La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 402 diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: (11:57 horas) Se abre la sesión. Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Orden del día.

(Lectura de orden del día)

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se invita a los presentes a ponerse de pie.

La Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy, 1o. de febrero del año 2010, declara formalmente iniciado el segundo período de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura. Muchas gracias.

La Mesa Directiva, para dar cumplimiento al artículo 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, participará por escrito que la Cámara de Diputados ha iniciado formalmente del segundo período de sesiones ordinarias.

El siguiente punto del orden del día es: posicionamiento de los grupos parlamentarios en relación con el inicio del segundo período de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio. Han quedado registrados los diferentes participantes en este posicionamiento.

Se concede el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, al diputado Pedro Jiménez León, de Convergencia.

El diputado Pedro Jiménez León: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores: al iniciar nuestro segundo periodo ordinario de sesiones, Convergencia quisiera tener a la vista datos que nos permitan ser optimistas sobre la realidad nacional; sin embargo esto no es así. Hoy el panorama de México es desolador.

En la última década, particularmente los años que corresponden al presente gobierno federal, nuestro país sufre de manera exacerbada los saldos de una profunda crisis sistémica que afecta a todos los ámbitos de la vida económica y social. Tan sólo 2009 arrojó 2 millones 800 mil mexicanos desempleados. Este dato nos indica lo lejos que estamos de creer que la alternancia de partido en la Presidencia de la República era el principio de mejores tiempos para la nación.

Lejos de alcanzar los objetivos de cambio trazado, hemos atestiguado errores graves, continuos y dolorosos, cuyos resultados los ha sufrido la ciudadanía en su bolsillo, en su nivel de vida y en su confianza cívica. La situación prevalenciente, lejos de ofrecer la posibilidad de alcanzar verdaderos avances, ofrece lo que podría denominarse un parte de guerra, pues así de grave resulta el contexto nacional.

Indicadores que muestran la reducción constante de la capacidad adquisitiva de los salarios, además del desempleo galopante, la acelerada carrera de los precios, la caída de la actividad productiva, la crónica insuficiencia de recursos para atender temas sustanciales de la política social como la salud y la educación. A esto agreguemos la denominada guerra contra el narcotráfico con sus masacres y ejecuciones, que en la primera mitad de este gobierno asciende a 15 mil asesinatos, así como el agravamiento de los índices de inseguridad que tanto minan la vida cotidiana de nuestra gente. Para concluir, se requiere un cambio significativo en el rumbo y en la conducción política del país.

Es inadmisible seguir atribuyendo a factores externos la dimensión inmanejable de la debacle económica; además de opinar que no se avanza en la solución de los problemas descritos mediante declaraciones que festinan el fin de la crisis y nos invitan a cerrar el expediente correspondiente.

La obcecación en mantener un modelo económico que perpetúa la desigualdad que caracteriza a México con saldos como el aumento de millones de pobres que con tanta contundencia han señalado los organismos encargados del análisis de los programas sociales, revela desafortunadamente la falta de rumbo del gobierno y su propensión a la autocomplacencia y la simulación.

La respuesta colérica e intolerante a cualquier señalamiento que ponga en entredicho los supuestos logros obtenidos en los temas sustantivos a que hemos hecho alusión, genera un clima de confrontación constante, pues el mensaje apunta a que sólo podrán lograrse acuerdos a cambio de la sumisión acrítica, lo cual es y será siempre inaceptable en un régimen democrático.

En este clima de intolerancia institucional, nos resultan altamente preocupantes las alusiones al Congreso de la Unión como la instancia que entorpece o retrasa los cambios que el país requiere. En este Congreso lo que ha sucedido es el rechazo a los intentos del Poder Ejecutivo para imponernos sin negociación y, sin debate, iniciativas que van en contra del mandato popular por el cual estamos aquí.

Empecinarse en mantener privilegios y prebendas para una minoría, marginando de la toma de decisiones a un gran número de actores sociales y políticos a cambio de congratularse con quienes detentan realmente el poder en forma encubierta de poderes fácticos, resulta inadmisible.

El Grupo Parlamentario de Convergencia considera que al inicio de este período de sesiones, nos encontramos nuevamente con la oportunidad cada vez más estrecha para materializar los cambios que exige la nación para recuperar el camino perdido del desarrollo con justicia social.

En el tema económico vemos uno de los asuntos prioritarios en la agenda nacional. Durante la discusión, análisis y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, hicimos nuestra la demanda de la sociedad de buscar alternativas para dotar de mayores recursos a las finanzas públicas. Nos opusimos a los incrementos planteados por el Ejecutivo. Propusimos tres medidas concretas: eliminar los regímenes especiales, disminuir el excesivo gasto corriente del sector público y el combate a la elusión y evasión fiscal.

Con estas propuestas estimábamos una obtención de más de 965 mil millones de pesos. Sin embargo, pese a la viabilidad de nuestra propuesta, las fuerzas mayoritarias en esta Cámara rehuyeron al debate.

En el marco de la discusión presupuestal y fiscal, Convergencia fue el primero en presentar un proyecto de defensa ciudadana para lograr una verdadera reforma fiscal e integral, planteamiento que actualmente se ha traducido en la creación de una comisión al más alto nivel que busca un nuevo acuerdo hacendario y fiscal para la república.

En materia de reforma hacendaria. Continuaremos impulsando una reforma fiscal que permita acabar con regímenes especiales, con la consolidación fiscal, deducciones, donaciones y devoluciones, e impulsaremos la disminución del IVA, del impuesto sobre la renta (ISR), la eliminación del IETU y de los depósitos en efectivo; combatiremos la evasión y la elusión fiscal y plantearemos un incremento a los salarios mínimos y un importante impulso a las cooperativas, como instrumento central en la reactivación económica.

En cuanto a la reforma política. Promoveremos los cambios que nos permitan darnos una nueva constitucionalidad y alcancemos una profunda reforma del Estado; plantearemos elevar a rango constitucional los mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito, referéndum, iniciativa popular y revocación de mandato.

Queremos que la democracia directa esté vigente y que el funcionario que no dé resultados, sin importar nivel, se vaya a su casa.

Igualmente, propondremos la creación del cuarto poder ciudadano, para que la sociedad audite a los tres Poderes de la Unión, a través de la ciudadanización de la Auditoría Superior de la Federación.

Debemos terminar con los cacicazgos electorales locales, que con dinero y manipulación tuercen la voluntad ciudadana, estableciendo la responsabilidad del IFE de encargarse de la organización de los procesos electorales en todo el país.

Tenemos que regular los gastos de propaganda gubernamental, reconocer el derecho de los partidos políticos a coaligarse; mantener el porcentaje mínimo de votación para la obtención conservación del registro de los partidos, y el impulso a las candidaturas independientes, entre otros temas.

En estos días, que bajo el argumento de garantizar el respeto a la libertad de culto y la tolerancia como principio de convivencia política, se promueve la inclusión de dogmas religiosos en la agenda del gobierno federal, poniendo en riesgo el Estado laico, debemos defender la independencia del Estado sobre cualquier influencia religiosa.

En la pasada Legislatura, Convergencia impulsó una iniciativa en esta materia; vamos a darle la batalla al embate que busca romper con el Estado secular para volver a la idea del Estado confesional.

Una llaga que lastima a la sociedad y que cada día se agranda más es la falta de resultados en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. En esta materia, debemos abordar no reformas aisladas, sino un sistema integral de reforma al sistema penal, como el que presentó Convergencia en 2003.

En materia energética, vamos a ceñirnos al mandato de la Constitución de mantener nuestros recursos energéticos como propiedad de la nación. Vamos a insistir en la auditoría ciudadana, porque hoy nuestro sistema está hecho más para encubrir que para auditar y supervisar.

Con la plena convicción de que es posible entendernos para construir los acuerdos y las reformas que México necesita para volver a ser la nación libre, próspera y generosa que queremos. El tiempo apremia y la nación espera. Tomemos el ejemplo de las acciones de los grandes hombres y recordemos que siempre, siempre, México es primero. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Pedro Jiménez León. Tiene la palabra hasta por diez minutos el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, de Nueva Alianza.

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza nos proponemos para este segundo periodo de sesiones, de esta LXI Legislatura, impulsar con iniciativas y propuestas la construcción de un acuerdo que supere los discursos de partido y logre sumar a todos en un proyecto común.

Estamos convencidos de que en la democracia los adversarios discuten y tienen diferencias. Por eso, nuestra convocatoria a los grupos parlamentarios es a que juntos construyamos un mejor futuro para la república; a que pongamos voluntad política, apertura y decisión para fijar las prioridades nacionales, y hacer realidad los cambios y las reformas que demandan las mexicanas y los mexicanos.

Hoy más que nunca es urgente que enfrentemos el desafío de darle al país las herramientas institucionales y jurídicas para el cambio. Ésta es nuestra oportunidad de recuperar el prestigio para la política, de cambiar la percepción que tienen los ciudadanos de nuestro desempeño como representantes populares.

Es tiempo de pasar de los discursos y los grandes planes, seguidos de la frustración por la ausencia de resultados y, su consecuencia, la desilusión constante, la desesperanza permanente, a una acción decidida con objetivos concretos para nuestro país.

En Nueva Alianza sostenemos que es imperativo restablecer el crecimiento económico, que es urgente generar empleos que demandan nuestros jóvenes y recuperar los que se perdieron en la que ha sido la peor crisis de nuestra economía en décadas.

Desde esta tribuna los convocamos a dejar de lado las disputas y las posiciones que sólo polarizan. Un propósito que nos une es el de hacer de México un país de oportunidades, con progreso social, donde nuestros hijos e hijas puedan aspirar a vivir mejor.

Hoy es en el plano de la economía en donde más se necesita que el Estado se reconcilie con la sociedad. El Estado no puede ser una carga que termine agobiando a todas las actividades de la economía. El objetivo básico de la política económica debe ser asegurar un crecimiento estable que permita una expansión de la actividad y del empleo constante.

Nuestro país debe estar abierto al mundo, pero abierto de una manera realista, dispuesto a competir en el marco de las políticas, de preferencia regional. Éste requerirá de una demanda que alienten las inversiones, tanto para atender el mercado interno como las exportaciones.

En esta LXI Legislatura tenemos la oportunidad histórica de hacer realidad y de dar la viabilidad a los cambios estructurales e institucionales que desde diversos sectores de la sociedad han sido una demanda permanente.

Es cierto, la economía es hoy la preocupación insoslayable. Sin embrago, la reforma para fortalecer nuestra democracia y la gobernabilidad también exige ser atendida. Enfrentamos desafíos formidables. El petróleo que ha sido una de nuestras fuentes de ingresos más importantes se agota. El Estado necesita consolidar nuevas fuentes de ingresos para cumplir con sus responsabilidades. Esto nos obliga a impulsar una reforma fiscal integral, retributiva, justa y que amplié la base tributaria que promueva y estimule la inversión con reglas claras y simples que den certidumbre jurídica a todos.

Es evidente que existe una manifiesta insatisfacción de la sociedad ante el funcionamiento de las instituciones democráticas. Enfrentamos el riesgo de que éstas se debiliten y que se abra la tentación de que liderazgos autoritarios se vean como una alternativa viable para hacer lo que los políticos no hemos logrado.

En Nueva Alianza proponemos avanzar en la ampliación de los espacios de participación política y reconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos, fortaleciendo el modelo de competencia electoral con reglas que faciliten la participación ciudadana, promuevan la pluralidad y la consolidación de las minorías, como expresión de una sociedad diversa y democrática.

Por ello, impulsaremos una agenda legislativa que propone nuevas reglas para la representación política y la participación de la sociedad, a través de candidaturas ciudadanas, procedimientos democráticos y fortalecimiento de los partidos políticos.

Consideramos que es imperativo contar con mecanismos de fiscalización más eficaces y oportunos de la competencia electoral, que garanticen la equidad en los procesos de selección de candidatos y en la propia contienda electoral.

Para Nueva Alianza lo más importante son los ciudadanos y sus familias. Orientaremos nuestros esfuerzos al fortalecimiento de las bases constitucionales que hagan realidad la democracia en los procesos de elección de los poderes de cada entidad federativa y los municipios, así como una efectiva rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio del gobierno.

Tenemos que rescatar los valores de la solidaridad y la justicia social, que nos permiten cambiar nuestra realidad actual y avanzar hacia la construcción de una sociedad más equilibrada, más madura y más justa.

El Estado no puede renunciar a su responsabilidad. Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales, con un esfuerzo permanente de inclusión, creando oportunidades a partir del acceso universal a la educación, la salud, el empleo, la seguridad social y la vivienda.

Es el Estado el que debe garantizar los derechos constitucionales protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad, a quienes continúan viviendo en la pobreza, sufriendo la discriminación y muchas veces violencia: a los jubilados, los pensionados, los adultos mayores, a los pueblos y comunidades indígenas y a las mujeres y los niños.

En Nueva Alianza actuaremos con responsabilidad asumiendo la representación que honrosamente las mexicanas y los mexicanos nos han conferido. Estamos dispuestos a encarar, junto a la sociedad, todas las reformas necesarias y para ello, utilizaremos los instrumentos que la Constitución y las leyes contemplan, para construir y expresar la voluntad de la nación.

Hoy, ante la crisis económica y sus consecuencias sobre la calidad de vida de las familias, se agrega la zozobra e incertidumbre originada por el clima de violencia, que es signo de muchas de nuestras ciudades.

Desde el Congreso, Nueva Alianza continuará apoyando la lucha del Ejército mexicano y las instituciones contra el crimen organizado. Sin embargo, consideramos que es necesario ampliar los esfuerzos al ámbito financiero donde los recursos de origen ilícito circulan con impunidad.

No habrá cambio confiable si permitimos la subsistencia de ámbitos de impunidad. Confirmar con hechos que la lucha contra la corrupción y la impunidad será inflexible fortalecerá a las instituciones. Este combate es una tarea de los tres Poderes, pero también de la sociedad.

En Nueva Alianza estamos convencidos que no existe un factor de mayor cohesión y desarrollo humano que promueva más la inclusión que la garantía de las condiciones para el acceso a una educación de calidad.

Una sociedad como la que queremos promover debe basarse en el conocimiento y en el acceso de todos a este conocimiento. La igualdad, laicidad, equidad y calidad educativa son para Nueva Alianza irrenunciables, no sólo como actitud ética, sino esencialmente como responsabilidad institucional.

El Estado debe garantizar que todos los niños y niñas tengan la misma calidad educativa; respetando la federalización de la educación se debe fortalecer su rol como rector del sistema en ámbitos como la planificación y definición de contenidos de la educación y sistemas de formación y evaluación docente.

Garantizar la igualdad educativa en todo el país es aportar a la formación de un verdadero desarrollo, conciencia e identidad nacional.

En el campo de la salud promoveremos que el Estado asuma un rol articulador y regulador del sistema de salud pública que sea integral, sumando los esfuerzos de los subsectores públicos de los estados, municipios y del sector privado.

Desde Nueva Alianza convocamos para este periodo de sesiones al trabajo conjunto, al esfuerzo por encontrar coincidencias; a la creatividad para que nos hagamos cargo de nuestro futuro; a mantenernos cerca de los ciudadanos para que tengamos la capacidad, desde esta Cámara, de concretar los cambios necesarios para forjar el país que todos nuestros ciudadanos se merecen. Es tiempo de trabajar por México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. Tiene la palabra el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por 10 minutos.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados: hoy que la pobreza, la desesperanza y la inseguridad campean a lo largo y ancho de nuestra patria, iniciamos el segundo periodo ordinario de sesiones, en el marco de la conmemoración del Bicentenario.

Tenemos la oportunidad idónea para discutir ampliamente qué proyecto nacional debe seguir la república; pero al mismo tiempo corremos el inmenso riesgo de perdernos en los temas de coyuntura, mientras el país va a la ruina económica, social y política.

El Congreso de la Unión ha jugado un papel muy importante en la transformación del régimen autoritario. No debemos permitir que en esta coyuntura juguemos un papel secundario mientras los poderes fácticos se convierten en los principales reformadores y beneficiarios de la riqueza nacional.

La Cámara de Diputados es la expresión de la soberanía popular derivada de una elección que representa los intereses diversos de una sociedad plural y que debe asumir su responsabilidad histórica para poner en manos de la ciudadanía el poder de decidir, de cambiar y de proponer el rumbo nacional.

Se han presentado propuestas que van encaminadas a reformar el régimen de gobierno y para hacer una nueva reforma política y el Congreso debe de actuar con inteligencia y sentido republicano. No debemos ser cómplices en la aprobación de una reforma deshilvanada, parcial y perversa.

Los legisladores del Partido del Trabajo no partimos de la idea de asumir compromisos parciales al abrir espacios restringidos de participación para los ciudadanos. No se trata de construir la participación democrática por goteo.

Apostamos por hacer realidad un amplio catálogo de instrumentos de democracia participativa. No sólo el plebiscito, el referéndum y la iniciativa ciudadana, sino también la revocación de mandato, el presupuesto participativo, la consulta ciudadana y la auditoría social, como control del ejercicio de los recursos públicos.

La siguiente reforma electoral debe ser resultado de un consenso entre todas las fuerzas políticas, como lo fue la alcanzada en 1996. La reforma electoral que debamos emprender en este período ordinario deberá culminar en una mayor y mejor representación de los ciudadanos en los espacios de poder.

Por ello, ampliar la proporcionalidad en el sistema electoral y evitar la injerencia de los poderes fácticos en las campañas, es avanzar hacia el reconocimiento de los partidos como auténticas entidades de interés público.

Para el Partido del Trabajo la transformación del régimen de gobierno pasa necesariamente por transformar la organización y funcionamiento del Congreso de la Unión y de esta soberanía. Es la ocasión de avanzar hacia una funcionalidad democrática ejemplar, revitalizando la vida parlamentaria en dos ejes centrales: debate político y legislación efectiva.

Sobre medios de comunicación, es necesario que el Poder Legislativo construya un régimen constitucional incluyente, plural, democrático, acorde a la revolución tecnológica y la sociedad del conocimiento. Que vaya más allá de los parámetros e intereses comerciales, lo que necesariamente implica que se abran espacios a los medios comunitarios, educativos y públicos de comunicación.

Ha llegado el momento de garantizar plenamente el derecho a la información, a constituir un ente autónomo y regulador, facultado para reglamentar y sancionar las conductas excesivas de los medios de comunicación que desalientan la competencia en el sector de telecomunicaciones y que inciden de manera negativa en los procesos electorales. Todo ello en perjuicio del bolsillo de los consumidores y de la calidad de los contenidos.

Debemos ser los constructores de una reforma integral que genere una nueva república para todos, sin excepción, que rompa con las prebendas de las que gozan unos cuantos y que brinde mayores oportunidades de desarrollo económico y social a todos los mexicanos.

No debemos permitir que transcurra el presente período de sesiones sin que se establezca en la Carta Magna de manera clara la laicidad del Estado. No podemos permanecer impávidos ante la influencia indebida de las jerarquías eclesiásticas en las decisiones que sólo le atañen a la república y que atentan contra las libertades públicas.

Independientemente del tipo de régimen político que se elija ante la crisis del presidencialismo, es requisito evitar la concentración de poder en el Ejecutivo.

Seguiremos insistiendo en una política de seguridad pública garantista, integral y respetuosa de los derechos humanos, donde la prevención del delito y el desmantelamiento de la estructura financiera del crimen organizado, sean los ejes primordiales.

Nos pronunciamos por el retiro de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y terminar con la impunidad que permite hoy el fuero militar.

La preocupante situación de los derechos humanos, observada por la sociedad civil nacional e internacional, hace urgente adoptar una reforma constitucional de largo alcance, como la que propusieron todas las fuerzas políticas en la CENCA (Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos) para la reforma del Estado, que no ha sido dictaminado por esta soberanía.

En concordancia, debe ampliarse el catálogo de derechos humanos a los ámbitos económicos, social, cultural y especialmente laboral. Especial atención merece el proyecto de reformas sobre pueblos indígenas, que ha sido lastimosamente ignorado.

Hay que repensar el pacto federal, de acuerdo a la diversidad nacional y las asimetrías de las distintas localidades. Debemos recuperar el carácter originario del municipio, como unidad básica del ejercicio de la soberanía popular.

Creemos firmemente que tenemos que descentralizar las decisiones como un requisito hacia la reforma de los poderes públicos, ya que crea contrapesos y pluralidad donde el mando jerárquico ejercía la autoridad.

Al mismo tiempo, la reforma federalista devuelve la soberanía a las unidades sociales que conforman la nación. La reforma federalista baja necesariamente por la reforma política del Distrito Federal. Es tiempo de dar a la ciudad el estatus jurídico-político de que gozan las demás entidades federativas.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, México requiere revisar a fondo su política fiscal y hacendaria. No debe seguirse tolerando el tratamiento fiscal de excepción del que gozan unas cuantas empresas.

Los diputados del Partido del Trabajo seguiremos impulsando una reforma fiscal de Estado en la que pague más él que más tiene y que redistribuya la riqueza nacional.

Rechazamos tajantemente cualquier incremento a los impuestos al consumo, particularmente la perversa intención de aplicar IVA (impuesto al valor agregado) a medicinas y alimentos.

La clave de una hacienda pública sólida se encuentra en captar recursos suficientes de las grandes empresas protegidas por los regímenes de excepción y ejercer el gasto público con responsabilidad, autoridad y eficiencia. Todo ello, debe ser vigilado por un órgano de fiscalización dotado de capacidad de sanción y de persecución de delitos en contra del erario.

Estamos a favor de una nueva ley laboral, donde el eje articulador sea la recuperación del nivel de los salarios, donde los derechos históricamente conquistados por los trabajadores garanticen su estabilidad económica y la de sus familias. No claudicaremos en la defensa del carácter universal de la seguridad social y en la obligación del Estado para promover servicios de salud y para hacer digna la vivienda, la pensión y la jubilación de los mexicanos.

Requerimos rebasar la estrecha visión de que el libre mercado es la única vía hacia el desarrollo. Por ello, proponemos políticas de Estado que tengan criterios de sustentabilidad y equidad social, que manejen de forma eficiente y soberana los recursos energéticos.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy vemos las dramáticas consecuencias de haber abandonado la adecuación del andamiaje institucional bajo criterios democráticos e igualitarios. Ello a cambio de reformas parciales para satisfacer a los intereses hegemónicos que ya no se instalan en un solo partido.

Queremos reivindicar que el Partido del Trabajo y sus legisladores seguirán comprometidos con el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, la economía popular y la soberanía que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Seguimos apoyando la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas y de los trabajadores ex braceros.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reitera su compromiso de llevar a cabo una reforma de Estado integral refundando la república a 200 años del surgimiento de México como nación.

El mejor homenaje que podemos rendir a los fundadores de la patria es poner en práctica sus anhelos de libertad y justicia para nuestro pueblo. Como lo expresó José María Morelos y Pavón, ante el Congreso de Chilpancingo: que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo; moderen la opulencia y la indigencia. Esto es lo que demandan las mexicanas y los mexicanos hoy. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos. Tiene la palabra el señor diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.

El diputado Juan José Guerra Abud: Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Estimadas colegas y estimados colegas: iniciamos ya nuestro segundo periodo de sesiones. No hay duda que el primero se nos fue muy rápido. El que hoy inicia podrá ser, si nos queremos poner de acuerdo, uno de los más fructíferos para el país. Digo "si nos queremos poner de acuerdo", porque el primer periodo ya lo demostró ?salvo un par de excepciones? que sí nos podemos poner de acuerdo.

La Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, la designación del auditor superior y la aprobación de algunas iniciativas; sobresaliendo, para nosotros, la propuesta por mi partido para el aprovechamiento de energía renovable; todo esto aprobado por abrumadora mayoría, es prueba contundente de que si queremos, podemos.

Para el periodo que hoy inicia muchos son los temas que demandan esta actitud. Para mi partido lo primordial sigue siendo las tres propuestas que hemos venido haciendo: los bonos educativos, la pena de muerte y los vales de medicina. Son propuestas, no tenemos duda, que siguen teniendo plena vigencias. Estas propuestas son un reclamo real de la sociedad que el Partido Verde hizo suyas y por eso las hemos defendido y las seguiremos promoviendo.

Hay otros temas que tendremos que atender y que resultan urgentes. Hay reformas que esta legislatura tendrá que decidir. Creemos que nuevamente hay que revisar el tema energético para realmente darle, entre otros objetivos, mayor espacio a la generación de electricidad, a través de renovables; y que la energía limpia en nuestro país se vuelva una realidad que vaya más allá de los discursos del Ejecutivo en foros internacionales, que ahí suenan muy bien, pero que no son escuchados en México. Por eso, se nos hace inaceptable que la Comisión Federal de Electricidad siga planeando su crecimiento principal con base en la quema de combustibles fósiles.

Creemos que tenemos que revisar también, en su momento, y seguramente en un próximo periodo, los temas educativo y laboral, así como el de la salud, pero los dos que resultan apremiantes son las reformas política y fiscal.

El Senado realizó ya un espléndido foro con varios especialistas en la materia. Creemos que llegaron a conclusiones muy importantes. La verdad, no se vale hacer berrinches sobre las conclusiones a las que llegaron.

En el Partido Verde tenemos posiciones muy bien definidas que desde luego queremos discutir y revisar. Estamos de acuerdo con la reelección de legisladores y con la ampliación de los periodos de los alcaldes, convalidación de la gestión a la mitad del periodo; pero hasta ahí.

Mucha sangre se derramó en este país para impedir la reelección. Aunque la propuesta del presidente dice que será limitada, una vez abierta la puerta, quién sabe qué pueda pasar, y quien tenga dudas que voltee al sur de nuestro continente para que vea las atrocidades que se están cometiendo en países hermanos en nombre de una supuesta revolución social.

Una segunda vuelta, como se planteó, promueve el bipartidismo, lo que limita la participación ciudadana en las elecciones. En el Partido Verde apoyamos que la ciudadanía tenga una mayor participación, tanto con candidaturas independientes, auditadas y controladas bajo las reglas del IFE, como con esquemas que les faciliten plantear iniciativas ciudadanas y desde luego el del referéndum. La participación ciudadana debidamente reglamentada aporta ideas y enriquece el debate.

No creemos que reducir al Congreso sea una necesidad, más bien es la propuesta de quienes, a costa de lo que sea, quieren criticar y, en consecuencia, desmeritar el trabajo legislativo. La gran mayoría de las democracias del mundo tienen un número más grande de legisladores per cápita que nuestro país. Por cierto, elegidos por el sistema de listas, equivalente a nuestros plurinominales.

La discusión primordial debe ser, entonces, no el reducir o limitar al Congreso, sino en cómo hacernos más productivos. Qué hacemos para que no se presenten propuestas cuyo único objetivo sea subirse a la tribuna; qué hacemos para tener sesiones más flexibles y ejecutivas y, sobre todo, qué hacemos para poder iniciar puntualmente las reuniones y evitar tiempos muertos que son la fuente principal de la ineficiencia. Un legislador que no asista a comisiones debe perder su lugar.

Mi partido ha presentado ya propuestas para modificar nuestra Ley Orgánica y Reglamento y quitar algunas ataduras que limitan nuestro desempeño. Ojalá puedan ser enriquecidas y aprobadas por ustedes. Desde luego tenemos otras propuestas para la reforma política que tendrán que ser discutidas en su momento.

En materia fiscal, creemos que ha llegado el momento de reconocer la necesidad de contar con un impuesto al consumo más bajo que el IVA actual pero generalizado, que facilite el control dejando en tasa cero sólo la canasta básica de alimentos y medicinas, así como un impuesto al ingreso más simple, que seguramente incremente la captación en apoyo de los programas sociales de combate real y no electoreros a la pobreza crónica que vivimos.

Esta reforma fiscal deberá establecer penalidades a quienes contaminen y otorgar estímulos a quienes inviertan en tecnologías limpias.

Para nosotros la prioridad número uno sigue siendo el medio ambiente. De poco servirán todas las reformas que hagamos si no contamos con un medio ambiente adecuado, prerrequisito indispensable para garantizar una vida digna.

Mi partido propuso ?y ya fue aceptado por la Junta de Coordinación Política? la creación de un grupo de trabajo que organice y promueva un foro internacional en el que participen los legisladores de los 15 países que generan el mayor volumen de gases de efecto invernadero, para que sea a través de las leyes que los parlamentos obliguen a los gobiernos a ejecutar medidas que mitiguen el calentamiento global. En breve les mandaremos los detalles de esta iniciativa.

Como ustedes saben, nuestro país será sede este año del Foro Mundial de Cambio Climático que organiza la ONU.

Colegas, es una pena que los procesos electorales que viviremos este año ya estén contaminando el ambiente político. Nosotros en el Verde estamos convencidos de las ventajas de las alianzas cuando éstas enriquecen las propuestas, optimizan estrategias y convergen en ideas comunes.

La intención no es polemizar, pero sinceramente las alianzas que sólo buscan ganar la elección sin comunión ideológica, están destinadas al fracaso particularmente en lo electoral, porque lo que coloquialmente conocemos como voto duro, que es el ideológico, es traicionado y ellos no lo van a perdonar. Y aun suponiendo que este engendro ideológico llegara a ganar votos suficientes, cuesta trabajo imaginar un gabinete integrado con este tipo de pluralidad; y, ahora que empieza el golpeteo, que no se nos olvide que los mexicanos desprecian los precios entre los políticos.

En el Partido Verde hemos demostrado en los hechos nuestra disposición a colaborar con el Ejecutivo y con todas las bancadas y fuerzas ideológicas. En todos los casos hemos sido propositivos y hemos aportado mejoras a las iniciativas que se han presentado, y desde aquí ratifico esta actitud de colaboración. Sin embargo, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación por la profunda crisis económica que sigue agraviando al país, que alcanzó niveles dramáticos por la tardía reacción de la Secretaría de Economía. Más preocupante aún son las condiciones de inseguridad que lamentablemente, como nunca antes, nos siguen afectando.

Hoy que iniciamos este segundo periodo no podemos dejar de reconocer al presidente de la Mesa Directiva y a todos los funcionarios por su desempeño. Les deseamos mucho éxito en el periodo que hoy inicia, éxito que también será nuestro.

Colegas diputadas y colegas diputados, nos tocó la suerte de ser la Legislatura del Bicentenario, sin lugar a dudas es un honor, pero sobre todo un compromiso.

Espero de verdad, espero, que podamos enfrentar esta altísima responsabilidad digna y responsablemente. En el Partido Verde Ecologista de México estamos preparados para así hacerlo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Juan José Guerra Abud. Tiene la palabra el señor diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, iniciamos un nuevo periodo legislativo en un 2010 cargado de enormes simbolismos históricos, sociales, económicos, políticos y culturales. Lamentablemente lo hacemos en un México profundamente lastimado y desesperanzado.

La mayoría de la gente no ve motivos para celebrar nada o casi nada, ya que el 70 por ciento de la población padece algún tipo de pobreza de acuerdo con cifras oficiales.

Tan sólo en los dos últimos años ha crecido en un 4 por ciento la cifra de pobres en las ciudades, que son uno de los destinos de quienes emigran de las zonas rurales en búsqueda de nuevas oportunidades. Ello va de la mano con el aumento del desempleo, aunado a la creciente inseguridad, la guerra fallida del Estado contra la delincuencia organizada, los atropellos contra los derechos humanos, en general y el propio de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo; el crecimiento de la corrupción, el fortalecimiento del autoritarismo, del caciquismo, del corporativismo y de los poderes fácticos, así como del deterioro de nuestro sistema educativo, la casi nula inversión en ciencia y tecnología y la falta de controles reales de la sociedad sobre los gobernantes.

Después de 10 años de alternancia política en la Presidencia de la república no ha habido cambio de régimen político, tampoco ha habido alternativa económica.

Hace unos días el investigador Diego Valadés decía que tenemos una sociedad moderna, regida por un Estado arcaico y puntualizaba que las consecuencias de esa contradicción se pagan con pobreza, injusticia y violencia.

La semana pasada, los dirigentes nacionales y senadores de los partidos políticos reconocían esta disfuncionalidad institucional; admitían el deterioro del viejo régimen presidencialista y el desprestigio de la política y de los políticos, así como el desprestigio de los legisladores, precisamente por la falta de resultados ante las expectativas de la gente.

Para salir de ese círculo vicioso y lograr canalizar por vías institucionales las potencialidades y las demandas de nuestra sociedad plural es necesaria la construcción de acuerdos, sin dejar de reconocernos en nuestra diversidad política e ideológica.

Al México de 2010 le urge un cambio verdadero en la economía y una profunda reforma del régimen político.

Los parches ya no sirven, mucho menos el retorno al pasado autoritario, que hasta los mismos priístas por cierto, señalaron en ese seminario del Senado. Tampoco nos ayudan los chantajes producto de sectarismos partidistas.

Viraje económico y reforma política van de la mano para lograr el objetivo de mejorar la vida de la gente. El rector de la UNAM, José Narro, ha dicho que urge refundar la república. ¿Cómo se traducen estos preceptos en nuestro trabajo legislativo inmediato aquí, en la Cámara de Diputados? En opinión nuestra, en los siguientes rubros:

Uno. Generar las condiciones para propiciar la inversión privada y con ello la creación de empleo y el crecimiento de la economía con una visión social orientada a atemperar la insultante desigualdad y lograr la equidad entre todas las mexicanas y los mexicanos.

La oportunidad la tenemos aquí en la Cámara de Diputados, a través del grupo especial que ya creamos para buscar un nuevo pacto fiscal y hacendario durante los próximos tres meses, a efecto de que terminemos con los regímenes de privilegios y paraísos fiscales. Que paguen los que no pagan como deben pagar, como una concepción de progresividad y con principios federalistas.

El IVA a alimentos y medicinas, hay que decirlo, sería un atentado contra las grandes mayorías e incluso un golpe contra importantes sectores productivos como lo ha reconocido el Consejo Nacional Agropecuario, el cual forma parte del Consejo Coordinador Empresarial.

Dos. Como parte de la reforma del Estado establecer expresamente en la Constitución el carácter laico del Estado mexicano, con todas sus consecuencias, sobre todo ahora que enfrentamos un embate de las fuerzas más conservadoras de nuestra sociedad. Al mismo tiempo, avanzar en el equilibrio de poderes, especialmente otorgando mayores facultades al Legislativo para participar mediante el Plan Nacional de Desarrollo en la planeación de la política económica y social con visión de Estado, así como en la política exterior.

Lograr el reconocimiento constitucional, la exigibilidad y universalización de los derechos sociales para las clases medias y para el grueso de la sociedad. Al igual que el reconocimiento constitucional de los derechos humanos dentro del marco de un Estado incluyente, sin discriminación de ninguna índole y en la que se consolide la visión de género como eje transversal del desarrollo igualitario.

Hacer posible la participación directa de la sociedad en los asuntos fundamentales de la vida pública, a través del referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación del mandato.

Impulsar la autonomía del Distrito Federal para restituirles los derechos plenos a sus habitantes.

Lograr el reconocimiento de nuestros pueblos originarios como sujetos de derechos individuales y colectivos, y ampliar sus espacios de participación en la toma de decisiones.

Mejorar la legislación para defender y preservar el medio ambiente y llevar a la Constitución el derecho al agua.

Mantener la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos y la energía eléctrica al mismo tiempo que impulsamos energías alternativas y limpias.

Dentro de ello también un tema de primordial importancia es la autonomía del Ministerio Público y especialmente la revisión de las figuras del arraigo y los testigos protegidos, de las cuales se ha abusado brutalmente, como lo vimos recientemente en Michoacán.

Tres. De manera especial requerimos aumentar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y promover la transparencia y rendición de cuentas de los Poderes de la Unión y de todos los niveles de gobierno; lograr un régimen de sanciones severas para quienes incurran en actos de corrupción; esforzarnos por crear órganos de contraloría ciudadana; y revisar, de acuerdo con nuestras facultades como legisladores y nuestras obligaciones, todas las cuentas públicas pendientes, incluida la de 2008.

Cuatro. En materia electoral nos pronunciamos por las candidaturas independientes, sujetas a reglas que impidan incursiones ilícitas en las contiendas electorales. Al mismo tiempo, por dar un nuevo impulso a los temas que quedaron pendientes en la reforma de 2007 y 2008, entre otras muchas, crear la Ley de Partidos Políticos y la Reglamentación de la Propaganda Gubernamental.

Todo lo anterior exige, de nosotros, una profunda reforma interna del funcionamiento y estructura de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión, para que seamos más eficaces y verdaderamente productivos, que es lo que nos reclama la sociedad.

Ya hemos dicho que el mérito de la propuesta de reforma política presentada por el Ejecutivo federal es haber autorizado el debate, aunque no retoma ni las conclusiones de la CENCA ni siquiera su propio decálogo planteado el pasado 2 de diciembre de 2009 en Palacio Nacional.

Reiteramos que no compartimos en lo esencial su contenido, porque el objetivo de su propuesta es consolidar el viejo régimen presidencialista y eliminar la pluralidad política. Hay que recordar que ha sido la actuación de esta pluralidad, por vías institucionales, factor indiscutible de estabilidad, por lo menos desde finales de los años 70.

La Revolución del bicentenario y del centenario, que sería la mejor forma de conmemorarlo, será pacífica y democrática si construimos acuerdos con responsabilidad. El PRD está listo para avanzar en esta perspectiva.

Si cerramos este camino de los acuerdos, entonces se abrirán las puertas a otras formas de canalización extrainstitucional y antisistémica de los reclamos legítimos de la gente. Con ellos, con los reclamos, refrendamos nuestro compromiso indeclinable como grupo parlamentario. Ya no hay opciones, amigas y amigos diputados, ustedes tienen la palabra. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado José de Jesús Zambrano Grijalva. Tiene la palabra el señor diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Con su venia, señor presidente. Señoras diputadas, señores diputados, la apertura de un nuevo periodo de sesiones es un buen momento para fijarnos objetivos comunes, para coincidir en altos propósitos que trasciendan al cortoplacismo miope y que recojan el sentir de los ciudadanos.

Hoy tenemos la obligación inaplazable de consolidar una democracia socialmente útil. Nuestra democracia sólo tendrá sentido, como proyecto de vida común, cuando desde ella sea posible mejorar la vida diaria de los mexicanos, y esto sólo es posible con un México con reformas.

Es urgente e impostergable crecer con equidad y de manera incluyente. Crecer como ruta fundamental parar superar la pobreza en la que viven millones de mexicanos. Crecer de manera sostenida para que las oportunidades se multipliquen y los jóvenes tengan esperanza y aliento. Crecer sin concesiones ni prebendas.

Dejar las cosas como están sólo fortalecen privilegios de muy pocos, que laceran a la sociedad y debilitan nuestra convivencia. Para Acción Nacional el ciudadano es inicio y fin de la política. La política no es profesión de vida de unos cuantos, es el instrumento de los ciudadanos para armonizar el encuentro con otros ciudadanos.

Esa es nuestra más firme convicción desde siempre y por eso, el ciudadano es y será el centro de nuestra agenda.

Responder hoy a los ciudadanos es romper autoritarismos; es ampliar sus posibilidades para participar con poder en las decisiones del país; de que el ejercicio de gobierno sea con plena transparencia; es eliminar los márgenes de impunidad.

Garantizar una mayor seguridad es honrar de mejor manera el esfuerzo y el mérito que despliegan los mexicanos cada día. Es la hora de romper candados e inercias, de fortalecer las instituciones de nuestra nación.

Acción Nacional va a honrar el acuerdo que se tomó en esta Cámara de Diputados para construir una reforma hacendaria integral.

En el PAN vamos por esta reforma hacendaria integral que tenga como objetivo la justicia, reconociendo así la urgente tarea de cerrar las brechas de desigualdad que hoy enfrentamos y que para millones de mexicanos significa pérdida de libertad y de futuro.

Debemos de reconocer, de una vez por todas que el petróleo no va a financiar más nuestra economía y que el camino de la deuda supone regresar al pasado de crisis e incertidumbre. De ahí la importancia de una reforma que avance hacia un sistema positivo e impositivo más simple, con agilidad de operación y menos tributos, que incentive la formalidad y la legalidad, la inversión y la creación de empleos.

Es urgente modificar el proceso presupuestario para que todos los órdenes de gobierno estén sujetos al cumplimiento de resultados e indicadores de desempeño, de mayor transparencia y por supuesto, de mejor evaluación.

Una reforma que impulse un nuevo pacto federal, con menos gobiernos costosos, con menos cargas para los ciudadanos.

Nada más contrario a la democracia y a la prosperidad que imponer más cargas a los ciudadanos mientras sus gobiernos gastan de manera ineficaz, sin insuficiente transparencia y con espacios amplios de impunidad.

Seguiremos impulsando reformas que siguen en la espera de mayor voluntad y compromiso.

Se oye fuerte y más fuerte se va a oír la voz de los ciudadanos en este periodo. Así como muchos quisieran silenciar que desde esta tribuna tendremos que llegar a un acuerdo por el bien de México, los ciudadanos se encargarán de dar la voz en este Congreso.

Presentaremos iniciativas para reforzar la persecución del delito, para atender y retribuir a las víctimas, para afrontar de mejor manera los delitos contra periodistas, para frenar y castigar el secuestro, para ampliar la cultura de prevención, para fortalecer la impartición de justicia y en materia de seguridad nacional.

Desde aquí ratificamos el más amplio reconocimiento y nuestro respaldo a nuestro Ejército y Armada por su lealtad y compromiso para salvaguardar la seguridad y certeza de las familias.

Hoy tenemos la obligación de construir una democracia con rentabilidad social y porque coincide plenamente con los postulados y principios democráticos que a lo largo de la historia Acción Nacional ha traído al Congreso y hoy están presentes en nuestra plataforma 2009-2012, reiteramos nuestro respaldo a la reforma política que el Ejecutivo ha enviado al Senado de la República.

La reforma política tiene como propósito fundamental dar poder al ciudadano, un poder que hasta ahora se le ha escatimado.

En México no hemos trastocado los referentes de la política y hoy tenemos en sus reglas las formales y las informales; las escritas y las no escritas; muchos más incentivos para el desacuerdo y la confrontación que para el acuerdo responsable y con apuesta de futuro. Se trata de romper autoritarismos, de que exista una clara asignación de responsabilidades, de abrir la puerta a los ciudadanos para que sean protagonistas con poder en las decisiones del país; de que la autoridad actúe con plena transparencia, rendición de cuentas y corresponsabilidad.

Hacemos nuestra la voluntad y compromiso de escuchar otras voces para enriquecer y consolidar esta propuesta. Cualquier decisión que tomemos en el Congreso debe colaborar a la construcción de puentes entre los mexicanos y a derrumbar muros de pobreza, de discriminación, de exclusión. Derrumbemos de una vez por todas estos muros para ampliar este ejercicio de libertad.

Enfrentamos hoy nuevos retos y espacios de poder que se ejercen con las reglas y actitudes de un sistema político autoritario que no termina de irse. Hay derivaciones autoritarias visibles y fáciles de identificar, hay otros mejor disimulados, pero igualmente amenazadores y costosos. En la medida en que estos espacios autoritarios amplían su esfera de poder, de control, de corrupción y enriquecimiento, se limitan las oportunidades y decisiones de miles de ciudadanos.

Sólo con reformas responsables romperemos las ataduras a un pasado que ya no alcanza para el porvenir y la prosperidad. Un México con reformas, sí lo creo, y por convicción, y Acción Nacional lo cree. Hoy vamos a dar poder al ciudadano, por supuesto que lo creemos. Un México con reformas significa abrir candados y liberar la energía. ¿Cómo queremos que los ciudadanos nos reconozcan? ¿Como agentes de cambio y motores de transformación o como anclas que frenan el progreso?

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, no cuenten con el PAN para la opacidad, no cuenten con nosotros para una descentralización de la política social que no sustente un federalismo eficaz y efectivamente responsable. Ya otras fuerzas han planteado con anterioridad reelección de legisladores, reducción del número de integrantes del Congreso, segunda vuelta, trámite legislativo, facultad de los ciudadanos para presentar iniciativas y de la Suprema Corte.

Ya estas ideas se han presentado y se han discutido. Superemos las otras razones que frenan el acuerdo. Los legisladores del PAN reafirmamos hoy nuestro compromiso y voluntad en el diálogo y en el debate constructivo con todas las fuerzas políticas en el Congreso.

Cuenten con nosotros para construir los acuerdos que hagan posibles las leyes que reclaman los mexicanos. Cuenten con el PAN para regresar el prestigio a la tarea de legislador, para la modernización del Poder Legislativo, para delimitar las obligaciones y derechos de los legisladores para hacer efectivo el trabajo en comisiones.

Decía Churchil que la falta de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles sino importantes. Seamos útiles a México. Llegó el tiempo de los ciudadanos, llegó el tiempo de que el Congreso, en este Bicentenario, dé resultados por el bien de esta patria. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. Tiene la palabra el señor diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el ejercicio de un gobierno democrático entraña una actitud respetuosa, de madurez y de ponderación de todas las ideas, por diferentes que sean de las nuestras, y una convicción real de que el diálogo y la concertación son los medios fundamentales para llegar a acuerdos.

A los resabios personales, partidistas o de intereses particulares, quien gobierna tiene que anteponer una visión de estadista con una imagen de futuro que desea alcanzar y lo tiene que hacer a partir de las convicciones democráticas que todo hombre de Estado debe tener.

México vive una evolución del sistema presidencial al de uno de equilibrio de los Poderes del Estado. El unipersonalismo del Ejecutivo, el pluralismo del Congreso y la colegiación del Poder Judicial, nos obliga a todos a encontrar mecanismos de coordinación y colaboración con espíritu republicano.

El Poder Legislativo es un contrapeso legítimo al Ejecutivo. Por ello rechazamos el propósito de disminuir las atribuciones del Congreso de la Unión. Tampoco estamos de acuerdo con vulnerar la soberanía de los estados y debilitar su capacidad de operación. La división de poderes no significa debilitar al otro. Por el contrario, se trata de fortalecer y hacer eficiente nuestra vida institucional.

Los modos, las formas, tienen un contenido substancial que no debe abandonarse. Es insensato querer doblegar a los interlocutores con andanadas mediáticas y, con ello, pretender anular la libre expresión de sus ideas y el ejercicio de su responsabilidad pública.

El enfrentamiento y las descalificaciones conducen a la parálisis del desarrollo nacional. Hay que usar las palabras para construir, no para confundir. El jefe del Ejecutivo debe saber que estafar es sabotear deliberadamente los acuerdos. Estafar es la preeminencia de la intolerancia. Es dejar el papel que al gobernante le otorga la Constitución para convertirse en un simple vocero partidista, abandonando su responsabilidad como jefe del Estado mexicano.

La actual legislatura, la conmemorativa de la Independencia y la Revolución, nos brinda una espléndida oportunidad para reflexionar sobre nuestra responsabilidad histórica frente a los grandes rezagos nacionales y para conjurar todas las intentonas de intolerancia que replantean conflictos ya superados por los mexicanos.

Esta conmemoración demanda del jefe del Ejecutivo un discurso constructivo y tolerante, que promueva la reconciliación nacional, que honre nuestra historia. Le demanda también a él, alejarse de quienes le recomiendan la confrontación como ejercicio del poder. Las modificaciones hechas a las iniciativas enviadas por el Ejecutivo no son una afrenta, derivan del ejercicio responsable de cualquier quehacer legislativo.

Compañeros, atajemos todas las pretensiones de insistir en fundamentalismos. Por el contrario, promovamos la creatividad y la participación ciudadana. Que nada debilite a las instituciones o pretenda encaramar a poderes fácticos, mucho menos utilizando los derechos ciudadanos como ardid para ellos.

Nuestro partido, el PRI, rechaza la retórica y la publicidad oficial que pretende ocultar la realidad con arengas, discursos erráticos y acciones desarticuladas.

Hoy somos un pueblo más pobre, más desigual, con más violencia, con más injusticia. La inseguridad es una realidad que nos amenaza día a día. Ante la realidad nacional, nuestra agenda legislativa contempla la ratificación constitucional del carácter laico del Estado y la responsabilidad de los servidores públicos, los partidos y los ministros de culto de respetar y hacer respetar dicha decisión política fundamental que el pueblo mexicano resolvió hace más de 150 años.

A las fuerzas democráticas de esta soberanía les proponemos restituir la obligación del Ejecutivo de presentar personalmente su informe anual en la apertura del Congreso General. El informe presidencial es una rendición de cuentas ante el Poder Legislativo, depositario de la soberanía de la nación. No es válido, no es dable, que sea en otras instancias donde se presente.

Cumpliremos cabalmente, como lo exige la sociedad, con la obligación constitucional de dictaminar todas, todas las cuentas públicas pendientes.

Esperamos el informe respecto al cumplimiento eficaz y oportuno del compromiso que obliga al Ejecutivo federal a disminuir su gasto corriente y liberarlo oportunamente para la inversión pública.

Impulsaremos la vigilancia y sanción de los subejercicios; expediremos normas para la reasignación de dichos recursos por parte de esta Cámara, para evitar que sean funcionarios menores los que ejerzan una atribución que por su naturaleza corresponde a la soberanía popular.

Presentaremos iniciativas para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que las políticas de gasto público compensen las variaciones de los ciclos económicos.

Con los resultados que obtenga la Comisión de Gastos Fiscales vamos a diseñar propuestas para reordenar este tema y contribuir a una política fiscal que haga efectivos los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad. Queremos una Hacienda Pública fuerte y justa.

Fortaleceremos el federalismo fiscal y la descentralización del gasto social para garantizar la auténtica soberanía de los estados en el ejercicio de sus recursos.

Propondremos modificaciones legislativas para adoptar una política industrial moderna, que aproveche las ventajas competitivas y comparativas del país; que impulse a los sectores estratégicos; que responda al nuevo perfil de los mercados internacionales; que integre cadenas productivas, desarrolle y proteja el mercado interno.

Promoveremos una banca de desarrollo moderna que reactive la producción y el empleo; que impulse a la inversión y promueva el desarrollo regional y que respalde a las pequeñas y medianas empresas.

Compañeros, a pesar de los cuantiosos volúmenes de los recursos públicos autorizados para el desarrollo social, los resultados son deplorables. De ello dan cuenta los más de 50 millones de pobres.

Por ello impulsaremos una iniciativa de ley que dé autonomía al Coneval, a fin de que éste rinda cuentas de la política social a esta Cámara, para que aquí se conozca y califique la eficacia de los programas sociales.

Igual haremos con los programas agropecuarios. El PRI ratifica su compromiso histórico con el campo mexicano, como quedó demostrado en la aprobación del presupuesto 2010.

Propondremos normas para eliminar la discrecionalidad de las delegaciones federales que propicien el abuso de los programas asistenciales y el uso inadecuado de los padrones de beneficiarios.

La seguridad social es una responsabilidad de la que el Estado no puede sustraerse. Por ello habrá que garantizar que entidades independientes y de reconocida probidad certifiquen cualquier acto de subrogación en la prestación de los servicios.

Vamos a presentar una reforma para que el sistema nacional de seguridad pública rinda cuentas trimestrales ante esta Cámara.

Las reuniones palaciegas sirven más para el cultivo de la imagen que a la crítica demostrativa y constructiva.

El consumo de drogas no es sólo un tema de seguridad; es un problema de salud pública, por lo que proponemos la elaboración de un programa para combatir las adicciones.

Reconocemos el valor universal de los derechos humanos y la labor que tiene el Estado de apoyar sin reservas a las víctimas de la delincuencia. Advertimos, sin embargo, que el fin no justifica los medios, y si no, recuerden Michoacán?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a las compañeras y a los compañeros diputados que mantengamos el orden en esta sala, para escucharnos. Adelante, señor diputado.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias, presidente. Advertimos, sin embargo, que el fin no justifica los medios. El fin, como digo Gandhi, está en los medios, como el árbol en la semilla. La estrategia debe ser otra, por ello impulsaremos la promulgación de las Leyes de Atención y Protección a Víctimas del Delito, y la de Prevención Social de la Delincuencia.

Señoras legisladoras y señores legisladores de todos los partidos, nuestra fracción parlamentaria estará abierta a escuchar todas las voces que se sumen al propósito de elevar la calidad de vida de los mexicanos y convocará a todos aquellos que tengan como su interés el superior destino de México.

Con espíritu democrático y republicano empecemos este periodo abriendo la oportunidad al diálogo que construye. México se lo merece. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez. Pido a la Secretaría que continúe.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Señor presidente, se han agotado todos los puntos del orden del día en cartera. Se dará lectura del orden del día de la próxima sesión.

(Lectura del orden del día)

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Se levanta la sesión (13:21 horas). Se cita para la que tendrá lugar mañana, martes 2 de febrero, a las 11:00 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.