La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 271 diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (11:28 horas): Se abre la sesión. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura.
Continuamos con la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.
La Presidencia invita cordialmente a los representantes de los medios de comunicación a ocupar los lugares que tienen asignados para cumplir con su tarea informativa.
Pido a la Secretaría que continuemos con el orden del día en el capítulo de Comunicaciones
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Secretaría Técnica del Procurador General de Justicia de Michoacán, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la explotación sexual infantil y la trata de personas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.
Continúe con oficio del Congreso de Nuevo León.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio del Congreso de Nuevo León, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las Comisiones de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.
Continúe con oficio del Poder Judicial de la Federación.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio del Poder Judicial de la Federación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las sentencias dictadas en torno al proceso de las ciudadanas Teresa Alcántara Juan y Alberta González Cornelio.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.
Continúe la Secretarías con oficios de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio del procurador de Justicia del estado de Puebla, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la explotación sexual infantil y a la trata de personas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.
Continúe con oficios del estado de Quintana Roo.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio del subprocurador de Justicia de la zona sur del estado de Quintana Roo, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la explotación sexual infantil y a la trata de personas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.
Continúe la Secretaría con proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone la modificación de los lineamientos para el servicio de los talleres gráficos y trabajos externos de impresión de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En votación nominal pregunte usted a la asamblea si están de acuerdo.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación nominal? En votación económica, perdón, pregunto a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.
Continúe con acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone la modificación del acuerdo por el que este órgano de gobierno hace suyo el documento Políticas del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, signado por el Consejo Editorial, de fecha 27 de febrero de 2008.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En votación económica, consulte a la asamblea si se aprueba.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.
Continúe con acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se manifiesta el acuerdo de este órgano de gobierno por el que se constituye el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura, del 15 de octubre de 2009.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En votación económica, señor secretario, consulte a la asamblea si se aprueba el acuerdo.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa de este acuerdo, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.
Continúe con los oficios de la Comisión Nacional del Agua.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Comisión Nacional del Agua, por el que informa que de los ingresos excedentes recaudados por la Comisión al término del primer trimestre de este ejercicio fiscal no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento, inmersos en el Programa de Devolución de Derechos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
Continúe con oficios de la Secretaría de Gobernación.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se recibieron tres oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México, e informa que otros ciudadanos dejan de prestar servicios en la embajada de Japón.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación. Por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, remítanse a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al Sistema Nacional de Protección Civil.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Gobernación, y a la Comisión Especial en materia de protección civil, para su conocimiento.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la trata de personas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.
Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría de Gobernación.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: De la Secretaría de Gobernación, un oficio con el que remite contestación de la Secretaría de Energía al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las preguntas parlamentarias sobre la ratificación de la Estrategia Nacional de Energía.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En cumplimiento al punto tercero del acuerdo aprobado, esta Presidencia turnó la contestación a la Junta de Coordinación Política, y a la Comisión de Energía, y ordenó su publicación tanto en la Gaceta Parlamentaria como en la página electrónica de la Cámara de Diputados.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Señor presidente, de la misma secretaría tenemos un oficio con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a la probable comisión de delitos electorales en Baja California.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Cámara de Senadores.
Continúe la Secretaría con oficios de la Cámara de Senadores.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, presentada por los senadores Alfonso Elías Serrano, Fernando Jorge Castro Trenti, Margarita Villaescusa Rojas, Ramiro Hernández García, Raúl Mejía González, Ricardo Pacheco Rodríguez, Adolfo Toledo Infanzón, Jesús María Ramón Valdés y Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Tenemos otro oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los sistemas de manejo ambiental para el año 2010.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su conocimiento.
Continúe la Secretaría con Minutas
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero, y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos.
Continuamos con el orden del día en el capítulo de Iniciativas
Esta presidencia recibió del señor diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 232-C y 232-D de la Ley Federal de Derechos. Misma que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Recibimos de la diputada Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento para el Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Misma que se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Recibimos de la diputada Ninfa Clara Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Misma que se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Recibimos del señor diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 117, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Recibimos de la diputada Ninfa Clara Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Misma que se turna a la Comisión de Gobernación.
Recibimos del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 7 Bis, a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Recibimos de la diputada Ninfa Clara Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5 y 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por los diputados Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, por el diputado Vidal Llerenas Morales y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Con su permiso, señor presidente. El objeto de la presente iniciativa que presentamos los diputados mencionados, además del diputado Acosta Naranjo, es contribuir al debate que se está dando en el país en materia de competencia económica.
Nos parece fundamental que todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara de Diputados asumamos un compromiso claro para que en este periodo de sesiones logremos una nueva y mejor legislación en materia de competencia económica.
Estamos obligados a eso y estamos obligados a no ceder ante los intereses particulares y ver por el bienestar del país en uno de los problemas más graves de la economía nacional, que son las concentraciones monopólicas y las prácticas.
Consideramos que esta iniciativa no resolverá el problema de las concentraciones en el país, pero que sí puede dotar a México de un instrumento que ha sido fundamental en otras naciones para regular los mercados y garantizar la competencia económica.
En otros países, en Sudáfrica, en Brasil, por ejemplo, han sido fundamentales las instituciones de competencia para garantizar que estos países puedan crecer.
Creemos también fundamental que debemos debatir sobre otras agencias reguladoras y sobre otras legislaciones en materia como energía y como telecomunicaciones, para también garantizar la competencia económica. Ahí vamos a estar también y vamos a evitar que los monopolios en México subsistan.
Creemos que la iniciativa que presentó el Ejecutivo federal hace unas semanas es incompleta, que falta mucho por hacer y que es importante redoblar las capacidades de la Comisión de Competencia, para que pueda cumplir con su misión.
Consideramos, sin embargo, que esta iniciativa es bienvenida porque abre el debate en torno a la necesidad de regular a los monopolios y a sus prácticas.
Nuestra iniciativa tiene cinco puntos fundamentales: El primero, es introducir el tema de precios abusivos. Es una figura en la legislación europea que creemos que en el caso mexicano puede ser muy pertinente.
Los precios abusivos podrán ser objeto de una investigación sobre prácticas monopólicas relativas, es decir, se podrá sancionar por haber incurrido en esta práctica.
Además, la Comisión Federal de Competencia tendrá que elaborar un diagnóstico en la materia y podrá emitir opinión, que tendrá que seguir parte de la agenda de otros temas reguladores. Es decir, podemos tener una Comisión de Competencia que tenga una opinión firme y que actúe ante precios que sean excesivos.
Segundo. La iniciativa también contempla regular el poder monopólico por el lado del comprador, es decir, el monopsonio. Hay una gran preocupación en México en torno a que grandes empresas y que también corporativos comerciales puedan regular los precios de los mercados, partir los mercados o ganar ventajas por el poder que tienen como compradores.
Por eso es importante que de manera explícita la Ley de Competencia mencione el nombre del monopsonio y el poder de compra.
Tercero. Creemos que tenemos que endurecer sanciones. Proponemos irnos a la sanción más alta a nivel internacional, la que contempla la legislación de Brasil, para que hasta el 30 por ciento de las ventas de una empresa puedan ser objeto de una sanción, en caso de una práctica monopólica muy grave.
En otro orden de ideas, también creemos que la pena corporal y también las multas a personas físicas puedan darse incluso en prácticas monopólicas relativas en algunos casos.
Cuarto. Tenemos que fortalecer la capacidad institucional de la Comisión de Competencia dándole la posibilidad de que parte de las multas se utilicen para sus investigaciones, pero también le podemos dar autonomía presupuestal y la capacidad de que los lineamientos que emita tengan que ser seguidos por otros agentes reguladores en la economía. y,
Quinto. Tenemos que incrementar la transparencia de la Comisión de Competencia. Estamos proponiendo que los votos particulares de los comisionados sean públicos en una versión que no incluya datos confidenciales. Estamos proponiendo también la creación de un Consejo Consultivo ante el cual tendrá que rendir cuentas la comisión, y un informe anual en el que nos dé un estado de resultados de su propia actuación y de la competencia del país.
Creemos que de esta manera podemos contribuir de manera muy firme a que las prácticas monopólicas en el país terminen.
No será la única iniciativa que haremos en este sentido, en telecomunicaciones; en materia de acciones colectivas también tendremos iniciativas fuertes para que sean los consumidores, para que sea la gente la beneficiaria de esta legislación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Economía.
Tiene la palabra la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 148 y 149 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional; y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
La diputada Sofía Castro Ríos: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores.
Hago uso de esta tribuna para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones del artículo 123, de la Ley Federal de Trabajo y por supuesto los artículos 148 y 149 de la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado, así como el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en razón de las siguientes consideraciones.
Cuando un trabajador del gobierno federal es despedido injustificadamente y ejerce su derecho de llevar a juicio a su patrón, lo hace con la firme convicción de resarcirse del daño económico que se le originó a su patrimonio.
Los laudos que ahí se emiten tienen el mismo carácter obligatorio que tienen todo tipo de sentencias emitidas por jueces competentes de cualquier materia; sin embargo, los funcionarios públicos carecen de una fuerza coactiva que los obligue a cumplir un laudo favorable.
Hoy en día, la multa es de mil pesos, sanción por reinstalar al trabajador de acuerdo a como lo previene el artículo 148 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, lo cual es una cantidad sumamente irrisoria al nivel de los ingresos que percibe cualquier funcionario público. Por el contrario, lo estimula a pagar una multa de mil pesos para no permitir que un trabajador en específico reasuma su puesto laboral, lo cual resquebraja el espíritu de la ley.
Esto deja en total indefensión al trabajador y propicia que, por causas totalmente apartadas de la eficiencia laboral, éste no sea devuelto a su actividad productiva. Sin embargo, el servidor público, al cubrir el monto de la multa, puede seguir ejerciendo su cargo, dejando a quien le precede, la obligación de pagar los salarios caídos y la reinstalación respectiva, sin que para él haya algún tipo de perjuicio a su posibilidad de seguir desempeñando cargos públicos en cualquier dependencia federal, estatal o municipal.
Es por ello que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula la conducta de los ciudadanos en tiempo, en modo, en lugar. Cuando ese supuesto no se cumple, esa facultad de quien se siente vulnerado a iniciar un proceso legal ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, como lo mandata el 123 Apartado B, fracción XII, al llegar a su término debe cumplirse con la resolución definitiva del juzgador.
Sin embargo, debido a la laxitud de las sanciones de los servidores públicos, no es preponderante para ellos acatar los laudos que emite el juzgador.
Es necesario, pues, hacer que los funcionarios públicos se conduzcan de conformidad con el marco jurídico vigente para así evitar prácticas discriminatorias por género, preferencia sexual, raza, condición socioeconómica o por alguna discapacidad.
Una de las medidas eficaces para que el servidor público atienda el laudo a favor de un trabajador despedido de forma injustificada es la suspensión o destitución, o en su caso la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, sea federal, estatal o municipal, porque la legislación mexicana no contempla una sanción real a los funcionarios públicos que violen de manera flagrante los derechos laborales, de cualquier pena pecuniaria, sin duda saldría también de las arcas del Estado.
Ningún puesto público es un coto de poder, ningún puesto público implica la posibilidad de dejar al libre albedrío las decisiones de la autoridad en la relación patrón-trabajador, pero sobre todo ningún funcionario público debe estar al margen de la ley.
Por lo antes expuesto, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, someto a su consideración, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, para incorporar la fracción XI, que establece: En caso de separación injustificada tendrá derecho al pago de sus salarios caídos y podrá optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. El Estado deberá acatar la preferencia del trabajador para no ser sancionado.
En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley.
Por supuesto, artículo primero?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputada.
La diputada Sofía Castro Ríos: Claro que sí. En el artículo uno, el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado también incluye esta sanción que hemos planteado, que es la destitución, la suspensión e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza del servidor público.
Por tanto, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el desacato al laudo es la materia que ocupa esta iniciativa y esperamos contar con su aprobación en beneficio de este sector importante de nuestro país que aún no ha sido restituido en el goce de sus derechos laborales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias compañeras legisladoras y compañeros legisladores.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de la Función Pública.
Tiene la palabra el diputado José Ramón Martel, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expide la Ley Federal de Partidos Políticos, y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado José Ramón Martel López: Señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Acordamos por unanimidad en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proponer reformas de reconocida eficacia política, que atendiendo a las demandas ciudadanas pudiesen concretarse para satisfacerlas.
El país vive una crisis en materia de seguridad pública y serias dificultades económicas que percibimos todos los días. El proceso de rendición de cuentas del gobierno federal ha mostrado debilidades en materia de política social que complican gravemente la convivencia armónica y la cohesión social.
Por todo ello, estimamos necesario que los partidos políticos eficienten su desempeño ante los ojos ciudadanos, que clarifiquen sus reglas y funcionen con transparencia, no solamente en el manejo de sus finanzas, sino también en todo el ámbito público, en las decisiones políticas que impliquen candidaturas a puestos de elección popular y dirigencias partidarias.
Todas las cuestiones que por estrictas razones electorales los partidos asumen sin una explicación transparente y limpia ante la sociedad, que motivan el desapego ciudadano y la crítica a los partidos.
Los partidos no son meras agencias electorales; son o deben ser interlocutores válidos entre la sociedad y el gobierno. Son instrumentos o deben ser útiles para conseguir las reivindicaciones populares a través de las plataformas con que los partidos comulgan y tienen la obligación de defender.
Por eso, hoy proponemos una Ley Federal de Partidos Políticos que, en consonancia con otras leyes de diversos países con sistemas democráticos similares, modifiquen conceptos, procedimientos y acciones de los partidos que obliguen a transparentar su desempeño y a recuperar el prestigio que todos ellos deben tener para cumplir bien su función.
Principiamos por proponer una serie de disposiciones generales que ratifiquen derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos. Aquí se hace un transvase de las disposiciones del Cofipe y de otras leyes que aluden a cuestiones concretas de los partidos políticos.
Proponemos un capítulo de democracia interna de los partidos políticos para que transparenten sus procedimientos en la elección de sus dirigentes y sus candidatos, y que los militantes de las organizaciones políticas en todo momento puedan exigir el padrón de militantes, y la democratización de sus procedimientos garantizados por órganos colegiados que cada partido internamente con libertad podrá desarrollar de acuerdo a sus estatutos.
Paralelamente, proponemos un capítulo de transparencia financiera para que se obligue a los partidos a transparentar todas sus actividades financieras tanto en sus candidaturas como en su desempeño ordinario.
Proponemos, también un capítulo acerca "De los frentes, coaliciones y fusiones" estableciendo la posibilidad de que éstas puedan no sólo ser de carácter electoral o electorero, sino también parlamentarias e incluso para ciertas tareas de gobierno.
Creemos que es muy importante establecer la responsabilidad de quienes militan en un partido y también sus prerrogativas para garantizar que los partidos no se avergüencen de sus militantes, por candidatos que no son producto de su militancia, y que accedan a ésta por un mero oportunismo electoral.
Es natural que en esta materia se exija una ponderación y discusión prolija entre todos los que integran el sistema de partidos políticos de México. Por tanto, la presentación de nuestra iniciativa es una convocatoria para que todos se sumen a la discusión en las comisiones y podamos construir un sistema de partidos cada vez más sólido y transparente.
Proponemos una discusión amplia, sin prejuicios ni actitudes predeterminadas. Tenemos confianza en el talento político de los legisladores mexicanos mostrado a través de tantas iniciativas y reformas que el sistema político ha experimentado en el transcurso de los años para construir una ley mexicana de partidos, que responda a las peculiaridades de la nación; que no sea una copia extralógica de lo que otros han hecho, sino una mejor valoración que surja de la experiencia de otros países, en la confrontación con lo que los mexicanos hemos hecho en muchos años de vida, que desde 1910 hemos ido transitando con el objetivo supremo de privilegiar la gobernabilidad, la cohesión y la armonía social. Fortalezcamos la vida de los partidos políticos de México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 29 Bis a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, vengo a hacer uso de la tribuna para presentar de manera respetuosa, a la consideración de esta honorable asamblea, una iniciativa de reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La propuesta contenida en dicha iniciativa parte de un punto concreto de la realidad que se vive en la práctica cotidiana al aplicar esta ley, para lo cual, debido a mi participación en la Comisión de Función Pública, he intentado recoger la preocupación de diversos actores sociales que participan en diversas licitaciones públicas, ante quienes nosotros los legisladores tenemos la responsabilidad política de escuchar y representar en sus intereses legítimos.
Es por ello que a fin de perfeccionar la ley mediante su adecuación oportuna, estimo necesario reformar el citado ordenamiento con base en las siguientes
Consideraciones
Como es sabido, el artículo 134 constitucional exige para el adecuado ejercicio de la función pública, garantizar la contratación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios para el sector público, mediante licitación pública, cumpliendo con determinados requisitos que la propia norma fundamental y la ley reglamentaria establecen.
Así entonces, se previene que la adjudicación de contratos por parte del sector público se llevará a cabo por regla general a través de licitaciones públicas, y mediante una convocatoria que permita la participación justa y equitativa de diversos concursantes en condición de igualdad, con el propósito de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y de las demás condiciones pertinentes.
En ese contexto, los tiempos actuales se caracterizan por el veloz desarrollo científico y tecnológico, que va abriendo constantemente diferentes opciones tecnológicas aplicadas a bienes servicios que compiten en los mercados con una tendencia a disminuir el costo.
Es por ello que se propone adicionar un artículo 29 Bis en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ubicado en esa posición conforme a su contenido por razones de técnica legislativa, en el que se establezca que las dependencias o entidades convocantes en un proceso de licitación tienen prohibido el establecimiento de requisitos o características técnicas que induzcan a la preferencia o exclusividad de alguna tecnología o marca en particular, o bien, de productos o servicios de algún fabricante, distribuidor o prestador en específico.
En esencia, la reforma pretende garantizar la neutralidad tecnológica en los procedimientos de licitación pública para evitar que, desde la descripción de las especificaciones técnicas contenidas en las bases de una licitación, se induzca injustamente la preferencia por una determinada tecnología en detrimento de la transparencia y la legalidad.
En la exposición de motivos de la iniciativa que vengo a someter a su consideración se explican de manera pormenorizada todos los detalles del caso. Por lo cual no considero necesario en este momento abundar en dicha iniciativa.
Por todo lo anterior, solicito a la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara sea turnada la iniciativa citada en los términos legales y reglamentarios, para que sea analizada en su oportunidad y por los integrantes de las comisiones legislativas conforme al proceso legislativo. Es cuanto, señor presidente, gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de la Función Pública.
Tiene la palabra el señor diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; y una iniciativa más para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 2 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
El diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre: Señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, diputado del PRI, con fundamento en los ordenamientos competentes someto a esta soberanía la iniciativa de proyecto de adición de tres artículos al Capítulo VI del Título Décimo Tercero del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Un Estado democrático se caracteriza por el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos que conforman el sistema social. En esta tesitura, un supuesto fundamental para poder imputar a alguien la realización de un acto ilícito requiere en primer término que se den las características del tipo de delito que se tipifiquen en la ley y en segundo término, que se acredite que el ciudadano intervino en él. Ello mediante un proceso en el que se respeten los derechos fundamentales y se cumpla con todas las formalidades y ritos del procedimiento penal seguido ante la autoridad jurisdiccional.
Por eso, el hecho de que el Estado a través del Ministerio Público en la averiguación previa, o del juez durante el proceso judicial, impute a una persona la realización de un delito tiene severas consecuencias en su esfera de libertad, pues trae con ello restricciones a sus derechos y libertades públicas fundamentales.
Es decir, someter a un ciudadano a proceso penal implica prisión provisional, internación, arraigo, arresto, inhabilitación o suspensión en el ejercicio de una profesión u oficio, pena o medida de seguridad, entre otras afectaciones sin duda graves.
Pero someterlo sin que se hayan cumplido los requisitos exigidos por la legislación penal contenidos en la Constitución Política, en los tratados internacionales, en el Código Penal Federal y en el Código Federal de Procedimientos Penales, implica una devaluación del derecho penal, ya que éste no sería visto como un instrumento que protege a los ciudadanos, sino que sirve para someterlos en aras de fines que nada tienen que ver con la protección de la sociedad, violando con ello la dignidad humana, que es piedra angular sobre la que se construyen los regímenes democráticos.
Los casos en que la actuación en materia de procuración y administración de justicia no son apegados a las normas que nos rigen como sociedad.
Es por ello que se propone la obligación del Estado de indemnizar cuando ha existido un error judicial manifiesto en materia penal, que no tenga justificación desde un punto de vista intelectual y racional; esto es, que no exista un motivo plausible por ser contrario a la razón, a las máximas de experiencia y a las reglas de la ciencia.
La persona que haya sido afectada por el error judicial debe ser indemnizada por el Estado debido al daño y perjuicio patrimonial y moral que haya sufrido. Esta obligación por parte del Estado la derivamos de manera lógica directamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y de los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado. En ellos se establece de manera clara y precisa la obligación del Estado de indemnizar en caso de error judicial. Dicha responsabilidad debe ser vigente en nuestro país de manera obligatoria, operativa y de aplicación directa.
Lo que se pretende con la iniciativa que se presenta es que el Estado mexicano, una vez que ha reconocido tales derechos, está obligado a no obstaculizar su pleno goce y ejercicio. Por tanto, se debe armonizar y adecuar la legislación procesal penal con dichos contenidos para que éstos sirvan de guía para la creación, interpretación y desarrollo de los textos legales.
Además de la indemnización a la que tendrá derecho el afectado, se deberá destruir el archivo o expediente de la persona que sea exonerada, incluyendo fotos, declaraciones y cualquier tipo de pruebas, incluidas las dactilares. Y el titular de la procuraduría, a través de su vocero, tendrá la obligación de ofrecer disculpas públicas a esta persona.
Es por todo lo anterior que someto a la consideración de este pleno esta iniciativa de adición a tres artículos del Capítulo VI del Título Decimotercero del Código Federal de Procedimientos Penales, en los siguientes términos:
Decreto
Primero. Se adicionan los artículos 557, 557 Bis y 557 Ter, al Capítulo VI del Título Decimotercero del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue..., pero, tanto por economía parlamentaria como por el tiempo, le ruego al presidente que se inscriba en su totalidad en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, señor diputado. Insértese en el Diario de los Debates. Para la primera iniciativa se turna a la Comisión de Justicia; y para la segunda iniciativa se turna a la Comisión del Distrito Federal.
Tiene la palabra el diputado Silvio Lagos Galindo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Silvio Lagos Galindo: Con su permiso, señor presidente?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, señor diputado. Permítame.
Me está informando el señor diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que no alcanzó a dar lectura a su segunda iniciativa. Para efecto de poder complementar su participación le pediríamos señor diputado le dé lectura a su segunda iniciativa.
El diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre: Le agradezco, señor presidente.
El suscrito diputado presenta una iniciativa de decreto que reforma el artículo 2 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal a través de la siguiente
Exposición de Motivos
Todo régimen democrático es por su naturaleza laico. El Estado mexicano reconoce absolutamente la pluralidad. Las normas positivas deben tener como propósito contribuir al respeto y afirmación de los derechos fundamentales establecidos, como decisiones políticas esenciales en cuanto a la persona humana en nuestra Constitución Política.
Es en ese tenor que la presente iniciativa propone a este pleno la incorporación del carácter laico al Distrito Federal como entidad federativa. Debemos recordar que en esta misma Cámara de Diputados se ha aprobado una reforma a la Constitución con diversas motivaciones que compartimos y a las que nos remitimos para incorporar a las características del Estado mexicano la de ser laico.
Recordemos que un Estado laico sostiene la autonomía de las instituciones públicas y de la sociedad civil, respecto del magisterio eclesiástico y de las injerencias de las organizaciones confesionales. El régimen de separación jurídica entre Estado e iglesia y la garantía de libertad de los ciudadanos en la confrontación con ambos poderes.
En el Distrito Federal hay muestras claras de laicismo, donde la evolución de las ideas y el comportamiento ciudadano nos han llevado a un marcado reconocimiento de la pluralidad de nuestra sociedad; es decir, en el pleno respeto de lo que unos y otros desean y expresan. Por ejemplo, la reforma en esta entidad, que autorizó la interrupción legal de embarazo hasta la décima segunda semana; concretó la laicidad en la ley, obligando al Estado mexicano ?en particular a los órganos locales del gobierno del Distrito Federal? a precisar el actual sentido de la laicidad.
Es por ello, compañeras y compañeros legisladores, que propongo a esta soberanía la incorporación del carácter laico al Distrito Federal como entidad federativa, específicamente en el artículo 2 del Estatuto de Gobierno para quedar como sigue
Artículo Único. Se reforma el artículo 2 del Estatuto de Gobierno en los términos siguientes:
La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. El Distrito Federal es una entidad federativa laica, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir y poseer toda clase de bienes que le sean necesarios para la prestación de los servicios públicos a su cargo y, en general, para el desarrollo de sus propias actividades y funciones. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
Señoras y señores diputados, contamos con la presencia de universitarios de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, invitados por el señor diputado José Luis Iñiguez Gámez. Sean ustedes bienvenidos.
Igualmente tenemos la presencia de universitarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Contaduría y Administración, invitados por el diputado Guillermo Márquez Lizalde.
El diputado José Luis Jaime Correa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Correa, dígame.
El diputado José Luis Jaime Correa (desde la curul): Presidente, para solicitarle que esta iniciativa pueda ser turnada también a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Si nos lo solicita la Mesa Directiva con mucho gusto lo revisamos. Para efecto, en este caso, mantenemos el turno a la Comisión del Distrito Federal.
Tiene la palabra el señor diputado Silvio Lagos Galindo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Silvio Lagos Galindo: Con su permiso, señor presidente. La presente reforma al artículo 31, fracción IV, tiene por objeto las siguientes
Consideraciones
El país requiere de una reestructuración en su política fiscal, consecuencia de la problemática que involucra la debilidad de los instrumentos de recaudación hacendaria, excesivo centralismo fiscal, inseguridad jurídica para el contribuyente, inequidad en el trato fiscal y por último, la gran dependencia de los ingresos fiscales del petróleo y sus productos.
La transformación y modernización a la cual se ha sometido la estructura del Estado ha dejado ver que las modificaciones realizadas radican en construir un sistema totalmente centralizado y dependiente del Poder Ejecutivo.
Dicha estructura no permite obtener los resultados requeridos en un sistema democrático y federal.
El sistema tributario requiere de cambios profundos en su origen y estructura, los cuales estén orientados a la construcción sobre un eje independiente a otras instituciones de la administración pública del Estado, con el objeto de asegurar un aparato administrativo que opere con objetividad e imparcialidad. Por lo que se pretende la renovación del Servicio de Administración Tributaria, otorgándole autonomía de gestión y presupuestaria, eliminando así facultades discrecionales.
Actualmente el Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encarga de aplicar la legislación fiscal y aduanera, asimismo de proporcionar la información necesaria para el diseño y evaluación de la política tributaria.
Con la presente reforma constitucional se busca que el Servicio de Administración Tributaria deje de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para otorgarle autonomía técnica y jurídica, con el fin de procurar un mejor desempeño de sus funciones, evitando así que se encuentre supeditado a otro órgano de la administración pública.
La globalización en los sistemas tributarios ha seguido la tendencia de crear organismos autónomos desligados del proceso político de los estados, para lograr una aplicación equitativa de las leyes impositivas, orientada a una recaudación exitosa.
Ante la obligación del Estado de garantizar el mejoramiento y fortalecimiento del sistema tributario es necesario considerar una nueva organización para obtener mayores resultados en un nuevo marco de legalidad que pretende convertir al Servicio de Administración Tributaria en un organismo público descentralizado, generando continuidad en las políticas tributarias.
Asimismo cabe señalar que será un órgano sin orientación política, imparcial, ante la aplicación de la normatividad fiscal y de comercio exterior.
La dirección de uno de los pilares fundamentales de la economía mexicana debe construirse a través de un proceso democrático y no a discreción del Ejecutivo, como se ha hecho hasta el día de hoy.
Lo correcto es que dicha administración sea conducida por un responsable, el cual será designado por la Cámara de Diputados.
La persona que encabece el Servicio de Administración Tributaria será designada por el voto de las dos terceras partes de esta Cámara, de una terna propuesta por la misma y la duración de su encargo será de ocho años, pudiendo continuar por un periodo similar, lo cual daría la garantía de la efectividad de la política tributaria.
En cuanto a la fuente de ingresos del órgano autónomo es importante señalar que éste contará con su patrimonio propio.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que adiciona el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se adicionan seis párrafos a la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
El Estado contará con un organismo autónomo en el ejercicio de sus funciones y su administración, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denominará Servicio de Administración Tributaria, cuyo objetivo será el encargarse de la aplicación de la legislación fiscal y aduanera.
Este organismo se ocupará en calidad de autoridad administrativa de aplicar las leyes federales, fiscales y aduaneras, emitir disposiciones de carácter general para proveer la observancia de dichas leyes; establecer medidas tendentes a procurar su adecuado cumplimiento, y para ello tendrá, entre otras y en los términos que establezcan las leyes, facultades de inspección, económico coactivas y de imposición de sanciones en los términos que establezcan las leyes relativas.
La conducción del Servicio de Administración Tributaria estará a cargo de un director, el cual durará en su encargo un periodo de ocho años, con la posibilidad de continuar por un periodo igual. Éste será nombrado a partir de una terna propuesta por la Cámara de Diputados, con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes de ésta o, en caso de encontrarse en receso, de la Comisión Permanente.
La administración de este organismo estará a cargo de un director, un secretario técnico designado por éste y con la colaboración del secretario de Hacienda.
Las relaciones laborales entre el Servicio de Administración Tributaria y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, de la Constitución.
Anexo, señor presidente, los transitorios correspondientes para el momento del análisis ante la comisión a la cual será turnada. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados asistentes.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: ¿Falta alguna diputada o diputado por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento se encuentran registrados 445 diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia tienen 15 minutos para hacerlo por cédula.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Tiene la palabra el señor diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Omar Fayad Meneses: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo nuevamente a insistir en un tema que tiene que ver con el federalismo mexicano. Vengo a poner nuevamente el dedo sobre el renglón en un tema que permite fortalecer la hacienda municipal, y sigo y seguiré insistiendo en que si atendemos al municipio, que es la célula de la organización política de este país, y logramos dotarlo de los elementos necesarios para cumplir su función y para brindar a la ciudadanía la atención a los servicios que le plantea, seguramente este país va a marchar mejor.
He sido reiterativo, he presentado una serie de iniciativas concatenadas todas para el fortalecimiento, desde el punto de vista político, para fortalecer las atribuciones legislativas de los municipios y sobre todo para fortalecer la hacienda municipal.
Hoy no va a ser la excepción. Vengo a proponerles algo muy sencillo. Vamos a modificar la ley para que los municipios puedan aumentar su recaudación, puedan tener mayores recursos y puedan atender mejor a la gente.
Vamos a reformar la ley para que la operación y recaudación del régimen de pequeños contribuyentes esté a cargo de los municipios de México, precisamente. Es algo sencillo, es algo que ha operado en el tiempo; no les vengo a referir una figura novedosa, ésta ha existido.
De tal suerte que la ley permitió en alguna ocasión abrir la puerta precisamente para que los municipios entraran a este régimen y lo hizo con una razón fundamental que hoy yo vuelvo a traer a la máxima tribuna, para todos ustedes.
¿Por qué meter al municipio en el régimen de pequeños contribuyentes? ¿Sólo por el hecho de que recauden más? ¿De que tengan un mayor número de recursos? No es sólo eso, qué bien, eso es muy importante.
Pero hay otro asunto fundamental. Realmente es el municipio y no la federación quien puede presentar las medidas atinadas para el combate a la informalidad. La informalidad hoy es un cáncer que invade a esta nación y que tenemos poco a poco que irle dando cauce haciendo un sistema fiscal y tributario más sencillo, asequible a los mexicanos y que esto permita un respeto a las leyes fiscales y una cultura de la declaración de impuestos que hoy no tenemos.
Vamos a darle peso en la ley y vamos a reformar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley de la Coordinación Fiscal para que los municipios atiendan el combate a la informalidad a través del establecimiento del Régimen de Pequeños Contribuyentes para el municipio.
Ha habido esfuerzos; sí. Se ha permitido que los municipios ya participen en los famosos Repecos como se les conoce en el argot técnico. Los municipios ya han cobrado los Repecos, se hace a través de convenios que permite el Sistema de Coordinación Fiscal, se firman anexos y se hacen convenios administrativos, pero que han sido desventajosos para el municipio mexicano.
En alguna ocasión llegó a otorgársele al municipio el 80 por ciento ?que no es poca cosa? de la recaudación de este impuesto sobre la renta del Régimen de Pequeños Contribuyentes. Sin embargo lo que ha ocurrido en la realidad a lo largo de todos estos años es que, por las campañas que se le exigen, por los mecanismos que se le exigen, una carga excesiva de burocracia que se le exigía a los municipios, no le resultaba rentable, ni le resultaba redituable.
Es por ello, compañeras diputadas y compañeros diputados, que hoy les vengo a pedir nuevamente su apoyo, para que analicen esta propuesta, para que vean con simpatía esta iniciativa que más allá de colores y tintes partidistas tiene que ver con el fortalecimiento de los municipios, con la fortaleza de la hacienda de los municipios y que éstos, a su vez, tengan capacidad para responder a la ciudadanía para atender sus demandas.
Ojalá la vean con interés. Ojalá la adopten con simpatía y ojalá la apoyen, porque apoyar esta iniciativa significa, sin duda, apoyar a los municipios de México. Es cuanto, señor presidente. Gracias compañeras diputadas y compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el señor diputado Amador Monroy Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada María Dina Herrera Soto (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada. Dígame usted.
La diputada María Dina Herrera Soto (desde la curul): Para preguntarle al diputado si me permite adherirme a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Omar Fayad, está solicitando la diputada adherirse a su iniciativa, ¿está usted de acuerdo?
El diputado Omar Fayad Meneses: Sí. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, diputada. A todos los diputados que deseen hacerlo pueden pasar a la mesa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pase usted, diputada. Todos quienes deseen suscribirla pasen a la Secretaría.
El diputado Amador Monroy Estrada: Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de todos ustedes, señoras legisladoras y señores legisladores.
Amador Monroy Estrada, su servidor, diputado de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa de ley que reforma el artículo 163, fracción III, de la actual Ley Federal del Trabajo.
Exposición de motivos
En los procesos productivos es muy importante la creatividad y la inventiva para privilegiar estos, con la finalidad constante para perfeccionar formas y métodos con mejores resultados.
Existe una idea equivocada para diversos sectores de nuestra sociedad, en el sentido de que los trabajadores, por su rol en la relación de trabajo, les está vedado aplicar en los procesos productivos su inventiva y su creatividad, muchas de las veces por el empirismo en el trabajo, y otras por la ausencia de una formación académica y técnica que le permitan tener una visión práctica en dichos procesos.
Sin embargo, tal aberración resulta contraria a la realidad, pues sobran infinidad de ejemplos en donde los trabajadores han aportado ideas innovadoras para privilegiar estos procesos de producción, que a la postre benefician al patrón y finalmente a toda la sociedad.
Lo anterior se refuerza con el contenido poco equitativo del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, pues del contenido de su redacción demerita sobremanera el interés de los trabajadores por proponer innovaciones tendientes a favorecer los procesos productivos.
En este orden de ideas, se propone que el artículo 163 de la actual Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se modifique de forma sustancial en su fracción III, que hoy reza así:
Artículo 163. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente en igualdad de circunstancias al uso de exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes.
La reforma que se propone es para que quede de la siguiente manera:
Artículo 163, fracción III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá al patrón y a la persona o personas que la realizaron, y éstos tendrán derecho en igualdad de circunstancias al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes, siempre dentro del centro de trabajo de origen.
La productividad para la competitividad son factores decisivos en la búsqueda del aprovechamiento de los medios y la necesidad de proveer mayores y mejores bienes y servicios cada vez más al alcance de más personas que se beneficien. Es la constante.
Existe, entonces, la necesidad de aprovechar el talento que hay de la base trabajadora. El ingenio es arma existente en nuestros trabajadores, sólo hace falta el incentivo.
Por lo mismo, solicito de ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados, su atención, su análisis a mi propuesta y su madura reflexión, para convertir este planteamiento en un ordenamiento jurídico nacido de esta Honorable Cámara.
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de ley que reforma la Ley Federal del Trabajo en el 163, fracción III.
Artículo transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados.
Suplico a usted, señor presidente, que el texto íntegro de este documento se inserte en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario a los Debates. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra el señor diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jaime Flores Castañeda: Con su venia, diputado presidente.
El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
El objetivo esencial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la protección, promoción, estudio, observancia y divulgación de los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano. Cabe mencionar que las quejas y denuncias, las resoluciones y recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no afectan el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, por tanto, no suspenden ni interrumpen sus plazos preclusivos.
No obstante, se ha detectado que la gama de reacciones físicas o emocionales de las víctimas es muy amplio, pero se les brinda un trato similar, sin que importe que hubiera menoscabo de su patrimonio, la pérdida de un ser querido o cualquier otro evento que altere su percepción de seguridad y bienestar.
El primer punto de contacto de la víctima son los servicios de urgencias, ya sean médicos, de seguridad pública o de procuración de justicia, generalmente se lleva a cabo a través de la atención telefónica, pero la falta de información sobre los servicios profesionales e instituciones que atienden a las víctimas ocasiona que éstas se vean insertas en un laberinto de dependencias, trámites y esperas, que tienen como consecuencia una victimización secundaria que genera desconfianza y a su vez ocasiona que opten por no dar parte a las autoridades.
Resulta de suma importancia que en el desarrollo de la averiguación previa o a través del proceso penal, a la víctima no se le da el trato de un tercero ajeno al problema, o que se le considere como un impertinente, por parte de los servidores públicos, por lo que resulta, como es común, que se les niegue la información o que no se les permita intervenir en el desarrollo del procedimiento, y en consecuencia termina por convertirse en un simple espectador, lo cual deriva de la falta de coordinación de las autoridades, así como la ausencia de un marco jurídico suficiente en la materia, a lo que debe sumarse que la tutela de las víctimas no sea regular y, por tanto, resulte ineficaz.
De igual manera, se debe propiciar en las autoridades una conciencia activa y compromiso gubernamental en la promoción de los derechos de las víctimas, así como brindar la atención necesaria a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en la abstención de conductas que anulen sus derechos o generen una nueva victimización.
Resulta de suma importancia precisar que es necesario la adición de este tercer párrafo al apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la única finalidad de que sean llamados ante las Cámaras del honorable Congreso de la Unión o, en su defecto, ante las legislaturas de las diversas entidades federativas, según corresponda, con la finalidad de que sean expuestas las razones que fundamenten la negativa correspondiente a los funcionarios que no acepten una recomendación de los organismos de protección a los derechos humanos.
Es necesario que si la autoridad opta por no acatar la recomendación deberá tener razones congruentes y convincentes para hacerlo, así como ser capaz de defenderlas ante el Poder Legislativo.
No obstante, la pretensión de esta propuesta es acentuar que el Poder Legislativo debe dar un seguimiento más delimitado a aquellas y a aquellos funcionarios que se han negado a aceptar las recomendaciones por parte de los organismos dedicados a la protección de los derechos humanos, que si bien no son vinculantes, no significa que se puedan dejar de atender.
En mérito de lo expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Decreto, que reforma y adiciona un tercer párrafo al artículo 102 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Único. Se reforma y adiciona un párrafo tercero al artículo 102, apartado B, para quedar como sigue:
Artículo 102. ...
A...
B...
...
El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán hacer el llamado a acudir ante las Cámaras del Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas, según sea el caso, a aquellas funcionarias o funcionarios que no acepten una recomendación de los organismos de protección de los derechos humanos para exponer las razones que fundamentan su negativa.
Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Solicito a la Presidencia se inserte de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, se encuentran entre nosotros personal y estudiantes de la Universidad Autónoma del estado de México, Centro Universitario Valle de México de Atizapán, estado de México, invitados por el diputado Raúl Domínguez Rex.
Asimismo, nos acompañan personal y universitarios de la Universidad de Tulancingo, de la Facultad de Derecho, invitados por el señor diputado David Penchyna Grub.
Tiene la palabra la diputada Yolanda de la Torre Valdez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Yolanda de la Torre Valdez y Ricardo Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Yolanda de la Torre Valdez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
El diputado Ricardo Rebollo Mendoza y la de la voz acudimos ante esta soberanía para presentar reforma de adición a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 27 y 28 en materia de telecomunicaciones.
Una de las historias de éxito del gobierno mexicano es sin duda las telecomunicaciones, primero, las que se transportaron por la que fue la Red Nacional de Microondas, que permitió conectar al país con el mundo entero desde los XVIII Juegos Olímpicos celebrados en Japón en 1964 y que fue un esfuerzo que se continuó en 1968, con motivo de la XIX Olimpiada celebrada en nuestro país y que fue transmitida a todo el mundo por vía satélite y vistas en todo el mundo por más de 900 millones de personas.
Después de muchos años de trabajo, discusiones y arreglos internacionales con la UIT con las autoridades norteamericanas y con las canadienses, hoy México dispone de tres posiciones orbitales: la 109.2, la 113 y la 116.8 grado oeste, posiciones orbitales que son las más apropiadas para brindar cobertura total a todo el territorio mexicano y que además permite abarcar prácticamente todo el continente americano.
Gracias a esto, México logró desarrollar un sistema de alfabetización y después iniciar el de Telesecundaria que actualmente es el más exitoso de todo el mundo.
Así como en el ámbito de la educación, la comunicación vía satelital ha aportado a México logros de fundamental importancia en materia de seguridad interna y seguridad nacional; en materia de salud; en el ámbito de la telefonía rural, que ha permitido comunicar a las comunidades más alejadas y reducidas en el resto del país y del mundo, atendiendo un servicio que no se hubiera podido instalar por medios terrestres.
Pemex y la Comisión Federal de Electricidad dependen de manera destacada de la comunicación satelital, como lo es la propia Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las comunicaciones vía satélite son, sin duda alguna, de una gran importancia estratégica para el desarrollo nacional que la nación no puede mantener al margen.
No se propone estatizar ninguna actividad económica ni afectar intereses de particulares, mucho menos atentar contra las leyes de mercado, que para bien o para mal se han logrado imponer a nuestra economía, por lo que no se puede ignorar y que además tenemos que atender.
No podemos ignorar bajo ninguna circunstancia que las posiciones orbitales que México ha podido conquistar y conservar representan sin duda un patrimonio que debe permanecer bajo el dominio exclusivo de la nación.
De suerte que de esta manera se logre asegurar que México conserve un nicho de excelencia académico, científico, tecnológico, de servicio a la sociedad y en seguridad interna, a través del control directo y exclusivo de las posiciones satelitales, que en los términos del derecho internacional han sido asignadas a nuestro país.
En virtud de lo expresado, resulta pertinente que el poder constituyente permanente reforme los artículos 27 y 28 constitucionales, a fin de declarar que dichas posiciones son del dominio directo de la nación y que su explotación corresponde en forma exclusiva a la nación mexicana.
Sólo de esta forma se podrá garantizar la salvaguarda de su soberanía en materia de telecomunicaciones y asegurar la continuidad de los servicios públicos que se presentan desde su sistema satelital. Por su apoyo muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Emiliano Velázquez Esquivel (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame usted. Sonido, por favor.
El diputado Emiliano Velázquez Esquivel (desde la curul): Diputado presidente, para pedirle a usted y a esta soberanía que se haga un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo de Polonia, por las circunstancias en las que se encuentra debido al fallecimiento de su presidente Lech Kaczynski y los funcionarios que fallecieron en el accidente del 10 de abril de este mismo año. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Como usted lo solicita, procederemos a enviarle a la Cámara de legisladores de Polonia el pesar de esta Cámara por la pérdida del presidente y del resto de los funcionarios del gobierno polaco. Como usted lo solicita, diputado.
El siguiente punto del orden del día son Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
De las Comisiones Unidas de Economía y Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 3o de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permisos a los ciudadanos Guillermina Villegas Sánchez, Itzel Anahí Salas Benítez, Martín Aguilar Vargas, Humberto Montoya Guerrero, José Nemorio Gutiérrez Vásquez, Daniel Martínez Castillo, Jorge Isaac Pazos González, Julio César Rivera Ruiz, Saúl Melesio Flores, María Gabriela Ramírez Oseguera y José Alejandro Torres Palma, para prestar servicios en las Embajadas del Estado Plurinacional de Bolivia y de Australia en México; y en los Consulados de Estados Unidos de América en Nogales y Hermosillo, Sonora; Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco, y Mérida, Yucatán, respectivamente.
En virtud de que todos ellos han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura a los cuatro dictámenes. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Quedan de primera lectura.
Proseguimos con el orden del día e iniciamos el capítulo de Dictámenes a discusión
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. No tenemos registrado en la Mesa Directiva ningún miembro de la comisión a efecto de fundamentar, en los términos del artículo 108. En consecuencia, está a discusión en lo general el dictamen.
En virtud de no haberse registrado nadie, ninguna diputada ni diputado, se considera suficientemente discutido? Se concede el uso de la palabra al diputado Osuna Millán.
El diputado Miguel Antonio Osuna Millán: Muy buenos días, compañeras diputadas y compañeros diputados. Diputado presidente, mi participación es a favor del dictamen.
Sin duda alguna la salud de todos los mexicanos es la parte medular para el desarrollo y bienestar de nuestro país. Es por ello que nuestra Constitución Política nos otorga el derecho a la salud y a un ambiente adecuado para nuestro pleno desarrollo y bienestar. Así como también a una nutrición adecuada que asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.
Actualmente la obesidad es una enfermedad compleja, caracterizada por la acumulación excesiva de tejido graso en el cuerpo, aumento de peso y sus consecuencias. La obesidad resulta de un desequilibrio entre el consumo y el gasto de energía, aunque también está asociada a factores sociales, conductuales, culturales, fisiológicos, metabólicos y genéticos.
La obesidad es una enfermedad crónica, progresiva e incurable de forma espontánea. Por tanto, es sumamente valiosa la intervención de mecanismos que pongan un alto a su continuidad, debido a que es alarmante saber que los niños que la presentan y los situados entre los 6 meses y 7 años de edad tienen una posibilidad de 40 por ciento de que sigan siendo obesos en la edad adulta; mientras que si un niño es obeso entre los 10 y los 13 años, la probabilidad es de 70 por ciento.
En este tenor se debe hacer mención que el consumo de los azúcares da como consecuencia que se dé la obesidad y el sobrepeso, en conjunción con el consumo de productos con alto contenido de grasas, lo cual constituye uno de los problemas más importantes de salud pública en nuestro país.
Los niños con obesidad pueden sufrir de hipertensión, de colesterol elevado, resistencia a la insulina desde la infancia o pubertad y continúan con este riesgo en la edad adulta.
En los varones aumenta el riesgo de artereoesclerosis, infartos de miocardio, accidentes cerebrales, diabetes, así como de cáncer de colon.
Las mujeres en cambio, son proclives de padecer artritis degenerativa, aumento de la presión arterial durante el embarazo y predisposición a fracturas de cadera.
Existen cifras alarmantes que demuestran que en los últimos 20 años la obesidad infantil en México se ha triplicado.
Es por ello que se está de acuerdo con esta iniciativa para que por medio de las autoridades sanitarias estatales y federales de forma conjunta fomenten hábitos alimenticios sanos y responsables en la educación de los menores; cambios en el modelo de vida, tales como mayor actividad física y mejores hábitos alimenticios.
En este sentido este dictamen versa sobre una reforma a la Ley General de Salud, la cual tiene como espíritu que las autoridades sanitarias, educativas y laborales fomenten mecanismos para lograr una alimentación equilibrada, la cual contenga bajo contenido de grasas y azúcares para que de esta manera se produzca una disminución real de los estándares y estadísticas de obesidad que se han presentado en los últimos tiempos, en donde se coloca a México en un lugar destacado a nivel mundial.
Es nuestro deber como legisladores proteger la salud de la población, sobre todo la de nuestros menores que serán el futuro de nuestra nación.
Estamos conscientes de que un actor determinante para el aumento de la prevalencia de obesidad se ha producido en forma paralela al aumento del sedentarismo, fundamentalmente por los factores que engloba la urbanización y la asociación a bajos niveles de actividad física.
Aun sin la presencia de obesidad, la inactividad física en sí misma constituye un factor de riesgo independiente, que predispone a enfermedades cardiovasculares y a otra serie de enfermedades.
Es menester entonces mencionar que se está de acuerdo con la idea de llevar a cabo una combinación de los avances en materia de combate a la obesidad infantil, una buena alimentación y ejercicio para hacer que acelere el metabolismo.
Nuestra comisión siempre pondrá por delante la salud de las y los mexicanos, más aún si se trata de nuestros niños que son el mayor activo de la nación.
Reiteramos nuestro más firme apoyo, mediante este dictamen, a cualquier iniciativa que combata de manera frontal la obesidad en lo general y, primordialmente, a la obesidad infantil en nuestro país.
En conclusión, el día de hoy constatamos que la Comisión de Salud se reafirma como un instrumento al servicio de la población y sus necesidades más apremiantes.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos terminar, diputado.
El diputado Miguel Antonio Osuna Millán: Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Informo a esta asamblea que tenemos registrados en pro del dictamen, a la diputada María Cristina Díaz Salazar, al diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo y a la diputada María del Pilar Torre Canales, al término de los mismos consultaré a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido, en virtud de que todos se han inscrito en pro.
Tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor presidente. Compañeros diputados.
Para el grupo legislativo de nuestro partido y para quienes integramos la Comisión de Salud, este tema es sumamente importante. Ya tiene varios años de venirse discutiendo y lo que más queremos y más cuidamos en nuestra sociedad son a nuestros hijos, a los escolares, y vemos con gravísima preocupación lo que está sucediendo: el sobrepeso y la obesidad infantil han logrado lamentablemente que México se encuentre en primer lugar.
Los malos hábitos alimenticios, más la falta de activación física es lo que ha provocado que nuestros escolares estén ocupando el primer lugar a nivel mundial de prevalencia de sobrepeso y obesidad.
Hemos encontrado que entre nuestros escolares hay 6 millones de niños que están padeciendo diabetes; hemos encontrado niños con colesterol a temprana edad e indiscutiblemente también con enfermedades cardiovasculares.
Pedimos la comprensión y el apoyo de todos los legisladores para aprobar este dictamen, que es un dictamen que es controvertido porque lo que busca es vigilar las cooperativas en las escuelas, que el valor nutricional de los alimentos que se expenden sea el adecuado en calorías para nuestros niños, pero también es importante la activación física.
Por eso es importante señalar que se presentó también en esta tribuna una iniciativa a la Ley de Educación para que los tiempos de ajuste de los 30 minutos de activación física se puedan ajustar de acuerdo con esta iniciativa que se presentó y que tiene la Comisión de Educación para que el promedio de asignatura por materia, que es de 60 minutos, sea de 55 minutos para poder hacer las adecuaciones a los 30 minutos que se requieren de activación física en los planteles escolares.
Está estudiado por quienes practican el deporte y la activación física que se requieren los 30 minutos continuos para poder ser efectivo y poder lograr lo que queremos.
Lo más preocupante y que por último quiero dejar señalado es que en 2012 de cada 10 mexicanos 9 tendrán sobrepeso y obesidad.
Creo que es tiempo de que salvemos a las futuras generaciones de adultos para que tengan una vida más sana y puedan disfrutar en pleno goce de salud a su familia y a sus amigos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, expreso el apoyo total a este dictamen por tres razones fundamentales.
La primera, porque la obesidad y el sobrepeso representan un problema de salud muy serio para todos los mexicanos, en especial para nuestros niños y adolescentes que están en edad escolar. De estos males derivan enfermedades como la diabetes, la hipertensión, las anomalías cardiovasculares, los problemas respiratorios, entre otros.
Segundo, porque la obesidad y el sobrepeso representan un gasto que pone en riesgo la sustentabilidad y la viabilidad de los sistemas de salud en México. En nuestro país el gasto asciende a más de 67 millones de pesos y se espera que para el 2017 esa cifra crezca a 150 mil millones de pesos.
Tercero, porque la propuesta tiene como objetivo que las autoridades educativas y de salud trabajen en forma conjunta para que los alimentos que se consuman en las escuelas tengan un mayor aporte nutricional y también se cuente con actividad física de 30 minutos en los planteles educativos.
Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde el dictamen que la Comisión de Salud hoy pone a debate es un primer paso en el camino que debemos transitar, porque después del hogar es en la escuela donde nuestros niños y niñas aprenden conductas y hábitos que los forman para enfrentar la vida.
De ahí la importancia que en estos espacios educativos nuestros niños cultiven la importancia de una alimentación equilibrada y el ejercicio físico para crecer sanos y desarrollar sus aptitudes tanto físicas como intelectuales. Con niños y adolescentes más sanos se favorecerá para mejorar la calidad educativa de nuestro país.
También expresamos nuestra satisfacción por la reposición en el pleno de este dictamen.
Como diputados tenemos la obligación de anteponer el interés de la sociedad por encima de los personales o de grupo.
Falta mucho camino por recorrer y en ese sentido, el grupo parlamentario al que represento continuará haciendo propuestas y apoyando las de otros partidos que ayuden a combatir este problema de salud pública. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada María del Pilar Torre Canales, de Nueva Alianza.
La diputada María del Pilar Torre Canales: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros legisladores, compañeras legisladoras. Son muchos los problemas que acontecen en nuestra nación y cuya solución implica de manera directa o indirecta cambios al sistema educativo nacional.
Hace unos meses el gobierno federal presentó ante la opinión pública un diagnóstico en el que consta uno de los problemas de salud pública más graves que hoy aquejan a nuestros niños y niñas: la obesidad.
Se contempla este informe con datos que señalan las graves consecuencias que tienen la obesidad en la salud de la población infantil en la que se destaca que, tan sólo en un año la Secretaría de Salud reportó cerca de 700 niños con diabetes mellitus, una enfermedad que en el pasado sólo aquejaba a la población adulta.
Se han reportado casos de niños de tan sólo 4 años de edad con hipertensión y diabetes. Se estima que en tan sólo 10 años tanto el costo directo, como indirecto de la obesidad y las enfermedades relacionadas a ésta se duplicarán, lo que significará ?si no hacemos algo? una demanda de recursos adicionales para este sector.
Respecto a este problema de salud pública se ha buscado una visión integral con puntos de vista médicos, académicos, de especialistas, legisladores, maestros, padres de familia y ciudadanos en general, coincidiendo en que habría que actuar desde dos vertientes: la escuela y el hogar.
Destaca que, como parte de las acciones para abatir la obesidad, el 25 de enero el Ejecutivo federal firmó el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, en el cual se comprometió a sumar esfuerzos, a rendir cuentas de lo que se hace al respecto y a seguir trabajando para la salud de los mexicanos.
Desde el Poder Legislativo, y como resultado de un amplio debate de la Comisión de Salud, se presenta ante esta soberanía un paquete de modificaciones a la Ley General de Salud.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza nos pronunciamos absolutamente a favor de que en las escuelas públicas se institucionalice la práctica del deporte, que se prohíba la comida chatarra en los planteles escolares y que se promueva entre los estudiantes una alimentación baja en alimentos grasos y azúcares.
Sabemos que el institucionalizar la práctica del deporte no debe quedar sólo en modificar la Ley de Salud; habrá que habilitar a las escuelas que no cuenten con la infraestructura física y humana para ello.
Como legisladores estamos dispuestos a trabajar de la mano con la autoridad educativa federal para generar condiciones necesarias que permitan dar cumplimiento a esta medida. Por otro lado, estamos absolutamente ciertos de que el prohibir la comida chatarra es sólo una parte estratégica necesaria para que nuestros niños y niñas cuenten con una alimentación sana.
Sin duda, hacerla realidad es parte de una labor del Estado, pero tenemos que hacer un exhorto para que desde los hogares, los padres de familia y/o tutores contribuyan a la educación desde el hogar.
En lo general, reconocemos en la iniciativa que hoy discutimos un gran esfuerzo y voluntad de cambio. No nos cabe duda que el lograr un trabajo sinérgico que, entre lo legislativo podemos hacer, y lo que desde su espacio pueden hacer todos y cada uno de los ciudadanos, abatiremos en mediano plazo un problema que nos compromete y nos compete a todos.
Hoy, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sumamos nuestro esfuerzo y exhortamos para el voto a favor de la iniciativa, para que las modificaciones propuestas a la Ley General de Salud sean aprobadas y externemos nuestra disposición para emprender y apoyar las acciones necesarias que permitan estas modificaciones para que tengan efecto y sean viables en su implementación. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. En virtud de que ha concluido la lista de oradores, solicito a la Secretaría que consulte a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
La Presidencia tiene conocimiento de que el señor diputado Rodrigo Reina Liceaga ha reservado el artículo 65.
¿Alguna otra diputada o diputado desea hacer alguna reserva en los términos del artículo 134 del Reglamento? No habiendo quien más lo haga, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema hasta por 5 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.
(Votación)
¿Algún diputado o diputada que falte por emitir su voto? Vamos a cerrar el tablero electrónico. Señores diputados, señoras diputadas, vamos a cerrar el tablero electrónico, favor de emitir su voto. Está abierto todavía, señores diputados. Por favor.
Señores diputados de derecha a izquierda, ¿falta algún diputado por emitir su voto? De derecha a izquierda, de izquierda a derecha y los del centro. Está abierto todavía. Está abierto, señores diputados, favor de votar.
Señores diputados, vamos a proceder a cerrar el tablero electrónico. Está abierto el tablero electrónico, señores diputados, pueden votar.
Muy bien, señores diputados. Señores diputados, vamos a cerrar el tablero electrónico. Ciérrese el tablero electrónico. El diputado Monroy Estrada.
El diputado Amador Monroy Estrada (desde la curul): Es un cambio, a favor.
El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): A favor.
El diputado Sixto Alfonso Zetina Soto (desde la curul): A favor.
El diputado Sergio Arturo Torres Santos (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Señor presidente, tenemos 372 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado en lo general y en lo particular, por 372 votos, los artículos no impugnados.
Esta Presidencia informa que se ha reservado para su discusión en lo particular el artículo 65, y se ha registrado para hacer uso de la palabra el diputado Rodrigo Reina Liceaga, quien tiene el uso de la misma.
El diputado Rodrigo Reina Liceaga: Con su permiso, señor presidente. Honorable Congreso, la adición que se solicita o que les pido a todos considerar tiene que ver con que en el pronunciamiento de que estamos todos a favor de este dictamen se ha hablado mucho de las dietas que deberían ser bajas en grasas y bajas en carbohidratos, en azúcares. Lo importante también es que hoy en México tenemos el gran problema, según las estadísticas de la Secretaría de Salud, que el 20 por ciento de los niños de segundo y cuarto año, y el 34 por ciento de los niños de 5 a 11 años, y el 41 por ciento de los niños de 12 a 19 años, presentan el diagnóstico de sobrepeso y obesidad infantil.
Entendiendo que la dieta de los menores no únicamente está basada en azúcares y grasas, también hay una alimentación en cuestión de proteínas. Lamentablemente la alimentación en México actualmente, se ha considerado en un esquema de hipercalorías o hiperprotéica. Esto quiere decir que los niños están rompiendo en su dinámica de alimentación que les dan los padres la cantidad apropiada de proteínas que tengan a bien consumir al día.
La adición es muy simple y les pido la consideren en este sentido. Lo que en realidad estamos buscando es que la dieta de nuestros niños sea lo más equilibrada posible, y es por esto que la adición que solicito es ?en el segundo párrafo? "las actividades recreativas de esparcimiento cultural y de promoción para promover una alimentación equilibrada en proteínas, baja en grasas y azúcares"; y, de esta forma, tener completo el ciclo de alimentación que necesitan nuestros menores hoy día.
México se ha caracterizado por tener actualmente un alto índice de obesidad infantil y obesidad mórbida en nuestro planeta. Pienso sinceramente que ésta es una responsabilidad de nosotros como diputados y es una responsabilidad de la sociedad que tiene que participar. Nosotros podemos tener una iniciativa que realmente abone a que nuestros menores, en el corto plazo lleguen a la alimentación que requerimos.
Pero son muchos temas los que hoy día tenemos pendientes y también necesitamos que la sociedad participe. Necesitamos que los padres sean responsables; necesitamos que los padres también participen de estas iniciativas en el sentido estricto de que nosotros podemos regular las escuelas, podemos regular los centros de salud, podemos tener la participación del gobierno, de la Cámara de Diputados, pero sin la participación ciudadana, sin realmente el compromiso de los padres a abonar en el adecuado equilibrio nutrimental de sus hijos, difícilmente vamos a llegar a un esquema de éxito.
Es por esto, señor presidente y compañeros diputados, que únicamente les pido que consideren en el texto la adición para que también haya un equilibrio de proteínas. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación al artículo 65, fracción II, propuesta por el diputado Rodrigo Reina Liceaga.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación al artículo 65, fracción II, propuesta por el diputado Reina Liceaga. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se admite a discusión la modificación propuesta. En virtud de haberse aceptado, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se acepta la propuesta. En consecuencia, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 65, fracción II. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutido. Por tanto, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 65, con la propuesta de modificación en su fracción II.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema hasta por cinco minutos para proceder a la votación nominal.
(Votación)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sonido para el diputado Emilio Serrano.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Nada más para que sea usted tan amable de permitirme dar mi agradecimiento a todas las diputadas y todos los diputados que me hicieron el favor de apoyar con su firma el punto de acuerdo para que se reparen las autopistas y carreteras de México; y que mientras dura el tiempo de reparación, no se cobre el peaje. Se supone que se paga para viajar seguros y cómodos, y no se viaja ni seguro ni cómodo.
Quiero dar un agradecimiento a mis compañeras diputadas y a mis compañeros diputados de todas las fracciones políticas, del PRI, del PAN, de Convergencia, de Nueva Alianza, del Verde Ecologista, obviamente del PRD, que me hicieron el favor de firmar. Completamos 300 firmas. Muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Señoras diputadas y señores diputados, vamos a proceder a cerrar el tablero electrónico, favor de emitir su voto. Ya han pasado cinco minutos.
Señores diputados vamos a cerrar el tablero electrónico. Si alguien falta por emitir su voto les queda un segundo. Se acabó el tiempo. Muy bien, señores diputados.
Señores diputados vamos a cerrar el tablero electrónico. Los señores secretarios les piden por favor que no abandonen el salón de pleno, estamos en dictámenes. Faltan alrededor de siete. Para que votemos rápido. Muy bien, ciérrese el sistema electrónico. ¿Diputado Arámbula?
El diputado José Antonio Arámbula López (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Señor presidente, tenemos 350 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado el artículo 65 fracción II con su adición por 350 votos a favor. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. No tenemos registrado ningún orador para hacer la fundamentación en los términos del artículo 108. En consecuencia, está a discusión en lo general.
La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada, dígame. Dígame, diputada Quezada.
La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Es en el siguiente dictamen, discúlpeme, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No se ha registrado ningún orador en lo general. Sólo se encuentra registrado en pro del dictamen el señor diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas, del Partido de la Revolución Democrática. Haga uso de la palabra, señor diputado, si es tan amable.
El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez: Buenas tardes, a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente. En relación al decreto de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del 72, 73, 74, 75, 76 y 77, que se pensaría nada más fuera a cambiar la parte semántica de enfermedad mental por trastornos mentales y del comportamiento, creo que es muy valiosa una incorporación que hace de dos herramientas.
En el 73 se habla en el párrafo segundo, de hablar ya así de la prevención de los trastornos mentales y del comportamiento. Los problemas de salud mental actualmente es un ámbito de la cotidianidad, donde en el ámbito rural y en el ámbito urbano se han identificado que existen, existían y existieron.
Tradicionalmente la sociedad lo que hacía era mandarlos con el sacerdote, con la suegra, con la mamá, con aquel anciano más grande, para que tratara de buscar una solución a los problemas de salud que tenía.
Algo tan serio y tan profundo que no solamente afecta su vida, sino puede afectar la vida de los demás, puede hacer que la sociedad tenga un giro diferente.
En este mundo cuántas veces personas con problemas de trastorno mental o del comportamiento han influido en la vida de otras; puedo decir las masacres o matanzas en algunas ciudades de los países desarrollados donde si se hubiera aplicado la prevención de la salud mental, no hubiera sucedido eso.
En el 74 se habla también de las evaluaciones diagnósticas integrales y del tratamiento. Como la salud mental no se nota, no se ve, hasta que existe una crisis, no se conceptualiza el tratamiento integral de ello y en este articulado es muy importante que una persona que desafortunadamente tenga un trastorno mental o del comportamiento, tenga la oportunidad de reintegrarse a la sociedad.
También es fundamental que ellos gocen de derechos; derechos que en algunas ocasiones y con la práctica hospitalaria inadecuada, se les quitaban pues consideraban que no eran dignos de ellos.
El derecho a la mejor atención disponible, para la salud mental, por esto se propone que organicemos los servicios de atención a la salud mental para mejorar las condiciones de la atención; el derecho al que, si no es capaz de estar representando, que tenga un representante que cuide en todo momento de sus intereses.
La necesidad de un consentimiento informado por él o por su representante, en caso de recibir tratamiento; el derecho a ser impuesto solamente de restricciones necesarias para garantizar la protección a terceros; el derecho de que el tratamiento debe estar prescrito de forma individual, con una historia clínica previa y con cosas bastante importantes; el derecho a la integridad de su persona, el derecho a ser integrado y a ser incorporado a la comunidad, el derecho a la confidencialidad.
Los problemas de trastornos mentales y la salud mental y del comportamiento hacen necesario que se comience a legislar en ese tema para poner en nuestro país?
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame diputado. Diputado Jaime Cárdenas, dígame.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, señor presidente. Quisiera formularle una pregunta al diputado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado, ¿acepta usted una pregunta del diputado Cárdenas?
El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez: Sí, cómo no.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La acepta. Formúlesela, por favor.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, señor presidente. Me parece, desde luego, un dictamen muy importante que protege los derechos de las personas que serán internadas por trastornos mentales y de comportamiento; pero considero, y le quiero preguntar eso, la razón por la que no se aprobó o no se decidió que en el caso del internamiento involuntario, la autoridad judicial pueda revisar ese internamiento, de oficio.
Se determinó que solamente a petición de la parte interesada o por su representante, pero no se consideró que de oficio el juez competente pueda revisar este internamiento. Creo que eso redundaría en la protección mayor de los derechos de las personas con trastornos mentales y de comportamiento. Quisiera preguntarle la razón o qué opina de lo que le estoy preguntando, señor diputado.
El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez: Creo que lo que dice el diputado Cárdenas es muy trascendente, pero el problema que existía en nuestro país es que la salud mental estaba olvidada y cuando se interviene, por personas que probablemente no participan directamente del procedimiento, las personas son olvidadas.
Ahorita el mayor problema del internamiento de una persona con problemas de salud mental es ése; una persona que tiene trastornos mentales y trastornos del comportamiento tales que amerite hospitalización, es lo que pasa menos actualmente. La idea es pasar de esa parte.
Creo y les voy a decir que personalmente estoy totalmente a favor de que los hospitales de especialidades mentales cada vez sean más abiertos; que la estancia de las personas en estos lugares cada vez sean más limitativa y que la oportunidad de ingresar a ellos cada vez sea menos posible, porque el tratamiento de un enfermo con problemas de trastornos mentales o una persona que tiene trastornos del comportamiento no debe estar en hospitales. Ésa es una medida muchas veces de privación de la libertad que está promovida por terceros interesados por situaciones diferentes a la enfermedad. Gracias.
Siguiendo con el comentario, el internamiento involuntario es una parte bien interesante. En vez de tener más hospitales de especialidades mentales debemos tener más centros de salud mentales. En vez de tener áreas hospitalarias con conceptos equivocados, donde la limitación y la denigración de los derechos humanos de las personas se dé, deben ser áreas dignas y convenientes donde la incorporación a la sociedad se dé, tanto desde el punto de vista familiar con áreas de convivencia con los familiares cuando ya esté en posibilidades de hacerlo, como desde el punto de vista laboral incorporando entornos para hacerlo y con una integración total de la sociedad.
Atendiendo al comentario del diputado Cárdenas, creo que éste es un inicio de legislación en un tema que estaba algo olvidado en nuestro país, que es la salud mental.
Los invito a todos y a todas que lo reflexionen muy seriamente porque no solamente es el cambio de la semántica, es el inicio de un proyecto para tener una vida más digna en nuestro país. De antemano muchas gracias a todas y a todos y a usted, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, señor diputado. No tenemos ningún otro compañero ni compañera registrado para la discusión de este dictamen. Por lo tanto, se considera suficientemente discutido.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por siete minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por siete minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico.
El diputado Javier Corral Jurado (desde su curul): A favor.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Señor presidente, se emitieron 371 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
Proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación de la Comisión de Salud.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Honorable presidente de la Mesa Directiva, diputado Francisco Javier Ramírez Acuña.
La mesa directiva de la Comisión de Salud solicita a usted la modificación del orden del día para que se regrese a la Comisión de Salud el dictamen que reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud, y se regrese a la Comisión de Salud para su reformulación.
Firman los diputados Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, María Cristina Díaz Salazar, Rodrigo Reina Liceaga, Miguel Antonio Osuna Millán, María del Pilar Torre Canales, Silvia Esther Pérez Ceballos, Carlos Alberto Ezeta Salcedo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sea retirado del orden del día de esta sesión el dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud y devuélvase a la comisión.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. Dígame, diputado Cárdenas.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para formular una pregunta, porque varios diputados de los grupos parlamentarios estamos muy inquietos y preocupados, porque de manera ordinaria se retiran dictámenes del orden del día. Preguntarle si hay alguna razón especial.
Por ejemplo, la semana pasada en un trascendido de los medios de comunicación se decía que un dictamen, relacionado también con temas de salud, se había retirado por la intervención de un secretario de Estado, en concreto del secretario de Educación Pública.
Le quiero preguntar a usted, señor presidente, si hay algún motivo especial, alguna llamada, alguna intervención de algún secretario de Estado, que pide el retiro de este dictamen.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La razón, señor diputado, es que la comisión, la mesa directiva de la propia Comisión de Salud es la que está enviando la solicitud y está pidiendo se regrese a la comisión, seguramente para efecto de revisión.
Pero yo le pediría al señor diputado Verver, si tiene algún comentario que hacer. Sonido para el señor diputado.
El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (desde la curul): Como respuesta al diputado Cárdenas, a su atenta pregunta, Le quiero decir, al día de ayer hubo una reunión extraordinaria de la Comisión de Salud y puedo informar a esta soberanía, que se resolvieron todas las situaciones ahí en un marco de consenso con todos.
En este caso, en el 327, que es una minuta que viene del Senado, en el proceso de dictamen toca un tema que es muy interesante, que es el de hemoderivados. En el concepto de hemoderivados, en el articulado y en su contenido, en cierto momento da una ambigüedad en un momento, que pudiera ser que se malinterpretara en cierta razón.
Se habla de un término otros, que es muy abierto y es muy extenso. Creo que en la capacidad de la comisión y de su alta productividad que ha demostrado, podemos trabajar para perfeccionarlo, mejorarlo y traer un producto mejor para que sea votado aquí.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Proceda la Secretaría. En votación económica consulte a la asamblea si se aprueba.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se retire del orden del día de esta sesión el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud y se devuelva a la comisión. Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Se retira y se devuelve a la Comisión de Salud.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura.
Tiene la palabra, en los términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, para fundamentar el dictamen.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con su venia, señor presidente. Gracias a la diligencia y alto sentido de responsabilidad de mis compañeros de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara es que estamos presentando al pleno el dictamen para expedir la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Ésta sería la primera ley votada y aprobada en esta legislatura, ya que en trabajo concertado con el Senado de la República hemos logrado que la comisión respectiva acepte las modificaciones que propusieron los diputados en la comisión.
Ha sido una larga historia, desde el 8 de marzo de 2007 en que se presentó la iniciativa en el Senado, hasta hace dos años que se turnó a esta Cámara de Diputados, apenas iniciamos nuestra labor en la comisión, abrimos el debate interno y el debate con las organizaciones y la sociedad. Fue un trabajo plural y abierto. No todos quienes la objetaban quedaron conformes, pero se aprobó por unanimidad en la comisión.
Quiero decirles que esta ley que contiene 43 artículos es reglamentaria de la fracción X del artículo 89 de la Constitución que prescribe como uno de los principios cardinales de la política exterior del país, la cooperación para el desarrollo; que es consecuente también con uno de los tres pilares fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas.
Ocurre que son muchos los actores nacionales e internacionales que están implicados en la cooperación, Estados-nación, regiones, provincias, organizaciones públicas y privadas varias y, sobre todo, una gama muy amplia de organizaciones internacionales.
Era necesario establecer una ley que articulara los esfuerzos mexicanos tanto como oferente de cooperación, así como receptor. Además, desde que el gobierno de México tuvo la idea de ingresar a la OCDE dejamos de ser receptores de lo que se llama cooperación vertical. Esto es, ayuda para el desarrollo donde todo lo pone la otra parte y nosotros no ponemos nada.
Eso hace extraordinariamente complejo el trabajo de impulsar, priorizar, coordinar y determinar qué es lo que conviene al país para los objetivos del desarrollo nacional. La ley crea una Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo en cuyo Consejo Consultivo estén representadas las dependencias federales, los órganos e instituciones responsables de la cultura y de la investigación científica en el país, y seis miembros del Congreso de la Unión: tres de la Cámara de Senadores y, después de nuestras modificaciones, también tres de la Cámara de Diputados; también las organizaciones de gobernadores que sugerimos y las organizaciones municipales.
Lo importante, señor presidente es, en mi opinión, dejar de legislar por retacería. Es ya bastante confuso y superpuesto el orden jurídico mexicano como para que estemos poniendo parches todos los días. Es necesario atacar las disposiciones legales en su conjunto.
Con este propósito he propuesto a la Comisión de Relaciones Exteriores ?y ésta ha aceptado en principio? que elaboremos a la brevedad un proyecto de reforma constitucional que vaya en este sentido: el de crear una política exterior de Estado.
Los principios constitucionales de la diplomacia mexicana están adscritos por ese artículo 89 sólo al Ejecutivo de la Unión. Cuando somos numerosos los actores que participamos en un universo globalizado dentro de las Relaciones Exteriores.
Queridos compañeros, estimados amigos, en breve tendremos entonces un proyecto de iniciativa que, por primera vez, le dé cuerpo y sentido de Estado a la política exterior del país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. En consecuencia, está a discusión en lo general.
Tenemos inscritos hasta este momento en pro del dictamen al diputado José Luis Jaime Correa, al diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, a la diputada María del Carmen Izaguirre Francos. Al término de los mismos, preguntaré a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Tiene la palabra el señor diputado José Luis Jaime Correa, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Luis Jaime Correa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática quiero expresar nuestro beneplácito por el consenso que se logró obtener durante el proceso de dictaminación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, porque se trata indudablemente de un instrumento muy importante que les dará orden a las actividades que realiza el sector público en materia de cooperación internacional.
La cooperación internacional para el desarrollo es una de las herramientas de política exterior que deriva del artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, hasta el día de hoy la cooperación internacional se ha realizado de manera un tanto anárquica, por eso los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores hemos puesto especial interés en avanzar en la dictaminación de esta ley.
La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo establecerá los instrumentos jurídicos para que nuestro país pueda llevar a cabo actividades de cooperación internacional, tanto en su calidad de donante como en su calidad de receptor. Asimismo, generará mecanismos para diseñar, sistematizar, orientar, estimular y administrar la cooperación, tanto en el ámbito técnico, económico-financiero como en el de la cultura, la educación y la ciencia.
Además, con esta ley se crea la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores que tendrá participación en la elaboración del Programa de Cooperación Internacional.
Esta agencia podrá celebrar convenios para la realización de acciones de cooperación internacional con los gobiernos de entidades federativas, municipios y universidades. También podrá celebrar convenios de colaboración con agencias de cooperación internacional de otras naciones, para realizar acciones conjuntas con terceros países con menor desarrollo.
Durante el proceso de dictaminación, los diputados que integramos la Comisión de Relaciones Exteriores realizamos varias adiciones y modificaciones a la minuta en la idea de enriquecerla y definir el andamiaje institucional que requiere nuestro país para ejercer la cooperación internacional de manera más ordenada.
Un aspecto muy interesante de las modificaciones hechas en la Comisión de Relaciones Exteriores ha sido el de la integración de una representación de diputados en el Consejo Consultivo, porque anteriormente solamente estaba considerada una representación de senadores.
Nosotros quisimos que se integrara la representación de los diputados no sólo porque será la Cámara de Diputados la responsable de aprobar las asignaciones presupuestales a las asignaciones de cooperación internacional, sino porque se trata de un asunto que tiene congruencia, con la posición de nuestro grupo parlamentario, respecto de la necesidad de dotar al Congreso de la Unión de facultades para que participe en los asuntos de política exterior.
Como muestra de ello nuestro grupo parlamentario presentó de manera reciente ?y aquí hay testigos al respecto?, presentamos una iniciativa para que la ratificación de los tratados internacionales sea por ambas Cámaras y no solamente por el Senado, porque nos interesa avanzar hacia una política exterior de Estado.
Otras de las adiciones que impulsó el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta comisión fue la inclusión en el texto de la ley de los principios de solidaridad internacional, defensa y promoción de los derechos humanos, fortalecimiento del Estado de derecho, equidad de género, promoción del desarrollo sustentable, transparencia y rendición de cuentas, entre otros.
Asimismo, incluimos criterios de rendición de cuentas y de transparencia, estableciendo que la información, los datos, criterios de calificación o la cooperación técnica que le sea requerida a la Amexcid, deberá ser proporcionada de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Finalmente, quiero expresar que nuestro grupo celebra la concreción de este trabajo y estaremos pendientes de la ratificación de este dictamen en la Cámara de Senadores.
No quisiera retirarme de esta tribuna sin antes agradecer a todos los miembros de la comisión por el esfuerzo presentado efectivamente para la aprobación de este dictamen.
Pero sobre todo quiero expresar que nuestro grupo parlamentario ha presentado también en esta Cámara una iniciativa de ley sobre reforma constitucional, sobre política exterior de Estado. Hemos solicitado turno a la Comisión de Relaciones Exteriores para que esta iniciativa sea turnada efectivamente a la Comisión de Relaciones Exteriores y no solamente a la de Puntos Constitucionales.
Creo que ambas comisiones podrán integrar, con la opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores un dictamen.
Con la que se ha anunciado aquí por parte del presidente de la comisión creo que podremos hacer un trabajo conjunto, que beneficie al pueblo de México en materia de política exterior. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Partido Acción Nacional.
El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propuso, desde el inicio de esta Legislatura, varios puntos a considerar en la agenda legislativa en materia de política exterior para promover la consolidación y engrandecimiento de la política exterior e internacional mexicana.
Uno de ellos fue analizar de inmediato la minuta de la Cámara de Senadores que expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Hoy tema de análisis.
Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por mi conducto, hace un especial reconocimiento a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios al emitirse, en esta ocasión por unanimidad, el dictamen correspondiente por la Comisión de Relaciones Exteriores, bajo la coordinación del diputado Porfirio Muñoz Ledo.
El dictamen de la minuta que hoy se somete a consideración de esta Cámara de Diputados tiene como propósito expedir la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el objeto de establecer un régimen jurídico de cooperación internacional entre el gobierno de México y los de otros países, así como con organismos internacionales para la transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras.
Lo anterior sin perjuicio a lo dispuesto por los tratados internacionales ya suscrito por nuestro país, por lo que con la aprobación que se le dé a este dictamen se dará pie a que las acciones de cooperación internacional para el desarrollo como instrumento de política exterior que lleva a cabo el gobierno mexicano, tanto en su carácter de donante como de gobierno mexicano donatario-receptor, tengan como propósito esencial promover el desarrollo humano sustentable mediante acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social.
El aumento permanente de los niveles educativos, técnicos, científicos y culturales, la disminución de las asimetrías entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo, así como la búsqueda de la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático; así como también el fortalecimiento a la seguridad pública con base en los principios de solidaridad internacional, defensa y promoción de los derechos humanos, fortalecimiento del estado de derecho, equidad de género, promoción de desarrollo sustentable, transparencia y rendición de cuentas, y los criterios de apropiación, alineación, armonización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad.
Por lo anterior, México estará dando un paso que quizá no es el más perfecto; pero, es un gran paso establecer un marco adecuado de certeza jurídica, institucional, administrativa y operativa para las dependencias y entidades nacionales involucradas en los proyectos de cooperación internacional de nuestro país, con el fin de obtener el mayor impacto posible sobre el desarrollo de México y el fortalecimiento de la solidaridad y seguridad internacionales.
Con esta ley se subsana una de las mayores lagunas en el marco legal de las relaciones de nuestro país con respecto al exterior y fortalecer el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la coordinación de las acciones en el exterior y las dependencias del gobierno mexicano.
Definitivamente el dictamen que hoy se somete a su aprobación se considera un avance para promover la cooperación internacional como una prioridad estratégica tanto para el desarrollo como para la política exterior en México.
No me queda más que agradecer a mis compañeros diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores por el excelente trabajo emitido en la votación, en el análisis de este dictamen; por el trabajo tan profesional y respetuoso que desempeñaron. A todos por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada.
La diputada María del Carmen Izaguirre Francos: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, antes de iniciar con mi exposición como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, en nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, extiendo un amplio reconocimiento al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, así como a todos sus integrantes por priorizar el consenso, el diálogo y la disposición al debate para la aprobación de la minuta que en estos momentos se pone a votación.
Asimismo, es oportuno extender un reconocimiento también a todo el personal de la comisión, a asesores de los diputados y personal especializado en la materia, que participó en el análisis y en el estudio de la minuta.
La cooperación internacional es un elemento fundamental para los países. En el caso de nuestro país a razón de su desarrollo e incorporación a bloques comerciales como el TLC con América del Norte y el Acuerdo con la Comunidad Europea y sus Estados miembros, así como por su participación en la organización de países industrializados, la OCDE, México es considerado como donante.
Pero en el mismo sentido, y a raíz de nuestro proceso de desarrollo, ha provocado que México también tenga la condición de receptor de la cooperación.
Ante esta amplia participación de nuestro país a nivel internacional, resulta que México no cuenta con una legislación que forme y cree la agencia de cooperación internacional. Teníamos más que un solo antecedente; el antecedente más cercano era de 1998 cuando se creó el Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, organismo que tenía como único fin poner al día las relaciones internacionales de México en este ámbito.
Sin embargo, esta institucionalización fue anulada mediante la abrogación del Reglamento Interno de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Este hecho motivó que la política exterior de nuestro país requiriera de un marco jurídico adecuado que le dé certeza jurídica, administrativa y operativa sobre los proyectos de cooperación internacional de México.
Con la minuta que hoy se presenta, se pretende brindar los instrumentos y mecanismos que permitan diseñar, sistematizar, orientar, promover, consolidar y administrar la cooperación internacional.
Es trascendental expresar que el propósito esencial de esta ley es promover el desarrollo humano sustentable, mediante acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social.
Un paso muy importante para lograr esto es esta ley que forma y crea la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la cual contará con un consejo consultivo.
Amigas y amigos, compañeros todos, de aprobar este marco jurídico estaremos dando un paso y un sentido de reconocimiento, que la cooperación internacional que conduzca a nuestro país esté encaminada al intercambio de experiencias y recursos entre países con diferentes o iguales niveles de desarrollo, para alcanzar metas comunes basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, eficiencia, interés mutuo y sostenible todos ellos. Por eso, amigas y amigos, gracias por el apoyo que otorguen a esta minuta. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Ha concluido la lista de oradores Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano (votación). Gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
El diputado Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez (desde su curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Canseco, dígame.
El diputado Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez (desde su curul): Gracias, diputado presidente. Deseo reservar para discusión en lo particular el título de la ley, los artículos 1o, 2o, el 4o en su fracción IV, el 7o, el 28 en su fracción XII y el artículo 32.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Alguna otra compañera o compañero que desee reservar algún artículo del dictamen de la ley?
No habiendo más oradores que hayan reservado en los términos del artículo 134, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por siete minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por siete minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.
(Votación)
¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor Presidente, se emitieron 369 votos en pro, 0 en contra y 4 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 369 votos.
Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos: El título de la Ley, el tercer apartado, párrafo primero; el artículo 2o., fracción IV; artículo 4o., fracción IV; artículo 7o.; artículo 28, fracción XII; y el artículo 32, por el señor diputado Morelos Canseco Gómez, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra para intervenir en sus propuestas o modificaciones acerca del título de la ley, el señor diputado Morelos Canseco Gómez.
El diputado Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Muchas gracias ciudadano presidente de la Mesa Directiva. Honorables diputadas y diputados a esta LXI Legislatura.
Desde luego que no es mi intención haber reservado los artículos que señalé con el ánimo de romper el encomiable espíritu de consenso para la construcción de una iniciativa pionera en el orden jurídico mexicano.
Se trata, efectivamente, de un ordenamiento que viene a llenar a un vacío jurídico en nuestra república y que está construido a partir de los consensos que se han establecido, tanto en la Cámara de Senadores, como en esta honorable Cámara de Diputados.
Son en realidad mis planteamientos, en el mismo espíritu que inspira a la ley y la actuación del diputado Porfirio Muñoz Ledo, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y de sus distinguidos integrantes, para dotar a nuestra república de un ordenamiento idóneo para regir esta materia.
Agruparé en cinco los planteamientos que deseo poner a la consideración de ustedes:
En primer término y de manera muy escueta, si la ley regula, no sólo al Estado federal mexicano, sino que contempla la participación de las entidades federativas y de los municipios en los esfuerzos de cooperación internacional, me parece que le corresponde el título de Ley General, y no solamente de Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En segundo término, y agrupando, diputado presidente, las reservas del párrafo tercero del artículo 1o.; de la fracción IV, del artículo 2o.; y de la fracción XII, del artículo 28, en las tres se utilizan las voces gobierno mexicano, cuando me parece que ha quedado plenamente establecido en la exposición de motivos del dictamen y en la fundamentación que se hizo por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que estamos hablando de una política del Estado mexicano; es decir, de los tres órdenes de gobierno y de los Poderes que integran cada uno de esos órdenes de gobierno.
Por tanto, me parece que las voces gobierno mexicano deben ser sustituidas por las palabras Estado mexicano.
Con respecto a la reserva de la fracción IV, del artículo 4o., me parece importante destacar una cuestión de índole técnico. Existe y está en vigor la Ley sobre Celebración de Tratados que establece ya una definición de lo que constituye un tratado internacional, por cierto, ordenamiento que ?no me dejará mentir? el diputado Porfirio Muñoz Ledo debatió y votó en la Cámara de Senadores en 1992.
Ahí hay una definición de tratado internacional que ahora referiré brevemente. Me parece que no debemos tener en dos ordenamientos que regulan materia de política exterior, definiciones que pudieran resultar contradictorias en materia de tratado internacional.
Por eso me parece que la referencia que debemos hacer es en el sentido de entender por tratados internacionales, los instrumentos de derecho internacional público a que se refiere la fracción I del artículo 2 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, que a la letra señala: Tratado es el convenio regido por el derecho internacional público celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos".
Por lo que hace a la reserva del artículo 7, simplemente creo que es un traslape en la redacción de la norma, puesto que si en los artículos cuarto y sexto transitorio se utiliza la palabra órgano para referirse al desconcentrado que se crearía la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, debemos reflejar en este precepto también, un órgano desconcentrado que es su naturaleza jurídica y no la palabra organismo para referirse al desconcentrado.
Finalmente, diputado presidente, por lo que hace a la reserva del artículo 32. Nos parece que el texto, que se presenta a la consideración de esta honorable asamblea, se cuela la pretensión de inducir conductas en la opinión pública. Creo que no es de ninguna manera la intención del dictamen ni de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Por tanto, me parece que en vez de hablar de una política de divulgación de los resultados e impacto de las acciones de cooperación internacional ?aquí está el meollo? destinada a formar opinión pública sobre este tema, deberíamos aspirar a una redacción que simplemente destaque en qué consiste la política de divulgación de la cooperación internacional y el texto que propongo a su consideración es el siguiente:
"La Amexcid, bajo la coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, diseñará y pondrá en práctica una política de divulgación de los resultados y beneficios de las acciones de cooperación internacional para el desarrollo, precisándose las tareas del Estado mexicano en carácter de receptor o de oferente de dicha coordinación".
Son, pues, ciudadano presidente, los planteamientos que me reservé, con los textos que propongo, para ponerlos a consideración de la Comisión de Relaciones Exteriores, afirmando que mi intervención es en el mismo espíritu que el animado para proponer el ordenamiento que deseamos llene un vacío jurídico en nuestros ordenamientos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias señor diputado Morelos Canseco. Pregunto a la Comisión, a su presidente Porfirio Muñoz Ledo, su opinión acerca de las proposiciones.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo (desde la curul): Señor presidente, quiero agradecer primero la pulcritud jurídica del señor diputado Morelos Jaime Canseco.
Efectivamente, sus observaciones, como lo he comentado con miembros de la Comisión de distintas bancadas, son todas ?en nuestro criterio? pertinentes. Debo decir que este proyecto vino de la Cámara de Senadores, y que si bien logramos muchas modificaciones, hay tal vez otras que debimos haber hecho para mayor precisión. Ninguna obra es perfecta, pero como se acaba de probar, sí es perfectible.
Conocí al diputado Morelos Canseco cuando era miembro del Servicio Parlamentario de la Cámara de Senadores y es una adquisición para esta Cámara, porque tiene un conocimiento muy amplio del derecho mexicano y del derecho internacional.
Yo agradezco a mis compañeros de otras bancadas que hayan estado de acuerdo en aceptar estas propuestas, que como él lo dice, precisan el contenido de algunas normas y, sobre todo, no entran en contradicción con otras disposiciones y ordenamientos jurídicos vigentes. Eso es todo, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. En virtud de que la comisión ha aceptado las propuestas que ha presentado el diputado Morelos Canseco, pido a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica, si se admiten a discusión las modificaciones propuestas y aceptadas, por el señor diputado Morelos Canseco Gómez, a los artículos título de la ley; 1o tercer párrafo; 2o fracción IV; 4o fracción IV; 7o; 28 fracción XII y 32.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión los artículos señalados por el presidente, cuyas modificaciones fueron presentadas por el diputado Morelos Jaime Canseco. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se admiten a discusión las modificaciones propuestas. En consecuencia, pido a la Secretaría pregunte a la asamblea en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si son de aceptarse las modificaciones propuestas por el diputado Morelos Jaime Canseco. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano (votación), gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se pide en consecuencia a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por siete minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados por el señor diputado Morelos Canseco, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la asamblea.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal del proyecto de decreto en su totalidad, incluyendo los artículos no reservados, con las modificaciones propuestas por el diputado Morelos Jaime Canseco.
(Votación)
¿Falta alguna diputada o diputado por registrar su voto? Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 345 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados los artículos reservados por 345 votos a favor y 1 abstención. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como cada uno de los artículos reservados; el título de la ley, los artículos 1o., 2o., 3o., 7o., 28 y 32. Se devuelve al Senado para los efectos del apartado E del artículo 72 constitucional.
El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera (desde la curul) Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Ilich Augusto Lozano. Dígame, señor diputado.
El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera (desde la curul): Señor presidente, para comentarle a esta Cámara de Diputados que ayer la diputada Lizbeth García Coronado sufrió un atentado. La asaltaron e incluso tiraron un balazo al interior del carro y le quitaron una cuantiosa cantidad de dinero; lo cual consideramos, el Grupo Parlamentario del PRD, un atentado ante esta institución.
Solicitamos que, en el uso de las facultades que le confiere la Constitución, exprese la solidaridad de esta institución y a su vez se solicite el esclarecimiento de estos hechos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como usted lo solicita, señor diputado, nos solidarizamos con nuestra compañera diputada por estos hechos y, al mismo tiempo, estaremos pidiendo que se haga el esclarecimiento de los mismos y se detenga a los responsables.
El diputado José Luis Soto Oseguera (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame usted.
El diputado José Luis Soto Oseguera (desde la curul): A la mejor es un abuso, pero a mí me gustaría también que muchos de mis compañeros se solidarizaran con su servidor. Yo he sido también víctima de la delincuencia, como muchos de los que seguramente estamos aquí; he sido asaltado dos veces en mi domicilio y despojado tres veces de vehículos.
Yo quisiera que lejos de que se aprovechen estas circunstancias para hacer escarnio, si es de buena voluntad que se haga este tipo de manifestaciones aquí, que también se hicieran para con mi persona, y con la de muchos otros, porque no creo que sea solamente nuestra compañera la que ha sido víctima de la delincuencia.
Es lamentable, sí es cierto, pero es un tema particular en el cual no deberíamos estar haciendo este tipo de comentarios, si es que no son de buena fe.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Lo hemos hecho, señor diputado, con todo respecto, en el transcurso de esta legislatura, cuando algún compañero, de cualquier fracción política parlamentaria ha sufrido alguna situación, algún atentado, hemos hecho la manifestación correspondiente y lo seguiremos haciendo, en virtud de que no podemos estar acordes con los actos de violencia que se suscitan a lo largo y ancho del país.
Lo hemos estado realizando como una atención y, además, exigiendo a las autoridades correspondientes que esclarezcan lo más pronto posible los hechos, diputado.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Emilio, dígame.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Nada más para hacer notar que la compañera diputada Lizbeth sufrió el atentado en Ecatepec; pero en cualquier parte de la república, no vamos a permitir que sigan agrediendo a los diputados, de la fracción que sea y del color que sea.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Diputado Ildefonso, pase, por favor, para fundamentar el dictamen en los términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el presente dictamen tiene su origen en marzo de 2008, cuando los promoventes, la senadora María de los Ángeles Moreno, el senador Carlos Lozano y el senador Ramiro Hernández García, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI presentan una iniciativa para reformar la Ley de Propiedad Industrial.
Esta iniciativa, en su intención, trata de equilibrar el justo medio entre lo que es la protección de la propiedad industrial, la garantía de patentes. Pero al mismo tiempo, evitar su abuso para poder permitir la socialización de la innovación.
La protección de los derechos de propiedad intelectual y, en particular, las patentes buscan estimular las investigaciones presentes y la innovación futura, al permitir que los individuos se beneficien de sus creaciones, trabajos o productos de su intelecto, talento o habilidades al otorgarles el monopolio temporal de dichas creaciones, lo que impide que otras personas fabriquen, usen u ofrezcan para la venta un producto protegido.
Pero una vez vencida la patente, este conocimiento pasará a ser del dominio público y podrá ser utilizado por cualquier persona, con el fin de ampliar el beneficio de esto para la sociedad.
La normatividad administrativa, en materia de propiedad intelectual, debe de tener ?dentro de sus objetivos? la búsqueda de un equilibrio entre la promoción a la creatividad y la innovación. Dicha promoción se logra al otorgar los derechos de explotación exclusiva de un producto, cuando éste se considera una invención; a la vez, la transferencia y acceso oportuno a nuevas tecnologías a fin de que el interés público prevalezca sobre el interés comercial.
Desafortunadamente el balance entre libre competencia e innovación; entre interés general y particular que sustenta el régimen jurídico de las patentes, en ocasiones se rompe en perjuicio de la sociedad, con lo que se alejan las patentes de su papel promotor de la innovación.
La claridad en los procesos de otorgamiento de patentes por parte de la autoridad, y la posibilidad de que los particulares tengan un papel más activo son elementos importantes para un sistema más eficiente, transparente y justo.
En tal virtud, es prioritario que la industria de fármacos ?tanto la productora de innovadores como la de genéricos? cuente con un marco legal idóneo y eficaz para su desarrollo, con el fin de abatir costos y lograr un mayor acceso de la población a los medicamentos.
Las reformas aquí propuestas se insertan en el marco de los tratados de los que México es parte. No pretenden hacer caer a México en el incumplimiento de sus compromisos internacionales. Al contrario, estas reformas tratan de tomar ventaja de las flexibilidades presentes en tales tratados. Flexibilidades que otros países han aprovechado y que México también debe de usar para su beneficio.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, la reforma incide en cuatro puntos fundamentales, transparencia y certidumbre en los requerimientos para el otorgamiento de patentes. Son tres los que fundamentalmente aplica la regulación en nuestro país e internacionalmente: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
Esta reforma incide fundamentalmente en fortalecer los requisitos de probación y aplicación industrial en este caso. El segundo es fortalecerla al introducir el procedimiento de oposición para evitar abusos en el otorgamiento de una patente. El tercero, el fortalecimiento de la libre competencia dando acceso a la producción o proceso de patentes, cuando los fines son de enseñanza e investigación.
Actualmente existe en la ley en el artículo 22, pero hay que fortalecerlo introduciendo los conceptos considerados internacionalmente en la Cláusula Bolar.
Finalmente, fortalecer las sanciones contra abusos de patente en este mismo marco regulatorio.
Señoras y señores diputados, los compañeros de la Comisión de Economía que aprobaron por unanimidad esta minuta proveniente del Senado esperan contar con su apoyo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. En consecuencia está a discusión en lo general. Tenemos inscrita en pro del dictamen a la diputada Indira Vizcaíno Silva. Tiene el uso de la palabra la diputada Indira Vizcaíno Silva en pro del dictamen, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Indira Vizcaíno Silva: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD hago el presente posicionamiento respecto al dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Propiedad Industrial.
Es importante señalar que se trata de una minuta enviada por el Senado respecto a una iniciativa presentada desde el año 2008, por lo cual en principio es importante el avance que tengamos en materia de rezago legislativo. Se trata de reformas que proporcionan certidumbre jurídica no sólo a los titulares de las patentes, sino también a la sociedad en general.
A través de este dictamen estaremos motivando la transparencia y el acceso a la información, pues se obliga al IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual) a publicar las resoluciones emitidas.
Por otra parte, es pertinente señalar que la industria farmacéutica es la principal preocupada y relacionada con estas reformas y es precisamente en este sentido que consideramos pertinente el voto a favor de este dictamen, que permite ahora, en forma clara, que aquellos laboratorios dedicados a elaborar genéricos puedan llevar a cabo las investigaciones y estudios experimentales necesarios 36 meses antes del vencimiento de las patentes. Lo cual permite que la población en general tenga acceso a genéricos en el momento que la ley lo permite; es decir, al vencimiento de la patente, lo cual evidentemente se ve reflejando en bajos costos y por lo tanto, fácil acceso a los mismos.
Siendo esto un punto importante a favor de la sociedad en un tema fundamental como lo es el acceso a la salud y al mismo tiempo, aclarando jurídicamente un punto en el que mayores obstáculos e impedimentos innecesarios encontraban las industrias de genéricos.
También se establece como infracción administrativa a las industrias que abusen de las patentes al presentar de manera innecesaria e improcedente, sin número de demandas que truncan el desarrollo de otros entes o industrias.
Compañeras y compañeros diputados, es importante emitir nuestro voto a favor de este dictamen puesto que ciertamente puede ser perfectible, también es un primer e importante paso en esta materia. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. No habiendo más oradores inscritos ni en pro ni en contra del dictamen se considera suficientemente discutido. Por lo tanto, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 7 minutos, para proceder a la votación? Perdón.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por siete minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por siete minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Les queda un minuto. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? El sistema sigue abierto. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz:
El diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (desde la curul): A favor.
El diputado José Antonio Aysa Bernat (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Ahued Bardahuil (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Señor presidente, se emitieron 352 votos en pro, 0 en contra, 4 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado por 352 votos a favor en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y se reforman los artículo 3o., fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Tiene la palabra el señor diputado Javier Corral Jurado, por la comisión, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Javier Corral Jurado: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen que ahora se somete a su consideración es relevante por diversas e importantes razones.
Es cierto que los avances tecnológicos han incidido en el progreso y desarrollo de las sociedades; empero, también lo es que el uso de esas nuevas tecnologías ha supuesto una verdadera irrupción en el ámbito de lo privado.
Sobre este particular conviene resaltar que el origen y fundamento del derecho a la privacidad se encuentra en el respeto a la identidad y dignidad de las personas, colocando su protección y garantía en el marco de los llamados derechos humanos de tercera generación.
El manejo e intercambio de datos de carácter personal se han convertido en una práctica habitual de poder y control por parte de los sectores público y privado. Derivado de esas prácticas se ha cometido una serie de violaciones a los derechos humanos de las personas.
Frente a esta realidad, el derecho no puede permanecer inmóvil. Por ello, las recientes reformas constitucionales a los artículos 16 y 73 establecen respectivamente el derecho fundamental a la protección de datos personales, así como la obligación del Congreso federal de expedir una ley en la materia. A partir de esta ley, el titular de los datos gozará del derecho a controlar para qué se utiliza la información que sobre él detente cualquier particular.
Derivado de la experiencia y eficacia del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI, los legisladores hemos determinado que se trata de la institución idónea para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la protección de datos a los ciudadanos, ahora no nada más frente a las entidades públicas, sino frente a cualquier particular.
Hasta ahora sólo se encontraban protegidos los datos en posesión del gobierno en sus tres órdenes. Esta nueva ley completará el ciclo de protección ampliando las obligaciones en esta materia para todo ente privado que trate datos personales para sus funciones diarias.
Es preciso hacer un alto en este punto para destacar lo siguiente: la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares constituye la primera minuta que expide la primera nueva ley, creación de la actual legislatura nacida en la Cámara de Diputados, cuyas implicaciones sociales y económicas son de alta envergadura pues se trata de garantizar el derecho a la privacidad de todos los individuos, por un lado, y de permitir que México sea considerado como país seguro en las transferencias transfronterizas de datos, de conformidad con los criterios de la OCDE y de la APEC, de cuyas organizaciones México es miembro.
Además, la misma es producto de un trabajo colectivo de carácter plural. Debo reconocer la participación de los distintos grupos parlamentarios en el seno de la Comisión de Gobernación; el trabajo profesional que desarrollaron los secretarios del Grupo Parlamentario del PRI, del PAN, del PRD, del PT y del Partido Verde Ecologista de México.
También es el momento de agradecer el impulso y el compromiso que siempre mostraron en esta nueva legislación tanto los coordinadores parlamentarios de esta cámara como de la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, la diputada Beatriz Paredes.
El foro Retos y perspectivas legales en materia de protección de datos personales, organizado entre el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Comisión de Gobernación de esta Cámara de Diputados efectuado el 28 de enero de este año, al cual asistieron más de 450 personas, representantes del sector académico, empresarial, proveedores de bienes y servicios, gubernamental, etcétera, y las audiencias a las que asistieron el sector privado, nos han permitido consolidar un proyecto de minuta que desarrolla cuatro ejes esenciales.
1. El desarrollo de los principios internacionalmente reconocidos en materia de protección de datos. A saber: de licitud, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad e información;
2. El desarrollo de los derechos de los titulares de los datos de acceso: corrección, rectificación y cancelación, conocidos como derechos arco. Los mecanismos para ejercer dichos derechos que se traducen en el procedimiento para exigir al responsable de los datos, los derechos arco.
3. El procedimiento de tutela de dichos derechos, en caso de la negativa de los responsables ante una autoridad independiente y especializada en la materia, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
4. Un régimen de infracciones y sanciones, que de saliente conductas inadecuadas en relación con el tratamiento de la información.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, a partir de esta ley, toda persona tendrá la facultad de decidir quién, cómo y para qué usa su información personal. El consentimiento es el eje rector de este nuevo derecho, ya que los datos sí tienen un dueño, el propio individuo, la persona. Además, la ley otorga una amplia protección a los llamados Datos sensibles.
No podemos soslayar que la exposición de datos relacionados con preferencias sexuales, condición indígena o estado de salud, constituyen grupos de carácter vulnerable que pueden ser utilizados o mal utilizados para discriminar, o bien excluir a una persona.
Además, los procedimientos que plantea nuestra minuta no generan altos costos de transacción para su cumplimiento por parte de los sujetos regulados del sector privado, ya que retoma elementos del marco de privacidad del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que lo hacen muy flexible al no imponer cargas excesivas e innecesarias de cumplimiento a los sujetos obligados.
Finalmente, cabe señalar que el dictamen aprobado por la comisión sufrió una adecuación posterior, por lo que la mesa directiva de la Comisión de Gobernación de esta Cámara solicitó la incorporación como parte del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y de esta manera se adiciona el capítulo XI, denominado: De los delitos en materia del tratamiento indebido de datos personales, integrado por los artículos 67, 68 y 69.
De igual manera, se incorpora una disposición transitoria, un octavo transitorio que están publicados en la Gaceta Parlamentaria para el conocimiento de todas y todos ustedes.
Agradezco de manera personal el compromiso de los integrantes de la Comisión de Gobernación en expedir esta primera minuta de un proyecto de nueva ley que nace en nuestra propia Cámara.
Agradecerle también a don Francisco Rojas, el coordinador de los diputados del PRI; a Josefina Vázquez Mota, a Alejandro Encinas, a Pedro Vázquez, a todos los coordinadores parlamentarios que nos apoyaron en este dictamen.
Estamos demostrando este día que la diversidad se puede conciliar en la unidad, mediante el respeto, el trabajo y la buena voluntad. Estamos expidiendo instrumentos de enorme beneficio para los ciudadanos. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias diputado. Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se admiten las modificaciones propuestas por el señor diputado Javier Corral Jurado, y que han sido publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aceptan a discusión las modificaciones presentadas por el diputado Javier Corral. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se aceptan. En consecuencia está a discusión en lo general el dictamen con las modificaciones propuestas por la comisión, y aceptadas por la asamblea.
La Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes diputados, oradores en pro: Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Lorena Corona Valdés, Ilich Augusto Lozano Herrera, Agustín Castilla Marroquín, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Jaime Cárdenas Gracia.
Al final de cuya participación preguntaré a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Para los efectos de artículos 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos estaremos en su momento preguntando si hay algún artículo que se reserve.
Por tanto, tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, de Nueva Alianza.
El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores.
Quién no ha sido sujeto de invitación y hostigamiento, en su hogar, para ofrecerle tarjetas de crédito, a partir del conocimiento que tienen de sus niveles de consumo o ahorro, o de otros servicios o productos, a partir de sus inclinaciones o preferencias; o también, para invitarle a conocer la plataforma de algún candidato o partido político utilizando las bases de datos públicas o privadas.
La probabilidad de que se susciten abusos a la vida privada sigue en aumento como una consecuencia, entre otras, del desarrollo de la llamada sociedad de la información. La expansión de las redes informáticas y de comunicación hacen cada vez más frecuentes los casos de robo de identidad o de discriminación a través de la obtención de perfiles que permiten identificar a las personas desde la esfera personal o privada.
En México, a pesar de la reforma al artículo 6o. constitucional, en junio de 2007, que indudablemente significó un salto cuantitativo, la evolución normativa en la materia de acceso a la información era escasa ya que sólo contábamos con una breve referencia a la privacidad en función del derecho a la información, carente de una ley secundaria.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que con la aprobación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y de las reformas a los artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se podrá proteger los datos personales en posesión de los particulares, regular su tratamiento legítimo, controlado e informado a efecto de garantizar la privacidad y el derecho de la autodeterminación informativa de las personas y, con ello, garantizar la vigencia de los derechos humanos en México como uno de los grandes retos de la actual legislatura.
En este marco, celebramos que el Congreso de la Unión atienda el tema de los datos personales, el cual no ha sido prioridad en la agenda nacional a pesar del llamado en la reciente Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.
En este sentido, el expedir normas mundiales para la privacidad, convocando a las partes interesadas a garantizar el respeto a la privacidad y a la protección de información y de datos personales, ya sea mediante la adopción de una legislación, la aplicación de marcos de colaboración, de mejores prácticas y de medidas tecnológicas y de autorregulación por parte de las empresas y los usuarios.
Por último, hacemos hincapié en la responsabilidad y el compromiso histórico del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, como el encargado de la difusión del conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana a partir de la entrada en vigor de esta ley. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Ciudadanas y ciudadanos diputados, como ya se ha dicho aquí, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares es un tema reciente en las agendas legislativas. Este tema ha llegado conjuntamente o en paralelo con las innovaciones tecnológicas, con la globalización, que hace necesario un marco regulador para preservar los derechos ciudadanos.
En Europa, esta legislación empezó a plasmarse en diversos países, fundamentalmente a partir de los años 70 del siglo pasado. En nuestro país, este tema llega acompañado del siglo XXI, y es el caso que en esta Cámara se presentó en el año de 2001, por un diputado del Partido de la Revolución Democrática, la primera iniciativa de ley de la materia. Esto es, hace 10 años.
Paralelamente al inicio de la discusión, se han llevado en forma simultánea al debate diversas reformas a la Constitución en este tema; una de ellas la que establece la fracción II del artículo 6o., constitucional, que expresa que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida por los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
Otra reforma en esta materia de rango constitucional es lo que expresa el párrafo 2 del artículo 16 de la Constitución, que expresa el derecho que toda persona tiene a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la que se establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de los datos.
Una tercera reforma constitucional fue la que se materializó en el artículo 73 de la Constitución, en la fracción XXIX-O, en la cual se faculta a este Congreso para legislar. Eso es lo que el día de hoy nos ocupa: materializar en la ley esos derechos fundamentales que a todas las personas en este país nos confieren los artículos citados.
Esta ley, después de 10 años de que se presentó la primera iniciativa, está a punto de ser votada. Ha sido motivo de discusión amplia, intensa y viva en la Comisión de Gobernación, en la que hay que decir prevaleció siempre la apertura, la disposición al diálogo y a la exposición de puntos de vista no pocas veces encontrados.
En el caso nuestro, en el Grupo del Partido del Trabajo, hemos deliberado, hemos discutido al interior del mismo esta propuesta que hoy se nos presenta. Habrá una votación dividida con entera libertad, tanto en lo general como en lo particular.
En lo personal, como miembro de ese grupo parlamentario e integrante de la comisión votaré a favor en lo general, por considerar que de entrada estamos cumpliendo un mandato de la Constitución, que establece el último día de este mes de abril como una obligación al Congreso de la Unión de llevar a una ley secundaria los derechos que contemplan los artículos de la Constitución que les he comentado a ustedes.
También por considerar que en estos momentos en México se vive un debate intenso, un debate fuerte, acerca de lo que debe ser el derecho de las gentes a preservar sus datos personales, su esfera de intimidad.
Estamos viendo el polémico proceso de ejercicio del registro de la telefonía celular, en donde hay desconfianza de millones de mexicanos a otorgar sus datos personales, entre otras cosas, por la ausencia de normas en esta materia que hoy, con el voto de ustedes, se plasmarían ya en la legislación en su ruta al Senado para su eventual aprobación. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Lorena Corona Valdés: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados. El dictamen que sometemos a su consideración representa para nuestro país un gran avance, tanto en el ámbito nacional como internacional, pues debido a su carácter garantista y proteccionista de derechos humanos se materializan y salvaguardan eficazmente en la praxis los denominados derechos ARCO, constitucionalmente establecidos en el artículo 6o de nuestra Carta Magna.
En este sentido, con la expedición de esta ley federal proveeremos de las normas que garanticen a toda persona la protección de los datos personales, así como su pleno ejercicio mediante el acceso, rectificación, cancelación y oposición a los mismos.
Adicionalmente, de aprobarse este ordenamiento, México se beneficiará en el campo del comercio internacional ampliando sus relaciones con bloques económicos no explorados hasta el momento debido a la falta de regulación en esta materia.
Así, se deben supervisar diversos obstáculos suscitados con motivo de la ausencia de estándares internacionales que garanticen a estos países, especialmente a aquéllos que conforman la Unión Europea, tanto un nivel adecuado de protección de datos personales como la existencia de una autoridad independiente que los tutele.
Ahora bien, por lo que hace al contenido de este cuerpo normativo, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista ha mostrado especial interés en los temas relativos al consentimiento, aviso de privacidad, datos personales sensibles y el mecanismo de las transferencias internacionales.
En consecuencia, tras un amplio debate con distintos grupos privados y gubernamentales interesados en la elaboración de este proyecto, se celebraron distintas audiencias en las que tuvieron la oportunidad de exponer sus comentarios y preocupaciones, con la finalidad de fortalecer y esclarecer los objetivos y evitar interpretaciones incorrectas que fueran contrarias al espíritu garantista que persigue esta ley.
Así, la elaboración de la definición del término "consentimiento" fue especialmente trabajada por nuestra fracción parlamentaria pues de ahí se generan diversos derechos y obligaciones entre el responsable y el titular. En este sentido nos esforzamos para que los datos personales sensibles requieran más formalidades que el resto.
Además, buscamos evitar que la definición se remitiera a otros ordenamientos, especialmente al Código Civil Federal, pues no se trata de relaciones civiles ni mercantiles, sino de la protección de un derecho fundamental, por lo que restringimos la posibilidad de que arbitrariamente se decidiera cuándo puede ser tácito el consentimiento estableciendo que únicamente será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular el aviso de privacidad, no manifieste su oposición.
Lo anterior fortalece la obligación que tienen lo responsables, en todos los casos, de que en el tratamiento de datos personales se observen los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, sin olvidar que el consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento.
En cuanto a la definición de datos personales sensibles impulsamos que se le dotara de dos matices. En primer lugar se optó por una definición amplia que claramente tuviera como objetivo evitar cualquier acto que afecte y dé origen a discriminación del titular, o que conlleve un riesgo grave para éste. En segundo lugar, se acordó que para que no existiera un gran margen de discrecionalidad a esta definición, se enlistaran como especialmente sensibles los referentes al origen racial, estado de salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales.
Por lo que hace a las transferencias internacionales la preocupación de nuestra fracción parlamentaria consistió en que al momento de que el responsable transfiriera los datos a un tercero distinto al encargado, no se le otorgue la posibilidad al titular de oponerse y que éste termine ignorando dónde y por quién se está dando el tratamiento a sus datos personales, o, en su caso, que se extinguieran las obligaciones asumidas por los responsables.
En este orden de ideas, los integrantes de la Comisión de Gobernación hemos sido cuidadosos en el análisis, viabilidad y repercusiones que pudieran resultar como consecuencia de esta nueva ley, prevaleciendo para tal efecto la garantía de protección de los ciudadanos, que consiste en que cada vez que se da la información para un fin determinado, efectivamente se cumpla con el objeto para el que fue conferida y, por tanto, evite un tratamiento en perjuicio del titular de los mismos.
No podemos ignorar que los supuestos que se busca tipificar son acciones que probablemente sucederán en la práctica, y que es nuestro deber como legisladores el evitar que se transgredan las finalidades de este ordenamiento, pues de nada sirve expedir una ley de buenas intenciones, pero inoperante e ineficaz; un ordenamiento que fácilmente permita calcular costos contra beneficios; es decir, no otorgar la posibilidad a los responsables de elegir entre cumplir o no, ponderando entre los beneficios económicos que puedan obtener de su incumplimiento a cambio de una sanción administrativa.
Permitir que la decisión de cumplir o vulnerar estas disposiciones dependa de un análisis de costo de oportunidad sería reprobable habida cuenta de que se trata de derechos fundamentales, constitucionalmente establecidos y cuya naturaleza hace de su protección un aspecto ineludible, incluso en algunos casos, sobre otros derechos que no pueden ponderarse como más relevantes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera: Con su permiso, señor presidente. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se congratula por la culminación, en esta sesión plenaria de la Cámara de Diputados, del trabajo realizado por la Comisión de Gobernación para la dictaminación de esta propuesta de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares que representa, sin lugar a dudas, una ley que viene a marcar un verdadero ejemplo en la introducción de nuevos paradigmas, que tienen su origen en el derecho comparado y en los instrumentos internacionales de nuestro sistema jurídico nacional.
La materia de protección de datos personales es a todas luces una exigencia de las relaciones económicas y comerciales en otras latitudes del mundo ya que es una condición sine qua non que oponen varios países o bloques económicos para sostener intercambios mercantiles con otros países.
Por citar algunas de las fuentes más importantes tenemos el convenio?
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. Dígame, diputado Di Costanzo.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Si me permite una pregunta al diputado, al orador.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Me permite que le hagan una pregunta, diputado?
El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera: Sí, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, proceda, diputado.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): En esta ley que se está aprobando, suponga usted que TV Azteca sabe que el dueño de Televisa tiene una enfermedad terminal y lo difunde, ¿estaría violando los datos personales de esta persona? Porque si no lo difunde tendría consecuencias también económicas. De hecho, la Ley de Mercados Financieros, la nueva Ley de Mercados Financieros establece un capítulo de información relevante, ¿qué va a suceder cuando esta información relevante sea de origen personal o privado?
El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera: A ver, aquí cabría un ejemplo importante. La ley incluye un término que se llama consentimiento, para poder especificar cuándo un personaje, un cliente, en su momento, porque sobre todo se basa que en las relaciones mercantiles que hay entre las empresas y los clientes se incluye una cláusula que se llama consentimiento.
Si tú das autorización en esa cláusula para que tu información sea trasladada a una tercera persona, no ocurre ningún tipo de sanción. Si esto sucede se tendría que entrar en un análisis jurídico donde la autoridad competente tendría que determinar si esto, primero, requiere de sanción; segundo, si es sanción y si es administrativa o si es una sanción penal en la cual pudiera incluir cárcel.
Los que realmente tendrían que interpretar la ley serían los jueces en cuanto a este caso. Si pudiera ser sujeto de sanción quizá sí, por supuesto, pudiera ser sujeto de sanción. Pero en este momento estamos legislando sobre la ley, no interpretándola en los tribunales, diputado.
Si me permiten continuaremos con esto.
Por citar a alguna de sus fuentes más importantes tenemos el Convenio 108 del Consejo de Europa, el llamamiento de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, las diversas recomendaciones de la OCDE, el marco de privacidad de la APEC, la resolución 4595 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, desde luego, la Resolución de Madrid, que representa quizás el instrumento internacional más acabado y la referencia obligada en la materia.
Es una garantía de seguridad jurídica para alentar las inversiones no solamente en el sector propiamente que se dedique a esta actividad, sino también para todo el conjunto de la actividad económica en el contexto de un mundo globalizado con economías interdependientes.
Nuestro país llega tarde en esta materia, pero sin duda el mayor logro de esta nueva legislación es la regulación de los llamados derechos ARCO, que se introdujeron en primer término en la reforma constitucional que se aprobó en la pasada legislatura, la cual desde ahora con esta ley contará con un bagaje jurídico instrumental que permitirá sobre todo a los titulares de los datos personales contar con instrumentos adecuados para hacer valer sus derechos en esta materia.
Esta ley a diferencia de lo que han expresado algunos voceros de la iniciativa privada y del mismo gobierno, y con esto queremos hacer énfasis, sí preserva un mínimo de regulación con una orientación garantista que desarrolla, como ya lo mencionan, los textos constitucionales vigentes, y también impulsa en un adecuado balance la competitividad y el dinamismo de este sector en la economía.
No es como afirmaron en los pasados meses de arduo trabajo y deliberaciones una legislación que sobrerregula el sector, que motiven incluso la salida o la pérdida de capitales. Es por el contrario, un mínimo de derechos y garantías para los titulares de los datos personas, de obligación para los responsables en el tratamiento de los datos y de un nuevo andamiaje de responsabilidades para el órgano garante que será el IFAI.
Consideramos del todo conveniente la inclusión en el dictamen de un capítulo específico sobre los delitos por el uso indebido de los datos personales, ya que de no hacerlo se pondría en riesgo el mandato de la ley y la legitimidad de la misma, al no contar con los instrumentos coactivos idóneos para hacer valer el Estado de derecho en la aplicación de estas normas que requieren y se hayan violado.
Por otro lado queremos llamar la atención sobre el hecho de que al IFAI se le reconozca como el órgano garante de estos derechos. Es importante que entendamos que el andamiaje institucional que en estos momentos tiene el IFAI no es suficiente para la regulación.
El Grupo Parlamentario del PRD, en los meses subsecuentes, a través de un servidor, estará presentando una propuesta para garantizar la autonomía del IFAI.
Por tanto el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen, plenamente convencido de las bondades y beneficios que representa para la protección de los datos personales de los titulares, porque regula de manera contundente los derechos ARCO, por claros incentivos que representan para este sector de la economía y porque promueve la formación de una verdadera cultura de datos personales. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Agustín Castilla Marroquín, del Partido Acción Nacional.
El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín: Con su venia, diputado presidente. Hoy es un buen día. Con la aprobación de esta ley no sólo estamos atendiendo el mandato constitucional y los compromisos internacionales de proteger los datos personales de todo mexicano, sino que también estamos equilibrando el derecho fundamental a la privacidad, cerrando espacios de discriminación y generando los consensos para que México pueda ser un país competitivo a nivel internacional.
El análisis y discusión de esta ley demandó un arduo trabajo por parte de la Comisión de Gobernación, en donde escuchamos las distintas voces, analizamos experiencias en otros países, comparamos modelos, hasta llegar a un equilibrio entre dos visiones sobre el tema, ambas legítimas y necesarias: la económica y la del derecho a la privacidad y la seguridad de las personas.
El objeto de esta ley es la protección de los datos personales en posesión de particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo controlado e informado a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.
Todos sabemos que el uso indebido de los datos personales puede tener consecuencias graves que pueden ir desde la provocación de actos de molestia, hasta la generación de actos de discriminación, ya que por el cruce de la información de una persona se puede configurar un perfil respecto de sus gustos, creencias, afinidades o de su estado de salud.
Incluso hay algunos estudios que indican que en un mes circulan hasta 2 mil 500 detalles sobre una persona.
Con esta nueva normatividad toda persona tendrá el poder de decidir y controlar si un tercero puede transmitir o utilizar sus datos, que van desde el teléfono o domicilio, hasta sus creencias religiosas.
Ahora los datos personales serán protegidos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado, además de que todo dato personal debe ser recabado con el consentimiento del titular.
También se establece la obligación de informar qué datos se recaban y con qué fines, a través de un aviso de privacidad, mismo que previamente será puesto a consideración del titular de los datos personales para su aprobación, con lo cual el titular tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición con respecto al tratamiento de los datos.
Así ante cualquier vulneración de los derechos del titular, éste puede solicitar directamente al tercero que detenta sus datos para que subsane la vulneración y de no hacerlo o de hacerlo parcialmente, el titular de los datos personales puede iniciar un procedimiento de protección ágil y sencillo ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y protección de datos, ahora IFAI ?que por cierto aprovecho para saludar a la comisionada presidenta del instituto, Jacqueline Peschard, aquí presente?, a efecto de que se obligue al tercero a subsanar la vulneración de derechos o, en su caso, se impongan las sanciones respectivas.
Con esta nueva legislación estamos cuidando al ciudadano del riesgo de que se le niegue la posibilidad de contar con un seguro médico, por ejemplo, por sus antecedentes clínicos o de que se le niegue un empleo por sus preferencias sexuales.
Con esta ley avanzamos como país y reducimos también los riesgos de que una persona pueda ser objeto de extorsión o secuestro por el manejo indebido de sus datos personales. Se otorga certeza jurídica respecto al tratamiento de los datos, además de que la ley trae aparejadas ventajas económicas para el país, como la inversión extranjera y la competitividad, al alinearse con los países miembros de la OCDE, de APEC y de la Unión Europea, al contar con una norma que prevé los principios en materia de protección de datos que actualmente son observados por los países miembros de dichos organismos.
Asimismo, México sería el primer país que emita una ley que cumpla con los estándares internacionales en materia de privacidad, aprobados en la Conferencia Mundial de Comisionados de Privacidad y Protección de Datos.
Lo anterior permitirá flujos de inversión extranjera directa al brindar certeza jurídica en los intercambios comerciales transfronterizos ya que se evitará la existencia de barreras encubiertas a dichos intercambios, en nombre del derecho a la protección de datos consagrado actualmente en la Constitución.
Compañeras y compañeros, con la aprobación de esta ley, que esperamos llegue a feliz término también en el Senado de la República, damos muestras claras a la sociedad de que a pesar de nuestras diferencias sí somos capaces de ponernos de acuerdo y de cumplir con nuestra responsabilidad. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas: Con su venia, presidente. Compañeros diputados, este dictamen que la Comisión de Gobernación presenta ante ustedes hoy es una clara muestra de que las mejores causas, las que tienen que ver con la protección de los derechos ciudadanos y con ordenar la dinámica social conforme a los principios democráticos unen a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que nuestra tarea es velar por la ampliación, protección y garantía de los derechos de todos, al tiempo de contribuir con la generación de condiciones de desarrollo para que, en el marco del estado de derecho y de protección a los derechos humanos, todos los mexicanos accedamos a una vida mejor.
Esta ley tiene por objeto precisamente construir un espacio de respeto, de ejercicio democrático y garantía de los derechos a la intimidad y privacidad vinculados con los datos personales, al tiempo que reconoce el valor de éstos en las actividades económicas.
La protección de los datos personales es un derecho humano que surge de los impactos negativos que las nuevas tecnologías tienen en la vida cotidiana. Los mexicanos necesitamos herramientas para ejercer plenamente nuestros derechos frente a innumerables situaciones de vulnerabilidad o de franca violación a la que estamos expuestos en la sociedad de la información.
Los diputados integrantes de la comisión realizamos, en el curso de varios meses, una tarea de integración de las distintas visiones que prevalecen sobre este tema. Escuchamos a ciudadanos, actores públicos y privados que aportaron sus inquietudes enriqueciendo el proyecto de dictamen.
El Grupo Parlamentario del PRI reconoce el esfuerzo de todos los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, quienes asumieron el reto y demostraron su compromiso de cumplir en tiempo con la aprobación de la legislación secundaria que articula los nuevos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales que consagra el artículo 16 de nuestra Constitución.
Este proyecto cumple, con rigor técnico, las expectativas de los ciudadanos, los protege de posibles fallas del mercado estableciendo una única instancia a la cual acudir para pedir la protección de la ley, sin entorpecer las actividades económicas que se nutren de este tipo de datos y que generan numerosos empleos en nuestro país.
Por otra parte, esta ley no sólo protegerá a los ciudadanos del uso abusivo de sus datos personales, sino que dará confianza a los negocios y a nuestros socios comerciales, favoreciendo flujos de inversión extranjera directa al brindar certeza jurídica en los intercambios comerciales y transferencias transfronterizas.
Estamos convencidos de que logramos el equilibrio entre la protección del derecho a la privacidad de los mexicanos y el impulso de la actividad económica, retomando las mejores prácticas de los modelos garantistas vigentes en otros países. Buscamos dar certidumbre al ciudadano, respecto de cuáles son sus derechos y cuáles las herramientas para exigir que sean respetados.
Dos cuestiones animaron la participación del PRI en la construcción de este proyecto: primero, el reconocimiento de que la información patrimonial y financiera de las personas debía ser objeto de una protección especial; y segundo, que hay un deber ético a cargo de las empresas, de dar a conocer con oportunidad y claridad sus políticas de privacidad, particularmente a lo que se refiere a las finalidades con que se recaba la información de las personas.
Este proyecto reconoce al ciudadano como individuo libre, que ejerce informadamente su derecho a escoger. Por ello, más que señalar prohibiciones absolutas, la ley considera que cada persona tiene la capacidad de construir su propia definición de intimidad en su relación con el mercado.
En este sentido se buscó dotar a consumidores y clientes de mecanismos eficaces, para garantizar un trato legal y ético de sus datos personales, a la vez que se ataca la compra-venta ilegal de información y el mercado negro de bases de datos.
El tema de la protección de datos personales cobra importancia en el país. Cada día más mexicanos tienen como inquietud propia la preocupación del manejo que se le puede dar a sus datos, que cotidianamente son recabados en múltiples supuestos.
Los priístas de esta Cámara hemos escuchado esta preocupación ciudadana y, por ello, votaremos a favor de este dictamen. En la construcción de una sociedad más equitativa que no tolere ninguna forma de discriminación o de abuso. Seremos firmes. Éste es el mandato con que los mexicanos nos han traído a esta asamblea. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, ya lo señalaba mi compañero, el diputado Enrique Ibarra, que en nuestro grupo parlamentario este dictamen suscitó un gran debate, por lo que la votación será dividida dentro del mismo.
Quisiera exponer los argumentos, de por qué voy a votar a favor en lo general. Quiero ser franco, me costó mucho trabajo decidirme a votar a favor en lo general. Los argumentos para votar a favor en lo general de este dictamen son los siguientes:
Se trata de aprobar una ley que se expide, que se aprobará para cumplir con la Constitución. Efectivamente, la Constitución en el artículo 6o., en el artículo 16 y en el artículo 73 y, sobre todo, en un artículo transitorio del artículo 73, fracción XXIX-O estableció un plazo para aprobar la ley secundaria, ese plazo se vence en abril. Ésa es la primera razón.
La siguiente razón para votar a favor de este dictamen tiene que ver con esta obligación que en el derecho interno tenemos para armonizar las normas del derecho interno con las normas del derecho internacional, y muchas son las normas que en tratados internacionales contemplan este derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.
Habría que indicar, por ejemplo, al artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos de Naciones Unidas; el artículo 17 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos o el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; es decir, tenemos la obligación, la responsabilidad como integrantes de un Poder del Estado, de armonizar las normas internas a las normas internacionales.
Por otro lado, como tercer argumento para votar a favor, yo creo que existe la obligación del Poder Legislativo de consolidar, de maximizar el derecho a la intimidad. La protección de datos personales tiene que ver con esto, con la salvaguarda del derecho a la intimidad.
También existe un cuarto argumento, que tiene que ver con la obligación que tenemos de equilibrar este derecho a la intimidad con el derecho a la información y otros derechos fundamentales.
Finalmente, hay un último argumento de carácter estrictamente político, que este argumento, supongo que le gustará al diputado Corral. Esta ley, este dictamen que estamos discutiendo, es una forma de enfrentar a la influencia indebida de los poderes fácticos en México, implica una limitación a los poderes fácticos, a las grandes trasnacionales, a las grandes empresas nacionales que trafican, que manejan y que administran indebidamente los datos personales de millones de mexicanos.
Creo que este simple argumento bastaría para sostener el voto a favor de este dictamen; sin embargo, después de que dije que hay muchas cuestiones a favor del dictamen, que me obligan a votar en conciencia a favor de él, hay también enormes deficiencias.
Aquí algunas ya se han explicado. En primer lugar hay que decir que se trata de un dictamen o de una regulación que solamente protege datos o regula datos personales en posesión de particulares, no en posesión de autoridades.
Actualmente, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es el IFAI el que mediante lineamientos regula la protección de datos personales que están en posesión de autoridades.
Esto me lleva a la siguiente deficiencia que quiero comentarles, no solamente es una regulación que no regula el universo o integralmente la protección de datos personales, sino que es una regulación que tal vez esté violando el principio de reserva de ley, porque tanto el artículo 6o como el artículo 16 de la Constitución, dicen que la regulación de datos personales debe darse a través de leyes, no de reglamentos, no de lineamientos, y este cuerpo normativo remite a reglamentos y en la ley vigente de transparencia se remite a lineamientos. Desde mi punto de vista, hay una violación al principio de reserva de ley.
Hay también un efecto de extraterritorialidad, porque se pueden transmitir datos personales a matrices o a casas controladoras de empresas que no necesariamente estarán en territorio nacional.
Es decir, aquí estamos violando ése principio de validez territorial o espacial porque se va a permitir regular cuestiones que ocurren en otros territorios de estados diferentes.
Pero en su momento, cuando me refiera a los artículos que he reservado en lo particular, abundaré sobre cada una de estas cuestiones. Muchas gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados. Mi voto será a favor en lo general. Muy amables por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. En virtud de que ha concluido la lista de oradores, pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se considera suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la ley de que se trata.
Hasta este momento el diputado Jaime Cárdenas Gracia ha reservado los artículos 1o., 10; 37 fracciones III y IV, 39, 43 y 56, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
¿Algún otro legislador o legisladora desea reservar algún artículo? Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico hasta por 7 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Con mucho gusto, presidente. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior y ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 7 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.
(Votación)
¿Falta alguna diputada o diputado por registrar su voto en el sistema electrónico? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputado Castro Cosío, de viva voz, por favor.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Señor presidente, se emitieron 335 votos en pro, 3 en contra y 5 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, por 335 votos a favor.
Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos: 1; 10; 37, fracciones III y IV; 39; 43 y 56. Está registrado el diputado Jaime Cárdenas Gracia, por lo cual se le conceden hasta 10 minutos para que haga la exposición de sus propuestas.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Muchas gracias. 10 minutos, compañeros del reloj, me concedió el señor presidente. 10 minutos para exponer mis objeciones y mis propuestas sobre cada uno de estos artículos.
Respecto al primer artículo, lo mencionaba al final de mi intervención en lo general, debe quedar muy claro que este dictamen, esta iniciativa solamente tiene que ver con protección de datos personales en posesión de particulares. Es decir, no se refiere a la posesión de datos personales en manos o administrados por las autoridades.
Hay que decir y hay que aclararlo, las violaciones al derecho a la intimidad y las violaciones en esta materia de datos personales pueden ser provocadas, tanto por actos de particulares como por actos de autoridades.
Alguien lo decía en el debate en lo general con el asunto del registro de los teléfonos celulares, muchos observamos cómo en los medios de comunicación, personas ajenas a la CURP de muchos ciudadanos y políticos, accedieron a esa información de la CURP del propio diputado presidente Ramírez Acuña, de Manlio Fabio Beltrones, en fin. Y con esos datos que no les pertenecían, registraron sus teléfonos celulares.
Es fundamental que protejamos también los datos personales de parte de decisiones o de la administración de esos datos por parte de las autoridades. Por lo tanto, considero que para salvaguardar de manera integral el derecho a la intimidad, esta ley, el artículo 1, debería referirse también a datos personales en posesión de autoridades.
Mencioné que actualmente en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el artículo 37, fracción IX de esa ley remite a lineamientos del IFAI para proteger datos personales en posesión de autoridades. Eso, desde mi punto de vista, puede implicar una violación al principio de reserva de ley, porque tanto el artículo 6o., de la Constitución como el 16, aluden a la ley para regular la materia de datos personales.
Por lo que se refiere al artículo 10, señor presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados, se trata de las excepciones al principio de consentimiento. En esta materia no se pueden transmitir datos personales sin el consentimiento del titular; y aparentemente el dictamen señala pocas excepciones a ese principio del consentimiento.
Sin embargo hay excepciones, como en el artículo 10 que dice lo siguiente:
Artículo 10. No será necesario el consentimiento para el tratamiento de datos personales cuando?
V. Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes.
Es una excepción tan genérica que puede convertirse en una regla general. Yo no estoy de acuerdo con esta excepción tan vaga, tan genérica que puede implicar una vulneración al derecho a la intimidad.
Por otro lado, está el artículo 37, fracciones III y IV. Este artículo 37 permite que existan transferencias nacionales o internacionales de datos, fracción III: Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz, o a cualquier sociedad del mismo grupo responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas.
Fracción IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar, en interés del titular, por el responsable y un tercero.
Es decir, estas fracciones, todas las del artículo 37, pero en particular la III y la IV permiten la aplicación extraterritorial de esta ley.
Las leyes se hacen, las normas se aprueban por el Congreso para regir en el territorio de un Estado en principio, no para regir extraterritorialmente. Aquí estamos violando ese principio de territorialidad y permitiendo un principio de extraterritorialidad en la aplicación de esta ley, que me parece muy preocupante.
Sigo al siguiente artículo, el artículo 39, que se refiere a las atribuciones del IFAI. Como bien lo señaló nuestro compañero diputado del PRD, desgraciadamente esta ley ?claro, no es el objetivo de la ley? no fortalece las competencias ni la autonomía del IFAI. Sí enumera una serie de materias y atribuciones respecto a la protección de datos personales en posesión de particulares, pero no implica este dictamen un reforzamiento a la autonomía, a la independencia del IFAI.
Lo que es más grave, en el artículo 43 se establecen, se conceden competencias a la Secretaría de Economía. Estoy pidiendo concretamente que estas competencias que se le conceden a la Secretaría de Economía sean competencias que tengan el IFAI y no la Secretaría de Economía.
Si vamos a darle al IFAI la característica de órgano garante en protección de datos personales, debe ser el IFAI el que tenga a su cargo toda la competencia en la materia y no compartirla con la Secretaría de Economía, tal como lo propone el artículo 43 del dictamen.
Finalmente, hay algo que me preocupa mucho ?sé que está aquí o estuvo aquí la presidenta del IFAI, la doctora Peschard?, que tiene que ver con una competencia que de contrabando se incorpora en el dictamen. Se le concede competencia al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de juicios de nulidad que promuevan los particulares.
No aclara el artículo 56 si se trata de los titulares o se trata de los responsables; es decir, de las empresas que manejan datos, o administran datos, personales.
Esto es muy importante, porque el IFAI ha mantenido un diferendo con la Secretaría de Gobernación para que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa no tenga atribuciones o competencia en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Aquí se le está dando competencia al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que como todos sabemos es un tribunal que está dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, que no es un tribunal que se caracterice precisamente por su independencia, que no forma parte del Poder Judicial y en donde las últimas designaciones de magistrados de ese tribunal responden al cuoteo PAN-PRI.
Por este motivo considero que sería o que es inaceptable que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa tenga competencia en esta materia.
La competencia, en caso de inconformidad con las decisiones del IFAI o de la Secretaría de Economía ?que también me parecen inaceptables?, debe ser competencia del Poder Judicial de la federación y no del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Para concluir, señor presidente, propongo las siguientes modificaciones que envié oportunamente por escrito.
Al artículo 1o, para que se diga que además que la ley es de orden público y de observancia general y tiene por objeto la protección de datos personales en posesión de particulares, que se agregue también ahí "y de autoridades".
También propongo la supresión en el artículo 37 de las fracciones III y IV, porque me parece que conceden atribuciones o establecen la extraterritorialidad en la aplicación de esta norma. Pido, por tanto, la supresión de estas dos fracciones, la III y la IV.
Respecto al artículo 43 que se refiere a las atribuciones de la Secretaría de Economía, solicito muy atentamente que estas atribuciones sean también del IFAI y que se contemplen en el artículo 39 del dictamen.
Y respecto al procedimiento de protección de datos personales, en el artículo 56 propongo que en lugar de la redacción que conserva el dictamen, diga lo siguiente:
"Contra las resoluciones del instituto, los titulares solamente, y no los responsables, podrán promover juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, para que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no tenga competencia en la materia".
Éstas son mis propuestas y mis objeciones, compañeras diputadas y compañeros diputados, creo que son objeciones razonables. Espero, sobre todo, que los diputados y las diputadas que son miembros de esta comisión acepten mis objeciones y podamos transitar en una ley que respete íntegramente nuestra Carta Magna. Muchas gracias, por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Pregunto al señor presidente de la Comisión de Gobernación si tiene algún comentario acerca de las propuestas hechas por el señor diputado.
El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): No.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No existe comentario alguno. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se admiten a discusión las modificaciones propuestas por el señor diputado Jaime Cárdenas Gracia.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas hechas por el diputado Jaime Cárdenas. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa. A ver, otra vez.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En virtud de que no fue clara la votación?
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Si me permite, señor presidente, repetirla.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ?proceda, por favor, a repetirla.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa de que se acepten a discusión las propuestas (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se desechan las propuestas presentadas por el diputado Jaime Cárdenas Gracia.
Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos que habían sido reservados.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si están suficientemente discutidos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutido, por lo que pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 7 minutos para proceder a la votación de los artículos 1o., 10, 37, 39, 43 y 56, en los términos del dictamen.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior y ábrase el sistema electrónico por 7 minutos para proceder a la votación nominal de los artículos señalados por el señor presidente, en los términos del dictamen.
(Votación)
Señores diputados, favor de registrar su voto en el sistema electrónico, resta minuto y medio para que puedan hacerlo. ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su voto? ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz la diputada Reynoso.
La diputada María de Lourdes Reynoso Femat (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Señor presidente, se emitieron 297 votos a favor, 10 en contra y 7 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Aprobados los artículos reservados por 297 votos a favor, en los términos del dictamen.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura, las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. No tenemos registrada a persona alguna, en los términos del 108 del Reglamento. En consecuencia está a discusión en lo general. Al no existir ni diputadas ni diputados inscritos, se considera suficientemente discutido.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, pregunto a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. No habiendo artículos reservados, para discutirlos en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por siete minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema hasta por siete minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz la diputada Ochoa.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Señor presidente, tenemos 285 votos a favor. Por unanimidad.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias diputado. Aprobado en lo general y en lo particular, por unanimidad, el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Proceda la Secretaría a dar cuenta con las proposiciones de los órganos de gobierno de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Señor Presidente, se recibió acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se convoca a celebrar reuniones de trabajo con los titulares de las secretarías de Educación Pública, Salud, Seguridad Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de la Procuraduría General de la República, del Servicio de Administración Tributaria y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en el seno del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para impulsar una estrategia y un programa eficaz en materia de atención y prevención de las adicciones.
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión convoca a participar en reuniones de trabajo a los titulares de las secretarías de Educación Pública, Salud, Seguridad Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de la Procuraduría General de la República, del Servicio de Administración Tributaria y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Segundo. Las reuniones de trabajo se desarrollarán en el seno del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para impulsar una estrategia y un programa eficaz en materia de atención y prevención de las adicciones en las fechas y lugares que este grupo determine.
Transitorio
Único. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 13 de abril de 2010. Firman los coordinadores de los grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En votación económica pregunte a la asamblea si se aprueba.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano (votación), gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.
Continúe con Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el formato para la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, ante el pleno de esta soberanía.
Acuerdo
Primero. El presente acuerdo establece la agenda de temas que serán analizados y el formato al que se sujetará la comparecencia, ante el pleno de esta soberanía, del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Javier Cordero Arroyo, en términos de lo dispuesto por el artículo 93, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tendrá lugar el miércoles 14 de abril a partir de las 11:00 horas.
Segundo. Los temas que serán analizados en la comparecencia serán los siguientes:
1. Regímenes especiales.
2. Programa Nacional de Reducción al Gasto Público establecido en el artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.
3. Subejercicios del Ejercicio Fiscal de 2009.
4. Evolución económica en el periodo 2009-2010.
5. Programas de rescate de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofol) y de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom), causa y montos para realizarlo.
6. Uso de fideicomisos públicos y mandatos.
Tercero. El formato al que se sujetará la comparecencia antes referida será el siguiente:
Al inicio de la comparecencia el presidente de la Cámara hará saber, de viva voz, al servidor público compareciente, que para todos los efectos que correspondan, a partir de ese momento, se encuentra bajo protesta de decir verdad, de conformidad con la obligación establecida en el párrafo segundo del artículo 93 constitucional, procediendo en este caso la toma de protesta correspondiente.
Acto seguido habrá una intervención inicial por parte del funcionario compareciente y los grupos parlamentarios, hasta por siete minutos, en el siguiente orden:
Secretario de Hacienda y Crédito Público; Grupo Parlamentario del PRI, Grupo Parlamentario del PAN, Grupo Parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Grupo Parlamentario de Convergencia.
Posteriormente se abrirán tres rondas de preguntas en las que los grupos parlamentarios en orden decreciente podrán exponer sus cuestionamientos:
Primera ronda: Grupo Parlamentario del PRI, Grupo Parlamentario del PAN, Grupo Parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Grupo Parlamentario de Convergencia.
Segunda ronda: Grupo Parlamentario del PRI, Grupo Parlamentario del PAN, Grupo Parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Grupo Parlamentario de Convergencia.
Tercera ronda: Grupo Parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del PAN, Grupo Parlamentario del PRI.
Cuarto. Las intervenciones en las tres rondas referidas anteriormente se desarrollarán de la forma siguiente:
En las primeras dos rondas: pregunta de cada grupo parlamentario, hasta por cuatro minutos. Respuesta del funcionario compareciente, hasta por cuatro minutos. Réplica del grupo parlamentario, hasta por dos minutos.
En la tercera ronda: pregunta de cada grupo parlamentario, hasta por cinco minutos. Respuesta del funcionario compareciente, hasta por cinco minutos. Réplica del grupo parlamentario, hasta por dos minutos.
Quinto. Durante la comparecencia, materia del presente Acuerdo, sólo tendrán lugar las intervenciones descritas y sólo podrá conceder el uso de la palabra, adicionalmente, por alusiones personales.
Sexto. Corresponderá a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados velar por el cumplimiento del presente Acuerdo.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.
Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a 13 de abril de 2010.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame. Diputado Ibarra Pedroza.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Me puede decir qué coordinadores firmaron el Acuerdo.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con mucho gusto, diputado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, señor secretario.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez, diputada Josefina Eugenia Vázquez Mota, diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, diputado Juan José Guerra Abud, diputado Reyes Tamez Guerra, diputado Pedro Jiménez León.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Ibarra, diga usted.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Un comentario, la ausencia de la rúbrica nuestra, del Partido del Trabajo, dos razones:
De lo que se acordó ayer, a lo que se acaba de exponer ahorita, hay dos cambios. La participación inicial del secretario de Hacienda ?que no estaba contemplada? y algo que seguramente añadieron hace unos minutos, se adicionaron en la tercer ronda, que es discriminatoria y excluyente porque segregan al resto de los partidos, salvo al PRI, al PAN y al PRD, pero no solamente eso, se aumentaron de cuatro a cinco minutos, un minuto más de lo que se había acordado; para que quede asentado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Efectivamente, los datos que comenta el señor diputado Ibarra Pedroza, fueron incrementados estos tiempos a efecto de poder quedar.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente, solamente para que quede igualmente asentado en el acta. Fueron consensuados entre los señores coordinadores y en ese sentido se acordó. Como podrá usted ver, no solamente los partidos que participan en la tercera ronda firman este acuerdo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.
El diputado Pablo Rodríguez Regordosa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Rodríguez, diga usted.
El diputado Pablo Rodríguez Regordosa (desde la curul): Presidente, sólo para dejar asentado que rechazamos tajantemente que ese acuerdo sea excluyente. Ese acuerdo reconoce la integración de esta Cámara plural.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Ibarra, diga usted.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Comentar lo siguiente: se había consensuado verbalmente el día de ayer, en la Junta de Coordinación Política, sin la participación del secretario de Hacienda en los posicionamientos. Ahí se había acordado que era exclusivamente de grupos parlamentarios.
Hoy en la mañana, como suele ser normal, hubo una llamada de la coordinación de diputados del PRI, comentándonos que ellos ya habían obsequiado la petición de la participación del secretario, que nosotros nunca compartimos. No es cierto que hayamos dado nosotros el aval o nuestra anuencia para eso, y el aumento de cuatro a cinco minutos ?que me parece irrelevante? tampoco estuvimos de acuerdo nosotros ni en que se nos excluya de la tercera ronda, que es una mala práctica.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Cárdenas Gracias.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, presidente. También para señalar que, sobre todo, esta última parte, el que seamos excluidos de la tercera ronda sí implica una exclusión de las minorías parlamentarias. No es una buena práctica parlamentaria. El peso en votos no se traduce en peso en libertad parlamentaria, en libertad de expresión.
Yo creo que es un antecedente o un precedente muy negativo el que se acuerde la exclusión de los grupos parlamentarios minoritarios de la tercera ronda, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. La asamblea ha escuchado las participaciones de todos los señores diputados que han hecho uso de la palabra, por lo cual tiene la asamblea los criterios vertidos. Continúe la Secretaría pidiendo la votación económica.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado y comuníquese. Continúe la Secretaría con acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
Continúe la Secretaría con el orden del día.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Orden del día de la próxima sesión 14 de abril de 2010.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (17:22 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 14 de abril a las 11:00 horas, en la que se llevará a cabo la comparecencia del licenciado Ernesto Cordero Arroyo, secretario de Hacienda y Crédito Público. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.