La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 277 diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (11:43 horas): Se abre la sesión. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Continúe con el siguiente punto del orden del día, que es la lectura del acta de la sesión anterior, solicitándole también consulte a la asamblea si se dispensa ésta, en virtud de haber sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, en virtud de que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano (votación), gracias. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, hay mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra se consulta a la asamblea si se aprueba. Quienes estén por afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), muchas gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, unanimidad por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta. Pido a la Secretaría que continúe con el capítulo de Comunicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Señor presidente, se recibió comunicado y dice:
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 91 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, el sábado 10 de abril a las 10:00 horas en la Alameda del Sur, ubicada en Canal de Miramontes y calzada de Las Bombas, delegación Coyoacán.
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia. Agradezco las atenciones que se sirva otorgar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Licenciada Guadalupe Lozada León, coordinadora. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes diputados: Roberto Rebollo Vivero, Jesús Giles Sánchez y Avelino Méndez Rangel, encargándoles que cumplan con el cometido de acompañar al Gobierno del Distrito Federal. Continúe con oficio del gobierno de Durango.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió oficio del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Durango, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento. Continúe con oficio del gobierno del estado de México.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió oficio del secretario general de gobierno del estado de México, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a la designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento. Continúe con documentos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió oficio del subprocurador general de Justicia del estado de Chihuahua, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a los hechos en que perdieran la vida los jóvenes Jesús Alfredo Portillo y Flor Alicia Gómez López. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento. Continuamos con el capítulo de Iniciativas
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o., fracción III de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta; del decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta; del Impuesto a los Depósitos en Efectivo; y del Impuesto al Valor Agregado; el Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de 1995, dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Esta Presidencia recibió iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Almacenamiento Financiero y Agropecuario; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y del Código de Comercio, suscrita por los diputados Francisco Alberto Jiménez Merino, Héctor Eduardo Velasco Monroy y Fermín Montes Cavazos, del Grupo Parlamentario del PRI. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural, con opinión de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el señor diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.
El diputado Marcos Pérez Esquer: Con su venia, señor presidente. En muchas ocasiones hemos aprobado presupuestos de egresos considerando erróneamente que los efectos de los mismos duran solamente un año, cuando en realidad sus efectos alcanzan no sólo varios años, sino a las generaciones futuras, porque a través de los presupuestos podemos trasladarles un déficit o un superávit.
Un diseño correcto del presupuesto público exige adoptar una perspectiva intertemporal, que nos ayude a valorar si la deuda y el servicio de la misma serán afrontados por la generación que la originó, o por el contrario, serán trasladados a las generaciones por venir.
Un presupuesto sustentable es el que no traslada nuestras deudas a las generaciones por venir. Desde este punto de vista, justicia presupuestaria es que cada generación pague sus propios gastos.
Un gasto público responsable implica también un conocimiento preciso y una atención puntual del impacto que le representa el componente demográfico; es decir, el fenómeno del envejecimiento de la población, la disminución relativa de la población económicamente activa. Considerar pues el sistema de pensiones.
El asunto puede y debe analizarse también desde el punto de vista de los ingresos públicos, ya que los cambios en las políticas fiscales también implican modificaciones en la asignación de recursos entre distintas generaciones. Una política fiscal que se basa en los ingresos provenientes de la venta de un recurso no renovable, como lo es el petróleo, no puede considerarse sustentable. Ya estamos vislumbrando con cierto estupor el agotamiento de esa fuente de ingresos con la que se financió nuestro país durante casi 40 años.
Ante estas preocupaciones, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados ya ha presentado un primer reporte sobre sostenibilidad de las finanzas públicas en México y ha diseñado también un simulador de contabilidad generacional. Se trata de un esfuerzo inédito en México, pero incipiente todavía. Aun así, los primeros datos arrojados por estos análisis revelan que si seguimos con las mismas políticas públicas, la deuda pública aumentará sensiblemente en las próximas décadas.
Urge reflexionar sobre ello y tomar las decisiones necesarias antes de que sea demasiado tarde.
La metodología de la contabilidad generacional fue propuesta por Auerbach en 1991 y permite analizar hasta qué punto la evolución prevista de diversas variables, como la demográfica, altera los presupuestos públicos futuros.
Esta metodología funciona como una advertencia por la cual se revela que de no cambiar el sistema fiscal, el modelo presupuestario o el sistema de pensiones, o bien, si no cambiamos nuestra forma de explotación de los recursos naturales el Estado podría ser financieramente inviable.
La iniciativa que hoy presentamos pretende precisamente atender este aspecto de las finanzas públicas intergeneracionales, creando un Consejo Nacional de Contabilidad Generacional, que sin representar un costo adicional para el erario coordine la emisión de informes y reportes oportunos en esta materia.
El consejo estaría integrado de manera multidisciplinaria con servidores públicos relacionados con los aspectos que en el largo plazo más impactan a las finanzas públicas. Esta nueva entidad asumiría la obligación de generar un informe anual de contabilidad generacional para presentarlo a la Secretaría de Hacienda en julio de cada año; a su vez, la Secretaría de Hacienda lo valoraría en el marco del diseño del paquete fiscal anual e incorporaría en el informe del consejo a los criterios generales de política económica como parte integral de los mismos.
Incluir un estudio de cuentas generacionales en los Criterios Generales de Política Económica sensibilizaría a los diputados respecto del rumbo que sigue el país en el largo plazo, con las políticas públicas actuales y, por tanto, en su caso, nos sensibilizaría respecto de la necesidad de hacer cambios oportunos para evitar un futuro que eventualmente se proyecte como no deseado.
Algunos países desarrollados han venido generando este tipo de reportes desde hace varios años, según Anderson y Sheppard, algunos de los países que ya han implementado evaluaciones de presupuesto de largo plazo han mejorado sensiblemente su futuro económico. Si implementamos esta práctica en nuestro país, México hará vanguardia en este tema no sólo en América Latina, sino entre el conjunto de los países en vías de desarrollo.
La propuesta que traemos a este pleno es no sólo una iniciativa novedosa en la región, sino que va directo a lo más importante de la gestión hacendaria: dejar a nuestros hijos finanzas sanas, dejarle a las próximas generaciones un país financieramente viable.
En lo personal agradezco profundamente el apoyo brindado a este proyecto por parte de diputados de diversas fuerzas políticas, mismos que lo han enriquecido con sus comentarios, con sus aportes.
Por el PRD, firma el diputado Vidal Llerenas; por el PRI, Óscar Levín; por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Pablo Escudero; por Nueva Alianza, el diputado Roberto Pérez de Alva; por el PAN, Pablo Rodríguez, Daniel Ávila y el de la voz. Solicito a la Presidencia se incluya íntegramente el contenido de este proyecto en el Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o., de la Ley de Expropiación y 93 de la Ley Agraria.
La diputada Sofía Castro Ríos: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores.
En esta ocasión hago uso de la tribuna atendiendo a las facultades constitucionales que previene el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por supuesto el 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
Traigo a la consideración de esta honorable asamblea, una preocupación que surge de las grandes necesidades y reclamos que nos han planteado las instancias estatales, dentro de la Comisión Sur Sureste que está a nuestra responsabilidad y que hoy en día no sólo es un obstáculo sino también es una necesidad urgente.
La reforma al artículo 1o., fracción II de la Ley de Expropiación y la reforma al artículo 93, fracción VII de la Ley Agraria, por las siguientes consideraciones, por lo que me permito exponer los siguientes
Motivos
La red carretera nacional por su importancia para el desarrollo del país es considerada como un proyecto prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo y, sin duda, pilar fundamental para el desarrollo nacional y regional del país.
Para el caso del sur sureste de México, las nueve entidades federativas, los proyectos carreteros considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 son prioridad en la búsqueda de mejor desarrollo social y económico para los habitantes de las nueve entidades federativas que conforman esta mesorregión.
Lograr presupuestos suficientes para las necesidades de mantenimiento, ampliación y creación de nuevas redes carreteras, de ésta y del resto de las regiones del país, representa un reto importante en las negociaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Sumado a este reto, se presenta una segunda etapa que es la aplicación de los recursos ya aprobados por proyectos carreteros específicos que enfrentan una problemática de vacíos legales en la tenencia de la tierra y que ha sido también, por muchos años, la preocupación de los núcleos de población ejidal y comunal para preservar y garantizar sus derechos agrarios. De ahí que el Estado está obligado a proveer lo necesario para otorgar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra.
Un problema que se ha tornado recurrente en la región sur-sureste es la falta de aplicación de los presupuestos aprobados para la red carretera nacional, por inconformidades de ejidatarios y comuneros que aducen afectaciones a sus bienes y propiedades, reclamando la falta de pago establecida en la Ley de Expropiación.
Es precisamente en este sentido que, buscando garantizar plenamente los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal y comunal, se debe considerar a los derechos de vía como parte de las propiedades afectadas por la ampliación y mantenimiento de la red carretera ya existente y la creación de nuevas vías carreteras.
Los obstáculos, en unos casos plenamente justificados y en otros solamente pretendiendo lucrar y aprovechando vacíos legales, generan subejercicios presupuestales en materia de infraestructura carretera, dado a conocer recientemente por el propio secretario de Comunicaciones y Transportes en su pasada comparecencia.
Asimismo, hay estudios que ha realizado el Centro de Análisis e Investigación, Fundar, con datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público que estiman que la SCT dejó de gastar alrededor de 11 mil 332 millones de pesos, en comparación con el monto aprobado originalmente en el PEF 2009. Por lo cual, el espíritu que anima a esta iniciativa es lograr la certeza jurídica, tanto para los proyectos en las vías generales de comunicación, particularmente en lo que se refiere a los derechos de vía, como para los afectados en sus bienes y propiedades.
Por lo anterior, someto a su consideración el presente decreto a la Ley de Expropiación que adiciona el artículo 1o para quedar como sigue: Se consideran causas de utilidad pública, fracción II, incluyendo los derechos de vía previstos en la fracción III del artículo 2o de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
En cuanto a la Ley Agraria, la adición que se propone es la fracción VII al artículo 93 para quedar como sigue: Artículo 93, fracción VII, incluyendo los derechos de vía previstos en la fracción III del artículo 2o de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federales.
Ésta es la iniciativa que solicito que sea incluida de manera íntegra en el Diario de los Debates y sea sometido a consideración, en su oportunidad, de los integrantes de las comisiones respectivas a efecto de otorgarle al Ejecutivo facultades para delimitar las vías carreteras nacionales que desde los 60, desde los 40 se crearon y el día de hoy han sido invadidas por particulares, en detrimento de la sociedad mexicana en su conjunto.
Solicito a todas y a todos mis compañeros legisladores tengan a bien considerar esta iniciativa, que es de sumo interés para las entidades de nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Le agradezco su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Reforma Agraria.
El diputado Juan Huerta Montero (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame.
El diputado Juan Huerta Montero (desde la curul): Para preguntarle a la diputada si me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Diputada Castro Ríos, está usted de acuerdo en que se adhieran a su iniciativa?
La diputada Sofía Castro Ríos (desde la curul): Estoy de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo la diputada. Adelante, diputado.
Tiene la palabra el diputado Jesús Giles Sánchez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Jesús Giles Sánchez: Muchísimas gracias. Muy buenos días. Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social al tenor de las siguientes
Consideraciones
La evaluación y monitoreo de programas sociales dejaron de ser eventuales para convertirse en la regla y en insumos para los nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Desafortunadamente, en nuestro país, durante décadas existió una larga tradición de manejo político, clientelar y partidista de los programas dirigidos a poblaciones de escasos recursos.
Sin embargo, para fortalecer la operación de los programas sociales federales se ha venido construyendo un marco normativo e institucional que representa un gran avance en materia de transparencia y rendición de cuentas.
En las administraciones recientes se han dado pasos importantes en la institucionalización de la política social. Muestra de ello es que cada vez más, los programas federales destinados al combate a la pobreza, la salud, la educación, el desarrollo rural, la infraestructura social y el acceso a la vivienda cuentan con reglas de operación claras y partidas presupuestarias definidas.
El acceso a la información ha demostrado ser una de las más importantes tareas a consolidar en la agenda democrática nacional. Los indicadores de resultados deberán de reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la política nacional de desarrollo social.
Por lo tanto, por qué si la Ley de Desarrollo Social considera explícitamente de manera precisa los procedimientos técnicos para la evaluación de los programas sociales, dichas evaluaciones no han logrado que los programas sociales corrijan sus deficiencias, para después volver a ejecutarlos y observar un avance notable en los objetivos de los mismos, produciendo un impacto significativo en los niveles de bienestar de la población objetivo.
Una de las posibles respuestas a esta interrogante es probablemente que las evaluaciones realizadas arrojan resultados meramente informativos y que no son realmente observadas por las dependencias y entidades federativas.
Ciertamente, cuando se hacen públicas las evaluaciones de desempeño, impacto o resultados reciben una buena cuota de atención de los medios de comunicación, pero más allá del relativo grado de difusión que se le da a esta información; el que hasta el momento no existan mecanismos concretos destinados a alentar su uso por parte de las autoridades nacionales y, particularmente, de las autoridades locales responsables de desarrollar políticas destinadas a la población en situación de pobreza o los responsables de los programas evaluados representa una debilidad en nuestro sistema de evaluación. Las recomendaciones incluidas en las evaluaciones del Coneval no tienen carácter obligatorio y tampoco existen consecuencias palpables predefinidas ligadas al desempeño de los programas.
En síntesis, actualmente, cada uno de los programas sociales cuenta con una evaluación de impacto o resultados que es realizada por instituciones independientes del gobierno y que, en principio, sirven de guía para implementar una mejora continua sobre dichos programas; sin embargo, se precisa que las recomendaciones y sugerencias sean puntualmente atendidas, a cargo de las dependencias federales y estatales.
Lo anterior contribuiría a evitar que se sigan cometiendo errores recurrentes que se constituyen en obstáculos para el éxito de la política social y que, por el contrario, es posible que genere más marginación entre la población de escasos recursos.
En este tenor, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de
Decreto
Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:
Artículo 80. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo federal y hacerlas del conocimiento público.
Las sugerencias y recomendaciones resultado de las evaluaciones señaladas en el párrafo anterior, deberán ser consideradas para el proceso de programación y presupuestación del gasto público de los programas de desarrollo social por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal, a fin de establecer compromisos de resultados y medidas que promuevan un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto social para introducir un proceso de mejora continua en el diseño de operación y ejecución.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2010. Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.
Tiene la palabra la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Jeny de los Reyes Aguilar: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 26 y 73 fracción XXIX, inciso d), y se adiciona el inciso j) en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se sustenta en la siguiente
Exposición de motivos
En la práctica, el gobierno federal ha acumulado numerosas atribuciones; sin embargo, es evidente la necesidad de devolver a las entidades federativas y municipios el ejercicio de dichas facultades. El siguiente paso en dicho proceso es la descentralización de los programas sociales.
Esta propuesta considera que en la planeación y ejecución de los programas sociales participen directamente los ayuntamientos, a fin de acercar la toma de decisiones a los lugares donde se generan los problemas.
Se propone señalar en el artículo 26 constitucional la preeminencia de las instancias municipales en el diagnóstico de sus problemáticas, así como en la planeación de los programas para su atención, toda vez que actualmente se concentra la toma de decisiones en la Federación.
Por otra parte, resulta necesario dotar al Congreso de atribuciones suficientes para legislar en la materia.
La Ley General de Desarrollo Social se fundamentó en la facultad del Congreso para expedir leyes sobre planeación nacional de desarrollo económico y social. Dicha disposición de ninguna manera le faculta expedir leyes que establezcan la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y sólo con una interpretación muy amplia se entiende que le faculta para legislar en materia de desarrollo social, más allá del proceso de planeación.
La esencia misma de la norma fundamental es sentar las bases de organización del Estado y la distribución de competencias. Por tanto, si se ha de establecer la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en la materia debe de señalarse de materia expresa en la norma constitucional y no en la legislación secundaria.
Finalmente, consideramos que debe señalarse en el artículo 115 constitucional que los ayuntamientos no serán sólo participantes durante los procesos de planeación regional, sino los principales ejecutores de los programas de desarrollo social.
El municipio es reconocido como el núcleo del Estado, es la instancia gubernativa que se encuentra más cercana a la gente, quien está encargada de satisfacer las necesidades básicas para la vida común y que conocen de manera directa las carencias de su población. Por tal motivo, es la instancia idónea para realizar el diagnóstico de los problemas que les aquejan y proponer las medidas necesarias para promover el desarrollo de sus propias comunidades.
Este proceso debe ser paulatino para permitir que los ayuntamientos adquieran las capacidades técnicas y administrativas requeridas para tal efecto. Por tal motivo, las autoridades federales y estatales deberán implementar las medidas necesarias para facilitar la transmisión de dichas atribuciones a las instancias municipales.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 26, inciso a) y 73, fracción XXIX, inciso d), y se adiciona un inciso j) en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Único. Se reforman los artículos 26, inciso a) y 73 fracción XXIX, inciso d), y se adiciona un inciso j) en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 26. La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática y los criterios para la acumulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo federal coordine, mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas, e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
Se propone que se adicione: "En los procesos de diagnóstico y planeación de los programas destinados a promover el desarrollo social se dará prioridad a la participación de los municipios".
En el artículo 73, donde se señalan las facultades del Congreso, se propone adicionar:
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional de desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional...", y aquí es donde se adicione el siguiente texto: "y para dictar leyes que establezcan la concurrencia de los gobiernos federal, de los estados y de los municipios en materia de desarrollo social".
En el artículo 115 señala: Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para
a) a i) ?
Se incorpora el inciso j) Participar en la planeación y fungir como principal ejecutor de los programas de desarrollo social.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Deberán realizarse las adecuaciones necesarias a las Leyes General de Desarrollo Social, de Planeación, y de Coordinación Fiscal y demás normas secundarias necesarias para la implementación del presente decreto en un plazo no mayor de 180 días con posterioridad a su entrada en vigor. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente.
Iniciativa de decreto que reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
La Asamblea de Representantes del Distrito Federal, hoy Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tuvo su génesis en 1987. Fue hasta 1994, como parte de una reforma política en el Distrito Federal que se elevó como órgano de gobierno con facultades legislativas locales.
En 1996 se reformó el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para modificar la denominación de Asamblea de Representantes a Asamblea Legislativa.
Su competencia está encaminada a mejorar, mediante la labor parlamentaria, el marco jurídico que regula la vida cotidiana de los habitantes de la Ciudad de México, coexistiendo en su entorno de confluencia política con la federación, al ser sede de los Poderes de la Unión.
Por la complejidad de la Ciudad de México, con una creciente explosión demográfica, además de la problemática que implica una urbe de la dimensión de la capital de la República Mexicana, son diversos y numerosos los problemas que deben ser atendidos mediante la vía legislativa.
Una preocupación que persiste en el funcionamiento de la asamblea es la eficiencia en los trabajos que la ley le confiere. Por ello, a fin de que los diputados locales en el Distrito Federal tengan mejores herramientas y tiempos, es que consideramos necesario ampliar los periodos legislativos con los que actualmente sesiona ese órgano legislativo.
De las 27 constituciones locales vigentes a partir de 1857, 19 dividían el trabajo legislativo en dos periodos de sesiones; mientras que 8 establecían el sistema de un solo periodo, el cual sólo mantiene a la fecha Michoacán; el resto de los estados optaron por la celebración de dos periodos legislativos, y, derivado de un análisis de derecho vigente comparado en cuanto a la duración de los mismos los estados de Morelos, Tlaxcala, Baja California, Hidalgo, Colima, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza y México tienen un amplio margen de duración, en tanto que el estado de Jalisco y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sólo sesionan cinco meses respectivamente.
Proponemos homologar en la presente iniciativa los periodos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el Congreso de la Unión, que se reúnan a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo ordinario de sesiones y a partir del 1 de febrero de cada año para celebrar un segundo periodo ordinario de sesiones.
Con esta propuesta no existe incompatibilidad alguna en los tiempos electorales vigentes, pues el artículo 120 del propio Estatuto de Gobierno del Distrito Federal refiere que la jornada electoral para renovar las autoridades legislativas y ejecutiva de carácter local, así como a los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, se llevará a cabo el primer domingo de julio del año que corresponda. El inicio del periodo es el 3 de septiembre y se ajusta perfectamente al calendario referido.
Por tal motivo, la presente iniciativa tiene como propósito ampliar el periodo legislativo de la Asamblea Legislativa, teniendo como un primer periodo del 3 de septiembre en lugar del 17 y que podrá concluir hasta el 31 de diciembre siguiente. Un segundo periodo del 1 de febrero en lugar del 15, como actualmente está, y que podrá concluir hasta el 30 de abril siguiente.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo único. Se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Artículo 39. La asamblea se reunirá a partir del 3 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo ordinario de sesiones, que podrá prolongarse hasta el 31 de diciembre del mismo año; y a partir del 1 de febrero de cada año para celebrar un segundo periodo ordinario de sesiones, que podrá prolongarse hasta el 30 de abril del mismo año.
Es cuanto, diputado presidente, solicitando la inserción íntegra en el Diario de los Debates de la presente iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
Tiene la palabra el diputado Ángel Aguirre Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma.
El diputado Ángel Aguirre Herrera: Con su permiso, diputado presidente, honorable asamblea. Está demostrado que las obras de parche en caminos y carreteras sólo producen impactos negativos. Si bien, la rehabilitación y el mantenimiento de las carreteras, caminos rurales y terracerías son usualmente limitados. Debemos concientizarnos de los impactos positivos y directos, relacionados con la construcción, conservación, mantenimiento y tránsito eficaz de nuestros caminos y carreteras en todo el país.
Dentro de los aspectos generales a considerar en el apartado de obligaciones de los concesionarios no se contemplan, de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, las garantías de conservación, calidad y operatividad que otorga el concesionario, ya que se conocen los programas de ejecución cuantificados y calendarizados, los de suministro y utilización de materiales, mano de obra y equipo de construcción. Pero en ningún momento, dentro de la normativa del otorgamiento de las concesiones, se determina la responsabilidad del concesionario de entregar o conservar el camino o puente en óptimas condiciones, objeto de la concesión del mismo.
Sin embargo, como representante popular he palpado situaciones de irregularidad en la calidad de las carreteras y puentes que se logran etiquetar, dejando tirada la esperanza de muchas comunidades por algún día tener un camino digno.
Es por esta situación de insatisfacción de muchos ciudadanos que se considera prioritario, que como parte de esa garantía de vicios ocultos, se fije específicamente que la persona física o moral adjudicada debiera garantizar como parte integral de las bases de licitación no sólo la construcción, sino la conservación en buen estado durante los tres años posteriores a la conclusión de la obra pública licitada.
Esto nos dará una mayor certeza ante los usuarios, incluyendo confiabilidad en los beneficios socioeconómicos proporcionados por los proyectos de caminos y carreteras, así como la reducción de los costos de inversión, transporte y un mayor acceso a nuevos centros de empleo.
Como diputado de un distrito rural, como lo es la costa chica de Guerrero, es triste darse cuenta que en la realidad la construcción y rehabilitación de estos caminos rurales sólo puede ser emprendida como un subcomponente de un proyecto con magnitudes superiores, sin darles un lugar prioritario a las comunidades alejadas de los caminos ya existentes, o bien, alejadas de un lugar turístico, de instalaciones hidroeléctricas, o fuera de una ubicación geográfica estratégica.
En virtud de lo anterior, se plantea la creación de un marco útil para la instrumentación de proyectos y el cumplimiento de las garantías otorgadas en los procesos de licitación como parte de los mecanismos procedimentales consagrados en el reglamento de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley de Obra Pública y Servicios, Relacionados con las Mismas.
En este contexto, se pretende establecer en el apartado de las obligaciones de los concesionarios de caminos y puentes federales, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como en la Ley de Obras Públicas garantizar el funcionamiento, operatividad, calidad e inalterabilidad de las vías o puentes concesionados por lo menos tres años, además del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la SCT y las obligaciones establecidas en los títulos de concesión emitidos también por la propia Secretaría, así como en las bases de licitación.
Asimismo, la SCT podrá rehusar la recepción de un camino o puente concesionado, previo dictamen, que no cumpla con las especificaciones de la ley, las normas oficiales o el título de concesión, equiparando tal conducto al fraude sin perjuicio de las sanciones administrativas que amerite, además de las responsabilidades civiles y penales respectivas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 17 y 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y los artículos 31, 66, 68 y 77 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Es cuanto, diputado presidente. Le pido se inserte íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Transporte y de la Función Pública.
Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Policía Federal, suscrita por los diputados José Luis Ovando Patrón y Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
Tiene la palabra el señor diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 53 y 54 de la Ley General de Salud.
El diputado Sabino Bautista Concepción: Con su permiso, señor presidente. (Habla en lengua náhuatl). Es importante destacar que nuestra Constitución consagra el derecho a la protección de la salud que tenemos todos los mexicanos, precepto que se encuentra plasmado en el artículo 4o, que a la letra dice: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
Asimismo, este derecho se encuentra reglamentado en la propia Ley General de Salud, en donde se señalan las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y su concurrencia por parte de la federación y de todas las entidades federativas en materia de salud general.
Sin embargo, a pesar de ello es evidente que los servicios de salud para los indígenas han sido deficientes.
Es común ver cómo los gobiernos han centrado sus políticas en el asistencialismo, imponiendo desde arriba y de manera vertical las decisiones, e involucrando a los pueblos indígenas sólo en calidad de receptores, en lugar de escucharlos y hacerlos partícipes como creadores y promotores de las iniciativas más idóneas para su propio desarrollo.
Por tal motivo, como representante de la ciudadanía y sabedor de las demandas que manifiestan mis hermanos indígenas, acudo a esta asamblea para proponer una iniciativa que es resultado de los acercamientos constantes que he tenido con las comunidades indígenas de mi región y de todo el país.
Compañeros, la demanda que plantean mis hermanos indígenas va encaminada hacia el servicio de salud que ofrece el Estado y que hasta la fecha ha sido deficiente en el objetivo de brindar la protección de la salud de nuestros pueblos indígenas.
Es evidente a todas luces que aún persisten serias dificultades a las que se enfrentan los indígenas al acudir a recibir atención médica a los centros de salud, hospitales centrales y regionales de los diferentes estados de la república, la cual se manifiesta en razón de que el personal médico que labora en dichas instituciones no habla la lengua o el dialecto del indígena y, viceversa, el indígena no habla el español, dificultándose con ello que se pueda establecer una comunicación entre paciente y médico. Por consiguiente se presenta una deficiente atención médica en perjuicio del indígena, ya que las señas es el único diálogo para poder sanar sus padecimientos o enfermedades.
Es por ello que mi propuesta va encaminada a la necesidad para que en cada centro de salud, hospitales centrales y regionales de los diferentes estados de la república con mayor población indígena, cuenten con traductores, que se determinarán con base en la lengua que se hable, según la zona o región del estado de que se trate.
Para lograr dicho objetivo le corresponderá a la Secretaría de Salud, con la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Inegi, establecer qué tipo de traductor se requiere en cada zona del país para una atención adecuada de los servicios de salud.
Hoy día es menester que la legislación que regula la salud se adecue a las actuales circunstancias nacionales y las demandas de la población indígena ya que se encuentran con una gran problemática para acceder a los servicios médicos que brinda el Estado.
Compañeros, en un país en el que sus raíces son indígenas es una vergüenza para sus autoridades el rezago que existe para el pleno respeto de los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas.
Por ello, será de vital importancia que el gobierno federal trabaje para impulsar el desarrollo de estas comunidades y no estar implementando programas para paliar sus carencias y necesidades.
Así como no entendieron mi mensaje inicial, ésa es la barrera entre los indígenas. Por esa razón es el momento de que el Congreso continúe con su lucha por el pleno reconocimiento de nuestros hermanos indígenas.
Señores legisladores, nuestros hermanos indígenas también son mexicanos; no olvidemos eso. Por tal motivo solicito su respaldo a mi propuesta, no por el bien de unos cuantos, sino por el bienestar de todo un pueblo. Ha llegado la hora de que el Estado mexicano reconozca sus raíces.
Es cuanto, señor presidente. Le solicito que se inserte el texto de mi iniciativa al Diario de los Debates. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Salud.
Señoras diputadas y señores diputados, contamos con la visita de alumnos de la escuela secundaria técnica 24, Felipe Carrillo Puerto. Sean ustedes bienvenidos.
Pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y que dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: ¿Falta alguna diputada o algún diputado por registrar su asistencia? Está abierto el sistema. ¿Falta algún otro diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia registrada de 406 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no hayan registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para hacerlo por cédula.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Grupo Parlamentario del PAN para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
La diputada Mirna Lucrecia Amacho Pedrero: Con su permiso, señor presidente. La de la voz, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, diputada federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un quinto párrafo al artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, con base en la siguiente exposición de motivos.
El sistema penitenciario mexicano es muestra clara de grandes deficiencias y desigualdades, por lo que es importante revisarlo en su conjunto y proponer mecanismos que permitan ir adecuando el marco jurídico que garantice una mejor readaptación social.
En esta ocasión enfatizo en el área de los servicios médicos que se brindan a los hombres y principalmente a las mujeres que se encuentran recluidas en algún centro federal de readaptación social, por lo que en la presente iniciativa propongo que se brinden servicios de atención médica que permitan a los internos e internas la atención y resolución de sus problemas de salud, así como precisar que en los centros de reclusión para mujeres existan servicios ginecológicos necesarios para su atención especializada.
La prestación del servicio médico a los internos, y en particular a las mujeres internas en los centros de reclusión de nuestro país, regularmente quebranta su derecho humano a la protección de la salud por no contar con servicios médicos necesarios o mínimos.
De acuerdo con informes presentados por los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la situación de los internos e internas en la mayoría de los centros de reclusión del orden federal y de las entidades federativas predominan problemas de sobrepoblación y hacinamiento; asimismo, informan que en la mayoría de los centros de reclusión del país se presentan graves deficiencias en la prestación del servicio médico, lo cual vulnera el derecho a la protección de la salud de los internos y esto puede derivar en un problema de salud pública.
Existe en México un total de 431 centros penitenciarios, desde los reclusorios preventivos de las grandes ciudades y los centros federales de alta seguridad, hasta las cárceles de menor estructura. De acuerdo con reportes en 2009 de la Secretaría de Seguridad Pública, del total de la población recluida, que resulta de 218 mil 832, el 95 por ciento está conformado por hombres y 11 mil 469 por mujeres, que en porcentaje resulta ser el 5 por ciento son mujeres. 266 del total de los centros penitenciarios del país cuentan con mujeres recluidas, de los cuales tan sólo nueve son centros femeniles, con una población de tres mil 076 internas.
En el resto de los centros penitenciarios que cuentan con mujeres, existe una pequeña sección que alberga a esta población, constituyendo esto la primera fuente de desventaja para ellas debido a que el sistema se encuentra estructurado tomando como modelo al hombre; la mujer es en todo caso una especie de apéndice que se agrega a dicho modelo. Basta mirar el diseño de las prisiones, la distribución de sus espacios, o bien sus normas, para corroborar que en ellos no se toman en cuenta las necesidades específicas de las mujeres.
De acuerdo a resultados de los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se advierte de manera especial, que los centros de reclusión para mujeres generalmente no cuentan con los servicios de medicina general y mucho menos con servicios ginecológicos, que les proporcione la atención especializada que requieren las enfermedades propias de su sexo.
Cabe insistir en que dadas las condiciones de desigualdad, tanto social como de género para la mujer, los sistemas de procuración y administración de justicia reproducen una situación de desigualdad, por lo que el sistema penitenciario mexicano necesita definir una política de género que garantice un modelo adecuado de atención de las necesidades de las mujeres recluidas, tomando en cuenta su vulnerabilidad y situación de desventaja principalmente por el abandono de su familia que es más recurrente que en el caso de los hombres.
Esta propuesta de adición responde a la necesidad de ir adecuando nuestro marco jurídico a la realidad social, para garantizar el ejercicio y disfrute de derechos fundamentales, como es el derecho a la salud, en este caso, de las mujeres recluidas a fin de que cuenten con atención médica especializada y permanente, centrada en la prevención y no sólo en la atención de la emergencia, que trae como consecuencia que las enfermedades de las internas y los internos, incluso las más comunes, no sean atendidas de manera oportuna, aunado ello a que generalmente no se cuenta con medicamentos suficientes para tal efecto.
Por lo que dichas carencias, se reduzcan a pláticas esporádicas sobre diversas enfermedades y que prácticamente no existan programas de prevención de padecimientos y detección oportuna de enfermedades crónico degenerativas.
Esta propuesta subraya la necesidad que tienen las mujeres a la atención oportuna y especializada para prevenir y atender enfermedades propias de su naturaleza, mismas que determinan un mayor grado de vulnerabilidad.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, el cáncer de mama en México es la primera causa de muerte oncológica en mujeres en edad reproductiva y es, en su mayor parte, la edad de la población que albergan los centros en comento.
Por lo que esta situación exige una estricta vigilancia y la instrumentación de campañas de salud preventiva y detección temprana en la población de alto riesgo.
Por ello, confirmo que el presente proyecto propone que los servicios de medicina general, y en el caso de los centros de reclusión que albergan mujeres, los servicios ginecológicos especializados sean permanentes.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona un quinto párrafo al artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Artículo único. Se adiciona un quinto párrafo al artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Los Centros Federales de Readaptación Social deberán contar con la infraestructura y personal especializado para brindar atención médica a los diversos problemas de salud de las internas y los internos. En el caso de los centros de reclusión que alberguen a mujeres se deberán brindar servicios ginecológicos integrales especializados.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo en San Lázaro a los 7 días del mes de abril de 2010. Le solicito, señor presidente, se inserte el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
Tiene la palabra el señor diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para el Desarrollo y Protección a Madres Solas o Solteras.
La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Díaz, dígame.
La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (desde la curul): Para solicitar a la diputada Mirna Camacho que nos permita adherirnos a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Camacho, ¿acepta que se adhieran a su iniciativa?
La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, acepta. Pasen ustedes a firmar. Adelante, señor diputado.
El diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
Esta iniciativa de Ley Federal para la Protección y el Desarrollo de las Madres Solas o Solteras debimos haberla presentado en el marco del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo; sin embargo, por los tiempos parlamentarios lo hacemos a casi un mes.
El que suscribe, Fermín Alvarado, diputado federal del PRI por Acapulco, y los diputados federales del PRI, de Guerrero, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución, y 55, fracción II, y 56, del Reglamento para el Gobierno Interior, me permito someter a consideración de esta alta soberanía la presente iniciativa de Ley Federal para la Protección y el Desarrollo de las Madres Solas o Solteras al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Las mujeres aún enfrentan situaciones de discriminación por cuestiones de género, menos posibilidades de empleo, actividades precarias dentro del mercado laboral, bajos salarios, dobles o triples jornadas de trabajo, carencia de servicios que faciliten la conciliación entre sus múltiples responsabilidades como el suficiente número de guarderías, que no ofrecen horarios vespertinos ni nocturnos.
El Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 1994-2009 señala que la proporción de hogares jefaturados por una mujer se ha incrementado 33 por ciento al pasar de 17.3 a 23 por ciento entre 1990 y 2005.
De acuerdo con el Inegi, al cuarto trimestre de 2008, en el 24.8 por ciento de los hogares mexicanos se encuentra una mujer como única generadora de ingresos; en el caso de Guerrero, en casi 4 de cada 10 hogares.
Ahora bien, las madres solas, es decir, solteras, separadas, divorciadas o viudas, agravan su vulnerabilidad al desempeñar grandes jornadas de trabajo, además de atender a sus hijos en sus necesidades de alimentación, educación, salud, recreación y en muchos casos, a sus progenitores o a algunos de ellos, al dejar de ser éstos productivos.
Por una u otra razón es cada vez mayor el número de madres solas. Por ello, como candidatos del PRI en campaña nos comprometimos a impulsar la legislación que permita instrumentar políticas públicas interdisciplinarias donde las madres solteras no sean vistas por el Estado como las responsables únicas y totales del sustento económico de uno o más de sus hijos.
Hoy sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el propósito de brindar un apoyo a las madres que asumen solas la responsabilidad del sustento económico de sus hijos, a través del otorgamiento de un recurso económico que contribuya, en parte, a la alimentación de los mismos, a la prestación de servicios médicos con medicinas gratuitas sin costos de recuperación en los casos en que carezcan de cualquier servicio del sistema de seguridad social del Estado o de la federación, así como apoyo para su educación y capacitación para el trabajo, proyectos productivos, asistencia social y becas educativas para sus hijos, como aspectos que deberán otorgarse siempre que llenen los requisitos de vulnerabilidad que se señalan en el articulado de la iniciativa.
Estamos conscientes de que los recursos son limitados. Por ello, la iniciativa va dirigida a madres solteras o solas del país, de escasos recursos económicos, que representen la única fuente de ingresos para el sostén de su familia, que perciban dos salarios mínimos o menos, con hijos de cero a 15 años que participen de manera regular en el sistema de educación pública y que no existan incidíos de que éstos sean objeto de violencia o explotación por parte de su progenitora.
Este afán no asistencialista, constituye al Estado en un impulsor del valor de la justicia, con un criterio de equidad, a través de una conjunción de recursos entre los órdenes federal y estatal, con la colaboración de los ayuntamientos, para contribuir a que las madres solteras o solas cumplan en un marco de dignidad, la obligación alimentaria con sus hijos cuidando, claro, que no se corrompa esta ley por fines electorales.
Además, a través de esta iniciativa establecemos la oficiosidad del procedimiento del juicio de alimentos hasta la ejecución de la sentencia, que promuevan a través de una simple comparecencia verbal ante el juez de primera instancia del ramo familiar o mixto, y presenten los documentos que acrediten la paternidad o el vínculo matrimonial, según el caso, debiendo reunir los requisitos previstos en el Código Procesal Civil de la entidad de que se trate. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el señor diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 76 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.
El diputado Nazario Norberto Sánchez: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados presentes, en el marco de la modernización del sistema judicial mexicano, nos encontramos con instituciones procesales que han demostrado su efectividad durante su permanencia en la práctica judicial. Una de ellas es sin duda el juicio de amparo, que fue concebido en el siglo XIX como la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda oponerse y sea protegido contra actos arbitrarios o abusivos desplegados por el ejercicio del poder público.
El principio de la relatividad de las sentencias consiste en que la resolución que otorga la protección constitucional contra actos y leyes, únicamente tiene efectos en el caso concreto en que se pronuncia la sentencia y beneficia tan sólo a la persona moral o física que la haya solicitado, prohíbe que en la sentencia se haga una declaración general del acto de ley a que se refiere la impugnación de inconstitucionalidad.
En mi concepto, la incorporación de este principio al juicio de amparo ha traído la muy importante ventaja de impedir que el Poder Judicial se coloque en posición de superioridad a los otros dos poderes, y debo admitir que también ha producido desventajas. Una de ellas consiste en que no obstante que un órgano de alta especialidad, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al revisar la legislación y las disposiciones reglamentarias emanadas del Poder Ejecutivo, ya federal, ya estatal, declara que fueron emitidos en forma contraria a la Constitución.
Esa resolución únicamente produce efectos en el caso concreto en que fue dictada, y al resto de los ciudadanos que se encuentren en las hipótesis de la ley o reglamento declarado inconstitucional, se les continúa aplicando sin más.
En la iniciativa se destaca que existen opiniones a favor y en contra de la desaparición del principio de la relatividad de las sentencias, y se citan los argumentos que sustentan unas y otras, pero una reflexión cuidadosa de la situación que actualmente guarda permite concluir que no es posible que permanezca tal y como se encuentra formulado tanto el artículo 107, fracción II de la Constitución y el artículo 76 de la Ley de Amparo, ni tampoco es factible que desaparezca.
La declaración de inconstitucionalidad hecha por los organismos de la Suprema Corte respecto de un acto legislativo o reglamentario, con efectos generales, traerá como consecuencia directa e inmediata la anulación de la ley o reglamento de que se trate. Lo que provocaría un vacío legal en cuanto atañe a la parte que trató de regularse o prevenirse.
Pero igualmente, su permanencia en la forma en que se encuentra planteada desde el siglo XIX, causa la sensación de que quienes tienen la posibilidad económica de acudir a profesionistas especializados en el juicio de amparo, logran la protección contra leyes o reglamentos que pugnan con los principios constitucionales, que siguen aplicándose a quienes no acuden al juicio de garantías.
Pienso que la solución se encuentra en lograr una posición ecléctica que permita al Poder Judicial de la Federación continuar con la labor equilibradora entre las funciones desempeñadas por los otros dos Poderes públicos, sin que ello signifique una injerencia indebida en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, de manera que no quede exclusivamente en sus manos la corrección de leyes o reglamentos que han sido declarados inconstitucionales, sino que tal función permanezca en quien la Constitución General de la República ha depositado la atribución correspondiente y se realicen los procedimientos establecidos al efecto de garantizar la certeza jurídica que la propia Carta Magna preconiza a favor de los ciudadanos.
Dicho en otras palabras. En mi opinión, la solución se encuentra en que una vez declarada por jurisprudencia y no por tesis aislada la inconstitucionalidad de una ley o reglamento, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita un comunicado al Poder Legislativo federal o estatal y al titular del Poder Ejecutivo federal o estatal, dándole a conocer los motivos por los cuales se realizó la declaratoria de inconstitucionalidad, para que estos a su vez inicien el proceso legislativo y lleven a cabo la adecuación de la ley a los postulados constitucionales que fueron transgredidos y se haga exactamente lo mismo con los reglamentos, para que el presidente de la república y los gobernadores ajusten los reglamentos a la Constitución.
En este sentido, señoras diputadas y señores diputados, es que se ha planteado la reforma al artículo 107, fracción II constitucional y al 76 de la Ley de Amparo, para moderar el principio de la relatividad de las sentencias; y que para las declaraciones de inconstitucionalidad de leyes y reglamentos no queden únicamente en el ámbito de los intereses jurídicos de quien pidió el amparo. Pero tampoco que se permitan vacíos legales, sino que los órganos encargados de emitir las leyes y reglamentos, y en uso de sus atribuciones constitucionales y legales hagan las adecuaciones correspondientes. Diputado presidente, solicito se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.
Se recibió del diputado Diego Guerrero Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Omar Fayad Meneses: Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy vengo a hacerles un planteamiento formal para que podamos producir un cambio en la Constitución y para que se produzcan los cambios necesarios en la ley en un tema que me parece fundamental, porque es un tema que tiene que ver con la seguridad pública, tiene que ver con la procuración, con la administración de justicia, tiene que ver con el sistema de justicia para menores.
Sobre todo, tiene que ver con el sentimiento que hoy tiene y guarda la sociedad mexicana respecto de los que está ocurriendo en materia de crimen organizado, que lastima a una sociedad como la nuestra, que lastima a las familias, que está aprovechando la vulnerabilidad de menores de edad, de jóvenes mexicanos, y que cuando menos respira nuestra sociedad que no estamos haciendo lo suficiente, que no estamos cumpliendo con nuestra parte; por eso vengo a presentarles esta propuesta que me parece que podría venir a dar una respuesta importante en un tema de mucha trascendencia.
Quiero decirles, antes de comentarles en sí en qué consiste la propuesta, que a lo largo de nuestra historia, aquí, en México, a los menores de edad se les ha tratado de diversas formas en la legislación. Se les trató como responsables penalmente, y estoy hablando desde 1871 y desde las ideas juaristas de cómo debía de tratarse este asunto; se les ha hecho sujetos a sanciones alternativas, cuya gravedad dependía del delito cometido y de su peligrosidad, y posteriormente como objetos de su protección.
Esta evolución del planteamiento de la justicia para menores infractores en México no es para señalarnos como un sector potencialmente peligroso; o sea, mi intención no es venir a presentarles el potencial de peligrosidad que tienen nuestros menores, sino como un sector que, si bien es sujeto de derechos, que debe ser protegido ante las influencias negativas, siendo así reconocido en forma explícita por nuestra propia Constitución ya en el artículo 18 y por la Ley para la Protección de Niñas y Niños, así como los tratados internacionales, aquellos documentos que ha signado México, en los que nos hemos comprometido a verlo de esa manera.
¿Por qué les pongo este antecedente? Pues porque evidentemente la propuesta tiene que ver con un cambio que va a llamar la atención y va a generar polémica no sólo en esta Cámara de Diputados, sino en muchos sectores de la sociedad. Va a generar polémica seguramente para que sea analizada a la luz de nuestros convenios y convenciones internacionales y de aquellos tratados a los que estamos obligados y, porque la índole de la propuesta fundamentalmente, de verdad quiere darle respuesta a los mexicanos.
Miren ustedes, casos que hemos vivido. Un menor de 18 años comete un crimen artero, violento, con premeditación, alevosía, ventaja, se sabe perfectamente la intencionalidad que tenía de cometer la conducta y sabe perfectamente el resultado de la conducta; y sin embargo, con una ley que sólo se dedica a proteger los derechos de los menores, la sociedad se siente vulnerada, se siente agraviada, se siente desprotegida.
Vivimos un caso en el que un menor de edad en Tabasco, después de privar de su libertad a una familia, viola a la madre de familia, asesina a toda la familia, y la intencionalidad se sabía desde que hay declaraciones en las que se comenta que tuvo la capacidad y el tiempo para ir a comprar desde preservativos para poder cometer el acto de violación. No es posible que bajo esas circunstancias no hagamos algo.
Tiene que producirse un cambio. Los menores de 18 años que cometan delitos graves, que participen en narcotráfico, en crimen organizado, en secuestro, en homicidios violentos, tienen que ser vistos ante la ley y ante la Constitución de otra manera.
Tenemos que darle respuesta a la ciudadanía, estamos obligados a hacerlo, y por eso les pido que suscriban esta iniciativa de ley que permite modificar el artículo 18 de nuestra Constitución, en su último párrafo, para permitir que los menores de edad que tengan plena conciencia y participen en los delitos que señalé paguen, como está esperando la sociedad que paguen por sus actos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Continuamos con el orden del día y pasamos al capítulo de Proposiciones
Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo referente al embargo camaronero impuesto por Estados Unidos a México, suscrita por los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI, PRD y Verde Ecologista de México. Misma que se turna a la junta de Coordinación Política.
Se recibió de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política en relación con el caso del multihomicidio de adolescentes y jóvenes en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Misma que se turna a la Junta de Coordinación Política.
Se recibió de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ponga en estado de resolución el recurso de apelación de las ciudadanas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, recluidas en el Cereso de San José el Alto, Querétaro. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Se recibió del diputado Hugo Martínez González, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes agilice la suscripción de los acuerdos y convenios de reasignación con las entidades federativas y tome las medidas necesarias para evitar subejercicio del gasto, suscrita por diputados integrantes del PRI. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes.
Se recibió del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas que a la fecha no hubiesen adecuado su marco legal en materia de seguridad pública, realicen las reformas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo mandatado en el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional en materia de seguridad pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
Se retira la proposición que había presentado el señor diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Se recibió del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca.
Se recibió de la diputada Leticia Robles Colín, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del gobierno del Distrito Federal a balizar los carriles de circulación del tramo de la carretera México-Toluca. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.
Se recibió del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal implemente acciones que ayuden a desarrollar la conciencia sobre el grave problema hídrico, suscrita por los diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se recibió del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al ISSSTE el respeto al derecho de elección, contenido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Se recibió del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al consejero presidente del IFE establezca una mesa de diálogo con la representación de los trabajadores para atender la problemática laboral y los despidos en el propio instituto. Se turna a la Comisión del Trabajo y Previsión Social.
Se recibió del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal instruya a las secretarías de Educación Pública y de Comunicaciones y Transportes a implementar un programa de gobierno mediante el cual se proporcione acceso gratuito a Internet en todas las plazas públicas del país. Se turna a la Comisión de Comunicaciones.
Asimismo se recibió del diputado Marcos Carlos Cruz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores apoye a los mexicanos migrantes que luchan por su derecho al trabajo digno y por el respeto a los derechos humanos en los Estados Unidos de América. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Se recibió de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice el pago a los trabajadores y ex trabajadores de Pemex, por concepto de sus aportaciones para el seguro de vida en el periodo comprendido entre 1970 y 1992. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se recibió del diputado Emilio Mendoza Kaplan, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública implemente estrategias y mecanismos necesarios para vigilar que en todas las escuelas particulares de educación básica se utilicen los libros de Texto Gratuito. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revertir la estrategia de reducción arancelaria para la importación de acero, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Melchor Sánchez de la Fuente. Con su permiso, señor presidente. Sería un error utilizar esta tribuna en temas que no sean trascendentales para nuestro país.
En realidad mi preocupación está basada en el gran problema de México, que es el desempleo. Un problema que solucionándose se solucionaría muchos problemas de inseguridad, problemas de delincuencia, problemas que hemos estado comentando continuamente en esta tribuna.
He platicado con muchos de ustedes y allá abajo, en lo privado, en lo particular, coincidimos incondicionalmente en temas fiscales, temas de fondo, temas que tenemos que abordar no nada más en la tribuna, sino también en las comisiones tenemos que entrarle y tarde que temprano tendremos que aprobar o desaprobar en esta tribuna.
Por tal motivo me permito, con su permiso, señor presidente, buenas tardes; compañeras y compañeros, los diputados federales de Coahuila del Grupo Parlamentario del PRI, en voz de su servidor, Melchor Sánchez de la Fuente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente
Exposición de motivos
Durante 2009 se redujo en 18.9 por ciento la producción siderúrgica nacional. La industria nacional del acero produjo un total de 14 millones de toneladas, contra 17.2 millones de toneladas en 2008. La industria acerera nacional cuenta con una capacidad instalada para producir 22.2 millones de toneladas.
Por su parte, el mercado interno tuvo un consumo de 17.7 millones de toneladas, de ahí que se haya reflejado una diferencia entre la cantidad de producto y su demanda de por lo menos 3.7 millones de toneladas anuales, mismas que fueron cubiertas vía importaciones, a pesar de que nuestra capacidad instalada fue mayor que nuestro consumo nacional.
Nuestros industriales del acero tienen la capacidad total para producir el consumo nacional. ¿Por qué tenemos que importar de una manera indiscriminada?
La industria del acero es responsable de la generación y mantenimiento de 53 mil empleos directos y 550 mil indirectos. Según cifras del Inegi, tan sólo en 2008 el valor de la producción de la industria acerera fue de 270 mil 648 millones de pesos, lo que representa el 2.2 por ciento del producto interno bruto total nacional, el 6.2 por ciento del producto interno bruto industrial nacional y el 12.2 por ciento del producto interno bruto manufacturero nacional. Importante, realmente importante para nuestra economía nacional.
Aunado a lo anterior, la industria siderúrgica nacional tiene una estrecha vinculación con distintos sectores clave de la economía nacional, como es el automotriz y el de autopartes, el metalmecánico y el de la construcción, mismos que aglutinan cerca de 35 por ciento del empleo generado en el sector de la transformación de nuestro país.
De lo anterior señalado se desprende la importancia que esta industria representa para la estabilidad y crecimiento económico de México; sin embargo, lejos de incentivarse su desarrollo, desde el 2008 éste se ha visto frenado ante el incremento de las importaciones de acero provenientes de otras latitudes.
Esto debido en gran medida a las disposiciones adoptadas por la Secretaría de Economía, a través de su programa Facilitación Comercial: una Reforma Estructural, cuya propuesta principal era reducir el promedio arancelario industrial de 10 por ciento al 5 por ciento, que trajo como consecuencia la contracción de esta industria acerera.
Esa situación parece irónica porque una de las premisas principales del programa de la Secretaría de Economía para la disminución arancelaria fue incrementar la productividad del mercado nacional, al contar éste con materias primas a precios competitivos a nivel internacional; sin embargo, al realizarse una reducción indiscriminada de aranceles, sin tomar en cuenta la naturaleza de los productos y sus países de origen, se expuso a nuestros productores nacionales a situaciones de mercado adversas, propiciando además prácticas desleales del extranjero, que se tradujeron en desventajas competitivas para la industria del acero.
Aquel programa federal reconoce que de su aplicación derivan circunstancias en las que habría industrias ganadoras y otras perjudicadas. Justifica su aplicación mencionando que las industrias agroalimentarias de la construcción, de servicios y de comercio son las que mayor empleo generan; sin embargo, en ese documento se desestimaron los efectos que las reducciones arancelarias tendrían sobre la industria fabricante de insumos y manufacturas.
Precisamente en esa situación se coloca al estado de Coahuila, en donde la industria del acero genera 20 mil 548 empleos directos, lo que representa el sustento económico para 100 mil coahuilenses, de tal manera que la contracción o desaparición de la industria acerera significaría un grave retroceso económico con graves efectos para la población local.
Bajo este contexto, no pueden esgrimirse argumentos que intenten justificar que los precios del acero de importación son competitivos frente a los nuestros, porque, en primer lugar, el acero importado es producido con enormes subsidios gubernamentales, y en México no hay subsidios para la industria del acero.
Esto, sin duda, frente a nuestros productos, genera prácticas de dumping; como sucede con países como China, Rusia e India, que son tres de los principales exportadores del acero a nivel mundial, y porque al reducir los aranceles a países con los que no tenemos tratados comerciales y cuyos precios internacionales de venta son ficticios, lleva a nuestra industria acerera a enfrentar prácticas comerciales desleales a nivel mundial.
Estimamos, que de mantenerse la tendencia de reducción y posible eliminación de aranceles, tendrá graves consecuencias para la economía del sector y para el país en general. Nos vamos a convertir, en vez de fabricantes, en vez de atractivos, vamos a convertir a nuestro país en una bodega de representantes de firmas extranjeras y no vamos a producir, no tendremos los empleos necesarios para nuestra gente.
El creer en los beneficios de un precio irreal, en particular del acero chino, es absurdo, ya que los precios internacionales, en estos casos?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado, por favor.
El diputado Melchor Sánchez de la Fuente: Le pido, señor presidente, voy a terminar. Con muchísimo gusto he escuchado muy detenidamente que todos los expositores se pasaron de su tiempo. Le pido, por favor, de la manera más atenta, que me dé un minuto más.
Ya que los precios internacionales, en estos casos, no cubren siquiera los costos de producción, por lo que, sin duda, detrás de ello se opera una estrategia para desplazar a las industrias nacionales, para después crear dependencia hacia sus exportaciones, cuyos precios se fijan, aprovechando la debilitada competencia interna, que nosotros los mexicanos propiciamos, en México.
Aumentar la posibilidad para que mercancías con precios ficticios ingresen a nuestro mercado, de ninguna manera nos llevará a ser más competitivos, por el contrario, sólo sacrifica sin justificación ni beneficio a nuestra industria y el empleo de cientos de miles de mexicanos que dependen, en este caso, de la industria acerera.
¿Cuántas fábricas tienen que cerrar? ¿Cuántos empleos tenemos que perder? Para que nosotros reaccionemos y tomemos las decisiones y reformas de fondo que se necesitan para crear las condiciones para el desarrollo.
Por lo anterior descrito, los diputados suscribientes presentamos a esta honorable soberanía, el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a revertir, en los términos administrativos y legales que correspondan, la estrategia de reducción arancelaria para la importación de acero, en virtud de los graves efectos negativos que esta medida tiene actualmente sobre la industria siderúrgica nacional.
Señor presidente, le agradezco su tolerancia. Le pido que mi exposición sea plasmada íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias, señores diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Economía.
El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El señor diputado Jorge López-Portillo ha solicitado hacer uso de la palabra. Diputado, dígame.
El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Nada más para solicitarle a nuestro compañero, si tiene a bien permitirme sumarme a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Diputado Sánchez de la Fuente está usted de acuerdo en que se adhiera?
El diputado Melchor Sánchez de la Fuente (desde la curul): Estoy de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo. Todas y todos aquellos diputados que deseen suscribir la proposición del señor diputado Melchor Sánchez de la Fuente, pasen por favor a la Secretaría.
Tiene la palabra el señor diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública incluya en el Reglamento de las Cooperativas Escolares la prohibición de venta y comercialización de alimentos que incidan en obesidad infantil.
El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez: Con su permiso, señor presidente. A todas y a todos los diputados, buenas tardes. La obesidad y el sobrepeso son una enfermedad multifactorial, donde los inadecuados hábitos alimenticios, en especial en los niños y en la edad escolar impactan tanto en la enfermedad como en su costumbre alimentaria todo el resto de su vida.
El sobrepeso y la obesidad implican para nuestro país cinco millones de niños en estas condiciones. De continuar así, el sistema de salud nacional colapsaría cuando ellos sean adultos, porque implicaría más de 2 mil millones de pesos lo que se tendría que invertir.
Cuando uno come y come sanamente, debe comer tres comidas al día y dos colaciones. Cinco comidas al día.
Los niños cuando van a la escuela se tiene que el 40 por ciento de ellos no van con algún alimento y de esto surge la necesidad de que consuman alimentos ahí, que pueden ser comprados en las cooperativas, comprados en las periferias de las escuelas o que los lleven de luch de su casa.
Esto hace necesario que las escuelas sean un lugar seguro para comer, que se creen hábitos y actitudes de consumo saludable para que la alimentación sea adecuada y equilibrada, completa y suficiente, así como higiénica y una estrategia integral para resolver los problemas de salud con corresponsabilidad de todas y todos.
Por ello y basado en el reglamento, el punto de acuerdo que proponemos es que la H. Cámara de Diputados apruebe instar al titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, a incluir en el Reglamento de Cooperativas Escolares la prohibición de ventas de alimentos con bajo o nulo valor nutricional o con alto contenido calórico, que inciden en la obesidad.
Asimismo, publique el reglamento a la brevedad posible en el Diario Oficial de la Federación y se haga una campaña de difusión en el sector educativo público y privado del país, para que esto entre en efecto en nuestro país.
Es importante, aprovechando el tiempo que me queda, señalar que el día de hoy es el Día Mundial de la Salud. Yo invito a que reflexionemos, que según el Coneval, 42 millones de mexicanos no tienen verdadero acceso real a la salud.
El día de ayer, fue Día Mundial de la Actividad Física. Estamos en días muy festejados de la salud, pero desafortunadamente no hemos resuelto ése problema. Se necesita un cambio profundo en el sistema de salud donde se tenga una Ley General de Salud, un código sanitario y se tenga una Ley de Protección a la Salud, que garantice lo que se ha dicho mucho en el discurso y no ha sucedido en la realidad: el acceso universal a los servicios de salud.
Ojalá se incluya esto en el Diario de los Debates y muchas gracias, presidente. Con permiso.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Insértese, como lo solicita, en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra la diputada Silvia Isabel Monge Villalobos, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz revoque la publicación de la Gaceta Oficial?
El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Velázquez, dígame.
El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente (desde la curul): Para pedirle al diputado Heladio Verver, si me permite firmar junto con él ése punto de acuerdo que acaba de presentar.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Está usted de acuerdo, diputado?
El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo. Pasen, por favor, todas y todos aquellos que deseen firmarlo, a la Secretaría.
La diputada Silvia Isabel Monge Villalobos: Con su permiso, diputado presidente. Por mi propio derecho en mi carácter de diputada por Veracruz, de esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión; de secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De antemano solicito a la Presidencia de esta Mesa que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Es por todos bien sabido que el agua es un recurso natural fundamental para la vida, salud y desarrollo social, cultural y económico de los seres humanos. Los humedales juegan un papel fundamental en el ciclo del agua, además de ofrecer una gran cantidad de bienes y servicios ambientales al ser hábitat propicio para el desarrollo de una enorme cantidad de flora y fauna silvestre, teniendo como una de sus principales funciones la protección contra tormentas y mitigación de crecidas.
En fechas pasadas, para ser preciso el 10 de marzo del presente año, a tan sólo un mes, el diputado Julio Saldaña Moral presentó punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades municipales de Veracruz, a la Semarnat y a la Conagua, a no autorizar proyectos de construcción en el humedal de Tembladeras.
El 31 de marzo realicé una visita al humedal de Tembladeras acompañada por diversos grupos ambientalistas y ciudadanía preocupada por el relleno que se está desarrollando ya en el predio, y que desde hoy pido que quede asentado en el Diario de los Debates la amenaza latente y predecible de inundaciones en la zona, mismas que ya nos han dejado tristes momentos, aun sin construir en este humedal. En esta visita pude constatar que continúan los trabajos de urbanización y relleno en la zona.
Compañeros diputados y diputadas, quienes integran las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Recursos Hidráulicos, de Salud, y las especiales en materia de Protección Civil y Cambio Climático; a los mismos compañeros del Partido Verde Ecologista y a todos los grupos parlamentarios, los conmino a sumarse a este punto de acuerdo en el que los únicos colores visibles son los del entorno ambiental, los del respeto a la vida, los del cuidado de nuestro ecosistema y los de la protección a la ciudadanía.
Por tanto, exhorto al gobierno del estado de Veracruz a revocar la publicación de la Gaceta Oficial extraordinaria, del 9 de noviembre de 2009, donde sin previo estudio ni autorización de los municipios afectados hizo el cambio de uso de suelo de la zona ecológica de preservación a urbano condicionado, a la zona de Tembladeras y humedales de convergencia, los cuales se encuentran en los municipios de Boca del Río, Veracruz, Medellín y que conviven con los manglares del área natural protegida de Arroyo Moreno, bajo el argumento de que son pastizales y potreros, siendo que en la Gaceta Oficial del estado del 19 de agosto de 2008 se marca como zona ecológica de preservación, y el cual quedó fundamentado con estudios previamente realizados a consecuencia del desastre natural llamado Stan, que ocurrió apenas en 2005, del que se obtiene que cerca de 4 mil hectáreas, en su mayoría son humedales, tal y como lo marcan las normas oficiales de Semarnat, cumpliendo con la definición internacional de humedal, que a la letra dice:
Humedal costero. Se basa en la integridad del ecosistema que incluye la unidad fisiográfica inundable y de transición entre aguas continentales marinas y la comunidad vegetal que se ubica en ellas, así como las regiones marinas de no más de 6 metros de profundidad, con relación al nivel de medio de la marea más baja.
En vista de lo anterior, resulta oportuno destacar que dentro de dicha zona se encuentran pantanos dulceacuícolas de bosque, zapotales, anonas, tasistales, con vegetación herbácea emergente; tulares, popales, misma vegetación que marca la definición internacional de humedal, agregando que se cuenta con colonias de manglares blanco, negro y rojo; especies que se encuentran dentro de la norma oficial NOM-059-SEMARNAT-2001, que incluye las especies nativas de México de flora y fauna silvestre; categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio, y la lista de especies de riego.
Asimismo, la NOM-022-SEMARNAT-2003 establece dicha especificación. Además de este humedal, donde se puede aprovechar también la extracción de agua dulce para uso y consumo de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín, que actualmente está padeciendo los estragos de falta del vital líquido en época de estiaje por el bajo caudal que presenta el río Jamapa.
Como integrante de este grupo parlamentario estamos ?estoy y seguramente ustedes también? a favor del desarrollo urbano, la modernización y generación de fuentes de empleo, siempre y cuando no se afecte la integridad del medio ambiente y mucho menos se exponga a los vecinos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín, a sufrir cualquier tipo de devastación a causa de los desastre naturales; por lo tanto, deseamos tener un desarrollo humano sustentable.
Concluyo con el punto de acuerdo
Primero. Se exhorte al gobierno del estado de Veracruz a revocar la publicación de la Gaceta Oficial con fecha 9 de noviembre de 2009, donde se autorizó el cambio de uso de suelo afectando al humedal de la zona de Tembladeras, misma que conurba con los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín.
Segundo. Solicitamos a la Semarnat y a la Conagua realicen estudio de impacto ambiental y dictaminen a la brevedad a esta honorable Cámara de Diputados la procedencia o no de nuestra solicitud, así como el estatus que guarda el expediente de las autorizaciones de proyectos de construcción en el predio Tembladeras. Es cuanto, diputado presidente, gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Señoras diputadas y señores diputados, contamos con la presencia?
El diputado Adán Augusto López Hernández (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame. El diputado López.
El diputado Adán Augusto López Hernández (desde la curul) Que sea tan amable de solicitarle a la diputada Monge Villalobos si nos permite adherirnos a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Diputada Monge Villalobos está usted de acuerdo en que se adhieran?
La diputada Silvia Isabel Monge Villalobos (desde la curul). Con gusto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pase, por favor.
Se encuentran entre nosotros estudiantes de la Unitec de la Facultad de Derecho, invitados por la profesora Ana María Velázquez Hernández. Sean ustedes bienvenidos.
Se recibió de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que instrumente más acciones dirigidas a todos los sectores laborales de riesgo, donde se explota de manera regular a menores de edad, misma que se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a que instale medidores que cuenten con la tecnología apropiada.
El diputado Eduardo Mendoza Arellano: Con el permiso, diputado presidente; y desde luego con mi solidaridad a la campaña "yo sí apoyo la eficiencia energética".
Desde 1992 la Comisión Federal de Electricidad implementó un programa institucional en el cual se definieron como principios la satisfacción del cliente y la calidad en el servicio. En 2004 recibió el Premio Internacional Asia-Pacífico. Actualmente dicha comisión cuenta con la certificación de calidad ISO 9001.
Sin embargo, resulta interesante que el 24 de noviembre del año próximo pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica probó que cuatro altos funcionarios de la CFE aceptaron sobornos para entregar contratos millonarios a una empresa subsidiaria suiza ABB.
De acuerdo a los datos emitidos por la Procuraduría Federal del Consumidor, esto aquí en México, en los últimos dos años, la CFE ha ocupado el primer lugar en quejas por parte de sus usuarios. Es bueno resaltar que tan solo en el ciclo de 2008 a 2009 se incrementó en un 40 por ciento las quejas, en general la mayoría de dichos reclamos son por costos injustificados, mala lectura del medidor, así como supuestos altos consumos, como lo manifestó el subdelegado de Profeco.
Lo mismo en Quintana Roo, en donde el Congreso aprobó proposición con punto de acuerdo; en Coahuila, igual por ejemplo en el estado de Chiapas, en donde pequeños negocios de costura, abarrotes y cocinas, que están ubicados en comunidades, que se denominan para vivir mejor, han recibido altos cobros por el servicio, que oscilan de los 4 a los 5 mil pesos.
La ciudadanía, hay que decirlo, padece la mala calidad de los medidores de la empresa IUSA. Por distintos medios de comunicación nos enteramos del millonario contrato que ganó IUSA para un millón 900 mil medidores que se deberán instalar.
El desglose de la operación es el siguiente: grupo IUSA proveerá a la Comisión Federal de Electricidad un total de un millón 740 mil medidores. La CFE le va a proporcionar a la supuestamente desaparecida Luz y Fuerza del Centro 160 mil medidores de los electromecánicos, 100 mil durante este abril y los restantes 60 mil en mayo y junio. Es decir, los usuarios de la zona centro vamos a recibir esta chatarra de medidores.
Los dos últimos gobiernos del país y la CFE han evitado comprar medidores de luz, que elaborados con alta tecnología evitarían incendios, disminuirían costos y protegerían los aparatos electrodomésticos de los usuarios.
En la revista Proceso se puede leer: Eduardo Escobar identifica al director de Operación de CFE, Néstor Félix Moreno Díaz, como el funcionario que se rehúsa a certificar el sistema que emplean sus medidores denominados SCE-Condex. Por cierto, apunta el mencionado Eduardo Escobar, ese funcionario fue inhabilitado en 1998, acusado de conductas irregulares cometidas en el desempeño de sus funciones, pero continúa operando en la paraestatal. Esto lo apunta la revista Proceso.
Escobar precisa: la característica del sistema SCE-Condex consiste en medidores inteligentes, con un controlador tipo Nema4 de 20 por 20 por 25, que protege los transformadores de sobrecargas instantáneas, mide el consumo y monitorea la carga de energía de cada cliente, para enviar de manera automática la lectura a la central. Si un usuario adeuda servicio, el medidor se desconecta y cuando cubre el adeudo reinicia de inmediato.
Asimismo...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado, por favor.
El diputado Eduardo Mendoza Arellano: El sistema se conecta y se desconecta automáticamente ?concluyo, señor presidente, perdón? además detecta, localiza y avisa a la central sobre robos en la línea de suministro si se pretende puentear el medidor.
Es evidente el descontento que se presenta a nivel nacional debido a los malos cobros por parte de la CFE. Mientras IUSA tenga el monopolio en la venta de medidores continuarán los problemas en el cobro de la luz.
En base a la calidad total y en términos de la eficacia en el servicio y la satisfacción del cliente, con los que cuenta la multicitada comisión, es como vengo a proponer el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Que se exhorte al titular de la Comisión Federal de Electricidad instale medidores que cuenten con la tecnología apropiada, a fin que la ciudadanía tenga la certeza de que lo que se les está cobrando por el servicio de energía eléctrica corresponda fielmente con el consumo realizado.
Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad, ingeniero Alfredo Elías Ayub, dé por cancelado todo aquel proyecto que implique la instalación de cualquier modalidad de sistema de prepago para la energía eléctrica. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Energía.
Tiene la palabra el diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, federal y estatales, y a las autoridades municipales, a llevar a cabo la revisión del mecanismo de participación social en las instituciones de educación básica pública del país.
El diputado Gerardo del Mazo Morales: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, el ejercicio de la participación social es hasta hoy el mecanismo por excelencia que permite conformar una relación acompañada entre los ciudadanos y las autoridades gubernamentales, a fin de que tanto las demandas como las necesidades correspondan con la realidad social.
Bajo la premisa de que la educación es uno de los pilares del desarrollo nacional y, por ende, no puede quedar excluida de dicho ejercicio, someto a su consideración un punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, federal y estatales, y a las autoridades municipales, a llevar a cabo la revisión del mecanismo de participación social en las instituciones de educación básica del país.
En el Grupo Parlamentario del Partido Nuevo Alianza estamos convencidos de que la participación social, tanto la en la educación como en todas las áreas de desarrollo social y político, es una herramienta con grandes repercusiones a favor de México.
Es así que consideramos que aquello que se encuentra consagrado en la sección segunda de la Ley General de Educación, artículos 68 al 73, debe ser implementado. Como legisladores debemos velar porque se activen los mecanismos necesarios que eviten que aquello que la ley contiene en la materia quede simplemente en calidad de letra muerta.
Por ello, con el presente exhorto a las autoridades correspondientes, buscamos que la estrategia de participación social en las instituciones de educación básica del país sea revisada a la luz de la ley vigente De igual modo, creemos que el presente exhorto no debe quedar simplemente en la mera y llana revisión, sino que debe trascender.
En el país la participación social se incentiva en las instituciones educativas mediante los consejos de participación social que operan a través de los consejos escolares. Por ello también solicitamos que se haga llegar a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos los resultados de la investigación que lleven a cabo las autoridades educativas respecto del estado y funcionamiento actual de todos los consejos escolares con que se cuenta en cada uno de los estados de la república.
Como legisladores estamos obligados a conocer de primera mano la información más veraz respecto a los problemas que atañen a nuestra nación. Es decir, contar con el diagnóstico oficial que nos permita legislar correctamente en la materia.
Finalmente, a sabiendas de que el Programa Escuelas de Calidad ha incorporado y revitalizado con relativo éxito la instalación de los consejos escolares, consideramos prioritario que se realice una evaluación exhaustiva respecto al diseño del programa y el correcto funcionamiento de los consejos.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza perseguimos que ejercicios como éste hagan posible el correcto funcionamiento de las estrategias y programas que se emprenden en el país, y evitar que la simulación se haga presente.
Como legisladores ésa debe ser una tarea permanente a la que nos deberemos sumar para hacer un frente común a favor de México. En este caso estamos seguros de que fortalecer la participación social en la vida educativa es parte de la apuesta por un mejor sistema educativo y un México más democrático. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
La diputada María de Lourdes Reynoso Femat (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada Reynoso, dígame.
La diputada María de Lourdes Reynoso Femat (desde la curul): Sí, señor presidente, nada más para preguntar al diputado si me puedo adherir a su proposición.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Del Mazo, ¿está usted de acuerdo en que se adhieran?
El diputado Gerardo del Mazo Morales (desde la curul): De acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo el señor diputado. Quien desee adherirse pase, por favor, a la Secretaría. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Se recibió de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal diseñe una campaña nacional de difusión permanente para prevenir el suicidio en la juventud de México. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Ledesma Romo, del grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California, a implantar y fortalecer políticas públicas relativas a la trata de personas en su territorio.
El diputado Eduardo Ledesma Romo: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores.
La trata de personas representa hoy en día un problema de grandes implicaciones por su vinculación a los flujos migratorios, a la situación de la pobreza y a la delincuencia organizada.
Las víctimas se localizan a lo largo de las áreas urbanas, turísticas y fronterizas. Un gran número de mujeres, niños, indígenas, migrantes e indocumentados son objeto de trata en México.
Simplemente se estima que cada año más de 20 mil niños son víctimas por fines de explotación sexual. En nuestro país existen 47 grupos de delincuencia organizada para la trata de personas, que operan principalmente en el Distrito Federal y en 17 estados, entre ellos, Baja California, estado que también se ubica entre las siete entidades federativas identificadas como los principales puntos de explotación sexual y laboral.
En la misma entidad se ha encontrado que Tijuana es una ciudad de destino y operación de la trata de personas y traslado hacia Estados Unidos y que en esta ciudad existen cinco rutas que son utilizadas por los tratantes.
Por tratarse de una región donde este delito rebasa a otras entidades del país, es urgente que Baja California, como estado fronterizo, cuente con un sistema que permita conocer las dimensiones del problema, víctimas, lugares de origen y métodos de reclutamiento para prevenir, sancionar y erradicar este flagelo.
Por otra parte, en el estado aún no existe o se expide un ordenamiento jurídico que permita atender el fenómeno de manera integral, que otorgue no sólo a las autoridades encargadas de la prevención y procuración de justicia los instrumentos necesarios para combatir eficazmente la trata de personas, sino medios que permitan a los bajacalifornianos proporcionar una debida atención a las víctimas de este delito.
Hasta hoy el número de casos identificados es mínimo en relación con la magnitud de incidentes delictivos y de impunidad. Por ello resulta necesario que el Congreso del estado de Baja California expida a la brevedad una Ley de Trata de Personas y que el gobierno de Baja California fortalezca las políticas públicas para su prevención mediante realización de campañas, así como implementación de programas para determinar factores que alienten la trata en el territorio y adopte las estrategias necesarias para mitigarlos y evitar la fragilidad de las mujeres, niños y migrantes, ante este delito.
En este sentido se exhorta al gobierno de Baja California para que adopte las medidas necesarias para combatir la trata en el estado. Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el señor diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía para que, a través del organismo ProMéxico, implemente un programa de apoyo a aquellas empresas creadas por mexicanos migrantes en el extranjero.
El diputado Gumercindo Castellanos Flores: Con su venia, señor presidente. El de la voz, diputado Gumercindo Castellanos Flores, integrante de esta LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Economía del gobierno federal para que, a través del organismo ProMéxico, implemente un programa de apoyo a aquellas empresas creadas por mexicanos migrantes en el extranjero, con el fin de incentivar su establecimiento en nuestro país, a partir de otorgarles todas las facilidades para su potencialización en territorio mexicano, al tenor de las siguientes consideraciones.
Durante décadas, la falta de políticas para el fortalecimiento del campo y de la industria y en general la falta de oportunidades de empleo en México, se ha convertido en el principal impulsor para que año con año millones de mexicanos emigren a otros países, principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica, en busca de condiciones laborales mejores.
El proceso de emigrar, como es sabido, no es nada sencillo; miles de mexicanos mueren en el intento de cruzar la frontera y los que lo logran se vuelven víctimas permanentes de cualquier cantidad de vejaciones, abusos y de múltiples circunstancias miserables, las cuales están dispuestos a soportar con tal de mejorar un poco su calidad de vida y la de sus familias.
En tal sentido, si bien el fenómeno migratorio en México durante generaciones ha arrojado historias de todo tipo, resulta relevante resaltar la de aquellos migrantes, en proporción los menos, que lograron plenamente sus objetivos y no sólo encontraron mejores condiciones, sino que se volvieron emprendedores de negocios exitosos y que les han permitido ganar un lugar relevante como parte del desarrollo económico del país donde radican.
En este contexto, deviene de la mayor trascendencia que el Estado mexicano, consciente de su corresponsabilidad histórica para que miles de mexicanos se vean en la necesidad de emigrar a otros países en busca de oportunidades que México nunca les brindó, asuma un compromiso serio con todos estos paisanos que de manera obligada se tuvieron que ir, brindándoles todos los apoyos necesarios para que puedan éstos establecer sus empresas desarrolladas en otros países en nuestro país y con ello no sólo se estaría potencializando la inversión extranjera en nuestro territorio, lo cual ya es una política existente, sino que se estaría otorgando a nuestros connacionales la oportunidad de regresar a sus raíces de la mano de la expansión de sus empresas a la tierra que es suya.
En efecto, si bien muchos migrantes mexicanos pudieron, a través de los años, consolidarse laboralmente y dar a sus familias mejores condiciones de vida, lo cierto es que no habrá un compatriota en tales circunstancias que no guarde un sentimiento pendiente y que ningún éxito en el extranjero le podrá devolver: el regreso de ellos y de sus hijos a sus raíces y a su cultura.
De esta forma, si bien los poderes ejecutivos y legislativos tenemos la obligación, en los distintos ámbitos de competencia, de fijar las bases para generar cada vez más y mejores condiciones para que el fenómeno migratorio por falta de oportunidades cada vez sea menor, lo cierto es que esa labor no nos exime de buscar de manera paralela los mecanismos necesarios para lograr que todos aquellos mexicanos que en su momento no tuvieron la oportunidad en nuestro país y que se vieron obligados a desarrollarse fuera de él, puedan ahora extender sus empresas con el mismo éxito en el territorio mexicano.
En este orden de ideas, resulta viable concluir que si nuestro país cuenta con un organismo especializado que tiene como fin, por un lado, impulsar las empresas mexicanas en el extranjero y, por el otro, atraer inversión extranjera, el caso de las empresas de mexicanos migrantes creadas en el exterior debería constituir uno de los rubros fundamentales en que un organismo como éste debería otorgar especial atención, para efecto de fomentar e impulsar con programas su establecimiento en México.
Con ello, Pro México tendría la oportunidad de llevar a cabo los fines para los que fue creado por partida doble, en tanto por la naturaleza de los sujetos y empresas a los que estaría beneficiando, se debe considerar como impulso a empresas de mexicanos, a la vez que se atrae inversión extranjera a nuestro país.
Aunado a lo anterior, la posibilidad de implantar un programa de atracción y apoyo a las empresas de los migrantes para su establecimiento en nuestro país, constituye una oportunidad para el Estado?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Gumercindo Castellanos Flores: Como lo indica, diputado presidente, un segundo más, por favor.
México tiene una deuda y también un compromiso con los millones de conciudadanos que se han visto forzados a abandonar su tierra por falta de oportunidades, lo que hace primordial que ahora, desde aquí, se impulsen programas serios que los incentiven a expandir sus empresas desarrolladas con éxito en el exterior en su propio país.
Por lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal a que, a través del organismo Pro México, implemente un programa de apoyo a aquellas empresas creadas por mexicanos migrantes en el extranjero, con el fin de incentivar su establecimiento en nuestro país, a partir de otorgarles todas las facilidades para su potencialización en nuestro territorio mexicano.
Es cuanto, diputado presidente. Le ruego a usted que se integre el anexo totalmente en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Economía.
Compañeras y compañeros, tenemos la visita de invitados de Cadereyta, Querétaro, de parte del diputado Miguel Martínez Peñaloza. Sean ustedes bienvenidos.
Se pospone la participación del diputado César Francisco Burelo Burelo, del Grupo Parlamentario del PRD.
Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a que, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), establezca acciones de inspección y vigilancia forestal para detener el cambio ilegal del uso de suelo de terrenos forestales por la apertura de plantaciones de aguacate en Michoacán.
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Ávila, dígame. Permítame, diputado.
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Señor presidente, con todo respeto quiero pedirle que se haga una rectificación de quórum, porque está solo el Congreso de la Unión. Es una vergüenza esto, que los señores, los compañeros oradores que están planteando problemas de interés para la nación, se los estén planteando a las curules vacías.
Quisiera que se hiciera una rectificación de quórum, porque esto es una vergüenza ante la opinión pública nacional, de que estén aquí los compañeros planteando problemas de interés nacional a las curules vacías. Con todo respeto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado, con todo gusto atenderemos su propuesta. Vamos a permitir que ahorita haga uso de la palabra el señor diputado, y con mucho gusto estaremos atendiendo su propuesta. Con mucho gusto, diputado. Gracias. Adelante, diputado Báez Ceja.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados.
Michoacán es un estado con grandes y diversos contrastes ambientales, producto de su complejidad fisiográfica, intensa actividad tectónica, variedades de climas y suelos. Como producto en los factores antes descritos, Michoacán es uno de los estados con mayor riqueza de flora y de fauna del país, ya que ocupa el quinto lugar entre las entidades biológicamente más ricas de la nación.
Conforme a los datos generados por diversos investigadores, existen en Michoacán un total de 9 mil 509 especies registradas dentro de los principales grupos biológicos de plantas y animales. En especial destaca en Michoacán la presencia de 405 especies exclusivas o endémicas, de éstas, 224 sólo se distribuyen en el estado.
Michoacán cuenta además con una notable riqueza forestal, tanto en superficie como por su diversidad biológica. El estado ocupa el tercer lugar con una producción de un millón de metros cúbicos de madera en promedio por año; el sexto lugar en existencias maderables, y el primer lugar nacional en producción de resina, con 35 mil toneladas en promedio por año.
Además los recursos forestales no maderables representan un elevado potencial económico para las comunidades rurales de la entidad. Se pueden citar entre dichos recursos diferentes tipos de tierra, animales de caza, ornato, frutos silvestres, plantas medicinales, plantas de ornato, materiales para combustión, hongos y plantas comestibles y medicinales, entre otros.
Por su gran diversidad de agroambientes, el estado de Michoacán tiene una vocación pecuaria-forestal-agrícola; sin embargo, el uso actual del suelo es principalmente pecuario-agrícola-forestal.
Lo anterior ha causado que en las últimas décadas Michoacán este presentando tasas de deforestación elevadas en comparación con otras entidades del país. Entre 1976 y 2000, más de 200 mil hectáreas de bosque y 30 mil de selva fueron desmontadas. En este periodo los tipos de vegetación naturales perdieron en superficie, mientras que la vegetación producto de la influencia humana (antrópica) aumentó notablemente.
De tal forma, que en las últimas tres décadas el estado ha sufrido un cambio en el uso del suelo de un millón 579 mil 282 hectáreas, lo cual corresponde a casi el 30 por ciento del territorio estatal.
Entre el 66 por ciento y el 73 por ciento de la superficie estatal se destina al pastoreo de ganado, que aunado a las áreas correspondientes a cultivos forrajeros, esquilmos agrícolas, huertas de frutales y tierras de labor en descanso, suma el 91.5 por ciento de la superficie de la entidad utilizada en actividades agropecuarias.
Ante la gran importancia económica del cultivo del aguacate, en diversas regiones de la entidad, se ha agudizado el desmonte ilegal de grandes áreas de terrenos forestales para generar huertas de aguacate. Dicho fenómeno de cambio ilegal de uso del suelo se observa en regiones de alta importancia para la conservación de servicios ambientales y de la biodiversidad, como es por ejemplo, la región de Uruapan, el lago de Zirahuén, y en áreas naturales protegidas como la reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca.
Los efectos ambientales de estos desmontes ?está demostrado? son negativos en la biodiversidad, la hidrología regional y el cambio climático, entre otros aspectos, e incluso en las comunidades, como lo vivimos hace unas semanas en una importante zona aledaña al santuario de la Mariposa Monarca.
Lo más grave está en que el acelerado aumento de la superficie sembrada de aguacate está abriendo riesgos de una crisis de mayores dimensiones?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Sí, señor presidente.
Pero el problema más grave está en el impacto social y ambiental. La tala de especies naturales ha repercutido negativamente en los ecosistemas con efectos que nos pueden impactar negativamente en el futuro. Aún estamos a tiempo para evitarlo y racionalizar nuestra actividad.
Infortunadamente, las autoridades federales responsables encabezadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, no han aplicado de manera contundente su mandato legal.
Proposición con Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente establezca de manera urgente acciones contundentes de inspección y vigilancia forestal con el objeto de detener el cambio ilegal del uso de suelo de terrenos forestales por la apertura de plantaciones de aguacate en el estado de Michoacán.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, instrumente acciones integrales de fomento y protección de los ecosistemas forestales, en y fuera de las áreas naturales protegidas de jurisdicción federal, con el objeto de detener el cambio ilegal del uso de suelo de terrenos forestales por la apertura de plantaciones de aguacate en el estado de Michoacán. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se recibió del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo federal la elaboración de un programa regional fronterizo para el fomento de la cohesión social en las comunidades de la frontera norte. Se turnan a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Tiene la palabra el señor diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que dote de una mayor infraestructura, que fortalezca la eficiencia del funcionamiento y atención que se brinda en los puestos de revisión militar.
El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el que suscribe diputado federal Leonardo Arturo Guillén Medina, integrante del Partido Acción Nacional, en primer lugar agradezco su solidaridad con los puntos de acuerdo tomados el día de ayer respecto al sismo que sufrimos los estados de Baja California y en lo personal, agradezco de parte de la comunidad de San Luis Río Colorado, que hayan ustedes tomado estos puntos de acuerdo.
En esta ocasión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Ante la difícil situación que atraviesa el país en materia de seguridad pública nacional, es oportuno destacar que la tarea que el Ejército Mexicano emprende en la lucha contra el crimen organizado y la incautación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, es digna de reconocerse por su trascendental importancia en el sostenimiento del orden público, a fin de garantizar a nuestra sociedad un entorno seguro.
Sin embargo, aun y cuando no se cuestiona la importancia y utilidad de lograr los objetivos anotados, respecto al establecimiento de puestos de revisión militar, mejor conocidos como retenes, a lo largo del país existen serias manifestaciones de inconformidad en relación a las condiciones de seguridad vial en las que aquéllos funcionan, sobre todo de los que se instalan en tramos carreteros y no en zonas urbanas.
Esto es así debido a que en la gran mayoría de los casos los retenes no cuentan con la mínima infraestructura que garantice en principio la correcta protección de la integridad física de los ciudadanos que por ese camino transitan, a causa de que los carriles de circulación hacen las veces de lugar de inspección, sin los señalamientos viales correspondientes, en lugar de contar con áreas contiguas para dicho fin.
De igual forma, la carencia de un conjunto básico de elementos y servicios necesarios para el eficaz y eficiente funcionamiento de los puestos de revisión militar se traduce en largas filas y horas de espera para los transeúntes, en especial para aquellas personas que sin transportar algún tipo de mercancía, son obligados a permanecer en rúas donde se encuentran intercalados un sinnúmero de vehículos de carga, que provocan excesivamente la prolongación del tiempo en que se realiza la revisión.
Así pues, es de primordial interés exhortar a la Sedena a que fortalezca la eficiencia del funcionamiento y atención que se brinda en los puestos de revisión militar. De igual forma, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se asignen los recursos presupuestales necesarios para que se construya la infraestructura necesaria, con la insoslayable finalidad de proteger oportunamente la integridad física de los transeúntes, así como lograr la agilización de la circulación vehicular previa y posterior a la operación de tareas de revisión, muy en especial en los retenes ubicados en el acceso a la entrada oriente de la ciudad de San Luis Río Colorado y del tramo carretero de la misma ciudad a la delegación del Golfo de Santa Clara, en Sonora.
Por último, por lo antes expuesto a los integrantes de esta Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a su consideración el siguiente
Punto de acuerdo legislativo.
Único. Se exhorte al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se dote de una mayor infraestructura que fortalezca la eficiencia del funcionamiento y atención que se brinda en los puestos de revisión militar, con el objeto de proteger oportunamente la integridad física de los transeúntes, así como lograr la agilización de la circulación vehicular previa y posterior a la operación de las tareas de revisión, en especial en los retenes ubicados en el acceso a la entrada oriente de la ciudad de San Luis Río Colorado, y del tramo carretero de la misma ciudad al poblado del Golfo de Santa Clara, todos en el estado de Sonora.
Diputado presidente, solicito atentamente que la anterior propuesta de punto de acuerdo se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates de este Congreso de la Unión. A todos, por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de la Defensa Nacional, y de Transportes.
El diputado Sergio Tolento Hernández (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame usted.
El diputado Sergio Tolento Hernández (desde la curul): Diputado presidente, nada más para preguntarle al diputado Leonardo Guillén si me puedo adherir a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Está usted de acuerdo en que se adhieran a su proposición?
El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina (desde la curul): Con mucho gusto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, está de acuerdo el diputado. Pasen ustedes a firmar a la Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la administración pública federal a reponer el procedimiento relativo a la expedición del decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.
El diputado Pedro Jiménez León: Compañeras diputadas y compañeros diputados. En fecha próxima el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región habrá de celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 3130/2009, promovido por Convergencia, mediante el cual el órgano jurisdiccional tendrá la oportunidad de analizar la inconstitucionalidad del decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, emitido por el Ejecutivo federal.
El juicio de amparo se presentó porque se acreditó la infracción a las garantías individuales que consagran los artículos 14, 16 y 26, relativos a las formalidades esenciales del procedimiento de legalidad y de seguridad jurídica.
En el juicio, la Secretaría de Energía, en representación del Ejecutivo federal, admitió como cierto el acto reclamado y haber conculcado las garantías esenciales del procedimiento, ya que en el apartado denominado "Procedimiento para la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro" asentó que Luz y Fuerza del Centro se creó a través de un decreto del titular del Ejecutivo federal, con motivo de la reforma al artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. La creación de tal ente persiguió los fines establecidos en iniciativa enviada por el presidente de la república al Congreso General.
Con ello, es clara la aceptación implícita del Ejecutivo de no haber observado el procedimiento establecido en el último párrafo del artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales que a la letra dice:
"En la extinción de los organismos deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción o liquidación".
De la revisión del asunto se desprenden dos elementos fundamentales que confirman la violación al procedimiento seguido para extinguir a este organismo.
Primero. Se creó a través del decreto del titular del Ejecutivo federal con motivo de la reforma al artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Segundo. Para crear tal ente, el entonces presidente de la república envió una iniciativa al Congreso General.
El mismo informe justificado corrobora las infracciones a los derechos de los trabajadores y de su organización sindical al expresar "una vez concluida la liquidación de las empresas concesionarias se seguirá proporcionando el servicio de energía eléctrica preservando, tanto los derechos de las agrupaciones obreras ?es decir del sindicato? y de los trabajadores de dichas empresas, así como las fuentes de trabajo".
Las declaraciones referidas adquieren valor probatorio pleno en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable a la Ley de Amparo.
Confirman la violación al último párrafo del artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y corroboran la infracción al artículo 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: En la interpretación, reforma o derogación de las leyes, se observarán los mismos trámites establecidos para su creación.
Por último, es importante señalar que ni el titular del Ejecutivo y ninguno de los secretarios de Estado, demandados por Convergencia, tuvieron elementos para desvirtuar en el juicio de amparo la violación del artículo 26 constitucional, pues la emisión y suscripción del decreto de extinción aludido atenta contra la garantía de seguridad jurídica, en virtud de que en el Plan Nacional de Desarrollo ?al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal?, no contempla en ninguna de sus partes la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Por las razones expuestas, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la administración pública federal, a reponer el procedimiento relativo a la expedición del decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Se pospone la participación del señor diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Tiene la palabra la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, informe a esta soberanía el estado que guarda el tratado sobre armas convencionales.
La diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
Nuestro país vive sin duda tiempos complicados, una realidad agobiante, la inseguridad creciente que ha generado desesperación en la población y la evidencia de un Estado debilitado por malas decisiones, que han permito la proliferación de organizaciones criminales y de los más diversos y aberrantes delitos.
En la estrategia de combate al crimen organizado hemos sufrido y visto una gran desatención a temas fundamentales como son la incautación de capitales económicos de la delincuencia, el freno a la importación ilícita de armas convencionales a nuestro país, que son instrumentos fundamentales para llevar a cabo cualquier actividad ilegal y la impunidad de quienes gozan los que llevan a cabo estas lesivas prácticas.
Es responsabilidad de los gobiernos establecer medidas de control interno al comercio de armas, sobre todo las denominadas convencionales, que dicho sea de paso son las que mayores muertes y lesiones generan. Esa responsabilidad también implica la manifestación de los Estados para exigir a los países exportadores que hagan lo propio, que se responsabilicen del control de la producción y de la venta ilegal de armas, que sólo sirven para dotar a los grupos del crimen organizado y también las medidas garantistas parta impedir la introducción de las mismas a otros países.
Por ejemplo, hemos sabido por diversas notas periodísticas e informes oficiales del aseguramiento de armas provenientes del extranjero. Según declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Genaro Luna, 2 mil armas diarias entran al territorio nacional, especialmente provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica, sin que hasta ahora el gobierno mexicano ?bajo los conductos oficiales y observando los lineamientos y principios del derecho internacional?, soliciten al gobierno del vecino país el cumplimiento de sus obligaciones a este respecto, desde luego, siempre teniendo presente la manifestación del presidente estadounidense Barack Obama, del deseo de cooperar para frenar la ola de violencia que vive nuestro país.
Esta es una obligación social-política, pero sobre todo moral de todo gobierno, la de impedir la proliferación de armas en su territorio y exigir a otros su compromiso y la implementación de medidas necesarias para impedirlo. Hoy más que nunca es necesario que el titular del Poder Ejecutivo federal informe a esta soberanía qué estado guarda la multicitada propuesta, que mediáticamente a lanzado, tanto la Cancillería como el titular del Ejecutivo Felipe Calderón Hinojosa, en diversos foros internacionales, como fue el caso de su participación en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del 24 de septiembre de 2009, donde evadiendo datos de violencia que vive nuestro país demandó literalmente: México quiere llamar la atención sobre la proliferación de armas de tipo convencional, el tráfico de armas pequeñas y ligeras que causan alrededor de mil muertes y 3 mil heridos cada día en el mundo. Exhortando con ello al Consejo de Seguridad de la ONU a buscar fórmulas para frenar este ilícito, sin perjuicio del derecho de cada Estado para comprar armas para su legítima defensa.
Ha sido una constante de política pública del gobierno federal la pirotecnia mediática y los discursos, que sólo se quedan en eso.
Por lo que con toda responsabilidad solicito a esta honorable soberanía se requiera al titular del Poder Ejecutivo que informe de manera precisa, ¿qué acciones y/o negociaciones se han llevado o se están llevando a cabo para que este tratado sea una realidad y con ello frenar de manera significativa la proliferación de armas convencionales y su uso en la comisión de delitos en el territorio nacional?
Asimismo, que nos informe de manera precisa y detallada las estadísticas de procesados y sentenciados en los últimos 4 años en nuestro país, por el delito de importación ilegal de armas de fuego al territorio nacional.
Por las consideraciones expuestas me permito proponer los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Solicitar al presidente de la república, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, informe sobre el estado que guardan las negociaciones para celebrar tratados internacionales sobre el comercio de armas, ya sea multilateral, o bien, bilateral, con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, y con ello evitar la importación ilícita de armas al territorio nacional, así como los controles que existen en las aduanas del país para evitar este grave problema.
Segundo. Solicitar al titular del Ejecutivo informe a esta soberanía sobre estadísticas precisas y detalladas de procesados y sentenciados en los últimos cuatro años de personas que hayan cometido el ilícito de importación de armas denominadas convencionales al territorio de nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública.
Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que remueva al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente.
Consideraciones
El señor Felipe Calderón ha señalado que el año 2010 debe ser el de la reconciliación nacional. Si esta afirmación tiene un mínimo de certeza debe comenzar removiendo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a Javier Lozano Alarcón, el cual se ha caracterizado por ser un provocador profesional cuya atribución principal pareciera ser la de crear conflictos, prender fuego por todo el mundo laboral, no de manera gratuita, sino para servir a los intereses de un puñado de patrones que se creen los dueños del país como los Larrea, por ejemplo, cacique de la industria minera en México.
Este comportamiento lo ha llevado a incumplir con su principal obligación, como es el buscar siempre los caminos del diálogo y la conciliación entre los factores de la producción, tutelando en todo momento los derechos de los trabajadores, que para eso precisamente se creó el derecho laboral y la Secretaría, que de manera deshonrosa él ocupa.
Lo que mal empieza mal acaba. Apenas se supo que el señor Lozano ocuparía la Secretaría del Trabajo comenzaron las inconformidades, ya que carecía de la trayectoria en materia laboral.
Su experiencia se había forjado básicamente en el mundo de las telecomunicaciones y por cierto, no sólo de manera poco brillante, sino oscura, acusándole incluso, de diversos actos de corrupción cuando fungió como titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, de abril de 1998 a mayo de 1999.
Al poco tiempo de ocupar la Secretaría del Trabajo se dio el escándalo con el chino quien acuñó la famosa frase coopelas o cuello.
En este momento su puesto estaba en la cuerda floja, razón por la cual a partir de ahí Lozano Alarcón endureció aún más su política antiobrera, por una ruta casi mafiosa con los caciques patronales del país, incluso optó por colocar mantas afuera de la Secretaría del Trabajo para agredir verbalmente a los trabajadores que se manifestaban en esas oficinas, al estilo de los capos de la droga.
Comenzó una persecución en contra del sindicato minero y su secretario general, Napoleón Gómez Urrutia, negándole a éste su registro, entrometiéndose con ello abiertamente en la vida de este sindicato, usando de manera parcial las atribuciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Se ha empecinado en negar el derecho de los familiares, en Pasta de Conchos, a recuperar los restos mortales de los 63 mineros que aún están en los socavones de esta mina.
Ha actuado como instrumento esencial para la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en un verdadero golpe brutal a la Constitución federal y a los derechos colectivos de los trabajadores; golpe que igualmente incidió con la negativa de toma de nota del compañero Martín Esparza; es decir, encontró el camino para acabar con los sindicatos, esperar el momento de las elecciones de las mesas directivas, negar el registro y/u otorgarlo a un grupo espurio, y ahí inicia todo el proceso.
Ha usurpado la Dirección General de Registro de Asociaciones y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para la comisión de todo tipo de fechorías contra la clase trabajadora, comenzando por la terminación de las relaciones de trabajo de los trabajadores en Cananea, frente a los cuales ese secretario está como un gran vampiro, presto a reprimirlos.
En franca rebeldía ante el Poder Judicial está actuando como cómplice de los despidos de los integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros que cometen el delito de sindicalizarse.
Para no hablar de que el denominado secretario del Trabajo ha sido factor central para el aumento, cada vez más creciente, del desempleo en el país y la pérdida constante del poder adquisitivo del salario. Este señor se ocupa de todo; anda en permanente grilla, pero no presta atención a lo que debiera ser su obligación central, es decir, crear un ambiente de paz laboral, del empleo y los salarios dignos para el bienestar del pueblo de México y el desarrollo del país.
En suma, su gran mérito ha sido aumentar el hambre, la desesperación, la desprotección, la persecución, la represión y la ilegalidad en contra de la clase trabajadora.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Ramón Jiménez López: Concluyo, señor presidente, leyendo el punto de acuerdo único que proponemos a esta legislatura, y pidiendo, de favor, que se inserte el texto completo en el Diario de los Debates.
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta de manera urgente al titular del Ejecutivo federal para que en uso de sus atribuciones remueva al señor Javier Lozano Alarcón como secretario de Trabajo y Previsión Social, ante su ilegal y pésimo desempeño, y proceda a designar a alguien de conducta intachable, comprometido con el respeto y tutela a los derechos de los trabajadores, pero sobre todo, con experiencia en materia laboral y la seguridad social. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Y, como lo solicitó, insértese en el Diario de los Debates.
Tiene la palabra el diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Pesca, de Marina, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la construcción de una agenda de gestión de la pesca en la zona costera de Tabasco.
El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. Sí, diputado Pompa Corella, dígame.
El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (desde la curul): Para preguntarle al compañero diputado si me permite adherirme a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Jiménez López, ¿está de acuerdo en que se sumen a su propuesta?
El diputado Ramón Jiménez López: Con gusto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo. Pasen a firmar a la Secretaría. Adelante, diputado Carlos Bellizia.
El diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf: Gracias, presidente. El suscrito, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, diputado federal en esta legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:
La pesca de baja escala realizada por medios artesanales en la región del Golfo de México es una actividad de suma importancia, que contribuye en gran medida al abasto de alimentos sanos para el mercado nacional, el autoconsumo en las comunidades costeras, así como a garantizar un ingreso a las personas involucradas directa e indirectamente en dicha actividad.
Desafortunadamente, los ambientes costeros y marinos del Golfo de México son vulnerables y están siendo dañados por las actividades industriales, específicamente la explotación de hidrocarburos.
Por ello, sostener la integridad y viabilidad ambiental y económica de los ecosistemas y recursos del golfo representa un reto de gran envergadura para diferentes niveles de gobierno y los habitantes de las poblaciones costeras que lo rodean.
De acuerdo con el documento titulado Reporte Resultados de los Talleres de Pesca y Acuacultura elaborado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como parte del proceso de ordenamiento ecológico marino y regional del Golfo de México y Mar Caribe, promovido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología, publicado el 10 de diciembre de 2007, el mayor desarrollo de la pesca se da a fines de los años 70, cuando se crea el Departamento de Pesca y se hacen importantes inversiones en flota y planta industrial propiedad del Estado.
Las capturas crecieron a más de millón y medio de toneladas en 81, para después caer a cerca de un millón de toneladas en 83, y han oscilado en un millón y medio desde entonces. Las principales especies que se capturan en el Golfo de México son camarones, pulpos, meros, robalos, huachinangos, sardinas, atunes, langostas, tiburones, lisas y sierras. A excepción del pulpo y los atunes en los que las capturas se han mantenido con un crecimiento moderado, pasando en los últimos 10 años de 15 a 20 mil toneladas de pulpo y de mil a tres mil 300 toneladas de atunes, el resto de las pesquerías en el golfo muestran un comportamiento decreciente.
Consideraciones
Primera. Las actividades pesqueras en aguas del Golfo de México, particularmente en las costas de Tabasco, presentan una disminución histórica en los volúmenes de captura.
Segunda. La contaminación derivada de actividades de exploración y explotación de petróleo, tanto en actividades existentes terrestres y marinas, pozos, plataformas, ductos, plantas y buques tanque, como de las que recién se iniciaron en aguas profundas mediante la contratación de empresas transnacionales que están a cargo del proyecto de exploración Cuzam para el que Petróleos Mexicanos eroga 463 millones de dólares.
Tercera. Las plataformas petroleras costa fuera en el litoral de Tabasco ocupan espacios biológicamente productivos y ecológicamente críticos.
Cuarta. La vigilancia y persecución por parte de la Armada de México a las embarcaciones pesqueras que entran en áreas restringidas contribuyen a desalentar a quienes se dedican a esta actividad.
Quinta. La restricción a su actividad obliga a los pescadores a realizar la captura costa fuera en aguas profundas y distintas de las áreas tradicionales, por lo que la flota pesquera actual, conformada por lanchas y motores de baja escala, resulta inadecuada para la pesca en las condiciones actuales. La renovación y/o sustitución de las embarcaciones resulta entonces indispensable. Esta situación representa riesgos para las tripulaciones de las embarcaciones que son más vulnerables a las condiciones del clima, y dada la inexistencia de un marco laboral específico para esta actividad, los pescadores no cuentan con seguros de vida, de gastos médicos y en general carecen de toda seguridad social.
Sexta. El realizar la actividad pesquera en esas condiciones incrementa los costos de producción por la necesidad de operar a mayores distancias, con el consecuente aumento en el consumo de combustibles y lubricantes.
Séptima. La infraestructura de la industria pesquera rete frío, salas de fileteado, fábricas de hielo en la costa tabasqueña es inexistente o bien se encuentra en condiciones precarias.
Octava. El cambio climático y la mayor frecuencia de tormentas tropicales y eventos meteorológicos extremos conllevan amenazas de consecuencias aún difíciles de evaluar, pero que sin duda transformarán el contexto ya de sí desalentador, en que nuestros pescadores?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf: ? realizan su noble actividad.
?Concluyo, presidente.
Puntos de acuerdo
Primero. Se solicita a las Comisiones de Pesca, de Marina y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para convocar a la construcción de una agenda para transitar hacia un nuevo modelo de gestión de la pesca en la zona costera de Tabasco, sustentado en estudios académicos de vanguardia y consensuado con las organizaciones pesqueras que realizan actividades de captura en aguas marinas.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de que realice las investigaciones y evaluaciones de ordenamiento ecológico marino y regional del Golfo de México y Mar Caribe, incluyendo para ello las opiniones y consideraciones generadas por las organizaciones pesqueras de la costa de Tabasco. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ha solicitado la palabra el diputado Gerardo Flores. Dígame, diputado.
El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (desde la curul): Gracias presidente. Sólo para pedirle si le puede preguntar al diputado Bellizia, si no tiene inconveniente en que me sume a su propuesta de punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado, ¿tiene usted inconveniente a que se sumen a su propuesta?
El diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (desde la curul): Estoy de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo el diputado. Pasen por favor a la Secretaría.
Se recibió del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano al seno de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Tiene la palabra el señor diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos (Capufe), elimine de las casetas de peaje número 107, Emiliano Zapata; número 106, Aeropuerto Mariano Matamoros, Temixco; y número 105, Xochitepec.
El diputado José Manuel Agüero Tovar: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, déjenme comentarles que en el tramo de la autopista México-Acapulco, que corresponde a la zona metropolitana de Cuernavaca, del estado de Morelos, existen 13 accesos principales a los puntos estratégicos de dicha zona y de esos 13, 3 tienen casetas de peaje.
En el tramo carretero Cuernavaca-Central de Abastos conocido como Desarrollo Integral de Emiliano Zapata (DIEZ), se encuentra la caseta número 107, que da acceso al nuevo Hospital Regional del ISSSTE y al Hospital del Niño. Es acceso también de vehículos pesados a la Central de Abastos y a la ciudad de la confección, dicha vía conduce a la Universidad del Valle de México y a la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), así como a unidades habitacionales, colonias populares y al mismo centro del municipio de Emiliano Zapata. Por lo cual, consideramos que es acceso principal a la infraestructura de salud, educación y vivienda de la zona metropolitana.
La caseta número 106, Aeropuerto Mariano Matamoros, da acceso a dicha terminal aérea, que recientemente fue declarada terminal internacional; a la cementera Moctezuma, planta Tepetzingo, que es una de las empresas que da más empleo en la región, a unidades habitacionales, colonias populares, balnearios, zonas arqueológicas y comunidades indígenas; es decir, es acceso principal a la infraestructura turística, económica, habitacional e industrial de la zona metropolitana.
La caseta número 105 ubicada en el municipio de Xochitepec da acceso al estadio Mariano Matamoros, unidades habitacionales, zonas arqueológicas, comunidades indígenas y balnearios que representan para el estado de Morelos, 60 por ciento de los ingresos; es decir, es acceso principal a la infraestructura turística, deportiva y habitacional de la zona metropolitana.
Como resulta evidente, esta zona genera la mayoría de las actividades comerciales, industriales, de servicio, educativas, de salud, y principalmente las de empleo.
Con la eliminación de casetas de peaje se desahogaría el tráfico, sobre todo del fin de semana, incentivando el movimiento económico para la actividad comercial en el estado, y representaría un ahorro significativo en las miles de familias que habitan en la zona metropolitana.
Cabe destacar que va en contra de toda lógica la instalación de casetas de peaje en los accesos principales a la zona metropolitana, siendo contradictorio, además, que los fraccionamientos y universidades que comparten esta vía de comunicación y que son privados no tienen instaladas casetas de peaje.
Lo que acontece en Cuernavaca equivale a que en el Periférico de la Ciudad de México se pusieran casetas de peaje para dar acceso a los principales puntos de la zona metropolitana, o más aún, que en la Autopista del Sol se pusieran casetas de peaje para ingresar a Chilpancingo.
Por lo expuesto, someto a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales a eliminar las casetas de peaje número 107, DIEZ-Emiliano Zapata; 106, aeropuerto Mariano Matamoros, y 105, de Xochitepec, que comunican a la Autopista del Sol con la zona metropolitana de Cuernavaca, Morelos.
Por obviedad de tiempo, señor presidente, le solicito que se inserte íntegro el texto en el Diario de Debates. Es cuanto, mil gracias, por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Transportes.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Serrano, dígame.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente, si es tan amable de preguntar al orador, por ser una solicitud justa, porque al rato nos van a poner caseta de peaje para llegar a nuestras casas, si me permite adherirme a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Acepta usted que se adhiera el señor diputado?
El diputado José Manuel Agüero Tovar: Sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pase por favor a firmarla, diputado; ha aceptado el diputado Agüero Tovar. Se turna a la Comisión de Transportes.
Tiene la palabra la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes a adecuar las instalaciones de cultura física y deportiva, de acuerdo con las necesidades de las personas con discapacidad.
La diputada Yulenny Guylaine Cortés León: Con su permiso, señor presidente. La acondroplasia es un trastorno genético del crecimiento óseo que es evidente desde el nacimiento; se presenta en aproximadamente uno de cada 15 mil bebés y ocurre en todas las razas, en ambos sexos.
La acondroplasia es el más común del grupo de defectos de crecimiento que se caracterizan por anormalidad en las proporciones del cuerpo. Los individuos afectados tienen brazos y piernas muy cortos, mientras que el torso tiene un tamaño casi normal.
Por lo general, las personas con acondroplasia tienen una inteligencia y una esperanza de vida normales. No obstante, los niños afectados tienen varias complicaciones médicas que pueden afectar a su desarrollo.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los esfuerzos de la gente que padece dicha enfermedad, es decir, de la gente pequeña, tienen que ser apoyados por la sociedad y doblemente reconocidos, por ello es necesario que hagamos conciencia de que independientemente de la estatura con la que nacimos, todos los seres humanos somos iguales.
En este sentido, es importante resaltar que los días 13, 14 y 15 de marzo del año pasado, se llevó a cabo en Colima el III Congreso Nacional de Gente Pequeña. Hay que tener presente que ésta es la primera entidad que los incluye en el sector de las personas con discapacidad, luego de que, recientemente, el Congreso del estado aprobó reformas a la ley correspondiente.
Cabe mencionar que en la pasada convocatoria el Instituto Mexicano de la Juventud, el joven colimense José Manuel Moreno González, quien padece acondroplasia, obtuvo el reconocimiento del Premio Nacional de la Juventud, en la categoría de discapacidad e integración; él es fundador de la Asociación de Gente Pequeña a nivel nacional.
Asimismo, que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación es clara y manifiesta expresamente en su artículo 1o. que el objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También señala en su artículo 2o., que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, participación en la vida política, económica y social y del país; promoverán la participación de las autoridades de los demás órganos de gobierno y de los particulares, en la eliminación de dichos obstáculos.
Por su parte, la Ley General de Cultura Física y Deporte establece como una de sus finalidades la de garantizar a todas las personas, sin distinción de género, edad, capacidades diferentes o condición de oportunidad dentro de los programas de desarrollo, que en materia de cultura física y deporte se implementen.
Es un hecho que la ley contempla en el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en todos los ámbitos, que es una legislación incluyente, pero también es una realidad que en la práctica no se ven reflejados dichos preceptos.
Compañeras y compañeros, comprometida con la ciudadanía y con sus múltiples necesidades y demandas, principalmente en el terreno deportivo, el cual es uno de los mayores factores en materia de prevención y solución a muchos de los vicios que aquejan a nuestra sociedad, la que suscribe somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades competentes de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, para que en el ámbito de sus atribuciones y en el cumplimiento del marco jurídico en la materia, adecuen las instalaciones de cultura física y deportiva de acuerdo a las necesidades y requerimientos de las personas con alguna discapacidad, particularmente de las personas que padecen acondroplasia.
Es cuanto, señor presidente. Solicito se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Atención a Grupos Vulnerables.
Diputado Carlos Cruz, dígame usted.
El diputado Carlos Cruz Mendoza (desde la curul): Señor presidente, si me hace favor de consultar a la diputada Yulenny si es posible que me pueda yo adherir a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Diputada, está usted de acuerdo en que se adhiera el diputado Cruz? Está de acuerdo, pase por favor a la Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud se implementen las medidas señaladas en el manual para la Vigilancia, Diagnóstico, Prevención y Control del Dengue.
El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez: Con su permiso, diputado presidente.
Aprovechando que estamos en el Día Mundial de la Salud, quiero comentarles a los que viven en todo el Pacífico y parte del Golfo de México, recordarán lo que pasó con el dengue el año pasado. Hay estados que tienen un comportamiento muy adecuado y responsable, municipios también, para atender esos casos de dengue.
Lo más importante del dengue no es curarlo, es prevenirlo. Ha sucedido fundamentalmente, el lugar más dramático de esto el año pasado fue el estado de Jalisco, y específicamente Guadalajara. Se encontró que hubo más de 50 mil casos de dengue, entre registrados y no registrados. Esto por una falta de atención a las estrategias para prevenir la enfermedad, la prevención y el control del mismo.
El problema del dengue no es que dé, sino que hay un serotipo que se llama 3, que ya se comenzó a encontrar en Jalisco, en Guadalajara, Nayarit y Colima. A este serotipo le llaman dengue hemorrágico. Las personas que lo padecen están con altas posibilidades de morir, y esto solamente porque las autoridades de salud no tuvieron el cuidado de hacer un programa serio de atención de control de vectores.
Va a comenzar la época de lluvias, es el momento de poner abate en los lugares para que no crezcan las larvas y los presidentes municipales se comprometan con un programa de Patio Limpio y deschatarrización de los hogares, con un programa muy serio de ello.
Si México no atiende esto correctamente le va a pasar lo que el año pasado; hubo un incremento en 30 por ciento de casos de dengue en nuestro país, que es una situación de injusticia, porque teniendo los recursos, teniendo la capacidad, teniendo las posibilidades, haya personas que pongamos al borde de la muerte porque un mosquito que no vive a más altura de 1.5 metros de la calle, un mosquito que no puede caminar más de 70 metros, no lo podamos controlar y haga daño a las personas y las ponga al borde de morir.
Por ello propongo un punto de acuerdo a la H. Cámara de Diputados, exhortando respetuosamente al Ejecutivo federal, en particular a la Secretaría de Salud, para que se instrumenten de manera estricta y eficaz, en coordinación estrecha con el Ejecutivo de las entidades federativas y municipales, las medidas señaladas en el Manual para la Vigilancia, Diagnóstico, Prevención y Control de Dengue emitido por la Secretaría de Salud, específicamente en los municipios de alta prevalencia.
Pensamos que cuando estemos decidiendo el Presupuesto vamos a estar enterados si las medidas funcionaron o no funcionaron. Si no, tendremos más personas enfermas de dengue con posibilidades de morir. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Salud.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Ibarra, dígame.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul). Gracias, presidente. Para felicitar al diputado que acaba de hacer su exposición, Verver, por lo oportuno de su propuesta y solicitarle adherirme a la misma.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Está usted de acuerdo, diputado?
El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (desde la curul): Con mucho gusto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo. Pase, diputado Ibarra, a suscribirla.
En virtud de lo avanzado de la sesión del día de hoy y de acuerdo a las sugerencias enviadas por la propia Junta de Coordinación Política, pasamos al siguiente punto del orden del día que son Excitativas
Se recibió solicitud de excitativa del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a la Cámara de Senadores. Se remite a la Cámara de Senadores.
Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Romero Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Recibimos del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, solicitud de excitativa a la Comisión de Energía.
Del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Reforma Agraria.
Del diputado Mario Moreno Arcos, del Grupo Parlamentario del PRI, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Del diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del PAN, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud.
Del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De la diputada María Isabel Pérez Santos, del Grupo Parlamentario del PRI, solicitud de excitativa a la Comisión de Energía.
Del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Por lo tanto, ésta y todas las demás excitativas, de conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente.
Le pido a la Secretaría dé cuenta del orden del día.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Segundo periodo de sesiones ordinarias, primer año de ejercicio de la LXI Legislatura. Orden del día. 8 de abril de 2010.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (14:51): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana, jueves 8 de abril a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.