La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 303 diputados. Por tanto, hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (11:40 horas): Se abre la sesión.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Ruego a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ésta ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.
Continuamos con el orden del día. Comunicaciones
Pido a la Secretaría que nos dé cuenta de la comunicación del gobierno de Sonora.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio del secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del gobierno de Sonora, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los estados afectados por la sequía atípica.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.
Continúe con oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que se informa que en marzo de 2010 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, dio destino únicamente a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve expediente de la minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo 65-Bis a la Ley de Instituciones de Crédito, para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Otro oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Continúe con oficios de la Secretaría de Gobernación.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación de la Dirección General de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la vacuna contra el virus del papiloma humano.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Salud, para su conocimiento.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación de la Dirección General de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a las Unidades de Atención Integral Hospitalaria Médico-Psiquiátrica.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Salud, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación de la Secretaría de Relaciones Exteriores al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a la ayuda humanitaria para Haití.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación de la Coordinación General de Política Sectorial de la Sagarpa al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo al mango ataulfo, del estado de Chiapas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Oficio de la Secretaría con el remite contestación de la Coordinación General de Política Sectorial de la Sagarpa al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo a las empresas que han recibido apoyos, subsidios o transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación de los ejercicios 2003 al 2009.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.
Continuamos con el orden del día, relativo al posicionamiento en relación con la Ley Antiinmigrante del estado de Arizona de los Estados Unidos de América, a cargo de los grupos parlamentarios.
Se han registrado para referirse al tema las siguientes diputadas y diputados: diputado Pedro Jiménez León, de Convergencia; diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo; diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Partido Verde Ecologista de México; diputado Marcos Carlos Cruz Martínez, del Partido de la Revolución Democrática y diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional.
Han hecho un cambio en estos momentos. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra la diputada Laura Arizmendi, de Convergencia, hasta por cinco minutos para su posicionamiento con relación a la Ley Antiinmigrante del estado de Arizona de los Estados Unidos de América.
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Ávila, dígame. Ahorita le encienden el sonido, diputado Ávila.
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Señor presidente, quiero participar en el posicionamiento de la Ley de Inmigrantes, porque Durango tiene mucha gente allá, en el norte. Quiero participar a nombre de mi estado, por favor. Quiero me incluya en la lista de oradores.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Laura Arizmendi Campos, hasta por cinco minutos.
La diputada Laura Arizmendi Campos: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la intolerancia, la discriminación y violencia que caracteriza a los grupos radicales antiinmigrantes existentes en Estados Unidos se anotó un aparente éxito, que estamos seguro que será pasajero, ante las protestas y formas de organización que sin duda alguna suscitará.
Nos referimos a la medida aprobada el pasado 19 de abril de este año en el Congreso del estado de Arizona. La denominada legislación SB-1070 tiene un perfil netamente discriminatorio y pretende criminalizar a todos migrantes, particularmente a los de origen mexicano, que arriban a Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones de vida.
Su pretensión, a todas luces inaceptable, de facultar a la policía para detener e interrogar a cualquier persona guiándose sólo por su aspecto, además de dar pauta a una verdadera caza de indocumentados, contraviene al más elemental respeto a los derechos humanos.
Ayer, esta soberanía aprobó por unanimidad un punto de acuerdo mediante el que se exhorta a la gobernadora de ese estado de la Unión Americana, Jan Brewer, a vetar dicha disposición. Además, se solicita a la Cancillería que realice la protesta diplomática correspondiente.
No obstante, Convergencia considera que la gravedad del tema requiere una actuación más enérgica por parte de las instancias existentes, así como por esta asamblea, ya que la medida que nos ocupa contradice notoriamente el origen y composición de una nación multiétnica y pluricultural.
De esta manera se sanciona y se elimina a priori la valiosa aportación de los migrantes de origen mexicano que con su trabajo constante y esfuerzo cotidiano, contribuyen en enorme medida a desarrollar la economía estadounidense.
Para Convergencia resulta incongruente, por decir lo menos, que en un contexto internacional en que se festeja la globalización como una forma avanzada de coexistencia entre las naciones, el vecino país del norte restrinja la posibilidad de que nuestros connacionales arriben a su territorio en aras de encontrar las oportunidades laborales que se les niegan en su país de origen.
Mientras persistan actitudes que combinan peligrosamente la supremacía racial y reivindicaciones indefendibles, además de la tibia o inexistente respuesta del gobierno mexicano, seguiremos asistiendo a esos verdaderos asaltos a la condición humana expresados en las vejaciones que sufren nuestros paisanos allende la frontera.
El hecho, a pesar de tener al estado de Arizona como laboratorio, no es aislado, y se corre el riesgo inminente de que se propale en todos los estados de la Unión Americana. Ello es más preocupante, pues forma parte del desinterés de la administración del presidente Obama, por tomar medidas correctivas en la materia, pretendiendo hacerlo pasar como un asunto, como una dinámica cuya solución escapa al gobierno estadounidense.
Por otra parte, la actitud sumisa del gobierno mexicano caracterizada por la inoperancia de la Cancillería y su desatención a las condiciones que enfrenta la mayoría de los mexicanos en el vecino país del norte, han dado por resultado la indefensión total de nuestros compatriotas.
Ello contrasta con la actitud de los Estados Unidos que se preocupa sobremanera por la integridad de sus ciudadanos en el territorio mexicano, llegando en muchas ocasiones a una actitud injerencista mientras que eluden su enorme responsabilidad en el tema del maltrato a migrantes.
La actitud discriminatoria ha escalado y se cierne como una verdadera amenaza que pone en riesgo la integridad y libertad de los migrantes. Resulta inaceptable que prosigan hasta ahora en el mismo sentido las reuniones bilaterales, sin que se aborde el tema, apostando a una actitud de buena voluntad por el gobierno estadounidense, que sin duda alguna existirá a la luz de diversas posturas adoptadas en las que predomina un denominador común: el doble discurso manifestando preocupación por la situación de los derechos humanos en otras latitudes; pero de ninguna manera revisando lo que sucede al interior de sus fronteras en la materia. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, de Nueva Alianza, hasta por 5 minutos.
Informo, señoras y señores diputados, que están inscritos, además del diputado señalado, el diputado Enrique Ibarra Pedroza, el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, diputado Marcos Carlos Cruz Martínez, diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, diputada Narcedalia Ramírez Pineda, diputado Pedro Ávila Nevárez y el diputado Gerardo Fernández Noroña, al final de los cuales, preguntaré a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Tiene la palabra el diputado Roberto Pérez de Alva Blanco.
El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco: Gracias, señor presidente. Compañeros legisladores, la interrelación que como fenómeno global genera la migración entre los países, en este caso la Unión Americana y el nuestro, requiere necesariamente cada vez de mayores esfuerzos y decisiones conjuntas por parte de sus gobiernos, para regular y ordenar sustentándose en los derechos humanos, las circunstancias que enmarcan esta problemática.
La migración debe resolverse entre los gobiernos a través de diálogo, consensos, convenios y nunca por esquemas de regulación migratoria coercitiva y soluciones unilaterales, como lo es el caso que estamos tratando, que lejos ?el hecho que estamos siendo testigos? de resolver el problema, solamente crea una actitud de turbulencia, de enemistades, en la que la simple apariencia criminaliza la presencia de los que residen en el país vecino, careciendo o no de los documentos migratorios respectivos.
Pareciera que el apocalíptico jinete de la xenofobia vuelve a aparecer en el mundo y particularmente en esta región, con toda su crudeza.
Dos, a partir de este razonamiento, son los puntos nodales que vuelven a estar en escena con la aprobación de la Ley SB 1070, en el estado de Arizona y su posible entrada en vigor en aquella región de la Unión Americana.
Por un lado, la sola aprobación legislativa pone una vez más en evidencia la exclusión, la discriminación, el rencor y el odio, así como la violación a los más elementales derechos humanos que sufren los migrantes mexicanos, en un país que no acaba de entender la importancia, tanto económica como política y laboral, que tiene la comunidad latina, especialmente la de nuestros connacionales.
Pero por el otro, no podemos dejar de lado que la razón de que muchos mexicanos sigan migrando a Estados Unidos en busca de un nuevo proyecto de vida, es consecuencia clara e indiscutible del incumplimiento de nuestro país para ofrecerle condiciones de vida mínimas para poder desarrollarse.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza se suma, con todo rigor y énfasis, a la condena de esta legislación antiinmigrante. Por ello, exigimos del gobierno federal que emprenda las acciones diplomáticas, todas las que fuesen necesarias, para garantizar la protección de los mexicanos que radican, legal o ilegalmente, en Arizona y en cualquier otro estado de la Unión Americana, otorgándoles la asesoría y el auxilio necesario.
También el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza quiere dejar en claro que, sin restar ninguna importancia y dejar de condenar la situación que estamos abordando, la solución sólo vendrá a través de una acción integral que aborde las raíces estructurales del fenómeno y sus consecuencias; y que considere la atención de la migración como una responsabilidad compartida entre las dos naciones.
Finalmente, compañeros, aparte de este mensaje de condena, es importante que hagamos resaltar un punto del que hoy está siendo testigo la nación. Hacer notar que hoy, como fue ayer desde la Junta de Coordinación Política, la Cámara de Diputados está mandando a la nación un mensaje trascendente que consiste en que, independientemente de las banderas políticas, más allá de logotipos y colores que nos distinguen, los representantes podemos ponernos de acuerdo en los temas que les atañen a los mexicanos, dentro o fuera de nuestras fronteras.
Éste, desde nuestra óptica, es un hecho muy importante para la vida parlamentaria. Continuar, en beneficio de la nación, para éste y para todos los problemas que en lo sucesivo se nos presenten a los mexicanos, es la actitud que el país demanda de sus representantes. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su enérgica condena a la aprobación, por parte de la legislatura del estado de Arizona, de la Ley SB-1070, en la cual se penaliza a los trabajadores inmigrantes indocumentados que, sin contar con la autorización de las autoridades migratorias de Estados Unidos, se encuentran en esa entidad.
En el estado de Arizona existen alrededor de 500 mil migrantes indocumentados. De esta cifra, 450 mil son mexicanos. Esta ley es la expresión jurídica de la xenofobia de la ultra derecha norteamericana. El contenido normativo de dicha ley viola flagrantemente los derechos humanos, que en el discurso el gobierno de ese país tanto dice defender.
Esta ley atenta contra todas aquellas personas, en particular los mexicanos que por no encontrar en México un trabajo digno que les permita la manutención de sus familias, tienen que emigrar en busca de empleo.
Queremos ser enfáticos, los mexicanos indocumentados que viven y trabajan en el estado de Arizona no son delincuentes. El contenido de dicha norma es en esencia fascista, ya que establece la delación por parte de los ciudadanos norteamericanos de aquellas personas cuya situación migratoria sea irregular al mejor estilo de la Alemania nazi, la España franquista y la Italia de Mussolini.
Nuestro grupo parlamentario solicita a la gobernadora de ese estado de Arizona, a la señora Jan Brewer, que ejerza la facultad que le confiere el artículo V, sección 7, de la Constitución del estado que gobierna; y que vete la ley en comento. De igual forma, exigimos que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México haga llegar una nota diplomática condenando dicha legislación.
Las autoridades del estado de Arizona deben tener claro que la presencia de nuestros connacionales en su territorio es pacífica, son personas que como resultado de su trabajo pagan impuestos y seguramente muchos se asimilarán a las comunidades en donde ahora residen. La ley señalada ordena hostigar y detener, mediante la fuerza pública, a las personas simplemente que por su aspecto se pueda presumir que no son norteamericanos. Sólo faltó que estableciera la pureza racial como condición previa para vivir y trabajar en Arizona.
México no puede permitir una agresión de esta índole a nuestros connacionales. La República Mexicana y el estado de Arizona comparten fronteras comunes, pasado, vínculos históricos, comerciales. Y la criminalización de los migrantes únicamente generará perjuicios a la economía de ese estado, a los empleadores y fundamentalmente a la mano de obra, amén de la violación de los derechos humanos más elementales a nuestros compatriotas.
Debemos recordar que justamente por su situación migratoria irregular, los trabajadores mexicanos no cuentan con derechos laborales plenos. Los salarios que devengan son siempre inferiores a los de un trabajador con documentación en regla. Carecen de seguridad social. Son por desgracia mano de obra barata.
Nuestro Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su solidaridad hacia nuestros paisanos que viven en el estado de Arizona; y desde el Congreso de la Unión exigiremos, a los encargados del manejo de nuestras relaciones exteriores, una total condena de un acto de barbarie como es éste de la legislatura de Arizona. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos.
El diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, vemos con gran preocupación los efectos potencialmente graves que para nuestros connacionales pudiera acarrear en materia de derechos civiles la aprobación definitiva de ciertas iniciativas de ley como la SB 1070, aprobada la por la Legislatura del estado de Arizona, en los Estados Unidos de Norteamérica.
Bien lo han señalado las distintas organizaciones de protección de los derechos civiles, al afirmar que las iniciativas que se limitan a criminalizar a los migrantes dejan la puerta abierta para aplicar la ley en función de aspectos racionales o de nacionalidad, lo que nadie, en ningún lugar, debemos de permitir.
Resulta alarmante conocer que una legislación, ya aprobada por los diputados de Arizona, permite a todo policía a detener a cualquier persona por el simple hecho de parecer sospechoso de ser migrante indocumentado.
De adquirir vigencia sería un golpe contundente a los derechos civiles de nuestros connacionales, que lo único que buscan es un empleo digno y un ingreso decoroso, que desafortunadamente no les hemos podido brindar nosotros como país.
De manera respetuosa, solicitamos a la gobernadora de Arizona se sensibilice ante esta situación e impida que prospere esta iniciativa, que pudiera parecer atenta contra el libre tránsito de la población y la buena vecindad, y lo más grave, pudiera parecer que toma tinte de ser una política migratoria recargada hacia cuestiones raciales.
Debemos puntualizar oportunamente que los migrantes aportan hasta el 90 por ciento de la riqueza generada por ellos mismos, sólo enviando el 10 por ciento restante a México, fortaleciendo de esta manera la propia economía norteamericana.
La evidencia es clara y contundente. Los mexicanos no solicitan ayuda del gobierno, los vemos en cambio realizando labores con dignidad y entrega.
A los sonorenses, de manera particular, nos agravia y ofende que un estado vecino tome estas decisiones que lastiman y laceran las relaciones políticas. Un estado como Arizona, al cual consideramos hermano, un estado con el cual se entretejen y convergen las vidas, las culturas, la historia y las tradiciones de tantos sonorenses y tantos arizonenses. Un estado que ha salido adelante empujado por el comercio con Sonora por los servicios, que ha salido adelante precisamente como resultado de la buena vecindad y la comprensión de la política prevalente.
Basta preguntar a los empresarios arizonenses establecidos en los centros comerciales y a todos ellos en general, sobre el posible impacto que podría tener en sus ingresos una medida como la que se pretende establecer.
No es necesario mencionar las cifras económicas para saber que ciudades como Douglas, Sierra Vista, Nogales, Tucson, dependen en gran porcentaje del comercio orientado hacia los sonorenses.
Apropiado igualmente resulta apuntar la gran cantidad de trabajadores de origen mexicano, que se desempeñan cumpliendo con todas las normas establecidas en la Unión Americana.
La gran mayoría de la población del estado de Arizona reconoce la participación activa y pacífica de los mexicanos en la cultura, la economía y la sociedad. La gran mayoría de la población de aquel estado reconoce la presencia pacífica de los mexicanos y las aportaciones culturales y sociales, aparte de las que en gran medida económicas realizamos a la entidad estadounidense.
Es insultante, en cambio, no sólo a la población de Sonora, sino a todos los mexicanos, que se pretendan promulgar preceptos de contenidos imprecisos, ambiguos y faltos de certeza jurídica con toda la ley que debe poseer.
La aparente oscuridad y lo posiblemente indeterminado e inexacto de la norma parece llevar la clara consigna de establecer un campo para la indefensión de los ciudadanos, no sólo mexicanos, sino todos aquellos que por sus características físicas, principalmente, puedan ser sujetos de detención.
Se trata, al parecer, de un procedimiento legislativo en el que se busca autorizar a los cuerpos policiacos para actuar de forma persecutoria y alejada de las garantías contenidas en los tratados internacionales de derechos civiles más elementales.
Aparentemente se trata de una licencia de corso para la persecución y la intimidación. Es imposible sustraer el elemento de raza y nacionalidad a las disposiciones que entrarán en vigor si la gobernadora de ese estado norteamericano le otorga su aval.
Se trata de una torpeza diplomática y parlamentaria. Demuestra el poco valor que se le otorga a las relaciones diplomáticas con nuestro país.
Lo reitero, es en verdad insultante la forma en que se esquivan caminos más acordes con la realidad global y con la amplitud que debería explorarse en una relación tan intensa y cercana en todos los ámbitos. No puede concebirse que los legisladores arizonenses no hayan estudiado terceras vías para una problemática tan compleja.
Es lamentable que se haya escogido la comodidad de lo que se autorretrata como autoritarismo racista, como el estado policiaco intolerante que ellos, los norteamericanos, rechazan en otras naciones.
El Partido Verde se manifiesta en contra de una medida que pinta como un retroceso en materia de derechos civiles y manifestamos igualmente nuestra lucha por la salvaguarda de cualquier garantía fundamental como la libertad de tránsito, de trabajo digno, de salud y acceso a la justicia; derechos que parecen conculcados en la ley que pudiera aprobarse.
Conminamos a la Secretaria de Relaciones Exteriores para que asuma una postura enérgica, digna de México y en defensa y cobijo de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Marcos Carlos Cruz Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.
El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez: Compañeras diputadas y compañeros diputados. El lunes de la presente semana el Senado del estado de Arizona aprobó la versión final de la ley que consolida la reputación de ese estado, como el más duro de la Unión Americana contra los migrantes. Hasta el momento Jan Brewer, gobernadora de Arizona, no ha fijado su postura con relación a si firmará la entrada en vigor de esta ley.
La ley SB-1070 es un proyecto de ley de las más rígidas que le da a la policía más autoridad para arrestar a personas sospechosas de ser inmigrantes ilegales y acusarles de un delito. El proyecto de ley hará que la presencia de un migrante en Estados Unidos sea ilegal y se creará la acusación de incumplimiento voluntario de completar o portar un documento de registro de extranjero.
El proyecto también hace que sea un delito para los migrantes, sin documentos, el trabajar o solicitar empleo en Arizona. Ahora resulta que los trabajadores mexicanos serán criminalizados en la tierra de nuestros abuelos y en una nación que se ha forjado por diversas olas migratorias.
La Ley SB-1070 exigirá que los agentes pregunten acerca del estado migratorio de cualquier persona que se les cruce en su camino durante sus actividades policiacas. Además, aquellos policías que a sabiendas esconden, ayuden o, sin importarles, ignoren a individuos que se sabe que son inmigrantes ilegales, también se enfrentarán a acusaciones penales.
Tal iniciativa de ley faculta a las distintas policías del estado a verificar la condición migratoria de las personas únicamente con base en la sospecha razonada de que son ilegales. La iniciativa también penaliza a quienes transporten indocumentados a cualquier lugar o por cualquier motivo, así sean sus familiares.
Y por si algo faltara, la iniciativa de ley establece que cualquier ciudadano estadounidense que resida en Arizona podrá demandar judicialmente a las agencias de policía que no cumplan con esta ley.
Con esta ley el intelectual norteamericano Noam Chomsky hizo un símil y expresó: En Alemania el enemigo creado para explicar la crisis fueron los judíos; aquí en Estados Unidos serán los inmigrantes ilegales y los negros. Nos dirán que los hombres blancos son una minoría perseguida.
Danny Ortega, presidente de la Junta del Consejo Nacional de la Raza, dijo que Arizona ha sido incubador de la legislación del odio y advirtió que su impacto violará derechos civiles, derechos humanos y tal vez la Constitución.
El Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y de la Educación adelantó que retará la constitucionalidad de la ley ante los tribunales federales, si llega a ser promulgada.
La actitud del gobierno federal norteamericano ha sido errática y fallida con relación al compromiso de emprender una reforma migratoria que legalice la residencia de millones de trabajadores indocumentados.
Esta ley atentará contra los derechos humanos y civiles de miles de mexicanos que intentan diariamente cruzar la frontera norte para buscar oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida.
Las autoridades mexicanas no pueden ser omisas a esta amenaza contra los derechos humanos y civiles de millones de compatriotas. Los Poderes de la Unión deberán ejercer sus mejores oficios para defender a los migrantes mexicanos.
Para enfrentar esta situación México deberá actuar en lo siguiente: primero, en lo inmediato apoyar a organizaciones estadounidenses de migrantes para invalidar la ley de Arizona ante las Cortes de Justicia.
Segundo. En lo estratégico, México debe actuar en áreas como fortalecer los recursos legales contra leyes similares en otros estados fronterizos y contra ordenanzas municipales de similar naturaleza.
Tercero. Aumentar en los consulados los recursos financieros materiales y humanos para la atención y protección de los migrantes.
Cuarto. Crear empleos bien remunerados y las oportunidades que cientos de miles de mexicanos buscan fuera del país.
Para concluir, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática expresamos lo siguiente: condenamos y repudiamos las medidas xenofóbicas, racistas y discriminatorias del Poder Legislativo de Arizona en contra de los migrantes mexicanos y ratificamos el acuerdo de esta soberanía para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se exprese una nota diplomática en contra de la ley SB-1070, aprobada por los legisladores de Arizona.
Además, le solicitamos al titular del Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se convoque a consulta al embajador de México en los Estados Unidos. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.
La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su permiso, diputado presidente. El 15 de septiembre de 1935 en Núremberg, Alemania, el Parlamento criminalizaba la migración y restringía algunos derechos humanos básicos del pueblo judío, como el matrimonio. Poco tiempo después restringieron sus derechos de libertad de tránsito y todos conocemos lo que este pueblo tuvo que sufrir después.
La respuesta de la humanidad a estas atrocidades fue un nunca más. Nunca más, que quedó consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que en su preámbulo establece que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, y en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres.
Palabras fuertes y llenas de esperanza que daban muestra del compromiso del concierto de las naciones con la lucha, por siempre desterrar y para siempre, cualquier distinción que limitase los derechos de cualquier persona, fuese cual fuese su situación ética.
Sin embargo, el pasado 13 de abril, legisladores de la Cámara de Representantes del estado de Arizona aprobaron una ley de inmigración que parece desconocer los derechos básicos de los inmigrantes. Esta ley fue aprobada el 19 de abril en el Senado y al día de hoy le quedan tres días a la gobernadora Jan Brewer para decidir si veta o publica esta ley racista y xenófoba.
La iniciativa SB-1070 en su exposición de motivos establece que busca disminuir la migración ilegal por la fuerza, utilizando las palabras textuales: desgastar a través de la fuerza.
Tal iniciativa faculta a las distintas policías del estado a verificar la condición migratoria de las personas, únicamente con base en la sospecha razonada de que son ilegales. Incluso, les permite el arresto inmediato sin una orden de detención, igual por la sospecha de cualquier oficial de la ley de que el individuo tenga una condición migratoria irregular, o que se tengan elementos para sospechar que dicha persona ha incurrido en algún comportamiento que amerite la deportación.
El artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre establece que: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Sin embargo, al facultar a los agentes de ley a arrestar con la simple sospecha, se les faculta para detener a su simple arbitrio a quien sólo por parecer o ser oriundo de cualquier país al sur de la frontera de la Unión Americana, incluido, por supuesto, el nuestro.
La iniciativa también penaliza a quienes transporten indocumentados a cualquier lugar o por cualquier motivo, así sean sus familiares.
Ante esta medida, una vez que el Congreso ha dado luz verde a dicha iniciativa. La inmigración es un tema profundamente delicado en Estados Unidos, donde unos 10.8 millones de inmigrantes ilegales viven y trabajan en la sombra. Aunque en los últimos meses el debate se ha eclipsado por una reforma de salud y la preocupación por la economía.
En el estado de Arizona tan sólo habitan más de 450 mil migrantes mexicanos que carecen de documentos. Entendemos que ambos países enfrentamos una problemática común, que debe ser resuelta mediante la cooperación entre nuestras naciones, pero no podemos quedarnos callados ante la fuerte carga xenófoba y racista de esta ley. No podemos ni debemos guardar silencio, porque en el Partido Acción Nacional estamos convencidos que la dignidad inalienable de cada persona no está sujeta a consenso, los derechos humanos básicos, el respeto a las libertades individuales deben ser garantizados.
La libertad no debe ser constreñida arbitrariamente por ningún Estado, porque sin el pleno reconocimiento de los derechos humanos de cada persona se pone el riesgo el sistema jurídico y democrático, ya que la protección de los derechos y el respeto a la dignidad de cada ser humano son fundamento mismo.
Nunca antes, como en estos años se habían presentado cientos de iniciativas de ley, estatales y de ordenanzas municipales, criminalizando a los migrantes, negándoles servicios básicos, y elevando los castigos a quienes les den empleo, les renten lugar dónde vivir o los alberguen.
Debemos alzar la voz al unísono, como la alzamos en 1994 ante la Propuesta 187 del estado de California, que busca fines parecidos y que gracias a la imparcialidad de las Cortes federales de Estados Unidos, con base en su Constitución y en su larga tradición de lucha por los derechos civiles y libertades individuales, declararon fuera de la Constitución.
Debemos alzar la voz porque el Senado americano aún no rechaza la Propuesta HR-4437, la Ley para el Control de la Inmigración, el Antiterrorismo y la Protección de las Fronteras, de 2005.
Debemos alzar la voz también ante la propuesta del presupuesto que envió el 2 de febrero el presidente Obama, en donde también aumenta el presupuesto para poder fortalecer la frontera y seguir con las medidas antiinmigrantes.
Debemos actuar con fuerza, actuar con fuerza. Debemos fortalecer los recursos legales contra leyes similares en otros estados y contra ordenanzas municipales de similar naturaleza, aumentar en los consulados los recursos financieros, materiales y humanos para la atención y protección de nuestros migrantes. Seguir trabajando en nuestra propia reforma migratoria, justa, integral y congruente con la protección de los derechos humanos básicos.
Por tal motivo, el Partido Acción Nacional, sumándose a la condena de esta iniciativa de ley, manda este mensaje de apoyo a la comunidad migrante que radica en Estados Unidos. También mandamos este mensaje con el propósito de que el gobierno de Arizona busque otras alternativas para el control de personas con problemas de documentación y erradique esta medida tan drástica y discriminatoria.
Además, no será distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. Con los derechos humanos, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, no se puede negociar. No pueden prescribir. Debemos hacernos oír, debemos actuar y dar la lucha para la promoción y el respeto a toda costa de los derechos humanos fundamentales, que tienen su sustento en la dignidad de cada persona humana. Debemos hacernos oír. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
La diputada Narcedalia Ramírez Pineda: Señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Vengo a esta tribuna, a nombre de mi fracción parlamentaria, el PRI, para fijar nuestra postura acerca de la grave decisión que tomó el Senado de Arizona al aprobar la iniciativa de Ley SB-1070, que de ser promulgada por la gobernadora Jan Brewer, tendría serias repercusiones sociales y económicas para más de 400 mil mexicanos que viven en ese ese estado de la Unión Americana.
No podríamos callar, hoy menos que nunca, ante una de las leyes antiinmigrantes más agraviantes de que se tenga memoria en Estados Unidos, promovida por el sector conservador más radical de ese país.
Actitud que se refleja en el ambiente de persecución, odio, racismo y criminalización contra trabajadores, que si ciertamente carecen de documentos, de ninguna manera se les puede considerar como delincuentes.
Creemos que es urgente enviar a quienes allá sufren persecución e incomprensión, nuestra más amplia solidaridad y nuestro firme compromiso de defender, en forma enérgica ante quien corresponda, sus más elementales derechos laborales y humanos.
Qué razón tuvieron los más de 200 mil trabajadores migratorios, entre ellos decenas de miles de mexicanos sin documentos, que se concentraron en Washington para demandar una reforma migratoria. Llegaron para pedir al gobierno del presidente Obama el reconocimiento de sus derechos, que no se les criminalice ni se les persiga y acose; que no se dispersen y destruyan sus familias, y la oportunidad de trabajar y residir legalmente en ese país. Ésa fue su demanda central.
Saben nuestros compatriotas el gran logro que significaría una nueva Ley Migratoria, que no sólo legalizaría su estancia, sino que reconociera la aportación inmensa que su fuerza de trabajo significa para la economía y el engrandecimiento de ese país.
Por algunos momentos se ha avanzado notablemente en ese sentido, pero la presión de las fuerzas más conservadoras ha derrotado los mejores intentos, particularmente de los legisladores demócratas, como sucedió con el activismo del hoy desaparecido senador Edward Kennedy. El tiempo apremia, pues hoy, como pocas veces, está encendido el odio, la actitud xenofóbica y la persecución especialmente contra los trabajadores procedentes de nuestro país.
Con pleno respeto a las decisiones soberanas de ese país, México necesita intensificar sus gestiones en defensa de nuestros paisanos. No puede ser omiso en este problema tan trascendental para la vida de nuestros esforzados compatriotas que aquí, en nuestra patria, con más de tres millones de desempleados, no encuentran oportunidades para su sobrevivencia.
Es importante?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputada. Diputado, dígame usted.
El diputado Carlos Flores Rico (desde la curul): Presidente, quisiera, si me hiciera favor de consultar con la oradora, si permite una pregunta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Acepta usted una pregunta, diputada?
La diputada Narcedalia Ramírez Pineda: Adelante, diputado presidente. Gracias.
El diputado Carlos Flores Rico (desde la curul): Diputada, hemos estado hablando aquí de que esta nueva ley de Arizona adolece del respeto a los derechos humanos, e inclusive tiene tintes de carácter racista, ¿podría usted, si le permite su documentación, leer dos o tres puntos de lo que esta ley plantea o dice acerca de estos derechos violados? ¿A qué se refiere exactamente esta ley, cuando hablamos de que está incurriendo en violaciones a derechos humanos y a toda garantía de trabajo de las personas de bien?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputada, por favor.
La diputada Narcedalia Ramírez Pineda: Sí, cómo no, diputado. Entre las principales consecuencias de esta iniciativa, está la creación de un delito menor de carácter estatal que sanciona a cualquier individuo que no sea ciudadano, que haya ingresado de manera ilícita o que se encuentre de manera indocumentada en Arizona, y no pueda acreditar su estatus migratorio. La sanción consiste en prisión de hasta 6 meses y una multa, desde los 500 dólares hasta los 2 mil 500 dólares.
La ley crea delitos adicionales por reincidencia y circunstancias agravantes con penalidades mayores.
Otra de las cosas, es que la concesión de facultades a agentes estatales para realizar arrestos en función de violaciones a la Ley Migratoria Federal, a partir de la sospecha razonable de que una persona se encuentre de manera indocumentada en el estado; el endurecimiento de sanciones contra las personas que contraten o transporten a jornaleros que solicitan empleo en la vía pública, y la creación de un derecho privado de acción para que los ciudadanos demanden al gobierno de una ciudad, pueblo o condado, por incumplimiento de la ley.
Entre éstas, es la creación de un fondo para la lucha contra pandillas e inmigración, así como el reembolso a la prisión del condado por los costos relacionados a la inmigración ilegal, y además contiene cláusulas de intención, severidad, implementación y construcción.
Creo que entre estos puntos, además de que establece multas a partir de mil dólares por transportar de manera ilegal a una persona, y otras prohibiciones que también van incluidas en la ley, pero que podrían ser éstas las generales. Ésa sería la respuesta, diputado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Bien, diputada. Continúe con su intervención.
La diputada Narcedalia Ramírez Pineda: Es importante, sí, la atención consular que hoy se les brinda, pero no es suficiente. Se requiere una intensa negociación política y diplomática con el gobierno estadounidense y con los señores legisladores de ese país para concertar o proponer otras vías de solución al fenómeno migratorio, que no sea la reprobable práctica de las acciones policiales.
Es necesario impulsar una política de entendimiento y mutua comprensión con una visión moderna y compartida para un fenómeno que no es bilateral, sino ya es global.
Hoy, alrededor del 4 por ciento de la población mundial reside y trabaja en un país distinto al de su nacimiento. Estados Unidos es históricamente un país de inmigrantes. De los más de 40 millones de trabajadores latinoamericanos sin documentos que ya han hecho su vida en esa nación, 12 millones son mexicanos.
Por eso tiene actualidad y fundamento el punto de acuerdo que inscribí a principios de este mes para hablar de esa realidad. Hoy reitero que, como pocas veces, estamos ante la gran oportunidad para hacer conciencia con nuestros colegas, los legisladores norteamericanos, sobre la importancia de una nueva Ley Migratoria que dé paso a nuevos vientos de entendimiento y de relaciones fraternas.
Es un imperativo que el hecho del 20 de abril en Arizona, Estados Unidos, no pase desapercibido y sea analizado y discutido con la fuerza de los argumentos y razones históricas que nos asisten. Se requiere y así lo solicitamos, una intervención decidida de nuestra diplomacia a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que busque detener la acción de esa legislación represiva que lesiona la dignidad de nuestros compatriotas.
Al mismo tiempo, con todo comedimiento, pero con toda nuestra claridad política, es necesario elevar las gestiones de nuestra Honorable Cámara de Diputados para que, por conducto de la Presidencia de nuestra Mesa Directiva, enviemos a los mexicanos que viven en los Estados Unidos nuestra más enérgica y comprometida voluntad en defensa de sus más elementales derechos humanos.
Nuestra posición es muy clara: solicitar con la urgencia del caso, con respeto pero con determinación, que esta deplorable iniciativa de ley sea vetada por la instancia correspondiente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Pedro Ávila Nevárez: Con su permiso, señor presidente. No he preparado ningún discurso para participar en esta ocasión, pero lo que me hace hacer uso de la tribuna más alta de la patria es que soy de Durango, y de Durango van miles y miles de gentes a trabajar en Estados Unidos. En todos los estados de la Unión Americana hay gente de Durango prestando sus servicios en diferentes partes.
Por ello subo a esta tribuna, para decir, aquí, en ella, nuestra inconformidad de esta ley que cala en lo más profundo de nuestro ser, porque se está perjudicando a gente que va a la Unión Americana con el solo deseo de trabajar. Se ha demostrado que la gente de Durango, de Zacatecas, de Coahuila, de San Luis, de Oaxaca y de muchas partes más, son gentes que en realidad son ejército de gente trabajadora.
Los mexicanos que van a Estados Unidos no van a robar ni van a convertirse en criminales potenciales. Van a ganar el sustento para sus familias. Ese sustento que no pueden ganar desgraciadamente aquí en su patria porque faltan fuentes de trabajo. Lo que se está haciendo en la Unión Americana, principalmente en Arizona, es un crimen.
Pero esto no es nuevo. Desde hace mucho tiempo en Arizona se usaba que a los migrantes, y en especial a los mexicanos, se les cazara con balas, con balas de goma que la gobernadora y sus legisladores --que no deberían ser legisladores porque gente que está en una Cámara de Representantes no debe legislar para que se lesione a gente que no comete ningún delito.
Por eso, me da mucho gusto que todas las fracciones políticas de este Congreso estemos unidas para protestar en contra de esta ley, que una Cámara de Representantes ?que no representa a nadie? esté aprobando esta ley.
Respetuosamente hacemos un llamado a la gobernadora del estado de Arizona para que frene esta ley y a la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro gobierno para que, por medio de todos los conductos que haya, proteja a nuestros connacionales y manden traer de inmediato, para que informe al gobierno de la república, al embajador de México en Estados Unidos.
Esto no es una cosa mínima. Recuerdo que cuando estaba el presidente López Mateos nada más porque hirieron a un pescador mexicano se rompieron relaciones diplomáticas con el gobierno de Ydígoras, con el gobierno de Guatemala.
Los mexicanos somos gente de bien, somos gente trabajadora y gente que aguantamos todas las humillaciones, pero recuerden que Francisco Villa entró a Columbus y que en la sangre de todos los mexicanos hay un Villa, en vigor y en potencia, que puede entrar a Estados Unidos a recuperar lo que es nuestro. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados y compañeras diputadas, muy buenos días. Ya los extrañaba, los echaba de menos.
Este tema es un tema muy importante. Es un tema en el que es muy positivo que haya una coincidencia de todas las fracciones parlamentarias condenando esta ley racista, pero esta condena es insuficiente.
La riqueza se produce con trabajo; de ninguna otra manera. Los mexicanos hemos producido riqueza a manos llenas en este país y riqueza a manos llenas en Estados Unidos. California es el estado más poderoso económicamente de la Unión Americana, en buena medida gracias al trabajo de los migrantes.
La verdad es que hacer la condena es insuficiente porque tendrían que tomarse decisiones adicionales. Este Congreso tendría, tendremos, que exigirle al gobierno usurpador que fije una posición firme de respeto a los migrantes mexicanos y que exija el retiro de esa ley racista y oprobiosa que viola los derechos humanos más fundamentales.
La Cancillería de este gobierno de facto tendría que tener un papel muchísimo más activo en la defensa de los derechos de los connacionales que están trabajando y aportando para la riqueza de Estados Unidos.
La embajada de nuestro país, sin duda, tendría que estar activísima en este momento en todos los espacios: políticos, públicos, mediáticos de los Estados Unidos, combatiendo esta ley canalla, esta ley hipócrita, que pone en el centro del racismo a los mexicanos, desconociéndoles la enorme aportación a la riqueza de nuestro vecino país.
Pero no sólo esto. Esta condena también es insuficiente si en este país no tomamos las medidas necesarias para que los mexicanos y las mexicanas tengan en nuestro territorio empleo bien pagado.
Quien hoy usurpa la Presidencia de la República ofreció ser el presidente del empleo y es la época de más pérdida de empleos que haya habido en la historia reciente de nuestro país. Están como casos emblemáticos los 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y los más de mil mineros de Cananea, que han sido despojados de su fuente de trabajo por este gobierno de facto.
Tendría que devolvérseles su empleo y generar empleo bien pagado para todos y todas las mexicanas. Tendría que generarse salud pública, gratuita y de calidad. Educación con acceso universal a todos los jóvenes, adolescentes y niños que la solicitaran, pública, gratuita y universal. Vivienda y mejores condiciones de vida para no tener la necesidad de millones de mexicanos y mexicanas de cruzar la frontera.
Porque además ahora a estas carencias se suma la brutal inseguridad, la militarización del país, el asesinato de civiles en retenes militares y la falta de garantías para condiciones básicas de seguridad a lo largo y ancho del territorio nacional.
Es que es mucho lo se tiene que hacer, más allá de esta condena. Es muy grande el reto que tenemos enfrente, para darle a los millones de mexicanos y mexicanas una vida digna en su país, y que si migran no sea por la presión del hambre, de la miseria, de la desesperanza, de la injusticia, de la desigualdad, de la lacerante pobreza que se vive a lo largo y ancho del territorio nacional.
Quiero terminar diciéndoles, hoy un diario de circulación nacional, La Jornada, plantea que de los 10 millones de nuevos pobres en América Latina, 5 millones los aporta nuestro país. Ésa es la contribución de los gobiernos neoliberales de los últimos 30 años. Es un efecto brutal, lesivo para la mayoría de los pobladores de nuestro país, que vamos a tener más temprano que tarde, compañeros diputados y compañeras diputadas.
Así es que yo hago votos para que esta condena unánime no se quede en esta posición, sino vayamos más allá y generemos las condiciones de vida digna que merecen todos los mexicanos y todas las mexicanas. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción Nacional, hasta 5 minutos.
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados.
Como diputada de Acción Nacional y como presidenta de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara, y todos sus integrantes, hemos sido siempre respetuosos y defensores de los principios de autodeterminación de los pueblos, y compartimos la convicción del respeto a la soberanía de los pueblos y, por ende, de los estados, con los principios del federalismo que históricamente hemos defendido.
Sin embargo, acontecimientos recientes de la política interna del estado de Arizona, en Estados Unidos de América, nos obligan como mexicanos, como legisladores, como personas que entregamos la vida al servicio público en México, a tomar las medidas que estén a nuestro alcance para evitar que una legislación discriminatoria afecte a nuestros connacionales.
Los derechos humanos fundamentales de alrededor de 12 millones de mexicanos residentes en los Estados Unidos, independientemente de su calidad migratoria, así como de los miles de ciudadanos de origen mexicano que también se encuentran en el estado de Arizona, están en riesgo de ser violentados de manera severa, pues la iniciativa de Ley SB 1070, que ha sido ya aprobada tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado estatal, amenazan con entrar en vigor y ahora tan sólo está pendiente de ser promulgada o en el mejor de los casos, vetada por la gobernadora del estado.
El martes 13 de abril pasado fue votada en la Cámara de Representantes del estado de Arizona una ley antiinmigrantes sin precedentes en la historia. Posteriormente, el Senado estatal aprobó el pasado lunes 19 de abril dicha iniciativa de ley, que ahora tan sólo está pendiente de ser promulgada por la gobernadora estatal, quien al igual que todos los representantes y los senadores que aprobaron por mayoría la ley pertenecen al Partido Republicano, de Estados Unidos.
La iniciativa en cuestión representa un claro retroceso en materia de leyes migratorias y constituye un atentado contra la dignidad de las personas al tener un claro contenido racista que, además al entrar el vigor será motivo de violaciones de los derechos humanos de los migrantes, pone de manifiesto el riesgo de una oleada de legislaciones similares en otros estados de este país, con lo que se contamina el proceso de la espera o de la esperada reforma migratoria, además de que se genera un clima de tensión en la relación bilateral.
De acuerdo con la iniciativa en cuestión, se tipifica como crimen la no obtención de documentos migratorios, además de que se criminaliza la contratación y la solicitud de trabajo de indocumentados, así como el transportar o dar albergue a los mismos.
La iniciativa permitirá a la policía del estado aumentar el número de redadas y a arrestar a quienes porten una documentación o identificación oficial o genere una sospecha razonable.
Es así, que el punto medular y más controversial de dicha iniciativa radica en que se permite a los policías interrogar a cualquier persona que parezca sospechosa de no ser ciudadano legalmente acreditado, dejando así a la clara discrecionalidad de los policías estatales el detener a quienes ellos consideren potencialmente sospechosos de tener estado migratorio ilegal.
Los diputados integrantes de esta comisión y estoy convencida, porque el día de ayer firmamos todos un punto de acuerdo en este sentido, rechazamos categóricamente la iniciativa de ley antiinmigrante que atenta contra los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, pues nos preocupa considerablemente su contenido que tiene una de sus principales consecuencias: la criminalización de los ciudadanos mexicanos. Lo cual resulta inadmisible a todas luces.
No podemos permitir que posturas fundadas en el odio racial y la intolerancia, se pongan por encima de los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos de América y que atenten contra la dignidad de la persona, que es una prioridad defender.
Esta situación está teniendo un impacto fuerte y de preocupación en varios estados fronterizos debido a que comparten frontera, o la frontera de Arizona con el estado de Sonora y obviamente, todos los diputados sé que están muy preocupados.
Independientemente de su condición migratoria, los derechos humanos deben de ser salvaguardados y no deben de ser puestos en entredicho y menos aún ser violados sistemáticamente, con todo el respaldo de una legislación estatal.
Asimismo, de aprobarse esa ley que criminaliza a los migrantes, se atenta contra los instrumentos internacionales de derechos humanos, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares que, aunque no ratificada por Estados Unidos de América, sí forma parte del corpus internacional de instrumentos de derechos humanos, en específico de trabajadores migratorios, cuya vigencia debe promover la defensa de los derechos humanos de los connacionales mexicanos, en concordancia con la dignidad de la persona humana. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el señor diputado Porfirio Muñoz Ledo.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Queridas compañeras y compañeros. Ha llegado a un punto límite el descaro y el desprecio con el que ciertas autoridades norteamericanas tocan el tema de la migración.
Yo quisiera, desde esta tribuna, hacer un llamado muy enérgico al Ejecutivo de la Unión de que toda evidencia, en el marco de las relaciones entre México y Estados Unidos, que ha pasado a segundo término --si no es que a tercero-- el tema de la protección de los derechos de nuestros trabajadores.
Un grupo de legisladores acabamos de estar en la ciudad de Washington para organizar la próxima Reunión Parlamentaria México-Estados Unidos que tendrá lugar en Campeche la segunda semana de junio. Vimos después a un grupo de congresistas norteamericanos, y para su gran sorpresa, pero su aceptación final, porque muchos de ellos son de origen hispánico, logramos darle un peso considerable en la agenda al tema de la migración. Hay desde luego el riesgo de que la posición mayoritaria de los congresistas mexicanos se distancie de las posiciones oficiales del gobierno.
La tesis que la mayor parte de nosotros sostuvimos es que el aumento de la migración es consecuencia directa del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Desde su entrada en vigor, el 1 de enero de 1994, han salido 11 millones de migrantes. Se pactó la reforma del artículo 27 constitucional para reducir la densidad de los trabajadores agrícolas y que pudieran migrar. Con las remesas que envían los trabajadores se pagan los alimentos que compramos en Estados Unidos. Es entonces parte de la mecánica del acuerdo de libre comercio.
Lo segundo. Las tasas de migración de otros países, asiáticos y del Caribe, son tanto o mayormente elevadas que las de México. Esto quiere decir que los factores de atracción de la economía norteamericana son tan poderosos como los factores de expulsión. Es una economía que necesita del trabajo, a diversos precios. Es una economía que va reemplazando mano de obra calificada por menos calificada.
La migración es entonces parte integrante del Tratado de Libre Comercio y factor fundamental de la productividad y del crecimiento de la economía norteamericana.
Nos ampara, en este caso, no sólo la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, que fue promovida por México en las Naciones Unidas desde 1979; nos amparan las convenciones laborales sobre migración, y en este caso particular también las convenciones contra discriminación.
Ya basta de no incluir como un principio central de la política exterior del país la defensa de los derechos humanos de los trabajadores migrantes. Esta trampa inmensa de la represión que derivó del Plan Mérida y del famoso ASPAN debe ser abolida; de hecho ya no existe.
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, se ha propuesto presentar un proyecto de reforma constitucional que sea el marco de una política exterior de Estado. Queremos pedirle a esta Cámara, que antes de la reunión con Estados Unidos, pasemos a la Comisión Permanente la tarea de tener un debate interno.
Quisiera que los congresistas de Estados Unidos oyeran lo que se dice en esta Cámara, que quienes vamos a acudir al encuentro tengamos el mismo lenguaje que ustedes. Basta ya del doble lenguaje. Basta ya de un agachismo intolerable. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Ha concluido la lista de oradores. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutido. Continuamos con el orden del día Dictámenes de primera lectura
Antes pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de asistencia de diputadas y de diputados.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Sigue abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 429 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para hacerlo por cédula.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Continuamos con el orden del día. Pido a la Secretaría que proceda a dar lectura a la Comunicación de la Comisión de Agricultura y Ganadería
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva, Cámara de Diputados.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos vigésimo primero y vigésimo segundo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones y la discusión de los dictámenes, solicito a usted considere el retiro del dictamen de primera lectura de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas, registrado en el orden del día de esta sesión, y se ha incorporado en la última sesión de este periodo ordinario de sesiones.
Atentamente, diputado Cruz López Aguilar, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Diputado Manuel Cota Jiménez. Diputado José Narro Céspedes.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se retira del orden del día de esta sesión.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se retira del orden del día de esta sesión el dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se retira y se programa para la sesión del jueves 29 de abril.
Continuamos con el siguiente punto del orden del día que son Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2002.
En virtud de que éste ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se dispensa su lectura.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Queda de primera lectura.
Proceda la Secretaría a dar cuenta del oficio recibido de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo Vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted, atentamente, consultar al pleno la modificación al orden del día, a efecto de que se dispensen trámites y se proceda a la discusión en esta misma sesión del siguiente dictamen listado en el orden del día de hoy como primera lectura: De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el ejercicio fiscal 2002.
Firman, los coordinadores parlamentarios.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Diputadas y diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Queda de segunda lectura. En virtud de que el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2002 se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra, en los términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por la Comisión para fundamentar el dictamen, el señor diputado Luis Videgaray Caso, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Videgaray Caso: Con su venia, presidente. Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Como todos ustedes saben, el artículo 74 constitucional establece como una facultad exclusiva de esta Cámara de Diputados el revisar las cuentas públicas de la Hacienda federal. Esta facultad de revisión y así lo establecía el texto constitucional vigente para el año 2002, tenía como objetivo evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
El 10 de junio de 2003 se recibió la Cuenta Pública correspondiente a 2002, y hasta la fecha del día de hoy esta soberanía no ha cumplido con la obligación de revisar la Cuenta Pública, en términos del artículo 74 constitucional. Por ello, ayer, en sesión celebrada el 21 de abril de 2010, la Comisión de Presupuesto aprobó, con 28 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones, un dictamen que se pone a consideración de la Cámara de Diputados, para cumplir con esta obligación.
Este dictamen, señoras y señores diputados, no aprueba la Cuenta Pública de 2002, ni tampoco la desaprueba. En este dictamen se cumple con la obligación de revisar, señalar anomalías, señalar deficiencias y sobre todo, proponer medidas, exhortos e incluso instrucciones, para no repetir los errores del pasado y que son evidentes al conocer la Cuenta Pública y su informe de auditoría.
Tampoco pretende este dictamen establecer sanciones o imputar responsabilidades específicas, porque esta Cámara de Diputados cumple con esa obligación a través del órgano técnico, que es la Auditoría Superior de la Federación; Auditoría que practicó 336 auditorías específicas y promovió 3 mil 410 acciones correctivas, por un monto de 72 mil millones de pesos.
Quiero destacar que el dictamen que se pone a consideración de ustedes señala problemas graves y recurrentes, en algunos casos, en el gasto público federal. En primer lugar, 2002 fue un año de crecimiento en el gasto corriente; el gasto corriente creció 6.5 por ciento y solamente el rubro de erogaciones por servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales, creció 3.5 por ciento por arriba de la inflación, en un año en que la economía no creció.
Los programas sociales, según observa el auditor, algunos programas, por ejemplo en la Secretaría de Desarrollo Social o del Instituto Nacional Indigenista, no tuvieron ni objetivos ni indicadores estratégicos ni metas.
Asimismo, existieron deficiencias importantes en la transferencia de recursos federales a las delegaciones de las dependencias federales y, también a los estados y los municipios, y en opinión de la Auditoría, esto se debió a la ambigüedad de los ordenamientos jurídicos y a la falta de elementos técnicos para priorizar el gasto público federal.
También existieron subejercicios importantes, en opinión del auditor; subejercicios particularmente si se les considera contra el presupuesto modificado, y que el propio auditor atribuye a una deficiente programación financiera por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Finalmente quiero destacar que 2002 fue un año en el que, según los informes de auditoría, existió poca transparencia en el manejo de recursos públicos cuando éstos se ejercieron a través de fideicomisos. Fideicomisos como el Aduanas I, el Fobaproa, el Fondo de Estabilización Cafetalero o el FEESA, aquel fideicomiso creado para los ingenios expropiados.
Este dictamen, que repito, no aprueba la Cuenta Pública, lo que propone es --si así lo aprueba esta soberanía-- en primer lugar, instruir a la Auditoría Superior de la Federación para que informe de manera actualizada, cuáles son los resultados de las correcciones y de las medidas preventivas que instruyó, y segundo, para que actúe sobre la revisión de objetivos y programas sociales que no los tienen.
Asimismo, se hacen tres exhortos importantes al Ejecutivo federal:
Primero. Para que continúe reduciendo el gasto corriente. Esto ha sido una prioridad de la LXI Legislatura y lo seguirá siendo. Y si se aprueba este dictamen se hará nuevamente un exhorto en este sentido al Ejecutivo federal.
Segundo. Para que gire instrucciones a las dependencias de la administración pública federal para que ejerzan el gasto público conforme a lo programado, incluyendo la programación hecha por esta Cámara de Diputados en el Presupuesto 2010.
Y, finalmente, para que proporcione información sobre los recursos contenidos en fondos y fideicomisos que, por no haber en ese año 2002 la normatividad vigente, no se informaron a esta soberanía.
A nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ponemos a consideración este dictamen que lo que intenta es ser una pieza más en el aprendizaje institucional, para que tengamos un mejor presupuesto y un mejor ejercicio del gasto.
Sabemos que existen deficiencias y 2002 fue un año de amplísimas deficiencias, pero corresponde a esta legislatura mirar al pasado para aprender de los errores y no volverlos a cometer en el futuro. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Luis Videgaray.
En consecuencia está a discusión en lo general. Esta Presidencia tiene inscritos hasta este momento al diputado Mario Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo; diputado Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México; diputado Vidal Llerenas Morales, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Ramón Merino Loo, del Partido Acción Nacional; diputado Roberto Albores Gleason, del Partido Revolucionario Institucional; diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo y diputado Gerardo Fernández Noroña.
Al término de los mismos, preguntaré a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Mario Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos.
El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros. Esta semana ha sido yo creo que la semana kafkiana de la Cámara de Diputados. Anteayer aprobamos los viajes a la luna. Ayer borramos la palabra pobreza de una ley, en lugar de erradicarla. Y hoy estamos discutiendo un dictamen timorato sobre la Cuenta Pública de 2002, de hace ocho años.
Y decimos que no es bueno ni malo, sino todo lo contrario. Que la Cámara de Diputados está rechazando la obligación constitucional que tiene para revisar, para fiscalizar, para evaluar el contenido y las metas y los logros de los programas que lleva a cabo el Ejecutivo. Esto me parece ya la negación del Poder Legislativo en este país.
Hace unas semanas diputados del PRI decían que tenemos un gobierno caro y malo. Hace unas semanas decían que en el decreto de presupuesto que, precisamente redactó el presidente de la Comisión de Presupuesto, se había ordenado al Ejecutivo un programa de reducción de gasto corriente. Y ahorita se exhorta; en este dictamen se exhorta al Ejecutivo a que revise y que reduzca el gasto corriente.
¿No se acuerdan que en el 2002 todavía estaba en boga la ilegalidad del Fobaproa y lo ilegal del rescate? ¿No se acuerdan de los fideicomisos, del fideicomiso carretero que generó una deuda para los mexicanos, tan sólo este fideicomiso de 165 mil millones de pesos? ¿O del desastre de la corrupción que hubo en el fondo de expropiación de las empresas azucareras y que forman ahora parte de los pasivos que pagan millones de mexicanos? ¿Y estamos diciendo que no queremos sancionar eso?
Le pedimos al Ejecutivo y a la Auditoría que nos digan si las dependencias que tuvieron mayores observaciones, por cierto, por un monto de 77 mil millones de pesos. ¿Qué han hecho para gastar bien? ¿Saben qué? Les tengo la respuesta: no han hecho nada.
¿No discutimos la semana pasada los resultados en materia de política social de la Cuenta Pública y son un desastre? No han hecho nada, para qué se los preguntamos
¿Por qué nos negamos a decir si estuvo bien o mal? Si quiera tengan el valor de hacerlo. No se medio fiscaliza; o los programas y el gasto se ejercen bien o se ejercen mal. No hay vuelta de hoja.
Este dictamen es timorato, muy timorato en ese sentido y atenta contra las facultades constitucionales de la Cámara de sancionar y de avaluar el gasto público.
Se dice, en el punto nueve de este decreto: Se recomienda al Ejecutivo para que ejerza el presupuesto conforme lo aprobado. Nunca lo hace, nunca lo hace y aquí es materia de discusión de todos los días, y le estamos recomendando al Ejecutivo que ahora lo haga bien.
En nuestra cara va en contra de las disposiciones de este Congreso y seguimos con dictámenes timoratos. Seguimos con el miedo de ejercer las facultades que la Constitución le da a este Congreso y seguimos desprotegiendo a los miles de millones de mexicanos que ahora tienen deudas impagables por el endeudamiento público lleno de corrupción de estos rescates, del rescate carretero, del rescate bancario, del rescate azucarero.
Tenemos observaciones del auditor en donde señala la culpabilidad en el ejercicio del gasto y nos da miedo señalarlo.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo va a votar en contra de este dictamen, no solamente por timorato, no solamente por miedoso, sino porque va en contra de la facultad de fiscalización, de revisión y de evaluación que tiene la Cámara de Diputados.
Por eso los invito a votar en contra de este dictamen, a hacer conciencia. Ya no es cuestión de quién es el papá o la mamá del Fobaproa. Sabemos que uno es el PRI y el otro es el PAN. Se trata de darles cuentas a los ciudadanos y a los que votaron por nosotros. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan José Guerra Abud: Gracias, presidente, con su permiso. En el Partido Verde reconocemos a la Mesa Directiva y a todo el equipo técnico de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el intenso trabajo que, sabemos, están realizando para abatir el rezago en el análisis y dictamen de las Cuentas Públicas.
Me quedó muy claro que este Congreso no tiene la facultad ni para aprobar ni para reprobar este tipo de Cuentas Públicas.
Del análisis de la Cuenta Pública y el respectivo dictamen, son una herramienta de suma importancia para medir la eficiencia y eficacia de los recursos que asignamos a los diversos programas gubernamentales.
Por ello, lo que estamos haciendo le permitirá a todos, pero particularmente al Ejecutivo, tomar medidas correctivas y al mismo Congreso, como ya lo dijo el diputado Videgaray, para elaborar y autorizar mejores presupuestos.
El análisis de este dictamen fundamenta nuestra preocupación por la baja eficiencia en el caso particular de la Comisión Nacional Forestal, que tememos se mantiene al día de hoy.
En el 2002 hubo un gran subejercicio, concluyéndose que Conafor no cumplió satisfactoriamente los objetivos de retener y revertir la deforestación de un presupuesto asignado por 332 millones de pesos sólo ejercieron 94 en el Programa de Desarrollo Forestal; en consecuencia, los resultados operativos fueron inferiores a los que se habían alcanzado en el año anterior.
Nos preocupa que si en ese año el presupuesto del programa fue de 400 millones de pesos, hoy, el presupuesto que esta Cámara autorizó para el presente ejercicio supera los 5 mil 500 millones de pesos, y que, según varios expertos conocedores del tema, no se están ejerciendo de la manera más eficiente.
Por lo anterior, hacemos un particular énfasis en el artículo 7o. del dictamen, que respetuosamente sugerimos aprobar, para que la Auditoría Superior de la Federación revise los objetivos, indicadores, metas y reglas de operación de aquellos programas sociales que continúan vigentes, para verificar su efectividad y eficiencia actual.
Hay programas que no deben fallar; el cuidado al medio ambiente es uno de ellos. Es cuanto, gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Con su permiso, señor presidente. El dictamen que hoy votamos y la temporalidad del mismo, es decir, discutir hoy la Cuenta Pública de 2002, representa, por un lado, la renuncia que ha tenido este Congreso a participar en el proceso de rendición de cuentas.
Con la idea falsa de que la Cuenta Pública o el dictamen del mismo, que es lo que hoy votamos, representa avalar o no a un gobierno. Esta Cámara, en legislaturas pasadas, renunció a fiscalizar al Ejecutivo y a decir exactamente qué es lo que estaba mal en el gasto público.
La Cámara de Diputados anteriormente, entre 97 y 2000, con el consenso de todas las fuerzas políticas, dictaminó las cuentas públicas y le dio a la sociedad un instrumento para decir qué estaba bien y qué estaba mal, en qué gastaba el gobierno.
La cuenta de la hacienda pública de 2002 tiene ahora un dictamen que no significa la aprobación de la misma. Significa el señalar los principales desvíos de gasto que existen. Eso pasa en la cuenta, en el dictamen que hoy estamos votando.
Se señala con toda claridad de que el gobierno, en 2002, hizo mal uso de fideicomisos públicos. Que hubo un fideicomiso, el famoso caso ISOSA, en el que dinero público se trató como dinero público, que no se rindió cuentas y que la Tesorería de la Federación no recibió dinero por el uso de ese fideicomiso.
Esta cuenta también señala que el famoso Fobaproa fue utilizado de manera discrecional y que no contribuyó a resolver los problemas para el que fue creado.
Este fideicomiso, este dictamen, también señala errores muy graves en Pemex, en donde existieron sobrecostos que tuvieron una repercusión muy seria para esa empresa que tantos recursos da para este país.
Este dictamen también señala el incremento que se dio en el gasto corriente durante ese año, y también una mala planeación financiera que está creando de manera innecesaria subejercicios a lo largo de la administración. Eso está en las recomendaciones.
Podemos discutir o no si todo lo que sucedió mal en 2002, un pésimo año para el país, con un pésimo gobierno, está o no en esa cuenta. Pero por lo menos tenemos hoy un instrumento en el cual se reflejan las principales desviaciones y lo que normalmente hace mal el gobierno en materia de gasto público.
El problema más serio es que no estemos haciendo nada al respecto, que hoy apenas estemos discutiendo la Cuenta Pública 2002 y que nos falta la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, y muy pronto también la 8 y la 9. Este Congreso está en falta.
Lo más grave es también que no tengamos un mecanismo en el que el gasto público sea revisado en línea, que hoy sepamos con toda claridad qué está haciendo el gobierno con el gasto público, cómo afecta el presupuesto; si hoy en día hay partidas distintas por las aprobadas en este Congreso.
Que hoy existan fideicomisos que aparecen y que desaparecen en los informes trimestrales de las cuentas que nos manda la Hacienda federal.
Que hoy estos fideicomisos no formen parte del gasto presupuestal directo, en donde existe control y que el Ejecutivo pueda tener la libertad de seguirlos gastando como hizo con el fideicomiso de las aduanas.
Que hoy tengamos que esperar meses y meses para que la Auditoria Superior de la Federación entre a vigilar el gasto. Éste es el problema más grave.
Este Congreso no está tomando cartas en el asunto para hacer la rendición de cuentas y de la fiscalización un mejor instrumento para que el gasto público dé resultados.
Y por eso allá afuera los electores nos reclaman que el gasto no está teniendo repercusiones en su vida, porque no estamos evaluando y porque no estamos fiscalizando.
En este caso el grupo parlamentario al que pertenezco, votará de acuerdo a su propia conciencia. Hay distintas interpretaciones de lo que significa este documento, si es o no reflejo de lo que sucedió en 2002 y por lo tanto los distintos compañeros votarán de acuerdo a lo que ellos piensan.
En mi caso personal votaré a favor. Participé en la elaboración del dictamen, creo que falta todavía un trabajo más estricto y más incluyente en la Comisión de Presupuesto, pero sin duda, hubo participación de la fracción y en ese sentido mi voto será a favor. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Ramón Merino Loo, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.
El diputado Rarón Merino Loo: Con su venia, diputado presidente, y una felicitación por su cumpleaños. Con el permiso de las compañeras y de los compañeros diputados. Señor presidente, antes de iniciar con mi intervención y por ser información determinante y valiosa para el análisis de este dictamen, solicito que instruya a la Secretaría para que dé lectura al artículo 74 de nuestra Constitución Política, fracción VI, en sus primeros dos párrafos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, le pido a la Secretaría dé lectura al texto del artículo solicitado.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Artículo 74, fracción VI: "Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
"La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de fiscalización superior de la federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondiente a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y a las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.
En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la ley.
La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de representación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo. La prórroga no deberá exceder los 30 días naturales y en tal supuesto, la entidad de fiscalización superior de la federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe del resultado de revisión de la Cuenta Pública.
La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del resultado de la entidad de fiscalización superior de la federación a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior de la federación seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.
La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor Secretario. Continúe, señor diputado.
El diputado Ramón Merino Loo: Una vez escuchada cuál es la obligación de esta soberanía, manifestamos nuestro apoyo total a la forma en que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública conformó el presente dictamen.
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos convencidos que la fiscalización y la transparencia de los recursos públicos son elementos trascendentales para el desarrollo y consolidación de las instituciones democráticas y el mejoramiento de la eficiencia de las administraciones de todos los niveles de gobierno, en el ejercicio de los recursos públicos.
A partir de esto, nuestro objetivo siempre ha sido transmitir seguridad y certeza a la población sobre la forma en que se asignan y ejercen los recursos públicos, de tal manera que estamos convencidos que las contribuciones se reflejen en bienes y servicios de mejor calidad para todos los ciudadanos.
Asimismo, para Acción Nacional la fiscalización de los recursos públicos tiene que continuar avanzando en la búsqueda de mejores rumbos para el Estado mexicano, en donde prevalezca el estado de derecho por encima de la discrecionalidad, en donde los ciudadanos tengan la plena confianza de que el uso de los recursos públicos en todos los órdenes de gobierno se exprese en resultados tangibles para su mejor bienestar.
Es a esta Legislatura de la Cámara de Diputados a la que le toca cerrar un largo proceso de revisión, análisis y discusión de la Cuenta Pública 2002, pero reconociendo la gran labor que realizaron las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, como de Presupuesto y Cuenta Pública de las legislaturas anteriores.
En primera instancia, nuestro grupo parlamentario está a favor del dictamen, ya que en él se reconocen los logros alcanzados en las políticas públicas implementadas durante ese año. Pero más importante es que estamos convencidos de acatar las recomendaciones que se plantean en el dictamen a favor de mejorar el proceso presupuestario y la calidad del ejercicio en el gasto público.
Asimismo, nos interesa conocer de manera apremiante que la Auditoría Superior de la Federación nos informe del estado de las acciones que han implementado en las entidades estatales y en los municipios para garantizar un transparente ejercicio de los recursos públicos federales que se les transfieren, en particular de las aportaciones federales del Ramo 33.
Esto es muy importante para Acción Nacional, ya que desde este Congreso estamos convencidos del esfuerzo realizado para que en todo el país dispongamos de un sistema de rendición de cuentas moderno y actualizado.
Finalmente, un aspecto fundamental que se promueve en el dictamen está relacionado con la labor de fiscalización, que se enfoque cada vez más a consideraciones de carácter técnico que político. Esto lo menciono para solicitarle a la Secretaría de la Función Pública que nos informe sobre el estado de las recomendaciones y observaciones que la Auditoría Superior de la Federación efectuó de la revisión de la Cuenta Pública 2002.
Por todo lo anterior, Acción Nacional no cede en su lucha para que se construyan los acuerdos legales e institucionales que hagan falta, con el fin de que se materialice la plena fiscalización de los recursos públicos en todos los rincones de nuestro país. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos. ¿No se encuentra el diputado Cárdenas Gracia?
El diputado Roberto Armando Albores Gleason (desde la curul): La posición del PRI.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Perdón. Discúlpeme, diputado. Tiene usted toda la razón. Me había brincado el orden. Discúlpeme. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Roberto Albores Gleason, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Roberto Armando Albores Gleason: Con su permiso, diputado presidente. Gracias por la no omisión. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Mexicanas y mexicanos. La buena aplicación del presupuesto de la nación es sin duda una palanca de desarrollo, crecimiento económico, competitividad y, sobre todo, un instrumento eficaz para mejorar la calidad de vida de los mexicanos; de lo contrario, un ejercicio ineficiente de los recursos públicos no sólo puede aletargar nuestro desarrollo, sino condenar a nuestro país a la pobreza y al estancamiento.
En el Grupo Parlamentario del PRI queremos un país de soluciones y oportunidades para los mexicanos. Por ello, no es trivial, amigas y amigos, que esta LXI Legislatura haya asumido su responsabilidad e iniciado la dictaminación de las Cuentas Públicas rezagadas desde el 2002, a través de su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Los mexicanos debemos gastar mejor nuestros recursos para impulsar la competitividad de nuestro país y atender las demandas más sentidas de los mexicanos. Debemos evaluar su correcta aplicación; si están incidiendo en mejorar los programas y políticas públicas, y muy importante, satisfacer la permanente exigencia de la sociedad de transparentar el destino de los recursos públicos federales.
Desafortunadamente nuestro país no está avanzando como lo demandan los mexicanos; en generación de empleos, en crecimiento, en mejores oportunidades. La pobreza aumenta año con año. Durante la última década hemos perdido posiciones en la lista de competitividad mundial. Ante este escenario la pregunta obligada que nos tenemos que hacer hoy es: ¿el presupuesto público se ejerce para impulsar el desarrollo de nuestro país?
La revisión de la Cuenta Pública 2002 señala enormes problemas en la asignación y uso de los recursos públicos:
Primero. El crecimiento desmedido del gasto corriente del gobierno federal. En 2002 México creció sólo 1 por ciento, mientras que el gasto corriente crecía 7 por ciento real y el de la administración pública centralizada se incrementaba 15 por ciento. Mientras otros países se enfocaban en invertir en infraestructura y activos productivos de largo plazo, el gobierno federal hizo lo contrario.
Segundo. Un presupuesto carente de indicadores estratégicos, metas y sistemas de medición de objetivos a mediano y largo plazo. Por ejemplo, el Programa Microrregiones, que debe enfocarse a la infraestructura y equipamiento básico en las zonas de alta marginación, no contó con un sistema de información que permitiera medir el cumplimiento de sus objetivos.
Amigas y amigos, si queremos mejorar como nación, es preciso transparentar, evaluar y medir nuestro presupuesto.
Tercero. Se observó que las dependencias y entidades de control presupuestario, presentaban importantes subejercicios debido a la mala programación de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Más de 13 mil 800 millones de pesos de subejercicios en un país que tiene tantas necesidades.
Cuarto. Se observó que en diversos sectores los fondos y fideicomisos del gobierno carecieron de políticas, procedimientos y reglas de operación que transparentaran la eficiencia de los mismos. Por ejemplo, el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) careció de bases contables razonables y de formulación de estados financieros. Si pretendemos un presupuesto eficiente, debemos combatir la opacidad en el uso de los recursos y la discrecionalidad con la que el gobierno utiliza estos fideicomisos.
Amigas y amigos diputados, éstas son las lecciones que en términos generales nos arroja la revisión de la Cuenta Pública 2002. Les pregunto: ¿Hoy, en 2010, a 8 años de distancia, se han corregido dichas problemáticas? Desafortunadamente no. Estos problemas no se han resuelto, perduran y en algunos casos se han acrecentado. Por ello amigas y amigos diputados, los invito a votar a favor del presente dictamen y, reitero, votar a favor significa no aprobar la Cuenta Pública 2002.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que corresponde a los diputados federales señalar y observar puntualmente estas situaciones, pero sobre todo considerarlas en la discusión, análisis y aprobación de los próximos presupuestos. En el PRI vamos por impulsar reformas que promuevan un ejercicio del gasto eficaz.
En México, no podemos permitir que los problemas de los que hablamos hoy, y que se han hablado en la última década, sean los mismos que hablarán en las futuras generaciones. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Este debate es más trascendente de lo que podemos pensar, porque se avecina la revisión de las Cuentas Públicas del actual gobierno federal.
Esta Cuenta Pública del año 2002, por una extraña razón --que muchos no se explican, que yo sí me explico-- la estamos viendo hasta el 2010. Pero cuando nos toque revisar las Cuentas Públicas del gobierno calderonista, va a ser muy interesante la posición de algunos grupos parlamentarios que seguramente tendrán mucho interés, algunos en proteger al gobierno calderonista y otros en reprobarlo. Es un antecedente para la revisión que se avecina.
Qué puedo decir de esta revisión o de este dictamen que ha hecho la Comisión de Presupuesto de Cuenta Pública. Lo primero que tengo que decir es que esta revisión es totalmente extemporánea. El Poder Legislativo está en falta porque no cumplió con los plazos que prevé el artículo 74, fracción VI de la Constitución.
En segundo lugar, tengo que decir que la Comisión de Presupuesto no cumple con el principio de máxima fiscalización. Se trata de una revisión, como dice mi compañero Di Costanzo, timorata, débil o tibia.
Les quiero decir que según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra "revisar", el verbo "revisar", implica examinar, implica enmendar, corregir, reparar. Cuando un profesor examina a un alumno, que es lo que entraña la palabra revisar, lo aprueba o lo reprueba, pero este dictamen no contiene ninguna aprobación ni ninguna reprobación. Establece, eso sí, recomendaciones, observaciones, exhortos, pero no cumple con su objetivo principal.
La Constitución dice en el artículo 74, fracción VI, que la Cámara de Diputado revisa, y revisar implica examinar y al examinar aprobamos o reprobamos. Eso desde un punto de vista meramente gramatical.
Desde un punto de vista de la finalidad de la revisión, creo que el principio que debe ser privilegiado es el de la fiscalización. La fiscalización que realiza la Comisión de Presupuesto y que somete a nuestra consideración es una fiscalización tenue, moderada.
Voy a poner un ejemplo, solamente un ejemplo de porqué se trata de una fiscalización moderada. Si ustedes revisan con atención el proyecto o el dictamen que eleva la Comisión de Presupuesto a este pleno, a esta soberanía, nunca alude en todo su texto a posibles responsabilidades de carácter penal. Cuando habla de responsabilidades el dictamen, habla de responsabilidades administrativas, da a entender algún tipo de responsabilidad resarcitoria; da a entender solventaciones. Lo dice expresamente, que se solventen, que se atiendan las observaciones, pero no dice nada este dictamen respecto a responsabilidades de carácter penal ni tampoco propone a la Auditoría Superior de la Federación, que la Auditoría Superior de la Federación presente denuncias ante el Ministerio Público federal por presuntos delitos de carácter penal.
Desde este punto de vista, se trató de una fiscalización muy tenue, muy débil, muy frágil. Parece que la Comisión de Presupuesto ?y lo digo con respeto? quiere ayudar o quiso ayudar al gobierno de Vicente Fox en la revisión de esta Cuenta Pública de 2002.
¿Qué nos dice la Comisión de Presupuesto? Que las irregularidades son enormes y son irregularidades no solamente administrativas; puede haber irregularidades penales.
Por eso pido a esta soberanía que también se recomiende a la Auditoría Superior de la Federación la presentación de denuncias penales, en caso de que existan irregularidades de este tipo y no tengo duda de que existen.
Basta ya, compañeros ?termino mi exposición?, basta ya de esta complicidad inaceptable entre el PAN y el PRI. Tardamos años, más de seis años en revisar la Cuenta Pública correspondiente a 2002. Esto se debe a los acuerdos cupulares indebidos que hay entre éstas dos fuerzas políticas: entre el gobierno panista y el Partido Revolucionario Institucional, que ha apoyado, a cambio de no sé qué asuntos inconfesables, la posposición de las cuentas pública.
En la Cuenta Pública debemos ser responsables, debemos ser exigentes, debemos cumplir con el mandato del artículo 74, fracción VI, de la Constitución?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Termino, señor presidente. Exigir la máxima fiscalización, no fiscalización a medias como propone este dictamen. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado José Narro Céspedes (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame.
El diputado José Narro Céspedes (desde la curul): Señor presidente, quisiera hacer uso de la palabra.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Al término del diputado Fernández Noroña voy a preguntar si se encuentra suficientemente discutido. Si la asamblea considera que no, abriremos otro turno de oradores, pero por lo pronto ya había anunciado a la asamblea que así lo haríamos, diputado. Tiene la palabra el diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, me parece que este tema es de la mayor importancia. El Estado mexicano tiene un Poder Ejecutivo muy fuerte, es un Poder Ejecutivo tan fuerte que un usurpador como el actual puede conducir los destinos del país, y el Poder Legislativo juega un papel de contrapeso fundamental. En la parte de las finanzas públicas es clave básica la responsabilidad del Poder Legislativo.
En los estados de la república la aprobación o no de la Cuenta Pública es una tarea fundamental de los Congresos locales. Y la oposición regularmente, con mucha firmeza, discute las Cuentas Públicas de los gobernadores de los estados y, regularmente la oposición no aprueba el manejo que es, las más de las veces discrecional, las más de las veces incorrecto, las más de las veces desapegado a las normas fundamentales que rigen los destinos de los estados y en este caso de la nación.
A mí me sorprende mucho que el diputado Videgaray --que entiendo que no vino a hablar a nombre personal, vino a hablar a nombre de la comisión--, siendo del Partido Revolucionario Institucional, diga que el dictamen vale la pena porque no aprueba ni desaprueba. Si no aprueba ni desaprueba, dejen las Cuentas Públicas como están.
Que siga este desorden que hay; esta falta de responsabilidad del Legislativo de no aprobar o desaprobar las Cuentas Públicas, pero no hagan este papelón de, a ocho años, presentar un dictamen que dice "está muy mal, pero no lo desaprobamos". "Hicieron las cosas de manera incorrecta, pero no lo desaprobamos; pero tampoco lo aprobamos", dice. ¿Qué es eso? Es una falta de respeto a toda la soberanía y a compañeros diputados como César Augusto Santiago, quien en esta tribuna ha insistido en la importancia de que este órgano colegiado asuma su responsabilidad en esta tarea.
La verdad es que es muy grave que no se estén aprobando o desaprobando las Cuentas Públicas; que haya este retraso en que incurrió la legislatura pasada; que nosotros tomemos un asunto tan delicado con la ligereza que nos está planteando el diputado Videgaray.
Aquí se habla, por ejemplo, de los asuntos de austeridad. Aquí los diputados del Partido Acción Nacional, en el periodo pasado, subieron a decir con demagogia que se iban a bajar el sueldo 10 por ciento, y no se han bajado nada; no lo hemos bajado en toda la legislatura.
Con la aprobación de este dictamen seguimos alimentando la campaña permanente en contra de este Poder Legislativo. Seguimos alimentando el que se nos diga que somos irresponsables, que no trabajamos, que somos ligeros, que no representamos a los intereses del pueblo de México. Me parece que si diputados y diputadas aprueban este dictamen, están dando elementos para que esta crítica se mantenga.
La verdad es que vivimos una república simulada a tal grado que hoy estamos apenas tocando la Cuenta Pública 2002. Vivimos una república simulada a tal grado que quien usurpa la Presidencia ya ni siquiera viene aquí a dar cuentas de la nación y las da donde le da la gana, con quien le da la gana.
Y no propongo yo que venga, por cierto, porque yo lo que he propuesto insistentemente es que renuncie, que regrese lo que se robó: la Presidencia de la República, para que pueda iniciar un proceso de reconstrucción del país con posibilidades de sacarlo de la crisis económica, política y social; del deterioro brutal que se vive día a día para todos los mexicanos.
La verdad es que es lamentabilísimo lo que aquí se está planteando. Es muy grave que se nos pida el voto a favor. No muy grave, sino muy desafortunado y muy poco sólido. No sólo es timorato; es falto de respeto, es falto de responsabilidad, es falto de profesionalismo el que se nos plantee un dictamen de esta naturaleza.
Yo no iba a intervenir en este punto, ya lo habían hecho con mucha claridad mis compañeros diputados, pero quise sumar mi voz a la exigencia de que no debemos tratarnos de esta manera. Al planteamiento de que debemos rechazar este dictamen y a la obligación de que las Cuentas Públicas que faltan hay que revisarlas con toda seriedad y con toda responsabilidad, y asumir si quieren aprobarla, apruébenla como aprobaron el IVA, como aprobaron los impuestos, como aprobaron la entrega del petróleo a las transnacionales del petróleo.
Si quieren hacerlo, háganlo como lo han dicho en este acuerdo que tiene la cúpula del PRI y el PAN y que es muy lamentable para los intereses nacionales. Pero creo que hay que aprobarla o desaprobar. Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. En virtud de que ha concluido la lista de oradores, le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134, del Reglamento para el Gobierno Interior el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un sólo acto.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General. Ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un sólo acto.
Votación
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señoras diputadas y señores diputados, nos acompañan los alumnos de la licenciatura de Trabajo Social de la Universidad Don Vasco de la ciudad de Uruapan, Michoacán, invitados por el señor diputado Carlos Torres Piña.
Asimismo, contamos con la visita de alumnos ganadores del Concurso de Escoltas y mejores promedios del municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, invitados pro el señor diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes.
Y hemos tenido la visita en esta mañana de alumnos y personal de la Facultad de Estudios Superiores del Campus Acatlán, invitados por el diputado Francisco Landero Gutiérrez; así como de la zona escolar 012 de Sinaloa, invitados por el señor diputado Germán Contreras García; y Estrellas de la Humanidad Adultos Mayores, invitados por el diputado Amador Monroy Estrada. Sean todos ustedes y todas ustedes bienvenidos.
También se encuentran con nosotros alumnos y personal del Instituto Pedagógico Anglo Español, invitados por la diputada Silvia Pérez Ceballos. Igualmente, de la Escuela Panamericana de Hotelería, invitados por la diputada María Teresa Ochoa Mejía. Sean también bienvenidos.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Señores diputados está abierto el sistema electrónico, favor de emitir su voto. Señores diputados vamos a proceder a cerrar el sistema electrónico.
¿Alguna diputada o algún diputado falta de emitir su voto? Vamos a cerrar el tablero electrónico. Les quedan 7 minutos, 6 segundos.
Muy bien, señores diputados, por favor, todavía está abierto el tablero electrónico. ¿Listos, señores diputados? Muy bien. Listo. Se lo tomamos de viva voz, diputada. Ciérrese el tablero electrónico. De viva voz la diputada Daniela Nadal, ¿ya votó? Ah, muy bien.
La diputada Adriana Castelán.
La diputada Adriana Refugio Castelán Macías (desde la curul): A favor.
El diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo (desde la curul): A favor.
El diputado Antonio Benítez Lucho (desde la curul): A favor.
El diputado Armando Jesús Báez Pinal (desde la curul): A favor.
El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Señor presidente, tenemos 318 votos a favor, 19 en contra y 20 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2002, por 318 votos a favor. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Continuamos con el orden del día con dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.
El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación, económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por el que solicita a las dependencias gubernamentales que manejan programas de apoyo a discapacitados, flexibilicen las reglas de operación de éstos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se reserva para su votación en conjunto. Continúe.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados y al Distrito Federal para que establezcan medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión éste y el punto de acuerdo anterior. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba éste y el punto de acuerdo anteriormente reservados.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados los puntos de acuerdo y comuníquese.
Continuamos con acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Pido a la Secretaría dé cuenta del comunicado de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted, atentamente, consultar al pleno las modificaciones al orden del día de la sesión ordinaria a celebrarse hoy, para la inclusión de la siguiente iniciativa, presentada por la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, con trámite de sólo turno a comisión.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de las y los diputados integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día, en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.
La Presidencia recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores mexicanos braceros. En consecuencia, se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Continuamos con el orden del día. Entramos al capítulo de Iniciativas
La Presidencia recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Se turna a la Comisión de Salud.
Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Instituciones de Crédito; Orgánica de Nacional Financiera; Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal; Orgánica de Financiera Rural y General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibió del diputado César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió de la diputada Augusta Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor diputado David Penchyna Grub, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de la Banca Nacional de Desarrollo.
El diputado David Penchyna Grub: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, mexicanas y mexicanos. Con la presentación ante esta soberanía de esta iniciativa en materia de banca de desarrollo iniciamos en los hechos el cumplimiento de nuestro compromiso asumido con la ciudadanía.
Es el primer paso que damos hacia una reforma hacendaria integral, convencidos en el PRI de que es la hora de recuperar la rectoría económica del Estado en términos de impulso a la inversión, creación de empleos y establecimiento de condiciones propicias para que el país observe un genuino crecimiento económico.
En el PRI reconocemos a los legisladores del Panal, Convergencia, Partido del Trabajo, algunos compañeros del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México que acompañan esta iniciativa.
Esta iniciativa significa recuperar la discusión del futuro de un tema olvidado para México y relegado por más de 10 años de alternancia y de falta de visión.
La banca de desarrollo y su organización institucional y gubernamental fueron históricamente un pivote del crecimiento y del desarrollo mexicano a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.
Se perdió el concepto del impulso a los sectores estratégicos y se negó el papel y el rol de los agentes financieros de la administración pública paraestatal. Se debilitó la rectoría económica del Estado y, con ello, la capacidad del gobierno de la república para direccionar la economía y aprovechar las potencialidades, ventajas comparativas y capacidades empresariales de una ciudadanía total y absolutamente marginada de la atención del sistema financiero nacional.
En forma gradual, se ha cercenado el sistema de la banca de desarrollo del país; se limita así la promoción de importantes proyectos productivos y se favorecen la concentración del capital y con ello la del ingreso.
Por decisión y omisión se han confundido y reducido los criterios de especialización de la banca de desarrollo y a su vez se ha generalizado la discrecionalidad y la carencia de reglas en el otorgamiento de los apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa.
Lo anterior fue motivo de preocupación de los senadores del PRI y en un trabajo largo, arduo, sesudo, y conscientes de su responsabilidad al frente de un órgano de Estado. El Senado llevó a cabo consultas y foros que han permitido un trabajo conjunto con las y los compañeros diputados del PRI para hacer una iniciativa viable que queremos que sea ley.
El objetivo es retomar los planteamientos del Senado, de los foros, de los expertos, pero sobre todo de la realidad de la asfixia crediticia que vive la gran mayoría de la ciudadanía mexicana.
Que no se confunda. Esta iniciativa vela los intereses del pueblo de México. Nosotros trabajamos para el pueblo de México, no para la iniciativa privada y la banca privada que pareciera que en la confusión del Ejecutivo es su principal objetivo.
Cuenta por igual con sustento técnico y político, con consultas de todos los interesados y, a diferencia de aquéllos que piensan que sólo el Ejecutivo puede iniciar reformas estructurales, hoy les decimos más de cinco partidos políticos que el Ejecutivo se equivoca, que esta Cámara no va a renunciar a su capacidad de iniciativa y de hacer y promover reformas estructurales y que el Ejecutivo federal y la Secretaría de Hacienda no son los poseedores de la verdad absoluta.
La iniciativa que aquí presentamos viene a llenar ese déficit de gestión pública, comenzando el esfuerzo en el Senado, continuando en la Cámara de Diputados y reconociendo el que hay diputados y diputadas del Partido del Trabajo, de Convergencia, del Panal, del PVEM y del PRD que quieren retomar la economía rectora del Estado mexicano, hay una conciencia y una convicción de tener las circunstancias propicias para que esta iniciativa la hagamos ley.
Hace poco hemos escuchado en las coordinaciones de otros partidos el que México sería otro con reformas y con cambios. Señores y señoras del PAN, aquí hay una iniciativa para hacer un cambio profundo, un cambio estructural y poder pensar en un mejor futuro para México. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Señoras diputadas y señores diputados, contamos con la visita del historiador Édgar Zapata, bisnieto del general Emiliano Zapata; el arqueólogo Tomás Villa, nieto del general Francisco Villa e invitados del diputado Armando Báez Pinal.
Tiene la palabra el señor diputado José Luis Jaime Correa, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Luis Jaime Correa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, vengo a esta alta tribuna a presentar iniciativa de ley, de carácter constitucional, que versa sobre la reforma política que requiere el Estado mexicano. Es la propuesta del Partido de la Revolución Democrática con su representación de diputados y de diputadas en esta Cámara de Diputados.
Los que nos identificamos con las expresiones progresistas y de izquierda de este país hemos impulsado la democratización durante décadas y nos hemos quedado cortos en nuestros logros. Sería largo enumerar aquí los avances y los retrocesos de tan complejo proceso que combina evolución e involución política, pero todos nosotros somos ejemplo de que el poder se ha pluralizado, más no se ha democratizado a cabalidad del país.
Si bien la sociedad mexicana ha experimentado gestiones de gobiernos municipales, estatales y federales de diferentes signos, que han representado experiencias positivas y renovadoras, también muchas de estas experiencias han sido desalentadoras y hasta traumáticas, sobre todo, en donde la corrupción ha hecho presa de muchos de estos gobiernos, sean de derecha, de izquierda o de centro. La corrupción no tiene ideologías, tiene un enorme apetito por el poder.
Se ha pluralizado la simulación y el engaño y no hemos ni siquiera logrado transparentar suficientemente las prácticas gubernamentales.
No hemos logrado incubar el profundo significado de la austeridad en el gasto corriente de los Poderes, todos ellos dispendiosos, todos ellos con grandes franjas de opacidad, con una crecida sin precedentes en la alta burocracia, sobre todo del Poder Ejecutivo.
Por ello, nuestra agenda política nos exige; equilibrar los Poderes públicos, impulsar un auténtico federalismo, fortalecer política y económicamente al municipio, reconocerlos como depositarios originales de la soberanía nacional, darles libertad para asociarse, para desarrollarse.
Debemos abrir los canales de participación ciudadana, a través del referéndum, del plebiscito, de la iniciativa ciudadana y de la revocación del mandato. Debemos garantizar la laicidad del Estado mexicano e impulsarlo como un Estado social y de derecho igualitario, participativo, incluyente y republicano.
En un país de acendrado presidencialismo debemos fortalecer al Poder Legislativo confiriéndole rasgos parlamentarios a nuestro sistema político. Debemos de lograr una transformación de fondo del funcionamiento del Congreso Mexicano a fin de que los procesos legislativos sean más expeditos y el trabajo que se realiza en el Poder Legislativo sea más profesional y eficaz.
Estamos proponiendo que las Cámaras del Congreso de la Unión ratifiquen, por mayoría simple, los nombramientos de todos los secretarios de despacho, y que también puedan estas Cámaras plantear la remoción de cualquiera de los funcionarios que hubieran sido ratificados debido al deficiente desempeño de sus funciones a través de su moción de censura avalada por mayoría calificada.
Proponemos también eliminar el veto de bolsillo y darle facultades al Congreso de la Unión para exigir la publicación de leyes y decretos al titular del Diario Oficial de la Federación, una vez vencido el plazo que tiene el Ejecutivo para ello.
Proponemos que la Cámara de Diputados apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, mismo que deberá contar con las aportaciones elaboradas por el Consejo Económico y Social del Estado como otro instrumento de participación social. Proponemos asimismo la eliminación en el texto constitucional de las partidas secretas.
El PRD ha manifestado reiteradamente su rechazo a una política exterior de corto plazo y basada en intereses de grupos. Necesitamos que el Congreso de la Unión participe con el Ejecutivo en la conducción de la política exterior de nuestro país. Es importante que los lineamientos y los ejes fundamentales de la misma, que necesariamente tienen rango de asuntos de Estado, sean previamente discutidos y aprobados por el Poder Legislativo.
En materia internacional también proponemos que los tratados internacionales sean aprobados por las dos Cámaras del Congreso de la Unión.
Tenemos la convicción de que no podemos transformar el funcionamiento de las Cámaras del Congreso a través de acuerdos y reglamentos si no fortalecemos antes su marco constitucional y legal.
Fortalecemos mecanismos institucionales de control político ejercidos por el Legislativo y de cooperación entre Poderes. Se fortalecen las funciones de las comisiones de investigación de ambas de Cámaras del Congreso, y también reforzamos y ampliamos las atribuciones de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación para que no suceda lo que sucedió hoy, que en el 2010, que estamos revisando la Cuenta Pública de 2002.
Proponemos, con la modificación a los artículos 76, 102 y 105, la autonomía y la profesionalización del Ministerio Público, dándole facultades a la Cámara de Senadores para nombrar al procurador General de la República, quien durará en su encargo cuatro años con la posibilidad de ser ratificado para otro periodo de igual duración.
Integramos al artículo 1o. de la Constitución la definición de seguridad nacional como "una tarea de Estado vinculada a las acciones transparentes, respetuosas de los derechos de los ciudadanos y con apego a la ley", justamente para impedir el uso de facultades discrecionales por parte de las instancias que se consideran como involucradas en este tema.
Finalmente, el PRD ha reivindicado siempre las luchas de nuestros pueblos originarios. Se deben erradicar de la vida pública y de las formas cotidianas?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado José Luis Jaime Correa: Se deben erradicar de la vida pública y de las formas cotidianas las prácticas que generan y reproducen la subordinación, la desigualdad y la discriminación. --Estoy terminando, presidente.
En nuestra propuesta, los pueblos y las comunidades indígenas son reconocidos como entidades de derecho público, con derecho a la libre determinación, a la autonomía de sus territorios y a la participación y representación política, de acuerdo con las especificidades socioculturales que reconoce esta Constitución y en los términos que disponga la ley.
Solicito, señor presidente, que sea insertada mi intervención y la versión íntegra de la iniciativa ?en su versión escrita y electrónica? de la que haré entrega en este momento. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió de la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.
Nos acompañan, señoras y señores diputados, alumnos y profesores de la escuela primaria oficial General Ignacio Zaragoza, del municipio de Libres, Puebla. Son invitados del señor diputado Malco Ramírez Martínez.
Igualmente, contamos con la presencia de alumnos y profesores de la escuela Sor Juana Inés de la Cruz, del estado de México, invitados por la diputada Elvia Hernández García.
Igual, de la escuela secundaria Ana María Carranza, de Cotija, Michoacán, invitados por el señor diputado Benigno Quezada Naranjo. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas: Con su venia, diputado presidente.
En México, la madurez social y fortaleza de nuestras instituciones permitieron la transición democrática sin que se pusiera en riesgo la vigencia del Estado de derecho. Sin embargo, la consolidación de nuestra democracia depende de un rediseño constitucional y legal que nos permita adecuar la organización del poder público y el funcionamiento de las instituciones, a las exigencias de una sociedad plural.
Esta iniciativa propone cambios al proceso por el cual los poderes Ejecutivo y Legislativo federales trabajan juntos para reformar las leyes, a fin de que la claridad en las reglas del proceso legislativo abone a la legitimidad con la que se toman ciertas decisiones.
La iniciativa versa sobre cuatro aspectos: cambios en las reglas de procedencia del veto presidencial; eliminación del veto de bolsillo; clarificar los supuestos de reenvío de minutas entre Cámaras y ampliación de materias cuya discusión debe iniciar en la Cámara de Diputados.
En nuestra tradición constitucional, el veto nunca fue conceptualizado como instrumento que entregara al Ejecutivo la decisión última en el proceso legislativo; es una institución de alcances limitados, superable y de efectos suspensivos.
Las normas que regulan el veto presidencial contienen imprecisiones que hasta hace pocos años no representaban riesgo alguno. Estamos frente a nuevas realidades que pueden distorsionar la naturaleza jurídica del veto y potenciar los conflictos entre poderes.
En aras de incentivar la cooperación y la sana división de funciones, esta iniciativa propone que el veto no proceda contra la convocatoria que se emita para cubrir las vacantes del Poder Legislativo, los decretos del Senado, o en sus recesos, de la Comisión Permanente, que resuelvan en definitiva si se ratifica o no a ciertos servidores públicos, y el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
A partir de 1874, en la que se adoptó el bicamarismo, se distribuyeron las facultades del Poder Legislativo entre ambas Cámaras y se decidió que correspondiera a la de Diputados la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto anual de gastos. Esta facultad exclusiva no lo es sólo frente a la colegisladora, sino también frente al Poder Ejecutivo.
Si se analiza en su integralidad el ciclo presupuestal, vemos que la participación del Poder Legislativo es bastante acotada frente al Poder Ejecutivo, quien domina el proceso, a pesar de que la facultad legislativa de aprobación del presupuesto es la participación que se dio a un poder, distinto del Ejecutivo, para ejercer control y prevenir abusos de poder como contrapeso en el proceso presupuestal y no en el contexto del proceso legislativo.
¿Qué sucedería si el Ejecutivo federal observase las partidas destinadas al Poder Judicial de la Federación o a alguno de los órganos constitucionales autónomos? ¿Qué pasaría si observase partidas relativas a gastos de inversión o a las aportaciones de las entidades federativas? ¿Qué podría hacer el Poder Legislativo o cualquiera de estos actores, si quedaran suspendidos los recursos destinados a su sostenimiento?
No hace sentido que el Poder Ejecutivo pueda decidir, casi unipersonalmente, el destino de los recursos públicos. De ahí que el Constituyente Permanente haya mantenido la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, en las 14 distintas reformas que ha sufrido el artículo 74 desde 1917.
Por otra parte el veto de bolsillo, a diferencia del parcial o total, impide la auténtica colaboración entre poderes y termina por dejar al Legislativo indefenso frente al Ejecutivo, resultando nocivo para las relaciones entre ambos poderes. Se propone su eliminación.
Asimismo, la presente iniciativa busca establecer reglas más ágiles para cuando las colegisladoras no logran ponerse de acuerdo en la totalidad del texto en un proyecto de ley o decreto.
Finalmente, esta iniciativa propone la ampliación de las materias cuya discusión debe iniciar en la Cámara de Diputados. Las solicitudes de suspensión de garantías y de declaración de guerra que somete el Ejecutivo al Congreso de la Unión, en cumplimiento de los artículos 29, 89 y 118 constitucionales, implican situaciones de fragilidad excepcional de los derechos humanos. Por ello propongo que ambas solicitudes se hagan primero del conocimiento de esta Cámara. La redacción del artículo 72 constitucional data de 1923. Su revisión es urgente. La reforma política debe contribuir a encauzar y dar salidas institucionales al conflicto. Por ello debe revisarse el rol del Poder Ejecutivo en el proceso de formación de las leyes.
Diputado presidente, solicito que el texto de esta iniciativa sea publicado en la Gaceta Parlamentaria y se incluya en el Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Banca de Desarrollo.
El diputado Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor presidente. A continuación presentamos iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de la Banca de Desarrollo, conscientes de la situación actual que presenta el país, conscientes de un diagnóstico que el año pasado dejó muy mal parado a nuestro país en la comparación con los demás países del orbe. México tuvo el peor comportamiento de entre todos los países de América Latina. Durante la crisis perdimos casi 800 mil empleos, y los sectores que definen el mercado interno prácticamente cayeron más del 10 por ciento cada uno.
En ese contexto, el desempeño se explica no solamente por una deficiente política económica que cada vez muestra más las insuficiencias que tiene en términos de su arreglo institucional, sino que exhibe especialmente en la Banca de Desarrollo muchos huecos que no se han repensado y que no se han logrado cubrir. Muchos huecos de un andamiaje institucional que o logró proveer de insumos de financiamiento durante el año pasado que permitieran a los micro, pequeños y medianos empresarios enfrentar la caída que tenían sus inventarios y la caída que estaba teniendo la economía.
En ese contexto, la situación que actualmente presenta la Banca de Desarrollo queda muy mal, especialmente en las últimas revisiones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación. Ésta nos ha señalado que no tan sólo en 2008 la Banca de Desarrollo contrajo el crédito a prácticamente un 10 por ciento de la economía del producto interno bruto, sino que también exhibe problemas de recuperación, de falta de indicadores, de recursos que se dieron a fondo perdido, de falta en el control de la calidad y que especialmente fallan las garantías.
En ese contexto no habría que extrañarnos pues, obviamente, que la economía se cayera aún más de lo que estaba cayendo por el propio choque externo que estaba generando la caída de Estados Unidos. México, en términos de profundización financiera, también está en un muy mal lugar. Mientras que un país como Brasil tiene prácticamente el 30 por ciento de profundización financiera; es decir, que la banca tanto de desarrollo como privada está participando fuertemente en la recuperación económica, en la participación económica, en nuestro caso no tiene ni siquiera el 15 por ciento.
Un país como México no puede permitirse tener condiciones de este tipo, especialmente cuando solamente unos 20 millones --lo subrayo, porque es un dato realmente escalofriante--, solamente 20 millones de los 105 millones de mexicanos tienen acceso al crédito, tienen acceso a los servicios financieros; por tanto, no podemos esperar que un país logre enfrentar el reto que tiene de pobreza, el reto que tiene en términos de distribución del ingreso, cuando solamente 20 millones de mexicanos, sólo 1 de cada 5 mexicanos, tiene acceso a los servicios financieros.
Ése es precisamente el mandato que le estamos dando, en esta iniciativa de ley, a la banca de desarrollo. Necesitamos que la banca de desarrollo tenga una profunda transformación institucional.
No podemos tener un pleito, una competencia insana entre los recursos que se dan para los subsidios a través de una gran cantidad de programas que tienen muchas dependencias, y que le dificultan a la gente, al pequeño productor, que le dificultan al padre de familia, que lo que quiere es acceder a vivienda, que con tantas viviendas, se vuelve prácticamente imposible acceder a los servicios que la banca de desarrollo debe dar.
Por tanto, nuestra iniciativa tiene tres ejes torales: una transformación institucional, que lo que permita sean compactaciones que le ayuden al beneficiario; que si lo que queremos es inversión para el desarrollo productivo, para el desarrollo de infraestructura, pues que no tengamos cachitos en un lado y en otro.
Que no tengamos programas en Banobras que estén peleados o en abierta competencia con los que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; que no tengamos programas de subsidio a la vivienda que estén haciendo una competencia desleal contra lo que se está promoviendo por parte del Infonavit o por parte de la Sociedad Hipotecaria y Financiera; que no tengamos a la Financiera Rural y al FIRA compitiendo contra programas que se dan en la Secretaría de Reforma Agraria o en la Secretaría de Agricultura.
Tenemos que compactarlos, tenemos que garantizar una revolución institucional que permita que el beneficiario, que el ciudadano de a pie, sea simplificado el acceso al crédito y el acceso al financiamiento.
Es por eso que el Grupo Parlamentario del PRD presenta hoy una iniciativa, que junto con otras, tendrá la posibilidad de iniciar el proceso de trasformación que necesita este país en materia económica para que de una vez por todas logremos el cambio que se requiere y que accedan los que menos tienen a este tipo de recursos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se pospone la participación del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Tiene la palabra el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o. y 13, y adiciona el artículo 12 Bis de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Señor presidente, por economía de tiempo, le solicito de la manera más atenta que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates, de esta iniciativa que presento; y que se turne a la comisión que corresponda. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como usted lo solicita. Insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra el diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 3o. de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
El diputado Pedro Jiménez León: Compañeras y compañeros diputados, en los últimos meses hemos visto con preocupación cómo ha venido aumentando el precio de las gasolinas, generando un incremento en cascada de los productos de primera necesidad contenidos en la canasta básica.
Pese a la difícil situación económica que la mayoría de los hogares viene padeciendo, consecuencia de la profunda crisis económica que vive el país, el Ejecutivo mantiene una política de incrementos mensuales a los precios de las gasolinas, dando con ello la puntilla a los ya de por sí escasos recursos que hay en los hogares mexicanos.
Pese a la firma del Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familias y el Empleo, que entre otros compromisos contenía el de congelar el precio de las gasolinas durante todo el año pasado, tan sólo en el primer trimestre del presente año se reportaron incrementos entre 10 y 44 por ciento en promedio en los precios de los productos de la canasta básica.
Lo anterior se agrava si consideramos que en 2009 la canasta básica aumentó 63 por ciento, al pasar de 812 pesos a mil 326. Un dato más: en diciembre de 2006 eran suficientes 134 horas de trabajo de salario mínimo para adquirir la canasta básica, alrededor de 54 pesos por hora, y actualmente se requieren cerca de 193 horas laborales para adquirirla.
El fondo del problema radica en la ausencia de una política nacional de precios de los combustibles y se enmarca en un modelo económico que ha mostrado evidentes signos de agotamiento, con un saldo a todas luces negativo para economías como la de nuestro país.
Ahora, con el deslizamiento a la alza de los precios de la gasolina, se busca --nos dicen-- eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles; no obstante, que esa política ya provocó que los precios nacionales de las gasolinas Magna y Premium rebasen a los que se cobran en Estados Unidos.
En este contexto cabe preguntar: ¿Quién fija los precios de la gasolina? La respuesta es simple: hoy lo está siendo el Ejecutivo sin estar constitucionalmente facultado para ello. Nuestra norma fundamental establece la facultad del Congreso de aprobar cada año la Ley de Ingresos, entre los cuales los precios y tarifas del sector público deberían estar comprendidos.
Por las razones antes expuestas, Convergencia considera indispensable asumir una posición clara en materia de precios de los servicios y productos del sector público, y como un primer paso, debemos sustraerlo de la opacidad y la discrecionalidad con la que actualmente el Ejecutivo se desempeña al fijar los precios de gasolinas y el diesel.
Por tal motivo, con la presente iniciativa proponemos:
1. Fortalecer las facultades de la Cámara de Diputados, particularmente la de control, al evitar dejar a la discrecionalidad del Ejecutivo la atribución de establecer de manera arbitraria los precios de los combustibles.
2. Facultar a la Cámara de Diputados para que sea la responsable de fijar los precios de las gasolinas y el diesel, escuchando la opinión de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
3. En un ánimo de transparencia, la determinación de los precios contaría con la asesoría de las instituciones de educación superior para su revisión técnica.
Por razones de tiempo, solicito a la Presidencia se sirva insertar el cuerpo íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, a usted señor diputado. Y como lo pide, intégrese en los mismos términos en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Energía.
Tiene la palabra el diputado Rolando Bojórquez Gutiérrez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, por parte del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Rolando Bojórquez Gutiérrez: Con su venia diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, los suscritos diputados federales Rolando Bojorquez Gutiérrez y Alfredo Villegas Arreola de este Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XV al artículo 28 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, al tenor de las siguientes reflexiones.
Las condiciones económicas y sociales por las que atraviesa nuestro país, también han lacerado la calidad de vida de los ciudadanos que viven en las comunidades, campos y puertos pesqueros, por lo que se requieren acciones de fondo de las diversas instancias de gobierno que transformen estructuralmente las condiciones económicas y sociales de los pescadores mexicanos.
El artículo 27 constitucional en su fracción XX establece que "el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, incluyendo a la pesca y a la acuacultura". Asimismo la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 1o. señala, como objetivo de ésta, promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, considerándolo de interés público, ya que éste incluye la planeación y organización de la producción, su industrialización, comercialización y todas aquellas acciones tendientes a elevar la calidad de vida de la población rural en la que se encuentra y se incluye la pesca y la acuacultura.
En cumplimiento de este mandato, proponemos el establecimiento de un programa multianual de apoyos directos a la pesca y a la acuacultura: el Propesca, similar al Procampo para los campesinos y al Progan para los ganaderos, como apoyo a la productividad de los acuicultores y pescadores ribereños, de altamar y de aguas continentales, que en términos de justicia social, económica y política lo merecen, contribuyendo a abatir los rezagos en que se encuentra la pesca y la acuacultura desde hace años en nuestro país.
Es lamentable que siendo la población pesquera un bastión tan importante para nuestro país en la generación de alimentos, con una producción alcanzada en el año 2008 por el orden de un millón 745 mil 424 toneladas, con un valor de 16 mil 884 millones de pesos, contribuyendo con nuestra soberanía alimentaria, además de crear y dar empleo a 284 mil pescadores que realizan su actividad en 95 mil 245 embarcaciones, ésta se encuentre sin los apalancamientos económicos que impulsen y reactiven su productividad y competitividad, mismas que se ponen además en riesgo ante la inminente no certificación de la producción de capturas de camarón de altamar para su exportación a los Estados Unidos de América.
Recordemos que en el mundo ya no hay tierras que repartir. El futuro alimentario está en nuestros mares. Esta actividad se desarrolla en 17 estados costeros y 14 estados sin litoral con acuacultura y aguas continentales, con una población aproximada de 4 millones de mexicanos que dependen de esta actividad, representados en esta Cámara por 230 diputados de los estados costeros del país y de 218 diputados de los estados sin litoral, pero con acuacultura y aguas continentales, a quienes pedimos su apoyo para los pescadores nacionales.
Estos recursos del Propesca serán destinados apara incentivar la competitividad y la productividad de los pescadores de las zonas con mayor índices de marginación, con el afán de dotarles de recursos que puedan aplicar para la compra de artes de pesca y dar mantenimiento a sus embarcaciones, pues es fundamental lograr un mejor equipamiento para desarrollar sus actividades en los 31 estados de incidencia.
En este sentido, los suscritos, diputados federales Rolando Bojórquez Gutiérrez, secretario de la Comisión de Pesca, y el diputado federal Alfredo Villegas Arreola, integrante de la misma comisión, ponen a consideración de esta honorable Cámara el siguiente:
Artículo único. Iniciativa que adiciona al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables la fracción XV, a fin de crear el Programa Multianual de Apoyos Directos a la Pesca, Propesca, para quedar como sigue:
Artículo 20. El Programa Nacional de Pesca y Acuacultura se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo, entre otros aspectos --de la fracción I a la XIV quedan igual?y se adiciona la fracción:
XV. El Programa Multianual de Apoyos Directos a la Pesca y a la Acuacultura, Propesca, será el instrumento a través del cual se otorgará un apoyo económico por pescador que se encuentre en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura y que se dedique de manera legal a la captura y cultivo de cualquiera de los diversos recursos marinos en bahías, esteros, riberas, altamar y aguas continentales mexicanas.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio legislativo de San Lázaro, México, DF, a 22 de abril de 2010.
Quiero comentar también que se adhieren a esta iniciativa el diputado Marcos Covarrubias Villaseñor y la diputada Esthela Ponce. Es cuanto, diputado Presidente, muchísimas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Pesca.
El diputado José Alfredo Torres Huitrón (desde la curul): Con su permiso, señor presidente, y de mis compañeros diputados y diputadas. Me permito manifestar mi mayor interés por la propuesta que ha presentado el diputado Bojórquez, por la gran importancia que representa para la economía nacional el sector pesquero, así como la acuacultura para los estados sin límites litorales, como es el caso del estado de México.
Debemos fortalecer ese sector, diputado. Por tal razón, de manera respetuosa le solicito a mi compañero diputado Rolando Bojórquez que me permita adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Torres ha expresado su interés de adherirse a la iniciativa presentada por usted, señor diputado, si no tiene inconveniente en la solicitud de adhesión.
El diputado Rolando Bojórquez Gutiérrez: Con mucho gusto, es un orgullo, diputado Torres.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En el mismo sentido, para quienes tengan el mismo propósito.
El diputado Rolando Bojórquez Gutiérrez: También para la diputación de Sinaloa, a toda la familia priista, y sin distingos de colores. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Pueden pasar a suscribirla a la Secretaría. Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos y de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La diputada Leticia Quezada Contreras: Con su venia, señor presidente.
La iniciativa que hoy se presenta atiende la necesidad de cambiar hábitos alimenticios, de darnos la posibilidad de decidir, como consumidores, qué queremos comer, qué efecto puede tener en nuestra salud la ingesta de ciertos alimentos, en primera instancia por derecho a nuestra salud, porque es un derecho al consumidor y por transparencia.
Nuestro país es, después de Estados Unidos, la nación con mayor índice de prevalencia de sobrepeso u obesidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2006, en México padecen sobrepeso u obesidad el 5 por ciento de los menores de cinco años y el 26.3 por ciento de los niños entre 5 y 11 años, lo que significa hoy en día casi 5 millones de infantes; 1 de cada 3 adolescentes entre 12 y 19 años y cerca de 70 por ciento, en promedio, de la población mayor de 20 años. El 71.9 por ciento de mujeres y 66.7 por ciento de hombres.
Este desalentador panorama se ha derivado de la transición nutricional vivida en nuestro país desde la década de los 80 hasta la actualidad, la cual ha generado una disminución en el consumo de frutas, verduras, cereales, carne, leche y sus derivados y un consecuente incremento en el consumo de carbohidratos refinados, sal, bebidas azucaradas y grasas, principalmente contenidos en productos industrializados.
No obstante, la transición nutricional que ha derivado en el excesivo consumo de alimentos industrializados que contribuyen al desarrollo del sobrepeso y la obesidad, sí se explica en gran medida por el desconocimiento de la población, fundamentalmente la infantil, de lo que come diariamente. Los medios masivos, la dinámica moderna de vida son factores fundamentales en esta transición a ultranza.
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo afrontar y resolver la pésima alimentación en nuestra población? ¿Qué podemos hacer ante las empresas que nos están matando prácticamente por los consumos de azúcar, sales y grasas? La forma más importante de articular a los diversos actores que están detrás del acto del consumo es por medio del etiquetado. La sola existencia de la etiqueta en un producto plantea un control y protección de los derechos de información, seguridad y calidad del consumidor.
Más allá de la mercadotecnia o el nombre del producto, la información que se encuentra en ellas debe servir para orientar sobre los actos de consumo, determinar una dieta saludable y minimizar posibles riesgos a la salud.
Sin embargo, las etiquetas de hoy en día son insuficientes para, por una parte, la estricta orientación del consumidor hacia un consumo inteligente, responsable y fundamentalmente saludable; y por otra, no son similares a etiquetas internacionales que sí cumplen dicha finalidad.
Así pues, estamos ante un escenario en el que el consumidor debe ser especialista en química de alimentos para elegir adecuadamente entre las alternativas existentes en el mercado.
Es obligación del Estado corregir esta problemática garantizándoles a los ciudadanos el derecho a una alimentación adecuada y el derecho a estar informado.
En consecuencia, el derecho a la salud obliga al Estado a la protección activa de la salud de las personas, por lo que la inacción del Estado en ámbitos en los que deba de hacer efectiva dicha protección mediante acciones positivas ?como la adecuada regulación de una actividad? constituye una violación al derecho a la salud de las personas.
En tal sentido hay experiencias exitosas que debemos resaltar. Tal es el caso del Reino Unido, cuya agencia de los estándares alimenticios establecen a través del etiquetado por colores un semáforo de la información nutricional: verde, amarillo y rojo (bajo, mediano u alto) para los alimentos que contengan grasas, grasas saturadas, azúcares y sales.
Con la presente propuesta de etiquetado, incluida en la Ley General de Salud y otros ordenamientos, el Estado mexicano estaría dando respuesta a diversas obligaciones con los ciudadanos para la protección del derecho a la salud, el derecho a tener información completa sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas y el derecho de protección de los consumidores.
También en esta iniciativa se pretende regular las porciones, no es lo mismo una porción que consuma un niño o un adulto. Actualmente los niños están consumiendo la misma porción que un adulto, no se están regulando estas medidas de estándares de grasas, azúcares y sales; es decir, los niños en este país están consumiendo la misma cantidad de grasa, la misma cantidad de azúcar y la misma cantidad de sal que un adulto, siendo que los metabolismos son completamente diferentes.
Este tema tan importante no se ha llevado a una discusión a fondo, llevando al sobrepeso a nuestros niños en este país; sobre todo que tengamos acceso a la información transparente mediante la etiquetación, en donde cualquier niño, de cualquier edad, cualquier adulto pueda medir el riesgo y pueda elegir de manera libre qué tipo de alimentos consumir.
Esta iniciativa está también acompañada por el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, el diputado Arturo Santana Alfaro, el diputado Agustín Guerrero Castillo, la diputada Martha Elena García Gómez, el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, la diputada María Araceli Vázquez Camacho y el diputado Rigoberto Salgado Vázquez.
Por economía de tiempo, solicito la inserción íntegra del texto de la presente iniciativa, que estoy entregando, al Diario de los Debates y a la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Quezada. Como usted lo solicita, incorpórese íntegro al Diario de los Debates. Túrnese a Comisiones Unidas de Salud, de Agricultura y de Ganadería, y de Economía.
Proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación del ciudadano Fidel Kuri Grajales.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Diputado Francisco Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presente.
Por este conducto me permito informarle que el objetivo por el cual solicité la licencia temporal, que me fue concedida, ha sido concluido. Por tal razón, le notifico que me reincorporaré el martes 27 de abril de 2010 para tomar posesión de inmediato al cargo de diputado federal propietario por el distrito electoral de Orizaba, Veracruz, por lo que le solicito se sirva dejar sin efecto la licencia.
Por la atención que le brinde a la presente, me es grato reiterarme a sus distinguidas consideraciones, agradeciendo profusamente y de antemano las atenciones que ha brindado al suscrito, esperando poder saludarlo y expresarle personalmente mi gratitud en la próxima sesión del Congreso.
Atentamente, Fidel Kuri Grajales.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquese. Continúe la Secretaría con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se recibió oficio de la Junta de Coordinación Política dirigido al diputado presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, que a la letra dice:
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, tercer párrafo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos:
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:
Comisión Especial de seguimiento a nuevas inversiones en materia de educación y salud:
Alta del diputado Víctor Manuel Castro Cosío.
Alta de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal.
Comisión Especial con la finalidad de dar cuenta y atención de la problemática que aqueja a la cuenca del Sistema Cutzamala:
Alta del diputado José Luis Jaime Correa, como secretario.
Alta de la diputada María Dina Herrera Soto, como integrante.
Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago:
Alta del diputado José Luis Jaime Correa, como integrante.
Del Grupo Parlamentario de Convergencia:
Comisión Especial de protección civil:
Alta de la diputada Laura Piña Olmedo, como integrante.
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
Comisión Especial para la atención de los asuntos de la frontera sur, encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo de la frontera sur de México:
Alta del diputado Liborio Vidal Aguilar, como integrante.
En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano (votación). Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada. Comuníquese.
Continúe la Secretaría dando cuenta con proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, de Salud, de Educación Pública y de la Comisión Nacional de Vivienda, informen a esta soberanía sobre las medidas implementadas para proporcionar seguridad, salud, educación y vivienda a las niñas, niños y adolescentes menores de 17 años de edad, en el marco de los resultados del estudio "Haciendo lo mejor por los niños", de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE), de septiembre de 2009, firmado por Simon Chapple y Dominic Richardson.
Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, de Salud, de Educación Pública y de la Comisión Nacional de Vivienda, informen a esta soberanía sobre las medidas implementadas para proporcionar seguridad, salud, educación y vivienda a las niñas, niños y adolescentes menores de 17 años de edad, en el marco de los resultados del estudio "Haciendo lo mejor por los niños", de la OCDE.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.
Firman, los coordinadores de la Junta de Coordinación Política.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.
Continúe con acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que explique el proyecto de resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, así como la reglamentación parcial en que los transitorios contemplan las reglas para los requerimientos de capitalización de las instituciones de banca múltiples y las sociedades nacionales de crédito, instituciones de la banca de desarrollo.
Acuerdo
Primero. Se solicita la comparecencia del ciudadano Guillermo Babatz Torres, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que explique por qué pretende modificar las leyes aprobadas por el Poder Legislativo, requiriendo ejercer atribuciones que no corresponden a dicha comisión, en clara inobservancia de la división de poderes establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que, en aras de la seguridad y certeza jurídica, continúe aplicando las disposiciones establecidas en las reglas para los requerimientos de capitalización de las instituciones de banca múltiple y las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2007, y que por sus cuestionamientos de ilegalidad, deje sin efectos los anteproyectos de resolución que modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, de septiembre de 2009 y enero de 2010.
Tercero. La Cámara de Diputados dirige un severo extrañamiento al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de pretender usurpar funciones de legislador, en forma dolosa.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.
El siguiente punto del orden del día es el capítulo de Proposiciones
Se pide a la Secretaría dar lectura al encabezado de cada proposición.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivos y a los Congresos estatales y del Distrito Federal, para que conformen a partir del presupuesto de 2010 un fondo especial para garantizar los recursos necesarios a los municipios o demarcaciones territoriales a efecto de que éstos accedan al Subsemun, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió del diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal reactive el funcionamiento del aeropuerto de Agualeguas, Nuevo León.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Transportes.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Turismo se expida el Reglamento de la Ley General de Turismo.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Turismo.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió del diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México establezca una mesa de diálogo y negociación, para resolver las demandas de los damnificados por las inundaciones en los municipios de Chalco y de Valle de Chalco.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal tome las medidas necesarias y que, con base en el artículo 27 constitucional, el agua sea considerada tema de seguridad nacional y de desarrollo humano.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal realice una campaña de difusión en medios de comunicación, para informar a los usuarios de telefonía celular respecto a las condiciones y trámites a realizar como parte del registro nacional, suscrito por los diputados Gustavo González Hernández y Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del PAN.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió de la diputada Silvia Isabel Monge Villalobos, del Grupo del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz para que ministre la totalidad de los recursos federales aprobados para la realización de obras de infraestructura hidráulica.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California para que se concluya la construcción del nuevo cruce internacional en el puente fronterizo El Chaparral.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Transportes.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al SAT proporcionen información precisa acerca del comportamiento y de la aportación de los diferentes tipos de contribuyentes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que haga un llamado a las autoridades de los Estados Unidos de América para que cumplan los acuerdos emitidos en materia de derechos humanos de los migrantes mexicanos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se recibió de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Tamaulipas a tipificar en su legislación el delito de la trata de personas.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se recibió del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del gobernador del Banco de México y del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Del diputado Luis Antonio Martínez Armengol, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para presentar un informe detallado de las obras marítimas y de dragado, programadas para el presente ejercicio fiscal.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Transportes.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió de la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial de atención y apoyo a migrantes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de Jalisco a que instruya la regularización y, en su caso, la integración de las cuotas correspondientes por servicios efectuados de las distintas compañías aseguradoras.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió del diputado Sergio Tolento Hernández, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal a que declare zona de desastre natural y ponga en marcha el Plan DN-III en Baja California. Suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del PT, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que cancele el proyecto que prohíbe la venta de antibióticos sin receta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Salud.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se recibió del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal a que reestructuren los cursos de acción para impulsar y reactivar programas productivos, incorporando a los profesionistas que, siendo titulados, no tienen empleo.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Economía.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se recibió de la diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández, del Grupo Parlamentario del PT, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal el tercer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Se recibió del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a los institutos electorales locales, para que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el IFE, implementen acciones en contra de la violencia y posible intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Se recibió del diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de Guanajuato y del municipio de San Luis de la Paz, a investigar las agresiones en contra del pueblo chichimeca.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Se recibió del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo relativo a la creación de un fondo extraordinario que garantice un seguro de desempleo por única vez.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Se recibió del diputado Joel González Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a implementar programas para erradicar los niveles de corrupción que en la actualidad imperan en los diferentes mandos de la Policía Federal.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Se recibió del diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial para el apoyo, fomento e impulso de la artesanía mexicana.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados expresa su solidaridad y condolencias por la muerte del disidente cubano Orlando Zapata Tamayo, suscrito por los diputados Jesús Ramírez Rangel y Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Se recibió del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la gobernadora del estado de Yucatán, se abstenga de realizar giras de trabajo que influyan en el proceso electoral.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión Especial de vigilancia del correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Se recibió de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, excluya a la industria del calzado en la negociación de un eventual Tratado de Libre Comercio con la República Federativa del Brasil.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Economía.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Se recibió de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, realice labores de prevención de riesgos hidrológicos en los municipios de Tuxpan y Angangueo, Michoacán.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo para que esta soberanía realice dos sesiones solemnes en conmemoración del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar a las instancias encargadas de acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto del caso González y otras, conocido como "Campo algodonero".
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Baja California promueva la realización de estudios técnicos justificativos que permitan decretar el área natural protegida de competencia estatal, con categoría de parque estatal Benito Juárez, localizado en el municipio de Tijuana.
El Presiente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en relación con el delegado en el estado de Nuevo León.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió del diputado Sergio Lobato García, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal agilice la reubicación de la terminal del almacenamiento y reparto de Petróleos Mexicanos, ubicado en la ciudad de Tapachula, Chiapas.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Energía.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las dependencias competentes implemente las medidas y acciones que garanticen el incremento en el ingreso de los productores de frijol.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Damos la bienvenida a ciudadanos del municipio de Acámbaro, Guanajuato, invitados por el diputado Ramón Merino Loo. Igualmente a personas que nos visitan, amigos de la preparatoria oficial número 136 de Río Frío de Juárez, Ixtapaluca, invitados por el diputado Armando Corona Rivera. Del mismo modo a alumnos estudiantes del municipio de San Miguel Tlacotepec, estado de Oaxaca, invitados por el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, así como a estudiantes de la carrera de derecho de la Facultad de Estudios Superiores, plantel Aragón.
Se recibió solicitud de excitativa del diputado Martín Vázquez Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la Junta de Coordinación Política. De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción VI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se excita a la Junta de Coordinación Política para que emita la resolución que corresponda. Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Orden del día del 27 de abril de 2010.
Lectura del orden del día
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (15:24 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 27 de abril a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.