Cámara de Diputados, versión estenográfica

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores diputados.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente hasta el momento 263 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (12:13 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación): Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda dispensada la lectura el orden del día.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. Diputado Cárdenas, dígame. Sonido en la curul del diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Buenos días, compañeros diputados, compañeras diputadas. Nuevamente, presidente, porque en el orden del día no se encuentra contenida la propuesta de la Junta de Coordinación Política respecto al nombramiento de los consejeros electorales.

Creo que seguimos incumpliendo con la Constitución y la convocatoria que aprobó este pleno. Vuelvo a preguntarle, presidente, si usted tiene alguna información al respecto, si se ha solicitado algún informe a la Junta de Coordinación Política y si ésta ha señalado a la Mesa Directiva cuándo podremos por fin discutir y en su momento aprobar el nombramiento de consejeros electorales, que es algo fundamental para nuestro país, para la organización de los procesos electorales, no solamente el federal, sino también los estatales, presidente, porque como usted bien sabe, el IFE tiene competencias en materia de radio y televisión, determinando la pauta de los tiempos del Estado en elecciones estatales y también tiene competencias respecto a la fiscalización de recursos que se reciben en las entidades federativas y como en estas semanas, o próximamente, empezarán los procesos electorales del 2011 en algunas entidades federativas, me parece –y creo que a todos nos debe parecer así– que el Consejo General debiera estar totalmente bien integrado para cumplir cabal y adecuadamente las atribuciones que la Constitución y la ley le han conferido, diputado presidente.

Yo le rogaría que nos indique si tiene alguna información de la Junta de Coordinación Política a este respecto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí, señor diputado, con mucho gusto. En primer lugar, afirmando cada una de las cosas que usted ha dicho y mencionado, le comento que la Junta de Coordinación Política hace un importante esfuerzo por concretar acuerdos. No tengo noticia de que haya celebrado una reunión en estos días pero, como usted dice, solicitaré el informe respectivo con mucho gusto.

Diputado Escudero y luego el diputado Di Costanzo.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Gracias, presidente. Preguntarle de maneras respetuosa si tiene información en qué proceso va el extrañamiento que estaba preparando la Mesa Directiva respecto de las comparecencia del secretario Lujambio, del secretario Vega y del director del ISSSTE, que no tuvieron tiempo para venir a esta Cámara de Diputados a rendir cuentas. Preguntarle si está listo el extrañamiento o en qué proceso vamos. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recibimos una solicitud de la presidenta de la Junta de Coordinación Política para hacer una gestión previa, pero al término de esta sesión podré darle datos más concretos del resultado de la misma.

Diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente, yo sé que hay cauces específicos para agendar cosas en el orden del día. Sin embargo, le rogaría que me permitieras leer una carta que he recibido porque atañe al trabajo de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto, diputado, adelante.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Dice: diputado Mario di Costanzo, somos un grupo de 450 trabajadores de limpieza que pertenecen a la empresa Alfa Sol, la cual presta sus servicios a la Cámara de Diputados, preocupados porque el dueño de la misma Francisco Alfaro, se niega a otorgar el aguinaldo, prestación que por ley nos corresponde.

Tenemos la preocupación de que el primero de enero se termina el contrato que la empresa tienen con la Cámara de Diputados y tampoco recibiremos finiquito alguno. Somos objeto de discriminación por parte de nuestros superiores y nadie dice nada.

A lo anterior se suma el maltrato del que somos objeto, situación que no denunciamos anteriormente por ser sujetos a represalias y amenazas de ser despedidos.

Queremos hacer de su conocimiento que el sueldo de mil 250 pesos a la quincena que cobramos no nos alcanza; pero además, aun cuando justifiquemos nuestras faltas nos descuentan, situación que no se nos hace justa. A ello se suma que nuestros pagos no son puntuales y en ocasiones lo hacen en partes.

Por lo antes expuesto le pedimos, de ser posible, su amable intervención para que la empresa en la que laboramos, y que no contempla ninguna prestación para los empleados, cumpla con lo que la ley dice. Estamos en la casa donde se hacen las leyes y pedimos su intervención para que éstas se cumplan y no se violen.

Esperando contar con su amable apoyo, le agradecemos de antemano su atención.

Firman, trabajadores del Grupo Alfasol.

A mí me parece muy grave esto porque cómo podemos y con qué cara podemos hablar de aguinaldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y lo abultados que son, y esta situación que se presenta en la Cámara de Diputados, y que además trabaja vía outsourcing, o sea, lo que hemos criticado aquí todos, lo permitimos en la casa donde se hacen las leyes, y que estemos permitiendo que esta situación se dé y que nadie intervenga.

Por tanto, ruego su amable intervención para que esta situación se subsane, y si esta empresa no cumple con las leyes; primero, obligar a que cumpla con las leyes, y si no, rescindirles el contrato conservando a los trabajadores que amablemente diario, a todos, nos sirven en esta Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Justamente, en reciprocidad a la confianza que estos trabajadores han depositado en usted para ser el conducto de este llamamiento, le pediría que hiciera usted la solicitud formal para que este asunto fuera discutido en el Comité de Administración y en la Junta de Coordinación Política, suplicando a los diputados Rogelio Cerda, vicecoordinador del PRI, y Carlos Pérez Cuevas, vicecoordinador del PAN, sean tan amables de dar espacio en la Junta para que tenga conocimiento y actúe al respecto de este tema. Muchas gracias.

El diputado Antonio Benítez Lucho (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Benítez Lucho.

El diputado Antonio Benítez Lucho (desde la curul): Presidente, insistir, muy respetuosamente en relación con la Comisión de Seguimiento a los Actos de Corrupción, tanto del comisionado de Cofepris, como del Seguro Social.

Me preocupa que a la mejor tengan que nombrar esta comisión cuando ya estemos en receso, e insistir en la separación del cargo de Miguel Ángel Toscano, por corrupto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tomo nota, diputado. Se registra en el Diario de los Debates, y estoy seguro que la Junta de Coordinación Política estará trabajando sobre el tema.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Eso lo iba a decir yo. Adelante.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:... tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se dispensa la lectura. Si es tan amable.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada el acta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento de los grupos parlamentarios, con motivo del 150 aniversario de la promulgación de la Ley de Libertad de Culto.

Para referirse a este tema se han registrado los diputados: don Roberto Pérez de Alba Blanco, por Nueva Alianza; Víctor Hugo Círigo Vásquez, por Convergencia; Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, por el Partido del Trabajo; Rosario Brindis Álvarez, por el Partido Verde Ecologista de México; Rodolfo Lara Lagunas, por el Partido de la Revolución Democrática; Adriana Hinojosa Céspedes, por el Partido Acción Nacional; y el diputado don Emilio Chuayffet Chemor, lo hará a nombre del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por tanto, tiene la palabra el diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, hasta por 5 minutos.

El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, en el marco del 150 Aniversario de la expedición de la Ley sobre Libertad de Cultos, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza confirma férreamente su compromiso con la libertad religiosa, con la libertad de conciencia como un derecho fundamental para elegir libremente una religión o no elegir ninguna. De creer o no en la existencia de alguna divinidad y ejercer dicha convicción sin que por ello se victimice, oprima o discrimine a nadie.

Las leyes de reforma decretadas por don Benito Juárez, marcan un hito histórico que concretaron la nacionalización de los bienes del clero, la Ley de Matrimonio Civil y la Ley Orgánica del Registro Civil, así como el decreto que establece el cese de toda intervención del clero en los cementerios.

A partir de agosto de 1859, el gobierno juarista decretó que los funcionarios públicos dejarían de rendir pleitesía a los clérigos y fiestas católicas, ya que prohibía la asistencia de aquellos, en su carácter público, a las actividades eclesiásticas.

Se secularizaron los hospitales y establecimientos de beneficencia, todos vinculados entonces al poder clerical. Finalmente, el 26 de febrero de 1863, don Benito Juárez, el gran patriota mexicano decretó la extinción de todas las comunidades religiosas.

A partir de la promulgación el 4 de diciembre de 1860, de la Ley Sobre la Libertad de Cultos, disposición con la que se concluyó la serie de decretos juaristas que rompieron el control político, económico e ideológico del clero en México, se reivindicó la autonomía del poder civil y la libertad religiosa, y se dio pauta a la plena libertad de creencias y la libre manifestación de las ideas sobre cultos religiosos.

Esta ley modernizó a México y reconoció derechos obstinados, negadamente obstinados por el fanatismo y el poder público clerical de aquella época.

La importancia de los postulados juaristas de libertad de culto, hoy más que nunca deben garantizarse, sobre todo cuando la voz de la intolerancia se ha venido manifestando sistemáticamente en distintas partes del mundo y de México, al registrarse innumerables casos de intransigencia religiosa, persecución a ciertos credos políticos y hostigamiento para tratar de coartar la libertad de expresión y la posibilidad de una convivencia pacífica en una sociedad cada vez más plural y democrática.

Conmemorar este aniversario nos convoca a respetar y a hacer valer cada vez más la plena tolerancia religiosa, la libertad de conciencia y, muy especialmente, a fortalecer la educación laica más allá de las preferencias políticas o religiosas para contribuir en la laicidad del Estado mexicano de acuerdo a la armonización de sus principios esenciales.

Respeto pleno a la libertad de conciencia, autonomía política y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas cualesquiera que sean. Igualdad ante la ley y la no discriminación de ninguna forma hacia las personas.

En Nueva Alianza consideramos que es el mejor momento para enfatizar desde éste, uno de los más grandes Poderes de la Unión, la defensa de laicismo del Estado mexicano. Para ello, conceptuamos como un instrumento insustituible la educación.

Educar para la justicia, educar para la libertad, educar para la igualdad y para la democracia, pero sobre todo conceptuar la educación laica como el invaluable producto de la larga lucha de este país de hombres y mujeres para que cada individuo, hombre o mujer también, tenga el más importante derecho, el derecho de ejercer a plenitud su propia conciencia. Gracias, por su atención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, por Convergencia.

El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez: Con su anuencia, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez: Compañeras diputadas, compañeros diputados, el día 4 de diciembre de 1860, el presidente Benito Juárez expidió la Ley de Libertad de Cultos, convirtiendo a este acontecimiento en una fecha significativa, sin duda alguna, para la historia de nuestro país, un verdadero parteaguas.

La visión juarista de la necesidad de liberar a la sociedad del yugo que representaba la intromisión del clero en prácticamente todos los asuntos de la vida cotidiana, yendo más allá de la profesión de una fe, condujeron al primer mandatario a la promulgación de esta ley, cuya trascendencia sólo puede entenderse a la luz de las muy difíciles condiciones que prevalecían en ese entonces en la vida de nuestro joven país.

La existencia de un régimen que se negaba a morir y dar paso a la visión de modernidad, como es respetar la elección de creer o no creer, tener o no tener algún credo religioso, que más pudiera interesar a un individuo, enfrentaba una férrea resistencia de la Iglesia Católica. Este control, que se manifestaba tanto en las vidas como en las propiedades de la población, que se sujetaba ese régimen al que recurría la iglesia, en aras de mantener viejos privilegios, correspondían a un pasado, que insisto, se negaba a dar el salto hacia una concepción moderna que tanto requería y requiere nuestro país.

Los enfrentamientos que suscitó esta medida no hicieron sino agravar las diferencias expresadas en dos concepciones profundamente distintas de la forma en que podría avanzarse en prácticamente todos los órdenes de nuestra sociedad.

Afortunadamente, la libertad de cultos resultó triunfante en ese todavía convulsionado momento de nuestra historia, dejando una profunda enseñanza que los mexicanos no podemos dejar pasar inadvertida; corresponde a las iglesias desarrollar, sí, un trabajo pastoral, pero acorde a lo establecido en la Carta Magna y en las leyes que de ella emanan, sin acudir al viejo expediente e intervenir en otro tipo de asuntos, que corresponden a las autoridades civiles.

No resulta fuera de lugar recordar que ante los embates de algunos jerarcas católicos que hoy todavía buscan regresar la rueda de la historia en busca de beneficios propios, pero caracterizados por su distanciamiento con el bienestar de la nación, que se erigen en jueces, que se erigen contra la existencia de otros credos y de otras formas de ver la vida pública en nuestro país.

Por ejemplo, son notorios los casos de altos prelados de la iglesia católica, que contando por lo menos con la omisión o inacción de las áreas correspondientes del gobierno federal, muy concretamente de la Secretaría de Gobernación, formulan argumentaciones, anatemas y diatribas en contra de autoridades civiles propias de siglos pasados, con una enorme estela de atraso y de equívocos, en su pretensión de recuperar viejos privilegios que no tienen ninguna razón de ser.

Ante ello, Convergencia manifiesta su más firme rechazo a estas intentonas de recuperar esos viejos privilegios que deben ser erradicados enérgicamente. Como ejemplo podemos poner sus anatemas en contra de la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal; sus agresivos comentarios a los matrimonios entre personas del mismo sexo y sus amenazas a llamar a votar en contra de los partidos que han apoyado estas reformas a las leyes de nuestro país.

Si queremos avanzar en la consolidación de la vida democrática, y necesitamos que esto así sea en nuestro país, no podemos, bajo ningún argumento o condición, tolerar estas prácticas de verdadera exclusión de amplios sectores de nuestra población.

Por eso queremos hacer un enérgico llamado a la Secretaría de Gobernación, a aplicar justamente esta Ley de Cultos.

Convergencia desea expresar su más firme rechazo a estos intentos que pretenden –insisto– retornar a cuestiones históricas ya rebasadas. Necesitamos mantener el clima de libertades que para los ciudadanos de nuestro país hemos construido entre todas y entre todos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Círigo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se le concede el uso de la palabra a la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, para hablar de este tema a nombre del Partido del Trabajo.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún: Voy a comenzar con un texto histórico.

“Ojalá que el Cristo de la Santa Virgen lo condene. Ojalá que todos los santos desde el principio del mundo y de todas las edades, quienes se hallen ser los más amados de Dios lo condenen. Ojalá que los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos lo condenen.

“Que sea condenado donde quiera que esté, en la casa o en el campo. En los caminos o en las veredas; en las selvas o en el agua y aun en la Iglesia. Que sea maldito en el vivir y en el morir; en el comer y en el beber; en el ayuno y en la sed; en el dormitar y en el dormir; en la vigilia y andando; estando de pie y sentado; acostado o andando; mingiendo o cancando; y en todas las sangrías que sea maldito interior y exteriormente.

“Que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes y en su frente y en sus oídos y en sus cejas y en sus mejillas, en sus quijadas y en sus narices; en sus dientes anteriores y en lo molares; en los labios y en la garganta; en sus hombros y en sus muñecas; en sus brazos, en sus manos y en sus dedos.

“Que sea condenado en su pelo y en su corazón y en todas las vísceras de su cuerpo. Que sea condenado en sus venas, en sus músculos, en sus caderas, en sus piernas, pies, unas de los pies. Que sea maldito en todas las junturas y articulaciones de su cuerpo. Que desde la parte superior de su cabeza hasta la planta de sus pies no haya nada bueno en él.

“Que el hijo de Dios viviente en toda la Gloria de su Majestad lo maldiga y que el cielo, con todos los poderes que hay en él, se subleven contra él y lo maldigan. Amén. Así sea”.

Este texto es sólo una parte de la sentencia de excomunión que hizo la Iglesia católica a don Miguel Hidalgo y Costilla.

Cerca de 50 años después dice Benito Juárez

“De aquí nacieron las Leyes de Reforma; la nacionalización de los bienes de manos muertas; la libertad de culto; la independencia absoluta de las potestades civil y espiritual. La secularización, por así decirlo, cuya marcha estaba detenida por una bastarda alianza en la que se profanaba el nombre de Dios y se ultrajaba la dignidad humana”. Es parte de un texto de Benito Juárez en relación a las Leyes de Reforma”.

Este diciembre se cumple sigo y medio de que el entonces Presidente Benito Juárez proclamara en la ciudad de Guanajuato las Leyes de Reforma, cuyo uno de sus principales propósitos fue separar a la iglesia del Estado y consolidar verdaderamente la independencia de México.

En julio de 1859 fue cuando el presidente Benito Juárez junto con los próceres de la reforma Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo, José María Iglesias, Francisco Zarco, Miguel Lerdo de Tejada, entre otros, en plena lucha contra los conservadores, consumaron la primera de estas leyes, misma que regula la nacionalización de los bienes eclesiásticos, lo que de alguna forma significó una promulgación en la lucha a favor de la Independencia y cimentó el laicismo como uno de los principios inviolables del Estado.

En agosto de 1859 el gobierno juarista decreta que los funcionarios públicos deben dejar de rendir pleitesía a los clérigos y participar de las fiestas católicas, ya que se prohíbe la asistencia de aquellos a las funciones de la iglesia; y en diciembre de 1860 estableció por fin la libertad de cultos.

La reforma desde una visión amplia de nuestra historia fue el punto de quiebre del modelo heredado de La Colonia Española, que mantuvo por más de tres siglos a la religión y al clero como instrumentos de control social para la explotación económica y la dominación política al servicio de una clase.

El Estado laico representa a la fecha el verdadero motor del equilibrio político y social, el auténtico constructor de la democracia tangible y cotidiana, y el momento de su aplicación con las leyes juaristas representó la verdadera consumación de la Independencia.

Conmemorar los 150 años del Estado laico en México significa la defensa de uno de los pilares fundamentales de la república. Frente al asedio frívolo y reaccionario de los idólatras del neoliberalismo poscristeros, sinarquistas, legionarios de Cristo y yunquistas, quienes desde su gobierno ilegítimo promueven la inequidad económica, el desequilibrio político, la violencia desenfrenada...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún: ...el dolor humano y el intervencionismo, los que aún hoy se someten a los poderes fácticos y se retratan en las fiestas de los narcos, acuden a los medios para provocar la risa fácil del pueblo o se atreven a besar en público las manos de curas y papas, a todos ellos en esta fecha y desde esta tribuna les decimos: no quedarán impunes.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Rosario Brindis Álvarez, por el Partido Verde Ecologista de México.

La diputada María del Rosario Brindis Álvarez: Gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el tema de la libertad de culto en México no puede estar escrito con letras minúsculas.

Nuestro país ha firmado tratados internacionales en donde se compromete a respetar las creencias de todos los mexicanos, incluso de aquellos que han decidido no practicar alguna.

La Constitución de Apatzingán de 1814, así como el Plan de Iguala de 1821, establecían “que la religión católica, apostólica y romana, era la única que debía profesar el Estado sin la tolerancia de ninguna otra”.

El acta constitutiva de la Federación promulgada el 5 de octubre de 1824 decía expresamente: “La religión de la nación mexicana será perpetuamente la católica”. Además de que procuraba conservar el fuero militar y religioso y prohibir cualquier otra en su artículo 3o.

Hubo diputados constituyentes que se opusieron a esas disposiciones, como Juan de Dios Cañedo, Manuel Solórzano y Lorenzo de Zavala, quienes impulsaron la idea de establecer la libertad de culto y creencias.

Era el inicio de un largo debate en donde los derechos humanos y la libertad de conciencia estaban sometidos a una mayoría que imponía, dictaba y manipulaba, permitiendo que los jerarcas tomaran decisiones en todos los ámbitos sin importar las consecuencias.

El presidente Benito Juárez García, debió acotar este inmenso poder que se escondía en lo divido, pero era más terrenal, por la ambición.

Así la Ley de Libertad de Culto promulgada el 4 de diciembre de 1860, reconoció por primera vez los derechos negados por aquel conservadurismo.

El artículo 1o., de esa ley que cumple 150 años de existencia, dice: “las leyes protegen el ejercicio de culto católico y de l os demás que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre no puede ni puede tener más límites que el derecho de un tercero y las exigencias del orden público. La independencia entre los estados y las creencias y las prácticas religiosas, es y será perfecta e inviolable”.

Ya incorporada en la Constitución Política con las demás leyes de Reforma, siendo presidente Sebastián Lerdo de Tejada, este documento ha representado un parteaguas para toda la nación en materia no sólo de culto público, sino de respeto a la pluralidad, a la libertad de conciencia, al reconocimiento de una ideología que pretendió hacer de los templos los únicos centros educativos y de solvencia moral para los mexicanos.

Aquella Ley de Libertad de Culto fue, sin duda, un primer paso no sólo para la libertad de credos, sino para dar mayor pluralidad religiosa.

Con ella se reconocían la existencia de nuevos grupos que trajeron además de una original y creciente perspectiva en el ámbito de lo ético, de lo moral e incluso de lo cultural, pues así lo exigían los tiempos.

Hoy debemos modificar nuestro trato hacia todas las asociaciones religiosas, incluyendo la terminología. No podemos seguir mencionando la frase “relaciones Iglesia-Estado”, sino “relaciones iglesias-estados”, en plural.

A partir de las reformas de los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 constitucionales e incluso después de la aparición de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en 1992, la relación entre el Estado y todas las iglesias debe darse en un marco de pluralidad genuina, de concordancia y sobre todo de reconocimiento a cada uno de los ámbitos entre estas dos esferas.

México no puede volver a ser una nación intolerante en materia religiosa, sino un país en donde convivan todas aquellas creencias que no vulneran los derechos ni atentan contra las garantías colectivas de los mexicanos. Somos un país que prefiere la laicidad antes que regresar a una cultura impositiva, totalitaria, discriminatoria y marginal.

Hoy nuestra Constitución reconoce el respeto absoluto a la libertad de creencias, aunque esto no quiere decir que en las zonas rurales e indígenas no se violenten las leyes de manera impune.

El gobierno federal ha ocultado sistemáticamente estos asuntos, creyendo que así no se dañará su deteriorada imagen en esta materia, incluso en el ámbito internacional. Y cito el caso de los expulsados de San Miguel Aloapan, Oaxaca, a quienes Estados Unidos les dio asilo en 2008 por motivos de persecución religiosa, y quienes no son los únicos; hay más inmigrantes en la misma situación.

Asimismo, la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación aplica a modo la ley y su respectivo reglamento, permitiendo que las convicciones personales sean la brújula de sus decisiones. No hay un criterio uniforme en su actuar y uno de los muchos ejemplos es la interpretación que hacen respecto a un notorio arraigo, como requisito indispensable para que las asociaciones religiosas obtengan su registro constitutivo.

También se tienen documentados a lo largo y ancho de la república más de 225 casos de intolerancia y discriminación religiosa ocurridos en los últimos cuatro años, que van desde el asesinato hasta la expulsión de niños de escuelas federales por su distinta preferencia religiosa, pasando por amenazas, expulsiones, robos, despojos, violaciones de mujeres, privación ilegal de la libertad y otros delitos graves, la mayoría impunes.

Concluyo. Los 150 años de la Ley de Libertad de Cultos no pueden seguir con letras minúsculas en el calendario oficial. De otra manera corremos el riesgo de olvidar que tenemos la libertad de escoger, de convivir, de respetar los derechos de los demás. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputada.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del PRD.

El diputado Rodolfo Lara Lagunas: Compañeras y compañeros diputados: hoy que nuestro país vive la crisis más profunda de los últimos 80 años, los mexicanos tenemos que hacer un alto para recordar al hombre que enalteció la actividad política, le dio a México su segunda independencia y legó al pueblo mexicano las Leyes de Reforma, entre ellas la libertad de cultos, que en este año se cumplen 150 años de su expedición; me refiero, por supuesto, a Benito Pablo Juárez García.

Al consumarse la Independencia nacional el edificio colonial se mantuvo y con ello los privilegios del clero y el ejército. La Iglesia Católica no sólo era dueña de las riquezas, sino también de los hombres y de las conciencias. Para mantener estos privilegios siempre tuvo como instrumento al ejército profesional, sin recursos y con generales improvisados, Juárez enfrentó y venció a clérigos y militares; y para acabar con los privilegios de su tiempo promulgó las leyes de reforma, la separación de la Iglesia y el Estado, la creación del Registro Civil, la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la libertad de cultos y la educación laica son los instrumentos con que los liberales dotaron al Estado moderno mexicano.

La intervención francesa promovida por los derrotados conservadores no pudo echar abajo la reforma juarista como se pretendía. Las leyes de reforma son el triunfo de las libertades sobre el oscurantismo. Con ellas se garantiza la verdadera independencia de México dado que se acabó con los privilegios coloniales y dio origen al Estado moderno mexicano.

Con la libertad de cultos se garantiza el respeto a cualquier religión y a la libertad de conciencia, se reafirma, además, el principio de laicidad del Estado mexicano, y pese a que de vez en cuando las fuerzas conservadoras queman libros, como pasó en León, Guanajuato, en el 2009, y promueven acciones que limitan las libertades de los ciudadanos, en esencia las instituciones juaristas siguen vivas.

Cuando miramos las pugnas interreligiosas y cómo se pasean los fundamentalismos religiosos en otros países y algunas partes de nuestro territorio, aplastando las libertades de conciencia, de pensamiento, y los más elementales derechos humanos, tenemos que reconocer la visión de estadista del presidente Juárez, y la grandeza de los liberales mexicanos.

Hoy la mayoría del pueblo tiene claro que es mejor un Estado laico que uno confesional; que la libertad de conciencia y de cultos hace de México un país moderno y civilizado.

Por Juárez afirmamos que la barbarie medieval no regresará a nuestro país. Más temprano que tarde las leyes antiaborto aprobadas en 18 estados serán suprimidas ya que el derecho de decidir forma parte del legado liberal juarista.

Hoy, en esta hora oscura para el pueblo de México, ante esta ofensiva oligárquica en contra de los trabajadores, de los mineros, de la pobreza generalizada, de los miles de asesinados, del desempleo creciente, de la represión, de la presencia de policías norteamericanos en nuestro territorio, una mirada hacia el reformador Juárez nos alienta y nos estimula para seguir luchando en contra de los abusos, atropellos, privilegios de la oligarquía nacional y extranjera que malgobierna a este país.

El poeta tabasqueño, ejemplar católico, Carlos Pellicer, lo dijo de mejor manera: “Juárez, eres el presidente vitalicio, a pesar de tanta noche lúgubre. La república es mar navegable y sereno si el tiempo te consulta”. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Adriana Hinojosa Céspedes, por el Partido Acción Nacional.

La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes: Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, conmemoramos este día el 150 aniversario de uno de los actos que han defendido con toda precisión el carácter republicano, laico y libre de la nación mexicana.

La promulgación de la Ley sobre Libertad de Cultos, Reglamentaria de la Constitución de 1857 en la materia, la cual fue expedida el 4 de diciembre de 1860 por el presidente de la República, Benito Juárez.

En la sede presidencial radicada en el puerto de Veracruz en plena guerra de reforma. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional quiere reiterar la definición señalada en el artículo 1o. de ese decreto histórico. La independencia entre el Estado, por una parte, y las creencias y prácticas religiosas, por otras; es y será perfecta e inviolable.

Y es así, compañeras y compañeros legisladores, desde entonces quedaron consagrados en México los principios de la separación entre la Iglesia y el Estado, así como el concepto de Estado laico. Sabemos bien que éste último concepto fue incluso elevado a rango constitucional el pasado febrero por nosotros, los diputados federales de la LXI Legislatura.

Sin embargo, esta promulgación de la ley que conmemoramos esta mañana, muchos mexicanos han luchado por ejercer plenamente la libertad religiosa. Libertad, incluso reconocida en la propia ley y por tanto otorgada en la lógica de nuestro derecho positivo.

En estos tiempos de la vida democrática de México, cuando se privilegian las libertades ciudadanas, cuando se enaltecen los derechos de las minorías, cuando se eliminan normas discriminatorias, e incluso, cuando hemos elevado a rango constitucional el concepto de Estado laico habría que homenajear a los liberales de la reforma y la memoria del presidente Juárez, eliminando de la legislación en la materia, toda norma persecutoria o restrictiva que conculte la plena libertad religiosa.

Con esta celebración se reafirma que el Estado mexicano tiene un carácter laico. Se reafirma que debe existir una plena libertad religiosa, que todos los Poderes y funcionarios del Estado deben, no sólo respetar, sino también garantizar.

El Estado laico se debe entender como aquél que defiende la separación institucional entre religión y política, manteniendo la neutralidad del Estado respecto a las religiones, pero con un respecto a la cultura del país.

Acción Nacional, reafirma la fortaleza del Estado lacio y de la libertad religiosa en México, vigor derivado de su mutua autonomía e independencia, fundada en el hecho indiscutible de que cada una de ellas, el entramado institucional del Estado y el conjunto de comunidades religiosas tienen su propio ámbito de realización, con todo y que ambas están al servicio del ser humano.

El PAN se pronuncia contra cualquier pretexto o argumentación que sirva al Estado para entrometerse en cuestiones relativas a las libertades espirituales, pues creemos que la convivencia democrática y moderna, debe fundarse en el respeto que debe tener el Estado, los partidos políticos y todos los grupos sociales a los derechos de toda persona.

Hoy tenemos la oportunidad de establecer una concepción completa, moderna y garantista del Estado laico, que repercuta en las políticas públicas, en el debate parlamentario y en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

A 150 años de la reforma liberal, proclamamos la libertad de cultos como una libertad fundamental que debemos garantizar y salvaguardar siempre.

Rendimos homenajes a quienes no se limitaron a otorgar algunas libertades y restringir otras. Vayamos señoras y señores diputados, a reconocer el conjunto de libertades como inherentes a la naturaleza del ser humano y trabajemos para plasmar todas ellas en nuestro marco jurídico, y rindamos también homenaje a todos aquellos que en estos 50 años han sufrido persecución, cárcel o que han perdido la vida, luchando por hacer en realidad en México la libertad religiosa plasmada en la ley. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señora diputada.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene ahora la palabra el diputado don Emilio Chuayffet Chemor, por el Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor presidente. Señoras y señores diputados.

Para el Grupo Parlamentario del PRI la historia de la libertad de cultos en México, cuyos 150 años celebramos, revela en buena medida la evolución política de México.

Los mexicanos llegamos a la separación de España por el liberalismo. Nosotros, decía Fray Servando, no queremos la independencia por la independencia, sino la independencia por la libertad.

Y años más tarde, Mariano Otero escribía: “El mismo día que acabó la lucha por la Independencia, comenzó la de la libertad pública”.

Los Constituyentes de 1824 enfrentaron en este sentido una agenda plenamente liberal: democracia, libertades civiles y públicas, federalismo y secularización de la sociedad.

En el tema de las libertades, la mayoría adopta en el texto del 24 un cuadro básico que ya estaba incluido en la norma de Apatzingan. Sólo una libertad no será consignada en esa primera Carta Magna, la de conciencia, era incompatible con la intolerancia religiosa del Estado.

Durante cinco décadas la sociedad fluctúa entre el viejo orden y las incipientes, pero cada más frecuente tendencia modernizadora. Al mediar el siglo la reforma está en marcha e inunda a la nación. Ocampo desenterrando las tesis de Mora, pugna por la secularización. Lerdo demanda la moralización del poder público y de la sociedad. Juárez avanza en el terreno de la igualdad y todos coinciden en la vuelta al sistema federal y la adopción del principio de supremacía civil del Estado.

El Constituyente del 57 se enfrentó, sin embargo, entre moderados y puros. La Constitución volvió a ser en cierto sentido una transacción, a pesar de la advertencia de Melchor Ocampo. Toda transacción entorpece, cuando no paraliza el movimiento.

El texto del 57 suprime los fueros expresando que la igualdad será hoy en más la gran ley de la República, pero no seculariza, no consagra la libertad de cultos, apenas prescribe la tolerancia gracias al esfuerzo mediatizador de Comonfort. Y será hasta la guerra civil cuando Juárez y la generación de la Reforma provoquen en nacimiento de un nuevo orden jurídico.

La ley de la nacionalización de bienes va más allá de la desamortización. Nacionaliza y separa Iglesia-Estado, le siguen los decretos y hacer laicos matrimonio y cementerios y autónomo el Registro Civil.

Sólo al final, el 4 de diciembre de 1869 irrumpe la novedad. La ley postula la libertad de creencias, culminación de nuestro proceso liberal, invirtiendo los términos para decir que lo herético es querer obligar a alguien a compartir la búsqueda del absoluto en el que cada cual pueda creer.

Seculariza la sociedad y llega así una solución mexicana: ni Iglesia propietaria ni Iglesia asalariada como en otras latitudes, sino Iglesia bajo la ley.

Alcanzamos desde entonces una fórmula justa: la Iglesia está sujeta al Estado en todos aquellos actos que tengan que ver con la sociedad civil, con arreglo a la teoría de la soberanía, el Estado se seculariza y no interfiere en las actividades estrictamente religiosas.

La historia de la libertad de creencias ofrece, pues, una fecunda enseñanza: libertad de culto y Estado laico son dos caras de la misma moneda. Aquélla es un derecho fundamental del ser humano, inalienable e imprescriptible. Éste es una garantía de respeto a todos los credos e incluso a la libertad de no creer, pero antes que nada, el laicismo –termino– es la protección más efectiva de la base de cualquier democracia y cualquier imperio de la ley: la igualdad jurídica del pueblo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Solicitud de licencia del diputado Guadalupe Acosta Naranjo.

Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Guadalupe Acosta Naranjo, para separarse de sus funciones como diputado federal electo de la quinta circunscripción plurinominal, a partir del 9 de enero de 2011

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), muchas gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Comuníquese.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Acosta, desde su lugar.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: Para hablar en contra.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): No, en contra no. Solamente para agradecerle, presidente, a usted y a los compañeros y compañeras legisladores, el tiempo que pudimos estar trabajando juntos, a los 499. Sin ninguna duda tuvimos coincidencias y diferencias, como sucede en cualquier Congreso del mundo y quisiera desearle suerte a esta Legislatura en los trabajos que hacen falta y el camino que falta por desarrollar. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. El diputado Arce Paniagua, desde su lugar.

El diputado Oscar Martín Arce Paniagua (desde la curul): Nosotros queremos reconocerle al diputado Acosta siempre la disposición que ha tenido para construir acuerdos. Yo como vicecoordinador jurídico de la bancada del Partido Acción Nacional. Es una persona valiosa, le deseamos mucho éxito y creemos que va a hacer falta aquí, señor diputado. Suerte.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia se suma a lo expresado ya por otros señores diputados. Nos da mucho gusto saludar a nuestro buen amigo, don Guadalupe Acosta Naranjo, y agradecerle los esfuerzos que hizo en lo que le correspondió porque los trabajos de esta Cámara fueran siempre propios, adecuados a su fin y siempre en un espíritu democrático.

Muchas gracias a don Guadalupe Acosta Naranjo.

Diputado Pérez Cuevas. Antes el diputado Agustín Guerrero y después el diputado Pérez Cuevas.

El diputado Agustín Guerrero Castillo (desde la curul): Con su permiso, diputado presidente.

A nombre del grupo del PRD quisiera yo comentarle a nuestro compañero diputado Guadalupe Acosta Naranjo, que el trabajo que él ha realizado en estos meses de la legislatura ha sido siempre con el propósito de que el proyecto del PRD, de que la preocupación de los ciudadanos expresados a través de nuestra bancada hayan sido para el bien de nuestro país, y que ha sido una actuación de la cual nos sentimos orgullosos y que le deseamos el mejor de los éxitos en esta empresa que ahora inicia a partir de este anuncio, y que sea para bien personal y para bien de los habitantes de Nayarit.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Guerrero. Diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Muchas gracias, presidente.

A nombre propio y de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, en donde tuvimos oportunidad de convivir, trabajar, construir, dialogar y llegar a acuerdos y con el trabajo que el diputado Acosta Naranjo, como vicecoordinador del PRD impulsó en la misma Junta, logramos tener un trabajo coordinado. Por lo tanto reconocerle esa labor, desearle éxito en la encomienda que hoy empieza, y a nombre de la Junta de Coordinación Política reconocerle la gran labor y el trabajo que realizó. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Diputado Pablo Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Gracias, presidente.

En el mismo sentido, y como ya lo dijo el diputado y nuestro amigo Guadalupe Acosta Naranjo, aquí tuvimos muchos encuentros y desencuentros, pero hay que reconocer que la mayoría de las veces fueron encuentros.

El diputado Acosta Naranjo es una persona seria, responsable. Lo vemos a extrañar y ojalá que en el futuro, corto, podamos ir de la mano en proyectos importantes para este país. Muchas felicidades, suerte y enhorabuena, diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe. Pasamos al capítulo de iniciativas.

Recibimos de la diputada María Dolores del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o, 6o, 27 y 111 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Del diputado César Daniel González Madruga, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.

Del diputado Alfredo Villegas Arreola, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Del diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 42 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Del diputado Martín Enrique Castillo Ruz, se recibió iniciativa con proyecto de decreto para declarar al año 2010 como “Año de la Cultura Maya”. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Del diputado Malco Ramírez Martínez, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 177 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Del propio diputado Ramírez Martínez, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna asimismo a la Comisión de Salud.

Del propio diputado Ramírez Martínez, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 337 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El diputado Malco Ramírez Martínez, envió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa; y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público.

Se recibió iniciativa con proyecto de decreto suscrita por los diputados Alejandro Carabias Icaza y Eduardo Ledesma Romo, para expedir la Ley Federal de Prevención, Atención y Eliminación de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Del diputado Eduardo Ledesma Romo, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 46 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Equidad y Género.

Del diputado Ledesma Romo, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Del diputado Alejandro del Mazo Maza, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

De la diputada Esthela Damián Peralta, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26, 29 y 52 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita además por diputados integrantes del PRD. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Del diputado José del Pilar Córdova Hernández, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Y de la diputada Rosalina Mazari Espín, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se le concede el uso de la palabra al diputado José Ricardo López Pescador, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41, 90 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Ricardo López Pescador: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, con el advenimiento del Estado constitucional democrático de derecho cambia radicalmente el principio de la división tripartita clásica del poder, para adoptar uno de división múltiple del poder.

México también en los últimos años ha eliminado el esquema reduccionista de la división tripartita del poder, para sostener la presencia de un mayor número de órganos estatales, creados y regulados en cuanto a su estructura y funciones por el propio texto constitucional, a este tipo de órganos se les denomina órganos constitucionales autónomos.

Podría señalarse que en el Estado constitucional el poder para su ejercicio se atomiza y se redistribuye ya no sólo en tres, sino en una multiplicidad de órganos. Resulta necesario reformar el texto de la Constitución para señalar expresamente y así evitar interpretaciones judiciales inconvenientes, la sujeción de los órganos constitucionales autónomos a los procedimientos de control y fiscalización que se encomienda a los órganos de representación popular.

Una exigencia creciente de la sociedad es alejar el ejercicio del poder público de los caminos de la opacidad. Los mexicanos demandan transparencia absoluta, rendición de cuentas en todos lados; que el recurso público se aplique sin merma ni dilaciones en procurar el bienestar de las mayorías de México.

Por tal motivo, por mandato constitucional, debe sujetarse a todos los poderes públicos sin excepción, a transparentar su actuación, sujetándose al escrutinio de esta soberanía ante quien debe rendir cuentas e informar por ser la intermediaria y la más auténtica representación institucionalizada que tiene la nación.

Se propone adicionar al artículo 41 de la Constitución para establecer que los órganos creados por disposición de la Constitución, sin adscripción de ningún poder de la unión, gozarán de la autonomía que se les atribuya, asumirán las facultades que se les otorgue y tendrán una administración en términos de lo dispuesto por las leyes orgánicas, pero se sujetarán siempre a los procedimientos de control y fiscalización que se aplica a los actos administrativos de los poderes del Estado.

Con el propósito de complementar esa reforma, se propone establecer las bases de una relación armónica ente los distintos órganos estatales que ejercen el poder en nuestro país.

Por tal motivo se propone adicionar un tercer párrafo al artículo 90 de la Constitución para establecer que en las leyes orgánicas de los organismos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución, establecerán las relaciones entre esos organismos y los órganos que tienen encomendada la facultad de control y fiscalización del ejercicio del poder público.

Por otra parte, con la finalidad de avanzar en la actuación transparente de todas las personas o corporaciones que prestan un servicio público, debemos ampliar el ámbito de competencia de los órganos del Estado para que ejerzan con mayor eficacia las tareas de supervisión, control y fiscalización, respecto de los servicios públicos, por incidir de manera directa en la calidad de vida de la población, independientemente de que esos servicios públicos sean provistos por particulares mediante concesión o cualquier otro tipo de contratación.

El régimen de responsabilidades tiene la limitante de estar dirigido de manera exclusiva, a los servidores públicos, quedando fuera de su regulación, los particulares que prestan servicios públicos, pero el Estado debe asumir su función de rector del desarrollo económico, político y social del país para exigir con base en el bien común y no sólo desde la perspectiva reduccionista del lucro, la prestación de los servicios públicos concesionados.

Las condiciones de contratación o los términos de una concesión jamás deben estar por encima del interés común. El Estado debe tener la capacidad de orientar en todo momento la actuación de los concesionarios de servicios públicos, quienes deben modular su actuación para encontrar el equilibrio entre sus legítimas pretensiones de oportunidades de negocio con el bien común, que debe permanecer y permear en la prestación de cualquier servicio público.

Por este motivo se propone adicionar un quinto párrafo del artículo 93 de la Constitución para precisar que las cámaras podrán citar a los particulares que presten un servicio público mediante una concesión o cualquier otra forma de contrato cuando se analice un asunto relacionado con el servicio que prestan.

Asimismo, las cámaras podrán facultar para requerir información o documentación a los concesionarios de esos servicios. Es cuanto, estimadas compañeras y compañeros. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Señor diputado López Pescador, los diputados Cárdenas y Mario di Costanzo solicitan adherirse a su propuesta.

El diputado López Pescador no tiene inconveniente. Está a su disposición en la mesa de esta secretaría.

Se encuentran en las galeras de este recinto alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del estado de Durango. Son invitados del diputado Ricardo López Pescador. Esta asamblea les da la más cordial bienvenida.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 constitucional, fracción II, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe, Mirna Camacho Pedrero, diputada federal de la LXI Legislatura, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ante la siguiente exposición de motivos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1o. claramente establece la prohibición de todo tipo de discriminación motivada por el origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga el objeto de anular o menoscabar los derechos, libertades e igualdad de oportunidades de todas las personas.

No obstante y a pesar de los grandes esfuerzos nacionales e internacionales que se han emprendido en el tema, la discriminación es una lamentable y extensa realidad que alude a diversos estereotipos y exclusiones que se manifiestan en nuestra sociedad.

Por tal motivo y con la finalidad de seguir en el camino de lograr una real armonización legislativa en el tema de la discriminación e ir adecuando nuestro marco jurídico a la realidad social en esta ocasión me permito proponer modificaciones a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación a fin de trabajar más en la incorporación plena del principio de no discriminación, así como la incorporación de un lenguaje incluyente y en los principios de derechos humanos de tener una vida libre de violencia y el del interés superior de la infancia.

En este tema la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado claro que aunque las acciones afirmativas y compensatorias promuevan un trato diferenciado no se consideran discriminatorias al entender que dichas medidas se establecen para equilibrar la situación de desventaja y desigualdad del grupo determinado de personas a las que se encuentran dirigidas.

Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y su Protocolo Facultativo, de los cuales México forma parte, establece que la legislación no sólo debe limitarse a prohibir la discriminación, sino que puede exigir a los estados y a los organismos privados la adopción de medidas positivas, prestar apoyo especial permanente o temporal a determinadas personas a fin de garantizar la igualdad.

Otro aspecto que retoma la propuesta es la incorporación del concepto que aplica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que señala que serán todas aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales –a largo o corto plazo– que al enfrentarse a diversas actitudes negativas discriminatorias u a obstáculos físicos, pueden ver dificultada su plena participación en la sociedad y cumplimiento de sus derechos humanos.

Por tal motivo y con la finalidad de armonizar esta legislación se propone que no se considere discriminatorio el trato diferenciado que en su caso reciba una persona que padezca alguna discapacidad, incluyendo en este término, como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y Ley General de las Personas con Discapacidad: toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

Esta ley tiene el objeto de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, así como promover la igualdad de oportunidades.

Asimismo, da el reconocimiento de las mujeres, niñas y niños, personas mayores de 60 años y personas con discapacidad que suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar; susceptible de padecer violencia, abuso, abandono o trato negligente y explotación. La propuesta alude a la responsabilidad del Estado, de promover campañas de sensibilización en los medios de comunicación para prevenir y eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres, la infancia y las personas con discapacidad y las personas mayores de 60 años. Asimismo, la promoción en todos los niveles del sistema educativo nacional de programas que difundan los derechos humanos y fomenten el principio de igualdad y no discriminación.

Dentro de las recomendaciones que la convención realiza, es asegurar el acceso de las personas con discapacidad, las mujeres, niñas, niños y las personas mayores de 60 años, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza, en este sentido la presente propuesta establece que los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, deberán promover la creación de centros de gerontología para la atención de las personas mayores de 60 años, misma que deberá de cubrir las necesidades de prevención y atención de la salud diferenciada por género, diseñar e instrumentar programas especiales de prevención y sensibilización a fin de eliminar toda forma de discriminación y violencia contra las personas mayores de 60 años.

En la propuesta, se incluye una revisión y la incorporación de un incluyente, y de sumarla a las propuestas de revisión de nuestro marco jurídico a la luz de lo que nos mandatan los instrumentos internacionales en el tema.

Lo anteriormente expuesto y motivado, me permito someter a la consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en los siguientes términos:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 5o., fracciones VI y VI Bis; 10, fracciones III y IV; 11, en sus fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, y se adiciona la fracción X; en el artículo 12, segundo párrafo, fracciones II, IV, V, VI, VII; artículo 13, fracción II, y adición de las fracciones XI, XII, XIII, XIV, todos ellos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito atentamente se inserte íntegro el texto de esta presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, y tal como lo solicita la diputada Lucrecia Camacho, el texto íntegro de su iniciativa se integra en el Diario de los Debates.

Se encuentran en las galerías de este recinto, alumnos y profesores de la escuela preparatoria oficial 114, procedentes de Cuautitlán, Izcalli. Sean ustedes bienvenidos. Son invitados del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (desde la curul): Presidente

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul del diputado Gerardo Cortés, por favor.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (desde la curul): Sí, diputado. Nada más para preguntarle a la diputada Mirna si nos podemos adherir a su iniciativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Diputada Mirna?

La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: La diputada Mirna está de acuerdo. Todos los diputados y diputadas que deseen adherirse a su iniciativa, pueden pasar a la mesa de esta Secretaría, ahí está a su disposición.

También se encuentran en el recinto de visita en esta Cámara, alumnos y profesores de la Preparatoria No. 162 de la localidad Acambay, estado de México. Son invitados del compañero diputado Héctor Velasco Monroy. Esta asamblea les da la más cordial bienvenida.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra la diputada Esthela Damián Peralta, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, está suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Esthela Damián Peralta: Con su venia, diputado presidente. La iniciativa propone que el Banco de México pueda regular el margen de intermediación que se genera entre las tasas de interés activas y pasivas que actualmente raya en la usura.

Las tasas de interés activas son aquellas que los bancos fijan para otorgar créditos. Las tasas de interés pasivas, son aquellas que se fijan para pagar a los ahorradores. El margen de intermediación es la diferencia entre el interés de ambas tasas.

El tema más grave es el de las tarjetas de crédito, que de acuerdo a los datos reflejados en un estudio realizado por el CEDIP de marzo de 2009, menciona que, en 2001 había 6.1 millones de tarjetas de crédito emitidas y en 2008 ya eran 26.1 millones, con intereses que varían entre 32 y 66 por ciento en 2008, dependiendo de cada banco.

Sin embargo, el costo anual total denominado CAT, a diciembre de 2008, reflejó cifras que se ubicaron entre 47 y 113 por ciento.

Como podemos observar, las políticas económicas y monetarias permiten a las instituciones de crédito operar márgenes entre las tasas de interés activas y pasivas poco sensibles al entorno económico, lascivos y usurarios para los mexicanos.

Esto permite a los grandes participantes internacionales del sector financiero practicar en México una gran cantidad de transacciones que no sería posible realizar en los países en los que opera su matriz, incluso, el país más tecnócrata en el mundo está dirigiendo su esfuerzo a evitar un mercado desordenado y exorbitante de las tasas de crédito y evitar elevadas comisiones.

En México se está repitiendo el error de crisis pasadas. A sólo 15 años de ésta, vemos que nuevamente se está otorgando crédito de manera irreflexiva, lo que propicia una escalada en las tasas activas, por lo que se impone acudir a la facultad constitucional para que el Banco de México establezca las mejores prácticas en la relación entre las tasas de intereses aplicables a las operaciones activas y pasivas, para evitar las brutales utilidades de la banca y puedan formarse opciones justas de financiamiento.

Por lo anterior, someto a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Banco de México, a la Ley de Instituciones de Crédito y a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Diputados, hace un momento también fue turnada a comisión la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que en concreto señala –y lo hemos venido diciendo de manera reiterada porque es una iniciativa que suscribe el PRD como grupo parlamentario, y algunos diputados del Partido Acción Nacional a quienes les agradezco se hayan sumado a esta iniciativa- tiene que ver con modificar y transparentar los recursos que reciben en su partida 3827 los grupos parlamentarios.

Estamos convencidos, los diputados que firmamos, que esta Cámara de Diputados ha exigido transparencia en el uso de recursos públicos, asignados a los distintos órganos de gobierno en todos los niveles, pero también que esta soberanía está obligada a demostrar que hay congruencia entre el decir y el actuar.

Por eso, estamos solicitando a este pleno, estamos poniendo a su consideración el decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en particular el numeral 7, al artículo 26; un párrafo segundo al numeral 1, del artículo 29; así como un inciso e) al numeral 2, del artículo 52; todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por economía parlamentaria, solicito se inserte íntegramente la iniciativa para modificar diversas disposiciones a la Ley del Banco de México y otras disposiciones. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a las comisiones correspondientes. Tal como lo solicita la diputada Esthela Damián, el texto íntegro de su iniciativa se inserta en el Diario de los Debates.

Se recibió del diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Túrnese a la Comisión de Economía.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Mancilla Zayas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Sergio Mancilla Zayas: Buenos días, compañeros. Diputado presidente. La incorporación a nuestro orden normativo de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en los procesos electorales es el resultado de esfuerzos eslabonados durante décadas de innumerables mexicanos y organizaciones políticas que han convergido en el propósito de darle consistencia a nuestra democracia, garantizando el respeto a la voluntad ciudadana como guía rectora del destino e instituciones del país.

Este proceso de dimensiones históricas ha venido apuntando incesantemente en orientación a que las elecciones no solamente estén amparadas con el manto de la legalidad de acuerdo con el diseño del gobierno en turno, sino que estén sostenidas por la plataforma de la legitimidad, que siempre podrá obrar como una palanca eficaz para la gobernabilidad.

El ejercicio político en el que ha prevalecido la crítica rigurosa, la búsqueda de coincidencias y la construcción de consensos, incluso en los momentos de dura confrontación, no han llevado a concretar avances sustanciales e irreversibles, pero hemos de reconocer que todas las instituciones son perfectibles.

Hace unos días, el 11 de octubre pasado, se cumplió el aniversario 20 de la creación del IFE, institución mexicana que en su corta vida institucional ha transitado por cuatro reformas que han brindado mayores márgenes de autonomía e independencia, amplitud de atribuciones en fiscalización, regulación de gastos de campaña; regulación de medios de comunicación social; vigilancia minuciosa de las organizaciones políticas; de las acciones emprendidas por el instituto, entre muchas más, pero también hace unos días, exactamente el 30 de octubre se cumplió el término establecido por el artículo 4º transitorio de la reforma al 41 constitucional, que señala que tres de los consejeros electorales concluirán el periodo de duración de su encargo, y sin embargo, al no lograrse los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas representadas en esta Cámara, no se ha podido elegir hasta la fecha a los consejeros mencionados.

Naturalmente que la opinión pública, no sin razón ha señalado a esta soberanía severamente la incapacidad política para generar estos acuerdos, que den salida a la parálisis en que se encuentra la decisión para la integración íntegra del Instituto Federal Electoral.

Si bien es cierto que no ha iniciado aún el próximo proceso electoral federal, también es cierto que las decisiones que se toman día a día en el IFE son referentes que suman para un proceso electoral impecable, y esas decisiones requieren de la participación de todos y cada uno de sus miembros. No podemos aplazar más esas decisiones, compañeros.

Esta circunstancia preocupante, mientras no se resuelva, y lamentable por la falta de previsión jurídica que evidencia, nos motiva al diputado Emilio Chuayffet Chemor y a su servidor a presentar una aportación a esta soberanía, para subsanar en lo sucesivo situaciones como las que ahora presenciamos, por lo que nos permitimos someter a esta asamblea la presente iniciativa de decreto.

Artículo primero. Se reforma el numeral 7 del artículo 110 del Cofipe y se adicionan tres párrafos para quedar de la siguiente manera.

El consejero presidente y los consejeros electorales rendirán la protesta de ley en sesión que celebre el Consejo General del IFE previo al inicio de sus funciones, el primero por sí mismo y después tomará la protesta a los consejeros electos.

La elección del consejero presidente y de los consejeros electorales del Consejo General del IFE deberá estar hecha a más tardar 15 días previos a la conclusión del periodo en el encargo del o los consejeros salientes, según sea el caso.

El consejero electoral elegido por la Cámara de Diputados entrará en funciones el día siguiente al de la fecha en que concluya su periodo el consejero electoral saliente, y en el supuesto de que no se concluya la elección del consejero presidente o la de los consejeros electorales correspondientes, continuarán en su cargo los consejeros salientes hasta en tanto la Cámara de Diputados dé cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.

Compañeros diputados, deseamos aportar con esta iniciativa a especificar contundentemente el plazo de inicio y término del ejercicio, funciones de los consejeros electorales, personajes fundamentales de nuestros órganos electorales. Y esperamos también, de aprobarse esta reforma, haber contribuido a la consolidación de nuestra vida democrática y la de sus instituciones.

Por su atención, muchas gracias. Solicitaría al diputado presidente inserte el texto completo al Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Gobernación. Tal como lo solicita el orador, el texto íntegro de la iniciativa se inserta en el Diario de los Debates.

El diputado Andrés Massieu Fernández (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputado. Sonido a la curul del diputado Andrés Massieu, por favor.

El diputado Andrés Massieu Fernández (desde la curul): Presidente, le solicito consulte al diputado Mancilla si permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Sergio Mancilla, el diputado Massieu está solicitando adherirse a su iniciativa. ¿Tiene usted algún inconveniente?

El diputado Sergio Mancilla Zayas (desde la curul): Ninguno, presidente. Con todo gusto.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Para todos aquellos compañeros diputados y compañeras diputadas que deseen adherirse a la iniciativa del diputado Sergio Mancilla, en la mesa de esta Secretaría está a su disposición el documento.

Esta Presidencia puntualiza lo siguiente: la iniciativa que presentó la diputada Esthela Damián Peralta con el numeral 21 del capítulo que estamos desahogando, se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para sus efectos.

El diputado Antonio Benítez Lucho (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Benítez Lucho.

El diputado Antonio Benítez Lucho (desde la curul): Le ruego muy respetuosamente, señor presidente, si quiere verificar el quórum, por favor.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Proceda la Secretaría a dar lectura al artículo tercero Bis del acuerdo relativo a las asistencias para el desarrollo de las sesiones.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Artículo tercero Bis. Los diputados permanecerán en el recinto durante el pase de lista y las votaciones. Fuera de estos dos no podrá reclamarse el quórum de asistencia.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Benítez Lucho, también le hago una aclaración. Está abierto todavía el tablero de las asistencias, donde puede usted checar el número de asistencias que se registraron.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún: Buenas tardes. México vive hoy una enorme crisis de inseguridad pública y pese a ello, la morbosidad y la adopción de una condición delictiva vista con toda normalidad se hace presente en todos los grupos sociales preocupados por el incremento de la criminalidad.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo creemos que la información sobre tales actos delictivos pierde su sentido desde el momento en el que con lujo de detalles se exhiben actos con gran contenido lesivo, que sin querer llegar a las condiciones de expresión del siglo pasado resulta una ofensa a nuestra sociedad.

Mantas, letreros colocados sobre un cadáver con alusiones hacia las autoridades o rivales de otras organizaciones, cuerpos cercenados, miembros de algún cuerpo humano estratégicamente colocados a la vista de la gente, entre otras muchas cosas, son las formas más comunes de hacer publicidad o cumplir con el llamado trabajo profesional de los medios de comunicación a través de la nota roja.

Queremos decir que la presente iniciativa no pretende coartar la expresión de quienes nos mantienen informados día a día. Sin embargo, vemos la necesidad de buscar alternativas que puedan mantenernos enterados de la vida pública y política de nuestro país y del resto del mundo, pero sin abonar a la ya de por sí estigmatizada labor de impartición de la justicia.

Por otra parte creemos que el uso de los horarios nocturnos, sobre todo calculando la inactividad de nuestra población infantil por razones obvias de descanso, las televisoras y radiodifusoras pueden mantener perfectamente bien informados a sus televidentes y radioescuchas, mientras que por otro lado la prensa escrita, además de anunciar únicamente lo sucedido en las noticias a través de sus respectivos sitios Web, pueden generar candados que únicamente permitan a sus lectores conocer el contenido conforme lo crean convenientes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículos

Artículo 1o. Se modifica la fracción XII del artículo 6o., pasando la actual fracción XII a ser la XII, recorriéndose los demás en su orden, todos de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para quedar como sigue:

Artículo 6o. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá las siguientes atribuciones:...” Del 1 al 11 conservan su texto vigente y el 12 dice “supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema informativo, televisivo, radiofónico y periodístico del país”.

Transitorios: Primero. La reforma contenida en el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Agradezco su atención y solicito sea integre el texto completo al Diario de los Debates.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos y tal como lo solicita la diputada Guadalupe Reyes Sahagún, el texto íntegro de su iniciativa forme parte del Diario de los Debates.

Se encuentran de visita en este recinto, alumnos y personal de la Escuela Primaria Francisco Guiner de los Ríos; son invitados del diputado Agustín Castilla Marroquín. Sean todos muy bienvenidos.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez Fuentes, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Ramón Jiménez Fuentes: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, los suscritos diputados Alejandro Encinas, Jesús Zambrano, José Luis Jaime correa, Gerardo Leyva, Mary Telma Guajardo y el de la voz, ramón Jiménez Fuentes, soleemos a consideración del pleno la presente iniciativa de reforma constitucional, con ella pretendemos saldar un antiguo reclamo de la comunidad mexicana residente en el extranjero pero que también es, principalmente, una deuda del Estado mexicano para con nuestros paisanos que por diversas circunstancias tuvieron que abandonar su patria, en muchas ocasiones su familia y su escaso patrimonio, por ir en buscar de un mejor futuro fuera de México.

Como todos sabemos, históricamente nuestros paisanos han sido objeto de persecución social y política en el exterior. Muchos han tenido que regresar, otros han sido deportados y lamentablemente, muchos han perdido la vida.

Sin embargo el carácter de los mexicanos ha logrado prevalecer hoy. La historia de gente que logra establecer, son cada vez y no sólo eso, han logrado tanto, desde hace años, que no dejan de mandar dinero a sus familias y esas remesas ahora constituyen ni más ni menos que la tercera fuente de ingresos para el país, después de nuestros ingresos petroleros y turísticos.

Lo que mi grupo parlamentario pretende con esta iniciativa es restituir a plenitud los derechos políticos de nuestros paisanos en el exterior, logrando que puedan votar no sólo por el presidente de la república, como ahora lo pueden, sino que también por diputados y senadores y que a su vez ellos mismos sean elegibles para formar parte del Congreso mexicano.

Estamos proponiendo que sin aumentar el tamaño de nuestras cámaras ni hacer un gasto exagerado, sino haciendo mejor uso de los recursos con los que actualmente cuenta el Poder Legislativo, nuestros paisanos puedan ser votados en circunscripciones especiales para los mexicanos residentes en el extranjero y de esta manera podamos tener 10 diputados o diputadas migrantes en la Cámara de Diputados y cuatro senadores o senadoras migrantes en la Cámara de Senadores.

En la Cámara de Diputados las circunscripciones regionales quedarán de 38 cada una, para darle paso a los 18 diputados migrantes, y en la Cámara de Senadores la lista nacional quedaría integrada por 28 senadores para darle cabida a una circunscripción especial de cuatro senadoras o senadores, compuesta por mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero.

De aprobarse la presente reforma constitucional para consagrar los derechos políticos plenos de los mexicanos y mexicanas residentes en el exterior tendremos que complementar la reforma con la modificación pertinente al Libro VI de nuestro Código Penal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en su momento también habremos de presentar para la consideración de todas y todos ustedes.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente pido su consideración positiva para esta iniciativa de reforma constitucional y le solicito atentamente al presidente de la Mesa Directiva inserte íntegro el presente texto y la iniciativa en sus términos en el Diario de los Debates de esta honorable Cámara de Diputados. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y tal como lo solicita el diputado Ramón Jiménez, el texto íntegro de su iniciativa se inserta en el Diario de los Debates.

Se encuentran en las galerías de este recinto alumnos y personal de la Universidad Anglohispano Mexicana, del municipio de Tecamachalco, Puebla. Son invitados del doctor Marco Abraham Ramírez Cruz. Sean todos ustedes bienvenidos.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Muchas gracias, señor presidente de la Mesa Directiva.

Por economía procesal parlamentaria no voy a leer la iniciativa, pero sí les ruego que se inscriba en su totalidad. La iniciativa que presento a nombre de mi grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, consiste en crear un programa nacional para la protección de los testigos y colaboradores en contra de la delincuencia organizada en este país.

Se basa en varias premisas. Primero, la figura de los testigos protegidos surge al abrigo de la ley del 7 de noviembre de 1996, en contra de la delincuencia organizada, y adquiere rango constitucional con las reformas del 18 de junio de 2008, que establece la protección de testigos protegidos en los artículos 16 y 20 constitucionales.

La iniciativa que presento modifica cuatro leyes: la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Federal de Procedimientos Penales, que tiene carácter supletorio para esta ley, y la ley general para regular el Sistema de Seguridad Pública en este país.

Debo subrayar ante todos ustedes, compañeros diputados, que la figura del testigo protegido se ha encauzado para proteger al delincuente soplón, al delincuente arrepentido, pero se ha soslayado la figura de la víctima del delito que es –o debe ser--- el verdadero testigo protegido.

Por eso, en la iniciativa que presento hago una clara distinción entre el testigo ofendido, que es la víctima del delito; el testigo circunstancial, que es el deponente, que por circunstancias que como su nombre lo indica ha visto la comisión de un delito de delincuencia organizada; y el testigo colaborador, que es el delincuente que en cualquier etapa del procedimiento penal aporta su testimonio para investigar, para procesar y sentenciar a miembros de una misma banda de delincuencia organizada.

La iniciativa que propongo establece una temporalidad hasta de cinco años para el testimonio del testigo colaborador. Establece que el dicho y testimonio de un delincuente tiene que ser creíble, tiene que ser verificable, tiene que ser fidedigno, y no como hoy que con el testimonio de un delincuente se mancilla honras de gente de bien, se lastiman reputaciones y apriorísticamente se denigra a personas.

Por eso es que el programa nacional se articula en la relación de un programa que aplica la Procuraduría General de la República, pero también con el concurso de las procuradurías de las entidades federativas. Se basa en una ecuación: más protección para las víctimas del delito y más requisitos para tutelar a los delincuentes arrepentidos.

La ley de la materia, que es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada ha sido omisa en estos aspectos. Por eso estoy proponiendo responsabilidades para los servidores públicos encargados de proteger a las víctimas de los delitos y a los testigos colaboradores. Porque hoy los testigos protegidos han sido los más desprotegidos. Ya hemos visto cómo se han ejecutado a varios testigos.

Esta iniciativa pues, compañeros, culmina con la creación de un sistema de recompensas para aquellas personas que logren desarticular, que logren encausar, procesar y sentenciar a miembros de las bandas de delincuencia organizada. Es cuanto, señor presidente.

Y le ruego que en términos del artículo 94 del reglamento, esta iniciativa se mande inmediatamente a la Comisión de Justicia para que sigamos trabajando para emitir el dictamen correspondiente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, y tal como lo solicita el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, el texto íntegro de su iniciativa se inserta en el Diario de los Debates.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez y varios diputados compañeros de usted, señor diputado Humberto Benítez Treviño, solicitan adherirse a su iniciativa.

El diputado Benítez Treviño ha manifestado su aceptación, por tanto el documento se encuentra aquí en la mesa de esta Secretaría.

Tiene la palabra el diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

No encontrándose en este momento en el salón el diputado Enrique Torres Delgado, recorremos su iniciativa para una posterior intervención.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Rolando Zubia Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El diputado Rolando Zubia Rivera: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados.

Someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En la exposición de motivos, compañeras y compañeros diputados, les comento que el campo es la mayor fuente de riqueza para las naciones. Es depositario natural de los recursos genéticos, es el proveedor de agua de los centros de población, produce los alimentos y la mayoría de las materias primas que necesitan las áreas urbanas, ya que ahí vive un tercio de la población de México.

Entre las deficiencias que han afectado al campo mexicano se encuentran la falta de planeación. No existe armonización del marco legal, planes, programas y acciones con categoría de políticas públicas bien articuladas y presupuestos suficientes para resolver los principales problemas.

Es muy claro que cuando los apoyos al campo se dispersan, las soluciones se alejan y la gente se empobrece. Por tanto, uno de los más grandes problemas de atención al campo está en no haber diferenciado los apoyos por tipo de productores y por regiones, así como el menosprecio hacia modelos exitosos que puedan ser replicados e implementados en otras regiones.

Como respuesta para atender el problema alimentario de México, se han creado programas de carácter eminentemente asistencial, caritativos, que si bien han contenido el problema, es un logro, pero ha retardado o limitado el desarrollo de las familias.

Cabe mencionar que hace 11 años Oportunidades se inició con 9 mil millones de pesos atendiendo 2.5 millones de familias. Hoy tiene 45 mil millones de pesos y atiende 5.5 millones de familias. Sin embargo, hay 20 millones de mexicanos en pobreza alimentaria. Lo anterior demuestra que cuando más recursos se aplican contra la pobreza, más pobres tenemos.

Uno de los elementos que ha jugado en contra del crecimiento del sector campesino es que por lo general se ha privilegiado la dotación de apoyos materiales sobre lo de carácter intelectual; se ha menospreciado la capacitación, la investigación, la asistencia técnica y la transferencia de tecnología.

Con la presente propuesta, compañeros diputados, se logrará terminar con los apoyos parciales y desarticulados, con limitado enfoque integral, permitiendo fomentar e impulsar las cadenas productivas, incrementar la rentabilidad agropecuaria y acuícola, impulsando al sector con mayores mecanismos financieros para los pequeños y medianos productores, así como incrementar la capacidad de almacenamiento y disminuir los costos de transportación agropecuaria.

Esta propuesta forma parte de un conjunto de acciones legislativas que tienen por objeto lograr una reforma rural que contribuya a contar con un campo fuerte, sólido, con el potencial suficiente para competir a nivel internacional, en el que las familias rurales puedan mejorar su calidad de vida y mejorar sus ingresos.

En razón de lo anterior, se pone a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto:

Único. Se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Señor presidente, le solicito que se incorpore de manera íntegra mi participación en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado, por su intervención. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra el diputado Martín Rico Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Francisco Ramos Montaño (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul del diputado Ramos Montaño, por favor. Permítame, diputado orador.

El diputado Francisco Ramos Montaño (desde la curul): Para consultar si me puedo adherir a la iniciativa del diputado Rolando Zubia.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Rolando Zubia, le solicitan adherirse a su iniciativa.

El diputado Rolando Zubia Rivera: Con mucho gusto, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Con mucho gusto el diputado Rolando Zubia ha manifestado su beneplácito, diputado Ramos.

Adelante, diputado Rico Jiménez.

El diputado Martín Rico Jiménez: Gracias, señor presidente.

Compañeros diputados, antes de iniciar con la iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica de este Congreso, quisiera señalar dos puntos de una manera muy breve, de dos iniciativas que el día pasado 25 de noviembre presenté a esta soberanía.

Es la iniciativa que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual busca que los órganos estatales y municipales de fiscalización tengan atribuciones para acceder a la información que protege el secreto bancario o fiduciario.

Actualmente, la Auditoría Superior de la Federación fiscaliza los recursos públicos de los fideicomisos a nivel federal; sin embargo, los responsables de las dependencias estatales y municipales que coordinan los fideicomisos públicos locales argumentan indebidamente el secreto fiduciario para no rendir cuentas claras. Por lo que se debe exceptuar a las instituciones de crédito del secreto fiduciario, cuando los órganos de fiscalización locales en el ejercicio de sus atribuciones de revisión y fiscalización de cuenta pública les soliciten información que se relacione con los fideicomisos públicos, estatales y municipales que maneje.

Asimismo y en concordancia a esta iniciativa también presenté el mismo día una reforma al artículo 116 constitucional, ya que los titulares de los órganos estatales de fiscalización actualmente son designados por los gobernadores y muchas de las veces son personas sin conocimiento ni experiencia en el tema.

Los auditores estatales no permanecen en sus cargos por lo general más de 2 años y entregan sus informes al Congreso local, sin muchas de las veces hacerlos públicos y los recursos transferidos a las entidades federativas por parte de la federación son cada vez mayores.

Esta iniciativa de reforma propone que mediante un proceso de convocatoria pública y transparente, se elijan a los titulares de los órganos estatales de fiscalización. Asimismo, que el Congreso local valide a dicho titular con las dos terceras partes de sus integrantes, en periodos no menores a 7 años y con una experiencia de 5 años en el tema de autoría y fiscalización.

Finalmente, que el titular durante su encargo no forme parte de ningún partido político ni desempeñe otro cargo en la administración pública, prohibiendo ser titular si se ocupó el cargo de secretario de Estado, procurador de justicia o diputado local, en sus respectivos estados, durante el año anterior a su designación.

Les invito, diputadas y diputados, sumarse a estas iniciativas, que estoy seguro permitirá una mayor transparencia y rendición de cuentas en las entidades federativas y del manejo responsable de los recursos públicos.

Después de estas dos iniciativas quisiera entrar a la que propongo para reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso.

En nuestro país observamos que el crecimiento desordenado de las ciudades hacen necesaria la creación de políticas públicas, que permita lograr una adecuada planificación del desarrollo urbano y que vaya de la mano con las políticas que permitan satisfacer la demanda de vivienda digna para los mexicanos, especialmente si consideramos que se continúa con una tendencia acelerada de crecimiento de nuestras ciudades, lo que dificulta la atención a las necesidades de vivienda.

El crecimiento explosivo de las ciudades ha rebasado visiblemente la suficiencia de los recursos acuíferos; el potencial de la infraestructura de servicios; la disponibilidad de suelo apto para este fin; la capacidad de las instituciones para garantizar sus condiciones de habitabilidad ha propiciado con ello el abandono de todo principio de sustentabilidad en el desarrollo habitacional.

La planificación para el ordenamiento territorial y desarrollo urbano son medios que contribuyen al abatimiento de la pobreza, de la inseguridad, de la insuficiencia de los malos y deficientes servicios públicos, pero particularmente hace posible el acceso a una vivienda digna, con criterios de calidad y sustentabilidad.

En esta Cámara de Diputados, las materias relacionadas con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano no se localizan en el ámbito de las atribuciones de la Comisión de Vivienda, lo que ha permitido impulsar el trabajo legislativo que en esta materia de asentamientos humanos y particularmente del desarrollo urbano, es urgente y necesaria.

La propuesta que hoy presento busca fortalecer el trabajo legislativo en las materias de ordenamiento territorial y del desarrollo urbano, por ello se considera pertinente reorganizar la manera como se abordan dichos temas para concentrarlos en una sola comisión, lo que permitiría generar un trabajo legislativo con una mayor racionalidad, congruencia e integralidad de las problemáticas que interactúan en dichas materias.

Con esta iniciativa se lograría una estructura de comisiones más adecuadas a las nuevas realidades y problemática que en materia de ordenación del territorio, asentamientos humanos y de vivienda se presentan en nuestro país, permitiendo una mejor definición para comprender y atender la naturaleza de sus funciones, con mayor eficiencia y eficacia, las tareas legislativas que tendría conferidas.

Diputadas y diputados, el derecho a una vivienda es fundamental para el ser humano. En todas las culturas se ha tratado de dar solución a este requerimiento de vivienda, sin embargo, tal parece que a medida que va aumentando la población, el disponer de un hábitat digno es cada vez más difícil.

Los legisladores debemos tomar cartas en el asunto y asumir una política urbanista adecuada para satisfacer una de las necesidades más sentidas de las familias mexicanas, como es la vivienda. Por su atención, gracias.

Diputado presidente, le solicitaría que estas iniciativas y esta intervención se inserten íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Así se hará, diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Tal como lo solicita el diputado proponente, el texto íntegro de su iniciativa y de su intervención se inserta en el Diario de los Debates.

Diputado Rico, el diputado Gastón Luken ha solicitado adherirse a su propuesta. Diputado Gastón Luken, el diputado Martín Rico está de acuerdo y el documento está a su disposición en la mesa de esta Secretaría.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Enrique Torres Delgado: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas, estoy en este momento haciendo uso de la voz para solicitar de ustedes la aprobación de una reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que busca que la materia de protección civil sea considerada dentro de las comisiones que se manejan y que operan en esta Cámara de Diputados, derivado que la protección civil es una de las prioridades que año con año imponen en la agenda nacional.

Recordemos 1985, parteaguas de la protección civil en México y, hoy por hoy, en esta Cámara de Diputados no tenemos una comisión que atienda esta situación que cada día se hace necesaria; y que derivado del cambio climático que llegó para quedarse y que nos ha golpeado en diversas entidades de esta gran nación, no tenemos una comisión –insisto- que atienda definiciones de políticas públicas, asignaciones presupuestales. En ese tenor me presento ante ustedes para solicitar su aprobación para este tema.

Quiero comentarles a ustedes los antecedentes históricos que tenemos. En 85 México fue presa de un desastre mayúsculo en la Ciudad de México. Las actividades de protección civil se realizaban por el Ejército mexicano a través del Plan DN3, el cual sigue vigente.

En octubre de 85 y ante el impacto de los graves sismos del 19 y 20 de septiembre, se constituye la Comisión Nacional de Reconstrucción con seis comités que ayudaron a establecer posteriormente el Sistema Nacional de Protección Civil.

En octubre de 1985 la Secretaría de Gobernación informó que con la finalidad de atender a la población ante desastres, cada entidad federativa tendría un Comité de Prevención de Seguridad Civil.

En 86 se aprobaron las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, teniendo como principal objetivo proteger a las personas y sus bienes ante la eventualidad de algún desastre natural o humano.

En 88 el gobierno federal decide crear la Subsecretaría de Protección Civil y de Prevención y Readaptación social.

En 89 se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

En 90 por decreto presidencial se crea el Consejo Nacional de Protección Civil.

En 95 se publica en el Diario Oficial de la Federación la constitución de los comités científicos asesores del Sistema Nacional de Protección Civil.

Lo anterior propició que en las diferentes entidades federativas se fueran creando unidades estatales de Protección Civil, lo que conjuntamente con los consejos estatales de Protección Civil y algunos consejos municipales de Protección Civil, conforman una estructura amplia pero todavía con limitaciones en su infraestructura para atender un desastre.

En mayo de 2000 se publica en el Diario Oficial de la Federación la actual Ley General de Protección Civil.

En junio de 2003 se establecieron las reformas que crearon el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, ordenamientos que también requieren ser actualizados.

Recientemente fuimos testigos de la firma por parte de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda, de las reglas de operación para el Fondo de Atención a los Desastres Naturales y del Fondo de Reconstrucción.

En esta Cámara de Diputados, insisto, no tenemos una comisión que atienda esta problemática, esta situación, que es parte ya de nuestra realidad actual. Por este motivo proponemos crear la Comisión de Protección Civil como una comisión ordinaria de esta Cámara de Diputados, por lo que se propone adicionar al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 2, para quedar como sigue:

XXIX. Comisión de Protección Civil.

Podemos observar que se recorrerían las fracciones hasta la fracción XLI, fracción de vivienda.

Compañeros diputados, por lo antes expuesto sometemos a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 39. Donde manejamos en la fracción XXIX la Comisión de Protección Civil.

Transitorio

Único. Las reformas y adiciones contenidas en este decreto entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 6 de octubre de 2009. Perdón, es cuando se hizo el documento y lo estamos presentando el día de hoy.

Los proponentes, diputado Fernando Morales Martínez, diputado Enrique Torres. Es cuanto, diputado presidente. Le solicito, muy respetuosamente, que la totalidad de esta propuesta de iniciativa de reforma se contemple en el Diario de los Debates. Es cuanto.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Con mucho gusto, diputado Torres Delgado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Tal como lo solicita el diputado proponente, el texto íntegro de la iniciativa se inserta en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Pasamos al capítulo de dictámenes de primera lectura

El siguiente punto del orden del día son dictámenes de primera lectura de la Comisión de Puntos Constitucionales, en este orden:

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputado Cárdenas. Por favor, sonido a la curul del diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, presidente. Aunque estamos en primera lectura de estos dos dictámenes, por lo que ve al primero de ellos, al que reforma el artículo 3o. y 31 de la Constitución, para establecer la educación preparatoria como obligatoria, estoy observando de la Gaceta Parlamentaria que este dictamen contiene una expresión en el artículo 3o., fracción II, inciso c), que no fue aprobada así en la Comisión de Puntos Constitucionales. Rogaría que verificara esta circunstancia, por la secretaría técnica de la Comisión de Puntos Constitucionales, porque hasta donde recuerdo, como secretario de esa comisión, el artículo 3o., fracción II, inciso c), establece lo siguiente:

c) “Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos”.

Pero aquí en la Gaceta Parlamentaria se agrega “ante la ley”. Esta parte, según recuerdo y así lo votamos en la Comisión de Puntos Constitucionales, no fue incorporada la expresión ante la ley, del inciso c), fracción II del artículo 3o.

Pediría para la segunda lectura de este dictamen, que en el momento de la discusión, se tuviese cuidado para determinar si así fue aprobado en la comisión o cómo fue aprobado, para hacer en todo caso la reserva pertinente, en el momento procesal oportuno, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recogen sus consideraciones con mucha atención. También se solicitará en su momento la información correspondiente, pero esto se emitió en los términos que fue publicado, o sea, en los términos en que se recibió el documento, en los mismos términos fue publicado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, señor presidente por la información. Entiendo que así fue remitido por la Comisión de Puntos Constitucionales. Lo que solicito muy atentamente a la mesa, es que se verifique, que se revise con la secretaría técnica de la Comisión de Puntos Constitucionales, para saber si estoy o no en lo correcto, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Pero usted es integrante, tengo entendido, de esa comisión. Entonces como tal, creo que tiene la personalidad de que corresponde para el efecto; pregunto.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Desde luego, presidente, soy miembro de esa comisión y lo que estoy sosteniendo aquí me consta por haber formado parte de la votación y de la sesión correspondiente. Y en esa sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, a petición mía y con el respaldo de diputados de otras fracciones, se reconoció, se aceptó que no quedaría en el dictamen correspondiente de derecho a la educación preparatoria obligatoria, la expresión ante la ley, que en el inciso c), está en la página 38 del dictamen que reforma o que modifica el artículo 3o., y el 31. Únicamente se diría “igualdad de derechos de todos” y se suprimiría: ante la ley, evitando los privilegios de raza.

Esta solicitud mía tiene una razón, presidente y así fue acordada, recuerdo en la Comisión de Puntos, porque en el dictamen de derechos humanos que pronto conocerá este pleno, se va a modificar el artículo 1o., de la Constitución y ahí se modifica la expresión que contiene actualmente nuestra Constitución en el artículo 1 que determina que es la Constitución la que otorga los derechos.

Se va a volver al espíritu de la Constitución del 57, en el artículo 1, en donde se decía que la Constitución reconoce los derechos, es decir, el orden jurídico no otorga los derechos, sino los reconoce.

Ésa es la razón de mi solicitud que, repito, así fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo solamente lo que pido es que se verifique con la comisión de puntos, con la secretaría técnica, para que se diga si es correcto o no lo que estoy sosteniendo aquí, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sugiero que usted, señor diputado, personalmente, como participante de la comisión, lo verifique y nos dé a conocer en su momento aquello a lo que se ha llegado.

Pero en la sesión del día de mañana, si usted nos hace favor, podrá exponer aquí sus planteamientos y asimismo solicitar la modificación que corresponda.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Quedan de primera lectura.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Esta Presidencia recibió de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Relaciones Exteriores, de la Reforma Agraria, de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría Agraria y al Instituto Nacional de Migración pongan en marcha acciones para la promoción y formalización del testamento agrario entre la comunidad mexicana que radica en los Estados Unidos de América.

Túrnense el primero y segundo resolutivos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Reforma Agraria y el tercer resolutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se recibió del diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal expropie y cubra el pago correspondiente por la afectación de terrenos del ejido Conicarit, del municipio de Álamos, Sonora. Túrnese a la Comisión de la Reforma Agraria.

Se recibió de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación otorguen los recursos asignados en materia de seguridad pública del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Presidente, por favor.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido en la curul del diputado García Granados, por favor.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Gracias, señor presidente.

No es grato jamás pedir el uso de la palabra para lo que voy a hacer, pero quiero decirlo también con mucho respeto. Todo pareciera indicar que el fantasma de la irresponsabilidad es el que permea en esta Cámara de Diputados. Lo digo en razón de la ausencia de una gran cantidad de diputados federales que, probablemente escudados en el sentido de decir que están trabajando en comisiones, lo cual tampoco va a ser cierto rotundamente, se ven solamente curules vacías.

Yo le pido respetuosamente, señor presidente, independientemente del lente con el que se ve desde arriba el aforo, que verifique por favor el quórum. No estamos ni siquiera 40 diputados. Le pido, por favor, verificación de quórum.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Heliodoro Díaz.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (desde la curul): Sí, señor presidente. Independientemente de la muy respetuosa petición que ha hecho nuestro compañero diputado, y las facultades que le da a usted la Ley Orgánica y nuestro reglamento, yo lo único que quisiera puntualizar es que no presumiéramos que los diputados están ausentes por una falta de responsabilidad.

Porque, evidentemente, en la víspera de la conclusión de este periodo las comisiones están trabajando todas ellas de manera muy intensa. Yo no quisiera que presumiéramos, sin fundamentos y sin datos concretos, que los diputados, de todas las fracciones, están ausentes por falta de responsabilidad con sus obligaciones en el pleno. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico e instruir el cierre del sistema. Aclaro que si no se cierra el sistema no se puede dar la verificación del quórum. Adelante, secretario, por favor.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia?

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 374 diputadas y diputados Ciérrese el sistema electrónico. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Esta Mesa Directiva va a concluir el trámite del capítulo en el que nos encontrábamos, y en obsequio a la propuesta o solicitud del diputado García Granados, se verificará el quórum correspondiente al finalizar el capítulo.

Se recibió de la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a realizar acciones para la construcción de puentes peatonales, adecuaciones viales, balizamiento y señalización vertical y horizontal que brinden protección al peatón y que comuniquen a las colonias Huichapan, Altamirano y Ocoyoacac con el proyecto del Parque Ecológico del Bicentenario. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En atención a la solicitud del diputado García Granados, y en virtud de que a vistas de esta Presidencia no hay quórum suficiente para poder proseguir, se levanta la sesión (14:38 horas).

Si escuchan, por favor si me permiten para aclarar esto. No hay quórum suficiente para poder oficializar la cita a la siguiente sesión. Pero, sin embargo, la sesión propuesta, la cita el día de mañana será 9 de diciembre de 2010 a las 10:00 de la mañana. Es culpa de los suplentes que no están en disponibilidad.

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