El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 280 compañeros diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (11:13 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Continúe la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.
Continúe la Secretaría con Comunicaciones
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Señor presidente, se recibió invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.
Diputados secretarios de la honorable Cámara de Diputados, presentes. La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 179 aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña, el próximo 14 de febrero, a las 10:00 horas, en el jardín de San Fernando, ubicado en avenida Hidalgo y eje Guerrero, colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc.
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirven otorgar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, licenciada Guadalupe Lozada León, coordinadora. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, secretaria. Gracias por la invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.
En cuanto recibamos las propuestas de los grupos parlamentarios estaremos designando la comisión que irá a representar a la Cámara de Diputados. Continúe con el oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Señor presidente, se recibió oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Me refiero a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 en el sentido de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá entregar un informe detallado a las Cámaras de Diputados y a la de Senadores del Congreso de la Unión, de las personas físicas y morales que hayan sido sujetas a la cancelación de los créditos fiscales en los que existía incosteabilidad de cobro.
Sobre el particular, me permito informarle que durante el ejercicio fiscal de 2009 el Servicio de Administración Tributaria no ejerció la facultad establecida en el primero y segundo párrafos del artículo 15 de la citada ley, por lo que no procedió a la cancelación de créditos fiscales por incosteabilidad.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración. Atentamente, el subsecretario, licenciado Juan Manuel Pérez Porrúa. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento. Continúe con Oficios de la Comisión de Seguridad Pública
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Diputado Francisco Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva, honorable Cámara de Diputados.
Para hacer de su conocimiento que en acuerdo tomado el día de ayer, miércoles 3 de febrero de 2010, en la cuarta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública y en un espíritu de compromiso con la ciudadanía por parte de los grupos parlamentarios que la integran, se ha aprobado la creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a las acciones que se implementan para atender la problemática de inseguridad en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.
El grupo de trabajo será presidido, por el diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y estará integrado con los diputados: Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Teresa Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Lo anterior con la finalidad de que tenga a bien comunicarlo al pleno de esta soberanía. Atentamente, José Luis Ovando Patrón, diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. De enterado. Continuamos con Oficio de la Junta de Coordinación Política
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Licenciado Emilio Suárez Licona, secretario de Servicios Parlamentarios, presente. Por instrucciones del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva, remito a usted escrito signado por el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Junta de Coordinación Política.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:
Que el diputado José Narro Céspedes cause baja como integrante en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
Los siguientes movimientos solicitados por el diputado Pedro Vázquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo:
Que la diputada Anel Patricia Nava Pérez cause baja como integrante de las Comisiones de Salud; Desarrollo Social; Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y en el Comité de Administración.
Que el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez cause alta como integrante de las Comisiones de Salud; Desarrollo Social; Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y en el Comité de Administración.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar y sin otro particular quedo de usted. La Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría de Gobernación.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México e informe que la ciudadana María Amar López Martínez deja de prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América en México.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación. Por lo que se refiere a la ciudadana que deja de prestar servicios, remítase a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para su conocimiento. Continúe.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación de la Procuraduría General de la República a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la atención de víctimas de la violencia contra las mujeres.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo a la declaratoria de zona de desastre en diversos municipios de los estados de Querétaro, Guanajuato y Michoacán.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente, para su conocimiento. Continúe con oficios de la Cámara de Senadores.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite su calendario para el segundo período ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud de los senadores Lázaro Mazón Alonso y Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que se presente el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 301 de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Salud. Continuamos con el orden del día aprobado, que es el capítulo de Iniciativas
La Presidencia recibió del señor diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Javier Duarte de Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
El diputado Javier Duarte de Ochoa: Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas, señores diputados. Me he permitido entregar a la Secretaría una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de cuya exposición de motivos he extraído algunos elementos para ilustrar a esta asamblea sobre la necesidad de dicha reforma.
El ahorro popular juega un papel muy importante en la vida económica de los países. Representa una alternativa tanto para la captación de recursos como para el otorgamiento de crédito hacia grupos de población que, por diversas razones, no acceden al sistema bancario, el cual suele orientarse con un criterio de alta rentabilidad y atiende a sectores reducidos del mercado.
No obstante, la escasa disponibilidad de capital de grandes grupos de mexicanos, su capacidad de ahorro se puede multiplicar mediante mecanismos organizados popularmente sobre la base del apoyo mutuo y la solidaridad, de manera que se puede formar una masa importante de recursos, los cuales hacen posible financiar actividades productivas vitales para pequeñas empresas que contribuyen significativamente a la creación de empleos.
Desafortunadamente, los instrumentos legislativos que se han empleado para dar cauce a esta actividad no han garantizado debidamente los intereses de los ahorradores y ha sido frecuente la comisión de manejos irregulares que dañan la confianza de los usuarios y desprestigian al sistema.
Es indudable que se requiere una revisión profunda de las instituciones dedicadas a la prestación de estos servicios financieros para darles un tratamiento uniforme y más sistematizado, probablemente con base en un banco de ahorro popular de carácter mixto que atienda directamente al sector y a partir de una legislación uniforme.
Pero la elaboración de una solución más profunda no debe impedirnos tomar medidas a corto plazo, que protejan de mejor manera a quienes emplean los servicios de las conocidas usualmente como cajas de ahorro popular.
Tales medidas deben partir de lo que se aconseja en el sentido común y la experiencia adquirida a nivel internacional, donde las carencias en materia de regulación y supervisión dieron como resultado la aparición de condiciones que condujeron a una profunda crisis, cuyos efectos aún resentimos.
El sólo reforzamiento de las medidas regulatorias y las normas coercitivas no aportarán la solución definitiva, pero coadyuvarán a limitar actividades irregulares o francamente delictivas como lo exigen quienes han sido afectados por estas prácticas y la sociedad, en general.
Las propuestas contenidas en la presente iniciativa tienden a fortalecer los mecanismos de control, a partir de expresar de modo más determinante las facultades de inspección y vigilancia de la autoridad para que se formulen, no como potestades sino como obligaciones, que de no ser debidamente cumplidas den lugar a la exigencia de responsabilidades a los servidores públicos encargados del control; de recuperar para la autoridad pública las facultades de supervisión y vigilancia, a fin de que ésta no sea ejercida por instancias intermedias que no disponen de la autoridad del Estado.
Se elimina la obligatoriedad impuesta a las sociedades financieras populares de ser supervisadas por una federación, obligación contraria a la libertad de asociación que origina un neocorporativismo disfrazado mediante la suscripción de un contrato, que siendo de naturaleza obligatoria contradice una garantía básica de nuestro sistema constitucional.
También, precisar las consecuencias de acciones u omisiones cometidas por los distintos actores que participan en las actividades reguladas por las leyes mencionadas, a fin de que la falta de cuidado en la elaboración de lineamientos o en el otorgamiento de solicitudes dé motivo a sanciones.
En este sentido se corrige la idea de que sólo por dolo pueden cometerse delitos en esta materia, cuando la negligencia, la falta de cuidado o la irresponsabilidad en el ejercicio de las funciones de control pueden producir daños y perjuicios de gran envergadura.
Es necesario tener en cuenta que la pérdida del patrimonio, a veces producto del trabajo de toda una vida produce daños muy profundos en la vida personal y familiar y acaba por desagarrar parte del tejido social en áreas particularmente vulnerables.
Confío en que previo del análisis de las comisiones involucradas y el enriquecimiento que hagan del proyecto, éste podrá pronto convertirse en una ley para favorecer a los ahorradores. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Javier Duarte de Ochoa. Se turna su iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
El diputado Francisco Herrera Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Herrera.
El diputado Francisco Herrera Jiménez (desde la curul): Para que nos permita también suscribir la iniciativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Pregunto al diputado Duarte de Ochoa si está de acuerdo con que el diputado Herrera se adhiera a su iniciativa.
El diputado Javier Duarte de Ochoa (desde la curul): Estoy de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo el señor diputado Duarte de Ochoa. Todas aquellas y aquellos compañeros legisladores que deseen hacerlo, favor de pasar a la Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN. No se encuentra en el recinto parlamentario; por tanto, hasta el final hará uso de la palabra.
Se pospone para otra sesión la intervención del diputado Emilio Serrano Jiménez, del PRD, quien se encuentra en las tareas de la comisión de la que forma parte.
Tiene la palabra el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes de Coordinación Fiscal, y del Impuesto al Valor Agregado.
El diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Con su permiso, señor presidente. Los gobiernos locales son el eje fundamental del desarrollo de cualquier país, por ello requieren apoyo y herramientas institucionales para llevar a cabo sus responsabilidades de forma eficiente y enfocada a la solución de las necesidades de la población.
La creciente demanda por la autonomía local se asocia al fortalecimiento de los municipios y de la misma democracia; al trabajo en torno a nuevas prácticas locales y regionales no autoritarias, no jerárquicas, basadas en relaciones de un poder descentralizado hacia la sociedad local.
En la propuesta ?más que en la demanda? en renovadas formas de acción viene constituyéndose en un campo específico de trabajo, donde la relación con el Estado coloca al municipio como interlocutor más accesible y más cercano.
Para lograr que el desarrollo del país suceda de abajo hacia arriba se requiere privilegiar los espacios de decisión local; y considerando la diversidad de los municipios del país, establecer mecanismos para que los gobiernos locales puedan asumir nuevas competencias de manera diferenciada y paulatina.
Los efectos de la globalización y la apertura comercial son particularmente visibles en el nivel local. Las crisis políticas, económicas, ambientales y sociales incrementan la incidencia entre los problemas globales y locales.
En este contexto se plantee la necesidad de pensar en la construcción de otras racionalidades equitativas, incluyentes, con una visión compartida entre los tres órdenes de gobierno que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población, situación en la cual los gobiernos locales deben jugar un rol importante, aplicando enfoques integrales que permitan dar respuestas acordes a las necesidades de la población.
México representa el caso paradójico de un Estado federal con una forma de gobierno altamente centralizada.
La autonomía de estados y municipios, que significa la capacidad de definir por sí mismos su régimen interno y conducir libremente la gestión de sus gobiernos, debería sustentarse en gran medida en la capacidad propia de financiamiento para establecer políticas y programas públicos.
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal no ha logrado compensar a los estados y municipios de los ingresos que podrían haber obtenido de contar con sus propias fuentes tributarias de ingresos, como sería el impuesto al valor agregado, pero que no explotan el adherirse a un sistema coordinado federalmente.
En función de lo anterior es claro que el sistema actual ha generado graves problemas importantes como: excesiva concentración del gobierno federal de los ingresos públicos. Dependencia de estados y municipios de los ingresos de las participaciones federales. Iniquidad e ineficiencia en el sistema de distribución de participaciones u otras transferencias de los recursos federales. Centralización del proceso de decisión en la esfera federal en materia de ingresos.
El actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal acota las potestades tributarias de los estados y municipios.
Las fuentes tributarias propias que actualmente explotan los estados y municipios son pocas y, además, los montos recaudados no son en términos reales los de sus necesidades.
Los ingresos totales de estados y municipios muestran un alto grado de dependencia de los ingresos recaudados por la federación en forma de participaciones de impuestos federales.
En conjunto, las participaciones representan el 87.4 por ciento de los ingresos ordinarios de los estados y el 77.6 por ciento para el caso de los municipios.
Se necesita establecer una nueva estructura de federalismo fiscal en nuestro país, es parte fundamental de la reforma estructural de nación. Por lo que es urgente instrumentar y redefinir la forma de explotar y distribuir los recursos fiscales; una renovación efectiva al esquema federal y evaluar la distribución de poderes y potestades entre órdenes de gobierno.
Lo anterior implica diversas cuestiones como lo son: mayor corresponsabilidad fiscal, fortaleciendo fuentes de ingresos locales, más equidad y eficiencia en el reparto de participaciones y transferencia, elevar la transferencia y rendición de cuentas en el gasto público local.
Por lo anterior presento iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 115, 122, apartado C, Base primera, fracción V, inciso b), párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 3-C de la Ley de Coordinación Fiscal; 1-A, 44 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el objeto de promover una mayor corresponsabilidad fiscal, lo cual es indispensable para desarrollar un vínculo más fuerte entre puentes de ingreso y objeto de gasto entre la población, pero también para elevar la autonomía financiera de los gobiernos locales. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidad de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
Se recibió del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 8 y 30 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su premiso, señor Presidente. El tránsito de un régimen político monolítico a uno de carácter plural ha permitido que los asuntos de los recursos públicos se ejerzan con mejores criterios de transparencia y legalidad.
La creación de la Auditoría Superior de la Federación y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental han sido pasos decisivos para alcanzar un mejor sistema de información para la administración pública federal, bajo los principios de la transparencia y la rendición de cuentas.
La democratización y el gradual proceso de transparencia en la administración pública no podrían entenderse sin la participación e influencia de la sociedad civil y sus organizaciones. Muchas de ellas fueron determinantes en la definición de agendas y temas para aprobar esta ley.
Sin embargo, no se ha creado la contraparte en la ley que mandate a las organizaciones de la sociedad civil para que también sean sujetas de fiscalización, particularmente las organizaciones que manejan recursos públicos.
Las normas actuales establecidas en las reglas de operación de los programas sociales gubernamentales no son suficientes. Se requiere de reglas explícitas que deban de ser incluidas en la legislación correspondiente.
Cada vez más se vuelve un reclamo social que las instituciones como los partidos políticos, los sindicatos y en general, las organizaciones de la sociedad civil, sean reguladas bajo los preceptos de transparencia y rendición de cuentas.
En ese tenor se han presentado públicamente algunos compromisos en la materia. Cabe citar el pronunciamiento de algunas de las organizaciones que desde el 2005 se han hecho en torno a la transparencia interna y la rendición de cuentas; congruencia entre principios y valores.
Hay que impulsar la transparencia interna de las organizaciones de la sociedad civil. La congruencia entre valores y acciones y la ética como valor central de nuestro actuar nos confiere la legitimidad para identificarnos como actores públicos que buscan incidir en las decisiones del interés colectivo y contribuir a transformar la realidad de México.
Uno de los objetivos de la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil es fortalecer la institucionalidad, no aumentar los mecanismos de control, que deben ser compromisos colectivos que sean asumidos de cara a la sociedad y fortalezcan el entramado de las organizaciones de la sociedad civil mexicana.
En consecuencia, debe construirse, con base en consensos y a partir del análisis de la diversidad de las organizaciones de la sociedad civil mexicana y de los ambientes en los que se desarrollan las particularidades locales y regionales, la calidad de la relación con el gobierno, sociedad civil y el tamaño y el nivel de su desarrollo. Estos compromisos públicos deben traducirse en ley, lo que redundará, sin duda, en el desarrollo de una cultura civil comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas.
Por eso, es preciso que el Poder Legislativo inicie una revisión minuciosa de nuestras normas actuales en esta materia con el propósito de armonizar los contenidos en la legislación, para que, en conjunto, las instituciones y entidades sociales que disponen de recursos públicos sean sujetas de fiscalización.
Por lo expuesto, propongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción a los artículos 7, 8 y 30 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Teresa Ochoa Mejía. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Participación Ciudadana.
Tiene la palabra la diputada Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Vivienda, y General de Asentamientos Humanos.
La diputada Janet Graciela González Tostado: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados. En México, como en el mundo, vivimos una situación compartida de emergencia a largo plazo, y que por estar atendiendo los problemas "urgentes" estamos acercándonos cada vez más al sobrecalentamiento global y a la contaminación.
Los riesgos que enfrentamos con el cambio climático, el desperdicio y la contaminación del agua son grandes y potencialmente catastróficos; incluso en algunas naciones se ha considerado una cuestión de seguridad nacional, y en el ámbito local causa enfrentamientos entre las comunidades por la distribución inequitativa del agua.
El cambio climático viene a agravar los problemas de equidad y equilibrio social. Las comunidades que no tienen acceso igualitario a los servicios energéticos y de agua pagan más caro su acceso y recorren grandes distancias para obtenerlo.
Esto nos presenta un reto y a nivel internacional se están estableciendo las convenciones necesarias para proponer a las naciones su implementación. Asimismo, nos marca una pauta para la toma de decisiones en cuanto a las políticas públicas ya que afectará sobre todo a las regiones más pobres del planeta.
México es el reflejo de esta condición mundial y, por tanto, debemos pensar comunitariamente con las regiones vecinas mundiales. Recordemos que la próxima Cumbre Mundial será aquí en México, nuestro país, y debemos ser ejemplo para generar acuerdos.
El presidente de la república ha realizado un convenio de cooperación técnica, con Japón, para evitar la contaminación del agua. Debemos hacer programas hídrico, acuíferos y de impacto por el cambio climático, pero las soluciones deben comenzar en casa y predicar con el ejemplo.
El cambio climático es una amenaza masiva para el desarrollo humano y debemos considerar al vital líquido como un motor de la economía equiparable con la gasolina, el diesel o el gas, ya que es un factor básico para el funcionamiento de la industria, las empresas, los comercios y las viviendas, pero como siempre lo hemos tenido en abundancia no se ha considerado como un recurso vital.
Hoy día tenemos datos alarmantes. De toda el agua del mundo sólo 1 por ciento es agua dulce; además, para ser utilizada sin riesgos debe ser tratada para eliminar las partículas y organismos que pueden ser dañinos encontrándose en ríos y mantos acuíferos que están en gran riesgo de ser contaminados por las diversas actividades humanas.
En la agricultura las cifras son escandalosas. Hay que mejorar los sistemas de riego para evitar el desperdicio estimando entre 40 y 60 por ciento en zonas agrícolas, y en el consumo urbano de 25 al 50 por ciento. Dividiéndose la mayor parte para el uso urbano, parques, jardines, empresas, campos de golf y, en menor medida, el uso doméstico.
En el mundo una de cada seis personas carecen de este servicio a causa de la contaminación del agua. Las enfermedades provocan la muerte de un niño cada ocho segundos, y son la causa del 80 por ciento del total de las enfermedades y muertes en países en vías de desarrollo.
La recolección del agua de lluvia podría purificarse debidamente ayudando a 2 mil millones de personas. Y con campañas de salud pública disminuirá el índice de morbilidad mundial.
En México obtenemos el agua de ríos, arroyos y del subsuelo que se recargan de forma natural en la época de lluvia, la cual tiene un promedio de cuatro meses al año y está variando tanto en su duración como en su llegada. Del total del agua de lluvia, el 70 por ciento se evapora, desaprovechándose su uso.
Parte de la solución es la construcción de infraestructura hidráulica para proveer de agua al sector agrícola, industrial, doméstico, urbano y para la generación de energía eléctrica.
En el norte del país se capta por escurrimiento el 4 por ciento, mientras que en el sureste y costas se capta el 50 por ciento; además, con esta medida protegemos a la población de las inundaciones como la ocurrida en el estado de Tabasco y Chiapas en el 2007, y ahora en las delegaciones del Distrito Federal y en zonas afectadas de Chalco y demás partes que todos reconocemos.
La Canadevi, en su publicación de octubre de 2009, habla sobre el artículo 73 de la Ley de Vivienda, que trata de los lineamientos establecidos por la Sedesol para la construcción de viviendas y piden mayor definición de las reglas sobre la sustentabilidad de las construcciones.
Urge tomar medidas en materia de recuperación y tratamiento de aguas grises en los grandes asentamientos urbanos que se están construyendo actualmente. Las aguas grises son las aguas que vienen de la cocina, el cuarto de baño, la lluvia, lavabos, fregaderos, regaderas, etcétera. Esta agua puede ser tratada y reutilizada con adecuada tecnología para muebles de baño, lavado de autos, y demás actividades del hogar, que no impliquen el consumo humano.
Reflexionemos sobre la acertada frase que dijo Luis Donaldo Colosio Murrieta: "Este mundo no es nuestro. Nos lo prestaron nuestros hijos". Por ello debemos devolverlo mejor de lo que lo encontramos.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía este punto de acuerdo, y pido, por la obviedad del tiempo, a la Presidencia que la presente iniciativa sea insertada íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda y Desarrollo Social.
Tiene la palabra el diputado José Erandi Bermúndez Méndez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Erandi Bermúdez Méndez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Cuatro millones de toneladas de maíz se perdieron en el año 2009 por deficiencias en el almacenamiento con el que cuentan nuestros productores. Esto representa el ciclo de maíz del estado de Sinaloa, lo que a nivel nacional se traduce en 15 por ciento de pérdidas aproximadamente al año por falta de almacenaje de los productos físicos.
La situación actual que viven nuestros productores radica en el servicio de almacenamiento confiable, que garantice las óptimas condiciones sanitarias y de calidad de los productos que se producen. No contamos con un marco legal que dé confianza y certidumbre jurídica en la cantidad y calidad de los productos almacenados y otorgue garantía a los productores para que puedan tener acceso al crédito y elevar la competitividad.
La falta de información que encontramos en los inventarios de nuestros físicos, de todos nuestros productos agropecuarios, incentiva la intermediación. Esto radica también en que nuestros productores dejen de estar en las negociaciones cuando ellos tendrán que comercializar sus productos.
Debemos de contar con un servicio de almacenamiento sencillo, que permita a nuestros productores mejorar el proceso de comercialización y que aumente por esto la rentabilidad en sus productos; que ayude a reducir las mermas que se tienen y sobre todo, que den certidumbre y certifiquen de la calidad de los productos que tienen nuestros campesinos.
Esto nos va a permitir tener la certeza de calidad y sanidad en lo relativo a la recepción, manejo y almacenamiento de los productos agropecuarios y que es un mandato de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que se establece en sus artículos 98 y 99.
Se podrá contar con certificados de depósito avalados por la autoridad, donde certifique a cada uno de nuestros productores la calidad y la cantidad de los productos que se tienen almacenados. Esto permitirá a nuestros productores tener acceso a crédito para mejorar sus procesos productos.
Dichos certificados de depósito dan certidumbre legal a las instituciones crediticias garantizando la cantidad y la calidad de estos productos que se almacenan.
Sagarpa tiene la obligación de ejercer políticas públicas de apoyo a los sectores primarios para aumentar la producción y mejorar los productos, y con la publicación de la Ley de Almacenamiento Rural se fortalecen las obligaciones conferidas a Sagarpa.
Estos almacenes rurales cuentan con las siguientes ventajas:
Cubrir el vacío nacional que se tiene relacionado con la pobre infraestructura de almacenaje. Los servicios de almacenaje que existen no cuentan con el respaldo de una autoridad, por lo que no dan certeza jurídica a nuestros productores; permite y permitirá a la autoridad que se tenga una información precisa en el manejo de inventarios, que ayude a la toma de decisiones en los procesos de comercialización y producción; dará respaldo a nuestros productores, para que los productos con los que cuentan ellos estén certificados y cuenten con un documento que pueda ayudarlos a seguir incrementando su patrimonio.
No son empresas de gobierno, como fueron otras creadas antes; el mal manejo de ellos incurre en una sanción de la autoridad. No interferirán en las importaciones, porque solamente almacenarán los productos de nuestros productores. No requiere recursos del Estado para su mantenimiento y operación.
Estos almacenes obedecen a un marco legal orientado para mejorar el proceso de comercialización, del que tanto carecen nuestros productores y que van a ayudarnos a incrementarnos a incrementar la productividad y el desarrollo rural.
El esquema de estos almacenes prevé que los mismos productores puedan asociarse para establecer almacenes o hacerlos de forma individual y que ellos puedan el día de mañana incurrir en el proceso de la comercialización de dichos productos.
Algo que nos ha faltado mucho es el conocer los inventarios precisos a la autoridad. Esto va a evitar que ocurran crisis como la que ocurrió con los productos del maíz, porque el gobierno tendrá los inventarios precisos de los físicos que se tengan en estos almacenes rurales.
Va a evitar y va a disminuir las especulaciones de los intermediarios y dará fortaleza a nuestros productores.
La creación de la siguiente ley no requiere de partidas presupuestales especiales. Queda dentro de las obligaciones que tiene la Sagarpa y su operación y su vigilancia estará a cargo de Senasica.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado José Erandi Bermúdez Méndez: En síntesis, la Ley de Almacenamiento Rural que se propone será un ordenamiento legal que dé certeza jurídica a las transacciones comerciales de los productos agropecuarios; que genere certidumbre a los agentes económicos del sector y permita la incorporación de nuevos productos crediticios, con el objetivo primordial de incrementar la productividad y calidad del agro nacional.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Almacenamiento Rural.
Señor presidente, solicito que se inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Erandi Bermúdez Méndez. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural; con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Señoras diputadas y señores diputados, nos visitan esta mañana los vecinos de la Unidad El Rosario, de Tlalnepantla, estado de México, invitados por el señor diputado Carlos Bello Otero. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González: Con su venia, señor presidente. Señores diputados. Las constantes innovaciones en tecnologías de la información y comunicación han desatado en el mundo una revolución en las formas de transmitir el conocimiento. Por ello, es necesario que se reconozca la importancia que éstas tienen para todos los niveles educativos de nuestro país.
Gracias a las tecnologías de la información y comunicación ya no es necesario salir del salón de clases para entrar en contacto con un mundo de información que va desde la más básica explicación de cómo funcionan las cosas, hasta documentos académicos y presentaciones multimedia de un rango inmenso de materias. Con ello se tiene acceso a bibliotecas, museos, foros de discusión, material audiovisual y un sinnúmero de contenidos albergados a miles de kilómetros de distancia.
Para su acceso los únicos requisitos son contar con el equipamiento tecnológico y estar capacitados para aprovechar sus aplicaciones. Lamentablemente la accesibilidad al equipamiento tecnológico en nuestro sistema educativo presenta grandes retos por superar.
Tristemente, la OCDE ha remarcado las oportunidades de aprender computación para los jóvenes mexicanos, que en las escuelas públicas resultan mínimas cuando 59 estudiantes deben hacer fila para utilizar una computadora. De igual manera, el organismo internacional señala que 37 de cada 100 jóvenes manifestaron que "nunca en la vida" habían utilizado una computadora.
En la encuesta realizada por la OCDE a más de 35 mil jóvenes por país, también se identificó el número de jóvenes que contaban con una computadora en su casa. En el caso de México, 66 de cada 100 estudiantes dijo no contar con este tipo de equipo.
Por su parte, el Inegi señala en su sitio de Internet que en 2005 el promedio mundial de computadoras personales por cada mil habitantes era de 134.2, mientras que en México esta cifra era mucho menor, es decir 130.8, muy por debajo de países como Chile y Brasil, quienes se ubicaban por encima de esta media. A su vez, nos superan ampliamente naciones que han hecho una labor importante en materia digital como Corea, Francia o España.
A su vez, para 2009 se pudo conocer que el 27 por ciento de las viviendas en el país contaban con una computadora, pero sólo el 18 por ciento tenía conexión a Internet, y que entre las razones por las cuales las personas no contaban con equipo de cómputo: el 56 por ciento señalaba que era por motivos económicos, el 22 por ciento porque consideraban que no era necesario y el 14 por ciento por no saber utilizarlo.
En esta misma herramienta de medición del INEGI se dio a conocer que el 51 por ciento de las personas que tienen contacto con una computadora lo hacen desde sus hogares, el 24 por ciento desde el trabajo y el 22 por ciento desde las escuelas. Pese a esta realidad, los jóvenes cuentan con una ventaja y ?enfatizo? generalmente son ellos los principales usuarios y difusores de estas tecnologías, adaptándose con rapidez y exigiendo la actualización del equipo para explotar las aplicaciones de última generación.
Por ello, la incorporación de las TIC al trabajo del profesorado constituye hoy un imperativo que no podemos dejar pasar. Son muchos los años de experiencia que nos llevan de ventaja otros países. Es necesario cambiar el esquema que dichas tecnologías siguen y el modelo educativo para convertirlas en herramientas útiles que fortalezcan la presencia de México en la sociedad de la información.
Estamos ante la posibilidad de transformar a los alumnos de salón de clase de ser receptores pasivos de información a participantes activos, a través de relacionar sucesivamente distintos tipos de información y avanzar de acuerdo a sus capacidades individuales. Los alumnos de todos los niveles deben tener las herramientas para obtener la información y el sistema educativo para proporcionar la formación.
No obstante, los beneficios señalados dependen de varios aspectos: uno, el equipamiento adecuado y necesario. Dos, la capacitación de los profesores. Y tres, la continuidad de los programas para los alumnos. Lo anterior lo señalo porque en el país hemos sido testigos de los miles de millones de pesos pagados por gobiernos de los tres niveles y centros educativos privados, que por falta de una estrategia bien definida han fracasado en el intento. La discusión se ha centrado en la relación existente entre las TIC y los derechos económicos, sociales y culturales y, en especial, el derecho a la educación y la cultura.
Estimados compañeros y compañeras, el modelo educativo a nivel mundial ha dado un vuelco a raíz del uso de las TIC como herramienta para el aprendizaje de los estudiantes, la organización de los planteles y el rol en el ámbito educativo en la comunidad.
Es por ello que debemos entender que existe una perspectiva de derechos humanos en esta materia. Las nuevas tecnologías están generando nuevas desigualdades entre los estudiante que acceden a ellas y las que no. Por ello, es necesario establecer una política pública educativa en esta materia de la sociedad de la información.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y preocupado por contar con disposiciones constitucionales que propicien el goce de los derechos fundamentales que recoge nuestra Ley Suprema, presento ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer el derecho al equipamiento tecnológico en la educación. Agradezco su atención. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Pérez Alonso González. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 30 de la Ley General de Educación. Misma que se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 164, del Código Penal Federal.
El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero: Con su permiso, compañeros diputados. El 18 de marzo de 1996 se planteó públicamente la propuesta de una legislación sobre delincuencia organizada, en cuya exposición de motivos se advirtió que esta forma de criminalidad es uno de los problemas más graves por los que atraviesa la comunidad mundial.
El dictamen emitido por ambas Cámaras propuso reacciones importantes que mejoraron la propuesta de la ley, pero también introdujo cambios desafortunados; uno de ellos, quizás el más controvertible, fue la descripción misma de la delincuencia organizada.
El problema de este concepto es un tema que más ha provocado discusión en la doctrina. Ésta contempla al crimen organizado como una sociedad que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes dentro de estructuras tan complejas, ordenadas y disciplinadas como las de cualquier corporación y están sujetas a reglas aplicadas con gran rigidez.
El delito de asociación delictuosa y sus elementos previstos en el artículo 164 del Código Penal Federal, así como lo relativo al denominado delincuencia organizada que contempla el precepto segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ponen de manifiesto que se trata de dos preceptos de iguales características, por lo que sólo deben prevalecer como conducta punible la que se encuentra tipificada en la Ley Especial, dado el principio de especialidad de la norma contenida en el artículo 6o. del Código Penal Federal y a lo sostenido por los doctrinarios del derecho sobre el tema del conflicto aparente de normas.
El fundamento se encuentra esencialmente en las últimas reformas al sistema penal de nuestro país contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como consecuencia deviene la necesaria adecuación del Código Penal Federal, así como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en los términos referidos para evadir el posible conflicto derivado de la duplicidad de normas concernientes a un mismo accionar delictivo y por ende, para evitar la confusión de las autoridades judiciales al momento de decidir cuál será la ley exactamente aplicable. Al igual que a las merecidas por el infractor en acatamiento al contenido en el postulado 14 de nuestra Carta Magna.
El artículo 164 del Código Penal Federal dice: "Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas, con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de 5 a 10 años y de 100 a 300 días multa."
Por su parte el numeral 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece: "cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí, o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos, serán sancionadas por ese sólo hecho como miembro de la delincuencia organizada."
Se considera que el conflicto normativo es aparente, pues una ley determinada de acuerdo con ciertas reglas desplaza la aplicación de las demás. De esta manera el suscrito hace la propuesta para derogar el artículo 164 del Código Penal Federal y en consecuencia, la modificación de los diversos numerales 2, 3, 4 y 5 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 164 del Código Penal Federal; y reforma los artículos 2o. y su fracción I, 3o., 4o. y 5o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Primero. Se deroga el artículo 164 del Código Penal Federal.
Segundo. Se reforman los artículos 2o. y se derogan sus fracciones I y V, y se reforman los artículos 3o., 4o. y 5o., todos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:
Artículo 2o. Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado el cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, así como los ilícitos previstos en el Código Penal Federal, serán sancionadas por este solo hecho como miembros de la delincuencia organizada con prisión de 10 a 20 años y de 200 a mil días multa, con independencia de las sanciones que correspondan por los delitos cometidos.
I. Derogada.
II. a IV. ...
V. Derogada.
VI. ...
Artículo 3o. Los delitos que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley. El Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido concluir, diputado.
El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero: Termino, señor presidente. Artículo 4o. En todos los casos se decomisarán los objetos, instrumentos o productos del delito, así como los bienes propiedad del sentenciado y aquellos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de estos bienes.
Artículo 5o. Las penas a que se condenen al infractor se aumentarán hasta en una mitad cuando
a) Se trate de cualquier servidor público, y se impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos o comisiones públicos.
Pido que quede registrado el resto del contenido. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 20, 40 y 134 Bis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
Compañeros legisladores, se encuentran entre nosotros personas del municipio de Ecatepec, estado de México, invitados del señor diputado Martín Vázquez Pérez.
Asimismo, tenemos a maestros y a alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, campus Zamora, de su Facultad de Derecho, invitados por el diputado Uriel López Paredes, a quienes les damos la bienvenida.
Le pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados presentes.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Sí. Con su permiso, señor presidente. Pregunto si falta algún diputado o diputada de registrar su asistencia. Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 436 diputados y diputadas. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para hacerlo por cédula. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Eduardo Yáñez Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 113 Bis 5 a la Ley de Instituciones de Crédito.
El diputado J. Eduardo Yáñez Montaño: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Pongo a consideración de todos ustedes una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 113 Bis 5 de la Ley de Instituciones de Crédito, explicando los motivos por los cuales se realiza.
En la actualidad las instituciones de crédito, ante la falta de norma que regule y sancione el hostigamiento telefónico que se hace en el cobro de los créditos, provoca una persecución de los deudores por parte de las instituciones financieras, despachos de abogados y empresas que adquieren la cartera vencida y que, sin ninguna limitación y con acoso constante, buscan cobrar a los deudores.
Esta práctica tiene que ver con múltiples llamadas a diferentes horas del día e inclusive durante la madrugada, escritos en tono amenazador, visitas domiciliarias y hasta métodos que implican la compra de bases de datos para hostigar a los familiares más cercanos.
De hecho, este hostigamiento generalmente se basa en la intimidación por parte de los despachos de abogados, donde engañosamente señalan a los tarjetahabientes que se les va a trabar embargo, inclusive con rompimiento de cerraduras, bajo pena de cargar la llamada a la cuenta de por sí ya excesiva.
Como es sabido, este problema se ha multiplicado pues cada año la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de la Financiera, Condusef, presenta un registro que asciende a más de siete mil quejas en contra de las instituciones bancarias, siendo el rubro de tarjetas de crédito el que más denuncias ha generado, sobre todo por cuestiones de hostigamiento y cobro de tarjetas que no fueron solicitadas.
En este sentido, la Condusef trata de mediar y conciliar los intereses entre las instituciones financieras y el usuario, buscando el beneficio de ambos, pero no existe una sanción que se pueda aplicar a las instituciones bancarias, los despachos de abogados o empresas que adquieran carteras vencidas por el cobro en demasía de un derecho.
La propia Ley de Instituciones de Crédito no incluye en algún precepto una sanción para los bancos por excesivo cobro y, menos aún, por hostigamiento telefónico que dé protección a los tarjetahabientes que son objeto de estas acciones.
Toda vez que es una conducta antisocial, la misma debe ser regulada por el Estado como delito, ya que afecta la tranquilidad emocional e inclusive la privacidad de las personas en su domicilio, buscando salvaguardar la integridad psicoemocional.
La solución a este problema consiste en sancionar estas prácticas llevadas a cabo por los bancos, despachos de abogados y empresas adquirentes de carteras vencidas, estableciendo un tipo penal que castigue estas acciones.
En virtud de ello se propone adicionar el artículo 113 Bis 5 en el apartado relativo a delitos en la Ley de Instituciones de Crédito.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el Decreto
Único. Se adicione el artículo 113 Bis 5 a la Ley de Instituciones de Crédito para penalizar el hostigamiento realizado por vía telefónica, para quedar como sigue:
Artículo 133 Bis 5. Se sancionará de tres días a un año de prisión y de 180 a 300 días multa a quien con motivo de la prestación del servicio de apertura de crédito y cobro derivado del mismo, de una institución bancaria, por vía telefónica, de forma personal o por cualquier otro medio, amenace, intimide u hostigue al usuario de dicho servicio, a un familiar de éste o a cualquier otra persona. Dicho delito se perseguirá por querella. Muchas gracias, compañero Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, diputado Eduardo Yáñez Montaño. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada Ana Estela Durán Rico: Con la venia de la Mesa Directiva, señoras legisladoras y señores legisladores. Las fechas cívicas de mayor relevancia en nuestro calendario son conmemoradas como días de patriotismo y conciencia histórica de nuestra nación.
Con motivo de la última reforma a la Ley Federal del Trabajo se establecieron los llamados fines de semana largos, con los que se pretendía aprovechar la extensión de los descansos para la clase trabajadora y que ésta realizará actividades de esparcimiento y convivencia familiar.
No obstante el espíritu de dicha reforma fue, sin lugar a dudas, el impulso a la actividad turística, que si bien es cierto es un pilar fundamental de la economía nacional, no ha demostrado incrementos significativos en comparación con los que se obtienen en los periodos vacacionales.
Este año es particularmente reconocido como el más oportuno para reivindicar nuestra identidad nacional por conmemorarse el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución. Esto presupone una exaltación patriótica hacia nuestra tradición sociohistórica humanística, cultural y cívica; sin embargo, la realidad ha demostrado que la reforma implementada ha contribuido a que la conciencia por el contenido y significado histórico de las fechas cívicas de nuestro país se reduzca al mínimo y se privilegie el interés económico. Ello no es congruente con el patriotismo que suele pronunciarse frecuentemente por las celebraciones históricas que tenemos para este año.
Independientemente de la trascendencia que reviste el número de años que se cumplan en estas dos efemérides, lo que hay que privilegiar es la honra y memoria de nuestros próceres nacionales en cualquier año. Por ello, se propone restaurar los días 5 de febrero, 21 de marzo, 20 de noviembre, como días de descanso obligatorio para infundir en la memoria de todos los habitantes de la República Mexicana las fechas históricas en las que se honran aquellas personas y hechos que dieron grandeza a nuestro país.
La institución de los días de descanso obligatorio tuvo como principal motivo fomentar el amor a la patria, ya que es un sentimiento que debe anteponerse sobre cualquier otra razón que justifique el asueto, ya que se permite al trabajador tener la oportunidad de conmemorar el aniversario de un acontecimiento significativo para la historia de México.
La reforma del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2006, alteró las fechas de conmemoración original del día 5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre, lo que representa una manifestación que transgrede los valores históricos, cívicos y patrióticos del país, pues al cambiarse la fecha conmemorativa de origen se relegan y apartan de la historia y la memoria cívica de los mexicanos.
En razón de que el principal objetivo de institucionalizar los fines de semana largos fue precisamente el de activar el sector turístico, se resalta que esta iniciativa no margina la preocupación de alentar al turismo; por el contrario, habrá años que contarán con fines de semanas largos naturales, sin alterar las fechas originales de las conmemoraciones históricas.
En virtud de que se propone que los días 5 de febrero, 21 de marzo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, además de ser considerados de descanso obligatorio, se considere día inhábil al lunes siguiente en los casos para extender la conmemoración de que éstos cayeran en sábado o domingo.
En adición a lo anterior, si revisamos a fondo la última reforma aprobada, se aprecia que el poder reformador relegó para fortuna del espíritu patrio al día 16 de septiembre, que si bien es cierto aparece en el artículo 74 de la ley laboral, no menos cierto es que se les excluye como un día de descanso para el caso que esta efeméride caiga en sábado o domingo.
La globalización ha conllevado en nuestro país a que se efectúe una pérdida de valores nacionales. La voluntad de querer constituirnos como un país con un profundo sentimiento nacionalista y republicano debe perseverarse ante cualquier interés.
Por lo expuesto, me permito someter a esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.
Único. Se reforma y adiciona la fracción X del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:
I. 1 de enero;
II. 5 de febrero;
III. 21 de marzo;
IV. 1 de mayo;
V. 16 de septiembre;
VI. 20 de noviembre.
?
Para el caso que los días señalados en las fracciones II, III, V y VI correspondan a los días primero y último de la semana, será día de descanso obligatorio el lunes próximo subsecuente a éstos.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo en San Lázaro, 11 de febrero de 2010. Diputada Ana Estela Durán Rico. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Durán Rico. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra la diputada?
La diputada Clara Gómez Caro (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Gómez Caro, dígame.
La diputada Clara Gómez Caro (desde la curul): Señor presidente, sólo para que me haga el favor del preguntarle a la diputada Ana Estela Durán si podemos adherirnos a su proyecto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunto a la diputada Estela Durán Rico si está de acuerdo en que se adhieran a su iniciativa.
La diputada Ana Estela Durán Rico (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo nuestra compañera diputada. Por tanto, todas aquellas y aquellos compañeros que deseen sumarse, favor de pasar a la Secretaría a firmar el documento correspondiente.
Tiene la palabra el diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Gastón Luken Garza: Buenas tardes. Gracias, señor presidente. El propósito es someter a la consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 79 de la Constitución federal, con el fin de implementar un mecanismo respetuoso de nuestro esquema federal a través de la cual la entidad superior de fiscalización de la federación fiscalice precisamente las participaciones federales, al tenor de lo siguiente.
La razón para presentar esta iniciativa obedece a que se ha generado en los ámbitos estatal y municipal, espacios de opacidad y presunción de corrupción, así como de desvío en el uso y destino de los recursos que con tanto esfuerzo destinamos todos los mexicanos para cubrir el gasto público.
Por ello, propongo que la Auditoría Superior de la Federación cuente con atribuciones para fiscalizar el uso y destino de las participaciones federales siempre y cuando exista solicitud de al menos la tercera parte de los miembros que integran los Congresos locales.
Dicha propuesta encuentra su sustento en el principio de subsidiariedad que, como eje troncal, sostiene nuestro sistema federal, es decir, si existe duda razonable sobre mal manejo de los recursos públicos federales, aunado a las circunstancia de que los órganos de fiscalización locales tácticamente están integrados por personas nombradas por el gobernante en turno; los representantes populares en las entidades federativas podrán ocurrir ante la federación para que ésta lleve a cabo el proceso de revisión del uso de recursos públicos que tengan la naturaleza de participaciones.
Para ubicar la dimensión exacta de esta propuesta debe reflexionarse sobre los elementos que existen en nuestro sistema jurídico en materia de rendición de cuentas y del derecho de acceso a la información y la transparencia.
Mediante reformas a la Constitución federal publicadas en el 2007 y 2008 se sentaron las bases para construir un nuevo régimen de rendición de cuentas, no solamente en el ámbito federal sino también en las entidades federativas y los municipios.
Uno de los primeros antecedentes de estas reformas fue la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, misma que actuó como detonante en la materia en el país. Esta ley fue emulada en la legislación de varios estados y entonces empezó a ser notorio que no todas las entidades federativas garantizaban por igual el derecho de sus ciudadanos a acceder a la información pública y que en general sus normas tenían estándares inferiores a los criterios comúnmente aceptados.
Así las cosas, la aplicación de dicha ley ha permitido combatir buena parte de los problemas identificados en las legislaciones estatales previa a la reforma, como son las restricciones al ejercicio del derecho a la información pública, criterios para considerar tal información como reservada que son excesivamente laxos, interpretaciones restrictivas del derecho a la información y organismos sin autonomía de los gobiernos estatales.
En este grupo de reformas, uno de los cambios más trascendentes fue en materia de rendición de cuentas, que viene de la mano con la transparencia y el acceso a la información pública. Es acerca de la rendición de cuentas, de la obligación de homogeneizar los sistemas de contabilidad gubernamental.
Hasta ahora, cada estado tiene su propia manera de llevar la contabilidad, sus propios conceptos y catálogos y, además, son distintos. La rendición de cuentas no puede darse si cada estado presenta cuentas distintas, con bases distintas y con criterios distintos. Por eso, esta homologación es importante para nuestro país para avanzar en la dirección correcta, en términos de transparencia y rendición de cuentas.
Los efectos de esta armonización contable no sólo insisten en la transparencia de la información oficial sobre los recursos presupuestales, sino también en muchos otros componentes de la rendición de cuentas; las evaluaciones y las auditorías; la explicación del ejercicio del gasto y su eficiencia y eficacia; la calidad de gasto público y la relación costo-beneficio de las políticas y programas del gobierno.
En lo que respecta a este nuevo régimen de rendición de cuentas en las entidades federativas, la reforma constitucional incluye dos vías para mejorar la rendición de cuentas: consolidar la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para auditar los recursos federales ejercidos por esas entidades y fortalecer los órganos de fiscalización estatales.
Así pues, es claro que cada peso que se gaste debe de satisfacer los objetivos a los que están destinados y realizarse con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.
El suscrito hace la propuesta para reformar el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo único se reforma en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 79, para quedar de la siguiente forma:
Esta Entidad de Fiscalización Superior de la Federación tendrá a su cargo, entre otros, fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales, salvo que sea solicitado por al menos la tercera parte de los miembros integrantes de los órganos legislativos de las entidades federativas?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado, por favor.
El diputado Gastón Luken Garza: Cómo no. Con mucho gusto, señor presidente. ?en los términos que fijan las leyes.
Muchas gracias por su atención. Espero su apoyo. Con permiso.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Solicita la palabra el diputado Agustín Guerrero. Sonido para el diputado Guerrero, por favor. Dígame, diputado.
El diputado Agustín Guerrero Castillo (desde la curul): Diputado presidente, nada más para pedirle al diputado Gastón Luken que nos permita acompañarlo en esta iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado Gastón Luken Garza, ¿acepta usted que se adhieran a su iniciativa?
El diputado Gastón Luken Garza (desde la curul): Por supuesto, con mucho gusto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Pase por favor, diputado o todos aquellos compañeros que deseen hacerlo, a suscribirlo a la Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados, muy buenas tardes. Vengo en esta ocasión a presentar una iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el numeral 9 del artículo 95 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que con las facultades que me otorga la Constitución y el Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, presento ante esta soberanía, bajo el tenor de lo siguiente:
El 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, después de un amplio estudio de las comisiones competentes en ambas Cámaras del Congreso de la Unión se logró concretar esta propuesta, misma que demostró sus efectos en las pasadas elecciones federales celebradas en el año 2009.
Entre los principales objetivos planteados por el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se encuentra la regulación de coaliciones electorales entre partidos políticos, las cuales son práctica generalizada en elecciones federales y locales. En este tenor, se estableció la obligatoriedad de los partidos coaligados de aparecer en la boleta electoral con su propio emblema y que los votos se sumen a favor del candidato de la coalición y cuenten por separado a favor de cada partido.
Lo anterior con la finalidad de hacer posible, con legalidad y certidumbre, el cumplimiento de los objetivos planteados en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, en el texto original vigente del numeral 9 del artículo 95 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra dice: "independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate. Los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contará para cada uno de los partidos políticos para los efectos establecidos en este código."
No queda específicamente clara la redacción para la interpretación de la repartición de los votos, motivo por el cual la presente iniciativa propone reformar la redacción de este numeral, con la finalidad de especificar que a los partidos políticos únicamente se les sumarán los votos que hayan obtenido en su respectivo emblema de la boleta electoral.
Para los diputados del Partido Acción Nacional es importante dotar a los ciudadanos de mayor certeza jurídica y confianza a través de nuestras leyes, motivo por el cual considero pertinente realizar una modificación a la redacción del texto del numeral 9 del artículo 95 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de este modo, dotar de mayor transparencia a los contenidos del código en mención.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 9 del artículo 95 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo único. Se reforma el numeral 9 del artículo 95 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales para quedar como sigue.
Capítulo Segundo, de las Coaliciones
Artículo 95.
1 a 8?
9. Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá en un recuadro por separado con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate. Los votos se sumarán para el candidato de la coalición y para cada uno de los partidos políticos se les contarán únicamente los votos que recibió en su emblema respectivo, para los efectos establecidos en este código.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Señor presidente, solicito que esta iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Señoras diputadas y señores diputados, tenemos entre nosotros la visita de alumnos y maestros de la escuela General Ávila Camacho, invitados por el diputado David Sánchez Guevara. Asimismo, tenemos a estudiantes de la Unidad Pedagógica Aristos, preparatoria del estado de México, invitados por el diputado José Luis Velasco Lino. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.
Pasamos al siguiente punto del orden del día que es Dictamen a discusión
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se le dispensa la lectura. Por tanto, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Juventino Víctor Castro y Castro: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea. La Comisión de Puntos Constitucionales, después de haber hecho un análisis de todas y cada una de las iniciativas presentadas por el diputado Alfonso Izquierdo Bustamante, del PRI; la que presentó el diputado Rafael García Tinajero, del PRD; la iniciativa planteada por la diputada Elsa Conde y signada por varios diputados de diferentes expresiones políticas de esta Cámara; así como las que presentaron en esta legislatura los diputados Víctor Hugo Círigo, del PRD, y César Augusto Santiago, del PRI, ha llegado a la convicción mayoritaria de establecer una adición al artículo 40 constitucional con el término laico a nuestra república representativa, democrática y federal.
Es de hacerse alusión que en la parte de los antecedentes se precisan otras iniciativas que aportaron elementos para llegar a la reforma del artículo 40. Sin embrago, en dichas iniciativas se tocan artículos de la Constitución como el 108, 115, 130, entre otros, mismos que por su naturaleza jurídica quedaron salvaguardados para ser dictaminados en otro momento más oportuno, por lo que dichas iniciativas son meramente enunciativas no dictaminadas en el proyecto enviado.
Un verdadero estado de derecho ?según el diputado Víctor Hugo Círigo, autor de una de las iniciativas y cuyo texto resulta muy estimable? se fundamenta en que el Estado, entre sus principales características, tenga el carácter de laico. Así lo expresa, por ejemplo, la Declaración universal de la laicidad en el siglo XXI, al plantear que la laicidad se define como la armonización en diversas coyunturas sociohistóricas y políticas de tres principios: Respeto a la libertad de conciencia, y en su práctica individual y colectiva. Autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares. No discriminación directa o indirecta hacia los seres humanos.
En ese contexto, otorgarle la característica expresa de laico a nuestro Estado mexicano continuaría y confirmaría la trayectoria que un día se plantearon nuestros legisladores del Constituyente de 1857, y que reafirmaron los de 1917, pues se ha constatado, en nuestra experiencia colectiva y la de otras naciones, que la laicidad es una fórmula eficaz para la convivencia de la pluralidad.
Una solución positiva para la convivencia entre religiones mayoritarias y minoritarias, y para evitar que las carencias de unos cuantos se hagan dominantes a través de la fuerza del Estado y no de las del convencimiento y la persuasión legítima.
Cita de Roberto Blancarte: "La asunción expresa del principio de laicidad del Estado, en el artículo 40 constitucional, implicaría el reconocimiento de que todos los seres humanos tienen el derecho a la libertad de conciencia y a la de adherirse a cualquier religión o a cualquier corriente filosófica, en su práctica individual o colectiva."
El Estado no puede ser garante de los derechos de la libre elección de una religión o de unas convicciones. Pero es a través del carácter laico del mismo, la mejor forma de cristalizarlos. Se evitaría con ello que los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o la justicia de las normas y los actos de los poderes públicos, con lo cual se veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y funciones estatales, de ahí que los debates que se susciten de los órganos del Estado deban prevalecer siempre como guía de las discusiones el principio de laicidad".
Coincidimos con los autores de las iniciativas a dictaminación que en México debe existir y consolidarse el principio de laicidad, cuyo contenido ampliaría el horizonte de respeto a la pluralidad de expresiones, lográndose con ello un clima de paz y tolerancia.
La ética que debe regir la vida pública empieza por la consolidación del principio de laicidad en nuestro orden jurídico mexicano. Se asume con los promoventes, la propuesta en torno a que debe ser el artículo 40 constitucional el que le otorgue al Estado su carácter de laico, pues en este artículo es en donde se señala la voluntad del pueblo mexicano de otorgarle las características que deberán prevalecer en la forma de su gobierno como una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida.
Es necesario reconocer la pluralidad cultural y religiosa con mayor fuerza en el México actual, como un rasgo irrenunciable e irreductible de nuestra asistencia colectiva.
Finalmente, considero que de asumirse el compromiso sin restricciones del principio de laicidad de nuestro país, los legisladores mexicanos estaremos reafirmando el camino que un día trazaron los personajes históricos más importantes que han ayudado a construir la identidad completa de la nación mexicana. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Juventino Castro y Castro. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.
Se han registrado para fijar posición de sus grupos parlamentarios diversos compañeros diputados: el diputado César Augusto Santiago Ramírez, el diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz, el diputado Guillermo Cueva Sada, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, el diputado Reyes Tamez Guerra. Faltan por registrar los grupos parlamentarios del PAN y Convergencia.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, para fijar la posición de su grupo parlamentario, al señor diputado César Augusto Santiago Ramírez.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados; señor presidente. Quiero principiar por decirles que el PRI saluda la conclusión de esta iniciativa que presentamos nosotros, en consonancia de dos cuestiones esenciales.
Primero, el reconocimiento de que la expresión laica en la Constitución de nuestro país es la consecuencia indispensable de un movimiento constitucionalista que hemos sostenido durante muchos años. Es la respuesta más congruente a la expresión del diseño constitucional que ha sido la mejor convocatoria de unidad entre los mexicanos y al mismo tiempo, la mejor arma de lucha para las reivindicaciones sociales.
Está en consonancia con esa prosapia, con ese arraigo, con esa naturaleza propia de nuestra entidad estatal.
Pero también hace honor a las nuevas tesis del constitucionalismo moderno, que exige que en la definición del Estado se constituyan aquellos elementos que hagan viable la discusión de las cuestiones que la sociedad contemporánea quiere discutir y que las quiere hacer fuera de prejuicios, de dogmas o de asideros medievales, que no ayudan a la Constitución ni a la congruencia de un régimen jurídico sano.
Yo personalmente celebro esta decisión de todos ustedes, que ojalá motive dar un paso adelante en las reformas pendientes.
Me parece también saludable que esta decisión de la comisión, que yo aplaudo, sea tan pulcra y aparentemente tan sencilla, pero que representa el profundo sentido de lo que debe de ser nuestra Constitución; una suerte de declaración de principios esenciales que deben motivar la estructura de todo el andamiaje jurídico de la república.
Por eso el PRI ha sido un impulsor de esta reforma del Estado laico, que en términos concretos no entendemos por qué hasta ahora lo estamos concretando en nuestro texto constitucional.
Quiero decir que como pocas expresiones, ésta justifica plenamente su inclusión al nivel en que estamos decidiendo ponerlo ahora, porque de suyo ya la Ley de Organizaciones Religiosas y Culto Público, en su artículo 3o., establece una definición del Estado laico y a pesar de esa definición del Estado laico, las interferencias del Estado hacia las actividades religiosas y de las actividades religiosas con pretendidas intenciones de participar en los debates públicos habían complicado la relación que, por otro lado, debe ser muy pulcra y muy libre.
Me da mucho gusto de verdad, y mi partido saluda esta espléndida reforma porque ?quiero dejarlo muy claro? no hay detrás de ella ninguna intención de atacar a religión alguna; no hay detrás de ella ninguna intención de evitar que los mexicanos ejerciten a plenitud sus derechos más sentidos. Se trata, por el contrario, de proteger la libertad religiosa; se trata, por el contrario, de evitar las tentaciones de estados confesionales o de estados ateos; se trata de constituir en el marco constitucional un Estado seglar de verdad que promueva, con libertad, con respeto a todos, las discusiones contemporáneas que exige nuestro movimiento constitucional.
En el PRI estamos empeñados en realizar un exhaustivo estudio de nuestro texto constitucional. Nos parece que es una de las aportaciones más importantes de la política y de la filosofía política de los mexicanos.
Nos motiva la Constitución un profundo respeto porque pensamos que ahí está sentado el desarrollo de lo mexicano en el tiempo de lo mexicano. Nosotros queremos que esta Constitución celebrada, que esta Constitución elogiada en otras épocas, debe volver a constituir el elemento más único y exclusivo de la unidad entre todos los mexicanos.
Por eso es que esta inclusión para caracterizar muy bien al Estado mexicano nos parece de la mejor y mayor importancia.
Quiero finalizar con una expresión de convocatoria amistosa y cordial en la libertad y en la pluralidad. Así como hemos perfilado en el artículo 40 la posibilidad de que la república, no el gobierno, la república sea democrática, representativa, federal y laica, debemos buscar que estos principios, que son decisiones esenciales de la república, se cumplan a plenitud y con entera satisfacción.
Yo los convoco, amigos, a no permitir que el concepto representativo que corresponde a esta soberanía esté en duda. Les convoco a buscar que la rectoría económica del Estado que define el 25 constitucional esté vigente. Les pido que aceptemos que la propiedad originaria de la nación, legado histórico de nuestro país, en el 27, se respete hasta sus últimas consecuencias.
Honrando la esencia de los mexicanos levantaremos otra vez la mirada de la gente en este Congreso, que es la mejor garantía de la cordialidad y de la libertad. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado César Augusto Santiago Ramírez. Tiene la palabra el diputado Gustavo González Hernández, hasta por 10 minutos, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Gustavo González Hernández: Muchas gracias, señor presidente, y con su permiso. Viene en este salón la pregunta de si hay un debate amplio y de fondo sobre el tema de la laicidad del Estado. Viene la pregunta de si hay grandes divergencias sobre qué debe ser el principio de laicidad en el Estado.
Quiero leer las frases que dijera José Antonio Álvarez Lima, ex gobernador de Tlaxcala y otrora diputado federal, en el siguiente término. Dice: "La política en torno a la separación de la iglesia y Estado, está históricamente concluida. Desde hace muchos años la nación mexicana lo dejó establecido el campo del poder civil y el eclesiástico. Es inútil e inoportuno intentar revivir querellas decimonónicas que los mexicanos consideran superadas y claramente definidas. En los países democráticos como el nuestro habrá siempre un profundo respeto para todas las creencias. De tal manera, que en México podamos ser ciudadanos creyentes y priístas". En su momento, palabras de este notable priísta.
No hay grandes diferencias. En la Comisión de Puntos Constitucionales discutimos una serie de posicionamientos y consideramos que sí era viable añadirle al artículo 40, la palabra laicidad, porque consideramos ?y creo que ése fue el espíritu? que era el principio de laicidad en dos grandes pilares: el primer pilar, y lo dice uno de los tratadistas que más ha profundizado sobre el tema de laicidad en Europa: La laicidad moderna es un proyecto político de autonomía e independencia del poder civil respecto al poder clerical, y por eso el laicismo promueve por todos los medios la consecución de ese ideal: la autonomía de la política frente a las religiones que ni el poder clerical entre al poder civil; pero que tampoco el poder civil intervenga de manera directa en las religiones. Ésa es la otra cara de la moneda y quizá la principal: la libertad de creencia.
Nosotros consideramos que el Estado laico es aquél que defiende la separación institucional entre religión y política, manteniendo, en todo momento, la neutralidad del Estado respecto a las demás religiones, así como el respeto a la cultura e idiosincrasia del país en cuestión.
Así lo muestra la práctica de tantas naciones y el texto de constituciones de países europeos, que respetando plenamente la laicidad del Estado y la libertad religiosa de las iglesias y de los creyentes, no rebajan la religión al nivel de un hecho intrascendente, meramente privado.
El Estado laico no puede cerrar los ojos ante el fenómeno religioso que se presenta como un hecho cultural, tradicional o mayoritario en una determinada nación. Como sucede con la nuestra, en la que las civilizaciones prehispánicas eminentemente religiosas al fusionarse con el cristianismo, constituyeron una nueva fuente de cultura cimentada en tradiciones y valores.
La neutralidad del Estado laico no ha de traducirse en una actitud antirreligiosa o en posturas de un ateismo político o totalitarismo ideológico, ajenos a toda neutralidad. Una laicidad que desconozca el hecho religioso o que descalifique toda referencia procedente de algún principio religioso o filosófico representaría una posición política, rígidamente doctrinaria, totalitaria y abstracta.
El Estado laico moderno, como lo dice Antonio Molina Melia es aquel Estado que no hace suya ninguna religión, ninguna irreligión, incluyendo el ateismo o filosofía inmanentista en las cuales ni las protegen ni se inspira en ellas ni las impone a la fuerza. La vida cívica y la política del Estado laico al margen de cualquier identidad religiosa, ideológica o confesional, deberá proveer un ideal de ciudadanía y bien común.
El Estado laico reconoce la libertad religiosa como un derecho ciudadano a ejercitar la religión conforme a los dictámenes de la propia conciencia, con los únicos límites que marque el respeto a las normas jurídicas vigentes.
Por tanto, no es sano ni compatible con el Estado laico, negar a ninguna comunidad de creyentes y a quienes les representan legítimamente el derecho a pronunciarse sobre cuestiones de cualquier tipo que están en manos de los legisladores y juristas y que interpelen a sus conciencias.
Todo ciudadano debe gozar de la libertad de decidir lo que considere oportuno a quienes ostentan el poder.
Sólo un Estado totalitario que quiera erigirse en fuente última de valor y que no tolere junto a él ninguna voz capaz de cuestionarlo, puede pretender amordazar a sus ciudadanos laicos o acallar la voz de sus iglesias negándole su derecho a opinar sobre asuntos temporales en lo que consideran justo.
Esa es, señores, la otra cara de la moneda de lo que debe ser el principio de laicidad. Lejos de considerar la diversidad de opiniones como una ofensa al Estado, éstas representan la libertad de expresión de los ciudadanos y el reflejo de un sano pluralismo político.
El Estado laico, entendido como tal, no deberá limitarse a adoptar una benévola tolerancia frente al hecho religioso. La laicidad implica establecer un vínculo recíproco y respetuoso sobre en qué construir una comunidad política y solidaria acogiendo a todos los ciudadanos por igual, creyentes o no, para la consecución del bien común.
Es por eso que la fracción de Acción Nacional considera y en su momento, en el fondo estuvo de acuerdo de que se incluyera en el artículo 40 el texto que el pueblo crea una república democrática y laica, pero entendiendo que el principio de laicidad es una moneda que tiene dos caras, dos principios y que ambos principios tienen que coexistir y eso es lo que venimos nosotros, en un momento y hemos discutido históricamente en nuestra nación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Gustavo González Hernández. Tiene la palabra el diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.
El diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz: Gracias, diputado presidente. La promoción y respeto a la tolerancia, a los valores individuales o colectivos, así como el laicismo de las instituciones y de los espacios públicos, es un principio del PRD, a partir del reconocimiento de la diversidad y pluralidad, que hoy caracteriza a la sociedad mexicana, así como de la capacidad de los individuos para resolver por sí mismos los dilemas éticos contemporáneos.
El PRD se pronuncia por la defensa de la autonomía moral de los individuos, por una ética global de respeto a la diversidad y por la inclusión de todas y todos, sobre todo de quienes por ser considerados diferentes, bajo criterios de toda índole, han sido marginados, discriminados o excluidos.
El respeto de la diversidad, cuya garantía es ineludible, responsabilidad del Estado, exige el cabal reconocimiento de la libertad religiosa, de la libertad de conciencia y del derecho a la objeción de conciencia.
Asumimos a la pluralidad como riqueza e impulsamos la educación en valores tales como la tolerancia, la equidad entre los géneros, la cooperación social y la solidaridad internacional y aceptar la libertad de opción sexual.
El PRD promueve el derecho humano a tener o no tener una religión en un marco de respeto a las diversas creencias.
El laicismo rechaza los regímenes teocráticos en los que una iglesia controla el poder político, a la vez rechaza los regímenes políticos que se sirven de una religión oficial para legitimarse ideológicamente.
Asimismo, rechaza que se pretendan utilizar las creencias religiosas con fines electorales para apoyar o descalificar adversarios políticos, exacerbando las contradicciones y divisiones de la población.
El Estado laico no es antirreligioso, pero tampoco es anticomunista. Al incorporar al texto del artículo 40 constitucional el carácter de laico cumplimos plenamente con nuestros principios y programa político, estableciendo la laicidad como uno de los cinco principios rectores de toda la organización del orden constituido, republicano, democrático, representativo, federal y laico.
Así, la laicidad será una obligación de las autoridades públicas para respetarlo escrupulosamente, y falta aún ?queremos decirlo? plasmar también en la Constitución que el no cumplimiento de este ordenamiento derivará en responsabilidad para aquellos que lo infrinjan.
Es indudable la responsabilidad del Estado para garantizar la libertad de creencias a todas las personas, cualquiera que sea la creencia religiosa o no religiosa que adopten libremente. La laicidad es un instrumento importante para la defensa, por ejemplo, de los derechos de las mujeres cuando se les limita o subordina por razones religiosas, y de aquí se desprende la libertad de decisión sobre el propio cuerpo y el derecho a decidir en todas las esferas de la vida privada.
El dominio corporal es un principio de libertad sin el cual son imposibles el ejercicio de la ciudadanía y la democracia. Como reacción a lo anterior, recientemente la derecha ha llevado a cabo contrarreformas a las Constituciones locales de más de la mitad de los estados del país, lo que implica un retroceso en el ejercicio de los derechos de las mujeres a la vida y a la seguridad, al goce pleno de su sexualidad, a definir en libertad y autonomía su reproducción, a la igualdad y a no ser discriminadas; a gozar de los derechos reconocidos a todas las personas, al libre desarrollo de su personalidad y al respeto de su dignidad humana. Así, lo logrado por las mujeres, hoy está sufriendo un grave retroceso.
Del mismo modo, derivada de una concepción religiosa, los funcionarios públicos del nivel federal, encargados de velar por la salud de los mexicanos, han abandonado la lucha contra la pandemia del VIH/sida, al grado de que el contagio de este virus ha cobrado víctimas principalmente en jóvenes entre los 14 y los 18 años de edad, siendo prácticamente la mitad de quienes han contraído este virus en los últimos años por falta de información, por falta de educación sexual, por falta de atención; y todo por no entender que las concepciones religiosas no pueden determinar las acciones de salud que lleve a cabo el Estado.
La laicidad plasmada ahora en nuestra Constitución permite que con una nueva herramienta asuntos tales como el derecho al aborto, a las formas educativas, a la salud reproductiva, al papel de la religión en los medios de comunicación y en las instituciones públicas, a la censura, y la ?en ocasiones? borrosa línea entre lo público y lo privado sean abordadas de manera tal que se abandonen criterios religiosos, y hacerlo de manera racional y de conformidad a las circunstancias que enfrentamos de manera concreta los mexicanos.
La laicidad entendida así, integra tres elementos centrales que determinan ese carácter: respeto de la libertad de conciencia; autonomía de lo político frente a lo religioso e igualdad de los individuos y sus asociaciones ante la ley, así como la no discriminación por ningún elemento que impida el desarrollo humano.
Adelantamos que el PRD luchará por detener el proceso de criminalización de las mujeres que han sido encarceladas por interrumpir un embarazo, y por tanto, no avalar las contrarreformas que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y promover una campaña que alimente el debate público de acciones contra las reformas que penalicen la interrupción del embarazo. Impulsaremos legislaciones que garanticen el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en las entidades de la federación, homologando las normas con las que ya cuenta el Distrito Federal. Y, a nivel federal, trabajaremos para que las controversias constitucionales necesarias eviten el retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Esta reforma a la Constitución reafirma la obligación del Estado para velar que la educación responda al principio de igualdad. Que sea acrítica, antidogmática y científica. Que forme individuos capaces de ejercer su autonomía moral y de comprender el valor de la libertad de conciencia. El Estado no deberá subvencionar, en ningún caso, centros educativos con ideario propio de carácter religioso.
La educación pública tiene la obligación de dotar a sus alumnos de conocimientos científicos, respetando la salud sexual y la salud reproductiva en función del desarrollo cognoscitivo, rechazando cualquier tipo de censura. En consonancia con lo anterior, es necesario eliminar de los programas de estudio y de libros de texto cualquier rasgo de adoctrinamiento religioso.
En 1859 el Estado dejó de ser el brazo secular de la Iglesia y se convertía, de hecho, en garante de la libertad de conciencia de cada individuo. Se liberó a los individuos, creyentes o no, de cualquier tutela de la Iglesia en la vida de las personas.
El concepto de laicidad está relacionado con el de la separación entre el Estado y la Iglesia con la libertad religiosa, con la pluralidad religiosa y con la tolerancia. El Estado laico no sustenta su legitimidad en el origen sagrado del poder, sino en la voluntad de cada uno de los ciudadanos, lo cual se expresa en la soberanía popular. El Estado es laico cuando ya no requiere más de las religiones como base de la integración social.
La laicidad se puede definir, entonces, en diversas vertientes. Es el Estado no confesional. Es el sistema de organización social que excluye a las religiones de la esfera pública para hacer una adopción de quien así lo decida, del ámbito personal y particular. Pero, sobre todo, la laicidad puede definirse como un régimen de convivencia social cuyas instituciones políticas están legitimadas por la soberanía popular y ya no por elementos religiosos. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz. Tiene la palabra el diputado Guillermo Cueva Sada, del Partido Verde Ecologista de México, hasta poro 10 minutos.
El diputado Guillermo Cueva Sada: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El miércoles 3 de febrero fue aprobado por los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen en sentido positivo que reforma el artículo 40 constitucional, reconociendo al Estado como una república laica.
Ese día algunos compañeros diputados argumentaron que no sabían con claridad la definición de la palabra "laica". Les digo desde esta tribuna que la Real Academia Española en su Diccionario de la Lengua, define la palabra: laica como independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Lo que significa laicidad del Estado, es que éste no puede definirse a favor de ningún credo o práctica religiosa.
En el Partido Verde Ecologista de México creemos firmemente que la laicidad es una fórmula eficaz para la convivencia de la pluralidad. Una solución positiva para evitar que las creencias de unos se hagan dominantes a través de la fuerza del Estado. Es por eso que en México se debe asegurar que no se pueda privilegiar o imponer un credo o religión. Reconocer esto es un paso enorme en la evolución del Estado mexicano.
Por todo esto, los diputados del Partido Verde Ecologista de México vamos a votar a favor de esta reforma, ya que creemos firmemente que el Estado no debe establecer ningún tipo de privilegio a favor de iglesia, asociación o agrupación religiosa alguna. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Guillermo Cuevas Sada. Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, parece que históricamente?
?Ah, el reloj, presidente. No hay cronómetro, No ha empezado el reloj.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por favor ajusten el cronómetro para el señor diputado.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Muchas gracias, presidente. Ahora sí empiezo a partir de los 10 minutos.
El laicismo aparentemente era un principio que históricamente habíamos ganado los mexicanos desde mediados del siglo XIX. Sin embargo, hoy día la realidad nacional muestra la presencia de una iglesia católica militante, que por un lado promueve reformas constitucionales y legales en los estados y por otro, se opone a otras reformas.
Una iglesia, la de Juan Pablo II, la de Benedicto XVI, muy alejada del aire fresco, tolerante y plural, que significó el Concilio Vaticano II; una iglesia militante que quiere apoderarse de las instituciones del Estado.
Esta reforma que aprobó la Comisión de Puntos Constitucionales al artículo 40 de la Constitución para definir como principio, como decisión política fundamental del Estado mexicano como característica del Estado: la laicidad, no busca promover un Estado laico jacobino, persecutor de las iglesias o de las creencias religiosas, lo que pretende esta reforma, esta adición al artículo 40, es mantener vigente, jurídicamente, históricamente, socialmente el principio de la separación entre la iglesia y el Estado.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo entendemos que el Estado laico significa, entre otras cosas, lo siguiente: que el fundamento de la legitimidad política es exclusivamente la soberanía popular, la defensa y garantía de los derechos humanos.
No podemos aceptar, como hace unas semanas declaró un vocero de la iglesia católica, que el fundamento de las instituciones políticas, de las instituciones del Estado, sea la ley divina o la ley eterna. El fundamento de las instituciones, el fundamento de la Constitución, el fundamento de las leyes es solamente la soberanía del pueblo de México y la defensa y garantía de los derechos humanos.
Entendemos también que todo Estado laico implica, entraña, el mantenimiento y la defensa de un espacio público secularizado, que debe estar orientado por el interés general. Esto que se llama la autonomía de la política de cualquier contaminación de carácter religioso o que tenga vínculo con alguna creencia dominante.
El espacio de las instituciones de esta Cámara, de cualquiera de los poderes públicos, a nivel de las entidades federativas y de los municipios, debe de ser un espacio público secular en donde no exista ningún tipo de contaminación del fenómeno religioso.
Estado laico también implica libertad filosófica, libertad de conciencia, libertad para creer o no creer, libertad que no se puede imponer o convicción que no se puede imponer a nadie por la fuerza. Nadie puede ser constreñido a creer de determinada manera o a no creer.
Estado laico implica el principio de no discriminar a nadie por sus creencias o por carecer de ellas. Y también entraña el Estado laico la existencia de una moral pública no sustentada en ningún credo o convicción religiosa, sino una moral pública basada en el consenso, en el pluralismo, en la tolerancia de los ciudadanos.
Para nosotros, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, esta reforma al artículo 40 de la Constitución, aunque solamente entraña la introducción de una palabra, la característica de Estado laico en el artículo 40 es una reforma fundamental.
Es una reforma fundamental que tendrá que ser interpretada constitucionalmente mediante interpretaciones progresivas para que en nuestro país cada día más se tutele la libertad de convicción filosófica, la tolerancia y el pluralismo entre los mexicanos. También es una reforma fundamental porque nos permitirá, a partir de esta reforma al artículo 40, elaborar la legislación reglamentaria que garantice plenamente el Estado laico.
Más allá de la actual y vigente Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público requerimos una ley reglamentaria del Estado laico que promueva las libertades, el pluralismo y la tolerancia, y sobre todo, que mantenga este espacio secularizado en la vida pública, política e institucional del país.
Desde luego, esta reforma al artículo 40 no ha concluido. Es una reforma que implica también la realización de otras reformas a distintos preceptos constitucionales, como aquí ya lo manifestó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Es fundamental una reforma, una revisión integral al artículo 130 de la Constitución para determinar responsabilidades, tanto a los servidores públicos del Estado como a ministros de culto que violen los principios del Estado laico.
Es fundamental también que a nivel estatal y municipal se garantice a cabalidad el principio de Estado laico, y para ello será necesario reformar el artículo 115 de la Constitución.
Estamos por una reforma integral a la Constitución que garantice los principios del Estado laico. No queremos que en nuestro país siga avanzando de hecho, indebidamente, contrario a nuestra historia y a nuestra Carta Magna, un poder fáctico que quiere asfixiar la vida laica en la República Mexicana.
Nosotros estamos a favor de la construcción, de manera cada vez más constante y profunda, de un espacio público secularizado que impida que cualquier manifestación, de cualquier religión, o manifestación de creencias, se imponga con pretensión de dominio en la vida pública nacional.
Por eso, hemos visto con gran preocupación este avance lento y permanente de la Iglesia Católica en los últimos 10 años, de cómo se ha ido manifestando, vulnerando, el principio de laicidad que fue determinado en nuestro país desde el siglo XIX. No permitiremos este avance que rompe con un principio de convivencia pacífica y democrática entre todos los mexicanos.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañeras diputadas y diputados por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Cárdenas Gracía. Tiene la palabra el diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeros legisladores, para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza y para el Partido de Nueva Alianza en general, es sumamente satisfactorio que estemos debatiendo este tema tan importante para nuestro partido, a la luz de que la educación es uno de nuestros principales objetivos y su calidad laica se encuentra definida en el texto constitucional.
Por eso para el Grupo Parlamentario de Nueva alianza, dar carácter constitucional a la laicidad, constituye la confirmación de las mexicanas y los mexicanos de avanzar en a consolidación de una nación plena de libertades.
Es importante definir y redefinir históricamente el Estado laico, tal como se traduce en las sociedades democráticas, tal como se traduce en las sociedades que han modernizado su régimen parlamentario.
Como aquél que define la separación institucional entre religión y política. Tanto Estado como sea necesario. Tanto religión como cada individuo en su plena libertad, cualesquiera de lo que se trate, decida tener, y como aquél que protege y garantiza la libertad, la tolerancia y el respeto.
Un estado laico es aquél que respeta los derechos de todo ciudadano, incluyendo la libertad de expresión, haciéndolos compatibles con el ejercicio o la pertenencia a una determinada confesión religiosa.
La estricta separación de la Iglesia y el Estado, en el marco de una ponderada, precisa y clara legitimidad y respeto por las creencias religiosas, deja sentado con claridad, que el Estado es garante de los intereses generales de los ciudadanos, que el Estado garantiza la aplicación y el respeto de la ley, pero que a su vez está sometido de un lado, a la misma ley y por el otro excluye toda interpretación eclesial o dogmática de la existencia de la política.
Elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado constituye la afirmación de la tradición liberal de muchos años de nuestra república.
Se promueve una sociedad abierta. Sí a los cambios. Tolerante a las diferencias y promotora del desarrollo, del conocimiento y de la ciencia.
La herencia de nuestra república fue el carácter laico de nuestra educación. Ésa ha sido la base y fundamento para la democratización de nuestras instituciones.
Una sociedad educada es una sociedad libre, promotora del debate como el que estamos teniendo, promotora del desarrollo individual y colectivo.
En el momento del desarrollo no existe ni podemos permitir que exista la menor restricción a la educación, pero sí se debe de exigir a la educación misma, la calidad porque ha planteado el problema republicano en su sistema medular, la sociedad y la racionalidad republicana del derecho.
La república y el imperio de la ley consensuada son indisociables de la libertad para actuar y para pensar. Sobre estos dos supuestos la república laica ha construido el estado social de derecho.
Insisto, pues, que para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la laicidad del Estado coloca a nuestro país entre las naciones democráticas del mundo, en las que las libertades y el respeto a todos los derechos humanos son garantía para sus ciudadanos, sin distinción de creencias.
Por ello y muchas razones más nos manifestamos a favor del dictamen que está sometiéndose en este momento por una república laica. Es el fundamento de una república que deberá y podrá ser más libre, más justa, más democrática y más educada. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Roberto Pérez de Alba Blanco. Tiene la palabra el señor diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: El día de hoy podemos aprobar una reforma constitucional de gran calado para la vida democrática de nuestro país.
Con un alto sentido de responsabilidad pública hacia generaciones futuras estamos por decidir la conveniencia y necesidad de incluir el calificativo de laica a nuestra república, con lo cual refrendamos un compromiso ineludible para la preservación de la libertad que nos ha sido legada a esta generación por hombres y mujeres que supieron defenderla incluso con su propia vida.
Estoy convencido que habrá entre nosotros quienes estén conscientes de los orígenes de nuestra república, pero sospecho que la mayoría no tendría en mente el año en que empezamos a contar las Legislaturas, porque la fecha no es casual ni mucho menos intrascendente.
Compañeras y compañeros diputados: somos los legatarios de la representación popular que rastrea sus orígenes al inicio de la vigencia de la Constitución de 1857. Antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1857, de la instalación de la I Legislatura, nuestro país, con enormes esfuerzos y sacrificios había logrado alcanzar y mantener la independencia de nuestra patria frente a potencias extranjeras. Pero lo que no había logrado era dotar a estas tierras de un régimen constitucional viable, que permitiera organizar un gobierno y cimentar un proyecto de nación.
Constituciones hubo muchas, en verdad muchas, antes de 1857, pero ninguna de ellas se legitimó ante el pueblo mexicano lo suficiente como para dotarlo de un gobierno estable, de garantías efectivas, de leyes propias.
Contamos con una Constitución posterior a la de 1857, pero como lo deja ver claramente el hecho de que sigamos contando los tantos de la representación popular, las Legislaturas, a partir de 1857, la Constitución de 17 no suplantó la de 1857 sino que la ratificó y reformuló.
La fundación efectiva de nuestro régimen constitucional, de nuestro orden político, se debe rastrear a 1857, al inicio de la Reforma.
¿Pero qué fue lo que aportó la Constitución de 1857 que las constituciones que le antecedieron no pudieron aportar y a lo que la Constitución que le siguió no ha querido renunciar? La respuesta es sencilla, pero infinitamente rica, fue laicidad, diputados. El Constituyente de 1857 fue el primer Congreso de su tipo que se negó a aceptar la imposición de un credo a todos los mexicanos desde el Estado, que se negó a someter al Estado al beneplácito de las jerarquías eclesiásticas.
La laicidad fue lo que le permitió a la generación de Benito Juárez, de Ponciano Arriaga, de Francisco Zarco, de Melchor Ocampo y de tantos otros hombres ilustres romper con el lastre colonial y forjar un Estado fuerte, independiente, nuestro.
El régimen colonial se justificó por la evangelización de los indígenas y se forjó al calor del ímpetu misionero. El régimen republicano se alcanzó sólo cuando los hombres y mujeres de la generación de la Reforma se negaron a continuar con ese Estado colonial y consagraron la laicidad como la piedra angular del Estado.
La laicidad no es sólo un principio consagrado en nuestra Constitución, como muchos otros; es el principio fundacional de nuestro régimen constitucional. Antes que la garantías sociales que consagró el Constituyente de 17; antes que el federalismo y la democracia representativa ?que apenas ahora empezamos a gozar plenamente? fueran efectivas en el Estado mexicano, antes que todo eso se constituyó como un Estado laico.
Si renunciamos a la laicidad del Estado, si descuidamos los cimientos del orden constitucional que hoy nos rige, pronto estaremos lamentando lo que no habremos sabido defender.
El artículo 40 constitucional nos dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal. En toda justicia, compañeros, el texto constitucional debe modificarse para reflejar lo que en los hechos ha sido la columna vertebral de nuestra comunidad política. La nuestra ha sido, por más de siglo y medio, una república laica, mucho antes, efectivamente de ser, democrática, representativa, o inclusive federal.
Sobre la forma que ha adquirido la iniciativa hoy sujeta a nuestro voto, quiero compartir también la siguiente reflexión. Mucho se discutió en comisiones la extensión, el detalle del texto de reforma constitucional propuesto hoy ante este pleno. Hay voces que sostienen que la iniciativa es innecesaria pues nos dicen, con razón, que el principio de laicidad ya está consagrado en la Constitución, que se refleja en los artículos 3o., 24 y 130, y que conforma transversalmente la totalidad del texto constitucional.
Hay también quienes sostienen que habría que ir más lejos, detallar definiciones, sanciones, condiciones y reglas específicas para el funcionamiento efectivo de la laicidad en el propio texto constitucional. A los primeros, les concedo la razón. El principio de laicidad ha estado presente en nuestra Constitución desde la fundación del régimen constitucional de 1857; y también es cierto que le da forma sentido a la Constitución toda, y no sólo a los artículos que les invocan explícitamente.
Pero la reforma ante nosotros no tiene como propósito, diputados, introducir la laicidad a nuestra Constitución. Tiene por fin refrendar el compromiso de nuestra comunidad política con ese principio fundacional de nuestro orden político y jurídico.
En tal virtud, no podemos hacer caso omiso de los embates a los que hoy es objeto la laicidad. Desde que la jerarquía eclesiástica convocó a la insurrección armada en 26, nunca habíamos tenido un embate tan abierto y tan amplio en contra de la laicidad garantizada por nuestra Constitución y contra las leyes que regulan las asociaciones religiosas de México.
A los segundos les digo que, en este caso, como muy frecuentemente sucede cuando de normas fundamentales se trata: menos es más. La reforma propuesta agrega una sola palabra al artículo 40 constitucional, pero con ello, explicita que la voluntad del pueblo mexicano es constituirse en una república laica y, en consecuencia, que todo el orden político y jurídico que conforma dicha república debe reflejar fielmente su carácter laico.
Hemos visto en ocasiones anteriores cómo introducir demasiados detalles en las normas constitucionales da pie a que grupos de interés, y abogados astutos, tuerzan el sentido de la norma constitucional, encuentren recovecos donde imputar ambigüedades, argumenten que lo que no se detalló no implica en la norma; en fin, para que se abran huecos legales mediante un ejercicio interpretativo interesado y desvergonzado.
Por eso, creo que menos es más. Al definir a nuestra república como laica no queda espacio para interpretaciones mañosas, no queda lugar a dudas de que la laicidad, como la democracia, debe reflejarse en cada esquina del régimen constitucional y político, pues la definición de la república como laica define a su vez a todo el entramado legal e institucional que emana de la voluntad del pueblo mexicano.
No necesitamos más, pero no podemos aceptar menos. Nuestra república ha sido, es y debe seguir siendo laica a pesar de todo y a pesar de muchos.
Lo que esta LXI Legislatura tiene ante sí, no es una reforma constitucional más, no. Se trata de una reforma constitucional mediante la cual ratificaremos el compromiso fundacional de nuestra república. Que ninguna creencia se impondrá desde el Estado en nuestro país. Que el gobierno será siempre el gobierno de todos y no sólo de los fieles. Que los creyentes de cualquier credo, y los incrédulos por igual, gozarán de un trato igual ante la ley y por parte del gobierno. Que el gobierno, finalmente, no será un instrumento más que de la voluntad popular.
Refrendemos, entonces, el compromiso constitucional que adquirieron aquellos representantes populares de la generación de la reforma y que hemos heredado, sin un refrendo que nos comprometa nuevamente en medio del embate del integrismo y de los grupos conservadores, continuar con la cadena institucional y política que tanto trabajo costó establecer y que a lo largo de 61 legislaturas, los representantes de la voluntad popular, con independencia de nuestras debilidades y errores, hemos sabido guardar hasta ahora.
Compañeras y compañeros diputados, entre el Estado laico y la sumisión de la política en las jerarquías eclesiásticas ?estoy seguro?, en un homenaje a la memoria de ideólogos más sobresalientes de todos los partidos como Heberto Castillo, Manuel Gómez Morín y Jesús Reyes Heroles?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, compañero diputado
El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez: Concluyo presidente. Que ninguno, ninguno aceptaría esta intromisión de las fuerzas conservadoras en la vida política de nuestro México. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Ha concluido el posicionamiento de los grupos parlamentarios.
Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular del siguiente proyecto de decreto, los siguientes oradores: diputado Pedro Vázquez González, diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, diputado Porfirio Muñoz Ledo, diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, diputado Reginaldo Rivera de la Torre, diputado Gerardo Fernández Noroña. Son a quienes tenemos registrados para su intervención en la discusión en lo particular.
Informo a ustedes compañeras y compañeros diputados, que al término de este listado en el que se han registrado los compañeros legisladores, preguntaré si se considera suficientemente discutido.
Por lo tanto, se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo.
El diputado Pedro Vázquez González; Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladoras. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su total acuerdo con el dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Honorable Cámara de Diputados, por el que se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer a la República Mexicana como una república laica.
No podemos pasar por alto que los orígenes de México como nación independiente se dispuso en nuestra Carta Magna constitucional de 1824, que la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana.
La nación la protege por leyes sabias y justas y prohibe el ejercicio de cualquier otra, según se estableció, entonces, en su artículo 3o, más aún, en los Sentimientos de la Nación, de Morelos se estableció en el artículo 2o que la religión católica sería la única, sin tolerancia de otra.
Durante gran parte del siglo XIX, la jerarquía católica se consideró con el derecho de influir, determinar e, incluso, combatir a los gobiernos que consideraban contrarios a sus intereses. Se opuso terminantemente a la Constitución de 1857 y ordenó a los católicos que prestaban sus servicios en el gobierno de la república, que no la juraran so pena de ser ex comulgados.
No podemos soslayar que la iglesia católica al combatir la Constitución de 57 fue responsable de la Guerra de los Tres Años o llamada Guerra de Reforma.
Finalmente y bajo la presidencia de don Benito Juárez García, en la heroica ciudad de Veracruz, se dictan las Leyes de Reforma.
En el manifiesto del gobierno constitucional del 7 de julio de 1859, en la parte relativa al programa de la Reforma, en el punto primero se propuso adoptar como regla general invariable la más perfecta indiferencia entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos.
En la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos del 12 de junio de 1859, en el artículo 3o se estableció: habrá una prefecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos; el gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como la de cualquier otra.
En la Ley sobre la Libertad de Cultos del 4 de diciembre de 1860, en su artículo 1o se estableció: las leyes que protegen el ejercicio del culto católico y los demás que se establezcan en el país, como la expresión y el efecto de libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre no tiene ni puede tener más límites que el derecho del tercero y la exigencia del orden público.
Por todo lo demás, la independencia entre el Estado por una parte, y las creencias y prácticas religiosas por otra, es y será perfecta e inviolable. Para la aplicación de estos principios se observará lo que las Leyes de Reforma y por la presente, se declara formalmente.
Como podemos apreciar, México ha transitado de una religión exclusiva de Estado a la libertad de cultos a partir de la Constitución de 1857. El Estado mexicano como persona moral de derecho público no puede ni tiene ni debe de tener religión alguna, así como los titulares de los órganos del poder público, en el ejercicio de esta función, no deberán de hacer ostentación de religión alguna.
El Estado no combate ni impone religiones; garantiza, eso sí, a los mexicanos la libre práctica de la religión que en ejercicio de su libertad de consciencia decida adoptar.
En este punto somos enfáticos, la práctica religiosa es un asunto que corresponde a la consciencia individual de la persona y en ella el Estado no interviene.
Compañeros y compañeras legisladores, la reforma al artículo 40 constitucional que hoy se discute y se vota es importante, en virtud de que es el resultado de una larga lucha histórica por establecer con plena claridad en el texto de nuestra norma suprema el carácter laico del Estado Mexicano. No se debe de permitir que las jerarquías eclesiásticas, bajo cualquier pretexto, pretendan subordinar al Estado a sus intereses.
Debemos de tener presente que la única fuente de legitimidad del gobierno lo constituye el origen democrático derivado de un proceso electoral, en donde el ciudadano, a través de su sufragio, decide quién quiere que lo gobierne.
En consecuencia, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoyaremos en sentido afirmativo la presente reforma constitucional. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Vázquez González. Tiene la palabra la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputado Enoé Margarita Uranga Muñoz: Gracias, presidente. Construir una república que respete los derechos humanos no es posible si no se salvaguarda su universalidad y su autonomía de juicio, a partir de la cual se sostiene el ejercicio de su ciudadanía.
Tener un país con una ciudadanía madura requiere de reformar los valores democráticos, de respetos a las diferencias, de igualdad y de no discriminación. Eso es la laicidad.
Siendo ésta la aspiración, la evidencia nos ha mostrado con preocupación que no es suficiente con lo que tenemos establecido hasta ahora; la laicidad del Estado supone mucho más que la separación del Estado y las iglesias, significa el respeto por parte del poder público, de los derechos humanos; la libertad de conciencia; la no discriminación y el pleno reconocimiento de la pluralidad que se expresa en una sociedad democrática.
Los desacatos al Estado laico son desacatos al Estado mismo. Si el presidente de la república y su secretario de Gobernación actúan fuera del Estado laico el mensaje que se envía es que aquí cada quien escoge cuáles leyes cumplir y cuáles no, a partir de sus creencias y sus fobias muy personales.
Si quien es el primero obligado en defender el estado de derecho es quien más lo vulnera; si el partido en el poder coloca por delante de las leyes mexicanas las creencias religiosas de ellos o de sus aliados, se pone en riesgo la cohesión social que aún tenemos.
Cuando el presidente Calderón sostiene que el consumo de drogas en el país ha aumentado por la falta de rezos y no por la falta de una política pública eficaz; cuando equivocadamente afirma que la Constitución incluye explícitamente conceptos que sólo son parte de los edictos de su religión; cuando el señor presidente confunde pecado con delito, entonces, sin duda, es hora de defender y fortalecer el Estado laico.
Cuando el presidente de todos los mexicanos viaja en ese carácter a otra nación y, sin permiso del Senado se arrodilla frente al jefe de otro Estado, la laicidad del Estado está en riesgo y con ello se ha puesto en riesgo el estado de derecho mismo. Desde el Ejecutivo se ha lesionado la condición laica del Estado.
La definición de la laicidad como uno de los atributos de la república se hace precisa y evidentemente urgente. La actuación del Ejecutivo obliga a aclarar expresamente en la Constitución y no dejarla a la interpretación o al antojo del gobernante en turno. Debilitar al Estado laico es debilitar al Estado democrático y a las reglas de convivencia en la diversidad que hemos construido y que son posibles, justamente, gracias a ese Estado laico.
Pero cumplir las leyes de la federación ?a diferencia del pecado? no está a votación. Todos aquí estamos obligados a hacerlo. Aquí la única ley que vale es la de la nación, la que hacemos los humanos en los congresos, y será ilegal y perverso todo decreto ajeno que se contraponga, así se suponga que viene del cielo.
El paso que hoy damos es determinante para alcanzar el sueño de un mexicano con desarrollo humano incluyente. Se trata de fortalecer un sano principio que ayude a garantizar que los funcionarios públicos respeten el interés general de la población y/o el de sus particulares convicciones religiosas.
La laicidad es el ingrediente indispensable para lograr una sociedad donde se respete por igual a todas las condiciones y creencias. La convicción con inclusión y respeto a la diversidad, donde pensar, expresar y creer no sea un privilegio, sino una libertad.
La tarea de inscribir la laicidad en los preceptos constitucionales va en la lógica de evitar el retroceso de la intolerancia que amenaza las libertades entendidas no como utopía ni como voluntades individuales, sino como la construcción de las relaciones entre distintos; es decir, como un concepto político-democrático.
Lo que pretende la laicidad es garantizar que la política sea efectivamente política, no religión o cualquier otra cosa. Reconozcamos la dimensión del mundo. Como apunta Susan Stone, tenemos espacio suficiente para costumbres, gustos, principios, normas de todo tipo. Cualquiera que sea, manténganlos. No se precisa que renuncien a ellos, pero eviten identificarlos como mandamientos individuales.
No se trata de ser indiferentes ante las religiones, sino de no privilegiar una sobre otra; o, en contra de otra; o, en contra de quienes no tienen religión. La laicidad es la defensa de la libertad de pensamiento y de conciencia de todas y de todos los que formamos parte de esta república.
Votemos hoy por un Estado independiente e imparcial. Un Estado que garantice la convivencia del pluralismo filosófico. Seamos creyentes de una república que aspira a un futuro con armonía y respeto entre los distintos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz. Tiene la palabra el señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Señor presidente. Estamos satisfechos con este avance. Felicitaciones a la comisión y al honorable Juventino Castro. Pero es apenas un paso, una primera respuesta a la insolencia con la que se ha conducido la jerarquía eclesiástica. Esperamos que esta decisión desate el circuito de las reformas constitucionales y que los cambios propuestos al artículo 130, que son equilibrados y moderados, puedan pronto aprobarse.
Éste no es sólo un grave problema nacional. Es un problema mundial ante la crisis global y la falta de gobernanza internacional. Las huestes clericales están ocupando los vacíos que los gobiernos dejan. Se ha escrito que el cardenal Ratzinger cree que estamos en un cambio de época, y ha lanzado una cruzada contemporánea, la otra cara del terrorismo musulmán. Su antecesor Wojtyla creía que el eje del mal estaba en los países socialistas, a los que combatió este Papa, socava los fundamentos de la democracia occidental, que es una democracia laica.
En México esta batalla adopta gesticulaciones desafiantes, que rememoran los tiempos de la Cristiada. Es una campaña explicita contra la libertad de conciencia. Hay acuerdos políticos y constitucionales previos. El modus vivendi del 29 que terminó con la guerra civil, las reformas al artículo 3o constitucional de 1945 que establecieron la laicidad de la educación que imparte el Estado, después se reconoció la personalidad jurídica de las organizaciones religiosas denominadas iglesias y se reestablecieron las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Las bravatas del Episcopado son violatorias de esos acuerdos y de la Constitución misma.
Norberto Rivera ha llamado a la desobediencia civil y a la subversión del orden jurídico. Citó: No se puede obedecer primero a las leyes de los hombres que a Dios, porque él es la ley suprema. Sandoval, el de Jalisco, invita a prepararse para una guerra y advierte que estas guerras duran dos, tres, cuatro, cinco o diez años.
El régimen de sanciones le da a la ley aplicabilidad. Preceptos violados de la Ley de Asociaciones Religiosas. Asociarse y promover con fines políticos el cambio de las leyes del Estado. Violencia física o presión moral para el logro de sus objetivos como el chantaje electoral que practican en 18 estados de la república. Oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reuniones públicas.
La ley que cito comprende un régimen de sanciones, desde luego desde las amonestaciones pero también la suspensión de los registros otorgados a las asociaciones religiosas. Prevé además un órgano de la Secretaría de Hacienda, que es la competente para llamarlos a dar explicaciones. Esperamos que el secretario Gómez Mont, ahora que ha renunciado a su partido de origen confesional, tenga mayor margen de maniobra.
Sugiero, para terminar, en virtud de que establecimos relaciones diplomáticas con el Vaticano, tenemos un doble tipo de vínculo jurídico con la iglesia católica, como asociación religiosa en México sujeta esta ley y como Vaticano, jurídicamente la Santa Sede.
Sugiero que la Secretaría de Relaciones Exteriores llame a consultas a nuestro embajador en el Vaticano, para que se inicie un proceso de aplicación de las leyes vigentes mexicanas. Sin ello nuestro triunfo verbal de la laicidad será sólo una victoria pírrica. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Muñoz Ledo. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Con su venia, señor presidente; señores diputados. "El respeto al derecho ajeno es la paz", decía Benito Juárez. Acción Nacional siempre ha sido respetuoso de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Acción Nacional, un partido laico, que respeta y acepta el Estado laico. Por lo tanto el voto de Acción Nacional hoy será a favor del Estado laico moderno.
¿Qué significa el Estado laico moderno? Aquel que respeta esta separación entre iglesia y Estado. Aquel que respeta en el marco de las libertades los derechos humanos fundamentales que no otorga ningún instrumento jurídico, que antes bien reconocen los instrumentos jurídicos.
Es por ello que si entráramos a un análisis de la dinámica constitucional desde que esta nación tiene libertad y aprovechando que hoy vivimos el bicentenario, nos daremos cuenta de que el derecho constitucional es dinámico; que se ha ido adecuando a diversas circunstancias desde la Constitución de 1824, que mantenía perfectamente establecido algún concepto en aquel momento quizá como Estado confesional que hoy nadie quiere, que Acción Nacional no quiere y que hoy en el orden de las libertades exigimos. No sólo queremos: exigimos.
De ahí los vaivenes que han venido en las bases constitucionales de 1835, por citar algunas, o ya quizá con una visión más clara de lo que era en el momento, la diferencia ya más clara de lo que era un Estado laico, la Constitución del 57 y por supuesto, la que plasma con más claridad, la de 1917.
Es por ello que insisto que Acción Nacional, que respeta y respetará el Estado laico, sólo tiene una propuesta de adición que hacemos en el marco de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el marco de lo que establece el propio artículo de esta Convención Americana porque es una convención muy extensa, pero estrictamente nos referiremos a lo que establece.
La propuesta, señor presidente, para pedirle que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates y pueda quedar perfectamente establecido como esta postura de la banca de Acción Nacional, en torno a solicitar esta adición y en su momento, se pueda votar inclusive para la creación de una comisión redactora, que pueda armonizar e integrar esta propuesta al cuerpo del dictamen de la reforma al artículo 40 constitucional, que sin meternos en honduras, quizás en este tema y aceptándolo, la reforma constitucional tendría que haber sido otro artículo, desde un análisis constitucional quizás el 24.
Pero finalmente, entendiendo el aspecto del espíritu de lo que se pretende, no creemos que debiese ser el 40. Sin embargo, dadas las circunstancias que vemos de que hay un amplio consenso en que debe quedar plasmado perfectamente que el Estado mexicano y la República Mexicana, bajo el régimen democrático que se ha dado en su forma de gobierno tendrá que ser laica.
La propuesta, presidente ?y pediría el tiempo sólo para concluir?, son breves párrafos. La propuesta es la siguiente:
Los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en que, por respeto a las creencias de los mexicanos, se debe dar a las relaciones entre el Estado y las Iglesias la transparencia y las reglas claras que demanda la modernización del país.
Dichas reglas deben de ser coincidentes con los compromisos internacionales vinculatorios suscritos por nuestro país, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, concretamente en su artículo 12, que garantiza el derecho humano fundamental a la libertad religiosa, en el sentido en que es una potestad de toda persona para adoptar, conservar o cambiar sus creencias religiosas, y para manifestarlas tanto en el ámbito público como privado, especialmente por medio de los actos de culto, la difusión de los medios públicos, la conformación de la propia vida de acuerdo con la fe religiosa, la educación ético-religiosa de los hijos y la conformación de asociaciones privadas con fines religiosos, complementarias pero distintas de las asociaciones religiosas registradas ?concluyo, compañeros, es muy breve, faltan dos renglones? al igual que, en forma expresa señala que nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias de cambiar de religión o creencias.
Sin duda, dicho instrumento internacional impone al Estado mexicano una doble obligación ?concluyo? tanto pasiva como activa. La primera implica que el Estado mexicano debe abstenerse de imponer o restringir las libertades y creencias religiosas de toda persona que se encuentre en nuestro país.
La segunda consiste en expedir las normas que tutelen en forma eficaz dicha garantía fundamental como un medio para fortalecer la dignidad de las personas.
Solicito nuevamente que pueda ser integrado expresamente en el Diario de los Debates. La solicitud es que se vote en el momento del proceso legislativo pertinente, para efecto de que pueda aplicarse esta adición al cuerpo del dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. Como lo solicita, se inserta en el Diario de los Debates. En los términos de los artículos 124 y 125 de nuestras leyes correspondientes, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si es de aceptarse la propuesta de insertar en el cuerpo del dictamen lo propuesto por el señor diputado.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Presidente, solicito la palabra.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Estamos en votación, diputada, vamos a proceder a la votación.
La Secretaría diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su permiso, presidente. Por instrucciones?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputada. Sí, en los términos de los artículos 124 y 125 significa consultar a la asamblea a efecto de si es de aceptarse la propuesta del diputado Carlos Alberto Pérez Cueva, para insertar en el cuerpo del dictamen lo propuesto desde la tribuna. Ése sería el sentido de la votación. Diputado Encinas, dígame.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): Lo que pidió el legislador es formar una comisión para ver si se incorpora ese texto al cuerpo del dictamen. En ningún momento propuso que se incorporara en este pleno.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con todo respeto, diputado, esta Presidencia entendió que la propuesta del diputado de crear una comisión era para buscar una nueva redacción en los términos del articulado constitucional; así fue como lo entendimos. Yo le pediría al diputado Pérez Cuevas que nos diga con claridad su propuesta para efecto de clarificar esta votación.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Señor presidente, muchas gracias. Señores diputados, quizás habrá alguna confusión en la forma en que se presentó. No, no pedimos que haya votación para una adición al texto constitucional. Lo que pedimos, conforme al propio reglamento, es una adición a la fundamentación que se establece en el cuerpo del dictamen, es decir, se integraría sólo al cuerpo del dictamen, bajo la consideración de que tendría que ser, en su caso, una comisión redactora que armonizara la propuesta de adición, más el cuerpo íntegro del dictamen. Ése es el sentido, no es la adición al texto constitucional.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Entonces, ratificando, esta Presidencia está en lo correcto. La propuesta que hizo el diputado fue a efecto de proponer una adición al cuerpo del dictamen, que es lo que estamos sometiendo a votación. Por eso le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aceptarla o no. Dígame, diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): La propia norma que está usted invocando, diputado presidente, dice: Artículo 125. Leída por primera vez una adición ?que fue lo que hizo, es una bola rápida además? y oídos los fundamentos que quiere exponer su autor, se preguntará inmediatamente si se admite o no a discusión. ?A discusión? Admitida, se pasará a la comisión respectiva. En caso contrario, se tendrá por desechada. Lo más que puede votar es si se admite a discusión.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pidió primero la palabra la diputada Enoé Uranga. Adelante, diputada.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Era exactamente en el mismo sentido que el diputado Noroña, que evidentemente tiene más sex appeal con usted que yo, que le pedí la palabra primero.
El planteamiento que ha hecho Acción Nacional corresponde en todo caso a la discusión del artículo 130 constitucional y no al 40 y por ello la necesidad de plantear la improcedencia de la propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría pregunte, en votación económica. Sí, diputado Pérez Cuevas.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente, advierto una confusión que no es dable desde mi propuesta que se dé y aclaro. Lo que estamos haciendo y lo que leyó el diputado Noroña ?que tiene toda la razón porque es lo que establece el Reglamento y el propio cuerpo de la Ley Orgánica? se refiere en caso de que lo que pretendiésemos hacer es la adición al texto constitucional. Nadie está proponiendo una adición al texto constitucional.
Ya si consideran que la propia comisión redactora armonice con el cuerpo del dictamen es otra cuestión, y que es un derecho de las bancadas, y que la propia fundamentación que tenemos nos permite presentarlo, se pueda votar en ese tenor. Si se crea la comisión redactora, que se vea bajo los propios parámetros su creación y se exponga ya la armonización del dictamen. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. En virtud de que no se trata de modificaciones de los artículos presentados, sino una adición en el cuerpo del dictamen, por esa razón le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si es de adicionarse o no la propuesta. En votación económica pregunte si se aprueba.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No se aprueba. Que se inserte en el cuerpo del dictamen la propuesta. Tiene la palabra el diputado Reginaldo Rivera de la Torre, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ha concluido la votación, diputado. Continuamos con los registrados en el cuerpo de esta discusión.
El diputado Reginaldo Rivera de la Torre: Basta de retórica y de pretender sorprender al órgano legislativo con la propuesta que se acaba de hacer. Es fuera de toda normatividad interna de la Cámara de Diputados.
Con su permiso, señor presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras diputadas y compañeros diputados, no se puede hablar de Constitución sin Estado. Y consecuentemente no se puede afirmar la existencia del Estado sin Constitución. Reconociendo en consecuencia la dependencia permanente de estos elementos que dan racionalidad y razonabilidad a la vida colectiva, siempre que el Estado cumpla con su función y utilidad, que no puede ser otro que la preservación de lo colectivo. Y en el mismo nivel de importancia, la protección del individuo a través de los derechos fundamentales y las garantías individuales, que no pueden ser normas de nivel legal, sino supremo, de ahí que deban estar contenidas en la Constitución para que regulen el sistema normativo de menor jerarquía, máxime si son admitidos estos derechos fundamentales, como son las convenciones y los tratados internacionales.
El aspecto de la secularización del Estado en su función y en el comportamiento de los servidores públicos resulta indispensable para la defensa de la constitucionalidad y de los derechos fundamentales, de libertad y de igualdad, de todos y cada uno de los miembros de la comunidad que deban ser protegidos por el sistema normativo del Estado, sin importar su vinculación de nacionalidad, pues todos debemos ser respetados en nuestro pensamiento, en nuestra palabra, en lo que queramos creer, espacios personales y de la moral privada en los que el Estado por experiencia histórica debe abstenerse de participar.
Porque también, de no aceptarse lo anterior, cabrá la posibilidad de que el Estado designe y defina los elementos de comprensión del rito y de participación de las iglesias, que son construidas sociológicamente a partir de diversas legislaciones.
Una revisión profunda de nuestra constitucionalidad nos lleva a la conclusión de que el laicismo es un requisito de estructura y de funcionamiento del Estado democrático y constitucional, porque sin él el sistema garantista de la defensa de los derechos fundamentales se destruye.
Roberto Blancarte indica que: "el carácter laico deriva de que las prácticas públicas y de que sus leyes no partan de dogmas o de verdades absolutas, que deriven de afirmaciones de carácter religioso o ideológico". En consecuencia, lo laico no es antirreligioso, sino antidogmático. Sin olvidar que toda persona está facultada para creer, elegir, participar o no creer en los ritos de las iglesias que estimen adecuadas.
Por ello, el Estado debe reducir su participación o regular el comportamiento de personas y no para indicar qué afirmaciones son o no válidas, quién puede o no dirigir practicar ritos religiosos, y mucho menos para afirmar e imponer una sola forma de pensar.
Norberto Bobbio, dice: "no se trata solamente en efecto, de una política laica contrapuesta a una política eclesiástica. Es decir, no se trata de promover el problema del Estado laico en el sentido del Estado sin religión oficial, lo cual implica que en el momento actual, el laicismo no es ateismo, ni pugna contra el credo o religión alguna, es más que cualquier otra cosa, permitir la pluralidad".
En ese sentido, Giovanni Sartori dice: "el pluralismo exige que la Iglesia esté separada del Estado y que la sociedad civil sea autónoma de ambos. El pluralismo se ve amenazado tanto por el Estado que sea el brazo secular de una iglesia, como el Estado que politice a la sociedad".
En México, el Estado laico es resultado, en primer lugar, de nuestra cultura prehispánica, que no fue a pesar de muchos esfuerzos aniquilada con la Colonia. En consecuencia, es falso que en México tengamos una tradición de pensamiento única.
El calificativo agregado para el Estado mexicano de laicidad no es de ningún modo un ornato; tampoco la muestra discursiva de una lucha estéril de nuestro país, en donde se han venido a confrontar las ideologías con el ejercicio del poder público, porque se puede en el estado democrático y plural contemporáneo permitir, mediante la norma constitucional y legal, el ejercicio máximo de los derechos con el límite de la propia Constitución a favor de los derechos y garantías del otro; el estado laico que permita la igualdad plena a todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
Solicito que el texto íntegro de esta propuesta sea integrada al Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Rivera de la Torre. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, hasta por cinco minutos.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados y compañeras diputadas. Voy a votar, por supuesto, a favor de esta reforma constitucional y quería ?y uso el verbo en pasado? "quería" señalar que es muy satisfactorio que todos los grupos parlamentarios votemos en este sentido. Y voy a ganar esta votación, además, lo cual no es una cosa menor, porque algo está pasando en esta Cámara de Diputados.
Pero ya nos lo echó a perder aquí Pérez Cuevas con la propuesta ésta, sobre la alegría, porque está, entonces, un poco confuso si Acción Nacional realmente va a apoyar el asunto del Estado laico, que no basta con poner en la Constitución que vamos a ser un Estado laico, sino que hay que respetarlo para que no pase lo que con Petróleos Mexicanos, que no permite la entrada de las transnacionales y están metidas hasta la cocina y haciendo reglamentos y rematando el patrimonio nacional.
Porque como aquí lo dijo el diputado Porfirio Muñoz Ledo, no es una posición jacobina, pero sí es un freno ya. Un basta ya a la jerarquía católica que se ha entrometido en todo.
Tuvimos una guerra civil en el silgo XIX para separar a la Iglesia del Estado, y luego de esa guerra civil tuvimos la invasión del imperio francés porque la Iglesia se oponía a esas transformaciones que requería el país y a la Constitución de una república laica, de un Estado laico.
Después de esto quedó claro que éramos un Estado laico y hoy es necesario volver a poner en el texto constitucional la palabra por la intromisión majadera de la alta jerarquía católica en asuntos de interés público.
Yo creo que nadie nos podemos negar a que el secretario Rivera deje de ser secretario y se convierta en cardenal; o en su defecto, a que renuncie a ser cardenal y se vaya de secretario ahora que parece que Gómez-Mont está explorando su salida.
Pero no puede seguir sucediendo que, inclusive funcionarios públicos hagan de su confesión particular actos políticos y de proselitismo público. El finado ex secretario de Gobernación, Abascal, tenía un Cristo de este tamaño en su oficina; el secretario de Gobernación en un Estado laico. Fox hacía de su domingo y su visita a misa un acto político y un acto de proselitismo. Ese tipo de cosas no pueden seguirse tolerando más.
Pero no sólo eso, sino lo que aquí en tribuna se ha mencionado del ataque a las políticas de salud pública, el ataque a la educación pública laica gratuita y de calidad, el ataque a los principales factores de respeto a la dignidad humana que deben privar en una república que esté constituida bajo el marco de un Estado laico.
Efectivamente, desde el siglo XIX quedó claro que el poder emana del pueblo y no de ninguna deidad; por tanto, ni de ningún estado confesional ni de ningún planteamiento religioso.
El Estado laico, como aquí se ha planteado, debe ser garante del respeto a todos, de la tolerancia, de evitar la discriminación y de evitar los tribunales de excepción. Desde el siglo XIX se abolieron los tribunales eclesiásticos, y sin embargo, en delitos del fuero común siguen privando, en los hechos, tribunales especiales para los integrantes de la jerarquía y de la Iglesia Católica.
Yo creo que esta primera reforma es el inicio de una serie de reformas necesarias, como aquí se ha planteando, que tienen que generar un estado de respeto, de equilibrio, de derecho y de poner al ser humano en el centro del desarrollo, y que tiene que parar la soberbia de la jerarquía católica.
Yo hago votos para que este tipo de decisiones que estamos tomando terminen, por ejemplo, ya que se habla de las celebraciones del Bicentenario ?y con esto culmino? en que la Iglesia Católica se retracte de la excomunión del Padre de la Patria, el cura Hidalgo y del generalísimo José María Morelos y Pavón, que siguen a la fecha excomulgados, que fueron torturados y que fueron denigrados públicamente y además fusilados por servir a la patria con lealtad, con pasión y con firmeza, y gracias a hombres como ellos debemos esta nación, que se debate con todas sus dificultades. Muchas gracias, compañeros y compañeras, diputados y diputadas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Fernández Noroña. Señoras y señores diputados, ha concluido la lista de oradores que hemos registrado y que hicimos de su conocimiento. Diputado Pérez Cuevas, estamos? le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutido.
Discúlpeme, diputado. Anunciamos con toda claridad y oportunamente, en los términos del 115 y 116, que procederíamos en ese entonces. Proceda la Secretaría a preguntar a la asamblea.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto, en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutido. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación).
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría nos dé cuenta de la votación.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Pregunto si falta algún diputado de emitir su voto. Pregunto una vez más. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 363 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. En virtud de haberse recibido 363 votos a favor y tener mayoría calificada, se declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Señoras y señores diputados, acabamos de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ella.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de febrero de 2010. Junta de Coordinación Política.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en el artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno tenga a bien incorporar en el capítulo correspondiente, con la dispensa de la primera y segunda lecturas, a efecto de que su discusión y votación se celebre el día de hoy de los siguientes asuntos:
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o, fracción VI, segundo párrafo, incisos b), c), d) y e) del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, y del Impuesto al Valor Agregado; del Código Fiscal de la Federación, y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento en los Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, y de la Ley del Banco de México.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Atentamente, diputado Francisco José Rojas Gutiérrez, presidente y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Rúbrica por ausencia.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Por consiguiente se modifica el orden del día. El siguiente punto del orden del día son Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o, fracción VI, párrafo segundo, incisos b), c), d) y e) del decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación; y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009.
Con proyecto de decreto, por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento en los Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, y de la Ley del Banco de México.
En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Quedan de primera lectura. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la segunda lectura. Por lo tanto, siguiente el punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o, fracción VI, segundo párrafo, incisos b), c), d) y e), del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009.
En virtud de que no se ha registrado ningún orador en este tema, en consecuencia está a discusión en lo particular el proyecto de decreto. No habiendo quien se registre se considera suficientemente discutido el mismo, y pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Es que ya fueron 5 minutos, compañeros, apúrense. Bueno, entonces no se cierre y voten los compañeros que faltan. Andan papaloteando. Pedí que no se cerrara porque hay todavía diputados votando. Es que me dijeron que ya, el presidente manda. Está abierto. Manténgase el sistema abierto porque hay todavía algunos diputados y diputadas sin votar aún. Si no, lo hacen de viva voz. Una vez que se cierre el sistema, de viva voz hacen la votación. Compañera diputada, un momento.
Falta algún compañero diputado o diputada de votar para que lo puedan hacer de viva voz, compañera diputada. Me dicen que está abierto el sistema todavía. Que se haga de viva voz los que faltan. Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz, diputadas y diputados que falten por votar. Diputado Acosta Naranjo
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): A favor.
La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde la curul): A favor.
La diputada Adriana Fuentes Cortés (desde la curul): A favor.
La diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa (desde la curul): A favor.
El diputado David Hernández Vallin (desde la curul): A favor.
El diputado Carlos Cruz Mendoza (desde la curul): A favor.
El diputado Alfredo Francisco Lugo Oñate (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: ¿Falta algún compañero diputado o compañera diputada por emitir su voto? Se emitieron 305 votos en pro, cero en contra y cinco abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado en lo general y en lo particular por 305 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o., fracción VI, segundo párrafo, incisos b), c), d) y e) del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes del Impuesto Sobre la Renta; del Impuesto a los Depósitos en Efectivo; y del Impuesto al Valor Agregado; del Código Fiscal de la Federación; y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de 1995 y el 7 de diciembre del año 2009. Pasan al Senado para los efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Está a discusión en lo general. Al no existir legisladores inscritos, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En virtud de que no se reservó ningún artículo, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
Ciérrese el sistema electrónico de votación. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ya lo cerré, así es que ahora votan de viva voz, compañeros.
El diputado Guillermo Cueva Sada (desde la curul): A favor.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde la curul): A favor.
El diputado Guillermo José Zavaleta Rojas (desde la curul): A favor.
El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): A favor.
El diputado Alejandro Canek Vázquez Góngora (desde la curul): A favor.
El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (desde la curul): A favor.
El diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza (desde la curul): A favor.
El diputado Manuel Ignacio Maloro Acosta Gutiérrez (desde la curul): A favor.
La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (desde la curul): A favor.
El diputado Josué Cirino Valdés Huezo (desde la curul): A favor.
El diputado José Manuel Hinojosa Pérez (desde la curul): A favor.
La diputada María Sandra Ugalde Basaldúa (desde la curul): A favor.
La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (desde la curul): A favor.
El diputado Jaime Oliva Ramírez (desde la curul): A favor.
El diputado Sixto Alfonso Zetina Soto (desde la curul): A favor.
La diputada Norma Sánchez Romero (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Ya lo contamos, diputado. Martínez Alcazar.
El diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: El diputado Landero.
El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: El diputado Trejo.
El diputado Enrique Octavio Trejo Azuara (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: El diputado Óscar Aguilar.
El diputado José Óscar Aguilar González (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: La diputada Cuevas.
La diputada Jacqueline Cuevas Sonia (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: La diputada Esthela Damián.
La diputada Esthela Damián Peralta (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Diputado Samuel.
El diputado Samuel Herrera Chávez (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: El diputado Carlos Torres.
El diputado Carlos Torres Piña (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:¿No falta algún compañero diputado o diputada por emitir su voto? Se emitieron 267 votos en pro, 0 en contra, 7 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia de Crédito Garantizado y de la Ley del Banco de México.
En virtud de que no existe ninguna y ningún legislador inscrito para la discusión. Se declara suficientemente discutido.
En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto. Señores diputados, tienen cinco minutos para votar, por favor procedan. Abran el sistema electrónico.
(Votación)
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Por favor procedan a votar.
¿Falta algún diputado por emitir su voto? Estamos por cerrar el tablero electrónico. Procedan a votar, por favor, diputados. Ciérrese el tablero electrónico. Señor presidente, se emitieron 280 votos en pro, cero en contra y seis abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; de la Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia; de la Ley de Transparencia; y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado; y de la Ley del Banco de México. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día son proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno, de la Junta de Coordinación Política, por lo que comento a ustedes que son respecto a fondos federales para municipios afectados de Michoacán. Pido a la Secretaría pregunte si se aprueba, en votación económica.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.
El siguiente es el exhorto al Gobierno del Distrito Federal, a atender a los damnificados. En votación económica, pregunte si se aprueba.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.
El siguiente documento que nos envía la Junta de Coordinación Política es el exhorto al secretario de Educación, a efecto de que investigue los vestigios arqueológicos. Pregunte en votación económica si se aprueba.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.
El siguiente es el exhorto a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En votación económica pregunte si se aprueba.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor secretario. Aprobado.
El siguiente punto del orden del día es comunicación de la Junta de Coordinación Política, con relación a integrantes de las Comisiones Especiales.
Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se aprueban. Los ciudadanos y las ciudadanas diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.
Proceda la Secretaría a dar lectura a las comunicaciones del diputado Pedro Jiménez León, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.
Me refiero al escrito recibido de parte del diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez mediante el cual nos expresa valiosos conceptos sobre las coincidencias de carácter ideológico y político existentes en materia parlamentaria. En particular nos llama gratamente la atención la solicitud de dicho legislador para incorporarse al Grupo Parlamentario de Convergencia.
En las actuales condiciones económicas, políticas y sociales que vive nuestro país resulta fundamental sumar esfuerzos para encontrar soluciones viables, por ello, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago de su conocimiento, en mi carácter de coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, que los diputados de nuestro grupo hemos aceptado la incorporación del diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez a nuestro proyecto parlamentario. En consecuencia, hago de su conocimiento lo anterior para los efectos que haya lugar.
Sin otro particular, le envió un cordial saludo. Firma, el diputado Pedro Jiménez León.
Tenemos otro oficio, señor presidente, del mismo diputado.
"Me refiero al escrito recibido por parte de la diputada Laura Piña Olmedo mediante el cual nos expresa valiosos conceptos sobre las coincidencias de carácter ideológico y político existentes en materia parlamentaria; en particular nos llama gratamente la atención la solicitud de dicha legisladora para incorporarse al Grupo Parlamentario de Convergencia.
En las actuales condiciones económicas, políticas y sociales que vive nuestro país, resulta fundamental sumar esfuerzos para encontrar soluciones viables. Por ello, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago de su conocimiento, en mi carácter de coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, que los diputados de nuestro grupo hemos aceptado la incorporación de la diputada Laura Piña Olmedo a nuestro proyecto parlamentario.
En consecuencia, hago de su conocimiento lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, firma el diputado Pedro Jiménez León. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. De enterado. Comuníquese.
Señoras diputadas y señores diputados, de conformidad con los acuerdos parlamentarios, hemos llegado a las horas que se han determinado a efecto de la celebración de nuestras sesiones. Por lo tanto, se da por concluido el orden del día y pido se dé lectura al de la próxima.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Aunque se ha dado por terminada la sesión, diputado presidente, quisiera pedir su comprensión y la de esta soberanía.
Acabamos de recibir información delicada de fuertes actos de represión en Juárez y de la entrada del Ejército en Cananea. Yo quisiese que esta soberanía formare sendas comisiones para ir a ambos lugares a ver que no se estén violando ?hay detenidos en el caso de Juárez? derechos y garantías constitucionales. Y lo de Cananea es también particularmente grave.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Solamente le comento, señor diputado, que para efecto de formación de comisiones, etcétera, es proceso que tiene que pasar por la Junta de Coordinación Política. En tal sentido, sugeriríamos que se turne para que en la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política puedan determinarse.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Segundo periodo de sesiones ordinarias, primer año de ejercicio, LXI Legislatura. Orden del día 16 de febrero de 2010.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (15.35 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 16 de febrero a las 10 horas. Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.