La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se invita a las diputadas y los diputados que no han registrado su firma de asistencia a esta sesión pasen a las mesas instaladas en el vestíbulo principal de acceso al salón de sesiones. Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 418 diputados. Por tanto, hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (11:39 horas): Muchas gracias. Se abre la sesión.
Deseo invitar a todos los medios de comunicación para que por favor concluyan su tarea y tomen su lugar que se les ha asignado para el cumplimiento de su responsabilidad.
Asimismo, señoras diputadas y señores diputados, la Mesa Directiva participa el fallecimiento de la ciudadana Margarita García Flores, quien fuera activista intelectual y una de las primeras mujeres en ocupar un cargo de elección popular, diputada federal en la XLIII Legislatura y en la XLIX Legislatura, por el estado de Puebla.
Fue declarada la mujer del año en 1978, y en 1979 recibió la medalla al Mérito Jurídico. A sus 18 años fue directora de la sección femenil del Partido Revolucionario Institucional, en los momentos de la conquista del derecho a votar y ser electa. Y fue precursora de los derechos políticos de las mujeres.
Por tanto, señoras diputadas y señores diputados, se pide a los presentes ponernos de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria. Descanse en paz.
(Minuto de silencio)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte a la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, solicito a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Señor diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo (votación). Señor diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se aprueba el acta. Continúe la Secretaría con el capítulo de Comunicaciones
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Gracias, señor presidente.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se recibió el siguiente comunicado:
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presente.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 50, fracciones IV, V, XI, y 58, fracción XVII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro (2 de septiembre de 2009), resolvió aprobar el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se solicita a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión que considere, dentro de sus prioridades, la eliminación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
Publíquese en dos diarios de circulación nacional.
Sírvanse encontrar, anexo al presente, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.
Sin otro particular reitero a usted mi consideración distinguida.
Atentamente, diputado Salvador Pablo Martínez della Rocca, presidente. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: De la Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para el análisis del Tercer Informe de Gobierno del presidente de la república, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en materia política, de economía y sociedad.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 7, y con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de sus facultades, y
Considerando
Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 69 prescribe que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la república presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país
Segundo. Que en consonancia con el artículo 7, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General, las Cámaras analizarán el informe presentado por el presidente de la república por materias: política interior, política económica, política social y política exterior.
Tercero. Que resulta necesario establecer el formato por el cual se desarrollará el análisis temático en materia política, de economía y sociedad, atendiendo al acuerdo emitido por la Mesa Directiva de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, relativo a la recepción y el trámite del Tercer Informe de Gobierno del presidente de la república, el cual prescribe que cada una de las cámaras definirá la forma en que se realizará el análisis de dicho informe.
En ese sentido se determina que el análisis se lleve a cabo con la participación de todos lo grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, en el pleno de la Cámara y durante una misma sesión.
En razón de lo expresado, con fundamento en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 7 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General, este órgano de gobierno somete a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
1o. La Cámara de Diputados, en los términos del segundo párrafo del artículo 69 constitucional, así como el numeral 4 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda la realización del análisis del Tercer Informe de Gobierno del presidente de la república, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a efecto de que los grupos parlamentarios dispongan de una mayor amplitud temática al abarcar los rubros señalados por el propio artículo 7 de la Ley Orgánica. El análisis se efectuará en tres grandes temas: Política, economía y sociedad.
2o. El análisis del Tercer Informe de Gobierno tendrá lugar en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados correspondiente al jueves 10 de septiembre de 2009.
3o. El formato a que se sujetará el análisis referido es el siguiente:
1.- Tres rondas de intervenciones de los grupos parlamentarios. Las intervenciones tendrán una duración de hasta 10 minutos.
Primera ronda de intervenciones: Grupo Parlamentario de Convergencia, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Grupo Parlamentario del PT, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Grupo Parlamentario del PRI.
Segunda ronda de intervenciones: Grupo Parlamentario de Convergencia, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Tercera ronda de intervenciones: Grupo Parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del PAN y Grupo Parlamentario del PRI.
Durante el análisis en materia política de economía y sociedad del Tercer Informe de Gobierno, sólo tendrán lugar las intervenciones anteriores descritas. Corresponderá a la Mesa Directiva velar por el cumplimiento del presente acuerdo.
Cuarto. Comuníquese a la Mesa Directiva para los efectos legales a que haya lugar.
Quinto. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 9 días del mes de septiembre de 2009.
Firman el diputado Francisco José Rojas Gutiérrez, presidente y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y la diputada Josefina Eugenia Vázquez Mota, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Firman en contra los diputados: Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Juan José Guerra Abud, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y Pedro Vázquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Firma diputado Reyes S. Tamez Guerra, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
En contra, el diputado Pedro Jiménez León, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Está a discusión. Ha pedido el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia. Le pediría, señor diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Jaime Cárdenas Gracia (desde la curul): Pedir lectura de documentos, de textos jurídicos. Quiero que lean el párrafo segundo del artículo 69 de la Constitución, el artículo 70 de la Constitución; el artículo 7o., párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y también deseo tomar la palabra. Inscribirme en la lista de oradores.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿En pro o en contra, señor diputado?
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): En contra.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En contra. Entonces se abre un registro de oradores. En contra están inscritos: el diputado Jaime Cárdenas Gracia y el diputado Gerardo Fernández Noroña.
¿Algún diputado se inscribe en pro del documento leído? Bien. Entonces se cierra la lista de diputados inscritos, en los términos del artículo 123. Adelante, señor diputado.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, creo que tanto esta proposición con punto de acuerdo, como la siguiente, ambas de la Junta de Coordinación Política, presentan tres cuestiones muy preocupantes que no han sido atendidas en estas proposiciones y proyectos de acuerdo.
El primer punto ?y que por esta razón los grupos parlamentarios de Convergencia, del PRD, del PT, han votado en contra? es porque se está violando, evidentemente y con claridad, el artículo 70 de la Constitución, que establece con meridiana expresión gramatical lo siguiente, en su párrafo tercero: "La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados".
Este acuerdo y el siguiente no están dando libertad de expresión ni están respetando a las corrientes ideológicas que integramos esta Cámara de Diputados, transgrediendo el párrafo tercero del artículo 70. Es decir, en esta Cámara no hay igualdad de oportunidades entre las fracciones parlamentarias; hay fracciones parlamentarias de primera, de segunda y de tercera, y eso nos parece inaceptable, porque este recinto es para parlamentar, para deliberar y para expresarnos libremente.
El segundo punto, del que noto ausencia y veo con preocupación ?sobre todo en la siguiente proposición de acuerdo, pero también en ésta? es que se elimina lo que señala el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución, que señala que cuando comparezcan funcionarios públicos, servidores públicos, secretarios de Estado, procurador, directores de las entidades paraestatales, lo harán, comparecerán rindiendo informe bajo protesta de decir verdad.
Esta segunda obligación que es constitucional, que se encuentra en el párrafo segundo del artículo 69 constitucional, no se prevé en los acuerdos. No hay ningún señalamiento, ninguna regulación para exigir que los altos servidores públicos que comparecerán lo hagan bajo protesta de decir verdad.
Y lo tercero, que también me llama mucho la atención, tanto el artículo 69, pero sobre todo el artículo 93 de la Constitución establecen algo muy importante: la posibilidad de que las Cámaras puedan requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor de 15 días naturales a partir de la recepción.
Pregunto a esta Junta de Coordinación Política, que parece que rige los destinos de esta Cámara y en donde los legisladores parecemos de segunda o de tercer nivel, ¿cómo se va a regular por la Cámara de Diputados el requerimiento y la solicitud de información o documentación para que hagamos preguntas como lo establece el artículo 93 de la Constitución?
A mí me parecen ausencias muy graves el que no se quiera rendir protesta o que se impida que rindan protesta los servidores públicos que comparecerán ante esta soberanía, que no se regule la posibilidad de que la Cámara haga preguntas y requiera información a los legisladores, violando con ello el artículo 69, párrafo segundo y, 93 de la Constitución.
Y termino diciendo, lo más grave es la limitación y la restricción a la deliberación en un órgano que es esencialmente deliberante. Esta Cámara junto con la de Senadores y los Congresos locales son órganos deliberantes. Estamos aquí para parlamentar, para discutir, para debatir, no para restringir la libertad de expresión ni de los grupos parlamentarios, como establece el artículo 70 de la Constitución, ni para restringir la libertad de expresión de los legisladores. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados, compañeras diputadas, no hay duda de que el debate de la glosa del informe, a pesar de que no fue presentado en tiempo y forma a esta soberanía, debe realizarse dentro de un formato que acordemos, tratando de sacar provecho máximo a nuestro tiempo y a nuestra responsabilidad.
Nosotros por eso estamos a favor de un orden justo. Los coordinadores del PRI y el PAN están a favor de un orden mandarín. A mí me parece que esta Legislatura no puede seguir teniendo pastores y no debe seguir permitiendo que se esté constriñendo el debate político.
Miren, el 1 de septiembre aquí, en esta máxima tribuna, se fijan posiciones de todos los grupos parlamentarios por igual, en equidad. No se le da un minuto a alguien para que venga a saludar porque tiene equis número de votos y a otro se le da media hora. Todos intervienen en el respeto a la pluralidad de esta Cámara y expresan una posición política que el pueblo de México determinó que fuera parte de esta pluralidad.
Sin embargo, en el formato que están presentando para la glosa del informe que, por cierto, los artículos invocados, el 7 y el 34, fracción I, de la Ley Orgánica, no le dan ninguna facultad a la Junta de Coordinación Política de presentar este proyecto.
Es falso que ése sea su sustento jurídico. Su sustento jurídico es nulo, es la costumbre, el acuerdo de unos cuantos; pasando por encima del derecho de todos los diputados, ya no digamos de las fracciones parlamentarias, a fijar su posición sobre temas tan importantes.
Se pretende aquí, con este documento que se presenta, que el PT, Convergencia, el Partido Verde, Panal, solamente intervengan en dos rondas: en política y en economía, y en sociedad que no tengan ninguna posición. Sé que no quieren que brillemos en sociedad, pero es importante que se conozca la posición de todos los partidos sobre estos temas y sobre esta materia.
Quiero reconocer, en primer lugar, la solidaridad del diputado Alejandro Encinas Rodríguez, quien, a nombre de la fracción del PRD, votó en contra teniendo una tercera participación y reclamando la equidad y el respeto a la pluralidad de esta Cámara.
Y quiero dejar en claro que el diputado Pedro Vázquez, del PT; el diputado Pedro Jiménez, de Convergencia; y el diputado Juan José Guerra, del Partido Verde, votaron en contra, exigiendo respeto a la pluralidad, la tolerancia y a este reconocimiento de los diversos puntos de vista que deben ser expresados en esta Cámara de Diputados.
No puede ser que aquí pasemos horas oyendo asuntos de trámite, leyendo documentos sin importancia, le metamos muchísimo tiempo a esto y, de repente se abran hasta 12 oradores a favor, sin ninguno en contra. Aquí, gastando miserablemente nuestra paciencia y nuestro tiempo, y los temas fundamentales no sean abordados y discutidos con absoluta seriedad y responsabilidad.
Quiero también denunciar aquí que mi grupo parlamentario, el Partido del Trabajo, solicitó en tiempo y forma que se incluyera el tema del secuestro del avión que montó García Luna. Por cierto, muy bien, como le gusta a él hacer espectáculos, manipulando para desviar la atención de los temas económicos, de la brutal agresión que el paquete económico va a generar en contra del pueblo de México.
No lo vamos a permitir, por cierto. El mandarinato decidió no incluirlo, porque lo creyó no importante, a pesar de que un diputado local del Partido del Trabajo fue vejado en ese vuelo, supuestamente secuestrado.
Basta ya de este orden, que no es un orden sino es un debate ligero; un debate a modo, un debate rapidito, donde los tiempos no se utilizan en los temas sustanciales.
Estamos exigiendo un orden justo, respeto, tolerancia y estamos advirtiéndoles que si aprueban este formato, nosotros de todos modos vamos a intervenir en la glosa del informe conforme con la ley, conforme con el derecho que tenemos como diputados y como hombres y mujeres libres que somos. No vamos a permitir que pasen por encima de nuestra voz, de nuestro derecho, de nuestra conciencia y de nuestros principios. Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Felipe Solís Acero.
El diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señor presidente, para referirme a los planteamientos que han hecho los preopinantes. Me referiré a tres cosas específicas.
Primero, el asunto relativo al formato. No es ajeno a la práctica parlamentaria usual de esta Cámara de Diputados el formato de la proporcionalidad, que tiene su origen en lo que dispone la ley respecto del valor de los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política, adonde concurre cada grupo parlamentario con el peso específico del tamaño de sus bancadas. Así está establecido en la ley y ésa ha sido la práctica parlamentaria en este tipo de sesiones en esta Cámara.
Segundo tema, las comparecencias y la obligación de rendir protesta de los servidores públicos. Es cierto, fueron modificados los artículos 69 y 93 constitucionales para establecer hipótesis diferentes, porque regulan hipótesis distintas. El 69, las comparecencias y los informes y la pregunta parlamentaria con motivo del informe presidencial; y el 93 constitucional con motivo de comparecencias de servidores públicos para informar, no respecto del informe presidencial, sino del despacho normal, ordinario, de los asuntos de su ramo; y también las comparecencias y las preguntas parlamentarias correspondientes al despacho de los asuntos de su ramo. En este caso, el del 69, y también en el del 93, las comparecencias de servidores públicos, ciertamente, deben hacerse bajo protesta de decir verdad.
Por tanto, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en que se incorpore al acuerdo del pleno el señalamiento de que, antes de que se desahogue la comparecencia de los servidores públicos se rinda la protesta que establece la Constitución, aclarando que si eso no estuviera en el acuerdo parlamentario ?hay que decirlo con claridad?, de cualquier manera la Mesa Directiva, particularmente su presidente ?porque las comparecencias serán ante este pleno? tendría que desahogarlo porque se trata de una obligación de carácter constitucional; pero no tendríamos inconveniente en que se agregara el resolutivo respectivo.
Finalmente, el diputado Jaime Cárdenas pregunta que cómo se van a desahogar las preguntas parlamentarias que se formulen con motivo del informe a los servidores públicos comparecientes. No hay preguntas parlamentarias a los servidores públicos comparecientes, no hay preguntas parlamentarias a los servidores públicos comparecientes, lo que establece el segundo párrafo del artículo 69 constitucional, reformado el año pasado, en agosto, vigente desde el mes de agosto del año pasado, son preguntas parlamentarias, preguntas por escrito, dice la Constitución, al presidente de la República.
Una vez que se ha hecho el análisis del informe que vamos hacer aquí el día de hoy, una vez que se han hecho las comparecencias correspondientes, si las cámaras tienen duda sobre el contenido del informe y el desahogo de las comparecencias, las cámaras pueden preguntar, pueden formular preguntas parlamentarias, preguntas por escrito, dice el segundo párrafo del 69 constitucional, al presidente de la República.
Aclaro, hay una confusión, porque ciertamente esta Cámara puede formular preguntas por escrito a los secretarios de estado, a los titulares de los organismos descentralizados e incluso a los titulares de los órganos autónomos, pero no con motivo del informe presidencial, lo dice con claridad el 93, sino con motivo del normal y ordinario desarrollo de los asuntos correspondientes a su despacho.
La hipótesis que vamos a abordar el día de hoy y en las semanas subsecuentes, no es la del artículo 93, diputado Cárdenas, sino la del segundo párrafo del artículo 69 y en consecuencia lo que procede es establecer la forma en que esta Cámara formulará en su momento las preguntas por escrito al presidente de la república. Gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Desea hacer uso de la palabra otra vez el diputado, Cárdenas, por qué razón. Adelante.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Por alusiones, señor diputado. Parece muy esclarecedor lo que ha señalado el diputado, Felipe Solís Acero, pero yo insisto en que en este formato, en estos formatos que hoy se ponen a la consideración del pleno, es fundamental que exista una regulación aunque se dé en un momento posterior, por ejemplo, del tema de las preguntas que haremos al Ejecutivo.
Y también me parece que en la intervención del diputado Solís Acero no hubo una justificación, desde mi punto de vista, adecuada de cómo relacionar las normas de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con lo que establece el artículo 70 de la Constitución.
El artículo 70 de la Constitución es clarísimo, debe garantizarse la más plena libertad de expresión a los grupos parlamentarios, que es lo que este proyecto de acuerdo o proposición está restringiendo.
Entonces me parece que es equivocado leer la Constitución o interpretarla a partir de una ley secundaria, cuando el principio de supremacía constitucional nos dice que debemos leer la ley secundaria desde la Constitución y la Constitución da equidad, establece el derecho a la libre expresión de los grupos parlamentarios en el artículo 70 de la Constitución.
Por tanto, cualquier otra interpretación de la Ley Orgánica de este Congreso que restrinja o limite o no maximice la libertad de expresión de los grupos parlamentarios es una interpretación inatendible, es una interpretación no procedente jurídicamente.
En este país, para que haya estado de derecho hay que hacer valer en primer lugar la Constitución, después las leyes y los reglamentos que de ellas emanen. Pero en primer lugar está el principio constitucional y el principio constitucional en el artículo 70 a todos nos da esa libertad de expresión, a todos los grupos parlamentarios. Ese principio no puede ser restringido por una ley secundaria.
E insisto, en mis dos otros temas. En el tema de la protesta creo que hay acuerdo por parte de la fracción del PRI ?según lo entendí de la intervención de licenciado Solís Acero? que es muy importante que se incorpore en la regulación de estos acuerdos que cualquier servidor público, ya sea para la glosa del informe, en los términos del artículo 69 o para el despacho de los asuntos ordinarios de gobierno y en los términos del artículo 93 de la Constitución, en ambos casos, los servidores públicos que ante esta soberanía comparezcan deben asumir y deben rendir la protesta de decir verdad sobre la información que aquí sustenten.
No está de más. Desde este momento no hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy: que se regule en estos acuerdos de la Junta de Gobierno también el tema de las preguntas que hará la Cámara de Diputados, en su momento, a los informes que recibamos de parte de los secretarios de Estado y al informe que presentó, o que dice que presentó, Felipe Calderón ante esta soberanía. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Al no haber quien más haga uso de la palabra, le pido a la Secretaría pregunte a la asamblea si lo considera suficientemente discutido.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). eñor presidente, es mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Se considera suficientemente discutido.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Sí, señor presidente. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, es mayoría afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Continúe la Secretaría con la siguiente Proposición de los acuerdos de los órganos de gobierno.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo federal para el análisis del Tercer Informe de Gobierno del presidente de la república, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y del paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2010.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, numeral 4, 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero. Que el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de cada año de ejercicio del Congreso el presidente de la república presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.
Segundo. Que el numeral 4 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las Cámaras analizarán el informe presentado por el presidente de la república. El análisis se desarrollará clasificándose por materias en política interior, política económica, política social y política exterior.
Tercero. Que, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en el que se impulsan los entendimientos y convergencias políticas, a fin de alcanzar los acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.
Cuarto. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política presentar al pleno, proyectos de proposiciones con punto de acuerdo sobre asuntos que deban ser desahogados en ese órgano.
Quinto. Que para profundizar el análisis del Tercer Informe de Gobierno del presidente de la república y el diálogo constructivo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, la Junta de Coordinación Política ha considerado pertinente citar a comparecer a los secretarios de Estado responsables de la política interior, política económica, política social, política exterior y de seguridad pública.
Sexto. Que el 8 de septiembre del presente año el Ejecutivo federal remitió a la Cámara de Diputados las iniciativas que comprenden el paquete económico fiscal, la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y los Criterios Generales de Política Económica, que habrán de ser objeto de estudio y dictamen durante el actual periodo de sesiones.
Séptimo. Que en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el secretario de despacho correspondiente debe comparecer a dar cuenta de los mismos.
Con base en los considerandos expuestos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69, 74 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 4 del artículo 7, así como en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados somete a la consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados acuerda la comparecencia ante el pleno de los titulares de las dependencias responsables de la política interior, política económica, política social, política exterior y de seguridad pública, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y dentro del marco regulado por los artículos 69, 74 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Las comparecencias que deberán celebrarse son las siguientes:
9:00 horas, 15 de septiembre de 2009, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens.
11:00 horas, 17 de septiembre de 2009, secretario de Gobernación, Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta.
11:00 horas, 22 de septiembre de 2009, Secretaría de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo.
11:00 horas, 24 de septiembre de 2009, Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
11:00 horas, 29 de septiembre de 2009, secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano.
Tercero. Las sesiones en que se desahoguen las comparecencias se desarrollarán conforme al siguiente formato.
I.- Intervención por parte del funcionario compareciente y de los grupos parlamentarios hasta por 10 minutos en el siguiente orden: secretario del ramo, Grupo Parlamentario de Convergencia, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
II. Habrá hasta tres rondas de preguntas-respuesta-comentario, con el siguiente orden de intervenciones de los grupos parlamentarios.
Primera ronda: Grupo Parlamentario de Convergencia, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del PAN y Grupo Parlamentario del PRI.
Segunda ronda: Grupo Parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del PAN y Grupo Parlamentario del PRI.
Tercera ronda: Grupo Parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del PAN y Grupo Parlamentario del PRI.
III. En el caso de la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, toda vez que también tiene por objeto el análisis del paquete económico para el ejercicio fiscal de 2010, la segunda ronda de oradores se llevará a cabo conforme al siguiente orden:
Segunda ronda: Grupo Parlamentario de Convergencia, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Grupo Parlamentario del PT, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del PAN y Grupo Parlamentario del PRI.
IV. Las intervenciones se desarrollarán de la forma siguiente: pregunta de cada grupo parlamentario, hasta por tres minutos. Respuesta del secretario del ramo hasta por cinco minutos. Comentario del grupo parlamentario hasta por cinco minutos.
V. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados haga del conocimiento del Ejecutivo federal los términos del presente acuerdo, a efecto de que se notifique a los secretarios correspondientes.
VI. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Transitorio. Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 9 de septiembre del 2009. Firman todos los coordinadores que forman parte de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Está a discusión el acuerdo al que se ha dado lectura. Se ha inscrito para hacer uso de la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez. Le preguntaría, diputada, con qué objeto.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Diputado presidente, para hacer una adición al acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pase usted a hacer uso de la palabra, diputada.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Diputado presidente, diputados y diputadas, con fundamento en los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, pongo a consideración de este órgano legislativo las siguientes modificaciones para que se incorporen al acuerdo que se somete a discusión.
Tomando como fundamento lo que aquí se ha dicho anteriormente y la reciente reforma al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en agosto del 2008, que señala en su párrafo segundo, y cito ?también para aclarar lo que aquí estaba señalando el diputado Solís Acero y para responder? "Cualquiera de las cámaras pondrá convocar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos para que informen, bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas". Hasta aquí la cita.
Por tanto, se proponen las adiciones de un segundo y tercer párrafos al artículo 1 del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a las comparecencia de los funcionarios públicos para el análisis del tercer informe, que queden de la siguiente manera.
Artículo 1. Segundo párrafo. Antes de iniciar las comparecencias, el presidente de la Cámara tomará la protesta de decir verdad a los secretarios de despacho comparecientes, a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 69 y el segundo párrafo del artículo 93, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Propongo que al término de la comparecencia se levante un acta de la misma, firmada por el presidente y un secretario de la Mesa Directiva.
Las comisiones ordinarias cuyo ramo competa a las materias del análisis del informe elaborarán un dictamen acerca del contenido de la comparecencia y lo remitirán a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para su seguimiento.
Diputadas y diputados, otros congresos en el mundo llevan a cabo este mecanismo como una tradición republicana. La fuerza del Poder Legislativo en otras latitudes representa el espacio en el cual no se debe ni se puede mentir. Hay que desterrar, de una vez por todas, la simulación. Si se avanzó de alguna manera en el fortalecimiento del Congreso al reformar este segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución en el año 2008, hoy debemos cumplir el formato y emplazar a los comparecientes, respetuosamente, a decir la verdad.
Considero que cada que haya una comparecencia no es necesario que existan estas discusiones, debe ser una práctica parlamentaria de hoy hacia delante. Hago, por tanto, entrega de la propuesta por escrito a la Mesa Directiva. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, una vez que ha sido leída la proposición, la pediríamos por escrito.
¿Ya está? Para efecto de poner a discusión la propuesta que se ha hecho, para poder tener señalada en el artículo 1o. la protesta correspondiente, en los términos del artículo 125 del propio Reglamento para el Gobierno Interior. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se admite tal propuesta.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame la Secretaría. ¿Desea hacer uso de la palabra antes, señor diputado?
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): La moción para aclarar el sentido del voto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputado.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor presidente, el sentido del voto que usted nos pide es si se incluye como artículo 1o. la formal protesta de decir verdad. ¿Es en esos términos exactos?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Es en esos términos, señor diputado. Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta al punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se acepta la proposición. Está a su consideración. Le pido a la Secretaría levante la votación correspondiente, si se acepta la protesta, a efecto de que se levante acta de la misma, firmada por el presidente y un secretario de la Mesa Directiva, las comisiones ordinarias, cuyo ramo competa a la materia del análisis del informe. Se elaborará un dictamen acerca del contenido de la comparecencia y lo remitirán a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su seguimiento. Le pido a la Secretaría consulte si es de aprobarse esta adición.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No se aprueba. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Carlos Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con su permiso, señor presidente. Señores diputados, al celebrarse ayer la Junta de Coordinación Política y discutirse el tema relativo a la organización y reglamentación de la glosa del informe, y de la comparecencia de los funcionarios, llegamos al punto de la comparecencia del secretario de Hacienda.
Se discutía entonces si el secretario de Hacienda comparecía por una u otra razón. Seguramente derivada de esta discusión se presenta una confusión en el texto que se somete a la consideración de todos ustedes; texto que queremos ?con el permiso de usted, señor presidente? corregir en los siguientes términos:
En el artículo tercero del acuerdo en cuestión, párrafo II, donde se señalan las rondas de los oradores, la primera ronda señala la intervención de todos los grupos parlamentarios; la segunda de tres, y la tercera, también de tres, cuando en realidad debería decir: La primera ronda: Todos los grupos parlamentarios; la segunda ronda: Todos los grupos parlamentarios ?tal y como lo estamos haciendo hoy en el análisis del informe? , y en la tercera ronda: únicamente los grupos de más amplia representación.
Se trata de garantizar, efectivamente, la libre expresión de los señores diputados; las libres expresiones de los grupos parlamentarios, y también, la regulación de esta Cámara, para todos los efectos correspondientes.
Es cuanto, señor presidente. Le pido por favor, que tome en consideración esta adición.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Le pediría a la Secretaría, en los términos del artículo 124 y 125?
El diputado Porfirio Muñoz Ledo (desde la curul): Presidente, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tengo que poner a votación esta propuesta, señor diputado.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo (desde la curul): Precisamente es para eso.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, señor diputado.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con su venia, señor presidente. Éste no es un debate banal. Señala el estilo y la manera de actuar de esta legislatura, que apenas se instala. Si vamos a tener un talante democrático y en verdad plural, o si nos vamos a dejar arrollar por las mayorías.
El licenciado Solís Acero aludió los artículos correspondientes a la Junta de Coordinación Política, que es garante de la pluralidad. Sólo hay un punto en el que se refiere a la proporcionalidad entre los partidos para la conformación de las comisiones, y hace una excepción diciendo que a los partidos pequeños o emergentes, que no tengan suficiente número de legisladores para cubrir todas las comisiones, se les permitirá ocupar aquélla para que la proponga su grupo parlamentario.
No es sensato que ni la ley ni el espíritu de la ley puedan privar a ningún grupo parlamentario de intervenir en la glosa del informe. El artículo que rige el informe de la Ley Orgánica tiene que ver con el posicionamiento de los partidos el día de la presentación del informe y dice con claridad que habrá una intervención por cada grupo parlamentario.
Esto se debe aplicar también a la glosa del informe. Resulta francamente absurdo pensar que cuatro partidos políticos no tienen opinión o no tienen derecho a expresarla por lo que hace a la parte social del informe.
Quiero decir que a nosotros nos tocó los dos momentos del inicio de la pluralidad política en el Congreso mexicano. Cuando me correspondió ser senador en la LIV y LV Legislatura fuimos primero 4 senadores de oposición, y luego 2; y sin embargo, llegamos a un acuerdo honorable y justo con la coordinación del grupo de la mayoría, porque teníamos que participar por necesidad en la glosa del informe, y se acordó que hubiera 7 oradores por la mayoría y dos por la minoría, cuando éramos 30 veces menos el número de los legisladores.
Y aquí hay varios, estoy viendo sus rostros, que nos acompañaron en la histórica LVII Legislatura; acordamos absolutamente para todo la equidad ?aunque saliese perjudicada la coalición de la mayoría? al punto que hubo comisiones en la cuales quedamos en empate con quienes tenían entonces el gobierno.
Es en las últimas tres legislaturas que se ha venido imponiendo lo que en muchas ocasiones he denunciado como "mandarinato legislativo", tres partidos se arrogaban entonces el derecho a decir el destino de las minorías. Por eso reventó el esquema de la ley ejecutiva y de acuerdos de la reforma del Estado, la famosa CENCA (Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos), que previó una representación igualitaria de los partidos, lo que no gustó a los pastores de entonces.
Yo tendría una grave preocupación, porque en vez de tres pastores ahora, como en la televisión, tuviéramos un duopolio del Congreso. Nosotros nos vamos a oponer haciendo uso de nuestros derechos constitucionales. Es mejor que lleguemos a un acuerdo parlamentario que corresponda a la Constitución y a la ley.
Quiero decirles que en este debate se nos han ido ya más de 30 minutos, tiempo que pudimos haber aprovechado en aras de la pluralidad política del país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Felipe Solís Acero.
El diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señor presidente. Algunas precisiones. La primera. El artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General, que invoca el diputado Muñoz Ledo, no está vigente, porque el transitorio primero de la reforma constitucional a los artículos 69 y 63 constitucionales que entraron en vigor en agosto del año pasado, expresamente derogaron las normas opositoras, y esa norma, el artículo 7 de la Ley Orgánica, establecía? ciertamente aparece en el texto todavía, porque no hemos hecho la reforma correspondiente.
Ha una minuta que viene del Senado que está en camino, que recibió esta Cámara el día 28 de abril de este año, el último día de sesiones de la legislatura anterior, fue remitida a comisiones y está pendiente de análisis. Es una minuta que en términos del 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso quedó en calidad de proyecto, pero el primero transitorio del decreto de reforma constitucional, con toda claridad estableció la derogación de las disposiciones que se opusieran a la nueva norma constitucional, y el 69 constitucional establece un formato diferente para efectos de la presentación del informe respectivo.
No podemos, por tanto, confundir lo que son los posicionamientos de los grupos parlamentarios, que ciertamente son igualitarios, y que ahora ya no son posicionamientos que tengan su origen en el informe que presenta el presidente de la república, sino que son posicionamientos para determinar las posiciones de los grupos parlamentarios en relación con la inauguración del periodo ordinario de sesiones, del primer periodo ordinario de sesiones de cada ejercicio.
Por tanto, no podemos aceptar que se invoque un artículo que está derogado. El artículo 7, diputado Muñoz Ledo, no está vigente por mandato del primer transitorio de la reforma constitucional del año pasado.
Por lo demás, el Grupo Parlamentario del PRI reconoce el derecho de libre expresión de la pluralidad que está representada en esta Cámara. Nosotros no queremos de ninguna manera negar el derecho, y no afirmamos que el grupo parlamentario al que usted pertenece no tenga el derecho de expresarse en esta tribuna, en términos de lo que establece la Ley Orgánica y los acuerdos de los órganos de gobierno de la propia Cámara.
No, sí tienen derecho, lo que creo que no tienen suficientemente, son diputados que les permitan tener una representación suficiente para comparecer en esta tribuna en igualdad de condiciones que los grupos mayoritarios. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Muñoz Ledo, desde su curul. Tiene la palabra para responder alusiones personales, hasta por cinco minutos.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con su venia, señor presidente. Carstens nos regaló un agujero presupuestal; Solís Acero nos regala un agujero jurídico. Según su afirmación, el transitorio de la reforma constitucional desapareció, desapareció el artículo 7o.
Señor presidente, acabamos de votar un acuerdo donde se invoca el artículo 7o., que el señor Solís Acero dice que ya no existe. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 7o? Ah, qué Junta de Coordinación, que no lee los transitorios de la Constitución; y qué asamblea, que no los lee tampoco.
Si no existiera el artículo 7o., levantemos esta sesión. Esta sesión tiene lugar por mandato del artículo 7o. Es un sinsentido lo que acaba de decirse en esta tribuna. Ah, no lo reformaron. Una de las gracias culpables de las legislaturas anteriores que dejaron todas las reformas truncas, a conveniencia del mandarinato; porque todo esto se origina en arreglos políticos inconfesos.
El artículo 7o. no existe para efectos de la presencia del Ejecutivo en este Congreso, porque el artículo 7o. ordena que aquí se presente y asista el Ejecutivo; entonces, desaparece. Cuando se trata de que vengan los secretarios de Estado o que se glose el informe, entonces el artículo 7o. vuelve a aparecer. Es como la fuente: "?se hacía grandote, se hacía chiquito. Hacía calor". Seamos serios, señores.
Queremos una legislatura responsable, donde ya no se valgan todos estos juegos y truquitos que habíamos abolido; que habíamos abolido con la pluralidad política de la Cámara.
Ahora bien, dice que la ley sólo ordena la igualdad de los partidos: uno por cada grupo parlamentario cuando se hace el comentario del informe, pero no cuando se hace la glosa.
Hay un principio fundamental de sentido común, no solamente de derecho, el que puede lo más, puede lo menos. No hay argumento legal, no hay argumento democrático, no hay argumento político para privar a los grupos parlamentarios de expresar su opinión en esta tribuna. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Roberto Gil.
El diputado Felipe Solís Acero (desde la curul): Señor presidente, para alusiones.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Perdón, diputado Gil. El señor diputado Solís Acero, para alusiones personales.
El diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señor presidente. Por alusiones personales, por eso es preferente la intervención.
A ver, diputado Muñoz Ledo, hay que leer los artículos completos y no nada más la parte que a cada uno conviene. El transitorio de la reforma constitucional establece la derogación de las normas que se opongan al sentido y contenido de la reforma constitucional.
Usted aludió al numeral 2 del artículo 7o. ?aunque no lo haya dicho expresamente en su primera intervención? para pretender justificar, suponiendo que la asamblea todavía no tiene total sentido de ubicación en el debate, la igualdad de las participaciones.
Voy a leer el numeral 2 del 7o. que dice: "Antes del arribo del presidente de la república, hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran representados en el Congreso".
Usted, subrepticiamente, quiso invocar e invocó esa disposición para justificar una intervención en las tribunas en estas glosas y comparecencias de manera igualitaria. Y esa norma, diputado Muñoz Ledo, está abrogada porque así lo establece el transitorio correspondiente. Usted mismo lo aceptó aquí en la tribuna.
Ahora, dice usted que el artículo está vigente ?algunas partes, sí claro, por supuesto? está vigente el numeral 4. El 4 dice: "Las Cámaras analizarán el informe presentado por el presidente de la república ?que es lo que vamos a hacer hoy. Y sigue diciendo el numeral?. El análisis se desarrollará clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior". Termina la cita.
Eso es lo que vamos hacer hoy; vamos a hacer el análisis del informe y lo vamos a hacer por materias. ¿Con qué formato? Con el formato que ha dispuesto el órgano de gobierno correspondiente, en términos de la ley que organiza el funcionamiento de este Congreso, que es la Ley Orgánica del Congreso General. No nos confundamos ni confundamos a la asamblea.
El numeral 2, que usted invocó en su primera intervención, acéptelo, está derogado, porque se refiere a una hipótesis que ya no existe. El presidente de la república ya no viene al Congreso a presentar su informe, por lo menos hasta que este Congreso no diga lo contrario.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. El diputado Jaime Cárdenas desea hacer uso de la palabra. Perdón, el diputado Muñoz Ledo, por alusiones personales.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo (desde la curul): Con todo respeto para el señor diputado que ha sido tan eficaz funcionario público, hoy no nos resultó de acero; hoy ya se enredó.
Mire usted, lo que dice el transitorio es que se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto; nada del espíritu y el sentido. Hace mucho que no lo lee, señor licenciado.
Por disposiciones no se entienden artículos ni se entienden fracciones; se entienden ordenamientos específicos de la ley. Si se aplica, lo único que está derogado es la asistencia del presidente; eso es lo que está abrogado.
En el propio numeral hay disposiciones vigentes; en el propio numeral, por ejemplo estas intervenciones, la de los partidos, se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de 15 minutos, que es exactamente lo que acatamos el 1 de septiembre.
Entonces, es falso que el artículo 7o. esté derogado; es falso que el numeral 2 esté derogado. Lo único que se opone a la reforma constitucional es la palabra "asistencia"; ésa es la disposición.
Un artículo, de una ley o de la Constitución, puede contener numerosas disposiciones. Dispone procedimientos, dispone atribuciones, dispone competencias, que pueden ser varias, incluso dentro de una sola fracción.
Estoy hablando en razón de mayoría, si todavía la parte vigente del artículo 7o. indica que es un diputado por partido, el 1 de septiembre debe ser un diputado por cada grupo parlamentario, en todo aquello que se refiera al informe presidencial. Entonces, el artículo 7o. está vigente en la parte que estoy aludiendo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias diputado. Diputado Cárdenas, ¿con qué objeto su intervención?
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Para hacer aclaraciones por alusiones personales.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Si me permite, estaba inscrito antes el diputado Roberto Gil para efecto de seguir, y enseguida iría con usted.
El diputado Felipe Solís Acero: (desde la curul): Presidente, por alusiones personales.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por alusiones personales, tiene usted el uso de la palabra, diputado.
El diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señor presidente. Agradezco al diputado Muñoz Ledo que coincida con lo que acabo de decir en la tribuna. Una parte del artículo está vigente y la otra no. Y la que no está es precisamente la que él invocó en su primera intervención. Con un poco más de reconocimiento, el diputado Muñoz Ledo lo debería de aceptar, y si no, podemos pedir la versión estenográfica.
El diputado Muñoz Ledo lo invocó para sustentar que en estas comparecencias haya una participación igualitaria de los grupos parlamentarios; el artículo 7o., numeral 2, aunque no lo haya pronunciado por su nombre, a ése se refería. Y usted acaba de decir, y yo coincido con usted, que ese numeral está derogado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Orden por favor, compañeros diputados y compañeras diputadas. Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Yo creo que aquí, señores diputados y señoras diputadas, señor presidente, está poniéndose en evidencia la forma en que el Grupo Parlamentario del PRI pretende arrollar a los demás grupos parlamentarios.
Lo que señaló el diputado Muñoz Ledo es algo muy simple. Es el primer semestre del curso de licenciado en Derecho. Nos enseñan la diferencia que existe entre norma, artículo, disposición, formulación normativa.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo tiene toda la razón. Un artículo puede contener innumerables disposiciones. Hay disposiciones que no se han derogado del artículo 7o., ni de otras normas, además hay que leer bien el segundo transitorio.
El segundo transitorio dice "lo que se opone", está sujeto a interpretación. No hubo un señalamiento expreso de cuáles eran las disposiciones que se estaban derogando.
Entonces yo sí invito ?y lo hago, de veras, de la mejor manera? a que tomemos un curso de teoría del derecho, para que sepamos cuál es la diferencia entre disposición y artículo. Que sepamos cuál es la diferencia entre norma y formulación normativa. Eso nos lo enseñan en el primer semestre de las facultades de derecho del país, y lo debemos saber como legisladores de esta alta soberanía. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Gil.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Vamos a desahogar, señor secretario.
El diputado Roberto Gil Zuarth: Compañeras diputadas y compañeros diputados, no hay nada sospechoso, inconfesable ni atípico en el formato que estamos votando el día de hoy.
Desde 1997 que inició la Legislatura número LVII y que arribó a esta Cámara la pluralidad democrática, se incorporó el principio de proporcionalidad en la organización de los debates.
Todos los antecedentes así lo indican. Y es absolutamente falso que el principio de proporcionalidad sólo aplique a comisiones. El principio de proporcionalidad aplica para el sistema de votación en todos los órganos de gobierno.
El principio de proporcionalidad aplica para las asignaciones de las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios, y ese principio de proporcionalidad se incorporó en la reforma a la Ley Orgánica de 1999. Insisto, nada atípico ni sospechoso.
Lo que en Acción Nacional queremos es que en esta sesión que fue convocada para revisar el Informe de gobierno y ejercer una obligación ?subrayo?, obligación republicana de esta Cámara de Diputados, dejemos la anécdota y entremos a la sustancia. Ni mandarinatos ni falsos debates. A ejercer nuestra responsabilidad, que para eso venimos.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No, señor diputado. Porque el señor diputado a quien usted intenta hacer preguntas no está en uso de la palabra. No le concedemos el uso de la palabra, señor diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Pero, ¿y por qué no? Es la segunda vez que pido la palabra y que el presidente me pretende negar mi derecho al uso de la palabra y no lo admito. No lo admito?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Al no haber más oradores inscritos. Le pido a la Secretaría que consulte si se considera suficientemente discutido.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: No admito que me niegue el uso de la palabra. No, no?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría que consulte si se considera suficientemente discutido.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: No, no, no. Estoy pidiendo el uso de la palabra, como todos los diputados que me han antecedido y exijo mi derecho a usarlo.
Y planteo?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: No, señor diputado presidente. Le exijo respete mi derecho al uso de la palabra. Y le planteo, a los diputados les planteo?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por lo pronto, señor diputado, usted tiene que pedir la palabra desde la curul, no en el ejercicio de la Secretaría.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Le exijo que respete mi derecho a usar la palabra.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Y les digo a los diputados de Acción Nacional y del PRI que digan en qué artículo?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: En qué artículo de la ley fundamentan que se necesita un número mínimo de diputados. Dónde dice que tenemos que tener equis número de diputados para participar en las rondas de la glosa del informe?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Y yo le pido al presidente que respete mi derecho a usar la palabra. Estoy exigiendo mi respeto al uso de la palabra.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado Carlos Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): El diputado Fernández Noroña forma parte de la Mesa Directiva, le suplicamos atentamente baje a su lugar, como es la práctica parlamentaria, y pida la palabra. Y le pedimos, atentamente, se la conceda para que concluyamos con esto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se lo señalamos con toda puntualidad, señor diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Acepto la petición de la forma y le pido al diputado presidente que respete mi derecho a hacer uso de la palabra.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Hemos respetado los derechos de todos los señores diputados. Le pido a la Secretaría concluya la instrucción que le fue solicitada.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si está suficientemente discutido el acuerdo. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Sí, señor presidente. Al presentar una moción precisamente queríamos, señor presidente, que usted pudiera desahogarla. Si le parece, como establece la Ley Orgánica, preguntando a la asamblea.
Entendemos el propósito democrático y de orden de la Mesa Directiva y lo respetamos. Le pedimos atentamente que si el diputado Fernández Noroña o cualquier otro pide la palabra desde su lugar, desahogue usted gentilmente el trámite. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Teníamos instruida una solicitud a la Secretaría, no se está negando el uso de la palabra. Se le pide se haga en los términos de reglamento, tal como usted lo indicó. Muchas gracias. Señor diputado, a sus órdenes.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Con fundamento en el artículo 96, le estoy pidiendo la palabra.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene el uso de la palabra, diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Le agradezco al compañero del PRI y hago caso de su señalamiento. Cada que pida la palabra, estando en la Mesa Directiva, la pediré desde el lugar que me corresponde.
Miren, compañeras diputadas y compañeros diputados, lo único que quiero señalar es que no hay ningún ordenamiento legal. Aquí nadie ha invocado ningún ordenamiento legal que diga que se puede excluir de algunas de las rondas de la glosa del informe, o que se puede excluir de alguna de las rondas de las comparecencias de los secretarios de Estado del gobierno de facto a ninguna fracción parlamentaria; ya no digamos a un diputado.
Les pido a los que han defendido la propuesta que se va a votar que nos digan en qué artículo, de qué ley, en qué marco jurídico dice que le faltan a uno diputados para tener derecho al uso de la palabra. Es una barbaridad, lo que aquí están planteando.
Un solo diputado tiene derecho a hacer uso de la palabra, como acaba de constar en este momento en este pleno, y mucho les agradezco y reconozco a quienes apoyaron mi derecho a usar la palabra.
Me parece que éste es el precedente que debe quedar. Porque si respetáramos la pluralidad ?como aquí lo dijo el diputado Porfirio Muñoz Ledo?, simplemente se habría modificado la tercera ronda, se hubiera incluido a PT, a Convergencia, a Alternativa, al Verde Ecologista y ya estaríamos discutiendo la glosa del informe en santas pascuas.
Me parece que excluir de alguno de los rubros, de alguna de las intervenciones a los partidos argumentando que se es minoritario, donde en ningún lugar de la ley?
Todo lo que se invocó aquí en votaciones, claro, el voto de cada diputado vale. En las asignaciones presupuestales, en las comisiones de igual manera; pero nadie puede decir que en las intervenciones el peso de cada fracción parlamentaria?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítanos, señor diputado. ¿Siempre no? Adelante, diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): ¿Perdón?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputado. Le querían hacer una pregunta a usted, por eso era la interpelación.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Pero cambié de opinión con tanto intercambio con usted, diputado presidente. Estoy haciendo mi intervención y le pido que no me interrumpa porque ya me negó dos veces la palabra y luego me interrumpe cuando estoy hablando; me parece que ya este asunto es personal. Porque él debe guardar el orden y debe vigilar que se guarde el orden y no debe interrumpir a un diputado cuando está haciendo uso de la palabra; está en la ley, por cierto.
Termino mi intervención planteando: a la coordinadora, diputada Vázquez Mota, con respeto, y al diputado Francisco Rojas, con respeto, les pido que modifiquen su posición. Les pido que rectifiquen y que se modifiquen los documentos que aquí se están presentando para permitir a todos los partidos representados en esta pluralidad que intervengan en igualdad de condiciones en la glosa del informe y en las comparecencias de los funcionarios, porque de otra manera, de todos modos vamos a intervenir, como es nuestro derecho, y qué necesidad tenemos de estar alargando estos debates en asuntos de forma, cuando lo que debemos discutir, como lo decía el diputado de Acción Nacional, son los asuntos de fondo, que son los que nos traen a esta soberanía. Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Había solicitado el uso de la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo, por alusiones personales.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo (desde la curul): Para ir a las cuestiones de fondo. Hablé, quizá indebidamente, de duopolio, porque después de las muy parlamentarias intervenciones del diputado Carlos Ramírez Marín y de la muy desacertada del diputado del PAN ?de cuyo nombre no puedo acordarme?, es la pretensión absurda de un monopolio, de un partido de gobierno que fue puesto en minoría por el electorado.
Falta a la verdad el joven diputado del PAN. Primero, es inexacto que nosotros hayamos negado el derecho a participar igual a los partidos en todas las ocasiones en que correspondía a un grupo parlamentario, por la sencilla razón de que formábamos una mayoría de cuatro partidos, y dos de ellos eran los partidos emergentes, a los que siempre les respetamos sus derechos.
Segundo. Los artículos que invoca se refieren a la proporcionalidad en espacios físicos. Es obvio que si una bancada grande estuviera en nuestros locales tendrían que poner literas y un segundo piso; no cabrían. Es también de recursos económicos y para la distribución, sí, de las comisiones; no para el uso de los derechos de los parlamentarios.
Ya dos oradores se han referido a que somos fracciones más pequeñas. Cuando veamos el acta de debates veremos que esta fracción pequeña ha hecho más uso de la palabra ?y creo que casi siempre, si no siempre, con tino y con acierto? que aquellos que representan una ficticia mayoría parlamentaria.
Vamos respetando. Necesitamos ?ya saben a quienes me refiero? que de hoy en adelante se respeten los derechos de los grupos parlamentarios y el derecho de cada uno de nosotros, como diputados de la nación; no está restringido, ni pudiera estarlo en ninguna ley, reglamento o acuerdo mandarinal.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Agustín Guerrero.
El diputado Agustín Guerrero Castillo: Con su permiso, diputado presidente. Estamos dando inicio en esta legislatura para construir un ambiente, un espacio que nos permita abordar de la mejor manera, con respeto, con altura, la situación que nuestro país vive desde hace ya largo tiempo y que nos permita, en el mejor ánimo, sin transgredir los principios y programas que cada fuerza política considera que es su verdad; a abrir un debate profundo, transparente, y que todos deseamos sinceramente pueda permitir la construcción de acuerdos, para que esta situación que hoy atraviesa nuestra nación la podamos superar, y que los millones de mexicanos y mexicanas que tienen sus ojos puestos en este espacio, en esta representación popular, efectivamente vean satisfecha esa expectativa y esas aspiraciones, de generar un marco legal y político en beneficio de la gente.
Eso implica: sabernos escuchar, ser tolerantes y estar dispuestos a ir a un debate sin ambigüedades y sin ventajas. El parlamento es precisamente eso, ejercer el derecho de la palabra en función de la razón y de conocer la diferencia del voto.
No se puede argumentar que es a través del principio de la proporcionalidad que sí es una cuestión administrativa, que eso sea el elemento que establezca quién habla y quién no habla en esta tribuna. No es ése el elemento.
Tan no lo es que la propuesta original que se planteó aquí era que en la primera ronda, para la glosa del informe, todos los grupos parlamentarios pudieran tomar una vez la palabra y luego en las otras dos rondas solamente tres grupos parlamentarios.
El PRI hizo un planteamiento de una adición para que en las dos primeras rondas fueran siete y en la tercera ronda tres, que es donde estamos ahorita, y no hay, en ninguna de las dos propuestas, el principio de la proporcionalidad. Nadie podría decir que en dos rondas siete y en una ronda tres, se ajusta a un principio de proporcionalidad que no se encuentra en ninguna parte de la Ley Orgánica para normar los debates de esta soberanía.
Por eso en este ánimo de inicio de la Legislatura nos parece que tenemos que, reconociendo que hay diferencias, muchas de ellas insalvables, sí por lo menos reconocer la obligación de escucharlos, de entendernos y de ir en este ánimo a construir acuerdos para el bien de nuestra patria.
Por eso, para el Grupo Parlamentario del PRD nos parece que el principio de equidad, de trato igual, entre pares, de los 500 diputados que integramos esta Legislatura debe ser una constante y una permanente a lo largo de los próximos tres años. Mal haríamos iniciando ahora, en el principio de la administración, tratar de callar voces que tienen todo el derecho, como todos nosotros, a expresarse.
Por eso consideramos que para este aspecto de lo que viene de la glosa, deberá garantizar, en términos de equidad, la igual participación de todos los grupos parlamentarios, que seamos más tolerantes; nosotros. Porque con tolerancia y con responsabilidad creo que vamos a poder construir acuerdos.
El Grupo Parlamentario del PRD viene a construir acuerdos en esta Legislatura, y para eso requerimos el principio elemental de libertad de expresión y de libertad para escucharlos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El diputado Víctor Manuel Castro Cosio.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosio: Con permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hace un rato un compañero expresó que el PRD era solidario con la postura que se acordaba en el documento, por eso votamos en contra.No es un principio de solidaridad del PRD, es un compromiso que tenemos ?y a lo cual creo que hay honrar todos? con la democracia. No es un asunto de fraternidad parlamentaria. No es un asunto de esgrimir aquí cuántos somos para ver cuánto valemos.
Creo que hoy la compañera Josefina Vázquez Mota y el compañero Rojas tienen un gran compromiso, porque no van a asentar un precedente negativo. Está en sus manos la posibilidad de sumarse a un principio elemental de la democracia, que es el derecho entre iguales, sin importar el número.
Creo que hay que corregir esa visión de que los que más son, más tienen. Hay que corregir esa visión de que los que más votos tienen, más derecho a hablar tienen. Creo que eso no es lo correcto.
Los convoco para que se sumen a esta visión que en el PRD expresamos hoy de sentar un precedente de equidad, de igualdad, de derechos; sin importar el número de diputados que estemos en esta Cámara.
Vale la pena iniciar esta legislatura con una visión profunda de la democracia, y no es negando la posibilidad a los grupos parlamentarios que tienen menos número de diputados como vamos a avanzar.
Los convoco a que se corrija este documento y a que, de manera respetuosa, lancemos a la nación mexicana la mejor manera de honrar lo que nos está exigiendo equidad y justicia. Empecemos en este Congreso por honrar estas palabras.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias diputado. En virtud de que no existe ningún otro compañero o compañera que quiera hacer uso de la palabra, le pido a la Secretaría consulte si se considera suficientemente discutido.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el tema. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutido. En tales condiciones, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, que pido a la Secretaría dé lectura.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Me permito solicitar a usted que en relación con el resolutivo tercero, fracción II del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la comparecencia de funcionarios, someta a la consideración del pleno, señor presidente, la modificación para que en la segunda ronda se incluyan todos los grupos parlamentarios con el mismo criterio que en la primera ronda. Y, en consecuencia, quede sin efecto la fracción III del propio resolutivo tercero, haciéndose las adecuaciones correspondientes. Atentamente, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido que, en votación económica, la Secretaría consulte a la asamblea si se acepta la modificación propuesta al acuerdo.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta al acuerdo. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se acepta la propuesta. En consecuencia, pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo con las modificaciones aceptadas.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo con las modificaciones aceptadas. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se acepta. Comuníquese. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a las afectaciones causadas por los fenómenos climatológicos en diversos estados de la república.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que en sesión del 3 de septiembre del año en curso, la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar un programa especial de emergencia para las zonas afectadas por la sequía, y se asegure que no suban los precios de los productos que vende Diconsa.
2. Que en sesión de la misma fecha, el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que emita la declaratoria de desastre natural en el estado de Zacatecas y otras entidades de la república afectadas por la sequía atípica; asimismo a los titulares de la Sagarpa y de la Conagua, a que realicen las acciones correspondientes para mitigar los efectos derivados por este fenómeno meteorológico, suscrita por los diputados Gerardo Leyva Hernández, Ramón Jiménez Fuentes, Claudia Anaya Mota y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD.
3. Que en sesión de la misma fecha el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI, solicitó a la Presidencia consultar al diputado Samuel Herrera Chávez si aceptaba fusionar su proposición con la presentada anteriormente por la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, a efecto de ser resueltas en conjunto a la brevedad.
4. Que la Presidencia de la Mesa Directiva, una vez aceptada la solicitud hecha por el diputado Ramírez Marín, y conforme a sus facultades, turnó ambas proposiciones a la Junta de Coordinación Política.
5. Que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara, por tanto es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.
6. Que dada la situación por la que atraviesan diversas entidades del país por los fenómenos meteorológicos de los últimos días, es que ese órgano de gobierno considera de vital importancia la aprobación de las proposiciones mencionadas en los considerandos antes expuestos.
En virtud de lo anterior y ante la urgencia de atender la problemática climatológica por la que está atravesando el país, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre natural en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, afectados por la sequía atípica de los últimos días.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Comisión Nacional del Agua, para que impulsen un programa especial de emergencia para canalizar apoyos a las zonas afectadas, aplicando los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC).
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de manera urgente libere los recursos considerados en el Fonden para el combate de los fenómenos meteorológicos antes referidos.
Cuarto. Se exhorta al Ejecutivo federal para que garantice, por conducto de Diconsa, que no suban los precios de los productos básicos que vende.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de septiembre de 2009. Firman todos los coordinadores.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría con los oficios de la Secretaría de Gobernación.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Secretaría de gobernación con el que se remite el tercer informe de labores de la Secretaría de Educación Pública.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Distribúyase a las diputadas y diputados.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras con el que remite el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México de enero a junio de 2009, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Inversión Extranjera.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Proceda la Secretaría a dar cuenta con las iniciativas del Ejecutivo.
La Secretaria María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Gracias, señor Presidente. Oficio con el que remite criterios generales de política económica para la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondientes al ejercicio fiscal 2010.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Oficio con el que remite la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Oficio con el que remite la iniciativa de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
La diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio suscrito por Ernesto Javier Cordero Arrollo, secretario de Desarrollo Social, mediante el cual remite estimación del monto de recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios del gobierno federal en materia de vivienda y de suelo para los hogares en situación de pobreza, zonas de atención prioritarias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: El subsecretario, Manuel Mijares Jiménez, de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: El subsecretario, Manuel Mijares Jiménez, de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Energía. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: El subsecretario, Manuel Mijares Jiménez, de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite iniciativa con proyecto de decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: El subsecretario, Manuel Mijares Jiménez, de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite iniciativa con proyecto de decreto que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio por el que se expide la Ley que Establece la Contribución para el Combate a la Pobreza.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio con el que se remite el informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo federal en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia arancelaria durante el periodo comprendido de septiembre de 2008 a agosto de 2009.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Oficio con el que se remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13 de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Salud. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Informo a esta honorable asamblea que se encuentran de visita invitados del distrito 11de Ecatepec; también tenemos como invitada esta tarde a la asociación civil Grupo Kairos e invitados del distrito 11, también de Ecatepec. Bienvenidos sean todos ustedes.
Continuamos con el orden del día, que es análisis correspondiente al tercer Informe de Gobierno en materia de política, economía y sociedad.
Para dar cumplimiento al punto tercero del acuerdo, los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda a los siguientes diputados: Jaime Álvarez Cisneros, de Convergencia; Arturo Vázquez Aguilar, de Nueva Alianza; Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo, Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista; Carlos Torres Piña, del Partido de la Revolución Democrática; José Luis Ovando Patrón, del PAN; y Rogelio Cerda Pérez, del PRI.
Por consiguiente, se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Álvarez Cisneros, en los términos del acuerdo, hasta por 10 minutos.
El diputado Jaime Álvarez Cisneros: Señor presidente, señoras y señores diputados, la política interior de todo gobierno descansa en dos aspectos fundamentales: la gobernabilidad y la legitimidad de las instituciones.
En la primera el gobierno tiene la capacidad para presentar a los ciudadanos sus políticas públicas y obtener el respaldo social y político necesario para implementarlas.
En la segunda el origen de la autoridad es legítimo porque se respetan las reglas que se han establecido.
La actual administración deberá fortalecer estos dos aspectos fundamentales para el tránsito hacia el futuro. A la mitad de la presente administración vemos con preocupación que el presidente de la república ejecuta un programa de gobierno alejado de las necesidades reales del país, y que lo imposibilita para desarrollar un quehacer político con mejores resultados.
El Ejecutivo federal, a través de su gabinete, administra el país distante de la sociedad. El presidente llegó con un proyecto económico que viene impulsándose desde hace casi tres décadas, pero que éste no es precisamente el que ha dado mejores resultados a la sociedad nacional.
En México existe disonancia entre la agenda pública y los resultados que espera la gente. Sesenta millones de mexicanos en la pobreza extrema y el desempleo, niveles significativos de inseguridad, ingobernabilidad, rezago social, falta de coordinación con los Poderes de la Unión y entidades federativas, ambigua relación y comunicación con organizaciones sociales, una muy costosa, una muy costosa democracia, una reforma electoral regresiva, violaciones a los derechos humanos, entre otros aspectos.
Poco a poco la realidad actual ha ido separando a la sociedad y al poder público. No es posible hablar de gobernabilidad cuando se violan los más elementales derechos humanos, se coarta la libertad de expresión tolerando el asesinato de periodistas, se pacta con cacicazgos regionales y se rompe la función de mediación y conciliación de intereses que tradicionalmente han servido como válvula de escape de la presión social o se abandona el papel de conductor del interés general.
La carencia de una política interna que establezca puentes de comunicación entre el Ejecutivo y los distintos actores políticos y sociales se ha convertido en un factor de riesgo que sigue dirigiendo al Estado mexicano a una realidad en donde impera el desencuentro político y el hartazgo de la sociedad nacional.
En cuanto a la reforma del Estado, se venía trabajando con un objetivo claro de transformar las instituciones de la república, pero ésta encalló cuando fue llevada a una reforma electoral regresiva, que limita la posibilidad de tener una sociedad plural y que permitió que los espacios mediáticos se distribuyeran a conveniencia de la partidocracia, por lo que en materia de partidos políticos promovemos una legislación que regule específicamente el régimen nacional de partidos políticos para asegurar su funcionalidad como organismos de interés público, socialmente responsables y jurídicamente acotados en el ejercicio de sus facultades representativas.
Convergencia lo ha manifestado aquí en el Congreso de la Unión y en otros foros. Hoy más que nunca estamos convencidos que el poder público continúa secuestrado y lo único que puede rescatarlo es la acción ciudadana.
Por eso hemos demandado que se fortalezca la democracia participativa mediante la instauración de vías legales como el referéndum, la consulta popular y la revocación de mandato, temas que han sido soslayados por las fuerzas mayoritarias de este Congreso.
Debemos abogar por reformas en materia de seguridad y justicia como las presentadas por nuestro partido en este mismo recinto en noviembre de 2003, que son las más completas e integrales en materia de impartición de justicia y que hasta la fecha se encuentran detenidas por diversos intereses ajenos al beneficio nacional.
Es evidente que el actual gobierno está inmerso en una crisis de Estado, que se refleja en la anarquía que impera en la seguridad pública, en la procuración y en la administración de la justicia.
La expansión y poderoso avance del crimen organizado, el uso y abuso del sistema de impartición de justicia con fines políticos, el incremento de asesinatos y ejecuciones ?entre ellas las de carácter político? y una crisis de violencia generalizada a lo largo y ancho del país, es hoy una realidad.
La sociedad está harta de tanta impunidad y corrupción. Basta ya de solapar a funcionarios que actúan fuera de la ley. Por eso es urgente reestructurar los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia para que nada quede impune, para que se aplique la ley; pero que también se haga justicia. No es posible que nuestro país esté ubicado en la sexta posición con mayor delincuencia organizada, por debajo de países como Afganistán y Pakistán.
La estrategia implementada por el gobierno federal para el combate al crimen ha sido fallida. Aun cuando se decidió utilizar al Ejército Mexicano hace tres años, se han incrementado los casos de consumo de drogas y triplicado el número de muertos y se han incrementado en un 700 por ciento los delitos derivados del narcotráfico.
En nuestro país se cometen 12 millones de delitos al año, de los cuales 8 millones son por robo, 1 millón y medio son denunciados, y de éstos últimos sólo llegan a consignarse 250 mil delitos para que, finalmente, 150 mil obtengan sentencia condenatoria; lo que representa solamente el 1.5 por ciento del total de los delitos.
Por otro lado, frente a decisiones de otros países, el gobierno federal ha respondido sin fuerza y claridad, a pesar de la magnitud de los asuntos que están sobre la agenda internacional.
No se advierte en la postura mexicana una línea definida que permita, más allá de los incidentes cotidianos, vislumbrar el futuro a través de la crisis actual. Se apuesta a combatir el proteccionismo, pero no hay una perspectiva que permita elaborar una nueva hipótesis sobre el libre comercio y la integración de temas cruciales, que ya no se resuelven con la reiteración de los argumentos aprobados hace más de dos décadas; siendo necesario acudir a los paneles internacionales por violaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por parte de nuestros socios comerciales.
Tampoco existe una propuesta estratégica hacia América Latina, como si la relación bilateral con Estados Unidos le impidiera a México asumir compromisos y responsabilidades.
Nuestra política exterior demanda una urgente reestructuración para corregir las limitaciones de un manejo opaco de la diplomacia nacional, lastimando la imagen del país; sobre todo en América Latina, y los principios establecidos en nuestra Constitución.
México debe trabajar por establecer la cooperación internacional, considerando las asimetrías en nuestros acuerdos comerciales y los desequilibrios en las relaciones con otros Estados, bloques económicos, organismos financieros y organismos multilaterales.
Ante la actuación de nuestro país en el contexto internacional, nuestro grupo parlamentario propone modificar la estructura jurídica para sentar las bases de una política exterior, atender los principios generales del derecho internacional y los principios que establece nuestra Constitución General.
Sin duda, con una evidente crisis del estado de derecho y un modelo económico cuyos saldos de pobreza extrema y profunda desigualdad social son tangibles, nuestro país se encuentra sin un rumbo claro. No podemos engañarnos, hay un Estado fallido cuando la autoridad no es respetada, pero peor es cuando la autoridad no respeta.
Aún estamos a tiempo para reencauzar al país, definir una amplia estrategia que reposicione a la nación de la crisis de gobernabilidad en la que está inmersa. Debemos y podemos dar un rumbo que beneficie a todos y nos garantice estabilidad social. En el análisis del informe de gobierno habremos de estar atentos a que la realidad sea observada, que las cuentas sean claras y discutamos de cara a la sociedad mexicana.
La autoridad tiene el deber de conducirse con apego a la ley, y en este análisis veremos la voluntad del gobierno federal de dar cabal cumplimiento de los principios de transparencia y de rendición de cuentas. Amigas diputadas y amigos diputados, gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, de Nueva Alianza.
El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la política social del Estado mexicano tiene su fundamento en el mandato establecido en la Constitución Política de 1917. En ésta se define el derecho a la educación, el reconocimiento a la composición pluricultural de la nación mexicana, el derecho a la salud y a la vivienda digna, al reparto agrario y a la propiedad, así como el derecho a un empleo socialmente útil.
En el último año, en medio de la crisis económica más grave que ha enfrentado nuestro país, la política social del gobierno mexicano y los programas orientados a combatir la pobreza han mostrado sus limitaciones al estar diseñados bajo un modelo que está muy lejos de cumplir con las demandas y necesidades de la sociedad.
Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) nos muestran que entre 2006 y 2008 aumentó la incidencia de la pobreza de patrimonio, que pasó de 44.7 a 50.6 millones de personas. A su vez, la incidencia de la pobreza alimentaria pasó de 14.4 a 19.5 millones de personas.
Ante este panorama aumentar la tasa del ISR es gravar nuevamente a quienes trabajan y pagan impuestos. Compartimos con el Ejecutivo la urgente necesidad de promover cambios, pero no podemos secundar que se castigue a quienes ya cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales.
Acciones instrumentadas como el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo para Vivir Mejor, no han detenido la pérdida de empleos; el aumento en el endeudamiento de los hogares, así como el incremento de los precios en productos básicos.
Mientras que en 2006 los hogares destinaban 29.4 por ciento de su gasto al consumo de alimentos y bebidas, en 2008 el porcentaje se elevó a 33.6 por ciento, señal de que los precios continúan en ascenso en tanto los salarios se estacan, aumenta el desempleo y se constriñe al mercado laboral.
Los mexicanos ya no quieren vivir una economía de sustitución. Peor aún, hay familias que están preocupadas por sobrevivir y tienen problemas para llevar comida a su mesa, y ahora se propone un 2 por ciento más al consumo general.
En el rubro de salud, enfrentamos una grave falta de prevención y de planeación emergente que se encuentra asociada con la organización del sistema y la centralización con la cual se maneja. Situaciones como la alerta por el virus AH1N1 nos muestran que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y su vinculación con sectores estratégicos como el de la salud, requieren de más apoyos y no de reducciones presupuestarias.
Es un hecho que en materia de justicia social nuestro país arrastra una deuda histórica al no ofrecer igualdad de oportunidades para todos; fenómeno que se manifiesta en el estado inaceptable en el que viven millones de mexicanos.
Al no encontrar respuesta a sus expectativas han venido realizando un éxodo masivo que lastima a familias, vidas, pueblos, comunidades, y que en suma, laceran al corazón de nuestra nación.
En el presente año 750 mil personas emigraron, de las cuales 82 por ciento provienen del sector rural y 300 mil regresaron a nuestro país por no haber encontrado empleo. Por tanto, urge generar alternativas que permitan aumentar la productividad en nuestro campo mexicano.
Las cifras de desempleo, subempleo e informalidad en nuestro país hoy son alarmantes. Al mes de julio se perdieron 400 mil empleos en el sector formal, y para lo que resta del año se estima que la cifra ascenderá a 735 mil.
La tasa de desempleo se ubica en 6.12 por ciento de la población económicamente activa, cifra mayor a la de 4.15 por ciento registrada en el mismo mes del año anterior. La población desocupada sumó 2.8 millones de personas, la cifra más alta desde 1987.
Nueva Alianza, hoy más que nunca manifiesta su preocupación social y estamos convencidos de que hay cuatro ejes fundamentales para enfrentar los problemas nacionales: responsabilidad en el gasto; educación de calidad y capacitación continua; responsabilidad social y uso de tecnologías; investigación y conectividad.
Lo anterior significa una transformación de fondo, como lo propuso el Ejecutivo el pasado 2 de septiembre, intención que debe ser reflejada en iniciativas y políticas de Estado.
En este tercer informe, aun reconociendo los defectos de la crisis económica sobre nuestra sociedad, el gobierno federal resalta el éxito de la aplicación de programas como Oportunidades, principal instrumento de su estrategia de combate a la pobreza; sin embargo, queremos subrayar que ésta no debe ser la única vía de solución para resolver la problemática estructural que vive nuestro país. Necesitamos plantear estrategias y políticas públicas que resuelvan los problemas de fondo en el corto, mediano y largo plazo.
Para Nueva Alianza los desafíos de la política social van más allá de incrementar los recursos y la cobertura en programas asistenciales, esto sin descuidar la atención a los sectores vulnerables de nuestra sociedad. Los esfuerzos del gobierno federal deberán concentrarse en la creación de empleos bien remunerados; en fortalecer las instituciones de salud; en elevar la cobertura y la calidad educativa e impulsar el desarrollo regional.
La educación es una herramienta esencial para superar la pobreza y la desigualdad. La creación de un ambiente favorable al desarrollo económico y social de México supone una apuesta decidida por la educación.
Asimismo, la educación debe preparar a las personas para su plena participación en el mundo del trabajo, desarrollando los valores, conductas y competencias que permitan su prosperidad.
A las sociedades más avanzadas de nuestro tiempo se les ha bautizado como sociedades de la información, a algunas incluso se les llama sociedades del conocimiento. Hoy, países como Francia, Alemania y Japón anuncian al mundo que sus economías ya están en proceso de recuperación de la misma crisis que ha golpeado este país. Son sociedades de la información y del conocimiento y, sobre todo, tienen claro su rumbo-país.
En este sentido nos oponemos enérgicamente a la intensión de aumentar con 4 por ciento la base gravable a los servicios de conectividad, y en general a las telecomunicaciones. Por el contrario, impulsaremos el uso de tecnologías de la información y la comunicación y pugnaremos para que sean accesibles a todas las mexicanas y todos los mexicanos a bajo costo.
Como grupo parlamentario apoyamos e impulsamos la Alianza por la Calidad de la Educación, la cual sustenta un acuerdo amplio que permite impulsar acciones específicas, con el fin último de construir la nueva escuela pública mexicana, permitiendo la convergencia de diversos actores del Estado en el diseño de un nuevo modelo educativo nacional.
Las bases son importantes, pero no podemos dejar de lado a la educación media y superior. La forma en que se orienta y especializa a las nuevas generaciones es determinante para lograr un óptimo relevo generacional. Este tema es primordial para nosotros y legislaremos en congruencia.
Ante esto, Nueva Alianza propone a esta soberanía que actuemos para blindar el gasto social, especialmente en educación, ciencia y tecnología. Proponemos defender consistentemente que el presupuesto para el 2010 cumpla con el compromiso planteado en el artículo 25 de la Ley General de Educación, que obliga a la federación, entidades y municipios a invertir en educación por lo menos el 8 por ciento del producto interno bruto, destinando en 1 por ciento para investigación y conocimiento, y el 1.5 para ciencia y tecnología.
La prioridad de la política social durante los últimos años ha sido el combate a la pobreza. En el discurso el gobierno federal puso énfasis en reducir la desigualdad, manteniendo el equilibrio macroeconómico, principio que se ha impuesto aun sobre las más urgentes necesidades de amplios sectores de la sociedad.
En la democracia es básico el respeto y la inclusión de las minorías, ya que una mayoría que no escucha y no incluye de hecho y de derecho no es democrática. Nuestro compromiso es con el funcionamiento de la sociedad liberal democrática, que requiere la responsabilidad cívica como un hábito, una práctica, un conjunto de aptitudes y una forma de vida que debemos de cuidad y fomentar en todos nuestros actos como ciudadanos.
En Nueva Alianza nos pronunciamos por un modelo de seguridad social integral de carácter público, que articule los esfuerzos económicos de toda la sociedad y del Estado. Somos una oposición constructiva que contribuye al debate de las ideas y, sobre todo, propositiva en la generación de nuevas leyes que permitan alcanzar al México próspero que todos deseamos.
No es posible concebir una democracia sin justicia social. No es posible hablar de una sociedad democrática en donde la desigualdad y la pobreza golpean a millones de mexicanos.
Señoras legisladoras y señores legisladores, es momento de actuar y es momento de innovar. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Señoras y señores representantes de la nación, ciudadano presidente de esta Mesa, no puedo iniciar mi intervención sin hacer míos los argumentos y razonamientos que esgrimieron aquí mis correligionarios del grupo parlamentario y los legisladores del PRD, para desterrar esa vocación de que la mayoría debe avasallar a las minorías.
Tampoco puedo dejar de lamentar ?y lo digo sinceramente? la verbalización despreciativa de mi amigo, el legislador Felipe Solís, hacia los grupos parlamentarios diferentes al suyo. Ni dejar de mencionar la vena autoritaria que recurrentemente le aflora al presidente de la Mesa, violando el artículo 20 de la Ley Orgánica, al tratar de impedir la participación de los integrantes de esta asamblea.
En cuanto al tema que nos ocupa, en el Partido del Trabajo insistimos que Calderón incumplió con su obligación legal de presentarse a informar al Congreso. Desde que se instituyó esa práctica republicana con Guadalupe Victoria en 1825, ningún gobernante había dejado de presentarse ante esta representación.
Inclusive, presidentes con fuertes confrontaciones con el Legislativo, como Sebastián Lerdo de Tejada, que en 1867 envió un oficio al Congreso donde proponía informar por escrito, se tuvo que ceñir a la negativa de su petición y compareció ante los diputados. En aquel entonces el Congreso era unicameral.
En lugar de acudir aquí, ante los representantes que fuimos electos por la totalidad de los votantes del 5 de julio, Calderón armó un acto palaciego en compañía de subordinados, de empleados y correligionarios y, por supuesto, todo un despliegue mediático.
Si la forma en cuanto a su informe es cuestionable, el contenido de su mensaje es, por decir lo menos, efectista, omiso, lleno de imprecisiones, incongruencias y mentiras.
Como botones de muestra, dos omisiones: el tema de los derechos humanos, que es fundamental en un Estado democrático constitucional. Ninguna mención le merecieron a Calderón los derechos humanos pese al retroceso que en su periodo registra México en esa materia.
Calderón, en un afán de legitimarse, lanzó al Ejército Mexicano a efectuar acciones que no le corresponden. Ese despliegue además de ser ineficaz, en el combate al narcotráfico y de la delincuencia organizada, se ha traducido también en violaciones por parte de nuestras Fuerzas Armadas, a los derechos humanos y a las garantías individuales.
Esta Cámara debe próximamente hacer un debate serio y profundo sobre el fuero de guerra, no militar, como lo contempla el artículo 13 de la Constitución. Las violaciones a los derechos humanos se han disparado al amparo de la debilidad y la impunidad que propicia Calderón, y a la vocación autoritaria y represiva de un buen número de gobernadores que se sienten más señores feudales en sus estados.
Se está volviendo una constante la criminalización de la protesta y la manifestación pública. Están los casos de cinco detenidos en Campeche, que luchan por la baja de las altas tarifas de energía eléctrica. El caso de los dos maestros asesinados en San Pedro Jicayán, Oaxaca, que protestaban por demandas sindicales y fueron asesinados por un grupo paramilitar.
El caso de 28 familias náhuatl que hace tres días acudieron a esta Cámara de Diputados, de San Andrés Azumiatla, Puebla, que no solamente fueron despojados de 150 hectáreas de su propiedad, sino 20 de ellos fueron apresados, golpeados y vejados en la cárcel, y que actualmente sufren proceso penal.
El sábado pasado en Guadalajara ?un punto que hoy estaba agendado y que se difirió por la agenda? una manifestación de mujeres, niños, personas adultas que protestaban en contra del Macrobús, porque Emilio González Márquez no lo ha recibido, fue brutalmente disuelta y 6 de ellos apresados, y quieren incoarles proceso penal por 6 diversos delitos, entre ellos a un señor octogenario.
Pese que a Calderón centró toda su atención en el combate al narcotráfico, los resultados están a la vista: de enero a agosto 548 ejecutados, y en su gobierno más de 14 mil.
Otro botón de muestra de la omisión calderonista es el campo. Para él, ni el campo, ni los campesinos existen. México ha incrementado su dependencia alimentaria. De acuerdo a las cifras del Inegi, este año vamos a pagar más de 25 mil millones de dólares en importar alimentos, en lugar de apoyar a nuestros productores.
Vamos a comprar en el extranjero 53 por ciento del trigo, 82 por ciento del arroz y 27 por ciento del maíz que consumimos. Cuando Calderón habla de sus medidas para combatir la pobreza y el éxito de la misma, para evitar el deterioro del poder adquisitivo hay que recordarle su ineficacia y sus mentiras. En dos años el número de pobres en cuestión alimentaria se incrementó en 6 millones; y en pobreza patrimonial en 5 millones.
Hay que decirle también que el poder adquisitivo del salario mínimo, en ese periodo, se ha depreciado 44 por ciento. Por ejemplo, el kilo de frijol en el gobierno actual se ha incrementado en 160 por ciento, el huevo en 130 y el arroz en 106 por ciento.
La parafernalia y el montaje de su mensaje no podían ocultar lo inocultable. En julio de este año el número de desempleados llegó a 2.8 millones, y el de subempleados a 12 millones.
En materia educativa resulta insostenible y ridículo lo que afirma Calderón. Cito: "Construir una educación de calidad, sin el marasmo de intereses ni de inercias, que sea la puerta grande para salir de la pobreza". Es una burla, cuando todo México sabe que en la Secretaría de Educación Pública nada más manda y gobierna Elba Esther Gordillo.
Y también cuando se olvida que en este país hay 7.5 millones de jóvenes entre 18 y 24 años que no tienen acceso a la educación media y superior. Dice Calderón que el mandato de las urnas fue que hubiera acuerdo entre actores políticos y entre Ejecutivo y Legislativo.
Se nota que no anduvo en campaña. Los sentimientos de la gente son de frustración, decepción, agobio por la pobreza en que se vive, decepción por las instituciones. No. El mandato de las urnas es: no más a la política neoliberal del panista Felipe Calderón.
El mandato de las urnas es reprobatorio a las acciones de Calderón, que ha puesto al Estado, a sus instituciones, al servicio de una minoría rapaz, voraz, insaciable, excluyendo de cualquier posibilidad de desarrollo y de oportunidades a las grandes mayorías.
A esa minoría que quiere obsequiar el paquete económico que nos acaba de enviar, a todas luces, para enriquecer más a los muy ricos y empobrecer a los ya muy pobres. Por eso en el Partido del Trabajo estamos y estaremos tajantemente en contra del paquete y las propuestas económicas de Felipe Calderón.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez: Gracias. Con su venia, señor presidente. El Partido Verde quiere dejar asentado que votamos en contra del formato aprobado, hace un rato, para el análisis del Tercer Informe de Gobierno. Pues si bien reconocemos las posiciones de mayoría, exigimos respeto a las minorías, que en nuestro caso representan un poco más de 2.3 millones de mexicanos.
Para fines del debate parlamentario no podemos aceptar que se limite la libertad de expresión de los grupos parlamentarios menos numerosos.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en los últimos 12 meses México ha sufrido una crisis sin precedentes. Una crisis que, como el presidente Calderón señaló en su mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobierno, leído por cierto en Palacio Nacional, se construyó a partir de factores de diversa índole.
Sabemos que en ello tuvieron que ver las crisis financiera y económica experimentadas a nivel mundial; la salud, con motivo de la influenza tipo A H1N1; e incluso la de seguridad pública.
El presidente Calderón nos informa que, gracias a diversas acciones implementadas, en particular su programa de medidas contracíclicas, la economía de nuestro país evitó padecer un desempeño aún peor que la caída de 10 por ciento para el primer semestre de este año, reportada en el informe que hoy nos ocupa.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde está convencido de que esta caída podría haber sido menor; sin embargo, la ausencia de un esquema de políticas públicas coherente, a la altura del reto que nos impone lo realizado en años recientes por otras economías para las que hasta hace algunos años fuimos referencia, ha sido clave para un desempeño de nuestra economía, muy por debajo de su potencial.
Si bien es cierto que algunas medidas implementadas por el gobierno federal contribuyeron a evitar que la tasa de desocupación aumentara a niveles sin precedentes, a niveles de suspenso para los anales de la historia económica de nuestro país, no podemos dejar de señalar que México hoy padece la tasa de desempleo más elevada de los últimos 13 años.
Mucho se ha dicho en los últimos años sobre la necesidad de introducir reformas estructurales para mejorar la competitividad de nuestra economía, desafío en el que, sin duda, el Poder Legislativo tiene una importante tarea que llevar a cabo.
En esta materia, el presidente Calderón destaca en su tercer informe algunas reformas; por ejemplo, la reforma fiscal y la reforma energética. La primera ha resultado a todas luces insuficiente para mejorar la estructura de las finanzas públicas de nuestro país.
Por ello, hoy tenemos frente a nosotros una propuesta fiscal bastante controvertida, que se basa en exigir un mayor esfuerzo a los contribuyentes para cubrir un enorme hueco en las finanzas públicas, más que en generar estímulos para impulsar el crecimiento de nuestra economía en forma más decisiva.
La reforma energética, por su parte, aún está incompleta; pues sobra decir que el gobierno federal se ha retrasado en forma notable respecto a la expedición de la reglamentación prevista en el nuevo marco legal.
Ahora bien, no obstante que hay otras reformas que podrían haberse llevado a cabo, es necesario señalar que el Poder Ejecutivo ha tenido a su alcance un andamiaje legal que le habría permitido impulsar diversas políticas públicas, promotoras de la inversión en diversos ámbitos de la economía.
Sin embargo, la falta de credibilidad respecto a la eficacia de la actual administración para llevar a buen término una buena parte de los programas o proyectos que se ha propuesto impulsar ha sido un factor que ha inhibido muchas decisiones de inversión.
Ejemplo de lo anterior son: el fallido proyecto Punta Colonet; el polémico, innecesario y desgastante proceso para definir el estado destinatario para la nueva refinería de Petróleos Mexicanos; el complicado contexto de relación institucional en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones han tratado de instrumentar la licitación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, y la total falta de rumbo percibida por los empresarios en los programas bajo el paraguas de la Secretaría de Economía, por citar algunos.
En este contexto, el Partido Verde recibe con beneplácito la propuesta del presidente Felipe Calderón, para ?y cito textualmente? pasar de la lógica de los cambios posibles, limitados siempre por los cálculos políticos de los actores, a la lógica de los cambios de fondo que nos permitan romper las inercias y construir en verdad nuestro futuro.
Pero quiero ser muy enfático. Si bien coincidimos con el presidente en cuanto al desafío que tenemos enfrente, en el Partido Verde consideramos que, desafortunadamente, dejó transcurrir tres valiosos años para impulsar los cambios de fondo que propone, y que tal vez ahora resulte más complicado lograr ese noble propósito.
De igual forma, consideramos que la propuesta de cambios del presidente Calderón, tendría que haber sido mucho más ambiciosa.
Por ejemplo, el Partido Verde ve con preocupación que, como parte de su decálogo de reformas hay una ausencia notable: la necesaria adecuación del marco legal para impulsar mejores medidas de protección y conservación del medio ambiente.
Por otro lado, las condiciones actuales de la economía mexicana y el panorama que se prevé bajo las condiciones actuales requieren un esfuerzo muy superior a un decálogo. Se requiere impulsar un acuerdo nacional para lograr la transformación que los mexicanos de hoy y los mexicanos del futuro requieren para vivir con mejores estándares de calidad de vida; es decir, con mayores niveles de bienestar, con una mucho mejor distribución del ingreso, con un medio ambiente sano y bajo un clima de paz social.
De otra forma, los mexicanos seremos testigos de cómo nos rezagamos frente a los avances logrados por otras economías. No podemos darnos el lujo de permitir que nuevamente veamos cómo otras naciones sí son capaces de mejorar el nivel de vida de sus habitantes muy por encima de lo que nosotros podemos lograr, tal como ocurrió con los casos de España, Irlanda y algunos países del sureste asiático que hace 30 años tenían prácticamente el mismo nivel de ingreso per cápita que los mexicanos y que hoy prácticamente lo duplican.
En virtud de la agenda que preocupa y ocupa al Partido Verde, quiero referirme en particular a las diversas acciones emprendidas por la administración del presidente Calderón por lo que hace a la protección del medio ambiente.
Dentro del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 se han puesto en marcha 17 programas que desafortunadamente no han dado los resultados esperados. Tan sólo el Programa de Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del Valle de México ha tenido como cuestionamiento la falta del recurso agua en el valle de México y zona metropolitana. Apenas ahora se empieza a percibir un cambio en el enfoque respecto del valor del agua de lluvia.
El Programa Especial de Cambio Climático, que ha sido la nueva bandera del gobierno federal en materia ambiental, no ha sido publicado aún en el Diario Oficial de la Federación. El Partido Verde ha cuestionado esta omisión y el gobierno federal ha dado como respuesta que las acciones comprometidas en ese programa se están llevando a cabo, sin ser necesaria su publicación. Sin embargo, a efecto que tenga la credibilidad que antes hemos cuestionado, es necesario que el Ejecutivo federal no repare en la necesidad de que dicho programa se publique en el Diario Oficial de la Federación.
Por otra parte, por lo que hace a la aplicación de la justicia ambiental, en el primer semestre de 2009 la política integral de inspección y vigilancia realizó solamente 374 acciones de inspección y 704 de vigilancia, así como 42 operativos especiales, logrando la atención de 56 de los 97 sitios prioritarios programados para el año. Aunque estas acciones muestran un aumento del 100 por ciento respecto de los sitios atendidos en 2008, aún hay mucho por hacer.
Con todos los esfuerzos y participación de los gobiernos de los estados de México, Michoacán, Morelos y Distrito Federal, dentro del Programa Cero Tolerancia se clausuraron sólo seis aserraderos clandestinos. No es suficiente el esfuerzo para proteger nuestros mermados recursos naturales. Tenemos todos los diagnósticos, conocemos todos los problemas, pero no logramos poner el énfasis en dar un giro definitivo a las políticas para la impartición de la justicia ambiental porque los operativos para este fin requieren un esfuerzo coordinado que complica la operación. En nuestras manos está simplificar los procedimientos.
Antes de concluir quiero que quede constancia de que el Partido Verde considera que es necesario corregir la desatinada modificación al marco legal que derivó en el hecho de que el titular del Ejecutivo no acuda a esta soberanía a cumplir con una responsabilidad republicana de rendir cuentas en persona al Congreso de la Unión sobre el desempeño de su administración.
El marco actual no puede considerarse como un arreglo institucional adecuado. El presidente de la república necesariamente tiene que acudir al Congreso, sede de la representación popular, a informar sobre las acciones emprendidas por su gobierno. Es aquí donde debe entregar y rendir cuentas del estado en que se encuentra la administración pública, no sólo mediáticamente o en la sede del Poder Ejecutivo.
Naturalmente, compañeros legisladores, el Congreso de la Unión debe contribuir en gran medida para que esta tarea pueda llevarse a cabo bajo un marco de civilidad y de respeto.
Por ello, el Partido Verde impulsará una iniciativa de reforma al artículo 69 constitucional para establecer con precisión la obligación del titular del Ejecutivo para que acuda al Congreso de la Unión no sólo a presentar su informe por escrito, sino que de viva voz, ante esta asamblea manifieste el resultado de su gestión año con año. Eso sí, sin la pompa que esta ceremonia revestía en el pasado. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Informo a la asamblea que se encuentran entre nosotros representantes de las Universidades de América y del Caribe. Sean ustedes bienvenidos. Así como miembros del Sindicato de Músicos del Distrito Federal; y siete alcaldes electos del estado de Nuevo León. Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Torres Piña, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Carlos Torres Piña: Con la venia de la presidencia. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, el tercer informe de Felipe Calderón refleja que el gobierno federal vive una realidad muy distinta a la que percibimos los mexicanos.
El aumento de la criminalidad, el fracaso que siente la sociedad para que el Estado brinde protección a los ciudadanos, salvaguarde su integridad, derechos y patrimonio, así como preservar las libertades y la paz se ha convertido en uno de los temas pendientes de la actual administración y, no se diga, también de la actual crisis que vivimos.
La construcción de un México "dizque para vivir mejor", sólo está en la mente de los funcionarios que integran el gabinete. Diariamente el número de ejecuciones se incrementa, los secuestros no disminuyen, los operativos no cesan y las cifras sobre criminalidad reflejan el grado de incertidumbre y zozobra en el que se encuentra la sociedad mexicana.
A tres años de iniciada la guerra de su gobierno contra la delincuencia organizada, la actuación del Ejecutivo federal ha sido reactiva más que propositiva en la planeación y la aplicación del estado de derecho.
El aumento de la delincuencia organizada, el número de efectivos caídos en esta lucha y la ola de ejecuciones nos permite afirmar que Felipe Calderón no tiene una estrategia para combatir eficazmente el crimen organizado. Ejemplo de ello es el hecho de que los grupos de delincuencia organizada han incursionado en diversos campos delictivos y no sólo en el trasiego de drogas, sino también en el narcomenudeo, en la extorsión, en la trata de personas, en el secuestro y la piratería.
Sin embargo, el gobierno federal no ha actuado para desmantelar la estructura financiera de los cárteles y sólo combate la vertiente del narcotráfico. Los resultados son lamentables y, al mismo tiempo, incompatibles con el incremento de recursos presupuestales y con la aprobación de leyes con que este mismo Congreso ha contribuido para que el gobierno federal enfrente, sin pretextos, la delincuencia organizada.
Resulta paradójico que cuando más dinero se ha tenido en las instituciones de seguridad pública, la violencia se ha incrementado.
Los operativos que el gobierno federal realiza de manera permanente y sistemática en distintas entidades del país, son acciones planeadas y dirigidas, coordinadas y supervisadas por mandos militares en funciones de seguridad pública.
En ese tipo de operativos las instituciones de seguridad pública desempeñan un papel marginal y testimonial. Los mandos que están al frente no reportan a ninguna autoridad civil, únicamente responden al secretario de la Defensa o al titular del Ejecutivo federal. Las líneas de mando son muy claras y en ellas se encuentran excluidos también los gobernadores. A ello, hay que agregar el enfoque del estado policiaco que prevalece por parte del Ejecutivo.
Como en las intervenciones del Ejército en el combate al crimen organizado, acciones que no están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en ningún programa sectorial, situación que genera contradicciones, el discurso militarista en defensa de los derechos ciudadanos pretende generar confianzas en las inversionistas y en los ciudadanos en general, pero, por el contrario, la sensación de violencia afecta la confianza y ésta a la economía.
La práctica internacional muestra que la presencia del Ejército en estas tareas debe ser solamente temporal y en casos de emergencia; sin embargo, la constante de este gobierno ha sido en mantener permanentemente al Ejército en las calles.
Por otra parte, la campaña mediática para difundir información sobre el número de detenciones llevadas a cabo como prueba de la eficacia de las acciones realizadas, representa métodos engañosos para medir el éxito de los operativos y de las detenciones.
Como parte de esta estrategia se ha tratado de impactar la percepción de la población a través de la manipulación, difundiendo una serie de medidas espectaculares, riesgosas e ineficaces. A propósito de las cifras del tercer informe, así lo demuestran.
Las sentencias condenatorias en materia de delincuencia organizada por cada 100 delitos son apenas 11, en 2008, y de enero a junio de 2009 apenas llegan a 10. Cifra muy menor si se compara al número de atenciones que diariamente se nos presentan.
La cifra de homicidios atribuidos al crimen organizado aumentó de mil 500 en 2005, y a más de 2 mil 500 para 2006 y 2007, según datos de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. A estos datos habría que aclarar las más de 14 mil personas ejecutadas de diciembre de 2006 a agosto de este año.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, este Tercer Informe de Gobierno debería partir por el reconocimiento de que el problema de narcotráfico está fuera de control y que es producto, en buena medida, de los resabios del viejo sistema y de las complicidades políticas que protegen sus intereses ?directa o indirectamente? con operaciones cotidianas en las que están involucrados un número indeterminado de sectores de las fuerzas públicas y armadas que responden a un doble mando.
Además, existe una complicidad evidente en el sistema financiero nacional y de la Secretaría de Hacienda, que es omisa para implementar acciones en contra del lavado de dinero que reforzaban junto con las remesas de los migrantes y los ingresos petroleros, la endeble macroeconomía de nuestro país, así como los bolsillos de una cantidad indeterminada de familias y jóvenes desterrados del sistema que carecen de la oportunidad económica y del bienestar social.
Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el mensaje de Felipe Calderón con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, los ajustes de su gabinete y el paquete económico que envió a esta soberanía, son el reconocimiento implícito del fracaso de la primer mitad de su gobierno y a la necesidad urgente de un cambio en el modelo económico.
Es incongruente que en el planteamiento del proyecto económico plantee una disminución muy pequeña en el presupuesto para seguridad, y a la Presidencia entre 70 millones y mil millones en el caso de Seguridad Pública. En cambio, para Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, prácticamente está planteando la disminución de 10 mil millones, y en Educación, cerca de 4 mil millones de pesos.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, nosotros debemos exigir al Ejecutivo federal que combata las causas de origen de este mal y no los efectos; más prevención y menos acciones punitivas.
Debemos tener mayores oportunidades los mexicanos. Es por eso que estamos convencidos de que, para combatir la violencia y el poder de las bandas criminales, resulta fundamental implementar políticas públicas encaminadas a la recuperación del campo mexicano, de promoción del empleo, de la reactivación de la economía y de la industria.
Encaminadas a la consolidación de una política social-integral, del combate a la pobreza, de desarrollo económico, de mejoramiento en los niveles de alimentación y nutrición, y en un mejor acceso a una educación de calidad y a un sistema de salud de amplia cobertura; así como de una mayor oferta cultural en todo el territorio nacional.
Para nadie es desconocido que la mejor estrategia para el combate a la delincuencia no es invertir en millones en la compra de armamento de este país. No se necesita de armas, este país necesita empleos y políticas públicas eficientes.
Por ello, y para contribuir a una mejor calidad de vida de los ciudadanos, se orientará la acción legislativa del Partido de la Revolución Democrática en esta LXI Legislatura a promover los cambios que la sociedad demanda para el modelo económico y el combate a la impunidad.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, quiero aprovechar también esta tribuna para hacer una enérgica protesta a favor de la compañera Margarita García Flores, mujer comprometida con los derechos de las mujeres y defensora del Estado laico y liberal.
Compañeras legisladoras, hace ocho días ustedes ganaban un debate aquí en este recinto legislativo, a favor de los derechos de las mujeres para participar precisamente en este recinto legislativo. Ayer, el Congreso de Oaxaca aprobó una ley que penaliza el aborto, suprime la libertad de las mujeres para decidir su fecundidad en causas justificadas, y tácitamente declara la existencia de la persona jurídica con derechos desde el cigoto.
Con ésas son ya 16 iniciativas de esta Corte que se aprueban en las entidades de este país, con la certera intención de echar abajo el fallo de la Suprema Corte que fue aprobado el año pasado.
La legislación en comento es aberrante, pues suprime los derechos de una persona plenamente constituida, a favor de otros inexistentes, aún de la cual la mujer queda sólo en función de ser su recipiente o su domicilio, y se extiende a la lógica jurídica que presupone esta ley.
Así, los derechos confesionales se reducen jurídicamente a las mujeres, a la función del útero. Dicen defender y proteger la vida de los que no han nacido, mientras condenan la ignorancia y la falta de oportunidades y de trabajo a los que ya viven.
Yo les pregunto a las diputadas y a los diputados del PRI aquí presentes, si para congraciarse con la derecha y el clero y tener su venia para llegar al poder del 2012, van a tirar por la borda su legado liberal, su vocación otrora progresista y laica, a favor de un Estado convencional que conculque los derechos logrados por la mujer.
La fracción parlamentaria del PRD hace un exhorto a las diputadas y diputados?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido, diputado, concluya por favor.
El diputado Carlos Torres Piña: ? de este partido y de todos los que están aquí representados, a defender las libertades del Estado laico y a comprometerse con los derechos de la mujer. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Ovando Patrón, del Partido Acción Nacional.
El diputado José Luis Ovando Patrón: Con su permiso, diputado presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, acudimos hoy a cumplir con el mandato legal de analizar el Tercer Informe de Gobierno presentado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Nuestro México es un país con gran historia, una gran historia que se va engrosando con las historias sociales o individuales que a través de los años, y que gracias al esfuerzo de muchas mexicanas y muchos mexicanos, hoy nos entregan un México que lucha, que busca mejores condiciones de vida, con una sociedad exigente que demanda de sus representantes acciones a la altura de los grandes retos que enfrentamos.
Como en cualquier etapa de nuestra historia nacional es necesario primero conocer, después reconocer, y para el caso concreto, apoyar los esfuerzos que se realizan por transformar nuestras instituciones y mejorar nuestra vida comunitaria, como lo es sin duda el esfuerzo sin precedente histórico que desde los primeros días de su gobierno el presidente Calderón realiza para combatir al crimen organizado y al narcotráfico.
La lucha que hoy se desarrolla atiende el anhelo de muchas mexicanas y mexicanos, quienes durante varios años veíamos cómo las drogas se iban adentrando en nuestra sociedad rodeando a nuestros seres queridos, bajo la omisión y, en el peor de los casos, la complacencia y la complicidad de autoridades de todos los niveles de gobierno.
Garantizar el orden y la paz social es nuestra responsabilidad más importante como Estado; es la base misma de nuestro origen y la razón de nuestra existencia. Por ello, para el Grupo Parlamentario del PAN es objetivo fundamental de sus políticas, estrategias, planes y proyectos en seguridad pública, el salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, así como preservar el orden y las libertades.
Los resultados que se informan en este periodo son muy favorables. También tenemos muy claro que aún quedan muchas cosas por hacer. Desde esta alta tribuna queremos hacer un reconocimiento a todas y cada una de las autoridades encargadas de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, quienes con valentía y disciplina, las fuerzas armadas y los cuerpos policiacos han dado muestra de su lealtad irrestricta a nuestras instituciones, población y territorio para de esta forma mantener la soberanía nacional y la gobernabilidad.
Día con día observamos cómo se enfrentan contra el crimen organizado los cárteles de la droga, bandas de secuestradores y demás agrupaciones o personas que intentan desestabilizar a nuestro país. Con su labor, el Estado mexicano está presente en todos y cada uno de los rincones del país. Hay autoridad y se ejerce el estado de derecho.
Que no haya duda y que no se confunda nadie. En México hay conflictos, sí, pero también hay autoridad para resolverlos. En México, sí, tenemos problemas de inseguridad y violencia, pero el gobierno los enfrenta con toda la fuerza del Estado. Al gobierno no le intimida la delincuencia. Por el contrario, ejerce todas y cada una de sus facultades para enfrentarla, realizando acciones firmes para recobrar y otorgar a las mexicanas y a los mexicanos la seguridad y la convivencia social que nos merecemos.
De acuerdo con los datos proporcionados por el propio presidente Felipe Calderón, durante los dos primeros años de su gobierno se han asegurado cerca de 50 mil armas; casi 22 mil vehículos utilizados por los criminales; capturado a 80 mil personas vinculadas a la delincuencia; a 70 lugartenientes de los cárteles de la droga; a mil 400 secuestradores; y desarticulado a más de 200 bandas dedicadas al secuestro, entre otras grandes acciones y golpes asestados al crimen. Las acciones de seguridad ?por supuesto? estarían incompletas si no se acompañaran de innovadoras acciones en materia de prevención.
Esta es la apuesta del futuro para garantizar el estado de derecho en México. Con el Programa ?por ejemplo? de Rescate de Espacios Públicos, se han recuperado alrededor de dos mil parques, plazas y jardines en todo el país para que sean las familias y no los delincuentes quienes los utilicen.
Se han incorporado también 16 mil planteles educativos al Programa de Escuela Segura para dar a los estudiantes un ambiente escolar libre de violencia, armas y drogas, con la participación de maestros, padres de familia y estudiantes.
Se han impulsado más de 300 centros Nueva Vida para la prevención y manejo de las adicciones, con una base de trabajo comunitario.
En materia de política interior, el Ejecutivo federal ha sido promotor e impulsor del diálogo de los Poderes de la Unión, los partidos políticos, los gobernadores y munícipes en las entidades federativas; y, en general, se ha dialogado con todos los actores sociales y económicos de nuestro país, privilegiando el interés de la nación.
De la misma forma, vale la pena destacar también la atención y seguimiento de los procesos electorales durante todo este año con profunda visión de respeto y sin injerencia alguna, instalando mesas de diálogo para distención de cualquier conflicto que pudiera manifestarse.
En materia de protección civil, reconocemos la labor desempeñada para cuidar a la población frente a emergencias derivadas generalmente de fenómenos naturales, como lluvias torrenciales, heladas atípicas, el impacto de huracanes y ciclones; así como actuar de forma pronta y eficiente en la atención a damnificados y en la autorización de los recursos para las comunidades afectadas.
La relación entre los Poderes de la Unión se ha dado en un clima de respeto y de amplio diálogo, particularmente con el Legislativo, gracias a lo cual se aprobaron reformas legislativas de mayor importancia entre las que se destacan, por su impacto económico y social, la reforma energética y la reforma al sistema de seguridad pública y justicia penal, entre otras, de los más diversos temas que se presentaron por el Ejecutivo ante el Congreso de la Unión.
Es importante decir que estos logros se construyen porque hay voluntad política, porque se dejan a un lado las discrepancias irreconciliables para dar paso al diálogo y al debate generadores de acuerdos. A ello convoca el Partido Acción Nacional a todas las fuerzas políticas aquí representadas, a buscar las coincidencias que nos acerquen y a dejar a un lado las diatribas que nos alejen de los más grandes propósitos republicanos.
En el PAN daremos pasos firmes para apoyar y lograr los cambios de fondo que ha propuesto el presidente Calderón, cambios que son inaplazables para el desarrollo de México y que requieren la disposición de todos los actores políticos y de la sociedad para llevarlos a cabo.
Es necesario profundizar y ampliar la lucha frontal contra el crimen por la seguridad de los ciudadanos. La seguridad pública es un asunto que requiere, no únicamente de la voluntad política por parte de los actores y autoridades, sino a poner en marcha programas, políticas públicas, legislación, cambios al sistema de seguridad y justicia, que realmente sean soluciones viables ante la realidad que enfrentamos.
Señoras diputadas y señores diputados, un historiador señalaba que los políticos tímidos e interesados se preocupan más de la seguridad de sus puestos que de la seguridad de su país. Como lo decíamos al inicio de esta intervención, la gran historia de nuestra patria se va engrosando con las historias sociales o individuales que cada generación va forjando.
Debemos hacer realidad estos cambios fundamentales, cambios de fondo que los legisladores de Acción Nacional impulsaremos. Es momento de construir una gran alianza entre los Poderes de la Unión, los gobiernos locales y la sociedad entera para hacer de México un país próspero y en permanente crecimiento.
Hoy más que nunca debemos dejar a un lado posiciones partidistas y cumplir con las exigencias de la sociedad, ésa es nuestra tarea y responsabilidad como representantes de la nación.
Veamos y construyamos hacia el futuro, con actitud republicana y con generosidad por el bien de México. Atendamos el momento histórico. Continuemos la lucha contra el crimen. Escribamos juntos la historia, una historia que brinde a nuestras hijas, a nuestros hijos una patria segura, ordenada y generosa, que refleje con toda claridad la dignidad de nuestra gran nación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado, Rogelio Cerda Pérez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rogelio Cerda Pérez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, al cumplir el señor presidente con su obligación de informar en los términos del artículo 69 constitucional, somete a escrutinio de esta soberanía popular las acciones que su gobierno ha realizado en los últimos 12 meses.
Si bien es cierto que en la génesis del Poder Legislativo destaca la atribución de formular leyes, también lo es que entre sus señaladas responsabilidades está la de fiscalizar lo realizado por el Ejecutivo para identificar yerros y desatinos, con el fin de que éstos sean finalmente enmendados.
En este sentido, y más allá de filiaciones partidistas, el país nos demanda a plantear con objetividad nuestras observaciones y críticas al Poder Ejecutivo. Y al presidente le exige que valore nuestro trabajo con tolerancia.
Al hacer el balance del Tercer Informe de la presente administración federal, con decepción y juicio desapasionado concluimos que han transcurrido 12 meses con un evidente retroceso, producto de omisiones, incompetencias y de improvisaciones.
Al gobierno federal le han preocupado más los resultados en las encuestas, ordenadas por él mismo, que los resultados y las metas alcanzadas. Así pues, la estrategia de este gobierno es más bien la de agradar, que no la de cumplir con el imperativo de un gobierno responsable.
Ello explica que en el equipo del señor presidente de la república exista un importante número de aficionados a la política. El pueblo demanda al gobierno el retiro de los funcionarios improvisados y que deje de ser el gobierno central una escuela de cuadros partidistas.
Hoy los mexicanos exigen que se convoque a lo mejor de sus inteligencias y sus talentos, con perfiles que correspondan a los desafíos de la nación. Sólo así será posible encontrar, más pronto que tarde, sólido rumbo y destino seguro.
El informe del Ejecutivo federal evidencia que lo que nació como un proyecto colmado de programas y propuestas se ha convertido en un ente errático y a punto de derrumbarse.
Es imperativo que el gobierno impulse vigorosamente la reactivación económica y con ello, la generación de empleos.
En este orden de ideas resultaría absurdo dejar de reconocer que el actual modelo económico está agotado. El desarrollo del país debe sustentarse en nuevas bases, ser más competitivo, pero, sobre todo, socialmente más justo.
En momentos como éste es preciso que todos actuemos con sensatez. Sumarnos todos para enfrentar juntos los nuevos desafíos del país. Sería inaceptable que alguien con perspectiva y visiones arrogantes pretendiera ignorar la pluralidad de las voces que encarnan en el seno de este Congreso la soberanía del pueblo de México.
Hoy uno de los grandes retos de la nación es recuperar los espacios y el terreno perdido en materia de seguridad pública. La inseguridad es el drama que enfrentan diariamente millones de mexicanos.
Aceptemos que es un asunto que a todos concierne; sin embargo, esto no es óbice para puntualizar con claridad que el mayor peso específico, en términos de responsabilidad, sin duda recae en el gobierno de la república.
En el cumplimiento de esta responsabilidad encontramos errores, negligencias y, en no pocas ocasiones, ausencia de coordinación de los responsables de la seguridad del país con las autoridades estatales y municipales.
El anterior gobierno, que concluyó hace tres años, no atendió con la debida diligencia el flagelo de la inseguridad, y con patético cinismo practicó la política del avestruz.
Ha sido gracias al trabajo y al arrojo de las Fuerzas Armadas Mexicanas que el país no ha sido finalmente secuestrado por la violencia generada por el crimen organizado. Este capítulo de responsabilidades demanda de todos nosotros la mayor y más obsequiosa colaboración cuando las propuestas que se nos presenten estén sólidamente sustentadas.
La crisis económica, aunada al desempleo creciente, constituye un caldo de cultivo pernicioso que puede facilitar el reclutamiento por parte de grupos del crimen organizado, de gentes sin antecedentes delictivos, orillada por su propia desesperación.
Hablemos un poco de la reforma política. El tema de la reforma política es una divisa fundamental para todos. En el décimo punto del mensaje al país, a propósito de su tercer informe de gobierno, el presidente fue impreciso.
Acepta por una parte la necesidad de emprender una reforma política a fondo, pero no define hasta qué punto pretende impulsarla.
Cabe preguntarse si propondrá cambios sustanciales o si sólo serán menores y aislados. La vaguedad de su propuesta difumina su definición y su mismo propósito.
El Tercer Informe de Gobierno está lleno de datos, cuadros y cifras. Este documento hojeado, con hache y sin hache, no nos alienta.
En un país en donde la mitad de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y uno de cada cinco mexicanos no tiene recursos para adquirir los productos de la canasta básica, en donde se encarcela a los indígenas sin juicios justos, donde se discrimina a la mujer, a los discapacitados y a otros grupos vulnerables, no se puede hablar de un verdadero avance en la democracia participativa.
Por respeto al tiempo que se me concedió, no me será posible abordar otros temas importantísimos para la vida del país; no podremos hablar de derechos humanos, migración, protección civil, seguridad nacional, equidad de género, asuntos religiosos y otros más.
Ello en el entendido de que los legisladores de mi partido revisarán estos temas con rigor académico y espíritu crítico.
Con el inicio de la presente Legislatura, tras el resultado que arrojaron las últimas elecciones, hay un nuevo equilibrio de fuerzas políticas, un equilibrio renovado y distinto al interior de esta Cámara y desde luego, de ésta con su relación frente al Ejecutivo.
Ello nos obliga a que todos repensemos nuestras obligaciones frente a 104 millones de mexicanos, a poner lo mejor de nosotros mismos buscando darle armonía y convivencia.
Son muchos los yerros que encontramos en estos tres años de la presente administración federal.
Ante la ausencia de resultados y de eficacia, el gobierno federal ha impulsado intensas campañas mediáticas, explotando preferentemente temas relacionados con la seguridad pública y la procuración de justicia.
Queremos pensar que las inconsistencias entre las propuestas del presidente, de hace tres años y la ausencia de resultados concretos, no son emanadas de una manipulación deliberada, que no gobierna basándose en su propia negación, estilo de gobierno que definen Jeambar y Roucaute, en su ya clásico ensayo Elogio de la traición.
Hoy en nuestro país hay incertidumbre en materia de seguridad pública, en la economía, en el empleo y en la salud. Es firme convicción del PRI que debemos ir al encuentro del futuro con claridad en el rumbo y con certeza en el destino que deseamos. A todos los actores políticos México nos demanda decisiones prontas y eficaces.
El PRI, sus grupos parlamentarios, su dirigencia nacional y sus organizaciones, estamos decididos a hacer nuestra parte, asumiendo nuestro compromiso de cara a la nación.
Aquí y ahora, nosotros, miembros de esta Cámara de Diputados que representamos la suma de rostros y las voces que dibujan a la nación, debemos realizar el trabajo que la historia hoy nos demanda.
Aceptemos, pues, el llamamiento del señor presidente de la república para iniciar un diálogo renovado y respetuoso; en tanto este diálogo no resulte uno de sordos.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, agotemos nuestros afanes buscando soluciones realistas a los múltiples problemas del país, conscientes de que es el único que tenemos y que legaremos a nuestros hijos.
Apoyemos aquellos proyectos y programas que la razón impone con la fuerza de su contundencia, sin importar de quién o de dónde provengan, y rechacemos con vehemencia lo que nos resulte chocante por carecer de sustento.
En esta hora de nuestra historia la nación emplaza a todos sus hijos, nos observa con mirada crítica y a gritos nos ratifica que nadie sobra en la tarea de buscar con empeño la solución a los grandes problemas del país.
Amigas diputadas y amigos diputados, si no lo intentamos nosotros, ¿quiénes? Y si no es hoy, díganme cuándo. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Ha concluido la primera ronda, en cumplimiento al punto tercero del acuerdo. Iniciamos la segunda ronda, en cumplimiento del punto tercero del acuerdo de los grupos parlamentarios. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Guadalupe García Almanza, de Convergencia.
La diputada María Guadalupe García Almanza: Señor presidente, señoras diputados y señores diputados, el día de hoy iniciamos con una de las tareas fundamentales que tiene encomendadas por la Constitución la Cámara de Diputados, que es el ejercicio de rendición de cuentas al que debe someterse ante esta soberanía el Ejecutivo federal.
Convergencia, congruente con la filosofía política que nos inspira la socialdemocracia, refrenda la división de Poderes, como lo señalaba Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, como un elemento fundamental de pesos y contrapesos que debe existir entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Llegamos al Tercer Informe de Gobierno y al análisis del estado que guarda la administración pública federal a la mitad de sexenio, en medio de una profunda crisis que nos demanda un enorme compromiso con la nación para poder superarla.
Desde que se fundó Convergencia se enfatizó en la necesidad de encontrar un nuevo rumbo para la nación y una nueva política para una nueva sociedad.
En 2006 planteamos ?en el marco de la Coalición por el Bien de Todos, Primero los Pobres? un proyecto alternativo de nación que permita un cambio a fondo en la conducción económica del país, con políticas públicas que incrementen la producción y el empleo, en el que Pemex, la empresa más importante de México y una de las más importantes de América Latina, fuera eje y motor de nuestro desarrollo.
Advertimos en la campaña presidencial pasada que el país no podía seguir transitando hacia el aumento de la pobreza, la miseria la inseguridad y la exclusión social; pero, deliberadamente, el gobierno actual se ha empecinado en mantener intacto el mismo modelo económico de los últimos 27 años, a pesar de su evidente fracaso.
Hoy, ante el choque financiero internacional y la tardía y tibia respuesta federal para paliar sus efectos, la producción nacional se ha derrumbado alrededor del 10 por ciento y las finanzas públicas se han colapsado.
De 2006 a la fecha, 10 millones más de mexicanos han pasado a engrosar las filas de la pobreza, de los cuales 4 millones se han hundido en la miseria extrema y millones más se debaten cotidianamente en la desesperación por no encontrar fuentes de ingreso.
Debemos señalar que la actual crisis económica no tiene precedente histórico alguno. No se trata de una crisis, consecuencia de la situación internacional, sino producto de la política económica neoliberal de las últimas dos décadas y media.
En la presente administración de Felipe Calderón, la canasta básica se ha incrementado el doble que la inflación, y en la propuesta del paquete económico de 2010 el gobierno federal plantea incrementar los impuestos y aplicar IVA a medicinas y alimentos, decisión que afectará aún más el bolsillo de los que menos tienen.
En lo que va de 2009, más de 750 mil mexicanos han perdido su empleo, en la actual administración aproximadamente 1 millón 800 mil personas se han incorporado a las filas del desempleo, ésa es la realidad económica de nuestro país.
En este contexto de crisis económica y de desempleo se ha provocado la mayor depresión social del que se tenga memoria. Hoy 60 millones de mexicanos se encuentran en niveles de pobreza. En este escenario resulta necesario reorientar las políticas públicas en materia económica, de lo contrario vamos a continuar lamentado como nación el derrumbe de las estructuras sociales de nuestro país y el agravamiento y desesperación de la sociedad mexicana que no encuentra solución a sus problemas.
Las cifras nos muestran una grave situación en materia de educación en el gobierno actual. En más de cuatro pruebas hemos obtenido el último lugar en educación, comparados con otros países. El 46.3 por ciento de maestros reprobaron el último examen nacional. En 2007 México obtiene el último lugar en ciencias, matemáticas y lectura. En la evaluación de 2009, a los 30 países miembros de la OCDE sobre sus sistemas educativos, México muestra el último lugar en gasto por alumno.
Por ello Convergencia, con una visión socialdemócrata, se pronuncia por un fortalecimiento de la educación pública superior, en donde no se limiten recursos para su desarrollo y sustento, y en donde se fortalezca, desde sus cimientos, la educación pública básica, y se revisen los contenidos educativos a fondo y con un carácter laico y científico.
En los próximos meses veremos agudizar la astringencia financiera que los otros órdenes de gobierno vivirán, siendo la mayor de las amenazas la misma paralización de servicios básicos municipales y, en algunos casos, de los propios estados.
Estamos seguros que una vez más los buenos propósitos de recuperación que nos enuncian las autoridades hacendarias serán sólo eso, vanos designios que la ineludible realidad los cancelará.
Vivimos una crisis dentro de la crisis. Por ello, las medidas que habremos de tomar deberán estar al tamaño de nuestros problemas, competen a la macroeconomía, a las finanzas públicas generales, a todos los órdenes de gobierno, a todos los sectores productivos. En esencia, al gobierno, al capital y al trabajo, hacer su tarea.
No podemos regresar al pasado. No debemos fingir, en el futuro mediato, que la coyuntura habrá terminado, cuando por los hechos es obvio que la estructura económica y social construida a contrapelo de toda racionalidad productiva ha sido antifuncional para el crecimiento y el desarrollo del país.
No podemos negar que el contraproducente saldo social anula toda pretendida visión de que los mercados oligopolizados pueden operar eficientemente, de que la creciente concentración de la riqueza algún día generará un mercado interno boyante, que el hambre y la miseria deben ser costos circunstanciales que debemos pagar para que opere una economía ideal que sólo existe en la imaginación, supuestamente ilustrada, de los menos, mientras los más de los mexicanos ven cancelado todo atisbo de futuro y de esperanza.
México no es un país pobre, es un país empobrecido por mala planeación e ineficiente decisión de los gobernantes. Por ello, la discusión del presupuesto público y de su financiamiento deberá dar claros visos de nuevos derroteros, de cambios significativos en las prioridades del gasto público, de previsibles y promisorios impactos económicos y sociales que la sociedad urgentemente espera.
Lo que avizoramos pública y políticamente en 2006 finalmente ha tocado la puerta. No podemos negar la realidad. El cambio nacional no es un sueño, es hoy una necesidad.
El presupuesto público, la orientación y la operación de las instituciones públicas deberán ser la palanca básica para darle un nuevo derrotero a la nación. De una vez por todas, la política fiscal de gasto y de ingresos públicos deberá estar funcional y operativamente enlazada a la política monetaria y cambiaria que asegure un crecimiento sano y sostenible de acuerdo a nuestros potenciales productivos.
Trabajemos juntos por México. Luchemos por México. Comprometámonos por México por el bien de todos y por el bien de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el señor diputado Roberto Pérez de Alva, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco: Gracias, diputado presidente. Compañeros legisladores, la historia nos ha demostrado que sólo la democracia ofrece un marco institucional que permite impulsar cambios y transformaciones en el uso de la violencia y con el privilegio de la razón de los asuntos públicos.
Como grupo parlamentario, en Nueva Alianza valoramos los avances logrados en la consolidación de nuestra vida democrática. Respetamos nuestro pasado, sí, aprendimos de la historia pero no nos anclamos a ella.
Somos conscientes que la democracia liberal que hoy alumbra a diferentes sociedades, exige, entre otras muchas cosas, un control efectivo del Estado que debe regir su acción por la ley, ajustándose a los preceptos constitucionales y manteniendo las condiciones para una relación coordinada y respetuosa entre los poderes y los órganos autónomos.
Para el Partido Nueva Alianza y su grupo parlamentario, los órdenes de gobierno deben estar sujetos, debidamente sujetos al escrutinio de una sociedad civil y de una prensa libre, objetiva y veraz.
Las ciudadanas y los ciudadanos de México deben disfrutar de igualdad política con apego a la ley, y los grupos minoritarios tener la libertad de practicar su cultura, creencias y ejercitar sus derechos como plenos ciudadanos.
Por ello, hoy es preocupante el hecho que nuestras instituciones estén sujetas a un desgaste, ya sea primordialmente por la ineficiencia en el cumplimiento de sus funciones o por cualquier otro factor.
En este sentido, la seguridad pública que el Estado debe y está obligado a proporcionar a la población, constituye una preocupación determinante para la gobernabilidad, y se ha convertido en un verdadero problema. Ante el crecimiento de los índices delictivos, de la violencia que día con día dejan ya inclusive, hasta de sorprendernos en los titulares de los diarios.
En el tercer informe del Ejecutivo federal, los datos que se manejan no corresponden con la percepción social, en donde prevalece la sensación de que la estrategia implementada por el gobierno federal no ha logrado los resultados esperados, y que incluso, las autoridades se han visto ampliamente rebasadas.
En Nueva Alianza reconocemos el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno en el combate a la delincuencia; sin embargo, es evidente que se requiere urgentemente revisar las estrategias que hasta hoy se han implementado, pues han resultado definitivamente ineficaces.
Hoy, ante este panorama, se suma también la profunda crisis económica que se vive en el país. Enfrentamos un crecimiento negativo del producto interno bruto, lo que es una situación verdaderamente de alarma.
Como resultado de lo anterior, el consumo interno está cayendo y se han cerrado miles de empresas de distintas ramas productivas, con graves consecuencias en el empleo. Y no tan sólo en este periodo por el efecto en las familias, sino por el efecto en toda la cadena productiva que esto implica. En este cercano periodo tan sólo se han perdido más de 750 mil empleos.
La incertidumbre, como aquí se ha dicho ?y lo dicen los millones de mexicanos?, es creciente, y los resultados que reporta nuestra economía imposibilitan dar plena cobertura a nuestras necesidades de educación, infraestructura, ciencia y tecnología, empleo, ingreso y otros muchos servicios para nuestra población.
El gobierno federal, por un lado, aplica medidas contracíclicas para fortalecer infraestructura; sin embargo, por otro, de manera contraria presenta graves subejercicios y en especial recortes presupuestales en apoyo a sus planes de austeridad, que al mes de agosto suman alrededor de 85 mil millones de pesos.
Por si esto fuera poco, y adicionalmente a esta difícil situación, se suma ahora el paquete económico que se ha presentado para 2010 y que también presenta un perfil férreamente restrictivo en materia de gasto y probablemente regresivo respecto del ingreso.
El proyecto de Presupuesto atenta contra la equidad y contra una política de apoyo al crecimiento y al mejoramiento de los niveles de bienestar social, haciéndolo económica y políticamente inaceptable.
Se propone una reducción de 218 mil millones de pesos en el gasto programable, respecto a lo aprobado en 2009, y presenta un ajuste equivalente o aproximado al 2 por ciento del PIB. Esto presenta pérdidas importantes en la asignación presupuestal para los diversos sectores, como la educación, la seguridad pública, la salud, la agricultura, entre otros no menos importantes.
Ramos como la educación, ciencia, tecnología e innovación, que tienen una función estratégica para toda nación en su desarrollo, en su crecimiento y en su competitividad, se encuentran totalmente desfasados y rezagados.
No existe para este sector una política de inversión sostenida por parte del Estado. Nuestro país vive, lamentablemente, un rezago tecnológico de 30 años, lo que nos lleva a comprar la tecnología desarrollada por otros países.
Es urgente poner atención a este sector, que la crisis no sea un pretexto para regatearle recursos a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. Es nuestra obligación hacer el mejor de los esfuerzos para fortalecer nuestras universidades públicas y nuestros centros de investigación. En ello se sustenta, aunque muchos lo duden y no le apuesten por eso, el verdadero futuro de México.
Por otro lado, el campo mexicano, el baluarte, es sin duda una de las áreas que han venido enfrentando quizá los más graves problemas. Las consecuencias del progresivo deterioro de los productores se han introducido en una caída de sus ya precarias condiciones de vida.
La política agrícola y la aplicación del presupuesto público destinado a este sector tienen repercusiones amplias, no sólo desde el punto de vista de la producción, sino de los subsectores productivos que lo integran, así como del nivel de ingreso y la vida de las familias que de él dependen. Y la verdad es que muchos de los problemas que se enfrentan es la corrupción asociada a la asignación y a la distribución de los productos y los apoyos.
Un solo dato. El 5 por ciento de los agricultores más ricos de México concentra el 44 por ciento de los recursos totales entregados en la historia de Procampo entre 1994 y 2008. En contraste, el 80 por ciento de nuestros campesinos, los más pobres, recibieron apenas 27 por ciento de los fondos de Procampo durante este periodo.
El Poder Legislativo, todos nosotros y nuestros compañeros senadores, debemos evaluar la eficacia del gasto, su transparencia y garantizar que los recursos lleguen a quienes lo necesitan.
En materia de política exterior seguramente se abundará con mayor tiempo, pero habría que decir que no se han obtenido los avances. Hay algunos atisbos, pero falta mucho por hacer.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconoce como necesaria, como urgente, la intervención de este Poder Legislativo, con el fin de posibilitar el incremento económico. Disminuir las inequidades, propiciar la tan necesaria igualdad de oportunidades para todas y todos los mexicanos. El mecanismo fundamental, el instrumento por naturaleza para lograrlo es, sin duda, el presupuesto.
Por ello, es de suma importancia que el proyecto del paquete económico para el próximo 2010, que se nos envió, sea un verdadero instrumento para dar la cobertura a los requerimientos de justicia social del pueblo de México.
Sí, es cierto, México tiene que innovar. México tiene que encontrar reformas. México tiene que encontrar un camino, pero un camino que lleve a abatir desigualdades y contrastes que ya son inaceptables; nuevas fórmulas de concertación para transformar esta economía nuestra y superar obstáculos que impiden el progreso. En ello está la responsabilidad de todos nosotros.
Ojalá que con esta voluntad, que con esta coincidencia, que con este aparejamiento de ideales que se han venido expresando ?y ojalá también que no fuese solamente eso: ideales?, logremos el crecimiento económico para que la justicia social para los millones de pobres en México, sea una realidad. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra a la diputada Ifigenia Martínez y Hernández, del Partido del Trabajo.
La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández: Con su venia, señor presidente. Honorables miembros de esta Cámara de Diputados, el pasado 1 de septiembre, en relativo cumplimiento del mandato constitucional, el señor Felipe Calderón Hinojosa entregó por interpósito secretario de Gobernación el informe por escrito correspondiente al tercer año de su gestión. Es lamentable que el Congreso de la Unión, cuya LXI Legislatura entró en funciones en esa fecha, no pudo ser enterado personal y directamente de tal documento.
Pero al día siguiente, ante una audiencia ?a modo? de alrededor de mil personas, el licenciado Calderón dirigió un mensaje. En ese evento presentó su llamado mensaje político y su propuesta de decálogo para el futuro de la nación. En dicho mensaje se permite vislumbrar la agudización de las políticas neoliberales.
No cabe duda que dicha orientación está plasmada en la propuesta de paquete económico presentada a esta soberanía, integrada por cuatro documentos: los criterios generales de política económica, la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y una propuesta de reforma tributaria.
El mensaje se inicia convirtiendo una realidad palmaria en una verdad a medias; incompleto cuando enunció que la economía mexicana fue ?debe decir, es?una de las principales afectadas por la crisis internacional, agravada por la vinculación ? debió decir, dependencia? a la economía de Estados Unidos, epicentro de una crisis que afecta a toda la economía internacional.
Aunado, como causas de nuestra propia depresión económica, la aparición de un nuevo virus de influenza humana, la mayor virulencia de los grupos del crimen organizado, como si ésta fuera de generación espontánea y no consecuencia de las condiciones económicas, sociales y culturales y del grave deterioro que todos padecemos.
Del impacto de una de las peores sequías y de la caída más severa en la producción del petróleo, también como si ésta fuera un fenómeno inesperado y no precisamente el resultado de una política imprevisora de explotación petrolera, en vez de industrializar el recurso, si ya no hablar de la inequitativa tributación que padece la empresa más grande de la república.
En esta ocasión, nuestros breves comentarios se referirán a la gravedad de la situación económica y al descenso del producto y del ingreso nacionales, cuya magnitud e implicación, sobre todo sus implicaciones, fueron prácticamente omitidas y que han alcanzado, y lo harán durante el año, caídas del 10 por ciento o más en los ingresos de la población.
Caída nunca vista desde la Gran Depresión de 1929, cuando el país aún no alcanzaba los 20 millones de habitantes. Entre esas implicaciones está la agudización de la pobreza en todos los niveles, aún con el marco conceptual, en gran medida eufemístico, inventado y aplicado desde la época de Vicente Fox, de las llamadas "tres pobrezas": alimentaria, una; de capacidades, la segunda; y de patrimonio, la tercera.
Que es más grave si se consideran los métodos para una medición integral de la pobreza, rectificación mediante la cual se aprecia que ésta alcanza a poco más del 50 por ciento de la población, de acuerdo con los expertos más calificados en el tema.
O sea que en nuestro sistema económico existen de forma permanente los efectos de desarrollo insatisfactorio a más de 50 millones de habitantes y una excesiva concentración del ingreso.
En fin, esta discusión y la de los criterios generales de política económica nos deben conducir a analizar lo que debería ser una reforma fiscal de fondo; es decir, que afecte tanto al gasto como al ingreso y a la deuda, instrumentos capaces de coadyuvar un crecimiento superior al 6 por ciento, como el que tuvimos durante cerca de la mitad de medio siglo, y no una que sólo pretende ser más, comillas, competitiva con el exterior.
Sino, sobre todo, que atienda las necesidades de fortalecimiento del mercado interno, único medio de lograr el desarrollo y la generación de empleos productivos y adecuadamente remunerados.
Aquí deberá analizarse qué significa la propuesta calderonista para, comillas, avanzar más a fondo en reformas de segunda generación para fortalecer nuestra industria petrolera, comillas.
Parece evidente que se quiere insistir nuevamente en introducir elementos de privatización en Pemex y en el sector eléctrico, pretensión ?en principio derrotada en la pasada reforma petrolera? en la cual en sentido contrario a las intenciones privatizadoras de los neoliberales, debemos oponer la posición de fomentar una economía mixta, con el fin de fortalecer al sector paraestatal, incluida la banca, como palanca del desarrollo económico y parte fundamental del patrimonio nacional, el cual debemos defender y no poner a subasta.
En este contexto, y considerando la reducción de tres secretarías: Función Pública, Reforma Agraria y Turismo, deberá analizarse la situación de las finanzas públicas que aquí mencionamos en la perspectiva de analizar todo el paquete económico y el proyecto de presupuesto.
Estamos de acuerdo en la racionalización del gasto público para disminuir el gasto corriente innecesario y superfluo. Estamos de acuerdo en eliminar las dependencias inútiles, dependencias oficiales inútiles, para bajar el costo financiero de una deuda que tiene en gran medida orígenes fraudulentos. Recuérdese el Fobaproa.
Estamos de acuerdo en orientar los recursos en forma más acorde con los principios del pacto federal, con una orientación programática de largo plazo, que dé prioridad a la creación de infraestructura pública, propicie la expansión productiva y la generación de empleos en toda la economía y en toda la república.
Del lado de los ingresos públicos, su fortalecimiento debe partir de recuperar la progresividad perdida del impuesto personal a los grandes contribuyentes, aumentar la eficiencia recaudatoria, eliminando los regímenes preferenciales que favorecen a las grandes empresas nacionales y trasnacionales, y hacer un esfuerzo para eliminar la evasión y la elusión fiscales, el contrabando y la corrupción.
El incremento de la recaudación debe hacerse mediante medidas impositivas progresivas y no regresivas; que pague más quien más tiene. Que no se cargue el costo del fracaso y la crisis a los más pobres, con cargas generales que afectan en la misma proporción a los desiguales; que es lo que se está haciendo con la propuesta de la contribución para el combate a la pobreza: 2 por ciento a los ingresos por ventas de bienes y servicios de todo tipo, a todo mundo.
Por ello, el compañero López Obrador recalcó que demandará al gobierno que a la brevedad dé a conocer cuánto pagan de impuestos las 100 empresas y bancos más grandes del país.
El aumento de la base gravable debe buscarse por otros caminos. No hay que crear nuevos impuestos, sino corregir el impuesto sobre la renta de las corporaciones y de las personas de altos ingresos, para que paguen más quienes poseen capacidad tributaria y no los pobres y más pobres. No al gravamen en alimentos y medicinas. Basta ya de un país de gente muy rica, con un pueblo muy pobre. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez: Con su permiso, señor diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el Partido Verde consideramos que todas las fuerzas políticas, sin excepción, han sido y continúan siendo constructoras de nuestra joven democracia.
Celebramos el valor de esta pluralidad que, sin embargo, presenta retos que hoy se hacen patentes. Tenemos que reflexionar no sólo sobre el contenido del informe, sobre los errores y aciertos del gobierno federal durante el último año, sino sobre el papel que a nosotros, como diputados, nos corresponderá asumir de cara al futuro respecto a la relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo; e incluso, respecto a la relación entre nuestras propias fracciones parlamentarias.
Esta mañana, que debería de ser consagrada a un análisis de fondo sobre los grandes temas del informe, se convirtió en mitad clase de derecho, mitad concurso de oratoria. Nos la pasamos en un debate sobre cómo discutir, que resultó ser mucho más largo que lo que habría tomado la discusión de fondo: que a ciertos partidos se nos ha pretendido limitar en tiempo y temas.
Son estas relaciones entre poderes y entre partidos, mucho más que cualquier otra cosa, más incluso que la guerra contra las mafias del narcotráfico, las que determinarán el grado de gobernabilidad, nuestra capacidad de acción y el poder para generar cambios que impulsen la justicia y el desarrollo.
Se ha hablado aquí de un Estado fallido, pero no se ha hablado de nuestra responsabilidad respecto a la gobernabilidad del país que pasa por nuestra voluntad para lograr acuerdos en este recinto.
Esta legislatura, que apenas se inicia, puede ser en teoría un sano contrapeso, un vigilante eficaz y, por supuesto, una fuente valiosa de iniciativas y cambios necesarios.
Pero la historia que estamos por escribir puede ser diferente. Todos sabemos muy bien que las iniciativas y reformas que más urgen han sido o postergadas o trasquiladas. Es decir, podemos acabar simplemente como un laboratorio ineficaz, egoísta e inmóvil, como simples rehenes de la lucha político-electoral entre partidos.
Nuestras propias reglas del juego, la no reelección inmediata de legisladores y la saturación continua de procesos electorales en los estados, entre otros incentivos perversos, dificultan la generación de consensos entre grupos, y deberán ser revisadas pronto.
Mientras tanto, todos vamos a tener que anteponer realmente la lógica de la conciliación, hoy tan necesaria, a la de las ambiciones partidistas.
Recordemos que no está muy lejos la lección aprendida en algunas naciones de Europa de principios del siglo XX que, autocomplacidas por su nuevo estatus como democracia, subestimaron las consecuencias de un presidente débil y parlamentos incapaces de generar acuerdos.
La tercera república en Francia, la primera república italiana y la Alemania de Bismarck fueron caldo de cultivo para la ingobernabilidad, crisis económicas recurrentes, golpes de Estado y hasta guerras mundiales.
Por eso, el Partido Verde quiere hacer del tercer informe presidencial un punto de partida para la construcción de acuerdos entre nosotros.
Aunque no compartimos todas las estrategias seguidas por el gobierno ni aprobamos muchos de los resultados que se han obtenido, el Partido Verde no hará de la crítica una excusa para el inmovilismo político, que tanto daño está haciendo a nuestro país.
Nuestro partido, por el contrario, será una fuerza constructora de mayorías. Sin embargo, como Partido Verde no podemos dejar de observar la falta de una propuesta ecológica en el decálogo del presidente.
Si no garantizamos un desarrollo sustentable, que tenga lugar cuidando del ambiente, simplemente no habrá un futuro donde lograrlo.
Destaca, por cierto, la ineficacia de algunos programas en curso del gobierno, como el de reforestación, que con una tasa de sobrevivencia de sólo 2 por cada 10 árboles plantados, no puede ofrecer los resultados que realmente se requieren.
En otros casos observamos que el gobierno federal simplemente no ha vigilado el cumplimiento de iniciativas ya aprobadas por el Congreso, como el decreto de "compras verdes", que reformó la ley de adquisiciones del sector público para promover el uso de papeles reciclados.
En materia de energía han sido pocos los avances para dar impulso a la diversificación energética, realidad que además de desaprovechar nuestro potencial en energías renovables y limpias, pone en desventaja estratégica el potencial de crecimiento, dada la creciente reducción de la plataforma petrolera.
También debemos señalar que nos parece que las medidas anticíclicas del gobierno para enfrentar la crisis global empezaron tardíamente y fueron insuficientes. Los datos hablan por sí solos: diversos estudios especializados coinciden en situar a México como uno de los cinco países más afectados en el mundo por este choque externo.
Sin embargo resulta evidente que aunque la crisis perjudicó a varios países, lo hizo con fuerza distinta en cada caso, evidenciando las debilidades estructurales previas en aquellos países en los que el daño resultó mayor.
Por eso sería demasiado fácil y de poca utilidad atribuir nuestra difícil situación actual a la crisis global o al desempeño del último año de gobierno.
La estrepitosa caída del PIB que en el segundo trimestre del año se estimó hasta en 11 por ciento, o bien el actual boquete presupuestal de 300 millones de pesos, se deben entender a la luz de estadísticas que datan por lo menos de hace una década.
En realidad, antes de la crisis ya se pronosticaba un crecimiento del PIB de apenas 3 por ciento en el orden del promedio de los últimos 10 años y muy inferior al 6 por ciento que requerimos para incorporar al mercado de trabajo al 1.5 millones de jóvenes que lo requieren cada año.
Antes de la crisis ya éramos un país con más de 50 millones de personas en situación de pobreza patrimonial, el sexagésimo lugar mundial en competitividad, sexto en la región y uno de los países con el más bajo nivel de recaudación tributaria no sólo de la OCDE, sino de América Latina.
Ya antes de la crisis éramos una economía con un pobre mercado interno, malos resultados en las pruebas de desempeño escolar Enlace y PISA y peligrosamente dependiente de nuestros ingresos petroleros, a pesar de la observada disminución de nuestra capacidad de extracción.
Esta crisis sólo ha sido una llamada de atención que nos obliga a actuar con un sentido de urgencia. No podemos seguir abocados a remedios de coyuntura. Necesitamos dedicar menos tiempo a administrar nuestras penurias y más a procurar el crecimiento de la economía.
Entendemos que se trata de un reto que el Partido Verde no podrá enfrentar en solitario. Sabemos que los necesitamos, o más bien que nos necesitamos mutuamente. Podemos tener éxito si decidimos empezar no por identificar las diferencias, sino por el reconocimiento de las posturas que nos acercan. Por ejemplo, el Partido Verde suscribe el compromiso expresado por todas las fuerzas políticas para el combate a la pobreza, que debe ser una prioridad del Estado.
Asimismo, compartimos con el presidente y con la gran mayoría de ustedes la idea de alcanzar una cobertura universal de salud. De hecho, nos hemos comprometido ante nuestro electorado a defender una iniciativa que va en ese sentido, garantizando el abasto de medicinas cuando el IMSS no lo pueda hacer, a través de una modificación a la ley basada en un sistema de vales para medicinas. Se trata de un objetivo deseable y financieramente también posible y los invitamos desde ahora a apoyar esta propuesta para que sea un logro de todos nosotros.
Creemos también en el papel central de la educación de calidad. Por eso vamos a impulsar un programa de bonos educativos orientado a ser igualador de oportunidades, factor de movilidad social y generador de conocimiento para la competitividad y el desarrollo.
Esperamos que en su momento nuestra propuesta de bono educativo para facilitar el aprendizaje de inglés y computación entre estudiantes también se convierta en un logro de todos nosotros.
Nuestra campaña nos permitió recoger un sentido reclamo ciudadano: fortalecer la lucha contra los criminales. Por eso propusimos castigos ejemplares para ellos y tuvimos un eco muy importante entre los electores. Conocemos las posturas de todos los partidos frente a esta propuesta y estamos abiertos para encontrar un área de coincidencia que, en la lógica de conferir castigos ejemplares, nos permita a todos, entre otras medidas que también apoyaremos, atacar juntos la criminalidad y responder al mandato del electorado.
En el Partido Verde entendemos la responsabilidad que asumimos frente a los casi dos millones y medio de votos que hicieron de nuestro partido la tercera fuerza en 11 estados de la república. Entendemos también el compromiso con todos los mexicanos frente a la apremiante necesidad de impulsar verdaderos cambios de fondo.
El Partido Verde será un factor de gobernabilidad. Lo seremos siempre que podamos impulsar reformas para combatir la pobreza, mejorar la justicia, elevar el nivel de vida de los mexicanos y proteger el medio ambiente.
El Partido Verde debe, puede y quiere hacer una fuerza constructora de mayorías. Seremos, con muchos de ustedes, una joven fuerza constructora de cambios. Aspiramos y trabajaremos para que, por fin, en esta legislatura podamos edificar entre todos nosotros una plataforma fundacional, la de los consensos que se requieren para ver surgir al México del futuro. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. Queremos comentar que en el resumen ejecutivo del Tercer Informe de Gobierno, en el apartado de economía competitiva y generadora de empleo se afirma, a partir de una política económica contracíclica y un programa de inversión sin precedentes, que se han logrado mitigar los efectos de la crisis externa, impulsar la competitividad y productividad; así como fortalecer los motores internos de crecimiento y proteger el aparato productivo y los empleos de millones de mexicanos. Cuánto cinismo hay en esto.
Por lo que se refiere a competitividad, según datos del Foro Económico Mundial, México se encuentra en el lugar 60, igual que el año pasado. En lo relativo a la protección del aparato productivo, debemos decir que entre junio de 2008 y junio de 2009 se han cerrado miles de empresas.
El Instituto Mexicano del Seguro Social reporta la baja de más de 7 mil 500 patrones. En cuanto al tema de proteger el empleo de millones de mexicanos, tan sólo en el primer semestre del año se han perdido más de 850 mil empleos, teniendo un total de 2 millones 800 mil. Por eso decimos: qué cinismo en los planteamientos del resumen del informe.
Por otro lado, a contrasentido o con lo que se dice sobre la ejecución de un programa de inversión sin precedentes por este gobierno, debe recordarse que en el último recorte presupuestal el programa de inversión fue de los más afectados.
Seguramente el resumen ejecutivo se preparó antes del recorte anunciado y ya no se corrigió, o simplemente no se contemplan los efectos de estos recortes. En ambos casos el informe deja de ser objetivo y se aparta de la realidad, sin generar empleos ni remuneraciones suficientes. La política económica de la presente administración federal ha fracasado en su propósito de elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos, así como de disminuir la pobreza y la exclusión social.
Consideramos también insuficiente el magro crecimiento económico alcanzado en promedio en los últimos 3 años, el cual, hasta el segundo trimestre refleja una reducción anualizada del 10.3 por ciento del producto interno bruto.
Otras políticas sin éxito han sido, por ejemplo, el llamado "primer empleo", que hasta la fecha no ha reflejado resultados.
La presente administración federal se propuso dar impulso a la infraestructura a través de grandes proyectos como construcción de carreteras, puentes, aeropuertos, que requirieron de trabajadores; pero tampoco ha resultado una salida a la crisis debido a que en el primer semestre de 2009 se registraron dramáticos subejercicios.
En este punto, para mayor abundamiento, queremos denunciar que de los 3 mil millones de pesos que la anterior legislatura aprobó para ampliación del Metro de la Ciudad de México, Carstens anunció de manera unilateral un recorte de 430 millones, reafirmando así la falsedad de lo afirmado en el Tercer Informe; dando con ello, además, una bofetada a los habitantes de la Ciudad de México.
Desde nuestra apreciación, existe un fracaso en la política económica a mitad del sexenio del llamado o del autodenominado "presidente del empleo". Y este fracaso no solamente es producto de la crisis financiera y la recesión mundial, sino que es resultado de la falta de implantación de otras medidas que permitan a la población empleo, ingreso, consumo y ahorro.
Es pertinente mencionar que el grado de monopolización en la economía mexicana ha permitido ganancias extraordinarias para algunos empresarios. Los monopolios en sus ámbitos de acción están ocasionando graves perjuicios a la sociedad, sin que hasta la fecha las principales dependencias del gobierno federal hayan intervenido para evitarlo. Organismos como la Cepal reportan que el país no presenta en los años recientes una reducción significativa en sus niveles de desigualdad.
Por otro lado, es relevante señalar el fracaso de la política forestal, que ha dado prioridad en exceso a la reforestación, con malos resultados, por simple estrategia mediática.
Igualmente, a través de la evaluación del impacto ambiental se ha propiciado la aprobación de un sinnúmero de proyectos turísticos, mineros e industriales cargados de conflictos ambientales y sociales.
Por otro lado, la decisión tardía de sustituir al titular de la Sagarpa, momentos antes de dar cuenta sobre la situación que está padeciendo la población del medio rural, contradice las cifras alegres que se han manejado en torno de la producción agropecuaria y pesquera de nuestro país.
Los datos del déficit entre las exportaciones respecto a las elevadas importaciones agropecuarias reafirman el fracaso que ha tenido la política neoliberal impuesta desde hace más de 20 años en el país, que ha ocasionado mayor pobreza y abandono en el campo, en lugar de invertir en la producción nacional para garantizar el abasto del consumo nacional.
Es urgente además que la Sagarpa nos informe de manera detallada, pero con cifras reales, sobre las pérdidas de cultivos en el territorio mexicano, pues no coinciden los datos oficiales de 1 millón y medio de hectáreas perdidas, mientras que diversas organizaciones campesinas han señalado cifras superiores. Tan sólo por lo que se refiere al maíz, se ha señalado afectación de más de 3 millones de hectáreas.
Así, por otro lado, en materia de telecomunicaciones no hace el informe ninguna referencia al grado de concentración subsectorial debida a la presencia de pocas grandes empresas dominantes. A diferencia de los datos de la OCDE, el informe habla de tarifas bajas, lo cual es totalmente falso.
En política carretera, el informe muestra el crecimiento de la inversión y la construcción, pero oculta el manejo de los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura y el estado actual del costo de rescate carretero. Además, refiere sobre tarifas bajas de peaje, que no existen.
En infraestructura ferroviaria presumen del aumento del monto de la inversión tanto pública como privada en la materia, festinando que la inversión pública representa 70.6 por ciento, mientras que la privada solamente 29.4.
Es increíble que en un sector dominado por empresas ferroviarias extranjeras, el Estado tenga que invertir tan cuantiosas cantidades. En los hechos, está subsidiando a las empresas extranjeras.
En suma, el informe de Felipe Calderón pretende ocultar una de las líneas estratégicas de su gobierno. Esta línea estratégica consiste en subsidiar, apoyar o beneficiar con el presupuesto nacional a un sector selecto de la oligarquía nacional y de los monopolios extranjeros para favorecer en plena crisis económica, la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, pero muy cuantas manos.
Para ello está obrando como si fuera el Chucho el Roto de los ricos o el Robin Hood de los ricos, pues ellos robaban a los ricos para apoyar a los pobres, pero aquí pasa lo contrario; es decir, se sustraen recursos del presupuesto nacional para favorecer a los más ricos.
Hemos llegado a extremos que este poder autónomo no puede pasar por alto. No podemos ser cómplices de una táctica que va orientada a desinformar al pueblo y que se basa en la mentira y en el engaño. Esa táctica ha pasado paulatinamente de la mentira, acompañada de un gran despliegue publicitario, para llegar ahora al cinismo.
Como muestra agregaremos sólo un elemento más. Ante la creciente y manifiesta oposición de los partidos políticos y grupos organizados contra el cobro de IVA en alimentos y medicamentos, ahora se pretende pasar de contrabando la propuesta de cobrar el 2 por ciento generalizado, y para evitar el rechazo a este nuevo impuesto, se sugiere que los recursos recabados por esta vía serán utilizados para el combate a la pobreza.
Esto nos recuerda cuando Fox propuso el 15 por ciento de IVA y para convencer a la sociedad desarrolló todo un despliegue publicitario, en el que afirmaba burlonamente que los recursos económicos recaudados mediante este impuesto se regresarían copeteaditos a los ciudadanos.
Hoy, como ayer, sucede lo mismo con el 2 por ciento, ya que se afirma que se regresará a los más pobres. Sólo le faltó decir que se regresará copeteadito. Qué cinismo.
Es una calca de la forma de actuar cuando se obra en contra de los intereses del pueblo, pero el pueblo de México tiene memoria histórica y no olvida las experiencias recientes con que se le ha engañado.
Ya basta de mentir al pueblo, señor Calderón. Si en estos momentos estuviera entre nosotros el presidente Benito Juárez seguramente le repetiría su frase histórica que decía: "malditos aquellos que de palabra dicen defender al pueblo y que en los hechos lo traicionan". Y yo afirmo: por el bien de la patria, no más mentiras a nuestro pueblo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, del Partido Acción Nacional.
El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba: Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladores, desde finales de la década de los setenta México volvió a ser una potencia petrolera y a raíz del descubrimiento del yacimiento de Cantarel, uno de los más grandes depósitos de crudo que en el mundo se hayan encontrado, los ingresos por las exportaciones petroleras crecieron consistentemente, hasta convertirse en un importante recurso que llegó a representar 40 centavos de cada peso.
Imposible desconocer los beneficios que el petróleo ha traído a México, pero tampoco se debe ignorar que como país y como sociedad adquirimos el síndrome petrolero y que nuestra economía paulatinamente se adaptó a esa circunstancia.
Hacer una reforma integral se volvió una tarea casi imposible, las grandes reformas estructurales necesarias para dinamizar la economía se dejaron a un lado y los grandes cambios se disfrazaron con tibias e insuficientes modificaciones.
Los ingresos petroleros extraordinarios, en muchos años, gracias al precio del energético debilitaron la voluntad nacional para hacer cambios de fondo. Condujeron a la adopción de políticas tributarias con bases gravables estrechas y concentradas, y en algunos años el flujo de recursos petroleros fue más rápido que la capacidad nacional de invertirlos adecuadamente.
Así, llegamos a la crisis financiera más grande que el mundo ha conocido y que se originó en los Estados Unidos, el socio comercial más importante del país.
México está sufriendo el efecto de esa crisis. Nuestra economía cayó en más de un 10 por ciento en el segundo trimestre del año, cuando tocó fondo.
Haciendo una minuciosa revisión del tercer año de gobierno del presidente Felipe Calderón se identifican acciones contracíclicas, cuyo objetivo ha sido la defensa del empleo, la protección a las familias de menores ingresos y, en general, aminorar lo más posible los peores efectos de la crisis financiera.
Por ejemplo, se amplió el Programa de Empleo Temporal, dando lugar a que más de medio millón de mexicanos tengan hoy un ingreso trabajando en actividades que beneficien a sus comunidades.
Se extendió la vigencia de los servicios del Seguro Social, lo que ha permitido a aquellos trabajadores que perdieron su empleo que tengan, ellos y sus familias, acceso a los servicios de salud y otras prestaciones.
En lo que respecta a nuestras empresas, este año se han detonado créditos por más de 94 mil millones de pesos redundando en beneficio tangible de más de 100 mil micro, pequeñas y medianas empresas.
Para el campo mexicano se ha logrado contar con un presupuesto para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que supera los 235 mil millones de pesos, monto que representa el 50 por ciento más de lo que se canalizaba en el 2006.
No debemos dejar de mencionar otros aspectos de mayor relevancia en el actual gobierno, referentes al programa de infraestructura más grande de la historia. En menos de 3 años hemos invertido más de 100 mil millones de pesos en proyectos carreteros.
Hoy llegó la necesidad de tomar en consideración todas las acciones del gobierno con el fin de construir un país: el país que necesitamos.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional concuerda claramente con la política económica manifestada por el presidente de la república en el envío del paquete económico.
En ese paquete se establecen dos diferentes vertientes: la primera es una reforma en el ámbito tributario que no representa la reforma integral y la reforma hacendaria que necesitamos, sino que representa la necesidad de hacer frente a una crisis financiera como la que estamos viviendo.
El propio señor presidente fue enfático en la necesidad de realizar reformas importantes en el plano estructural de nuestro país. Reformas en materia energética, reformas en materia de competencia económica, reformas en materia de infraestructura, la necesaria reforma laboral, reformas en materia agraria, en materia del campo, de vivienda. Una serie de reformas que serán necesarias dentro de esta legislatura.
La propuesta económica del Ejecutivo representa 3 posibles vertientes. En primer lugar, el cubrir el déficit mediante un endeudamiento temporal de 60 mil millones durante el ejercicio de 2010, 40 mil en 2011 y nula en 2012.
Asimismo, el señor presidente de la república ha tomado la firme decisión de disminuir el gasto programable. Ha reducido y se reducirán una serie de competencias y de atribuciones de diversas secretarías. Se congelarán los salarios de los servidores públicos de mayor jerarquía.
Asimismo, por ser necesario, se requiere una reforma fiscal. Una reforma fiscal que a nuestro partido le parece en estos momentos la adecuada; una reforma que tiene tres diferentes vertientes; una reforma que es necesaria para nuestro país en este momento; pero que, indudablemente, no representa la reforma que el país necesita.
Nosotros estamos convencidos de que es necesario llegar a una reforma hacendaria integral. No veamos, compañeras diputadas y compañeros diputados, en esta reforma la única voluntad del Poder Ejecutivo. Veamos, simple y llanamente, la necesidad de cubrir el déficit presupuestal.
Mucho se ha hablado del impuesto del 2 por ciento para combatir la pobreza. Nuestra postura es que éste es un impuesto al consumo que está claramente dirigido a un fin específico; un fin específico que requiere el que la canalización de los recursos que de ahí se obtengan, se canalicen al programa Oportunidades, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la ayuda a los más vulnerables: a los indígenas.
En nuestro país hace más de 30 años no existía un impuesto destinado a un fin específico. Éste es un impuesto que está destinado para ello. No es un impuesto que tenga arbitrariedades, es un impuesto que debemos ver en el reflejo de un importante inicio que se debe dar en esta materia.
Uno de los principales puntos en el decálogo del señor presidente es precisamente el combate a la pobreza. Este impuesto pretende ser un paliativo importante para que nuestro país cada día sea un mejor país, y cada día nosotros, los mexicanos, sigamos con convicción nuestros anhelos.
Ya llegó la hora de realizar las reformas necesarias. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos dispuestos a construir un México mejor; estamos dispuestos a debatir, a platicar, a charlar en forma responsable por el beneficio de nuestro país; un país de todos.
Nosotros estamos convencidos de que la propuesta económica del señor presidente de la República es un buen principio para lograr los anhelos que todos deseamos. Por ello, en este momento nosotros, los que integramos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, estamos en la mejor disposición de que todos juntos construyamos para un México mejor; que debatamos y platiquemos; que manifestemos las ideas con un ánimo de responsabilidad y una mejoría paulatina para nuestro país. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el 5 de julio pasado la ciudadanía mostró su inconformidad por la grave situación que vive el país; lo hizo en paz, lo hizo con serenidad y sabiduría.
Siete de cada 10 mexicanos votaron en contra del presidente y de su partido. Este hecho dibujó una nueva realidad política en el país, un nuevo equilibrio de fuerzas, una nueva mayoría. En esta sesión expondremos nuestra primera evaluación del Tercer Informe de Gobierno que el Ejecutivo federal rinde al Congreso de la Unión.
El análisis del texto y sus anexos deben ser materia de trabajo acucioso para esta Cámara. En su momento formularemos las precisiones, observaciones y las preguntas parlamentarias pertinentes.
El Tercer Informe es una combinación de carta de buenas intenciones y una exposición de logros de muy difícil comprensión. Una lectura cuidadosa demuestra que se confunden los medios con los fines; resultados inerciales con metas cumplidas. El informe elude los problemas y, en todo caso, deforma la realidad.
Realidad que sí observan, porque vive en los millones de mexicanos que le dijeron no al presidente, en virtud de que Acción Nacional utilizó su imagen y los programas de gobierno como estandarte, como lema y como arma electoral. De nada le valió.
De nada le valió y puede afirmarse con certeza que la mejor evaluación del informe la hizo la ciudadanía el 5 de julio. Los habitantes de 230 distritos, de los 300 distritos electorales de mayoría, rechazaron de manera clara y contundente a Felipe Calderón y a los programas y políticas que conduce su gobierno.
Ahora, ante el cambio vuelto a ofrecer el 2 de septiembre en el discurso del presidente en el Palacio Nacional, la abrumadora mayoría de los mexicanos que confirmó sus sospechas. Los gobiernos panistas sólo han dado a México un catálogo de promesas y buenas intenciones, y también una década de fracasos severos y dolorosos. El gobierno del PAN ha resultado caro y ha resultado bastante malo.
Pasamos del catarrito a la influenza, y ahora parece que nos quieren decir que estamos en terapia intensiva. Un repaso de algunas acciones para enfrentar la crisis es una buena muestra de su ineficacia.
La columna vertebral del paquete anticíclico consistió en un ambicioso programa de inversión en infraestructura. Se invertirían, en este año, 90 mil millones de pesos adicionales en infraestructura, para alcanzar 570 mil millones. Hoy, a septiembre de este mismo año, el ejercicio no alcanza el 40 por ciento del monto presupuestado, ¿de qué sirve presupuestar grandes montos si al final no se ejercen?
La protección del empleo. La protección del empleo que fue oferta de campaña del candidato Calderón ha resultado en una de las tasas de desempleo que pasó de 3.2 por ciento, en mayo de 2008, a 6.2 por ciento en julio de 2009. La más alta tasa de la última década.
Según las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social se perdieron 590 mil empleos en los últimos 12 meses. En todos los indicadores de comparación a nivel mundial México ha perdido terreno, es menos competitivo, más inseguro, más pobre y se rezaga día con día.
En suma, tenemos una economía devastada que en el 2009 registra la mayor caída de su historia, una economía con niveles de desempleo muy altos, la que requerirá de al menos dos años para recuperar los niveles de empleo de antes de la crisis. Tenemos una economía de las más afectadas en América Latina, un gobierno que reaccionó muy tarde, con medidas anticíclicas, que estuvieron muy por debajo de la magnitud de los retos.
En síntesis los resultados son: más pobreza, más desigualdad, más concentración de la riqueza y más desempleo.
En contraste, el Partido de Acción Nacional ha multiplicado sus estructuras burocráticas, y generando plazas ?por cierto? muy bien pagadas. Su crecimiento en casi una década ha sido escandaloso.
Las plazas con sueldos equivalentes a subsecretario o titular de entidad se incrementaron en más de mil 36 por ciento, pasando de 89 plazas en el 2001 a mil 11 plazas en el 2009. Las jefaturas de unidad o titular de entidad reportan un incremento de más de 16 veces, considerando que en el 2001 se reportaron 69 plazas, y en tanto que en el 2009 ascendieron a mil 212 plazas.
Las plazas con sueldos equivalentes a los directores generales adjuntos se incrementaron del 2001 al 2009 en 390 por ciento. Y los puestos con ingresos equivalentes a direcciones de área aumentaron 764 por ciento, pasando de 4 mil 446 plazas en el 2001 a 38 mil 427 plazas en el 2009.
Los números son claros. Se dio un crecimiento promedio anual de 100 mil millones en gasto corriente, lo acaba de decir el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Los gobiernos panistas malgastaron el crecimiento de los ingresos que se generaron por los altos precios del petróleo.
En suma, hoy tenemos más burocracia federal, pero tenemos menos infraestructura, y como resultado, un gobierno más caro y, sobre todo, un gobierno más ineficaz.
El pasado martes el Ejecutivo federal presentó el paquete económico para 2010. Ahí propuso la desaparición de las Secretarías de la Reforma Agraria, de Turismo y de la Función Pública.
En el caso poco probable de que todos los puestos de dirección de área y superiores fueran suprimidos como resultado de la desaparición de las secretarías señaladas, se reducirían un total de mil 496 plazas, lo cual representaría tan sólo una disminución del 3 por ciento del total de los puestos de esos niveles que existen actualmente.
El nivel de ahorro de gasto corriente está en la desaparición de esto sólo en el papel, pues esas funciones, nos queda claro, alguien las tendrá que realizar y la mayoría, por su especialización, es muy difícil que sean absorbidas por otras dependencias. El ahorro de todo esto sería un poco más de 5 mil millones de pesos para las dependencias que cuestan, por cierto, el doble.
Lamentablemente, en el paquete económico que se nos propone para 2010 el gasto corriente mantiene un crecimiento de 2.7 por ciento frente al presupuestado en 2009, y se advierte una caída del gasto de la inversión en 13.5 por ciento.
A la luz de lo expuesto, conviene señalar que la intención de desaparecer a la Secretaría de la Reforma Agraria responde más a una prioridad ideológica que presupuestal. El PAN y su gobierno quieren desaparecer a la Reforma Agraria, cualquier vestigio de la Revolución.
El PRI se opone a la medida. Estamos por modernizar las estructuras y políticas públicas, pero por ningún motivo vamos a dejar indefensos a los campesinos de México.
Compañeras y compañeros, los diputados priistas nos pronunciamos por hacer más eficiente la atención al campo; nos pronunciamos por detener el crecimiento del gasto corriente del gobierno federal; nos pronunciamos por mayor gasto en inversión y más generación de empleos.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, tenemos claro que somos parte del gobierno representado que consigna nuestra Constitución, pero sobre todo, somos representantes del pueblo y, como tales, a él nos debemos. Su interés es nuestro interés.
Que quede claro: el presidente Calderón y su partido tendrán en nosotros una oposición responsable, pero será una oposición crítica. No aceptaremos que se vulnere a quien menos tiene. Haremos buenas leyes. Los mexicanos esperan mucho de nosotros. Hoy es tiempo de cumplir la palabra empeñada por las colonias, por los barrios y por las fábricas.
El pueblo de México está esperando un cambio de verdad. Ésta es la hora de todos los mexicanos y éste es el tiempo de la democracia y de la justicia social. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Ha concluido la segunda ronda.
El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado. ¿Con qué objeto desea hacer uso de la palabra?
El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (desde la curul): Por alusión personal, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Solamente, señor diputado, que en el acuerdo que fue aprobado por la asamblea, y que es con el que nos estamos normando en este momento, no están consideradas ni las interpelaciones ni ninguna otra participación. Por lo cual le ruego, señor diputado, que tome asiento.
El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (desde la curul): Lo respeto, señor diputado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ha concluido la segunda ronda que establece el acuerdo que celebró y aprobó esta asamblea. Iniciamos, en los términos del acuerdo aprobado por la asamblea, la tercera ronda. Por tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Con su autorización, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, ¿podemos los mexicanos aspirar a la justicia social cuando más de 60 millones de mexicanos no saben si tendrán la posibilidad de tener un plato de comida al sentarse en la mesa de sus hogares? ¿Podemos aspirar a una vida digna si millones de mexicanos, sobre todo los más vulnerables, no cuentan con los mínimos de bienestar reflejados en una adecuada alimentación, un lugar para habitar, el acceso al agua potable, infraestructura de saneamiento, enseres y mobiliarios básicos, fuentes de energía, vestimenta y calzado, transporte al trabajo o al lugar de estudio; si no alcanzan un determinado nivel educativo tanto para niños como para adultos, si no disponen de atención a la salud y mercados de trabajo?
A manera de ecuación se ha construido un modelo económico generador de pobreza permanente y progresiva, misma a la que se pretende dar salida a través de políticas asistencialistas, convirtiendo a la política social en un círculo de desigualdad que administra la pobreza de los mexicanos, pero no la elimina. Se pretende gravar más el consumo de los pobres para, paradójicamente, dar más a los pobres y luego cobrárselos como un favor electoral.
En materia presupuestal, el Tercer Informe es pródigo en vanagloriarse de los recursos destinados a la educación, pero omite reconocer que los recursos están muy por debajo de alcanzar lo establecido en la Ley General de Educación, de destinar cuando menos el 8 por ciento del producto interno bruto, toda vez que el presupuesto educativo federal de 2009 representó apenas el 3.7 por ciento del citado producto interno bruto.
En materia de política habitacional en este informe encontramos deficiencias, omisiones y ocultamiento de información, todo ello para preservar una política excluyente que favorece a empresas desarrolladoras, en detrimento del derecho a la vivienda digna y decorosa acotado en el artículo 4o. de la Carta Magna.
Se oculta que todos los llamados financiamientos son créditos hipotecarios que, en el caso de Infonavit, implican plazos de 30 años para amortizar el adeudo. Esto significa que los adquirentes no son propietarios de las viviendas compradas y están bajo la presión de que el Infonavit continúe imponiendo medidas de coerción en la cobranza mediante despachos privados o vendiendo la cartera vencida, como lo hizo en 2006. El tercer informe también omite reconocer el problema de la cartera vencida.
Por otra parte, y pese a los discursos oficiales y estrategias mediáticas del gobierno federal en las que se anuncia la atención a los problemas de violencia y exclusión social que viven las mujeres, la realidad es otra. En nuestro país prevalece la violencia, la discriminación y la violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres. Dan cuenta de ello cientos de mujeres asesinadas no sólo en Ciudad Juárez, sino en todo el territorio nacional. La inequidad y la exclusión en los servicios de salud y los retrocesos legislativos de las constituciones locales, que a la fecha suman 16, mismas que criminalizan a las mujeres y coartan su libertad para decidir libre e informadamente sobre su maternidad.
El Partido de la Revolución Democrática expresa su rechazo a las reformas realizadas que criminalizan la pobreza, anulan el derecho a decidir de las mujeres y las condenan irremediablemente a sufrir daños permanentes en su salud, incluso, a perder su vida por abortos inseguros en clínicas clandestinas.
Por ello, fieles a los principios democráticos, en pro de los derechos humanos, nuestro partido impulsará las reformas legislativas necesarias y la organización social para hacer frente a una embestida misógina, oscurantista y conservadora de la ultraderecha en México.
Qué podemos decir de la situación de los indígenas en México, que siguen igual, que son, en su mayoría, parte de los 60 millones de pobres de la nación, que el futuro que Calderón les prevé es el de ser sujetos de un nuevo impuesto a alimentos y medicinas. Desde esta tribuna decimos: no pasarán.
El gobierno piensa que a través de una oficina burocrática e ineficaz puede darse trato a los derechos de los pueblos originarios como objeto decorativo y no reconoce que es, precisamente en los indígenas, donde se basa la grandeza cultural de esta nación.
En su tercer informe, Calderón sólo se limita a detallar los programas y logros del Sistema Nacional de Empleo. Como es evidente, este sistema tiene una baja tasa de efectividad y es meramente asistencialista, por lo que no incide en la creación masiva de empleos permanentes y dignos, como lo requiere de manera urgente la clase trabajadora.
Basta señalar que, en julio de 2009, el desempleo alcanzó la tasa histórica de 6.12 por ciento, equivalente a 2 millones 800 mil personas, lo que significa que el gobierno del empleo ha lanzado al desempleo a 1 millón 200 mil personas.
En cuanto al salario. El informe intenta esconder la grave pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores; sin embargo, partiendo de los datos de INEGI para 2009, no puede dejar de ocultar la pérdida de este poder adquisitivo en términos reales. Pero, sobre todo, no hace el comparativo indispensable entre los incrementos salariales, sobre todo de los mínimos y los incrementos a la canasta básica.
La ciencia y la tecnología, simplemente para Calderón no existen, pues en su decálogo las excluyó. Obvio que tampoco menciona que en 2009 ambas actividades se redujeron más de 50 millones de pesos y que el presupuesto representó el 0.37 por ciento con respecto al producto interno bruto del país, con lo cual, Calderón ha violado la Ley de Ciencia y Tecnología que establece destinar, cuando menos, el 1 por ciento del producto interno bruto para ambas actividades.
La política social del presente gobierno es deficitaria en todos los aspectos; deben entender que el problema central es el modelo económico y la política económica actual. No existe política social que corrija los errores de la política económica, si no la modificamos no podremos detener la progresión de la pobreza por más programas sociales que se inventen y por más recursos que se le destinen.
Concluyo, compañeras diputadas y compañeros diputados, compartiendo con ustedes la voz y el sueño de mexicanos pobres, la voz del pueblo que evalúa la política social de Calderón.
Sueña Antonio, con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña, que su sudor es pagado con justicia y con verdad. Sueña, que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña, que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña, que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña, que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña, que debe luchar para tener ese sueño. Sueña, que debe haber muerte para que haya vida. Sueña Antonio, y despierta; ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón, mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe; un viento se levanta y todo lo revuelve, él se levanta y camina a encontrarse con otros, algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos.
Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo levanta. Sueña que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida y que el reino que gobernó se derrumba; sueña y no duerme. El virrey va a donde los señores feudales y éstos le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa, va con sus médicos y entre todos deciden que es brujería india. Entre todos deciden que sólo sangre se liberará de ése hechizo. El virrey manda a matar y a encarcelar; construye más cárceles y cuarteles. Y el sueño lo sigue desvelando.
En este país, compañeras y compañeros, todos sueñan y es la hora de despertar. Desde la montaña en el sureste mexicano. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Partido Acción Nacional.
La diputada Alba Leonila Méndez Herrera: Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, antes de dar inicio con el posicionamiento del tema que me compete, quisiera simplemente dar una respuesta al compañero del PRI que me antecedió.
Él nos explica por qué no hay crecimiento en nuestro país. Él habla y critica a esta administración, cuando durante 10 años no han asumido su responsabilidad con las reformas estratégicas, tan necesarias para nuestro país. Y ahora sí, el presidente Felipe Calderón es el culpable; ahora él es el culpable.
Entonces me pregunto, amigos diputados y amigas diputadas, ¿la mayoría de nuestra gente es gobernada ?valga la redundancia? por los gobiernos de los estados? ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué han hecho los gobernadores?
Lo digo porque yo puedo hablar de mi estado. En mi estado, en la televisión se habla de un paraíso; se habla de carreteras, de puentes, de combate a la pobreza. Somos el cuarto país más pobre y el gobernador habla de que ya ha combatido la pobreza. Simplemente lo vemos, pero en espectaculares. Creo que, como gobernadores, también son responsables. Asumamos nuestra responsabilidad.
Hablaba del petróleo. ¿Los excedentes del petróleo hacia dónde se van, amigos y amigas diputados? Se van con los gobiernos de los estados?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señoras diputadas y señores diputados, por favor, guardemos silencio para escucharnos.
La diputada Alba Leonila Méndez Herrera: Se van para pagarle a Lucerito o a La Gaviota. Ahí están, amigos. Entonces, ¿por qué criticamos? Mejor pongámonos de acuerdo. Eso es lo que tenemos que hacer.
En un estado republicano la responsabilidad y el destino del país se comparten entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por ello, desde el Poder Legislativo compartimos la responsabilidad en los avances y retos que en materia social tiene nuestro país.
Afirmamos que hoy la responsabilidad es del gobierno ante la sociedad, se asumen en un esquema de corresponsabilidad, y en este sentido las diputadas y los diputados del Partido Acción Nacional sí asumimos la parte que nos corresponde en México.
En este sentido, es necesario reconocer los rezagos, pero también resaltar los avances, como el diputado que me antecedió del PRI, que sí lo reconoció, sobre todo porque en un escenario extremadamente complicado por la confluencia de diversos factores, que impactaron severamente la vida de nuestra nación y pusieron a prueba la fortaleza del gobierno y sus instituciones, de manera muy particular la fortaleza de nuestra sociedad.
Padecemos la crisis económica mundial más grave desde 1929, no provocada por la irresponsabilidad de esta administración; es la primera que no es provocada por esta administración. Es una crisis internacional, a lo cual?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputada, por favor. Compañeras y compañeros, les pedimos mantener la calma y serenidad para permitir el desahogo de los asuntos en cartera. Estamos por terminar. Muchas gracias.
La diputada Alba Leonila Méndez Herrera: ? a lo cual sumamos la aparición en el mundo de un nuevo virus de influenza humana, el cual se dio a conocer de manera responsable por México.
También al interior de nuestro país enfrentamos la mayor virulencia registrada de los grupos del crimen organizado, particularmente derivada de su disputa por el control de mercados, rutas y territorios en el país.
Tenemos que reconocer, entonces, que el presidente de México, Felipe Calderón, siempre ha presentado responsablemente los avances y los retos que enfrenta nuestro país. Reconocerle también la firme decisión y el coraje para enfrentar las enormes dificultades del presente.
El gobierno del presidente Calderón se ha centrado en cuidar el estado de derecho, el empleo y en apoyar a las familias mexicanas. No obstante, ante los desafíos históricos que han puesto a prueba nuestro espíritu y nuestra fortaleza, la responsabilidad social del Estado se ha mantenido, y se ha actuado con prontitud y eficacia, lo que ha permitido mantener en operación la estructura gubernamental encargada de generar mejores oportunidades de desarrollo para todas y todos los mexicanos.
Hoy podemos afirmar, que a pesar de las dificultades que enfrentamos como país, la política social cumple su cometido y avanza de manera firme para atender a los que más lo necesitan. De eso solamente nos damos cuenta los que vamos a los municipios, a las localidades y nos enlodamos los zapatos.
Las niñas y los niños?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputada, por favor. Compañeras y compañeros, vamos manteniendo la calma, vámonos escuchando. Es importante el permitir que los oradores den su punto de vista y que nos escuchemos con respeto absolutamente todos. Continúe, diputada.
La diputada Alba Leonila Méndez Herrera: Las niñas y niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los indígenas y todos aquellos grupos beneficiarios de la política social, y sus programas y acciones, siguen recibiendo los apoyos a que tienen derecho.
Reconocemos el dolor social y conocemos el dolor social que viven miles de familias mexicanas y cómo sus proyectos de futuro se han tenido que posponer. No obstante, nos reconforta ver que nuestras niñas y niños siguen recibiendo apoyos que les permiten mantener la esperanza de tener mejores condiciones de vida a futuro.
En este sentido debemos reconocer los esfuerzos por mantener abiertas y por ampliar las oportunidades de educación, pues ésta constituye la mejor herramienta para generar oportunidades de desarrollo para nuestros niños y jóvenes.
No podemos dejar de reconocer que durante la presente administración la expectativa de crecimiento de 98.4 por ciento en la cobertura de educación básica para el ciclo 2008-2009 fue superada al lograr atender al 99.5 por ciento de los niños de cuatro a 15 años en todo el país.
En suma, la inversión física federal en educación al mes de junio no ha sido menor. Es de resaltar que se ubicó en más de 3 mil 800 millones de pesos que, acumulados a los ejercicios por este concepto durante los años 2007 y 2008 sumaron casi 41 millones de pesos.
La inversión total de infraestructura del gobierno federal en los últimos años, en materia de infraestructura, es de más de cinco mil millones de pesos, beneficiando a más de 17 mil escuelas de educación básica del país.
En el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación se ha impulsado la actualización permanente de los profesores y, por primera vez en la historia, se cuenta con un concurso nacional público para 25 mil plazas docentes. Hoy, las plazas de los maestros ni se venden ni se heredan. Se están capacitando y evaluando con más cuidado a los profesores para que quienes den clases a los niños mexicanos sean cada día los mejores maestros.
Hoy lo estamos logrando, 10 millones de familias cuentan con protección social en salud y han dejado de vivir con el temor de empobrecerse a causa de una enfermedad costosa. Además, 2.2 millones de niños constatan que la protección de su salud es un asunto prioritario. Sabemos que no es suficiente y que debemos continuar trabajando para que más mexicanos puedan obtener los beneficios y la felicidad que nuestros avances en salud les han proporcionado.
Compañeras y compañeros legisladores. Diputado presidente, le pido me permita concluir, ya que por las interrupciones solamente me falta un minuto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Concluya por favor, diputada.
La diputada Alba Leonila Méndez Herrera: Coincidimos con el gobierno federal que, frente a la adversidad económica que enfrentamos, la prioridad deben ser aquellos que más lo necesitan: los pobres. Por ello los invitamos a apoyar las reformas que nos permitan cumplir con ellos.
El pasado 2 de septiembre, el presidente de México hizo un llamado a romper con inercias y planteó en el área social tres grandes objetivos, a los cuales Acción Nacional suma su más decidido respaldo.
Uno. Destinar toda la fuerza y recursos del Estado para frenar el crecimiento de la pobreza. Por ello propondré un Presupuesto que no reduzca el gasto en el combate a la pobreza y que lo blinde para evitar desvíos en cualquier orden de gobierno.
Dos. Alcanzar la cobertura universal; y
Tres. Alcanzar una educación de calidad y superar el marasmo de intereses, a fin de que la educación sea la puerta grande para salir de nuestra pobreza.
Nuestro reto es lograr el bien común. No hemos de darnos por satisfechos mientras existan familias en pobreza extrema; mujeres dando a luz a sus hijos sin atención médica.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la diputada concluya ya, por favor. Les pedimos a los señores diputados, por favor no estén silbando. Respetemos.
La diputada Alba Leonila Méndez Herrera: Compañeros diputados, los exhorto a que presentemos planteamientos sustentados, que ofrezcan soluciones y alternativas concretas a esta gran problemática social que vive nuestro país, y de la que todos los que estamos aquí presentes somos corresponsables. Gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Francisco Yunes Zorrilla: Con su permiso, diputado presidente. Con el permiso de las señoras diputadas y los señores diputados, poco hay que agregar. Quien abusa del tiempo y de las reglas, quien abusa de la tribuna y de las normas, abusa también del lenguaje y del comentario.
La mejor respuesta a lo aquí escuchado la dan los mexicanos que viven en condiciones de pobreza alimentaría: 19.5 millones. No sé qué tendría que decir para ellos quien me antecedió en el uso de la voz. No sé que tendría que decir para ellos que en el usufructo de un gobierno federal, no solo ha sacado provecho electoral de las políticas de combate a la pobreza, sino que también lo han hecho de manera patrimonial y de manera familiar.
Me da muchísimo gusto hablar aquí, con toda tranquilidad y limpieza, sobre el análisis del Tercer Informe de Gobierno. Ese análisis, compañeras diputadas y compañeros diputados, en su mejor expresión lo tienen los 26 millones de connacionales incapaces de solventar sus necesidades básicas de educación y de salud, o los 50.5 millones de personas sin acceso a vestido, a vivienda y a transporte.
La mejor opinión sobre el Tercer Informe de Gobierno la tiene el 47.4 por ciento de la población nacional, para quienes el mañana no ilusiona porque el presente hiere demasiado, mata sus esperanzas y entierra los mejores momentos de su vida.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional fija su posición, en materia de política social, con una clara definición a favor de los grupos vulnerables de la sociedad. Aquellos que no vemos en el informe, diputado, aquellos que son marginados de los procesos productivos, aquellos que son desplazados del sistema educativo y que son castigados por la desnutrición y la morbilidad. Son ellos los olvidados de unos, quienes convocan el trabajo de los diputados del PRI en esta Legislatura. A su llamado acudimos con la convicción de no fallarles y con el compromiso de encontrar acuerdos y resultados, aun ante las mentiras y las descalificaciones.
La glosa del Tercer Informe de Gobierno arroja conclusiones determinantes. Ilustra el fracaso del gobierno de la república en materia económica, fracaso con grandes repercusiones en la calidad de vida de la población.
La pobreza se combate con crecimiento económico, con distribución del ingreso y con esquemas del desarrollo regional, temas que no forman parte ni de la agenda ni del informe gubernamental.
La pobreza crece más allá de las políticas públicas diseñadas para su contención, más allá del esfuerzo de quienes encabezan las dependencias encargadas de su abatimiento como consecuencia de un gobierno federal, incapaz de encontrar alternativas para un modelo económico rebasado.
No sé qué más se puede decir cuando ese modelo económico rebasado produce 2.3 millones de desempleados, que mantiene a 12 millones de mexicanos ocupándose en la informalidad y que empuja a 1.8 millones de personas a subsistir en el subempleo.
Los programas sociales cumplen la función de mitigar los efectos de la marginación económica, y alivian la condición de vida de muchas familias, pero los programas sociales no son la solución a la pobreza, mucho menos cuando tenemos un gobierno de la república que con una mano da poco y con la otra quita mucho, en perjuicio de la población más desprotegida.
Con una mano, julio beneficia el consumo de leche a través del programa Liconsa, aunque con la otra, debido a la importación de leche en polvo, presione a los productores lácteos nacionales a un escenario de competencia desleal que amenaza con devastarlos. De seguir así seguramente pronto dejarán de producir, para engrosar las listas de beneficiarios de ese programa.
Con una mano, otorga un apoyo de 120 pesos mensuales a las familias inscritas en el programa de apoyo alimentario de Diconsa; pero con la otra, en pocos meses, permite el aumento de los precios de los productos de la canasta básica hasta 2 veces, en el mejor de los casos, y autoriza el alza constante en las tarifas de luz eléctrica y en los precios del gas y los combustibles. Cómo combatir así la pobreza.
Con una mano, compañeros diputados y compañeras diputadas, beneficia a 5 millones 200 mil familias con el programa Oportunidades; pero con la otra, castiga al poder adquisitivo de la clase trabajadora que debe conformarse con sólo 2.2 por ciento de aumento a su salario; ante la falta de crecimiento económico expulsa a más de 300 mil compatriotas a buscar en el extranjero, con todos sus riesgos, lo que en sus lugares de origen no pueden darles por falta de empleo, inversión e infraestructura.
Ciertamente el México desigual, que irrumpe todos los días, podría estar en peor situación, sin el gasto en desarrollo social, que en esta soberanía aprueban año con año.
Habrá que analizar con buena disposición la propuesta presupuestal para el 2010. Los programas sociales forman parte proporcional del sustento de quien menos ingreso tiene. Pero los diputados del grupo legislativo del PRI pedimos a cambio un esfuerzo de transparencia en su aplicación.
Mayor transparencia implica facilitar el acceso al padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo social. Implica, también, integrarlo y coordinarlo, con el nivel de gobierno estatal.
No más programas sociales instrumentados en territorio municipal sin conocimiento de las autoridades locales. No más facilitadores de programas federales facultados para empadronar con clara militancia partidaria o con antecedentes inmediatos en procesos electorales.
Al grupo legislativo del PRI lo anima participar en la construcción de una sociedad que responda a criterios de justicia social. Precisamente, no hace muchos días, diputadas del grupo legislativo de mi partido convertían su voz en la expresión insatisfecha de miles de beneficiarios del Seguro Popular, quienes transitan con su enfermedad entre la falta de equipo y el desabasto de medicinas. De nada sirven los 43 mil millones de pesos asignados al programa si el servicio se limita al simple diagnóstico; no obstante, la invariable entrega de doctores y enfermeras.
Lo mismo sucede en el ámbito educativo. Todos anhelamos una mejor educación. La Alianza por la Calidad de la Educación representa un buen comienzo, pero debe acompañarse con mayores recursos presupuestales, mejores espacios educativos, retornar a las Normales como centros de formación magisterial y revisar el programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional, para que su instrumentación deje de ser escalonada.
Compañeras y compañeros diputados, el tiempo pasa y muchas cosas permanecen igual. Después de 9 años hay una política social vinculada a un ambiente macroeconómico que ha agraviado a la sociedad de este país.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por favor, señores diputados, guarden compostura.
El diputado José Francisco Yunes Zorrilla: Después de 9 años, seguimos escuchando en tribunas, como en la que hoy estoy haciendo uso, una vara y una visión para medir las consecuencias y los enfoques locales y otra vara y otra disposición para, con mucha más amabilidad, tratar los mismos problemas desde el ámbito federal.
Esta tribuna requiere de ejercicio democrático, objetivo y comprometido. Ésa será la posición en materia de política social del Partido Revolucionario Institucional, que hoy, al finalizar prácticamente la glosa del Tercer Informe de Gobierno deja perfectamente claro que el gobierno de la república no ha cumplido con una sociedad que esperaba más de él?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se suplica guardar compostura, señores diputados.
El diputado José Francisco Yunes Zorrilla: ?en sus expectativas y en sus posicionamientos. Gracias, señor presidente por el tiempo y muchas gracias, señores diputados, por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Ha concluido la tercera ronda que fue acordada en el acuerdo aprobado por esta asamblea.
De conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la república para su conocimiento.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposiciones.
Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea un grupo de trabajo plural para dar seguimiento a la transparencia del proceso judicial a que han sido sometidos los funcionarios y ex funcionarios michoacanos detenidos por presuntos vínculos con organizaciones criminales, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Tiene hasta cinco minutos para su presentación.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Con su permiso, señor presidente. Voy a hacer uso de las facultades que me otorga el artículo103 del Reglamento para el Gobierno Interior.
Sé que están cansados, que ha sido una jornada larga, pero solicito su sensibilidad por el tema que vamos a abordar. No usaré más que algunos minutos.
Diputadas, diputados, como se ha establecido con claridad por diferentes fuerzas políticas, en esta tribuna y como lamentablemente lo constatamos día a día en nuestra vida cotidiana, el país se encuentra en una profunda crisis económica.
El gobierno federal pretende subsanarla cargándole la mano al pueblo implementando el 2 por ciento a las ventas de todos los bienes y servicios, incluyendo a alimentos y medicamentos, lo que no es más que un IVA de 17 por ciento disfrazado, con un 2 por ciento generalizado que obviamente no puede ser parte de una estrategia de combate a la pobreza.
Con el incremento del 2 y del 3 por ciento y la reducción de base gravable a los depósitos bancarios, no se hace otra cosa más que golpear a los micro y pequeños empresarios.
Pero no solamente vivimos una crisis económica, también estamos inmersos en una crisis de impartición y administración de la justicia con la creación de la denominada Siedo, organismo que se ha convertido en un vaso de represión que está generando una justicia de intimidación inquisitoria. Solicitamos se respete la autonomía del Ministerio Público.
Diputados y diputadas, tenemos la oportunidad de ser una legislatura diferente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. El diputado Carlos Pérez desea manifestarse. Adelante.
El diputado Carlos Pérez Cuevas (desde la curul): Señor presidente, en términos del artículo 105 del Reglamento del Gobierno Interior, le solicito pueda hacer una moción de orden para centrarnos concretamente en el tema de la exposición del ponente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Es procedente la moción de orden que usted presenta. Le pediríamos al señor diputado acatarla, ya que esta proposición es para efecto de presentar el acuerdo y crear un grupo de trabajo plural para dar seguimiento y vigilar todo el proceso judicial acerca de los ex funcionarios que fueron detenidos en el estado de Michoacán. Le pediría que, por favor, se centre en el tema por el que se apertura este espacio en el orden del día, señor diputado.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Señor presidente, estoy en el tema y permítame proseguir. El motivo de mi presencia en esta tribuna es para expresar que los funcionarios de Michoacán han sufrido violaciones en sus garantías individuales y violación de sus derechos. Ejemplos, muchos.
Quiero hacer del conocimiento de esta soberanía que el pasado 4 de septiembre fue promovido un amparo a favor de Julio César Godoy, y que no fue promovido por el ciudadano César Godoy Toscano.
Hoy me informa el apoderado legal de Julio César que se presentó a las 9:07 horas de la mañana un documento en el que niega que él haya hecho esta promoción. Me permito leer un párrafo del mismo.
"Tengo conocimiento de que en el juicio en que gestionó, aparentemente, mi poderdante la demanda que le dio origen. Sin embargo, con el presente vengo a manifestar que este juicio es fraudulento, pues la firma que calza la demanda relativa no fue puesta por el puño y letra de mi representante, Julio César Godoy Toscano, ni incluso éste dio su consentimiento para que dicho juicio se promoviera; máxime que ni conoce a los abogados que aparecen como autorizados en la misma.
"Le ruego no considerar este escrito como un desistimiento de la demanda de amparo, toda vez que mi representado no se puede desistir de algo que no instó ni promovió".
Por ello, estamos aquí solicitando los suscritos diputados federales integrantes de la fracción parlamentaria del PRD a este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta a consideración de esta asamblea la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Consideraciones
El pasado martes 26 de mayo se desplegó un operativo en el estado de Michoacán en el que participaron conjuntamente la Policía Federal Preventiva y el Ejército, con el fin de detener a 30 personas acusadas por presuntos vínculos con una organización criminal. Entre los detenidos se encontraban funcionarios, presidentes municipales, policías municipales y estatales de la entidad.
Tras su detención, estos funcionarios y ex funcionarios fueron trasladados a la Ciudad de México y presentados ante el agente del Ministerio Público federal adscrito a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, para que rindieran declaraciones.
Tres días después, la Procuraduría General de la República anunció que los presentes permanecerán en arraigo durante 40 días ?tiempo que concluyó el 9 de julio?, en tanto se realizaban las investigaciones correspondientes.
Posteriormente, el 19 de julio, 27 de los detenidos fueron trasladados, previo pliego de consignación, al Centro Federal de Readaptación Social 4, en Tepic, Nayarit, quedando a disposición del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales.
Desde entonces se han observado múltiples irregularidades como las detenciones realizadas mediante órdenes de aprehensión y por la vía y allanamiento sin orden judicial, y sin que existiera una previa notificación o lo declarado por parte de los abogados de algunos de los inculpados, en este sentido, de que existen graves irregularidades en la integración de los expedientes de los detenidos.
Aunado a que el juez recibió el pliego de consignación, así como los soportes en tomos de los argumentos en los que se basó en la misma consignación, mismos que recibió el 17 de junio de 2009 y que resolvió siendo las 9:30 horas del 18 de junio de 2009, según reza el resolutivo primero del velocísimo acuerdo que pretende llenar los requisitos que exige el segundo párrafo del artículo 16 constitucional; cosa humanamente imposible ya que éstos contaban con 350 fojas.
Además de lo anterior, queremos enfatizar sobre el abuso recurrente que han hecho las autoridades federales de las figuras jurídicas de arraigo de actor y testigo colaborador o protegido, porque si bien estas figuras han sido plasmadas en los artículos 16 ?las dos primeras? y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a raíz de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia realizado en junio de 2008, su aplicación ha sido muy cuestionada y, además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio jurisprudencial con relación a la veracidad de sus testimonios.
Por esta razón es que aquí los suscritos nos pronunciamos a favor de un manejo responsable de las figuras jurídicas en comento, y manifestamos nuestra preocupación porque este proceso se lleve con la mayor claridad posible...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido, señor diputado, que concluya, por favor.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: ... apego político partidista...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La Presidencia ha sido tolerante, y estamos pidiéndole que concluya...
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Estoy solicitando apegarme al artículo 103, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ... para que ya la proposición pueda ser...
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: ... Concluyo. Concluyo...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, por favor.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Es importante destacar que entre los detenidos hay miembros de los partidos políticos del PAN, del PRI y del PRD.
Asimismo, nos pronunciamos por la integración de un grupo de trabajo rural encargado de darle seguimiento a este caso, auxiliado por abogados, peritos en la materia. Lo anterior en función de, si bien reconocemos, que durante los últimos años el combate a la delincuencia organizada, a la corrupción y a la impunidad han sido una prioridad del gobierno federal, también consideramos que la solución a estos problemas requiere de la cooperación y trabajo conjunto de los gobiernos estatales, los cuales sólo se dan a través de un entendimiento mutuo, coordinación y, sobre todo, de respeto a la soberanía de las entidades federativas.
Puntos de acuerdo
Primero. Solicitamos con el debido respeto al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Tepic, Nayarit, que conduzca con estricto apego a derecho y con absoluta imparcialidad, el proceso penal en contra de los ex funcionarios michoacanos detenidos en el operativo realizado el 26 de mayo pasado.
Segundo. Se constituya un grupo de trabajo plural integrado por legisladoras y legisladores de los distintos grupos parlamentarios aquí representados, encargados de dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos los ex funcionarios públicos de Michoacán, actualmente presos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Tercero. Que el grupo de trabajo plural se auxilie de abogados peritos en la materia.
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 10 de septiembre de 2009.
Diputado Alejandro Encinas Rodríguez, diputado Jesús Zambrano Grijalva, ?el de la voz? diputado Víctor Manuel Baéz, diputado Juventino Castro y Castro, diputado Martín García Avilés, diputado José María Valencia Barajas, diputada María Dina Herrera, diputado José María Torres Robledo, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, diputado Uriel López Paredes, diputada Dolores Nazares Jerónimo y diputado Carlos Torres Piña. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura del orden del día de la próxima sesión.
Primer periodo de sesiones ordinarias. Primer año de ejercicio. Orden del día 15 de septiembre de 2009.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Agustín Carstens Carstens, en el marco del análisis del Tercer Informe de Gobierno en materia de política económica.
Y, los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, secretaria. Quiero comentarles a todas las señoras y señores diputados de la asamblea, que las diputadas y diputados del estado de Chiapas tienen el agrado de invitarnos, a todos, al festejo de la conmemoración del día más importante de la historia chiapaneca, denominado "Federación de Chiapas a México".
Deseamos conmemorar ?nos manifiestan? 185 años en la decisión de los habitantes del sureste y que en esta fecha decidieron integrarse a México y a sus instituciones. Dicho evento contará con la presencia del señor gobernador, senadores y diputados de dicha entidad y una fiesta poética de Sabines y la obra de Rosario Castellanos, con la cocina tradicional y la música de tierra de la marimba. Nos esperan a todos a las 13:00 horas del lunes 14 de septiembre en el Salón Legisladores de la República.
Se levanta la sesión (17:05 horas) y se cita para la que tendrá lugar el martes 15 de septiembre a las 9:00 horas, en la que se llevará a cabo la comparecencia del licenciado Agustín Carstens Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público, y se les informa que las listas de asistencia estarán disponibles a partir de las 8:00 horas.