El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 301 diputados. Por tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (11:42 horas): Se abre la sesión. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Está a discusión el acta.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame usted.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Le pido la palabra para intervenir sobre el acta. Hay una omisión en el acta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene usted el uso de la palabra, diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeras diputadas y compañeros diputados, quisiera llamar su atención sobre el acta. Es un tema importante una omisión que el acta tiene.
Dado que la sesión pasada fue una sesión donde se estuvieron presentando puntos de acuerdo, la omisión consiste en que no fue tocado el punto del asesinato de dos niños, de 9 y 5 años, en un reten militar en Tamaulipas.
Es un hecho muy grave, porque el testimonio que da la madre de Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años de edad, es verdaderamente terrible. El vehículo en el que viajaba la familia se detuvo y el hijo menor fue asesinado en los brazos de la madre. Son pobladores de un municipio muy pobre de Nuevo Guerrero, Tamaulipas.
Es un hecho lamentabilísimo que tiene que ver con lo que hemos venido denunciando, de que los ciudadanos son tratados como criminales y que la impunidad que está existiendo frente al asesinato a mansalva de civiles en retenes militares es ya inaguantable, insostenible.
Por esta razón le solicito a la Mesa Directiva, como se planteó hace rato en la sesión, que se abra un espacio para un pronunciamiento específico de condena a este acto, de solidaridad con la familia que está siendo presionada por el Ejército para que no prosiga el procedimiento judicial, y de que esta soberanía ya reaccione de manera enérgica frente a estos asesinatos que están quedando impunes y que ya es el colmo que menores de 9 y 5 años de edad, como es el caso de Martín y Bryan Almanza Salazar hayan perdido la vida en una situación tan grave como la que estoy denunciando. Le agradezco mucho, diputado presidente, el haberme concedido el uso de la palabra.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputado. Sólo que este tema no fue tratado en la sesión anterior y por tanto no podía aparecer en el acta que está a discusión. Proceda la Secretaría a preguntar a la asamblea si se aprueba el acta.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Las diputadas y los diputados que estén por la aprobación del acta sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se aprueba el acta.
Pasamos al siguiente punto del orden del día que son Iniciativas
La Presidencia recibió del señor diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 218 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De igual forma recibimos en la Presidencia, del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia.
Recibimos también iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por las diputadas Ninfa Salinas Sada y Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Acción Nacional. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La Presidencia también recibió del diputado Julián Nazar Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión Especial de Ganadería, misma que se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Tiene la palabra la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La diputada Elsa María Martínez Peña: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. El sector energético de nuestra economía tiene una importancia estratégica en el desarrollo nacional. La energía, su generación, su aprovechamiento, la sustentabilidad ecológica de su explotación y la innovación tecnológica constituyen uno de los grandes retos de México en el siglo XXI.
En el 2008 se llevó a cabo una reforma legislativa en materia energética. Del contenido de dicha reforma, destaca una disposición relativa a la planeación en este sector fundamental de la economía.
El artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece lo siguiente: el Ejecutivo federal enviará al Congreso en el mes de febrero de cada año, para su ratificación, en un plazo máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de Energía, con un horizonte de 15 años, elaborada con la participación del Consejo Nacional de Energía.
Por primera vez el Ejecutivo federal cumplió con dicha obligación el 26 de febrero del presente año, enviando el escrito correspondiente a la Cámara de Senadores. El hecho es de la mayor trascendencia porque se trata de un mecanismo que necesariamente propiciará el diálogo, la negociación y el acuerdo en la definición del futuro de este trascendente sector de la economía.
El Congreso de la Unión ahora tendrá la facultad de revisar y ratificar la Estrategia Nacional de Energía. De este modo se reconoce que este tema, en especial la energía eléctrica y el petróleo, es de la mayor trascendencia y despierta la sensibilidad de la comunidad política y de los diversos sectores sociales.
La Estrategia Nacional de Energía que el Ejecutivo federal presentó señala el propósito de lograr una visión común sobre el sector energético hacia el año 2024 y está conformada por tres ejes rectores: seguridad energética, eficiencia económica y productiva y sustentabilidad ambiental.
De este modo se busca garantizar que el sector evolucione hacia una operación segura, eficiente y sustentable y que responda a las necesidades energéticas y de crecimiento económico y desarrollo social del país.
En este contexto, la iniciativa que presentamos propone una precisión sencilla pero necesaria. La disposición legal vigente no precisa a cuál de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión enviará el Ejecutivo federal la Estrategia Nacional de Energía, solamente establece que el Ejecutivo federal enviará al Congreso la Estrategia Nacional de Energía.
Esta falta de precisión genera ambigüedad e incertidumbre en el trabajo legislativo, porque ambas Cámaras del Congreso de la Unión necesitan planificar sus trabajos con la mayor amplitud, sobre todo en temas tan importantes como el energético.
La reforma que proponemos consiste en que la fracción VI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establezca claramente que el Ejecutivo federal enviará alternativamente la Estrategia Nacional de Energía, un año a la Cámara de Diputados y el siguiente año a la Cámara de Senadores.
El tema energético no es exclusivo de alguna de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión. Por ello, la iniciativa que proponemos es que la Estrategia Nacional de Energía sea enviada por el Ejecutivo federal no a una determinada Cámara legislativa, sino que se envíe alternadamente un año a la Cámara de Diputados y el siguiente año a la Cámara de Senadores. De este modo, ambas Cámaras tendrán la oportunidad cada dos años de ser la Cámara de origen para analizar, revisar, consultar y en su caso ratificar la Estrategia Nacional de Energía.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que de esta manera la planeación estratégica en materia energética tendrá una mayor certidumbre en su etapa de análisis y ratificación legislativa. Es por ello que solicitamos su apoyo a esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley General de Población.
El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. En nuestro país diversas vejaciones son cometidas a diario contra connacionales que han sido expulsados de Estados Unidos de Norteamérica, principalmente. El maltrato y la ignominia de la que son objeto al buscar un mejor porvenir más allá de su patria, con frecuencia son tomados de escarmiento en su tenaz intento por cruzar las fronteras con otros países.
Sin embargo, la importancia que tienen nuestros migrantes para México es tal, que influyen, para empezar, en nuestra economía nacional, de manera sumamente significativa.
Debemos señalar, que en cifras sus envíos de dinero forman la segunda fuente de ingresos de divisas en el país, después de la actividad petrolera, siendo éstas importantes cantidades, incluso duplicando la obtenida por la inversión extranjera directa y muy por encima de lo obtenido por el turismo.
Tan sólo por señalar un ejemplo, nuestros connacionales provenientes de Michoacán, oscilan entre un 10 por ciento del total de estos ingresos, seguidos de Jalisco, Guanajuato y Durango con el 9, 8 y 2 por ciento, respectivamente.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, dada a conocer la importancia que tienen nuestros connacionales migrantes, el presente gobierno ilegítimo se empeña en mantenerlos desprotegidos.
Ante esto, debemos reconocer que prevalece una enorme falta de criterios que garanticen el respeto a los derechos de los ciudadanos considerados migrantes. De esta forma, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que para 2009 las principales denuncias estriban en que los migrantes son golpeados, se les exige dinero a cambio de dejarlos continuar su camino; se les roba dinero o pertenencias durante el aseguramiento; y son objeto de abuso de autoridad por parte de policías, personal de Migración y funcionarios en general.
Los programas de atención a migrantes son en los hechos un viacrucis hasta donde lo increíble puede suceder. Hablamos de que una persona de origen mexicano, frente a una situación de urgente necesidad como puede ser la solicitud de atención médica, de alimentos o la oportunidad de hacer una simple llamada telefónica resulta un factor de riesgo para ser víctima de personas sin escrúpulos, consideradas entre ellas a las autoridades.
En promedio, hablamos de una buena porción de personas migrantes que suman 500 mil mexicanos migraron a los Estados Unidos durante los últimos tres años, principalmente de los estados de Durango, Michoacán y Jalisco, entre otros, como lo señalamos anteriormente.
En este sentido, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos queda claro que la capacitación al personal a cargo de la atención y auxilio de las personas migrantes de los distintos organismos es un factor decisivo para garantizar el respeto a sus derechos humanos y políticos, así como para la atención responsable a estos connacionales.
Las estadísticas no mienten. Datos señalados por los institutos que dan seguimiento a la manera de tratar a nuestros migrantes, nos hablan de un gran maltrato existente desde hace varias décadas. Es necesario adecuar la capacitación para personal policial principalmente, y para las personas integrantes de los diversos organismos encargados de estas tareas, incluyendo a las personas que desempeñan actividades de manera voluntaria.
Ante esta situación es necesario implementar acciones, que garanticen una mejor atención por parte del Estado a las personas que buscan un mejor nivel de vida migrando a otros países. Por ello, nos permitimos proponer la siguiente modificación a la Ley de Población:
La Secretaría de Gobernación tendrá la obligación de capacitar a todo agente fronterizo, empleado e integrante?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez: ?administraciones de pasos fronterizos, aduanas, puentes y garitas a cargo de la propia Secretaría, salvaguardando la integridad física y moral, además de su seguridad de los migrantes.
Asimismo, dicha Secretaría se coordinará para los efectos con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para garantizar que el personal policial y de supervisión cuente con los conocimientos necesarios para la atención y auxilio de migrantes, además de trabajar en conjunto con el Instituto de Migración para enriquecer y fortalecer las acciones en beneficio de nuestros connacionales.
Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se deroga toda aquella disposición que se contraponga al presente decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Es todo, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Tiene la palabra el señor diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez: Con su venia, diputado presidente. Por razones de economía procesal parlamentaria daré lectura únicamente a los puntos que considero sustanciales para fundamentar la propuesta; sin embargo, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva, que se ordene la inserción íntegra del texto de dicha iniciativa en el Diario de los Debates.
Compañeras y compañeros legisladores, de acuerdo con las cifras que pone a disposición la Procuraduría General de la República en su página electrónica, solamente en un lapso de 10 meses, entre septiembre de 2007 y junio de 2008, se pusieron a disposición del entonces Consejo de Menores a 3 mil 759 adolescentes como presuntos responsables de conductas tipificadas como delitos y se proporcionaron 29 mil 204 asesorías jurídicas a igual número de adolescentes que realizaron alguna conducta tipificada como delito. Aunado a lo anterior, en la actualidad existe una tendencia a nivel nacional que refleja el incremento en el número de los delitos cometidos por adolescentes.
En el caso particular del Distrito Federal, de acuerdo con los datos contenidos en el IV informe de labores del procurador general de Justicia, en Materia de Justicia para Adolescentes, durante el último año de actividades los ocho juzgados de proceso inscribieron 2 mil 439 expedientes, de los cuales mil 329 fueron por acción de remisión, y en los seis juzgados de proceso oral se recibieron 530 expedientes, de los cuales 368 fueron por acción de remisión.
Asimismo, el secretario de Seguridad Pública de la entidad, durante su reciente comparecencia ante el órgano legislativo local reconoció que se han incrementado las conductas delictivas realizadas por menores de edad, situación que repercute también al cumplir la mayoría de edad, siendo un dato relevante que el 70 por ciento de los internos en los reclusorios del Distrito Federal tienen entre 18 y 25 años de edad, dentro de un universo de 40 mil reclusos.
Por lo anterior, es evidente que se trata de un tema que requiere de una atención urgente e integral en los ámbitos de la atención a grupos vulnerables, de la prevención del delito de la justicia para adolescentes y de la readaptación y de reinserción familiar y social de los jóvenes que hayan cometido acciones ilícitas.
De igual modo, entre los motivos que orientan la presentación de esta iniciativa se considera necesario dar cumplimiento estricto al mandato contenido en la reforma del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos cuarto, quinto y sexto, que modificó por completo la manera en que el Estado mexicano concebía a sus jóvenes en conflicto con la Ley Penal, a los cuales ya no se les llamaría menores infractores y estableció un nuevo sistema de justicia integral para adolescentes, postulando los principios fundamentales que deben regirlo.
Este decreto procuró acatar diversos instrumentos internacionales signados anteriormente por el Estado mexicano como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de su Libertad.
Dicha reforma tuvo un par de momentos importantes; primero, el 12 de marzo en 2006 y, segundo, el 12 de septiembre del mismo año. En la primera fecha entraron en vigor a nivel federal como local, tanto la denominación de los adolescentes como las distinciones etarias, es decir de edad, para establecer las consecuencias jurídicas de su responsabilidad, quedando tan sólo pendiente para la segunda fecha la creación de las leyes de instituciones y órganos que se requieren para la aplicación del nuevo sistema; obligación que, de manera por demás incongruente, se ha interpretado en el sentido de que aplica tan sólo para las entidades federativas y no para la federación.
En este orden de ideas, para esta fecha las disposiciones penales, federales y locales deberán estar acorde con el texto constitucional. Sin embargo, en el orden federal se encuentran en franca contraposición con la reforma constitucional previamente aprobada. A este respecto el máximo tribunal de este país ya se ha manifestado en este sentido.
Por otro lado, las entidades federativas han emprendido de manera muy variada la forma en que deben instrumentar la reforma, tanto en la nomenclatura que utilizan en el diseño institucional y procesal, debido al diseño constitucional que plantea una materia concurrente, o como lo menciona la jurisprudencia derivada de la Primera Sala de la Corte, un sistema de doble fuero o materia común, que en el pleno se denomina "facultad legislativa coincidente". Es decir, el Constituyente no reservó competencia ni para la federación ni para las entidades federativas.
Por lo que, los respectivos órganos legislativos, Congreso General, Congresos estatales y Asamblea Legislativa en el DF, pueden legislar respecto de la misma materia, en este caso penal; pero, en el ámbito de sus competencias, para facilitar la unificación en la aplicación de la justicia para menores de edad y permitir mejor desarrollo, se propone adicionar la fracción XXI del artículo 73 constitucional con un párrafo en que se establezca la facultad del Congreso de la Unión para expedir las leyes que fijen la concurrencia y las bases normativas de coordinación a las que deberán sujetarse la federación, los estados y el Distrito Federal en la implementación y aplicación del sistema de justicia penal para adolescentes.
La concepción del sistema integral de justicia para adolescentes como una?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez: -Concluyo, diputado- ... como una materia concurrente permitiría que sólo fuera el Congreso General el único facultado para crear una ley general en la materia que estableciera los aspectos, tanto sustantivos como procesales que deberían ser observados.
Para tal efecto se propone la siguiente iniciativa de reformas al artículo 73 constitucional en materia de justicia para adolescentes al tenor de la siguiente redacción:
Artículo único. Se adiciona la fracción XXI-A del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. ...
XXI-A. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de procedimientos seguidos en el sistema de justicia integral para adolescentes. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre del estadista Adolfo López Mateos.
El diputado Pedro Ávila Nevárez: Con su permiso, señor presidente. Vengo a esta turbina, como diputado federal, a pedir a todos ustedes que hagamos justicia a un gran hombre de México que nacionalizo la industria eléctrica, nos dio los libros de texto gratuitos, nos dio el Instituto para los Trabajadores al Servicio del Estado y la política internacional de México brilló en todo su esplendor en todo el orbe.
Vengo a presentar esta iniciativa para honrar al hombre estadista y patriota por su obra al servicio de la nación, por sus acciones que dieron honor a nuestro país en el mundo entero al reconocer esta obra que hizo de la energía eléctrica las venas que permitieron ensanchar la planta industrial del país y que dio al más pobre la oportunidad de tener luz en sus hogares.
Seguro es que el pueblo de México dará el reconocimiento a aquel hombre que tuvo en sus manos el destino de la patria y que, más allá de sus errores como ser humano, sobrevive la grandeza de su tarea cumplida para las generaciones de mexicanos que siguieron después de su mandato, que heredaron un país con la fortaleza de sus instituciones y su soberanía en el uso de los energéticos, los cuales siguen siendo pilar del desarrollo.
Nació en Atizapán de Zaragoza, estado de México en 1910, en los albores de la Revolución; y murió en la Ciudad de México después de entregar su vida a la patria en 1969. Se inició en la política estudiantil como alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la escuela nocturna de la Facultad de Derecho; amigo de Vasconcelos; formó parte del grupo de estudiantes que lucharon por la autonomía universitaria. Él siempre se declaró un izquierdista con la Constitución en la mano, desde que llevó sus ideales revolucionarios en su lucha por un México mejor.
Fue el gobierno de López Mateos el único que apoyó a Cuba en sus ideales de libertad. Fue director del famoso Instituto Científico y Literario de Toluca, donde se comprometió con la educación popular y gratuita y con el espíritu de aquellos grandes hombres liberales que construyeron a la patria y su historia.
Senador de la República de 1946 a 1952, cuando emprendió su carrera como hombre de Estado que lo llevaría, primero, a comprometerse con la lucha de los obreros y el sindicalismo nacionalista al ser secretario del Trabajo de 1952 a 1958, y a llevar el justo anhelo del reparto de utilidades que más adelante lo hizo ley al ser presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Llegó a la Presidencia de la República para el periodo 1958 a 1964. Desde el primer momento aquel hombre que había sido empapado por la educación socialista y la lucha de Lázaro Cárdenas por la soberanía del país, puso al servicio de la nación toda su capacidad y toda su inteligencia.
El reparto de utilidades lo implantó siendo presidente de la república y mejoró el ingreso de los obreros. Gran enseñanza para los actuales gobernantes conservadores.
López Mateos comprometido con los ideales de la Revolución Mexicana, con el pueblo y principalmente con los campesinos, distribuyó la tierra más que ningún otro presidente después de Lázaro. La repartición de tierra había sido casi olvidada como una meta de la Revolución Mexicana, pero López Mateos dio todo su esfuerzo a favor del ejido y la defensa de éste.
Una de sus grandes decisiones es la nacionalización de las compañías eléctricas, propiedad de americanos y canadienses, decisión que demuestra su gran nacionalismo y al hombre que, despojado de egoísmo oportunista, entregó a la patria sus riquezas. La nacionalización de la industria eléctrica ahora amenazada por los conservadores?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Pedro Ávila Nevárez: ? y neoliberales permitió impulsar el desarrollo de la industria mexicana al subsidiar el consumo. Desgraciadamente muchos de los empresarios poco o nada han hecho en beneficio de los más pobres.
Una vida llena de de hechos históricos en beneficio del pueblo, como fue el plan de 11 años de educación básica que estableció.
Por eso, como no me alcanza el tiempo para narrar la vida de este gran hombre que arrancó del norte un pedazo de su territorio que nos correspondía, como es el Chamizal, pido yo a esta soberanía nacional que este hombre que siempre estuvo defendiendo la soberanía de la patria, la defensa del pueblo y la emancipación de las grandes libertades que la sociedad demandaba.
A 100 años de su nacimiento, el mejor homenaje que le puede rendir el pueblo de México es la memoria permanente de su patriotismo y entrega desinteresada por el bien de la patria, inscribiendo su nombre con letras de oro en el Muro de Honor de este salón de sesiones de la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso de la Unión.
Por lo anterior, propongo a esta soberanía el siguiente
Decreto
Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados el nombre del gran estadista mexiquense nacido en el estado de México, don Adolfo López Mateos.
Transitorio
Único. Facúltese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para organizar la ceremonia alusiva al estadista mexicano don Adolfo López Mateos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los días del mes de abril de 2010. Diputado Pedro Ávila Nevárez.
Pido, señor presidente, que le dé turno a esta iniciativa, ya que el día 23 de mayo cumple el presidente Adolfo López Mateos 100 años de su nacimiento y es justo que aquí en esta Cámara de Diputados pongamos el nombre de ese gran estadista que nacionalizó la industria eléctrica.
Creo, compañeros, que todos ésos que gritan ¡tiempo!, están ardidos?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Concluya, compañero, por favor.
El diputado Pedro Ávila Nevárez: ? porque López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y ahora ellos la están entregando en manos extranjeras.
Pido a todos su apoyo para el presidente López Mateos, aunque chiflen los reaccionarios de siempre que han estado al servicio del capitalismo extranjero. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene la palabra el diputado Juventino Víctor Castro y Castro, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Juventino Víctor Castro y Castro: Con su venia, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados: la Constitución liberal de 1857 y la Constitución social y revolucionaria de 1917 coinciden en el reconocimiento de muchas garantías individuales y colectivas, así como en muchas disposiciones orgánicas, pero sobre todo, en el reconocimiento amplísimo de la libertad personal, que constituye la suprema garantía para que se pueda gozar del resto de las garantías reconocidas.
Según nuestros textos, para que el Ministerio Público averigüe una conducta y prive legalmente de la libertad a una persona se requiere que previamente exista una denuncia, una acusación o una querella de la parte que denuncie que se ha cometido un delito castigable con pena corporal; practicar a continuación una averiguación previa y, hasta entonces, el Ministerio Público podría consignar a un juez la averiguación que practique, y al señalar al probable indiciado, le pida al propio juez que gire una orden de aprehensión en contra del presunto responsable de esa conducta y así motive la causa legal y constitucional de los procedimientos como lo ordena la Carta Magna.
Sin cumplirse tales condiciones, nadie puede, constitucionalmente, ser privado de su libertad, salvo que fuere sorprendido in fraganti.
El Ministerio Público que hubiere solicitado la orden, y el único que puede ejecutarlo, tiene la obligación de poner a disposición del juez, de inmediato, al detenido. En 1996 se autorizó al Ministerio Público a retener por 48 horas a un detenido y tan sólo por ese término. La discreción subsiste, está vigente.
Por otro lado, el vigente artículo 20 establece como garantía de toda persona imputada, que se presuma su inocencia mientras no se declare en sentencia del juez de su causa, una presunta responsabilidad a su caso.
Yo mismo tuve la enorme oportunidad, bajo la autoridad de don Sergio García Ramírez, como director jurídico de la subprocuraduría, de cumplir con la garantía de que se investigara para aprehender y no que se aprehendiera para investigar.
El Ministerio Público en esos tiempos era eficiente y cumplía con su misión constitucional. ¿Qué ocurrió para convertirlo en corrupto e ineficaz ante los ojos de la sociedad? Podríamos intentar explicarlo pero es indicativo subrayar que los jueces comenzaron a poner en libertad a los delincuentes organizados bajo cargos insuficientes y el Ministerio Público a afirmar que ellos persiguen y aprehenden a los delincuentes y los jueces continuamente los ponen en libertad inmediata de forma arbitraria.
Por esta última circunstancia y para evadir su obligación de investigar, antes de aprehender, se acostumbró utilizar caprichosamente el arraigo penal de cualquier persona a quien considerara el Ministerio Público como presunto componente de un miembro de la delincuencia organizada, cuando así lo considere pertinente.
Este ilegal procedimiento motivó que nuestra Suprema Corte resolviera, en jurisprudencia firme, que el arraigo viola las garantías de la libertad personal y de tránsito. Por ello, el Ministerio Público prefirió promover y lograr una reforma constitucional y legalizar los arraigos penales en el artículo 16 constitucional. Así, lo inconstitucional se convirtió en perfectamente constitucional.
Inclusive el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el pasado 7 de abril de este mismo año, abordó así las observaciones que hizo relacionadas con el arraigo en México. El comité dice textualmente: expresa su preocupación por la legalidad de la utilización del arraigo en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada que prevé la posibilidad de detener a una persona sin cargos, durante un máximo de 80 días, sin ser llevado ante un juez y sin las necesarias garantías jurídicas, según lo prescribe el artículo 14 del pacto.
El Comité lamenta la falta de aclaraciones sobre el nivel de las pruebas necesarias para una orden de arraigo. El Comité subraya que las personas detenidas en virtud del arraigo corren peligro de ser sometidas a malos tratos. Artículos 9 y 14.
Y tomó la siguiente medida a la luz de la decisión del 2005 de la Suprema Corte federal sobre la inconstitucionalidad de la detención preventiva y su clasificación como detención arbitraria, y del grupo de trabajo de las Naciones Unidas: el Estado parte debe adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la detención por el arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal.
Esto es un balón para nuestra Constitución y debe concluir en beneficio de la dignidad y de la legalidad mexicanas.
Sin embargo, toda prohibición que se dictara sería insuficiente si el Poder Legislativo no refuerza además el garantismo en la libertad personal. Éste es el origen de nuestro juicio de amparo, copiado por toda Iberoamérica y por España.
Toda atribución con efectos jurídicos reconocida a los seres libres constituye derechos humanos, pero sólo se consolidan éstos cuando la propia Constitución los garantiza mediante una acción procesal especial.
Por ello propongo en mi iniciativa la creación en México de un habeas corpus. El procedimiento es sencillo, más que el latinasgo con el que es conocido y que quiere decir: traigan ante mi presencia al que se dice abusado y a su aprehensor para resolver de inmediato la situación legal del detenido.
Consiste en que el agraviado o alguien a nombre de él plantee jurisdiccionalmente ante juez competente que ordene la presencia de él ante su jurisdicción en unión del detenido y así con rapidez y agilidad la propia autoridad retenedora se confirmara en sus procedimientos y en sus determinaciones que fueran legales, ser respetuosos del derecho y se continúe normalmente los procedimientos constitucionales, o bien se declare la arbitrariedad en la aprehensión. En este último caso ponerlo en absoluta libertad y en el pleno goce de sus garantías.
Esto reforzaría la garantía de la absoluta libertad de ser individual y social protegidos por nuestra Constitución.
En obvio del tiempo, me abstengo de leer aquí las concretas derogaciones de los párrafos séptimo y octavo del artículo 16 de la Constitución y las adiciones y modificaciones que se proponen introducir en el artículo 107 de la Constitución, en cuya virtud solicito atentamente a la Presidencia ordene transcribir textualmente el texto de mi iniciativa en el Diario de los Debates. Mis agradecimientos por su atención. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí diputado Cárdenas, dígame.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Para preguntarle al diputado Juventino Castro, si me permite adherirme a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Señor diputado Juventino Castro, está usted de acuerdo en que se adhiera a su propuesta el diputado Cárdenas?
El diputado Juventino Víctor Castro y Castro: Muy honrado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo. Pasen los que deseen suscribirla a la Secretaría.
Tiene la palabra el señor diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Buenas tardes, consejero presidente. Perdón, diputado presidente. Buenas tardes diputadas. Estoy retrasado varios años.
Diputadas y diputados, esta iniciativa tiene relación con un asunto trascendental, porque tiene que ver con la discusión que estamos dando en esta Cámara, todos los días, y en las comisiones. En México requerimos un sistema jurídico, garantista. Un sistema que maximice los derechos fundamentales.
No requerimos, como propone el Ejército mexicano, repito, no requerimos como propone el Ejército mexicano, o alguno de sus miembros, un sistema que legalice la impunidad. Necesitamos un sistema que amplíe el marco jurídico, el marco de los derechos fundamentales.
En concreto, esta iniciativa lo que está proponiendo es reforzar el sistema del juicio de amparo.
México, como en otros temas, en esta materia comparado con países latinoamericanos va retrasado. En distintos países de América Latina, como es el caso de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, de Perú, se permite o se acepta el amparo contra actos de particulares y no solamente el amparo contra actos de autoridades.
Este derecho comparado latinoamericano tiene un antecedente muy importante en Europa, porque en Alemania, en 1958, se admitió por primera vez la tesis de la Drittwirkung der Grundrechte, que significa La tesis de la eficacia de los derechos fundamentales frente a actos de particulares.
Creo que en México, para estar a la vanguardia de Latinoamérica y sobre todo para proteger en serio los derechos fundamentales, debe permitir que el juicio de amparo también proceda contra actos de particulares, sobre todo hoy en día en donde los poderes fácticos, los poderes mediáticos, los poderes económicos, los poderes de las iglesias, los poderes del Ejército, los poderes de los sindicatos, se han incrementado enormemente, y muchas de las instituciones formales del Estado han quedado secuestradas por los poderes fácticos.
Por tanto, para garantizar plenamente en nuestro país los derechos fundamentales, el juicio de amparo debiera proceder no solamente contra actos de autoridades, sino también contra actos de particulares como ocurre en Latinoamérica y en Europa.
En este sentido, estoy proponiendo, presidente diputado, una reforma al artículo 103 de nuestra Carta Magna, para que se incluya en la fracción IV la procedencia del juicio de amparo en tratándose de actos de particulares que violenten derechos fundamentales, garantías individuales.
Creo que de esta manera podríamos colocarnos a la vanguardia y podríamos renovar el juicio de amparo nacional, que es un juicio de amparo de corte decimonónico que, desgraciadamente en nuestro país ha quedado rezagado, y que no tutela convenientemente los derechos humanos de los mexicanos.
A tal grado es la incapacidad del juicio de amparo para tutelar derechos fundamentales que de 100 amparos que se promueven en este país, todos los días, cerca de 70 por ciento de los amparos son sobreseídos por actualizarse alguna causa de improcedencia.
El amparo debe ser renovado no solamente en su legislación secundaria, sino en su capacidad tuteladora. El amparo debe servir para tutelar, desde luego, derechos económicos, sociales y culturales, pero también el amparo debe servir para tutelar a los particulares por actos que realicen otros particulares en su perjuicio y que violenten los derechos fundamentales.
Ésta es la iniciativa que estoy presentando, señor diputado presidente. Le solicito muy atentamente que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención, compañeras diputadas y compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14, 33 y 42 de la Ley General de Educación.
El diputado Gerardo del Mazo Morales: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados. Todo niño tiene derecho a una vida libre de violencia; sin embargo, aún millones de niñas y niños son víctimas del maltrato cada año. Esto amenaza la salud del niño y la facultad de aprender. Puede destruir la confianza en sí mismo y socavar su facultad de ser buenos padres en el futuro.
En muchos casos esta condición puede conducir a la muerte. El incremento de este fenómeno en las escuelas es hoy un tema de gran preocupación que debido a sus repercusiones nos involucra a todos.
Muchos son los estudios e investigaciones que reportan cifras preocupantes. Tan sólo el índice de actos violentos dentro de las escuelas públicas en México, que incluye daño a instalaciones, robo con o sin violencia, agresión física o verbal a alumnos y profesores, y portación de objetos punzocortantes, es de 42.8 por ciento en primarias y 52.5 en secundarias.
Si bien existen programas y lineamientos enfocados a resolver este problema, al no contar con acciones permanentes han resultado insuficientes. Por ello, es necesario que la mediación educativa contenga procesos claros de prevención, gestión y resolución de conflictos.
Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza eliminar desde la escuela el maltrato, la violencia y otros problemas relacionados con la salud de las y los estudiantes, como las adicciones, es posible mediante la creación de mecanismos de detección, atención y canalización de dichas conductas.
En este sentido es que proponemos reformar diversos artículos de la Ley General de Educación, para establecer como una atribución concurrente de las autoridades educativas la elaboración de mecanismos que atiendan la violencia escolar y el abuso en cualquiera de sus manifestaciones.
Asimismo, la iniciativa establece como una competencia más de las autoridades educativas, la de impartir a todo su personal programas en materia de educación, en derechos humanos, educación para la salud y detección de casos de violencia y abuso. Con ello se abarca la prevención y canalización de los principales conflictos como son la obesidad, los trastornos alimenticios, el alcoholismo y el consumo de drogas, la trasmisión de enfermedades sexuales, los embarazos no deseados, entre muchos otros, que aquejan a las niñas, niños y adolescentes dentro de las escuelas en México.
Por último, proponemos que en la impartición de la educación para menores de edad se tomen las medidas para preservar no solamente su integridad física y psicológica, sino también la sexual. Además, y como parte de estas acciones, todas las instituciones educativas deberán atender y dar seguimiento a toda queja o denuncia por violencia escolar o abuso físico, psicológico o sexual que puedan presentarse dentro y fuera de las escuelas, siempre y cuando los casos estén relacionados con la vida escolar; que afecten a las y a los alumnos o a otros miembros de la comunidad educativa.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos que la escuela debe seguir siendo un área de formación, cada vez con mayor calidad y pertinencia. Por ello, mitigar los efectos negativos de un entorno adverso es una prioridad que requiere de un amplio compromiso.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante de este grupo parlamentario someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14, 33 y 42 de la Ley General de Educación.
Por respeto al tiempo de mis compañeras y compañeros legisladores, omitiré la lectura del articulado. Solicito a la Mesa Directiva sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria, con el turno correspondiente. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Señoras y señores diputados, contamos con la asistencia de personal y alumnos de la Universidad de Monterrey, que fueron invitados por el diputado Baltazar Hinojosa Ochoa. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Héctor Guevara Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Diputado, dígame usted.
El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (desde la curul): Para preguntarle al diputado Del Mazo si no tiene inconveniente en que nos sumemos a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Diputado Del Mazo, acepta usted que se sumen a su iniciativa?
El diputado Gerardo del Mazo Morales: Con todo gusto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Perfecto, acepta el señor diputado. Pase a firmarla. Adelante, señor diputado Guevara Ramírez.
El diputado Héctor Guevara Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, el que suscribe Héctor Guevara Ramírez, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con el fundamento que la sustenta, somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39, fracción II, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Asuntos Electorales, recorriendo subsecuentemente las demás fracciones y comisiones.
Compañeros diputados, compañeras diputadas, en esta Cámara vivimos una etapa donde la reforma política propuesta y los cambios en los órganos de los Poderes del Estado, serán de gran trascendencia para la nación.
Del trabajo conjunto y plural que estamos realizando surgirán instituciones y relaciones políticas renovadas en su legitimidad, que fortalezcan nuestro proceso democrático.
Aportar propuestas que mejoren la calidad de la legislación, que den certeza y transparencia a los procesos electorales, debe ser nuestra divisa.
Esta iniciativa se inscribe en la nueva reforma política. La pertinencia indica que la comisión ordinaria de Gobernación deje de conocer y dictaminar asuntos que son de materia electoral.
Es iniciativa es congruente con el desarrollo político del Estado mexicano, con el desarrollo que ha tenido en los últimos 30 años, en que la autonomía de las instituciones electorales respecto de la Secretaría de Gobernación ha sido una premisa fundamental. La característica distintiva del proceso de cambio político ha sido el desarrollo de las instituciones electorales a través de procedimientos normativos y sucesivas reformas.
Desde 1946 en que se crea la Comisión de Vigilancia Electoral, hasta 2007 en que se ha hecho posible el desarrollo, evolución y perfeccionamiento del derecho electoral mexicano que pertenece al derecho público, que goza de plena autonomía jurisdiccional, doctrinal y legislativa sustentada por sus fuentes históricas, formales y materiales para que la constituyan como una disciplina jurídica necesaria para el sistema político mexicano.
Esta iniciativa refuerza su argumentación en tres hechos políticos:
Primero. Que en las 32 entidades federativas existen operando institutos o consejos y tribunales electorales estatales.
Segundo. Que los Congresos de Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Tabasco, el estado de México, Tlaxcala y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuentan con comisiones ordinarias o permanentes de Asuntos Electorales, independientemente de que cuenten también con la Comisión de Gobernación, mostrando su avance en la especialización de la materia y en la lógica democrática.
Tercero. Que en la LX Legislatura se turnaron 109 iniciativas en materia electoral a la Comisión de Gobernación; y en esta Legislatura se han turnado a la fecha más de 20.
Compañeros legisladores, la creación de la Comisión ordinaria de Asuntos Electorales no sólo tiene fundamentos suficientes para ser instituida, sino que sería el escenario idóneo para que las diputadas y los diputados apliquen sus amplios conocimientos en procesos electorales federales y estatales, en beneficio del fortalecimiento del marco normativo de la materia; establezcan puentes de comunicación directos con autoridades estatales y federales; con agrupaciones políticas nacionales y organizaciones ciudadanas para estudiar, proponer, analizar y debatir futuras reformas en materia electoral.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39, fracción II, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Comisión de Asuntos Electorales.
Aprobar esta iniciativa está en la decisión de este pleno. Estoy cierto que su dictamen a favor será un voto para lograr la modernización de las tareas legislativas y del sistema político mexicano.
Señor presidente, solicito de manera respetuosa a la Mesa Directiva de esta Cámara que se inserte íntegramente la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El diputado Arturo Zamora Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, el diputado Zamora desea hacer uso de la palabra. Dígame usted, diputado.
El diputado Arturo Zamora Jiménez (desde la curul): Muchas gracias. Sólo quiero preguntarle al diputado si me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado Guevara Ramírez, ¿acepta que el diputado Zamora se sume a su propuesta?
El diputado Héctor Guevara Ramírez (desde la curul): Sí, por supuesto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aceptado. Pase usted a firmarla, señor diputado. Se pide a la Secretaría que instruya al cierre del sistema electrónico de asistencia.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Sigue abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 439 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señoras diputadas y señores diputados, se encuentran entre nosotros alumnos y personal de la escuela secundaria 3, de Aguascalientes, invitados por la diputada Margarita Gallegos Soto. De igual manera tenemos como invitados a alumnos y personal de Ecatepec, estado de México, invitados por el diputado Martín Vázquez Pérez.
Asimismo, personal y alumnos de la Universidad del Tepeyac, de Ecatepec, estado de México, de la licenciatura en derecho, invitados por el diputado Josué Valdés Huezo; y de la Universidad de la Sierra Sur, de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, invitados por el diputado Omar Fayad Meneses. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 20, 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Con su venia, diputado presidente. México es un país de origen, tránsito y recepción de migrantes. La migración masiva de gente de México y países de América Latina a los Estados Unidos de América ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de millares de personas, sobre todo mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como a exponerlas a ser víctimas de la trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual y laboral.
La trata de personas es un delito con terribles consecuencias psicológicas, considerado como una modalidad contemporánea de esclavitud y como una forma extrema de violencia contra mujeres, niñas y niños. El combate a la trata de personas requiere de un enfoque interdisciplinario y una participación activa de gobiernos e instituciones federales, estatales y municipales, junto con la sociedad civil.
Es un fenómeno muy antiguo, que sólo desde las dos últimas décadas ha venido saliendo a la luz pública. En otras palabras, estamos frente a un problema viejo con un nombre nuevo.
Esta LXI Legislatura tiene la oportunidad de seguir legislando y actualizando el marco jurídico de un delito tan lascivo como la trata de personas y potenciar al Estado para una persecución y sanción óptima. Más no es todo, porque un nicho de oportunidad se encuentra en la atención a los derechos de las víctimas o del ofendido que se regula en el artículo 20 constitucional.
El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera general cuáles son los derechos de las víctimas u ofendidos de los delitos. Es el caso que dichas personas conocidas en el ámbito del derecho penal como "sujetos pasivos" tienen consagrados sus derechos en la Constitución mexicana y los códigos penales respectivos. El resguardo de la identidad y otros datos personales está previsto para un breve catálogo de delitos en el que no figura la trata de personas.
Es necesario proteger a la víctima de trata de personas de manera integral. La autoridad debe vigilar que en la protección a la víctima se proteja también su honor, que favorezca el libre desarrollo de la personalidad y mediante esta propuesta de reforma será posible esta protección en virtud de la caución con que la autoridad dirija sus procedimientos, de manera específica en relación con el sigilo de los datos personales tratándose de la trata de personas y no solamente en los delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada, como está contemplado.
Como se ha comentado, el delito de trata de personas es un delito complejo y, como tal, debe ser atendido de manera interdisciplinaria y en coordinación con los tres órdenes de gobierno. La atención debida al delito no concluye con la punición del agente, sino que debe incluir la atención a la víctima.
Como se ha expuesto en el párrafo que precede, la lesión al bien jurídico de la víctima en el delito de trata de personas puede continuar, incluso, después de la acción del Estado. Un Estado democrático, garante de los derechos humanos, no puede permitir que sus autoridades lesionen, aún más, los bienes jurídicos de sus gobernados.
La atención interdisciplinaria, la única adecuada para la víctima del delito de trata de personas debe garantizarse desde el momento en que el Estado interviene, en la salvaguarda del libre desarrollo psicosexual del individuo.
Por su parte, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comanda la coordinación de los tres órdenes de gobierno para cumplir los objetivos de la seguridad pública e integrar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La deficiencia en la práctica respecto de la coordinación de las autoridades es evidente. Es necesario dotar de herramientas jurídicas efectivas a la autoridad para que investigue, persiga y sancione delitos tan aberrantes como la trata de personas. Esto sólo será posible si los tres órdenes de gobierno se coordinan, bajo una Ley General en Materia de Trata de Personas, en pro de la salvaguarda de la nación mexicana.
Para ello se propone reformar el artículo 21constitucional mediante una inciso f) al párrafo décimo de dicho numeral, para que las autoridades locales se coordinen con las autoridades federales?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputada, por favor.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho: ...para el conocimiento de los delitos del fuero federal, cuando tengan conocimiento de la comisión de esos delitos.
Ya termino, diputado.
La iniciativa que hoy someto tiene como propósito reformar el artículo 73, en su fracción XXI, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que el Congreso tenga la facultad de expedir una Ley General en Materia de Trata de Personas y no solamente en materia de secuestro como se dispone en el precepto legal que se comenta.
Yo le solicito a mis compañeros diputados que firmen en sentido positivo esta iniciativa. Les agradezco su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene el uso de la palabra la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
La diputada María del Pilar Torre Canales: Con su venia, señor diputado presidente. El excesivo consumo de las bebidas energéticas adicionadas con cafeína pueden llevar a que el organismo reciba una sobredosis de cafeína, pudiendo generar taquicardias, temblores, insomnio, náuseas, alucinaciones y vómito, entre otros síntomas, tal y como lo revelan diferentes estudios independientes.
Las bebidas energéticas adicionadas con cafeína se han convertido en un problema de salud pública. Su consumo ha pasado de ser ocasional a una práctica cotidiana. Esto responde a la sensación de vigor y satisfacción que producen, siendo los principales consumidores los jóvenes.
Pero lo más grave es que estas bebidas adicionadas con cafeína son utilizadas como acompañantes de alcohol, bajo la creencia de que retardan el estado de embriaguez. Sin embargo, cuando el efecto pasa, se presentan una serie de reacciones como: delirio, desorientación, excitación, taquicardias y convulsiones.
A nivel internacional, en el 2008, estas bebidas tuvieron un consumo aproximado de 3 mil 900 millones de litros, frente a los 2 mil millones de envíos en el 2003; es decir, casi el doble en cinco años. Estos datos reflejan la fortaleza y el sorprendente crecimiento del consumo de las bebidas energéticamente adicionadas con cafeína.
Para México, el estudio Tendencias Nielsen, México 2007 establece que el crecimiento en ventas por unidades de estas bebidas energéticas, en 2005, fue de 100 por ciento. Ya para el 2006 era del 106.5 y en el 2007, ya era un 113 por ciento. Lo anterior demuestra el rápido crecimiento que ha tenido el consumo de ese tipo de bebidas.
Es por lo anterior, que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, desde el 2005 emitió diversas alertas sobre los efectos del consumo excesivo de dichas bebidas, así como su mezcla con el alcohol.
De igual manera la Procuraduría Federal del Consumidor ha emitido alertas a los consumidores en el mismo sentido.
Es evidente que se ha vuelto urgente la necesidad de tener una regulación en torno a quienes pueden adquirir este tipo de productos, ya que las bebidas energéticas adicionadas con cafeína no deben ser consumidas por menores de edad ni con alcohol.
Por ello ponemos a consideración la presente iniciativa, que hará obligatorio que toda bebida alcohólica y energética adicionada con cafeína ostente la leyenda: El abuso del consumo de este producto es nocivo para la salud. Escrito con letra fácilmente legible y con colores contrastantes.
Que por ley en ningún caso y de ninguna forma se podrá expender o suministrar bebidas alcohólicas o energéticas adicionadas con cafeína a menores de edad; que en ningún caso y de ninguna forma se podrá expender o suministrar mezclas de bebidas que contengan bebidas alcohólicas y energéticas adicionadas con cafeína al mismo tiempo. Además de otras disposiciones que omito por respeto al tiempo de mis compañeros.
Pongo a consideración que con esta iniciativa se regule y se controle lo anteriormente comentado y con esto podamos contribuir a que se limite el uso de esos productos.
La información y la difusión de sus efectos nocivos, es un asunto que es urgente promover.
Aunque es responsabilidad individual el consumo de dichas bebidas, también lo es del Estado mexicano velar por la integridad de sus ciudadanos, lo que incluye la protección de su salud. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud.
El diputado Rodrigo Reina Liceaga (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame usted.
El diputado Rodrigo Reina Liceaga (desde la curul): Presidente, como secretario de la Comisión de Salud quiero pedirle a la diputada si me puedo sumar a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Diputada Pilar Torre Canales, ¿está usted de acuerdo en que se adhieran a su propuesta?
La diputada María de Pilar Torre Canales: Sí, presidente.
El Presiente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo y acepta. Pasen a la Secretaría, por favor.
Tiene la palabra el diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino: Compañeros diputados, antes que nada quiero agradecerles las muestras de simpatía que tuvieron con el de la voz, después de los eventos que sufrí en mis oficinas.
El proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es con el objetivo de que se reasignen recursos provenientes de los subejercicios a los programas sociales y programas de inversión en infraestructura en un 90 por ciento; asimismo, que de éstos se reasigne un 10 por ciento a los programas que mitiguen el cambio climático. El cambio climático ya es una realidad en el país y no podemos permanecer inmóviles ante él.
Según datos del Inegi y de la Cepal, actualmente contamos con cerca de 19 millones de personas en situación de pobreza y que no cuentan con el ingreso para procurarse alimentos en la esfera de la canasta básica, pero sobre todo los cambios climáticos son padecidos por esta franja de la sociedad.
Se ha visto que el ejercicio presupuestal del gobierno federal no ha sido del todo eficaz en el manejo del ejercicio presupuestal, generando serios subejercicios, pues por un lado no se respetan los calendarios acordados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, por otro, los programas sociales que se acuerdan mediante convenio con las entidades federativas se ven en serios peligros para la consecución de los objetivos delineados en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto, generando un quiebre entre el presupuesto público federal y la política social.
Es el caso que a la Secretaría de Desarrollo Social le fueron reasignados recursos por 286 millones de pesos, mismos que se destinaron al fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares.
Un tema que se ha colocado en la agenda de las políticas públicas es el relativo al cambio climático; es por ello que deseo expresar que no es una moda, es un tema que tiene gran calado para la calidad de la vida de todos los seres vivos del planeta y que requiere que sumemos las voluntades de todos en lo político, pero principalmente en la parte presupuestal.
México genera el equivalente a 643 millones de toneladas de carbón. Esto quiere decir el 1.5 de las emisiones globales, y de conformidad con el artículo 4o. constitucional, los mexicanos contamos con el derecho de gozar y vivir un medio ambiente limpio y sostenerlo para las próximas generaciones.
Por ello, al tenor del cambio climático, quiero pedirles de manera muy responsable, de manera muy directa, que veamos esto más allá de los partidos políticos, que lo veamos con una conciencia de seres humanos, que pensemos en México.
Aquí no todo es guerra y narcotráfico, ni dimes y diretes entre los partidos. Es tratar de proteger a las próximas generaciones. Los invito de una manera responsable a que construyamos juntos la historia del futuro de nuestra nación.
Compañeros del PAN, compañeros del PRD, del PT, del Panal, de Convergencia, hagamos de esta reasignación de recursos una realidad, hagamos de este momento de la patria la posibilidad de que se reasignen esos recursos al cambio climático; mitiguemos el esfuerzo, mitiguemos las consecuencias. Hoy todavía lo podemos hacer, mañana lo lamentaríamos. Es opción de ustedes pensar en México o solamente pensar en los partidos. Señores, que vaya esto por México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado José Manuel Aguero Tovar (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Solicita la palabra el diputado Aguero Tovar. Dígame, diputado.
El diputado José Manuel Aguero Tovar (desde la curul): Gracias, presidente. Únicamente preguntarle al diputado, si me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Señor diputado Moreno Merino, está usted de acuerdo en que se adhieran a su propuesta?
El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (desde la curul): Por supuesto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está aceptando el señor diputado. Pase por favor a suscribirla.
Tiene la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Con su permiso, señor presidente. Como resultado de las modificaciones que se hicieron hace algunos años, a la Ley de Responsabilidad Hacendaria, los excedentes petroleros generados en los últimos años, de 2006 a 2008, tuvieron tal magnitud que permitieron llenar un fondo denominado Fondo de Apoyo para la Reestructura de los Sistemas de Pensiones.
Es un fondo que ya desde hace varios años cuenta con alrededor de 58 mil millones de pesos, y que ha sido objeto de diversas disposiciones de parte de la Auditoría Superior de la Federación, especialmente en dos temas: el gobierno federal decidió tomar alrededor de 25 mil millones de pesos de este fondo, para pagar pensiones en curso del ISSSTE y, por otro lado, los rendimientos financieros del mismo no fueron reintegrados a este fondo, al menos en 2008 y 2009.
Esto es como resultado, probablemente, de que la Ley de Responsabilidad Hacendaria, que norma a dicho fondo, no establece con claridad cuál es su fin.
Evidentemente pensamos que el fondo debe servir para que los sistemas de pensiones locales, los de las universidades, se reestructuren. Sin embargo, tenemos que hacer énfasis de que existen casi 60 mil millones de pesos, que están ahí, que no están usados para ningún propósito, en un país que debe tomar medidas más efectivas para reactivar el empleo, para invertir y para tomar medidas novedosas que permitan que la economía se reactive.
Consideramos que una buena idea pudiera ser utilizar este fondo, que no puede ser de ninguna forma utilizado de manera inmediata por los estados y por las universidades, para hacer reestructuras en los sistemas de pensiones, ya que dichas reestructuras tardarán varios años en concretarse, en que pueda ser reinvertido en proyectos de infraestructura y en que tengan un rendimiento preciso, claro y seguro.
Si nosotros somos capaces de invertir dinero público en proyectos productivos, no solamente vamos a tener un país más competitivo, porque la infraestructura será mejor, también podemos tener mayores rendimientos que al final del día sirvan para que los trabajadores tengan mejores pensiones.
No podemos en este país, en plena recesión económica, pensar que existen fideicomisos con más de 60 mil millones de pesos, casi 1 punto del producto, que no sabemos en qué están invertidos y que no están contribuyendo a que este país crezca.
En este sentido propongo la modificación del inciso d) del artículo 19 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria, para que en un 25 por ciento los recursos acumulados del Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones deban ser invertidos en instrumentos financieros productivos.
También podrán ser utilizados para financiar inversiones en infraestructura que garanticen rendimientos similares o superiores a las inversiones financieras. El uso final de los recursos acumulados en este fondo, así como los productos generados, para apoyar la reestructura de pensiones, sólo podrán llevarse a cabo previa autorización de la Cámara de Diputados.
Es decir, propongo que un fondo de esta naturaleza pueda ser, por ejemplo, utilizado para financiar una carretera, una refinería o un proyecto de inversión pública que va a tener un retorno seguro y que al final del día va a propiciar más crecimiento y va a beneficiar a los trabajadores. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el señor diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Vías Generales de Comunicación y de la Ley Federal de Derechos de Autor.
El diputado Javier Corral Jurado: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy, impulsada por un grupo plural de legisladores se presenta en ambas Cámaras del Congreso de la Unión la presente iniciativa de ley que promueve una reforma integral al régimen jurídico de las telecomunicaciones, la radio y la televisión, haciendo de dos instrumentos normativos: la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960 y la de Telecomunicaciones de 1995, una sola legislación procompetitiva y proconvergente, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales.
Esta iniciativa no es fruto de la casualidad, no nace al calor de un momento electoral, mucho menos bajo pretensión abusiva de medrar o intercambiar bienes del dominio de la nación por favores mediáticos o políticos?
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. Dígame, diputado Mario di Costanzo.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Solicitarle al orador si me permite una pregunta relativa a los legisladores, ¿de qué partidos?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No se valen las preguntas, diputado, porque está presentando una iniciativa. Entonces no proceden las preguntas, discúlpeme, diputado. Continúe diputado Corral.
El diputado Javier Corral Jurado: Pero con mucho gusto, señor presidente, en un momento más doy a conocer el número de firmas y los grupos parlamentarios que la han suscrito.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Continúe diputado, por favor.
El diputado Javier Corral Jurado: Esta iniciativa es resultado de una larga lucha social por garantizar en nuestro país el derecho a la información de todos los ciudadanos. Es fruto de los anhelos sociales por hacer de la radio y la televisión un servicio público que contribuya con la nación para hacer realidad la democracia para la justicia y la libertad.
Tiene la finalidad de hacer que un sector tan poderoso no sólo se fortalezca en términos de competencia económica, como lo es el sector de las telecomunicaciones, sino que también se convierta en aliada de la educación, la cultura y el desarrollo social de México.
La presente iniciativa es la obra colectiva de reforma legislativa en materia de telecomunicaciones y radiodifusión más completa que se haya presentado hasta ahora en el Congreso de la Unión y su aprobación en esta Cámara o en el Senado sería un paso determinante para consolidar nuestra democracia y generar una auténtica sociedad del conocimiento.
Los grandes medios de comunicación han permanecido acaparados por un puñado de concesionarios. El privilegio de difundir por radio y televisión ha estado supeditado al capricho o la conveniencia del poder político.
Los contenidos en muchos de esos medios han estado definidos por el afán de lucro y no por la responsabilidad social.
La incapacidad para entender la diversidad ha llevado a las corporaciones mediáticas más influyentes a oponerse militantemente a cualquier apertura que propicie la competencia, especialmente en la televisión abierta.
La acumulación de muchos recursos comunicacionales en pocas manos reforzó el poder que de por sí confiere siempre el privilegio de acceder a una concesión de radio o televisión, y esa capacidad de influencia convirtió a las principales empresas comunicacionales en un poder, que en ocasiones se ha colocado al margen del Estado y ha querido sobresalir por encima de las instituciones legales.
Ese afán acaparador de los principales consorcios comunicacionales les permitió, incluso, promover y lograr la aprobación de una reforma legal que ampliaba los privilegios que ya tenían. Aquellos excesos sumados a los que han cometido cuando han tratando de subordinar a sus designios, a segmentos importantes de la clase política mexicana, han encontrado resistencias y respuestas muy importantes.
La acción de inconstitucionalidad promovida por casi medio centenar de senadores en 2006, que permitió que un año después la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara los puntos más relevantes de aquellas modificaciones legales. Esa histórica decisión de la Corte, contribuyó a crear un contexto propicio a la reforma constitucional en materia electoral, que en septiembre pasado aprobó el Congreso de la Unión y la cual, a pesar del tosco rechazo que le opusieron algunos concesionarios de televisión y radio, fue impulsada por los partidos políticos más importantes.
La consecuencia necesaria de tales decisiones es ahora la instauración de una auténtica reforma para las leyes que regulan a las telecomunicaciones y la radiodifusión, y esta nueva legislación tendrá que propiciar una modificación decisiva en beneficio de la pluralidad y la democracia en México.
Esta legislación no busca privilegiar de manera indebida a ningún sector u operador de las telecomunicaciones o la radiodifusión; tampoco busca perjudicar específicamente a nadie. Pretende, sí, establecer un equilibro justo entre intereses comerciales e intereses sociales.
Como bien lo señala la Asociación Mexicana de Derecho a la Información ?el principal organismo ciudadano que contribuyó con su expertise a la confección de este proyecto?, el avance tecnológico de los años recientes ha propiciado la existencia de nuevos y cada vez más difundidos recursos para almacenar, propagar y reproducir cantidades de información crecientemente cuantiosas; sin embargo, el desarrollo en nuestro país de esos recursos ha sido limitado y desigual, no han existido políticas públicas suficientemente amplias y capaces de proporcionar a la mayoría de los mexicanos acceso franco, constante y de calidad, lo mismo a tecnologías interactivas como Internet y la telefonía, que a medios de difusión como la televisión y la radio.
La brecha digital se ha añadido a otros factores de escisión social que ya padecíamos. Los proyectos estatales para utilizar Internet se han limitado a promover la administración y la gestión electrónicas, pero no han propiciado el aprovechamiento de tales recursos por parte de los ciudadanos. La principal búsqueda de este proyecto es la equidad, la participación ciudadana, la construcción del conocimiento y la solidificación de la cultura cívica de todos los mexicanos.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en la Gaceta Parlamentaria se encuentra publicado el proyecto completo de iniciativa de nueva ley. Están ahí las razones, los motivos y las consideraciones, las principales medidas de esta iniciativa.
Entrego, señor presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 176 firmas de diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Convergencia y del Partido de la Revolución Democrática. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones; de Gobernación, y de Radio, Televisión y Cinematografía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diputado Velázquez, dígame usted.
El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente (desde la curul): Diputado presidente, para pedirle que me haga usted el favor de preguntar al diputado Corral si me permite formar parte de su propuesta legislativa que acaba de hacer en este momento.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Cómo no.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Corral, ¿está usted de acuerdo en que se adhieran a su iniciativa?
El diputado Javier Corral Jurado: Por supuesto, de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo el diputado; pasen por favor a firmarlo. Dígame, diputado Muñoz Ledo.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo (desde la curul): Para felicitar al diputado Corral por el esfuerzo y el alcance de esta iniciativa. A muchos legisladores que hemos estado en la misma batalla nos hubiera gustado sumarnos a ella; pero estimamos que carece todavía de fundamento constitucional suficiente para los fines que persigue.
En esa virtud, hemos depositado un proyecto de reforma constitucional para darle verdadera base a esta iniciativa, y creo que podrían discutirse simultáneamente, ya que van en la misma dirección. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
La diputada María Cristina Díaz Salazar: Con su anuencia, señor presidente. Señores legisladores. México se encuentra en un proceso de transición y modernización en materia de salud y ha registrado cambios sustanciales que lo han llevado a estar a la vanguardia científica y tecnológica para brindar servicios con equidad y calidad a la población.
En el contexto de la democratización de la salud en México, todos los individuos sin importar su sexo, edad, raza, condición social o política, credo o preferencias sexuales tienen el derecho a la información, a la libre decisión, a la protección de la salud, a la no discriminación, al estándar más alto posible en salud y a gozar de los beneficios del progreso científico.
El gobierno, a su vez, tiene la obligación de, estos derechos, respetarlos, protegerlos y difundirlos tomando medidas legislativas, administrativas y presupuestarias de acuerdo a sus máximas capacidades para asegurar que las personas vean realizados sus derechos al cuidado de su salud.
La infertilidad constituye una de las materias objeto de un marco legislativo por su gran importancia para la vida de la población debido a que es un problema mundial de la salud reproductiva que afecta a mujeres y hombres en edad fértil por igual. Además, cuando se diagnostica puede ocasionar una crisis psicosocial compleja que en ocasiones difiere su resolución hasta en varios años o, bien, perpetuarse.
A dos décadas del primer nacimiento obtenido mediante la fertilización in vitro, se han producido enormes avances y perfeccionamiento en la tecnología científica y aplicaciones en la medicina reproductiva, logrando con esto el nacimiento de miles de niños descendientes de pacientes que en algún momento padecieron de infertilidad.
Las causas de la infertilidad son múltiples y alcanzan gran importancia si no se implementan medidas preventivas y terapéuticas adecuadas desde las unidades médicas con atención básica. Una de las principales causas de infertilidad en países en desarrollo es atribuible al daño causado por infecciones de tracto reproductivo.
Aunque la infertilidad en nuestro país aún no es considerada como un problema de salud pública, es la principal preocupación de las parejas que no son capaces de concebir. Es fuente de trauma psicológico, rechazo social; en ocasiones privación económica, violencia familiar, depresión, ansiedad y culpabilidad en uno o ambos miembros de la pareja y esto ejerce presión sobre la institución fundamental en nuestra sociedad, como es el matrimonio.
La Organización Mundial de la Salud reporta que actualmente existen 86 millones de personas afectadas por la infertilidad sólo en países en desarrollo. Es mundialmente aceptado que alrededor del 10 por ciento de las parejas son incapaces de concebir.
Dentro de las causas más frecuentes, tanto para hombres como para mujeres están las causas hormonales como anovulación o hipogonadismo (insuficiencia gonadal), obstructivas (como consecuencia de infecciones de transmisión sexual o de traumas o cirugías abdominales y pélvicas), congénitas (desde el nacimiento), adquiridas (después del nacimiento) y mixtas.
En nuestro país las técnicas de reproducción asistida se practican desde hace décadas y hasta la actualidad no existe un marco jurídico para las instituciones de salud, tanto públicas como privadas donde se llevan a cabo las diversas técnicas de reproducción asistida, lo que está permitiendo que grupos médicos extranjeros estén viniendo a nuestro país, incluso publicitándose, lo que se convierte en un riesgo para la protección de la salud de los mexicanos.
Por lo anterior, presento ante esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley General de Salud respecto a la reproducción asistida en los términos que aparece publicada en la Gaceta Parlamentaria. 8 de abril del año 2010. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Salud.
Señoras diputadas y señores diputados, contamos con la presencia de invitados especiales del diputado Sergio Mancilla Zayas. Son estudiantes de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM
Igualmente contamos con la presencia de invitados de la Unidad de Tlalnepantla, estado de México, invitados por el diputado Carlos Bello Otero.
De la misma forma, jóvenes de Jalisco, invitados por el diputado Humberto López Portillo.
Igualmente damos la bienvenida a universitarios de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, invitados por el señor diputado Jorge Óscar Aguilar González. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.
El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado. Diputado Velázquez y Llorente, dígame usted.
El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente (desde la curul): Sí, sólo quiero pedirle a la diputada Cristina Díaz si me permite adherirme a su iniciativa, que es muy importante para la salud pública de las mujeres.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Díaz, ¿está usted de acuerdo en que se adhieran a su propuesta?
La diputada María Cristina Díaz Salazar (desde la curul): Sí, por supuesto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo. Pase por favor usted, diputado, a suscribirla.
Proceda la Secretaría a dar cuenta con Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que la diputada Violeta Avilés Álvarez cause alta como integrante en la Comisión de la Función Pública.
Que la diputada Violeta Avilés Álvarez cause alta como integrante en la Comisión Pesca.
Que la diputada Violeta Avilés Álvarez cause alta como integrante en la Comisión de Transportes.
Que el diputado Andrés Aguirre Romero cause alta como secretario en la Comisión Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Que la diputada Susana Hurtado Vallejo cause alta como integrante en la Comisión Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Que la diputada Adela Robles Morales cause alta como integrante en la Comisión Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Que la diputada Susana Hurtado Vallejo cause alta como integrante en la Comisión de Economía.
Que el diputado Roberto Borge Angulo cause baja como integrante en la Comisión de Economía.
Que el diputado Rafael Rodríguez González cause alta como integrante en la Comisión de Reforma Agraria.
Que la diputada Nely Edith Miranda Herrera cause alta como integrante en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Todas son altas.
Que la diputada Daniela Nadal Riquelme cause alta como integrante en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Que el diputado Patricio Chirinos del Ángel cause alta como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Que el diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa cause alta como secretario en la Comisión de Vivienda.
Que la diputada Adela Robles Morales cause alta como integrante en la Comisión de Vivienda.
Que la diputada Adriana Refugio Castelán Macías cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.
Que la diputada Luz Carolina Gudiño Corro cause baja como integrante en la Comisión de Equidad de Género.
Que la diputada Daniela Nadal Riquelme cause baja como integrante en la Comisión de Equidad de Género.
Que la diputada Adela Robles Morales cause alta como integrante en la Comisión de Vivienda.
Que el diputado Rafael Rodríguez González cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.
Que la diputada Nely Edith Miranda Herrera cause alta como secretaria en la Comisión de Juventud y Deporte.
Que la diputada Adriana Refugio Castelán Macías cause alta como integrante en la Comisión de Participación Ciudadana.
Que el diputado Rafael Rodríguez González cause alta como integrante en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Que el diputado Fidel Kuri Grajales cause baja como integrante en la Comisión de Comunicaciones.
Comisiones especiales
Que la diputada Nely Edith Miranda Herrera cause alta como integrante en la Comisión Especial sobre la No Discriminación.
Que la diputada Judith Fabiola Vázquez Saut cause baja como secretaria en la Comisión Especial de Citricultura.
Que el diputado Francisco Herrera Jiménez cause baja como integrante en la Comisión Especial de Citricultura.
Que el diputado Rafael Rodríguez González cause alta como integrante en la Comisión Especial de la Lucha contra la Trata de Personas.
Que el diputado Rafael Rodríguez González cause alta como integrante en la Comisión Especial sobre Cambio Climático.
Que la diputada Adela Robles Morales cause alta como integrante en la Comisión Especial de Impulso a la Calidad Educativa.
Todas estas son altas.
Que el diputado Patricio Chirinos del Ángel cause alta como integrante en la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales.
Que la diputada Paula Angélica Hernández Olmos cause alta como integrante en la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los Recursos Federales, Estatales y Municipales en los Procesos Electorales. Y,
Que el diputado Patricio Chirinos del Ángel cause alta como integrante.
Finalmente, en el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, que la diputada Violeta Avilés Álvarez cause alta como secretaria; y la diputada Adela Robles Morales como integrante.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted. Diputado Francisco Rojas Gutiérrez, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que en votación económica pregunte a la asamblea si se aprueba.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Continúe con los documentos de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Movimientos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:
Que la diputada Gabriela Cuevas Barron cause baja como integrante en la Comisión de Gobernación.
Que la diputada Gabriela Cuevas Barron cause alta en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; así como también el diputado Alfredo Rodríguez Dávila.
Que el diputado Miguel Martín López cause alta como secretario en la Comisión de Pesca.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunte a la asamblea, en votación económica si se aprueba.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.
Continúe con documentos de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
Que el diputado Rafael Pacchiano Alamán cause alta en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Movimientos solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:
Que la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz cause baja como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Y un movimiento solicitado por el Partido Revolucionario Institucional:
Que el diputado Pedro Ávila Nevárez cause alta como integrante en la Comisión Especial de análisis de políticas de creación de nuevos empleos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Comuníquese.
Continuamos con el orden del día en Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial.
De la Comisión de Gobernación
Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y se reforman los artículos 3o., fracción II, VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Claudia Morlet Novales, Myriam Melania Renaat Tollenier, Karla Paniagua Ramírez, Isaac Esau Palacios de la Peña, Adriana María Guereca García, Juan Antonio Vega Lara y Angélica María Barrera Morales para prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América, de Bélgica y de la República de Chile en México; y en los Consulados de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León; Ciudad Juárez, Chihuahua; Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Rodrigo López Barreiro, Antonio José Cobacho Montilla, Arturo Pacheco Díaz, Yanel Alba Barragán y Julynna Vivaldo Fosado para prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, de Japón y del Reino de Marruecos, en México.
En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se dispensa la lectura.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Quedan de primera lectura. Procedemos con el orden del día en dictámenes a discusión. Recibimos de la Comisión de Salud una comunicación donde solicitan de manera urgente a la Mesa Directiva que los dictámenes a discusión de la Comisión de Salud sean recorridos para su discusión el día martes 13 de abril del presente año. Por lo tanto se procede a atender la solicitud de la comisión.
Continuamos con el siguiente punto del orden del día que es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 63 y 64 de la Ley General de Vida Silvestre.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. No hay registrados para hacer alguna intervención por parte de la comisión, por consecuencia, está a discusión en lo general. No habiendo quien se registre en lo general, se considera suficientemente discutido en lo general.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se reserva algún artículo para discutirlo en lo particular. No habiendo quien se registre y reservar artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por siete minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por siete minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados del proyecto de decreto, en un solo acto.
(Votación)
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: ¿Falta algún diputado de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico.
El diputado Sixto Alfonso Zetina Soto (desde la curul): A favor.
La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero: A favor.
El secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: ¿Diputada, es modificación del sentido de su voto?
La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (desde la curul): Modificación del sentido de voto, a favor.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Es modificación de abstención a, a favor, Camacho.
La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (desde la curul): Gracias.
El diputado Jorge Hernández Hernández (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Ahued Bardahuil (desde la curul): A favor.
La diputada Lizbeth García Coronado (desde la curul): A favor.
El diputado José Luis Jaime Correa (desde la curul): A favor.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): En contra.
El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (desde la curul): A favor.
El diputado José M. Torres Robledo (desde la curul): A favor.
El diputado Jaime Álvarez Cisneros (desde la curul): A favor.
El diputado José María Valencia Barajas (desde la curul): A favor.
El diputado Nazario Norberto Sánchez (desde la curul): A favor.
La diputada Olga Luz Espinosa Morales (desde la curul): A favor.
La diputada Martha Elena García Gómez (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (desde la curul): A favor.
La diputada Adriana Sarur Torre (desde la curul): A favor.
El diputado Carlos Samuel Moreno Terán (desde la curul): A favor.
La diputada Felícitas Laura García Dávila (desde la curul): Modificación del sentido del voto, de abstención a favor.
El diputado Arturo Sergio Arturo Torres Santos (desde la curul): A favor.
El diputado Leobardo Soto Martínez (desde la curul): A favor.
El diputado José Óscar Aguilar González (desde la curul): A favor.
La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (desde la curul): A favor.
El diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera (desde la curul): A favor.
El diputado Teófilo Manuel García Corpus (desde la curul): A favor.
El diputado Óscar Javier Lara Aréchiga (desde la curul): A favor.
La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (desde la curul): A favor.
La diputada Estela Durán Rico (desde la curul): A favor.
El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina (desde la curul): A favor.
El diputado Sergio Gama Dufour (desde la curul): A favor.
El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): A favor.
La diputada Laura Arizmendi Campos (desde la curul): A favor.
El diputado Rafael Yerena Zambrano (desde la curul): A favor.
El diputado Salvador Caro Cabrera (desde la curul): A favor.
El diputado Noé Martín Vázquez Pérez (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda a darnos el resultado, la Secretaría.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Señor presidente, se emitieron 356 votos en pro, 3 en contra y 4 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado en lo general y en lo particular por 356 votos en pro, 3 en contra y 4 abstenciones el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 63 y 64 de la Ley General de Vida Silvestre. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
La Presidencia recibió del diputado Ángel Aguirre Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para la asignación extraordinaria de recursos presupuestales para programas de prevención de desastres naturales. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Se recibió del diputado Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo federal que deje sin efecto el acuerdo que establece el volumen de captura incidental permitido en las operaciones de pesca de tiburón y rayas en aguas de jurisdicción federal. Túrnese a la Comisión de Pesca.
Se recibió de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a redefinir la estrategia de incentivos relativos a la prueba ENLACE. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Se recibió del diputado José Trinidad Padilla López, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a mejorar los servicios bibliotecarios para la población invidente. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Se recibió de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo, relativo al homicidio del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al secretario de Seguridad Pública federal y al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
El diputado Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor presidente.
El que suscribe presenta el siguiente punto de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
Nuestro país está viviendo la crisis de violencia e inseguridad más aguda de su historia moderna, con alrededor de 18 mil ejecutados, lo que son cifras que nos están dando un testimonio de la falta de control que tiene el gobierno de la república y que está demostrando cómo la delincuencia organizada cada vez avanza más y, cómo los niveles y los índices de ingobernabilidad han llegado a tal extremo que prácticamente las instituciones de la república están sufriendo un enorme descrédito frente a propios y extraños.
Hoy, se acrecenta la posibilidad de la intromisión de los Estados Unidos con la intención de tener la presencia de efectivos policíacos de ese país, para realizar tareas que solamente son competencia de las autoridades nacionales.
En los medios de todo el mundo se han difundido las imágenes de la barbarie criminal que nos asedia y que se repiten a diario, mientras los delitos de toda índole se van multiplicando afectando a los ciudadanos, con una abrumadora impunidad que ha llegado a más del 90 por ciento de los delitos cometidos que no son resueltos y que se difunden en los medios y que el terror cada vez crece más y más.
También han crecido las muertes del daño colateral donde hoy los ciudadanos nos presentan noticias como las que tuvieron los ciudadanos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, recientemente. Este escenario de terror, este escenario de grave complejidad e ingobernabilidad va acompañado de cifras que nos tienen que poner a pensar y a reflexionar.
Amigos y amigas diputados, el presupuesto que tiene la Secretaría de Seguridad Pública y el presupuesto que se ha venido manejando en este tema ha ido creciendo de manera exorbitante, prácticamente pasamos de alrededor de 17 mil millones de pesos en el 2007, a un total de 31 mil millones de pesos solamente para el 2010.
Cuando hacemos la sumatoria total, estamos hablando de 102 mil millones de pesos solamente para la Secretaría de Seguridad Pública, y si sumamos a las otras dependencias estamos hablando de una cifra grandísima, casi 350 mil millones de pesos.
Ante esto, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿En qué se está gastando el dinero la Secretaría de Seguridad Pública? El domingo pasado nos encontramos con que, pese a todo este dinero y toda esta inversión, no han tenido la capacidad de encontrar a alguien, que un periodista tuvo la capacidad de encontrar. Me parece que es importante que reflexionemos cómo se está utilizando ése dinero, y que citemos al secretario de Seguridad Pública para que explique por qué un periodista tiene la capacidad de hacer lo que todo el Sistema de Inteligencia Nacional no ha tenido la oportunidad de hacer en los últimos tres años y medio.
Es por eso, señor presidente, que pedimos y sometemos a esta soberanía un punto de acuerdo para que puedan ser citados el secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna y al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, el doctor Juan Miguel Alcántara Soria, para que vengan a explicarle a los diputados, a los representantes de la nación, qué están haciendo con ese dinero o si simplemente están utilizando el dinero para otras cosas, ya sea para espionaje o para una serie de cuestiones para los que esta soberanía no los destinó. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
El diputado Alejandro Gertz Manero (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Gertz Manero, dígame usted.
El diputado Alejandro Gertz Manero (desde la curul): Señor presidente, para sumarme al diputado Armando Ríos Piter, si es tan amable.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Diputado Ríos Piter, está de acuerdo?
El diputado Armando Ríos Piter: Sí, estoy de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pase usted, con mucho gusto, señor diputado, a suscribir el documento.
Tiene la palabra la diputada Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, emita el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
La diputada Georgina Trujillo Zentella: Gracias, presidente, con su permiso. La de la voz, Georgina Trujillo Zentella, el diputado Felipe Cervera Hernández, ambos del Grupo Parlamentario del PRI, y el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Eduardo Ledesma Romo, integrantes de la LXI Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo a la luz de la siguiente
Exposición de motivos
México ocupa el cuarto lugar por su volumen de pesca a nivel mundial, después de Perú, Estados Unidos y Chile, con el alrededor de mil 550 toneladas de producto al año. Sin embargo, si se compara la extracción de cada país con la extensión de sus litorales, la nación tiene una capacidad litoral de casi cinco veces más que el primer lugar en extracción.
El sector pesquero nacional representa una verdadera oportunidad para superar los grandes retos económicos que aquejan a nuestro país, no sólo por la enorme riqueza que ofrecen los extensos litorales y diversidad de especies, sino también por su potencialidad productiva generadora de capitales y empleos permanentes.
Pese a ello, el sector vive un evidente retraso en su potencial económico, desarrollo y modernización, representado por el bajo nivel de productividad y los problemas sociales que repercuten directamente en las comunidades pesqueras, que en su mayoría se encuentran en una situación de subsistencia, pues sus embarcaciones son obsoletas, carecen de capacitación técnica y apoyos económicos suficientes.
Además, el sector necesita un ajuste equitativo en los precios de los combustibles y energéticos básicos para mejorar su operatividad.
Por lo tanto, para impulsar con eficacia el desarrollo regional y potencializar la actividad pesquera en el país se requiere de una verdadera política de Estado para que el sector pesquero nacional promueva elementos de coordinación entre los estados y municipios.
En este contexto, resulta necesaria la elaboración de una regulación justa y eficaz, que tenga como objeto el manejo sustentable de los recursos pesqueros y solventar la falta de rentabilidad y eficiencia.
Como avance de lo anterior, el 22 de octubre de 2007 entró en vigor la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que implicó, entre otras cosas, la descentralización de funciones y facultades en materia de pesca y acuacultura, permitiendo que los estados y municipios administrasen permisos de pesca, la rectoría de sus aguas dulces continentales, así como ejercer atribuciones de inspección y vigilancia, además de participar en la planeación y ordenamiento de la actividad.
Sin embargo, aun y cuando esta ley establece reglas claras para que se coordinen los tres órdenes de gobierno, para que también los estados y los municipios se involucren directamente en la reglamentación local y la elaboración y firma de acuerdos con la Federación, no se ha podido dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en su articulado, en virtud de que el artículo Sexto transitorio de la propia ley no ha sido cumplido. Ese artículo menciona la obligación del gobierno federal, del Ejecutivo federal, para emitir el reglamento a más tardar seis meses después de la publicación de la citada ley.
Aunado a lo anterior, el sector enfrenta la problemática que refleja el informe que presentó la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública de la Comisión Nacional de Pesca de 2008, en donde se detectaron apoyos improcedentes, regulaciones obsoletas y falta de inspección y vigilancia, sosteniendo que la comisión utiliza un manual de procedimientos obsoleto para la expedición de permisos de captura, lo que demuestra el desorden existente en la regulación del sector.
Con el fin de solucionar los problemas que aquejan a la pesca y acuacultura, es necesario que el Ejecutivo federal emita de inmediato el reglamento que sea congruente con esta nueva Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables.
En mérito de lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea como de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal para que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Sexto transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, expida y publique de inmediato el reglamento de la misma y las demás disposiciones administrativas respectivas.
Por su atención, muchas gracias, señores diputados. Señor presidente, ruego a usted, de acuerdo a lo solicitado, que se pueda poner a la consideración de la asamblea si es de admitirse como de urgente u obvia resolución.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. En virtud de que esta proposición es de urgente resolución, pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. No habiendo quien se inscriba, se considera suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Comuníquese.
La diputada María Cristina Díaz Salazar (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada Díaz Salazar, dígame usted. Sonido por favor.
La diputada María Cristina Díaz Salazar (desde la curul): Señor presidente, quiero hacer un extrañamiento. Usted recibió durante el transcurso de la sesión un oficio por parte de la Comisión de Salud, de manera unilateral, firmado por el presidente de la Comisión de Salud, donde bajaba del orden del día tres dictámenes a discusión.
Quiero dejar muy claro ante esta asamblea y al Presidente de la Mesa Directiva, que en ningún momento fue acompañado este oficio por la firma de todos los secretarios. Bien sabemos que cualquier oficio de esta naturaleza requiere de la firma de la mesa directiva. Ese oficio solamente lleva la firma de Miguel Antonio Osuna, presidente de la Comisión de Salud, por lo cual exigimos que el próximo martes se reagenden los tres dictámenes que fueron dados de baja en el orden del día de hoy y que se suban el próximo martes.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Así como usted lo está señalando, diputada, es como se recibe el documento que envía el presidente de la Comisión de Salud, pidiendo que en lugar de hoy sea el próximo 13 de abril cuando sean presentados para su discusión. Por supuesto que esto así se hará en el orden del día correspondiente.
Tiene el uso de la palabra el diputado Ildefonso?
La diputada María Cristina Díaz Salazar (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame, diputada.
La diputada María Cristina Díaz Salazar (desde la curul): Pedimos que se retire este oficio porque no va acompañado de la firma. Usted bien sabe que no se puede recibir si no va acompañado de la firma de la mayoría de los secretarios. Debe de subir los tres dictámenes el próximo martes, pero no estamos de acuerdo con ese oficio que, de manera unilateral, el presidente de la comisión le envió a usted, señor.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con todo respeto, diputada, fue recibido por esta Mesa Directiva, no lo puedo retirar. Fue como di cuenta al pleno, en las condiciones en las que fue presentado.
La diputada María Cristina Díaz Salazar (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada, dígame usted.
La diputada María Cristina Díaz Salazar (desde la curul): Si usted no retira esta petición que le estamos haciendo de manera respetuosa, vamos a retirar al presidente de la Comisión de Salud, porque no puede trabajar de manera unilateral.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda como usted lo considere, diputada. Proceda como usted lo considere y su bancada también.
Tiene el uso de la palabra el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar al gobierno de Estados Unidos de América una queja formal, por el gravamen que algunos estados de esa nación pretenden imponer a las remesas de los migrantes mexicanos.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Ramírez Marín, dígame usted.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente, para pedir el mismo respeto que nosotros le hemos brindado siempre a la Mesa Directiva. La reclamación de la diputada es una reclamación de orden. Para que un oficio merezca trámite de retiro de asunto, siempre se nos ha exigido la mayoría de las firmas de los integrantes de la comisión. Así ha sido siempre. Y, por consideración a la Mesa Directiva, la diputada sólo está pidiendo que no se acepte el trámite y dejando constancia que la comisión en su mayoría no acepta el trámite unilateral que hizo el presidente.
Es su derecho tomar las medidas disciplinarias que correspondan, en los términos del reglamento. No veo por qué hace usted la invocación de que "hagamos lo que queramos". Sepa, presidente, que siempre hacemos lo que debemos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En ningún momento esta Presidencia está faltando al respeto y a la atención de lo que siempre ha habido de un lado hacia otro. Simplemente le estoy manifestando lo que usted señalaba, señor diputado, en sesión anterior, de que fueran recibidos todos los documentos que sean presentados a esta Mesa Directiva. Y así fue recibido, en los mismos términos y en las mismas condiciones.
No estamos faltando al respeto a nadie, tampoco esta Presidencia estará atenta solamente a las amenazas que se pudieran presentar. Si ustedes consideran que deben de promover la remoción del presidente de la comisión, es su derecho y en esas condiciones lo estarían dando, señor diputado.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame usted, diputado.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Que quede perfectamente asentado en el acta, señor presidente, que no se ha proferido amenaza alguna, sobre todo porque en todo caso no sería responsabilidad del presidente de la Mesa Directiva tomar esa determinación. Nos queda perfectamente claro. Sabemos, como le decía, qué estamos haciendo y en ese proceso seguiremos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, señor diputado.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame usted, diputado Cárdenas.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, considero que si hubo algún incumplimiento a normas administrativas o reglamentarias, sería procedente ?porque eso es lo correcto jurídicamente? reponer el procedimiento. Eso debiera hacerse en todo caso y no posponer el conocimiento y la discusión de estos dictámenes hasta el próximo martes.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, presente al gobierno de los Estados Unidos de América una queja formal por el gravamen que algunos estados de esa nación pretenden imponer a las remesas de los migrantes mexicanos.
El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: Con la venia de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el vía crucis de los migrantes mexicanos, compatriotas que han contribuido en forma contundente al gran desarrollo de nuestro socio comercial es parte de las noticias día a día, donde sus derechos humanos no se respetan y donde están sujetos a vejaciones cotidianas.
Lamentablemente el escenario en el corto y mediano plazo no es alentador para nuestros compatriotas. Fueron excluidos sin razón de la nueva legislación en materia de salud, dejándolos a su propio destino en ese importante esquema de atención.
Con la proximidad de las elecciones en Estados Unidos en noviembre, el hostigamiento se ha recrudecido y realmente la aplicación de las leyes han sido tremendamente estrictas contra obviamente nuestros compatriotas.
No hay esperanzas de que en el corto plazo podremos esperar una verdadera reforma migratoria, en donde queda claro que el presidente Obama sin duda privilegió la iniciativa de salud, dejando para después el planteamiento. Sobre ello, además en el 2009 el estado de Oklahoma impuso una contribución a las transferencias de los migrantes mexicanos, 5 dólares más el uno por ciento de las transferencias.
Probablemente para una familia mexicana que recibe un apoyo de un paisano en los Estados Unidos de 150 dólares, eso representa dejar de comprar 3 kilos de huevo, 7 kilogramos de tortilla o 2 kilogramos de frijol. Parecería poco, pero para una familia mexicana sumida en la pobreza es demasiado. Es un impuesto, una comisión financiera ilegal e injusta, que sólo se aplica a las transferencias monetarias, no a las bancarias. Lamentablemente este ejemplo está cundiendo.
El estado de Kansas envió una iniciativa en marzo en el mismo sentido, el estado de Georgia lo hizo en febrero. Señores, este punto de acuerdo que presento para urgente u obvia resolución, y les pido apoyar, para demandar del Ejecutivo que, sorprendentemente hasta hoy la Cancillería no ha reaccionado, envíe una queja enérgica al gobierno de los Estados Unidos para que intervenga en que este ejemplo no cunda.
Pero no sólo eso. También demandarle al Ejecutivo que todas las compras gubernamentales del sector central y paraestatal de Pemex, que vayan a incidir en compras al estado de Oklahoma, y si es el caso de Kansas, y pasa esta ley, sean comprados en otros estados de la Unión Americana que no estén afectando los intereses de los migrantes.
Compañeras y compañeros diputados, esperamos su apoyo en esta resolución, porque nuestros compañeros migrantes hoy están alejados y olvidados de la política de defensa del gobierno nacional. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Al no haber quien se registre se considera suficientemente discutida la proposición. Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada y comuníquese.
Tiene la palabra el señor diputado Héctor Franco López, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Conagua establezca una política clara con medidas y acciones a corto y largo plazo para solucionar la problemática de la sobreexplotación de los acuíferos en el país, suscrita por los diputados Héctor Franco López y Miguel Ángel Riquelme Solís, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Héctor Franco López: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados y compañeras diputadas, en estos tiempos del cambio climático global es necesario no sólo redefinir la forma en que nuestros hábitos de consumo afecta nuestra relación con el medio ambiente, sino replantear la forma en que los gobiernos actúan como gestores de los recursos naturales a su cargo.
El recurso agua, es uno de los recursos naturales más frágiles en este contexto. Y, aunque todos lo consideramos como un recurso natural renovable, la realidad nos demuestra que sólo es un recurso susceptible de ser renovado. México se enfrenta a una grave crisis de agua. La gestión de los recursos hidráulicos no responde a la nueva realidad mundial, y el aprovechamiento de las aguas, en particular las subterráneas, se ha convertido en una actividad contraria al concepto de sustentabilidad.
Muestra de lo anterior es que los reportes de la propia Comisión Nacional del Agua indican que 173 de los 653 acuíferos de nuestro país se encuentran en algún grado de sobreexplotación. La sobreexplotación de las aguas subterráneas se considera un tipo de contaminación de las mismas. La sobreexplotación provoca un incremento progresivo de los minerales disueltos en las aguas subterráneas hasta llegar a límites que hacen al agua no apta para el consumo humano.
Uno de los principales contaminantes que aparece al sobreexplotarse un acuífero es el arsénico. La Organización Mundial de la Salud considera prioritario el análisis de los concentrados de arsénico de las aguas debido a sus comprobados efectos cancerígenos.
El acuífero principal de la ciudad de Torreón, Coahuila, sufre de una grave sobreexplotación provocada por la falta de responsabilidad de los encargados de vigilar el uso sustentable de los recursos hidráulicos del país, así cuando la capacidad de recarga de este acuífero es de 519 millones de metros cúbicos al año, se tienen autorizados por la Comisión Nacional del Agua aprovechamientos del orden de los mil 11 millones de metros cúbicos por año, lo que representa un grado de sobreexplotación del 195 por ciento.
Durante el 2009 se dieron a conocer los contenidos de arsénico de los diferentes pozos que proporcionan agua potable a Torreón. De los estos resultados se desprende que el 86.7 por ciento de los pozos rebasan los límites de concentración de arsénico establecidos por la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto representan un riesgo a la salud.
Debe quedarnos claro que la causa de este problema es un mal manejo del recurso hídrico por parte de la Comisión Nacional del Agua, cuya política se ha dirigido a reportar el número de acuíferos sobreexplotados y no a encontrar una solución a este grave problema.
No existe absolutamente ningún compromiso de la Comisión Nacional del Agua con la sustentabilidad ambiental; y más aún, sus políticas públicas han promovido no sólo la sobreexplotación de los acuíferos, sino la afectación a la salud de los mexicanos.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a establecer una política clara con medidas y acciones a corto y largo plazo para solucionar la problemática de la sobreexplotación de los acuíferos del país que atenta contra la sustentabilidad hidrológica y la salud de los mexicanos.
Señor presidente, solicito que se inserte el texto íntegro de este punto de acuerdo en el Diario de los Debates y que se turne a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Salud.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
La diputada María del Rosario Brindis Álvarez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada, dígame usted.
La diputada María del Rosario Brindis Álvarez (desde la curul): Quiero adherirme a la proposición del diputado Franco.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Está usted de acuerdo?
El diputado Héctor Franco López: Sí, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien, está de acuerdo el diputado, puede pasar a firmar.
Se pospone la participación del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al clima de inseguridad y violencia en el estado de Chihuahua.
Tiene la palabra el diputado Germán Osvaldo Cortez Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, a incluir, a partir del periodo lectivo 2010-2011, la asignatura de educación artística y cultural, en los planes y programas de estudio de educación básica.
El diputado Germán Osvaldo Cortez Sandoval: Con su permiso, diputado presidente, Compañeras diputadas y compañeros diputados.
Actualmente la educación artística y cultural en el nivel básico se considera en la práctica como un elemento innecesario y sin importancia en la formación del niño y del adolescente. Con los planes y programas de estudio en vigor, le otorgan espacios limitados e improvisados a la participación activa de las apreciaciones y expresiones artísticas, siendo que la inclusión de las mismas están sustentadas en nuestro marco jurídico.
De conformidad con lo establecido en el artículo 3o. constitucional, la educación que imparte el Estado debe desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y contribuir a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura.
Asimismo, la Ley General de Educación establece la obligatoriedad de impulsar la creación y la apreciación artística dentro de la educación básica, como también el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y el Programa Escuelas de Calidad consideran importante la inclusión de actividades artísticas y culturales para mejorar la calidad de la educación y reducir los indicadores de reprobación y deserción.
No obstante que estas identificaciones para que el arte y la cultura sean incluidas como parte de los contenidos y actividades de los programas y planes de estudio la realidad nos manifiesta todo lo contrario. Históricamente se consideraba al arte como parte esencial de la educación y la formación de los individuos en los tiempos precolombinos existían instituciones para la instrucción de las artes, las llamadas coacallis, casa de flor y canto, que se encargaban de formar y fomentar el espíritu del artista, del pintor o escriba, del alfarero, del cantor y del poeta, así como de transmitir las costumbres y los valores del pueblo.
Es por eso que la educación artística y cultural no puede ser relegada a una asignatura sin importancia, desconocida en cuanto a sus aportaciones en el desarrollo integral y considerada como un elemento inútil o de pasatiempo en la educación básica de todos los mexicanos; aunado al hecho notorio de que en casi en todas las localidades del país existen sitios de algún valor histórico y artístico, así como producción de arte popular lo que hace hasta cierto punto accesible visitar, estudiar e investigar todos estos lugares y sus formas de vida y de expresión.
Es por eso, compañeras y compañeros diputados, que el Grupo Parlamentario del PRI les recuerda a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública que el arte más reconocido y respetable del maestro es provocar en los niños y en los jóvenes la alegría de la acción creadora y el desarrollo del conocimiento.
Los diputados del PRI, convencidos de esta proposición, nos pronunciamos por una educación con arte y cultura para todos los mexicanos.
En mérito de lo anterior, someto a consideración de este Poder Legislativo la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, en estricta observancia y respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que incluya la asignatura de educación artística y cultural como parte del currículum del nivel básico del sistema educativo nacional.
En nombre de la niñez y la juventud mexicana, espero la aprobación y el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Sí, diputado
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Preguntar al diputado Osvaldo Cortés, si me permite adherirme a su proposición con punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Está usted de acuerdo, señor diputado, en que se adhiera el señor diputado Benítez Treviño?
El diputado Germán Osvaldo Cortez Sandoval: Con mucho gusto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo. Adelante, diputado, puede pasar usted a firmarlo.
Tiene la palabra el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación y de Cofetel.
El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez: Con su venia, señor presidente. El pasado 31 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, bajo circunstancias que se alejan de cualquier práctica ejecutiva digna de un país democrático.
En dicho decreto el Ejecutivo federal manifiesta que el organismo al que da creación es para garantizar la función social en la prestación del servicio público de radio y televisión, lo cual argumenta que es fundamental para el fortalecimiento de la integración nacional, el fomento del respeto y la tolerancia, la promoción de la reflexión y el mejoramiento de las formas de convivencia humana.
En teoría los fines buscados son valiosos, pero en la práctica nuestro Ejecutivo federal se encuentra muy alejado del enaltecimiento de dichas pretensiones sociales. Primeramente destaco la gran opacidad con que se instrumentó la publicación del decreto y la consiguiente creación del organismo. Entre las maniobras de hermetismo que desplegó Gobernación estuvo gestionar que el procedimiento de viabilidad regulatoria, que lleva la Secretaría de Economía se declarara confidencial y que la publicación en el Diario Oficial sucediera el miércoles previo a los días feriados.
El decreto nos indica que el organismo ha sido dotado de todo tipo de recursos humanos, técnicos y económicos para instalar y operar estaciones de radio y de televisión, por lo que se convertirá en el nuevo medio de comunicación del Ejecutivo federal. Su naturaleza jurídica prevé que contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, pero se crea como una entidad sectorizada de la Secretaría de Gobernación, por lo que su autonomía no está garantizada.
Esto va en contra de las mejores prácticas internacionales, en donde encontramos medios públicos, con autonomía de sus propios gobiernos, como en los casos admirables de la BBC de Inglaterra y la radio-televisión española. En el caso que nos ocupa todo indica que más que creando un medio público, bajo los estándares que demandan los tiempos que vivimos y las mejores prácticas internacionales como señalé, se está creando un medio del gobierno y para el gobierno, federal, por supuesto.
Por otro lado, será un organismo productor de contenidos programáticos, vigilado y controlado por la misma Secretaría de Gobernación. De tal manera queda indefinido si esta entidad será un organismo de radiodifusión y que adicionalmente operará y distribuirá contenidos, o si lo hará por conducto de terceros. Entre los múltiples cuestionamientos que tiene mi grupo parlamentario son: ¿Con qué facultades reasignará el Ejecutivo federal partidas presupuestarias que fueron debidamente asignadas por esta soberanía en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010?
El tema no es menor, considerando que esta soberanía autorizó para el presente ejercicio cerca de mil millones de pesos para el presupuesto de los medios públicos identificados con fines educativos. Peor aún, el decreto establece que la Secretaría de Educación Pública entregará al organismo los recursos que sean de utilidad para el cumplimiento de su objeto, de lo cual se puede inferir que se incluyan las estaciones de radio y canales de televisión que actualmente utiliza para fines educativos. Esto pone en controversia a lo previsto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Vivimos tiempo de dificultad nacional, los bolsillos de los ciudadanos y sus oportunidades de empleo se han deteriorado, y mientras tanto el Ejecutivo reasigna recursos destinados inicialmente a medios públicos con un fin predominantemente educativo, que por ley deben permanecer bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública, y los destina a la creación de este organismo, realizándolo en mero tiempo de austeridad y de crisis económica.
Mis tres minutos no me permiten invocar a la reflexión sobre las múltiples interrogantes al respecto, tales como, ¿se utilizará este medio para hacer promociones personalizadas de actores políticos afines, o bien ataques o críticas de tinte electoral? ¿Tendrá fines de elección pública, o acaso es el canal del presidente?
Para esclarecer éstas y demás interrogantes es que someto a consideración de este honorable pleno el votar a favor de mi punto de acuerdo y con ello citar a comparecer al licenciado Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, y al arquitecto Héctor Ozuna, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. El devenir nacional que nos acontece así nos lo reclama, en aras de continuar con el progreso de nuestras aspiraciones democráticas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Al no haber quien se inscriba?
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente, quiero inscribirme a favor.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: A favor. Permítame, diputada. Se ha inscrito a favor, el diputado Di Costanzo. Adelante, diputado.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Con su venia, presidente. Nuevamente se nos pone a consideración la posibilidad de llamar, y que aquí vengan a rendir cuentas los funcionarios que, subordinados a las decisiones de Felipe Calderón, actúan al margen del Congreso. No es posible, por ejemplo, que se estén buscando mecanismos fuera de la rendición de cuentas que debe de existir para falsear la información y cambiar la realidad de este país.
No se puede seguir soportando que el gobierno espurio hable de un México que no existe o intente controlar los medios de comunicación para decir su verdad; cuando sabemos, por ejemplo, que ayer que se presentaron los resultados de la Cuenta Pública en materia de desarrollo social, se vean y sean evidente los grandes fracasos y el gran retroceso de este país; y que eso se quiera ocultar y se cambie o se pretenda suplantar esta horrible realidad mediante programas, mediante anuncios que no son más que una distorsión de la tremenda realidad que vive este país, de la pobreza, y que se siga falseando información y ahora se quiera controlar lo que se dice y no se dice.
Ya tenemos mucho con las sandeces que repite el secretario Lozano en materia de creación de empleos o en materia de bonanza económica que repite Ernesto Cordero, como para que permitamos y continuemos permitiendo al Ejecutivo federal tomarse esas atribuciones que, además, son al margen de la ley y al margen del Congreso.
Yo creo que es necesario que de inmediato Fernando Gómez-Mont venga a explicar y a dar la cara sobre las absurdas medidas que se están tomando. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Al no haber más personas inscritas se declara suficientemente discutida la proposición. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado y comuníquese.
Tiene la palabra el diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita que se agilice el análisis, la discusión y, en su caso, la aprobación de la eliminación del cobro del impuesto sobre la renta a jubilados y pensionados.
El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino: Compañeros diputados. Los mexicanos en las pasadas elecciones federales se pronunciaron por nuevas formas de hacer política y por un mejor diseño de políticas públicas que generen condiciones favorables al país, que promuevan acciones que reactiven el desarrollo y el crecimiento económico, lo cual, nos han mandado el que velemos por los intereses de todos y cada uno de los pensionados y jubilados del país, en particular los de mi estado, el estado de Morelos.
Las cifras revelan que hay más de 2 millones de pensionados y jubilados en el país, y es triste referirlos a ellos sólo a números. Por el contrario, representan la experiencia de la productividad laboral, misma que generó ingresos tributarios al erario del gobierno de la República por conceptos del pago de impuesto sobre la renta, y que potenció el gasto público que tanto ha beneficiado a la República. Lo que deberíamos de pensar es en generar una política pública conforme a los beneficios que deben tener los pensionados y jubilados.
Con fecha 9 de febrero de 2010 se ingresó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por mi compañero y amigo el diputado Francisco Hernández Juárez y miembros de la Comisión de Seguridad Social de esta legislatura. Hemos escuchado las voces que nos piden que reflexionemos sobre este particular, y coadyuvemos a no gravar los ahorros de toda la vida productiva, ya que significaría una doble tributación y esto, por un lado ya se pagó en su tiempo el impuesto sobre la renta mientras era trabajador, ahora siguen pagando impuestos a los pocos ingresos que reciben por su pensión, y esto agrava gravemente su economía.
En virtud de lo anterior, yo quiero pedirle a las fuerzas progresistas de la República, a mi amigo Gerardo Fernández Noroña. A mi amigo Acosta Naranjo. A todos mis compañeros del partido y a mis amigos de Acción Nacional, que hagamos ya algo para que podamos dictaminar, que podamos votar para que no se siga gravando más con el impuesto sobre la renta el precario salario que reciben por concepto de jubilación los pensionados y jubilados de mi país.
Aquí ya hay varios compañeros que van para las jubilaciones, piensen que hoy podemos estar definiendo lo que mañana vamos a disfrutar. Señores, sean felices.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.
El diputado Agüero Tovar desea hacer uso de la palabra. Dígame, diputado.
El diputado José Manuel Agüero Tovar (desde la curul): Gracias, presidente. Únicamente para preguntar al diputado si me permite adherirme a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Acepta usted que se adhieran, diputado? Acepta que se adhieran. Todos aquellos diputados y diputadas que deseen suscribirlo, pasen a la Secretaría. Y se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.
Tiene la palabra el diputado Héctor Fernández Aguirre, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Economía envíe las evaluaciones que realizó para determinar las fechas, montos y procedimientos de los cupos de importación de leche en polvo, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Héctor Fernández Aguirre: Con su permiso, señor presidente. Honorables compañeras y compañeros legisladores, los diputados de Coahuila, en voz de su servidor, presentamos la siguiente Proposición con punto de acuerdo
El pasado 15 de febrero el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se da a conocer el contingente arancelario para importar en este año 2010 leche en polvo exenta de arancel, procedente de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, así como el acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar en este mismo año preparaciones a base de productos lácteos.
En atención a ello comento lo siguiente: la rama productiva lechera enfrenta graves problemas y, al igual que en otras ocasiones, en esta soberanía se ha evidenciado que el Ejecutivo federal en aras de una complementariedad de los productos nacionales ha permitido la importación masiva e indiscriminada de productos del campo.
Cuatro. En esta decisión se afecta enormemente a los productores de leche, quienes ya han manifestado una y otra vez que si la producción nacional de leche no alcanza a cubrir las demandas, las importaciones se deberán permitir cuando se haya asegurado el mercado para el producto nacional. Además, aplicar el impuesto correspondiente a los productos extranjeros para evitar que se convierta en una competencia desleal para los más de 200 mil pequeños y medianos productores nacionales.
Por lo anterior, hoy hacemos nuestro el descontento y el reclamo de los productores de leche mexicanos, quienes se ven obligados a vender su producto por debajo de los costos de producción. Además se tiene el conocimiento de que la leche que se distribuye por parte de Liconsa es elaborada con leche en polvo importada, lo que nos ha convertido en el segundo importador del lácteo en el mundo.
Por lo anterior expuesto, acudo a esta honorable tribuna para solicitar su apoyo y respaldo para la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Economía envíe a esta soberanía las evaluaciones que en su caso realizó, para determinar la fecha, montos y procedimiento de los cupos de importación de leche en polvo.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Economía que realice la evaluación del impacto que tienen las importaciones de ese producto en el sector del país.
Tercero. Se solicita a la Secretaría de Economía que realice los estudios necesarios a fin de identificar si la leche que se importa a través de los cupos tiene algún nivel de subsidio por parte de su país de origen. Y que se nos informe y se tomen las medidas previstas en los acuerdos comerciales suscritos por nuestro país ante la Organización Mundial del Comercio, para equilibrar a nuestros productores ante esta competencia desleal.
Señor presidente, le pido sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates la versión de este punto de acuerdo publicado ayer en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Economía.
Proceda la Secretaría a darnos cuenta de proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno. De la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Acuerdo único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para que a través del Procurador General de la República, ciudadano Arturo Chávez Chávez, intervenga en la liberación de las indígenas Araceli Alcántara Alejandro y Lucía Martínez Melitón, injustamente acusadas de delitos contra la salud, ya que existen vicios y contradicciones en el proceso.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, 8 de abril de 2009. Firman los coordinadores y la coordinadora, integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunte en votación económica a la asamblea si se aprueba.
La diputada María Dolores del Río Sánchez: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese. Continúe con acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Acuerdo
Primero. En virtud de que sobre la carretera federal México-15, ampliada a cuatro carriles, en Sonora, no existen rutas libres alternas que eviten el obligado paso y correspondiente pago por las casetas de La Jaula, Fundición, Esperanza y Hermosillo, se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a instrumentar de inmediato las medidas necesarias, a afecto de autorizar el libre tránsito de los sonorenses por dichas casetas, con el solo requisito de presentar una identificación oficial, en tanto se construyen vías alternas que puedan ser transitadas sin hacer pago alguno.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que practique una auditoría al Fideicomiso de Apoyo para elRescate de Autopistas, responsable de la administración de la carretera de cuatro carriles Estación Don-Nogales, con el objeto de determinar la fuente y uso de fondos que demuestren el no retorno de esos recursos para el mantenimiento y su modernización.
Tercero. Se exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), a iniciar de manera inmediata las inversiones previstas en el convenio firmado el 18 de septiembre de 2008 entre el gobierno federal y el gobierno de Sonora, por un monto de 5 mil 500 millones de pesos, para la modernización de los 680 kilómetros que componen esta carretera federal, que va de Estación Don a Nogales, Sonora.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2010. Firma, la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En votación económica pregunte a la asamblea si se aprueba.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.
Continúe con acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión manifiesta al Congreso y al pueblo de la República Federativa de Brasil sus condolencias y su solidaridad con los familiares de las víctimas ocasionadas por las recientes inundaciones que afectaron la ciudad de Río de Janeiro.
Esta soberanía expresa el propósito de que los Congresos de ambas naciones puedan impulsar, de manera conjunta, la definición de mecanismos de cooperación, intercambio de experiencias en materia de protección civil, prevención y atención a desastres naturales, en el seno de las asambleas parlamentarias internacionales de las cuales forman parte.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2010. Firman, los coordinadores y la coordinadora de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En votación económica consulte a la asamblea si se aprueba.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.
Continúe con acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, a tomar las medidas pertinentes para que se agilice la entrega de recursos federales del Fondo de Desastres Naturales para atender la emergencia provocada por el sismo que afectó a Baja California.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2010. Firma, la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En votación económica pregunte a la asamblea si se aprueba.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.
De conformidad con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política sugeridos a la Mesa Directiva, continuamos con el orden del día en el capítulo de Excitativas
Se recibió solicitud de excitativa de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la Cámara de Senadores. Remítase a la Cámara de Senadores.
Continuamos con Agenda Política
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hacer los comentarios sobre la militarización del país e instalación de retenes militares en diferentes partes de la república, hasta por 10 minutos.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, es mucho el tiempo que se invierte en varios temas sin profundizar en ellos y los de la discusión política siempre se dan en condiciones bastante pobres, pero bueno, así va la vida.
Acribillan frente a un retén militar a un gerente de maquiladora. Matan a 10 niños narcotraficantes. Ejército dispara contra un autobús y muere un pasajero en Guerrero. Militares matan por error a una mujer embarazada. Retén militar, cerca de foro por aniversario, mata a personas. Matan a tres en un retén de Chihuahua. Matan soldados a otro civil en retén militar, en Chihuahua.
Y el lunes pasado, en la noche, martes, amanecimos con la noticia del asesinato de Martín Almazán Salazar de 9 años y Brian Almazán Salazar de 5 años de edad. Éstos viajaban en compañía de sus padres, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en una camioneta muy vieja de vidrios polarizados, cuando llegaron al retén se detuvieron, la madre se bajó cargando al niño de 5 años pidiendo que no dispararan, los militares dispararon y le mataron al hijo de 5 años en los brazos.
La verdad es que a mí no deja de sorprenderme que esta soberanía esté viendo permanentemente el asesinato de civiles en los retenes militares y que no se haga absolutamente nada al respecto.
Como aquí ya se ha planteado, el artículo 129 constitucional prohíbe que el Ejército esté fuera de los cuarteles en tiempo de paz. El fuero militar no debería regir bajo ninguna circunstancia en tiempos en que está en paz el país.
La situación de este último caso que estoy comentando, de los niños Almanzán Salazar de 9 y 5 años de edad es más grave aún, porque encima del asesinato de estos menores las familias están siendo presionadas por las autoridades militares para que no procedan judicialmente. Están siendo amenazados, están siendo utilizados, y no es una excepción, sino es una constante.
Aquí he mencionado las características de retén militar de Querobabi, Sonora, donde hay filas de 7 kilómetros de tráileres, todos los autobuses que pasan son detenidos y bajados los ciudadanos para una revisión, persona por persona; los vehículos de igual manera, en una violación flagrante a derechos y garantías constitucionales.
Hace unos días aquí, diputados del Verde planteaban que más valía hacer algo para atenuar la brutalidad con que están operando los retenes militares y policiacos, asumiendo que ya es una realidad del país.
Me rehúso a aceptar que el asesinato de civiles, que el asesinato de niños, que el asesinato de personas inocentes por militares, sea una realidad que tengamos que aceptar. Me rehúso a que se sigan permitiendo las revisiones abusivas por parte de autoridades policiacas y militares.
No es un problema de Tamaulipas, no es un problema de Chihuahua, no es un problema de Morelos, no es un problema de Michoacán donde hay 50 civiles asesinados en retenes militares, sino es una problemática de una brutal militarización del país que no abona en nada a la lucha contra el narcotráfico, que no abona en nada a combatir a la delincuencia organizada y que sí está generando una sangría permanente en diferentes partes del territorio nacional.
Además no dejo de sorprenderme de que los diputados que viven en esos estados no suban a la tribuna a plantear esta problemática, que no vengan a alzar la voz para exigir que esto no siga sucediendo. Muchos de los que están aquí, de los que estamos aquí, somos padres y no quisiera que nos sucediera que fuéramos nosotros los que estuviéramos en esta estadística, que fuera un hijo o una hija nuestra la que fuera asesinada en un reten militar y que recibiéramos la absoluta indiferencia de los integrantes de esta Cámara de Diputados, que en teoría somos los representantes de la nación y del pueblo agraviado por esta violencia brutal que están desarrollando las Fuerzas Armadas.
Quiero comentar que hace poco, en esta semana, se reunió la Comisión de Seguridad con el secretario de la Defensa. Es una vergüenza para esta soberanía que el único secretario del gobierno usurpador que no viene a esta Cámara sea el secretario de la Defensa Nacional. Hay que ir a verlo a su despacho, porque el señor no puede dignarse venir aquí porque es militar. Ni siquiera el usurpador hay que decirlo, bueno hay quien lo va a visitar a su oficina porque no puede venir acá, pero cuando venía aquí daba cuentas, en teoría, a la nación.
Sin embargo el secretario de la Defensa no viene y hubo diputados y diputadas tan obsequiosos que le dijeron que hay que duplicarle el presupuesto, que le dijeron que le van a aprobar su Ley de Seguridad, para hacer legales los cateos sin orden judicial, para hacer legal las detenciones sin orden judicial, para hacer legales los retenes que violan flagrantemente la Constitución y que violentan derechos y garantías constitucionales.
¿Qué tienen en la sangre, en las venas, qué les corre, diputadas y diputados, que pueden asumir esa posición servil frente al Ejército, cuando deberíamos de modificar esa condición? Debería inclusive haber un secretario de la Defensa, civil, y no militar. Y subordinado al marco constitucional vigente en el país.
Debería regresar el Ejército a los cuarteles. Ciudad Juárez es el rostro más brutal de la militarización y el más evidente del fracaso de esa política miserable del gobierno de Calderón, del gobierno de facto, del gobierno usurpador que ha generado esta sangría, este trato, como lo he dicho ya, de delincuentes a los ciudadanos, mientras los delincuentes gobiernan este país.
Quiero pedirles, compañeros diputados, compañeras diputadas, que tomemos una determinación firme para parar estas cosas. Quiero anunciarles que si esta soberanía intenta aprobar la mal llamada Ley de Seguridad, vamos a tener una diferencia y una confrontación mayor porque no vamos a permitir que se convaliden los crímenes que desde este gobierno se vienen desarrollando hacia la ciudadanía.
No vamos a tolerar que siga esta indiferencia, esta negligencia, esta complicidad criminal que hay en torno a tan grave problema. Los hubiera querido ver a muchos de ustedes con las madres de los jóvenes asesinados en Juárez, a ver si podrían sostenérseles la mira y decir que eran errores del Ejército, que eran medidas equivocadas que habían costado vidas, inclusive, de menores de edad.
Quiero pedirle por último, diputado presidente, que como franco rechazo a estos asesinatos, como franco rechazo a esa brutalidad, les rindamos un minuto de silencio a los niños Martín y Brian Almanza Salazar, de nueve y cinco años de edad, y que con este minuto de silencio no sólo brindemos solidaridad, sino todo nuestro apoyo a las familias de estos niños asesinados para que puedan acudir a las autoridades judiciales correspondientes y se haga justicia.
Lo que la gente está pidiendo en este país, lo que el pueblo está pidiendo, es justicia, que acabe la impunidad, que acaben las desapariciones forzadas, que acaben los asesinatos impunes, que acabe la violencia y la violación sistemática de derechos y garantías constitucionales, que tengamos un país de libertades, lo que se está perdiendo de manera peligrosísima y que no hay ninguna instancia de los poderes del Estado mexicano que esté haciendo algo para remediar tan grave situación.
Término planteándoles, compañeros diputados y compañeras diputadas, que no puede ser que nos acostumbremos a ver a civiles asesinados en retenes militares. No puede ser que nos acostumbremos a ver menores de edad masacrados en un retén militar, no puede ser que nos acostumbremos a este estado de brutalidad y barbarie porque nos hacemos cómplices del mismo; ello va minando nuestra condición humana, nuestra justa indignación y la exigencia de justicia que millones, a lo largo y ancho del país, están exigiendo y que es su derecho más elemental.
Les agradezco mucho su atención, compañeros diputados y compañeras diputadas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Como lo solicita, guardemos un minuto de silencio por estos niños.
(Minuto de silencio)
Se han inscrito para participar en esta agenda política los diputados Teresa Incháustegui Romero, Gregorio Hurtado Leija, Felipe Solís Acero, Jaime Cárdenas Gracia, Filemón Navarro Aguilar, Óscar González Yáñez y Pablo Escudero. Al término de la intervención del diputado Enrique Ibarra Pedroza estaré preguntando si está suficientemente discutido.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Teresa Incháustegui Romero.
La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, es innegable que la victimización, que la inseguridad derivada de las operaciones del crimen organizado en la población debe combatirse. Es irrebatible que un estado de derecho no puede permitir que las garantías y libertades fundamentales de las personas sean afectadas y en su lugar se yerga la ley del crimen y del más violento.
No es admisible que la política para combatir y erradicar estos males se base en estrategias ciegas, centradas en el uso de la violencia y no de la inteligencia, que terminan haciéndose parte de la victimización a la población y que afrentan los derechos fundamentales, como son el derecho a la vida, el derecho a la justicia, el derecho al debido proceso, el derecho a la libertad. Y esto es justamente lo que está ocurriendo con el uso intensivo y abusivo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
Quiero ser clara. No creo en el falso dilema de que decir no a la militarización de la seguridad pública sea aceptar la debilidad del Estado ante este tipo de agentes antisistémicos. Lo que pasa es que no creemos que para combatir al crimen organizado haya que pasar por encima de la ley y de los derechos, que para generar la seguridad que demanda la ciudadanía se tenga que poner en riesgo lo que tenemos ganado en las libertades democráticas.
No creo tampoco que la sustitución de autoridades civiles por militares sea el camino para fortalecer y generar organismos policiales capaces, profesionales, eficientes, respetuosos de la ley y los derechos, y que estén ocupados en procurar seguridad dentro del orden democrático.
Por eso me preocupan mucho, declaraciones como las que se publican hoy en muchos medios. Señalando que se planea una presencia prolongada, transexenal de las Fuerzas Armadas en las calles y que, en consecuencia, se esté buscando una legislación ad hoc que otorgue atribuciones metaconstitucionales al Ejército, para hacer las labores de Ministerio Público, de jueces, incluso de las que corresponden a las instituciones penitenciarias.
Porque ensanchar la base legal para que los uniformados puedan ingresar en domicilios sin orden judicial, apresar a personas, incluso antes de que cometan delitos, por el sólo hecho de ser sospechosos, mientras se pretende mantener la actuación del personal militar al margen de las leyes civiles y del escrutinio público, no es un camino para producir seguridad, sino todo lo contrario.
Como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha indicado, las denuncias por violación de domicilio, despojos, asesinato, desapariciones, vejaciones, etcétera, en contra de miembros de las Fuerzas Armadas, ha crecido en un 500 por ciento en los últimos cinco años, ya que del 2006 a la fecha se han dado más de 2 mil 500 denuncias, aunque se sabe que hay más, porque por el temor mucha gente prefiere no denunciar.
Es decir, que esta estrategia ciega al combate al crimen organizado se está convirtiendo ya en parte del problema de la inseguridad y de la debilidad de derechos que padece la ciudadanía en México.
De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos someterá a dos juicios más al Estado mexicano por los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas del municipio de Ayutla de los Libres en Guerrero, violadas durante el primer trimestre de 2002 por personal militar.
Están también los estudiantes muertos en la refriega del Tec. Los niños de Tamaulipas, de que ya se hablaba hace rato. De una pareja que también quedó en Nuevo León, en medio del fuego cruzado, que eran trabajadores de una empresa, que estaban uniformados con el uniforme de la empresa y que aparecieron muertos, asesinados, con chalecos antibalas y armas, y otros casos como estos?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluya, diputada.
La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: ? que han pasado.
En este sentido, creemos que estamos todavía a tiempo para preservar a las instituciones armadas del desprestigio social, del riesgo a la corrupción, de las presiones, del deterioro moral y de la disciplina.
El exhorto que quiero hacer, compañeras diputadas y compañeros diputados, es que revisemos con toda responsabilidad la situación que guarda la política de seguridad pública, que analicemos estas leyes que están en dictamen, como la de seguridad nacional, y que propongamos una legislación que efectivamente responda a las necesidades de una política inteligente de seguridad pública, pero que preserve a las instituciones democráticas y evitemos el riesgo de precipitarnos en un autoritarismo desatado, del cual nosotros mismos terminamos siendo víctimas de lo mismo.
En ese sentido, el exhorto es analizar con mucho rigor y con mucha responsabilidad lo que está pasando, y a evitar la tentación de pensar que es con autoritarismo y con medidas que están en contra de los derechos humanos de las garantías constitucionales?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Concluya, por favor, diputada.
La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Cómo no, señor presidente. Vamos a terminar con la inseguridad. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Gregorio Hurtado Leija, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.
El diputado Gregorio Hurtado Leija: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, no comparto los conceptos que se han vertido en esta tribuna, porque actualmente nos encontramos en un proceso que pretende limpiar nuestras calles de las garras de la delincuencia. Eso es lo que debemos tener en cuenta.
Y en esta ruta, efectivamente, y de manera lamentable, hemos sufrido, y varias personas civiles lamentablemente han fallecido en este proceso, lo cual, desde luego que nos causa una profunda consternación, y secundamos, desde luego, y aprobamos ese minuto de silencio que fue solicitado porque también nos duele. En Nuevo León también lo hemos vivido, y hemos sufrido esas pérdidas de civiles, lamentablemente en este proceso en contra de la delincuencia.
Pero también pregunto, ¿cuántos civiles más? ¿Cuántos civiles, también, han sido víctimas de la delincuencia y no sabemos ni siquiera sus nombres? Y no sabemos sus nombres porque se encuentran desaparecidos, porque sus familiares tienen un temor tremendo y prefieren mantenerse en el anonimato. No conocemos siquiera quiénes son, por ese temor profundo a la delincuencia y quienes son el principal problema de la inseguridad que vivimos en México, no debemos perderlo de vista.
Para Acción Nacional, antes de hacer un señalamiento o conclusiones sobre los retenes militares, debemos tener siempre presente el beneficio de la sociedad y actuar con responsabilidad. Los estados de la República, incluido Nuevo León, han estado bajo el fuego y la amenaza de los grupos de la delincuencia, que han lanzado una ruda ofensiva en contra de las fuerzas del orden, de todos los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipales, ofensiva de estos criminales que también ha sido enfocada a la misma sociedad mexicana.
La creciente actividad delictiva nos obliga a todos, con responsabilidad, a hacer un alto de reflexión, porque la actividad delictiva ya no se limita a las actividades ilícitas que todos conocemos, sino que también se ensayan estrategias muy claras para desacreditar a las autoridades, a los elementos del Ejército, de la Marina y a las propias policías de los estados y de los municipios. Es una estrategia que está siguiendo la delincuencia y no podemos caer en ese juego.
En ese contexto es en el cual debemos visualizar los hechos y no lanzar condenas a priori, cuando sabemos que los únicos elementos que han sido entrenados para matar sistemáticamente son los sicarios de los cárteles de la delincuencia, en tanto las fuerzas del orden con preparación y disciplina están enfocadas a la protección y salvaguarda de la sociedad. Ésa es la clara diferencia que existe entre la delincuencia y las autoridades.
Compañeros diputados, no es posible que sigamos viendo como un problema la presencia de las fuerzas del orden en los diversos estados de la república. Para nosotros es claro que la violencia no la ha ocasionado el Ejército ni la Marina. No nos confundamos, diputados; la violencia proviene de los grupos de la delincuencia, de los narcotraficantes, de los criminales, de los sicarios.
Los verdaderos enemigos de México y de los mexicanos son quienes han atentado en contra de las personas y de la sociedad civil, en contra de nuestras familias. Son los secuestradores y los asesinos, no las fuerzas del orden. No debemos confundirnos.
No vamos a permitir que se pretenda dividir a la sociedad mexicana, no aceptamos los discursos de quienes pretenden separar a la sociedad mexicana de las fuerzas del orden que la protegen. Nos preocupa y nos debe ocupar también, el nivel de violencia emprendido por las bandas del crimen organizado.
En Acción Nacional sostenemos que el apego irrestricto a la ley y a los procedimientos policiacos y de seguridad, desde luego que resultan fundamentales para el estado de derecho, ya que con ello se da la certeza de que la ley y los procedimientos serán aplicados como se marca, y desde luego, salvaguardando en todo momento los derechos humanos y la seguridad de la población. Solicitamos, desde luego, que se investigue y se sancione a quienes han incurrido en contra y que han violado los derechos humanos.
Hoy todas las autoridades federales, estatales y municipales necesitan nuestro?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Gregorio Hurtado Leija: ? nuestro respaldo. Voy a terminar, diputado presidente.
Hacemos un llamado a respaldar a las fuerzas del orden, pero también a esas autoridades les exigimos desde ahora resultados palpables y directos, en beneficio de los mexicanos.
A su vez, todas las fuerzas de seguridad del país debemos sumar esfuerzos para que quien pierda esta batalla no sea la sociedad y su población; que quien pierda la batalla sea la delincuencia y que finalmente los mexicanos volvamos a vivir en la paz y la tranquilidad que la delincuencia nos arrebató, porque nuestro verdadero enemigo ?insisto, diputados?, la enemiga de México y de todos los mexicanos es la delincuencia organizada y los mexicanos debemos de apoyar a las autoridades y combatir a esa delincuencia en unidad nacional, y nunca, diputados, nunca con divisiones. Con eso no vamos a ganar esta batalla. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Felipe Solís Acero.
El diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señor presidente. Diputadas y diputados, una vez más el tema de la violencia ocupa un espacio en la agenda de nuestra Cámara y nos lleva a los legisladores del PRI a plantear diversas reflexiones, atendiendo al necesario balance que debe hacerse de este tema.
Desde que inició la LXI Legislatura, en septiembre pasado, en esta tribuna se ha abordado como tema la problemática de la violencia, y específicamente los de algunos casos paradigmáticos como el de Ciudad Juárez, en más de 26 ocasiones. En los últimos tres años, desde el inicio del sexenio, Juárez y el tema de la violencia ha sido motivo de señalamiento en más de 200 ocasiones en este recinto.
En casi todas las sesiones, por parte de todos los grupos parlamentarios, Ciudad Juárez ha sido motivo de pronunciamientos, de críticas, de señalamientos y sobre todo de propuestas que apuntan a resolver el grave problema de la violencia en las calles de nuestro país.
Las legisladoras y los legisladores hemos planteado innumerables puntos de acuerdo sobre la inseguridad, el crimen organizado y el riesgo permanente para la vida de los ciudadanos, en los lugares de mayor incidencia de violencia. Podemos afirmar que la reciente reforma constitucional y secundaria en materia penal estuvo marcada por la grave descomposición social que la violencia ha generado en nuestro país.
Aquí en este pleno y en comisiones han estado el secretario de Seguridad Pública, el procurador; y ha habido incluso hasta encuentros como ocurrió apenas el día de ayer con el secretario de la Defensa Nacional.
Hay una lección central en este trabajo legislativo: la certeza de que el fenómeno de la delincuencia requiere una actuación común y una visión integral que escape de la trampa de la mera acción punitiva que lleva a un círculo vicioso.
Hace unos días, el director de Educación Militar de la Universidad del Ejército señaló que no ha sido simple aceptar que nuestras Fuerzas Armadas tengan que asumir una función que en principio corresponde a las autoridades civiles. Pero no podemos menos que reconocer que se hace necesaria su actuación, hasta en tanto este problema y la capacidad de acción de los cuerpos policiacos, garanticen el restablecimiento del orden, la seguridad y el estado de derecho.
El PRI reconoce el esfuerzo y el trabajo del Ejército y del conjunto de las Fuerzas Armadas, por ser garantes de nuestra seguridad nacional. Pero también coincidimos en que nadie, ni la institución castrense y sus elementos en lo particular, pueden estar por encima del respeto de las garantías individuales y los derechos humanos, salvo en los casos que el propio Constituyente previno en la legislación.
Reconocemos la necesidad de la permanencia de las Fuerzas Armadas y del Ejército en los trabajos ?que hasta el día de hoy no es posible que cumplan los cuerpos de seguridad pública? y queremos referirnos a casos específicos que han puesto en evidencia algunos errores en el cumplimiento de las tareas correspondientes.
Me quiero referir ?porque no podría dejar de hacerlo como tamaulipeco? al caso concreto ocurrido hace unos días en ciudad Guerrero, municipio cercano a Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde dos niños, uno de nueve años y otro de apenas cinco años de edad, fueron literalmente asesinados en las proximidades de un retén del Ejército.
Ya se ha dicho aquí, y hay información suficiente en los medios, el periódico La Jornada publica justo el día de hoy una entrevista con el padre de los pequeños en donde narra con todo detalle y con todo cuidado lo que ocurrió.
Una familia, integrada por 13 elementos que se dirigía el Domingo de Pascua a pasar ese día en las playas de Matamoros, Tamaulipas, fue detenida en un retén. Se le indicó que se detuviera. Lo hizo. Fue revisada y un elemento del Ejército le permitió que continuara. No obstante lo cual, hubo después disparos contra la camioneta. En principio, lo que provocó que el conductor de la misma se detuviera completamente. Lo ha declarado, públicamente están las declaraciones en la televisión para efecto de que sean hechos los análisis correspondientes. Y no obstante la detención y la solicitud de que no hubiera disparos los hubo, provocando la muerte de dos menores.
Respetamos y coincidimos en la necesidad de que el Ejército se mantenga en las calles hasta en tanto, hasta en tanto los cuerpos de Seguridad Pública no estén en condiciones de asumir los graves riesgo de la violencia que, generada por las organizaciones delictivas, hoy tienen en jaque a una parte importante del país.
Pero exigimos también; como tamaulipeco exijo que se haga la revisión detallada y la investigación hasta sus últimas consecuencias de la muerte de estos dos pequeños en la zona ribereña de Tamaulipas.
Y solicitaré mañana mismo a la Junta de Coordinación Política un exhorto a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que se entregue a esta soberanía una información satisfactoria sobre los hechos lamentables y ominosos ocurridos en el municipio de Guerrero, Tamaulipas, que no pueden ni deben volverse a presentar. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Por eso nosotros no estamos de acuerdo ni con el punto de vista del PAN, que defiende la actuación anticonstitucional del Ejército en tareas de seguridad pública, que no le corresponden, ni tampoco estamos de acuerdo con el PRI, que sostiene que como no hay más remedio hay que soportar esta actuación anticonstitucional del Ejército.
Estamos muy mal, estamos yendo contra la historia, estamos aceptando que se vulnere todos los días en México el estado de derecho, violaciones a los derechos humanos en los retenes, muertes en los retenes, brutalidad militar y policial. Los militares le piden a esta Cámara impunidad de sus crímenes, desconociendo que estos crímenes que están realizando son imprescriptibles. No sé si sepan los militares y muchos de nosotros, o muchos de ustedes, si aprueban estas reformas podrían acabar procesados en la Corte Penal Internacional. El Ejército no puede desarrollar tareas que no le corresponden constitucionalmente.
Quiero ahora hacer referencia a un artículo de la Constitución que generalmente pasamos de lado. El artículo 21 de la Constitución, que señala con toda precisión cómo la seguridad es una función de carácter civil. La seguridad pública no puede ser una tarea o una función de carácter militar.
También, como se ha dicho aquí insistentemente, sin que haya declaratoria del Congreso, sin que haya declaratoria de estado de sitio, en México existe un estado de sitio. Un estado de sitio que nosotros, como legislativos, permitimos. Es bochornoso lo que ocurrió en la reunión de ayer, de los miembros diputados de la Comisión de Defensa Nacional, de Seguridad Nacional, perdón, en donde en lugar de pedir al secretario de la Defensa que compareciera en las instalaciones de esta Cámara a reunirse con los diputados, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió es que fueron...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado, permítame. Permítame, diputado Cárdenas. Diputado Solís, dígame.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: ¿Que no continúe? El reloj está funcionando, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Deje primero que diga el diputado Solís...
El diputado Felipe Solís Acero (desde la curul): Señor presidente, para solicitarle por su conducto al diputado Cárdenas, si me acepta una pregunta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Le acepta una pregunta al diputado Solís, diputado?
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Sí, cómo no.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputado.
El diputado Felipe Solís Acero (desde la curul): Diputado Cárdenas, supongo que usted conoce las seis jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el PRD a fines de los años noventa con motivo de reformas a la ley, en las que se estableció la integración del Consejo Nacional de Seguridad, en donde el PRD reclamó ?en aquel momento? que no podían formar parte de ese Consejo Nacional los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina.
Y la Corte emitió al respecto seis criterios que en términos de lo que la ley establece le dio el carácter de jurisprudencia. En uno de ellos la Corte estableció la legalidad de la presencia del Ejército realizando funciones de seguridad pública, siempre y cuando fuera solicitado por la autoridad ejecutiva correspondiente. Supongo que conoce esta jurisprudencia que legalizó la presencia del Ejército realizando labores de seguridad pública.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, señor diputado.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Sí la conozco, diputado Solís Acero, y la lamento, porque la jurisprudencia de la Suprema Corte, o sus criterios, no pueden estar por encima de la Constitución.
Y la Constitución, de manera textual, a la letra dice: Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil. Es decir, es claro, indubitable, en el texto expreso del artículo 21 de la Constitución cómo las instituciones de seguridad pública solamente pueden ser de carácter civil. No hay razón. La Corte se subordinó, esto es lo grave, diputado Solís. La Corte, como está Cámara, se está subordinando al poder militar. El poder militar debe estar subordinado al poder civil, y aquí nos estamos subordinando, legisladores de distintos partidos, se subordinan al poder militar.
En la Comisión de Defensa Nacional que se reunió ayer con el secretario de la Defensa en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa, parecían los señores diputados ?lo voy a decir con mucha vergüenza y mucha pena? lacayos, sirvientes del poder militar de este país. Eso no es posible.
El secretario de la Defensa o el de Marina o el procurador General de la República tiene que comparecer en los recintos del Poder Legislativo, tiene que asistir a las comisiones de esta Cámara, al pleno de esta Cámara. Nosotros no tenemos que ir allá con ellos.
El poder civil está por encima del poder militar. A mí me parece terrible para el estado de derecho de México que la Suprema Corte del país, el máximo tribunal de México se subordine al poder militar, que esta Cámara se subordine al poder militar, que el Senado de la República se subordine al poder militar, que los gobernadores y los alcaldes se subordinen al poder militar. Eso no es correcto.
Es contrario al texto de la Constitución no solamente porque se trata de un juego entre poderes o de un equilibrio de poderes, sino porque se trata de los derechos humanos de millones de mexicanos, y la Constitución no es respetada.
No es respetado el artículo 11 constitucional. Se limita la libertad de tránsito más allá de las limitaciones que el texto constitucional expresa.
Se violenta el artículo 16 de la Constitución sin que se funden ni motiven las razones, por escrito, de los retenemos militares.
Se violenta el artículo 29 de la Constitución, porque existe en México un estado de sitio de hecho.
Se violenta el artículo 129 que determina que el Ejército debe estar en los cuarteles en época de paz.
Y lo más grave de lo que pasa en este país es que se trata de una guerra no declarada. Una guerra sucia. Una guerra donde el Estado utiliza?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado, ¿ya terminó de contestarle al diputado?
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: No. No he terminado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No. No ha terminado. Continúe.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Donde el Estado utiliza instrumentos que no le corresponde, instrumentos contrarios a la Constitución y a la legalidad. He terminado, presidente. Voy a continuar con mi exposición.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien. Permítame, diputado. ¿Qué desea, diputado Escudero? Dígame.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente, ¿puede preguntar al orador si me acepta una pregunta?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Acepta una pregunta del diputado Escudero?
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Desde luego, presidente, acepto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta. Adelante, diputado.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Gracias. Diputado, para preguntarle quién le dio esta información. Usted ha hablado en términos genéricos del comportamiento que tuvimos los diputados ayer. Estuve en esa reunión y no acepto que usted diga que tuve un comportamiento vergonzoso ni de lacayo.
Exigí esa reunión. Fijé la agenda, y hablamos de temas importantes. De violaciones a los derechos humanos, entre otros temas. Entonces me pregunto de dónde saca esta información, y le reitero, no acepto sus palabras.
Mi comportamiento ayer en la Secretaría de la Defensa, en la comisión, fue de honor. Por ningún motivo ni vergonzoso ni de lacayo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputado.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Contesto, presidente. Desde el hecho mismo de haber asistido a la Secretaría de la Defensa, eso entraña en sí mismo un acto de subordinación. Son los secretarios del despacho, los funcionarios públicos, los que deben concurrir a esta Cámara, a su pleno y a sus comisiones.
Nosotros somos los representantes de la nación, y le voy a recordar lo que dice el artículo 51 de la Constitución: Los diputados representamos a la nación. El secretario de la Defensa, el general Galván, no representa a la nación, nosotros sí. Son los secretarios de despacho los que tienen que comparecer ante la Cámara.
Entonces el primer acto de subordinación, aunque no le guste la palabra, es haber ido allá, a esa Secretaría a tener una relación, una conversación, un intercambio de pareceres con el secretario de la Defensa.
Lo segundo, por lo que establece la prensa el día de hoy y por lo que se nos ha informado en nuestro grupo parlamentario, las peticiones del secretario de la Defensa ¿cuáles fueron? ¿Qué pidió el secretario de la Defensa? ¿Qué pide el Ejército? Que no abroguemos, que no toquemos la redacción del artículo 13 de la Constitución. Quieren seguir teniendo fuero de guerra, privilegio para una casta militar que debe estar sometida al poder civil.
¿Qué pidieron? Pidieron la posibilidad de cateos, arraigos, detenciones, despojos, actos de autoridad sin orden judicial.
¿Qué más pidieron? Piden la impunidad y que esta Cámara y el Congreso de la Unión se haga cómplice de sus actos violatorios a la Constitución y a los derechos humanos. Y ustedes aceptaron eso, impasibles.
No le dijeron general secretario eso no va a pasar, eso implica violación a la Constitución, puede ser usted juzgado y nosotros también por crímenes de lesa humanidad, por crímenes de guerra ante instancias internacionales. Eso en términos jurídico-constitucionales, de los tratados internacionales sobre derechos humanos, diputado, es inaceptable.
Primero, no hubiera ido con el secretario de la Defensa. Y lo segundo, al escuchar sus peticiones antijurídicas, anticonstitucionales, hubiese protestado y me hubiese retirado de esas oficinas. Tenemos que ser muy claros al respecto, diputado, el Ejército no puede asumir atribuciones que le corresponden a la autoridad civil. El Ejército en México no puede seguir impunemente violando la Constitución, matando niños, violando mujeres. No es posible. Tenemos que ponerle un alto a esa actuación anticonstitucional, antijurídica, violatoria de derechos humanos.
Si no lo hacemos, si no elevamos la voz, si no protestamos, somos cómplices de esas fechorías y de esos crímenes nefandos. He terminado.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. Diputado Escudero, dígame.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Si me acepta otra pregunta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Acepta otra pregunta, diputado?
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Adelante, diputado, adelante.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputado Escudero.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Diputado Cárdenas, yo no sé si usted esté enterado que un compañero de su partido estuvo ahí con nosotros y tuvo un buen papel, pero al parecer usted se refiere también a él como subordinado, lacayo y demás. Eso me llama la atención. Creo que el comportamiento que tuvo su diputado el día de ayer fue un buen comportamiento.
Entonces quiero que me conteste a qué se refiere. ¿También está hablando de él como lacayo, subordinado y todo lo demás? Porque creo que hay que hacer la distinción, diputado, hay que precisar quiénes fueron, a qué fueron, qué le fuimos a decir. Quién le dijo que sí a estas iniciativas. Hay que precisar, hay que ponerle el nombre, apellidos y partidos políticos.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Bueno, lo que le pudo señalar, como no son actos propios, yo no acudí a la Secretaría de la Defensa, creo, considero que fue inadecuado asistir a la Secretaría de la Defensa.
No estuve presente en esa reunión. No sé a ciencia cierta lo que se trató a detalle. Por lo que ha comentado la prensa, sí sé lo que pidió el Ejército, pidió impunidad, pidió que hubiese un régimen jurídico de excepción para la clase militar en este país. Los militares piden ser tratados diferente al resto de los mexicanos.
Estoy cuestionando eso. Es inaceptable la conducta de los diputados que siguen acudiendo a esos recintos y que siguen aceptando sin protestar peticiones del secretario de la Defensa y de los militares de este país, que son inadmisibles, que son contrarias a la Constitución. Eso es lo que tengo que decir, diputado y espero que no continúe amarrando navajas. Voy a continuar con mi exposición.
Quiero señalarle, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, que es importante que esta Cámara de Diputados tenga un papel digno y un papel digno es que se dé su lugar, un papel digno es que pida el castigo por los crímenes que han cometido miembros del Ejército.
Un papel responsable es acatar y cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha condenado al Estado mexicano y que tiene que ver con la actuación de militares y con la legislación que en la materia es contraria a derechos humanos. En concreto, el artículo 13 de la Constitución que regula, que establece un fuero militar. Esa norma no puede continuar en México. Debemos derogarla. Los militares no tienen derecho a un fuero militar cuando se trata de asuntos, de delitos, de hechos, de conductas que tienen que ver con el comportamiento civil.
Eso es lo que tenemos que hacer: derogar aquellas disposiciones del Código Penal Militar que permiten la actuación indebida de los militares, que favorecen el trabajo de los militares en tareas que no les corresponden.
Desde luego debemos protestar en contra del gobierno usurpador de Calderón por permitir una estrategia contraria a la Constitución.
Hace unos días estuvo en México uno de los juristas europeos más importantes, Luigi Ferrajoli, padre de la teoría garantista, y condenó acerva y críticamente la estrategia gubernamental represiva.
Lo que tenemos que hacer es proscribir el empleo de la fuerza del Estado. Solamente seremos más civilizados cuando la fuerza pública, cuando la fuerza del Estado se reduzca al mínimo. Este país, este Estado será realmente un Estado civilizado cuando maximicemos, cuando ampliemos, cuando optimicemos los derechos fundamentales de las personas y reduzcamos el empleo de la violencia.
Si seguimos priorizando el empleo de la violencia, el empleo del uso de la fuerza pública, aunque sea la del Estado por encima de los derechos humanos de los habitantes, estamos dejando sin legitimidad al Estado y a las instituciones.
El Estado y las instituciones solamente son legítimas si promueven y maximizan derechos humanos. El uso de la fuerza pública es el último remedio, la última vía para atender problemas sociales y debe siempre emplearse la fuerza pública en los términos de la Constitución y en México la fuerza pública se está empleando por encima, por fuera y en contra de la Constitución. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Filemón Navarro Aguilar, del PRD, hasta por 5 minutos.
El diputado Filemón Navarro Aguilar: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Estado mexicano atraviesa por uno de los momentos más críticos. Ni en 1968, cuando el movimiento estudiantil popular, se cuestionó su legitimidad. Ni en 1988, cuando el régimen autoritario recurrió al fraude para retener el poder nos vimos ante un Estado tan débil como el actual.
Desde hace mucho tiempo las instituciones mexicanas adolecen de una debilidad crónica. Todas las encuestas dan cuenta de la desconfianza que tienen los ciudadanos hacia los poderes públicos, los medios de comunicación o los sindicatos, pero hasta hace tiempo, al menos había una institución que parecía contar con cierta aprobación de la ciudadanía, que era el Ejército, pero debido a la corrupción de las fuerzas de seguridad pública y a su incapacidad para enfrentarse al crimen organizado, los últimos gobiernos han echado mano de esta institución, que está pensada para resguardar la soberanía nacional, y no para cumplir funciones policiacas, exponiéndolas de este modo a la corrupción y al desgaste que implica la fricción cotidiana con los criminales y la sociedad.
Esta absurda guerra a la que el Ejecutivo ha lanzado a las fuerzas armadas no sólo ha fracasado en su intento de derrotar al narcotráfico, sino que ha socavado la moral de nuestro Ejército y ha minado su prestigio ante la ciudadanía.
En los últimos años, el Ejército mexicano no sólo ha dejado de ser la institución más respetada del Estado, sino que se ha convertido en una de las más cuestionadas; de lo que dan cuenta las alarmantes cifras que presenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 3 mil 595 quejas contra acciones del Ejército presentadas por la ciudadanía; no sólo es una muestra del inútil desgaste al que ha sido expuesto esta institución, sino una prueba de la falta absoluta de la estrategia de seguridad de la actual administración.
Sólo un gobierno que no tiene la menor idea de cómo actúan esas empresas criminales modernas puede declarar una guerra convencional a una fuerza que no tiene patria, que está dispersa en su propio territorio, que ha infiltrado sus propias estructuras administrativas, políticas, financieras y sociales.
¿Qué posibilidades tiene una institución, que ha sido preparada para atacar a un enemigo externo, de derrotar a uno que está en todas y en ninguna parte; que tiene más recursos, mejor armamento, mejores incentivos económicos?
Esta lógica de guerra que preside las decisiones del actual gobierno está presente en el discurso del gobierno de facto. Cuando nos intenta convencer de que no debemos alarmarnos, de que las muertes que ocurren a diario en nuestro país es el promedio de las mismas, que es menor al de algunas otras naciones del continente.
Si aceptamos que los jóvenes estudiantes asesinados en Monterrey o los acribillados en Durango, o en Guerrero, o en otras partes del país son sólo bajas colaterales, estamos aceptando la lógica de guerra de Felipe Calderón.
Esta misma lógica se instala en la intervención del secretario de Defensa, general Guillermo Galván Galván, ayer, frente a la Comisión de la Defensa de esta soberanía.
Por una parte, el secretario reconoce que la intervención del Ejército en el combate al crimen organizado es ilegal, pero, por otra, demanda al Congreso un nuevo marco jurídico que le legalice y amplíe la intervención del Ejército permitiendo: el allanamiento a domicilios, que los militares puedan interrogar a los detenidos reteniéndolos hasta 24 horas; tomarles huellas dactilares, intervenir comunicaciones, suspender espectáculos y tránsitos vehiculares; es decir, transferirles funciones de las instituciones policiacas y de procuración de justicia.
Esto sería aceptar de manera legal la definición de un estado de guerra, decretada de manera caprichosa por el régimen, donde las bajas colaterales deberán ser aceptadas con resignación; cuando aun sin legalización de la intervención del Ejército las quejas recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha aumentado en un 500 por ciento, en los últimos cinco años.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Filemón Navarro Aguilar: Concluyo, diputado presidente.
¿Qué pasará cuando este Congreso le dé carta blanca para violentar los derechos humanos? Que es lo que está pidiendo, prácticamente, el secretario.
Diez años, nos dice el general que estará el Ejército en la calle combatiendo al crimen organizado. Si estos últimos cinco años el prestigio de esta institución se ha deteriorado tanto, ¿qué sucederá en diez años, cuando ya nada pueda detener a los cárteles y el Ejército se encuentre igual de penetrado por el narco, como ahora lo están las distintas policías?
No, compañeros, esta soberanía no puede avalar esa estrategia. Entiendo que la situación es alarmante, lo es tanto que el gobierno norteamericano manda su élite de seguridad y pretende hacerse cargo directamente de esta lucha.
Lo que necesitamos es diseñar una verdadera estrategia que debe empezar por crear un cuerpo de élite que cuente con los recursos, la especialización necesaria y el compromiso de combatir seriamente el crimen organizado, combatir a los brazos financieros y a los cárteles de cuello blanco que todo mundo conoce, donde están los verdaderos beneficiarios del narco. Todo lo demás son desplantes mediáticos.
El gobierno sabe que los verdaderos golpes a los narcos no son en la sierra en los campos, con los generales con armas de alto poder, ya se lo dijo "El Mayo" Zambada a Julio Scherer: en el monte los narcos son invencibles, el verdadero campo en esta batalla son las ciudades, en las bancos, en las instituciones financieras, ahí el gobierno tiene las suficientes herramientas para combatirlos y si no, este Congreso puede colaborar para propiciarlas, pero no podemos solapar la violación a la Constitución y a los derechos humanos.
Y por último, aunque tenga inscrito un punto de acuerdo al respecto, adelanto que este Congreso debe estar atento a las amenazas de muerte que han sufrido Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por miembros del Ejército, a las que se pretende intimidar para evitar que vayan a exponer su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Ardelio Vargas Fosado (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame.
El diputado Ardelio Vargas Fosado (desde la curul): Únicamente para precisar, en mi calidad de presidente de la Comisión de la Defensa Nacional. Primero, son lamentables los hechos que han sucedido, que son los efectos colaterales de una lucha en contra del crimen organizado.
Segundo, sostener que esta comisión ha actuado apegada a derecho y respondiendo, siempre, al interés nacional, y así seguirá actuando. Esta comisión es una comisión plural. Ahí en esa reunión a la que se han referido, ahí estuvieron representados todos los partidos y al final concluimos en reconocer la actividad y la acción del Ejército Mexicano a favor del país y en el combate al crimen organizado. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Vargas. Tiene la palabra el diputado Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame, diputado, con qué objeto.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Con el objeto, diputado presidente, de matizar, yo lo quiero hacer.
Hubo integrantes de la Comisión de la Defensa que actuaron con dignidad y con firmeza. Pero me parece gravísimo que el presidente de la Comisión diga que son daños colaterales el asesinato de un niño de nueve años y de un niño de cinco años.
Le exijo, de la manera más enérgica que retire ese lenguaje miserable que agravia a la familia de los niños asesinados. No se puede hablar de daños colaterales cuando se está matando a niños inocentes en un retén militar. Me parece verdaderamente inaceptable su intervención.
La diputada Adriana Fuente Cortés (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Fuentes, dígame.
La diputada Adriana Fuente Cortés (desde la curul): Presidente, gracias. Para comentar, con todo respeto, que el único interés o preocupación del general Galván es precisamente llegar a perfeccionar el marco jurídico, el marco legal que hace falta para que la actuación del Ejército, de las Fuerzas Armadas en México sea acorde a la realidad de los tiempos actuales en los que vivimos, y que, como integrante de la Comisión de la Defensa Nacional, tiene todo nuestro apoyo el presidente, para continuar, si se requiere, con reuniones con el secretario, reuniones respetuosas e institucionales. Como cualquier otra comisión tiene derecho a tener sus reuniones en el ámbito de su competencia.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Solamente recordar que las reconvenciones entre diputados estrictamente se ciñen a ofensas a funcionarios, a ofensas entre diputados. El lenguaje técnico o de cualquier otro tipo que se utilice no puede ser reconvenido.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Adelante, diputado Óscar González Yáñez.
El diputado Óscar González Yáñez: Primero para hacer algunas aclaraciones, presidente, sobre lo que se está comentando aquí. Yo sí pediría, respetuosamente, que se retire la palabra de daños colaterales. Si a alguien le parece un daño colateral la pérdida de un menor, la pérdida de la vida de alguien, que ya no vean series de televisión. Eso está bien en las series de televisión, no en la realidad mexicana. Y un daño colateral, para aclararlo, es cuando tú tienes un beneficio mayor, y aquí no hay beneficio, solamente hay daños. En consecuencia, ni siquiera se le puede llamar daño colateral. Por eso sí es correcto que se retire la palabra.
Yo preguntaría en este momento, qué pensarían las familias a las que les han matado gente en los retenes. Díganles que es un daño colateral, díganselo. A ver quién se atreve. Nosotros seremos respetuosos y decimos que los retenes en este país son ilegales y tienen que ser retirados. Son ilegales, y por eso el secretario de la Defensa pide un marco legal diferente, pero él no pide un marco legal para realizar acciones, sino pide un marco legal para legalizar sus acciones, que es totalmente diferente, compañeros. Es totalmente diferente.
El hecho de que los compañeros se hayan reunido sí tiene varios impactos. No hay problema, compañera diputada, que se lleven a cabo reuniones fuera, son reuniones de trabajo, no hay problema, cualquier comisión las puede realizar. ¿Cuál es el problema que hay? Que el secretario de la Defensa no ha venido una sola ocasión aquí. Ése es el problema que tenemos.
Yo no quiero hacer responsable al PRI ni a los compañeros del Partido Verde, pero son esas mayorías las que no permiten que esos funcionarios vengan a comparecer y después haya reuniones de trabajo, no hay problema. El problema es que no se cumple la ley y después quieren someter al Poder Legislativo, ése es el problema, Y ése es el problema de fondo.
O sea, un secretario que viola la ley y dice: estoy violando la ley, acomódenme el marco legal, acomódenmelo por favorcito señores diputados. Y, además, no voy a la Cámara, yo no tengo que rendir cuentas. Tiene que rendir cuentas como cualquier funcionario.
Otros compañeros aquí lo han comentado, nosotros representamos los intereses de la nación, no los secretarios. Ellos son funcionarios. Qué significa funcionario: aquel que realiza funciones. Nosotros qué somos: representantes. Qué función tiene un representante, que representamos los intereses del pueblo, porque la nación radica en el pueblo. Eso es lo que somos y eso defendamos.
Por eso nosotros estamos planteando que la presencia del Ejército en las calles es un error. Lo ha planteado la UNESCO ene número de veces, que la presencia cotidiana del Ejército en las calles, compañeros, te lleva a una acción de cotidianeidad. Y que la posibilidad de que tú mandes a la primera trinchera al Ejército, cotidianamente, propicias que se corrompan.
¿Qué va a pasar cuando tengamos corrompido a todo el Ejército? No hay otra instancia por encima del Ejército. Si se corrompe una procuraduría tienes a la Procuraduría federal. Si se corrompe la Procuraduría federal tienes al Ejército. Si se corrompe el Ejército, ¿a quién tenemos? A nadie. Por eso el Ejército solamente tiene que actuar de manera extraordinaria y no de manera cotidiana. Ésa es una recomendación que hace la UNESCO y que nosotros debemos atender.
¿Qué estamos planteando nosotros al final? Primero, que son ilegales los retenes. Y, dos, los retenes no han dado resultados en este país.
Pregúntenle, yo les pediría a los compañeros de la Comisión de Justicia que le pregunten al señor secretario ?que eso lo deberíamos hacer en una comparecencia? decir cuántas armas ha incautado en los retenes. Cuánta droga, cuántos delincuentes. No han dado resultados los retenes en este país.
¿Por qué no dan resultados los retenes en este país? Porque al interior de las dependencias hay quien informa donde están los retenes. Lo que hay que hacer es cambiar de lugar los retenes. Los retenes tienen que ser puestos al interior de las instituciones mexicanas para detener retenes de corrupción, que ése es el problema que tenemos. El crimen organizado es eso.
Un servidor lo ha explicado aquí en varias ocasiones. El crimen organizado no son ciudadanos que se organizan para delinquir. Son sectores de la sociedad organizados para delinquir y, entre ellos, funcionarios públicos. Ahí es donde tienen que poner los retenes y no estar matando a ciudadanos que son inocentes y mucho menos llamarles "casos colaterales", como si fuera un asunto de mira por lo más, no importa que paguemos lo menos. Uno. No tenemos lo más; y lo menos se convierte en lo más, que es la vida de los ciudadanos de nuestro país. Eso es lo que tenemos que defender nosotros, compañeros.
Por eso, la fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo dice "son ilegales los retenes y se deben retirar y ubicarlos dentro de las instituciones para que retengan la corrupción institucional que está presente en este momento". Eso es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México. Declina su participación. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Ciudadanas y ciudadanos representantes de la nación. Como miembro de la Comisión de Defensa Nacional he querido venir aquí a argumentar en este tema de la agenda política de lo que está ocurriendo en torno al rol y al papel del Ejército Nacional.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo siempre hemos sostenido aquí el error garrafal del presidente de facto, Calderón, de dar tarea al Ejército de una manera ilegal, sin sustento alguno; algo que ayer inclusive el secretario de la Defensa reconoció que tienen tareas apartadas de la legalidad.
Estuve ayer en esa reunión en las instalaciones de la Sedena por una razón. Hace unas semanas en este pleno el de la voz hizo una propuesta formal para que los secretarios de la Defensa y de la Marina vinieran aquí, a la Cámara de Diputados, a informar de sus quehaceres y a rendir cuentas de las tareas que llevan a cabo.
No podemos nosotros seguir en esa malformada relación entre el Poder Legislativo y las Fuerzas Armadas del país. Nunca un secretario de las Fuerzas Armadas, de la Defensa o de Marina, ha venido a rendir cuentas ante esta representación; y el artículo 93 de la Constitución que mandata la facultad de la Cámara de pedir las comparecencias a los secretarios no los exceptúa de lo mismo, de venir aquí a rendir cuentas. Vamos a ver si después de este debate el PRI y el PAN cambian de actitud y se dispone la comparecencia de los secretarios de la Defensa y de la Marina.
No podemos nosotros seguir con una mala dada relación, en donde los secretarios de las Fuerzas Armadas más que estar supeditados a la Constitución de la república, son subordinados del presidente de la república en turno. Eso no puede seguir existiendo.
Y ayer en esa reunión, si le espeté al secretario de la Defensa la necesidad para modificar las reglas de relación entre el Legislativo y su Secretaría, que tendría que venir aquí a rendirnos esas cuentas; como también le comenté la preocupación que existe en todo el país por el creciente número de quejas de ciudadanos en la CNDH, en 500 por ciento se han multiplicado las inconformidades con el papel del Ejército; y no podemos ser indiferentes ello.
Ya el Ejército ocupa el primer lugar de quejas, arriba del Seguro Social y de la Procuraduría General de la República.
Por eso, los diputados del PT y las diputadas del PT nos oponemos al papel ilegal e ineficaz que se le está concediendo al Ejército en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. Diputado Miguel Álvarez, dígame usted.
El diputado Miguel Álvarez Santamaría (desde la curul): Le quiero preguntar al señor diputado si acepta una pregunta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Acepta una pregunta, diputado?
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Sí, por supuesto. ¿En dónde se encuentra el señor diputado?
El diputado Miguel Álvarez Santamaría (desde la curul): Acá estoy.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta el diputado Ibarra. Adelante, diputado Álvarez.
El diputado Miguel Álvarez Santamaría (desde la curul): Diputado Ibarra Pedroza, usted estuvo ayer en la Secretaría de la Defensa Nacional como miembro de la comisión, le quiero preguntar si acepta usted el adjetivo que le puso el señor diputado Noroña. Ésa es mi pregunta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Conteste, diputado.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: ¿Qué adjetivo puso el diputado Noroña?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Le va a dar usted respuesta, diputado Ibarra?
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Sí, por supuesto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Al que le preguntaron fue a usted, diputado.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Perdón, del diputado Noroña no escuche ningún descalificativo, ningún calificativo en la reunión de ayer de la Secretaría de la Defensa Nacional, estoy argumentando los motivos por los que estuve y los posicionamientos que hice como diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Concluyó la respuesta, diputado? Continúe, diputado Ibarra.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Otro tema que se abordó en la reunión. Efectivamente, como ya se ha dicho aquí, el secretario de la Defensa hizo la propuesta de tener la comprensión del Poder Legislativo de lo que él llamó "legislación emergente". Que aquí ya se han desdoblado varios de los puntos que se han establecido.
También en ese punto fui puntual ?y lo reitero aquí? que en el caso nuestro los diputados del Partido del Trabajo, vamos a ver la legislación en el terreno militar, de la materia militar, mas ni remotamente en la ruta que planteo el secretario de la Defensa.
Es más, afirmé que en los próximos días nosotros presentaríamos una iniciativa de reforma a la Ley del Código de Justicia Militar para modificar su artículo 56, de manera tal que el Ejército tenga que responder ante los tribunales del orden común de todos los actos cuando estén involucrados civiles y paisanos como establece la Constitución y que dicho fuero quede exclusivamente para los actos de la disciplina militar.
Sí vamos a estar atentos a la ruta legislativa en la materia, más no ni remotamente en el sentido que lo planteó el secretario de la Defensa Nacional?
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. El diputado Escudero. Dígame, diputado Escudero.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente, si me permite el orador una pregunta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Acepta usted una pregunta, diputado Ibarra?
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Por supuesto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputado Escudero.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Diputado y compañero Ibarra, estuvimos ayer juntos en esa reunión, y es cierto todo lo que usted ha mencionado. Doy fe de que efectivamente esos fueron sus posicionamientos, pero creo que también es necesario precisar que la respuesta a este cuestionamiento de que tenía que venir a este Congreso el secretario de la Defensa, el señor secretario manifestó su disponibilidad inmediata de venir aquí. Únicamente espera que se gire el oficio. Pero el secretario manifestó que estará aquí el día que se le cite en ese momento. Creo que vale la pena hacer esa precisión.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputado Ibarra.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Por supuesto iba a ser el colofón de mi intervención, de que ahora los grupos parlamentarios, sobre todo quienes toman las decisiones en esta Cámara, le tomemos la palabra al secretario de la Defensa, que ante mi petición y mi posicionamiento dijo que él con toda la disposición vendría cuando fuera convocado a comparecer.
Y también quiero hacer un señalamiento expreso, nítido, de que la reunión de ayer partió en el trato de las materias de las preguntas que el diputado Escudero, del Partido Verde, había planteado previamente en una reunión de trabajo con la Comisión de la Defensa Nacional, y que la conducta del diputado Escudero, de la diputada del Partido Verde, no puede encuadrar con alguna generalización que se dio previamente a mi intervención en esta tribuna. Gracias.
Compañeras y compañeros, creo que éste es un tema fundamental, éste es un tema central, el que veamos cómo recomponemos el tejido constitucional. Actualmente nuestra Carta Magna tiene 57 disposiciones en las que se hace alusión al Ejército, 57 expresiones diseminadas en 28 artículos de la Constitución, con muchas inconexiones, con muchas imprecisiones y hasta con contradicciones.
Sí exhortaría a que sea uno de los temas a discutir, pero pensar en una armonización en materia constitucional, pensando en la ciudadanía, en el pueblo de México. Y para que evitemos lo que ha sido un problema recurrente para nuestras Fuerzas Armadas que ha sido el de estar supeditadas, subordinadas a la voluntad del presidente en turno más que a la Constitución y a los Poderes Legislativo y Judicial. Ése es el reto que nosotros tenemos.
No más episodios oscuros, criticables en la historia del Ejército, como fue en su momento el 68, como fue la guerra sucia de los setenta y como lamentablemente ahora se está confeccionando con el combate al narcotráfico con la presencia indebida e ilegal del Ejército, por el error del presidente de facto Felipe Calderón.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría, en virtud de que ha concluido la lista de oradores, pregunte a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el tema. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutido.
Proceda la Secretaría con el orden del día.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Orden del día, 13 de abril de 2010.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (16:12 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 13 de abril a las 11:00 horas, informándoles que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 de la mañana.