El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 279 diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (11:50 horas): Se abre la sesión. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ésta ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Sí, señor presidente. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.
Continuamos con el siguiente punto del orden del día que son Iniciativas
La Presidencia recibió del diputado Silvio Lagos Galindo, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió del diputado Rodrigo Pérez Alonso González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Fondo Nacional para el Combate contra el Secuestro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibió del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la de la Ley de Planeación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.
El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez: Con su venia, diputado presidente. Señoras diputadas y señores diputados. No hay duda que la mayor amenaza a la seguridad nacional y al Estado mexicano es el narcotráfico. Eso se expresa no sólo en la terrible espiral de violencia en la que estamos inmersos como país, y que parece no tener límite alguno, sino también en la innegable penetración del narco en la política, la economía y las instituciones que tienen por obligación combatirlo.
Es verdad que se le ha declarado la guerra; pero ésta, tal y como está planteada está condenada al fracaso y no ha tenido otro resultado que el aumento en la destrucción, la corrupción, la muerte a granel y la descomposición institucional. Por eso, el cambio de estrategia no puede esperar.
El pasado 24 de marzo, el presidente Felipe Calderón preguntó, a quienes cuestionamos la forma en la que ha enfrentado el problema del narcotráfico, que qué es lo que proponemos. Acto seguido, él mismo se contestó con el planteamiento de un falso dilema. Dice el presidente que si no mantenemos el camino trazado por su gobierno, desde el inicio de su gestión, entonces se quiere dejar hacer a los narcos, rendirse ante ellos, pactar una vergonzosa paz narca.
Se equivoca el ciudadano presidente. Hay otra opción mejor y más efectiva que la manifestada entre esos dos extremos indeseables y perniciosos. Tal y como están las cosas, resulta una criminal falta de imaginación el no abrirse a otras alternativas, el no buscar otras opciones, el reiterar lo que está más que demostrado que no funciona.
Claro que hay un camino distinto para enfrentar con éxito al narcotráfico: reducir el grado de violencia, prevenir las adicciones y atender a los usuarios de drogas.
No vengo a proponer experimentos o utopías, tampoco me interesa establecer una posición para reivindicarme ante la historia, deslindarme de una estrategia fallida o sólo dejar en claro mis convicciones a favor de una ampliación de derechos y libertades.
No. No me interesa hacer política testimonial. Lo que pretendo es que avancemos en el terreno de lo posible hacia la dirección correcta. Lo que contiene la iniciativa que hoy le presento a este pleno, no establece nada distinto a lo que en otros lugares se ha aprobado con éxito.
La estrategia de reducción de daños en 84 países del mundo y el uso terapéutico del cannabis o marihuana en 14 estados de la Unión Americana. De lo que se trata es de, por una parte, evitar contagios de enfermedades vinculadas a sustancias adictivas y reducir al máximo los riesgos y daños colaterales, con medidas sanitarias mínimas para quienes consuman drogas de riesgo; y por la otra, dar un golpe contundente a las finanzas del narco y reconocer las bondades terapéuticas que la ciencia médica ha encontrado en el uso de la cannabis.
Con estas medidas se combate tanto la transmisión de enfermedades como el SIDA, poniendo material desechable al alcance de los consumidores, como al mercado negro de la sustancia, hoy todavía ilícita, que más se utiliza en nuestro país, según la Encuesta Nacional de Adicciones, regulando la producción, transporte, venta y consumo de la planta también conocida con el nombre de marihuana.
El narcotráfico es tan fuerte como sus ganancias y sacar del comercio ilícito el cannabis, sin duda, representaría una merma considerable de las mismas. Para darnos una idea del tamaño del boquete que se haría a las finanzas de estas organizaciones criminales retomo lo dicho hace un par de años por John Walters, entonces zar antidrogas de los Estados Unidos, calculando que de los 13 mil 800 millones de dólares de utilidad desde los cárteles mexicanos en aquella nación, más de 8 mil millones corresponden a la venta de mariguana. Esta proporción debe ser aún mayor en el mercado mexicano, pues además de ser la más consumida, hay menos demanda en términos proporcionales de drogas más fuertes en México que en aquel país.
Las cifras oficiales nos dicen que se han rebasado los 20 mil caídos en esta guerra en lo que va del sexenio. No se puede ganar ésta mientras predomine la lógica punitiva sobre la visión social, mientras la fuerza se anteponga a la inteligencia, mientras se apueste más por el armamento y menos por la educación, mientras sólo se atine a responder con violencia a la violencia, mientras se combatan los efectos y no se ataquen las causas, mientras la prevención y rehabilitación sean las últimas de las preocupaciones, mientras se siga haciendo lo mismo, pensando ilusamente que vamos a tener resultados diferentes.
Mostremos la responsabilidad y el sentido común, suficientes para cambiar lo que no está funcionando y tiene a nuestro país sufriendo una derrama de sangre sin precedentes, desde la Revolución Mexicana. No se trata de ceder ante asesinos sin escrúpulos ni de doblegarse ante el poder destructivo del narco. Al contrario, de lo que se trata es de combatirlo de manera inteligente y efectiva.
Eso, entre otras cosas, es lo que busca la presente iniciativa que reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, para que el enfoque de reducción de daños, sea una política de Estado y para que el cannabis pueda utilizarse para fines terapéuticos.
Ello en el marco del avance de una eventual estrategia hemisférica de regulación del mercado de drogas ilegalizadas.
Pregunta, compañeras y compañeros?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez: Termino, diputado presidente. ¿Cuántos de los aquí presentes estamos dispuestos a discutir una estrategia alternativa integral hacia las drogas?
Compañeras y compañeros: abramos el debate. Lo peor que podemos hacer es negarle el espacio a las ideas y a la imaginación. Debatamos con objetividad y seriedad la reducción de daños y el uso terapéutico del cannabis. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia.
Tiene la palabra el señor diputado Alfonso Navarrete Prida, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida: Buenos días. Compañeros, hace unos días se presentó proyecto de iniciativa para modificaciones constitucionales que dieran viabilidad a esta reforma en materia de legalidad que propone equilibrar alguna cuestión en materia de medios de impugnación, que en este momento está desequilibrada porque solamente favorece a alguna de las partes que pudieran tener un conflicto.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán resolver la no aplicación de leyes contrarias a la Constitución en materia electoral en casos concretos. Es defensa concreta de la Constitución.
Estas determinaciones pueden ser impugnadas ante las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la vez corresponde a la Sala Superior de esta institución jurisdiccional revisar las resoluciones dictadas por esas salas regionales a partir del medio de impugnación que los partidos políticos puedan interponer únicamente ?éste es el requisito para poder analizar esta impugnación? cuando los agravios esgrimidos puedan modificar el resultado de una elección.
El medio de impugnación que la ley señala es el recurso de reconsideración. Este recurso de reconsideración solamente puede recaer bajo dos supuestos: en juicios de inconformidad promovidos en contra de resultados de elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional y en este segundo supuesto.
En los demás medios de impugnación de la competencia de las salas regionales cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución. En este segundo caso se concluye que, cuando la sentencia determine la constitucionalidad del precepto impugnado sería improcedente el recurso de reconsideración.
Esto plantea interesantes interrogantes. Se consagra un efectivo acceso a todas las partes a la jurisdicción en materia de constitucionalidad a través de este medio. Y la otra, para quién estaría diseñado el medio de defensa, porque el único que podría eventualmente interponerlo sería el tercero perjudicado.
Por ello es indispensable darle funcionalidad al sistema y garantizar a todas las partes un efectivo acceso a la jurisdicción electoral en materia de control constitucional. Se plantea la reforma al inciso b) de este artículo 61 de la ley de la materia para quedar de la siguiente manera:
b) Las sentencias que dicten las salas regionales en cualquier medio de impugnación de su competencia, cuando de la demanda que motiva el citado medio se desprendan planteamientos sobre la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.
Esta adición haría sentido con la adición propuesta al artículo 62, inciso c), que establece como presupuesto del recurso de reconsideración que bastará que en la demanda se realice el planteamiento sobre la no aplicación de una ley electoral y que en la sentencia se haga el pronunciamiento al caso concreto sobre la constitucionalidad de la norma aplicada, o bien, la no aplicación por considerarla contraria a la Constitución.
El recurso procederá también, cuando en la sentencia de fondo la Sala Regional omita decidir sobre los planteamientos de constitucionalidad y se hagan valer en los agravios.
Con esto, el recurso de reconsideración sería procedente contra sentencias de las Salas Regionales del Tribunal Federal Electoral que resuelvan un asunto de fondo, consistente en la aplicación o no aplicación de una ley por considerarla constitucional, en el primer caso o inconstitucional en el segundo.
Tenemos un gran proceso de reforma en materia electoral que ha empezado en el 2007 y que cobró vigencia en el 2008 con leyes secundarias, se trata ahora de perfeccionarlo y darle un equilibrio procesal que garantice la justicia efectiva y el control de la constitucionalidad a quien desee por su derecho a ejercerla. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación.
Tiene la palabra la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu?
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Benítez, dígame usted.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Rogarle, señor presidente, que consulte al diputado proponente, si acepta que me adhiera a su importante iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Diputado Navarrete, está usted de acuerdo en que el diputado Benítez apoye su iniciativa?
El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): Sí, estoy de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo. Pasen por favor a la Secretaría.
Tiene la palabra la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 18, 19 y 79 de la Ley Agraria.
La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu: Con su venia, diputado presidente. La suscrita diputada integrante de esta LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 18, 19 y 79 de la Ley Agraria con base en la siguiente
Exposición de motivos
En México actualmente las mujeres asumen un papel cada vez más relevante en la agricultura, fundamentalmente provocado por la migración rural de los hombres a las ciudades y a otros países.
Frecuentemente son escasas las acciones de apoyo para que produzcan y compitan, tanto como los hombres como en los diversos estudios que coinciden en que las economías nacionales, que mejorarían considerablemente si se implementaran políticas públicas y acciones afirmativas que impulsen una mayor contribución de las mujeres a la producción agrícola.
El futuro de las mujeres está muy asociado a la suerte de los grupos familiares y sociales a los ellos pertenecen. En los últimos años, las condiciones en que se produce en el campo han cambiado radicalmente. La apertura comercial, la supresión de funciones regulatorias y compensatorias del Estado en la producción y los mercados; la reducción del gasto público y la integración de nuevas economías al bloque del Norte, dan por hecho que en el reino neoliberal sólo la gran empresa y el capital trasnacional tienen cabida y que millones de jornaleros y pequeños propietarios sobran.
Así, un factor rural de por sí rezagado en el terreno productivo y social quedó en el desamparo y debe de competir en desventajas totalmente adversas.
Las labores que hoy realizan las mujeres campesinas: el trabajo doméstico y productivo de la parcela, las actividades del traspatio, el pastoreo, la producción, la venta de sus artesanías y la migración, eran muy conocidas por ellas. Hoy consumen jornadas más largas, laboran intensivas horas. Por eso se habla de una feminización de la actividad agrícola, porque las mujeres están asumiendo cada vez más las tareas quedándose al frente de la responsabilidad de hacer productivas sus tierras. Datos de América Latina indican que el 35 por ciento de las mujeres campesinas están al frente de las unidades y de la responsabilidad familiar.
Se prevé que en el año 2020 la población de mujeres rurales superará a los hombres en aproximadamente 800 mil habitantes, se debe entonces tomar en cuenta a las mujeres como factor principal de cohesión y desarrollo familiar. Ante los fenómenos de la migración, que ha dejado comunidades y familias, niños, mujeres y ancianos enteros en la soledad.
Obligadas por las nuevas circunstancias a asumir la conducción familiar y, en ocasiones, la iniciativa para el desarrollo de las comunidades, lo hace a su propia exigencia. Hasta entonces ocultas por su condición de subordinadas y ahora emergente por la fuerza del trabajo y la necesidad para seguir adelante. Es la feminización de la pobreza.
En el campo el trabajo de las mujeres representa más del 50%, por lo que es importante destacar que ellas son agentes de producción, que producen el desarrollo comunitario y familiar, son en consideración para combatir la venta y renta de tierras a personas ajenas.
Por eso, ahora mismo buscamos el impulso del desarrollo y bienestar de la familia, que permaneció en el rezago y en la pobreza. Por lo que apoyar a las mujeres en el campo implica proteger las comunidades originales y la familia y su patrimonio.
Las mujeres se ven forzadas a asumir nuevos roles, no sólo como administradoras de recursos familiares, reproductoras de valores sociales y afectivos, sino también como proveedoras para la familias.
Por eso es necesario que la Ley Agraria prevea la figura jurídica del patrimonio familiar y establezca en su marco jurídico hacer valer sus derechos como productoras, gestoras demandantes de servicio y defensoras del patrimonio familiar. Luchar por la defensa de la tierra como bien familiar, con igualdad de oportunidades, es una medida para combatir el despojo y la discriminación de la mujer en el futuro rural.
Con la legalidad civil y supletoria de la Ley Agraria, ésta prevé la figura del patrimonio familiar defendiéndola como una institución de interés público, para proteger económicamente la familia y sostener el hogar, determinando como uno de los bienes inalienables de la Constitución; no serán sujetos de gravámenes reales ni embargos. En consecuencia, resulta necesaria su incorporación a la Ley Agraria, a fin de tutelar los derechos de la mujer campesina como cabeza del núcleo familiar.
Por ello es importante crear la institución jurídica necesaria para salvaguardar el entorno y contribuir a crear una cultura que proteja y resguarde el patrimonio familiar de la familia campesina.
Por lo expuesto me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que reforma los artículos 17, 18, 19 y 79 de la Ley Agraria.
Señor presidente, por obviedad del tiempo en tribuna me permito solicitar que la presente iniciativa sea inscrita íntegramente en el Diario de los Debates. Atentamente, su servidora, diputada Hilaria Domínguez Arvizu.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.
Señoras diputadas y señores diputados, contamos con la visita de alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Asimismo, con estudiantes y maestros de la maestría de impuestos, de la UNAM. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra el señor diputado Víctor Manuel Báez Ceja?
La diputada Ana Estela Durán Rico (desde la curul): Señor presidente, quisiera adherirme a la propuesta de la diputada Domínguez.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada María Hilaria Domínguez, ¿está de acuerdo en que se adhieran a su propuesta?
La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu (desde la curul): Sí, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo. Puede firmar su iniciativa. Adelante, diputada.
Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
En línea con la agenda de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el pasado 6 de abril se presentó en esta tribuna una iniciativa de reforma al artículo 28 constitucional, para incorporar a las prioridades del Banco de México, además de la estabilidad de la economía, la de procurar el crecimiento y la generación de empleos en el país. Dicha iniciativa también busca otorgarle la atribución de regular la administración de las reservas de divisas internacionales.
Esperando que la misma sea aprobada, hoy se presenta una reforma a la Ley del Banco de México en sus artículos 2o., 3o., 9o.; 12, 18, 19, 21, 23 y 53. Con ella se propone dotar a esta institución de los instrumentos y la flexibilidad que podrían ser necesarios para cumplir con ese nuevo mandato.
Esta reforma de ley al Banco de México define el objetivo del Banco Central como la búsqueda de la estabilidad sostenible del poder adquisitivo de la moneda nacional, mediante el fortalecimiento de la actividad productiva y la generación de empleo en el país.
Siempre en función de ese objetivo, se propone que el Banco de México presida la Comisión de Cambios y pueda fortalecer las reservas de divisas hasta revertir el efecto negativo del arbitraje como una decisión para alcanzar la soberanía monetaria. Asimismo se abre la posibilidad de que el banco pueda prestar valores al gobierno federal para respaldar proyectos estratégicos de las empresas públicas y de la Banca de Desarrollo.
Con estas reformas se consolidan las obligaciones del Banco de México, se preserva la autonomía de la institución y se aumentan las herramientas de las que pueda disponer para alcanzar sus objetivos, incluyendo paradójicamente la posibilidad de una mayor coordinación con el Ejecutivo.
Para explicar la importancia de estas propuestas, vale mencionar la posición que asumió el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, en una entrevista reciente. El funcionario argumentó que no es necesario que se agregue el objetivo de promover el crecimiento y la generación de empleos, porque afirmó que el actual mandato del banco de controlar la inflación no se opone al crecimiento económico. Explicó que una inflación baja y estable permite tener financiamiento y bajas tasas de interés.
Y tiene razón, porque cuando se logra frenar la inflación como producción interna con una mayor competencia entre regiones y productores del país, con una mayor productividad e innovación y menor dependencia del exterior, las economías crecen con mejores condiciones de financiamiento y una mayor certidumbre en el comportamiento de los precios. Queremos que el Banco de México actúe con esa visión.
Desafortunadamente, como se ha observado en los últimos años, eso no se logra con la estrategia aplicada hasta ahora en esa institución, porque ha contenido la inflación mediante el subsidio a las importaciones, aumentando la dependencia el sometimiento a la estructura productiva del país a una competencia desventajosa, comprometiendo los recursos que con una estrategia diferente habrían apoyado a los productores nacionales.
Por cierto, eso no es algo que ignore el funcionario. En la entrevista mencionada destacó, entre los factores que están frenando la inflación en estos momentos, una apreciación muy significativa del tipo de cambio, un factor que sirve para mantener bajos los precios de los bienes comerciales y es la razón por la cual la inflación subyacente viene comportándose mejor de lo que esperábamos.
Cabe recordar que eso ha sido la historia de los últimos años en los que el peso se fortaleció por la gran disponibilidad de divisas que tuvo México, gracias a la liquidez y a las bajas tasas de interés en los mercados mundiales, a las exportaciones de petróleo, las remesas, la inversión extranjera en sectores estratégicos, los dólares del narcotráfico y los capitales especulativos.
Nunca en la historia del país se había contado con esa masa de recursos, cuya ausencia en otras ocasiones fue la causa de profundas crisis. Sin embargo no se utilizaron para financiar el crecimiento, sino para subsidiar las importaciones para contener la inflación.
Por eso, a casi 10 años de que en México se logró romper el piso del 5 por ciento de inflación anual y de la aplicación de importantes reformas estructurales que implicaron la apertura de sectores estratégicos y a pesar de la masa de recursos de que dispusieron los operadores de la política económica, no mejoraron las condiciones para la mayor parte de la planta productiva y el deterioro social es muy grave.
Hoy, la mayoría de esos factores siguen pesando, pero ha aumentado la importancia de los capitales especulativos y eso ha propiciado una mayor apreciación del peso, a tal grado que para regular ese fenómeno la Comisión de Cambios puso en marcha un esquema de subasta de compra de divisas para aumentar las reservas.
El problema está en que eso no obedece a una estrategia y sólo se propone a acumular activos financieros, sin darle un uso rentable para el país.
En estos 10 años, la estrategia para bajar la inflación ha contado con condiciones que se comparan ventajosamente con todo lo vivido en el pasado. Sin embargo, el entorno favorable de esa política no será permanente, por lo que es necesario anticiparnos y tomar medidas para fortalecer nuestra economía, único soporte del bienestar de los mexicanos.
Por eso, los invito a apoyar esta propuesta de reforma a la Ley del Banco de México, que obliga a la institución a ser más creativa en el uso de los recursos, como una de las medidas que se deben adoptar para corregir el rumbo de nuestra economía en beneficio de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable asamblea, contamos con la visita de alumnos y maestros de la Universidad Cristóbal Colón, de Veracruz, Veracruz. Sean ustedes bienvenidos.
El diputado David Penchyna Grub (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Penchyna, dígame usted.
El diputado David Penchyna Grub (desde la curul): Para pedirle que le pregunte al ponente, el diputado Víctor Báez, del punto anterior, si me permite sumarme a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Cómo no. Diputado Báez Ceja, ¿está usted de acuerdo en que se adhiera el señor diputado Penchyna?
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (desde la curul): Por supuesto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputado, autorizado.
Tiene la palabra el señor diputado Alfredo Villegas Arreola, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por los diputados Óscar Javier Lara Aréchiga y el diputado Alfredo Villegas Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Alfredo Villegas Arreola: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el contexto de una gran estrechez de recursos fiscales, la reforma de la hacienda pública en México es una tarea inaplazable.
En este proceso de revisión de las finanzas públicas, particularmente es necesario propiciar y garantizar un mayor fortalecimiento de los municipios. Necesitamos reducir la enorme dependencia que tiene la hacienda municipal con respecto a los ingresos federales.
Las facultades de los municipios que tienen en materia tributaria son muy pocas, destacan el impuesto predial y los ingresos que obtienen por prestación de los servicios de agua potable.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 constitucional, al municipio le corresponde otorgar los servicios de agua potable para los usos doméstico y público-urbano, así como los de drenaje y saneamiento de las aguas residuales.
Ante la urgente necesidad de consolidar estas fuentes de recursos propios, un servidor y el diputado Óscar Javier Lara Aréchiga sometemos la siguiente iniciativa a la consideración de esta honorable asamblea.
Es un proyecto de decreto por el que se reforma el inciso h), de la fracción II, del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. En dicho apartado se grava con tasa cero la prestación del servicio independiente de agua potable para uso doméstico, a efecto de que los prestadores del servicio puedan obtener la devolución de este impuesto.
Pero hay otros componentes y aspectos del mismo servicio público que no reciben el mismo tratamiento fiscal. La mayor parte de los recursos que invierten los organismos municipales se aplican en la compra y contratación de servicios para mantener en buenas condiciones los sistemas de drenaje sanitario, así como en el tratamiento y disposición de aguas residuales.
Por ello sometemos a consideración de esta soberanía una reforma al inciso h), fracción II, del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Este proyecto de decreto es con el propósito de incorporar al gravamen con tasa cero las operaciones, adquisiciones y contratación de servicios, que lleven a cabo los municipios o sus organismos descentralizados encargados de los sistemas y que tengan como objetivo proporcionar, además del servicio de agua potable, los servicios de alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales de origen doméstico. Con esta reforma se le podrá reconocer el derecho a la devolución del IVA que hubiesen pagado por estos conceptos los prestadores del servicio.
De aprobarse esta iniciativa todos los municipios del país contarían con mayores recursos para prestar un servicio de más calidad a la población. La economía de todos los hogares, de igual manera, resultaría favorecida al dejarse de pagar el IVA por estos conceptos.
Con esta reforma legislativa también podremos avanzar más rápido en una de las vertientes nacionales como es el Programa Nacional Hídrico, que en el fondo lo que busca es mejorar la infraestructura hidráulica en todo el país.
En estos renglones tenemos muchos rezagos. La cobertura nacional de drenaje y alcantarillado es de 86 por ciento, pero en el medio rural es de 57 por ciento, y por su lado las aguas residuales que reciben tratamiento solamente cubren el 40 por ciento del país.
Quiero comentar también que estos planteamientos para esta reforma ya los habíamos recibido aquí en la Cámara a través de importantes organizaciones como la Federación Nacional de Municipios y la Asociación de Autoridades Locales de México.
Por estas razones, y por la importancia que significa para la hacienda pública municipal, queremos contemplar que, los municipios, en su incansable búsqueda de mayores beneficios y de mayores recursos, con esta reforma lograrían un buen margen de recursos para el desarrollo y desempeño de los municipios en el marco de lo que establece el artículo 115 constitucional.
Por estas razones, compañeras y compañeros diputados, esperamos contar con su apoyo para este tema. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social.
El diputado Rolando Bojórquez Gutiérrez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame usted.
El diputado Rolando Bojórquez Gutiérrez (desde la curul): Sí, diputado presidente, para pedir solicite al diputado Alfredo Villegas a ver si nos podemos adherir a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Villegas, ¿está usted de acuerdo en que se adhieran a su iniciativa?
El diputado Alfredo Villegas Arreola (desde la curul): De acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo el diputado. Pasen a la Secretaría.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, presidente. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 2001, establece que está prohibida toda forma de discriminación en este país. Esto sin duda es un gran paso en el camino a la igualdad de oportunidades y el trato a las personas.
También la prohibición de las conductas discriminatorias, señaladas en el artículo 1o., establecen medidas positivas y compensatorias a favor de mujeres, personas con discapacidad, niñas y niños, adultos mayores y población indígena, entre otros, esto es parte de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación publicada en el 2003.
Derivado de dicha legislación se han propuesto diversas modificaciones legislativas a nuestro orden jurídico, con el fin de crear las condiciones que posibiliten la igualdad de oportunidades y el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas que conforman los denominados "grupos en situación de exclusión". Entre estos están integradas las trabajadoras domésticas.
Pese a estar reconocido en distintos ordenamientos, continúa siendo objeto de conductas discriminatorias que se traducen en la vulneración de los derechos fundamentales que nuestro Estado reconoce en todas las personas.
Es importante recordar que históricamente el trabajo doméstico ha sido regulado de manera discriminatoria. Un ejemplo claro de la discriminación que se ejercía contra este sector estaba en la Constitución de Cádiz de 1812, en la cual en su artículo 25 establecía que "los derechos del ciudadano se perdían por el estado de ser sirviente doméstico".
Para el caso de México, el Inegi refiere que durante el 2005 y hasta 2008, aproximadamente el 11 por ciento de los 13 millones de mujeres menores de 12 o más años, estaban ocupadas en el trabajo doméstico.
A este respecto y con base a la Encuesta Nacional de Empleo en el 2002, el Instituto Nacional de las Mujeres, con motivo del Día Internacional del Trabajo Doméstico, dio a conocer información muy dura referente a las empleadas domésticas.
Casi una quinta parte de las mujeres son menores de 20 años; el 16 por ciento no asistió a la escuela y el 7 por ciento no la concluyó y sólo un 24 por ciento ingresó a la secundaria. Una quinta parte de las trabajadoras domésticas son jefas del hogar; 40 por ciento de las empleadas domésticas ganan menos de un salario mínimo; 44 por ciento, de uno a dos salarios mínimos; y el 13 por ciento, más de dos salarios mínimos.
Relacionado con los bajos niveles de ingresos, se observa que tres cuartas partes de las trabajadoras domésticas no tienen ningún tipo de prestación social y sólo una de cada 100 cuenta con seguridad social; 20 por ciento de las trabajadoras doméstica recibe alguna prestación y el 97 por ciento de ellas recibe aguinaldo; sólo el 44 por ciento de ellas tiene vacaciones pagadas con goce de sueldo.
En esta panorámica, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su relatoría especial sobre formas contemporáneas de esclavitud, ha considerado que las empleadas del hogar son víctimas de explotación laboral, bajo salario, abuso físico e incluso sexual.
La ONU ha señalado que la falta de una regulación puntual sobre esta actividad, ha permitido la generación de situaciones en las que se obliga a una persona en situación de vulnerabilidad, a trabajar sin una compensación económica real y que, incluso, se llega al extremo de ser privada de su libertad.
Por eso es necesario hacer una serie de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social que permita, partiendo de la realidad actual, regular de manera digna los derechos laborales que deben asistir a las personas que prestan sus servicios en el hogar, dejando atrás argumentos discriminatorios en los que se les priva de seguridad social, de vivienda, del descanso, del pago de jornadas extraordinarias, sólo por citar algunos.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de Seguridad Social.
Lo anterior a fin de que se establezcan las condiciones laborales por parte de las personas empleadoras y de las trabajadoras del hogar, que establezcan beneficios y obliguen mutuamente, el contrato especifique salario digno y justo, que dé la posibilidad de tener una calidad de vida digna; jornada laboral justa, que debe respetar el horario y días de descanso que establece la Ley Federal del Trabajo para las y los trabajadores en general; Seguro Social, el cual debe de dejar de ser considerado como "voluntario" e incluido como parte del régimen obligatorio; vacaciones que deben ser mínimo de 6 días al cumplir 1 año de servicio, que aumente 2 días por cada año siguiente, hasta un máximo de 12 días con goce de salario mínimo; aguinaldo, que debe de entregarse antes del 20 de diciembre de cada año y la cantidad será correspondiente a 15 días de salario; indemnización en caso de despido injustificado o de violación de los derechos laborales; trato respetuoso y sin discriminación, reconociendo ante todo su integridad como persona y valorando el trabajo de desempeño.
Las empleadas del hogar no son nuestras criadas ni nuestras sirvientas; merecen respeto, un trato digno y leyes justas. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, dígame, diputada Pérez de Tejada.
La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (desde la curul): Gracias. Primero que nada felicitar a la diputada por su iniciativa y preguntarle si me permite adherirme.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada Anaya, ¿está usted de acuerdo en que se adhieran a su iniciativa?
La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Estoy de acuerdo, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Ha manifestado su anuencia, puede usted pasar a firmar a la Secretaría.
Señoras y señores diputados, les informo que tenemos la visita y les damos la bienvenida a maestros y alumnos del Video Bachillerato de Abasolo, Guanajuato, que han sido invitados por el diputado Ramón Merino Loo.
Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados. El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan, reforman y adicionan los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 60 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Durante el siglo XX en México el tema de la representación y los procesos electorales se discutió en innumerables ocasiones en este Congreso. Reformas políticas se presentaron, se discutieron, se aprobaron y dieron nuevo rumbo a la vida política de nuestro país.
Para entender la composición actual de esta Cámara y la forma de acceder a ésta es necesario tener presentes las diversas reformas más significativas que se dieron durante el siglo pasado.
La reforma de 1963 crea la figura de diputados de partido, permitiendo por primera vez que otras organizaciones políticas tuvieran acceso a esta Cámara.
En 1977 se instauró la figura de los diputados de representación proporcional, quedando establecidos los 300 distritos uninominales y 100 diputados de representación proporcional.
En 1986, entre otras cosas se aumentó el número de diputados de representación proporcional de 100 a 200 diputados.
Fue apenas a principios de la década de 1990 que se dio origen a nuestras nuevas instituciones electorales, como es el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral.
Hoy los mexicanos tenemos estas extraordinarias instituciones.
La reforma de 1996 convirtió al Instituto Federal Electoral en un organismo público autónomo ciudadano. Derivado de los resultados de las elecciones en todos estos procesos, hoy son más competidas, los partidos políticos tienen igualdad de circunstancias, realizan las tareas frente a la ciudadanía y los candidatos están presentes en cada una de sus elecciones, junto al electorado.
Hoy los ciudadanos participan cada vez más en las discusiones sobre asuntos públicos. Nos dan a entender los ciudadanos en las visitas y frente a los medios de comunicación que requieren de cambios en la legislación electoral.
Es demanda de la ciudadanía la desaparición de los diputados plurinominales. Por diversos canales y en distintos foros los ciudadanos exigen que prevalezca en la ley la manera de elegir a sus representantes a través del sistema de mayoría relativa.
Los diputados de representación proporcional han dado, sin duda, una gran experiencia a esta Cámara. Por este lugar han pasado diferentes personalidades como el mismo José Luis Lamadrid, como don Andrés Henestrosa, como Heberto Castillo, como Miguel Estrada Iturbide y Rafael Preciado Hernández.
No obstante, hoy la realidad es diferente de acuerdo a lo que los ciudadanos están observando en las tareas políticas de nuestro país. Los métodos electorales no pueden ni deben ser eternos, por lo que, lo que en un tiempo tuvo razón hoy debe modificarse para dar paso a nuevos métodos acordes a la realidad de lo que está viviendo nuestro país.
Por lo expuesto, proponemos reformar el artículo 52 de la Constitución para eliminar de su texto la referencia a los 200 diputados que serán electos por el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.
Derogar del artículo 53 el segundo párrafo referente a que se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales.
Derogar el artículo 54 que establece la manera de elegir a los diputados plurinominales.
Derogar del artículo 55 el segundo párrafo de la fracción III, que establece los requisitos para ser candidato por el principio de representación.
De los artículos 56 y 60 se deroga lo relacionado a los senadores de representación proporcional?
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Pedimos a los señores diputados que guarden la compostura.
El diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ...y primera minoría.
Se reforma el artículo 63, en la parte conducente a la manera de cubrir las vacantes que deben presentar los diputados y senadores plurinominales.
Por razones de tiempo solicito al presidente que ordene se integre al Diario de los Debates el contenido íntegro de esta iniciativa que entrego a la Secretaría. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como ha solicitado el señor diputado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Juan José Cuevas. Dígame diputado.
El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): Diputado presidente, para solicitar que le pregunte al licenciado Francisco Ramírez Acuña si me permite adherirme a su importante iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Cómo no, diputado.
El diputado Ricardo Sánchez Gálvez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Ricardo Sánchez Gálvez. Dígame. Sonido a la curul del diputado Sánchez Gálvez, por favor.
El diputado Ricardo Sánchez Gálvez (desde la curul): En el mismo sentido, diputado presidente. Felicitar al diputado Ramírez Acuña por la presentación de esta iniciativa, que hace caso, y hoy sabemos que hay eco a esos millones de voces en el país que claman porque desaparezca la figura de los plurinominales. En segundo lugar, también para solicitar la adhesión a esta importante iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Señor diputado Francisco Ramírez Acuña, varios diputados han solicitado adherirse a su iniciativa. ¿Está usted de acuerdo?
El diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (desde la curul): Sí, estoy de acuerdo.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Serrano. Dígame.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Yo estoy de acuerdo en que desaparezcan los plurinominales.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Los diputados que estén de acuerdo en adherirse a la iniciativa presentada por el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, pueden pasar a la Secretaría para firmar su adhesión.
Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera.
El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente.
Exposición de motivos
México juega un papel importante en la producción mundial de minerales metálicos y no metálicos siendo el primer productor de celestina y bismuto; segundo en fluorita, tercer productor en plata, cuarto en arsénico, antimonio, plomo y cadmio; noveno productor mundial en oro, décimo en tungsteno y onceavo en cobre, todos ellos materias primas fundamentales para los países desarrollados y en vías de desarrollo como el nuestro país.
A pesar de esta riqueza natural el país no ha podido aprovechar plena y sustancialmente estos recursos. El pacto social, principio rector de nuestra Constitución Política, ha sido desmantelado con diversas reformas constitucionales antisociales, tal es el caso de la reforma en 1992 al artículo 27 constitucional, que dio origen a la Ley Minera, Ley Agraria, Ley de Aguas Nacionales y otras, abriendo con esto una nueva dependencia nacional respecto de las potencias extranjeras.
Los ataques a nuestra soberanía son evidentes, la libertad de organización y las demandas de justicia se ven anuladas y criminalizadas por el despotismo gubernamental. La resistencia de los trabajadores mineros, campesinos, obreros, entre otros, a ser desalojados y privados de su patrimonio ancestral crece y crea condiciones de alta confrontación social y de ruptura nacional.
En el caso de la industria minera, a las empresas se les ha concesionado entre el 20 y 21 por ciento del territorio nacional, equivalente casi a la dimensión del estado de Chihuahua, resaltando las concesiones que se han otorgado al Grupo México y sus subsidiarias que son propiedad de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, a pesar de que el artículo 28 constitucional señala claramente que: "En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones del impuesto en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria." Este artículo sigue sin aplicarse.
Siguiendo con el caso de Grupo México, éste controla gran parte de las concesiones del sector minero, y ninguna autoridad ha actuado conforme a derecho contra este grupo. Y si seguimos analizando, encontraremos ambigüedades en la Constitución federal, en leyes reglamentarias y reglamentos, es decir, en este vacío e incoherencia jurídica muchos grupos empresariales, empresas transnacionales, se han beneficiado; al final, la comunidad y el medio ambiente, los derechos sociales y humanos y la soberanía, intereses y futuro de la nación son sometidos al interés meramente monetario de uno cuantos y son subordinados ante el mercado.
Ante esta situación, no podemos estar pasivos; motivo por el cual, hace unos días se convocó en esta Cámara de Diputados a la celebración de una serie de foros denominados Problemática minera en México. Análisis y soluciones, abordando distintos temas de la problemática minera en el país, contando con la participación de diputados sensibles a este asunto de distintos grupos parlamentarios, llegamos a conclusiones importantes.
Dichos foros dieron a conocer una serie de irregularidades en las que se encuentran operando las empresas mineras en nuestro país. Tal es el caso, por ejemplo, de la minería que utiliza el sistema de tajo a cielo abierto y el uso de sustancias químicas altamente tóxicas como es el cianuro de sodio para los procesos minero metalúrgicos; se denunciaron las distintas violaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ya que estos proyectos causan contaminación atmosférica por las grandes cantidades de polvo que generan y que contienen altos niveles de nitrato de amonio, diesel y partículas de los detonantes de los explosivos que utilizan para demoler los cerros; estas empresas consumen y contaminan grandes cantidades de agua para sus procesos de lixiviación.
Pr ejemplo el tajo a cielo abierto de Mazapil, en el estado de Zacatecas, una zona semidesértica con grave escasez de agua, utiliza para sus procesos de lixiviación 94 millones de litros de agua diario, por cada dos litros de agua, utilizan un gramo de cianuro de sodio, una parte de esta agua, aproximadamente un 50 por ciento, se evapora y forma nubes de ácido cianhídrico que viajan por efecto de los vientos distancias que pueden llegar a cientos de kilómetros, precipitándose como lluvias ácidas. Esto contamina la atmósfera y afecta el ciclo hidrológico.
En el cerro de San Pedro, por ejemplo, en el estado de San Luis Potosí, la empresa New World, de origen canadiense, tiene un consumo de 32 millones de litros diarios de agua, que extrae de un acuífero que surte el 40 por ciento al estado y que se abate peligrosamente, dado que se le extrae el doble de su recarga. Esto sin contar con los problemas a la tierra, ya que miles de hectáreas de tierra quedaron inutilizadas de por vida para cualquier actividad productiva.
Se denunció también en este foro, el solapamiento de las autoridades por el hecho de que, a pesar de las denuncias interpuestas por la comunidad, por trabajadores y organizaciones opositoras, las mineras siguen operando en estas condiciones.
Se anunció también que por la vía jurídica se ha logrado la derrota ante los tribunales superiores de nuestro país, a la empresa canadiense metálica Resurge Inc., ahora New World Minera de San Javier, y al Grupo México, entre otras y se ha demostrado con suficiente claridad la inconstitucionalidad de los proyectos, pero las autoridades no actúan.
En lo referente a la situación laboral se denunció la actuación de las administraciones panistas, que han obstaculizado impulsando el retroceso de los derechos sindicales y reprimido con fiereza las luchas de los trabajadores. Tal es el caso de las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco, en las cuales, ante las condiciones de seguridad, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana se vio en la necesidad de estallar las huelgas el día 30 de julio del año 2007.
Los motivos que llevaron a este paro de labores fueron principalmente las pésimas condiciones de seguridad que padecen estos mineros.
Esta suspensión de labores busca prevenir sucesos tan dolorosos como los que se desarrollaron en Pasta de Conchos?
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Su tiempo ha concluido, señor diputado. Le suplicamos abreviar su intervención.
El diputado Ramón Jiménez López: Le agradezco, señor presidente. Ante esa situación, solicito solamente a usted que sea incorporado en el Diario de los Debates el texto íntegro de esta iniciativa, que entre otros ?para concluir? plantea también la creación de la Comisión Reguladora como organismo público descentralizado, encargado de emitir disposiciones de carácter general en materia de seguridad e higiene; en materia minero-metalúrgica e igualmente, verificará el debido cumplimiento de éstas y demás disposiciones aplicables en la materia, para el debido respeto de la vida y seguridad de los trabajadores.
Finalmente, en esta iniciativa se establece el concepto de interés superior del trabajador minero y de la ecología. Además, en consulta con los científicos de nuestro país se propone la creación de un Centro Nacional de Investigaciones en Metalurgia Extractiva, con el carácter de organismo público descentralizado y no adscrito a ninguna dependencia.
Son éstas algunas de las propuestas que están incluidas en esta iniciativa de reforma a la Ley Minera. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como ha solicitado el señor diputado, inscríbase el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Economía.
El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Verver. Dígame.
El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (desde la curul): Quisiera solicitar al diputado Jiménez adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Jiménez.
El diputado Ramón Jiménez López (desde la curul): Acepto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Ha aceptado el diputado Ramón Jiménez que puedan adherirse a su iniciativa. También el diputado Agustín Guerrero ha solicitado la adhesión. Pueden pasar a firmar la iniciativa aquí a la Secretaría.
Tiene la palabra el señor diputado Avelino Méndez Rangel, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El diputado Avelino Méndez Rangel: Con su permiso, señor presidente. Después del ruido que causa la iniciativa de nuestro presidente Ramírez Acuña de desaparecer los plurinominales, espero que alguien ponga atención en esta propuesta que estamos haciendo.
Usualmente se identifica al Distrito Federal como un centro poblacional urbano considerando la vida rural como ajena al mismo. Sin embargo, la realidad es que las zonas rurales impactan trascendentalmente tanto en las actividades económicas como en el medio ambiente de la capital de la república.
La expansión urbana de la Ciudad de México ha generado una continuidad espacial a través de asentamientos humanos y flujos de personas y bienes, con el territorio de los municipios cercanos a los estados de México e Hidalgo, conformando así lo que se conoce como la zona metropolitana del valle de México.
La zona tiene importancia significativa en el país en términos económicos, sociales, políticos y desde la perspectiva ambiental en una extensa área geográfica. La participación en el PIB nacional es del orden de 32 por ciento, correspondiéndole 21.5 al Distrito Federal y el 10.5 a los estados de México e Hidalgo.
De los más de 20 millones de mexicanos habitantes en la zona metropolitana, alrededor de 9 corresponden al Distrito Federal; y, al ser éste la sede de los Poderes federales se constituye como el centro político de mayor relevancia de la nación.
El suelo de conservación tiene una importancia estratégica desde el punto de vista ecológico, particularmente en el Distrito Federal, donde tiene una extensión aproximada -en números redondos- de 88 mil hectáreas, con un suelo urbano de 61 mil hectáreas.
Aunque esta iniciativa modifica diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable sólo hace referencia al Distrito Federal debido a que, para sus propósitos, los estados de México e Hidalgo ya están considerados.
Sin embargo, es indispensable tener referencia de la zona metropolitana debido a que ella constituye una unidad compleja desde el punto de vista social, económico, territorial y particularmente en materia ambiental.
Dentro de esta perspectiva es necesario destacar el componente ambiental debido a que es en él donde se están manifestando fenómenos que están poniendo en riesgo la viabilidad, tanto de la zona metropolitana en su conjunto como del Distrito Federal en particular.
La disponibilidad de agua constituye un factor clave para identificar el grado de deterioro que se ha provocado en el ecosistema debido a que la misma es el resultado de un conjunto de factores que se asocian al equilibrio ecológico. En este sentido es pertinente recoger datos oficiales que nos permitan dimensionar la magnitud del problema ambiental que ya estamos enfrentando.
El abastecimiento de la zona metropolitana se está dando a costa del agotamiento de los acuíferos, lo que ha provocado el incremento gradual del suministro de agua de áreas adyacentes. Es decir, la debemos traer de fuera.
Al respecto se ha destacado el problema de sobreexplotación del acuífero del valle de México, en donde proviene el 75 por ciento del agua para el uso público urbano en la zona metropolitana. El resto, casi en su totalidad viene del Cutzamala.
La condición de sobreexplotación en la zona metropolitana se expresa en una extracción total que excede en un 120 por ciento -de manera conservadora- la magnitud de la recarga, lo que produce fuertes asentamientos en el terreno en algunas áreas de la región. Esto provoca agrietamientos del terreno y daños a la infraestructura urbana difíciles de cuantificar.
Los niveles del agua de los acuíferos, durante el periodo de 1993 a 1998, muestran un descenso neto de 6 a 10 metros en las zonas más intensamente sobreexplotadas de esta región. Este fenómeno está vinculado de manera muy importante al crecimiento de la mancha urbana, a los procesos de deforestación asociados a la misma, lo que genera importantes efectos negativos en el medio ambiente.
Además, se ha dado un importante decrecimiento de la superficie de las áreas verdes en la zona metropolitana; alteración del ciclo hidrológico debido a la pérdida de superficie por el cambio en el uso de suelo de forestal a agrícola y habitacional urbana, lo que degrada la cubierta vegetal y modifica el microclima de la región por deforestación, lo que conlleva a la erosión de suelos, pérdida de vegetación o biodiversidad y disminución de especies de flora y fauna.
Sin el ánimo de ser catastrofista, afirmamos que la zona metropolitana se encuentra en una situación de crisis que es urgente afrontar. La iniciativa que proponemos contribuye a la solución debido a que incorpora al Distrito Federal como beneficiario de las políticas a coadyuvar en el mejoramiento del medio ambiente y, en general, del desarrollo rural sustentable, y para que se equipare en todo sentido para efectos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable con el resto de las entidades federativas.
Señor presidente, solicito se incorpore el texto íntegro en el Diario de los Debates. Antes de concluir, compañeras y compañeros, porque luego aquí desconocen algunos, quiero en principio quejarme porque no han podido entrar a este recinto los representantes de esas zonas, que son ejidatarios, comuneros, chinamperos, amaranteros, productores de nopal, que tienen interés en que esta iniciativa prospere porque en ello va su bienestar.
Desafortunadamente no han podido estar presentes representantes de comuneros, ejidatarios, chinamperos, de Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Tulyehualco, San Gregorio Atlapulco, Magdalena Contreras...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Avelino Méndez Rangel: ?que han estado interesados en este tema, en beneficio. Aquí están algunos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural.
La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada Quezada, dígame usted.
La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Diputado, sólo para ver si le puede preguntar al diputado promovente de la iniciativa sí acepta que me sume a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Acepta, diputado Méndez, que se sume la diputada a su iniciativa?
El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): Por supuesto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo, diputada. Pase por favor a suscribirla. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural.
Se pospone la participación de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Partido de la Revolución Democrática.
Tiene la palabra el diputado Germán Osvaldo Cortez Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Germán Osvaldo Cortez Sandoval: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. La base de la división territorial y de la organización política y administrativa de la nación descansa en sus 2 mil 443 municipios, de los cuales 871; es decir, el 35 por ciento, son divisiones territoriales rurales o con presencia de población indígena.
Siendo nuestro país tan diverso y multicultural, cualquier intento de pretender formular planes, programas y proyectos desde una división meramente centralista está condenada a obtener resultados parciales o incompletos, o bien, estar destinada al fracaso.
No es para menos, es en el ámbito del municipio el espacio físico y político inmediato donde los habitantes del país desarrollan sus aptitudes y emociones, así como las satisfacciones de sus necesidades vitales, una de las cuales son las expresiones artísticas y culturales.
Aunque corresponde a la federación la salvaguarda y el desarrollo del patrimonio cultural y artístico, no obstante la reciente reforma constitucional al artículo 4o de la Carta Magna que obliga al Estado a tutelar el derecho de los mexicanos para el acceso y disfrute de todos los bienes materiales en estas actividades, lo cierto es que los municipios es donde la actividad del Estado se desarrolla.
Por lo que resulta necesario que los mismos tengan una disposición expresa en el texto constitucional para que cuenten con la facultad de participar en la elaboración de los planes, programas y proyectos que la federación y los gobiernos de los estados pretendan aplicar en sus respectivas jurisdicciones.
De conformidad con lo establecido por el artículo 33 de la Ley de Planeación, los municipios deberían ser tomados en cuenta dentro del Sistema Nacional de Planeación, pero dicho procedimiento se considera optativo para la federación y se realiza, en todo caso, por convenio con los gobiernos estatales, como si los municipios fueran menores de edad o incapaces de decidir o incidir en el desarrollo nacional.
Circunstancia de la que se aprovechan instituciones como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que limita la participación de los municipios a simple reuniones regionales y nacionales, que sirven más la escenografía y la egolatría de funcionarios y empleados y las que sólo asisten los titulares y colaboradores estatales de las dependencias encargadas del arte y la cultura.
No se quiere tomar en cuenta de manera directa a los municipios, seguramente porque verían cuestionados los programas y proyectos que laboran desde la comodidad de un escritorio en la Ciudad de México o en la capital de los estados.
Una de las exigencias más reiteradas de los munícipes es que se les permitan plantear a la federación y a los estados sus requerimientos y expectativas en las cuestiones culturales y artísticas de sus gobernados, a fin de armonizar acciones, eficientar resultados, como también reducir costos.
Compañeros legisladores, la idea del municipio está íntimamente ligada a los postulados de la democracia, de la libertad y del federalismo, que desde el PRI siempre hemos impulsado. Por ello, debemos entender al municipio más allá de ser una simple división territorial y considerarlos como entes vivos y fundamentales del desarrollo nacional; y abandonar la idea de que son el último eslabón de una cadena administrativa federal muchas veces ineficiente y desafortunada, lamentablemente la mayor parte de las veces indiferente.
Compañeras y compañeros diputados, sin que esto implique el menoscabo de la responsabilidad y funciones básicas y esenciales de la federación sobre esta materia, con la aprobación de esta iniciativa tengan la certidumbre que se estará avanzando en un nuevo y real federalismo cultural.
En mérito de lo antes expuesto, someto a esta soberanía proceda a aprobar en todos y cada uno de sus términos la siguiente iniciativa de reforma constitucional.
Proyecto de decreto
Artículo 1o. Se adiciona un inciso a la fracción a la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como sigue: Artículo 115, en su fracción V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para, inciso j) Participar en la formulación y elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo cultural y artístico que la federación y los estados pretendan llevar a cabo en sus respectivas jurisdicciones, en los términos que dispongan las leyes. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Procampo.
El diputado Gerardo Leyva Hernández: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados.
Presento ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley del Procampo. El Programa de Apoyos Directo al Campo (Procampo) es una de las principales políticas públicas del Estado mexicano a favor del campo.
El Procampo surgió ante la necesidad de que los productores mexicanos estuvieran en condiciones de competir ante Estados Unidos y Canadá. Sustituyó al sistema de precios de garantía que era la forma de asegurar un ingreso mínimo a todos los productores.
Es en el 2001 cuando el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Capitalización del Procampo que se publicó el 31 de diciembre de ese año. Esa ley tenía por objeto establecer las disposiciones para el acceso anticipado y la utilización como garantía crediticia de los pagos futuros a que tienen derecho los beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo.
Originalmente el programa iba a durar 15 años pues se estimaba que en ese periodo los productores mexicanos iban a ser competitivos desde el punto de vista internacional. Por tanto, la Ley de Capitalización del Procampo en su artículo 3o. transitorio estableció que su vigencia era hasta el 31 de diciembre de 2008. Por lo que ya no está vigente y urge generar un instrumento que dé certeza a los productores rurales.
Con esta iniciativa se unifican en un único instrumento jurídico tanto las normas generales que dieron origen al Procampo, como lo que contempló la Ley de Capitalización del mismo. Igualmente, se renueva la vigencia de ambos documentos hasta en tanto persistan las desigualdades entre los productores mexicanos con los que tendremos que competir internacionalmente.
Esto es congruente con lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo en su estrategia 9.10, que a la letra dice: "continuar el Procampo hasta el fin de la presente administración mejorando su operación y eficiencia".
Además, proponemos diversos cambios que consideramos necesarios para un mejor funcionamiento del programa como los siguientes:
En lo concerniente a candados contra el crimen organizado no podemos dejar de reconocer que el Procampo ha sido duramente cuestionado por escándalos públicos muy graves, a partir de que se les ha entregado recursos del programa a familiares de narcotraficantes reconocidos a nivel nacional. Recientemente diversos medios de comunicación documentaron que muchos familiares de reconocidos narcotraficantes reciben apoyos de este programa.
Por ello, en la fracción II del artículo 9o. establecemos que no se beneficie a productores que se encuentren condenados o sujetos a investigación por delitos contra la salud, lavado de dinero o crimen organizado, según los reportes que entreguen a la Sagarpa las instituciones encargadas de realizar estas investigaciones.
Proponemos una serie de candados contra la corrupción. Se reconoce, incluso de manera pública, que han resultado beneficiados altos funcionarios responsables de la operación del programa y sus familiares.
En ese sentido en el artículo 9o., fracción I, establecemos que no podrán ser apoyados los productores cuando se trate de funcionarios públicos que tengan que ver con la ejecución o supervisión del Procampo, así como sus familiares hasta el cuarto grado, tratándose de secretarios, subsecretarios, directores generales y delegados estatales, así como hasta en primer grado de parentesco, en el resto de funcionarios.
Respecto a la actualización del padrón, eliminamos los impedimentos absurdos para actualizar el padrón.
Esta imposibilidad de nuevas inscripciones de tierras ha marginado de los beneficios a un gran número de productores, algunos porque al momento de realizarse el padrón había un amplio desconocimiento entre la población sobre el programa y muchos creían que era para quitarles las tierras.
Finalmente, en el rubro de atención a zonas prioritarias consideramos que, a pesar de que la política de desarrollo social del Estado mexicano se enfoca a atender de manera preferente las zonas consideradas como de alta y muy alta marginación, la Ley de Capitalización del Procampo no es congruente con esto.
Por ello, incorporamos la obligación de las autoridades encargadas de operar el Procampo de otorgar prioridad y trato preferencial en estas zonas. Con esto se concentrarán los recursos en las zonas y productores que realmente lo necesitan para modernizarse y poder competir, que finalmente es el objetivo del programa y del sistema mismo.
Señor presidente, solicito que se inserte íntegro en el Diario de los Debates el texto de esta iniciativa. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame usted.
El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (desde la curul): Pedirle al diputado Gerardo Leyva que si nos permite adherirnos a su propuesta e iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Diputado Leyva, está usted de acuerdo en que se adhieran a su proposición?
El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (desde la curul): Con todo gusto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo. Pasen por favor a firmar.
Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún: Buenas tardes. En relación con la figura del arraigo y la propuesta de derogar el párrafo octavo del artículo 16 de nuestra Constitución, se expusieron ya los argumentos de orden jurídico interno de manera magistral. Sin embargo, quiero recalcar que este tema también tiene que ver con los derechos humanos y la legislación internacional.
La figura del arraigo es contraria a las directrices del derecho internacional de los derechos humanos a las que México ha aceptado ceñirse, violentando de manera evidente la lógica de un sistema protector de los derechos humanos, de las garantías individuales y los valores superiores del ordenamiento jurídico, como es la libertad.
Diversas organizaciones no gubernamentales de México y de otros países han externado su profunda preocupación por la aplicación del arraigo en el sistema jurídico nacional, toda vez que la reforma no concilia el equilibrio necesario entre la demanda legítima de la mayoría de la sociedad a la seguridad pública, con la exigencia de preservar los derechos humanos en el seno del Estado democrático.
Las asociaciones progresistas en materia de derecho penal en el mundo promueven que la legislación y las reformas que éstas sufran se sometan a garantizar el respeto a principios universales de los derechos humanos, como la presunción de la inocencia y el debido proceso.
En el año 2002 el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas consideró el arraigo como una forma de detención preventiva de carácter arbitrario, toda vez que da insuficiencia al control jurisdiccional.
La legislación mexicana no sólo es un contrasentido a la tendencia mundial en materia de derechos humanos, sino una práctica violatoria de la presunción de inocencia que empeora al utilizarla como una simple medida precautoria, sino como una decisión anticipada por parte del presupuesto de culpabilidad de la persona sujeta a la investigación ministerial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos asegura que las reformas constitucionales del año 2008 en materia de arraigo contienen elementos verdaderamente preocupantes y deplorables y atentan contra los derechos fundamentales y significa un retroceso, además de que otorgan mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo, y ante la desesperación social que clama por mayor eficiencia del Estado en la lucha contra la delincuencia, este se traduce en la demanda de mano dura.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Louise Arbour, coincide en esta calificación y ha señalado que la reforma penal tiene el reto de combatir al delito manteniendo el respeto a los derechos humanos, instando al Congreso mexicano a aprobar leyes que tomen en cuenta los tratados internacionales que México se han signado.
En su momento, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que los legisladores aprobaron temas que violentan las garantías individuales y los derechos humanos, al constitucionalizar el arraigo y flexibilizar los requisitos para girar las órdenes de aprehensión.
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Cámara, la presente iniciativa con proyecto de decreto para que se derogue el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Único. Se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Articulo 16. ?
Párrafo segundo a séptimo?
Párrafo octavo. Se deroga.
Párrafo noveno a decimoctavo?
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Señor presidente, solicito se inserte íntegro el texto que se presentó en su momento, en el Diario de los Debates. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea. La presente iniciativa reforma los artículos 55, 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 5, 6, 7, 345, 354 y 357 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo el tenor de la siguiente
Exposición de motivos
En lo que respecta a la reforma para hacer valer realmente el voto obligatorio, se busca promover acciones y mecanismos legales que generen una mayor corresponsabilidad por parte de la ciudadanía en la integración de los gobiernos constitucionales.
Los derechos y prerrogativas constitucionales deben estar soportados y sustentados por sendas acciones de deberes y responsabilidades. Se trata de ir transitando de una sociedad que históricamente ha sido formada bajo las relaciones clientelares y paternalistas, hacia una sociedad de mayor corresponsabilidad, compromiso y deber cívico.
El voto obligatorio está establecido en diferentes partes del mundo. En países como Bélgica, Grecia, Italia, Luxemburgo, lo mismo en algunos países del sureste asiático y del Continente Americano, destacando los países de Argentina, Brasil, Perú, Honduras y Paraguay, y otros donde el voto es obligatorio pero que no se sanciona ni se obliga como en nuestro país.
Se trata de que no sólo los gobernados sean responsables con las obligaciones constitucionales, sino también los futuros gobernantes del poder de la república y del nivel de gobierno que fueren. No puede haber ciudadanos de excepción. Todos, sin distinción alguna debemos sujetarnos a la ley. Tenemos que dejar atrás esa vieja sentencia de costumbres autoritarias de, todo el apoyo y la comprensión a mis amigos; y todo el peso de la ley a mis enemigos.
Con la adición al numeral 3 del artículo 5o. del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se busca que la responsabilidad ciudadana para integrar las mesas directivas de casillas sean de carácter honorifico.
Con esta formulación estaríamos complementando la integración de las mesas de votación que sean de carácter obligatorio. Además, tenemos que desterrar esa práctica que se está haciendo costumbre y ley: la de compensar económicamente las tareas que corresponden al ámbito de la participación ciudadana.
La compensación económica que el Instituto Federal Electoral ha proporcionado, sin duda por diversos y complejos los factores que se deban de considerar, influyen, por supuesto, en los niveles de votación, hacen que se incremente la abstención y se manifiesten otras causales más sobre los sistemas de partidos y en la cultura política ciertas tradiciones y costumbres arraigadas en la sociedad.
Lo cierto es que en el caso de nuestro país, nuestra normatividad electoral sigue siendo frágil en materia de participación ciudadana. Nuestra transición a la democracia centró sus preocupaciones en otros aspectos que permitieron dejar atrás el viejo régimen centralista. Nuestras tareas ahora deben enfocarse a nuevos procesos de reforma que consoliden nuestra democracia, que signifique, entre otros aspectos, un mayor compromiso cívico de la sociedad respecto a sus responsabilidades y obligaciones constitucionales.
Acciones que coadyuven a fortalecer aún más a la sociedad civil para que sea más activa en la integración de nuestra representación nacional y en el fortalecimiento de nuestros valores cívico-ciudadanos.
Por tal motivo, y por obviedad de tiempo, solicito que se inserte íntegramente el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates, señor presidente. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.
Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 406 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Continuamos con el orden del día aprobado, y procedemos al capítulo de dictámenes a discusión.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto, que reforma diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Tiene la palabra en los términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para fundamentar el dictamen, el señor diputado José Francisco Yunes Zorrilla.
El diputado José Francisco Yunes Zorrilla: Con el permiso del diputado presidente, y agradeciendo la atención de las señoras diputadas y de los señores diputados, acudo a esta tribuna hablando por la Comisión de Desarrollo Social, para fundamentar y compartir con ustedes los razonamientos que motivaron el dictamen a la minuta enviada por el Senado de la República, la cual reforma y adiciona algunas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.
Es importante para la comisión destacar ante este pleno, en primer lugar, el gran trabajo que la colegisladora hizo, y que reconocemos, de frente a este tema de enorme importancia. Reconocemos en el esfuerzo del Senado de la República, un trabajo comprometido que apunta a la dirección correcta, y que genera condiciones particularmente importantes en la solución de un tema que involucra, en términos de participación, a todos los niveles de la sociedad y particularmente a los órganos de gobierno.
El dictamen de la minuta del Senado modifica, en su propuesta, 22 artículos de la Ley General de Desarrollo Social. En este sentido trata de alcanzar con estas reformas, seis puntos en la práctica, en beneficio de la sociedad, que tienen que ver con el fortalecimiento de las políticas de combate a la pobreza; que tiene que ver también con el tema de transparencia, de integralidad y de coordinación entre los distintos niveles de gobierno; crea un Sistema Nacional de Indicadores de Desarrollo; apunta hacia la transparencia también en el funcionamiento de los servidores públicos; trata de evaluar el impacto en la planeación y en los programas de la política de desarrollo social e intenta fortalecer al Coneval, como un instituto independiente con mayor autonomía.
La comisión trabajó de manera puntual, en un ambiente de gran participación con un ánimo constructivo. Los grupos legislativos ahí representados y que participaron en estos trabajos, de manera unánime generamos condiciones que desahogaron la inquietud propuesta por el Senado en la minuta.
Los artículos que modificó a la propuesta de la minuta la Comisión de Desarrollo Social fueron particularmente siete y tenían que ver y que orientar los esfuerzos en esa misma dirección; en generar que los principios de la política de desarrollo social se hiciesen presentes; que en materia de los programas de desarrollo social fungieran la libertad, la justicia distributiva, la solidaridad entre las partes, la integralidad, la participación social en su conjunto, instrumentación. También la no discriminación, como hilo conductor de estos esfuerzos.
La comisión trabajó motivada particularmente en generar condiciones de avance, en beneficio de los sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad y de desprotección.
Por eso siempre estuvo presente la posibilidad de generar medidas que garanticen el disfrute de los derechos sociales para los habitantes de ese país, para que logren beneficiarse de manera más fácil y accesible de los programas sociales.
Por eso tratamos en nuestro esfuerzo de promover un desarrollo económico con sentido social, que a través de la generación de empleo permita la superación de las condiciones de pobreza.
La Comisión de Desarrollo Social al analizar esta minuta siempre tuvo presente el fortalecimiento de las regiones de este país y el de involucrar a todos los actores, más allá de las diferencias, en la construcción de un escenario en donde las personas puedan vivir con dignidad y puedan, bajo ningún tipo de obstáculo, integrarse a los retos y a los desafíos de la sociedad.
Por eso, señores diputados, ponemos los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social a su consideración, aprobar favorablemente el dictamen que está en su poder, conscientes de que falta mucho por avanzar, pero que este inicio, en principio, apunta a la dirección correcta. Gracias por su atención. Está en sus manos la decisión. Gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. En consecuencia, está a discusión en lo general.
Tenemos registrados hasta este momento a los señores diputados Martín García Avilés, Jesús Gerardo Cortez Mendoza y Gerardo Sánchez García.
¿Alguien más desea registrarse? Entonces, al final de los mismos preguntaré si se considera suficientemente discutido.
Tiene la palabra en pro el diputado Martín García Avilés, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Martín García Avilés: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Para las diputadas y los diputados del Partido de la Revolución Democrática, el dictamen que hoy se está presentando es el resultado de la evaluación de la Ley General de Desarrollo Social, de sus fortalezas y de sus adolescencias, si consideramos que desde su promulgación, hace seis años, no había sido reformada.
El dictamen es producto de un amplio consenso entre las diputadas y los diputados de las diversas fracciones parlamentarias aquí representadas, que integran la Comisión de Desarrollo Social de esta Honorable Cámara de Diputados.
El dictamen se analizó bajo los criterios de reciprocidad en las obligaciones de proporcionar, vigilar y aplicar correctamente el presupuesto para programas sociales. No limita la política nacional de desarrollo social sólo al combate a la pobreza y a la marginación; impide que las modificaciones permitan la renuncia de los derechos sociales adquiridos.
La comisión convino aprobar en sus términos 14 artículos y proponer modificaciones a la colegisladora en seis artículos más. De la misma forma, rechazó dos artículos por considerarlos contrarios a los derechos constitucionales o redundantes con otras normas jurídicas. Sin embargo, a pesar de los avances, persiste un problema crítico que anímicamente nos afecta a todos.
El número de ciudadanos en pobreza extrema en lugar de disminuir está creciendo, a pesar de los recursos que esta soberanía presupuesta para su atención. Responsables somos todos. Tal vez, un tanto cuanto más responsables lo son los encargados de aplicar la política social en turno.
Para los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD el dictamen que se presenta permite fortalecer la política de combate a la pobreza y una mayor coherencia en la aplicación de los programas sociales en lo general. El dictamen plantea un Sistema Nacional de Indicadores de Desarrollo Social que permitirá la medición, así como la evaluación de la planeación y programación de la política de desarrollo social.
Por citar un ejemplo de análisis sobre evaluación y planeación son de examinar los avances que arrojan las acciones del fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) que, con un presupuesto acotado y muy limitado, tiene significativos resultados al favorecer la disminución de uno de los segmentos de la pobreza patrimonial a través del Programa de Vivienda Rural.
En cambio, el presupuesto de la Conavi, mayor en 300 por ciento del que ejerce el Fonhapo, sus resultados son pobres en el Programa de Vivienda Urbana Financiada. Un porcentaje alto del presupuesto se encuentra ahora en cartera vencida.
Por otro lado, el dictamen en comento define un perfil para los delegados de las dependencias federales y funcionarios estatales o municipales encargados de aplicar recursos públicos destinados a programas sociales. Durante la discusión se esbozó lo saludable que resulta que se conozca el registro y transparencia de los padrones de los beneficiarios de los programas sociales en los tres niveles de gobierno.
Se considera oportuno que en aras de la transparencia los apoyos en efectivo para los beneficiarios de algunos de los programas sociales se lleve a cabo mediante el empleo del sistema bancario nacional o establecimientos con presencia regional, a efecto de tener un mayor control de los recursos públicos y, con ello, una mayor rendición de cuentas.
Los integrantes del Partido de la Revolución Democrática consideramos oportuno el buscar mayores atribuciones al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) mediante el fortalecimiento de un Sistema Nacional de Indicadores donde no sólo se mida la pobreza, sino el conjunto de elementos que incidan en un mejor bienestar y calidad de vida de todos los mexicanos; así como dotar de mayores facultades al Coneval para garantizar con ello una política social transparente, una aplicación clara de los recursos y mayor autonomía parta instrumentar las evaluaciones, impacto y resultados de los programas sociales.
Señoras diputadas y señores diputados, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática considera que la aprobación del presente dictamen debe ir acompañada de un compromiso tácito de todos nosotros para que se instrumente un paquete de reformas que influyan en la parte operativa, que permita la convergencia de los programas, sin que esto signifique duplicidad y dispendio de los recursos públicos de los tres niveles de gobierno.
?Termino, presidente. De igual manera comparto con todos ustedes que para vivir mejor no sólo basta remarcarlo y publicitarlo como epitafio de la columna de la política social en curso. Para vencer a la pobreza nuestro país requiere de una política de generación de empleos y de crecimiento económico, sin olvidar la prestación constitucional de los servicios de salud y educación pública, entre otros aspectos.
En este contexto, solicitamos a todas ustedes y a todos ustedes su voto a favor del dictamen en comento. Su aprobación por consenso implicará importante avances en materia de política social, de combate a la pobreza y el fortalecimiento de los derechos sociales plasmados en nuestra Carta Magna. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (desde la curul): Si fuera tan amable de preguntar al diputado García Avilés si me permite adherirme a su posicionamiento.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Nada más que estamos en discusión de dictámenes, diputado. Entonces, la mejor manera de adherirse es votando a favor del dictamen. Gracias. Tiene la palabra el señor diputado Jesús Gerardo Cortez.
El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza: Gracias, señor presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores, en años recientes la política de desarrollo social, y particularmente la enfocada a la atención de la pobreza, ha incorporado instrumentos que permiten hacerla más eficiente y eficaz.
Claro ejemplo de ello es que ahora contamos con reglas de operación para todos los programas sociales, padrones de beneficiarios, medición de la pobreza por un grupo de especialistas ajenos al gobierno y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos.
Además, hoy cada uno de los programas sociales cuenta con una evaluación de impacto que es realizado por instituciones independientes del gobierno, que permiten realizar una mejora continua sobre los mismos.
Un avance de gran importancia fue la aprobación, en el año 2004, de la Ley General de Desarrollo Social, por el Congreso de la Unión, instrumento que se convirtió en un eje normativo para garantizar y defender los derechos sociales de los mexicanos que se encuentran consagrados en nuestra Constitución Política.
Con esta ley se sentaron las bases para una política de desarrollo social de Estado, institucionaliza diversos procesos de política pública, apoya la coordinación entre niveles de gobierno e instituciones del Poder Ejecutivo, e impulsa la evaluación y la transparencia. Y lo que es más importante, quedaron debidamente establecidos en un marco jurídico comprensivo los mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución.
Recientemente, en el mes de diciembre del año pasado, el Senado aprobó unánimemente una serie de modificaciones a la Ley General de Desarrollo Social, recogiendo las propuestas e inquietudes de tres iniciativas de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD.
En Acción Nacional consideramos que si bien aún queda mucho por hacer para lograr acabar con el flagelo social que representa la pobreza, sabemos y asumimos que lo logrado, hasta ahora, no es suficiente, como nos lo demuestran las demandas y necesidades de los ciudadanos.
Las modificaciones que contiene este dictamen que hoy se discute, significan un avance importante en el camino correcto, ya que se logra un fortalecimiento de las políticas de combate a la pobreza al adicionar diversos lineamientos para robustecer el vínculo entre la política social y la política económica.
Para evitar la duplicidad de los programas y promover el uso del Sistema Bancario Nacional para las transferencias, se crea la base de datos de desarrollo social que contiene información georreferenciada sobre los beneficiarios, reglas de operación, presupuestos y prestaciones de los programas sociales federales, estatales y municipales.
Se crea un sistema de indicadores con el propósito de conocer el grado de ejercicio de los derechos sociales de la población y de los rezagos existentes en esta materia.
Emitir recomendaciones a las instancias de evaluación a nivel local para mejorar su desempeño, y proponer a las dependencias federales una estrategia que permita medir los avances en sus programas.
También se establecen disposiciones que abonan a una mayor transparencia en la aplicación de los recursos a nivel estatal, al establecer la obligación de las entidades federativas a publicar sus reglas de operación, informar a la Auditoria Superior de la Federación sobre el avance, ejercicio y resultados de la aplicación de los recursos federales.
Este último punto es de gran importancia, en virtud de que un federalismo responsable implica que los gobiernos estatales y municipales adopten medidas como el que todos los programas sociales cuenten con reglas de operación, tengan padrones de beneficiarios y contralorías sociales, tal y como sucede con los programas federales.
Consideramos que los estados que operan programas y aplican recursos públicos deben contar con esquemas de evaluación rigurosa que permitan conocer la eficacia y eficiencia de la política de desarrollo social, pero lamentablemente esto no sucede. Por sólo citar unas cifras, en el caso de los programas sociales del gobierno federal el 77 por ciento hace públicos los padrones de beneficiarios, mientras que en los estados el promedio es de sólo 37 por ciento.
Del mismo modo, el 91 por ciento de los programas sociales federales cuentan con evaluaciones en los estados. Apenas la mitad de los programas que evalúan.
Esos son elementos que abonarían en la constitución de un andamiaje institucional que impide el manejo discrecional de los recursos, que lamentablemente siguen siendo utilizados con fines electorales, clientelares y partidistas.
Compañeras y compañeros legisladores: no obstante los beneficiarios que se alcanzarían con la aprobación de esta propuesta, producto del consenso y la participación de diversas fuerzas políticas, no podemos ni debemos conformarnos. La sociedad y el país nos exigen mayores resultados. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y tareas como servidores públicos. Nos debemos a quienes votaron por nosotros.
Por ello estos avances, si bien importantes, no deben parecernos suficientes para que los ciudadanos alcancen un mejor nivel de vida.
Trabajemos coordinadamente con los diferentes poderes y los demás sectores para lograr un país mejor, por el bien de la presente y las próximas generaciones de mexicanos.
Por todo lo anterior, compañeras y compañeros, los conmino a votar a favor de este dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Gerardo Sánchez García, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Gerardo Sánchez García: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: hoy subo a esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, para compartir con todos ustedes la aprobación de la minuta que reforma diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social que envió el Senado de la República el pasado 2 de febrero.
Este dictamen, que ponemos a consideración de este pleno, fue ampliamente discutido, como ya se ha señalado por mis compañeros, y debatido por los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social.
Coincidimos con la colegisladora en sus términos en 13 de las 22 propuestas de modificaciones y adiciones; en 7 la comisión las aprobó por modificaciones y sólo en 2, en el artículo 60 Bis y 81, no fue aprobada por unanimidad.
Desde nuestra perspectiva, esta reforma a la Ley General de Desarrollo Social significa un avance muy importante que fortalecerá la política de desarrollo social. Significa también un gran esfuerzo del Congreso mexicano de encontrar los canales legislativos para corregir y coadyuvar a las políticas de desarrollo social, hoy por hoy visiblemente cuestionadas.
Son las propuestas las que se privilegian, son las que corrigen rumbos y cristalizan objetivos. Hoy con este dictamen se reconoce la importancia de la institucionalización de la política de desarrollo social a fin de dotar dicha política de los instrumentos para enfrentar con efectividad los grandes retos que hoy está teniendo el país en materia de desigualdad, pobreza, marginación y exclusión social.
Esta minuta fue analizada bajo criterios de reciprocidad en la obligación de informar el ejercicio de recursos para programas sociales; no acotar la política de desarrollo social sólo al combate a la pobreza y la marginación; evitar que las modificaciones permitan eludir la exigencia de los derechos sociales, e impulsar una mayor coordinación entre la federación, estados y municipios.
Conviene hacer notar que al no aprobar la adición y modificación de los artículos 61 Bis y 81 de dicha ley, los diputados del PRI y demás miembros de la Comisión de Desarrollo Social estuvimos de acuerdo en el caso del 61 Bis debido a la posible contraposición jurídica que se pudiera dar con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, concretamente con el artículo 17 Bis donde se explicitan los requisitos que se requieren para ser funcionario de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
En cuanto a la reforma al artículo 81, nos parece que la intención es buena, pero se queda muy corta en relación con las funciones que debe tener el Coneval. Esta propuesta de reforma, los integrantes de la comisión de nuestro grupo parlamentario, la consideramos insuficiente e incluso se puede interpretar como una mayor dependencia del Coneval respecto de la Sedesol, situación que ya estamos corrigiendo con otra propuesta de iniciativa.
Nosotros coincidimos en la necesidad de ir avanzando en esta dirección. Nuestro grupo parlamentario no escatimará esfuerzos para buscar los acuerdos legislativos que plasmen en reformas, como hoy lo demostramos, el cambio de rumbo que hoy requiere la política de desarrollo social de nuestro país.
Bienvenida la propuesta del Senado y una felicitación a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social por mostrar altura de miras en este problema que hoy afecta sensiblemente a la mayoría de los mexicanos.
No obstante, falta mucho por hacer. Esa tarea la vamos a hacer para fortalecer, como ya se dijo, al Coneval. Vemos a esa institución como una oportunidad que impulse el replanteamiento de la política de desarrollo social. La comisión tiene ya este planteamiento.
Compañeras y compañeros, les solicitamos la aprobación del dictamen que hoy se presenta, porque este dictamen y esta iniciativa nos permiten fortalecer la política de desarrollo social del país, pero sobre todo, nos permite ir construyendo el replanteamiento de esta política social. En la Cámara de Diputados y con la colegisladora, el Senado de la república, luchamos en forma conjunta para remediar un enorme problema que tenemos en el país: la lucha contra la pobreza. Es cuanto, muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. En virtud de que ha concluido la lista de oradores, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada Paredes. Dígame usted.
La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (desde la curul): El artículo 5o., por favor.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como no. Con mucho gusto.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, artículo 5o., fracción I.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Jaime Cárdenas, también usted. ¿Algún otro, diputado Cárdenas?
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): 10, fracción VIII.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Nos repite lo que reserva, diputado. El artículo 5o., ¿y cuál otro?
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): El artículo 5o., fracción I y el artículo 10, fracción VIII.
El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Mario Di Costanzo.
El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (desde la curul): El artículo 36.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien. Pregunto al diputado Cárdenas, ¿si también el artículo 27 Bis está reservando?
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Sí, presidente, porque está relacionado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, muy bien. Quedan reservados los siguientes artículos: la diputada Beatriz Paredes Rangel, reserva el artículo 5o.; el diputado Jaime Cárdenas Gracia, el artículo 5o., fracción I, el artículo 10 y el artículo 27 Bis; el diputado Mario Di Costanzo, el artículo 36.
Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por 7 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior y ábrase el sistema electrónico por 7 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular los artículos no impugnados del proyecto de decreto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señalo con claridad: ábrase el sistema de votación por 10 minutos.
Votación
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se va a cerrar el tablero electrónico. Por favor, señor diputado. Señores diputados y señoras diputadas, vamos a cerrar el tablero electrónico. Ciérrese el tablero electrónico. Señor presidente, tenemos 313 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Por unanimidad.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por unanimidad de votos, se declaran aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados.
Esta Presidencia informa que se han reservado para discusión en lo particular, los siguientes artículos: artículo 5o., artículo 10, artículo 27 Bis y artículo 36. En tales condiciones, tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Paredes Rangel, para intervenir acerca del artículo 5o. reservado.
La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En primer lugar para expresar un reconocimiento a esta Legislatura, habida cuenta que estas reformas y adiciones han merecido la unanimidad de este pleno. Lo que proyecta cómo es posible en los temas sustantivos para el desarrollo nacional llegar a coincidencias.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, quisiera poner a su consideración la adición de un último párrafo al artículo quinto, último párrafo que quedaría plasmado sin numeral, en los términos siguientes:
Las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, el órgano superior de fiscalización, el IFAI, tendrán acceso a la información contenida en las bases de datos y los padrones de beneficiarios de los programas sociales mediante solicitud debidamente fundada y de conformidad con la reglamentación respectiva.
Esta adición está suscrita por su servidora y por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.
Me parece que no amerita mayor fundamentación. Es obvio el interés que tenemos desde el poder público, desde el Congreso de la Unión, desde el órgano que realiza las auditorías y las evaluaciones y de la institución responsable de cuidar de la transparencia, de conocer quiénes son los sujetos beneficiarios de los programas de desarrollo social, lo que coadyuvará en el propósito de transparencia que anima a todas las fuerzas políticas. Nos permitirá evitar duplicidades y posibles desvíos.
Ojalá cuente con la simpatía de las compañeras y los compañeros diputados. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Beatriz Paredes Rangel.
El diputado José Francisco Yunes Zorrilla (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Yunes, dígame.
El diputado José Francisco Yunes Zorrilla (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Comentarle que la propuesta presentada a esta soberanía por la diputada Paredes, es bien recibida por la Comisión de Desarrollo Social.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Beatriz Paredes Rangel al artículo 5o. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Beatriz Paredes Rangel. Está a discusión.
En virtud de no registrarse orador alguno, pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por la diputada Beatriz Paredes.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se acepta la modificación propuesta por la diputada Beatriz Paredes Rangel. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aceptada. Se reserva para su votación nominal, con la modificación aceptada, al final de la discusión en lo particular.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia para hacer sus propuestas correspondientes en los artículos reservados.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: El señor presidente me concedió 7 minutos porque son varias propuestas. Le agradezco mucho.
La primera propuesta, señor presidente, diputadas y diputados, tiene relación con lo que comentaba la diputada Beatriz Paredes. Desde luego que es muy importante que se garantice la transparencia y la posibilidad de que las instancias de este Congreso de la Unión puedan fiscalizar, revisar los programas sociales, así como también las autoridades competentes en la materia como el IFAI o la Auditoría Superior de la Federación; pero al igual que es fundamental garantizar el mecanismo de vigilancia y de transparencia, por parte de este Congreso y de autoridades competentes, también es muy importante, y ése es el primer tema de mi propuesta, garantizar plenamente la protección de los datos personales.
En los últimos días, en los medios de comunicación, señaladamente en el periódico El Universal, han publicado en 8 columnas cómo los datos personales de millones de mexicanos se venden en Tepito, se colocan en páginas de Internet por 12 mil dólares.
Hace unos días en esta Cámara de Diputados aprobamos, o se aprobó por mayoría, una Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, y yo le insistía en aquella ocasión al diputado Corral, y a todos ustedes, pero señaladamente al diputado Corral, que esta ley también debería proteger datos personales en posesión de autoridades.
La ley que se aprobó aquí por mayoría, solamente protege datos personales en posesión de particulares; pero no en posesión de autoridades. A mí me parece, por tanto, que debemos modificar o se debería modificar el artículo 5o., fracción I, para que hubiese un párrafo segundo. Ese párrafo segundo es el contenido del artículo 27 Bis de la iniciativa que estamos conociendo.
El artículo 27 Bis de esta iniciativa dice lo siguiente:
27 Bis. Queda prohibida la utilización de la información o documentación de las bases de datos y de los padrones de beneficiarios con fines de promoción de un servidor público o de un partido político y, en general, para fines electorales, comerciales o de cualquier índole distinta a su objeto. El uso indebido será sancionado en los términos de la legislación aplicable.
Este contenido debería estar después como párrafo segundo de la fracción I del artículo 5o. para garantizar un uso adecuado de los datos personales de los beneficiarios.
Yo les pido su apoyo para esta propuesta, que suprime, por un lado el artículo 27 Bis de la propuesta; pero que la incorpora como contenido y párrafo segundo al artículo 1o., fracción I de esta ley.
Por lo que toca a la siguiente propuesta, tiene que ver con el artículo 10 de la de la iniciativa que comentamos. Tiene que ver con una norma, en la fracción VIII, que me preocupa, y les voy a decir por qué me preocupa. Me preocupa porque está concibiendo, esta Ley de Desarrollo Social a los derechos sociales como si fuesen derechos asistenciales y no auténticos derechos humanos o derechos fundamentales.
Ley voy a decir por qué. Si leemos la fracción VIII del artículo 10 dice lo siguiente
"Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones
?
VIII. "Proporcionar la información socioeconómica que le sea requerida por las autoridades e informar si en el año en curso ha recibido alguna transferencia monetaria o apoyo en especie de algún programa público, en los términos que establezca la normatividad correspondiente."
Y agrega la propuesta de reforma. "El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la negativa o, en su caso, a la suspensión temporal de la prestación, bien o servicio".
Es decir, se condiciona el programa social, la obtención del beneficio del bien, servicio o prestación a que se proporcione la información. Los derechos humanos, los derechos fundamentales, en principio no pueden ser condicionados, restringidos o limitados. Me parece que esto implica que la iniciativa le está dando un tratamiento al programa social de derecho asistencial y no de derecho humano.
Les repito y les recuerdo a todos ustedes que los derechos humanos, incluyendo los derechos sociales, económicos y culturales son derechos inalienables, indisponibles, universales e imprescriptibles. Este añadido limita el carácter de derecho humano al derecho social, porque condiciona la entrega de los beneficios a que el beneficiario del programa entregue la información correspondiente.
Yo por eso, compañeros, ésta última parte de la fracción VIII, pido sea suprimida a partir de donde dice "el incumplimiento de esta disposición dará lugar a la negativa o, en su caso, a la suspensión temporal de la prestación, bien o servicio". Me parece que esto es fundamental para rescatar el verdadero carácter y naturaleza de los derechos sociales como derechos humanos.
Y, por lo que ve a la otra parte, al artículo 5o., fracción I, párrafo segundo que estoy proponiendo en relación con el artículo 27 Bis, es una forma de salvaguardar de mejor manera la protección de datos personales. Por su atención muchas gracias y ojalá voten a favor de estas propuestas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones a discusión propuestas por el señor diputado Jaime Cárdenas Gracia.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las modificaciones propuestas por el diputado Jaime Cárdenas Gracia al artículo 5o., fracción I, párrafo segundo; artículo 10, fracción VIII; artículo 27 Bis. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No se admiten a discusión las modificaciones propuestas por el diputado Cárdenas Gracias. Se reservan para su votación nominal en los términos del dictamen, al final de la discusión, en lo particular.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Marío Di Costanzo Armenta. Reservó el artículo 36 para su proposición.
El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta: Con su venia, presidente. El día de ayer México inició la carrera espacial, pero hoy volvemos a la realidad: en México hay pobreza, hay mucha pobreza. Hay pobreza patrimonial, pobreza alimentaria, pobreza de capacidades, y si hubiera más definiciones de pobreza habría mexicanos dentro de esas definiciones.
Ahora resulta con que en el Capítulo Sexto de esta ley se quiere eliminar el nombre de pobres, de pobreza.
Como nos lastima a muchos, y como nos debería de dar vergüenza a todos, lo quitamos y ahora le llamamos subdesarrollo social o desarrollo social. O sea, que en México va a haber muchos subdesarrollados sociales y no pobres.
Que no nos dé pena, compañeros. Mejor hay que erradicar la pobreza y no quitar la palabra del diccionario, como aquí se pretende, quitar la palabra de las leyes. Esto nos debería de dar vergüenza y nos debería de lastimar.
Por eso propongo que el Capítulo Sexto se denomine: Del Sistema Nacional de Indicadores de la Pobreza, no Del desarrollo social. Afrontemos la existencia de este problema en este país y erradiquemos la pobreza, no la quitemos del diccionario.
En segundo lugar, propongo una adición, ya que este artículo señala lo siguiente, en su segundo párrafo: Corresponde al Consejo Nacional de Evaluación la determinación de los indicadores que conforman el sistema a que se refiere el párrafo anterior.
Señores, una de las funciones de la Cámara de Diputados es evaluar el gasto público y ver si este gasto público cumple con el contenido de los programas. Para evaluarlos se requiere la construcción de indicadores, de metas.
Estamos dejando que sea el propio Ejecutivo el que construya sus indicadores. Aquí hay un problema de ser juez y parte.
Por esto, estoy proponiendo que se adicione un párrafo que quede de la siguiente manera: Corresponde al Consejo Nacional de Evaluación, previa opinión de la Comisión de Desarrollo Social y de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, la determinación de los indicadores.
Contamos con un órgano técnico llamado Auditoría Superior de la Federación, que es la que revisa y evalúa el ejercicio del gasto público. Debemos nosotros construir esos indicadores. Contamos además con la Comisión de Vigilancia y una Unidad de Evaluación y Control, que fiscaliza la fiscalización y que también está en la posibilidad de entrar a una discusión y construir esos indicadores.
Por esto, estoy proponiendo que se añada: previa opinión tanto de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, como de la Auditoría Superior de la Federación.
Es un mero acto de congruencia, es un mero acto de restituir una de sus dos funciones principales a esta Cámara de Diputados y una de ellas es la evaluación del gasto público e impedir que se dé este conflicto de intereses entre el Ejecutivo, ya que ellos mismos se están calificando. Por su atención y apoyo a esta propuesta, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por el señor diputado Mario Alberto Di Costanzo.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, al artículo 36. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se desecha y se reserva para su votación nominal, en los términos del dictamen, al final de la discusión en lo particular.
Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 7 minutos para proceder a la votación del artículo 5o. con la modificación aceptada, y de los artículo 10 y 27 y 36, en los términos del dictamen.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 7 minutos para proceder a la votación nominal del artículo 5o. con la modificación aceptada por la asamblea, y los artículos 10 y 27 y 36, en los términos del dictamen.
Votación
¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. ¿Falta? ¿Falta uno? De viva voz el diputado Marcos Pérez Esquer.
El diputado Marcos Pérez Esquer (desde la curul): A favor.
El diputado Sergio Gama Dufour (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: ¿Nadie más? El diputado Pedro Ávila Nevárez, de viva voz.
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): A favor.
El diputado Sixto Alfonso Zetina Soto (desde la curul): A favor.
El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Señor presidente, se emitieron 296 votos en pro, 8 en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Aprobado por 296 votos a favor el artículo 5o., con la modificación aceptada; el artículo 10, en los términos del dictamen; el artículo 27 Bis, en los términos del dictamen y el artículo 36 en los términos del dictamen.
Por consecuencia es aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social. Devuélvase al Senado para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica si se dispensa su lectura.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Se dispensa la lectura. Tiene la palabra en los términos del artículo 108, por la comisión, la diputada Martha Elena García Gómez, para fundamentar el dictamen correspondiente.
La diputada Martha Elena García Gómez: Con su venia, diputado presidente, honorable asamblea. Subo a esta tribuna en nombre de mis compañeras y compañero de la Comisión de Equidad y Género, para solicitar su voto positivo al dictamen que hemos aprobado en el pleno de la comisión, respecto al dictamen de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Este dictamen reúne varias iniciativas presentadas por diputadas de diversos grupos parlamentarios, tanto de la LX Legislatura como de la actual; iniciativas que recogían las inquietudes sobre varios asuntos que aunque puedan verse como muy particulares o mínimos, consideramos tienen una trascendencia para visualizar cuestiones importantes en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Esta reforma y adiciones a la ley general, que hoy ponemos a la consideración de esta honorable Cámara, representa un paso más en la protección de los derechos humanos de más de la mitad de la población: las mujeres.
Proponemos reformar el artículo 42 con el fin de que la Secretaría de Gobernación, aparte de vigilar, promueva directrices para que los medios de comunicación, favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y promuevan el respeto y la dignidad hacia las mujeres.
Por otro lado, se reforma la fracción II del artículo 45 para que la Secretaría de Educación Pública, además de fomentar una cultura libre de violencia mediante el desarrollo de programas educativos, asimismo impulse la comprensión de la maternidad y paternidad libre, responsable e informada, para que sea una cuestión compartida por hombres y mujeres en la cuestión social de la educación de los hijos en contra de la violencia.
Otra de las modificaciones responde a una propuesta de actualizar la ley en cuanto a la norma oficial mexicana para capacitar al personal en materia de atención a las víctimas de violencia. Con esto evitaríamos reformar la ley de forma rutinaria para actualizar el nombre y clave de la norma en comento.
En cuanto al artículo 49, se está modificando la ley para que las entidades federativas y el Distrito Federal fortalezcan y promuevan la creación de instituciones públicas y privadas que den atención a las víctimas de violencia de género.
Una cuestión relevante fue la adición de una fracción al artículo 52, con el objeto de establecer en la ley que las víctimas de violencia de género no serán obligadas a participar en mecanismos de conciliación con su agresor. De igual forma, en este artículo que habla de los derechos de las víctimas, se establece de forma clara que las mujeres indígenas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua y su cultura, cuestión que en la realidad no se lleva a cabalidad. De ahí la necesidad de incorporarlo en esta ley.
Por último, la comisión consideró muy oportuno adicionar un título que habla de las sanciones y responsabilidades, en el cual se aclara que será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de esta ley y se sancionará conforme a las leyes en la materia. Esto es importante incorporarlo para que se acentúe el valor de la ley general y para que se le dé obediencia en los diferentes niveles de gobierno y por parte de todas y todos los involucrados en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.
Para la Comisión de Equidad y Género éste es un pequeño paso para seguir impulsando el respeto y la dignidad de las mujeres. Por eso reitero nuestra invitación para votar a favor de este dictamen, cuyo objetivo central es la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia y de los cambios culturales y sociales que nuestro país necesita para alcanzar la igualdad de género. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. En consecuencia, está a discusión en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, se considera suficientemente discutido.
En los términos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se reserva algún artículo para discutirlo en lo particular.
No habiendo quien haga uso de la palabra ni reserve ningún artículo para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por siete minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento interior. Ábrase el sistema electrónico por siete minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
Votación
¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico. Diputada Ifigenia Martínez, de viva voz.
La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado presidente, se emitieron 296 votos a favor.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona las diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por unanimidad. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es Discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura.
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ha solicitado el uso de la palabra la presidenta de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputada Norma Leticia Salazar Vázquez. Dígame, diputada.
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (desde la curul): ¿Puedo pasar al presídium?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputada.
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Desde el inicio de esta legislatura esta comisión ha manifestado que entre sus objetivos rectores y de trabajo se encuentran, de manera preponderante, el de buscar la defensa de los derechos humanos de los migrantes; así como de nuestro país que lo ha solicitado a otras naciones en el trato que brindan a nuestros connacionales.
Esta comisión ha realizado un estudio y análisis en donde ha aglutinado 13 iniciativas, presentadas por diferentes partidos políticos, las cuales fueron aprobadas en la propia comisión por unanimidad; iniciativas presentadas por el PRI, por el PAN, por el PRD, por Nueva Alianza, por el Verde Ecologista y por Convergencia.
Por todo esto es que esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios siempre ha luchado e impulsado aquellas reformas que brinden un mejor trato a los migrantes, en congruencia con los tratados internacionales que ha signado el Ejecutivo y los cuales han ratificado o han sido ratificados por el Senado de la República.
Así también, se ha apoyado el esfuerzo del gobierno por luchar de manera frontal contra el abuso y la extorsión de parte de servidores públicos, así como se han realizado las reformas pertinentes que nos ayuden a brindar un trato digno a los migrantes, independientemente de su situación.
En todo caso las reformas que se impulsan y se han aprobado por esta comisión han sido con el objetivo de tener una ley acorde a las nuevas exigencias de los tiempos y de las circunstancias que se viven en el país y en el entorno internacional; motivo por el cual es que les solicito atentamente que se sirvan a apoyar y votar a favor del dictamen que hoy nos ocupa.
Asimismo, quiero comentar que hemos recibido un escrito en la comisión, por parte del diputado Jaime Cárdenas Gracia, donde hace una propuesta de adición, la cual hacemos nuestra; la aceptamos. Pido con todo respeto que podamos apoyar este dictamen en sentido positivo.
Leo la adición. Se propone que a la redacción del artículo 39 se agregue lo siguiente:
Artículo 39. ?
?
Si llegase a disolverse el vínculo matrimonial o dejare de cumplirse con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos, por parte del cónyuge extranjero, la autoridad migratoria podrá -y esa es la adición-, previa garantía de audiencia, cancelar la calidad migratoria al extranjero. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Le pido a la Secretaría, en virtud de la adición propuesta, consulte a la asamblea en votación económica, pregunte si se acepta la modificación propuesta por el diputado Jaime Cárdenas Gracia y aceptada por la Comisión.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta por el diputado Jaime Cárdenas Gracia y aceptada por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. En consecuencia está a discusión en lo general con la modificación aceptada por la comisión y aprobada por la asamblea.
En los términos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
No habiendo quien se registre y en virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 7 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con la adición aceptada.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema hasta por 7 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
Votación
¿Alguien falta por emitir su voto? Ciérrese el tablero electrónico.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): A favor.
La diputada Jeny de los Reyes Aguilar (desde la curul): A favor.
El diputado José Luis Jaime Correa (desde la curul): A favor.
El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez (desde la curul): A favor.
El diputado Emilio Chuayffet Chemor (desde la curul): A favor.
El diputado Ariel Gómez León (desde la curul): A favor.
La diputada Bélgica Nabil Carmona Cabrera (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Ramos Montaño (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Señor presidente, tenemos 297 votos a favor y 1 abstención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población, por 297 votos a favor. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Ramírez Marín, dígame.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor presidente, quisiéramos precisar la posición del grupo parlamentario en una de las partes de este dictamen. Le pediría que le pudiera conceder el uso de la palabra, desde su curul, a la diputada Mercedes del Carmen Guillén.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto. Adelante, diputada.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (desde su curul): Gracias, señor presidente. En el sentido solamente de que, en aras de que sabemos que ya estamos fuera de momento y en el entendido de la importancia que reviste para el Partido Revolucionario Institucional como quedó el artículo 39 y el respeto que sin duda tenemos hacia las mujeres, hacia todas las mujeres en el interior y en el exterior, mexicanas o extranjeras, solamente queremos señalar, señor presidente, señores diputados, que haremos lo conducente ante la colegisladora, para que se revise el contenido de este artículo 39. Sería la manifestación, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Con mucho gusto se toman en consideración sus manifestaciones.
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada presidenta de la comisión, dígame usted. Sonido, por favor.
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Recibiendo la inquietud de la diputada Guillén, y en términos de los planteamientos, no tenemos ningún inconveniente en atender esta inquietud una vez que podamos revisar el punto señalado y poder acompañar la inquietud, en todo caso, en el Senado de la República, si así fuera necesario para hacer la corrección. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, presidenta. Se tienen por hechas sus manifestaciones también y ambas manifestaciones constarán en el acta correspondiente.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la discusión de dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a ciudadanos mexicanos para prestar servicio en diversas sedes diplomáticas en México.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se dispensa su lectura.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano (votación), gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. En consecuencia se pide a la Secretaría ponga a discusión los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Está a discusión el dictamen.
Dictamen con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Lorenz Gabriel Feddersen Oliveras, Carlos Alberto García Campos, Jaime Roberto Rivera Márquez y Jorge Oved Brayan Godoy González, para presentar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México y en su consulado en Tijuana, Baja California, respectivamente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se reserva algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Dictamen, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Eduardo Canales Zambrano, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de La India en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión. No habiendo quién haga uso de la palabra se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por siete minutos, para recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y del anterior reservado.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por siete minutos para proceder a la votación nominal de los proyectos de decreto en un solo acto.
Votación
Diputados, restan dos minutos para emitir su voto en el tablero electrónico. ¿Falta alguna diputada o diputado por registrar su voto? ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Está abierto todavía el sistema electrónico, señor diputado. Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 275 votos en pro, 0 en contra y 3 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados los proyectos de decreto por 275 votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
Continuamos con el orden del día.
Está a discusión el siguiente punto de acuerdo, correspondiente al acuerdo recibido por esta Mesa Directiva. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Acuerdos
La Cámara de Diputados exhorta al Congreso del estado libre y soberano de Oaxaca para destinar los recursos solicitados por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Oaxaca consistentes en la cantidad de 38 millones 489 mil 980.83 pesos, con el fin de que el estado dé cumplimiento a la responsabilidad que le impone el artículo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de?
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. Dígame diputado Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor presidente, nosotros quisiéramos solicitarle muy atentamente a la comisión, con la respectiva disculpa por el momento procesal, pero quisiéramos solicitarle muy atentamente pudiera retirar este dictamen en este momento, a fin de que tuviéramos un poco de espacio para deliberarlo con un poco más de amplitud.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En virtud de la solicitud presentada por el señor diputado, regresa el dictamen a la comisión. Envíese para su análisis correspondiente y posteriormente remisión al pleno.
Continuamos con el orden del día.
Hemos recibido de la Junta de Coordinación Política diversos acuerdos. Le pido a la Secretaría que nos dé cuenta de ellos.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De la Comisión Especial de la Niñez:
Que cause alta la diputada María Marcela Torres Peimbert
Que cause alta la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López.
Que cause alta la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz.
De la Comisión Especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos de la vid:
Que cause alta la diputada María Marcela Torres Peimbert.
Que cause alta la diputada Tomasa Vives Preciado.
Que cause alta la diputada María Matilde Maricel Díaz de León Macías.
De la Comisión Especial de Citricultura:
Que cause alta el diputado Sergio Gama Dufour.
De la Comisión Especial de Energías Renovables:
Que cause alta el diputado César Daniel González Madruga.
Que cause alta el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas
De la Comisión Especial de la Industria Automotriz:
Que cause alta la diputada Nancy González Ulloa.
De la Comisión Especial de la industria manufacturera de exportación:
Que cause alta el diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza.
De la Comisión Especial para analizar el presupuesto de gastos fiscales:
Que cause alta el diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas.
De la Comisión Especial de seguimiento y supervisión de los resultados y avances del Proyecto Aceite del Terciario del Golfo, en el Paleocanal Chicontepec:
Que cause alta el diputado Miguel Martín López.
De la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago:
Que cause alta el diputado Gumercindo Castellanos Flores.
De la Comisión Especial encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar el funcionamiento de las aduanas, puertos y aeropuertos nacionales, en relación con la entrada de mercancía ilegal, el trafico y contrabando de armas, estupefacientes y sustancias adictivas:
Que cause alta el diputado Francisco Javier Orduño Valdez.
Que cause baja el diputado Leandro Rafael García Bringas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En votación económica pregunte a la asamblea si se aprueba.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada.
Continuamos con acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expresa su más enérgica condena por la legislación antiinmigrantes expedida por el estado de Arizona, en los Estados Unidos de América.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Considerando
Primero. Que el pasado lunes 19 de abril de 2010, la Legislatura del estado de Arizona, en los Estados Unidos de América, aprobó la legislación SB 1070 en contra de los inmigrantes indocumentados, la cual en virtud de la dinámica migratoria de la región afectará de manera fundamental a ciudadanos mexicanos.
Segundo. Que dicha ley criminaliza y persigue a la población migrante al autorizar a las policías de dicho estado a investigar, detener y arrestar a cualquier persona bajo la simple percepción que tenga de su aspecto físico y considere sospechosas de no contar con documentación migratoria bajo las normas de los Estados Unidos, agravando con ello el problema del uso del perfil racial para el control policial y aumentando la preocupación acerca de la indebida detención no sólo de inmigrantes ilegales, sino también de ciudadanos y residentes legales.
Tercero. Que la aprobación de esta ley, lejos de construir a atender el fenómeno de la migración ilegal desde una perspectiva amplia y comprensiva que reconozca la diversa y compleja realidad económica, social y cultural, que la origina y que ha hecho de este tema uno de los más relevantes de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos favorece la formación de conductas xenófobas y represivas que agravan los problemas humanos más esenciales de los migrantes.
Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reconoce y acepta que la relación bilateral entre México y Estados Unidos debe de fundamentarse en un proceso permanente de diálogo político que reconozca las asimetrías y diferencias económicas y sociales entre ambas naciones como la forma más adecuada de abordar y atender los problemas de nuestra agenda común.
Esta Junta de Coordinación Política somete a la consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión expresa su más enérgica condena a la legislación SB 1070, aprobada por la Legislatura del estado de Arizona, en los Estados Unidos de América el pasado 19 de abril.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que formule la protesta diplomática correspondiente y haga uso de todos los espacios de diálogo diplomático y de los instrumentos y mecanismos bilaterales y multilaterales que sean necesarios para defender los derechos e integridad de los migrantes mexicanos que puedan resultar afectados por la población de dicha legislación.
Tercero. Se hace un atento y respetuoso llamado a la gobernadora del estado de Arizona, señora Jan Brewer, para que en uso de sus facultades legales ejerza su facultad de veto sobre dicha legislación, reconociendo con ello la presencia pacífica y las aportaciones económicas, sociales y culturales de los migrantes mexicanos en su territorio. Firman los coordinadores parlamentarios.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En votación económica pregunte a la asamblea si se aprueba.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Continuamos con el orden del día y entramos al capítulo de
Proposiciones
Esta Presidencia recibió del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Pública y a la Administración General de Aduanas, cancelen operativos de detención al transporte de carga. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se recibió de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo relativo al seguimiento de las víctimas de violencia sexual y las opciones que tienen para enfrentar un embarazo, particularmente en Quintana Roo. Se turna las Comisiones Unidas de Equidad y Género, y de Atención a Grupos Vulnerables.
Se recibió de la diputada Tomasa Vives Preciado, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas entidades federativas a legislar, expedir y aplicar las disposiciones legales que prevengan, controlen y combatan la contaminación por ruido. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se recibió de la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar indicadores de desempeño en la aplicación de la Iniciativa Mérida. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
Tiene la palabra el señor diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo para que se celebre una sesión solemne de Congreso General en conmemoración de la huelga de Cananea del 1 de junio de 1906.
El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella: Con su permiso, señor presidente. Diputados y diputadas.
El 1 de junio de 1906 dio inició la histórica huelga de Cananea. Cananea representa para todos los mexicanos la cuna de la Revolución Mexicana. En 1906 los propietarios de la mina eran extranjeros que se beneficiaban por las políticas de Porfirio Díaz. Los trabajadores que operaban la mina vivían en condiciones de explotación y pobreza con escasos o nulos derechos laborales.
La historia de Cananea no se puede disociar de los hermanos Flores Magón, quienes denunciaron la persecución política de la que eran objeto los liberales mexicanos; tampoco está lejos de Esteban Baca Calderón, Manuel M. Diéguez y Lázaro Gutiérrez de Lara, quienes conformaron el Club Liberal de Cananea, que prepararía la revolución contra Porfirio Díaz.
En un acto nunca antes visto en la historia del país, el 1 de junio de 1906 más de 2 mil trabajadores mexicanos decidieron llamar a huelga, demandando un salario equitativo al de sus compañeros mineros norteamericanos y jornadas de trabajo más justas. Los huelguistas llevaban la bandera de México y un estandarte con un billete de 5 pesos, cantidad demandada como salario mínimo.
El movimiento de huelga impulsado por Manuel M. Diéguez y Esteban Baca Calderón, llamó a los mineros al cese de actividades laborales justo al momento de salir de la negociación con la negativa de Green, el propietario de la mina.
Los trabajadores se dirigían a protestar cuando al pasar por un costado de la maderería de la compañía se empezaron a oír descargas de fusiles. Eran los trabajadores norteamericanos que tomaron las armas y atentaron en contra de los huelguistas. Dos de ellos murieron y varios resultaron heridos. Los trabajadores estadounidenses persiguieron a los mexicanos a lo largo del pueblo, expulsándolos a la serranía.
En protesta Green acudió al cónsul estadounidense quien pidió apoyo al gobierno de Arizona. Como resultado se envió a un grupo de Rangers para tomar el control de la situación, y el 2 de junio la policía montada norteamericana entró armada a territorio mexicano para custodiar la tienda de raya y las instalaciones de la minera.
En un acto de brutalidad la policía montada norteamericana persiguió y asesinó, con el apoyo de la policía rural porfirista, a todo huelguista que opusiera resistencia.
El mineral de Cananea es emblemático para México y su emblema está cifrado el 1 de junio de 1906, fecha histórica en que inicia el movimiento de la Revolución Mexicana.
Compañeras y compañeros diputados, por tal motivo y en este año de festejos del centenario de la Revolución Mexicana y bicentenario de la Independencia, respetuosamente, conforme a lo dispuesto en los artículos 42 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Primero. Se acuerda la celebración de una sesión solemne del Congreso General en conmemoración de la huelga de Cananea del 1 de junio de 1906, en el contexto del centenario de la Revolución Mexicana y del bicentenario de la Independencia de México.
Segundo. La sesión solemne se llevará a cabo el martes 1 de junio de 2010 en el heroico mineral de Cananea, Sonora.
Tercero. El orden del día es el siguiente:
Intervención del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputado Francisco Javier Ramírez Acuña.
Intervención del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, senador Carlos Navarrete Ruiz.
Posicionamiento de los grupos parlamentarios en el siguiente orden: Convergencia, Nueva Alianza, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional.
Clausura.
Cuarto. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será la encargada de coordinar la organización de la sesión solemne.
Agradezco mucho su atención, diputados, y agradezco particularmente la adhesión que se sirvan otorgar a esta proposición. Muchas gracias, diputado presidente, gracias, compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Se pospone la participación del diputado Francisco Burelo Burelo.
Tiene la palabra el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar punto de acuerdo relativo a una invasión de terrenos en posesión de más de 80 familias de la zona playera de Chamela, Jalisco.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Muchas gracias. Señoras y señores legisladores, seguramente muchos de ustedes habrán leído las obras de Agustín Yáñez, La tierra pródiga; los apuntes de Juan Rulfo sobre lo que hoy se conoce como la zona de Costa Alegre, una zona enclavada en las playas del estado de Jalisco, en el municipio de La Huerta.
El caso es que en fechas recientes una empresa desarrolladora, Operadora Chamela, está pretendiendo despojar de sus derechos, adquiridos durante décadas, a más de 40 familias que tienen asentados muchos años, algunos de ellos nacidos ahí, al igual que sus hijos.
Los desarrolladores pretenden llevar a cabo, en un polígono de 910 hectáreas, un complejo turístico de alto nivel denominado El Zafiro.
De acuerdo con diversos medios de comunicación, esos desarrolladores están encabezados por el ex dueño de Banamex, Roberto Hernández que, como saben ustedes, cuando vende esa empresa financiera a City Group, ni siquiera pagó un centavo de impuestos de los más de 3 mil millones de dólares que debió de haber pagado al fisco.
Ahora, sin tomar en cuenta los derechos de los posesionarios pretenden que, a cambio de 300 mil pesos, éstos y sus familias dejen sus casas, dejen sus solares y dejen su medio de subsistencia, que es fundamentalmente la pesca y la prestación de servicios turísticos.
Toda esa zona ya ha sido privatizada en sus playas, ya hay guardias blancas. Se han instalado plumas de vigilancia para impedir el cazo.
Solamente, como botón de muestra de esa violación a los derechos de esas familias, hasta las escuelas públicas. Aquí hay una escuela primaria que se llama Jaime Torres Bodet y un jardín de niños Valentín Gómez Farias, que han sido circulados con alambres de púas, con mallas ciclónicas, igual que el templo de ese lugar, con el propósito de inhibir, de intimidar a los niños, a los profesores, para que puedan asistir a la cotidianeidad de sus clases.
Es por eso el punto de acuerdo que pongo a la consideración de esta asamblea, para que se exhorte a diversas dependencias del gobierno federal, entre ellos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobernación, la Reforma Agraria, porque este polígono es reclamado en propiedad también por la comunidad indígena de Jocotlán.
Ése es un asunto en el que debe intervenir también, el gobierno del estado y el presidente municipal de La Huerta, que hasta ahora ha hecho oídos sordos y ojos cerrados para no ser solidario con la demanda de los habitantes.
Es el punto de acuerdo que pongo en su consideración, para que se haga esa excitativa y se impida que una vez más la voracidad insaciable, obscena, de desarrolladores turísticos que no armonizan sus afanes de ganancia con el respeto a los derechos humanos, a las garantías individuales, se salgan con la suya y estas familias sean desplazadas ominosamente de lo que les corresponde. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Cuevas.
El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): Diputado presidente, quisiera pedirle al ponente si me permite adherirme a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Está usted de acuerdo en que se adhiera a su proposición, diputado?
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Con beneplácito, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputado. Pase a la Secretaría, por favor. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se recibió del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef) relativo a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que forman parte del denominado Fondo de Protección. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el señor diputado Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, implemente una política de Estado para impulsar la sustentación de nuestra cultura en los valores humanos.
El diputado Aarón Irízar López: Con su venia, señor presidente. Vengo a presentar proposición con punto de acuerdo a esta honorable asamblea, cuyo propósito fundamental es generar una política de Estado a favor de la cultura de los valores humanos.
Proponemos la creación del Instituto Nacional para la Cultura a los Valores. Valores como: la participación ciudadana, la legalidad, la democracia, la ética, la honradez, el respeto, la tolerancia, el aprecio a la vida, el aprecio a la institución, al nacionalismo, a la patria, a la solidaridad, a la bandera, entre muchos otros.
Valores que en mucho sentido se están erosionando en nuestro país, que en muchos sentidos, en muchos mexicanos, se les tiene poco aprecio y se nos están deteriorando. Y ello, nos está llevando a que tengamos poca calidad de vida social.
Por eso es importante irnos con prisa y sin tregua al esfuerzo, y sin titubeo, a ir al "sembraje" de todos los valores que sean sustantivos para mejorar nuestra calidad de convivencia. Hoy aparecen desastres naturales y viene la acción de gobierno, y qué bueno. Aparecen virus y viene la acción del gobierno y la preocupación de la sociedad, y qué bueno. Pero hay un virus que está carcomiendo nuestra vida, que es el virus que está carcomiendo nuestros valores sustentables para una sana convivencia.
Por eso, esta iniciativa propone ir al "resembraje" de todos esos valores que hacen fuerte a un país. Hoy ya un país no es competitivo ni es fuerte por su fuerza en los valores y en su naturaleza, por sus bienes naturales; es fuerte por la calidad de sus ciudadanos; es fuerte por su capital humano, y el capital humano no nada más es suficiente con los conocimientos, las destrezas y las habilidades de su gente, sino también en su calidad como ciudadanos, como seres humanos, que es lo que le da calidad a una patria.
Necesitamos ir al "sembraje", en el sindicato, en los partidos, en la escuela, en la familia, en la industria, en la Iglesia, en los medios, para recomponer este país, que nos sirva para mitigar los problemas de violencia que nos están afectando.
Necesitamos tatuar en nuestra conciencia que tenemos que revalorarnos. A lo mejor para muchos no es esto importante, pero para las generaciones venideras es fundamental. Ahí estamos viendo en toda la geografía del país enormes problemas de violencia, y nos quejamos, pero poco hacemos para ir a la revaluación ciudadana.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Aarón Irízar López: En tal sentido, le proponemos a esta honorable Cámara de Diputados, los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados de este Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a implementar una política de Estado para impulsar la sustentación de nuestra cultura de valores humanos.
Segundo. La Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a crear un organismo descentralizado denominado Instituto Nacional para la Cultura Sustentada en los Valores Humanos, encargada de impulsar los programas y acciones necesarios para promover la incorporación transversal de los valores sustantivos para la sana convivencia. Es todo, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Cultura.
Se recibió de la diputada?
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada, dígame.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Para solicitar que sea turnada también a la Comisión de Derechos Humano.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: También a la de Derechos Humanos. Lo tomamos en consideración, lo revisamos y le informamos, diputada.
El diputado Felipe Solís Acero (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Solís, dígame usted.
El diputado Felipe Solís Acero (desde la curul): Gracias presidente, para pedirle a mi amigo, el diputado Aarón Irizar, coincidiendo totalmente con el planteamiento que ha formulado, si me permite suscribir con él esta proposición.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Está usted de acuerdo, señor diputado?
El diputado Aarón Irizar López: Sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado, adelante. Aprueba el señor diputado.
Se recibió de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Pública, implementen programa de regularización vehicular en el estado de Chihuahua para los vehículos usados de procedencia extranjera. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Pública.
Tiene la palabra el señor diputado Miguel Ángel Riquelme Solís, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, realice una reunión de trabajo con autoridades del estado de Coahuila. Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Miguel Ángel Riquelme Solís: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, hace algunos días el ayuntamiento de Torreón dio de baja alrededor de 400 policías municipales que estaban en paro, en demanda de la destitución del jefe de la corporación. Después de haber estado en una mesa de negociación, la cual fue abandonada por la misma comisión de policías inconformes, se dio así por roto el diálogo que hasta este momento se había entablado.
La decisión que tomó el ayuntamiento fue dar de baja a los elementos policiacos en paro, y fue respaldada por la Fiscalía General del estado de Coahuila, la Secretaría de Gobierno y la sociedad en general.
El día de hoy, a más de 30 días en que ocurrió dicha baja del cuerpo policiaco, se están llevando a cabo pláticas para que los policías que quieran continuar desempeñando su trabajo lo hagan, pero en esta ocasión deberán de presentar exámenes de confiabilidad que garanticen que los habitantes de dicho municipio lagunero contarán con un cuerpo de policía capacitado y legal, que responda a los sucesos y realidad que está viviendo la comunidad.
Es por esta razón que la ciudadanía se siente vulnerable a cualquier hecho que pueda realizar la delincuencia organizada, toda vez que en estos momentos el ayuntamiento está llevando a cabo el proceso de renovación de la policía municipal.
A pesar del apoyo que han brindado desde el primer momento el gobierno del estado a través de su policía operativo, y el gobierno federal a través del Ejército y la Policía Federal, la ciudanía considera que esta ayuda es insuficiente, pues no podemos dejar de mencionar que el municipio de Torreón antes del paro contaba con mil 145 oficiales de policía para una población de 578 mil habitantes. Hoy en día de los elementos de la policía estatal, federal y del Ejército ascienden a 500 y patrullan la ciudad cerca de 45 unidades apoyadas por 700 elementos de la policía municipal, que trabajan con normalidad.
Lo anterior no es suficiente, en razón de que por un lado hay rotación permanente de los elementos de la Policía Federal y, por otro, la ciudad necesita un mayor número de los citados elementos.
En este sentido, los diputados federales de Coahuila hemos manifestado por escrito al secretario de Seguridad Pública Federal, ingeniero Genaro García Luna, nuestra preocupación por evitar el incremento de los índices de violencia y le hemos pedido llevar a cabo la mencionada reunión.
Asimismo, requerimos que la Secretaría de Seguridad Pública federal envíe a la ciudad de Torreón más elementos de la Policía Federal, mantenga los mismos por el tiempo que sea necesario, evitando la rotación en virtud de que el municipio se queda sin apoyo policiaco, se genera un clima de incertidumbre y falta de seguridad en la población.
Se estima que en un plazo de seis meses el municipio podrá contar con elementos suficientemente capacitados para reanudar la policía municipal, tiempo en el cual se solicita la presencia de elementos de la Policía Federal y estatal en el municipio.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo.
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública federal, para que lleve a cabo a la brevedad una reunión de trabajo con las autoridades encargadas de la seguridad pública en el estado de Coahuila, para seguir coordinando esfuerzos tendientes a apoyar al ayuntamiento respecto de la problemática de seguridad pública que impera en La Laguna, en especial en el municipio de Torreón.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública federal, que envíe de manera inmediata nuevamente los elementos de la Policía Federal al municipio, hasta en tanto no se restablezca la normalidad en la policía local.
Señor presidente, le solicito se inserte íntegro el punto de acuerdo que le entrego, en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita el señor diputado, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
El diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame.
El diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza (desde la curul): Preguntarle al diputado que si acepta que se amplíe al municipio de Gómez Palacio y Lerdo, ya que es una zona conurbada allá en la Comarca Lagunera.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Está usted de acuerdo, señor diputado?
El diputado Miguel Ángel Riquelme Solís (desde la curul): Con gusto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Manifiesta su aceptación el señor diputado. Continúe la Secretaría con el orden del día.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Segundo periodo de sesiones ordinarias, primer año de ejercicio, LXI Legislatura. Orden del día.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (16.02 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana jueves 22 de abril a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.