El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 260 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz (11:00 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden día. Las diputadas y los diputados que se encuentren presentes y estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Muchas gracias. Las diputadas y los diputados por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Muchas gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada el acta.

Continúe con oficios de la Secretaría de Gobernación.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Tres oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnense a la Comisión de Gobernación.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación de la Secretaría de Educación Pública a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los vestigios arqueológicos en el cerro de Moctezuma, en el estado de México.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto; el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondiente a enero de 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite contestación de la Condusef a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a la vigencia del funcionamiento de las instituciones de crédito para evitar prácticas abusivas de carga de adeudos en los depósitos bancarios.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase al promovente, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el que remite dos documentos titulados Estrategia Nacional de Conectividad 2009-2012, elaborados por la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, de la Subsecretaría de Comunicaciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de Petróleos Mexicanos con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la licitación para la adquisición de etanol.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Dos oficios del gobierno del estado de México con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a los programas de subsidios del año 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo por el que exhorta a las comisiones de Juventud y Deporte, de Turismo y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2011, analicen, discutan y en su caso, aprueben destinar recursos necesarios para fomentar el deporte nacional de la charrería y las cabalgatas.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a las comisiones de Juventud y Deporte, de Turismo y de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud de los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, para que se dictamine la minuta que reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley Federal de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase a las Comisiones Unidas de Justicia y de Asuntos Indígenas.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos de la Armada de México.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Marina.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Marina.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La Presidencia recibió del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Turismo, y de las Personas con Discapacidad. Se turna a las Comisiones Unidas de Turismo, y de Atención a Grupos Vulnerables.

Tiene la palabra el diputado Juventino Víctor Castro y Castro, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Juventino Víctor Castro y Castro: Con su venia, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados.

El artículo 39 constitucional es un artículo básico, establece con toda claridad tres principios: 1) La soberanía nacional reside en el pueblo. 2) Todo poder público deriva del pueblo. 3) El uso legítimo del poder público sólo puede hacerse y llevarse a cabo si es en beneficio del pueblo. Si es en beneficio de cualquier otra persona, no.

Dice el 39 que la soberanía nacional reside en el pueblo. Pero el artículo 41 actual establece: el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión en su caso, y los de los estados, tratándose de los gobiernos interiores. Es decir, hay una palpable contradicción. La contradicción es: si el pueblo es soberano, cómo es que cede o permite el uso de su poder a otras personas.

Eso es precisamente lo que pretende el proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y adiciona un párrafo segundo a la Constitución Política en su artículo 41.

Entendámonos. La democracia tiene dos formas de ejercerse, toda democracia: en forma directa por el pueblo. Y en forma indirecta por medio de los representantes que el pueblo nombre. Pero cuando el pueblo nombra representantes, no se desprende del poder público, simple y sencillamente lo ejerce siempre en forma directa. Esto es lo que se llama "democracia participativa". Y a ésa es precisamente a la que propongo que lleguemos como una nueva forma de atender la cuestión pública en general.

Dice la iniciativa que ahora presento, en su artículo 41: el pueblo mexicano ejerce su soberanía directamente, actuando bajo los principios de la democracia participativa e indirectamente por medio de los Poderes de la Unión, en el caso de las competencias de éstos y por los de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores. Y así continúa el artículo en la forma en que actualmente está.

La democracia participativa es una riqueza que se nos ha entregado y que el pueblo mexicano no ha querido tomar en sus manos.

La democracia participativa se resuelve mediante consultas al pueblo y el pueblo lo puede llevar a cabo mediante plebiscitos, referendos, iniciativas populares de leyes planteadas al Poder Legislativo, revocación de mandato otorgado por el propio pueblo e intervención en la planeación a lo que se refiere el artículo 26 de la Constitución.

En otras palabras, se ha estado hablando de plebiscitos y referendos, pero no se da la base de porqué se establece esto. Ello es muy sencillo: porque el pueblo está ejercitando directamente el poder público. Por ello presento esta iniciativa.

Ruego al señor presidente que se publique íntegra en la Gaceta Parlamentaria. La dejo en la Secretaría a disposición de ustedes, para quienes quieran adherirse a él. Para mí sería una honra que se unan conmigo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Obsequiando la solicitud del señor diputado, insértese íntegramente en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se recibió del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia.

Señoras y señores diputados, me permito informarles que se encuentran de visita en esta instalación alumnos y maestros del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, estado de México, a invitación del diputado Emilio Chuayffet Chemor.

Igualmente se encuentran alumnos y maestros de la secundaria número 62, Adolfo López Mateos, de Atizapán de Zaragoza, estado de México, invitados por el diputado Fausto Sergio Saldaña del Moral. A los cuales les damos la más cordial bienvenida.

Tiene la palabra la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41, 51 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada O. Magdalena Torres Abarca: Con su venia, señor presidente. A 100 años de la Revolución Mexicana, una de las mejores maneras de honrar las celebraciones es continuar con la batalla en contra de todas las discriminaciones, que también fueron factores para movilizar a los mexicanos de aquellos años.

El Poder Legislativo, concretamente la Cámara de Diputados, no se pueden prestar a que las legisladoras que fueron designadas para ocupar una curul cedan su cargo a un varón, rompiendo con la legalidad y con el espíritu de las acciones afirmativas que concentran la lucha de género de muchas de las generaciones de hombres y mujeres valiosas que nos han antecedido. La visión de género debe prevalecer en este órgano de representación popular por el bien del país.

No se entiende o no se quiere entender que hacer realidad todos los derechos de las mujeres y, concretamente, los de carácter político, no sólo es una cuestión de género, sino que es una vía para asegurar el desarrollo de nuestra nación hacia mejores formas de vida para más mexicanos. Mutilar este avance se ha transformado en un verdadero escándalo nacional, que nos divorcia, que nos enfrenta aún más con la ciudadanía.

Para nadie es un secreto que existen factores culturales que influyen en un papel secundario para las mujeres en nuestro país. También que en materia de la cultura nacional no se pueden dar saltos que pudieran generar riesgos de inestabilidad. Sabemos también que las acciones para la equidad de género deben ser cuidadosas, pero, al mismo tiempo, deben ser continuas.

En ese orden, lo primero que se impone es un respeto total a lo ya conseguido. Si las mujeres ya están en ascenso en la vida del país no podemos cometer el error de retroceder, menos podemos hacerlo en el Congreso de la Unión.

Nuestra Constitución, en el artículo 4o. establece la igualdad de género. Esta disposición constitucional está avalada por distintas instancias internacionales, de muchas de las cuales nuestro país es signatario. En suma, no es un asunto de formalidades, sino de avanzar en la realidad en las relaciones sociales de género.

Ya existe una legislación para frenar la violencia de género en prácticamente todas las entidades federativas del país. Sin embargo, considero que es necesario poner freno a las modalidades más sutiles de violencia. En esto, es la violencia que está implícita en los tratos discriminatorios o, lo que es peor, en la manipulación para llegar a puestos políticos sin tener los méritos ni hacer los esfuerzos que son necesarios.

Este asunto de la equidad, es necesario recordarlo también, no es un problema exclusivo de los partidos políticos; es, por fortuna, un tema en toda la sociedad mexicana. Sin embargo, los partidos políticos son las fuerzas organizadas y los espacios por excelencia para construir las grandes propuestas de Estado. Es en los partidos políticos en donde las aspiraciones sociales y los compromisos de los protagonistas se deben sistematizar y convertir en políticas de Estado.

Por eso mismo, el primer llamado de atención es justamente hacia los partidos que tienen representación en esta asamblea constitucional. Si hay discriminaciones y simulaciones en lo que deben ser las vanguardias sociales, qué se espera de otros espacios en la vida del país.

Si se utiliza tramposamente a las mujeres para conseguir el voto o la designación por la vía de la representación proporcional, ¿qué esperamos las mujeres en otros planos de la vida civil?

Los números no mienten: las mujeres constituimos aproximadamente el 51 por ciento de la población nacional y en esta Cámara apenas rebasamos el 25 por ciento de la representación nacional. Ciertamente, no se me olvidan los sustratos culturales, pero insisto en que no se vale retroceder. En ese sentido, somos un país de alta discriminación y la legitimidad y la fidelidad de la representación legislativa es ?para no entrar en mayores detalles? sencillamente deficiente.

En buena medida, se puede avanzar en la solución del problema con la voluntad de los partidos políticos y el respeto a las normas nacionales vigentes. Sin embargo, para que los avances se consoliden, debemos convertir la búsqueda de la equidad de género en un asunto mejor definido en nuestra Constitución y en las leyes de la materia.

Si se legisla con una visión progresiva, la equidad de género tendrá un sustento más y, lo que también es importante, podremos evitar situaciones que, también para decir lo menos, han sido penosas.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 41, 51 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 41, 51 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo y se adicionan los párrafos tercero y cuarto de la fracción I del artículo 41, se reforma el artículo 51 y se reforma la fracción III del artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 41. ?

I. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; velando que en todo momento la igualdad de oportunidades y la paridad entre las mujeres y los hombres en la vida política se verifique a través de la postulación equitativa de los mismos a cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto sociales diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señala esta Constitución y la ley.

Fracción III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. Las listas de todos los partidos que se constituirán por fórmulas del mismo género de manera alternada bajo el principio de paridad. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presidente, solicito que se inserte íntegro este punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La diputada Laura Arizmendi Campos (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputada Arizmendi.

La diputada Laura Arizmendi Campos (desde la curul): Quiero preguntarle, señor presidente, a la diputada Torres, si me permite adherirme a su propuesta.

La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca: Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No tiene inconveniente, por tanto puede usted pasar a la Secretaría a firmar su adhesión.

Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún: Muchas gracias. En nuestro país la denuncia ha servido como un elemento que refuerza y complementa el marco legal, muchas veces perentorio en la definición de algún asunto que agravia el derecho de muchos mexicanos en los términos de los beneficios que ofrecen los programas sociales.

En la práctica sigue siendo insuficiente este mecanismo para frenar de manera definitiva la pretensión, o en su caso la aplicación del recurso público traducido en programas, para beneficio personal.

Lamentablemente, situaciones de este tipo son las que se perciben comúnmente en la vida política y pública de este país; sin embargo, los discursos y el planteamiento por atacar este grave problema aún queda como letra muerta y buenas intenciones.

Hoy en día somos testigos de una mala actuación de las autoridades frente a la investigación de algún acto de denuncia, además que suele ser mucho peor si se trata de una acusación donde se vea en riesgo toda una red de intereses que presuntamente puedan beneficiar a alguien en específico, por medio de actividades y programas sociales.

En este sentido, pese a las precarias condiciones económicas y la urgente necesidad de obtener cualquier tipo de apoyo, económico o en especie, en cualquier zona del país, sirve la plataforma para fortalecer actos de campaña de algún candidato político o bien, para mantener cooptados a los pobladores de dichas zonas con fines de apoyo electoral, lucrando con la necesidad de la gente.

Es común escuchar de actividades como la entrega de despensas, láminas, animales de corral y materiales para la construcción y la siembra, siempre encontrando la manera para disfrazar el mal uso y la incorrecta aplicación de los recursos que son parte del erario público.

Ejemplo de esto lo observamos hace unos días con la entrega de subsidios al actual secretario de la Sagarpa, Javier Mayorga, además de algunos de sus familiares, por una cantidad superior a los 10 millones de pesos a través de Procampo.

Debemos ser claros, en México el anuncio de logros y resultados proveídos por algún programa social, particularmente aquellos trabajados por la Sedesol, contienen en su mensaje la leyenda que dice: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos del programa". Principalmente aquellos mensajes trasmitidos por medio de la radio y la televisión.

No obstante las regulaciones en esta importante materia, que es la distribución equitativa y adecuada promoción y aprovechamiento de los programas sociales, no es suficientemente atendida, pues vemos cómo se hace un mal uso de las bondades que pueden representar los ya mencionados programas con fin de atender a la población desprotegida.

Por las consideraciones antes expuestas, compañeras y compañeros legisladores, sometemos a la consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y V del artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, para prohibir el uso de programas sociales con fines personales de los funcionarios, secretarios de Estado; de sus familiares y para impedir los fines proselitistas, para quedar como sigue:

Artículo 71?

II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la ley y a las reglas de operación, quedando prohibido su uso para fines personales, en beneficio de sus familiares directos y para uso proselitista.

V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales, relacionadas con los programas sociales que sean violatorios a lo dispuesto en la fracción II de este artículo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan a la presente ley.

Es todo, señor presidente. Le solicito la inserción total del texto en el Diario de los Debates. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

Tiene la palabra la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal que Rescata el Paisaje de las Ciudades, Poblaciones y Caminos de Vallas, Estructuras y Espectaculares Publicitarios.

La diputada Rosalina Mazari Espín: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.

Presento a consideración del pleno una iniciativa de Ley Federal que Rescata el Paisaje de las Ciudades, Poblaciones y Caminos de Vallas, Estructuras y Espectaculares Publicitarios de acuerdo a la siguiente

Exposición de motivos

Existe un problema urbano en el país en materia de publicidad visual por vallas, estructuras metálicas y anuncios espectaculares que afectan la forma original y natural de ciudades, poblaciones y caminos del país.

En la mayoría de ciudades importantes y capitales del mundo, por mencionar, en América del Norte y Europa, son lugares que a pesar del crecimiento poblacional, económico y comercial mantienen en su totalidad el espacio visual libre que permite visualizar o contemplar sin alteraciones los paisajes propios de las casas, edificios, torres, monumentos históricos y las áreas verdes de campos, logrando en esto una armonía visual que permite conservar un rostro urbano y rural único. Evita la carga de estímulos visuales a los ciudadanos y elimina información que nada aporta culturalmente a las personas.

Es sabido que la publicidad es necesaria en la actividad mercantil, pero el desorden por estructuras, vallas y espectaculares presentado en los últimos años ha originado desvirtuar casi completamente el rostro de las ciudades, pueblos y sus caminos.

El presente ordenamiento busca de manera rápida impedir la colocación de estructuras; y las que existan sean retiradas de manera progresiva, teniendo un plazo perentorio hasta dejar completamente limpia de contaminación visual a la población por la colocación de publicidad en forma desordenada.

Con base en un padrón, previa autorización, se podrán colocar vallas, estructuras y espectaculares con amplia distancia entre ellos, y sin modificar el paisaje urbano y rural y los caminos que comunican a la nación.

Las negociaciones tienen el libre derecho de anunciar en el exterior de sus inmuebles sus productos, actividades o servicios de forma ordenada, proporcional y utilizando como base de apoyo su propia construcción, siguiendo el estilo urbano señalado por la autoridad municipal o estatal.

Es urgente que una ley federal de esta naturaleza jurídica limite el lucro indebido de empresas que, beneficiando su inversión, construyan en patios, techos y predios, estructuras monumentales sin regulación alguna con el riesgo ante los cambios climáticos mundiales por tormentas, lluvias y temperaturas cambiantes del país, puedan éstos caer súbitamente originando la muerte de personas y daños patrimoniales.

Sería un error que se dejara en anarquía para un futuro la saturación mayor de publicidad por vallas, estructuras y espectaculares que responden a intereses individuales económicos, en perjuicio del interés general y el urbanismo al denigrar el paisaje natural de las ciudades, poblaciones rurales y caminos. Es nuestra obligación crear una norma positiva que respete nuestro entorno en esta materia y que podamos heredar un rostro digno en las ciudades, pueblos y caminos.

El ordenamiento se basa en siete capítulos, el cual refiere, en el primero de ellos, el bien jurídico a tutelar como es el rescate del entorno visual o paisaje en zonas urbanas, rurales y caminos, donde viven y transitan en forma cotidiana los ciudadanos ante la colocación de estructuras fabricadas en todos sus tipos y modalidades con fines publicitarios, lucrativos y privados.

Es fundamental que la autoridad tenga facultades claras que permitan reglamentar el uso y el aprovechamiento en esta materia de espacios libres, casas, edificios y construcciones, que siendo de su propiedad privada por causa de interés público se norme la colocación y exhibición de vallas, anuncio y publicidad, cualquiera que sea su naturaleza en los muebles e inmuebles de particulares.

En cuanto al tercer capítulo establece el ejercicio de las atribuciones de la autoridad y los derechos y obligaciones de los particulares para acceder a las autorizaciones y las formalidades que la autoridad debe cumplir para la inmediata cancelación y desmantelamiento a costa del infractor por vallas, estructuras y espectaculares de publicidad.

El ordenamiento menciona las medidas de seguridad y de protección civil que deben cumplir las vallas, estructuras y espectaculares colocados en zona urbana, caminos y carreteras nacionales conforme lo establece el capítulo cuarto de la presente propuesta de ley.

En su quinto capítulo refiere del contenido de la publicidad basado en el respeto a la dignidad, integridad e individualidad de la persona y al desarrollo colectivo fundado en valores sociales de la sociedad mexicana. En este capítulo busca que la información pueda ser diversa pero alejada del abuso en contenidos y formas de cosas y personas.

En el sexto capítulo menciona las medidas y proporciones que deben tener los anuncios y estructuras publicitarias, en busca de uniformar las proporciones donde predomine la forma del inmueble, los colores y los márgenes de edificios, pero que a su vez se permita apreciar con claridad la información e imagen a publicitar desde la mayor distancia posible.

Las sanciones que señala el capítulo séptimo se estima desde el apercibimiento en primer término, la multa estimada en salarios mínimos vigentes en el país como sanción económica, la cancelación de actividad comercial de la persona física o moral que infrinja esta ley, y el desmantelamiento y retención de las estructuras, anuncios o vallas por la autoridad con el cargo pecuniario del infractor de norma.

Señor presidente, solicito se inserte en su totalidad en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El diputado José Manuel Agüero Tovar (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado José Manuel Agüero Tovar.

El diputado José Manuel Agüero Tovar (desde la curul): Señor, sólo para preguntarle a la diputada Mazari si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada Mazari, ¿está usted de acuerdo?

La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): De acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Está de acuerdo la diputada. Por tanto, puede usted pasar a firmar a la Secretaría.

Por petición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se pospone la participación del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 201 y se deroga el artículo 213 de la Ley del Seguro Social.

El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de usted, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores.

La prestación relativa a los servicios de guardería se considera dentro del marco de las conquistas sociales de los trabajadores de México y de las trabajadoras de México. Surge como un derecho derivado de la relación laboral, que en su origen se otorgaba directamente por los patrones a las madres trabajadoras.

La seguridad social ha sido un logro del siglo XX tanto en su creación como en su funcionamiento. Las principales instituciones de seguridad social en México son desde luego el IMSS y el ISSSTE.

La Ley del Seguro Social expedida en 1995, que rige actualmente al IMSS, establece que el ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiere conferido la custodia de sus hijos, a partir de los 43 días de nacido hasta que cumpla los cuatro años de edad.

De acuerdo a lo señalado en los artículos 201 y 204 de la Ley del Seguro Social vigente, el IMSS está obligado a prestar el servicio de guardería por medio del establecimiento de instalaciones especiales en zonas convenientemente localizadas en relación con los centros de trabajo y de habitación, cuando la mujer trabajadora o el trabajador no pueda proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos durante la primera instancia.

Compañeras y compañeros diputados, en junio de 2009 México vivió una de las peores tragedias de su historia reciente. Los terribles sucesos de la guardería subrogada del IMSS en Hermosillo, Sonora, denominada ABC, cobraron la vida de 49 niños y dejó a 75 más en deplorables condiciones, algunos para el resto de sus vidas, en un espacio educativo y lúdico, en el que se supone deben desarrollar sus capacidades con plena seguridad personal y emocional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales ejerció su facultad de investigación y ha emitido un informe que está en revisión del pleno del máximo tribunal, del que se deberán de derivar las responsabilidades administrativas y penales para todos los funcionarios involucrados.

La investigación de nuestro máximo tribunal es relevante, porque saca a la luz las irregularidades que se han cometido en el manejo de las guarderías, como se hayan firmado contratos de prestación de servicios, sin que el Consejo Técnico del IMSS esté facultado para ello. Además está el hecho de que no se cumplieron las visitas de supervisión que marca la normatividad para ratificar que se cubren las normas de seguridad. Sólo 14 contratos de prestación de servicios de un total de 1 mil 480 se otorgaron, habiendo quedado satisfechos todos los requisitos previos que la normatividad en la materia exige.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que no hay fundamento jurídico ni constitucional para la subrogación de las guarderías.

Parar los diputados del Partido del Trabajo no hay duda alguna de que los trágicos hechos en Hermosillo, Sonora, evidenciaron dos problemas en los servicios educativos y de prevención social que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social. El primero es el que se privilegie la concesión a terceros, todos los amigos de los funcionaros, el cuidado y la atención de los hijos y las hijas de los trabajadores que cotizan en el IMSS.

El segundo es que la corrupción y la impunidad permea en las mejores intenciones de los mexicanos en muchísimos organismos nacionales.

En el marco de las tareas de fiscalización que hace mención el informe de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2008, se llevaron a cabo en 60 guarderías inspecciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación como pruebas selectivas en varias partes del país, por ejemplo, en los estados de Sonora, Yucatán y Distrito Federal.

Destacan algunas irregularidades que resultan a la luz de dicha inspección, como que no tienen detectores de humo conectados al techo, que no tienen actualizados los programas de protección civil, el material de los muros es inflamable y emite gases tóxicos al incendiarse.

De acuerdo a las cifras proporcionadas por la propia Auditoría Superior de la Federación existen ante este momento 1 mil 417 guarderías subrogadas, donde el costo de atención al niño es por casi 1 mil 700 pesos, mientras que las guarderías operadas directamente por el Seguro Social es de 3 mil 781.

Para el grupo parlamentario y con esto finalizo señor presidente, consideramos que es obligación del Seguro Social prestar directamente el servicio de guarderías a las madres trabajadores que cotizan en el IMSS.

Debe de eliminarse de una vez por todas, con la lógica perversa de concesionar funciones de gobierno que ha abdicado en favor de los particulares.

Señoras y señores legisladores, señor presidente, éste es el sentido de la iniciativa que sometemos a la consideración de este honorable pleno. Le solicito, señor presidente, incluya en el Diario de los Debates el texto íntegro de la presente iniciativa. Es cuanto y muchísimas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, señor diputado Emilio Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Señor presidente, si es tan amable de preguntarle al orador si me permite adherirme a su propuesta.

El diputado Pedro Vázquez González (desde la curul): No tengo inconveniente, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No tiene inconveniente el proponente, por lo tanto puede usted pasar a firmar su adhesión.

Tiene la palabra el diputado Francisco Saracho Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Francisco Saracho Navarro: Muchas gracias. Compañeras y compañeros diputados, de entre los tantos aspectos que corresponden a la sustanciación de un juicio cobra relevancia la forma en que el juzgador analiza la demanda al momento de realizar el pronunciamiento de la sentencia respectiva cuando pretende dilucidar la problemática propuesta o causa de pedir.

Sin embargo, la forma de plantear la demanda es la primera dificultad con que se enfrentan los gobernados, pues es menester que cuenten con una debida asesoría que les garantice que la defensa de sus derechos va a ser óptima y comprensible para el órgano jurisdiccional.

Así, tenemos que para que sean debidamente oídos los gobernados en un juicio de amparo deben contar con los recursos suficientes para contratar abogados que tengan conocimiento de la materia dada su complejidad cada vez más agravada por la vía de la jurisprudencia.

En este contexto, uno de los grupos sociales afectados por la insuficiencia de recursos es el de las personas adultas mayores que pretenden jubilarse o se han jubilado, pues el importe de las pensiones previstas tanto en la Ley del ISSSTE, como en la del Instituto Mexicano del Seguro Social, es insuficiente siquiera para asegurarles una honrosa subsistencia.

Las autoridades encargadas de realizar el cálculo inicial o actualización de las pensiones en la mayoría de los casos lo realizan desapegados a los ordenamientos legales, lo que podría calificarse como una consigna por parte de la autoridad que apuesta a que este grupo de afectados se defienda y que, de entre los que lo hacen, pocos tengan éxito, lo cual es inaceptable, además de discriminatorio para las personas adultas mayores, quienes se merecen todo nuestro respeto.

Ahora bien, en el caso de la propuesta presentada ante esta soberanía, una de las formas de atenuar el efecto propiciado por la carencia de recursos de las personas adultas mayores y, por ende, el que no cuenten con la debida asesoría en el planteamiento de una demanda de amparo en la defensa de sus derechos de seguridad social, es precisamente que el juzgador, desdeñando todo formalismo, se aboque a analizar la cuestión efectivamente planteada tanto en la demanda o, en su caso, en los recursos que prevé la ley de la materia, supliendo las deficiencias que adviertan en los conceptos de violación o agravios, aun ante su ausencia.

Por lo expuesto, se presenta ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo único. Se adiciona la fracción VII al artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

Artículo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece conforme a la siguiente:

?Adicionar la fracción:

VII. A favor de las personas mayores de 60 años, en la defensa de sus derechos de seguridad social, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Justicia.

Sí, diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Si es tan amable de preguntarle al orador si me puedo adherir a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Manifiesta el proponente que no tiene ningún inconveniente. Puede usted pasar a firmar.

Se recibió de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el diputado Jorge Venustiano González Ilescas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, honorable asamblea.

El informe presidencial es el instrumento en el que se resumen las principales actividades de las diversas ramas de la administración pública, se justifican medidas importantes tomadas durante el año, se anuncian los principales proyectos que el Ejecutivo presentará a la consideración del Congreso y se reserva una parte importante para el mensaje político porque en él se trazan las líneas generales de la política del presidente conectadas con la situación general del país.

La sociedad mexicana actual dispone de medios y sistemas de información pública con avances tecnológicos que permiten una gran celeridad en el acceso a ésta. Es también una sociedad cada vez más consciente de su condición política y de los instrumentos institucionales de su participación en la actividad y las decisiones del poder público.

La gradual aparición de la democracia participativa, el volumen de la información rendida y la nueva fortaleza de la representación política plantean hoy requerimientos de información político-administrativa más amplia y, en consecuencia, obligan a que sean menores los periodos informados y mayor su precisión.

El reclamo de una transparencia verificable de las crisis generales de la actividad político-administrativa y de las esferas económicas y sociales, así como la comprobación de resultados de la gestión administrativa durante el periodo que se informa, son algunas de las exigencias que la sociedad se plantea.

El informe del titular del Ejecutivo es un acto público, republicano, en el que el jefe del Poder Ejecutivo federal informa al pleno del Poder Legislativo el estado que guarda la nación, es decir, es un acto de poder a poder.

La medida que presento propone reducir el ámbito de la obligación de la rendición de la información y los criterios que en él se sustentan, estableciendo una orientación precisa de su contenido, toda vez que al tener por objeto el conocimiento del avance del Plan Nacional de Desarrollo, se cumpliría sustancialmente con los principios del artículo 69 constitucional.

En concordancia con este propósito, existe el reclamo popular para que el Congreso de la Unión sesione y cumpla mejor sus funciones representativas, legislativas, de control, de vigilancia y de deliberación de los grandes asuntos nacionales, así como de disponer de un periodo mayor para el análisis de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la república presentará un informe por escrito, en el que manifiesta el estado general que guarda la administración pública, así como, de acuerdo con estos artículos, el jefe del Ejecutivo no está obligado a presentarse ante el Congreso de la Unión.

Recordemos que hasta antes de la reforma al artículo 69 de agosto de 2008 el presidente acudía por obligación constitucional a presentarse en el Congreso General.

El Congreso de la Unión ha sido colocado en condición de enemigo de gobierno, de la república y de la gobernabilidad. Se parte de un supuesto falaz que consiste en suponer que por no compartir sus desaciertos y falta de compromisos tenemos la obligación incondicional de no buscar la transformación positiva de los mecanismos obsoletos de control y facultades de los Poderes de la Unión.

Nuestro país, compañeras diputadas y compañeros diputados, se ha caracterizado por el excesivo ejercicio del poder en el Ejecutivo federal; es quizás el principal factor que explica los problemas nacionales.

El nivel de abuso de poder o de falta de rendición de cuentas que vivimos es directamente proporcional a la falta de controles democráticos en el país. El resultado ha sido que en México existe un gobierno todopoderoso y una sociedad que tiene al alcance pocos medios para controlarlo y ceñirlo al orden legal y constitucional que nos rige.

Ante esta situación es claro que el presidente de la república debe interactuar más y no menos ?como ocurre hasta ahora?, y en un marco republicano de civilidad y respeto, con quienes honrosamente materializamos la representación del pueblo de México en esta Cámara. Esta interacción, sin duda, debe tener como objeto un ejercicio más constante y fluido de rendición de cuentas. Para eso existe en textos democráticos del mundo la obligación del jefe de la administración pública de comunicar a los representantes parlamentarios sobre su actuación al frente del gobierno y de la nación.

Por las razones, compañeras diputadas y compañeros diputados, propongo para que en lugar de un informe, se rindan dos.

El primero de ellos, deberá rendirse el 1 de septiembre de cada año, correspondiente al inicio del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Un segundo informe deberá rendirse el 1 de marzo de cada año, comprendiendo el primer periodo ordinario del segundo y tercer años de sesiones del Congreso de la Unión.

Esta iniciativa viene acompañada por las firmas de diputados de mi fracción y de otros partidos. Solicito por tanto, señor presidente, se incorpore la propuesta que hago, así como el texto que aquí leí ante ustedes. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Inclúyase en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Señoras diputadas y señores diputados, les informo que se encuentran de visita entre nosotros alumnos y maestros del Colegio Cristóbal Colón, de Naucalpan, estado de México, a invitación del diputado David Sánchez Guevara, a quienes les enviamos un saludo.

Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia?

La diputada Magdalena Torres Abarca (desde la curul): Yo, presidente.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Adelante, diputada. Está abierto todavía el sistema. Si algún otro diputado o diputada falta, está todavía abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 412 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 49 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El diputado Jesús Ramírez Rangel: Con su venia, diputado presidente. El Infonavit enfrenta hoy un gran reto que consiste, prácticamente, en la elevada cantidad de cartera vencida por concepto de las deudas de sus acreditados. Esto ha generado que este organismo busque los mecanismos para recuperar los créditos otorgados y, en consecuencia, se beneficien los mismos trabajadores derechohabientes, toda vez que los recursos recuperados regresan al mismo Fondo Nacional de Vivienda.

Es importante mencionar que factores económicos han golpeado a nuestra economía afectando directamente a los trabajadores y trayendo consigo una importante suspensión de pagos de los créditos del instituto. Tan sólo esto se tradujo en un incremento importante de la cartera vencida de créditos hipotecarios, lo cual ascendió a casi 38 mil millones de pesos, que representan alrededor de 5.9 por ciento de los créditos otorgados, según las cifras del propio instituto.

El incremento de la cartera vencida ha afectado, desde luego, las finanzas del instituto y su capacidad para otorgar nuevos créditos.

Por lo anterior, es importante destacar que el instituto puede y debe recuperar los créditos vencidos; sin embargo, también es imprescindible que los mecanismos utilizados para estos fines no vulneren la esfera jurídica de los acreditados; más aún cuando dichos mecanismos se encuentren regulados en la ley de la materia.

El Infonavit realiza la cobranza directamente o a través de despachos de cobranza y sigue determinados lineamientos que establece la propia ley, además de un Código de Ética del Infonavit y un modelo de cobranza del organismo.

Nos preocupa que existan casos que contraviene lo establecido en nuestra Constitución, casos intimidatorios que contravienen lo que establece el artículo 17, que prácticamente dice que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil; o el 14, que nos dice que nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones si no se hace mediante un juicio seguido en tribunales previamente establecidos.

Ahora bien, los códigos y lineamientos por carácter coercitivo de ley no resuelven el fondo de la problemática, de la cobranza indebida a los deudores, y se siguen detectando quejas y reclamos referentes a las malas prácticas de cobranza, particularmente de despachos externos.

Se han presentado diversas demandas de los acreditados solicitando a los despachos que realizan la cobranza que no utilicen prácticas intimidatorias ni amenazas, lo cual representa un acto de molestia para los deudores; además de que en sus hogares reciben diversos documentos privados, sin valor judicial, con leyendas de embargo, generando esto incertidumbre y falta de información precisa a los acreditados sobre el estado de su crédito.

Si bien es cierto que el Infonavit ha avanzado en este aspecto, es necesario otorgar seguridad jurídica a los acreditados para que las prácticas de cobranza se den con respeto y calidad en el servicio; además de que se permita al instituto recuperar los créditos otorgados y al deudor tener un pleno conocimiento del estado de su deuda sin sentirse amenazado para el pago de ésta.

Para concluir, el objetivo de esta iniciativa radica en que la ley del instituto establezca las condiciones fundamentales mediante las cuales se realiza la cobranza de las deudas de los acreditados, además que se sancionará el incumplimiento a dichas disposiciones por el propio instituto y con base a su normatividad aplicable con respecto a la cobranza de los créditos.

Es importante que la ley del instituto retome los lineamientos y el código de ética del organismo respecto a la cobranza, y que en la ley se considere la posibilidad de que los deudores puedan realizar las quejas correspondientes en el supuesto que el personal del instituto o los despachos de cobranza incumplan con lo establecido en la ley, y así poder darle mejores garantías a los trabajadores, ya que finalmente son ellos el corazón y el motor de la economía de nuestro país. Es tanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Vivienda.

Tiene la palabra la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Diputado Guadalupe Vera.

El diputado J. Guadalupe Vera Hernández (desde la curul): Para preguntar al diputado Rangel si me puedo adherir a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Ramírez Rangel, ¿está usted de acuerdo? Está de acuerdo, por lo que puede usted pasar. Adelante, diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo.

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el reconocimiento de las mujeres a una designación propia de género es una condición imprescindible del derecho a una igualdad real. El mantenimiento del masculino genérico en el lenguaje no responde a la totalidad de la humanidad, sino a la designación del hombre.

Es cierto que puede sobreentenderse nuestra denominación dentro del género masculino, pero también es cierto que por esa circunstancia a las mujeres se nos excluye del lenguaje, particularmente del jurídico. En términos jurídicos, el trato humillante que se le daba a la mujer en muchas legislaciones, en comparación con el hombre, hizo posible que en algunos textos constitucionales se introdujera expresamente el principio de igualdad entre el hombre y la mujer.

En el caso de nuestra Constitución, mediante una reforma realizada en 1974 al artículo 4o., se introduce un mandato sencillo, pero contundente: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Sin embargo, en la actualidad un número importante de leyes sigue manteniendo una buena cantidad de normas discriminatorias en contra de la mujer.

El enorme rezago que guarda la legislación nacional frente a los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos permite constatar lo que se puede calificar como una asignatura pendiente de nuestro desarrollo institucional.

La igualdad entre el hombre y la mujer se sustenta en importantes instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la cual en el tema que nos ocupa establece que los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir por todos sus medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyen discriminación contra la mujer.

Por tanto, la iniciativa que someto a la consideración de esta soberanía va encaminada a que las leyes que aprueben las Cámaras del Congreso de la Unión, así como toda la documentación oficial, actos públicos y la información que se difunda por los medios de comunicación se haga uso del lenguaje con perspectiva de género.

Lo anterior, con la finalidad de que siendo el Congreso de la Unión el órgano constitucional de donde emanan las leyes se evite que las normas que aprueben sus Cámaras contengan en su redacción normas discriminatorias en contra de la mujer; es decir, que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República y sus órganos, se permitan analizar las políticas, decisiones o los hechos lingüísticos, sociales, económicos y culturales desde una perspectiva de género es, pues, tomando en consideración las repercusiones que estas políticas, decisiones o hechos puedan tener, tanto para mujeres y hombres como sujetos sociales y no como sujetos biológicos.

No hacerlo equivale a renunciar a nuestra función legislativa y a no velar por el respeto a nuestra Constitución.

Por lo expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan los numerales 3 y 4 al artículo 3o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ?

3. En todos los documentos oficiales, actos públicos y medios de comunicación de los órganos de las Cámaras del Congreso de la Unión, se hará uso del lenguaje con perspectiva de género.

4. Para los efectos del numeral anterior, se entiende por lenguaje con perspectiva de género el uso de expresiones lingüísticas que incluyan tanto al género femenino como al masculino cuando se requiera hacer referencia a ambos y no el uso exclusivo del género masculino.

Diputado presidente, le solicito se incluya el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Inclúyase en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputada.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Presidente, solicito que también se turne para opinión de la Comisión Especial sobre la No Discriminación.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Le consulto a la diputada si tiene algún inconveniente.

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (desde la curul): Con todo gusto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No lo tiene. Por tanto, está a su disposición en la Secretaría. Tiene la palabra el diputado Alberto Cinta Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El diputado Alberto Emilio Cinta Martínez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Vengo a presentar una propuesta para limitar los esquemas de operación del corresponsal bancario.

Este tema que puede sonar muy técnico tiene implicaciones muy importantes en este país en relación a un tema que debe de ser fundamental y que no se ha atendido con la importancia que realmente se merece, que es el tema del lavado de dinero.

Este país está sumergido en una guerra terrible contra los cárteles del narcotráfico que, a juicio nuestro, está mal enfocada y no ataca uno de los aspectos centrales para acabar con el narcotráfico en México, que es el uso de los recursos de los narcotraficantes. De nada sirve estar en las calles matando sicarios, si los narcotraficantes disponen de recursos a granel para reemplazarlos al día siguiente por otros sicarios que van a seguir haciendo lo mismo.

Es muy importante que el Congreso apruebe todas las leyes que puedan ser conducentes a que el uso de los recursos por parte de los narcotraficantes se limite y a que los beneficios, el lucro que el narcotráfico consigue de contaminar a los jóvenes de esta país con las drogas se limiten y no permitamos que los narcotraficantes sigan operando y lavando dinero a discreción en este país.

Por eso esta propuesta. Esta iniciativa lo que busca es limitar el esquema de corresponsal bancario.

Hace poco afortunadamente el Congreso elevó a rango de la Ley de Instituciones Bancarias algunas disposiciones relativas al corresponsal bancario, que es muy importante que yo precise muy brevemente.

Básicamente esta ley permite que se depositen diariamente en los corresponsales bancarios el aproximado a 17 mil pesos diarios. Esta cantidad es a todas luces exagerada, cuando se considera que la figura del corresponsal bancario busca atender a un segmento de la población que difícilmente gana más de tres salarios mínimos; es decir, 5 mil pesos al mes.

No podemos tener una figura de servicios financieros que atiende a un grupo de la población que gana 5 mil pesos al mes, o menos, que equivale al 50 por ciento de la fuerza laboral de este país y que permitamos que los depósitos sean tan elevados, hasta 10 veces un salario mínimo diario. Es un límite demasiado alto, es un límite peligroso, es un límite que no ayuda a combatir el lavado de dinero.

Por otro lado, es un límite que no es congruente con las medidas que se han llevado a cabo recientemente en materia de lavado de dinero, que precisamente tienen la tendencia a reducir el monto total de los recursos que se pueden depositar en el sistema financiero.

Si a esto le sumamos, además, que en el sistema de corresponsables bancarios las personas que están encargadas de recibir los depósitos no cuentan con la capacitación que se requiere para poder identificar movimientos extraños, movimientos que suenan preocupantes u operaciones inusuales, no hay mecanismos para dirigirse al personal y reportar este tipo de operaciones, pues es otra razón más que va en el sentido de que es importante acotar el monto diario que reciben los corresponsables bancarios.

Por eso, someto a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaría el inciso a) de la fracción VI del artículo 46 Bis I de la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo 1. Se reforma el inciso a) de la fracción VI, para quedar como sigue:

Los límites aplicables a las operaciones que podrán llevarse a cabo a través de terceros por cuenta de la propia institución, observando, en todo caso, respecto de las operaciones previstas por las fracciones I y II del artículo 46 de esta ley, lo siguiente:

a) Individuales, por tipo de operación y cliente, los cuales no excederán por comisionista de un monto diario equivalente en moneda nacional a mil 500 unidades de inversión por cada tipo de inversión y cuenta, tratándose de retiros en efectivo y pago de cheques, así como del equivalente en moneda nacional a 2 mil unidades de inversión respecto de depósitos en efectivo.

Ésta es la propuesta. Creo que es una propuesta que ayudaría mucho a combatir a la criminalidad, al crimen organizado en materia del narcotráfico, en aquella arena realmente importante que es la del dinero. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Presidencia amplía el turno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión Especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos.

Tiene la palabra el diputado Amador Monroy Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide el Código Federal del Trabajo y el Código Federal de Procedimientos del Trabajo.

El diputado Amador Monroy Estrada: Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de mis compañeras legisladoras y compañeros legisladores; y con mi solicitud del apoyo de todos ustedes a la presente iniciativa.

Amador Monroy Estrada, diputado de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados iniciativa de la ley que reforma la actual Ley Federal del Trabajo, para sugerir que quede como sigue:

Se denominaría Código Federal del Trabajo y Código Federal de Procedimientos del Trabajo. Asimismo, se propone reorganizar el articulado actual toda vez que exciten múltiples enumeraciones ya derogadas y que de manera ociosa componen nuestros ejemplares.

El trabajo nace por la necesidad de evolución y desarrollo del hombre por y para el surgimiento de la familia y el suyo propio. El trabajo es considerado como un factor de producción que supone el intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas.

Este hecho social crea la necesidad de regulación, es por ello que surge dentro del derecho la rama del derecho del trabajo, que no es más que el conjunto de normas de orden público que regulan las relaciones jurídicas que tienen por causa el trabajo como hecho social, y que por gozar de un sistema homogéneo de estas normas, además de un sistema administrativo y judicial propio, lo hace ser autónomo de las demás ramas, claro está que relacionándola siempre con ellas.

Sabemos que el derecho procesal laboral en México está regulado hoy por la misma Ley Federal del Trabajo, lo que hace a esta ley sustantiva, adjetiva e incluso orgánica. Debemos considerar en México que la ley y el procedimiento son muy importantes porque distinguiríamos la adopción de los principios procesales de concentración, celeridad y veracidad, cuya finalidad es lograr una pronta y eficaz solución de las controversias laborales, esta división materializa el carácter legislativo del derecho que sería la finalidad de la división que se propone.

Las bondades o deficiencia de la nueva normativa procesal es algo que se evidenciará cuando entre en aplicación. Nosotros sólo podemos señalar que cualquier medida destinada a abreviar los procesos laborales en beneficio de los trabajadores siempre será bienvenida.

Pensando que con esta iniciativa que presento ante esta honorable soberanía, podría ser el principio de un sistema homogéneo de reglas orientadas, con un principio tutelar del trabajo por cuenta y bajo dependencia ajena.

Se refiere a que el derecho laboral tiene sus propias leyes sustantivas, porque tiene normas especiales para la materia laboral. Por sus fuentes y métodos de interpretación propia, tiene fuentes muy particulares al derecho procesal que se debe entender quién es el débil, es decir, que se incline la balanza hacia el débil jurídicamente hablando.

Un artículo es vigente desde el momento en que una disposición del mismo sistema jurídico así lo prevé, ya sea mediante una disposición de carácter supletorio que establezca la regla general o un artículo transitorio que lo determine específicamente hasta que es derogada o abrogada, sea expresa o tácitamente.

Es por eso la tarea legislativa que realizamos. Ésta tiene como objetivo la satisfacción de los intereses colectivos que se van transformando con las acciones, considerando que la Ley Federal de Trabajo es permanente en el ejercicio de sus funciones, por lo mismo resulta obsoleta la existencia de artículos derogados que de manera ociosa hoy se mantienen sin ningún efecto en nuestra ley vigente y sólo elevan el numeral que de nada nos sirve.

Por lo anterior expuesto, compañeras y compañeros legisladores, se propone la presente iniciativa con la intención de terminar con la especulación de que hoy existe una Ley Federal de Trabajo muy extensa y muy amplia a favor de los trabajadores mexicanos y, así, establecer claramente en un documento que contenga la parte verdaderamente sustantiva y que se denominará Código Federal del Trabajo.

Como propuesta en éste, en un principio cubrirá el articulado del número 1 al 684 actual. De la misma forma se propone crear el conjunto de normas en lo procesal, que se practique para dar vigencia al sustento de nuestra legislación laboral, para cuyo efecto, se propone la denominación del Código Procesal del Trabajo.

Esto es, el principio de un reordenamiento que en el futuro inmediato, la creación de nuevas normas de origen interno no necesariamente que modifiquen las condiciones actuales de la ley, sí que las actualicen para poder vivir dentro de un marco jurídico legal. La intención es que a través de iniciativas ?como lo mencioné antes? podamos vivir dentro de un marco jurídico que establezca lo que allá afuera, en la práctica, se está viviendo.

Por su atención, muchísimas gracias. Señor presidente, le solicito que el texto antes expuesto sea integrado, por favor, al Diario de los Debates.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Intégrese en el Diario de los Debates. Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Señoras y señores diputados, les informo que nos visitan el señor presidente municipal de El Bosque, Chiapas; y el comisariado ejidal del municipio de Tapilula, Chiapas, invitados por el diputado Hernán Orantes López.

Pasamos ahora al capítulo de Proposiciones

Esta Presidencia recibió del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud implemente campañas de difusión a favor de la donación de órganos. Se turna a la Comisión de Salud.

Igualmente se recibió del señor diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo relativo al pago extraordinario denominado "bono sexenal" a todos los jubilados y pensionados de la administración pública federal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

También se recibió del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal en relación con el decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora. Se turna a la Comisión de Economía.

Igualmente se recibió del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía y de Turismo, con el fin de incrementar y fortalecer la actividad turística en México. Túrnese a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Turismo.

Finalmente, se recibió de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Inegi realice y publique un censo con información estadística acerca de la niñez y adolescencia en México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por la que se crea un grupo de trabajo para impulsar la reforma del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo. Ciudadano presidente, vengo, en efecto, a presentar un proyecto de punto de acuerdo para la creación de un grupo de trabajo que dé cauce a las innúmeras propuestas e iniciativas que se han hecho para reformar el modo de funcionamiento de la Cámara.

A pesar de que hay un extendido consenso entre nosotros en el sentido de que hay que mejorar nuestro modo de funcionamiento y hay iniciativas suficientes, no acertamos a encontrar el método.

Quien haya visto ayer el Canal del Congreso se habrá percatado de que la calidad, oportunidad y variedad de los debates, es excepcional. Igual sobre la reforma política, que sobre la hacienda pública, que sobre los pueblos indios, que sobre el fuero del Ejército. Pero no somos una universidad, somos un Poder Legislativo y padecemos un atasco crónico.

Como en toda improductividad, los sectores más afectados son los menos desarrollados. En este caso los legisladores, cuyas propuestas se pierden en un laberinto sin fin y luego, se hunden en el pantano del olvido.

Esta Cámara, como otros territorios de la transición democrática, ha sufrido una involución. Cuando establecimos en 1997 la primera mayoría opositora del Congreso, la Comisión de Régimen Interno se dedicó a modernizar la administración, a terminar con una planta oficialista, a crear una ministración de carrera y a dejar en libertad a los legisladores.

Creo que a lo que llamo: el nuevo mandarinato, que es la Junta de Coordinación Política, le ha preocupado más el control de los legisladores que la regulación de la administración. Ésta es una suerte de Frankestein, que nadie doma pero todo mundo se alimenta del monstruo y trata de influirlo.

En cuanto al trabajo propiamente legislativo. Es precaria la labor de las comisiones, es intermitente y disperso el debate político y finalmente, hay una contradicción, por desgracia flagrante y consentida, de nuestras prácticas con las leyes y reglamentos que nos rigen: se viola, con aceptación de los legisladores, el marco jurídico vigente, en aras de un supuesto orden legislativo.

Todo mundo está de acuerdo en que hay que cambiarlo, pero no nos atrevemos a hacerlo. Hay varios proyectos que circulan. En este periodo de sesiones hay no menos de una docena de iniciativas de cambio al funcionamiento de los institutos, de las comisiones, a la transparencia legislativa, a la regulación de los debates; sin embargo, debemos coserlos todos ellos.

Me gustaría, queridos amigos, con el mayor respeto, diputadas y diputados, iniciar o intentar iniciar con este proyecto una suerte de cooperación transversal entre legisladores. Yo no diría que con independencia de sus coordinadores o de sus pastores; yo diría que, en tanto legisladores, suscribamos un proyecto de trabajo por nuestra propia iniciativa.

Mientras no cambiemos la imagen y la productividad de la Cámara seremos vulnerables y podremos ser víctimas de cualquier asalto. Según las encuestas, si esta Cámara desapareciera tal vez nadie lo lamentaría. Por eso reformar la Cámara es, en alguna medida, salvar a la república. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, señor diputado. Diputada Sahagún.

La diputada Teresa Guadalupe Pérez Sahagún (desde la curul): Para adherirme a la propuesta que hizo el diputado Muñoz Ledo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Si no tiene inconveniente el diputado Muñoz Ledo. Sí, diputado Castro Cosío.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): En el mismo sentido que la diputada Pérez Sahagún.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En el mismo sentido. Todos los señores diputados que quieran adherirse, el diputado Muñoz Ledo ha manifestado su anuencia. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo para que se investigue el otorgamiento de créditos por parte de organismos de vivienda.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Diputado presidente; diputadas y diputados. El objeto de este punto de acuerdo es precisamente que haya una investigación en torno al otorgamiento de créditos que se han venido dando por parte de instituciones denominadas Sofoles.

Me refiero en específico a una denuncia que se presentó ante esta Cámara de Diputados con relación a los desalojos que se están sufriendo en el estado de México y también en Nuevo León.

Estos desalojos son producto de un programa que se implementó por parte de Sociedad Hipotecaria Federal y Sofoles, como es Su Casita. También están vinculados Deutsche Bank y desarrolladoras inmobiliarias, como es el caso de Urbi.

Quiero referirme a esto ya que, mediante un programa que se llama Renta con Opción a Compra se está defraudando a la población; población que está pagando mensualmente una supuesta renta con el objeto de pagar su escritura para el enganche de una vivienda, y finalmente lo que está sucediendo en estos momentos es que nadie da respuesta con relación a ese recurso económico y hay presiones para que los habitantes de esa zona abandonen sus viviendas.

Quiero decir que lo que estoy señalando se sustenta también en un documento oficial que se llama Modelo de detección de fraudes por sobrevaluación de valor de la vivienda. Este documento está presentado por la Sociedad Hipotecaria Federal y en su página 6 especifica que hay un porcentaje muy alto de viviendas que están sobrevaluadas. Estamos hablando de más del 40 por ciento del valor de la vivienda, es con relación a lo que se vende.

Nosotros consideramos que es muy importante tomar también en consideración lo que dice el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en torno a los subsidios que existen, que se están dando a las desarrolladoras inmobiliarias y que se está incumpliendo con el objetivo social para lo que está destinado el programa.

Hoy mismo salió publicado en un diario de circulación nacional, El Economista, en su página 6, cómo Su Casita en el 2007 tenía 32 mil créditos; en 2008, 20 mil 381 y en 2009, 4 mil 375, y está poniéndose a la venta Su Casita, considerando que a partir de los cambios que existen.

Compañeros, un momento, por favor. Me parece importante esta información con relación a esta denuncia que se hace, porque lo que estamos planteando es que se realice una investigación, no con esas expresiones de tiempo se pretenda encubrir.

Lo que estamos señalando aquí es que el fraude está fundamentado desde 2008 y no se hizo nada. Esta situación en específico, en el caso de Su Casita, está involucrada con estos desalojos que se están llevando a cabo en el estado de México y en Nuevo León.

Por tanto el punto de acuerdo lo que plantea es que se investigue y que comparezcan las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que comparezcan también las autoridades de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y las instancias responsables en esta situación.

¿A quién estamos llamando? Directamente a la PGR para que se sustente toda esta investigación en este gran fraude, que lo que hay aquí es un trasfondo de carácter social y que es nuestra obligación, también como diputados y diputadas federales, preservar los intereses del pueblo y defender a la gente.

El fundamento del fraude está aquí. Voy a dejar este documento y también pido que se incorpore toda esta fundamentación que hemos hecho. Muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia.

Tiene la palabra la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en relación al informe sobre la situación técnica, financiera, operativa y corporativa del concesionario Satélites Mexicanos SA de CV (Satmex).

La diputada Yolanda de la Torre Valdez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El día 1 de marzo de 2010, la prensa nacional dio cuenta de la operación de venta de Satélites Mexicanos a favor de la Multioperadora Satelital Norteamericana Echo Star.

Es importante recordar que Satmex, Satélites Mexicanos, es una empresa mexicana surgida de la privatización de la operadora estatal de satélites a través de Telecom. Cuando se vendió Satmex, el gobierno mexicano conservó el 25 por ciento del capital social de la empresa para denotar que se trata de una actividad prioritaria para el desarrollo en los términos del artículo 25 de la Constitución, porque los satélites de la empresa ocupan tres posiciones satelitales que son del dominio exclusivo de la nación mexicana y cuya explotación está condicionada a Satmex por 25 años.

En 1995 se reforma el artículo 28 constitucional, con el propósito de dejar de considerar a las comunicaciones vía satélite como una actividad estratégica reservada exclusiva del Estado.

En 1996 se privatiza Satmex y se entrega en concesión las tres únicas posiciones satelitales que la OIT ha otorgado a México.

En el año 2000 se perdió, dentro de la primera mitad del período de vida útil, el satélite Solidaridad 1, causando serios riesgos para las telecomunicaciones en el país y para la concesionaria, que no puedo reponer dicho satélite sino hasta 2006, con la puesta en marcha del satélite Satmex 6.

Satmex pasó durante los años 2005 y 2006 por un concurso mercantil asociado con un proceso de quiebra ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América.

El satélite Solidaridad 2 alcanzó en el año 2008 su máximo período previsto de vida de útil y desde entonces para acá, se ubicó en órbita inclinada a fin de economizar combustible y prolongar artificialmente su vida útil.

El satélite Satmex 5 se encuentra en la etapa final de su vida útil prevista. Lo que implica que los programas y actividad de su reemplazo ya debieron haber iniciado.

Satmex explota tres posiciones orbitales patrimonio de la nación y evidentemente ha enfrentado serios problemas, tanto técnicos como financieros y operativos, de los cuales es importante que esta soberanía esté informada, a fin de conocer cuál es la realidad y perspectivas de las comunicaciones vía satélite en nuestro país, que es la primera potencia en este ámbito en América Latina.

Es de la mayor importancia, señores diputados y señoras diputadas, que la Cámara de Diputados pueda revisar esta operación a fin de verificar el cumplimiento estricto de las disposiciones jurídicas contenidas en el título de concesión que permite la operación de Satmex y asegurarse que las posiciones orbitales, que son propiedad del gobierno federal, sean explotadas y aprovechadas acorde con la necesidad de comunicación satelital del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a su consideración el siguiente punto de acuerdo y con ello termino, señor presidente.

Primero. Se solicita se cite al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que informe sobre la situación técnica, financiera y corporativa del concesionario y presente un panorama sobre las previsiones inmediatas que se le presentan a este servicio público de fundamental importancia para el desarrollo del país.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordene de inmediato la suspensión de la venta de la empresa que aún no se formaliza, hasta en tanto esta soberanía cuente con información clara y precisa que dé testimonio de que la venta anunciada no violenta normas constitucionales, legales ni administrativas; que no se afecte con ella la soberanía del país en materia de telecomunicaciones; que no se limiten las posibilidades de desarrollo nacional de las tecnologías de información y comunicación; que no se esté abonando a favor de la dependencia tecnológica del país y que no constituya una pérdida financiera para el erario público.

Tercero. Que se requiera a las dependencias y entidades de la administración, así como a los gobiernos estatales, que actualmente son principales usuarios de los servicios de comunicación vía satélite, sobre el significado e impacto del cumplimiento de sus funciones de ejercicios presupuestales que presentará la venta de Satmex en las condiciones anunciadas, que implican poner las comunicaciones satelitales mexicanas en manos extranjeras y con fines exclusivamente comerciales. En particular, a la Procuraduría General de la República, a las Secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, Educación, Defensa Nacional, Marina, así como Pemex, Comisión Federal de Electricidad y el Cisen.

Cuarto. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informen el destino que se dará al 25 por ciento de la participación accionaria en el capital social de la empresa, que actualmente tiene el gobierno federal.

Quinto. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe en qué términos quedará la reserva del Estado que actualmente tiene el gobierno mexicano y que le permite aprovechar sin costo alguno para parte importante de la capacidad satelital, de dos de los tres satélites que explota actualmente Satélites Mexicanos.

Sexto. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la de Hacienda y Crédito Público, informen el destino que es dará a la partida presupuestal incluida en el Presupuesto de Egresos de 2010, destinada a las comunicaciones vía satélite, que es de 4 mil 500 millones de pesos.

Séptimo. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe sobre el impacto que representa la venta de Satmex en el proyecto de creación de la Agencia Espacial Mexicana. Por su atención y apoyo para la urgente u obvia resolución, muchas gracias, compañeros y compañeras.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos?

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Permítame, señor secretario. Sí, diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Le solicito muy atentamente que se sirva otorgarle trámite a la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: La proposición fue inscrita como de urgente resolución. ¿Aceptaría usted, diputada, que fuera turnada directamente?

La diputada Yolanda de la Torre Valdez (desde la curul): Si se resuelve de manera inmediata, con mucho gusto. Sólo en esos términos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna entonces a la Junta de Coordinación Política, para su resolución.

Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se formulan preguntas parlamentarias al Ejecutivo federal, en relación con su viaje a Davos, Suiza.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Diputado presidente, diputadas y diputados. Como todos sabemos, hace unas cuantas semanas Felipe Calderón confirmó ante el mundo su intención de continuar con la privatización de Pemex, en el Foro Económico de Davos, Suiza, en donde, además, repartió chocolates por las calles para mejorar la imagen de México. También ofreció a las empresas extranjeras una mayor apertura para invertir en el desarrollo de la industria.

Asimismo, hace unas semanas se aprobó en este pleno que viniera a comparecer la secretaria Georgina Kessel, y desde luego conocemos ya la propuesta que han planteado como estrategia nacional de energía, la cual consideramos es insuficiente, pero sobre todo, con una visión equivocada, con una visión entreguista como todo lo que caracteriza al gobierno espurio.

Por ello, consideramos importante que, desde luego, a partir de los ofrecimientos que se fueron a realizar a Davos con las empresas transnacionales, se nos informe específicamente qué fue lo que se señaló en estas reuniones, que fueron, según la información, de carácter privado.

En estas reuniones tuvo una intervención, desde luego, British Petroleum, así como Shell. Sabemos el interés que existe a partir de todos estos contratos incentivados y que están relacionados con las disposiciones administrativas aprobadas recientemente por el Consejo de Administración, y que esta Cámara de Diputados no tuvo el valor de interponer la controversia constitucional; y sí, en cambio, aprobar unas modificaciones que se hicieron a partir de un acuerdo donde, de ninguna manera se restringe la participación de estas empresas transnacionales en lo que tiene que ver con los recursos energéticos de nuestro país, con una clara violación al artículo 27 constitucional.

Queremos preguntar en específico, cuáles fueron los alcances de la reunión sostenida en Davos, Suiza, entre Felipe Calderón y las empresas transnacionales.

Nosotros consideramos que es muy importante que se dé respuesta y, que de igual manera, se nos envíe la presentación que se llevó a cabo durante esa reunión en la que se hicieron ofrecimientos a las empresas transnacionales sobre nuestra soberanía nacional, sobre nuestros recursos energéticos, sobre Petróleos Mexicanos. Pemex no se vende. La patria se defiende. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud considere una propuesta de modificación al punto 11, etiquetado, de la Norma Oficial Mexicana 086-SSA-1994.

El diputado José Manuel Agüero Tovar: Gracias. Con su venia, señor presidente. En nuestro país la introducción de los organismos genéticamente modificados data del año de 1988. De ahí a la fecha, muchas empresas dedicadas a la importación y comercialización en México no cuentan con la información suficiente en torno a los mismos.

La población ha tenido que seguir los estándares de empresas destinadas a la producción y comercialización de alimentos básicos para la alimentación. Un 96 por ciento de los consumidores mexicanos ignora qué son los transgénicos o no saben si los están consumiendo o en qué alimentos se encuentran. En tanto que un 98 por ciento opina que las empresas deben informar en sus etiquetas si sus productos contienen o no, transgénicos.

México importa de Estados Unidos más de 6 millones de toneladas de maíz cada año, de las cuales el 45 por ciento es transgénico. La autoridad sanitaria permite la comercialización para su consumo humano de 31 transgénicos de soya, canola, maíz, algodón, papa, jitomate y alfalfa. Estos ingredientes entran en nuestra alimentación diaria sin control alguno y, peor aún, con consentimiento expreso de los consumidores.

Los mexicanos tenemos derecho a saber si los alimentos que adquirimos para nuestras familias contienen ingredientes transgénicos o son derivados de transgénicos. Los cultivos transgénicos son organismos creados en el laboratorio con una técnica que permite insertar genes de bacterias o virus a plantas o animales y a cultivos como el maíz y la soya. Estas técnicas permiten a los científicos saltarse la selección natural y la evolución al intercambiar genes entre especies que naturalmente no podrían cruzarse.

La industria biotecnológica, interesada en vender transgénicos, ha señalado que no hay datos para confirmar daños en la salud. Pero también es cierto que tampoco existen datos científicos publicados que garanticen que no habrá esos daños.

Los transgénicos son usados en dos de cada tres productos que consumimos día a día en los supermercados tales como panes, alimentos infantiles, cervezas, refrescos, licores, embutidos, botanas, leche en polvo, jugos, mermeladas, alimentos animales y un largo, largo etcétera.

Con mérito de lo expuesto sobre el avance del consumo de productos transgénicos y el marco jurídico competente en materia de información pública, de la que deberá prevalecer siempre el principio de máxima publicidad, prevención de daños a la salud pública y la obligatoriedad del Estado en garantizar salud, someto a consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo que propone a la Secretaría de Salud considere y haga suya la siguiente modificación en el sentido incluyente que propone al punto 11, etiquetado, de la Norma Oficial Mexicana 086-SSA-1994, la siguiente

Propuesta de modificación

Para los productos orgánicamente modificados o elaborados con insumos transgénicos, indistintamente del gen o genes y su grado de modificación, contengan la leyenda "este producto es transgénico" o "contiene ingredientes transgénicos".

Por obviedad de tiempo, le pido que se inserte completo el texto. Mil gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese el texto completo en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Salud.

Tiene la palabra el diputado César Augusto Ramírez Santiago, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar que se realice una auditoría al gasto de las áreas de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

El diputado César Augusto Ramírez Santiago: Buenas tardes, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, quiero el día de hoy hacer una breve reflexión antes del simulacro del sismo, que espero que gracias a esa convocatoria me hagan el favor de atender mi reflexión.

Digo, compañeras y compañeros, que no debemos de perder ?los diputados cuando menos?, nuestra capacidad de asombro, que parece que en el país se ha convertido en algo ya de uso cotidiano el que todos los días ocurren noticias, acontecimientos, eventos, situaciones, hechos, de tal magnitud que nos parece al poco tiempo cosas común y corrientes. Nos hemos olvidado de asombrarnos ante las cuestiones de la vida cotidiana y ahora me temo que también en las cosas de la vida pública.

Perdonen que traiga este tema a colación el día de hoy, porque creo que ya es un poco fuera de tiempo, pero intenté hacerlo en otras ocasiones y hasta el día de hoy me tocó el turno.

Lo digo con respeto para los señores diputados de Acción Nacional, que pueden estar totalmente en desacuerdo con lo que voy a decir, pero que antes de manifestar esa inconformidad, lo piensen bien, porque el punto de mi reflexión es que pienso que el señor presidente de la república ante los ojos de la nación ha mentido clara, llana y categóricamente.

Hace unos días, ustedes escucharon, con asombro, debo decirlo: algunos pocos, que el presidente de la república reprochó a los medios masivos de comunicación el que difundan actos y hechos de lo que él llamó: la narcocampaña de manera gratuita, y dijo, acto seguido: a nosotros nos cuestan millones las primeras planas de los medios masivos de comunicación. Sostengo que esto es falso, que no es cierto. No creo que los medios masivos de comunicación vendan sus primeras planas para que el presidente de la república se anuncie en esas primeras planas.

Tengo confianza y certeza en que los medios masivos de comunicación de nuestro país cumplen muy bien con su trabajo.

Si en efecto el señor presidente de la república ha usado el dinero público en comprar primeras planas de los diarios nacionales, estoy proponiendo que la Auditoría, el órgano de fiscalización superior, nos diga en qué renglón del presupuesto está haciendo recargar esas inversiones, ¿quién le dio autorización para gastar el dinero en las primeras planas de los periódicos? ¿A cuánto asciende este gasto y qué es lo que ha pagado que se publique en las primeras planas de los periódicos?

Si la afirmación, si mi punto de acuerdo, señor presidente, no lo turna usted a la Comisión de Vigilancia del órgano de fiscalización superior para realizar las investigaciones correspondientes, quedaremos ante la circunstancia de que el presidente una vez más ha mentido, simple y llanamente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por el diputado César Augusto Ramírez Santiago, pero reiteradamente habló de un presidente de la república que no existe. Calderón usurpa la Presidencia de la República. Muchas gracias, diputado presidente. Aunque digan "ya", así es, diputados panistas.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los estados y del Distrito Federal para que elaboren sus Programas de Derechos Humanos.

El diputado Juan Pablo Escobar Martínez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en la actualidad los derechos humanos, civiles, políticos, culturales, económicos, sociales y ambientales son reconocidos como un cuerpo independiente, universal e indivisible.

El viernes 29 de agosto de 2008, el presidente Felipe Calderón Hinojosa tuvo a bien publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.

Estas políticas públicas del gobierno federal en materia de derechos humanos son el resultado de la participación activa de diferentes órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y órganos públicos de defensa de derechos humanos.

La estrategia establecida en el programa mencionado profundiza en cuatro temas fundamentales:

La inclusión de una perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas.

La implementación de los mecanismos de colaboración y coordinación entre los Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno.

La promoción y difusión de una cultura de derechos humanos.

La debida armonización legislativa.

Dichos temas obligan a la intervención de todas las dependencias y entidades de la administración. Asimismo, este programa plantea el pleno reconocimiento de los derechos humanos más allá de la concepción tradicional.

Considerando

Que el tema de derechos humanos es fundamental para la consolidación del desarrollo del sistema democrático en nuestro país.

Que toda actividad de los poderes públicos debe estar investida del espíritu de los derechos fundamentales, y se debe aplicar en cada uno de los procedimientos de la administración pública un sentido humanista, pues los destinatarios finales de toda la actividad gubernamental son las personas.

Que los gobiernos estatales y del Distrito Federal despliegan por la naturaleza misma de sus atribuciones legales una atención y un contacto inmediato con los ciudadanos.

Que se considera necesario que las 32 entidades federativas elaboren sus respectivos programas en la materia de derechos humanos, con la finalidad de que toda la actividad pública se desarrolle con un sentido humanista y de irrestricto respeto a los derechos fundamentales reconocidos a nivel internacional.

Que la sociedad mexicana reclama una actitud diferente de sus autoridades.

Que las entidades federativas tienen una gran interacción con la ciudadanía.

Por ello, creemos conveniente e indispensable que también ellas elaboren sus programas estatales y para el Distrito Federal en la materia de derechos humanos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los 31 estados de la república y del Distrito Federal que no hubiesen elaborado sus respectivos Programas de Derechos Humanos para que, en la medida de sus atribuciones, elaboren y expidan los mismos con el fin de coadyuvar y fortalecer los propósitos establecidos en el Programa Nacional de Derechos Humanos.

Diputado presidente, solicito a usted que este punto de acuerdo sea insertado íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Insértese íntegramente en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Nos tenemos que ir.

(Simulacro)

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz (13:18 horas): Señoras y señores diputados, reanudamos nuestra sesión. La proposición del diputado Juan Pablo Escobar Martínez, se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

Tiene la palabra el diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, instruya a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que coordine y elabore un programa de empleo para los jóvenes del país.

El diputado Onésimo Mariscales Delgadillo: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El creciente desempleo es una manifestación de las irregularidades de la política económica aplicada, al no responder a la demanda de mayores fuentes de trabajo con salarios, sueldos y prestaciones que garanticen mejores niveles de vida para los trabajadores y sus familias.

Los mexicanos están agobiados, no creen en la política y mucho menos en el modelo económico. La desesperanza se escucha en el transporte público, en las pláticas de café y puede leerse en los Chat que ahora están tan de moda en nuestro país.

Hace algunos años, el presidente Felipe Calderón se autodenominó como "el presidente del empleo". Sin embargo para la mayoría de los mexicanos eso fue un engaño, pues están viviendo una etapa de desencanto, desánimo y desatención por parte del gobierno federal.

Además los jóvenes son excluidos de la oportunidad del primer empleo porque siempre les piden experiencia mínima de un año, y los errores políticos que el presidente Calderón ha cometido al olvidar la inclusión de los jóvenes en la fuerza de trabajo son por demás evidentes. Para muestra lo siguiente:

La tasa de personas que se quitaron la vida en 2006, último año del que se cuenta registro, fue de 3.2 por cada 100 mil habitantes.

El 28.6 de los intentos se concentran en la población entre 15 y 19 años, y 16.6 de los suicidios consumados son de jóvenes entre 20 y 24 años.

El consumo de drogas también aumentó. La Secretaría de Salud reporta que en los últimos nueve años que llevamos de gobiernos panistas, la drogadicción aumentó 50 por ciento. En 2002 había 158 mil personas adictas en el país, ahora son 307 mil.

Otro dato que habla de la violencia detonada por el incipiente nivel de vida es la delincuencia, la cual año tras año, según la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se incrementa 2 por ciento e involucra cada vez más a jóvenes y mujeres.

De acuerdo con el Inegi, la población desocupada asciende a 2.9 millones de personas. Por si esos datos fueran poco creíbles, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleos del Inegi reportó que en el tercer trimestre del año 2.9 millones de personas en el país estuvieron desocupadas, con lo que la tasa de desempleo llegó a 6.2 por ciento.

De acuerdo con el reporte del Inegi, 159 mil personas perdieron su empleo, 145 mil renunciaron y otras 22 mil cerraron su negocio, mientras que más de 40 mil refirieron no tener ninguna experiencia laboral. Para muestra, el último informe que acaba de dar el Inegi del creciente desempleo y pérdida de empleos en este país. Citas y datos ofrecidos por el Inegi.

Asimismo en el presupuesto para el año 2010, aprobado por esta Cámara, se autorizaron recursos crecientes a diferentes secretarías de Estado para infraestructura, salud, educación, campo y, sobre todo, para generación de empleos.

Por lo expuesto solicito, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría del Trabajo y Previsión social a que coordine y elabore el programa de empleo para los jóvenes del país, con la participación que corresponda a las demás entidades del gobierno federal, tomando en consideración la asignación de recursos del presupuesto 2010.

Segundo. Se solicita del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que informe a esta soberanía, dentro de un plazo de 3 meses, las acciones y medidas que haya realizado en cumplimiento en el punto anterior.

Tercero. Comuníquese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara a efecto de que sirva de enlace con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y dé seguimiento al cumplimiento de este acuerdo.

Solicito se inscriba el texto íntegro del punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Esta propuesta la firman todos los diputados priistas del estado de Sonora. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tiene la palabra el diputado Sergio Octavio Germán Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Conagua, y al gobierno del estado de México prevengan las inundaciones en el municipio de San Mateo Atenco, en el estado de México.

El diputado Sergio Octavio Germán Olivares: Gracias, señor presidente, con su permiso. Las pasadas lluvias de los meses de enero y febrero del presente año dejaron graves secuelas en varios estados del país y en varios municipios del estado de México. Este tipo de fenómenos demuestra que no siempre estamos preparados para recibir este tipo de contingencias.

Es cierto que el gobierno federal y el gobierno del estado de México han apoyado a las familias mexiquenses, sobre todo en aquellos municipios que fueron declarados zona de desastre, como por ejemplo Nezahualcóyotl, Chalco y Ecatepec.

Sin embargo, en el estado de México existe otro municipio que recurrentemente sufre de estas inundaciones, es el municipio de San Mateo Atenco, que tiene una vocación zapatera y que su comercio es precisamente lo que lo sostiene.

Este municipio sufre de las inundaciones y como un ejemplo, desde 1928, en aquel entonces el alcalde le pide ayuda al gobernador y le dice que desde el puente de Lerma y hasta los terrenos de la hacienda de la I, donde desemboca el río de Santa Catarina, las aguas habían inundado más de 300 hectáreas.

Fue precisamente en septiembre de 2009 cuando este municipio sufre las primeras consecuencias. Más de 800 familias se vieron afectadas y 150 comercios de los distintos pueblos, como Emiliano Zapata o la colonia Isidro Fabela o el barrio de San Pedro. El presidente municipal de San Mateo Atenco, Sergio Fuentes Vázquez, advirtió de la grave problemática y pidió auxilio.

Es importante resaltar que San Mateo Atenco en tan solo 5 meses sufrió dos inundaciones graves. Las pérdidas en estas dos inundaciones superan los 15 millones de pesos, pero lo más preocupante es que no existe un programa que pueda prevenir futuras inundaciones en la siguiente temporada de lluvias.

Quiero hacer mención que la mayor problemática que enfrenta este municipio de San Mateo Atenco es que su situación geográfica lo coloca por debajo del caudal del río Lerma, lo que hace difícil el desalojo de las aguas pluviales.

San Mateo requiere de muchos millones para hacer una magna obra que evite, que prevenga y que ayude a desviar las fluyentes del agua que provienen de municipios aledaños como Metepec, Toluca o Zinacantepec.

Si bien los apoyos federales y estatales han servido para mitigar la desgracia de los ciudadanos, se requiere que existan inversiones mayores por parte de las autoridades competentes para poder prevenir futuras inundaciones y evitar que tengamos que lamentar pérdidas humanas.

Los recursos económicos se destinarán para la compra de equipo pesado de bombeo y para el desvío de las aguas que provienen de otros municipios.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de la Comisión Nacional del Agua y al gobierno del estado de México para que inviertan y apliquen los recursos necesarios que prevengan las inundaciones en el municipio de San Mateo Atenco, estado de México.

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

El diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El diputado Miguel Ángel Terrón solicita la palabra. Adelante, diputado.

El diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza (desde la curul): Gracias, señor presidente. Sólo para solicitarle al diputado que me permita anexarme a su propuesta en virtud de ser el distrito que represento, y como lo ha señalado, que el gobierno del estado siga trabajando ahí.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado, Germán Olivares, ¿está de acuerdo?

El diputado Sergio Octavio Germán Olivares: Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El diputado no tiene inconveniente. Señor diputado, adelante, puede usted pasar a la Secretaría.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Diputado, para efecto de solicitarle al proponente el mismo efecto, pero con una adición muy breve, a ver si pudiera.

Que se transparente el uso de los recursos públicos destinados para este efecto y que se evite partidizar, como ha sucedido en Chalco, Ecatepec y Nezahualcóyotl, donde se condiciona la ayuda por personas y grupos vestidos de camisa roja. Que la ayuda sea para todos los afectados, sin condicionamiento de ningún tipo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulto al proponente: ¿está usted de acuerdo con la adición?

El diputado Sergio Octavio Germán Olivares: Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Está de acuerdo. Puede usted pasar a firmar su adhesión.

Tiene la palabra el diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconsiderar su decisión de disminuir las capacidades y potencialidades para enfrentar a la delincuencia en los municipios del país.

El diputado Óscar González Yáñez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado González Yáñez.

El diputado Óscar González Yáñez (desde la curul): Sí, presidente. Sobre el tema anterior, solicitarle a usted que también la solicitud, el punto de acuerdo sea turnado a la Comisión de Presupuesto; no sólo a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Le agradecería, señor diputado, que nos haga su propuesta por escrito y lo consideraremos. Adelante, diputado Liborio Vidal.

El diputado Liborio Vidal Aguilar: Señor diputado presidente. Estimadas diputadas y estimados diputados, con su permiso. Vengo a esta tribuna a presentar un punto de acuerdo que tiene que ver con problemas específicos de seguridad en Yucatán, mi estado, pero que también tiene serias repercusiones en la armonía social que pueda prevalecer, o no, en los municipios de nuestra República Mexicana, lo cual depende en buena medida de la solidez de los programas de seguridad pública municipales.

Coincidirán en la importancia del tema cuando vivimos en climas de incertidumbre y violencia que afecta negativamente la armonía de la vida de gran parte de las regiones de nuestro país.

Con frecuencia se cuestiona el espacio de lo cotidiano que traspasa lo público, debilitando instituciones y desvaneciendo la función de gobierno. Son escenas donde lo público y su distorsión rebasan espacios de lo privado, en familias y en la propia vida individual del mexicano.

En ocasiones se piensa que el régimen actual podrá arribar a buenos resultados en su estrategia de lucha contra la delincuencia. En otro momento nos preguntamos, ¿no es conveniente revisar la estrategia y acercarse más a dialogar con el Legislativo, e incluso el Poder Judicial, y con los gobernadores y fuerzas partidistas?

Son actos de congruencia de gobierno que no observamos. Son políticas cuya aplicación propiciaría evitar el desgaste de nuestras instituciones. Son escenarios sumamente complejos en materia de seguridad, donde se aprecian tendencias que dificultan posibilidades del gobierno federal para emprender acciones de impacto positivo en lo económico, en la política o en lo social.

Hablamos de acciones institucionales para la seguridad que deben fortalecer la coordinación adecuada para funcionar óptimamente. Aquí, vale la pena subrayar, la política de seguridad hacia los municipios. Para este año, el subsidio para la seguridad pública disminuyó a través del Subsemun para algunos municipios. Destaco el caso de Yucatán, donde únicamente a la ciudad de Mérida se le otorga apoyos para la modernización de sus cuerpos de seguridad.

En cambio, se cancelan los subsidios federales a los municipios de Valladolid y Tizimín, con lo cual se detienen bruscamente los programas de equipamiento, profesionalización y creación de infraestructura donde ya hay avances sustantivos, ya que en años anteriores las reglas de operación sí permitían su acceso.

Aquí únicamente se tomaron en cuenta los indicadores de criminalidad, pero no la necesidad de la prevención. Recordemos que Yucatán es la entidad más segura del país de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al jefe del Ejecutivo federal a modificar las reglas de operación del Subsemun, para que este 2010, restituyendo el criterio de que este subsidio beneficie por lo menos a tres municipios por entidad federativa, tal y como prevaleció en el 2009.

Señor presidente, le solicito que este punto de acuerdo sea turnado a la Junta de Coordinación Política para su desahogo inmediato. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, señor diputado.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Gabriel Ávila, a sus órdenes.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz (desde la curul): Para solicitarle una pregunta al diputado Liborio Vidal.

El diputado Liborio Vidal Aguilar: Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: La acepta.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz (desde la curul): Señor diputado Liborio Vidal Aguilar, del Partido Verde Ecologista, he escuchado con atención su intervención y he leído detenidamente la exposición de motivos de su punto de acuerdo referente a exhortar al Ejecutivo federa, para que se garantice que por lo menos a cada entidad se le autorice el presupuesto que se le asignó durante el año 2009 en el fondo de Subsemun.

En su exposición de motivos habla usted de dos municipios que en este 2010 no tendrán los recursos del Subsemun, que uno es Valladolid, del cual es originario usted, y Tizimín de donde un servidor es originario.

En primer lugar, no estoy en contra de que mi estado Yucatán ?y en particular mi ciudad Tizimín? reciban más recursos del fondo de seguridad pública de Subsemun, y en gran parte estoy de acuerdo con su punto de acuerdo.

Pero yo le pregunto, ¿está usted, señor diputado Liborio Vidal, apoyando al ayuntamiento de Tizimín, a sabiendas que en el año 2009, de los recursos que recibió del Subsemun el ayuntamiento de Tizimín, violó las reglas de operación al no entregar los informes trimestrales sobre el uso de esos recursos públicos del Subsemun?

Y, además, le recuerdo, diputado, que estas reglas de operación que provienen del artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2010, que hace referencia en su exposición de motivos, le recuerdo que usted votó a favor del Presupuesto de Egresos de la Federación en lo general.

En ese sentido, le reafirmo mi pregunta. A pesar de que violó las reglas de operación del Subsemun, ¿está en la afirmativa de apoyar este punto de acuerdo?

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene usted la palabra, señor diputado.

El diputado Liborio Vidal Aguilar: Es su opinión, señor diputado. Nosotros no tenemos esa información y aquí creo que es necesario que apoyemos este punto de acuerdo.

Qué va a pasar con la policía de Tizimín de la que usted es originario, con más de 300 policías, que en los 2 años anteriores se le dio este apoyo del Subsemun para capacitación, equipamiento, armas, donde las propias reglas de operación decían que había que subirles los sueldos a los policías. ¿Qué va a pasar entonces con esos 300 policías que tiene la ciudad de Tizimín, de donde usted es originario?

Yo por eso le pido aquí a esta honorable soberanía que apoyemos este punto de acuerdo, para que Tizimín y Valladolid sean incluidos en el programa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: A petición del proponente, se turna a la Junta de Coordinación Política.

Se recibió del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, envíe un informe detallado sobre la situación que guardan los 159 nosocomios identificados como focos rojos o de alta complejidad. Se turna a la Comisión de Salud.

El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Mario Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (desde la curul): Una pregunta, presidente, nada más con el objeto de clarificar.

El punto de acuerdo anterior, sobre Tizimín, está fundamentado en el artículo 59 del Reglamento, es decir de obvia y urgente resolución. Preguntarle por qué se está turnando a la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: A solicitud de proponente, señor diputado.

El diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El diputado Zapata Bello.

El diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello (desde la curul): Para solicitarle al diputado Liborio Vidal que nos permita adherirnos al punto de acuerdo.

De igual manera señalar, como puntualización, que se haga constar en ese punto de acuerdo que el efecto de que hayan sido eliminados estos municipios proviene de las reglas de operación emitidas por el Ejecutivo y de ninguna manera por alguna norma aprobada por esta honorable soberanía. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Si. El diputado Vidal está de acuerdo, puede usted pasar a firmar su adhesión.

Tiene la palabra el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal instruya a la Semarnat para que emita un reglamento que norme la obligatoriedad de la planeación del cese de operaciones en las minas de México.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El diputado Navarrete Prida. Adelante, señor diputado.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): Preguntar si el señor diputado, compañero de Yucatán, nos permite adherirnos a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Ya lo ha aceptado el proponente. Adelante, señor diputado.

El diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Con su permiso, señor presidente. El desarrollo de las grandes y medianas minas está generando rápidamente enormes cantidades de residuos mineros y se están afectando grandes superficies de terreno en las entidades donde se desarrollan.

Se conoce que por su magnitud, la cantidad de residuos mineros generada por una de las nuevas minas en nuestro país, duplicará en una década la cantidad de residuos que han sido generados en cientos de años por la minería en México.

Actualmente, ninguna empresa contempla la planeación de los cierres de minas durante la operación minera, aun siendo evidente que dichas empresas cuentan con los suficientes recursos para hacerlo.

La legislación ambiental en México es amplia, pero en el caso de las minas carece de enfoques específicos relativos a los efectos a largo plazo de la minería en una región. Hay que tener en cuenta que algunas minas llegan a tener hasta décadas de operación y sus efectos al medio ambiente seguirán siendo evidentes hasta en cientos de años.

Se necesita de una legislación que garantice a la sociedad la conservación ambiental a las siguientes generaciones e impida, a esas grandes empresas mineras, dañar el medio ambiente de las comunidades con total impunidad, dejando a los pueblos mineros convertidos en un foco rojo latente causando grandes daños a la población en general.

Gran parte del deterioro ecológico ocasionado por la minería ha sido producto de decenas de años de actividad minera sin observación alguna de estándares en cuidado del entorno y la gran irresponsabilidad de los grandes consorcios mineros.

Las empresas buscan evadir su responsabilidad y se escudan en que cumplen con todas las normas ambientales impuestas por el gobierno. Entonces, el gobierno, nosotros, no hemos hecho lo suficiente. Es condenable la falta de solidaridad social de las grandes empresas dedicadas a la explotación del mineral; y lo es también la notoria incapacidad del gobierno federal para combatir la contaminación generada por esta actividad.

Exigimos una acción eficaz, oportuna y responsable del Ejecutivo federal; y, sobre todo, un compromiso de éste con el medio ambiente que, por mandato constitucional, está obligado a cumplir.

Por lo anterior, deviene indispensable:

Que el gobierno federal expida la normatividad correspondiente para efectos de que regule con eficacia, eficiencia y transparencia la obligatoriedad de la planeación del cese de operaciones de las minas en México.

Que se garantice el desarrollo sustentable de las regiones mineras del país, asumiéndose por encima de los intereses de las grandes empresas mineras y a favor de los intereses de la nación y sus futuras generaciones. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Señoras diputadas y señores diputados, se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: De la Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva, presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos a usted, atentamente, consultar al pleno la modificación al orden del día para la inclusión de los siguientes asuntos que previamente habían sido registrados por esta Junta de Coordinación Política, de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional.

Uno, por el que se exhorta respetuosamente a las Procuradurías de Justicia de los estados y a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, para que redoblen los esfuerzos en el combate a la explotación sexual infantil y la trata de personas; y, en ese sentido, capacite constantemente a su personal coordinándose con el resto de los poderes en su esfera de competencia, así como con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN, para que ocupe el lugar 18 del orden del día.

Otro, para que, por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados, se solicite a la Secretaría de Economía que, antes de avanzar en las pláticas preparatorias y en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Brasil, escuche la opinión de los sectores productivos del campo mexicano para no afectar a nuestro sector agropecuario en ese acuerdo comercial; a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, para que ocupe el lugar 23 del orden del día. Firman, los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se consulta a la asamblea si se modifica el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, unanimidad por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada.

En consecuencia, tiene la palabra la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Procuradurías de Justicia de los estados y a la del Distrito Federal, a redoblar los esfuerzos en el combate a la explotación sexual infantil y la trata de personas.

La diputada Rosi Orozco: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.

A unos días de celebrar el Día Internacional de la Mujer afirmamos que la trata de personas, donde el 80 por ciento se comete en contra de las mujeres, es la peor violencia ejercida contra un ser humano. La trata de personas y la explotación sexual infantil son de las conductas más crueles y perversas que existen en la actualidad. Desgraciadamente también representa un negocio de los más redituables a nivel mundial.

Diversos estudios y diagnósticos realizados en torno al tema de la trata de personas en México, identifican como uno de los problemas graves en la administración de justicia la ausencia de la perspectiva de prevención y participación coordinada de los diversos niveles de gobierno, el desconocimiento de los tipos penales, del bien jurídico tutelado y se plantea la imperante necesidad de homologar términos y tipos penales, además de establecer una debida coordinación en su combate.

Ello implica la actuación de cada una de las instituciones de procuración e impartición de justicia en las entidades federativas, hacia un mismo sentir de prevenir, perseguir y sancionar la trata de personas. Diversas entidades federativas no ha tipificado en sus Códigos Penales este delito, de conformidad con el Protocolo de Palermo y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. En entidades donde sí está tipificada la trata de personas existe una gran diferencia e incluso confusión entre lo que consideran actividad, medios comisivos y fines.

Lo anterior a fin de lograr que las autoridades judiciales emitan sentencias debidamente fundadas y motivadas, contrario a lo que sucede hoy día.

Ya no podemos perder de vista que en enero del presente año el juez segundo de distrito, con residencia en Quintana Roo, Alfonso Gabriel García Lanz, quien procesa desde julio de 2006 al estadounidense Jean Thouma Hannah Succar Kuri acusado de violar y prostituir a decenas de niños y niñas, ordenó el traslado de este sujeto al penal del Cancún, luego de considerar que el indiciado ?quien tuvo que ser extraditado?, no es un sujeto de alta peligrosidad, cuando Succar Kuri está procesado por el delito de pornografía infantil y fue enviado hace tres años al penal federal de máxima seguridad, ubicado en Almoloya de Juárez, en el estado de México, por considerarlo una persona altamente peligrosa.

Este es un asunto delicado que no podemos dejar pasar inadvertido, debido a que la citada cárcel municipal se ha caracterizado últimamente por ser una de las más inseguras, siendo en años recientes motivo de señalamiento por diversos sucesos. Por un instante, les pedimos que por favor piensen en lo que estas víctimas están en estos momentos sintiendo.

Por ello, también hago un llamado para que se tomen en el penal de Cancún todas las medidas de rigor para la llegada de este sujeto, responsable de tan lacerantes delitos, y se integre a su llegada un efectivo equipo técnico que realice los exámenes necesarios que determinen si es apto para ser recluido ahí y se incrementen las medidas de seguridad para evitar su posible fuga, pues si bien las autoridades han resuelto sin la debida fundamentación y motivación legal su traslado a dicho penal, ello no significa que Succar Kuri haya dejado de ser un delincuente de alta peligrosidad para la sociedad.

En consecuencia, señoras diputadas y señores diputados, someto a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Procuradurías de Justicia de los estados y a la Procuraduría de Justicia el Distrito Federal, para que redoblen los esfuerzos en el combate a la explotación sexual infantil y la trata de personas; Y en ese sentido, capacite constantemente a su personal, coordinándose con el resto de los poderes en su esfera de competencia, así como la Fiscalía Especial para los Delitos de la Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Fevimtra.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Poderes Judiciales de los estados y del Distrito Federal, a que en los casos en que se amerite y dentro del marco jurídico aplicable, se imponga una sanción que sea congruente con la gravedad del delito de trata de personas. Asimismo, se exhorta a los consejos de las judicaturas locales para que brinden capacitación permanente a sus integrantes sobre estos delitos.

Tercero. Asimismo, se hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública para que a través de la Dirección General de Traslado de Reos y Seguridad Penitenciaria se tomen todas las medidas de seguridad necesarias para efectuar el traslado de Jean Succar Kuri, quien es procesado por un delito sumamente ofensivo para la sociedad, al centro penitenciario ubicado en Cancún.

Cuarto. Se exhorta a las autoridades del centro penitenciario de Cancún para que se adopten las medidas tendientes a evitar la fuga de reos, incluyendo a Succar Kuri, y se realicen los estudios de personalidad adecuados, a efecto de que cuando sea condenado se le someta a un tratamiento que permita la corrección de la conducta antisocial que se le atribuye y, por tanto, su debida reinserción social. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Equidad y Género.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada María de Jesús Aguirre.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (desde la curul): Presidente, solicitándole a nuestra compañera Rosi Orozco que nos permita adherirnos a su propuesta, porque es muy importante. Desde la LIX Legislatura estuvimos luchando aquí mucho para que el señor Succar Kuri fuera extraditado. No puede ser que ahora la autoridad lo envíe a ese centro de readaptación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, la diputada Rosi Orozco no tiene inconveniente, puede usted pasar a firmar su adhesión.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Emilio Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Por ser un caso de suma importancia y tratar de que se aplique la justicia sin distingo de influencias, si me permite la diputada también adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: La proponente ha dado su anuencia para que todos los señores diputados y señoras diputadas que quieran adherirse puedan pasar a la Secretaría.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Además de manifestar mi respaldo absoluto al tema presentado por la diputada Rosi Orozco, me parece que es muy importante, entiendo que era de obvia o urgente resolución, ¿ya no va a ser así? Me parece que tiene la importancia para que de una vez aprobáramos su procesamiento.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Señor diputado, en la comunicación que nos hizo la Junta de Coordinación Política fue inscrita como sólo turno a comisión.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada Enoé Uranga.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Sí, con la misma inquietud. Creo que la gravedad del tema amerita que fuera de urgente u obvia resolución. Los pederastas en este país andan sueltos y se nos mueren sin pagar por los crímenes que cometieron. Y ahora aparte nos informan que cuando un pederasta está incómodo en la cárcel se le manda a una donde esté más cómodo, me parece urgente el que esta Cámara mande una resolución firme al respecto.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Nos presentaron un punto de acuerdo prácticamente en el mismo sentido que acogió la Junta de Coordinación Política y procedió a recabar la firma de los coordinadores. No tenemos ningún inconveniente si la proponente deseara cambiar el trámite y hacerlo de urgente, y sustituirlo por el que iba a votar la Junta de Coordinación Política.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Pablo Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente, en el mismo sentido, el Partido Verde propone e invita a la diputada a que cambie el trámite y la apoyaremos para votarlo. Es un asunto que debe ser votado hoy.

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada Leticia Quezada.

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Para sumarme también a lo que están pidiendo mis compañeras diputadas y compañeros diputados, que sea de urgente u obvia resolución.

No podemos, esta Cámara, estar tolerando a los malditos pederastas que quieren estar gozando de algunas cuestiones y recovecos en la ley. Mano dura contra pederastas y cero tolerancia a estos pederastas. Gracias, diputado presidente.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Carlos Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): En el mismo sentido, señor presidente, dado que las bancadas han expresado que hay unanimidad en el tema de urgente u obvia resolución. La bancada de Acción Nacional está en el mismo sentido.

El diputado Óscar González Yáñez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Óscar González Yáñez.

El diputado Óscar González Yáñez (desde la curul): Para solicitarle el uso de la palabra un momento después de que ya se someta a discusión de la asamblea, porque entiendo que va a ser de urgente u obvia resolución, señor presidente, y en el sentido de nosotros, de nuestra aprobación al punto de acuerdo que propone la compañera Rosi.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, lo someteremos a la asamblea. Sí, diputado Pedro Ávila.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Compañeros, creo que lo que se acaba de proponer aquí es una cosa muy seria, es una cosa de interés nacional y el Congreso de la Unión debe estar en contra de todos estos pederastas.

Fui parte de la LIX Legislatura, donde pedimos que se castigara a este tipo de inmediato, a este señor Kuri, que no debe llamarse ni "señor", por las intenciones malévolas que tuvo contra los niños de México.

Creo que aquí debe hacerse de urgente u obvia resolución, y si se puede, que el Ejército vaya por ese individuo donde esté, pero no que se lo lleven a Cancún como un premio, sino que se lo lleven a las Islas Marías o a algún lugar de donde nunca vuelva a salir, como todos los demás pederastas.

Que el Congreso ponga la muestra que es un poder que puede hacer todo por proteger a la niñez de México.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Castilla.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín (desde la curul): Que se considere como de urgente u obvia resolución, por nuestra condena absoluta a los pederastas y a los funcionarios que son complacientes con ellos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, como ya lo ha solicitado la diputada Rosi Orozco. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente u obvia resolución. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, hay unanimidad por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores.

Se han inscrito los diputados Óscar González Yáñez y Rodolfo Fernández Noroña. Tiene la palabra el diputado González Yáñez, desde la curul. Adelante, diputado.

El diputado Óscar González Yáñez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Le he pedido la palabra para hacer una reflexión sobre este tema que es uno de tantos temas que obliga a nuestra atención.

Es cierto que este personaje ha llamado la atención sobre un hecho muy particular, pero también tenemos que poner atención en todos los hechos que pasan en nuestro país sobre el tema del abuso a menores.

Qué bueno que nuestro Congreso logra llamar la atención; pero la estadística que tenemos de abusos de menores en nuestro país es inmensamente mayor al asunto que estamos tratando.

¿Qué procedería entonces que hiciéramos en este momento? Que el Congreso mexicano haga un exhorto a las instituciones de nuestro país para que lo atendamos de la mejor manera.

Con el respeto que merece el Poder Judicial, hacerle este planteamiento votándolo a favor por unanimidad; pero la propuesta nuestra, señor presidente, sería que nuestra querida compañera Rosi, acompañada de la comisión que preside, fuera la encargada personalmente de hacer el envío del punto de acuerdo que estamos haciendo. Esto con otro sentido. El sentido es de sensibilizar a los jueces de nuestro país al uso de las facultades legales que tienen.

¿Por qué lo hago? Nosotros hemos percibido en el caso particular de un servidor, y creo que algunos coincidirán conmigo en que la lucha que ha dado nuestra compañera diputada Rosi durante muchos años, ha surtido efectos en esta Cámara.

Yo quisiera trasladar el gran cariño que ella le tiene a su lucha y que ha compartido con muchos de nosotros a otro Poder. Por eso quisiera que no solamente fuera un punto de acuerdo, que lo aprobáramos y se enviara a una oficina con un oficio, sino que ella fuera enviada, por parte de nuestro Poder, con nuestro mandato a entrevistarse con estos jueces ?si es que este juez lo permite y se le quiere hacer caso a nuestro Poder? y que ella fuera encargada de una comisión especial que llevara esta comisión.

Creo que la compañera Rosi tendría la disposición. ¿Rosi, sí coincides, verdad? Nuestra compañera Rosi coincide en que encabece una comisión que pudiera llevar esta comunicación de este punto de acuerdo.

Es la particularidad que yo le quería dar, señor presidente, y si usted tuviera a bien que fuera parte del punto de acuerdo que la comunicación sea personal y que la encabezara la compañera Rosi. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Señor diputado, le agradecería que presentara su propuesta por escrito. Tiene la palabra el diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados, compañeras diputadas, el punto que acabamos de votar como de obvia y urgente resolución acredita que cuando se presentan temas con seriedad y responsabilidad no hay ninguna diferencia partidaria que aplicar.

Lo que la compañera Rosi Orozco plantea y viene trabajando desde hace tiempo es un tema de la mayor relevancia, que tenemos que combatir con toda energía y firmeza, y siendo el caso de Succar Kuri un caso emblemático de pederastia, emblemático de impunidad, emblemático de intereses políticos cobijando la protección de semejante personaje siniestro, la decisión de la Cámara es muy importante, pero no debe parar ahí.

Me parece que debemos generar condiciones para que esta tarea, que está impulsando nuestra compañera diputada, tenga todo el respaldo, toda la firmeza, toda la fuerza del peso institucional de esta Cámara de Diputados.

Es verdaderamente aberrante que un criminal de la peligrosidad de Succar Kuri vaya a un penal tan relejado como el de Cancún y que luchadores sociales como Ignacio del Valle sigan en el penal emblemático de máxima seguridad de Almoloya.

Eso es verdaderamente inconcebible, muestra el grado de corrupción que hay en nuestro sistema judicial, muestra el grado de venalidad que hay y me parece que la determinación está haciendo un enérgico llamado al Poder Judicial, con pleno respeto a los poderes y a la autonomía y al equilibrio que cada uno de éstos guardan, a que no debe seguir sucediendo este tipo de cosas.

Porque además, una figura muy importante del marco legal que es el derecho de amparo se viene pervirtiendo a tal grado que hay gente que piensa que habría que desaparecerlo, cuando es una de las figuras más importantes del marco legal existente, pero que muchas de las veces se presta al servicio de los poderosos económicamente, de los influyentes, de los que tienen cobijo del poder político, como es el caso de este personaje Succar Kuri. Ahí están relacionados Yunes, por cierto, Gamboa, que son casos verdaderamente graves de impunidad en torno a esta situación.

Y algo que no comentó aquí la compañera diputada Rosi Orozco, pero imagínense el mensaje que se está enviando a las víctimas, que fueron mayoritariamente de aquella zona de Cancún, el enviarles al penal de Cancún a este psicópata, a este tipo absolutamente enfermo, es un mensaje de impunidad, es un mensaje que aterra a las víctimas de esta situación y que no debemos permitir bajo ninguna circunstancia.

Así es que, a pesar de las campañas que tienen los medios, una decisión como ésta honra a la Cámara de Diputados y hace a los legisladores que formamos parte de ella sentirnos orgullosos de la tarea que estamos realizando. Muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Muchas gracias, diputado presidente. Oportuna la decisión de definir éste como un tema de urgente u obvia resolución.

Hace apenas unos días nos hemos enterado que el pederasta Marcial Maciel murió no sólo en la impunidad, con respecto a los casos que desde 1960 se conocen, de los abusos constantes que ejerció hacia menores, abusando del poder y de los privilegios que la Iglesia le dio, también abusó de sus hijos.

Ese dato no es menor, la pederastia, el abuso hacia los niños y la violación infantil, según las cifras oficiales, se comete con más frecuencia entre los mismos familiares de las víctimas. Son los hombres cercanos a las niñas y a los niños quienes abusan de ellos. Pero también existe este fenómeno que lamentablemente está creciendo en el país y que está asociado a la trata de personas.

Es del todo grave y reprobable, el que se regrese a este patán a Cancún, porque, además, puede implicar el que se posibilite que desde la cárcel empiece a operar otra vez su negocio de pederastia. Es altamente peligroso el que se le coloque en un lugar en el que no sólo se expone a las víctimas que ya han sido sometidas a presiones, a persecuciones y un alto riesgo, sino que además se le coloca donde él conoce los esquemas para funcionar y puede establecer, al igual que cualquier otro criminal de alta peligrosidad desde la propia cárcel, el negocio controlado de la trata de personas y la pederastia.

Estos temas, como el de Marcial Maciel, muestran nuevamente el que estos crímenes ominosos se cometen porque hay alguien en el poder que los consiente. Hay una complicidad; y también quien es omiso, también quién sabe y no hace nada, es cómplice, y hacia ellos creo que toca la responsabilidad de voltear la mirada.

El caso de Marcial Maciel y el caso de este patán obligan a que miremos cuál va a ser el trato que le demos a estos cómplices de los abusos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras.

La diputada Leticia Quezada Contreras: Gracias, diputado presidente. Quiero hacer un llamado a todos los diputados y las diputadas que estamos en este momento, y a todos los grupos parlamentarios representados, a que veamos este problema con mucha seriedad, a sacar, a hacer y a legislar. Y a que nos pongamos a trabajar en una ley adecuada en todo el país. Una ley que sea armonizada, que sea homogénea, porque actualmente tenemos un problema legal en esta materia debido a que hay diferentes códigos penales, códigos civiles, de procedimientos civiles, y no en todos lados existe la tipificación igual.

Mientras aquí, en el Distrito Federal, tenemos la tipificación de almacenamiento y distribución de pornografía, en muchos estados no la tienen. Y en la tipificación de delitos como éstos existe un verdadero problema legal.

Yo llamó a todos los grupos parlamentarios a que ésta sea una de nuestras prioridades como legislatura y que saquemos un ordenamiento jurídico adecuado, para que le demos una herramienta jurídica a todos aquellos jueces que imparten justicia.

Otra cosa que me gustaría comentar también, precisamente es el resultado de estas resoluciones que han estado emitiendo muchos jueces, que no hay una educación, no existe capacitación ni sensibilización para los jueces de nuestro país; es decir, actúan con muchísima impunidad y con muchísima corrupción. No entienden el problema de fondo, que son los niños abusados del país; y no les importa porque no tienen una educación, una sensibilidad, una capacitación en este tema.

Así es que veamos los recursos necesarios para que se vean y que se hagan las capacitaciones en este sentido, y que hagamos legislaciones homogéneas en todo el país. Hoy nos despertamos, ya traemos varios temas importantes en este país, en esta materia de pederastia.

El Congreso, la Cámara de Diputados no podemos estar solapando, ni tampoco podemos estar diciendo o no hacer nada y estar ajenos al caso de Succar Kuri ?por cierto que, qué bien nuestra compañera lo subió?, que acompañamos desde el Grupo Parlamentario del PRD y que no solapamos. Está el caso de Rafael Muñiz y de muchos más, y hoy nos despertamos con el caso del abuso sexual de Marcial Maciel.

Es un escándalo que me parece que está vinculado con una serie de delitos que tienen que ver con abuso sexual, pederastas y encubrimiento. Hay que solicitar a la PGR que investigue, porque puede haber una red de corrupción en una parte de estos fundadores de los Legionarios de Cristo.

No podemos estar avalando, y hay que solicitar a la PGR que se investigue a fondo, que se vea, no de forma, sino que de fondo, el problema. Hacer un llamado a la PGR para que tomen cartas en el asunto y sean sensibles ante las denuncias que se han hecho públicas, no de ahora, sino desde hace ya varios años y no podemos estar nosotros, como diputados, con los brazos cruzados a ver qué pasa, porque este tipo de denuncias, en particular de estos tres pederastas que son basura para la sociedad, ya tiene mucho tiempo que se están haciendo las denuncias públicas. No hay que solapar. No podemos estar tapando el sol con un dedo ante los abusos que están sufriendo nuestros niños en este país.

Este Congreso tiene que estar velando por el interés superior de nuestros niños y niñas en todo lo largo y ancho del país. Sería cuanto, señor diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Agustín Castilla Marroquín.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín: Con su permiso, diputado presidente. Rafael Muñiz, Marcial Maciel, Jean Succar Kuri, Casitas del Sur son tan sólo ejemplos de lo que no puede y no debe repetirse en nuestro país; ejemplos, por cierto, vergonzosos para todos los mexicanos.

Sin embargo, cuántos casos más han quedado en impunidad, cuántos casos más se han quedado en el olvido o en el desconocimiento de la sociedad. Son miles las niñas, los niños víctimas de abuso, de explotación sexual comercial infantil y, sin embargo, poco se ha hecho.

Las autoridades en los diferentes niveles de gobierno, el Poder Judicial y este Congreso, al parecer, solamente reaccionamos cuando se suscita un escándalo. Es indispensable que sentemos las condiciones para preservar el interés superior de la niñez. Que sentemos las condiciones para garantizar el libre desarrollo psicosexual de las niñas y niños.

Y, no debemos confundir los temas, como hace unos días, unas semanas, en una resolución un juez que se atrevió a resolver que no había delito que perseguir porque no se acreditaba que el caso de la pornografía infantil fuera un atentado contra la moral pública.

Necesitamos revisar las leyes. Necesitamos dotar de recursos a las autoridades encargadas de perseguir a estos delincuentes. Necesitamos capacitar a nuestras policías y a nuestras jueces, pero sobre todo, es indispensable que este tema sea una prioridad para el Congreso y una prioridad para la nación.

Una sociedad indiferente, una sociedad silenciosa se convierte también en cómplice y, desde luego, una nación que no es capaz de cuidar a sus niñas y a sus niños está condenada al fracaso. Por eso insisto en que éste debe ser un tema prioritario y debemos mandar desde esta tribuna un mensaje muy claro de cero tolerancia a los pederastas. No importa si son empresarios, no importa sin son ministros de algún culto religioso, no importa si son políticos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Pedro Ávila Nevárez: Con su permiso, señor presidente. Qué hermoso ejemplo está dando en estos momentos a la nación esta Cámara de Diputados. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos hemos unido todos, de todos los partidos políticos, sin distinción de credos ni ideologías para apoyar a una mujer que desde hace mucho tiempo, en la LIX Legislatura, está luchando por la protección de los niños y las niñas de México, como es la compañera Rosi Orozco.

Muchas veces ignorada, muchas veces hasta con burla de sus propios compañeros, y no digo sólo de su partido, sino de todos los partidos, porque cuando se lucha por una causa noble, como Rosi lo ha hecho, con tesón, con dedicación y con amor a los niños de México es cuando se logra el consenso.

Cuántas cosas se han tratado aquí en este Congreso de la Unión, ahora como lo ha dicho el compañero Noroña, con las curules vacías, como si fuera un Parlamento desierto o un Parlamento en que los intereses de la patria no importan, pero aquí estamos ahorita apoyando a Rosi contra esos señores, que el señor Succar Kuri les ha dado fama, y otras personas que no ven en los niños de México por su miopía política, por su perversa actitud, que son el futuro de la patria.

Por eso, en este día que hablo a nombre de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, quiero decirles que me da mucho orgullo estar aquí y que este mensaje lo reciban los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se les olvida que el Poder Legislativo es el que les hace las leyes para que ellos gobiernen, y quieren quitarnos a los diputados nuestra forma de expresarnos.

Que sepan que los diputados venimos aquí porque somos los representantes de la nación y que somos más que los senadores de la República, que los gobernadores y que el mismo presidente, porque un diputado federal es la célula del pueblo, como Rosi, que está pidiendo por los niños de México.

Sigamos unidos así, todos, sin distinción de partidos políticos, para luchar por este México al que tanto queremos. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Alberto Cinta Martínez, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Alberto Emilio Cinta Martínez: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, este tema, tan importante para el país, no es un tema menor, ya lo han dicho otros diputados, pero creo que falta señalizar algo. Ojalá fuera el problema de si un pederasta encarcelado se va a ir una cárcel light en Cancún o se va a quedar en una cárcel de alta seguridad. Ojalá ése fuera el problema.

Hoy, que nos levantamos con la noticia nada nueva de los hijos abusados por el padre Maciel, nos debería dar vergüenza, a todos, que pederastas como él no hayan ni siquiera pisado la cárcel. Es una vergüenza el grado de impunidad que existe en este país en torno a las ofensas más graves contra los niños de México.

Yo quisiera exhortar no nada más a las autoridades y al Poder Judicial a que realmente lleven a un pederasta a una cárcel de alta seguridad, sino que realmente luchemos nosotros los legisladores, todos, por hacer un marco jurídico que acabe de una vez y para siempre con la enorme impunidad que hay en este país. No podemos permitirlo.

Es algo que nos debería de avergonzar a todos, la noticia que salió hoy en torno al abuso que hizo el padre Maciel de sus propios hijos. Es un asunto que se había sacado en televisión durante años. Es un asunto que todo el mundo conocía. Pero nuevamente los grandes intereses, las grandes protecciones y la impunidad impidieron que una persona que había sido señalada públicamente en varios foros: en televisión, en radio, con testigos, con gente con carreras honorables que señalaron esta situación, no se haya hecho nada.

Por eso el Partido Verde ha pedido, entre otras cosas, que se incrementen las penas a los delincuentes. No es una propuesta al aire, es una propuesta seria. Es un reclamo de la ciudadanía. Es un buen momento para entender el incremento a la pena de las personas que generan daños tan graves como los que estamos discutiendo. Es una necesidad, debe ser una obligación de los legisladores atender este reclamo de la sociedad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Gracias, diputado presidente. Definitivamente no podía dejar pasar la oportunidad de hacer uso de la palabra.

En la LIX Legislatura, así como el día de hoy, muchos diputados estuvimos unidos en torno a este tema: el tema de los pederastas. Pero en el tema de Jean Succar Kuri, el señor se había fugado a los Estados Unidos. Y aquí, en esta Cámara de Diputados, el en ese entonces diputado Manlio Fabio Beltrones y una servidora presentamos un punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República inmediatamente se abocara a la extradición de este sujeto.

Inmediatamente después presentamos una iniciativa de reforma ?que hace un momento comentaba una compañera que me antecedió? para reformar todo el Título Octavo del Código Penal Federal en Materia de Explotación Sexual Infantil, así como la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Ley Federal de Procedimientos Penales. Todo esto se hizo en la LIX Legislatura. Lamentablemente en muchos estados de la República las leyes son muy laxas, tal es el caso de algunos estados en donde se convierten precisamente en paraísos para estos sujetos.

Yo no quiero imaginarme a ese juez del Poder Judicial que permitió que esto pueda pasar, que Jean Succar Kuri se vaya a la cárcel de Cancún. Sólo falta que le pongan y le den una suite con vista a la playa.

Yo creo que en este tipo de temas es muy importante estar todos de acuerdo. Y, como bien aquí se dijo, se exhorte a todas aquellas entidades federativas para que homologuen sus códigos penales precisamente al Título Octavo del Código Penal Federal en Materia de Explotación Sexual Infantil.

También en la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos sigue pendiente un dictamen desde la LIX Legislatura que presentamos el diputado ?en ese momento?Manlio Fabio, y una servidora, de Ley Federal contra la Explotación Sexual Infantil.

Esa ley federal que propusimos en ese momento era precisamente para tener un consejo nacional que pueda darle seguimiento a este tema tan importante. En materia contra la explotación sexual infantil, el Grupo Parlamentario del PRI siempre estará a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra el diputado Guillermo Zavaleta Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Guillermo José Zavaleta Rojas: Con el permiso de la Presidencia. Sólo para felicitar a mi amiga y compañera de bancada Rosi Orozco. Creo que finalmente es una de las luchas que empieza a ver la luz después de tanta oscuridad.

Quisiera decir que la pederastia es un delito que marca a las víctimas para toda la vida, porque el pederasta no solamente se aprovecha de su condición mayor en edad o en fuerza, sino también roba las ilusiones, los sueños, las esperanzas de los niños abusados.

No podemos dejar de reconocer el esfuerzo de Rosi Orozco en lo individual, y también reconocer la bondad y el cumplimiento del deber de esta Cámara, este día, que marca un rumbo. Esperemos que las autoridades federales escuchen muy bien el mensaje.

Jean Succar Kuri no merece siquiera ver la luz del día siguiente; sin embargo, el sistema político le permite esa garantía de vivir. Lo que no podemos permitir es que se evada de la acción de la justicia yéndose de un penal de alta seguridad a un penal local, que no quisiera pensar que pudiera llegar a darse el caso, que pudiera incluso empezar a tener privilegios carcelarios de salidas de fin de semana, de visitas a su propia celda, incluso de los propios menores que hoy se trata de proteger.

El sistema carcelario, que ése es otro problema que habrá que atender, en un sistema local que puede llegar a corromperse fácilmente con el dinero ?y que lo tienen en cantidades abundantes?, puede corromper ese sistema carcelario la vida de otros menores de edad.

Por tanto, felicito el esfuerzo de esta Cámara. Quisiera decir que este tipo de delitos no pueden quedar impunes ni tratándose de Jean Succar Kuri, ni tratándose de Adán Salvador Pérez Ramírez, en Oaxaca, de Hugo Gabriel Constantino García, que son dos pederastas que pasean libremente sin que hasta este momento sus órdenes de aprehensión sean ejecutadas.

Tenemos una lucha permanente que observar en la Madre Coraje, como denominó un columnista prestigiado la figura de la señora Leticia Valdés Martell, quien diariamente ha estado luchando para la detención de quienes abusaron de un menor de cuatro años de edad en el Instituto San Felipe, en Oaxaca de Juárez.

Determinado así no por un servidor; determinado así por un Ministerio Público que consignó el asunto; determinado así por un juez que radicó el asunto y que dictó una sentencia a una de las detenidas, la única detenida, la más débil de esa cadena, de esa red, que es una copartícipe de esta violación, con un castigo que hoy se ha dictado por 10 años; y lamentablemente tenemos a dos pederastas que caminan y circulan libremente haciendo daño sin que reciban un castigo ejemplar.

Quiero llamar a la conciencia de este pleno para que de todos los casos de los que tengamos conocimiento en lo individual podamos coadyuvar y podamos darle una respuesta a toda esa ciudadanía que hoy aplaude, sin duda, un tema de esta naturaleza. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, a usted diputado. Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez, del PRD.

El diputado Emilio Serrano Jiménez: Muchas gracias, diputado presidente, por darme la oportunidad de usar la tribuna para manifestar que en el ámbito político, en la misma Cámara de Diputados, de Senadores existe hipocresía.

Hablamos y nos desgarramos las vestiduras con actos tan repugnantes como los que hemos escuchado, pero no se dice cómo los partidos políticos son solapadores, son cómplices y esconden la vergüenza, inclusive en el propio clero.

Ahora le podíamos preguntar al cardenal Norberto Rivera Carrera, que estuvo defendiendo, estuvo diciendo que era inocente Marcial Maciel, qué va a hacer ahora para sacarlo del infierno y mandarlo al cielo, porque se supone que para eso trabaja.

Y a los que llama la diputada Enoé "bestias" ?no hay otro calificativo? los hacen hasta candidatos a gobernadores, a diputados, a senadores o están en el gobierno federal, estatal.

¿Qué le podemos decir ahora al gober precioso? Que se lo lleve a Puebla, a éste que quiere salir de este penal de alta seguridad, porque ahí tendría protección. Protección de Miguel Ángel Yuñes o de Emilio Gamboa Patrón y otros que están por ahí escondidos y que ellos sí se conocen, se defienden y se protegen, y son miembros del mismo negocio, de los mismos gustos.

Aquí se ha calificado de grave, que debemos de hacer algo todos para evitar que se sigan cometiendo estos actos bestiales. Pero que sea de a de veras, no nada más para usar la tribuna y ser escuchados. Hay que proteger a los niños, a las niñas, a los adultos mayores, a la gente más débil. Ésa es nuestra obligación, para eso somos diputados federales, para eso somos representantes de ellos, para protegerlos. Evitar que se sigan cometiendo abusos, injusticias.

Qué bueno que esos temas no tienen colores, que no tienen partidos. Y ojalá que como este acto fueran todos, para evitar la aplicación de la ley injustamente, para evitar que se sigan cometiendo abusos con los que menos tienen.

Ojalá y que nuestra actitud fuera así todos los días, para transformar al país, el país que merecemos todos. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se consulta a la asamblea si la proposición se encuentra suficientemente discutida. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Muchas gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Señores legisladores, por instrucciones de la Presidencia se consulta, en votación económica, si se aprueba la proposición. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, hay mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada. Comuníquese.

El diputad Óscar González Yánez (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Oscar González Yánez.

El diputado Óscar González Yánez (desde la curul): Señor presidente, le pedí al inicio de mi intervención que no fuera solamente una comunicación tradicional de nuestra Cámara a otro poder, sino que fuera una comisión; y en particular le propuse la comisión que encabeza la compañera Rosi, la que se encargara de la comunicación.

La compañera Rosi preside la Comisión Especial de Trata de Personas, que sea esa comisión, presidida por la compañera Rosi, la que se encargue de hacer el procedimiento de comunicación hacia el Poder Judicial. Le quisiera pedir, por favor, que pudiera usted poner a consideración del pleno que así pudiera ser.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tome nota la Secretaría.

Señoras y señores diputados, les informo que se encuentran de visita con nosotros 135 alumnos y 5 maestros de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Nuevo León, invitados por la diputación de Nuevo León, del PRI.

Se encuentran también invitados de Metepéc, estado de México, invitados por el diputado Miguel Terrón Mendoza.

Profesores del estado de Querétaro, invitados por el diputado Reyes Tamez Guerra.

También están con nosotros invitados de San Luis de la Paz, Guanajuato, invitados por el diputado Juan Huerta Montero.

Del distrito XXVI, de Toluca, estado de México, invitados por el diputado Héctor Hernández Silva.

Líderes comunitarios de Ecatepéc, del estado de México, invitados por el diputado Josué Valdez Huezo.

Ayudantes municipales del estado de Morelos, invitados del diputado Jaime Sánchez Vélez.

Se acaban de recibir proposiciones con punto de acuerdo de los órganos de gobierno. Proceda la Secretaría a dar lectura.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se instruye a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para que considere prioritariamente, en los trabajos del pleno, en el otorgamiento de espacios para el trabajo de las comisiones ordinarias, especiales, grupos de trabajo y demás órganos auxiliares del pleno

Acuerdo

Primero. Se instruye a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para que considere prioritariamente en los trabajos del pleno, en el otorgamiento de espacios para el trabajo de las comisiones ordinarias, especiales, grupos de trabajo y demás órganos auxiliares del pleno.

Para estos efectos la Secretaría General, a través de la Dirección General de Eventos, no podrá conceder espacios para el trabajo de los órganos auxiliares del pleno cuando éste se encuentre reunido en el desarrollo de sus sesiones ordinarias los días martes y jueves entre las 10 y las 15 horas.

Segundo. Las solicitudes y requerimientos especiales que formulen las comisiones, los comités y los grupos de trabajo y demás órganos auxiliares del pleno que constituyan excepciones a lo anterior, deberán ser puestas, con la debida anticipación, a la consideración de la Junta de Coordinación Política, que resolverá lo conducente.

Transitorio único. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el pleno.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2010. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se recibió otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita a todos los miembros permanentes invitados y participantes de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas a que cada dependencia que integra la comisión de referencia contribuya a crear un acervo especializado que contenga un banco de información correspondiente al tema de la trata de personas.

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a todos los miembros permanentes, invitados y participantes de la Comisión Intersecretarial, para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas a que cada dependencia que integra la comisión de referencia contribuya a crear un acervo especializado que contenga un banco de información correspondiente al tema de la trata de personas.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas a coordinar la integración del banco de información y a que genere y suscriba los convenios necesarios con aquellas organizaciones relacionadas con el tema de trata de personas, para integrar de mejor manera dicho acervo informativo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2010 y firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

En votación económica se pregunta a las diputadas y diputados si se aprueba. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Otro acuerdo más de la Junta de Coordinación Política, por el que se crean tres Comisiones Especiales de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.

Acuerdo

Primero. Se constituyen las siguientes tres Comisiones Especiales de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.

Una Comisión Especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos de la vid, que presidirá el Grupo Parlamentario del PAN, a través del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid.

Una segunda Comisión Especial para analizar los esquemas de tercerización de servicios en el sector público, que presidirá el Grupo Parlamentario del PRD, a través del diputado Emilio Serrano Jiménez; y

Una tercera Comisión Especial de seguimiento a nuevas inversiones en materia de educación y salud, que presidirá el Grupo Parlamentario del PRI, a través del diputado Francisco Herrera Jiménez.

Segundo. Las tres Comisiones Especiales estarán integradas por 16 miembros propuestos por los grupos parlamentarios, en la siguiente proporción: 6 diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 4 del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 2 del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 1 del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 1 del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 1 del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y 1 del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Las Comisiones Especiales contarán con una mesa directiva que se conformará por un presidente y dos secretarios. El grupo parlamentario que presida no podrá contar con secretarios en la mesa directiva de la comisión. Igualmente, no podrán designarse como secretarios a los diputados y diputadas que ostentan hasta dos secretarías de comisiones ordinarias.

La designación de estos últimos, así como la de la totalidad de los integrantes de cada comisión, deberá ser comunicada por los grupos parlamentarios a la Junta de Coordinación Política.

Tercero. El objeto de las Comisiones Especiales será el que se derive de su denominación.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo dichas Comisiones Especiales podrán allegarse de la información que consideren pertinente, así como reunirse cuando lo estimen necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable.

Igualmente, podrán solicitar y recibir los archivos de legislaturas anteriores que existan sobre la materia de trabajo que deban atender.

Quinto. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de las Comisiones Especiales serán aprobados por el Comité de Administración.

Sexto. Las Comisiones Especiales estarán permanecerán vigentes al 31 de agosto de 2012; para estos efectos, deberán presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010. Firman, los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Muchas gracias, señores diputados. Quienes estén por la negativa (votación). Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se dará lectura del orden del día de la sesión del 9 de marzo de 2010.

(Lectura del orden del día)

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se levanta la sesión (14:43 horas) y se cita para la que tendrá lugar el martes 9 de marzo, a las 10:00 de la mañana. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.