La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se invita a las diputadas y diputados que no han registrado su firma de asistencia a esta sesión pasen a las mesas instaladas en el vestíbulo principal de acceso al salón de sesiones. Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 325 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (10:34 horas): Se abre la sesión. Con toda atención, esta Presidencia invita cordialmente a todas las señoras y a todos señores representantes de los medios de comunicación a ocupar sus lugares que tienen asignados para realizar su importante tarea informativa. Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Maria Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Maria Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Si dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía. Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta. Pido a la Secretaría que continúe con el siguiente punto del orden del día, que son Comunicaciones del Congreso de Nuevo León.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio del Congreso de Nuevo León, con el que remite acuerdo para que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Metropolitano, de la Cámara de Diputados, analicen y reconsideren la asignación presupuestal establecida en el Fondo Metropolitano, dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Señoras diputadas y señores diputados, en virtud de que la agenda que tenemos prevista para esta sesión contiene una gran cantidad de iniciativas y de proposiciones, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva acordamos que por esta única ocasión estaríamos otorgando para iniciativas un tiempo de cinco minutos y para proposiciones un tiempo de tres minutos, con el fin de poder dar el resultado que se pretende con esta sesión de miércoles y desahogar todos los asuntos que hasta este momento tenemos en cartera.

Por tanto, tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hasta por cinco minutos.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, buenos días. Quiero formular algunas reflexiones en relación con un tema que voy a proponer en los cinco minutos.

Para sustentar mi reflexión quiero decir que ni la Junta de Coordinación Política ni la Mesa Directiva tienen facultades para tomar la decisión que tomaron. Principio con eso. Una cosa es que aceptemos estas convenciones que se hacen al tenor de agilizar las sesiones y otra es que las tomemos como verdades absolutas, porque no tienen facultades en la ley para tomar esas determinaciones. A eso se refiere mi iniciativa.

Miren amigos, a través de los años he visto que hay una intención seria para reformar al Estado, se ha vuelto un tema grandilocuente, cada que una legislatura se instala hay la motivación para reformar al Estado, y en esa lógica hay una serie de temas con los que nos hemos acostumbrado a convivir en las legislaturas: si aprobamos o no la segunda vuelta, si reducimos el tamaño de las legislaturas, si reelegimos a los diputados, en fin, si regresamos al plebiscito, la iniciativa popular, el referéndum, que ya estuvieron, por cierto, en la Constitución, y que por razones de su inoperancia salieron de ahí.

Son los temas de la grandilocuencia parlamentaria que terminan, de tanto usarse, por significar ya en la realidad bien poco. Hay otros temas a los que difícilmente nos dirigimos, como es la normatividad interna de la Cámara de Diputados.

Yo creo que cuando la Ley Orgánica que nos rige fue reformada obedeció a circunstancias muy especiales del momento y por eso acordamos este modelo de organización de los diputados a través de grupos parlamentarios que, desde mi punto de vista, está superado; pero ésa fue una decisión de otra época.

De ahí nos hemos quedado con los reclamos también sempiternos en las legislaturas; estamos discutiendo con un reglamento de 1934. ¿Por qué no lo cambiamos? Es nuestra facultad ¿Por qué nos quejamos cada tres años y a la conclusión quedamos con el mismo reglamento? Amigos y amigas, porque nos hemos acostumbrado a los acuerdos. A los acuerdos que algunos, desde mi punto de vista, tienen dudosa constitucionalidad. Como, por ejemplo, el acuerdo con el que se instaló el Congreso de la Unión.

A ver amigos, ¿cómo podemos aceptar que la instalación del Congreso de la Unión se realice con un acuerdo que votamos antes de que se instalara el Congreso? ¿En dónde quedó el concepto de leyes privativas, leyes con dedicatoria? Eso no puede ser. Cuando alguien objete en un juicio constitucional la solidez de estas acciones, nos vamos a meter en líos.

Por eso propongo que se cree una comisión que elimine este asunto de la grandilocuencia que no nos va a llevar a mayor cosa, y que atendamos tres rubros de la discusión de la verdadera y auténtica reforma del poder y su vigilancia, así propongo que se llame la comisión.

El imperativo de reformar la normatividad de la Cámara: en la LVIII Legislatura yo presenté una iniciativa de reforma a los artículos constitucionales correspondientes y también un proyecto de nueva Ley Orgánica. Del PAN recuerdo hubo un espléndido proyecto de García Cervantes en el mismo tono. Se turnaron a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que no sirve para nada.

En la legislatura anterior me entero que esa comisión sesionó una sola vez en el periodo. ¿Y saben para qué? Para negar el dictamen que hubiera permitido que Octavio Paz estuviera en los muros, en las letras de oro. Ésa fue la única ocasión que sesionó esa comisión.

Tenemos que revisar la legislación interna de la Cámara. Tenemos que actualizar nuestro reglamento. Tenemos que decidir, de una vez por todas, si ésta es una Cámara de Diputados o es una Cámara de grupos parlamentarios. Ésta es la primera decisión que tenemos que tomar en esta circunstancia.

El segundo capítulo de reformas que propongo se refiere al Poder Judicial. Yo también propuse que al Poder Judicial se le dé un punto porcentual del porcentaje de su presupuesto, para que no tenga que ir ante la Secretaría de Hacienda a pedir que le asignen cada año su presupuesto. Y digo que ésta es una reforma indispensable, que lo tengan con claridad; pero que también rindan cuentas. Esto está también en mi proyecto.

Y finalmente, las reformas del Ejecutivo que tienen que ver con aspectos que todos los días comentamos. Las famosas reglas de operación, el traslado de los recursos a los fideicomisos, el engrosamiento sin límites del Poder Ejecutivo son cuestiones que podemos hacer aquí.

Yo propongo que se cree una comisión especial para una reforma real del poder y su vigilancia. Si esto lo hacemos en esta legislatura, pienso que nuestro rumbo va a estar muy claro y que al final podemos concluir con varios de los mitos que ya me cansé de escucharlos cada que una legislatura se instala. Ya es tiempo de que le demos el descanse en paz a nuestro famoso reglamento de 1934. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra la diputada Tomasa Vives Preciado, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil.

La diputada Tomasa Vives Preciado: Con su permiso, presidente. Las organizaciones de la sociedad civil son espacios de vital importancia para el desarrollo de nuestra sociedad pero, sobre todo, para el fortalecimiento de la participación ciudadana en un ambiente democrático y plural. Son, sin duda, un mecanismo imprescindible de apoyo a la comunidad.

Hace años los ciudadanos y las ciudadanas del mundo entero observaron que no eran suficientes las herramientas que el Estado les proporcionaba para hacer públicas y efectivas sus demandas, incluso, tampoco lo eran para darles respuesta.

La sociedad civil se vio en la necesidad de buscar formas y espacios de organización permanente para atender necesidades generadas por cuestiones económicas, naturales, políticas, culturales, educativas, de infracción de los derechos humanos, de abastecimiento de servicios públicos, entre muchas otras.

Es así que surgen estas organizaciones, mismas que gozaron de bonanza y legitimidad por décadas, durante las cuales contaron con la aceptación y confianza del Estado y los ciudadanos respecto de su quehacer. Sin embargo, sus estructuras no lograron sortear los cambios que el mismo entorno y la acumulación de demandas les venían presentando.

Sumado a ello, su fortaleza presupuestal comenzó a debilitarse. Fue entonces necesaria la intervención del Estado como su acompañante y garante en la redefinición del rumbo que debían tomar para recobrar el espacio de legitimidad que por muchos años les perteneció.

Un primer paso consensuado fue legislar en la materia; es así que en México se creó la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Esta ley permitió fomentar sus buenas prácticas y logró promover el ejercicio ciudadano de manera institucionalizada.

Previo a esta legislación, ni las organizaciones ni la ciudadanía contaban con un instrumento que estableciera las reglas bajo las cuales deberían operar. Gracia a ella se ha encauzado el rumbo de una de sus mayores debilidades: la malversación de fondos y fines, acción que puso focos rojos respecto a su transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, como toda ley, es perfectible y requiere modificarse conforme evoluciona el estado de la nación.

Muchas son las bondades de contar con estas organizaciones, entre ellas una que no es menor: el fortalecimiento de la democracia nacional y el contrapeso que significan para la determinación de prioridades y agendas gubernamentales. Fortalecerlas con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas no es más que una acción a favor de los ciudadanos, es decir, de su esencia y de su razón de ser.

En este sentido, se proponen reformas y adiciones a la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para el establecimiento de espacios propicios para la evaluación de los informes que éstas emiten.

La creación de una oficina de evaluación y monitoreo, garantizando que las OSC, a través de su consejo, sean quienes definan los criterios de análisis de dichos informes. Garantizar que las OSC tengan un lugar en la definición de los criterios de análisis de los informes que se emiten respecto de sus actividades, permitirá aprovechar, sin duda, la vasta experiencia y conocimiento técnico que han generado desde su conformación. El Estado tiene la obligación de apoyarlas en este proceso.

Se propone también el impulso de una mayor transparencia por parte de la autoridad federal para hacer públicos los lineamientos bajo los cuales otorgan recursos a estas organizaciones, para que todo ciudadano que así lo requiera, pueda conocer sus nombres.

En el Partido Acción Nacional buscamos sentar las bases para hacer efectiva la transparencia y la rendición de cuentas, pues esto significa un paso más para garantizar que todo aquel ámbito en el que el Estado participa e invierte, es un espacio que, sin duda, beneficiará a la ciudadanía. También estamos a favor de impulsar acciones para que la participación ciudadana esté presente en todos los asuntos de la vida pública.

Compañeras y compañeros legisladores, debemos emprender acciones que contribuyan a fortalecer los espacios de participación ciudadana y contribuir al rescate de su credibilidad. Con ello estaremos avanzando en el fortalecimiento de la regulación efectiva de los organismos de la sociedad civil. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Reinserción Social.

El diputado Eduardo Mendoza Arellano: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores. Acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa que considero de gran importancia ante los índices de inseguridad e impunidad que enfrenta nuestro país, problemas que también deben ser atacados desde el sistema penitenciario mexicano.

En 1917 el Estado mexicano ya contemplaba un mecanismo donde los ciudadanos que violentaran la ley purgarían penas como una forma de resarcir a la sociedad del daño; pero el sistema se consolida en el 71 con la creación de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Sin embargo, hoy por hoy, la evolución en los perfiles delictivos, el nivel de violencia con la que se comete el delito, la pérdida de confianza como de respeto y credibilidad en las autoridades, las repetitivas crisis económicas y la consolidación de organizaciones delictivas con capacidad económica, operativa y de organización, entre otras, han llevado a que dicho sistema penitenciario, como su función, esté agotado y totalmente rebasado por la realidad.

Muestra de ello es que en 2009 existen 433 penales para una población de 227 mil reclusos. Doce centros menos que en 2006, pero con un incremento de población en las cárceles de 16 mil 881 personas, que significa una sobrepoblación de 56 mil 797 reclusos, según el Tercer Informe del gobierno federal.

Mientras que el modelo de readaptación social ha demostrado que ya no es viable, pues el elemento humano no cuenta con el perfil adecuado, la infraestructura no corresponde con las necesidades y no es un secreto que la corrupción al interior de los centros prevalece, resultando en los hechos que los centros de reclusión son paraísos de impunidad para la delincuencia, convirtiéndose en universidades del crimen y centros de operación delictiva. De hecho, en el año pasado sólo se reincorporaron a la sociedad 12 internos de una población de 8 mil 579; es decir, el 0.01 por ciento.

Contradictoriamente, desde 2006 el presupuesto para orden, seguridad y justicia se incrementó, pasando de 49 mil 461.5 millones de pesos a 91 mil 153.2 millones, que representa en 2009 un aumento superior al 84 por ciento Lo anterior nos ilustra que los incrementos presupuestales no necesariamente son la única solución para obtener resultados.

Con los números enunciados podemos entender por qué la delincuencia ha impuesto la cultura carcelaria en nuestras calles, convirtiéndonos irónicamente en reos de sus pugnas, intereses, visión. Inclusive, hoy la moda carcelaria envenena a nuestros jóvenes y les inculca un modelo de sociedad basado en el culto a la delincuencia, el desprecio por la ley y la falsa idea de que existen delincuentes exitosos.

No obstante, hace algunos meses el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, anunció el proyecto de crear 12 nuevos centros penitenciarios. Esta propuesta, en principio, no se escucha mal cuando sabemos de los graves problemas de sobrepoblación. Pero no sólo se trata de crear más penales, se trata también de cambiar de fondo la estructura penitenciaria, terminando con los grandes vicios que enfrentan las cárceles del país.

¿O acaso se han cuestionado cuánto le cuesta a los mexicanos mantener a la población penitenciaria y cuántos de estos realmente logran modificar su conducta en bien de sí mismos, de sus familias y de la sociedad? ¿Se han preguntado qué clase de individuos estamos liberando de las prisiones y regresando a las calles?

¿Están conscientes del daño que ocasionan los delincuentes reincidentes en las colonias y en nuestros hijos, quienes son reclutados para delinquir o son envueltos en el mundo de las drogas para incrementar los negocios ilícitos?

Señoras diputadas y señores diputados, por lo anterior expuesto hoy propongo esta Ley Reglamentaria del Artículo 18 Constitucional en Materia de Reinserción Social, misma que es congruente con la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y los Centros Nacionales de Control de Confianza, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Ley Federal de Reinserción Social que hoy propongo se entiende como el conjunto de acciones dirigidas a promover un mejor estilo de vida, mediante programas soportados en la educación, el trabajo, la salud y el deporte.

Se propone que el Sistema Penitenciario funcione a través de direcciones generales, donde los representantes de instituciones públicas de salud, educación, derechos humanos, de defensoría de oficio y aquéllas que presten servicio de forma permanente en los centros de reclusión, podrán asistir a estas sesiones del Consejo Técnico con derecho de voz y voto.

La exigencia de profesionalización del personal, en cumplimiento al Sistema Nacional de Seguridad Pública, ayudará sin duda a sanear los problemas de corrupción; porque la Ley Federal de Reinserción Social, exige cumplir con la certificación, acreditación, seguimiento, evaluación y control de confianza.

Para que el sistema de reinserción sea eficaz también ordena la separación de internos, no sólo por género, sino por procesados o sentenciados. Mientras que los procesados o sentenciados por delitos de delincuencia organizada ocuparán instalaciones especiales, contará con una organización que será acompañada por una adecuada clasificación según el perfil criminológico, soportado por estudios psicológicos, socioculturales, económicos y físicos, con seguimientos de conducta durante los programas de capacitación y trabajo.

La educación y el trabajo son parte sustantiva del tratamiento de reinserción social que hoy propongo.

Finalmente, la iniciativa de ley contempla que los internos que sean liberados, después de pagar su pena, tendrán asignado un oficial de custodia con quien deberán reportarse por lo menos una vez al mes, o cuando sean requeridos, y de no atender el llamado regresarán de forma inmediata a los centros de reclusión.

Amigas legisladoras y amigos legisladores, es momento de escuchar a la sociedad. Es momento de traducir en leyes las legítimas aspiraciones de nuestro electorado. Es momento de dar continuidad a esta serie de iniciativas de vanguardia en materia de seguridad pública.

Por ello les solicito, respetuosamente, que primero en comisiones, y en su caso, en este pleno sea votada favorablemente la Ley Federal de Reinserción Social. No sobra reiterarles que tengo la profunda convicción de que esta iniciativa será de gran beneficio para la sociedad en su conjunto. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

El diputado Pablo Escudero Morales: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la Organización Mundial de la Salud estima que 40 millones de niños sufren violencia en el mundo.

Una forma de ejercer violencia es el abuso sexual. Millones de niños en todo el mundo son víctimas de abuso sexual. En México el problema no es menor. Durante 2006 cerca de 4 por ciento de los menores maltratados, atendidos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia, fueron objeto de abuso sexual.

De acuerdo con la información disponible del propio sistema, durante 2008, de 30 mil a 60 mil niños también fueron víctimas de este delito. Lamentablemente la mayoría de niñas, niños y adolescentes que sufren abuso sexual no revelan lo sucedido de forma espontánea.

Por ello gran parte de la violencia ejercida contra los menores de 18 años permanece oculta, entre otras razones, porque muchos niños tienen miedo de denunciar los episodios de violencia que sufren.

El abuso sexual infantil representa un importante problema social y de salud para este país, en concreto, el abuso sexual impide que los menores de 18 años ejerzan su derecho a tener una infancia saludable y una vida productiva satisfactoria, con dignidad, a pesar del marco normativo nacional e internacional.

El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, del cual México es parte, nos obliga a tomar todas las medidas necesarias a nivel legislativo, administrativo, social y educativo para proteger a los niños de los abusos sexuales.

En tal sentido es que resulta indispensable que la federación tome la decisión de enfrentar los problemas de su abuso sexual infantil y hacerla de su competencia adoptando un papel de garante de los derechos de los menores, generando los mecanismos legales que inhiban que atenten en su contra y se castigue de manera ejemplar por la justicia federal a quien lleve acabo este tipo de conductas, convirtiéndose invariablemente en un delito grave en atención al perjuicio social que esto cause.

En consecuencia, mediante la presente iniciativa se proponen reformas constitucionales y legales con el propósito de proteger a los menores de edad del abuso sexual. Las reformas propuestas atienden al propósito de proteger a los más de 30 millones de niños que residen en el país y superar las dificultades que los gobiernos locales enfrentan para diseñar y ejecutar acciones efectivas en materia de combate al índice delictivo de abuso sexual.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el abuso sexual es una conducta que debe ser inhibida y fuertemente sancionada por el Estado, a través de elementos tangibles y únicos que impidan que tan lacerante y antisocial conducta continúe atacando la libertad psicosexual de la infancia en México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, con todo respeto, la reforma del Estado no es grandilocuencia, es sobrevivencia. La iniciativa que presento contiene un llamado y un método. Un llamado a no volver a jugar con la reforma del Estado y un método para destrabar las propuestas que hemos venido debatiendo, acordando y acumulando.

El tiempo concedido por encima de la ley es breve. Seré preciso y solicito tolerancia.

La reforma del Estado ya se hizo. Se hizo, cuando menos la primera, cuando se siguieron las recetas del Banco Mundial. Fue un proceso de privatizaciones, desregulaciones, apertura y abandono de los objetivos, y mandatos históricos del Estado mexicano.

El adelgazamiento que se produjo del Estado nos ha precipitado en la pendiente en que nos encontramos y es condenado hoy por sus propios autores internacionales como el peor mal de la globalización, ya que según ellos, el debilitamiento de los Estados de la periferia ha generado las oleadas migratorias, el terrorismo, el crimen organizado y las pandemias.

Dos. Las reformas que desde entonces propusimos eran, en realidad, una serie de contrarreformas. Se trataba de democratizar al país mediante el sufragio efectivo, reformular las instituciones públicas para quitarles obesidad y darles eficacia, descentralizar la autoridad, atajar la soberbia de los poderes fácticos, modernizar los poderes públicos y defender los derechos humanos.

Todos los esfuerzos emprendidos desde entonces han sido conforme a las previsiones que hicimos, pero se han topado con la ausencia de voluntad política para concretar las reformas; o más bien, con la voluntad deliberada de hacer lo contrario.

No cancelaremos el ciclo neoliberal si no reconstruimos el Estado, y si no lo hacemos, me temo que el país no tenga ya una solución viable. Lo hemos visto en la tragicomedia de las tres últimas sesiones: un gobierno al garete y un país en la orfandad y en la desesperanza.

No es el caso adoptar un decálogo de ficticias intenciones o disfrazar cualquier ambición u ocurrencia tras la máscara, desde luego prestigiosa pero, desgraciadamente, desgastada de la reforma del Estado.

Tampoco proceden los chisporroteos aislados ni las propuestas clientelares. Hablar del redimensionamiento de la Cámara de Diputados implica redefinir el régimen representativo para garantizar la pluralidad.

Hablar de fortalecer el federalismo implica, por su parte, fortalecer también a los municipios y llenarse la boca con las palabras referendo y plebiscito. Implica el establecimiento de una corte constitucional y una reforma y democratización en profundidad de los medios de información. De otro lado, convertiríamos a Televisa en el árbitro refrendario de la nación.

He traído aquí, para su información, el resultado de los principales esfuerzos que se han hecho en los últimos años. Las agendas de la reforma del Estado de los años noventa, entre las cuales está el Primer Acuerdo Temático Interpartidario.

El resultado de la encuesta realizada por esta Cámara de Diputados entre especialistas de todo el país, que arroja peticiones para reformar 122 artículos de la Constitución. Esto es el 90 por ciento de los existentes.

Aquí está el resultado de la Comisión de la Reforma del Estado de 2000, que tuve el honor de presidir. Fueron 156 especialistas que presentaron 185 propuestas concatenadas.

Aquí están los resultados de los foros organizados por el Instituto de las Revoluciones de la Secretaría de Gobernación, de 2001: 76 propuestas.

Aquí está el informe de la Mesa de Diálogo de la Secretaría de Gobernación que produjo más de 93 acuerdos. Aquí están los diálogos nacionales organizados por la Comisión de la Reforma del Estado de la Cámara, a falta de competencias para dictaminar.

Finalmente ?solicité tolerancia?, aquí está el resultado de la última Ley para la Reforma del Estado de 2007. Hay aquí 117 propuestas de reforma constitucional que fueron enviadas a la Cámara de Diputados por la Cenca, entre ellas 94 iniciativas al Título Primero de la Constitución: los derechos humanos.

Estoy proponiendo una reforma legal para que la Comisión para la Reforma del Estado pueda tener capacidad de dictamen a fin de que pueda ordenar y decantar las propuestas que han sido formuladas.

Tomemos en serio la reforma de las instituciones públicas. Entendámosla como nuestra más grande responsabilidad histórica. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Les informo, señoras diputadas y señores diputados, que nos acompañan en visita a esta Cámara de Diputados, alumnos del Instituto Tlalpan y del Instituto Leonardo Bravo, Asociación Civil. Muchas gracias por su visita.

Se recibió del señor diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Angélica del Rosario Araujo Lara: Con el permiso de la Mesa Directiva. Diputado presidente, compañeras y compañeros.

Los diputados Rolando Zapata Bello, Enrique Castillo Ruz, Felipe Cervera Hernández, Éric Rubio Barthell, Jorge Carlos Ramírez Marín, Liborio Vidal Aguilar y Angélica Araujo Lara sometemos a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican el artículo 2; se adicionan las fracciones XVII y XVIII al artículo 8; se reforman el artículo 17, apartados A, fracción II, y B, fracción II; se reforman las fracciones IV y V y adiciona la fracción XXIII al artículo 19, las fracciones VII y VIII y el último párrafo al artículo 22, así como el artículo 33 en su último párrafo y el artículo 74 de la Ley de Vivienda.

Compañeros, hago uso de esta tribuna como la humilde mensajera de la voz de Yucatán que les pide por el México de todos. Hago uso de esta tribuna para hacerles llegar la petición que escuché durante casi dos años al frente de un Instituto de Vivienda.

Este mensaje es muy claro, conciso y directo: necesitamos viviendas. La necesidad de tener un patrimonio, un piso que garantice higiene, paredes de resguardo, un techo que proteja de las inclemencias del tiempo. Porque sé y tengo la firme convicción de que cada ciudadano se encuentra en su total derecho de pedirles a las instituciones públicas que atiendan sus necesidades de vivienda.

Como arquitecta siempre he tenido la visión de construir un entorno más justo y equitativo. Con más razón ahora que nos encontramos en la peor crisis que hayamos atravesado en México desde hace décadas.

Como país, en décadas no habíamos estado ante una situación tan delicada. Pero precisamente éste es el momento en el que podemos demostrar que el consenso y que la suma de voluntades va a ser más fuerte que cualquier reto ante el que nos encontremos.

Tenemos que crear fuentes de empleo y un medio rápido, eficaz y plenamente comprobado para lograrlo es a través de la edificación de viviendas.

Tenemos que distribuir los recursos de tal forma que sean catalizadores del crecimiento económico. Necesitamos conocer el escenario real y actualizado de la demanda de vivienda en México y es por eso que parte de la iniciativa que hoy presento contempla brindarle a la Comisión Nacional de Vivienda, facultades para la realización de un censo de vivienda. Un censo que le permita conocer el número exacto de familias que no han tenido acceso a la vivienda, pero, principalmente, qué es lo que les ha impedido tener acceso a este patrimonio.

Los recursos deben ser canalizados a aquellos que se encuentren en mayor grado de marginación o de pobreza. Los recursos deben llegar a la gente que más lo necesita. En ese sentido, para lograr programas de vivienda congruentes con la realidad se tiene que escuchar a los institutos de vivienda de los estados y a los municipios. Los institutos de vivienda y los municipios conocen las inquietudes y las necesidades de las familias.

Ahora queda en nuestras manos hacer que los escuchen, queda en nuestras manos darles voz en la Comisión Nacional de Vivienda, queda en nuestras manos invitar y darle voz a investigadores, a expertos, a la ciudadanía organizada en la toma de decisiones de la Comisión Nacional de Vivienda.

Así, con la capacidad de invitar a la mesa a los actores que conocen de los temas a discutirse y a aquellos que tienen la necesidad, se pueden lograr casas para todos. Casas de calidad, amigables con el medio ambiente y con tecnología que apoye el gasto familiar. Casas cuyos requisitos para obtenerlas sean alcanzables por y para todos, especialmente para aquellos que más lo necesitan. Casas para la población marginada, para los núcleos indígenas, las madres solteras, los jóvenes y los que no tienen capacidad de comprobar ingresos. Casas para los que todos los días salen a trabajar para sacar adelante a su familia y a éste, nuestro gran país.

Estamos ante una economía que necesita reactivarse. Estamos ante las peticiones de vivienda de miles de familias de mexicanos, peticiones por las que les solicito nos unamos para darles respuesta y esperanza a miles y miles de familias.

Ahora es nuestro turno. Necesitamos respaldar con nuestro voto, su voto de confianza. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado sometemos a consideración de esta honorable asamblea esta siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto, misma que en este momento hago entrega al señor presidente. Es cuanto. Gracias y buenos días.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Vivienda. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el señor diputado Gregorio Hurtado Leija, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.

El diputado Gregorio Hurtado Leija: Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, tengan ustedes buenos días. La publicidad de las leyes es un presupuesto previo para su aplicación que tiene por objeto otorgar seguridad y certeza jurídica tanto a gobernados como a las instituciones de los gobiernos sobre su contenido y alcance.

Lo anterior constituye el principio de publicidad de las leyes y que materialmente se traduce en la existencia de diarios oficiales o gacetas gubernamentales como medios de difusión.

Ahora bien, como cualquier obra humana, las publicaciones que se realizan en estos medios de difusión no están exentas de errores u omisiones, lo que puede provocar una afectación en la interpretación o en el sentido mismo de la norma; tales errores se salvan o corrigen a través de una fe de erratas.

En tal tesitura, la pretensión de este proyecto de iniciativa es legislar en torno a la fe de erratas de las publicaciones que se realizan en el Diario Oficial de la Federación, institución que actualmente no está prevista o contemplada en la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, por lo que nos enfrentamos ante una grave laguna jurídica que socava los principios de publicidad y seguridad jurídica.

En consecuencia, consideramos necesario que existan normas que regulen la corrección de errores que se cometan en la publicación del Diario Oficial de la Federación, abundando que no sólo se trata de corregir errores en las leyes, sino también considerar que en el citado Diario Oficial se divulgan otras materias, tanto públicas como privadas, que no están exentas de errores de impresión o de imprecisiones en el contenido de dichos documentos.

De igual manera, debemos señalar que la fe de erratas resulta una figura de uso común en el Diario Oficial de la Federación. De manera enunciativa, tenemos que en el periodo de enero a junio de este año hubo al menos 8 publicaciones de correcciones a diversos instrumentos: acuerdos, declaratorias, reglas de facilidades fiscales e, inclusive, una fe de erratas al texto del artículo 16 constitucional publicada el 25 de junio de este año.

De tal manera, debe considerarse que la regulación de la fe de erratas se trata de una figura de trascendencia, por lo que debe existir un procedimiento explícito de corrección que debe ser regulado y reservado a la ley. No se trata de un simple ajuste de carácter administrativo.

Asimismo, debe referirse a este cuerpo colegiado que la figura propuesta no resulta extraña al orden jurídico-nacional, ya que algunas entidades como Nuevo León, Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Querétaro, entre otras, en sus respectivos ordenamientos legislan la actividad de los periódicos o diarios oficiales estatales, reglamentando la fe de erratas de forma similar a lo que se pretende en este proyecto.

Además, el derecho comparado nos otorga luces sobre la materia, pudiendo destacar el caso español a través del real decreto 181 de ordenación del boletín oficial del Estado. Específicamente, el artículo 26 que prevé la figura de correcciones; mientras que en la Unión Europea la materia se conoce como "corrección de errores", por citar sólo algunas legislaciones extranjeras.

Por tanto, las inconsistencias en las publicaciones se pueden corregir de forma oportuna si se establecen procedimientos y plazos específicos en la ley, ya sea que se trate de errores de impresión o durante la elaboración o publicación del Diario Oficial de la Federación; o bien, errores en el contenido de los documentos originales que sean enviados al mismo.

Es por lo anterior que se propone señalar a la fe de erratas como materia de publicación en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que se considere la obligatoriedad de su publicación para el Ejecutivo federal.

Asimismo, se distinguen entre menos errores materiales que provienen del documento original, de aquellos errores cuya modificación implique un sentido distinto de las normas que corrige.

En ese caso no será procedente la fe de erratas, en razón de que sería inconstitucional permitir una corrección de dicha naturaleza. Si se ha seguido todo un procedimiento formal para establecer una ley, sería incorrecto que se cambie una disposición jurídica por la vía de la fe de erratas.

Es de aclarar que se establece cuáles serán los efectos jurídicos de dichas normas, una vez que son aclaradas.

Finalmente, recalcamos que la inclusión legislativa formal de esta fe de erratas en el orden jurídico-federal precisará con mayor claridad los alcances del principio de publicidad de las leyes, normas y demás actos que se publican en el Diario Oficial de la Federación, existiendo una mayor seguridad y certeza jurídica respecto sus alcances y vigencia, como un presupuesto necesario de cualquier estado de derecho.

Por su atención, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El diputado Gerardo Leyva Hernández: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, comparezco a exponer iniciativa de decreto para agregar un artículo 10o. a la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Braceros Mexicanos al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Como consecuencia de la falta de mano de obra en los campos agrícolas y otros sectores de la economía de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942 los gobiernos de México y Estados Unidos crearon el Programa Bracero. Por medio de este programa miles de mexicanos trabajaron de manera legal en actividades relacionadas con la agricultura y la construcción de ferrocarriles entre 1942 y 1964.

El Fondo Bracero se creó de acuerdo con las leyes norteamericanas, con una cantidad equivalente al 10 por ciento de su salario, el cual fue administrado por cada patrón y le sería pagado al trabajador a su regreso a México, a través del desaparecido Banco de Crédito Agrícola.

Sin embargo, por causas que no han sido suficientemente aclaradas, ese dinero, aunque fue entregado al gobierno mexicano, jamás llegó a sus verdaderos propietarios, los trabajadores del Programa Bracero.

El gobierno mexicano se negó durante décadas no sólo a pagar, sino a reconocer la existencia de un adeudo. Diversas organizaciones de ex braceros incluso demandaron ante cortes norteamericanas al gobierno mexicano.

En 2003 la Secretaría de Gobernación abrió mesas de registro para elaborar el primer padrón de ex braceros. El 25 de mayo de 2005 el Congreso de la Unión aprobó la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Braceros Mexicanos.

En los presupuestos 2006 y 2007 se aprobó una partida de 300 millones de pesos cada año para iniciar el pago de los adeudos. En 2008 y 2009 el presupuesto aprobado fue de 700 millones por año.

El comité técnico del fideicomiso publicó en las reglas de operación que cada ex bracero recibiría la cantidad de 38 pesos como único pago y en una sola exhibición; sin embargo, el 29 de junio de 2009 publicó unas reformas a las reglas de operación, que en su numeral 5 ahora dicen:

5. El importe del apoyo social que se entregará por una sola vez a cada beneficiario será por la cantidad de 38 mil pesos, misma que será entregada en exhibiciones de acuerdo a los recursos disponibles en el fideicomiso de cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo que establecen las fracciones II y III del artículo 5o. de la ley.

Es decir, no solamente se ha mantenido sin aumento alguno el monto total a pesar de la inflación acumulada de 2006 a la fecha, sino que se ha reducido el valor real del pago, con lo que se incurre en un trato discriminatorio e injusto a los ex braceros. Además, se establece una modalidad de pagos en parcialidades; es decir, lo que se conoce como "abonos chiquitos", que acaba de manera arbitraria con el espíritu de lo que acordó el legislador en 2005.

Como consecuencia natural de estos cambios se ha generado una justa indignación entre los ex braceros, que en algunos casos se han negado a recibir su pago o lo han aceptado pero manifestando siempre su inconformidad.

Se han realizado manifestaciones en todo el país, incluyendo las puertas de esta Cámara, como fue el caso de ayer, cuando diversas organizaciones se manifestaron en esta Cámara.

Los ex braceros se sienten agraviados por estos cambios arbitrarios en las reglas de operación, que no benefician a nadie y sí afectan a todos. Ante esta situación de inconformidad social, el Congreso de la Unión, en uso de sus facultades, debe tomar medidas que obliguen a la autoridad a respetar la letra y el espíritu de la ley emitida en 2005.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto

Artículo único. Se adiciona un artículo 10 a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Braceros Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 10. El pago a los beneficiarios se realizará en una sola exhibición y será equivalente a la cantidad entregada en 2006, actualizada considerando la inflación acumulada según las cifras oficiales del Banco de México.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito se inscriba el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Como lo solicita, inscríbase en el Diario de los Debates el texto íntegro, y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide el Reglamento que ordena el Rediseño y la Profesionalización, y que establece las bases en materia de Austeridad, Racionalidad y Control del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Diputados.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados. Este reglamento propone tres cosas. El rediseño administrativo, técnico y legislativo de esta Cámara; la profesionalización de los cuerpos administrativos y legislativos de la Cámara; y establece bases en materia de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestal de la Cámara baja.

Como hemos escuchado hoy en la mañana, existe un debate muy interesante sobre qué tipo de reformas requiere el país. Si las grandes reformas del Estado de las que nos habló el licenciado Muñoz Ledo ?que yo creo que son adecuadas y oportunas?, pero también aquellas reformas puntuales de las que habló el diputado César Augusto Santiago, del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Cámara de Diputados es un cuerpo muy grande, tiene más de 5 mil 745 empleados, una estructura mastodóntica, órganos de gobierno bastante autoritarios y verticales y tenemos poco contacto con la sociedad. Necesitamos una Cámara de Diputados mucho más ágil, más eficiente, más eficaz, en donde las comisiones y los comités tengan el peso determinante.

Además hay hechos muy graves. Desde el año 2000 esta Cámara de Diputados cuenta con un Estatuto que regula la Organización Técnica, Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara. Este estatuto que podría profesionalizar a la Cámara de Diputados, desgraciadamente no se ha implementado.

Tenemos también importantes centros de estudio en esta Cámara que no tienen una vinculación real con el trabajo legislativo, que podrían ser los asesores de los legisladores y no lo son, no sé por qué razón, habría que encontrar la explicación. El tamaño de la Cámara es excesivo.

Requerimos áreas administrativas, técnicas y legislativas más pequeñas, pero más eficientes. Hay por otro lado grandes salarios en esta Cámara, superiores a los de los legisladores, por ejemplo el salario que recibe el secretario general de la Cámara.

El reglamento que propongo tiene cuatro objetivos:

El primero de ellos es ordenar la aprobación de una auditoría a todos los procedimientos de la Secretaría General, así como al desempeño y estructura de los centros de estudio, unidades administrativas, técnicas y legislativas de la Cámara.

En segundo término, redimensionar a la baja el tamaño de esta Cámara de Diputados.

En tercer lugar, implementar el Estatuto que Regula la Organización Técnica, Administrativa y de Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados y,

Finalmente, en cuarto lugar, fijar bases en materia de austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestal de la Cámara.

Para ello el reglamento propone dos tipos de auditoría, en dos fases. Una auditoría interna que correspondería a la Secretaría General, con el auxilio de la Contraloría Interna de esta Cámara, para que en 60 días presenten un plan del redimensionamiento adecuado de la Cámara.

En segundo lugar, una vez que la Secretaría General y la Contraloría Interna terminaran con este trabajo de auditoría, una auditoría externa a cargo de la UNAM, para que la máxima casa de estudios revisara y nos propusiera los cambios necesarios en las estructuras administrativas, técnicas y legislativas de la Cámara baja.

Además se proponen importantes medidas de austeridad. Doy ejemplo de algunas de ellas: Reducir las dietas de los legisladores en un 25 por ciento. En segundo lugar, derogar los seguros de gastos médicos mayores de vida y de separación individualizada; derogar los recursos que recibimos por asistencia y apoyo legislativo; gastar efectivamente los recursos que recibimos para la operación y atención de los módulos de atención ciudadana.

Que los boletos de avión que son entregados a nosotros para comisiones oficiales sea reintegrado su pago, una vez que el viaje se ha realizado, entre otras importantes medidas.

Termino diciendo que la única manera en la que podemos ganar credibilidad y legitimidad frente a la ciudadanía consiste en realizar ajustes al tamaño administrativo de esta Cámara. Darle más eficacia, más eficiencia y utilizar los recursos públicos con mayor austeridad, racionalidad, disciplina y control. Ésa es la única manera que tenemos para conectarnos con la sociedad. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9A de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Francisco Saracho Navarro: Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los diputados federales de Coahuila, en ejercicio de nuestra facultad que otorga la ley, presentamos una iniciativa que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Hago una seria de reflexión aquí ante el pleno, que permita normar nuestras consideraciones ante la obvia falta de tiempo. La Ley de Coordinación Fiscal es el marco normativo que permite la coordinación de las haciendas de la federación. La centralización de la recaudación por parte de la administración pública federal ha hecho que se cree una serie de ordenamientos para que los estados y municipios generadores de estos ingresos participen de los recursos recaudados.

Haciendo una referencia cronológica en el caso específico de la ley referida de esta iniciativa, los estados y municipios a partir de 1992 podíamos recibir participaciones de los ingresos que se generen por el cobro de los puentes de peajes, nacionales e internacionales que se encuentren dentro de la demarcación.

A partir de esta reforma, los estados y municipios participan del 10 por ciento de los ingresos de la federación por los cobros de puentes de peajes, pero limitándolos hasta 1996. Esta participación solamente se otorgaba si los estados y municipios firmaban un convenio de participación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En diciembre de 1995 se reformó este ordenamiento para eliminar la fecha límite de aplicación. Se amplía la participación que la federación otorgaba de un 10 a un 25 por ciento de los ingresos obtenidos por la operación de los puentes.

En julio de 2003 se elimina a los puentes de peajes nacionales al incluir solamente el término "internacional" de la participación de los estados y municipios, reduciendo el universo de estados y municipios beneficiados. Pero se aumenta el porcentaje de la participación de la federación de un 25 por ciento a un 50 por ciento de los ingresos de operación.

Cinco meses después, en diciembre de 2003, se elimina, a su vez, la palabra "internacional" del término "puente de peaje". Con esta acción se estableció, de manera definitiva, la inclusión de todos los puentes en territorio nacional operados por la federación en la participación del porcentaje establecido de los ingresos por el cobro de dichos puentes.

Pero es importante recordar que la comisión dictaminadora modificó, sin que viniera en la iniciativa, el porcentaje de participación vigente de la ley, ya que la comisión dictaminadora disminuyó, sin que viniera en la iniciativa, de un 50 a un 25 por ciento el monto que la federación podía otorgar de los ingresos por los cobros de los puentes de peaje.

Debemos agregar que en los convenios que firman las entidades federativas y municipales con Hacienda, se reduce este monto al tomar como base este 25 por ciento, sólo el 50 por ciento de los ingresos por operación, ya que se le resta el IVA y otros conceptos, contradiciendo al propio artículo vigente de la ley que establece el 25 por ciento del total de los ingresos brutos por operación de los puentes de peaje.

En esta iniciativa, los diputados de Coahuila, proponemos:

Primero. Eliminar el término "podrá" y se deja sólo "creará", para hacer obligatoria la participación de los estados y municipios en los ingresos del cobro por los puentes de peaje.

Segundo. Ampliar el porcentaje de participación de la federación a un 50 por ciento del total de los ingresos por operación, como estaba establecido en el 2003. Con esto eliminaríamos la discrecionalidad que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público viene aplicando en la definición del porcentaje de participación de la federación.

Por último, establecemos que los recursos que serán participables serán originados por los propios ingresos del reordenamiento del gasto corriente y del uso del Fondo Nacional de Infraestructura, el cual presenta un subejercicio superior al 60 por ciento.

Exhortamos a todos los legisladores a que demos un sentido a una verdadera reforma de Estado, el cual es el único fin del fortalecimiento de la federación.

Diputado presidente, solicito que se inscriba en el Diario de los Debates de manera íntegra, como viene en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con muchos gusto, señor diputado. Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Informo a ustedes, honorable asamblea, que se encuentran entre nosotros los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gracias, por visitarnos.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

La diputada Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, me presento ante este órgano del Poder Legislativo federal para que por su conducto se incite al honorable Congreso de la Unión, a la discusión y aprobación de un proyecto de iniciativa de reforma al artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que tiene como propósito fundamental eficientar la gestión gubernamental de dicho orden de gobierno, mediante la implementación del servicio profesional de carrera en los órganos públicos del Distrito Federal.

La Constitución General nos obliga a nosotros, como legisladores federales, a supervisar y, en su caso, emprender las acciones legislativas adecuadas para mejorar el desempeño de las acciones de gobierno en la Ciudad de México.

De igual manera, nos obliga a la congruencia y los compromisos asumidos ante el electorado; algunos firmados incluso con notario público, para hacer de este país un México más justo, más eficaz y más seguro.

En efecto, los legisladores de Acción Nacional, atendiendo a la convocatoria de la sociedad civil, nos sumamos, como ningún otro partido, al reclamo de emprender acciones en materia de seguridad y de rendición de cuentas.

Con la presente iniciativa se da un paso, de los muchos que seguirán, para mejorar nuestro sistema de gobierno, a través de la obligación de establecer el servicio de carrera en todos los órganos del Distrito Federal.

Ciertamente, como una medida ante la crisis económica que se desarrolla en el ámbito internacional y para mejorar nuestra democracia, es plausible emprender medidas para racionalizar y eficientar el gasto público en la entidad federativa que tiene la mayor densidad poblacional.

Una de estas medidas se refiere a la implementación del servicio profesional de carrera en los diversos órganos públicos que conforman la estructura de gobierno en el Distrito Federal.

Debe tenerse presente que sin un servicio de carrera profesional el gobierno es visto como un botín político, como espacios de impunidad para acomodar amigos o familiares. De lo que se trata es de eliminar el principio perenne en los espacios públicos, consistente en que echando a perder se aprende, pero ese aprendizaje es muy costoso para los mexicanos.

Es necesario racionalizar y eficientar los recursos públicos y se reitera que una vía para ello es que en el sector público se encuentren los mejores hombres y mejores mujeres para llevar a cabo las gestión de las acciones de gobierno.

Basta ya de improvisaciones, basta de compadrazgos, basta de pago de favores y basta de prácticas patrimonialistas y clientelares en el ejercicio del poder. Nuestro país requiere ahora de servidores públicos profesionales, honestos, transparentes, eficaces y eficientes.

Bajo estas condiciones se hace imperativo instrumentar en los diversos órganos de gobierno en el Distrito Federal, el servicio profesional de carrera de los servidores públicos.

El servicio profesional de carrera, entendido como el instrumento a partir del cual se garantiza el adecuado otorgamiento de los servicios públicos y la eficacia de los mismos y de la administración en beneficio de la ciudadanía, se ha ido convirtiendo, paulatinamente, en una tarea de urgente resolución.

Sabemos bien de la existencia de una ley que norma el servicio de carrera en la administración pública del Distrito Federal, pero aún falta mucho qué recorrer. Toda vez que la legislación actual está orientada únicamente a una franja de servidores públicos que no rebasa siquiera el 30 por ciento del total del personal público en las dependencias del sector central.

Es de vital importancia, por ello, implementar el modelo del servicio profesional de carrera en la totalidad de los órganos de gobierno en el Distrito Federal, pues de ello dependerá la transformación real del servicio público en aras de una mayor eficacia en el empleo y destino de los recursos públicos.

En este sentido, la propuesta que se somete a consideración ante este órgano del Poder Legislativo federal, con aptitudes jurídicas para reformar el estatuto del Gobierno del Distrito Federal tiene como fin el que la organización, funcionamiento y desarrollo del servicio profesional de carrera de los servidores públicos se constituya como uno de los principios estratégicos que deban observar en este orden de gobierno.

Sin duda habrá que superar inercias, romper paradigmas, promover cambios de actitud, desarrollar aptitudes en los servidores públicos y sentar las bases para que esta propuesta no sea letra muerta y, en caso de aprobarse esta iniciativa, entreguemos, sin duda alguna, mejores resultados a los vecinos de la capital de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Esta iniciativa de Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica se une a otras iniciativas presentadas en esta Cámara sobre el mismo tema y, sobre temas similares que tienen que ver con los medios, con la regulación necesaria de los medios de comunicación electrónica en México, para detener la influencia de ese poder fáctico en nuestro país.

El derecho a la información, como sabemos, es un derecho complejo, comprende muy diversos derechos. Desde el ángulo del ciudadano uno de los derechos que comprende el derecho a la información es tener o contar con derecho de réplica.

Desgraciadamente, este derecho de réplica no se ha podido implementar en nuestro país, a pesar de que es una obligación que se encuentra prevista en el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución, a pesar de que el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, desde 1981 que ratificó México el tratado, establece que los estados signatarios regularían el derecho de réplica. También estamos incumpliendo las propias normas del Cofipe, porque en la reforma electoral de 2008 estableció el artículo décimo transitorio que el Congreso de la Unión tenía hasta el 30 de abril de 2008 para regular el derecho de réplica.

El derecho de réplica en México no ha sido regulado. ¿Por qué? Desde el punto de vista de los medios de comunicación electrónica, porque los medios de comunicación electrónica no quieren perder su alianza con la clase política mexicana más retardataria, porque no podrían imponer los medios de comunicación a la sociedad una sola verdad si estuviese regulado el derecho de réplica. Y porque jugar con las reglas del mercado y las reglas de la democracia es mucho más difícil que jugar con las reglas del duopolio.

En cuanto a la clase política retardataria, ¿por qué no desea regular el derecho de réplica? Porque no sabe participar con las reglas de la democracia, porque el pluralismo de informaciones y de opiniones los avasallarían y porque una sociedad libre y bien informada desmantelaría las estructuras autoritarias del país.

¿En qué consiste el derecho de réplica? Es el derecho de todo ciudadano, de toda ciudadana, de toda persona moral, de todo grupo social a hacer aclaraciones, rectificaciones o respuestas a los medios de comunicación y a las agencias de noticias por informaciones falsas, agraviantes, discriminatorias, cuya difusión genere afectaciones, agravios políticos, económicos, sociales o afectaciones en el derecho al honor, a la vida privada o a la imagen.

Esta iniciativa, desde mi punto de vista, tiene algunas virtudes. Entre ellas señaló las siguientes: por ejemplo, maximiza por parte de los aplicadores del derecho de réplica el derecho a la máxima réplica o aclaración frente a los medios.

Además, frente a otras iniciativas del pasado el derecho de réplica, como lo estoy proponiendo, puede ser ejercido no solamente por personas físicas, sino también por personas morales o grupos sociales. Es decir, tutela una especie de interés difuso o colectivo a favor de la información veraz.

También establece que es obligación, tanto de los medios como de las autoridades, garantizar el derecho de réplica. Además, establece un procedimiento judicial ante una sola instancia. Es decir, en caso de que los medios no quisieran aceptar la réplica del ciudadano, de la persona moral o del grupo social, se puede recurrir directamente ante un tribunal colegiado en materia administrativa para que, mediante un procedimiento oral y sumario, se resuelva lo conducente.

Además, establece medidas cautelares. Por ejemplo, una vez que se reciba la demanda ante el tribunal colegiado, el tribunal colegiado y el medio están obligados a difundir que una persona física, moral o grupo social presentó una aclaración respecto a una información. Creo que este procedimiento es más expedito que los anteriores que han sido propuestos.

Llamo a mis compañeros diputados y a mis compañeras diputadas a que aprobemos cuanto antes el derecho de réplica por el bien de México, para satisfacer plenamente el derecho a la información que nos merecemos todos los mexicanos y todas las mexicanas. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra por cinco minutos el diputado David Hernández Vallín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado David Hernández Vallín: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el suscrito diputado federal David Hernández Vallín y la diputada federal Margarita Gallegos Soto, de la coordinación de Aguascalientes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución General de la República, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución General de la República bajo la siguiente

Exposición de motivos

Ha sido una tradición republicana en México que el presidente de la república cada 1 de septiembre rinda su informe de gobierno en el Palacio Legislativo de San Lázaro, habilitado como sede del honorable Congreso de la Unión.

Este acto debe convertirse en un evento democrático que haga valer el equilibrio de poderes, los pesos y los contrapesos del poder al que se refería Montesquieu en El espíritu de las leyes. Hans Kelsen expresaba que dentro de la república democrática parlamentaria el problema del parlamentarismo es de importancia trascendental.

La existencia de la democracia moderna depende de la cuestión de que si el parlamento es un instrumento útil para resolver las necesidades sociales de nuestra era. Aunque la democracia y el parlamentarismo no son idénticos, no cabe dudar en serio que el parlamentarismo es la única forma real en que se puede plasmar la idea de la democracia.

Si bien todavía no somos una república parlamentaria, nuestra democracia, junto con el Poder Legislativo, ha venido avanzando. Hoy, en esta Cámara de Diputados y en el Senado de la República se debaten, se discuten ideas, se defienden tesis, muchas veces con pasión; se dialoga, se buscan los acuerdos y consensos por encima de los disensos.

¿Por qué escatimar, entonces, un acto que significa la rendición de cuentas del mandatario de la nación y la posibilidad de que los legisladores que representan la pluralidad del pueblo, no puedan hacer uso de la palabra para preguntar o cuestionar lo expuesto por el presidente?

Por ello, compañeras diputadas y compañeros diputados, creemos que es necesario reformar el artículo 69 de la Constitución General de la República para que quede plasmado en nuestra ley máxima que el presidente de la república tendrá la obligación constitucional de asistir a la apertura de sesiones del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso de la Unión y dará cuenta del estado que guarda la administración pública del país. De la misma manera, entregará por escrito a esta soberanía un informe detallado de su gestión.

No se trata de volver al pasado con actos faraónicos, incluso vencidos y dispendiosos, donde el exhibicionismo y el besamanos de los lacayunos fuera lo importante. Se trata de fortalecer la vida democrática y parlamentaria de la república y que los legisladores tengamos la oportunidad de discutir, debatir, y dialogar con el presidente de la república, de cara a la nación, temas tan sustanciales para el país que se deriven del informe.

Para nadie es un secreto que la administración del presidente Calderón llega a la mitad del camino con muchos pendientes. La encuesta Mitofsky así lo confirma. Si bien, como presidente, en su imagen como mandatario no le fue tan mal según la encuesta, en general la ciudadanía observa retrocesos en la economía del país, en la economía familiar, corrupción, empleo, pobreza, entre otros.

Hubiera sido deseable tener un diálogo franco con el mandatario ahora que dio inicio la LXI Legislatura. Pero estoy seguro, señoras diputadas y señores diputados, que ustedes estarán de acuerdo con nosotros que en la vida parlamentaria hay que fortalecer el diálogo entre poderes y no limitarlo.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución General de la República, para quedar como sigue:

Artículo único

En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso de la Unión, el presidente de la república asistirá y presentará un informe en el que manifieste el estado que guarda la administración pública del país. Adicionalmente, entregará por escrito al Congreso un informe ampliado de su gestión.

Ruego a usted, señor presidente, que esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Asimismo le solicito, señor presidente, que esta intervención sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 11 y 82 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, medios de comunicación, considerando que la presente iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, respetuosamente solicito a usted que esta intervención y la correspondiente iniciativa se incorporen de manera íntegra en el Diario de los Debates.

En enero de 1999 se publicó la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, misma que creó la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En ese año las condiciones económicas, sociales y financieras eran diferentes a las actuales. Por ponerles un ejemplo: en el 2000 existían 7 mil 39 sucursales bancarias y 22 millones 783 mil cuentas de ahorro. En contraparte, al cierre de 2008 se registraron 10 mil 354 sucursales bancarias y 75 millones 113 mil cuentas de ahorro.

Estos incrementos han propiciado que las actividades realizadas por la Condusef se multipliquen, pasando de 162 mil acciones de atención a usuarios en el 2000, a 636 mil acciones en el 2008.

Así, en la medida en que las instituciones financieras han adquirido presencia ante la creciente demanda de productos y servicios, las normas que garantizan la protección, defensa e igualdad entre los actores del sistema financiero se han visto rebasadas.

Por ello, la iniciativa que les presento tiene como objetivo principal fortalecer a la Condusef. Actualmente la comisión se enfrenta a grandes cargas de trabajo debido a que sólo puede representar a un grupo de usuarios de servicios financieros que hayan suscrito un contrato colectivo; de no ser así, sólo podrá representarlos en casos particulares, aun cuando se enfrenten a problemáticas comunes.

Por ello, se propone que la comisión pueda representar individualmente o en grupo a los usuarios que se enfrenten a una problemática común, aun cuando éstos no hayan suscrito un mismo contrato.

Asimismo, se propone que la Condusef, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, promueva la formulación, difusión y uso de códigos de ética en las instituciones financieras, con la finalidad de evitar que éstas continúen empleando prácticas agresivas intimidatorias o incorrectas al realizar las gestiones de cobro.

También se propone dotar de facultades a la comisión para que pueda requerir a las instituciones financieras que apliquen medidas para combatir, detener, modificar o evitar prácticas que lesionen los intereses de los usuarios o afecten el sano desarrollo del sistema financiero, dando atribuciones en tiempo presente a la Condusef a fin de prevenir prácticas que a futuro puedan ocasionar desajustes al sistema financiero y perjuicios a los usuarios; facultad que se maximiza con la obligación de que dichos requerimientos sean publicados.

Asimismo, se establece la facultad de la comisión de ser observadora del cumplimiento de las tasas de interés y comisiones máximas; que, en caso de que no exista competencia efectiva, fije el Banco de México por ser la institución que de forma más ágil pueda percatarse de la falta de cumplimiento a los valores fijados. Así, además de ser una observadora puntual, tendrá la obligación de denunciar ante las autoridades correspondientes el incumplimiento.

Por último, se propone que la Condusef pueda realizar apercibimientos a las instituciones financieras, medida que puede ser aplicada como forma de prevención de actos que no merecen, por su naturaleza o elementos constitutivos, la aplicación de una multa o el uso de la fuerza pública.

Por todo lo antes expuesto y fundado, y a fin de fortalecer las atribuciones de la comisión robusteciendo su actuación en la mediación y equilibrio de las relaciones entre las instituciones financieras y los usuarios de los servicios financieros, someto a esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 82 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.

El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia. Compañeros diputados y compañeras diputadas, millones de mexicanos desde 2008 estamos sufriendo los embates de la brutal crisis económica donde los trabajadores han visto perder el poder adquisitivo de su salario, ya de por sí raquítico que perciben, y donde los ingresos de la población ya no alcanzan para sostener a una familia.

Al mismo tiempo, podemos notar un creciente desempleo abierto que hoy en día abarca a más de 2 millones 800 mil personas, según datos confirmados por el INEGI.

Ahora, un gran número de estas personas no cuentan con los recursos para pagar las deudas que contrajeron con instituciones financieras o por otros medios. Esta situación deja en desventaja a los deudores, ya que la cartera vencida se ha convertido en una trampa para que los bancos puedan seguir haciendo negocios con sus clientes.

Es tan grave el problema de insolvencia de los deudores, que en sólo 6 meses 3 millones y medio de mexicanos dejaron de pagar tarjetas bancarias equivalentes a 30 mil 660 millones de pesos. En conjunto, la cartera vencida ya llegó a más de 73 mil millones de pesos, englobando los créditos de empresas, crédito hipotecario y al consumo.

Además, más de 3 mil empresas han sido embargadas por los bancos por carecer de solvencia financiera, y cientos de empresas se han declarado en concurso mercantil; entre otras se encuentran el Grupo Industrial Durango, Metrofinanciera y otros grandes monopolios como Cemex y Comercial Mexicana, que han tenido que ser rescatados por el gobierno para evitar su quiebra.

Debemos decir que lo anterior ha sido consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales irresponsables, para permitir la expansión internacional de los grandes monopolios u oligopolios, mediante estrategias de control de la inflación y de las variables financieras, todo a costa de sacrificar el crecimiento económico y la creación de empleos.

La manera indiscriminada de ofrecer y autorizar tarjetas de crédito por los bancos desde mediados de 1998 a la fecha ha provocado que los usuarios se sobreendeuden, donde los banqueros tienen una enorme responsabilidad, toda vez que alentaron el riesgo moral ofreciendo tarjetas de crédito hasta en las estaciones del Metro, según lo dijo Felipe Calderón.

Como ahora no pueden cobrar, porque la mayoría de las deudas son incobrables, se valen de despachos jurídicos que se dedican a recuperar la cartera vencida utilizando una serie de argucias que van desde la amenaza al chantaje, los insultos, llamadas telefónicas día y noche, e incluso utilizan señuelos y garlitos que rayan en el cinismo y en la torpeza.

Siendo así, debemos recordar que los banqueros de 1992 a 1996 cometieron una serie de fraudes que terminaron en la panza del Fobaproa, y ese fraude hoy lo pagamos todos los mexicanos y lo seguiremos pagando en los próximos 30 años.

Aunque parezca paradójico, ningún funcionario público de este país le llama por teléfono a los banqueros para pedirles que paguen esa deuda, y que si no tienen recursos para hacerlo que se dediquen a vender chicles o gelatinas, o a limpiar parabrisas en la vía pública, como sí lo hacen los despachos jurídicos con los clientes morosos.

A estos banqueros se les olvida que ellos provocaron esta situación al ampliar la línea de crédito de muchos clientes, sin la autorización previa de ellos. Se hacen pasar como desapercibidos al haber aprobado el otorgamiento de plásticos a personas sin solvencia económica, o bien, con bajos ingresos, que de antemano representaban la crónica anunciada de un pasivo impagable.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, en este sentido la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que propone el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, prohíbe a los bancos contratar despachos jurídicos externos para recuperar los pasivos que sus clientes no pueden pagar.

Proponemos que cada banco deba de utilizar su área jurídica para realizar esta función, además de sujetarse a los códigos de ética profesional y de alcance legal que sobre el tema de cobranzas se establecen en nuestra Constitución, y de las demás leyes secundarias en materia financiera.

Debemos decir que, arbitrariamente, al delegar en otras empresas como bufetes jurídicos, la responsabilidad de cobrar a los clientes y usuarios morosos los respectivos contratos para adquisición de créditos, violentan nuestra Constitución y demás leyes secundarias en esta materia.

No está de más señalar que para poder capitalizar el esfuerzo de estos despachos jurídicos son acordados convenios en los que se llegan a estipular como pago hasta un 30 por ciento de entrega del monto recuperado, por lo que a manera de pago por destajo las firmas representantes de dichos despachos se ven incentivadas a lograr obtener el pago total de una deuda, sin importarles cómo hacerlo.

Sometemos a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, para adicionar diversas disposiciones a la Ley de Instituciones de Crédito, para prohibir la participación de despachos jurídicos externos a ellas, en sus operaciones de recuperación de cartera vencida.

Diputado presidente, me permito solicitarle atentamente que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara. Es cuanto, y muchísimas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputado, le agradecemos. Como usted lo pide, tanto en la Gaceta como en el Diario de los Debates quedará el texto íntegro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

La diputada María del Carmen Izaguirre Francos: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. En México es común cuando hablamos del federalismo, ligarlo a la construcción de mecanismos de asignación de recursos federales que fortalezcan las finanzas públicas de los gobiernos locales.

En este sentido y ante la crisis financiera que están viviendo nuestros municipios es imperativo que el Congreso incremente, asegure y transparente las asignaciones de los recursos federales que actualmente reciben las entidades federativas.

Al respecto existen planteamientos orientados a que el federalismo exige, por su esencia, que el gobierno federal auxilie a los estados y municipios y que se promueva en todos los órdenes de gobierno una cultura tributaria, reforzando con ello el federalismo. Asimismo, dar respuesta a los reclamos de los municipios con respecto al tema de la autonomía de los recursos, permitiéndoles mayor libertad en la planeación y ejecución de los programas.

Es conocido por todos nosotros que los municipios son la base fundamental para la efectiva ejecución de los programas de gobierno. Sin embargo, en la práctica no se toman en cuenta sus intereses, solamente el gobierno les endosa obras al grado de que llega el momento que ni siquiera sus ingresos, provenientes de sus estados, pueden darle mantenimiento a las obras asignadas por el gobierno federal.

Debido a que el municipio es la entidad más cercana al individuo, resulta trascendental conocer los problemas para estar en condiciones de plantear las soluciones que permitan encaminar las acciones de gobierno para satisfacer las necesidades de las comunidades.

Es imprescindible revitalizar la institución del municipio haciendo descender los procesos de descentralización hacia los propios municipios. Es preciso fortalecer los presupuestos de los estados y del Distrito Federal, con el único objetivo de brindar la seguridad jurídica en la asignación de los recursos, en donde ?por eso creo? es indispensable que al Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas se le incremente hasta llegar a 2.5 por ciento de la recaudación federal participante.

No olvidar que en nuestro país la dinámica de la descentralización opera bajo las características de establecer espacios discrecionales en la atribución de competencias, lo cual ha traído una subordinación de la institución municipal al centro.

Nosotros como legisladores debemos promover una cultura de evaluación, donde los ciudadanos sean vigilantes de la acción municipal. Evalúen la adecuada aplicación de los recursos, así como la eficacia en su aplicación.

Los municipios han demostrado tener la capacidad de ser interlocutores con el estado, con la federación y no debido a la famosa descentralización que tanto se pregona en el gobierno federal. Lo que hace la descentralización mexicana es aumentar las capacidades institucionales del municipio, pero ese incremento de la capacidad institucional ha sido decidido totalmente por el centro.

Es momento de plantear un verdadero federalismo renovado que no se traduzca en la cantidad de formalismos, sino que, por el contrario, que se pueda dar origen a una institución democrática en el que el orden de gobierno municipal recobre verdaderamente la importancia que en nuestro país tiene el municipio. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañeras y compañeros diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Edgardo Melhem Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Edgardo Melhem Salinas: Con su permiso, señor presidente. Desde que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978, la entonces nueva Ley del Impuesto al Valor Agregado tuvo en el espíritu del artículo 2o. la excepción inscrita de una diferente tasa impositiva de 10 por ciento para los municipios que se encontrasen en el territorio comprendido en la franja fronteriza de 20 kilómetros, paralela a la línea divisoria internacional del norte del país, reconociendo la autoridad la difícil situación impositiva de las economías regionales de los municipios cercanos a la frontera con Estados Unidos.

En Tamaulipas, Valle Hermoso es frontera física y territorial con Estados Unidos de América; sin embargo, su cabecera municipal se encuentra a 40 kilómetros de la frontera con dicho país. Pero para efectos reales y prácticos ya se considera este municipio región fronteriza, geográficamente hablando.

En Valle Hermoso los comercios se han visto afectados en su economía por el desplazamiento de los consumidores hacia las ciudades vecinas de Estados Unidos de América, fenómeno que ha deprimido de forma significativa y grave la economía de dicho municipio.

La petición de que Valle Hermoso, Tamaulipas, forme parte de la región fronteriza, aun cuando se encuentre en la franja de los 20 kilómetros y la cabecera a 40, se justifica también. Porque ya hay antecedentes donde se declaró, por decreto presidencial, que el municipio de Caborca y otra región parcial del terreno en Sonora, quedaran comprendidos en la región fronteriza fiscal por las mismas circunstancias.

Por ello, se estima necesario proponer que se aplique el tratamiento fiscal en materia del impuesto al valor agregado de la región fronteriza a la totalidad del territorio del municipio citado, con la finalidad de promover el comercio y el empleo en el propio municipio, mejorando así su desarrollo y situación económica competitiva y evitando la salida de divisas.

Han sido innumerables las peticiones al respecto que en las diferentes legislaturas de los Congresos federal y en Tamaulipas se han formulado para resolver de manera definitiva esta situación. Y tan es reconocida esta gravedad económica por la autoridad hacendaria, que desde el ejercicio fiscal de 1996, mediante sendas cartas de la autoridad competente, se ha permitido a este municipio el tratamiento diferenciado como frontera fiscal.

Pero también es cierto que el vía crucis de las autoridades municipales y de las cámaras empresariales del municipio, ante las autoridades hacendarias y el Congreso federal, cada fin de año y ante los diferentes actores del presupuesto anual se ha vuelto inadmisible e incongruente, pues la autoridad debería de promover, finalmente, una resolución definitiva.

Por todo lo expuesto, y tratando de que los diputados y las diputadas de esta legislatura resolvamos finalmente, después de trece años este problema repetitivo anual de Valle Hermoso, Tamaulipas, que otorga certidumbre jurídico económico. Primero, dictaminando de manera positiva esta iniciativa y, luego de votarla, solicitar al Ejecutivo que publique el decreto solicitado en ella.

Por eso, los diputados y las diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del estado de Tamaulipas proponemos la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se considera región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y aur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y Cananea, Sonora, la región parcial de Sonora comprendida en los siguientes límites:

Al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo al cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional, así como el municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Miguel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto que reforma el artículo 5 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para el ex Trabajador Migratorio Mexicanos.

El diputado Miguel Ángel García Granados: Muchísimas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, nos hemos visto arrastrando penosamente el apeñuscarse de sus años, con impotencia por la indolencia de las distintas administraciones.

Son los sobrevivientes de aquellos cerca de 4 millones de trabajadores mexicanos, que de 1942 a 1964 se trasladaron a trabajar a los Estados Unidos de Norteamérica, amparados bajo aquel Programa Bracero.

Como bien lo señalaba el compañero diputado Gerardo Leyva Hernández, que me ha antecedido en el uso de la palabra, en esos años al entrar en vigor el programa una agencia estadounidense empezó a retener el 10 por ciento del salario de cada trabajador migrante, con lo cual se integró el Fondo de Ahorro Campesino, estimado en ese entonces, en esa fecha, en un poco más de 11 mil millones de pesos.

Dichos recursos fueron depositados en el entonces Banco de Crédito Agrícola de México, después Banco de Crédito Rural (Banrural), hoy Financiera Rural. Sin embargo, los recursos ahorrados y enterados no fueron regresados a los trabajadores migratorios toda vez que ninguna instancia asumió responsabilidad alguna.

Es más, pudiera decirse que el gobierno mexicano ocultó la existencia de dichos recursos, y fue sólo a través de la lucha y de la investigación de esos ex trabajadores migratorios que se reconoció su existencia.

Así, en abril de 2005, el Congreso de la Unión aprobó la creación del fideicomiso respectivo. A la fecha la Secretaría de Gobernación ha abierto dos etapas para la recepción de documentos, e inscripción, para quienes, y de acuerdo con las reglas de operación del fideicomiso, se ha establecido un importe de pago por el monto de 38 mil pesos.

Durante la primera etapa del programa se inscribieron 42 mil 633 ex trabajadores migratorios. Se benefició con el pago a 40 mil 198.

En una segunda etapa se registró un número de 172 mil 178. Recordemos que hablamos de cerca de 4 millones de trabajadores migratorios en aquella época; de esa lista solamente se han beneficiado a 2 mil 575.

Incluso y contraviniendo lo dispuesto en el numeral 5 de las reglas de operación del fideiocomiso, que establece un pago por el orden de 38 mil pesos, se cubrió sólo un pago parcial por un monto de apenas 4 mil pesos para estos 2 mil 575 beneficiados.

La Secretaría de Gobernación, según el decir de los propios ex trabajadores migratorios, les ha señalado que este pago lo recibirán en forma parcial durante 10 años.

Resulta injusto no sólo haber retrasado la atención a un sector de la población que durante muchos años dio lo mejor de sí, sino también la morosidad con la que ahora se le hace efectivo un pago al que con elemental sentido de justicia tiene derecho.

Son personas, todas ellas ancianos, muchos ya fallecidos, que en los campos agrícolas dejaron los mejores años de su vida productiva y a quienes hoy estamos obligados a atender por un mínimo espíritu de justicia social.

Las organizaciones demandan, incluso, una nueva apertura de ventanilla de registro, ya que existen ex braceros que por diversas razones, ajenas a su voluntad, no pudieron obtener su inscripción en las primeras dos etapas.

Entendemos que hay múltiples necesidades en materia de gasto social. Sin embargo, por el número y rango de edad que representan los ex trabajadores migratorios no deben seguir esperando una pensión por tanto tiempo postergada.

Ante ello, los convoco a que desde el Legislativo impulsemos gestiones ante las comisiones correspondientes, de tal suerte de que en el decreto de Presupuesto de Egresos para este año, próximo 2010, sean aprobados recursos económicos suficientes para cubrir de forma definitiva el pago que demandan los ex trabajadores.

La inversión requerida es de sólo 6 mil 542 millones de pesos, sólo eso. Muy inferior a los 11 mil millones de pesos que en 1962 recibió el gobierno mexicano, esto sin indexarlo. Por ello, les pido su aprobación y comprensión. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Le pediría permanezca en la tribuna. Este trámite para la propuesta a la que acaba de dar lectura el señor diputado Miguel Ángel García Granados se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Le pediría al señor diputado nos presente su iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 14-B de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados Miguel Ángel García Granados y Felipe Cervera Hernández del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Miguel Ángel García Granados: Muchísimas gracias, señor presidente. Los suscritos diputados Miguel Ángel García Granados y Felipe Cervera Hernández sometemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 14-B de la Ley Federal de Derechos, con el firme propósito de alentar el arribo de cruceros turísticos a México y fortalecer así esta industria importante para el país. Esto es a raíz de la diversa exposición de motivos.

A raíz de la emergencia sanitaria internacional ocurrida en la reciente primavera, derivado de la contingencia que desató el surgimiento del virus de la influenza humana A (H1N1). México y en particular sus destinos turísticos, cuya derrama económica está ligada al arribo potencial de visitantes, despertaron a una inesperada realidad.

Por efecto de la emergencia sanitaria, las empresas navieras que operan cruceros turísticos prácticamente suspendieron el arribo de sus embarcaciones a puertos mexicanos.

Esto afectó a miles de trabajadores que directa e indirectamente se benefician de la derrama económica que deja la llegada de turistas.

Como muestra de ello, los 27 destinos tradicionales de México para el arribo de cruceros turísticos, tanto del Caribe como del Pacífico, resultaron afectados por las cancelaciones de llegada y registraron por esta causa fuertes pérdidas económicas.

Aun más, informes oficiales revelan que a raíz de la emergencia sanitaria, en mayo del presente año, fueron canceladas un promedio de 278 visitas de cruceros. Ello implicó para nuestro país la pérdida directa de 56 millones de dólares de divisas.

Cabe precisar que durante el mismo mes del año anterior México registró la llegada de 276 visitas de cruceros, con un promedio general de 590 mil pasajeros, de estos la derrama calculada fue de 77 dólares diarios por pasajero.

Si bien, la estancia de los cruceros turísticos es de un día en promedio en cada puerto que visitan, no se deben minimizar los beneficios económicos que dejan a empresarios y prestadores de servicios que directa o indirectamente guardan relación con la industria turística.

Incluso, coincido con aquella apreciación por la que se afirma que los beneficios del arribo de los cruceros turísticos deben ser vistos desde dos perspectivas fundamentales: la primera por lo que representa en cuanto a la derrama económica; y la segunda, como una oportunidad más de promoción entre los visitantes para arribos próximos con estadías de mayor tiempo.

Al respecto vale decir que, derivado de lo anterior, el sector inmobiliario, así como el de venta de tiempo compartido, hotelería de hospedaje regular, restaurantes en general, vendedores de artesanías y transportistas, entre otros, reportan incrementos en sus ventas. Muchos de los clientes son visitantes que conocieron de las ofertas del destino cuando arribaron por primera vez, precisamente, a través de cruceros turísticos.

La conveniencia para México de generar condiciones para un arribo sostenido y creciente de cruceros turísticos es verdaderamente impostergable, toda vez que los turistas que viajan a través de este medio son personas procedentes de algunos países que son los principales proveedores de turismo de este país.

Las expectativas de llegada de cruceros turísticos al puerto mexicano para el presente año son de 2 mil 257 arribos. Un estimado de 6 y medio millones de turistas pasajeros.

Por éstas y otras condiciones es necesario procurar medidas que alienten a las navieras a mantener en la lista de sus destinos a los puertos mexicanos.

En el caso que nos ocupa urge la eliminación del gravamen por concepto del pago de derechos de no inmigrante por cada turista que arribe a través de cruceros, que entrará en vigor, según lo aprobado por esta soberanía, el próximo mes de enero.

Retomando y fortaleciendo planteamientos legislativos que sobre el particular han sido presentados, es que hago propia esta inquietud de que, como candidatos, nos hemos expuesto ante empresarios que operan arribos de cruceros turísticos a puertos mexicanos, quienes han venido demandando la derogación del artículo 14-B de la Ley Federal de Derechos. Agradeceré muchísimo la comprensión de esta soberanía. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Germán Contreras García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley General de Educación.

El diputado Germán Contreras García: Muchas gracias, señor presidente. Honorable Congreso de la Unión, las diputadas y los diputados: Diva Hadamira Gastélum Bajo, Alfredo Villegas Arreola, Oscar Lara Salazar, Oscar Lara Aréchiga, Rolando Bojórquez Gutiérrez, Miguel Ángel García Granados, Rolando Zubía Rivera, Aarón Irizar López, Oscar Levín Coppel, y un servidor, Germán Contreras García, diputadas y diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 71, con relación al segundo párrafo del artículo 6o., ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9o. de la Ley General de Educación, al tenor de lo siguiente.

El tema de educación, mitos, realidades, pero sobre todo necesidades que requieren reorientación, reordenamiento que den cereza y certidumbre a millones de niñas, niños y jóvenes que aspiran a una calidad de ésta; que sueñan con un mañana mejor o cuando menos con una esperanza que se vea a través de esta misma educación y que lo puedan lograr.

El tema de educación media superior es un asunto que cada vez cobra mayor relevancia, pero sobre todo mayor exigencia, sobre todo cuando se tiene una tasa baja en escolaridad obligatoria.

Es importante dejar asentado que en México se aplazó la obligatoriedad constitucional de la educación, sobre todo la educación media superior, por lo que consideramos necesario retomar esta exigencia para que sea obligatoria y universal.

Además, también es de justicia incluir a la educación especial destinada a alumnos con necesidades educativas especiales debidas a sobredotación intelectual o discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales.

Es pertinente agregar también a la educación inicial, que tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los niños menores de cuatro años de edad e incluye orientación para padres de familia o tutores para la educación de sus hijos.

Por ello consideramos preciso cubrir este vacío que la Ley General de Educación tiene al respecto, al enumerar la promoción y atención educativa en México se omite lo referente a la educación inicial, la educación especial y a la educación media superior, que no incluye así a millones de mexicanos a esta ley.

Por esto presentamos este proyecto de

Decreto

Artículo único. Se realiza las siguientes modificaciones al artículo 9o. de la Ley General de Educación.

Artículo 9o. Además de impartir la educción preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio, todos los tipos y modalidades educativas, incluida la educación inicial, la educación especial y la educación media superior y superior, necesarias para el desarrollo de la nación; apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará el vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 23 de septiembre de 2009. Por su atención, y sobre todo su interés, muchas, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Diva Hadamira Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor presidente. Haciendo uso de las facultades que me da la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el reglamento interior de esta Cámara, presento esta iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforman los artículos 202, 203, 204 y 213 de la Ley del Seguro Social, referente al apartado de guarderías, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El duelo por los niños de la guardería de Sonora tiene que ser redimido con un profundo reclamo al Estado para que se responsabilice de sus tareas fundamentales. No puede dejar sin protección a los niños y las niñas mexicanas, ni dejar de cumplir a la sociedad para garantizarle los derechos básicos que establecen la Constitución y las diversas leyes.

En México trabajan más de 16 millones de mujeres y 5 millones 717 mil 659 hogares son sostenidos por ellas. Además, en todos los casos cooperan con su trabajo doméstico y muchas veces con el gasto. También mantienen y cuidan a los padres ancianos y a los enfermos de las familias, supliendo las omisiones del gobierno en los aspectos de protección social y salud.

De las mujeres que laboran, menos de la mitad tienen seguridad social, pues se encuentran entre los más de 13 millones de trabajadores informales. Esta cifra ha ido aumentando, porque el modelo de país actual tiende, desde hace varios años, a abaratar el costo del trabajo, sacrificando garantías y derechos laborales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sólo puede atender a uno de cada cuatro niños que requieren guarderías; es decir, apenas si cubre 24 por ciento de la posible demanda. Aun con las guarderías subrogadas dio servicio sólo a 228 mil infantes, frente a una demanda potencial de 935 mil.

En los primeros años, después que esta prestación fue inscrita en la Ley del Seguro Social se construyeron y operaron 145 guarderías basadas en un modelo de atención de alta calidad. Fueron durante un tiempo orgullo de la seguridad social mexicana.

Hace varios años el IMSS inició un proceso de privatización y de pauperización de las guarderías. Se decidió que el costo por niño era muy alto y que debía ahorrarse en este rubro, por lo que se optó por disminuir el presupuesto por infante e iniciar el proceso de subrogación.

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el promedio mensual de costo de atención por niño en las guarderías operadas por el IMSS es de 3 mil 781 pesos y en las subrogadas de mil 627.

Estas guarderías son operadas como negocio y tienen que dejar utilidades, pese a que la Ley del Seguro Social sólo permite, según especifica el artículo 213, que la subrogación o reversión de cuotas se realice con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, cuando éstas reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas.

Actualmente hay mil 417 guarderías subrogadas. La lista de sus propietarios llama la atención enormemente, lo cual habla de una falta inaceptable de control y de transparencia. Lo más grave es que, según hemos visto después de la tragedia, no había un modelo de atención ni de supervisión que garantizara la seguridad de los niños ni la calidad de los servicios que describe con precisión la Ley del Seguro Social en los artículos 201 a 204.

Los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los niños y de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad deben ser garantizados por el gobierno. Por ello, nuestra propuesta se basa en garantizar primeramente la seguridad e integridad de nuestros niños y niñas mexicanas, y ponderar la transparencia en el manejo de la subrogación de las guarderías.

Proyecto de decreto

Artículo único. Se realizan las modificaciones siguientes a la Ley del Seguro Social:

Artículo 202. Estas prestaciones deben proporcionarse atendiendo a cuidar y fortalecer la salud del niño y su buen desarrollo, pero primeramente, el presente y futuro, su seguridad e integridad física y emocional, así como a la formación de sentimientos de adhesión familiar y social, a la adquisición de conocimientos que promuevan la comprensión, el empleo de la razón y de la imaginación.

Artículo 203. Los servicios de guardería infantil incluirán el aseo, la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y la recreación de los menores a que se refiere el artículo 201, pero especialmente, su seguridad e integridad física y emocional.

Artículo 204. Para otorgar la prestación de los servicios de guardería, el instituto establecerá instalaciones adecuadas y seguras.

Artículo 213. El instituto podrá celebrar convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, cuando reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas y mediante licitación pública, atendiendo la Norma Oficial 167-SSA1-1997. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Hemos concluido el capítulo de iniciativas. Continuamos con el capítulo de proposiciones. Pero acabamos de recibir, señoras diputadas y señores diputados, una comunicación de la Junta de Coordinación Política; por lo que le pido a la Secretaría proceda a dar cuenta de ésta.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su permiso, señor presidente.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva, honorable Cámara de Diputados. Presente. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20o. del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted, atentamente, consultar al pleno la modificación al orden del día para la inclusión correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto:

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se nombra a los representantes del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Firman: diputado Francisco José Rojas Gutiérrez, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputada Josefina Vázquez Mota, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Juan José Guerra Abud, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Pedro Jiménez León, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; diputado Pedro Vázquez González, coordinador del Grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Reyes Tamez Guerra, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por favor, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Es mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Aprobado. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su permiso, señor presidente.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se nombra a los consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para dar cumplimiento con el numeral 4 del artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno. Que, de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara. Por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

II. Que el numeral 1 del artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el Consejo General del Instituto Federal Electoral se integra por un consejero presidente, ocho consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y el secretario ejecutivo.

III. Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 110 del Cofipe, los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos en la Cámara de Diputados por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un consejero por cada grupo parlamentario, no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y que por cada propietario podrán designarse hasta dos suplentes.

IV. Que este órgano de gobierno ha realizado las consultas necesarias con los grupos parlamentarios con representación en el Senado de la República, y ha considerado oportuno proponer a los consejeros del Poder Legislativo que fungirán durante la LXI Legislatura ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, la Junta de Coordinación Política emite el siguiente

Acuerdo

Primero. Los consejeros del Poder Legislativo de la LXI Legislatura ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral son los siguientes grupos parlamentarios:

Partido Revolucionario Institucional: Propietario: senador Fernando Castro Trenti; suplente: senador Agustín Arroyo Vieyra.

Partido Acción Nacional: Propietario: diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín; suplentes: diputado Camilo Ramírez Puente y senador Humberto Aguilar Coronado.

Partido de la Revolución Democrática: Propietario: senador Pablo Gómez Álvarez; Suplentes: diputado Arturo Santana Alfaro y diputado José Guadalupe Acosta Naranjo.

Partido Verde Ecologista de México: Propietario: senador Arturo Escobar y Vega; suplentes: senador Jorge Legorreta Ordorica y diputado Juan Gerardo Flores Ramírez.

Partido del Trabajo: Propietario: diputado Óscar González Yáñez; suplentes: diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza y diputado Heron Agustín Escobar García.

Partido de Nueva Alianza: Propietario: diputado Roberto Pérez de Alva Blanco; suplentes: senador Fermín Trujillo Fuentes y diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar.

Partido Convergencia: Propietario: senador Dante Delgado Ranauro; suplentes: diputado Pedro Jiménez León y diputado Jaime Álvarez Cisneros.

Segundo. Comuníquese a la Mesa Directiva y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 14 de septiembre de 2009.

Firman, diputado Francisco José Rojas Gutiérrez, Presidente y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputada Josefina Eugenia Vázquez Mota, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Juan José Guerra Abud, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Pedro Vázquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Reyes S. Tamez Guerra, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; y el diputado Pedro Jiménez León, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. De enterado. Comuníquese. Continuamos con el orden del día.

Esta Presidencia recibió de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Niñez, Adolescencia y Familias. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Esta Presidencia recibió del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a Normex, Sociedad Civil y al Comité Técnico de Normalización Nacional para Bebidas Alcohólicas NBAL-02, a que sigan permitiendo y no se impida el uso de la palabra "agave". Túrnese a la Comisión de Economía. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Esta Presidencia recibió del señor diputado David Hernández Pérez y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Inegi reasignen recursos económicos en las partidas presupuestales correspondientes, para dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Esta Presidencia recibió del diputado Luis Félix Rodríguez Sosa, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con carácter de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el Análisis y Estudio de la Problemática de la Agroindustria Azucarera en el País y relacionada con las acciones llevadas a cabo por el gobierno federal en detrimento de la agroindustria azucarera. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos, el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, para presentar punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial para Solucionar el Conflicto Laboral en la Mina de Cobre de Cananea, Sonora, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella: Con su permiso, diputado presidente. Los ciudadanos diputados que abajo suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del estado de Sonora, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este honorable pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, en términos de las siguientes

Consideraciones

El 30 de julio de 2007, los trabajadores de la Mina de Cobre Mexicana de Cananea, Sonora, pertenecientes a la sección 65 del Sindicato Nacional de Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, emplazaron a huelga a la empresa Industrial Minera México, SA de CV, subsidiaria del Grupo México. Su principal demanda fue relativa a mejores condiciones de seguridad e higiene.

El 7 de agosto de 2007, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró inexistentes las huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete, mencionando la circunstancia de que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció tal declaratoria horas antes de que lo hiciera la junta competente.

La misma Junta Federal de Conciliación y Arbitraje volvió a declarar inexistente la huelga el 11 de enero de 2008, pese a que el 16 de agosto de 2007 los trabajadores habían logrado un amparo emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Laboral y una determinación de legalidad de la huelga el 17 de diciembre del mismo año por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo. La inexistencia se sustentó en que la huelga no inició en el minuto exacto que fue señalado para su emplazamiento.

En la misma resolución la Junta Federal reconoce que hay condiciones de inseguridad laboral, y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social declaró en un boletín de prensa del 11 de enero de 2007 que se mantendrá atenta a los esfuerzos que se lleven a cabo para reforzar las condiciones de seguridad e higiene en las instalaciones de la mina de Cananea.

Una vez que se hayan normalizado las actividades en este centro de trabajo, se dispondrá del desahogo de una inspección extraordinaria en la materia para verificar que Mexicana de Cananea cumpla las normas aplicables.

Ya van más de 2 años de conflicto entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, lo que ha ocasionado pérdidas por casi 4 mil 800 millones de pesos. La importancia de la actividad de Cananea, es que genera 12 por ciento de la producción minera del país, 46 por ciento de la producción de cobre y una derrama económica de aproximadamente 150 millones de pesos mensuales.

En suma, desde el 30 de julio de 2007 hay un conflicto colectivo de trabajo con emplazamiento y entallamiento de huelga entre el Sindicato Nacional de Mineros y la empresa minera de cobre Mexicana de Cananea.

La situación procesal que persiste con relación a dicho conflicto es el siguiente. El 11 de enero de 2008 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la huelga.

El 13 de enero la Junta Federal recibió notificación del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, en la que otorga suspensión provisional de la declaración de inexistencia de la huelga ante la demanda de amparo presentada por el Sindicato Nacional, señalando el 18 de enero para la audiencia incidental y el 13 de febrero para constitucional, ambos de 2008.

La prensa local del estado de Sonora y la nacional dan cuenta de que el 11 de enero de 2008 se procedió al desalojo de las instalaciones de la empresa minera en cuestión, con intervención de elementos de seguridad pública federales y locales.

Con sustento a lo anterior, tenemos básicamente la evidencia de la existencia de un conflicto colectivo de trabajo con suspensión de labores, que no ha sido resuelto a casi más de dos años del conflicto; que esta suspensión de labores ha generado una gran pérdida económica para el país. Por lo que resulta importante la creación de una comisión especial de la Cámara de Diputados que abone a resolver dicho conflicto, dado el interés y trascendencia nacional que reviste.

Por lo anteriormente expuesto, y en términos de los preceptos legales invocados, sometemos a la consideración de este honorable pleno, el siguiente punto de acuerdo ?que va a variar un poco aquí, compañeras y compañeros, con el que tienen en la Gaceta, porque estamos incluyendo en el punto de acuerdo a Taxco y Sombrerete? para quedar como sigue:

Se crea la Comisión Especial para solucionar el conflicto integral referente a las 3 huelgas de la sección 17 de Taxco, Guerrero; sección 201 de San Martín Sombrerete, Zacatecas, y la sección 65 de Cananea, Sonora.

Segundo. La comisión especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y su conformación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 23 días de septiembre. Firman: el suscrito, Miguel Ernesto Pompa Corella, diputado Jesús Alberto Cano Vélez, diputado Ernesto de Lucas Hopkins, diputado José Luis Marcos León, diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, diputado Rogelio Díaz Brown y diputado Enésimo Mariscales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado César Mancillas Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Semarnat, respecto de la construcción y operación del Puerto Multimodal de Punta Colonet, en Ensenada, Baja California.

El diputado César Mancillas Amador: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el marco de la Conferencia internacional en defensa de la calidad del cielo nocturno y el derecho a observar las estrellas, se concluyó en la necesidad de garantizar a las generaciones venideras, su derecho a un cielo limpio que permita la observación nocturna del firmamento, mediante el control de la contaminación lumínica, que es la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas en intensidades u horarios innecesarios.

La contaminación lumínica afecta la actividad de la ciencia astronómica que requiere de cielos alejados de las fuentes lumínicas que les permitan contar con la obscuridad propicia para poder observar regiones lejanas de nuestro universo.

En este sentido, nuestro país es privilegiado al contar con el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, dependiente de la UNAM, y el cual acaba de cumplir el pasado 17 de septiembre 30 años de su inauguración.

Sus cualidades han influido en la decisión de impulsar la modernización de las instalaciones del observatorio. Ahora mismo se construye un nuevo telescopio que se inaugurará en el 2014, y la robotización de sus dos telescopios para el 2010. Éstos registrarán datos del cielo de manera permanente.

Como se podrá observar, el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, es una institución en constante modernización y en pleno desarrollo; sin embargo, su actual situación pudiera, de no tomarse las medidas adecuadas, verse afectada por la construcción y posterior operación del puerto multimodal de Punta Colonet, el más importante de América Latina y el proyecto de infraestructura más relevante del sexenio, por su tamaño, por su actividad logística y los 50 mil millones de pesos que la iniciativa privada habrá de invertir en su construcción.

Por tal motivo se deben tomar todas las medidas adecuadas a fin de salvaguardar el entorno ambiental de la zona y la convivencia de este megaproyecto con la operación del observatorio.

Por lo cual se hace necesaria la aplicación de medidas administrativas que regulen la iluminación de los centros urbanos, parques industriales y desarrollos turísticos en el estado, ya que un control adecuado de la contaminación lumínica mediante la sustitución de equipo de alumbrado de última generación, traerá como consecuencia un significativo ahorro energético y la salvaguarda del cielo nocturno de la sierra de San Pedro Mártir.

Preocupado por la problemática aquí planteada, el 10 de agosto de 2006 tuve la oportunidad, como presidente municipal de Ensenada, de aprobar el Reglamento para la Prevención de la Contaminación Lumínica en el Municipio de Ensenada, y me encuentro trabajando en la elaboración de una iniciativa de Ley Federal para la Prevención de la Contaminación Lumínica.

Por lo expuesto y en el marco del Año Internacional de la Astronomía es que someto a la consideración de este pleno el siguiente proyecto de

Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exijan las medidas técnicas y ambientales necesarias a las empresas encargadas de la construcción y posterior operación del puerto multimodal de Punta Colonet, en Ensenada, Baja California, a fin de prevenir la contaminación lumínica que pudiera generar dicho proyecto, con las consecuentes afectaciones para la operación del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo estatal y a los gobiernos municipales de Baja California, para que en aras de conservar la calidad del cielo nocturno de la entidad procedan a expedir reglamentos para la prevención de la contaminación lumínica en todo el estado de Baja California. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Transporte, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra hasta por tres minutos, la diputada Claudia Edith Anaya Mota, para presentar proposiciones con punto de acuerdo por el que solicita a las dependencias gubernamentales que manejan programas de apoyo a discapacitados que flexibilicen las reglas de operación de los mismos; y a las que no las contemplen, que los establezcan en su próximo programa operativo con el propósito de beneficiar a un mayor número de integrantes de esta población. Esta propuesta es suscrita por las diputadas Claudia Edith Anaya Mota y Yolanda de la Torre Valdez, de los Grupos Parlamentarios del PRD y PRI, respectivamente.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Quienes suscriben Claudia Edith Anaya Mota y Yolanda de la Torre Valdez diputadas federales integrantes, respectivamente, de los Grupos de Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las dependencias gubernamentales que manejan programas de apoyo a las personas con discapacidad, flexibilicen las reglas de operación de los mismos y las que no los contemplan, los establezcan en sus próximo programa operativo anual con el propósito de beneficiar a un mayor número de integrantes de esta población, conforme a las siguientes

Consideraciones

El derecho a la igualdad y el principio de la no discriminación se encuentran consagrados en el artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a ellos, todas las personas que nos encontramos en este país gozamos de los derechos fundamentales previstos en el orden jurídico mexicano, independientemente de las características particulares propias de la condición humana.

La noción de igualdad es inseparable de la dignidad humana. Frente a la cual es incompatible todo trato hostil o discriminatorio que afecte el goce de derechos que sí se les reconoce a quienes no se consideran incursos en ciertas situaciones de inferioridad.

Por lo anterior, debemos reconocer que las personas con discapacidad somos sujetos de derechos fundamentales en igualdad de condiciones que cualquier otro individuo y que incluso pueden y deben hacerse acciones para facilitar el ejercicio de sus derechos en atención a la situación de desventaja en que se encuentran.

La experiencia nos permite identificar que las instituciones de la administración pública aún no logran diseñar políticas públicas en las que se involucre a las personas con discapacidad y a sus familias.

De ahí que el acceso a los fondos o programas públicos continúe centralizado y no esté abierto a todos los sectores de la sociedad. Ya sé que no se considera la diversidad geográfica, social, económica y antropológica existentes, lo que trae como consecuencia la exclusión de particulares espaciales, culturales y sanitarias.

De ahí la necesidad de que el aparato gubernamental se replantee la responsabilidad que tiene frente a las personas con discapacidad, pues para acceder a todos los programas están estos destinados siempre a los que están en lugares y regiones que no están en condiciones accesibles a las personas con discapacidad.

Por ello, demandamos a los titulares de la administración pública federal coordinar esfuerzos de vinculación con la sociedad civil, para adecuar las reglas de operación de los programas ya existentes o, en su caso, se generen acciones afirmativas y medidas compensatorias acompañadas de recursos económicos que garanticen la no discriminación y la inclusión de las personas con discapacidad.

Sólo así se brindará a ésta la posibilidad de desarrollar plenamente sus capacidades y su inserción plena en la comunidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se solicita a la solicita a las dependencias gubernamentales que manejan programas de apoyo a discapacidad, flexibilicen las reglas de operación de los mismos y a las que no los contemplan, los establezcan en sus próximo programa operativo con el propósito de beneficiar a un mayor número de integrantes de esta población.

Quienes suscriben Claudia Edith Anaya Mota y Yolanda de la Torre Valdez. Palacio Legislativo, a los 14 días del mes de septiembre de 2009.

Y a propósito de las acciones afirmativas y medidas compensatorias que se deben tener hacia las personas con discapacidad, le quiero pedir a todos los compañeros de este honorable Congreso de la Unión y a quienes integran la junta directiva, consideren a la compañera Yolanda de la Torre o a mí para ser las presidentas, cualquiera de las dos, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Carlos Samuel Moreno Terán del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo, relativo al retiro de la concesión de la mina de cobre Mexicana de Cananea a la empresa Minera México, S. A. de C. V., subsidiaria del Grupo México.

El diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, después de más de 2 años de huelga en la mina de cobre Mexicana de Cananea, los 35 mil habitantes del lugar viven una situación socialmente dramática, que rebasa el conflicto jurídico motivado por la huelga y amenaza seriamente la convivencia armónica en esta ciudad; no sólo para Sonora, sino para todo el país.

Por todos es conocido que la actividad minera es el motor de la economía del municipio y de la región, con un impacto muy importante en la actividad minera nacional.

Ahí se concentra el 12 por ciento de la producción minera del país, el 46 por ciento de la producción nacional de cobre y una derrama económica estimada en 150 millones de pesos mensuales, de acuerdo con datos de las autoridades laborales.

Ante el largo periodo de paro en su principal fuente de actividad económica, los habitantes de Cananea, que por más de un siglo han contribuido al desarrollo de la industria minera del país, viven hoy una crisis que, si no se resuelve a la mayor brevedad, puede llevar a un estallido social.

Ésta no es una afirmación exagerada. La economía de Cananea se ha ido a pique, cierre de comercios, pérdida de empleos en otras áreas asociadas a la actividad minera en una amplia región del estado, migración de jóvenes, deserción escolar y cierre de escuelas.

Son éstos sólo algunos de los elementos que se han ido acumulando hasta llegar hoy al extremo de la suspensión de los servicios de gas, de agua y de energía eléctrica, los más elementales para la vida cotidiana de la población.

Los mineros y sus familias, es decir, gran parte de la población en la localidad, se han quedado sir servicios médicos por el cierre del hospital que antes los atendía.

La inactividad, el abandono y la crisis generalizada han traído como consecuencia el incremento de la inseguridad en el municipio.

El gas, que por más de 70 años se ha distribuido por tubería subterránea en la localidad, mucho antes de que se empezara a hacer en las zonas urbanas del país, ahora se ha cancelado y se intenta sustituir en los hogares con tanques de gas LP, lo que representa un retroceso en sus sistema de vida. Si falta el agua, el gas y la luz, se están tocando extremos indeseables que propician una justificada irritación social.

Se equivocaría quien piense que se trata de un problema local, sin repercusiones en la vida nacional. Hay suficiente evidencia histórica que muestra lo contrario. Cananea es un asunto de interés nacional y así debe de ser abordado. Ningún interés particular o de grupo puede estar por encima del interés nacional.

Por su parte, la Ley Minera dispone en su artículo 55, fracción XIII, como una de las causales por las que se puede cancelar una concesión, la de perder la capacidad para ser titular de concesiones, como parece ser el caso de la empresa titular de la concesión de la mina de cobre de Mexicana de Cananea.

Por tal razón, resulta procedente exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Economía para que proceda al retiro de la concesión de la mina de cobre Mexicana de Cananea, a la empresa Minera México, S. A., de C. V., subsidiaria del Grupo México, ante la incapacidad manifiesta de sostener la titularidad de la concesión, en perjuicio de los habitantes de Cananea y de la industria minera del país.

Estimamos que, de igual forma, debemos exhortar al Ejecutivo para que esta decisión se acompañe por un programa emergente de reactivación económica de la región.

Asimismo, es indispensable que se aplace el actual programa de conversión de gas que se está llevando a cabo, ya que significa un gran retroceso para la población, en vez de ser una solución al problema.

Para Cananea es tiempo de definiciones, de acciones concretas, de posturas que representen una modificación al estatus de inmovilidad que hoy prevalece. Ya se ha gastado mucho tiempo en litigios y estudios al respecto. No más, señores. Lo que se requiere es una decisión ejecutiva y quien puede accionarla es el titular de ese poder de la Unión.

Finalmente, compañeros y compañeras, los grandes males requieren grandes remedios y es necesaria una firma decisión política para actuar en beneficio de México y de la mayoría de sus ciudadanos. Es por eso que propongo a esta asamblea la aprobación, con carácter de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo.

Señor presidente, con fundamento en el artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar que sea sometida al pleno en votación nominal, tal como lo establece la citada disposición normativa, acompañada de mis compañeros diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. En virtud de que fue solicitado como urgente resolución y hay solicitud expresa para que sea en votación nominal, lo que es aplicable en estos casos es una votación económica. Para efecto de poder tener claridad en ese sentido, le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si lo sometemos a votación nominal. Dígame usted, diputado.

El diputado Carlos Samuel Moreno Terán (desde la curul): El artículo 148 es muy claro para que sea en votación nominal. Lo estamos solicitando y está apoyado por mis compañeros diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría a dar lectura al artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Artículo 148. Las votaciones serán precisamente nominales: primero, cuando se pregunte si ha o no lugar a aprobar algún proyecto de ley en lo general; segundo, cuando se pregunte si se aprueba o no cada artículo de los que compongan el indicado proyecto o cada proposición de las que formen el artículo, y tercero, cuando lo pida un individuo de la propia Cámara y sea apoyado por otros cinco. También serán nominales en el caso del artículo 152.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor secretario. La solicitud presentada por el diputado Carlos Samuel Moreno Terán está siendo apoyada por cinco diputados. Por tanto, en los términos del artículo 148, proceda la Secretaría a levantar la votación nominal para que determine si es de urgente resolución el tema que nos ocupa. Sí, diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Dos preguntas a la Mesa Directiva. Si existe la posibilidad de que sea el voto a través del sistema electrónico, primero; y segundo, si se están implementando los mecanismos de llamado a los señores diputados que estaban en otras actividades.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Respecto al primero, diputado, no lo tenemos aún implementado. Se están concluyendo los procedimientos, por lo cual no lo podríamos utilizar. Y en su segunda pregunta, se están utilizando los sistemas de llamado a todos los diputados para que estén presentes en sus curules.

El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Corral, está solicitando el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): Señor presidente, con el objeto de realizar una proposición a la Mesa Directiva, en torno de moción. La votación nominal, en función de no estar dispuesto aún el sistema electrónico de votación, nos va a llevar un largo tiempo, casi una hora y media o dos horas, señor presidente, en votar nominalmente la obvia o urgente resolución.

Yo propondría, y no creo que haya imposibilidad de que la Mesa se cerciore de las dos terceras partes que el reglamento requiere para aprobar un trámite de obvia o urgente resolución, que lo pudiéramos hacer en votación económica, y si existiera realmente una votación tan empatada, entonces bueno, fuéramos a la votación nominal.

Pero si ello es evidentemente, que lo pudiéramos hacer de forma económica, señor presidente. Es una respetuosa proposición a la Mesa Directiva; para ahorrar tiempo, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le agradecemos, diputado. Solamente que tenemos nosotros, la Mesa, como tenemos disposición expresa en el 148, tenemos que atenderlo...

El diputado Carlos Samuel Moreno Terán (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ...pero estaremos atentos al comentario que nos realice el promovente, en este caso es el señor diputado Carlos Samuel Moreno Terán, que quiere hacer uso de la palabra. Adelante, diputado.

El diputado Carlos Samuel Moreno Terán (desde la curul): Disculpe, señor presidente. Nada más quería dejarle claro al diputado que ya está votado por la Mesa Directiva y se va a hacer en nominal.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Bien. Por favor, la Secretaría que proceda de inmediato a ir tomando la votación nominal desde la propia curul, que se vaya manifestando el sentido de la votación.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Vamos a proceder a levantar la votación por instrucciones de la Presidencia, solicitándoles a las señoras legisladoras y a los señores legisladores, nos hagan favor de levantarse y decir su nombre completo, por favor, para efectos de que la gente de Registro Parlamentario pueda ir levantando el sentido de esta votación.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa será quien levante la votación de las diputadas y los diputados que estén por la negativa. El de la voz, por las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, empezando por el lado derecho.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Primeramente, señor secretario, les pediríamos a todas las señoras diputadas y a todos los señores diputados, por favor, tomen su lugar para efecto de que tengamos claridad en la manera de tomar la votación, iniciando por el lado derecho de esta sala de sesiones, para que podamos ir teniendo orden.

Les pedimos a todas las diputadas y a todos los diputados tomen su lugar en sus asientos para poder tomar la votación. Recuerden que la votación es si se considera este tema de urgente resolución, si esta proposición se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Iniciamos, diputado.

El diputado Gumercindo Castellanos Flores (desde la curul): El sentido de mi voto es en contra.

El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): En contra.

El diputado Alberto Esquer Gutiérrez (desde la curul): En contra.

El diputado José Ignacio Seara Sierra (desde la curul): En contra.

La diputada Yolanda del Carmen Montalvo López (desde la curul): En contra.

La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (desde la curul): En contra.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (desde la curul): En contra.

La diputada María Yolanda Valencia Vales (desde la curul): En contra.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz (desde la curul): Por la negativa.

El diputado Ricardo Sánchez Gálvez (desde la curul): Por la negativa.

El diputado Benigno Quezada Naranjo (desde la curul): En contra.

El diputado Agustín Torres Ibarrola (desde la curul): En contra.

El diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar (desde la curul): En contra.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez (desde la curul): En contra.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): A favor.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Armando Meza Castro (desde la curul): A favor.

El diputado Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (desde la curul): A favor.

El diputado Gustavo González Hernández (desde la curul): En contra.

El diputado José Luis Íñiguez Gámez (desde la curul): En contra.

El diputado César Octavio Madrigal Díaz (desde la curul): En contra.

El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina (desde la curul): En contra.

El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): No.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes (desde la curul): En contra.

La diputada Guadalupe Valenzuela Cabrales (desde la curul): En contra.

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa (desde la curul): En contra.

La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (desde la curul): No.

La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (desde la curul): En contra.

El diputado José Manuel Hinojosa Pérez (desde la curul): En contra.

El diputado Sergio Arturo Torres Santos (desde la curul): En contra.

La diputada Laura Margarita Suárez González (desde la curul): En contra.

La diputada Hilda Esthela Flores Escalera (desde la curul): En contra.

El diputado Héctor Fernández Aguirre (desde la curul): En contra.

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente (desde la curul): En contra.

El diputado Ramón Jiménez Fuentes (desde la curul): A favor.

El diputado Balfre Vargas Cortez (desde la curul: A favor.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (desde la curul): A favor.

El diputado José Torres Robledo (desde la curul): A favor.

El diputado José María Valencia Barajas (desde la curul): A favor.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Luis Meillón Johnston (desde la curul): Por la negativa.

La diputada María Joann Novoa Mossberger (desde la curul): En contra.

El diputado Gregorio Hurtado Leija (desde la curul): No.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez (desde la curul) En contra.

El diputado Juan Huerta Montero (desde la curul): No.

La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (desde la curul): En contra.

El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (desde la curul): No.

La diputada María Dolores del Río Sánchez (desde la curul): En contra.

El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina (desde la curul): En contra.

El diputado Marcos Pérez Esquer (desde la curul): En contra.

El diputado Enrique Torres Delgado (desde la curul): No.

La diputada Dora Evelyn Trigueras Durón (desde la curul): En contra.

La diputada María del Pilar Torre Canales (desde la curul): En contra, para que se turne a comisión para su debido análisis.

El diputado Héctor Franco López (desde la curul): No.

El diputado Francisco Saracho Navarro (desde la curul): No.

El diputado Miguel Ángel Riquelme Solís (desde la curul): No.

El diputado Hugo Héctor Martínez González (desde la curul): No.

El diputado Gerardo Leyva Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Carlos López Fernández (desde la curul): A favor.

El diputado Martín García Avilés (desde la curul): A favor.

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel (desde la curul): A favor.

La diputada María Guadalupe Silerio Núñez (desde la curul): A favor.

La diputada Esthela Damián Peralta (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (desde la curul): A favor.

El diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas (desde la curul): En contra.

El diputado Ignacio Téllez González (desde la curul): En contra.

El diputado Arturo García Portillo (desde la curul): No.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor (desde la curul): No.

El diputado Julio Castellanos Ramírez (desde la curul): No.

El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): En contra.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (desde la curul): En contra.

El diputado Carlos Bello Otero (desde la curul): En contra.

El diputado Sergio Octavio Germán Olivares (desde la curul): No.

El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez (desde la curul): En contra.

El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (desde la curul): No.

La diputada Elsa María Martínez Peña (desde la curul): En contra.

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (desde la curul: En contra. Que se turne a comisiones para su debido análisis.

El diputado Reyes Silvestre Tamez Guerra (desde la curul): En contra.

El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas (desde la curul): En contra.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (desde la curul): En contra.

El diputado Rolando Bojórquez Gutiérrez (desde la curul): En contra.

El diputado Germán Contreras García (desde la curul): No.

El diputado Tereso Medina Ramírez (desde la curul): No.

La diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz (desde la curul): Sí.

El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Jaime Correa (desde la curul): A favor.

El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (desde la curul): A favor.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Claro que a favor.

La diputada Leticia Robles Colín (desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Vázquez González (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): A favor.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (desde la curul): A favor.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): A favor.

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado José Manuel Marroquín Toledo (desde la curul): En contra.

El diputado Ovidio Cortázar Ramos (desde la curul): En contra.

El diputado Carlos Martínez Martínez (desde la curul): En contra.

El diputado Jesús Giles Sánchez (desde la curul): En contra.

La diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (desde la curul): En contra.

El diputado Jesús Ramírez Rangel (desde la curul): En contra.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): En contra.

La diputada Gloria Romero León (desde la curul): En contra.

La diputada Gabriela Cuevas Barrón (desde la curul): En contra.

La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde la curul): En contra.

El diputado César Daniel González Madruga (desde la curul): En contra.

La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (desde la curul): En contra.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (desde la curul): En contra.

El diputado Agustín Carlos Castillo Marroquín (desde la curul): En contra.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez (desde la curul): En contra.

El diputado Rolando Zubia Rivera (desde la curul): En contra.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): En contra.

El diputado Aarón Irízar López (desde la curul): En contra.

El diputado Óscar Javier Lara Aréchiga (desde la curul): En contra.

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (desde la curul): A favor.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): A favor.

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): A favor.

La diputada Florentina Rosario Morales (desde la curul): A favor.

El diputado Rigoberto Salgado Vázquez (desde la curul): A favor.

El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): A favor.

El diputado César Francisco Burelo Burelo (desde la curul): A favor.

El diputado Rodolfo Lara Lagunas (desde la curul): A favor.

El diputado Camilo Ramírez Puente (desde la curul): En contra.

El diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera (desde la curul): En contra.

El diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (desde la curul): En contra.

La diputada Adriana Fuentes Cortés (desde la curul): En contra.

El diputado Miguel Martínez Peñaloza (desde la curul): En contra.

La diputada María Sandra Ugalde Basaldua (desde la curul): En contra.

La diputada María Marcela Torres Peimbert (desde la curul): En contra.

La diputada María Felicitas Parra Becerra (desde la curul): En contra.

La diputada Tomasa Vives Preciado (desde la curul): En contra.

El diputado Sergio Gama Dufour (desde la curul): En contra.

El diputado Rafael Pacchiano Alamán (desde la curul): A favor.

La diputada María del Rosario Brindis Álvarez (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): No.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar (desde la curul): No.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): No.

El diputado Andrés Massieu Fernández (desde la curul): En contra.

El diputado José Ramón Martel López (desde la curul). No.

El diputado Raúl Domínguez Rex (desde la curul): No.

El diputado Eduardo Mendoza Arellano (desde la curul): A favor.

La diputada Ana Luz Lobato Ramírez (desde la curul): A favor.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): A favor.

El diputado Domingo Rodríguez Martell (desde la curul): A favor.

La diputada Martha Angélica Bernardino Rojas (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Torres Piña (desde la curul): A favor.

La diputada Martha Elena García Gómez (desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez (desde la curul). A favor.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): No.

La diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz (desde la curul): No.

El diputado Adolfo Rojo Montoya (desde la curul): No.

La diputada Ana Elia Paredes Arciga (desde la curul): En contra.

El diputado Oscar Saúl Castillo Andrade (desde la curul): Por la negativa.

El diputado Leandro Rafael García Bringas (desde la curul): No.

El diputado Miguel Martín López (desde la curul): No.

El diputado José Antonio Arámbula López (desde la curul): En contra.

El diputado Raúl Cuadra García (desde la curul): En contra.

La diputada Nancy González Ulloa (desde la curul): En contra.

La diputada María de Lourdes Reynoso Femat (desde la curul): En contra.

La diputada Kenia López Rabadán (desde la curul): En contra

El diputado César Octavio Pedroza Gaitán (desde la curul): En contra.

La diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (desde la curul): En contra.

El diputado Enrique Octavio Trejo Azuara (desde la curul): En contra.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (desde la curul): A favor.

La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): No.

El diputado Emilio Chuayffet Chemor (desde la curul): No.

El diputado Héctor Guevara Ramírez (desde la curul): No.

El diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Sergio Mancilla Zayas (desde la curul): No.

El diputado Sergio Fausto Saldaña del Moral (desde la curul): No.

La diputada Sandra Méndez Hernández (desde la curul): No.

El diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (desde la curul): No.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (desde la curul): No por la urgente resolución.

El diputado Noé Martín Vázquez Pérez (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Jorge Hernández Caldera (desde la curul): No.

La diputada María Guadalupe García Almanza (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Felipe Eguía Pérez (desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Jiménez López (desde la curul): A favor.

La diputada Laura Piña Olmedo (desde la curul): A favor.

El diputado Rubén Arellano Rodríguez (desde la curul): No.

La diputada Cecilia Arévalo Sosa (desde la curul): No.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (desde la curul): No.

La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (desde la curul): No.

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena (desde la curul): No.

El diputado José Gerardo de los Cobos Silva (desde la curul): No.

La diputada Silvia Isabel Monge Villalobos (desde la curul): No.

El diputado Bernardo Margarito Téllez Suárez (desde la curul): En contra.

La diputada Rosi Orozco (desde la curul): En contra.

El diputado Sergio González Hernández (desde la curul): No.

La diputada Oralia López Hernández (desde la curul): No.

La diputada María Elena Perla López Loyo (desde la curul): En contra.

El diputado Cruz López Aguilar (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Edgardo Melhem Salinas (desde la curul): En contra.

El diputado José Francisco Rábago Castillo (desde la curul): En contra.

La diputada Norma Leticia Orozco Torres (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Carlos Natale López (desde la curul): A favor.

La diputada Adriana Sarur Torres (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (desde la curul): En contra.

El diputado Humberto Lepe Lepe (desde la curul): En contra.

El diputado Óscar Guillermo Levi Coppel (desde la curul): Por la negativa.

El diputado Luis Videgaray Caso (desde la curul): No.

El diputado Roberto Rebollo Vivero (desde la curul): No.

El diputado Felipe Borja Texocotitla (desde la curul): No.

El diputado Josué Cirino Valdés Huezo (desde la curul): No.

El diputado Amador Monroy Estrada (desde la curul): Contra la urgente resolución.

El diputado David Ricardo Sánchez Guevara (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Pedro Jiménez León (desde la curul): A favor, porque el país está cansado de demasiada lentitud.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): A favor.

La diputada Indira Vizcaíno Silva (desde la curul): A favor.

La diputada Bélgica Nabil Carmona Cabrera (desde la curul): A favor.

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez (desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Merino Loo (desde la curul): Negativo.

El diputado Tomás Gutiérrez Ramírez (desde la curul): No.

El diputado Jaime Oliva Ramírez (desde la curul): No.

El diputado Juan de Jesús Pascualli Gómez (desde la curul): No.

El diputado Julio Saldaña Morán (desde la curul): Por la negativa.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua (desde la curul): No.

El diputado Francisco Javier Martín Gil Ortiz (desde la curul): En contra.

El diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas (desde la curul): En contra.

La diputada Cristabell Zamora Cabrera (desde la curul): No.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (desde la curul): No.

El diputado Liborio Vidal Aguilar (desde la curul): Afirmativa.

El diputado Carlos Samuel Moreno Terán (desde la curul): Por Sonora y por Cananea, por supuesto que sí.

El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): A favor.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): A favor.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): No.

El diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (desde la curul): No.

El diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (desde la curul): No.

El diputado Sami David David (desde la curul): Por la negativa.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (desde la curul): No.

El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (desde la curul): No.

El diputado Héctor Hernández Silva (desde la curul): No.

El diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza (desde la curul): No

El diputado Germán Osvaldo Cortez Sandoval (desde la curul): No.

El diputado Rodrigo Reina Liceaga (desde la curul): En contra de urgente resolución.

El diputado Héctor Pedroza Jiménez (desde la curul): No.

El diputado Omar Rodríguez Cisneros (desde la curul): No.

El diputado José Alfredo Torres Huitrón (desde la curul): En contra.

El diputado José Luis Velasco Lino (desde la curul): No.

El diputado Fernando Ferreyra Olivares (desde la curul): No.

La diputada Guillermina Casique Vences (desde la curul): No.

La diputada Lizbeth García Coronado (desde la curul): A favor.

El diputado Filemón Navarro Aguilar (desde la curul): A favor.

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (desde la curul): No.

El diputado Martín Rico Jiménez (desde la curul): No.

La diputada Norma Sánchez Romero (desde la curul): No.

El diputado José Guadalupe Vera Hernández (desde la curul): No.

El diputado Sixto Alfonso Zetina Soto (desde la curul): No.

La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez (desde la curul): No.

El diputado Bonifacio Herrera Rivera (desde la curul): No.

La diputada Guadalupe Pérez Domínguez (desde la curul): Por el no.

El diputado Maurilio Ochoa Millán (desde la curul): Por la negativa.

El diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde (desde la curul): Por la negativa.

El diputado José Alberto González Morales (desde la curul): No.

El diputado Ardelio Vargas Fosado (desde la curul): No.

La diputada María del Carmen Izaguirre Francos (desde la curul): No.

El diputado José Óscar Aguilar González (desde la curul): No.

El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla (desde la curul): No.

El diputado Alejandro Carabias Icaza (desde la curul): A favor.

El diputado Diego Guerrero Rubio (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Carlos Flores Rico (desde la curul): No.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (desde la curul): No.

El diputado Alejandro Canek Vázquez Góngora (desde la curul): A favor.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu (desde la curul): No.

El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez (desde la curul): Por la negativa.

El diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (desde la curul): En contra.

El diputado Francisco Herrera Jiménez (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Genaro Mejía de la Merced (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

La diputada Jeny de los Reyes Aguilar (desde la curul): En contra.

La diputada Yulma Rocha Aguilar (desde la curul): No.

El diputado Sabino Bautista Concepción (desde la curul): En contra.

La diputada Sara Gabriela Montiel Solís (desde la curul): En contra.

El diputado Federico Ovalle Vaquera (desde la curul): A favor.

El diputado Guillermo José Zavaleta Rojas (desde la curul): En contra.

El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (desde la curul): En contra.

El diputado José Luis Ovando Patrón (desde la curul): En contra.

El diputado Sergio Tolento Hernández (desde la curul): En contra.

El diputado Carlos Cruz Mendoza (desde la curul): En contra.

La diputada Hilda Ceballos Llerenas (desde la curul): En contra.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas (desde la curul): En contra.

El diputado Jaime Flores Castañeda (desde la curul): No.

El diputado Alejandro Cano Ricaud (desde la curul): No.

El diputado Luis Carlos Campos Villegas (desde la curul): No.

El diputado Sergio Lobato García (desde la curul): En contra.

El diputado Eviel Pérez Magaña (desde la curul): En contra.

La diputada María Isabel Merlo Talavera (desde la curul): Por un no a la urgente resolución.

La diputad Janet Graciela González Tostado (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Juan Pablo Jiménez Concha (desde la curul): No.

El diputado Francisco Ramos Montaño (desde la curul): En contra.

El diputado Leobardo Soto Martínez (desde la curul): No.

El diputado Onésimo Mariscales Delgadillo (desde la curul): Por Cananea y por su gente adelante.

El diputado Ernesto de Lucas Hopkins (desde la curul): Por supuesto que sí.

El diputado José Luis Marcos León Perea (desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (desde la curul): Sí.

El diputado Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (desde la curul): Sí.

El diputado Jesús Alberto Cano Vélez (desde la curul): Sí.

La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (desde la curul): No.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (desde la curul): No.

El diputado José Tomás Carrillo Sánchez (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

La diputada Luz Carolina Gudiño Corro (desde la curul): En contra.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla (desde la curul): En contra de la urgencia resolución.

La diputada María Isabel Pérez Santos (desde la curul): En contra.

El diputado Uriel López Paredes (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Óscar Román Rosas González (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Carlos Manuel Joaquín González (desde la curul): En contra.

El diputado Roberto Borge Angulo (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

La diputada Rosario Ortiz Yeladaqui (desde la curul): En contra.

El diputado Miguel Antonio Osuna Millán (desde la curul): En contra.

El diputado César Mancillas Amador (desde la curul): En contra.

La diputada Margarita Gallegos Soto (desde la curul): En contra.

El diputado David Hernández Vallin (desde la curul): En contra.

El diputado Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (desde la curul): En contra

El diputado José Antonio Yglesias Arreola (desde la curul): En contra.

La diputada Margarita Liborio Arrazola (desde la curul): En contra.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (desde la curul): En contra.

El diputado Teófilo Manuel García Corpus (desde la curul): En contra.

El diputado Orantes López Hernán de Jesús (desde la curul): En contra.

El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino (desde la curul): En contra.

La diputada Julieta Octavia Marín Torres (desde la curul): En contra.

La diputada Blanca Estela Jiménez Hernández (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Fernando Morales Martínez (desde la curul): En contra.

El diputado Martín Enrique Castillo Ruz (desde la curul): No.

La diputada María Cristina Díaz Salazar (desde la curul): En contra.

La diputada Angélica del Rosario Araujo Lara (desde la curul): No.

El diputado Felipe Cervera Hernández (desde la curul): No.

El diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello (desde la curul): No.

La diputada Olivia Guillén Padilla (desde la curul): No.

La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño (desde la curul): No.

La diputada Georgina Trujillo Zentella (desde la curul): No.

El diputado José Antonio Aysa Bernat (desde la curul): No.

El diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (desde la curul): No.

El diputado Salvador Manzur Díaz (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Fidel Kuri Grajales (desde la curul): A favor.

La diputada Judith Fabiola Vázquez Saut (desde la curul): No.

El diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo (desde la curul): En contra.

El diputado Jesús María Rodríguez Hernández (desde la curul): En contra.

El diputado Alfredo Francisco Lugo Oñate (desde la curul): En contra.

El diputado Reginaldo Rivera de la Torre (desde la curul): En contra.

La diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva (desde la curul): En contra.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero (desde la curul): En contra.

El diputado Esteban Albarrán Mendoza (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (desde la curul): En contra.

El diputado Alejandro Bahena Flores (desde la curul): En contra.

La diputada Narcedalia Ramírez Pineda (desde la curul): En contra.

El diputado Heriberto Ambrosio Cipriano (desde la curul): En contra.

El diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan (desde la curul): En contra.

El diputado Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (desde la curul): En contra.

El diputado Rodolfo Torre Cantú (desde la curul): En contra.

El diputado Rogelio Cerda Pérez (desde la curul): En contra.

El diputado Felipe Enríquez Hernández (desde la curul): En contra.

El diputado Benjamín Clariond Reyes Retana (desde la curul): En contra.

El diputado Fermín Montes Cavazos (desde al curul): En contra.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo (desde la curul): En contra.

La diputada Marcela Guerra Castillo (desde la curul): En contra.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (desde a curul): En contra.

El diputado Arturo Zamora Jiménez (desde la curul): En contra.

La diputada Clara Gómez Caro (desde la curul): En contra.

La diputada Ana Estela Durán Rico (desde la curul): En contra.

El diputado José Trinidad Padilla López (desde la curul): No.

El diputado David Hernández Pérez (desde la curul): No.

El diputado Rafael Yerena Zambrano (desde la curul): No.

El diputado Jorge Arana Arana (desde la curul): En contra.

El diputado Salvador Caro Cabrera (desde la curul): Por la negativa.

El diputado Joel González Díaz (desde la curul): No.

El diputado Jorge Humberto López Portillo Basave (desde la curul): No.

El diputado Armando Jesús Báez Pinal (desde la curul): Por la negativa.

La diputada Elvia Hernández García (desde la curul): En contra.

El diputado Silvio Lagos Galindo (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Felipe Amado Flores Espinosa (desde la curul): No.

El diputado Patricio Chirinos del Ángel (desde la curul): En contra.

El diputado Luis Antonio Martínez Armengol (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Ángel Aguirre Herrera (desde la curul): En contra.

El diputado Mario Moreno Arcos (desde la curul): No.

El diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández (desde la curul): En contra.

La diputada María Dina Herrera Soto (desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Álvarez Santamaría (desde la curul): En contra.

El diputado Luis Alejandro Guevara Cobos (desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: ¿Faltan algunos diputados de emitir su voto?

El diputado Ariel Gómez León (desde la curul): A favor.

El diputado Samuel Herrera Chávez (desde la curul): A favor.

El diputado Antonio Benítez Lucho (desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

El de la voz, diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, en contra de la urgente resolución.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: A favor.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: A favor del pueblo de Cananea.

El Vicepresidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A favor.

El Vicepresidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En contra.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En contra.

Le pido a la Secretaría que nos dé los resultados de la votación.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Señor Presidente, le informo que votaron un total de 390 legisladores. En pro se registraron 85 legisladores; en contra 305.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por tanto, no se considera de urgente resolución y se turna a la Comisión de Economía. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría de desempeño al funcionamiento programático de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas. Este proyecto de decreto con punto de acuerdo requiere una auditoría de desempeño al funcionamiento programático de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Sabemos por los medios de comunicación que hace algunas horas el Ejecutivo federal propuso una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, en donde pide la desaparición de tres secretarías de Estado: la Secretaría de la Función Pública, la de la Reforma Agraria y la de Turismo, y además propusieron previamente la fusión de la Lotería Nacional y de Pronósticos para la Asistencia Pública.

Yo creo, a reserva de conocer en detalle la iniciativa del Ejecutivo, que carecen de razones, que se trata, obviamente, de motivos puramente de coyuntura, que no hay razones de Estado, que para resolver los huecos de las finanzas públicas hay que acudir a otras vías, como ha propuesto nuestro grupo parlamentario, y que estas medidas, como el propio Carstens lo ha reconocido, van a afectar a la baja y a la mediana burocracia, pero no a la alta burocracia.

Todos sabemos, y aquí lo han sostenido distintos diputados, de diversos grupos parlamentarios, cómo durante los gobiernos del PAN, Calderón y Fox han aumentado exponencialmente la administración pública, se han creado más de 100 subsecretarías, más de mil direcciones generales adjuntas y una buena cantidad de oficinas homólogas a las anteriores.

Yo creo que ya se requiere, para analizar la administración pública de este país, una política seria, una política de Estado, una política profesional. Debemos preguntarnos, ¿cuál debe ser el tamaño que debe tener la administración pública, para que la administración pública federal sea eficiente, eficaz y económica?

Y yo creo que la vía solamente es a través de una auditoría de desempeño al funcionamiento programático de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

¿Qué objetivos tendría esta auditoría de desempeño? Tendría seis objetivos: de eficacia, para medir si las actuales estructuras orgánicas de la administración pública cumplen con las obligaciones legales y constitucionales; de eficiencia, para sabe si se cuenta con los recursos necesarios y óptimos para alcanzar esos fines legales; de economía, para determinar si el costo de la burocracia es el adecuado; de calidad de servicio, para conocer si la administración pública actúa con transparencia y permite la participación social; un análisis también de la relación ciudadano-usuario, para saber qué tanto representa la administración pública al ciudadano; y finalmente, de competencia, si los servicios públicos que presta la administración pública federal han sido bien diseñados y operan adecuadamente.

En síntesis, desde nuestro punto de vista y antes de la iniciativa que presentó Calderón en el Senado, lo que se requiere es una auditoría de desempeño realizada por la Auditoría Superior de la Federación para recortar la obesidad en la administración pública federal y tengamos la administración pública que el siglo XXI requiere. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a agilizar los trámites para la aprobación del acuerdo 358, por el que se extiende la vigencia del Programa especial 2005-2009 para la acreditación de la educación preescolar que reciben las niñas y los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal.

La diputada Elsa María Martínez Peña: Con su permiso, señor presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, el mejor presente a la niñez y juventud es que tengan acceso a la educación.

El 12 de noviembre de 2002, con la publicación del decreto que reforma los artículos 3o. y 31 constitucionales, la educación preescolar en México es obligatoria y es deber de los padres de familia enviar a sus hijos a cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

En el artículo sexto transitorio del decreto citado, se establece que las autoridades educativas federales, en coordinación con las locales, pondrán en marcha programas especiales para cumplir con la prestación del servicio de educación preescolar en las zonas donde no ha sido posible establecer la infraestructura para la prestación de ese servicio.

Como parte de ese esfuerzo en el Distrito Federal se crearon, con la participación de padres de familia que trabajan en establecimientos sin fines de lucro, centros comunitarios que proporcionan diversos servicios asistenciales, como el cuidado, alimentación y atención médica a favor de niñas y niños, de familias en condiciones económicas y sociales en desventaja.

La creación de los centros comunitarios fue reconocida por la Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal con el establecimiento del Programa Especial 2005-2009, para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia, a través del acuerdo 358 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2005, al cual se unieron 231 centros comunitarios pertenecientes a la Ciudad de México.

El programa señalado terminó al concluir el período escolar 2008-2009, por lo que en el presente ciclo los centros comunitarios se encuentran impedidor para impartir educación preescolar con reconocimiento oficial.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos conscientes de que en nuestro país es insuficiente la infraestructura para la prestación del servicio de educación preescolar para todos los niños y las niñas que lo requieren.

Más aún, no tenemos un sistema federal de educación preescolar que posibilite la atención de las necesidades de guarda, seguridad y alimentación para todos las niñas y los niños, cuyos padres trabajan y que no tienen apertura al sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de los Trabajadores del Servicio del Estado y que, por sus condiciones económicas y sociales, no pueden contar con los servicios de guardería a instancias.

En este marco, las diputadas y los diputados de Nueva Alianza solicitamos que esta soberanía haga un atento y respetuoso llamado al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que se agilicen los trámites de la aprobación del acuerdo 358, por el que se extiende la vigencia del Programa Especial 2005-2009, para acreditar la educación preescolar que reciben las niñas y los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial encargada del Análisis y Estudio de la problemática de la agroindustria azucarera en nuestro país.

La diputada María Guadalupe García Almanza: Gracias, señor presidente. Con el permiso de la Presidencia; compañeros legisladores y compañeras legisladora, en nuestro país la industria azucarera es una actividad agroindustrial con tradición en el desarrollo económico y social del país. Participa con 0.5 por ciento del producto interno bruto. Su importancia en la vida económica del país es tal que da origen a núcleos de población, crea polos de desarrollo en áreas rurales y genera empleo en el campo.

Actualmente dependen directamente de esta industria alrededor de 160 mil productores, 440 mil trabajadores jornaleros, agricultores y transportistas, así como sus dependientes económicos, que en total suman aproximadamente 2.5 millones de mexicanos.

México ocupa el séptimo lugar en producción de azúcar y el quinto lugar en la producción de caña de azúcar a nivel mundial, entre más de 100 países con la operación de 60 ingenios en 227 municipios de 15 estados de la república.

De la producción nacional de azúcar, el 58 por ciento es para uso industrial; el 32 por ciento para uso doméstico y el 10 por ciento restante se destina a la exportación. Veracruz, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas producen más del 60 por ciento de la producción nacional.

En México, las actividades asociadas a la agricultura, cultivo, cosecha, comercialización e industrialización, etcétera, y su integración sustentada en la caña de azúcar, sus productos y derivados son de interés público y orden social, de conformidad con lo establecido por la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Considerando la importancia de esta industria y su impacto en la economía nacional, Convergencia demanda la necesidad de fomentar esta rama de la producción a fin de generar certidumbre y condiciones que la vuelvan rentable y generadora de empleos.

Tenemos un sector azucarero con una excesiva producción, frente a un mercado restringido con la caída de los precios de exportación del azúcar y una mayor utilización de los sucedáneos del azúcar, que han deprimido el consumo industrial y doméstico. Igualmente, enfrentamos fuerte endeudamiento de los ingenios, excesiva regulación, elevadas tasas de interés, escasez de créditos, saturación del mercado y desventajas ante las alcoholeras, por no encontrarse debidamente reguladas por la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

En este contexto es que Convergencia considera urgente que el pleno de esta Cámara apruebe la constitución de una comisión especial, en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para retomar los trabajos que se alcanzaron en la LX Legislatura.

Por lo anteriormente expuesto es que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. Se solicita al pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la constitución de una comisión especial encargada del análisis y estudio de la problemática de la agroindustria azucarera en nuestro país, con el objeto de encontrar alternativas de solución que permitan sanear a dicha industria, instrumentando una política integral azucarera que involucre a todos los sectores que intervienen en esta actividad. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra hasta por tres minutos, el diputado José Tomás Carrillo Sánchez, para presentar un punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para Analizar los Problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar, suscrito por los diputados José Tomás Carrillo Sánchez y Luis Félix Rodríguez Sosa, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado José Tomás Carrillo Sánchez: Muchas gracias, señor presidente. Honorable asamblea, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.

El sector azucarero se forma por 58 ingenios que se encuentran operando en la actualidad en 15 entidades federativas, con influencia en 227 municipios donde habitan más de 12 millones de personas, de las cuales 160 mil son productores. En dicha actividad se generan 2.5 millones de personas empleadas, de las que se benefician 440 mil en empleos directos, lo que representa el 0.5 por ciento del producto interno bruto agropecuario y un 8.4 por ciento del PIB alimentario.

Cada año, en promedio, de la transformación de la materia prima se obtiene producción de 5 millones de toneladas de azúcar, equivalentes a 2 mil 500 millones de dólares, alcanzando con ello un impacto nacional que se traduce en la participación del 0.4 por ciento del producto interno bruto del país, que aunada al amplio consumo de azúcar de manera directa o como materia prima, su producción y nivel de precio resultan estratégicos para favorecer el bienestar de amplios sectores de la población y la competitividad de diversas industrias del país. Es tal la importancia del sector, que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera a la caña de azúcar un producto básico, estratégico y de interés público.

Para su proceso se requiere de mano de obra en el campo para la siembra, el cultivo y la cosecha. Y en el proceso industrial los obreros, los empleados y todos los que intervienen en el transporte, el almacenamiento, la comercialización y factores financieros, entre otros no menos relevantes.

De igual manera, el cultivo de caña de azúcar es visto como un nicho de oportunidad de gran impacto nacional para su aprovechamiento en el ámbito de los bioenergéticos, jugando un papel central en la producción de etanol y biodiesel, temas inaplazables por tratar en la LXI Legislatura, ya que generaría de manera inmediata fuertes inversiones que producirían empleos directos en el sector agrícola o industrial, lo que vendría a atenuar el agudo desempleo nacional que produce diariamente alrededor de más de mil 500 nuevos connacionales sin trabajo, según datos publicados recientemente por el Inegi.

En este contexto, la LVIII, la LIX y la LX Legislaturas, en el ámbito de las facultades del pleno de la honorable Cámara de Diputados, aprobaron los acuerdos de las respectivas Juntas de Coordinación Política para la creación de la Comisión Especial para Analizar los Problemas de la Agroindustria Mexicana de Caña de Azúcar.

Particularmente para los diputados federales veracruzanos es de gran interés que se continúen los esfuerzos que realizaron las comisiones especiales de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar de las mencionadas legislaturas, en razón de que el estado de Veracruz genera, dentro de la industria azucarera, el 40 por ciento de los empleos en todo el país y más del 40 por ciento de la producción nacional de este endulzante, y que de 58 ingenios azucareros, 22 están en nuestro estado. Tres de ellos con fuertes problemas económicos y legales que les imposibilitó participar al 100 por ciento en la zafra por la grave situación que enfrentan.

Por ello, ante esta etapa que vivimos en el país de agudo desempleo, nos genera una gran preocupación que esta a esta agroindustria se le rezague del desarrollo nacional, pues de su óptimo rendimiento en el campo y la fábrica dependen miles de familias directa e indirectamente.

Asimismo, estimamos incuestionable que, como resultado de la crisis económica global, es imprescindible que exista un trabajo conjunto y coordinado entre el Ejecutivo federal y el Legislativo para definir, establecer y operar mecanismos efectivos que permitan a los productores nacionales hacer frente al nuevo entorno económico, para lograr que tan adverso escenario, lejos de afectar su condición actual se transforme en una oportunidad de desarrollo para ellos y sus familias.

En esa tesitura es necesario impulsar una agresiva y visionaria política pública de Estado que atienda de manera prioritaria a este trascendente sector de la agroindustria en nuestro país, pivote de la economía nacional.

Por lo anteriormente expuesto y considerando que la Cámara de Diputados en las tres Legislaturas anteriores ha reconocido la importancia de intervenir, revisar y proponer e impulsar soluciones a los problemas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, me permito someter a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se constituya la Comisión Especial de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar y cuente para su desempeño con los recursos financieros, materiales y humanos necesarios, y se solicita respetuosamente que el periodo de las funciones de esta comisión especial, comprenda desde la aprobación hasta el término de esta LXI Legislatura. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el señor diputado César Octavio Madrigal Díaz para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea una comisión especial con la finalidad de dar cuenta de la problemática que aqueja a la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado César Octavio Madrigal Díaz: Con su venia, diputado presidente. La Cuenca Lerma-Chapala es una de las más importantes del país no sólo porque concentra el 16 por ciento de la población nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología, sino también por el preocupante grado de contaminación que presenta.

Diferentes estudios manifiestan que, aunado a la contaminación, la sobreexplotación y el deficiente aprovechamiento de la cuenca, provocan serios daños al ecosistema, graves enfermedades en su población piscícola, serios niveles de azolvamiento y gran cantidad de nutrimentos que genera la sobrepoblación del lirio acuático, que tiene por consecuencia que la calidad del agua para consumo humano no sea la óptima.

Cabe señalar que el 60 por ciento del agua que se utiliza en la zona metropolitana de Guadalajara proviene de esta cuenca. La complejidad de problemas interrelacionados en esta cuenca vuelve de primordial importancia el mayor conocimiento, tanto de su funcionamiento como de los intereses de los agentes involucrados para, de esta manera, conseguir un alineamiento del desarrollo económico de la región, al mismo tiempo que se promueve su desarrollo social y sustentable.

Por esta razón, durante la anterior legislatura, mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados, se creó una comisión especial destinada a atender la problemática de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

Así, podemos observar que las tareas fundamentales de esta comisión consistían en la formulación tanto de un diagnóstico sobre la situación de la cuenca como de sus subcuencas, la revisión y análisis de la calidad del agua de fuentes superficiales y subterráneas, de la dotación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con los que cuenta la población de las aguas residuales, que no reciben tratamiento previo a su descarga a los cuerpos receptores.

Y el análisis de la posibilidad de crear políticas e instrumentos para la protección ambiental y el equilibrio ecológico de la cuenca. Esta situación, aunada al deterioro mental que presenta esta cuenca, vuelve de primordial importancia la creación de una comisión especial durante esta LXI Legislatura, con la finalidad de vigilar y atender los aspectos relacionados con la satisfacción de las necesidades, el desarrollo social, económico y sustentable de las comunidades que habitan en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto a la Junta de Coordinación Política para que se forme una comisión especial, con la finalidad de dar cuenta de la problemática que aqueja a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

Suscriben el presente punto de acuerdo los diputados federales de estado de Jalisco, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Gumercindo Castellanos Flores, Juan José Cuevas García, Alberto Esquer Gutiérrez, Gustavo González Hernández, José Luis Iñiguez Gámez, Carlos Luis Meillón Johnston, María Joann Novoa Mossberger, Ana Elia Paredes Arciga, Francisco Javier Ramírez Acuña, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Ignacio Téllez González y el de la voz César Octavio Madrigal Díaz. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, para presentar proposición con punto de acuerdo para que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se consideren recursos adicionales para el municipio de Cuchoapa El Grande, estado de Guerrero, con el objetivo de sacarlo del último lugar de marginación a nivel latinoamericano, suscrito además por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, María Guadalupe Silerio Núñez y Filemón Navarro Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.

El municipio de Cochoapa El Grande, está ubicado en el estado de Guerrero, en la región de la Montaña Alta. Hasta el 9 de noviembre de 2002 fue parte del municipio de Metlatónoc, declarado este último por las Naciones Unidas como el municipio más pobre de los 2 mil 462 municipios de México, y que su nivel de vida sólo era comparable en el mundo a los países del África Subsahariana. El 10 de noviembre del 2002 el Congreso del Estado de Guerrero decidió crear el municipio de Cochoapa El Grande.

En un reporte de la Organización de las Naciones Unidas se ubica a este ayuntamiento guerrerense como el más pobre de la entidad y de América Latina, categoría en la que ha desplazado a Metlatónoc, por su división. En la parte más pobre pertenece al municipio de Cochoapa El Grande.

El nivel de vida de Cochoapa es como el de Burundi. El informe de la ONU sobre el desarrollo humano destaca que países del África Subsahariana como Angola, Burundi o República del Congo, no alcanzarán, al ritmo actual de vida, un nivel de vida aceptable de vida, hasta el año 2147.

Entre los indicadores se señala que la probabilidad de vivir más de 40 años de edad llega a ser superior al 50 por ciento. La tasa de analfabetismo adulto es superior al 70 por ciento. En tanto la población si acceso a fuentes de agua mejorada es de más del 60 por ciento y el porcentaje de niños menores de cinco años, con peso insuficiente, es del 45 por ciento.

Como si la realidad anterior no fuera suficiente, los habitantes de Cochoapa tienen que aguantar también las mentiras oficiales. Así el 6 de diciembre de 2006, a cinco días de estrenarse como presidente Felipe Calderón, anunció que pondría pisos de cemento a todas las casas de los municipios pobres de la montaña de Guerrero.

Luego, el 2 de julio de 2008 ratificó su compromiso desde Metlatónoc, acompañado del secretario de la Sedesol, Ernesto Cordero. Como era de esperarse, ninguna de estas promesas se han cumplido, y las casas de los habitantes de Cochoapa y Metlatónoc siguen con pisos de tierra.

El abandono y la burla de las autoridades continúa siendo una cotidianidad de estos municipios donde la gente vive menos y tiene menos oportunidades de salir de la miseria.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, la situación de miseria y atraso que sufren los habitantes del municipio de Cochoapa el Grande es una vergüenza nacional. Es una realidad que nos golpea, nos lacera y nos exhibe ante el mundo como un estado insensible ante los pueblos más necesitados.

Por esta razón, compañeras diputadas y compañeros diputados, hago ese exhorto a esta honorable asamblea, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se incremente el presupuesto para este municipio de la montaña de Guerrero.

Pese a todo, este año se propone reducir 38.61 por ciento del programa para el desarrollo de zonas marginadas del Ramo 20, lo que representa 68 millones menos para Guerrero.

Por lo expuesto y fundado, someto al pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. Con el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que dentro del análisis del Presupuesto de 2010 se asignen recursos adicionales para el municipio de Cochoapa el Grande, con el objetivo de sacarlo del último lugar de la marginación en este país y en Latinoamérica. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar punto de acuerdo relativo a la averiguación previa que enfrentan seis ciudadanos en Guadalajara por su participación en la manifestación pública en contra del sistema de transporte denominado Macrobús.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Amigas legisladoras y amigos legisladores, deploro venir en este aluvión de iniciativas y de proposiciones de puntos de acuerdo, sobre todo por tratarse de lamentar hechos de barbarie y de irracionalidad que resulta inadmisible que ocurran en nuestros días.

Hace pocas semanas, ciudadanas y ciudadanos tapatíos, entre los que se encontraban un buen número de mujeres, de niños y de personas de la tercera edad que trataban de ejercer su libertad y sus garantías individuales para protestar, porque el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, se ha negado a recibirlos para escuchar sus argumentos de oposición a la línea 2 del denominado Macrobús, fueron recibidos en las cercanías de palacio de gobierno, no con argumentos, no con ideas ni con razones; fueron, ese conjunto de tapatíos brutalmente reprimidos por la policía estatal.

Aquí están, en estas gráficas, cómo personas de la tercera edad, esa señora que debe de ser una abuela con sus nietos, siendo empujada y sufriendo vejaciones con sus infantes acompañantes, por la policía.

Gráficas como ésta, que deben avergonzar a cualquier autoridad gubernamental. Los policías, cargando como si fuera un fardo a un octogenario, que lo pueden ustedes ver, con un cuerpo, lo digo, respetuosamente, esquelético y sujeto a los golpes. O esta señora, siendo literalmente cargada por varios jenízaros represores, para alejarla de la manifestación.

Varones ensangrentados que simplemente querían ser escuchados por Emilio González Márquez. Eso es lo que vengo a excitar aquí, a esta representación, porque luego de la golpiza y de esas vejaciones seis manifestantes, entre ellos ese octogenario, fueron ilegalmente detenidos y dejados en una indefinición e indefensión jurídica durante 48 horas.

A un mes de los abominables acontecimientos esos seis tapatíos: Saúl Cotero, Salvador Lugo, Rubén Contreras, Eduardo Orendain, Gerardo Bañuelos y David Ramírez están a punto de ser procesados, acusados de seis delitos.

Imagínense ustedes, acusados de asociación delictuosa, de pandillerismo, de daño a instalaciones y a vías de comunicación. ¿Qué es lo que pretende el gobierno represor de Emilio y qué personifica Fernando Guzmán Pérez Peláez? Tiempo es el que hay que tener para acabar con estas injusticias, compañeros panistas.

El propósito de mi intervención es que esta Cámara eleve un respetuoso exhorto a Emilio González Márquez, para que él instruya al Ministerio Público y que se dicte el resolutivo ministerial que decrete el no ejercicio de la acción penal en contra de esos seis tapatíos que simple y sencillamente ejercían y seguirán ejerciendo su libertad, sus derechos y sus garantías. Gracias y dejo a la Secretaría, ciudadano presidente, para lo correspondiente en turno a mi petición.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Reyes Tamez Guerra, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud inicie una campaña de vacunación contra el virus de la influenza humana A H1N1, de todos los alumnos y alumnas incorporadas al sistema educativo nacional y de todos los docentes y trabajadores administrativos.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que lleve a cabo una campaña de información para toda la población estudiantil docente y administrativa del sector, con énfasis en las medidas preventivas e indicando los lugares e instituciones en las cuales se podrá acudir a la vacuna.

El diputado Reyes S. Tamez Guerra: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, el pasado 22 de julio, en los últimos meses de la LX Legislatura, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentó un punto de acuerdo a través del cual se solicitaba que se hiciera un exhorto al gobierno federal para que se tomaran las medidas preventivas y estar en condiciones de proporcionar a todos los miembros de la comunidad educativa la vacuna específica contra el virus de la influenza humana A H1N1.

Lo anterior, ante el riesgo de un rebrote de la epidemia con el inicio del ciclo escolar y la proximidad de la temporada invernal.

El exhorto tenía su fundamento en las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, sobre las acciones que se deben tomar y los grupos prioritarios que deben de ser atendidos en casos de epidemia.

Hoy es evidente que enfrentamos un incremento preocupante, donde destaco solamente que el 7 de septiembre se detectaron 379 nuevos casos en el país que, comparados con el punto más alto de la epidemia dado el 27 de abril con 410 casos, nos demuestran que es urgente cumplir con las recomendaciones de la OMS y dar atención a la comunidad educativa como sector prioritario.

En las escuelas es donde se propicia con mayor facilidad la transmisión y es en donde se puede cortar un brote epidémico que pueda traernos consecuencias muy importantes si no actuamos a tiempo.

El 22 de septiembre, en el informe más reciente de la Secretaría de Salud, se reportan 27 mil 660 nuevos casos y 222 fallecimientos; destacando por su importancia el porcentaje de casos en Chiapas, el Distrito Federal, Yucatán y Jalisco.

En este sentido, y ante el aumento de las cifras por este rebrote de influenza, es urgente que se tomen medidas inmediatas para proteger la salud de niños y niñas, y evitar que el sector educativo sea un lugar de riesgo.

Por lo expuesto y fundado en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Uno. Se exhorte al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, en el momento en que se cuente con la vacuna específica se inicie la campaña de vacunación contra el virus de la influenza AH1N1, de todos los alumnos y las alumnas incorporados al sistema educativo nacional, de todas las docentes y todos los docentes, las trabajadoras y los trabajadores administrativos, con el propósito de prevenir el contagio en escuelas y centros de trabajo escolar.

Dos. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, se fortalezca la campaña de información para toda la población estudiantil, docente y administrativa del sector, haciendo énfasis en las medidas preventivas e indicando los lugares e instituciones en las cuales se podrá acudir a recibir la vacuna.

Tres. Se informe a esta soberanía de los resultados obtenidos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Pedro Jiménez León, del grupo parlamentario? Ha solicitado se posponga para otra sesión esta iniciativa. Por tanto, atendiendo la petición del grupo parlamentario, se pospone la intervención del señor diputado y la propuesta de la iniciativa.

Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Salvador Caro Cabrera, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que, de manera urgente, realice acciones para combatir la crisis epidemiológica que azota al estado de Jalisco; particularmente, a la zona metropolitana de Guadalajara, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Salvador Caro Cabrera: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna a nombre de mis compañeros diputados del Grupo Parlamentario del PRI, originarios del estado de Jalisco, con la intención de concitar la unidad de voluntades de las y de los integrantes de esta legislatura, en torno a las soluciones a la grave crisis epidemiológica que aqueja al estado de Jalisco.

En principio, como es de su conocimiento, Jalisco ocupa el cuarto lugar nacional en casos de influenza del tipo AH1N1, con más de mil 600 casos reconocidos.

En lo relacionado con el dengue, se estima por parte de la Secretaría de Salud del gobierno federal, a través del Cenavece, que podríamos estar rebasando los 14 mil casos, aunque la Secretaría de Salud del estado reconoce poco más de mil. Además, tenemos un brote de paludismo que afecta al pueblo wirrárica en el norte del estado de Jalisco.

Esta crisis sanitaria viene a sumarse a una crisis de seguridad que por supuesto azota a todo el país y por supuesto a la crisis económica.

Jalisco se encuentra en este momento entre las entidades más vulnerables en materia de salud, de acuerdo con el Cenavece. Prácticamente todos los registros de enfermedades contagiosas transmisibles han tenido un incremento en los últimos dos años.

El ocultamiento de datos y las decisiones erráticas reiteradas han sido la divisa del secretario de Salud local y su censurable desempeño ha originado que académicos, gremios y organizaciones sociales reclamen su destitución.

La negligencia y la tendencia anómala en las políticas sanitarias en Jalisco se ejemplifican al propagarse el dengue a tasas casi exponenciales, a pesar de la extensión en el tiempo que tiene el brote original.

Tengo aquí, en mi poder, oficios de distintas escuelas que han acudido a la región sanitaria correspondiente, jardines de niños como el Ignacia Encarnación, la Secundaria Mixta 6, que en los primeros días de septiembre solicitaban se fumigaran sus planteles. Al día de hoy esos centros escolares, donde un porcentaje muy significativo de los estudiantes y profesores están ya infectados, lamentablemente no han tenido ninguna respuesta de las autoridades locales. Esto hace urgente la intervención de la Secretaría de Salud del gobierno federal para tomar adecuadas decisiones.

En 2002, en Río de Janeiro se soslayó un brote similar y llegó al millón de personas afectadas con el mal del dengue, tal como está pasando en estos momentos en una zona de Bolivia.

Por eso hoy en Guadalajara son comunes expresiones tales como "todos se están enfermando y nadie hace nada".

Por lo anterior, presento ante este pleno, solicitando su turno a la Junta de Coordinación Política para su inmediata resolución, el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al doctor José Ángel Córdova Villalobos, titular de la Secretaría de Salud, para que tome acciones de manera urgente para combatir la crisis epidemiológica que azota al estado de Jalisco y particularmente a la zona metropolitana de Guadalajara. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra el diputado Miguel Martín López para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y del Distrito Federal a que apliquen medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública en cada una de las entidades federativas y mejoren sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Sí diputado, dígame.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Es para rectificar el turno, su fuera tan amable la Mesa, porque el diputado lo solicitó a la Junta, en razón de la urgencia del asunto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Con mucho gusto, diputado. Se turna a la Junta de Coordinación Política para efecto de que tenga la misma ruta; con mucho gusto. Adelante, señor diputado Migue Martín López.

El diputado Miguel Martín López: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo a la que ya hizo referencia el presidente de la Mesa Directiva.

Al tenor de las siguientes

Consideraciones

El gobierno federal en colaboración con el Congreso de la Unión se ha esforzado arduamente por apoyar a los gobiernos estatales y municipales, con el objetivo de continuar con su contribución en el desarrollo local y regional de cada uno de ellos.

Durante los últimos 9 años hemos sido testigos de que los recursos provenientes de participaciones y aportaciones federales se han incrementado sustancialmente. Sin embargo, compañeros legisladores, los trabajos se han enfocado también a legislar en materia de administración y fiscalización de estos recursos.

Ante un tema tan relevante como éste, a finales de 2007 se presentó por parte del Ejecutivo y se aprobó por parte del Legislativo, la reforma hacendaria que incluía, entre otros aspectos de igual relevancia, reformar el artículo 79 constitucional, con el objetivo de otorgar mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar en el ámbito de lo local los recursos provenientes de la federación.

También en noviembre de 2008 fue dictaminada y aprobada la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tuvo por objetivo establecer los criterios generales para la homologación contable y lograr que la emisión de información financiera de los tres órdenes de gobierno contara con una adecuada armonización.

Finalmente, el 16 de abril de 2009 se aprobó en esta Cámara de Diputados el dictamen que expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; es decir, durante los últimos 10 años la federación y el Congreso de la Unión se han esforzado no sólo por presupuestar mayores recursos a estados y municipios, sino también por tratar de brindar las herramientas necesarias y adecuadas para su correcto y eficaz ejercicio.

Sin embargo, tal voluntad no se observa por parte de los gobiernos locales; en cambio, sí somos testigos de la falta y casi nula corresponsabilidad y compromiso de dichos órdenes de gobierno en la administración responsable de sus finanzas.

Es así como podemos ver que gobiernos priístas, como en el caso de Veracruz, despilfarran recursos federales para campañas políticas truculentas y sin apego a la legalidad, con el objetivo de conservar a como dé lugar el gobierno.

Somos testigos también...

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: A ver, permítame, señor diputado. Está pidiendo usted la palabra ¿con qué objeto, diputado?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Para que se ajuste al tema, no es lo que se está tratando.

El diputado Miguel Martín López: Tiene que ver con el tema.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Habla de medidas de austeridad, no con respecto a críticas al comportamiento de gobiernos estatales.

El diputado Miguel Martín López: Transparencia en el manejo de recursos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pediríamos, señor diputado, si está usted de acuerdo, el tema que fue registrado es para hablar de medidas de austeridad para reducir el tamaño del costo de la administración pública, para que podamos concluir con su ponencia.

El diputado Miguel Martín López: Espero me recuperen el tiempo, señor presidente. Somos testigos del uso de bienes muebles e inmuebles estatales para fines políticos, ¿y la corresponsabilidad ante épocas de crisis dónde queda, compañeros? ¿Y qué hay de las medidas de austeridad para solventar los compromisos futuros? Ninguna, por lo visto, en el estado de Veracruz. Mi estado, lamento decirlo, es un ejemplo claro de esto.

Es una lástima que durante muchos años un gobierno como el de Veracruz haya sido incapaz de generar sistemas de fiscalización local eficientes, que redunden en la aplicación correcta de los recursos. En cambio, mi estado se caracteriza y se especializa en época de crisis por malgastar los recursos.

Los problemas que genera la crisis se resuelven con trabajo, con compromiso, olvidando partidos políticos, intereses personales y beneficios propios.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su curul): Presidente, tiempo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame diputado. Con todos los participantes hemos tenido tolerancia a efecto de que puedan concluir, señor diputado. Entonces estaríamos en las mismas condiciones, teniendo la tolerancia con el señor diputado e invitándolo a que concluya. Con mucho gusto.

El diputado Miguel Martín López: El Ejecutivo federal y el Congreso hemos puesto hasta ahora?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Concluya, por favor, señor diputado.

El diputado Miguel Martín López: El Ejecutivo federal y el Congreso hemos puesto, hasta ahora, el ejemplo de las transformaciones de fondo. Esperamos que las autoridades estatales actúen en forma similar.

Es momento para dejar a un lado los intereses y las reticencias que pudiera haber en materia de recursos, para emprender acciones contundentes en beneficio de nuestro país.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las entidades federativas, a través de sus legislaturas locales, para que aprueben lo antes posible la nueva Ley Federal de Contabilidad Gubernamental, para mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos ejercidos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los 31 gobiernos estatales y al Distrito Federal, así como a las diversas entidades públicas del mismo orden, para que consideren las medidas de austeridad necesarias; así como lo ha hecho el gobierno federal, para hacer frente a la eventual carencia de recursos para el ejercicio fiscal 2010. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra la diputada Esthela Damián Peralta, del grupo parlamentario?.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, ¿con qué objeto? A ver, denle sonido ahí al señor diputado para que nos diga con qué objeto.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Con el propósito de rectificar hechos, en términos de lo que acabamos de escuchar.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Discúlpeme, diputado, no ha lugar a rectificación de hechos porque es una iniciativa que se está turnando a comisión; ni está a discusión ni está abierto el debate. Por tanto, y habiéndose turnado, es improcedente, diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame usted, diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su curul): La rectificación de hechos, señor presidente, la solicitamos con todo respeto en virtud de un hecho superviniente. El punto que está publicado en la Gaceta es diferente al punto que presentó el diputado.

Estamos de acuerdo en pactar debates y en respetar el acuerdo legislativo que rige las sesiones y que dice que en las proposiciones de puntos de acuerdo no ha lugar a rectificación de hechos, pero cuando se procede dentro del marco del propio acuerdo. Lo que está publicado es diferente a lo que dijo el diputado que hizo uso de la palabra hace un momento.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado, los puntos de acuerdo solicitados fueron a efecto de que se hicieran las adecuaciones legislativas correspondientes, de acuerdo a lo que fue listado. Por eso es el tema que está señalado en la agenda correspondiente, diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su curul): Pedimos que se borren del acta las menciones que hizo que no se encuentran en el acuerdo publicado, señor presidente, y que quede constancia de la solicitud del PRI, de apegarnos a lo que dicen los puntos anunciados y a lo que anuncian en la Gaceta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto se toma en consideración y se hace mención en el acta correspondiente.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Carlos Pérez, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Con objeto de rectificar el procedimiento. Lo que argumentan nuestros compañeros diputados no está apegado al reglamento.

Ellos se refieren a una moción de orden que tiene otro tipo de naturaleza jurídica, es decir, nos hemos apegado estrictamente a lo que establece el punto de acuerdo y lo que expresan nuestros compañeros diputados es sobre la argumentación de ese punto de acuerdo, que es libertad de cada uno de los legisladores que integran esta Cámara para poderlo expresar en los términos que consideren pertinentes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ha quedado determinado y el texto está perfectamente definido, y la solicitud hecha para que quede el señalamiento correspondiente en el acta ha sido aceptado; por tanto es como quedaría, diputado. ¿Desea hacer uso de la palabra, diputado?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Sí, señor presidente. Solamente para ratificar lo solicitado, y es que se borren del acta las partes no incluidas en la Gaceta, en la argumentación, que ciertamente es libre, pero el objeto de pactar esos puntos de acuerdo es no abrir una discusión.

Cuando los compañeros de Acción Nacional quieran discutir un tema político, vamos a la agenda política y con mucho gusto lo discutiremos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consideramos que está perfectamente determinado, de acuerdo a lo planteado tanto en la lista del asunto a tratar como lo expresado en la propia iniciativa, por tanto continuaremos con la sesión, señor diputado.

Tiene la palabra la diputada Esthela Damián Peralta, por el Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al Ejecutivo federal, para que de manera coordinada, a través de la Secretaría de Gobernación, otorguen los beneficios del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales para apoyar a los ciudadanos del Distrito Federal afectados por las inundaciones del pasado 6 de septiembre del año en curso.

La diputada Esthela Damián Peralta: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, me presento ante esta tribuna para solicitar su apoyo a este punto de acuerdo, que busca fundamentalmente solicitar al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al Ejecutivo federal su intervención, para que se otorguen los beneficios del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, para apoyar a los ciudadanos del Distrito Federal afectados por las inundaciones que se sufrieron en esta ciudad.

Soy diputada por el distrito 9, ubicado en la delegación que hospeda a esta Cámara de Diputados, y lamentablemente varias colonias fueron afectadas por las lluvias, no solamente el 6 de septiembre pasado, sino también por los recientes eventos hidrometeorológicos que se han suscitado.

Veinte fueron las colonias más afectadas en esta demarcación política, entre ellas Moctezuma, Primera y Segunda Sección; Pensador Mexicano, Puebla, Ignacio Zaragoza, Aviación Civil, por citar algunas, pero no sólo los fenómenos hidrometeorológicos han afectado a esta delegación, sino también a la delegación Benito Juárez, en las colonias Moderna y Álamos; en la delegación Azcapotzalco, en la colonia Electricista; en la delegación Iztacalco, en la colonia Agrícola Oriental; en la delegación Gustavo A. Madero, en la colonia Acueducto de Guadalupe, y las recientes lluvias que causaron daños en la delegación Magdalena Contreras.

El Fondo de Prevención de Desastres Naturales tiene como finalidad proporcionar recursos a las dependencias y entidades de la administración federal y entidades federativas, destinados a la realización de acciones y mecanismos tendientes a reducir los riesgos, evitar o disminuir los efectos destructivos originados por fenómenos naturales, sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente.

Por lo expuesto, compañeros diputados, les solicito su apoyo para que se generen las condiciones administrativas, para que el gobierno federal y de esta ciudad se coordinen, a efecto de que toda la población afectada logre, de manera inmediata, apoyos económicos para subsanar los daños causados, así como para prevenir este tipo de afectaciones a los muebles e inmuebles de las familias en comento.

Por economía parlamentaria, solicito que se inserte de manera íntegra el texto del punto de acuerdo presentado por la de la voz, en el Diario de los Debates, y con fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que se turne a la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial Encargada de dar Seguimiento a la Correcta Aplicación de los Recursos del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El diputado Pedro Vázquez González: Con su venia, señor presidente. En el año de 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial se firmó, por parte de los representantes del gobierno de México y el de los Estados Unidos de América, el denominado Convenio sobre la Contratación de Trabajadores Mexicanos para Ser Empleados en Labores Agrícolas en Estados Unidos.

El propósito de dicho convenio fue permitir que trabajadores agrícolas mexicanos tuvieran la oportunidad de laborar legalmente, contando con todas las garantías jurídicas en los Estados Unidos y se dispuso la creación del fondo de ahorro denominado Fondo de Ahorro Campesino. Dichos fondos serían transferidos al Banco de Crédito Agrícola de México y que el monto de dicho ahorro se destinaría, por parte de los trabajadores agrícolas a su regreso a México, en la adquisición de implementos agrícolas.

Desafortunadamente para los trabajadores migratorios, el monto de sus ahorros se perdió o se lo robaron. Lo real es que cuando se creó el Banco Nacional de Crédito Rural, al que se integró el Banco de Crédito Agrícola, los recursos aportados por los trabajadores nunca se encontraron.

Esto ha traído como consecuencia que los trabajadores ex braceros y sus familias se organizaran para exigir se les devuelva el monto de sus ahorros. Con el propósito de enmendar esta situación, la LIX Legislatura del Congreso de la Unión aprobó la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005.

Desafortunadamente en un acto de nula sensibilidad política, el comité técnico determinó modificar las reglas de operación en el punto 5, importe del apoyo social, mismas que ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de junio para quedar en los siguientes términos:

5. "Importe del Apoyo Social. El importe del apoyo social que se entregará por una sola vez a cada beneficiario será por la cantidad de 38 mil pesos, misma que será entregada en exhibiciones de acuerdo a los recursos disponibles en el fideicomiso en cada ejercicio fiscal, con lo que se establece en las fracciones I y III del artículo 5 de esta ley".

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, con base en el numeral cinco de las reglas de operación del fideicomiso 2106, modificadas en junio de este año, el comité técnico pretende entregar a cada beneficiario 4 mil pesos mensuales, lo que estamos seguros que no servirá ni siquiera para pagar un entierro, si tomamos además en consideración que el promedio de edad de los trabajadores ex braceros oscila entre los 75 y 85 años y muchos de ellos ?por desgracia? no vivirán para recibir el recurso que se les robó.

En opinión de los diputados que suscribimos la siguiente proposición con punto de acuerdo de esta Cámara de Diputados, es que se les debe dar continuidad a las tareas realizadas por las Comisiones Especiales de Seguimiento a los Fondos de ex Trabajadores Mexicanos Braceros que en las legislaturas anteriores se han creado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción IV de nuestra norma fundamental, esta Legislatura tiene la obligación de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y en él establecer la partida presupuestal para el fideicomiso 2106 y de ahí pagar a los ex braceros la cantidad que les corresponde.

Por las razones antes expuestas, proponemos el siguiente

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda la creación de la Comisión Especial Encargada de darle Seguimiento a la Correcta Aplicación de los Recursos del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.

Hago entrega de la proposición a la Secretaría de esta Cámara. Agradezco su atención. Buenas tardes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra hasta por tres minutos, la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2010 se consideren recursos para la creación de un fondo contra contingencias epidemiológicas.

La diputada María Cristina Díaz Salazar: Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores legisladores. En México se puede advertir que los principales motivos de demanda de servicios se concentran en las enfermedades crónico-degenerativas infecciosas. Éstas últimas, al no ser tratadas a tiempo, evolucionan hasta convertirse en brotes epidémicos, pudiendo llegar a ser pandemias.

Es importante señalar que la atención médica temprana y el control con los recursos para los insumos son de vital importancia para frenar la evolución de estos padecimientos y evitar o disminuir la mortalidad.

La influenza AH1N1 ha presentado un verdadero reto para el sistema de salud en nuestro país y diversos países en todos los continentes se han visto afectados por la presencia de brotes epidémicos, convirtiéndose así en un problema mundial que ha dejado en evidencia, en muchos de los casos, de la escasa capacidad de respuesta ante situaciones catastróficas.

En lo que respecta a nuestro país, hasta el día de hoy, 18 de septiembre de este año, la Secretaría de Salud ha confirmado más de 27 mil casos de influenza AH1N1 y un lamentable saldo de 222 personas fallecidas por dicha causa.

Esta urgencia prioritaria de controlar la contingencia fue determinante para iniciar acciones con los recursos propios del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el cual es parte del Sistema de Protección de Salud.

Para atender la emergencia epidemiológica derivada de esta influenza se han utilizado recursos del fondo del Fideicomiso de Protección Social en Salud. Este fondo tiene como finalidad atender enfermedades graves, que son el principal factor de empobrecimiento de las familias, y se constituye con el 8 por ciento de los recursos totales que se destinan a financiar las primas de los beneficiarios del Seguro Popular.

Aun cuando la finalidad del fondo es atender a los mexicanos sin seguridad social, hasta este momento se han destinado 3 mil 750.8 millones de pesos para hacer frente de inmediato a esta emergencia, dejando desprotegido a un número importante de familias.

Por lo que se considera importantísimo no solamente la adquisición de vacunas, que contempla las necesidades de contar también con los laboratorios suficientes, con los reactivos, la hospitalización, etcétera.

Es por ello que este punto de acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se considere la creación, con carácter permanente, de un fondo para la atención de urgencias epidemiológicas, para el ejercicio presupuestal 2010, con un monto de 6 mil millones de pesos.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que destine recursos adicionales a la Secretaría de Salud, para la creación de un fondo para la atención de manifestaciones de la influenza AH1N1 en el presente año, por un monto de 2 mil 500 millones de pesos.

Se considera este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra la diputada María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

La diputada María Yolanda Valencia Vales: Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en diciembre de 2006 la LX Legislatura publicó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para crear la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Fue instalada dos días después y trabajó hasta el término de la Legislatura. Su objetivo, la importancia que tiene la información como un bien público, la libertad de expresión constituye una de las garantías más sólidas de la democracia y el desarrollo moderno de los estados. Esta libertad exige que los individuos sean libres de transmitir ideas e información, y en donde la sociedad la reciba de manera objetiva y oportuna.

Esta libertad es reconocida en diversas declaraciones y tratados internacionales como un derecho humano fundamental. En nuestro México la libertad de expresión se encuentra protegida por el artículo 6o, y la libertad de prensa está garantizada por el artículo 7o de la Carta Magna.

Dicho lo anterior, el periodismo es una manifestación perfecta de la libertad de de información y de prensa. En esa tesitura, los medios de comunicación y los periodistas tienen el derecho de informar, y el estado la obligación de protegerlos.

El asesinato, el secuestro, las amenazas, la destrucción del material de los periodistas o de los medios de comunicación y la impunidad de los agresores coartan la libertad de expresión y de prensa, por lo que estos actos deben ser investigados y sancionados.

En nuestro país es largo el recuento de las agresiones cometidas contra la labor periodística, resultando indispensable la coordinación entre instancias federales, estatales y municipales, organismos autónomos, organizaciones de periodistas y medios de comunicación, y el Poder Legislativo, para garantizar la protección de la labor informativa.

Al comenzar esta LXI Legislatura presento esta propuesta de creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a la agresión a los periodistas y medios de comunicación, con el compromiso de elevar la voz para que este tema sea encumbrado a la agenda nacional y se cuente con plena libertad de expresión, de prensa, y al derecho a la información en México.

Por lo expuesto, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Segundo. Estará conformada por trece integrantes que serán elegidas y elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad.

Tercero. Existirá durante la LXI Legislatura.

Cuarto. Rendirá su informe de actividades anual ante el pleno de la Cámara de Diputados o ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Dado el tiempo asignado para la lectura de este punto de acuerdo, le solicito, señor presidente, que sea insertado el texto íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Como usted lo solicita, insértese en el Diario de los Debates, y túrnese a la Junta de Coordinación Política. Señor diputado, con qué objeto.

El diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello: Hacerle una solicitud a usted, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: A ver díganos, diputado.

El diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello: Si tuviera usted a bien pedirle, solicitarle a la diputada Valencia que nos permita a los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, de Yucatán, suscribir de manera conjunta este punto de acuerdo. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto. Le preguntamos a la diputada Valencia si está de acuerdo en que los señores diputados de Yucatán, del Grupo Parlamentario del PRI, se sumen a la proposición que usted acaba de hacer.

La diputada María Yolanda Valencia Vales: Acepto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta la diputada, por tanto envíese el documento correspondiente.

Tiene la palabra la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal para presentar punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos al sector educativo en especial a las universidades e instituciones de educación superior, suscrito por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Mary Telma Guajardo Villarreal, de los Grupos Parlamentarios del PRI y PRD, respectivamente.

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la UNESCO considera que la riqueza global está concentrada cada vez más en el capital humano, donde el conocimiento, las habilidades y la creatividad de las personas son de mayor importancia para la economía mundial.

Por tanto, la educación no es un lujo, sino factor clave para que la población mejore sus condiciones de vida y contribuya al desarrollo nacional. Pero ahora, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, el Ejecutivo federal disminuye a la educación pública el 4.2 por ciento, cerca de 5 mil millones de pesos en comparación con el presupuesto aprobado para el 2009.

Con este nuevo recorte a la educación pública las universidades e instituciones de educación superior son las más castigadas, con cerca de 3 mil 500 millones de pesos. Desaparecen 10 fondos de apoyo extraordinario y otros disminuyen más del 60 por ciento.

La determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de disminuir los recursos a la educación pública es equivoca y un desacato al mandato establecido en la Ley General de Educación, que en sus artículos 25 y 27 dispone de manera puntual que el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad en todo momento destinarán recursos presupuestales crecientes para la educación pública. Y precisa que el incremento de los recursos educativos debe ser en términos reales.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, recortar el presupuesto de educación, en comparación al año pasado, habla de una visión errática sobre el México que queremos. Sin educación no hay desarrollo.

Apostemos por la educación pública y asignemos mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010. Por ello, les pido que aprobemos el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados mandata a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, a la de Cultura, a la de Ciencia y Tecnología y a la de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 restituyan a las universidades e instituciones de educción superior, las de cultura y a las de ciencia y tecnología los recursos que les recortaron en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, y les incrementen sus presupuestos cuando menos el 8 por ciento de la inflación estimada para el 2010.

Segundo. En el caso de la educación superior, la restitución deberá comprender los cerca de 3 mil 500 millones de recorte presupuestal, otorgando prioridad a los programas y fondos de apoyo extraordinario, que son estratégicos para las universidades e instituciones públicas estatales de educación superior, y los un mil millones de pesos a su subsidio ordinario y un incremento de 4.8 por ciento de la inflación.

En lo referente a las universidades e instituciones federales de educación superior, el resarcimiento comprende un incremento adicional de 4.8 por ciento de la inflación. Y para la Universidad Autónoma Metropolitana, el resarcimiento de 228.4 millones de pesos. A la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la restitución del presupuesto federal por 100 millones de pesos. Y a la Universidad Autónoma de Chapingo, el resarcimiento de los 130.9 millones disminuidos, además de un incremento de 4.8 por ciento de inflación.

Tercero. En lo relativo al sector cultural, el resarcimiento comprende los 3 mil 667.1 millones de pesos de recorte presupuestal y un incremento de 4.8 por ciento de la inflación, otorgando prioridad a las instituciones del subsector cultural, cuyos presupuestos fueron recortados de acuerdo al cuadro referido en las consideraciones del presente punto de acuerdo.

Cuarto. En cuanto a la ciencia y la tecnología, el incremento comprende el 4.8 por ciento de la inflación para los centros públicos de investigación y a los programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Muchas gracias, presidente. Solicito se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo pide, se inserta en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar punto de acuerdo por el que se determina que los secretarios de Estado, el procurador general de la república, los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como los titulares de los órganos constitucionales autónomos, al comparecer ante la Cámara de Diputados y rendir informes bajo protesta de decir verdad, serán advertidos por el presidente de la Mesa Directiva o de las comisiones, para conducirse con verdad y de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante la autoridad distinta de la judicial.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Con la venia de las compañeras diputadas y de los compañeros diputados. Este proyecto de proposición con punto de acuerdo tiene por objetivo, por finalidad, señalar que no basta rendir el informe o la comparecencia que han efectuado los secretarios de Estado, bajo protesta de decir verdad ante el pleno, tal como lo establecen los artículos 69 y el 93, párrafo segundo de la Constitución.

Significa que solamente tenemos el antecedente, pero hace falta la consecuencia jurídica de ese informe o comparecencia, bajo protesta de decir verdad.

Por eso, la propuesta que hago a esta asamblea, a esta soberanía, insiste en que los servidores públicos que informan y comparecen deben, además, ser advertidos de conducirse con verdad y de las penas en que incurren los falsos declarantes; tal como lo establece el artículo 247, fracción I del Código Penal Federal que señala penas, tanto pecuniarias como de prisión, a los que incurren en falsedad ante autoridad distinta a la judicial.

La obligación de advertir conducirse con verdad y de las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridad distinta a la judicial, corre a cargo o debería correr a cargo del presidente del pleno de esta Cámara o de la comisión correspondiente.

El punto de acuerdo que estoy proponiendo pide que se amplíe esta advertencia de conducirse con verdad y del señalamiento de las penas en las que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial. Debe ampliarse a las conferencias e informes ante las comisiones, tal como lo establecen los artículos 53 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

La finalidad es salvaguardar las formalidades jurídicas plenamente y también garantizar a plenitud los derechos fundamentales de los comparecientes.

Es decir, el propósito de esta proposición con punto de acuerdo es que los comparecientes, los secretarios de Estado, el procurador, los titulares de los órganos autónomos tengan la plenitud de derechos en las comparecencias ante esta Cámara de Diputados; ya sea ante las instancias del pleno o ante las comisiones. Por su atención, muchas gracias. Pido también que se inserte en el Diario de los Debates. Con permiso.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Como lo solicita, insértese el texto en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Señoras diputadas y señores diputados, acabamos de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, por lo que le pido a la Secretaría que proceda a dar cuenta de ésta.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, presente.

Con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno si tiene a bien aprobar las siguientes modificaciones en el orden del día de la sesión de hoy.

Que sea retirada la proposición con punto de acuerdo registrada en el numeral 26 del capítulo correspondiente, por el que se exhorta al titular del gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Sectur y de la Secretaría de Economía, así como del titular de la Conagua, se elabore un plan integral de reactivación económica para el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y que su lugar sea ocupado por la proposición con punto de acuerdo registrada en el lugar 49, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se incorpore en el calendario oficial el 11 de septiembre como el Día de la Victoria del Pueblo de Tampico y del Ejército Mexicano sobre el Ejército de la Corona Española, y declararlo día de fiesta nacional, a cargo del diputado José Francisco Rábago Castillo y suscrita por diputados del estado de Tamaulipas, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

Que se incorpore en el lugar que le corresponda la proposición con punto de acuerdo para que incluya a Ciudad Juárez, Chihuahua, como beneficiaria de los apoyos del Fondo Metropolitano, que se le otorguen al mismo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, suscrito por diversos diputados del estado de Chihuahua, del Grupo Parlamentario del PRI, con el trámite de turno a comisiones.

Firma, diputado Francisco José Rojas Gutiérrez, presidente y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Viene firmada también por la diputada Josefina Vázquez Mota, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Juan José Guerra Abud, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Pedro Vázquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; el diputado Reyes Tamez Guerra, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Pedro Jiménez León, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la modificación, diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. En consecuencia, se retira del orden del día la proposición del diputado Eviel Pérez Magaña y tiene la palabra el diputado José Francisco Rábago Castillo, del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, incorpore en el calendario oficial el 11 de septiembre como Día de la Victoria del Pueblo de Tampico y del Ejército Mexicano sobre el Ejército de la Corona Española y declararlo día de fiesta nacional, suscrito por los diputados del estado de Tamaulipas, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado José Francisco Rábago Castillo: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, fue hace casi 200 años que se desató el proceso que dio origen al gobierno representativo, a la Independencia, y posteriormente a la democracia en Hispanoamérica.

Festejaremos los mexicanos aquella fecha bicentenaria fundamental, que parece haber transcurrido sin que su significado histórico sea reconocido en estos momentos con el alto valor de sus protagonistas.

España, había perdido en ese entonces la posibilidad de generar riqueza para competir con otras naciones que se encontraban en creciente desarrollo económico; por ello trató de recuperar la Nueva España, por su gran territorio, riquezas nuevas y litorales con el Pacífico y el Atlántico, que habían sido el soporte durante siglos de la economía española.

Por ejemplo, pocos recuerdan que las calles del hoy centro histórico de la ciudad y puerto de Tampico fueron el escenario de una batalla cruenta, un 21 de agosto de 1829, donde el pueblo y Ejército mexicano combatieron con valor y heroísmo, marcando con su sangre la Plaza de la Libertad hombres y mujeres que dieron su vida defendiendo la incipiente patria.

Pero todo inició el 27 de julio de 1829 cuando las tropas comandadas por el brigadier Barradas desembarcaron en Punta Jerez, al sur de Tampico, y el 31 de julio tuvieron la primera batalla con las fuerzas mexicanas.

Cuarenta y seis días exactamente después del desembarco de las tropas, al capitular los españoles el heroico pueblo de Tampico y el Ejército mexicano truncaron con sangre y sacrificio los sueños de la monarquía de reconquistar la Nueva España.

Fue en consecuencia que, en la actualidad, el honorable Congreso del estado de Tamaulipas a iniciativa del ayuntamiento de Tampico expidió decreto para decretar el día 11 de septiembre de 1829 como fecha histórica oficial, pero rememorando y reconociendo esos hechos, concedió además la distinción de heroica a la ciudad y puerto de Tampico.

Para nuestra población en general existe el mayor interés en la difusión y examen de aquellos acontecimientos. Ahí se encuentra el origen de la democracia representativa en Hispanoamérica. Por eso proponemos unas conmemoraciones bicentenarias que signifiquen el recuerdo con dignidad y reconocimiento de los que, en su momento, con gran arrojo y prestancia prescindieron de lo vital para dar paso al México de nuestros días.

Por ello sometemos a la consideración de este alto cuerpo colegiado, para el estudio y elaboración del veredicto correspondiente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus atribuciones y con motivo de los festejos del bicentenario de la Independencia nacional, con fundamento en la fracción XXVI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, incorpore al calendario oficial el 11 de septiembre como de la victoria del pueblo de Tampico y del Ejército mexicano sobre el Ejército de la Corona Española, por ser fecha histórica para el pueblo mexicano y la declare como fiesta nacional.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de sus facultades, con fundamento en el artículo 3o. constitucional y en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, incluya dentro de los libros de texto gratuitos, de manera más profunda y elaborada, los sucesos del 11 del septiembre de 1829 acaecidos en la heroica ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado, José Francisco Rábago Castillo, por su propuesta. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El siguiente punto corresponde al diputado Sixto Alfonso Zetina Soto, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para el impulso y desarrollo de los festejos del bicentenario de la Independencia de México y centenario de la Revolución Mexicana, que suscriben diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Sixto Alfonso Zetina Soto: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, un aspecto trascendente en los tiempos que atravesamos me ha movido a ocupar esta honorable tribuna. Dicho aspecto consiste en la integración de una Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia nacional y centenario de la Revolución Mexicana.

Como es de todos bien sabido, el pueblo de México sufre una de las peores crisis económicas de los últimos años; crisis económica de gestación extranjera y que de conformidad al sistema globalizado que impera en la mayor parte del mundo, lesionó gravemente a nuestra ya sensible economía.

Esta situación que, más allá de fincar responsabilidades y que únicamente nos conduciría a un interminable intercambio de opiniones, podría tristemente ocasionar que en 2010 pasen desapercibidos 2 grandes eventos que jamás volverán a repetirse.

Ante momentos y escenarios tan críticos ?no desde nuestro particular enfoque, punto de vista, sino desde la perspectiva y el sentir de aquellos ciudadanos a quienes nosotros representamos, aquéllos que sufren en carne propia y cotidianamente los estragos más crudos de la crisis a la que me he referido? se corre el riesgo de que pierdan por completo la confianza y la fe en las instituciones y en la identidad de nación que, como mexicanos, nos une o al menos debería de unirnos y que debería comenzar por nosotros mismos.

Porque más allá de los colores, los escudos o los partidos políticos con los cuales simpatizamos cada uno de nosotros; más allá de las convicciones políticas y religiosas de cada quien, una condición nos une a todos por igual: el hecho de ser mexicanos.

Reforcemos en la ciudadanía, en los jóvenes, en las niñas y en los niños, en los adultos y en la sociedad en su conjunto la historia que nos contempla. Rindamos respeto a nuestros símbolos y valores patrios recordando la historia, entendiéndola, analizándola, a efecto de lograr un mejor presente y un brillante futuro.

Nuestra historia nos contempla, amigas diputadas y amigos diputados, y nos demanda recordarla como merece. Si actuamos adecuadamente y de manera objetiva, dejando nuestros apasionamientos políticos, personales o grupales a un lado, será la historia misma la que nos recompensará en un futuro y, por ende, esto significará que las personas a quienes representamos sean beneficiadas.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la propuesta con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial para el impulso y desarrollo de los festejos del bicentenario de la Independencia de México y centenario de la Revolución Mexicana, de la Cámara de Diputados.

Esta comisión habrá de impulsar, coadyuvar, organizar, desarrollar y dar seguimiento a todas las actividades conmemorativas de divulgación, edición, celebración y cualquier otra que sea realizada en honor a los magnos eventos de conmemoración.

Habrá de coordinar sus actividades con la Comisión Especial de la misma naturaleza, de la Cámara de Senadores, de las dependencias del Ejecutivo federal, del Poder Judicial de la Federación, de los Congresos de las entidades federativas, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como por los Poderes Ejecutivos de los estados y sus respectivos municipios.

Por lo antes expuesto, y en virtud de que la presente propuesta con punto de acuerdo es realizada por las diputadas y los diputados federales de Guanajuato, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicito, señor secretario, sea sustituido el presente documento porque está publicado en la Gaceta Parlamentaria, el cual contiene la firma de todos los proponentes. Por lo anterior, muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted diputado y, como lo solicita, insértese el texto integro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, con el fin de otorgar mayores recursos para los municipios de todo el país.

El diputado Samuel Herrera Chávez: Con su permiso, diputado presidente. Quiero solicitar que al término de mi lectura se pueda integrar esto, el texto integro en la grabación del Diario de los Debates.

Proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado Samuel Herrera Chávez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, con el fin de obtener mayores recursos para los municipios de todo el país.

Hoy, hace unos momentos, estuvimos en una reunión con la Conamm, Aamac, Anac, AALMAC, donde hicimos este planteamiento.

El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que, en nuestra calidad de ex alcaldes o presidentes municipales, varios de los diputados federales de la LXI Legislatura somos testigos de las enormes dificultades federales por las que atraviesan los municipios de todo el país. La crisis económica, las condiciones adversas del entorno económico y financiero mundial, así como la mala conducción del gobierno federal para afrontarla agravan más la situación.

Que la LX Legislatura hizo enormes esfuerzos presupuestales, lo cual permitió que de 2006 a 2009 los Presupuestos de Egresos de la Federación fueran los más grandes en la historia de nuestro país.

Que de igual forma, los recursos participables para las entidades federativas crecieron de manera sustantiva, particularmente los Ramos 28 y 33, así como lo que hoy se conoce como el PAFEF.

Que a pesar de que los gobiernos de las entidades federativas, como es el caso de Zacatecas, han hecho su mayor esfuerzo para obtener más captación de recursos y tener una mejor distribución entre sus municipios, esto ha sido insuficiente.

Estamos ciertos que, de acuerdo a las previsiones oficiales, se anticipa que el precio de referencia promedio para la mezcla mexicana de petróleo será para 2010 de 53.9 dólares por barril y la plataforma de producción de crudo disminuirá a 2 mil 500 millones de barriles.

Que el gobierno federal ha hecho público que si bien los ingresos petroleros y tributarios no petroleros esperados para 2010 serán mayores que los observados en 2009, estarán por debajo de los que se elaboró en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009.

Por tanto, la tentación de argumentar que la ausencia de medidas fiscales tendrá como consecuencia una situación insostenible en el gasto y en las participaciones federales para estados y municipios, no la toleraremos.

Por ello hacemos extensivo su reclamo de no hacerlos partícipes, a los alcaldes en mayor medida, de la discusión presupuestal de cada año.

Para que los municipios del país tengan más herramientas para responder al rezago social de sus habitantes se propone flexibilizar las reglas de operación, los destinos de inversión establecidos para el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Es fundamental incrementar el monto destinado a entidades del Fondo General de Participaciones, lo que obliga a establecer reglas claras en cuanto a la mecánica de la operación del gasto federalizado.

En este sentido, el PRD propone el fortalecimiento de la recaudación federal participable replanteando los criterios y fórmulas de distribución de las participaciones.

Actualmente las organizaciones de los municipios agrupados en la Conamm, Aamac; Anac, Aalmac, Fedamex han llegado a un consenso en el que es necesario fortalecer el nivel del gobierno municipal a través de la iniciativa de fortalecimiento municipal.

Para ello proponemos la formación de la Comisión para la Reforma del Estado, y en la actual propuesta de presupuesto los montos asignados a los municipios son un capialce del Presupuesto 2009, los cuales se mantuvieron estáticos, regresivos, si consideramos la inflación esperada de 8 por ciento para este año.

En lo que respecta al sistema recaudatorio de impuestos, distribución y facultades, nuevamente no se proponen modificaciones importantes. El Presupuesto sólo muestra una centralización fiscal de parte del gobierno federal que no resuelve el problema, por lo que hoy tenemos una gran responsabilidad.

Para ello hacemos un llamado a todas las fracciones parlamentarias, para que cambie el modelo económico centralista de manejo y recaudación de los recursos y detonar la apertura de un verdadero municipalismo, donde el ser humano sea lo más importante; hecho que por desgracia el proyecto de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda no contempla.

El proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 presupone tan sólo del Ramo 33, para el estado de Zacatecas, 7 mil 931 millones 485 mil 445 de pesos, de un total de 423 mil millones 711 mil 104 millones de pesos, muy por debajo de Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla y Veracruz. No pedimos disminución de otras entidades, pero sí una distribución más equitativa.

Por lo expuesto, propongo a esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que se aumenten los recursos a los municipios del país a través de los fondos para su desarrollo (Ramo 33, Ramo 28, Ramo 20, Ramo 30, Ramo 23 y demás fondos complementarios), y que éstos sean distribuidos de manera equitativa. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Samuel Herrera Chávez, y como lo solicitó al inicio de su intervención, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y en tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a las instituciones públicas responsables de establecer y operar estancias infantiles, que envíen a esta soberanía los parámetros y los resultados de las evaluaciones que lleven a cabo en dichas instancias.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, quienes suscribimos, diputados y diputadas federales integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

La tragedia de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora puso en evidencia que es necesario hacer una revisión de los esquemas a través de los cuales se prestan servicios de guarda y custodia de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras de México.

La disparidad existente en los estándares exigidos en el esquema de guarderías del IMSS, en relación con los servicios que prestan el ISSSTE, el DIF y la Sedesol, entre otros esquemas vigentes operados por gobiernos locales y municipales es abismal, lo que exige revisar las políticas y los recursos que se destinan para ellos.

El Estado mexicano no puede avalar ni mucho menos operar una política de atención a la niñez, discriminatoria desde su origen: mejores servicios para los más favorecidos y servicios de mala calidad para los más pobres.

Debido a la ausencia de una política integral de protección de los derechos de la niñez en México, se ha comprometido seriamente el principio de protección de interés superior de la infancia.

El presente gobierno renunció a construir una política integral de atención a la niñez y desarticuló los instrumentos del Estado para vigilar y garantizar el cumplimiento de sus derechos, por lo que es urgente revisar los esquemas de guarderías desde la perspectiva de los derechos de las niñas y los niños.

Las evaluaciones construidas por el propio gobierno federal a través del Coneval, en 2008, establecen en sus puntos susceptibles de mejoras la necesidad de generar sinergias entre los programas para la protección, guarda y custodia de niños y homologar la calidad de los servicios, lo cual no ha ocurrido.

Es evidente la necesidad de contar con un mecanismo efectivo de control que no maquille cifras y que permita supervisar que el mecanismo de seguimiento diseñado para el cumplimiento de las recomendaciones de mejora de los programas federales opere de verdad, se mejore y tenga un mecanismo adicional de seguimiento desde esta soberanía.

Por lo anterior, se propone a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se solicita a las instituciones públicas, en los tres niveles de gobierno, responsables de establecer y operar estancias infantiles, guarderías o centros de guarda y custodia en cualquiera de sus modalidades, envíen a esta soberanía los criterios de evaluación y supervisión, así como los resultados de las evaluaciones que lleven a cabo las estancias infantiles existentes, acorde al sistema de evaluación del desempeño y su conjunto de elementos metodológicos.

Segundo. Se aprueba la creación de la comisión especial de esa honorable Cámara de Diputados que revise la política general de estancias infantiles del Estado mexicano, su marco jurídico, los programas institucionales existentes y convoque a las instancias que sean necesarias para realizar las verificaciones pertinentes, a efecto de proponer las modificaciones que se requieran para garantizar la cobertura y calidad de los servicios y seguridad de los niños mexicanos.

Finalmente, quiero agradecer a las diputadas y los diputados de las diferentes expresiones políticas que suscribieron el presente punto de acuerdo y a la diputada Claudia Anaya del PRD. Agradezco a todos los integrantes del grupo parlamentario que suscribieron este acuerdo.

En la diputada María Esther Scherman, a mis compañeros y compañeras del Partido Revolucionario Institucional, en la diputada Laura Corona Valdés al Partido Verde Ecologista, en la diputada Ifigenia Martínez y Hernández al Partido del Trabajo, en la diputada Cora Cecilia Pinedo a Nueva Alianza y en la diputada Guadalupe García en Convergencia.

Finalmente solicitarle, presidente a la Mesa Directiva, se inserte y se integre en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria el presente punto de acuerdo. Y aprovecharle el momento para pedirle y sumarme, pedirle a la Junta de Coordinación Política, en la propuesta que hizo aquí la diputada Claudia Anaya del PRD en cuanto a la Comisión de Grupos Vulnerables, sumarme y pedirle que lo tomen a consideración.

Ambas venimos de la lucha social, del movimiento asociativo, tenemos la capacidad de talento, la experiencia, la percepción y la sensibilidad suficiente para entender la trascendencia que este país tiene y requiere, en cuanto a la defensa de los derechos humanos, de los grupos más vulnerables. Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada de la Torre. Como lo solicitó, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, en la Gaceta Parlamentaria ya ha sido publicado.

Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, en tanto se integra la comisión consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene ahora la palabra el diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política, para que en una sesión ordinaria del mes de octubre se haga un reconocimiento público a los astronautas de origen mexicano José Hernández Moreno y John Daniel Olivas por su destacado desempeño en la misión del Transbordador Espacial Discovery.

El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.

El suscrito diputado federal Guadalupe Eduardo Robles Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes consideraciones.

Cito textual: "Me encontraba limpiando con azadón una fila de remolacha azucarera, en un campo de cultivo cerca de Stockton California. Y escuché en la radio de transistores que Franklin Chang Díaz había sido seleccionado como astronauta ?dice José Hernández, recordando la selección del hispanoamericano Chang Díaz?. Ese fue el momento que dije, quiero viajar al espacio. Desde entonces, algo por lo que he luchado cada día para hacerlo". Fin de la cita.

Ese fue quizá el momento mágico en el que José Hernández tomó la decisión más importante de su vida, en lo que se constituyó en un reto que tiempo después lo transformó en una historia de éxito.

El pasado viernes 28 de agosto del presente año, un poco antes de la media noche, una noticia que pareciera normal estremeció al país, el despegue del Transbordador Especial Discovery desde el Centro Espacial Kennedy, en los Estados Unidos, rumbo a la Estación Espacial Internacional.

Lo importante de la noticia fue que dos astronautas de ascendencia mexicana formaban parte de los siete tripulantes de la misión. Por primera vez en la historia dos astronautas de origen mexicano, John Olivas y el ingeniero de vuelo José Hernández de padres mexicanos, forman parte en un vuelo de esta naturaleza de manera conjunta.

John Daniel Olivas, nacido el 25 de mayo de 1965 en North Hollywood, California, ingeniero de profesión, reclutado como astronauta por la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio en 1998.

José Hernández Moreno, nacido el 7 de agosto de 1962 en French Camp, California, ingeniero seleccionado como astronauta por la NASA en 2004. Hijo de padres mexicanos que algún día salieron del bello estado de Michoacán, atravesando el río Bravo en la búsqueda de mejores horizontes para su familia.

Dos orgullos para los mexicanos y dos ejemplos en especial para los más jóvenes, quienes tienen la ilusión de cumplir sus más grandes sueños. Dos astronautas de gran dedicación en los estudios y de brillante trayectoria, tanto académica como profesional, que encontraron oportunidades de desarrollo más allá de nuestras fronteras, pero que no olvidan sus orígenes.

Tanto John Olivas como José Hernández son la muestra de que en la sangre mexicana corre mucho talento y dedicación. Ellos, como muchos otros mexicanos que se encuentran en otros países, son la prueba fehaciente de que el esfuerzo, la entrega y la disciplina son virtudes que rinden sus frutos en cualquier latitud.

Es un orgullo saber que dos personas de origen mexicano desempeñan tareas de gran relevancia en el mundo y, como es el caso, más allá de él. El caso de José Hernández es algo especial al convertirse en un lapso de 35 años de recolector de fresas, pepino y remolacha, en ingeniero de vuelo y operador del brazo robótico del transbordador espacial Discovery.

Hace más de dos décadas los mexicanos nos sorprendimos ante la noticia de que Rodolfo Neri Vela había sido seleccionado como el primer mexicano en viajar en una misión al espacio. Este importante acontecimiento? y les pido respeto porque yo se los he dado a los compañeros que están silbando, les pido respeto porque esto es algo verdaderamente importante, que debe tomarse en cuenta en este recinto legislativo. Otros han traspasado también el tiempo que se les ha impuesto en situaciones de mucha menor trascendencia que la que yo creo que tiene esta postura.

Este importante acontecimiento?

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado, le ruego, por favor, concluya.

El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina: ?sin duda renueva también el entusiasmo de los mexicanos por temas como la ciencia y la tecnología, materias en la que México debería poner mucho más atención dentro de sus planes académicos y educativos ya que son, la ciencia y tecnología, elementos centrales para el desarrollo económico y social de las sociedades contemporáneas. Nuestro deber es que este tema pueda estar alejado de los forcejeos políticos tan comunes en estos días y pase a ser apoyado por todas las fuerzas políticas que integran esta soberanía.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política para que, en sesión ordinaria en octubre, se haga un reconocimiento público a los astronautas de origen mexicano: José Hernández Moreno y John Daniel Olivas, por su destacado desempeño en la misión del transbordador espacial Discovery.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a fin de que realice la invitación correspondiente a los mencionados astronautas, para que nos honren con su presencia en dicha sesión.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 23 días del mes de septiembre de 2009.

Diputado federal Guadalupe Eduardo Robles Medina, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se consideren mayores recursos para educación pública, y en particular a las instituciones públicas de educación superior. Tiene la palabra diputada Vázquez.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Muchísimas gracias, diputado presidente. Muchas gracias a todos los presentes. Yo subo este punto de acuerdo con particular gusto y satisfacción.

He encontrado, en todos los grupos parlamentarios, maestros que están decididos a que formemos un frente común por la defensa de la educación pública y por la defensa de la educación superior y me han ayudado, de manera muy amable, a platicar con los coordinadores de grupo. Y este punto de acuerdo, que no quiero quitarles el tiempo, porque es un tema que ya ha subido el grupo parlamentario del PRI en dos o tres ocasiones con el diputado Moreira, que también me permitió signar su documento; que ya ha subido también por el PRD la diputada Telma y que también me permitió signar su documento y que quiero comentar que todos los partidos estamos en la misma sintonía y que todos, en diferentes momentos, vamos a subir puntos de acuerdo esencialmente semejantes. Estamos pidiendo que la educación pública no vea mermado su presupuesto.

Quiero pedirle al diputado presidente que se integre el punto de acuerdo en el Diario oficial de los Debates.

Solamente le voy a dar lectura, para que lo tengan definido puntualmente:

"Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta y solicita a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se considere el mismo monto asignado al ramo de educación del 2009 y, en caso de ser procedente, se asignen mayores recursos del ramo 11, correspondiente a la educación, y en particular a las instituciones de educación superior públicas, así como del ramo 33."

Todos tenemos diferentes ideologías, diferentes ópticas, diferentes proyectos, pero el problema lo tenemos enfrente todos nosotros y ese problema es que el 10 por ciento, casi el 10 por ciento de nuestra población es analfabeta.

Todos tenemos presente el problema de que de cada 10 niños que se inscriben en primaria, solamente cuatro obtienen su título en la profesión y el 0.4 tienen estudios de postgrado y a todos nos lacera la situación que padecen los jóvenes entre 20 y 24 años, que de 10 jóvenes 6 no tienen ni trabajo ni escuela.

Yo quiero decirles que este punto de acuerdo fue signado por todos los coordinadores de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados, a los cuales les agradezco y voy a dar lectura, para que quede asentado.

El diputado Francisco Rojas, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Del Partido Acción Nacional me firmaron varios diputados, a los cuales les agradezco. Ya no pudo firmarme la diputada Josefina Vázquez Mota, pero aquí está Paz Gutiérrez Cortina, gracias, diputada. Gracias Kenia López Rabadán, Maricela Torres, diputada Silvia Pérez Ceballos, diputado Jesús Ramírez Rangel.

Del Grupo Parlamentario del PRD, Alejandro Encinas. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, Juan García; del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo el diputado Pedro Vázquez; del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el doctor Reyes Tamez Guerra, que le agradezco mucho; y del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, el diputado Pedro Jiménez León.

Vamos a hacer un frente común, los invito a todos, por la defensa de la educación pública y la defensa de la educación superior. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada. Como lo solicitó, se ordena insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra el diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República dictamine la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de marzo de 2006.

El diputado Gerardo Sánchez García: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los suscritos, diputados: Cruz López Aguilar y Gerardo Sánchez, del PRI; Francisco Hernández Juárez, Federico Ovalle Vaquera, José Narro Céspedes, del PRD; Valdemar Gutiérrez Fragoso, del PAN; y Roberto Pérez de Alva, de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 de nuestro reglamento, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo donde se exhorta al Senado de la República para que dictamine la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, bajo las siguientes

Consideraciones

Con fecha 7 de noviembre de 2005 fue presentada al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que crea la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

El 30 de marzo de 2006 fue aprobado el dictamen de dicha iniciativa por la mayoría absoluta de esta soberanía. Desde entonces, han pasado casi tres años y medio y la minuta no ha sido dictaminada por la colegisladora.

Hoy, que México atraviesa por una crisis económica de enorme dimensiones y donde más de 50 millones de mexicanos y mexicanas viven por debajo de la línea de pobreza, es decir, no cuentan con lo necesario para garantizar su sobrevivencia cada día que pasa, nos parece que es prioritario contar con una ley que signifique, por un lado, contar con una herramienta de planeación que ubique en su justa dimensión el problema de seguridad y soberanía alimentaria.

Dicho proyecto significa replantear los temas del campo mexicano a partir de la creación de nuevos instrumentos institucionales, para darle certidumbre al desarrollo del sector rural de nuestro país.

Al mismo tiempo, se exige la revisión de convenios comerciales internacionales como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, con la finalidad que haya una mayor protección para nuestro país; toda vez que los subsidios indiscriminados a la agricultura por parte de nuestros socios comerciales constituye en la práctica una competencia abusiva y desleal en contra de los productores rurales y campesinos mexicanos.

Como eje central de la ley se establece que la agricultura constituye una actividad sustancial para la existencia de nuestra nación y su razón de ser en la producción de alimentos.

La alimentación y la nutrición son derechos fundamentales de la población, porque de ellos dependen dos bienes superiores: la vida y la salud.

Por ello, resulta indispensable una ley de planeación específica en esta materia, que dé seguridad a la nación.

Tercera. La rectoría del Estado para el desarrollo económico, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, demanda el fortalecimiento de las responsabilidades públicas ante el mercado y la sociedad.

Cuarta. La planeación nacional en esta materia debe establecer un vínculo coherente y eficaz entre las decisiones gubernamentales, las necesidades de los productores y los requerimientos nutricionales de la población.

Quinta. La planeación para alcanzar y mantener la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional requiere incorporar de manera explícita la participación de la sociedad en todo el proceso de planeación, a través de las organizaciones sociales, como parte importante en el impulso a la democracia directa o participativa.

Los diputados de esta LXI Legislatura que suscribimos este punto de acuerdo estamos convencidos de la importancia de esta ley y de la necesidad de contar con nuevos instrumentos de planeación, para dar viabilidad y desarrollo al sector rural de la república, que cada día muestra el desdén de las autoridades y el atraso y marginación en que viven millones de familias mexicanas.

Por ello, es que hacemos un exhorto muy respetuoso a nuestras compañeras legisladoras y a nuestros compañeros legisladores del Senado de la República, para aprobar la minuta que fue turnada por esta Cámara de Diputados el 30 de marzo de 2006.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Senado de la República para que dictamine la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, turnada a esa soberanía el 30 de marzo de 2006.

Ruego a usted, diputado presidente, se turne el punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política para los efectos conducentes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Gerardo Sánchez García. El turno que la Presidencia tiene dispuesto es remitirlo al Senado de la República, dado que se trata de un exhorto al mismo Senado.

Tiene la palabra el diputado Miguel Martínez Peñaloza, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a seguir considerando al turismo como eje primordial para el desarrollo económico y cultural de México.

El diputado Miguel Martínez Peñaloza: Con su permiso, señor presidente. Es tiempo de debate y entendimiento político. Es necesario participar constructivamente, desde las diferentes ideologías, para el bien de nuestro país.

El turismo es un tema que debe ocupar a todos. Es una actividad económica que se está convirtiendo en un motor trascendente de nuestro país, una industria sin chimeneas, sin contaminación y que supera por mucho el ingreso obtenido de manera conjunta por varias actividades de la economía como la agricultura, la ganadería, pesca, bebidas, tabaco, industria del vestido, entre otras, que a veces preocupan más y aportan menos.

En 2008 el sector generó 2.4 millones de empleos y éstos son mejor pagados hasta en un 30 por ciento. Los ingresos por esta actividad representan el 8 por ciento del producto interno bruto. El año pasado se captaron más de 88 mil millones de dólares, colocando a nuestra nación en el primer destino de América Latina y octavo a nivel mundial, con 21 millones de visitantes extranjeros.

El turismo funciona como promotor de desarrollo regional y patrimonio de miles de comunidades, y en México se ha consolidado como la tercera fuente de ingresos.

Sabemos que este sector ganará terreno, a pesar de una condición de crisis internacional y una reducción de ingresos petroleros, por lo que debemos apostar a que se convierta en la primera actividad económica involucrando a los tres niveles de gobierno, a los empresarios y a la sociedad organizada.

El sector turístico genera empleos sin distinción de género, de situación geográfica o condición social. Por ello podemos asegurar que el turismo es una actividad que combate frontalmente a la pobreza que tanto buscamos erradicar.

Es de celebrar que el gobierno federal pretenda adelgazar la nómina de la Secretaría de Turismo y no así los recursos que impactan directamente en la promoción y desarrollo en nuestro país. Sabemos que se puede hacer más con menos, como la historia lo ha demostrado en países como España, con la creación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en donde se atiende a gran parte del sector económico; o Francia, donde la actividad está a cargo del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria.

Es así que hago un llamado para que, mediante el diálogo, se logren los acuerdos necesarios, ya que hoy tenemos un reto que debe cumplirse. Las decisiones que hoy tomemos reflejarán el futuro que queremos ver.

Por lo expuesto y dada la oportunidad de crecimiento económico y desarrollo regional que ofrece el sector turismo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Único. Solicitar al Ejecutivo federal que siga considerando al turismo, sin importar su situación dentro de la administración pública federal, como una de las principales políticas del Estado mexicano, eje primordial para el desarrollo económico y cultural de nuestro país, y continúe otorgándole la importancia necesaria, manteniendo su impulso y desarrollo constante. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Martínez Peñaloza. Túrnese a la Comisión de Turismo. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene el uso de la palabra, la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se consideren mayores recursos para la atención de las adultas y los adultos mayores, con el propósito de crear un programa integral que cubra las necesidades y demandas de este grupo poblacional.

La diputada Martha Elena García Gómez: Con su permiso, señor presidente. En México, como en muchas partes del mundo, ser adulto mayor es en general sinónimo de pasividad, deterioro físico y mental, también de desamparo, exclusión y marginación.

Para alterar esta realidad de vida de las adultas y de los adultos mayores que se observan tanto en la población urbana como en la rural es necesario difundir en nuestra sociedad la cultura de reconocimiento y respeto para ellas y para ellos.

En México los adultos mayores enfrentan hoy situaciones adversas que debemos revertir, y como muestra mencionaremos los siguientes datos:

En México hay casi 5 millones de personas de 65 y más años. Los adultos mayores representan 4.9 por ciento de la población de México. Entre la población de 60 años o más, uno de cada 10 tiene alguna condición física o mental que no le permite desarrollar sus actividades cotidianas.

Alrededor de 26 por ciento de las personas adultas mayores no reciben ingresos, mientras que 60 por ciento apenas percibe entre medio y tres salarios mínimos.

En 2050, una de cada cinco personas tendrá 60 años o más y la población de personas mayores de 65 años casi se habrán cuadruplicado.

Vemos en nuestro entorno, con mucha frecuencia, que el grupo de personas de la tercera edad es víctima de abuso y discriminación en todos los terrenos; misma que es doblemente grave ante la situación de vulnerabilidad del grupo.

Muchos adultos mayores subsisten en una situación económica difícil, pues las pensiones de jubilación que reciben son insuficientes para darles un buen nivel de vida. Además, se les niegan servicios de salud, se les dificulta el acceso al empleo y, en caso de obtenerlo, se les da una remuneración de desigualdad.

En la actualidad, las instituciones públicas encargadas de brindar atención a las adultas y a los adultos mayores carecen de la infraestructura adecuada, así como de programas que satisfagan de manera integral la problemática de las personas mayores de 60 años.

Las estadísticas sugieren que en veinte años un tercio de las mexicanas y los mexicanos serán adultos mayores, por tanto, urge instrumentar un programa integral de atención a esta población, bajo la conducción y ejecución de una sola institución.

Por ello, en el Partido de la Revolución Democrática consideramos que es urgente contar, en principio, con un programa de atención integral para las adultas y los adultos mayores, donde puedan incluirse una mejor calidad de vida y la garantía de seguridad que necesitan para este periodo de su vida.

Dentro de los componentes de dicho programa se encontrarían: la creación de hospitales geriátricos, estancias de día, la pensión alimenticia, la distribución de medicamentos, programas de esparcimiento y recreación, así como lograr la cobertura total a nivel nacional de una pensión universal.

El mundo, y en particular la sociedad mexicana, tienen deudas con sus adultos mayores. Por eso el PRD continuará impulsando su valorización, reconocimiento y reivindicación para ellas y ellos, reconociendo su derecho a una mayor y mejor calidad de vida.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se incremente la partida presupuestal destinada a la atención de las y de los adultos mayores, con el propósito de crear un programa integral que cubra las necesidades y demandas de este grupo poblacional. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada García Gómez. Como lo solicita, se turna a la Comisión de de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, se conserva en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra el diputado Ángel Aguirre Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se consideren mayores recursos para incentivar la generación de empleos para los jóvenes mexicanos. Tiene la palabra, diputado Aguirre, hasta por tres minutos.

El diputado Ángel Aguirre Herrera: Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, en México la población de jóvenes presenta la tasa de desempleo más alta en los últimos años. La falta de oportunidades afecta a jóvenes con distintos perfiles, tanto a los que tienen niveles educativos básicos, como a los altamente calificados con títulos de maestría o doctorado.

De acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, este fenómeno ha generado recientemente que amplios grupos de jóvenes con alto nivel académico hayan comenzado a emigrar a causa de que el país carece de una estructura que les permita insertarse en el mercado laboral.

La magnitud del fenómeno demográfico mexicano y la falta de oportunidades de estudio y de trabajo están representadas en 35 millones de jóvenes, de los cuales el 22 por ciento no cuentan con estudios ni trabajo.

La preocupación por parte de las autoridades educativas e instituciones de educación superior no existe o no se ha expresado como se debiera. Asimismo, se registró que en 2006 la población joven económicamente activa fue de 13.9 millones. Los jóvenes representaron en este periodo el 33.6 por ciento de la fuerza de trabajo total.

Aunado a esto, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, señaló que el 40 por ciento de los presuntos delincuentes del fuero federal y el 59 por ciento de los del fuero común son jóvenes de entre 15 y 29 años.

¿Opciones? Caminar hacia el sector informal, donde nada es seguro, o al mismo sector formal en donde la situación es compleja, con bajos salarios y las expectativas futuras canceladas.

Siendo el diputado más joven de la bancada del PRI, es mi responsabilidad expresar que el Programa de Empleo Temporal no cumple con el objetivo de su creación, ya que se creó con el fin de apoyar temporalmente en el ingreso a una nueva generación, prometiendo entregar apoyos económicos a hombres y mujeres en periodos de baja demanda laboral y en emergencias naturales o económicas, complementando las estrategias de otros programas sociales en el desarrollo de infraestructura social básica o actividad productiva.

Como candidato del VIII distrito de la Costa Chica de Guerrero, percibí el reclamo latente de los jóvenes por la falta de empleos y oportunidades. El no atender las demandas de los jóvenes en México y no darles un papel prioritario como parte del desarrollo nacional nos enfrentará a un futuro de jóvenes inmersos en problemas de drogadicción, alcoholismo, inseguridad y mayor índice de suicidios.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante el pleno de esta soberanía, el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se tenga por presentada la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal, que ante la crisis económica incentive la generación de empleos para los jóvenes y destine mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, generando programas efectivos de apoyo al empleo, proyectos productivos y microempresas, con mayor énfasis de ayuda a jóvenes como factor indispensable del desarrollo nacional en México.

Segundo. Que el titular del Ejecutivo federal instruya al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para incentivar de manera urgente los programas actuales de generación de empleos para los jóvenes, así como para espacios deportivos y centros de rehabilitación, para evitar el consumo de droga y alcohol.

Tercero. Que el titular del Ejecutivo federal instruya al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que se vinculen los programas educativos nacionales a la demanda de empleo y a la realidad nacional, generando con ello mayores opciones para los jóvenes. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Aguirre. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y en tanto se integra la comisión, se conserva en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Tiene la palabra la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres poderes del Estado y a sus áreas administrativas, para que formulen, establezcan o evalúen sistemas de manejo ambiental para el 2010. Tiene la palabra, diputada, hasta por tres minutos.

La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández: Señor presidente, le solicito que se inserte el punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Con su permiso, señor presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, sin duda los temas de medio ambiente han cobrado una relevancia sin precedentes en las agendas de los gobiernos durante los últimos años, por lo que se vuelve obligatorio replantearnos cómo debemos llevar a cabo nuestras actividades.

El sector público no es una excepción, por el contrario; debe procurar que sus operaciones se guíen, entre otros, por criterios y estándares de calidad y cuidado ambientales.

México ha establecido numerosos compromisos internacionales en materia ambiental, relacionados con los sistemas de manejo ambiental. Los más importantes corresponden a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, y a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que tuvo lugar en Río de Janeiro, en junio de 1992.

En 2002, y para mejorar el desempeño ambiental de los mercados, se trató de integrar consideraciones ambientales en todas las facetas de las operaciones gubernamentales y sus estructuras, en particular del establecimiento de programas, objetivos y metas para el uso de la energía, del agua y de los materiales en las operaciones cotidianas sea eficiente y sustentable.

Un sistema de manejo ambiental se puede definir como el conjunto de iniciativas y acciones tendientes a mejorar el desempeño ambiental de una institución o de un organismo, creando las bases de eficiencia administrativa para promover una nueva cultura ambiental entre su personal, y mejorar su imagen institucional.

Lo anterior implica para la entidad, la instrumentación de acciones como reuso de papel, ahorro de agua, ahorro de energía eléctrica, manejo de residuos y compras verdes.

Con las modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, del 13 de junio de 2003, todas las dependencias de los tres poderes de la Unión están obligadas a expedir sus respectivos manuales de sistema de manejo ambiental, que tendrán por objeto la optimización de los recursos materiales que se emplean para el desarrollo de sus actividades, con el fin de reducir costos financieros y ambientales.

Dada su capacidad de gasto y obra públicos, establecer sistemas de manejo ambiental en las instituciones públicas influirá en el comportamiento de mercados y proveedores para que, poco a poco, pero crecientemente, configuren una oferta de bienes y servicios cuyos insumos, procesos de producción y gestión de residuos protejan la integridad de los ecosistemas y contribuyan a un desarrollo sustentable, generando a la vez economías en las adquisiciones que se realicen partiendo del uso racional y responsable de los materiales.

En el marco de la aprobación del Presupuesto económico 2010, la implantación de sistemas de manejo ambiental es una medida que, además de contribuir con el cuidado del medio ambiente, aporta racionalidad al gasto público y contribuye con las medidas de austeridad que necesariamente habrá que incluir en la discusión.

Por lo antes fundado y expuesto me permito someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Exhortar a los tres poderes del Estado y a sus áreas administrativas para que formulen, establezcan o evalúen sistemas de manejo ambiental para el año de 2010. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Días de Rivera. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Esta Presidencia recibió solicitud de excitativa del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.

Tiene ahora la palabra el diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial Encargada de Estudiar, Analizar, Evaluar y Supervisar el Funcionamiento de las Aduanas, Puertos y Aeropuertos Nacionales, en relación con la entrada de mercancía ilegal, el tráfico y contrabando de armas, estupefacientes y sustancias adictivas. Tiene la palabra, diputado Hernández, hasta por tres minutos.

El diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez: Sintetizando. Con su venía, diputado presidente. Señoras y señores legisladores, como todos sabemos, el país se encuentra inmerso en una grave crisis económica que se ha profundizado en el último año, con efectos devastadores para la industria, el comercio, la agricultura y la sociedad en su conjunto.

Para salir adelante requerimos fortalecer la economía interna, mejorar la distribución de la riqueza y elevar la eficiencia y transparencia en la administración pública federal.

En la Administración General de Aduanas existen un sinfín de problemas que ponen en riesgo la economía, la seguridad y la salud de la república. Nos referimos específicamente a las mercancías reguladas, restringidas y prohibidas que ingresan con toda impunidad a nuestro país; generan competencia desleal, afectan la inversión, el empleo, los ingresos fiscales, dañan a la salud, la seguridad pública, la industria y la economía.

El problema de las aduanas es un problema de seguridad nacional derivado del tráfico y comercialización de armas que se traduce en un aumento en la inseguridad, la criminalidad y la drogadicción.

Es tarea de esta soberanía trabajar juntos a favor de México y generar esquemas que endurezcan las sanciones por su facturación, doble facturación y alteración de las declaraciones de mercancías en las aduanas.

Para dimensionar la magnitud de este problema, el 58 por ciento del mercado nacional de prendas de vestir es abastecido vía contrabando, falseando datos de origen, precios, clasificación arancelaria; o haciendo mal uso de los programas vinculados con la industria.

En lo que respecta a la importación ilegal de sustancias restringidas, recordemos el caso del empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, sus dólares y las 50 mil toneladas de seudoefedrina.

Según la Procuraduría General de la República, el tráfico de armas es el segundo problema de seguridad nacional. Se estima que por minuto ingresa un arma de manera ilegal a nuestro país. Ante esto, de poco han servido los miles de militares desplegados en la frontera norte, pues ya son más de 7 mil muertos en el último año y la tendencia no decrece.

Por su parte, en 2007 el SAT reconoció corrupción, sobornos y amenazas de la delincuencia organizada en las 49 aduanas de la República. Es preciso generar las propuestas legislativas y presupuestarias necesarias para su saneamiento, eficiencia y eficacia.

Es por lo antes propuesto y fundado que propongo el siguiente punto de acuerdo, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Que se cree una comisión especial encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar el funcionamiento de las aduanas, puertos y aeropuertos nacionales, con relación a la entrada de mercancía ilegal, el tráfico y contrabando de armas, estupefacientes y sustancias adictivas.

Con un sector aduanero eficiente y comprometido con el desarrollo de México tendremos mejores condiciones para estimular el desarrollo local y fortalecer la economía interna.

Concluyo, no sin antes agradecer la disposición, solidaridad y consideración para este punto de acuerdo, de los integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta honorable soberanía.

Diputado presidente, solicito que la propuesta se publique íntegra en el Diario de los Debates.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, con responsabilidad, sensibilidad y compromiso construyamos juntos el México que tanto necesitamos. Es cuanto.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado. Como lo solicitó, insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial que dé seguimiento a las investigaciones sobre la desaparición de menores que se encontraban en los albergues denominados "Casitas del Sur", "La Casita" y "CAIFAC", ubicados en el Distrito Federal y en los estados de Quintana Roo y Nuevo León, respectivamente. Hasta por tres minutos, diputado.

El diputado Agustín Castilla Marroquín: Con su permiso, diputado presidente. Precisamente hoy, que conmemoramos el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, acudo a esta tribuna para abordar un tema que ha indignado a la sociedad durante los últimos meses: la desaparición de cuando menos 22 niñas y niños de los albergues denominados "Casitas del Sur", en el DF; "La Casita", en Cancún, y "CAIFAC", en Monterrey; todos ellos administrados por la misma organización delincuencial a la que se le conoce como "La secta de los perfectos", de acuerdo a las valientes investigaciones de las periodistas Lydia Cacho y Sanjuana Martínez.

Han transcurrido poco más de 10 meses en que desde la Asamblea Legislativa denuncié, en compañía de su abuela, aquí presente, la desaparición de Ilse Michelle, cuyo rostro seguramente muchos de ustedes recuerdan. Poco después supimos de 10 casos similares en el Distrito Federal y que se relacionan estrechamente con 11 más en Cancún y en Monterrey.

Ante estos hechos resulta inevitable preguntarnos por qué en tanto tiempo las procuradurías locales no resolvieron estos casos. Y lo más importante, ¿dónde están estos pequeños? ¿Qué han hecho con ellos? ¿Cuántos más pudieran estar también desaparecidos e incluso, cuántos se encuentran en riesgo en este preciso momento?

Ciertamente lo ignoramos, pero lo que sí sabemos es que estamos ante una red criminal transnacional que cuenta con una amplia capacidad económica, operativa y de manipulación.

Lo mismo administra albergues en diversas entidades de la república como Veracruz, San Luis Potosí o el Estado de México, que en países como Tailandia, Ruanda, El Salvador, Guatemala o Colombia.

Al igual que realiza manifestaciones en el Distrito Federal, Ginebra o Nueva York, publica desplegados para atacar a quienes los acusan y persigue, amenaza, denuncia, a periodistas y activistas sociales.

Es pues, una organización criminal muy bien estructurada y con un alto grado de peligrosidad y fanatismo. Compañeras diputadas y compañeros diputados, coincidirán conmigo en que estos hechos no pueden quedar impunes y que por tanto esta soberanía tampoco puede permanecer al margen.

Sin duda, no estamos ante un asunto menor, pues como ustedes saben el crimen organizado está diversificando sus actividades. Y la trata de personas, así como la explotación sexual, comercial, infantil, se han convertido en uno de sus negocios más redituables.

Tan sólo algunos datos. Se habla de 16 mil millones de dólares producidos en América Latina en un año, producto de la trata de mujeres; y 47 bandas se encuentran operando en territorio nacional en estos momentos.

Por ello, someto a su consideración la creación de una Comisión Especial para que demos seguimiento puntual al trabajo de la Procuraduría General de la República, que si bien ha tenido algunas acciones importantes como la consignación de tres miembros de esta organización, esto es a todas luces insuficiente.

Como representantes de la nación no podemos descansar hasta en tanto no se conozca el paradero de todos y cada uno de los menores, hasta que no se desarticule esta red delincuencial y se castigue ejemplarmente a los responsables.

Es indispensable que mandemos un mensaje claro y firme de que la trata de personas, y sobre todo de niños, no es tolerada en nuestro país y que haremos todo lo necesario para su prevención y combate.

Aprovecho, por último, para hacer un respetuoso llamado a todos los grupos parlamentarios, a efecto de que revisemos el marco jurídico que regula los albergues públicos y privados en México, y nos aseguremos de que hechos como el de Casitas del Sur no se repitan. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Castilla. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, suscrito por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Rodolfo de la Torre Cantú y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos, diputado.

El diputado Hugo Héctor Martínez González: Con su permiso diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Cuenca de Burgos es el yacimiento de gas natural no asociado más importante de México. En junio de 2009 su producción alcanzó 1 billón 521 mil millones de metros cúbicos diarios, equivalente al 21.36 por ciento de la producción nacional total de gas. El proyecto Pemex de Cuenca de Burgos cubre una superficie aproximadamente de 120 mil kilómetros cuadrados del territorio de los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León.

Comprende dos de las cuencas productoras de gas natural no asociado: la Cuenca de Burgos y la Cuenca de Sabinas, así como el área de Piedras Negras, lo que aumenta la prospectiva de explotación de este energético.

Este proyecto ha generado más de 6 mil empleos directos y más de 21 mil indirectos, de los cuales 2 mil 854 son a través de los contratos de obra pública financiada, y con una proyección de 40 mil empleos para 2012.

El proyecto considera la perforación de mil 559 pozos, para recuperar alrededor de 7 mil 279 millones de pies cúbicos de gas, mediante una inversión de 257 mil millones de pesos.

Uno de los recursos energéticos no renovables más preciados para la humanidad es el carbón. Ha tenido un gran impacto en la sociedad, como la generación de electricidad con bajo costo. Pasó de ser una fuente de energía única, a ser un complemento energético que está cobrando importancia en la generación de electricidad y gas metano.

La mayor cantidad de producción de carbón se concentra en la región norte del país, específicamente en el estado de Coahuila, donde la producción es de más de 15 millones de toneladas anuales, representando cerca del 95 por ciento de la producción nacional.

La región con yacimientos de carbón más importante del país se ubica en la denominada región carbonífera, en el centro norte del estado de Coahuila, alcanzando hasta el territorio del vecino estado de Nuevo León. Actualmente, las plantas que utilizan carbón como combustible están al 98 por ciento de su producción, ya que el carbón es el energético más barato para la producción de electricidad.

En nuestro vecino país del norte, se produce el 67 por ciento del total de su electricidad usando carbón. La región de la Cuenca de Burgos, que es de vital importancia para la generación de gas natural no asociado se encuentra, al mismo tiempo, sobre la conocida región carbonífera del norte del estado de Coahuila. Lo que hace que ambas sean una región estratégica para la producción de energía en el contexto nacional.

Por lo anteriormente descrito, todos los diputados federales de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, del Grupo Parlamentario del PRI, y también agradezco al diputado Jesús Ramírez, diputado coahuilense, que también se suma a este punto de acuerdo, proponemos a la soberanía la creación de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos y aprovechamiento del carbón mineral. Cuyo objetivo es dar seguimiento al proyecto integral de la Cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos, así mismo de la explotación del carbón mineral y del gas asociado al mismo.

Garantizando el marco normativo que permita nuevas reglas de explotación de los recursos energéticos, en beneficio del país y de las comunidades alrededor de estos yacimientos, y la aplicación de nuevas tecnologías de generación limpia de energía.

Diputado presidente, le solicito respetuosamente sea publicado el texto integro de este punto de acuerdo en el Diario de los Debates, como fue publicado en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado. Como lo solicita, insértese el texto integro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los partidos políticos representados en esta soberanía a respetar y acatar las resoluciones del Instituto Electoral del Distrito Federal, y del Tribunal Electoral del Distrito Federal, respecto de las elecciones para jefes delegacionales en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo del Distrito Federal.

La diputada Leticia Quezada Contreras: Gracias, con su venia señor diputado. El presente punto de acuerdo es con motivo del pasado proceso electoral en el Distrito Federal y derivado de las atribuciones conferidas a la autoridad electoral.

El Instituto Electoral del Distrito Federal ejerció sus atribuciones de fiscalización, investigando los gastos efectuados por los candidatos y los partidos políticos durante las campañas electorales y, posteriormente, el Tribunal Electoral de la capital emitió sendas resoluciones anulando las elecciones en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo.

Estas resoluciones fueron emitidas principalmente por irregularidades graves y rebase en los topes de campaña, por parte de los candidatos del Partido Acción Nacional. Los antecedentes, todos los conocemos muy bien. Ambas resoluciones, la de Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, fueron emitidas por los órganos jurisdiccionales competentes, cuyas atribuciones son conferidas por mandato de ley.

Un estado de derecho se basa en principios fundamentales, uno de ellos es la legalidad, entendida ésta como una razón superior en la que descansan nuestros procesos electorales y las instituciones. Tal parece que el Partido Acción Nacional, a través de sus representantes en esta Cámara y sus candidatos, hoy sancionados, quiere hacernos creer que son parte de la voluntad popular: la violación de la ley, las campañas inequitativas y el dispendio.

No importando si los resultados obtenidos por sus candidatos, en sí irregulares, fueron producto del gasto excesivo, de las amenazas o intimidación a los electores, como consta en diversas averiguaciones previas en el caso de Cuajimalpa, es éste parte del doble discurso y la doble moral. Son, pues, parte de las contradicciones en las que incurren.

Es por lo anterior que surge la necesidad de solicitar a los actores políticos que intervinieron en el proceso electoral pasado, a las y los legisladores de esta Cámara, que eviten las descalificaciones y manifestaciones que tienen por objeto cuestionar la legalidad e imparcialidad de las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal y el Instituto Electoral del Distrito Federal, con el falso argumento de defensa de la voluntad popular.

Las resoluciones que emitió el Tribunal Electoral de la capital determinaron anular las elecciones en dichas demarcaciones territoriales, debido a que se acreditaron irregularidades graves de los candidatos. Desconocerlas y pretender influir desde este órgano legislativo no tiene otro objetivo que tender una cortina de humo y presionar políticamente cuando no existen argumentos jurídicos para su defensa.

Por lo anteriormente expuesto presento esta proposición con

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a los partidos políticos representados en esta honorable Cámara de Diputados a respetar y a acatar las resoluciones del Instituto Electoral del Distrito Federal y del Tribunal Electoral respecto de las elecciones para jefes delegacionales en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo, del Distrito Federal.

Por economía parlamentaria solicito se reproduzca íntegramente el presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Quezada. Como lo solicita, se insertará en el Diario de los Debates y se turna a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo para que se consideren de alta prioridad los programas de Diconsa, Liconsa y el Progama Alimentario para Zonas Marginadas, y se proponga un incremento a las asignaciones presupuestarias para el año 2010. Tiene la palabra, diputada Ramírez, hasta por tres minutos.

La diputada Narcedalia Ramírez Pineda: Señor presidente, honorable asamblea. He pedido el uso de la palabra para manifestar mi profunda inquietud por la severa disminución que se anuncia en programas de gran profundidad social como Diconsa, Liconsa y el Programa Alimentario para Zonas Marginadas, sobre todo cuando el flagelo del hambre que azota a la humanidad está tocando ya a las puertas de nuestra nación.

Liconsa hace llegar diariamente 4 millones 300 mil litros de leche enriquecida a 6 millones de beneficiarios. Diconsa tiene una presencia en el 90.4 por ciento de los municipios del país y en el 95 por ciento de los municipios indígenas, a través de más de 22 mil tiendas comunitarias, 272 almacenes rurales y 28 almacenes centrales.

El Programa Alimentario para Zonas Marginadas opera en 31 estados de la república y según la última información disponible, en el 2007 apoyó a 143 mil 423 hogares en extrema pobreza. No me referiré en este punto de acuerdo a las ineficiencias de estos programas, que son innumerables. Lo que me importa ahora es destacar la dimensión de su importancia social.

Ningún país progresa y se desarrolla si antes no resuelve el problema de los alimentos de su población. Para asegurar este objetivo, invierten y dan incentivos a sus productores o, como sucede ahora, los países más ricos o emergentes revisan sus estrategias agropecuarias y replantean su legislación de desarrollo agrícola para asegurar su producción alimentaria.

Lo primero es, pues, la comida. Me preocupa por eso que se le reduzcan, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo federal, a Diconsa casi 200 millones de pesos de su presupuesto, a Liconsa 500 millones y el Programa Alimentario para Zonas Marginadas simplemente ya no aparece en el proyecto del Ejecutivo.

Señores legisladores, estamos ante la gran oportunidad de servir a la causa de los pobres. A nosotros nos corresponde aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estamos conscientes que la coyuntura económica que vive nuestro país es delicada, pero no será sacrificando la alimentación de los que tienen poco o nada como podremos salir adelante, sino entendiendo que es con ellos, con su decidida incorporación al desarrollo, como debemos encarar nuestro futuro como nación.

Por estas consideraciones me permito proponer el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Pido a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados considere de alta prioridad los programas de Diconsa, Liconsa y el Programa Alimentario para Zonas Marginadas y proponga en su oportunidad a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que reconsidere e incremente las asignaciones presupuestarias para el año 2010 a estos programas de apoyo a los más pobres. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Diputada, a sus órdenes. Con qué objeto.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (desde la curul): Señor presidente, pido se me adhiera al punto de acuerdo que acaba de presentar la diputada, por favor.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto. Está a su disposición en la Secretaría. Señoras, señores diputados: hemos llegado a más de cinco horas de trabajo en esta sesión y por acuerdo parlamentario se ha establecido que las sesiones no deben tener una duración mayor de cinco horas. En tales condiciones, estaríamos aplicando dicho acuerdo para estar en las condiciones de trabajo de manera permanente.

Por tal motivo, le pido a la Secretaría dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Orden del día de la próxima sesión.

(Lectura de orden del día).

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, secretaria. Les informo, señoras, señores diputados, que los temas que han quedado pendientes en esta sesión se verán en la siguiente, en el orden en que estaban establecidos.

Asimismo deseo transmitirles a ustedes una comunicación que nos hace presente el señor diputado Rafael Yerena Zambrano, que manifiesta un saludo respetuoso a todas y a todos ustedes, solicitando transmitamos su agradecimiento al pleno de esta Cámara por el noble gesto que tuvieron todos ustedes con el señor diputado Yerena Zambrano con motivo del fallecimiento de su señor padre, el señor Lorenzo Yerena Peña.

Al contrario, señor diputado, todo mundo estuvimos atentos. Reciba nuestras condolencias.

Se levanta la sesión (17:02 horas) y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves, 24 de septiembre, a las 11:00 horas, en la que se llevará a cabo la comparecencia del ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública. Y se les informa que las listas de asistencia estarán disponibles a partir de las 9:30 horas.