nuestras facultades, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Infonavit, que entrego a la Mesa Directiva y solicito que se inserte en el Diario de los Debates y en la versión estenográfica.
Diputados y diputadas, la LXI Legislatura está llamada a definirse; con spot lejos está de resolverse la problemática del instituto.
Hace unos días una mujer que fue desalojada de su vivienda me dijo: el Infonavit está en coma. Efectivamente, el Infonavit ha reducido sus funciones vitales, ha extraviado su origen social, ha malbaratado su patrimonio; debemos rescatarlo, la defensa de la casa y de la patria empieza por ahí. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Insértese en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Le pido a la Secretaría que continuemos con el orden del día y, por tanto, entramos al espacio de proposiciones.
Tiene la palabra el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que establezca los mecanismos para escuchar y atender la problemática de los alcaldes integrados en la Federación Nacional de Municipios de México, Asociación Civil, y encontrar solución a los problemas que acarreará el recorte presupuestal al Fondo General de Participaciones y Fomento Municipal.
El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino: Con su permiso, señor presidente e integrantes de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del PRI ve con preocupación el llamado que han hecho alcaldes de todos los partidos, quienes han manifestado que está en riesgo su operación con la consecuente pérdida de gobernabilidad por los recortes a las participaciones que determinó el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El que suscribe, Francisco Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, a nombre de los diputados de Puebla, somete a la consideración de esta soberanía la presente
Proposición con punto de acuerdo
Ante la crisis económica que vive el país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha anunciado un recorte presupuestal reflejado en las participaciones de los ingresos municipales otorgados a través del Fondo General de Participaciones y de Fomento Municipal, estipulados en los artículos 35 y 36 de la Ley para el Federalismo Hacendario, en el sistema actual, basado en reglas impositivas que obedecen a un criterio de financiamiento central, a una asignación de participaciones que ocurre sobre una base interjurisdiccional, tomando en consideración la base de impuestos y, finalmente, donde se determina la asignación por niveles de gobierno.
Este recorte a las participaciones, que en algunos casos alcanza hasta 60 por ciento, ha generado la inconformidad de alcaldes de todos los partidos a lo largo de todo el país, pues se ha advertido el riesgo de caer en la inoperancia de los gobiernos municipales que, en un caso extremo, llevaría a la ingobernabilidad.
El recorte llevado a cabo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han señalado en diversos espacios y a través de diferentes fuentes informativas, contradice el espíritu federalista y lleva a los gobiernos municipales a un grave de riesgo de incumplir con sus funciones, lo que puede llevar a una crisis de legitimidad.
Asimismo, como está plasmado en un desplegado dirigido al presidente de la república, a la Cámara de Senadores y a esta soberanía, y firmado por 82 alcaldes de Puebla, los recortes se traducirían en paros laborales, suspensión de apoyos económicos directos a las personas, servicios públicos y obras, lo que generaría descontento de la sociedad y crisis que puede desembocar en ingobernabilidad.
Hay datos que ubican al menos a mil de los 2 mil 439 municipios del país en riesgo de quiebra, por el recorte a la mitad del año que la Federación realizó por 18.9 por ciento en las participaciones estatales y 24.8 por ciento a los municipios, respecto del período 2008, en términos promedio.
En este contexto, los mismos alcaldes han propuesto soluciones para que los gobiernos municipales no sean las víctimas de la crisis económica que vive el país, y que deben ser planteadas y escuchadas con seriedad por las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En mérito de lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer los mecanismos para escuchar y atender la problemática de los alcaldes, integrados en la Fenamm, en Almac y Anapac, a fin de encontrar solución a los problemas que acarreará el recorte presupuestal al Fondo General de Participaciones y Fomento Municipal. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra la diputada Leticia Robles Colín, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de Conagua, establezca en las reglas de operación del ejercicio 2010 un componente máximo de inversión no mayor al 10 por ciento en la contraparte y a aportar por los usuarios de riego en los programas hidroagrícolas.
Y un componente máximo de inversión no mayor al 20 por ciento en la contraparte a aportar por los organismos operadores y/o gobiernos locales en los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, suscrita ésta por los diputados Leticia Robles Colín, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Guadalupe Acosta Naranjo, Armando Ríos Piter y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Leticia Robles Colín: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, para aquéllos que hemos estado en gobierno y que hemos visto la complicación que se tiene para bajar recursos de inversión federal en algunos casos conocidos como los pari passo, es importante citar lo siguiente.
Si bien la instrumentación de reglas de operación para la ejecución de los programas de inversión federal ha contribuido a trasparentar y ordenar el ejercicio del gasto, también las reglas de operación han logrado evitar o al menos disminuir el desvío de recursos públicos que, hasta antes de la implantación de las reglas, se constituía en una práctica permanente.
En el caso de los programas a cargo de la Comisión Nacional del Agua, las reglas han permitido, además, planificar y dirigir la oferta de infraestructura hidráulica en función de los objetivos: Plan Nacional Hídrico.
A pesar de las incuestionables virtudes de las reglas de operación, algunos requisitos de las mismas también se han constituido en un verdadero obstáculo para la expansión de la oferta de infraestructura de riego, agua potable y saneamiento.
Es el caso de los componentes de inversión local que se exigen como contraparte a la inversión federal que en algunos casos, como es el de de la ampliación y rehabilitación de infraestructura de agua potable en zonas urbanas, representan hasta el 60 por ciento del total de la inversión; lo que hace que los gobiernos locales desistan de programar y formalizar obra en estos estratégicos rubros, y que los montos que esta Cámara aprueba para los diferentes programas en materia terminen subejerciéndose por las dificultades que acusan los gobiernos locales para aportar las contrapartes establecidas en las reglas de operación.
Los montos de contrapartes exigidas en las reglas de operación representan un factor de exclusión para gobiernos locales, organismos operadores y usuarios, o posibles beneficiarios de infraestructura de riego, ya que sólo si se cuenta con montos crecientes de inversión es que se puede acceder a los programas federalizados, generando con ello un círculo vicioso donde se perpetua el retraso y se ensancha la brecha entre regiones desarrolladas y no desarrolladas.
Por ejemplo, los usuarios o demandantes de riego que no pueden aportar el 50 por ciento de inversión en obra por no contar con el capital requerido, difícilmente podrán capitalizarse sin condiciones que le permitan desarrollar una agricultura productiva, como es el acceso a la tecnología de riego.
Por su parte, los organismos operadores y/o gobiernos locales que no pueden aportar los montos de inversión requeridos para acceder a los programas, jamás podrán mejorar su eficiencia física y comercial en el servicio de agua potable que les permita mejorar o incrementar su capacidad recaudatoria, y de ese modo contar con recursos que le permitan por vez primera acceder a los programas que opera la Comisión Nacional del Agua.
Incluso, aquellos organismos operadores que cuentan con un alto nivel de eficiencia comercial y recaudatoria no logran reunir los montos que las reglas de operación les exigen. Insistimos que el impedimento financiero propicia un círculo vicioso y, además, la licitación del acceso a los programas federalizado, reproduciendo con ello una enorme inequidad.
En la actual coyuntura se han aparejado, en forma por demás dramática, la crisis económica y la crisis de la disponibilidad de agua, por lo que resulta inadmisible no generar condiciones propicias para la inversión en el sector, máxime cuando en el riego agrícola se desperdicia el 60 por ciento del líquido y se requiere con urgencia la modernización y tecnificación de las unidades de riego.
Y en el caso del consumo doméstico y público urbano, los organismos operadores de agua y/o gobiernos locales requieren sustituir tuberías y redes para evitar los desperdicios y fugas que en algunos casos oscilan entre 30 y hasta 50 por ciento del total del suministro de agua potable; pero al no poder contar con el 60 por ciento del monto total de inversión que exige la regla de operación del Programa de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado en Zonas Urbanas, los gobiernos locales han estado impedidos para resolver, con la urgencia que se requiere, el grave problema de fugas y de alta asistencia en la administración y distribución de agua, ni tampoco para enfrentar las variaciones de los fenómenos hidrometeorológicos, como las terribles sequías en algunas regiones de nuestro país, y por otro lado, las severas inundaciones que se padecen en otras zonas del país, como la que tuvimos recientemente.
Los bajos alcances del Programa Nacional de Infraestructura y de las medidas contracíclicas de la actual administración federal pueden explicarse en buena medida por el cuello de botella y la rigidez que representan los requisitos exigidos en las reglas de operación.
Una flexibilización de sus criterios y montos contribuiría decididamente a reactivar los sectores productivos que la crisis económica ha dañado, como lo son el de la industria de la construcción y el agropecuario.
El impedimento para aportar contraparte financiera no puede convertirse en una razón para cancelar las necesarias y urgentes inversiones en el sector, que al incrementarse generarían un efecto multiplicador en sectores que son clave de nuestra economía, generando condiciones de reactivación para superar el escenario de crisis económica.
Por todo lo anterior expresado y fundado es que sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias, exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, a establecer en las reglas de operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y el de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a cargo de la Comisión de Nacional del Agua aplicables a partir de 2010, un componente máximo de inversión no mayor a 20 por ciento en la contraparte a aportar por los organismos operadores y/o gobiernos locales, en los diversos programas en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento a su cargo.
Segundo. La Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias, exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, a establecer en las reglas de operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y el de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2010, un componente máximo de inversión no mayor a 10 por ciento en la contraparte a aportar por los usuarios de riego en los diversos programas en materia hidroagrícola a su cargo.
Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el marco de discusión del paquete económico 2010 integre en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, un apartado que fije el porcentaje máximo de contraparte a aportar por los usuarios y gobiernos locales, en los distintos programas de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento, y que deberá ser observado en atención a las reglas de operación que en la materia publique el Poder Ejecutivo federal, de conformidad con lo establecido en los resolutivos primero y segundo del presente punto de acuerdo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnense los resolutivos primero y segundo a la Comisión de Recursos Hidráulicos, y el resolutivo tercero a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra la diputada Norma Leticia Orozco Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Semarnat, para que informe respecto de la estrategia nacional para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y las acciones de adaptación de los efectos del cambio climático.
La diputada Norma Leticia Orozco Torres: Muchas gracias. Con el permiso del señor presidente. Compañeras, compañeros diputados, el cambio climático es un fenómeno que se manifiesta en un aumento de temperatura promedio del planeta, directamente vinculado con el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, producto de actividades humanas relacionadas con la quema de combustibles fósiles y el cambio de uso del suelo. Este aumento en la temperatura tiene consecuencias en la intensidad de los fenómenos del clima en todo el mundo.
Por tal motivo, hemos estado observando fenómenos meteorológicos extremos. Recordemos las afectaciones en el estado de Tabasco en el año 2007 por las lluvias extremas y que se repitieron en 2008, afectando también a los estados de Chiapas y Veracruz.
Y ahora, con las lluvias excesivas que cayeron en el Valle de México, inusualmente, tormenta que concentró hasta 110 metros cúbicos de agua por metro cuadrado en zonas del Valle de México, dejando un saldo de tres muertos y más de mil casas afectadas, inundaciones de aguas negras de hasta un metro 70 centímetros de altura.
Haciendo un poco de historia, desde hace más de 15 años la mayor parte de los países se adhirieron a un tratado internacional denominado Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, con la finalidad de considerar las acciones que se deben realizar para reducir el calentamiento atmosférico y adoptar medidas para hacer frente a la elevación de la temperatura, que es inevitable.
De esta convención los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocida con el nombre de Protocolo de Kioto, que contó con medidas más enérgicas y jurídicamente vinculantes.
En este protocolo se establecieron compromisos cuantitativos de reducción de emisiones para el periodo 2008-2012 para los países desarrollados; mientras que los países en desarrollo, como México, se comprometieron a realizar programas de mitigación de gases de efecto invernadero e inventarios de fuentes de contaminación.
Por tal motivo, México ha realizado diversas acciones basadas en los compromisos de este Protocolo de Kioto con la conformación de una Comisión Intersecretarial del Cambio Climático, la cual se encuentra integrada por ocho secretarios de Estado y ha elaborado comunicaciones nacionales e inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero.
En el 2008, durante la quinta Cumbre de América Latina y El Caribe, México propuso crear un fondo mundial contra el cambio climático, mejor conocido como el Fondo verde, el cual busca contribuir a la reducción de emisiones de carbono y financiar programas de adaptación al cambio climático. Con este fondo cada país estaría obligado a aportar una cantidad en proporción a su ingreso o emisiones per cápita, o una combinación de estos dos factores y, al propio tiempo, cada país podría retirar contra el fondo para financiar acciones de reducción de emisiones de carbono o programas para adaptación al cambio climático.
El presidente de México se comprometió en la última Conferencia de las Naciones Unidas, en Poznan, Polonia, en marzo de 2009, a reducir para el año 2050 las emisiones de bióxido de carbono al 50 por ciento; sin embrago, las acciones de cómo reducir las emisiones de gases efecto invernadero no fueron indicadas.
Desde el inicio de 2008 el gobierno federal ha presumido de un programa especial de cambio climático, que a la fecha no ha sido publicado para su aplicación y que, como proyecto, no tiene una vinculación clara entre las acciones específicas con las metas establecidas en el programa.
Es importante destacar que, de acuerdo con el estudio denominado La economía del cambio climático en México, se observó que en este fenómeno tendrá impactos significativos y crecientes en la economía mexicana, estimando que el país perderá por lo menos 6 por ciento de su producto interno bruto por los impactos del calentamiento global; sobre todo por afectaciones que tendrá en la agricultura, la disponibilidad del agua, el turismo, la biodiversidad y la salud de la población.
Este estudio señala entre sus conclusiones que México necesita invertir 2 por ciento de su producto interno bruto para reducir el 50 por ciento los gases de efecto invernadero que actualmente produce. Desde la óptica económica, resulta más eficiente actuar que dejar el problema para las generaciones futuras.
Por tal motivo, aunque las acciones del gobierno mexicano han sido favorecedoras para ser reconocidas como un país con propuestas para la eliminación de gases efecto invernadero, es necesario que se especifiquen todas las acciones a realizar para la reducción de gases efecto invernadero comprometidas en Poznan, Polonia, las actividades para la adaptación a los efectos del cambio climático y las gestiones que realizará el gobierno federal, conjuntamente con los gobiernos estatales y la ciudadanía.
Estas acciones deben de ser de manera inmediata, puesto que se acerca un nuevo acuerdo internacional destinado a enfrentar el cambio climático, debido a que el Protocolo de Kyoto tiene como fecha de compromisos 2012.
Este acuerdo será llevado a cabo en la próxima conferencia de las partes en Copenhague, Dinamarca, donde se buscará lograr un ambicioso acuerdo enfocándose en acciones urgentes para limitar las elevaciones de la temperatura a no más de dos grados Celsius, más allá de lo cual los riesgos del cambio climático sean mucho mayor.
Por lo que es importante que el gobierno federal presente ante la Cumbre de Copenhague 2009 un programa específico de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía, para reducir las emisiones de gases efecto invernadero y la adaptación a los efectos del cambio climático.
Compañeros, el punto de acuerdo que presento es derivado de que en el Partido Verde creemos indispensable que el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales presente a detalle ante esta Cámara de Diputados las acciones que México ostentará en la próxima Cumbre de Copenhague, Dinamarca.
Se adhiere también el diputado, Francisco Moreno, del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, señor presidente.
El diputado Presidente Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Procesos Legislativos.
Me ha solicitado el uso de la palabra el diputado Francisco Merino. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (desde la curul): Francisco Moreno Merino, señor presidente, a sus órdenes.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Desde su curul, diputado. ¿Con qué objeto?
El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (desde la curul): Con objeto de adherirme al punto de acuerdo de la compañera diputada del Partido Verde, con la seguridad de que mi fracción parlamentaria también está deseosa de recibir al señor secretario de Medio Ambiente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.
El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (desde la curul): A sus órdenes.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se le pregunta a la promovente, diputada Norma Leticia Orozco Torres, si no tiene inconveniente en que el señor diputado esté participando en su propuesta. No se escuchó a la diputada. ¿No hay inconveniente?
La diputada Norma Leticia Orozco Torres (desde la curul): No lo hay.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No hay. Perfecto. Entonces que proceda a suscribir el documento el señor diputado. Muchas gracias.
Tiene la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la liberación de recursos del Fonden, para atender las afectaciones causadas por las inundaciones suscitadas en los municipios de Tlalnepantla y Atizapán, del Estado de México.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, la suscrita diputada a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo de conformidad con la siguiente
Exposición de motivos
Las fuertes lluvias del domingo 6 de septiembre, por la noche, provocaron severas inundaciones en los municipios de Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México; fracturándose al mismo tiempo el Emisor Río Tlalnepantla, afectando sensiblemente a sus habitantes, inundando viviendas, avenidas y zonas importantes como Valle Dorado, Río de los Remedios, Atizapán y zonas colindantes con estos municipios.
El emisor de aguas residuales es el conducto por donde sale el mayor porcentaje de agua de lluvia de los municipios de la zona metropolitana de la Ciudad de México; aunado a casi dos horas que duraron las torrenciales lluvias, el colector terminó por sufrir una seria avería a lo largo de más de 45 metros, provocando con ello que las aguas negras subieran a un nivel de 1.40 metros, viéndose afectado en particular la colonia Valle Dorado, Tlalnepantla, ocasionando a la población pérdida de su patrimonio, ya que más de mil 945 familias y sus casas sufrieron severos daños en sus estructuras y el sistema hidráulico.
Otros lugares impactados por este fenómeno natural fueron el hospital y el Palacio Municipal de Atizapán de Zaragoza, y la zona de Arboledas. Esta situación llevó a que en el transcurso de la lluvia cientos de personas quedaran varadas y refugiadas en los distintos espacios públicos, y que también se tuvieran que desalojar a más de mil 500 personas de sus viviendas, con el propósito de salvaguardarlas.
Debemos reconocer la participación de las autoridades estatales, municipales y del Ejército Mexicano, que actuaron de inmediato en esta emergencia para evitar un desastre mayor a sus habitantes en estos municipios.
En síntesis, es urgente que se aplique el seguro de la Comisión Nacional del Agua, que debe aplicar para la cobertura de siniestros en la reparación de daños en la red de aguas y que se cubran los daños ocasionados y la coordinación de esfuerzos en los tres niveles de gobierno, para enfrentar exitosamente esta emergencia que padecen los pobladores de los municipios del norte de nuestra zona metropolitana.
Por lo expuesto, someto a discusión y aprobación, por el pleno de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
Único. Para exhortar al gobierno federal para que se liberen los recursos financieros y materiales del programa Fonden, mediante obras de reparación de viviendas y zonas públicas, aplicando las medidas sanitarias pertinentes para la atención de emergencia presentada por las inundaciones en los municipios de Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.
Debo señalar que se adhieren a este punto de acuerdo el diputado Sergio Saldaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como la diputada Rosario Brindis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2009. Diputado presidente, solicito que se integre de manera íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Insértese en el Diario de los Debates y se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición.
Tenemos inscritos oradores en pro, la diputada Rosario Brindis Álvarez, al diputado Francisco Landero Gutiérrez y al diputado Sergio Saldaña del Moral. Se concede el uso de la palabra a la diputada Rosario Brindis Álvarez.
La diputada María del Rosario Brindis Álvarez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, además de lo mencionado en el punto de acuerdo de Convergencia, quiero precisar que sea el gobierno federal, a través de Conagua, quien libere los recursos y responda por los daños ocasionados a 2 mil familias y a aproximadamente 600 automóviles que sufrieron daños tras esta tragedia, ya que según el artículo 9, fracción IX de la Ley de Aguas Nacionales, es responsabilidad programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales, de Conagua.
Por lo anterior, el tubo de Emisor Poniente está bajo la atención de Conagua. Quiero destacar que son inaceptables las declaraciones del director de esta comisión, en el sentido de querer endosarle la factura al ex regente Uruchurtu, siendo que dicha comisión no ha hecho gran cosa por mejorar las condiciones de estas instalaciones hidráulicas y del emisor poniente. Gracias. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Francisco Landero Gutiérrez.
El diputado Francisco Landero Gutiérrez: Con su permiso, diputado Presidente. Hago uso de esta tribuna con el objeto de traer a este congreso la voz de miles de personas en el estado de México que se encuentran en una situación difícil particularmente, como se dijo aquí, en los municipios de Tlanepantla y en la zona alta de Atizapán.
La fuerte presión por la sobrecarga de agua de lluvia ocasionó la ruptura de la bóveda superior del túnel emisor poniente en un tramo de 30 metros, a la altura de la colonia Valle Dorado, en el municipio de Tlanepantla.
Los legisladores de Acción Nacional estamos conscientes de que este hecho representa un problema muy serio, ya que este emisor actúa como conductor de aguas negras, por lo que los 30 mil litros por segundo de agua que, se estima, dejó escapar esta tubería no sólo han provocado una serie de inundaciones y pérdidas materiales, sino también pueden contribuir a un preocupante foco de infección y afectar la salud de la población de la zona.
Por esta razón, el personal técnico de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, se movilizó de inmediato al lugar para evaluar la situación de los daños e iniciar los trabajos de limpieza y reparación de este túnel.
De igual forma, el director general de la Conagua, junto con las autoridades de la Comisión de Agua del Estado de México y del organismo público descentralizado del agua de Tlanepantla, llevaron a cabo un recorrido para evaluar los daños.
En Acción Nacional lamentamos profundamente esta tragedia y expresamos nuestra solidaridad con la población de estas colonias afectadas, que han llegado a ser hasta mil 200 familias.
Es relevante señalar que, de acuerdo con los pronósticos del tiempo para los próximos días, se esperan más lluvias intensas y por ende desastres potenciales para ésta y otras zonas del valle de México.
Lo anterior también conllevará diversos problemas de índole económica debido a que las inundaciones perjudican a comercios, restaurantes y a la vida normal de esta zona. Asimismo, se generan diversos problemas de vialidad, ya que algunas de las calles, como Valparaíso, Constantinopla, en Valle Dorado, se encuentran bajo el agua. También es conveniente tener en cuenta los riesgos sanitarios que pueden ocasionar las aguas negras.
Es por ello que se hace imprescindible en este momento el apoyo del Estado mexicano. Es urgente la solidaridad de este honorable Congreso de la Unión y en particular del gobierno del estado de México.
Por esta razón se requiere que la Coordinación General de Protección Civil?y nos sumamos a los diputados que hicieron uso de la palabra anteriormente? emita la declaratoria de emergencia para los municipios de Atizapán y Tlanepantla, con la finalidad de que se liberen los recursos provenientes de la partida revolvente del Fondo Nacional de Desastres, los cuales pueden destinarse para la adquisición de suministros de auxilio que permitan responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población.
Asimismo, hacemos un llamado urgente, urgente, al gobernador del estado de México para que destine recursos extraordinarios para la protección de las familias, la construcción de obra pública y, en la medida de lo posible, resarcir los bienes que las personas perdieron en este trágico domingo. Él se comprometió el día de ayer en conocido noticiero nocturno, a llevar a cabo esto.
Queremos ver al señor gobernador más en la calle y no solamente en las pantallas de televisión. Queremos verlo previniendo y trabajando, no solamente pendiente del rating que sólo eleva su popularidad.
Lo conminamos a actuar prontamente ya que no queremos que pasen días sin resultados, días de abandono para la población; y a instaurar medidas concretas ante la desesperación de los habitantes que vieron perdido en un momento su patrimonio de toda la vida, mientras hay otros que sólo se preocupan por el rating en la popular televisión. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo.
El diputado Óscar González Yáñez: Gracias, señor presidente. Solamente para hacer un anexo al acuerdo, para que se haga un exhorto al gobierno del Estado de México, a que, dentro de sus facultades para poder usar el 2 por ciento del presupuesto total, que no requiere autorización del Congreso del estado ?y considerando que el presupuesto del Estado de México es de más de 100 mil millones de pesos?, no esperar a que se liberen los fondos federales; que sea de la partida de medios de comunicación del gobierno del estado; que se use el 20 por ciento de ese fondo para la aplicación inmediata, para resarcir los daños en el municipio de Tlalnepantla. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Le suplicaría que nos haga llegar su propuesta por escrito para darle el trámite correspondiente. Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Saldaña del Moral.
El diputado Fausto Sergio Saldaña del Moral: Con su permiso, señor presidente de la Mesa Directiva. Señores diputados, como antecedente es importante señalar que la zona metropolitana del valle de México cuenta con tres canales grandes para desalojar las aguas residuales de toda esta zona: el primero de ellos es el Emisor Poniente; el segundo el drenaje profundo, el Emisor Central; y el tercero, el Río de los Remedios o el Gran Canal.
De acuerdo con lo establecido por las leyes, la Ley de Aguas Nacionales establece como única competencia y como única autoridad a la Comisión Nacional del Agua. El tema del agua es un tema estrictamente de orden federal.
En el tema que nos está ocupando, el gobierno del Estado de México, junto con los municipios de Tlalnepantla y Atizapán como directamente involucrados, ha asumido plenamente la responsabilidad. Para ello han destinado todos los recursos materiales al alcance, como los camiones presión-succión tipo Vactor, y las cuadrillas de protección civil estatal para la atención de la ciudadanía en esta necesidad. No hay que confundirnos tratando de involucrar o de confundir ni a la población, ni a los integrantes de esta soberanía.
Hoy queremos soportar la propuesta que han hecho nuestros compañeros del Partido Convergencia y del Partido Verde, y permítanme contestarles, compañeros, que en este sentido no podemos politizar. Hay que ser objetivos.
La situación actual de más de 2 mil familias que están reclamando la urgente necesidad y la asunción de la responsabilidad por parte del gobierno federal, y en este sentido es la generación inmediata de los recursos para hacerle frente a la satisfacción de las familias que hoy están perdiendo su patrimonio.
Hoy se tiene un reporte de casi 2 mil viviendas que ya reportan daños mayores, 645 vehículos como pérdida total, y esto sin cuantificar aún el patrimonio familiar o el menaje de casa.
Es por ello que hoy nos pronunciamos por que el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua libere esos recursos y, asimismo, que se repare en la totalidad el emisor poniente.
El emisor poniente es un sistema entubado que va a lo largo de ocho kilómetros con un diámetro de cuatro metros, que nace en el vaso de Cristo, del municipio de Naucalpan de Juárez, y llega hasta Cuautitlán, Izcalli. Ahí continúa hasta los límites con Tepozotlán, pero en un canal a cielo abierto, y donde se ha generado la ruptura en 45 metros es en el tramo comprendido entre el río Tlanepantla y el río San Javier, que por cierto, de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, son facultad y competencia exclusiva de la Comisión Nacional del Agua.
Es por eso que se torna hoy prioritario el que, lejos de meternos en discusiones ambiguas y copolitizar el tema del agua y la seguridad nacional. Le exigimos respetuosa, pero enérgicamente, al gobierno federal que libere los recursos para la construcción de un nuevo emisor poniente o emisor poniente dos, que está retrasado desde hace un par de años y está programando hasta el 2011. No tenemos porqué esperar a que exista otra situación de esta naturaleza para volver a generar en ese sentido una propuesta.
Asimismo, deberá generarse un informe detallado por parte de la Comisión Nacional del Agua, cuantificando los daños. Un informe que contenga, también, las previsiones que está haciendo la autoridad en torno a este problema, a sabiendas de que es un hecho y un fenómeno natural extraordinario.
Deberá contener también, dicho informe, cuáles son todas las previsiones que está tomando la autoridad federal. Sí, estamos de acuerdo en una coordinación como se está haciendo para que los tres órdenes de gobierno, como lo ha hecho el estado de México y estos dos municipios directamente afectados, con el apoyo inmediato del gobierno federal, para atender de manera definitiva esta situación. Muchas gracias, señores diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Está solicitando el uso de la palabra el diputado Amador Monroy, para rectificación de hechos. Adelante, señor diputado.
El diputado Amador Monroy Estrada: Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de todos ustedes, compañeros legisladores. Es lamentable que a estas alturas, después de más de 24 horas en las que están padeciendo mis paisanos, mis vecinos de Valle Dorado, la más tremenda inundación de la que jamás tuvieron una experiencia, nosotros estemos aquí, no sólo buscando culpables, sino echándoles la responsabilidad a quienes, al revés, en realidad han estado presentes encarando el problema.
Por ejemplo, yo escucho con lamentable decepción las declaraciones del funcionario de Conagua, cuando irresponsablemente habla de que las autoridades que antecedieron a las actuales tienen la culpa de lo que está sucediendo ahí, porque hubo un crecimiento desordenado. Esas son expresiones que hacen ver perfectamente bien la inexperiencia del señor.
Valle Dorado no es una comunidad que se haya desarrollado de manera desordenada, Valle Dorado nació urbanizada en Tlalnepantla; es de las comunidades más ordenadas que se dieron ahí. Y al revés, el emisor fue una construcción que se dio después de que ya estaba asentada esa comunidad.
Le corresponde, en este caso y actualmente a Conagua, el mantener de manera eficiente el servicio que da o que presta el emisor para que circulen las aguas con toda seguridad, para todos los que vivimos alrededor.
Sin embargo, de lo que parece ahí una explosión de la construcción dañada o lesionada? no sé si por el tiempo o por las raíces de los árboles? son un descuido de la poca inspección y el poco mantenimiento, la poca prevención que le corresponden a un organismo como Conagua, que no ha sabido dar la cara.
No es cierto, como decía mi compañero el diputado de Acción Nacional, Landero, que Conagua ha estado presente con gente trabajando allá.
Discúlpeme, pero desde el domingo, a las 12:00 de la noche, un servidor ha estado presente en la comunidad y no es cierto, tampoco, que el señor gobernador no haya asumido su responsabilidad; toda la que, como nuestro mandatario tiene. Porque ayer, precisamente desde las 8:00 de la noche y hasta las 12:30, estuvimos en el lugar de los hechos acompañándolo, y él, ya en una reunión previa con funcionarios del municipio.
El presidente municipal, por su lado, actualmente ha encarado el problema. Y preocupado por ello también, ha amanecido estas dos noches de tragedia que vive nuestra comunidad.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser un poquito más cuerdos. Aquí no podemos darnos a la tarea de lucrar con la desgracia de nuestros vecinos. Aquí lo que requerimos es, de común acuerdo, plantear soluciones.
Estoy de acuerdo en que se liberen los fondos para poder apoyar a la comunidad en cuanto a todo el problema que enfrentan, no sólo en lo general, también en lo particular; pero también estoy de acuerdo en que ya dejemos nosotros aquí de utilizar la tribuna sólo para venir a criticar, o de alguna forma a mentir sobre lo que a alguien le corresponde o no, o sobre la responsabilidad que enfrenta alguien o deja de enfrentarla.
Yo creo que Acción Nacional ha tenido ya bastante desde el momento en que la ciudadanía, precisamente en ese lugar, le ha retirado el apoyo que le venía dando porque no han visto la solución a sus problemas durante 12 años de gobierno municipal.
Yo creo que Acción Nacional debía entender perfectamente bien el mensaje que le está enviando la comunidad y de alguna forma funcionar ya de una manera propositiva, no electorera; porque, además, ni es el momento de comenzar a chambear por votos. Eso llegará más tarde. Ahorita vamos a cultivar a la ciudadanía, dándole la atención y el servicio del nivel o del tamaño de la confianza que ellos nos han prestado a nosotros. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Ha solicitado el uso de la palabra el señor diputado Feliciano Marín Díaz, para rectificación de hechos. Le pregunto, señor diputado, ¿qué hechos pretende usted rectificar?
El diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz: La información inexacta que presentan los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputado.
El diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz: Buenas tardes a todos, a todas. A mí me parece que una desgracia como la que les ocurrió a los vecinos de Atizapán tiene que ser respondida con una solidaridad de esta Cámara, y creo que el punto de acuerdo debe ser resuelto a favor para ayudar en ella a quienes padecieron este fenómeno.
Pero creo que habrá que aclarar que el gobierno del estado de México y su gobernador, que está más ocupado en gastar los recursos públicos ?150 millones de pesos? en su imagen que en invertir no solamente en Atizapán, sino en muchos otros lugares, habrá que recordarles a los compañeros que silban, que fue el gobierno del estado el que detuvo 65 millones de pesos para reparar todo el asunto hidráulico en el municipio de Ecatepec, por ejemplo.
Creo que este aviso que la naturaleza nos envió es necesario tomarlo en cuenta, porque no solamente se trata ciertamente de señalar sino de que se pongan a trabajar quienes tienen esta responsabilidad, y no solamente tratar ?como decía quien me antecedió en el uso de la palabra? en andarse promoviendo.
Por eso creo que este aviso tiene que ser retomado, porque no solamente es esa región del estado de México, sino todo el Valle de México, pero también todas las ciudades que pueden padecer este mismo problema y que no se está tendiendo.
Por eso el Partido de la Revolución Democrática ?haciendo caso de este asunto? votará a favor del punto de acuerdo; pero tampoco dejaremos de señalar que hay una responsabilidad del gobierno del Estado de México, y de su gobernador, respecto de la ausencia de proyectos para solucionar este tipo de problemas, no solamente en Atizapán ?como decía antes? sino en todo el estado de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si considera suficientemente discutido? Perdón, solicitaron oportunamente el uso de la palabra, la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero y creo que hay otro diputado más. Ahorita con mucho gusto. Con mucho gusto, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Elena Pérez de Tejada.
La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero: Gracias, presidente. Diputadas y diputados, me parece que es una irresponsabilidad buscar culpables. La prevención es un problema que atender el día de hoy. Y es un asunto que requiere de la corresponsabilidad de todos los órdenes de gobierno.
Qué pena que jueguen electoralmente con la vida y el patrimonio de las personas. Qué lástima que no consideren lo que estas familias están sufriendo. Nosotros, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, queremos que todos los órdenes de gobierno tengan voluntad y que los actores puedan llegar a acuerdos.
Por supuesto que apoyamos este punto; por supuesto que queremos que se destinen los recursos. Pero también queremos un trabajo permanente, no sólo por esta coyuntura, sino para prevenir este tipo de desastres en todo el estado de México. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Rodrigo Reina.
El diputado Rodrigo Reina Liceaga: Señor presidente, con su permiso. Compañeros legisladores, diputadas, diputados, aclarando el punto y para sumarme también a esta expresión ya de responsabilidad de la diputada, donde entendemos que la tubería que se fracturó es propiedad de Conagua, del gobierno federal, no vamos a abundar más en, a quién le corresponde.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, diputada, es tiempo de que asumamos responsabilidades. El gobierno del estado lo está haciendo, junto con los municipios que en este momento ya están trabajando. Nos sumamos todos a una propuesta donde una ciudadanía que exige resultados los va a tener no sólo por parte de los gobiernos municipales y del estado de México, sino en la responsabilidad de los legisladores, que tenemos que ser sensibles a las causas y que dejamos de lado todos estos dimes y diretes partidistas y electoreros, cuando la ciudad lo que requiere es responsabilidad es condensar y son resultados.
Veo con agrado que mi compañera de Naucalpan tiene esa madurez para que podamos llevar a cabo una votación donde se resuelva un problema que requiere de una respuesta urgente, y no de más debate que no nos lleva a nada sino a rectificar que estamos madurando y que no hemos logrado los objetivos.
Conmino a todos a que nos sumemos a la propuesta que hicieron las diputadas y los diputados y demos ya tema a otras prioridades, porque ésta, de carácter urgente, requiere de una solución.
Ya están trabajando los entes de gobierno, espero que también Conagua ya esté dando resultados, creo que ya está en el sitio operando como debe ser, y estamos claros que el planteamiento, y esto nos sirva, de que hay muchas cosas por hacer y mucha inversión que requiere nuestro país para poder prevenir este tipo de desastres, que al final de cuentas son desastres naturales, no es culpa de nadie. Es la naturaleza, que en un momento determinado hubo una lluvia torrencial.
Ahora es nuestra responsabilidad asumir y que Conagua nos ayude también a resarcir el daño que pudo haber sufrido la fractura de esta tubería, porque al final de cuentas, como ente responsable, nos podrá ayudar a solucionar el problema que se le generó, como decía mi compañero Sergio Saldaña, a estas más de 2 mil familias que tienen necesidad urgente de atención.
Me sumo a esta propuesta de construir hacia adelante, a entender que Conagua se hará responsable junto con el gobierno del Estado de México y los municipios que están trabajando ya, en este momento, y a decirles que la ciudadanía no espera más debate político cuando tiene una necesidad, realmente no le interesa. Asumamos responsabilidades juntos, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera suficientemente discutida. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Comuníquese. Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, por lo que proceda la Secretaría a dar cuanta de ésta.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2009.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados. Presente. Con fundamento en el artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día, de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno tenga a bien aprobar la modificación al orden del día de la sesión de hoy para realizar la siguiente sustitución:
Retirar la proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Niñez, Adolescencia y Familias, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Registrada en el lugar número cinco del capítulo correspondiente, y que en su lugar sea incorporada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal considere mayores recursos para el programa Mejores Escuelas, de la SEP; así como para el Fondo de Aportaciones Múltiples, en el apartado de infraestructura, educativa básica y superior, en el programa 2010, suscrita por los mismos proponentes. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Aprobado por mayoría, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar la proposición.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la educación es un derecho que se encuentra reconocido y tutelado por los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, de los cuales México forma parte. A nivel nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza este derecho para todas las mexicanas y para todos los mexicanos.
Sin duda, uno de los principales elementos que facilitan este derecho y permiten su efectivo goce y disfrute es contar con instalaciones dignas, seguras y funcionales para la enseñanza.
Lamentablemente, la infraestructura escolar en México presenta rezagos y deterioro, sobre todo en las comunidades más marginadas, lo cual coloca a las niñas, a los niños y a los adolescentes que habitan en éstas en una situación de desventaja, dificultándoseles el ejercicio de su derecho a la educación.
Justamente, a principios de este mes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hizo público su estudio Haciendo lo mejor por los niños, en el cual coloca a México como uno de los países peor posicionados en materia de apoyo a la niñez; conclusión a la que arribó tras el análisis de seis indicadores para la definición de bienestar infantil, bienestar material, vivienda y entorno, bienestar educativo, salud y seguridad, conductas, riesgos y calidad de vida escolar. En todos ellos México se sitúa entre los lugares 26 y 30 de los países de la OCDE.
En este sentido, para lograr que los espacios educativos cumplan con su función esencial de ser recintos apropiados para la enseñanza y el aprendizaje, es necesario optimizar los recursos asignados año tras año al sector educativo y canalizarlos apropiadamente hacia el mejoramiento de la infraestructura de las escuelas que más lo necesitan.
El propio Consejo Consultivo del Unicef pidió en agosto del presente año a las autoridades y a nosotros, los legisladores mexicanos, afectar lo menos posible los presupuestos destinados a programas y acciones que tienen incidencia en el bienestar de los niños y adolescentes, tales como salud, educación y alimentación.
En 2002 el gobierno federal instrumentó el programa Mejores Escuelas como una acción emergente para que, a través de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, se atendieran en el menor plazo posible escuelas con condiciones de deterioro grave a fin de mejorar su seguridad, habitabilidad y funcionalidad.
La primera etapa de este programa, misma que inició en octubre de 2008 y concluyó en abril de 2009, benefició únicamente a 2 mil 189 planteles de 17 entidades federativas y el Distrito Federal.
Actualmente está en marcha la segunda etapa en la cual se ampliará la cobertura del programa y se ampliará la inversión federal a 2 mil 62 millones de pesos para beneficiar a 3 mil 283 escuelas en zonas urbanas.
Sin embargo en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación, se identificaron 27 mil planteles educativos en condiciones físicas malas, muy malas y pésimas, lo cual refleja que el programa aún tiene frente a sí, una gran tarea que hacer, que nosotros, desde el Poder Legislativo, debemos apoyar en la medida de nuestras posibilidades, exhortando al Ejecutivo federal para que en el Presupuesto de Egresos de 2010, aumenten los recursos destinados al Programa Mejores Escuelas , y los mismos sean etiquetados.
Por otra parte, uno de los mayores problemas que enfrenta México en el ámbito educativo, es la insuficiencia de recursos para la educación superior pública.
Se sabe que de acuerdo a la pirámide educativa, el acceso a la educación primaria está prácticamente asegurada para todos los mexicanos, pero en los datos de 2006 el INEGI señala que la tasa de asistencia en las escuelas es del 97 por ciento. Pero el número de alumnos y alumnas va decreciendo a medida que avanza su educación superior y solamente el 20 por ciento de quienes iniciaron la educación primaria, puede ingresar a lo que es la educación superior.
Por lo tanto exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la de Educación, para que en el proceso de programación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se incrementen y etiqueten los recursos destinados al Programa Mejores Escuelas, de la Secretaría de Educación Pública.
Compañeras y compañeros diputados, en nuestra agenda legislativa debe tener un lugar especial el tema de educación. No olvidemos que como bien lo dijo el psiquiatra Karl Menninger "lo que se les dé a los niños, los niños, sin lugar a duda, darán a nuestra sociedad". Muchísimas gracias, diputados y diputadas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Informo a la asamblea que tenemos la visita de vecinos del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Sean ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Emiliano Velázquez Esquivel, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal modifique las reglas de operación de los programas comprendidos en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, a fin de que se garantice que los recursos presupuestales se entreguen oportunamente, simplificar los mecanismos y trámites para la obtención de los fondos, se establezcan procedimientos de asignación del presupuesto que garanticen su canalización a la producción de básicos y estratégicos, para coadyuvar al logro de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, suscrita por los señores diputados Rigoberto Salgado Vázquez, Vidal Llerenas Morales y Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como el diputado Cruz López Aguilar, del PRI.
El diputado Emiliano Velázquez Esquivel: Muchas gracias, Presidente. Diputadas y diputados, a nombre de los diputados Rigoberto Salgado Vázquez y Vidal Llerenas Morales, el suscrito, Emiliano Velázquez Esquivel, y el diputado Cruz López Aguilar, de la fracción parlamentaria del PRI, y los diputados Emiliano Velázquez y los dos antes mencionados de la fracción parlamentaria del PRD de esta LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El país se encuentra inmerso en una crisis económica y social donde los alimentos constituyen un elemento central. Si bien los factores externos han tenido una influencia determinante en la situación que vive el país, el gobierno federal no ha puesto en marcha las acciones que reduzcan el debilitamiento del poder adquisitivo de la población.
Las cifras oficiales muestran que la pobreza patrimonial ha ido en aumento; más de 50 millones de mexicanos se encuentran en esta situación. Los recientes fenómenos meteorológicos han agudizado la crisis alimentaria a causa de daños importantes sobre los cultivos de productos básicos, principalmente el maíz. Los recursos destinados a compensar las pérdidas derivadas de los siniestros que han sufrido los productores son insuficientes.
En virtud de lo anterior, es urgente que los fondos destinados al campo para el ejercicio fiscal en curso que no han sido ministrados, se entreguen de manera inmediata a las entidades y a los productores.
Por lo anterior, se plantea que la mejor manera de proteger al país de los efectos de la crisis es fortaleciendo el aparato productivo nacional, particularmente la producción de alimentos. Para transitar hacia lo anterior se debe utilizar a plenitud el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, mejor conocido como el PEC.
A la fecha, el impacto del PEC en las unidades de producción rural no ha cumplido con los principales objetivos para los que fue creado, puesto que no ha logrado disminuir la pobreza de los productores.
Otro de los objetivos del PEC es que sus programas y acciones apoyen a pequeños y medianos productores de las regiones marginadas de este país; sin embargo, persiste el reclamo social de los actores rurales debido a que las reglas de operación de los programas de apoyo al sector que se operan al amparo del PEC son inoperantes por la complejidad con la que han sido diseñadas.
De no corregirse el conjunto de problemas antes señalados en las reglas de operación, los subejercicios del presupuesto seguirán ocurriendo y se pospondrán las soluciones a los graves problemas del campo mexicano.
Con fundamento en los elementos antes citados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo.
Se exhorta al Ejecutivo federal para que modifique las reglas de operación de los programas comprendidos en el PEC. Lo anterior a fin de garantizar que los recursos presupuestales se entreguen oportunamente, de acuerdo con los ciclos de producción, simplificando los mecanismos y trámites para la obtención de los fondos.
De la misma manera, para que se establezcan procedimientos de asignación del presupuesto que garanticen su canalización a la producción de básicos y estratégicos para coadyuvar al logro de la soberanía y seguridad alimentaria.
Solicito a esta Presidencia disponga lo necesario para que se inserte de manera íntegra la proposición con punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias, diputadas y diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Procédase a insertar en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra el diputado Héctor Franco López...
El diputado Gerardo Sánchez García (desde la curul): Presidente, le pido la autorización, presidente...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado, un momentito.
El diputado Gerardo Sánchez García (desde la curul): Sobre el mismo tema, para hablar en apoyo al punto de acuerdo de los compañeros diputados que se expuso anteriormente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No ha lugar, señor diputado, porque ya ha sido turnado. Hemos ya concluido el procedimiento y estamos en un nuevo punto del orden día.
El diputado Gerardo Sánchez García (desde la curul): Desde mi curul, presidente, sobre todo porque había levantado la mano para pedir la palabra desde antes que se turnara el punto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Desde su curul, diputado.
El diputado Gerardo Sánchez García (desde la curul): Como no, presidente. Muchas gracias. Con relación a este punto relativo a las reglas de operación del Programa Especial Concurrente, el Grupo Parlamentario del PRI y el sector agrario compartimos los argumentos del compañero diputado que expuso este punto de acuerdo; sobre todo porque las reglas de operación tienen igual importancia que la aprobación del decreto del presupuesto de egresos, en razón de que esto implica el gasto público.
Ahí es donde tenemos realmente el cuello de botella y debemos resolver esta controversia que, a lo largo y ancho del país, se han quejado del problema de las reglas de operación.
Nos preocupan, como grupo parlamentario ?al igual que lo hizo el PRD? aquellos compañeros que viven en pobreza y en pobreza extrema; los pequeños productores que, por falta de recursos que se señalan en las reglas de operación, no es posible que puedan accesar a los beneficios.
Por eso, exhortamos a que haya un entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para que en reglas de operación tengamos un nuevo trato, un nuevo entendimiento y podamos culminar con este problema.
Lo que hoy, en cuanto al Programa Especial Concurrente hay de reglas de operación en el marco del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, y donde se ha dado una ruta crítica y se han consensuado las reglas de operación no ha operado, no se ha consesuado, y muchas de las veces las propuestas de las organizaciones campesinas y de las organizaciones civiles no se han llevado a feliz término.
Por eso, es de la mayor importancia para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de 2010, en los transitorios, pongamos ordenamientos generales que nos permitan darle claridad y viabilidad a las reglas de operación.
Por eso, nuestro grupo parlamentario quiere dejar constancia de que debemos involucrarnos, no solamente en lo que hoy se ha usado para la interpretación de las reglas de operación, sino también que participen los Consejos Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable y todas aquellas figuras que se involucran en el Programa Especial Concurrente. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Se le tienen por hechas sus manifestaciones. Tiene la palabra el señor diputado Héctor Franco López, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que no se retenga el presupuesto aprobado para la educación pública superior en el ejercicio 2009.
Asimismo que en el PEF 2010 no se disminuyan los recursos asignados al sector educativo en general, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Héctor Franco López: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, presento este punto de acuerdo a nombre de los diputados Rubén Moreira Valdez; el de la voz, diputado Héctor Franco López, y la fracción priista de Coahuila. A petición expresa, se adhieren a este punto de acuerdo las fracciones priistas de Oaxaca y Jalisco, representadas por los diputados Eviel Pérez Magaña y José Trinidad Padilla López. Asimismo, por las diputadas Araceli Vázquez y Mari Telma Guajardo, del Grupo Parlamentario del PRD.
No sobra recordar lo importante que para el desarrollo del país es la educación pública y desde luego, la educación superior. Desde la creación del Estado mexicano se ha luchado por eliminar la ignorancia, la superstición y los dogmas que destruyen las raíces que cimientan la fortaleza de nuestro país.
En estos días, el Ejecutivo federal ha amenazado con recortar los recursos a la educación pública superior como parte de su solución a la crisis que enfrenta el país. Costoso error sería si se le permite llevar a cabo esta acción. Sabedores todos de los intentos de privatización a la educación pública superior, debemos hacer un solo frente y derrotar cualquier pretensión que se encamine hacia este objetivo.
En esta soberanía se ha determinado defender a nuestras universidades a través de ampliar el presupuesto que cada año envía el Ejecutivo federal y que nunca ha sido el suficiente y necesario para alcanzar la inversión mínima recomendada por los organismos internacionales en la materia.
Se pretende, desde el círculo gobernante, ignorar dichas recomendaciones argumentando el bajo nivel de recaudación del gobierno federal. Sería recomendable recordarle al Poder Ejecutivo que el ser un mal cobrador no lo exime de su obligación constitucional de brindar una educación pública de calidad.
Para la UNESCO es claro que a mayor inversión en educación, mayor fortalecimiento en la competitividad, el desarrollo cultural y la cohesión social. Al respecto se ha observado que el mercado laboral ha incorporado mayores responsabilidades en los puestos de trabajo, lo que obliga a crear constantemente nuevas actividades de formación en el nivel superior. La aceleración del cambio tecnológico permite suponer que también esto repercutirá en una mayor diversificación.
El Banco Interamericano de Desarrollo señala que la importancia de la educación superior en América Latina crecerá de manera significativa en el futuro inmediato. La política de la educación superior debe estar vinculada al desarrollo, a la construcción de sociedades más productivas, justas, satisfactorias y democráticas. Este organismo rechaza, por ello, la noción de que la educación superior pueda ser una actividad ajena al desarrollo nacional.
En el Presupuesto de Egresos de 2007, la Cámara de Diputados aprobó una ampliación presupuestal a la educación superior de 8 mil 206 millones de pesos; para el Presupuesto de Egresos de 2008 la ampliación fue de 6 mil 481 millones de pesos y para el Presupuesto de 2009 del orden de los 7 mil 87 millones de pesos; lo que da un total de 21 mil 774 millones de pesos en tres años, producto de la conciencia de esta Cámara de Diputados acerca de la importancia de la educación superior en nuestro país.
Debe quedarnos claro que la importancia presupuestal a la educación superior se la da esta soberanía y no quien debería de preservar y fortalecer a nuestras instituciones de educación superior. Es claro que el Ejecutivo federal no es congruente con sus discursos puesto que su política en materia de educación superior tiene que ser corregida, una y otra vez por la Cámara de Diputados.
Como ejemplo podemos destacar que ninguna universidad privada puede ocupar ahora el lugar de la Universidad Nacional Autónoma de México, que año con año ha sido considerada la mejor universidad de habla hispana del mundo. Sin embargo, este hecho no parece ser suficiente ya que continuamente tiene que sufrir los embates del gobierno federal, quien trata de manera recurrente de reducir el presupuesto de la universidad pública.
Es importante señalar que en las universidades públicas se realiza el 89 por ciento de la investigación científica y tecnológica de nuestro país. Ahí se encuentran nuestros académicos y científicos más destacados y reconocidos mundialmente.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI seguirá impulsando con fuerza y decisión la educación pública y gratuita, porque ahí es donde se forja la nación y donde se forman los grandes hombres y mujeres que el país.
Por lo fundado y expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que no se recorte el presupuesto aprobado a la educación pública superior, y que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010 no exista una disminución a los recursos asignados al sector educativo, sino por el contrario, que se dé un incremento sustancial a dicho monto que permita mejorar la cobertura y calidad de este importante rubro.
Compañeros, México necesita hoy más que nunca a sus universidades públicas, más presupuesto para la universidad pública en 2010. Ni un peso menos a la educación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra el diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
El diputado José Luis Jaime Correa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, es urgente impulsar la reforma del Estado y el cambio de modelo económico en México. A nadie le cabe duda que los trabajos de esta LXI Legislatura se insertan en un contexto de grave crisis en el país. El Grupo Parlamentario del PRD ha propuesto, desde el inicio de nuestros trabajos, un paquete de emergencia económica para hacer frente a lo más severo de esta situación que nos aqueja.
Sin embargo, advertimos desde hace mucho tiempo que la crisis no sólo es de carácter económico, sino también político y obviamente social. El Estado mexicano está en una situación de franca debilidad, nuestras instituciones están cuestionadas y la legitimidad del gobierno está erosionada.
No sólo necesitamos un cambio de motor en la economía, sino que necesitamos un cambio de modelo económico y, con la misma urgencia, un nuevo modelo político que reemplace al actual, que ya está agotado y que fue concebido y construido para un México que tenía otras características que ya quedaron en el pasado.
Necesitamos un nuevo pacto fundacional de la república, una verdadera y profunda reforma del Estado que le dé salida a esa transición prolongada y a veces regresiva y que nos permita arribar al Estado democrático, justo y vigoroso al que todas y todos los aquí presentes aspiramos.
El Estado neoliberal, impuesto desde la década de los ochenta, nos ha dejado como saldo un deterioro sin precedentes del nivel de vida de las mayorías; un crecimiento desmedido de la pobreza, del desempleo y de la migración e inseguridad.
Como grupo parlamentario de izquierda impulsamos la construcción de un estado de derecho, democrático, social y sustentable, que asuma su responsabilidad social y la rectoría de la economía para abatir los graves problemas de desigualdad y de injusticia que vive la mayoría de la población, proponiendo cambios en las políticas públicas que permitan el reconocimiento y la construcción de nuevos derechos; la redistribución del ingreso; medidas fiscales equitativas; el fomento a la producción y el fomento al abasto de alimentos; el desarrollo regional; el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas; la protección a las y los niños y jóvenes para que puedan seguir estudiando; la defensa de los derechos humanos; una mayor inversión en educación, ciencia y tecnología como propulsores del cambio; una política social a favor de los grupos más desprotegidos y una política exterior de Estado.
Proponemos por ello, impulsar un gran debate nacional en donde se escuchen todas las voces, sin exclusión alguna, en torno al cambio de modelo económico y al cambio del régimen político, otorgándole al Poder Legislativo mayores atribuciones para la conducción y transformación del país; impulsando un federalismo renovado, es decir, descentralizando el poder público y el fortalecimiento y promoviendo el fortalecimiento de los municipios; una constitución política para el Distrito Federal y el reconocimiento de derechos políticos que promuevan mecanismos de participación ciudadana en decisiones fundamentales para la vida de la república, a través del ejercicio real de la democracia directa.
Luchamos por un Estado mexicano que logre instaurar un nuevo régimen orientado al desarrollo con justicia social, con igualdad de derechos, oportunidades y de trato para todas las personas; con instituciones libres de prácticas discriminatorias y en donde sean hábito las prácticas éticas, honestas, de transparencia en el manejo de documentos y de recursos públicos y la rendición de cuentas de los servidores públicos y de los representantes populares.
Luchamos por consagrar los preceptos de laicidad y derechos humanos en nuestra Constitución Política; por una reforma laboral que democratice el mundo del trabajo y la vida sindical; por un Estado solidario que universalice los apoyos a los adultos mayores, la cobertura en materia de salud y el derecho a la educación en todos los niveles.
Abrazamos el precepto esencial del artículo 39 constitucional, en donde se reconoce que el pueblo es soberano y que tiene en todo tiempo el derecho de cambiar su forma de gobierno.
Insisto, México hoy requiere de un nuevo pacto fundacional que le ayude a acotar sustantivamente a los poderes fácticos y a orientarse hacia un desarrollo más igualitario, así como para superar la crisis política, económica y social, profundizada por la pérdida de legitimidad de sus instituciones fundamentales.
Requerimos de una nueva arquitectura constitucional que provea mecanismos para la gobernabilidad democrática, entre los cuales se propone superar al sistema presidencial rígido con un nuevo régimen en donde el Ejecutivo sea corresponsable con el Poder Legislativo para conducir el interés nacional, dentro del marco de pluralidad política con que se integren las Cámaras del Congreso de la Unión. Planteamos un gabinete ratificado por esta soberanía.
Requerimos una reforma democrática a la Ley de Radio y Televisión que garantice la pluralidad de medios y que fortalezca y amplíe el derecho a la información. Requerimos de un Ministerio Público autónomo que ayude a acotar los márgenes de impunidad y de corrupción, tanto de los malos servidores públicos como de los delincuentes organizados. Éstos son los planteamientos del PRD.
El pasado 2 de septiembre el Ejecutivo federal llamó a un diálogo a todos los diputados, y le tomamos la palabra. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD está consciente de que no podemos lograr estas transformaciones si no vamos todos juntos en la búsqueda urgente y honesta de los consensos que nos permitan arribar a la construcción del modelo político y económico que hoy requiere el país.
Por todo lo anterior es que desde esta tribuna convocamos a esta Cámara de Diputados y al Congreso de la Unión, en su conjunto, a que asumamos nuestra responsabilidad histórica en esta hora de profunda crisis, para que iniciemos un gran diálogo nacional entre todas las fuerzas políticas y sociales del país, y de cara a la sociedad, para impulsar una reforma del Estado de gran alcance?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Concluya por favor, señor diputado.
El diputado José Luis Jaime Correa: Estoy por terminar, señor presidente. Que nos permita cimentar, a 100 años de nuestra Revolución y a 200 años de nuestra gesta independentista, las bases del Estado mexicano democrático, social y de derecho justo y sustentable, que nos brinde a todos y a todas las garantías de desarrollo, las condiciones de seguridad, de liberad y de bienestar para nuestra generación y las generaciones futuras.
El año 2010 debiera ser motivo para que le demos continuidad a las gestas históricas que estaremos celebrando mediante la concreción de ese cambio de rumbo económico y de esa gran reforma del Estado mexicano.
Entrego, voy a hacer entrega a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta soberanía, de nuestra proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial para la Reforma del Estado, reconociendo lo que sobre el tema se ha elaborado: sus logros, avances, limitaciones y contenidos, muchos a debate.
Refrendamos la convocatoria para que entre todas las fuerzas políticas, diputadas y diputados, senadoras y senadores integrantes de las Mesas Directivas y de las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, impulsemos y conduzcamos este diálogo nacional para la urgente transformación económica, social, política y democrática de México.
Necesitamos una reforma profunda del Estado mexicano que combata los privilegios e impulse a la igualdad. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Termine, señor diputado, por favor.
El diputado José Luis Jaime Correa: Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Acabamos de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, por lo que pido a la Secretaría que proceda a dar cuenta de ésta.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de la Junta de Coordinación Política, dirigido al diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y signado por la mayoría de los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Con fundamento en el artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno que tenga bien aprobar la modificación al orden del día de la sesión de hoy para realizar la inclusión, en el primer turno posible, del siguiente asunto:
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la liberación de las ciudadanas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas de la comunidad ñahñú, presas en el Cereso Femenil de San José del Alto, Querétaro. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Por tanto, proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la liberación de las ciudadanas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas de la comunidad ñahñú, presas en el Cereso Femenil de San José del Alto, Querétaro.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República que, a la mayor brevedad, y en estricto apego a la ley y a la justicia, presente las conclusiones no acusatorias a las que el Ministerio Público de la Federación está obligado.
Ya que como órgano de buena fe, tal como lo señala la Constitución General de la República, ha podido constatar dentro de la causa penal seguida en contra de las ciudadanas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, que existe duda razonable con respecto a la responsabilidad penal del delito que se les imputaba a las procesadas.
Asimismo, que se analice la procedencia de mecanismos de reparación del daño a favor de las personas señaladas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2009. Firman, los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se consulta a la asamblea, si están por la afirmativa que se sirvan a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo levantando la mano (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, se considera de urgente resolución. Asimismo, está a discusión la proposición y se han registrado diversos oradores. Se concede el uso de la palabra a la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Narcedalia Ramírez Pineda: Tengo la encomienda de mi fracción parlamentaria, el Partido Revolucionario Institucional, de fijar nuestra posición en torno a este importantísimo asunto.
El 26 de marzo de 2006, durante un operativo policiaco irregular en el tianguis de Santiago Mexquititlán, comunidad ñahñú del sur de Querétaro, bajo el pretexto del combate a la piratería, un grupo de agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que no acreditaron su condición de tales, ocasionaron daños que, luego, ante la actitud decidida de los tianguistas, se comprometieron a pagar, dejando a uno de sus compañeros como garantía de que volverían con el dinero.
No hubo maltrato de ningún género, ni contra el que quedó como garantía ni contra los que, en efecto, volvieron con el dinero y pagaron los daños que habían causado. Todo parecía arreglado.
Sin embargo, el 3 de agosto de ese mismo año, cinco meses después, Jacinta Francisco Marcial, una humilde y pacífica comerciante que contribuye al sustento de su familia vendiendo alimentos en el tianguis de su pueblo, fue conducida con engaños al Cereso femenil de San José el Alto del estado de Querétaro. Allí, lo mismo que a sus compañeras Alberta Alcántara y Teresa González, le explicaron que le atribuían el secuestro de seis agentes de la AFI durante los hechos del 26 de marzo, porque aparecía junto con un grupo de sus compañeros en una foto panorámica del incidente en cuestión, tomada por un periódico local.
El juicio contra Jacinta, donde los mismos agentes que se dijeron víctimas de secuestro fueron los testigos y al mismo tiempo la parte investigadora del caso, culminó dos años después. El 19 de diciembre de 2008 se le dictó sentencia condenatoria a 21 años de prisión y 2 mil días de multa. Las otras dos acusadas, que también, como Jacinta, permanecían presas, fueron sentenciadas con la misma pena un mes después.
La injusticia de este caso es patente. Todas las evidencias de ese hecho señalan que no hubo secuestro alguno y que Jacinta Francisco Marcial ni siquiera participó en los incidentes y negociaciones provocadas por el grupo policial. Su error consistió en salir en la foto. Con esa única y endeble prueba fue condenada.
En vista de las muy evidentes irregularidades de un proceso judicial viciado, en el cual a Jacinta, que es iletrada y no habla español, se le negó el concurso de un intérprete, como manda la ley, y donde esta indígena ni siquiera pudo conocer al juez que la condenó en primera instancia; en segunda instancia, el magistrado López Muñoz revocó el proceso y, mediante la resolución fechada el 7 de abril último, ordenó la reposición el procedimiento; es decir, regresó el expediente al Juez Cuarto de Distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longhi, para que nuevamente desahogue las pruebas, con lo cual se insistió en criminalizar a una inocente, se le obligó a probar que es inocente, y la misma autoridad de primera instancia que condenó a Jacinta a más de veinte años de prisión tiene nuevamente en sus manos su libertad.
No me mueve a presentar estas consideraciones solamente como una motivación de género. Tampoco nada más un sentimiento de solidaridad con los indígenas. Este caso provocó un escándalo internacional y causó indignación en muchos sectores de la opinión pública que tuvo amplio eco en los medios de difusión. Seguramente son estas presiones las que han obligado a la PGR a declarar que presentará conclusiones no acusatorias y retirará los cargos contra Jacinta, ignorando a Alberta Alcántara y Teresa González.
Sin embargo, esto no es suficiente, ha habido delito policial y hay que dejarlo en evidencia. Han inducido a la justicia, con falsos testimonios, a cometer una injusticia.
Es por esto que hoy llamo a mis compañeros diputados y compañeras diputadas a no callar ni silenciar esta clase de atropellos, justamente cuando lo que el país necesita es dignificar sus instituciones, especialmente las encargadas de aplicar la ley y hacer justicia.
Esta legislatura tiene la gran oportunidad de defender los valores y los altos principios que están en el espíritu y la letra de nuestra Constitución; a oponernos a hechos que agravian, sobre todo, a los más humildes y en este caso concreto, los derechos humanos de las mujeres indígenas.
Por estas razones, señor presidente, me permito reiterar el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Solicitar a la Procuraduría General de la República que retire todos los cargos contra Jacinta Francisca Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas de la comunidad nañú, presas injustamente en el Cereso femenil de San José del Alto, del estado de Querétaro, y se les indemnice debidamente. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Florentina Rosario Morales, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Florentina Rosario Morales: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, me da mucho gusto que se haya establecido un acuerdo para dar una resolución respecto de las compañeras indígenas.
Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que el gobierno de la república dé libertad inmediata a las ciudadanas indígenas Jacinta Francisca Marcial, Teresa González, Alberta Alcántara.
El 26 de marzo de 2006, seis agentes de la AFI sin uniforme llegaron al mercado de la plaza central de Santiago Mexquititlán, afirmando que realizarían un operativo de incautación de sustancias, estupefacientes, y DVD piratas.
Sin embargo el hecho de no portar uniforme hace pensar que más que tener un propósito oficial, los agentes pretendían robar mercancías de los vendedores que ahí trabajan.
Durante la operación confiscaron productos de los tianguistas y dañaron mercancías, lo cual generó una natural defensa de su propiedad, al no presentar oficio de diligencia y no identificarse para tales efectos.
Esa misma noche los agentes presentaron su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia, en la que afirmaban que habían sido secuestrados durante varias horas por personas que estaban protestando en la plaza central de Santiago Mexquititlán.
Posteriormente, el 3 de agosto de 2006, Jacinta Francisca Marcial y dos ciudadanas más fueron detenidas y condenadas.
Cabe mencionar que no existen elementos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad de Jacinta Francisca Marcial ni de las otras dos ciudadanas.
Es sumamente preocupante que el juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro haya concedido fuerza probatoria a los testimonios de los agentes y que desde la averiguación previa hayan fungido como ofendidos, a pesar de sus contradicciones, imprecisiones e incongruencias y con base en esas probanzas se haya privado de su libertad y condenado a la misma.
Hay que decir que el juez no analizó diversas probanzas que acreditan la inocencia, como testimoniales de descargo y el peritaje antropológico que realizó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y que la sentenciada no contó con traductor en el momento de su declaración preparatoria ni en diligencias posteriores, lo que constituye también una grave violación a la garantía del debido proceso.
Muchas organizaciones internacionales y nacionales creen que Jacinta ha sido encarcelada únicamente debido a su situación marginal de mujer pobre, indígena y con limitado acceso a la justicia.
El proceso desde su origen está viciado. Muestra sin ninguna duda la parcialidad de la justicia y aun más grave, demuestra el Estado fallido que tenemos en materia de derechos humanos.
Por lo expuesto y fundado, presento a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:
Primero. Se exhorte a la Procuraduría General de la República a acelerar el proceso jurídico a fin de dar libertad inmediata a la ciudadana Jacinta Francisco Marcial, y que se repare el daño ocasionado.
Segundo. Se exhorte a la Procuraduría General de la República a pronunciar conclusiones sobre las ciudadanas indígenas Teresa González y Alberta Alcántara, detenidas por los mismos cargos.
Tercero. Se inicie una investigación sobre la conducta de los agentes federales en los hechos mencionados, del 26 de marzo de 2006, y funcionarios públicos que llevaron el proceso jurídico, con el objeto de comprobar que hayan procedido en sus acciones conforme a la ley y en estricto apego a sus derechos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Han solicitado el uso de la palabra y están inscritos la diputada Adriana Fuentes Cortés, el diputado Héctor Pedroza Jiménez, la diputada Leticia Quezada Contreras, la diputada Rosi Orozco, la diputada Elsa María Martínez Peña y el diputado Jaime Cárdenas Gracia. A su término solicitaré y consultaré a la asamblea si se considera suficientemente discutido. Se concede el uso de la palabra a la diputada Adriana Fuentes Cortés.
La diputada Adriana Fuentes Cortés: Con su permiso, señor presidente. Hoy quiero ser la voz de esas voces que no se han escuchado o que no se han querido escuchar. El Partido Acción Nacional ha sido siempre un firme defensor de los derechos humanos ya que éstos son el conjunto de facultades, prerrogativas y libertades inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para su desarrollo integral.
Por ello, ante el caso que nos ocupa manifestamos nuestro apoyo para que Jacinta Francisco Marcial recobre su libertad y se reincorpore a la vida social en las mejores condiciones. Nos manifestamos también porque cualquier mujer, en cualquier ámbito, tenga garantizados todos los derechos que nuestra legislación establece.
Hoy más que nunca resulta necesario que la mujer indígena no sea vista simplemente como víctima de los múltiples retos y adversidades que enfrentamos, sino como agente de cambio y promotora del desarrollo en todos los niveles.
Sin embargo, la realidad nos muestra que aún nos falta mucho por hacer a favor de las mujeres en nuestro país. De manera particular observamos que las mujeres indígenas siguen siendo objeto de maltrato y abuso, y que en muchas ocasiones son discriminadas, lo cual se agrava por el simple hecho de ser indígenas y pobres.
En el Partido Acción Nacional siempre hemos asumido el compromiso de buscar los mecanismos que otorguen pleno reconocimiento y respeto en defensa de la mujer. Desde distintos espacios trabajamos en acciones y hemos propuesto diversas iniciativas que permitan a las mujeres de nuestro país su pleno desarrollo, y que libremente puedan ejercer sus capacidades en igualdad de condiciones y en los diversos ámbitos de los que somos partícipes.
Nuestro partido rechaza toda forma de discriminación y desigualdad de oportunidades por cualquier motivo. Impulsa un respeto irrestricto a los derechos y dignidad de toda persona, en particular de aquellos que por diferentes situaciones y condiciones son rechazados o menospreciados.
Reconoce que los derechos humanos son una expresión clara y concreta de la dignidad de la persona humana y por ello está empeñado en su garantía y respeto.
El proceso judicial de Jacinta estuvo lleno de considerables irregularidades, la falta de un traductor que permitiera a Jacinta enfrentar una mejor condición en su proceso y las contradicciones en las declaraciones de los supuestos secuestrados, quienes nunca mostraron disposición a colaborar y permitir un trámite ágil.
La concesión de carácter de prueba a una imagen tomada por un fotógrafo de un diario local, cuyas declaraciones en las que asegura no haber visto nada parecido a un secuestro fueron desestimadas como prueba a favor de Jacinta.
Su caso es una clara muestra de la situación vulnerable de los indígenas ante el sistema judicial, lo cual se suma a la persistente discriminación y exclusión de las cuales son objeto en otras áreas como la salud y la educación.
Por lo anterior, reconocemos y apoyamos la decisión de la Procuraduría General de la República, de presentar conclusiones no acusatorias en el caso de Jacinta Francisco Marcial, acusada de ser responsable del delito de privación ilegal de la libertad, en contra de seis agentes federales, por lo que inicialmente fue sentenciada a 21 años de prisión.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, no podemos soslayar los atropellos de cualquier autoridad, sobre todo cuando el país necesita dignificar sus instituciones, especialmente las encargadas de aplicar la ley y hacer justicia.
Los anteriores son elementos suficientes para que Jacinta Francisco Marcial obtenga su libertad inmediata. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Pedraza Olguín.
El diputado Héctor Pedraza Olguín (inicia en lengua ñahñú): ... Seguramente nadie me entendió. Imagínense que nuestra compañera indígena haya sido juzgada en una lengua distinta a la que ella se expresa.
Por eso hoy no podía dejar pasar la oportunidad, como diputado federal por el II distrito del estado de Hidalgo, en donde está asentada una población muy significativa del pueblo ñahñú.
Solidarizarme con Jacinta y las demás compañeras indígenas, porque para los ñahñú todos somos Jacinta. En ese tenor abordo esta tribuna con el ánimo, con el propósito de reconocer que a más de 500 años de conquista, a pesar de la marginación, a pesar de la exclusión social, los indígenas seguimos vigentes, defendiendo con orgullo nuestra cultura, nuestro origen y nuestra raíz.
Por eso con mucho gusto nos organizamos con más de esos 600 mil indígenas ñahñú que viven en el Estado de México, en Querétaro, en Guanajuato y, desde luego, el estado de Hidalgo; porque sin duda, este tipo de actos de injusticia, de abuso a los derechos humanos, a todos nos laceran.
Por lo que hago un reconocimiento a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Apoyamos con mucho gusto este punto de acuerdo, recordando que ayer los indígenas, ante la falta de educación, ante la falta de oportunidades, nacíamos para callar, para obedecer.
Pero hoy, con las instituciones, con el esfuerzo, con el trabajo tesonero y cotidiano que han hecho muchos indígenas a lo largo de nuestro país, estamos aptos y presentes para seguir defendiendo nuestra cultura, para seguir defendiendo la oportunidad de transitar en un estado con igualdad, en un estado con oportunidades. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la diputada Elsa María Martínez Peña.
La diputada Elsa María Martínez Peña: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la causa penal de la ciudadana Jacinta Francisco Marcial, por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos y de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, motivó la detención de esta mujer indígena, junto con Alberta Alcántara y Teresa González.
Como respuesta a las irregularidades en la integración de la averiguación previa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en julio con la que se pretende esclarecer los hechos que dieron origen, la indagatoria y sean respetadas las garantías de las tres agraviadas.
No obstante las recomendaciones finales, a partir de las cuales se documentó la violación de derechos fundamentales, como el no haber contado con un traductor en el momento de su declaración preparatoria ni en las diligencias posteriores ? situación que también fue reconocida por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en otra recomendación? así como la existencia de contradicciones sustanciales, imprecisiones, incongruencias en la versión de la parte acusadora y la responsabilidad del Ministerio Público de la Federación y de la Agencia Federal de Investigación, las agraviadas continúan aún en prisión.
Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la situación jurídica que enfrentan Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, es un claro ejemplo de la ineficacia del sistema de procuración y administración de justicia en México. Es una muestra contundente de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres indígenas y al debido proceso penal contenido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Numerosos son los pronunciamientos que han externado su preocupación por este caso, que visibiliza las injusticias que se cometen en perjuicio de quienes, por su identidad étnica, género o por su situación económica, viven en condiciones de marginalidad y discriminación.
Por ello, las diputadas y los diputados de este grupo parlamentario, nos unimos a estos dos puntos de acuerdo con el propósito de que la Procuraduría General de la República resuelva el caso, conforme a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Mexicana y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, y otorgue la libertad y reparación del daño a mujeres, que como nosotras, hoy están en una situación crítica por ser indígenas, como son Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Teresa Incháustegui Romero.
La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Con su venia, diputado presidente. Uno de los problemas que son verdaderos flagelos que laceran severamente a las y los ciudadanos, y a la población en general de nuestro país, es sin duda la inseguridad; inseguridad en todas sus dimensiones: inseguridad económica, inseguridad ante los desastres naturales, inseguridad ante la delincuencia común y el crimen organizado, pero lo peor de todo; inseguridad ante las instituciones encargadas de procurar justicia e impartir justicia, que no hacen debidamente su tarea ni procuran ni cumplen escrupulosamente con los procedimientos que tienen que hacer en sus tareas.
Con mucha frecuencia son los agentes encargados de cumplir y hacer cumplir las leyes, los que se convierten, ellos mismos, en criminales, en agresores, en infractores de la población, sobre todo frente a los grupos más pobres y discriminados, como es el caso de las indígenas, y en este caso, además, mujeres indígenas que son simplemente incriminadas por agentes corrompidos, y enjuiciadas por jueces omisos y discriminatorios.
El caso de Jacinta, el caso de Alberta y el caso de Teresa son una pequeña muestra de lo que pasa todos los días en los juzgados de todo el país, sobre todo en las regiones indígenas en donde hay muchísimas mujeres encarceladas, como en el caso de estas mujeres, que es completamente injusto.
En los casos de estas mujeres indígenas se ceban todas las formas de discriminación: de clase, de pertenencia étnica y de género, por eso Amnistía Internacional ha considerado que Jacinta ha sido encarcelada únicamente debido a la situación marginal de mujer pobre, indígena y con limitado acceso a la justicia.
Pero no son los únicos casos; también están muchísimas otras personas indígenas o pertenecientes a otros colectivos vulnerables o marginales, que están en la misma situación.
Nosotros no podemos estar inermes frente a esta situación, como diputadas y como diputados estamos obligados a que se garantice a los pobres de México el derecho a la justicia y el respeto a su dignidad, y sobre todo, para las mujeres indígenas.
Por eso, la fracción parlamentaria del PRD se suma al punto de acuerdo establecido por la Junta de Coordinación Política, para exigir la excarcelación de Jacinta y también la aceleración de los procesos de Alberta y Teresa, y para demandar no sólo la reparación del daño de estas mujeres, sino también una investigación acuciosa para los responsables de ese atropello. No dejemos que estas cosas sigan pasando en nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra a la diputada Leticia Quezada Contreras.
La diputada Leticia Quezada Contreras: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, creo que a nadie nos queda duda, a ninguna diputada, a ningún diputado, sobre los hechos que reprobamos, y todos nos sumamos.
La sociedad también reprueba la impartición de justicia que en este caso se ha violado el debido proceso de tres mujeres inocentes, en donde el Grupo Parlamentario del PRD exige de manera inmediata su liberación y se les restituyan todos los daños a los que hayan sido acreedoras.
El Grupo Parlamentario del PRD se suma al punto de acuerdo de las compañeras y al punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política. El Grupo Parlamentario del PRD siempre ha exigido y en este caso exigimos el respeto de los derechos de las mujeres, exigimos el respeto de los derechos de las mujeres indígenas.
El Grupo Parlamentario del PRD condena los hechos ocurridos y denuncia que a todas luces se denota que no han existido las garantías del debido proceso y exige, en consecuencia, dictar una sentencia absolutoria a las enjuiciadas.
Condenamos que Jacinta, Alberta y Teresa continúen privadas de su libertad en el Cereso Femenil de San José del Alto, porque todas y todos somos Jacinta, Teresa y Alberta.
El Grupo Parlamentario del PRD denuncia que Jacinta, Alberta y Teresa han sido víctimas de discriminación racial y violencia institucional. En este caso persisten graves desigualdades del sistema de justicia, como la falta de acceso a un traductor y les negaron el principio de presunción de inocencia.
Salen a relucir también las deficiencias de un modelo de justicia en el que subsisten elementos inquisitivos como la preponderancia a las pruebas desahogadas por el propio Ministerio Público y que generan desigualdad procesal. También pone de manifiesto la aplicación de tipos penales para procesar a quienes tienen alguna participación de manifestación pública, y esto es reprobable.
Como se ha acreditado públicamente, Jacinta, Alberta y Teresa no participaron en las acciones de los comerciantes. Sin embargo, es claro que la respuesta punitiva del Estado constituye una represalia a la manera en que los tianguistas se defendieron de los abusos de los agentes de la AFI, como ha sucedido en casos similares de protesta.
No obstante, una vez más han existido violaciones procesales que dejan en estado de indefensión a Jacinta y no le garantizan el derecho a un juicio justo; pero más aún: se ha violado el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el reconocimiento a la composición pluricultural de nuestra nación que se encuentra sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
En este caso no se ponderaron, en su momento, por las autoridades judiciales las circunstancias de vulnerabilidad social que tienen las mujeres sujetas a proceso. Es decir, su condición de mujeres indígenas en el caso particular de las tres y su situación económica. Ésta constituye una de las violaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda vez que se ejerció violencia institucional. Es decir, una de las manifestaciones más comunes de la violencia preparada desde los órganos estatales contra las mujeres.
Este hecho supone el reconocimiento de la inexistencia de pruebas contundentes y legales en contra de Jacinta y significará eventualmente, una vez más, cerrada la instrucción.
Es por todo lo anterior también que el Grupo Parlamentario del PRD exige a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus competencias garantice la presencia de los agentes federales de investigación que deben comparecer en las diligencias citadas ante el juez cuarto de Distrito, en el estado de Querétaro, en el proceso penal que sigue en contra de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González.
Por último, pide que el punto de acuerdo que aquí se vota se publique, se le dé publicación en dos diarios de circulación nacional para su mayor difusión y en la página de Internet de este órgano legislativo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada, Rosi Orozco.
La diputada Rosi Orozco: Con su venia, señor presidente. Antes que nada, me congratula y celebro que en los primeros días de sesiones encontremos coincidencias y aceptemos esa invitación del señor presidente, Felipe Calderón Hinojosa, a estar a la altura de miras que hoy mexicanos y mexicanas exigen por tender puentes de diálogo y entendimiento entre quienes queremos lo mejor para México, como es el caso de las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Teresa González y Alberta Alcántara.
La reciente reforma constitucional relativa al sistema de justicia penal y seguridad pública, aprobada por el Congreso de la Unión, tuvo entre sus principales objetivos la introducción de figuras como la presunción de inocencia que, según lo establecido en el artículo 8o. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia no se puede considerar como el simple deber del Estado de proveer en abstracto un recurso ante los tribunales, sino de proveer uno efectivo.
Hace referencia el artículo 8o, que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
Como derecho humano, el acceso a la justicia debe ser un servicio público que el Estado debe garantizar a todos los habitantes de su territorio, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, pertenencia a un grupo indígena, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Entre los recursos contra violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario, figuran los siguientes derechos de la víctima: acceder a la justicia, reparación del daño sufrido y acceso a la información pertinente sobre las violaciones.
El artículo 18 de la Declaración Americana y los artículos 8o. y 15 de la Convención Americana establecen que todas las personas tienen el derecho de acceder a recursos judiciales, es decir, a ser oídas en juicio con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un tribunal competente, independiente e imparcial, cuando creen que sus derechos han sido violados.
La protección de estos derechos se ve reforzada por la obligación general de respetar, impuesta por el artículo 1o., fracción I. Para prevenir la impunidad el Estado tiene la obligación, en virtud del artículo 1o. de la Convención Americana, de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención.
El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca en cuanto sea posible la víctima, en plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a estas personas sujetas a su jurisdicción.
Lo mismo es válido cuando se cree que los particulares o grupos de éstos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos reconocidos en la Convención.
Por lo señalado, las organizaciones encargadas de la defensa de Jacinta, su excarcelamiento no significa que se le haya hecho justicia. El Estado está obligado a reparar el daño causado y tener las mismas consideraciones que ha tenido con Jacinta Francisco Marcial, con las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara.
En este sentido el Grupo Parlamentario de Acción Nacional pide:
a) Se analice la procedencia del mecanismo para la reparación del daño.
b) Se adopten medidas simbólicas o emblemáticas para la víctima, con impacto en su comunidad y entorno social.
c) Se establezcan y ejecuten garantías de no repetición.
d) En seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las medidas de reparación, se dé cumplimiento y seguimiento a estas medidas.
Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Cárdenas Gracia.
El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): ... Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, ¿con qué objeto desea hacer uso de la palabra?
El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Ya hemos escuchado que nadie está en contra. Si no hay oradores inscritos en contra, por favor, consulte a la asamblea si el tema está suficientemente discutido, para proceder a la votación respectiva.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En atención a su comentario, diputado, habíamos señalado quiénes estaban inscritos y que al término de esta lista pondríamos a consideración de la asamblea si estaba suficientemente discutido. El último inscrito es el diputado que hará uso de la palabra.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, y con su venia, señor presidente. Este asunto de las indígenas ñahñú, de Querétaro, Jacinta, Alberta y Teresa, es un asunto que tiene que ver, como ya lo han señalado aquí las compañeras diputadas y el compañero diputado que me antecedieron en el uso de la palabra, son distintos temas muy preocupantes en nuestro país, porque no tienen solución.
Tiene que ver, desde luego, con la equidad de género, tiene que ver con las violaciones sistemáticas al principio que prohíbe la discriminación, tiene que ver con las condiciones de pobreza de las mujeres indígenas, tiene que ver también con las debilidades del sistema de justicia de nuestro país y con los derechos humanos.
Quiero primero referirme al tema del contexto. Llama mucho la atención que un presidente, un jefe de Estado como Sarkozy, venga a México y alce la voz a favor de una mujer francesa, que seguramente es responsable de delitos cometidos en nuestro territorio. Por eso esta Cámara de Diputados debe levantar la voz por todas las mujeres indígenas, pobres, discriminadas y excluidas de nuestra sociedad.
También llama mucho la atención la contradicción existente en la vida fáctica; por un lado, inocentes en las cárceles de nuestro país, y por otro lado, los servidores públicos, algunos de ellos insensibles con las recomendaciones de derechos humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que son propuestos como procuradores generales de la república.
Considero, como las diputadas lo han mencionado aquí, que no solamente se debe excarcelar a Jacinta, Alberta y Teresa, sino que se debe investigar la responsabilidad y la violencia institucional del Estado, para ello es importante que se abra una investigación en torno a los policías, al Ministerio Público federal involucrado y al propio juez de primera instancia que dictó la sentencia.
No basta la excarcelación. Es necesario, además de la libertad, la reparación del daño y la exigencia de responsabilidades a los que usaron el aparato de Estado para suprimir derechos fundamentales.
Es evidente que se violó casi todo el catálogo de garantías individuales previstas en nuestra Constitución. Se violó el artículo 1o., el artículo que prohíbe la discriminación; se violaron las garantías de legalidad y de seguridad jurídica previstas en el artículo 14 y 16, que además establecen las bases del debido proceso y se violó el artículo 20 de la Constitución, principalmente las garantías de toda persona imputada. Además, desde luego, del principio de presunción de inocencia, previsto en el artículo 20 de la Constitución.
¿Todo esto qué es lo que refleja? Refleja un sistema penal punitivo y no garantista. Por ejemplo, en las cárceles y en los centros penitenciarios del Distrito Federal, casi el 70 por ciento de los procesados y reos tienen que ver con delitos de robo inferiores a cantidades de 2 mil pesos mensuales.
¿Qué significa esto? Que estamos castigando a los pobres que no tienen los suficientes medios de defensa. Significa también que el sistema penal de nuestro país no es un sistema penal que se rija por los principios de acceso a la justicia, de independencia y desde luego, de eficiencia y de eficacia.
Requerimos, en esta Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores, construir un sistema penal acusatorio, público, abierto y oral, y sobre todo, que exista un criterio de interpretación de derecho penal, siempre a favor del más débil.
En México la llamada así "transición a la democracia" ha llegado a algunos ámbitos del poder, pero desde mi punto de vista y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, aún no llega ni al Ministerio Público ni al Poder Judicial Federal ni local.
Hay que recordar, finalmente, que sin justicia no hay democracia ni estado de derecho. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Una vez que ha concluido la lista de oradores inscritos, le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Comuníquese. Tiene la palabra el diputado José Luis Marcos León Perea, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo para la atención inmediata de la situación provocada por el fenómeno hidrometeorológico denominado "Jimena", en los estados de Sonora y Baja California Sur.
El diputado José Luis Marcos León Perea: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, los suscritos diputados integrantes de esta LXI Legislatura, en nuestro carácter de representantes populares del estado de Sonora, pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo nuestro derecho para incitar el proceso legislativo federal ante esta Cámara de Diputados, con el objeto de que se emita un pronunciamiento por parte de este órgano legislativo para que las instancias gubernamentales del ámbito federal aceleren el proceso de liberación de recursos que permitan atender oportunamente las necesidades de la población sonorense, generada por la tormenta tropical "Jimena", en ese sentido, con el objeto de sustentar la procedencia de nuestra solicitud, nos remitimos a la siguiente parte expositiva.
Los desastres son alternaciones intensas de las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causados por un suceso natural o generado por el hombre, que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
Según el criterio de la Organización de las Naciones Unidas, los desastres se clasifican de la siguiente manera: desastres naturales y desastres tecnológicos, son los desastres producidos por la fuerza de la naturaleza. Entre éstos tenemos a los desastres generados por fenómenos meteorológicos o hidrológicos, como los huracanes.
Año con año nuestro país enfrenta la llegada de huracanes por las costas de los océanos Pacífico y Atlántico y son del conocimiento público las consecuencias de su paso por el territorio nacional.
Infortunadamente, este año no ha sido la excepción y particularmente los estados de Sonora y Baja California Sur se vieron impactados por lo que en un principio fue el huracán Jimena, que posteriormente llegó a territorio sonorense en calidad de tormenta tropical.
Los municipios de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé del estado de Baja California Sur; Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, en Sonora, fueron los más afectados por el fenómeno climático.
En el caso de Sonora, no obstante que la Unidad Estatal de Protección Civil llevó a cabo el sistema de alertamiento temprano con la antelación necesaria para evacuar las zonas de riesgo de inundación, el fenómeno meteorológico dejó un saldo de 4 personas fallecidas, 72 mil damnificados y cerca de 113 mil con algún tipo de afectación en su vivienda.
Todo ello como consecuencia de las torrenciales lluvias que sumaron 711 milímetros en Guaymas y 365 en Empalme. Esto en un período de tan solo 38 horas, por citar 2 ejemplos.
La cantidad acumulada estableció un récord absoluto en todo Sonora, mientras que la lluvia de Empalme representa, en promedio, la cantidad de lluvia que se registra en un año en todo el estado. De esa magnitud es la problemática que estamos enfrentando, considerando el efecto en nuestra entidad, que es de clima semidesértico.
Los daños en la infraestructura como carreteras, agua potable, drenaje ocasionados por las históricas lluvias que azotaron a Guaymas y a Empalme entre el miércoles 2 y viernes 4 de septiembre podrían rebasar los 500 millones de pesos.
Un fenómeno de esta naturaleza, además de los daños que hemos señalado, lleva aparejadas situaciones extraordinarias en materias como salud. Se corre el riesgo de brotes de enfermedades como el dengue u otras derivadas de condiciones insalubres debido al mal funcionamiento del sistema de drenaje.
Vivienda. Por la destrucción o daño de viviendas de todo tipo en los municipios afectados, siendo los sectores vulnerables una vez más los más afectados con esta situación.
Actividades productivas. En este caso, agravando la difícil situación que atraviesan las ramas turísticas y de pesca, que constituyen las principales actividades de los municipios afectados. Infraestructura, ya que fueron destruidas vías de comunicación municipales, estatales y nacionales.
Afortunadamente, en los últimos años nuestro país ha reforzado la forma de atender la problemática que este tipo de fenómenos naturales lleva aparejada; no sólo desde el aspecto preventivo, que ha ayudado a salvar un sinnúmero de vidas y a reducir en la medida de lo posible los daños económicos.
Para ello se aprobó la Ley General de Protección Civil, donde se definen reglas específicas para atender preventiva y paliativamente las emergencias que generan fenómenos hidrometeorológicos, como los huracanes.
En efecto, el artículo 29 de la ley señalada establece que cuando la capacidad operativa y financiera de las entidades federativas para la atención de un desastre haya sido superada, éstas podrán solicitar el apoyo del gobierno federal para tales efectos.
Las dependencias y entidades federales serán las instancias responsables de atender los efectos generados por un desastre en el patrimonio de la federación y, en su caso, de coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas.
A su vez, el artículo 30 de la misma ley previene que le competerá a la federación ?sin perjuicio de lo que en términos de las disposiciones locales le corresponda realizar a las entidades federativas y municipales? realizar las acciones de emergencia para dar atención a las necesidades prioritarias de la población y destinar recursos del Fondo de Desastres Naturales autorizado para la atención de emergencias y desastres.
En ese sentido, el Fondo de Desastres Naturales es un instrumento financiero mediante el cual, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, se tiende a atender los efectos de los desastres naturales cuya magnitud supere la capacidad financiera, dé respuesta a las dependencias y entidades paraestatales, así como a las entidades federativas.
Este fondo facilita recursos a través de reglas de operación y procedimientos derivados de las mismas; integra un proceso respetuoso de las competencias, responsabilidades y necesidades de los diversos órganos de gobierno que tiene como finalidad ?bajo los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia? apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana; así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstas en sus reglas de operación.
Estas reglas de operación se encuentran previstas en los diversos acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación y son de cumplimiento obligatorio para poder extender los recursos, que son de dos tipos: el Fondo Revolvente y el Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23.
El punto A sería canalizar los fideicomisos denominados "fondos de desastres naturales de las entidades federativas", los recursos en coparticipación correspondientes al gobierno federal por cuenta y orden de éstas, para todas aquellas obras y acciones donde incorpora el gobierno federal a los estados, municipios y al Distrito Federal.
Como vemos en el caso de este fideicomiso, en la ejecución de dichos recursos está condicionada la aportación de coparticipaciones de los gobiernos locales, en los porcentajes previstos en las reglas de operación.
A esta fecha tenemos puntual conocimiento de que el gobierno de Sonora ha remitido al gobierno federal la solicitud de declaratoria de zona de desastre para siete municipios del sur de Sonora debido a los daños de la depresión tropical Jimena: Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto.
Sin embargo, conviene aclarar que muy atinadamente el gobierno federal ha decidido aplicar en Sonora recursos del fondo revolvente del Fonden para atender la urgencia y necesidades en la población afectados por el fenómeno hidrometeorológico; la disposición de despensas, agua, colchonetas y cobertores, etcétera.
Agradecemos a la Comisión Federal de Electricidad que con su propia maquinaria dio paso de Guaymas a San Carlos, y la atención de la esposa del presidente de México, Margarita Zavala de Calderón.
Asimismo, reconocemos el apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la IV Región Naval Militar y IV Zona Militar, y a la Comisión Nacional del Agua que ya se reunieron con las autoridades municipales y estatales.
Reconocemos también la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social, a las autoridades locales que habilitaron 30 albergues en Guaymas, en Empalme, y albergaron casi 4 mil personas.
Lamentablemente esto no ha sido suficiente para mitigar los daños de la depresión tropical; la situación actual es de desastre pues el saldo, además de las pérdidas humanas, fue la devastación de las ciudades, la pérdida del patrimonio de las familias que no contaban con ningún tipo de seguro, la baja de la producción del sector pesquero y la caída de la cúpula del histórico monumento del Templo de San Fernando que data de 1857.
En contraparte, respecto a los recursos que deberán aplicarse en el futuro cercano, bajo el amparo del Fondo de Desastres Naturales, del Ramo General 23, debemos tomar en cuenta la experiencia que se ha generado en los últimos años en las entidades federativas y ante la escasez de recursos, por la difícil situación económica no cuentan con la capacidad presupuestal para hacer frente a la responsabilidad.
Pasaré a los
Puntos de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, reconoce la participación de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional, a través de la IV Región Naval Militar y IV Zona Militar, por las labores realizadas para atender la emergencia presentada con motivo del paso del huracán Jimena.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, a que, a la brevedad posible, desahogue el procedimiento de la declaratoria de desastre a que se refiere el artículo 32 de la Ley General de Protección Civil, con objeto de que pueda agilizarse la aplicación de los recursos del Fondo Nacional de Desastres en los municipios de Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, Sonora; así como los de Baja California Sur, la aplicación de los recursos del fondo del Ramo General 23, "Provisiones salariales y económicas".
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las dependencias y entidades de la administracíón pública federal para el efecto de que, a la brevedad que el caso amerita, emita la opinión sectorial que le corresponde respecto a los apoyos que estima pertinente, que se deben destinar para atender el desastre generado por el fenómeno hidrometeorológico denominado Jimena.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las dependencias de la administración pública federal responsable, para que a la brevedad posible se aboquen a atender las necesidades extraordinarias que el fenómeno hidrometeorológico denominado Jimena ha provocado en los municipios mencionados.
Quinto. La Cámara de los Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda instruir la creación de un grupo de trabajo de diputados federales, para que den seguimiento y verifiquen la correcta aplicación y manejo de los recursos transferenciales o subsidios del Fonden.
Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y contemplando la necesidad de que se atiendan inmediatamente las necesidades de la población afectada que no admite demora alguna, en este Poder Legislativo solicitamos que el presente asunto se declare con carácter de urgente resolución, para lo cual solicitamos respetuosamente la solidaridad y el voto aprobatorio de nuestros compañeros diputados.
Atentamente. Ciudad de México, 5 de septiembre, José Luis Marcos León Perea, Miguel Ernesto Pompa Corella, Ernesto de Lucas Hopkins, Jesús Alberto Cano Vélez, Manuel Ignacio Acosta, Rogelio Manuel Díaz Brown, Onésimo Mariscales. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. En virtud de ser presentada esta propuesta en los términos del artículo 59, se abre un registro de oradores en los términos del artículo 122.
Los que estén en pro del dictamen... Están registrándose los oradores en pro. Oradores en contra? Al no haber oradores en contra, se señala lo establecido en el artículo 122, a efecto de que cuando sólo son oradores en pro serán hasta dos oradores. Se le concede el uso de la palabra al diputado Víctor Castro, del PRD.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: Compañeras y compañeros diputados, con el permiso del señor presidente, el jueves próximo pasado, de manera muy respetuosa nos dirigimos a ustedes con toda prudencia y a fin de evitar el debate que se generó apenas hace un par de horas en esta sala, y con el fin de evitar cualquier politización de una tragedia donde a veces suele haber más oportunismo político que intenciones de resolver lo que la gente requiere y necesita.
Lo planteamos con toda claridad y con la idea de generar un ambiente no de discordia sino un ambiente que dé soluciones, que es lo que reclama la gente.
Quiero, sin embargo, tomar aquí algunas consideraciones que son importantes. Primero, hoy hace ocho días que nuestro pueblo, particularmente en los municipios, vive en condiciones sumamente delicadas, y es necesario que esta soberanía se entere, por ejemplo, de un dato.
El responsable de los asuntos políticos internos se comunicó a Baja California Sur hasta el sábado próximo pasado, ni siquiera el señor secretario de Gobernación tuvo la delicadeza en los momentos más difíciles para nuestro estado, de establecer una comunicación, tal vez ocupado en los relevos ?que para ellos tal vez sean más importantes? que en las necesidades de la gente en Baja California Sur y en Sonora.
Quiero aquí ratificar lo que planteamos. En primer lugar, que los fondos que están establecidos para este tipo de desgracias, en el Fonden, ratificamos el acuerdo que en esta Cámara se dio el jueves pasado para flexibilizar el uso de estos fondos y tomar en consideración las condiciones por las que atraviesa el gobierno de Baja California Sur y los ayuntamientos de Comondú, Loreto y Mulegé, que se dijo claramente que estos municipios carecían de los recursos necesarios para empatar los recursos que se necesitan en este momento en ellos.
Por eso ratificamos la postura de que, manera inmediata, el punto de acuerdo que se aprobó en este Congreso se haga realidad en Baja California Sur. Asimismo, estamos proponiendo que de manera inmediata el señor secretario de Economía y el señor secretario de Sagarpa, se trasladen a Baja California Sur y constaten de manera directa la afectación que ha tenido el sistema productivo agrícola, ganadero y comercial en nuestra entidad.
La parálisis económica en estos municipios es delicada, por eso desde esta tribuna urgimos, llamamos a las autoridades federales a la sensibilidad que han tenido otras áreas. Particularmente a Sagarpa, a Economía y a Gobernación para que, de forma inmediata, respalden a Sonora y a Baja California Sur. Es cuanto, señor presidente, y les agradecemos su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Enrique Torres Delgado.
El diputado Enrique Torres Delgado: Con su permiso, señor presidente. Nuestra misión como representantes populares de la sociedad en su conjunto, es velar por los intereses de los mexicanos. Es por ello que, ante la aparición de fenómenos naturales que afectan de una manera significativa a un sinfín de comunidades en nuestro país, debemos actuar en consecuencia y desde nuestra trinchera para hacer llegar los recursos necesarios que permitan llevar a cabo las obras de reconstrucción de las zonas afectadas, y la reactivación de la actividad económica y social en esas comunidades.
En lo que respecta al huracán Jimena y los daños ocasionados en el estado de Sonora, y en concreto en los municipios de Guaymas y Empalme, nunca en la historia de estos municipios se había recibido tal nivel de lluvia como sucedió en días pasados. Se recibió en un solo día 2 veces más del promedio anual de precipitaciones en el estado de Sonora, sumándose 711 milímetros en el municipio de Guaymas y 365 milímetros en el de Empalme.
El volumen de agua fue tal, que se convirtió en un torrente que corría con enorme potencia sobre esas comunidades. Camiones de 18 toneladas, casas, puentes, carreteras y demás, fueron arrastrados por las corrientes. Son 7 personas las que perdieron la vida.
En estos momentos se está llevando a cabo la cuantificación y evaluación real de los daños pero, de acuerdo con la información con que se cuenta hasta este momento, se sabe que existen alrededor de 72 mil damnificados.
El sistema de drenaje de la ciudad de Guaymas se encuentra colapsado, poniendo en riesgo la salud de los habitantes de la población. Mil 400 viviendas afectadas aproximadamente.
El sistema de agua potable tiene enormes daños que urge solucionar. El pavimento quedó completamente destrozado. La importantísima zona turística de San Carlos quedó seriamente afectada y el daño a las carreteras fue mayúsculo. Incluso edificios tan importantes como la parroquia de San Fernando sufrieron colapsos irreparables.
La primera dama, Margarita Zavala, estuvo presente desde el primer día después del huracán; al igual que el secretario de Sedesol, la directora del Fonden, el director de Conagua, así como funcionarios de varias dependencias locales y federales, para atender la emergencia cuanto antes.
La respuesta de las autoridades ha sido expedita y responsable. El alertamiento y movilización de la población a lugares seguros, la atención de alimentación, agua y servicios de salud están siendo proporcionados intensamente por organizaciones e instancias del gobierno como Protección Civil, Sedesol, Conagua, el Ejército y la Armada de México, entre otros; y, por supuesto, por la generosidad de los sonorenses.
Situaciones tan lamentables como las que padecen nuestros hermanos de Guaymas y Empalme, no deben ser motivo de división, de botines políticos o de partidización; requiere de la asistencia y solidaridad de todos los actores de la sociedad. No se vale el querer lucrar con las tragedias; no deben pintarse de colores ni siglas partidistas.
Es el momento de que nos involucremos todos los mexicanos sumando esfuerzos con todos los niveles de gobierno para paliar en algo el dolor que padecen familias, mujeres y niños que han sido afectados, incluyendo, por supuesto, nuestro cuerpo legislativo.
Por ello Guaymas se convierte en un reto y símbolo para esta LXI Legislatura y la gran oportunidad de demostrar nuestra unidad y solidaridad ante los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
Cabe puntualizar el hecho de que el gobierno del presidente Felipe Calderón, consciente de la urgencia de atención a las personas y comunidades que resultan damnificadas por la presencia de fenómenos naturales, convocó, a través de la Secretaría de Gobernación y de Protección Civil, concretamente a todos los involucrados en estas tareas, para que se modificaran las reglas de operación del Fonden en la búsqueda de facilitar la accesibilidad a los recursos destinados para la atención inmediata de la emergencia, así como para las obras de reconstrucción de las zonas afectadas.
El 27 de mayo de este año fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación dichas modificaciones. Se presenta en esta modificación el concepto del Apoyo Parcial Inmediato (API) que debe ser solicitado por el Ejecutivo del estado, a partir del mismo día de la instalación del Comité de Evaluación y es hasta por un 50 por ciento del monto total estimado de los daños.
La Secretaría de Hacienda tiene que radicar al fiduciario en la entidad Banobras al día siguiente de dicha solicitud, el monto solicitado, la cantidad que será deducida del importe real de los daños.
Cabe mencionar que el ayer en Sonora se llevó a cabo la instalación del Comité de Evaluación de Daños. Se solicita la declaratoria de zona de desastre. Hoy se emitió dicha declaratoria; y el hoy se envía para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Los recursos solicitados como parte de ese API (Apoyo Parcial Inmediato), el día de hoy o a más tardar mañana, estarán radicados en el fiduciario Banobras. Todo esto es resultado de la modificación de dichas reglas que simplifican el acceso a los recursos del Fonden.
No obstante, el Grupo Parlamentario del PAN convoca a todos los integrantes de esta soberanía a generar con nuestra gestión y, en base a nuestras atribuciones, los apoyos que sean necesarios para restablecer la normalidad de las zonas afectadas que tanta importancia representan para sus habitantes y para los sonorenses en general.
Convocamos también en particular a los legisladores del estado de Sonora, representativos de todos los partidos, para que continuemos estando cerca de las comunidades afectadas, apoyando en la recuperación para que ésta se dé con la mayor velocidad posible y la sociedad mexicana exprese a través de sus representantes populares la solidaridad con los sonorenses que han experimentado esta desgracia. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Una vez que ha finalizado la lista de oradores en los términos del artículo 122 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutida. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo (votación).
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Comuníquese. Tiene la palabra la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, para presentarnos proposición con punto de acuerdo por el que se propone la creación del programa emergente Canasta Básica Escolar, como parte de las medidas para atemperar la crisis económica de las familias mexicanas. Suscrita por las diputadas, Mary Telma Guajardo Villarreal y Obdulia Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal: Gracias, diputado presidente. Y además de quienes suscribimos este punto de acuerdo, también se adhieren los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Héctor Franco López, del PRI.
Compañeros y compañeras diputadas y diputados, es un hecho que la crisis económica ha provocado que las familias mexicanas enfrenten mayores dificultades para sufragar los gastos educativos de sus hijos.
Tan sólo, un estudio elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que en el reciente regreso a clases, el gasto promedio de las familias mexicanas en útiles escolares ascendió a 4.2 salarios mínimos, es decir, alrededor de 6 mil pesos.
El estudio dado a conocer el pasado 6 de agosto en la Primera feria de útiles escolares de la UNAM 2009, también reveló que la mayoría de las familias han tenido que recurrir a sus ahorros, préstamos y al empeño de bienes para poder sufragar el gasto de los útiles escolares.
Pero no hay que culpar a la pobreza sino a las políticas públicas para atenderla. Por ello, es que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y quienes suscribimos este punto de acuerdo, propone crear el programa emergente Canasta Básica Escolar, consistente en la dotación de desayuno, útiles, uniformes escolares y bono de gratuidad en el transporte público.
Y en el caso de los estudiantes de secundaria, además de lo anterior, dotación de libros de texto gratuito. Conscientes de que cualquier política pública requiere de recursos y en particular el programa que estamos planteando, proponemos que se utilicen los recursos ociosos; es decir, no ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, pues de acuerdo con el anexo 17, Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales del informe trimestral, las entidades federativas reportaron que no ejercieron recursos por 3 mil 588.3 millones de pesos; es decir, el 86.5 por ciento del presupuesto aprobado.
En el caso de la Secretaría de Educación Pública, en el Ramo 11, El informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del segundo trimestre de 2009, esa dependencia es una de las que mayores subejercicios registra por un monto de más de 900 millones de pesos.
La no ejecución de los recursos públicos que esta Cámara de Diputados aprobó es reprobable e inadmisible en cualquier momento, pero más aun, en la situación actual de crisis económica. Por ello, solicitamos que los recursos no ejercidos del FASP y de la Secretaría de Educación Pública sean reasignados para la creación del programa emergente Canasta Básica Escolar.
Por lo anteriormente fundado y motivado, propongo a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados acuerda como parte de las medidas para atemperar la crisis económica de las familias mexicanas, crear el programa emergente Canasta Básica Escolar, consistente en desayuno, útiles, uniformes escolares ?incluida vestimenta deportiva, de laboratorio y otras actividades educativas? y bono de gratuidad en el transporte público para los escolares de educación básica, media superior y superior. En el caso de los estudiantes de secundaria, además de lo anterior, dotación de libros de texto gratuito.
Segundo. Para el pleno cumplimiento de lo anterior, esta honorable soberanía exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública, para que los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Ramo 33 que no han sido ejercidos conforme a lo dispuesto en el artículo 9o., fracción VII, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Coordinación Fiscal, sean reasignados en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Tercero. La población objetivo a incluir en el programa será aquélla que no sea beneficiaria de otro programa social educativo y se determinará, en primer lugar, por escolares que se encuentren en situación de muy alta y alta marginación; en segundo lugar, por los de situación de media marginación, y en tercer lugar los de situación baja y baja marginación.
Cuarto. La Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social elaborarán y proporcionarán a las entidades federativas los instrumentos metodológicos para reunir y procesar la información necesaria para la selección de la población objetivo del programa emergente Canasta Básica Escolar, que se otorgará en el presente ciclo escolar 2009-2010.
Señor presidente, solicito que este documento se publique íntegro en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputada, como lo solicita. Publíquese en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Seguridad. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra el diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial sobre el Cambio Climático.
El diputado Eduardo Mendoza Arellano: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el aumento de la emisión de gases con efecto invernadero ha generado un sobrecalentamiento de la Tierra con consecuencias devastadoras, que han arrasado poblaciones en prácticamente todos los países del mundo y que han arrancado el patrimonio de numerosas familias.
Actualmente, somos testigos de mutaciones climatológicas de grandes dimensiones. Nuestras generaciones han padecido el duro azote de los huracanes como: Vilma, Mitch, Katrina, Dean o recientemente Jimena. También enfrentamos la dura experiencia de las sequías que amenazan la producción de alimentos.
Por otro lado, el derretimiento de los glaciales ha provocado deshielos prematuros en ríos y lagos, y también se prevé que influirán en el aumento del nivel de los océanos. En este sentido, genera mucha alarma saber que las inundaciones asociadas a la pérdida de hielo ponen en peligro a la cuarta parte de la población mundial.
El fenómeno del calentamiento global preocupa a la comunidad internacional desde hace varios años., incluso ha habido varios intentos por tejer una serie de compromisos que permitan disminuir las emisiones contaminantes responsables del efecto invernadero.
Tal es el caso de la firma que hicieron 155 países en 1992 en la Convención sobre el Cambio Climático, y posteriormente la firma que hicieron 188 naciones al Protocolo de Kyoto.
Nuestro país ha suscrito ambos compromisos internacionales; sin embargo carece de una estrategia para enfrentar los grandes desafíos mundiales que plantea el cambio climático, como hemos podido constatar, sobre todo, por los devastadores acontecimientos que se suscitaron el fin de semana en el Estado de México y en el Distrito Federal.
Es por eso que propongo crear una Comisión Especial sobre el Cambio Climático, para que los legisladores empecemos a identificar estrategias y políticas, e instrumentar, en el ámbito de nuestras atribuciones, medidas efectivas de acción sobre el cambio climático.
Necesitamos avanzar en la búsqueda de soluciones, tanto desde el punto de vista de la mitigación como desde el ámbito de la adaptación a las causas y efectos del cambio climático.
La comisión especial que hoy propongo nos permitirá proponer una serie de reformas tanto constitucionales como a leyes secundarias, que nos permitan encarar el problema del cambio climático, no sólo desde la perspectiva ambiental, sino abarcar el fenómeno de manera transversal, incluyendo áreas como son la económica y la energética.
En ese sentido quiero ser muy enfático en que una estrategia para enfrentar los desafíos del calentamiento global no puede estar desvinculada del tema de la utilización de las energías limpias.
Es necesario impulsar el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y proponer acciones afirmativas para incentivar económicamente a las empresas para que utilicen fuentes alternativas como el hidrógeno, la energía eólica y la energía solar, porque nuestro país no puede seguir abusando de la utilización de hidrocarburos.
Necesitamos desarrollar una vía alterna en materia energética que nos permita reducir el impacto sanitario y ambiental inhibiendo paulatinamente la utilización de los energéticos responsables de la contaminación atmosférica.
Por lo expuesto someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Primero. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados que constituya la Comisión Especial sobre el Cambio Climático, que promoverá en el ámbito legislativo las medidas y acciones necesarias para estudiar, mitigar y adaptarse al fenómeno global del cambio climático en el país.
Segundo. La comisión especial contará con los recursos y personal necesario para su operación, y su duración será hasta el término de la actual legislatura, o cuando haya cumplido su objeto. Para estos efectos deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados, o en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.
Tercero. La comisión especial estará integrada en forma plural, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, en la que estarán representados los diferentes grupos parlamentarios que la integran. Contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y dos secretarios.
En espera de que esta comisión tan importante sea aprobada, quedo de ustedes. Muchas gracias, señoras legisladoras y señores legisladores. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Señoras y señores diputados, el siguiente punto del orden del día es la agenda política relativa a los cambios recientes en diversas dependencias de la administración pública federal.
La coordinación política de todos los grupos parlamentarios ha llegado a un acuerdo, a efecto de tener un único turno de oradores, donde intervendrán dos oradores por cada grupo parlamentario. Se ha distribuido también el orden en que harán uso de la palabra; por tanto, iniciamos este punto del orden del día y se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Romero Romero, del PRI, hasta por 10 minutos.
El diputado Jorge Romero Romero: Con su permiso, diputado presidente. Ayer los medios de comunicación dieron cuenta del anuncio de diversos movimientos en el gabinete del gobierno federal.
Es de llamar la atención que éstos se dan apenas después de siete días de que el presidente Calderón rinde su tercer informe de gobierno y a seis de haber formulado un mensaje que, si bien es cierto claramente convoca a las fuerzas políticas y sociales del país a un gran cambio de rumbo, también es cierto que implícitamente se reconocen fracasos, porque cuando se pretende cambiar las cosas es porque éstas no funcionaron.
Nos sorprenden varias cosas, la primera es que sólo sean tres cambios. El diagnóstico del estado actual de la administración pública es mucho más complejo. Sabemos de la severa crisis del campo, de la severa crisis de la inseguridad, de la severa crisis en el manejo de nuestros energéticos, pero también esta crisis es muy grave en la economía, en la salud, en las condiciones de justicia social, en prácticamente todos los renglones del gobierno federal.
Hoy, desde luego, no venimos a debatir las facultades del titular del Ejecutivo para remover y designar funcionarios, pero sí le pedimos al señor presidente nos haga algunas aclaraciones.
El movimiento campesino nacional buscó recurrentemente un cambio de actitud en el saliente secretario de agricultura y éste no se dio; por tanto, esta remoción nos parece tardía. Pero son de mayor preocupación las declaraciones del nuevo secretario al afirmar que la Sagarpa no se utilizará más para acciones clientelares ni como mecanismo de presión electoral y tampoco será dadora de subsidios ni para tapar ineficiencias. Sin duda, este propio diagnóstico es la causa del grave empobrecimiento de los campesinos mexicanos.
El Secretario Alberto Cárdenas demostró durante su responsabilidad más compromiso con su partido que con los hombres del campo. Pero queremos que el presidente de la república nos dé mayor información respecto de estos señalamientos expresos de su nuevo secretario y nos explique también cómo permitió que hoy esta secretaría esté totalmente desmantelada y requiera transformaciones de fondo y no sólo un cambio de titular.
En Pemex quisiéramos, además de explicaciones, un cambio de rumbo. Se han dado en completa opacidad incidentes como el derribe de una plataforma petrolera, atentados a una refinería, robo y contrabando de gas y combustible y a la fecha no sabemos qué pasó. Pero lo que más nos preocupa es que por ineficiencia e ineficacia se dio una caída de la producción petrolera, principal fuente de ingresos del gobierno federal.
Las credenciales del nuevo funcionario acreditan su estancia en la escuela de Chicago, cuyo principal exponente es Milton Friedman, quien sostiene la tesis de desarrollo a partir de la reducción del gasto público y la privatización de empresas energéticas. De una vez le decimos al señor Suárez Coppel que el PRI está pensando en modernizar Pemex, pero no sobre la base de privatizarlo.
Los mexicanos quisiéramos explicaciones más claras de los relevos. ¿En la Procuraduría General de la República este cambio obedeció, como lo manejaron algunos medios, a las diferencias con el secretario de Seguridad Pública o a un desempeño ineficiente del procurador?
El señor Medina Mora, hace algunas semanas, decía que el desempeño en el combate a la inseguridad era exitoso. Queremos saber, en opinión del presidente, cuál batalla perdió el procurador general de la República, ¿contra el crimen organizado o contra el secretario García Luna? Porque, a opinión nuestra, es clara la incapacidad del gobierno federal para combatir a la delincuencia.
El diagnóstico de inseguridad es evidente: homicidios, secuestros, decapitados, ejecuciones, levantones. La herencia del funcionario saliente es, por ejemplo, una ejecución cada dos horas; ser el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo. En concreto, nos hereda una sociedad con miedo y profundamente lastimada por la violencia.
La propuesta al presidente del Senado no nos genera optimismo. El señor Chávez carga en su haber en otros encargos diversas recomendaciones de Derechos Humanos, falta de resolución de los feminicidios y un actuar, por lo menos, polémico.
Los conceptos del presidente al anunciar los movimientos nos parecen de autocomplacencia y, por ende, engañosos, sin realismos ni objetividad. La pregunta en el ambiente es: ¿se van porque lo hicieron bien o se van porque lo hicieron mal?
Concluimos que con dichos relevos, aunque tardíos e insuficientes, el presidente reconoce la necesidad de cambios en las políticas públicas. Los priistas creemos que la república requiere de consenso y conciliación.
Por tanto, sostenemos que la claridad y transparencia legitiman las decisiones del Ejecutivo; pero la estabilidad política se debe sustentar en el respeto a las instituciones de la república.
Hoy hizo mal el presidente Calderón al presentar el paquete económico a los medios de comunicación, menospreciando la soberanía de la Cámara de Diputados. Aquí está la auténtica representación de la nación, eso dice la Constitución y el presidente Calderón debió apegarse a ella.
Finalmente, queremos creer en la palabra del presidente. Esperamos que no nos decepcione, por lo menos tan pronto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra a la diputada Laura Arizmendi Campos, hasta por cinco minutos.
La diputada Laura Arizmendi Campos: Con su permiso, diputado presidente. Señoras diputadas y señores diputados, ayer escuchamos el anuncio de los cambios en los titulares de la Procuraduría General de la República, en la Sagarpa y en Pemex, los cuales son un claro reflejo de lo que en este país sucede. La falta de resultados satisfactorios en la aplicación de los programas, la grave crisis económica, delicada nuestra situación social, incertidumbre en materia de seguridad pública, alarmante el incremento en el desempleo.
A la luz de estas decisiones en el gobierno federal, el Grupo Parlamentario de Convergencia se pregunta ¿por qué en este momento estos cambios en áreas estratégicas? ¿Es el reconocimiento del Ejecutivo federal a la incompetencia de los funcionarios que salen?
Curiosamente, hace unos días, el 4 de septiembre pasado, el Consejo Coordinador Empresarial afirmó que esperaba cambios en el gabinete para lograr el acuerdo político en favor de las reformas, lo antes posible. Y ahora tenemos esos cambios.
En Convergencia no estamos en contra de renovar posiciones y asumir nuevas posturas, pero sí vemos en estos cambios una falta de coordinación y de respeto del Ejecutivo federal hacia el Poder Legislativo, ya que nos encontramos en la antesala de las comparecencias de estos servidores públicos, con el desglose que del informe de gobierno haremos en los próximos días.
Esta decisión pone en tela de juicio la voluntad del gobierno federal de establecer en su actuar cotidiano los principios de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso y manejo de recursos públicos, signo distintivo de todo Estado democrático.
Insisto: esta posición no es un capricho de Convergencia; es hacer eco de un clamor generalizado ante la realidad que viven alrededor de 60 millones de mexicanos que transitan entre la pobreza y la miseria.
Esperamos que estos cambios tengan algún beneficio para el país y que, en la revisión que haremos del informe de gobierno, el hecho de no estar familiarizados con la responsabilidad que asumen los nuevos titulares no sea pretexto para no rendir cuentas claras al pueblo de México. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra el diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, hasta por cinco minutos.
El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas: Con su venia, señor Presidente. Compañeros legisladores, honorable asamblea: iniciamos esta legislatura con el compromiso de todos los grupos parlamentarios de contribuir desde la Cámara de Diputados con acciones que aporten al Ejecutivo y a toda la sociedad los instrumentos y las políticas necesarios para superar la crisis económica que tiene hoy a nuestro país sumido en la incertidumbre.
En el mismo sentido, el presidente Felipe Calderón expresó en su mensaje del 2 de septiembre su voluntad de impulsar un cambio de fondo en el país. La transformación la resaltó en 10 líneas estratégicas.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza comparte el diagnóstico del Ejecutivo sobre la urgencia de impulsar el país en estas áreas, y consideramos en nuestra agenda gran parte de este decálogo.
Sin embargo, como muchos, en Nueva Alianza nos preguntamos qué alcances podría tener la propuesta del Ejecutivo. Es evidente que, además del discurso, la voluntad real de cambio debe ser puesta en la mesa y traducirla del papel a propuestas e iniciativas que nos permitan discutir la forma de hacer realidad la transición que propuso el Ejecutivo federal.
El anuncio de relevos en su gabinete y la desaparición de las Secretarías de Turismo, de la Reforma Agraria, y de la Función Pública parecen buenas señales. Ha sido evidente que la procuración de justicia, la política para el campo y la transformación de Pemex muestran aún rezagos, inaceptables, y es nuestra obligación pujar por un cambio necesario en ello.
En Nueva Alianza esperamos que los movimientos en el Ejecutivo federal no signifiquen sólo un cambio de titulares, y que junto con la desaparición de las secretarías mencionadas se dé paso a una nueva era, a una transformación que signifique un golpe de timón en estos sectores tan estratégicos para nuestra nación.
En Nueva Alianza vemos el cambio como una oportunidad para rectificar e imprimir una dinámica que fortalezca a las instituciones. En ese sentido, desde la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza aportará las propuestas y medidas que consideramos urgentes en materia de procuración de justicia, donde aún tenemos un rezago preocupante que hoy en día se refleja en la desconfianza de la sociedad hacia esta institución, percepción que se confirma con casos tan indignantes como el tratado en esta tribuna hace apenas unos momentos, el referente al encarcelamiento de Jacinta Francisco Marcial, quien ha pasado injustamente tres años en la cárcel acusada de secuestrar agentes federales.
En el campo seguimos con un país que no logra consolidar una política que le aporte a este sector los mecanismos institucionales que le den sustentabilidad, competitividad y sobre todo, que le permitan a nuestro país obtener la capacidad para constituirse como un país fuerte en esa materia.
En Pemex, a casi un año de la reforma, seguimos sin lograr recuperar el rumbo. No podemos hacer hasta el día de hoy de esta empresa, que es la más importante del país, la plataforma para la construcción de un sector energético que, además de ser competitivo, impulse el desarrollo de fuentes de energía alternativa, sustentables con el medio ambiente y generadora de divisas para el país.
Saludamos los cambios anunciados por el presidente, con la confianza de que vengan acompañados de nuevas estrategias, iniciativas y propuestas. Sin embargo, seremos enérgicos y que nuestra confianza no se confunda con complacencia al vigilar los avances en las materias, y en caso de que no funcionen solicitaremos se corrija el rumbo de las acciones de gobierno.
Vigilaremos que el turismo reciba la atención que requiere como uno de los sectores estratégicos para nuestra economía. Demandaremos que sean atendidos los rezagos en materia agraria y pugnaremos por el fortalecimiento de los mecanismos de modernización y eficiencia administrativa.
Esperamos, pues, en Nueva Alianza, que no se pierda la oportunidad de cambiar el rumbo del país. Creemos que existe la voluntad de todos y ahora nos corresponde ser creativos y encontrar los consensos necesarios que la hagan realidad. Es la demanda de millones de mexicanos y es nuestra tarea cumplirla. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún: Señor presidente, señoras y señores diputados, si todos los aquí presentes estamos interesados en saber qué hace o qué deja de hacer el titular del Ejecutivo federal en este país, es necesario ver la tele. No se presenta ante el Congreso.
Sale en fotografías de su acto particular del 2 de septiembre. Reúne a 100 ciudadanos y les explica con todo detalle sus trabajos, sus deberes, sus análisis, sus preocupaciones, sus perspectivas. Acepta entrevistas de las televisoras en este país.
Pero ante el Congreso no nos explica. De hecho, creo que nunca ha explicado los cambios, los muchos cambios que ha hecho en el gabinete en estos tres años. Incluso ni siquiera el cambio en la Secretaría de Gobernación, cuando salió el ahora presidente de este Congreso, fue explicado. Él cree que no tiene que explicarle nada a nadie.
Ayer informó que iba a realizar cambios en su gabinete. Es interesante ver que en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ?es decir, el área responsable de asegurar la independencia alimentaria en este país? se proponga colocar a Francisco Javier Mayorga, que, con todo respeto, parece ser más de lo mismo. En realidad es el subordinado del subordinado. Es gris, es inocuo el cambio.
En el caso de Pemex parece más riesgoso. El señor Juan José Suárez Coppel, alumno distinguido de Francisco Gil, vinculado a empresas donde parecen trabajar los hermanos Bribiesca, e incluso en el 2008 el señor tuvo indagatorias dirigidas por la Auditoría Superior de la Federación por asuntos de corrupción. Fue empleado de Televisa ?eso es lo importante? y del Grupo Modelo también. Quizás eso también es importante.
En este sentido, la pregunta que podríamos hacernos es ¿de veras van a volver intentar provocar el pueblo para privatizar Pemex? ¿De veras son tan testarudos que lo van a volver a intentar?
El que a veces puede ser más riesgoso es el señor procurador General de la República, es decir, el responsable de procurar justicia. El señor Arturo Chávez Chávez ya ha sido procurador de Justicia en Chihuahua en 96, precisamente con su amigo Francisco Barrio. Incluso es precisamente en esta época donde se viene toda la ola de los Feminicidios.
Con esto de que el tema de la equidad de género parece preocuparnos mucho, valdría la pena preguntarle qué hizo para resolver estos asesinatos contra las que ahora son más de mil mujeres de Ciudad Juárez. Nada, nada, nada.
Es más, resulta que la recomendación 044/98 de la CNDH decía que era posible su responsabilidad penal y administrativa, toda vez que se practicaron mal las diligencias legales y se manipularon las pruebas periciales. Entonces, dice uno: ¿ese señor qué justicia va a repartir?
Efectivamente, el señor Chávez Chávez es amigo de Diego Fernández de Cevallos y del señor Lozano Gracia, y también del señor Creel. Es decir, es una buena familia de funcionarios públicos.
La capacidad que tiene el titular del Ejecutivo federal ?esto lo demuestra?, en sus cambios y en su responsabilidad con respecto a este país, es como diría precisamente Sor Juana Inés de la Cruz: "Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada".
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Adriana Sarur Torre: Con su permiso, diputado. Compañeras diputadas, compañeros diputados: evaluar a los colaboradores de primera línea de la administración pública federal, cada determinado periodo, es bastante sano, y más aún cuando el panorama es tan desfavorable para el país, como actualmente ocurre. Hoy, mi grupo parlamentario está consciente de que los recientes cambios del gabinete del presidente Calderón fortalecerán el trabajo del gobierno federal en áreas prioritarias para los mexicanos.
Ésos son personajes que, por cierto, pertenecieron al equipo del ex presidente Fox. Esperemos que nunca más regrese el gabinete Montessori y sí el sentido común que requiere la conducción del país. Pero, ¿por qué esperar a que la situación del país se agrave?
México requiere una transformación seria y profunda. México requiere que el poder del Ejecutivo se ejerza efectivamente. Decisiones como éstas demuestran la disposición del Ejecutivo federal a buscar resultados que lleven al país a superar la crisis económica, pero una decisión tan tardía ha llevado a México a niveles críticos que pudieron evitarse.
Ahora, el reto es mayor. Por su parte, el procurador general de la República se enfrentará al escrutinio de una opinión pública nacional que espera la eficacia ante los problemas de impunidad y resultados positivos de las políticas de confrontación de grupos delictivos, además de la disminución del clima de inseguridad y violencia, que mantiene con un sentimiento de vulnerabilidad a los ciudadanos.
El nuevo director general de Pemex tendrá que atender las dificultades derivadas de la disminución de las reservas petroleras, que afecta directamente la economía de los mexicanos. Deberá asegurar la eficiente construcción de una nueva refinaría en Tula, Hidalgo, y llevar a buen término los cambios administrativos derivados de la reforma energética, principalmente la coordinación de actividades con la recién creada Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Esperemos, y exigimos, que pronto se cumpla la norma oficial mexicana y se haga realidad el suministro de gasolina y diesel, con ultrabajo contenido de azufre.
Por su parte, el titular de la Sagarpa deberá dar transparencia a los programas sectoriales en que se han identificado irregularidades y subejercicios. Asimismo, deberá establecer medidas de solución para el problema de producción agroalimentaria deficitaria, así como el establecimiento de una política pública que considere los efectos del cambio climático.
Es crucial que se implanten tecnologías que optimicen el uso del agua y los insumos energéticos como estrategia para incrementar la eficacia en el sector agrícola. Pero hoy exigimos al procurador general de la República, al director general de Pemex y al titular de la Sagarpa superar los obstáculos que impiden alcanzar el equilibrio dinámico entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental eficaz y legítima.
Es el momento de buscar nuevas formas de abordar los problemas nacionales. Un nuevo perfil de los titulares a cargo, junto con nuevas estrategias, será clave para mejorar los trabajos realizados. Esperemos que los nuevos funcionarios ejerzan un liderazgo en el país; sus políticas deberán responder al nuevo panorama que se vive actualmente.
Debe recuperarse la capacidad de crecimiento del país. Ya no habrá tolerancia para los errores. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Muchas gracias. Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de hoy la nación enfrenta dos flagelos que directamente afectan a todos los mexicanos, y que lamentablemente se agudizan entre los que menos tienen: inseguridad y crisis económica.
Nosotros, todos los diputados federales electos, con independencia del principio del que provengamos, tenemos un compromiso con toda la sociedad, sin distingos de clases o credos, pues México reclama de nosotros proactividad para buscar soluciones para todos.
Desde esta tribuna, la más alta de la nación, yo les exijo un compromiso con todos mis electores y todos sus electores, que hoy confían en que ustedes compañeros diputados y compañeras diputadas velemos por brindar mejores condiciones de vida, con mayor seguridad y mayor desarrollo de vida para todos los mexicanos.
Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, aquí generamos las leyes y analizamos los asuntos de Estado que afectan o favorecen directamente a todos los mexicanos, o de un punto de vista mezquino, a sólo unos cuantos que siguen enriqueciéndose a costa de los todos los mexicanos.
No olvidemos que hoy el país se encuentra al borde del colapso económico y político. Hay más de 70 millones de pobres en el país y algo tenemos que hacer en esta legislatura para coadyuvar en la gobernabilidad de México y evitar el estallido social. Claro está, con todo respeto, que debe existir entre los Poderes de la Unión, teniendo como único objetivo: México.
Hoy todos nos encontramos desconcertados por la escalda de violencia que afecta a la mayoría de las regiones de nuestro país. Más de 15 mil muertes ligadas a enfrentamientos y venganza del crimen organizado requieren de nuestra atención pronta y expedita.
Tenemos que modificar el sistema normativo para castigar e inhibir a la delincuencia. Nuestro Ejército mexicano ha tenido que salir de los cuarteles a enfrentarla con valor, porque los civiles no hemos podido exigir y obligar al cumplimiento de la ley.
Reconozco, desde esta tribuna, la labor noble que siempre ha realizado el Ejército mexicano a favor de la sociedad. Pero el lugar que la ley les otorga dentro del Estado es los cuarteles, velando por la seguridad nacional, que no es la seguridad pública o la entrada de mercancías a las aduanas, por lo que debe ser retirado, de inmediato de las calles el Ejército.
Nuestra fracción exige al Ejecutivo federal se abstenga de seguir dando bandazos entre las instituciones en un país que demanda rumbo y seguridad. En este orden de ideas someto a esta soberanía la propuesta de solicitar al ciudadano procurador general de la República, que el Senado apruebe su comparecencia inmediata para conocer cuáles serán sus líneas de acción en contra de la delincuencia y en favor de la tranquilidad y estabilidad nacional.
Recordemos que una de las cartas de presentación de la propuesta del Ejecutivo federal es precisamente haber sido procurador en Chihuahua, en el tiempo precisamente ?como lo anotaba la compañera del PT? del gobierno de Francisco Barrio, y es ahí donde le tocó participar en el más terrible tiempo de auge de los casos de feminicidios cometidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin dar respuesta ni solución a ninguno de ellos.
Por tanto, para nosotros, para el Partido de la Revolución Democrática, la reciente designación constituye una verdadera estampa de impunidad al más alto nivel político de este país.
Por eso no estamos de acuerdo con la propuesta o el nombramiento que ha hecho el Ejecutivo federal. Así también necesitamos revisar el Sistema de Seguridad Pública Nacional que empieza con los delitos del fuero común, pasando por los delitos del fuero federal y terminando en las matanzas indiscriminadas, que dan la impresión de que estamos en un país en guerra.
No olvidemos que la seguridad pública inicia con la prevención en la educación y termina con la readaptación social. Ambos, principio y fin que, debemos exigir al Ejecutivo.
Mayor transparencia y atención, más estrategias e inteligencia para contener al hampa y no sólo dar golpes espectaculares que, si bien nos ayudan, no resuelven de fondo el problema.
Grupos paramilitares como los Zetas, La Familia o los carteles de Sinaloa, Tijuana, Juárez, en otras palabras, la comunidad delictiva hoy ha llegado al grado no nada más de envenenar a los mexicanos, sino que ya se ha constituido en una empresa de extorsión, chantaje y muerte a nivel nacional.
Esto no lo podemos permitir, por lo que vuelvo a reiterar la urgencia de citar al nuevo procurador general de la República de este país, así como también al secretario de Seguridad Pública Federal, que en mi opinión particular también debería estar en estos momentos dimitiendo del cargo.
Ahora bien, combatir la inseguridad pública sin brindar mejores condiciones de vida y economía a las familias de México resulta insuficiente, toda vez que desigualdad social y delincuencia van de la mano.
Por último ?para los compañeros que están silbando? resultan lógicos los relevos que se efectuaron el día de ayer en el gobierno federal, lo que nos lleva a la conclusión de que los funcionarios que dejan el encargo fueron eminentemente ineficaces.
Lo que genera sospecha, compañeros y compañeras legisladoras, es el haberlos efectuado, es decir, haber efectuado estos cambios antes de que comparecieran ante este órgano legislativo a informar del estado en que lamentablemente dejan estas tres importantes instituciones de la república. Gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado José Gerardo de los Cobos Silva, hasta por cinco minutos.
El diputado José Gerardo de los Cobos Silva: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, por un lado se reconoce que hace unos días el presidente de México acaba de hacer una convocatoria a todos.
Por otro lado, no se quiere hablar de que está ejerciendo sus facultades legales y creo precisamente que hay que centrar el tema, porque sí es su facultad.
El artículo 89 constitucional nos dice claramente, en su fracción II, que el presidente puede nombrar y remover libremente a todos los encargados del despacho. Y en la IX, precisamente en el caso del procurador, que hoy las fuerzas que tienen representación en el Senado podrán decir su parecer en cuanto a ese nombramiento, según lo dispone la fracción IX del mismo artículo.
Creo que precisamente la expresión de sus puntos de vista muy respetables, con los que por supuesto no coincidimos los diputados de Acción Nacional, y no por una diferenciación política, sino porque creemos que es necesario que hoy por hoy, como el Poder Ejecutivo es unipersonal, y el responsable de los resultados finalmente es el presidente de la república, requiere que este Congreso mande un mensaje al pueblo de México.
¿Vamos a ir por las cosas de fondo, o no? ¿Vamos a ponerle los puntos a las íes o no? Estos nombramientos tendrán que dar resultados. Y, no solamente ustedes, sino todos debemos estar pendientes de esos resultados.
Pero las medidas de los cambios en el gabinete del presidente no van solas, hay otras, las anunció. Son cosas concretas. El llamado es para todos.
En este paquete que se manda para el 2010 se incluye una reforma profunda a la administración pública. Se reducen estructuras del gobierno, se promueven cambios en la manera de hacer las cosas, porque hay que hacer más con menos.
Representa un esfuerzo inédito promoviendo un plan de austeridad para el ejercicio fiscal 2010 que generaría ahorros aproximados de 80 mil millones de pesos. Se suprimen tres secretarías de Estado: la de Turismo transfiere sus funciones a Economía; la Reforma Agraria transfiere sus funciones a Desarrollo Social y a Agricultura; la Función Pública transfiere sus funciones a una contraloría que dependa directamente del titular del Ejecutivo.
Disminuir el gasto en muchísimos conceptos, la estructura de altos mandos y direcciones. Hay un actuar consecutivo en la reducción de ingresos en los altos funcionarios; congelar sus sueldos, como lo hemos propuesto aquí mismo en este Congreso y lo haremos los diputados de Acción Nacional y convocamos a que todos los legisladores hagamos lo mismo. En esta medida se habrán disminuido, en el caso del gobierno federal, 40 por ciento en términos reales, los sueldos de los mandos medios y superiores.
Disminuir el gasto en embajadas y representaciones, así como en delegaciones estatales de las secretarías de Estado. Reducir gastos administrativos de representación y de operación, reduciendo viáticos, gastos de representación, asesorías y consultorías para que vea el pueblo de México que esto va en serio. Es muy importante trabajar en el sector público; debe ser significado de servicio y no de privilegios. Esto es muy importante.
No quisiera entrar a la confrontación con argumentos y aunque pudiéramos decir muchas cosas, no solamente hay que hablar del funcionario saliente; hay que hablar del sistema saliente, y antes de que lo malinterpreten tenemos que buscar un nuevo esquema de trabajo.
Tenemos que sacar a este país adelante, tenemos que olvidarnos de muchas diferencias. No tenemos tiempo. Hablamos de dejar un mejor México a nuestros hijos. A mí me gustaría que pudiéramos empezar por nosotros mismos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Buenas tardes, compañeros diputados y compañeras diputadas. El desprecio de Calderón al Poder Legislativo es tan grande que dice que va a desaparecer secretarías sin modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que le corresponde a esta soberanía modificar para que esas secretarías puedan desaparecer. Ésa es sólo una muestra del profundo desconocimiento, de su ignorancia y de su falta de respeto a este Poder Legislativo.
Y luego nos dice Acción Nacional que hace un llamado al diálogo. Yo les recomiendo que no hagan caso de sus llamados. El comité de bienvenida está encabezado por la Policía Federal Preventiva y es un poco brusco ese comité de diálogo y de recepción de diputados.
Por otra parte, quiero comentar quiénes son los nuevos hombres del gobierno de facto: Francisco Mayorga Castañeda, acusado por la Auditoría Superior de la Federación de manejar de manera irregular 200 millones de pesos. Dio apoyos en demasía, pagos improcedentes en exceso, duplicados recursos depositados en cuentas bancarias improductivas, y observaciones sin solventar; éstas son sólo algunas de las irregularidades. Aquí está el Informe ejecutivo de la Auditoría Superior de 2005.
En el caso de Juan José Suárez Coppel, es ?como aquí ya se mencionó? un hombre de la iniciativa privada. Su función es liquidar Petróleos Mexicanos, acabar con esta importante empresa nacional, pilar de la actividad económica del país; pero está acusado de otorgar contratos, mediante tráfico de influencias, por cientos de millones de pesos. Hay una investigación abierta en la Secretaría de la Función Pública que Calderón quiere desaparecer, y en la Auditoría Superior de la Federación de hechos de corrupción a favor de Arrendadora Ocean Mexicana, con contratos de adjudicación directa por más de 53 millones de pesos y otro por una licitación de 265 millones de pesos ?por cierto, esta empresa en el gobierno de Calderón ha obtenido contratos por 318 millones de pesos?.
Sólo una perla más de este funcionario público. Hizo una licitación directa de un fletamento de un buque tanque por 44 millones, 127 mil pesos, éste es el tipo de hombre que hace negocios al cobijo del poder y que genera corrupción en el gobierno de facto.
Arturo Chávez Chávez, ya aquí se dijo que fue procurador en Chihuahua en la época más oscura y de más asesinatos de mujeres en la frontera norte de nuestro país, en Ciudad Juárez, Chihuahua; pero no se ha mencionado que fue subsecretario de Gobernación con Abascal, y que fue el negociador en Oaxaca con la APPO; ése es más o menos el perfil de diálogo y de negociación que el gobierno de Calderón pretende hacer; un represor encubierto, un justificador de asesinatos de mujeres, un hombre que permitió la impunidad, que prefabricó delitos y que hizo tropelía y media al frente de la procuraduría en Chihuahua, y que hoy se suma a "los cómplices del presidente", como dice Anabel Hernández en su libro, para fomentar la corrupción y la ineficacia, a mí me parece que son demasiados cambios, tres.
Yo creo que se podría sintetizar en uno sólo; Calderón debe renunciar, y debe renunciar por su clara incompetencia, por su incapacidad, por su necedad en seguir con una línea que ha sumido al país en la crisis económica, política y social más grave de su historia moderna. Es el peor gobierno que haya tenido la república, el peor; eso sin contar su origen ilegítimo.
Qué hace la ciudadanía cuando tiene a alguien que no ganó la elección, que incumplió sus promesas de campaña, que está sumido en la corrupción, en la ineficacia, que no puede hacer contacto con la población del país, porque siempre va acompañado de un aparato de mal llamada "seguridad" que atropella derechos y garantías constitucionales.
Lo que debería hacer el pueblo de México es revocarle el mandato; pero como no hay el mecanismo de revocación de mandato, el mayor servicio que le podía hacer a la nación, Calderón, es renunciar al cargo que el pueblo de México no le otorgó.
Quiero terminar, diputado presidente, planteando mi respaldo a los coordinadores parlamentarios, pero planteando también que no debería ser limitado este debate. Éste es un debate político muy importante y debería estar abierta la lista de oradores y la lista de opiniones de manera libre en esta soberanía. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Informo que no registraron oradores, como segundo orador, ni Convergencia, ni Nueva Alianza, ni el Partido Revolucionario Institucional, ni el Partido Verde Ecologista. Por tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Ramírez Rangel del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Jesús Ramírez Rangel: Con su venia, presidente. Está claro que este Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados, en particular, son sin duda la representación de la pluralidad que vivimos en nuestro país y, en Acción Nacional sin duda alguna, somos respetuosos del debate como siempre lo hemos sido en nuestra larga tradición parlamentaria.
Pero en nuestra función legislativa también es importante ser respetuosos de las facultades de cada poder de la Unión y, en consecuencia, de todos los niveles de gobierno. Respeto que el presidente Calderón sin duda ha tenido y lo tiene, incluso, con los cambios presentados el día de hoy y que se habrá de traducir en una iniciativa de reforma que está próxima a llegar a la Cámara de Diputados.
En su artículo 89, en su fracción II, se otorga la facultad de nombrar y remover libremente al titular del Ejecutivo federal, a dos de los nombramientos que hiciere ayer y en los hechos hoy. En cuanto al nombramiento del procurador general de la República, el propio artículo 89, como lo diría mi compañero, el diputado de los Cobos, establece al igual que en el artículo 76, relativo a las facultades exclusivas del Senado de la república, que esa designación se habrá de hacer con la ratificación del Senado de la República, mismo que para tal efecto tendrá que valorar la propuesta hecha por el presidente Calderón, que sin duda alguna es una propuesta honesta y acorde con los tiempos actuales. Por tanto, no coincidimos con lo dicho aquí.
Hace apenas unos días, compañeras diputadas y compañeros diputados, el presidente Calderón, en su mensaje, nos llamaba a redoblar esfuerzos, a corregir el rumbo que se tuviera que corregir y a acentuar los éxitos, que sin duda se han tenido.
Estos cambios reflejan el mensaje del presidente. En los 10 puntos que fijó el presidente en su mensaje a la nación y en su programa de gobierno están las pautas que estos nuevos funcionarios habrán de seguir. No es el perfil de estos nuevos funcionarios lo que debemos de estar discutiendo, salvo el que le corresponde al Senado de la República, que además es su facultad exclusiva.
Hoy el país espera respuestas de esta Cámara de Diputados. Hoy las mexicanas y los mexicanos esperan ver si estamos dispuestos a responder al reto que a todas y a todos se nos planteó en el pasado proceso electoral, y al reto que el ciudadano presidente nos planteó en su mensaje.
El pueblo de México espera saber si en esta Cámara de Diputados habremos de colaborar para facilitar y fortalecer el trabajo de estos nuevos funcionarios públicos. Un trabajo que, sin duda, será en favor de las mexicanas y los mexicanos bajo las órdenes del titular del Ejecutivo y con estricto apego al marco constitucional.
En Acción Nacional esperamos e invitamos cordialmente a alcaldes y gobernadores para que se sumen a esta batalla de austeridad y trabajo que hoy el presidente presentó. Estos cambios que el presidente está encabezando son, sin duda, en beneficio de todos los mexicanos.
Los invitamos a que participen de esta austeridad y en este trabajo. Los invitamos a que en las órdenes locales y en el orden estatal también se apliquen medidas de austeridad. Y lo mismo en esta Cámara de Diputados, todos están invitados. Los invito a seguir el ejemplo del presidente. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso. Compañeros y compañeras, me preocupan los cambios anunciados ayer por el presidente, principalmente la designación de Arturo Chávez Chávez, quien, además de estar al frente de un eje estratégico del país como es la procuración de justicia, cuenta con antecedentes que ponen en entredicho su capacidad y trayectoria en este ámbito.
No podemos olvidar que él se desempeñó como subprocurador de Asuntos Internos del estado de Chihuahua en 92. Fue delegado de la PGR en 94, y de 96 a 98 llegó a encabezar la Procuraduría General de Justicia de ese estado, tiempo en el que enfrentó diversas polémicas.
Entre ellas se destaca el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, llegándose incluso a realizar una visita inocua por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz de la denuncia que organismos no gubernamentales hicieran del incremento de asesinatos de mujeres a partir de 93, protestando contra la ineficiencia de los servicios de seguridad pública y procuración de justicia, particularmente de la inaccesibilidad del recién designado procurador para aclara estos crímenes, pues su omisión fue la cuna a la ominosa impunidad en los homicidios de mujeres y niñas en Ciudad Juárez.
La falta de respuesta de las autoridades, a cuyo frente se encontraba Arturo Chávez Chávez, llegó a denunciarse también a través de una recomendación que en 98 emitiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, misma que se refirió a la insuficiencia de respuesta oficial frente a los asesinatos de mujeres, exigiéndose la aclaración de crímenes y el procesamiento de sus perpetradores, así como la imposición de sanciones a los funcionarios que estaban involucrados por omisión de cumplir sus obligaciones conforme a la ley.
En este contexto, me pregunto, ¿cómo es posible ratificar a una persona con tal trayectoria, cuya falta de capacidad derivó no sólo en recomendaciones de organismos internacionales, sino también en la impunidad de crímenes de mujeres y niñas cuyos familiares fueron nuevamente victimizados por la falta de respuesta de las autoridades.
Es necesario que áreas estratégicas como ésta sean ocupadas por personas, que además de cumplir con los requisitos mínimos que estipula el artículo 10, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se destaquen por una trayectoria de buenos resultados en materia y reconocida públicamente, que además tengan un compromiso con lograr el ejercicio pleno de los derechos humanos de hombres y mujeres, situación que por lo expuesto aquí dista mucho de cumplirse. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Ha concluido el tema correspondiente en el orden del día y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es efeméride relativa al aniversario de la Batalla del Molino del Rey.
Tiene la palabra el diputado Jorge Venustiano González Ilescas, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Jorge Venustiano González Ilescas: Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias, compañeras, compañeros diputados, el 8 de septiembre, en un día como hoy, pero de 1847, la capital del país es sitiada por el ejército norteamericano. La invasión, que había empezado en Palo Alto, en 1846, se encontraba a pocos kilómetros de la Ciudad de México. Sólo dos fortificaciones defendían la entrada a la capital del país: Casamata y el Molino del Rey.
Durante la batalla cayeron valientes soldados mexicanos que se enfrentaron a la artillería norteamericana dejando un legado de sacrificio y valor dignos de recordarse hoy.
México perdió vidas valiosas. Al fragor de la batalla en el Molino del Rey perdió la vida, entre otros, el valiente oaxaqueño mixteco, general Antonio de León, caudillo de la Independencia que dio su vida por defender a México de la invasión norteamericana.
Recordar esa fecha es tener presente que nuestro país y sus instituciones han sido construidos con sacrificio; que nuestro proyecto de nación no surge de un plan concreto, pero sí de una idea que fue defendida por gente que buscó nuevas oportunidades de desarrollo y que se sumó al proyecto de libertad y prosperidad.
Empezó como un grito amorfo y desordenado, inició como la reivindicación de una casta, pero concluyó con los colores triunfantes de las tres garantías. El grito de independencia finalizó con la unión de indígenas, zambos, mulatos, criollos y peninsulares.
Los oaxaqueños recordamos al general Antonio de León por su obra libertaria, por su profundo amor a nuestra patria, pero sobre todo por su clara visión de construir lo que más conviene. Así, él propuso el 1 de junio de 1823 que Oaxaca se uniera al sistema federal y proclamó al estado libre y soberano. Desde entonces, éste goza de sus facultades y obligaciones al hacer válido el Pacto federal. El futuro de Oaxaca no está ?pensó? en quienes posean coronas o títulos nobiliarios, sino descansará en las instituciones, en las libertades y en el consenso de cada uno de los actores que de manera pacífica deseen contribuir en su progreso.
Hoy es una fecha importante, porque coincide la gesta heroica del Molino del Rey con la entrega formal del Ejecutivo federal a esta Legislatura del paquete fiscal 2010. Los diputados de la LXI Legislatura habremos de revisarlo, analizarlo, discutirlo, modificarlo, acordarlo y finalmente aprobarlo ?espero? para bien de México y de los mexicanos.
Los oaxaqueños esperamos del Ejecutivo una propuesta de un presupuesto federalista que entienda las necesidades regionales, los rezagos históricos como el que se tiene en la tierra del general Antonio de León.
Deseamos que con más, Oaxaca pueda en poco tiempo alcanzar los niveles de desarrollo del resto del país, por lo que pedimos respetuosamente a esta soberanía la consideración; y del Ejecutivo federal exigimos el respeto y su comprensión también, para alcanzar un presupuesto que permita salir a Oaxaca de sus rezagos en salud, en educación, en agricultura, en comunicaciones, en proyectos productivos, en la recuperación de su medio ambiente; y de manera muy significativa, exigimos atención para los más pobres y de ello destaco a las mujeres de la región mixteca que yo represento.
Recordemos la historia, recordemos cómo hoy, pero en el año de 1847, vivíamos también crisis económica. Sin embargo ésta, el día de hoy, puede alcanzar dimensiones más graves cuando no hay consensos sociales ni acuerdos políticos.
Nuestra historia nos demuestra que el peor enemigo de México son las decisiones, las guerras y la violencia y que nuestro mejor aliado siempre han sido los consensos, los acuerdos, el trabajo y el progreso.
No olvidemos, señoras, señores diputados, que nuestra Independencia triunfó por un abrazo conciliador, como el de Acatempan, y no por guerras que impiden que los mexicanos gocemos de la calidad de vida que merecemos.
Hoy, compañeras y compañeros diputados, el pueblo de México nos exige cuentas. Nuestro trabajo hagámoslo bien, hagámoslo juntos, hagámoslo con responsabilidad; pero, sobre todo, hagámoslo con humildad y pensando en este pueblo que el día de hoy espera mucho de nosotros. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal.
La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Para solicitar se inserte íntegramente el texto que he preparado en este tema. Declino mi participación en tribuna. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputada, como usted lo solicita, se inserta. Le agradecemos su comprensión. Muchas gracias. Secretaría, por favor infórmenos en qué condiciones estamos de esta asamblea.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, Secretaría.
Quiero informar a la asamblea que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se une a la pena de la familia del señor Floriberto Guadalupe Cruz Hernández, padre de nuestra compañera diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, a quien le expresamos nuestras más sentidas condolencias y le enviamos un abrazo solidario. Descanse en paz.
Se levanta la sesión (17:03 horas) y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 10 de septiembre a las 11:00 horas. Se les informa que las listas de asistencia estarán disponibles a partir de las 9:30 horas. Muchas gracias.