La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 301 diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: (11:40 horas): Se abre la sesión.
Consulte la Secretaria a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura al acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados que ayer querían sesión, hoy parece que no quieren, diputado presidente. Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña. Aprobada el acta.
Con toda atención la Presidencia invita cordialmente a los representantes de los medios de comunicación a ocupar los lugares que tienen asignados para cumplir con su importante labor informativa.
Pido a la Secretaría continuar con Comunicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Diputados secretarios de la honorable Cámara de Diputados, presentes.
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 204 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, Benemérito de las Américas, el domingo 21 de marzo a las 10:00 horas, en el hemiciclo erigido a su memoria en la Alameda Central, delegación Cuauhtémoc.
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirvan otorgar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, licenciada Guadalupe Lozada León, coordinadora.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Para asistir en representación de esta Cámara se designa al diputado Francisco Alejandro Moreno Merino y oportunamente se incorporarán los legisladores que designen los grupos parlamentarios. Continúe la Secretaría con oficio de la Procuraduría Agraria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio del procurador Agrario, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo a la instalación de mesas de diálogo y trabajo tendentes a solucionar el conflicto agrario relativo a la organización Movimiento Huasteco Democrático (MHD).
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento. Continúe con oficio del Consejo de la Judicatura Federal.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio del presidente del Consejo de la Judicatura Federal, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al caso del sacerdote Rafael Muñiz López y otros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Justicia.
Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría de Educación del estado de Yucatán.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Oficio de la Secretaría de Educación del estado de Yucatán, con el que remite el reporte del personal comisionado en 2009, y la ruta de acceso de la página de Internet de la Secretaría de Educación del gobierno de Yucatán.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a febrero de 2010, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente a febrero de 2009.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
Continuamos con el orden del día en el capítulo de Iniciativas
Tiene la palabra el señor diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jaime Flores Castañeda: Con su venia, diputado presidente. El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A raíz de las reformas realizadas con antelación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a los derechos de las víctimas u ofendidos respectivamente, se ha permanecido para muchos criminólogos fuera del objeto de la ciencia criminal. Con el reconocimiento de estos derechos de la víctima u ofendido a nivel constitucional se contará con un avance significativo en la construcción de un nuevo proceso penal.
En este sentido, si bien es cierto que a partir de las reformas al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se elevaron a rango constitucional los derechos de las víctimas u ofendidos, también lo es que en la realidad el ejercicio de tales derechos no se cumple a cabalidad; entre otras razones por la ausencia de una política pública de colaboración institucional uniforme y coordinada entre los diversos órdenes de gobierno, e incluso entre las distintas dependencias de cada uno de ellos que permita el impulso de acciones integrales, a fin de procurar que las víctimas reciban atención y apoyo jurídico, médico y psicológico.
En ocasiones su actuar no se dirige a salvaguardar la legalidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, ya que minimizan el evento, cuestionan a la víctima, la descalifican, ignoran, trivializan el evento o argumentan pesadas cargas de trabajo, de tal modo que, desde la perspectiva de la víctima, el acceso a la justicia y la reparación del daño se perciben fuera de su alcance.
A estos ciudadanos y a aquellos, entre quienes existen los que no conocen bien el idioma español, o que quizá no lo comprenden bien, o que tengan alguna capacidad diferente que les impide ver, oír o hablar, o simplemente, que por su origen étnico o nacional, género, edad, capacidad diferente, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos de la víctima o el ofendido del delito, que tras haber sido víctimas u ofendidos del delito tienen que soportar malos tratos por parte de algunas autoridades o de los servicios médicos, como si ellos fueran los criminales, y es a ellos a los que se busca beneficiar principalmente.
Respecto a esta situación se busca garantizarle a las víctimas u ofendidos el ejercicio de sus derechos. Por ende, no debemos detener los esfuerzos por cimentar una cultura de respeto a los derechos de las víctimas u ofendidos del delito.
Los tres niveles de gobierno debemos mostrar y asumir el compromiso atendiendo a las diversas inconformidades planteadas por las víctimas u ofendidos del delito.
En virtud de los antecedentes expuestos me permito proponer a esta soberanía la conveniencia de reformar y adicionar una fracción al artículo 20, apartado C a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de actuar a favor de las víctimas del delito a quienes hoy perjudica la ley vigente.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente decreto que reforma el artículo 20, apartado C, fracción III, y adiciona la fracción VIII al artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Único. Se reforma el artículo 20, apartado C, fracción III y se adiciona la fracción VIII al artículo 20, apartado C, para quedar como sigue:
Artículo 20.
Apartado C. ...
III. Recibir gratuitamente, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia, así como tratamiento postraumático para su pronta recuperación, contando con los servicios especializados necesarios;
VIII. Ser auxiliado gratuitamente por intérpretes traductores cuando no conozcan o no comprendan bien el idioma español, o tengan una capacidad diferente que les impida ver, oír o hablar.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Solicito a la Presidencia que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates la presente proposición. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputada Uranga, dígame usted.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Solicitar al proponente su permiso para poderme sumar a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunto al diputado Flores Castañeda si está de acuerdo en que se adhieran a su iniciativa.
El diputado Jaime Flores Castañeda: Sí, de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo el diputado. Pasen, por favor. Dígame, diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Ya sirve el micrófono, diputado presidente, me parece muy bien. Diputado presidente, solicitarle que verifique el quórum. Ayer estaban desgarrándose las vestiduras porque querían trabajar; hoy este pleno está desolado. Entonces le pido la verificación del quórum, diputado presidente. Ésos que quieren trabajar, que lo demuestren.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Cómo no, diputado. A su mano izquierda, en la parte superior, está el número de los diputados que han certificado su asistencia a este pleno, hasta este momento. Por tanto, tenemos 346.
Se pospone la participación del señor diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente, ¿de qué grupo se pospone?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se pospuso la del Grupo Parlamentario del PT.
Tiene la palabra el señor diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Banco de México, de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Gracias, señor presidente. Le ruego, por economía parlamentaria, se inscriba esta iniciativa en el Diario de los Debates íntegramente.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, ¿sabían ustedes que nuestro nombre que da origen y gentilicio a los mexicanos no se encuentra inscrito en la Constitución? ¿Que el artículo 1o. de la Constitución establece que somos los Estados Unidos Mexicanos, pero que de este nombre que nos caracteriza y del cual nos sentimos orgullos todos el gentilicio de "mexicanos" no se encuentra inserto en el orden constitucional?
El artículo 1o. establece que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. El artículo 2o. establece que nuestro país es una nación única e indivisible. Pero no establecemos de dónde venimos, lo que nos da identidad, lo que nos une, lo que nos identifica.
La iniciativa que someto a consideración de todos ustedes es insertar el nombre de México en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es atender raíces históricas que nos dan definición identitaria, que nos dan razón de ser, que nos dan prestigio, sentido de pertenencia a todos los mexicanos.
Por eso, en el curso de nuestra historia política se ha tomado como nombre oficial del Estado mexicano el de Estados Unidos Mexicanos. No obstante, ser mexicano no es sólo un gentilicio, un indicativo de un territorio ni la correspondencia respecto de los estados federados. Ser mexicano es certeza de ser y pertenecer al histórico vínculo estrechado por el choque de dos culturas y la unificación de disímiles pensamientos y semejantes en su finalidad de prevalencia.
La identidad, hoy que estamos a 200 años de nuestra Independencia y a 100 de nuestra Revolución, es vínculo que nos une en el origen, territorio, cultura y afinidades de amor a lo nuestro.
La sola palabra de México es un haz histórico que irradió desde la gran Tenochtitlán, pueblo azteca que constituyó la cultura más esplendorosa de Mesoamérica.
Ser mexicano es obedecer a la definición de este nombre que nos heredaron nuestros abuelos indios: los aztecas, cuando acuñaron la palabra de México. Metztli, que significa luna; xitli, que significa ombligo; y co, que significa en el lugar. Nosotros somos los que nacimos en el centro del ombligo de la luna, que es lo que significa esta palabra mágica de México.
Por eso es que en el choque frontal de dos culturas, que crearon una tercera cultura superior que es la de los mestizos, las cartas de relación denominaron a México como: la Ciudad de México.
Cuando se crean las intendencias en la Nueva España en 1786, a la extensión territorial más importante de Mesoamérica se le dio el nombre de México.
Las tres Constituciones que hemos tenido, la del 24, la del 57, la del 17, bautizan a nuestro país como Estados Unidos Mexicanos.
Propongo, compañeros, que establezcamos en el artículo 1o de la Constitución, que México es la nación formada por los Estados Unidos Mexicanos. Que atendamos a nuestras raíces históricas, a los insurgentes que llamaron a nuestro país como la América Septentrional, la América Boreal, o como lo hizo el inmenso Morelos: la América Mexicana.
El único antecedente que tenemos es el más grande de los mexicanos, el de Benito Juárez, cuando en la Ley Orgánica del Registro Civil del 29 de julio de 1859; estableció que en todas las actas del registro civil se iniciara con: En nombre de la república de México.
Esta iniciativa que presento es para devolverle el contenido de los mexicanos de ayer, de los mexicanos que crearon este gran país con una cultura mestiza que asombró a todos los pueblos del mundo. Déjenme decirles, para terminar, que cuando los norteamericanos andaban matando bisontes en Norteamérica, los aztecas ya estaban midiendo la distancia entre la Tierra y el Sol.
Solicito, señor presidente, que por la trascendencia constitucional, política y monetaria, se envíe esta iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y a la de Hacienda, respectivamente, si es tan amable. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación.
El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame, diputado López-Portillo.
El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Señor presidente, mi compañero Paco Moreno, y su servidor, queremos solicitarle a don Humberto Benítez Treviño que nos permita sumarnos a su muy interesante iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Está usted de acuerdo, señor diputado Humberto Treviño?
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Estoy de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo. Así que todas y todos aquellos diputados que deseen participar firmando su documento, pasen a la Secretaría. Muchas gracias, señor diputado.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame, diputado Serrano.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): En el mismo sentido, diputado presidente. A ver si con esto nos queda claro que no somos una estrella más de Estados Unidos de América. No sé si me permite también el diputado adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ya estuvo de acuerdo. Pase, por favor, a firmarla.
Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Pedro Jiménez León: Compañeras diputadas y compañeros diputados. La transición democrática que ha experimentado el país en los últimos años enfrenta serias dificultades que no le permiten alcanzar su consolidación.
La sociedad mexicana observa, no sin asombro, la falta de sensibilidad de la clase política, la que no ha podido dar solución a una serie de problemas que no sólo persisten, sino que se han agravado.
Los avances en la democracia electoral no se han visto correspondidos con mecanismos de rendición de cuentas por parte de los gobernantes. El resultado es francamente desalentador, y a los ojos de la ciudadanía la interrogante es ¿qué hacer cuando un servidor público o representante popular no resuelve los asuntos de su competencia, cuando pone en riesgo el desarrollo nacional, estatal, municipal o delegacional, o de plano es omiso y adopta decisiones que van en contra de lo establecido en la Constitución, las leyes o de los intereses de los ciudadanos?
Ante un ejercicio de la política que ha conferido a la sociedad el papel de mera espectadora, la respuesta es otorgar al ciudadano un derecho fundamental que le corresponde, el de destituir a los gobernantes. La propuesta no busca abrir la puerta a la ingobernabilidad ni mucho menos lleva dedicatoria, por el contrario, atiende una demanda que se refiere a construir una convivencia democrática alejada de las formas del poder que sólo acuden a la sociedad en la búsqueda del voto, y cuando están en el cargo olvidan sus compromisos con ella.
La revocación de mandato permite que se exprese la voluntad ciudadana para dar paso a la remoción anticipada del servidor público y le otorga el control permanente sobre quienes ejercen el poder, recuperando el espíritu del artículo 39 de la Constitución: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".
En Convergencia creemos que al impulsar esta iniciativa estamos volviendo a su cauce el sentido de la voluntad popular y damos fin a una realidad en la que los servidores públicos hacen uso de los recursos como patrimonio propio. Por eso presentamos hoy esta iniciativa en la que planteamos revocar el mandato de los titulares de los órganos del poder público, electos mediante sufragio universal, por omisión, evidente negligencia o ejercicio indebido de sus facultades y que con ello causen daños o perjuicios a la institución, a terceros y afecten los intereses de la nación.
Revocar el cargo al Ejecutivo federal por actuación omisa, negligente o por un ejercicio indebido del poder público que cause perjuicio a la institución que representa y afecte los intereses de la nación, cumplidos tres años de gobierno, previa consulta ciudadana. Revocar por similares causas el cargo de gobernador, jefe de gobierno del Distrito Federal, presidentes municipales y demás cargos de elección popular.
Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por razones de tiempo, solicito a la Presidencia que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como usted lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor diputado Francisco Vega de la Madrid, del grupo? dígame, diputado Cárdenas.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias. Para preguntarle al señor diputado si me puedo adherir a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Acepta, diputado Jiménez León?
El diputado Pedro Jiménez León (desde la curul): Acepto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta el señor diputado, pase por favor a firmar.
Tiene la palabra el señor diputado Francisco Vega de la Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Francisco Vega de Lamadrid: Con su venia, diputado presidente. Por obviedad de tiempo únicamente leeré una síntesis de la presente iniciativa.
Amigas y amigos diputados: en la historia de la humanidad uno de los principios normativos de cualquier sociedad en convivencia es el respeto a la norma o legislación precisamente dentro de esas mismas comunidades en las que se habita y respetando los usos, costumbres, lineamientos, normas y reglamentos que se implementen dentro de sus límites territoriales.
En nuestro país existe un total de 255 leyes federales; aunado a ello, existen códigos federales civiles, penales y de procedimientos electorales. Sin embargo, de ese total no siempre las penas que se establecen son de privación de la libertad.
No obstante, debemos tener en cuenta que cada una de las entidades federativas cuenta con sus propios ordenamientos locales, pasando por las constituciones políticas de los estados soberanos, los códigos procesales y administrativos, hasta reglamentos que incluyen también a los municipios.
Si bien sabemos que las normas en cualquier sociedad de convivencia son necesarias, debemos también reconocer que existen personas con escasa educación que muchas veces son procesadas por delitos que no conocían, o por el desconocimiento de la legislación social local y federal.
La presente iniciativa trata de sostener el hecho de que en nuestro país prevalece una amplia legislación de diversos ámbitos que tratan de abarcar el actuar de las personas en su vida cotidiana; sin embargo, existe una debilidad al interior de la misma sociedad y del sistema jurídico mexicano, ya que existen muchas personas que, además del desconocimiento de las legislaciones, cuentan con una escasa o nula preparación educativa.
A esto le debemos añadir que existen miles de mexicanos que cruzan la frontera con Estados Unidos de Norteamérica con la finalidad de trabajar y en muchas ocasiones el propio sistema termina por abarcarlos y enseñarles una forma de vida basada en la delincuencia, lo cual atraviesa desde los delitos considerados como menores hasta delincuencia organizada y la vinculación con cualquier tipo de violencia.
Actualmente los procesados en Estados Unidos de América o dentro del territorio nacional reciben un trato diferencial y a quienes han purgado penas y sentencias se les denomina ex convictos o ex reos. Frecuentemente se les relega o margina de una oportunidad laboral y de pertenecer a la población económicamente activa, dedicándose a actividades lícitas.
Si bien coincidimos en las penas impuestas encaminadas a que los delincuentes e infractores de las diversas legislaciones purguen una sentencia en tiempo y forma, debemos reconocer que en la mayoría de las veces quienes han purgado sentencias en territorio mexicano y extranjero carecen de las oportunidades reales para reincorporarse a la vida laboral del país, aunado a la falta de una política pública federal encaminada a la reinserción social y económica de los ex convictos.
Compañeras y compañeros: el esfuerzo que desde el gobierno federal se ha implementado para lograr la readaptación social de los infractores en nuestro país debe estar acompañada con la modificación al marco legal correspondiente y proponer, desde la Ley Federal del Trabajo, la no discriminación a las personas que han delinquido, proponiendo la modalidad de ser primo delincuentes o ex convictos de baja peligrosidad, los cuales a su vez deberán cumplir con los requisitos establecidos en los ordenamientos legales, así como en los principios de buena conducta y de verdad bajo palabra.
Queremos dejar claro que esto no exime por ningún motivo a ningún ex convicto de presentar, bajo protesta de decir verdad, sus antecedentes en cualquier entrevista de trabajo, así como la facultad de reserva de contrato de los patrones del país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito proponer a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o., 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo.
Señor presidente, le solicito que el texto íntegro sea publicado en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, señor diputado, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El diputado Ricardo Sánchez Gálvez (desde la curul): Gracias, presidente. Sólo para solicitar al diputado Francisco Vega de Lamadrid que me permita integrarme y adherirme a esta iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Vega de Lamadrid, el diputado Ricardo Sánchez solicita su anuencia para adherirse, ¿está usted de acuerdo?
El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (desde la curul): Estoy de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo el diputado. Todos aquellos que deseen participar, pasen a la Secretaría a suscribirlo.
Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
El diputado Samuel Herrera Chávez: Con su permiso, diputado presidente. Para nadie es desconocida la presencia de los ciudadanos ex braceros que están aquí, en la puerta; por la legítima demanda de sus planteamientos.
Por ello, propongo la iniciativa de proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Derivado del convenio binacional establecido entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos en 1942, miles de compatriotas se trasladaron a trabajar a diferentes campos agrícolas y ferroviarios a fin de cubrir la mano de obra norteamericana que se había trasladado a los escenarios de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, los objetivos de este programa quedaron inconclusos ya que la mayoría de esos trabajadores jamás cobraron sus recursos económicos ahorrados. Las instituciones del gobierno mexicano no implementaron alguna iniciativa para llamar a los ex braceros y entregarles lo que por justicia y trabajo les correspondía. Lo más grave fue que la mayor parte de ese fondo económico desapareció; esto bajo la responsabilidad de los gobiernos priistas en turno. Hasta la actualidad, ni el gobierno ni institución alguna informa del destino y aplicación del dinero de los ex braceros.
En el 2005, cuando en promedio habían pasado 50 años del convenio binacional, se reconoce el derecho de los ex braceros y se aprueba la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; sin embargo, en la práctica se deja de lado la búsqueda y destino del fondo campesino de 10 por ciento y se establece un apoyo en general de 38 mil pesos a las personas que probaran, con los documentos que exige la ley, haber trabajado entre 1942-1964 en los campos agrícolas y ferroviarios en Estados Unidos.
La cantidad aproximada que se trasladó a Estados Unidos fue de más de 3 millones y medio. En las dos etapas que se ha convocado a los ex braceros a entregar su documentación, a través de mesas receptoras, sólo un promedio de 200 mil de ellos comprobaron y serán beneficiados, representando sólo casi el 5 por ciento del total que fueron a los campos agrícolas y ferroviarios, significando esto que existen miles de ex braceros que por alguna circunstancia no se han enterado, y mucho menos incorporado al programa en que debe el gobierno federal cumplirle a estos mexicanos que entregaron su trabajo a otro país y hasta la fecha no han sido apoyados.
En el pasado proceso de reforma a la ley se reconocía que la credencial que expedía la Secretaría de Gobernación a los ex braceros y la mención honorífica expedida por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos son documentos que cumplen con los requerimientos y que sirven como documentos probatorios, por lo que deben considerarse en la norma y establecerse como elementos probatorios, ya que hay muchos ex braceros que cuentan con dichos documentos.
El requisito del Social Security que se agregó en la pasada reforma, al exigirse que fuese apostillado y que estuviera vinculado al programa bracero, éste resulto nugatorio, contrario al espíritu de la ley, que era el posibilitar que más ex braceros se incorporaran al programa y fueran beneficiados, por lo que debe derogarse y ser sustituido por otros documentos probatorios que permitan el objetivo que la ley pretende.
Por otro lado, en los cinco años en los que ha funcionado el Comité Técnico del Fideicomiso 2106 ha tenido un funcionamiento muy burocrático y sus determinaciones son demasiadas lentas y complicadas, porque lo que debe regularizarse es la actividad de este organismo, por lo menos para obligarlo a establecer un programa que debe comprometer resultados en beneficio de los ex braceros.
Debe haber una calendarización de la publicación de la lista de beneficiarios en el Diario Oficial de la Federación, regularse las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebren y permitir que un representante de la Cámara de Diputados, preferentemente un miembro de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros, se incorporó en calidad de observador o invitado permanente, esta calidad ya ha sido utilizada, incluso, para que participen funcionarios de Banobras que no son parte del Comité técnico del fideicomiso.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con lo cual se reforma este articulado, particularmente el artículo 3o.; se adiciona la fracción XV al artículo 5o. y los incisos e) y f) al artículo 6o., y se deroga el inciso d) del artículo 6o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos para quedar como sigue:
Particularmente el artículo 6o., fracción III, inciso c) Se deroga. Inciso e) se plantea la credencial expedida por la Secretaría de Gobernación que acredita la calidad de trabajador emigrante. Y en el inciso f) La mención honorífica expedida por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos (US Departament of Labor).
Ciudadano presidente, este planteamiento es una legitimidad de muchos ex braceros que se encuentran en la puerta de este recinto y que plantea la legitimidad de muchos ex braceros, migrantes y adultos mayores.
Por lo anterior, dado que no está planteado en forma completa este planteamiento, solicito se inserte en forma completa el documento como texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, y esperamos que muchos compañeros diputados y diputadas se adhieran a la presente iniciativa. Gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y como lo ha manifestado el señor diputado Herrera Chávez, todas y todos aquellos que deseen suscribirlo, pasen a la Secretaría.
Tiene la palabra el señor diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, buenos días, se trata de una iniciativa que tiene una finalidad muy clara, que es la de incorporar la figura de la amicus curiae en el sistema procesal mexicano. El amicus curiae o amigo de la Corte, es una figura procesal que existe en muchos países del mundo. En los Estados Unidos, en Inglaterra, en algunos países de América Latina, y también está recogida su regulación y su tramitación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 44 del Reglamento de esa Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Como todos nosotros sabemos, México es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha ratificado su competencia y hemos tenido integrantes en esa Corte muy notables. Esta experiencia que ha sido muy útil en el sistema jurisdiccional de la OEA, en especifico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que es oportuno traerlo al sistema procesal mexicano.
Aquí estamos proponiendo una reforma al artículo 94 de la Constitución, para establecer la figura del amicus curiae y también la adición de un capítulo 7 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece la reglamentación de la figura de la amicus curiae.
¿Para qué sirve la figura de la amicus curiae? Pues sirve, por un lado, para permitir que grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, grupos de ciudadanos, que defienden causas determinadas en la sociedad frente a un litigio concreto en donde no tienen un interés jurídico específico, puedan plantear argumentos, opiniones, razones, que abonen en la construcción de una decisión mucho más razonada por parte de los tribunales.
Es, desde luego, la figura de la amicus curiae una figura que permitiría democratizar al Poder Judicial en México. La transición a la democracia en nuestro país desgraciadamente no ha llegado con la profundidad debida, como lo esperábamos muchos millones de mexicanos. El Poder Judicial sigue siendo en muchos aspectos, tanto a nivel federal como los poderes judiciales locales, un Poder hermético, un Poder cerrado que no escucha con suficiencia a los ciudadanos.
El planteamiento tradicional del proceso es que el juez, el tribunal escuche a las partes, cuando mucho a los terceros que tienen un interés jurídico o legítimo en el asunto; a los testigos y a los peritos, pero a veces la sociedad tiene necesidad de argumentar, de exponer razones sobre cuestiones que son de interés público, de interés general, que están conociendo los tribunales.
Por eso consideramos que esta figura generaría un mayor debate judicial en el país, un mayor debate jurídico, obligaría desde luego a los tribunales a justificar y a razonar mejor sus decisiones e implicaría un ejercicio por parte de los poderes judiciales, de los tribunales, un ejercicio de rendición de cuentas.
Como sabemos todos, la rendición de cuentas entraña la obligación de la autoridad para justificar, para razonar, para argumentar sus decisiones. Si los tribunales escuchan ampliamente a la sociedad, si escuchan a los grupos sociales, creo que podrían mejorar en la calidad de sus decisiones y creo que también argumentarían mejor estas decisiones.
Es decir, estaríamos contribuyendo, de aprobar esta iniciativa, a perfeccionar la rendición de cuentas y la transparencia en el Poder Judicial de la Federación.
Yo los invito a todos ustedes a que acompañen esta iniciativa, que me parece trascendente para la vida judicial, para la vida jurídica, para el debate sobre la interpretación de las leyes y de las normas jurídicas en nuestro país.
Hemos pasado en este momento, en el mundo, del sistema aquel en donde había actores privilegiados de la interpretación de las leyes, a un sistema plural, en donde amplios sectores de la sociedad, y no solamente las autoridades o los jueces, pueden interpretar las leyes, pueden dar su punto de pista.
Peter Häberle, un autor de derecho constitucional notable en Alemania, señala que el nivel de democratización de un sistema jurídico y de un sistema político y el nivel de desarrollo de un Estado de derecho, depende de la cantidad de intérpretes jurídicos que existan en esa sociedad concreta.
La figura de amicus curiae tiene ese propósito: democratizar, abrir, transparentar al Poder Judicial y obligarlo a la rendición de cuentas a la sociedad. Muchas gracias, compañeras, muchas gracias, compañeros diputados, por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.
En virtud de que el señor diputado Fernando Cárdenas Gracia ha manifestado su aceptación para que se sumen todas aquellas y aquellos legisladores, los que quieran hacerlo favor de pasar a la Secretaría a firmar el documento.
Continuamos con el orden del día Proposiciones
Esta Presidencia recibió del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar el precio del diesel durante 2010 y a reorientar los subsidios de los comestibles. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía.
Tiene la palabra el diputado Herón Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del gobierno de Durango, a Conagua, a la Secretaría de Gobernación e Infonavit, a resolver la problemática que aqueja a los habitantes de la colonia César G. Meraz.
El diputado Herón Agustín Escobar García: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
Vengo aquí a hacer una denuncia. Los vecinos de la colonia César Guillermo Meraz, en el municipio de Lerdo, Durango, están padeciendo los estragos de la naturaleza y de la mala planeación de los asentamientos habitacionales por parte de las constructoras de viviendas Infonavit y empresas privadas que extraen material del suelo y del cauce seco del río Nazas.
Desde el 2008 se están presentando una serie de fisuras, grietas y hundimientos en la colonia César Guillermo Meraz, que está asentada muy cerca del cauce del río Nazas. La situación es delicada ya que están en riesgo poco más de mil 100 viviendas. Se ha llegado a tal grado de que algunas casas ya están deshabitadas y han preferido dejarlas sus habitantes para no arriesgar sus vidas.
A través de la presión y la movilización social lograron que se hiciera un estudio que concluyó que un sector importante de más de mil familias están asentadas en esa zona y hay todavía 50 familias en riesgo inminente. En cualquier momento se hundirá el suelo y habrá un percance.
Personal del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua realizó ya estudios pero no son suficientes. De acuerdo a datos preliminares sí existe riesgo de que se presenten otros hundimientos. Se planeó la necesidad de realizar otros estudios por parte del Servicio Geológico Mexicano, perteneciente a la UNAM, para determinar si es necesario reubicar a los habitantes de la multicitada colonia.
En el caso han intervenido el municipio, el gobierno del estado a través de la Comisión del Agua, y el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aunque hasta el momento no hay nada concreto.
Más de una treintena de personas, en su mayoría mujeres, mostraron planos y oficios que han enviado al gerente de la Comisión Nacional del Agua, Óscar Gutiérrez Santana, y al gobierno de Durango, vía Oliverio Reza Cuéllar, y al municipio, en la que se exige poner punto final a este dilema que data desde 2008.
Los vecinos de este lugar insisten en que las compañías que extraen material del lecho seco del río Nazas ?conocidas como cribadoras? han profundizado las fallas geológicas, las cuales también han incidido en los hundimientos que se han presentado en dicha colonia.
Las autoridades de la Comisión Nacional del Agua han respondido que los lugares donde se hace la extracción no corresponden a la zona federal y que son parte del ejido de Lerdo y, por lo tanto, es responsabilidad de dicho ejido no permitir la extracción del material pétreo.
El 23 de enero de 2009 la Secretaría de Gobierno y el Centro Nacional de Prevención de Desastres emitieron una nota informativa para referirse al problema de los hundimientos presentados en Lerdo, Durango. En tal nota se señala lo siguiente:
"El fenómeno que se ha observado en esa región, caracterizado por el colapso súbito del terreno en áreas específicas, se debe a oquedades formadas como consecuencia de la disolución del sustrato formado por calizas, rocas constituidas esencialmente por carbonatos de calcio. Dichas oquedades se forman a través de largos periodos, por lo que claramente se trata de un fenómeno natural".
Compañeras diputadas y compañeros diputados, la situación aquí descrita pone en riesgo el patrimonio y la integridad de un importante número de familias del municipio de Lerdo, Durango. Nos parece que al problema no se le ha dado una solución a fondo.
El gobierno municipal ha ofrecido buenas intenciones para resolver el problema, lo mismo que la Conagua y el Infonavit, pero no se ha resuelto nada en concreto. Es por ello que aprovechamos este espacio legislativo y parlamentario para hacer llegar la voz de los habitantes de la colonia César Meraz, del citado municipio, e interponer los buenos oficios de esta Cámara para coadyuvar en la solución de este problema.
Solicito se inserte el texto íntegro de este punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el diputado José Luis Marcos León Perea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que solicite una reunión ministerial de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN.
El diputado José Luis Marcos León Perea: Con su permiso, señor presidente. Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudimos ante el pleno de esta soberanía a presentar la proposición con punto de acuerdo con fundamento en la siguiente
Exposición de motivos
Debido a los grandes volúmenes de captura, la pesca y acuacultura del camarón representa una pesquería que puede y ha sido bien aprovechada comercialmente, ya que la explotación de esta especie constituye, en volumen, la tercera pesquería de México y la primera en valor y captación de divisas.
De acuerdo a la Sagarpa, en el 2009 México exportó a Estados Unidos 39 mil 712 toneladas de camarón, equivalentes a 258 millones 204 mil 932 dólares. La pesca de camarón en México se lleva a cabo en el Golfo de México, desde Chetumal hasta Tamaulipas, y en el Pacífico, desde Sonora hasta el puerto oaxaqueño de Salina Cruz. Actualmente la pesquería de este crustáceo en México cuanta con mil 500 embarcaciones. En la práctica, en la pesquería del camarón silvestre se ha establecido una serie de regulaciones para proteger las poblaciones de las diversas especies de tortugas marinas.
La Norma Oficial Mexicana, NOM-002-PESC-1993, se expidió con el fin de implementar de manera permanente los dispositivos excluidores de tortugas marinas. Se descubrió hace poco el uso indebido de las artes de pesca por parte de algunos patrones de las embarcaciones al coser o cerrar la salida de los sistemas excluidores de tortugas, con el fin de incrementar el producto pesquero.
Por lo anterior, el gobierno de los Estados Unidos, con fundamento en la Ley 101-162 sección 609, del 21 de noviembre de 1989, la cual tiene como objetivo la prohibición de importar a los Estados Unidos camarón que sea pescado con tecnología que ponga en riesgo a las tortugas marinas, impuso a partir del 20 del abril la "no certificación". Es decir, prohibir la importación a ese país del camarón mexicano, lo cual traerá como consecuencia el colapso de esta pesquería, ya que cerca de 90 por ciento de los pescadores de camarón en México depende del mercado norteamericano.
La mencionada ley establece en su aplicación que se llevará a cabo con base en una certificación anual, por lo que resulta necesario que el gobierno de los Estados Unidos de América, a través del Departamento de Estado, inspeccione nuevamente la operación de las redes de arrastre que se utilizan para captura de camarón, y realicen una nueva revisión a la flota pesquera, para verificar el uso de los excluidores de tortuga, y que se entregue la certificación por parte de las autoridades estadounidenses.
La certificación que solicitamos, debe ser mientras está vigente la actual temporada. De esta manera podremos evitar la incertidumbre que genera el no estar certificados, lo cual conlleva al bloqueo de los financiamientos por parte de bancos y proveedores, y por consiguiente no estar preparados la flota camaronera para salir en la próxima temporada.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que instruya al ciudadano Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía, para que solicite una reunión ministerial de la Comisión de Libre Comercio, a efecto de presentar ante el grupo de trabajo ad hoc formado entre la Comisión de Libre Comercio y la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, integrada por funcionarios de alto nivel, el grave problema que representa a la pesquería del camarón, la sanción impuesta por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a las importaciones de camarón mexicano a ese país, y solicite al gobierno de ese Estado, inspeccione nuevamente la operación de las redes de arrastre que se utilizan para la captura de camarón, y realice una nueva revisión a la flota pesquera para verificar el uso de los excluidores de tortuga, antes de que pare la flota camaronera del país.
Segundo. Instruir a la Profepa y a la Conapesca, y ordenar a la Secretaría de Marina, a aplicar estrictamente las sanciones impuestas por la violación a la legislación ambiental y, con esto, cumplir cabalmente con lo dispuesto por el artículo 5 del Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de Canadá, el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y evitar nuevas sanciones fundadas en las leyes extranjeras aplicadas conforme a esta disposición internacional.
Diputados por el PRI: diputado José Luis Marcos León Perea, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Jesús Alberto Cano Vélez, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Díaz Brown, Onésimo Mariscales Delgadillo, Miguel Ernesto Pompa Corrella.
Diputado presidente, solicito a usted que se turne a la Junta de Coordinación Política y se integre en el Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Para los efectos, se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Se encuentra de visita en este recinto un grupo de ciudadanos del 3 distrito de Azcapotzalco, invitados por el señor diputado Balfre Vargas Cortez, a quienes les damos una cordial bienvenida. Sean ustedes bienvenidos.
El diputado Rolando Bojórquez Gutiérrez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame usted. Dígame, diputado.
El diputado Rolando Bojórquez Gutiérrez (desde la curul): Señor presidente?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, estoy dándole la palabra al señor diputado, discúlpeme. Dígame, diputado.
El diputado Rolando Bojórquez Gutiérrez (desde la curul): Señor presidente, para pedirle a nuestro diputado que acaba de dar a conocer este punto de acuerdo, si nos permite incluirnos en el mismo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pregunto al señor diputado José Luis Marcos León Perea si está de acuerdo en que se adhieran sus compañeras y compañeros diputados.
El diputado José Luis Marcos León Perea (desde la curul): Estoy de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo.
La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame, diputada.
La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (desde la curul): Lo mismo, señor presidente, adherirme al punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Cómo no. Está de acuerdo el señor diputado. Entonces quienes estén de acuerdo pasen a suscribir el documento correspondiente.
Tiene la palabra el señor diputado Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigue las violaciones a los derechos humanos en los penales de Durango.
El diputado Bonifacio Herrera Rivera: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el pasado 21 de enero de 2010 se suscitó una riña colectiva en el Centro de Readaptación Social, Cereso número 1, de la ciudad de Durango, que dejó como saldo 24 internos asesinados.
Este hecho forma parte de una cadena de sucesos sangrientos de los penales de Durango en los últimos 16 meses, los cuales no tienen comparación con situaciones de violencia en los penales de otros estados del país.
Entre los hechos de violencia ocurridos en los últimos 16 meses, desafortunadamente, destacan los siguientes:
El 2 de noviembre de 2008, en el Cereso número 2, de Gómez Palacio, 8 internos fueron asesinados en dos riñas distintas.
El 21 de marzo de 2009, un motín en el Cereso número 1, de Durango, tuvo un saldo de 7 muertos.
El 2 de mayo de 2009, un interno falleció como consecuencia de una riña en el Cereso número 2.
El 17 de julio de 2009, una riña en el Cereso de Gómez Palacio arrojó un saldo de 3 muertos, cuando no habían ni transcurrido 24 horas de similar suceso.
El 14 de agosto de 2009, en el Cereso número 2 se produjo una riña colectiva con un saldo de 20 muertos. En el cateo posterior al enfrentamiento se localizaron, dentro del penal, pistolas calibre 25, 32 y 38, además de decenas de armas punzocortantes.
El 16 de octubre de 2009 un custodio del Cereso de Gómez Palacio fue asesinado tras terminar su jornada de trabajo en el penal.
El 21 de enero de 2010, en el Cereso de Durango, integrantes de dos grupos rivales se enfrentaron, con un saldo de 24 muertos; por lo menos una de las víctimas fue ultimada a balazos. En los últimos 16 meses, 63 internos han sido asesinados en penales de Durango.
Cabe observar que la mayoría de los hechos de violencia no son casos individuales o inconexos, sino acciones colectivas de facciones que responden a grupos criminales que operan extramuros.
Parte de la omisión en la prevención es que los reos disponen, al parecer, sin mayor dificultad, de armas punzocortantes e incluso armas de fugo. Esto habla, por un lado, de la grave corrupción que permite la introducción y el tráfico de armas al interior de los penales, y por otro, de la falta de operativos de revisión para la localización y el decomiso de tales armas.
Llama la atención que una vez que estalla la violencia, los elementos del personal de custodia sean incapaces de detenerla y actúen hasta que el enfrentamiento ha cesado. Esta omisión significó que en el más reciente incidente murieran 24 internos, cantidad de decesos que muy probablemente habría sido menor de haberse producido una reacción oportuna.
Por cuanto a lo anterior, la privación temporal de la libertad no significa que los internos queden desprovistos por completo de garantías, pues siguen siendo titulares de derechos, entre ellos el derecho a la vida y a la seguridad, los cuales las autoridades penitenciarias y de seguridad pública deben tutelar.
En virtud de la gravedad de los hechos de violencia en los penales de Durango y de la incertidumbre sobre la actuación de las autoridades responsables, los legisladores mal haríamos en permanecer como meros espectadores.
Por lo anterior se presenta el siguiente
Punto de acuerdo
Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que, en el ámbito de su competencia y por conducto de la Visitaduría correspondiente realice las investigaciones e inspecciones pertinentes a fin de determinar la existencia de violaciones de derechos humanos en los penales de Durango.
Solicito respetuosamente, señor presidente, que el texto íntegro del presente punto de acuerdo sea incorporado al Diario de los Debates. Es todo, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos. Diputada Lorena Corona, dígame.
La diputada Lorena Corona Valdés (desde la curul): Dado que el orador está planteando un asunto relevante que se ha presentado reiteradamente en diversos centros de rehabilitación del país y que no es un tema exclusivo de una entidad federativa, evidentemente es un asunto que tiene implicaciones nacionales, si el diputado acepta ampliar su punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar las investigaciones e inspecciones en todos los penales del país, y proceda acorde a su competencia para mejorar el sistema penitenciario.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Bonifacio Herrera Rivera, ¿estaría usted de acuerdo en aceptar esa ampliación que solicita la diputada Lorena Corona?
El diputado Bonifacio Herrera Rivera (desde la curul): Sí, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta; entonces pónganse de acuerdo para que la redacción quede y al final pueda ser parte de la proposición presentada por el diputado Herrera Rivera.
Tiene el uso de la palabra la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo federal en la estrategia para la recomposición social e institucional de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes: Gracias, señor presidente. El pasado jueves 11 de febrero, el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, realizó una gira a Ciudad Juárez, Chihuahua, una de las ciudades del país, quizás en la que más la violencia ha tomado tintes de extrema gravedad; un problema que se suma a otros muchos, de carácter social y económico, que han influido para ser un foco rojo de gobernabilidad.
La estrategia del Ejecutivo federal se basa en cuatro ejes, insertos en el programa Todos Somos Ciudad Juárez. Primero, la recomposición del factor institucional. Segundo, el factor operacional. Tercero, el factor social que incluye los temas de educación y salud, entre otros. Y cuarto, la participación ciudadana.
Cabe destacar que se están llevando mesas de discusión por cada uno de los temas, para hacer que la estrategia sea viable en términos de recursos económicos, materiales y humanos a destinar, así como los tiempos para la puesta en marcha de las políticas públicas pertinentes.
Asimismo, el día del evento, los miembros del gabinete presentes realizaron propuestas concretas y recibieron opiniones a través de un intercambio de ideas, enriqueciendo el compromiso por parte de los funcionarios federales y del propio presidente de la república.
Es necesario dar un seguimiento puntual a todas y cada una de las propuestas y acciones a emprender en Ciudad Juárez. Las propuestas esbozadas durante el primer encuentro del gobierno federal con los diversos sectores de la sociedad juarense fueron los siguientes:
Ampliar de 60 a 100 la red de estancias infantiles para atender a 3 mil 500 niños. Becas de capacitación a desempleados. Impartición de talleres de formación para el trabajo. Rescate de importantes espacios públicos, parques, jardines y centros deportivos. Construcción de una secundaria más, un Cedeti en el noroeste, un Cecati, un Conalep y un Ceti. Mejorar las condiciones de todas las escuelas que se encuentren en estado indeseable. Comenzar los trabajos en 60 escuelas de tiempo completo. Implementación del programa Escuela Segura en los 280 planteles que existen en Ciudad Juárez. Capacitación en materia de adicción, dirigida tanto a maestros como a directivos de los planteles educativos. La pavimentación de 200 mil metros de vialidades y banquetas. Ampliar y mejorar las condiciones de 5 mil casas en zonas de alta marginación, entre otros, que han quedado plenamente detallados.
La creación de una comisión especial para dar seguimiento a los compromisos del Ejecutivo federal permitirá incorporar un mayor número de actores y visiones en la solución de los problemas. Por lo anterior, se presenta el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Que se cree en esta soberanía, y en el marco de sus atribuciones, una comisión especial para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos económicos del Ejecutivo federal en la estrategia para la recomposición social e institucional de Ciudad Juárez, Chihuahua. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Como lo solicita, túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra la diputada Cristabell Zamora Cabrera, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas y suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Cristabell Zamora Cabrera: Con su venia, señor presidente. Nuevo Laredo es una de las ciudades fronterizas más importantes de México, dado el volumen del tráfico comercial que tiene lugar cada día. Por ello, la aduana de Nuevo Laredo, compañeros, es la primera en América Latina.
El aeropuerto internacional Quetzalcóatl forma parte de los 56 aeropuertos con clasificación internacional. Incorporado desde 1972, en el 2008 este aeropuerto recibió 88 mil 500 pasajeros, según datos publicados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y su volumen de operaciones en el mismo fue de tres mil 826, con un horario oficial de operación de las ocho de la mañana a las ocho de la noche.
Esa terminal de carga contará próximamente con un recinto fiscal, almacenes fiscalizados, andenes de revisión, patios de maniobras e inspección, así como instalaciones para aduanas que estarán supervisadas por la policía fiscal, agentes aduanales, operadores de carga y transportistas, sumando 16 operaciones diarias a las actuales y manejando un volumen cercano a las 120 mil toneladas de carga anual, siendo la primera aduana en la frontera norte en ofrecer el servicio aéreo para importación y exportación de mercancías.
Sin embargo y a pesar de todo ello, la ciudad y su economía, que representan la mayor parte de los ingresos aduaneros de nuestro país, se han visto mermados ante la escasa posibilidad de funcionamiento del aeropuerto en condiciones de vuelos nocturnos y bajo situaciones meteorológicas que, aunque no nulifican las operaciones normales de otros aeropuertos, sí lo hacen en Nuevo Laredo debido a que no cuenta con sistemas de aproximación de vuelos y trayectorias de aterrizaje que le den un mayor grado de seguridad a estas operaciones.
Ante esta situación, la industria aeronáutica ha creado valiosos instrumentos de apoyo para la navegación, como lo es el sistema de aterrizaje por instrumentos, conformado principalmente por dos equipos: un localizador y uno de trayectoria de planeo. El primero indica al piloto y al avión el eje de la pista, mientras que el segundo le da la trayectoria o pendiente de aterrizaje.
Con esta tecnología, los pilotos de las aeronaves pueden realizar despegues y aterrizajes en condiciones nocturnas o de muy baja visibilidad, como consecuencia de la niebla, bruma o lluvia intensa, pero con un alto grado de seguridad.
Los puertos aéreos que cuentan con un sistema de aterrizaje por instrumentos operan casi al 100 por ciento del tiempo, pese a las condiciones climáticas. Los beneficios son enormes: la probabilidad de retrasos, cancelaciones o el cierre del puerto se reduce prácticamente a cero, mientras que las aerolíneas mantienen a sus aviones la mayor parte del tiempo en el aire.
Además, el instalar sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo mejoraría el clima de negocios y se vigorizaría la economía del Estado mexicano, ya que aumentaría la población residente, se incrementaría la oferta inmobiliaria, se instalarían empresas foráneas, se crearían nuevas empresas relacionadas con el aeropuerto y sus usuarios y en general, habría un importante escalada en la actividad productiva.
El aeropuerto Quetzalcóatl es administrado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que es un organismo descentralizado del gobierno federal, donde el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encabeza su consejo de administración.
En tal sentido, es esta Secretaría la autoridad competente para equiparlo y colocarlo a la vanguardia tecnológica de la seguridad internacional.
Compañeras y compañeros, el pasado jueves 11 de febrero ocurrió un incidente con la compañía Click de Mexicana de Aviación, en el que estuvimos 92 pasajeros a punto de perder la vida. Aunque no fue determinante, si cabe destacar que de haber contado el aeropuerto de Nuevo Laredo con el equipamiento necesario se hubieran podido realizar las maniobras necesarias para el aterrizaje, el cual se tuvo que efectuar en la ciudad de Monterrey para evitar una tragedia.
Por todo lo anterior, someto a esta honorable asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares modernice e instale a la brevedad posible en el Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl, de Nuevo Laredo, sistemas especializados para aterrizaje por instrumentos, con el objeto principal de salvaguardar esencialmente la vida de usuarios, personal aéreo y de tierra y no interrumpir el potencial de desarrollo económico, industrial y comercial, que para nuestro país representa la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Porque como lo he repetido en esta tribuna: fortalecer a Nuevo Laredo también es fortalecer a México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Transportes.
El diputado Pablo Regordosa Rodríguez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí diputado, dígame usted.
El diputado Pablo Regordosa Rodríguez (desde la curul): Para solicitarle a la diputada si me permite adherirme a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como no. Diputada Cristabell Zamora Cabrera, está solicitando el señor diputado adherirse a su propuesta.
La diputada Cristabell Zamora Cabrera: Estoy de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo la diputada, pasen por favor.
Se encuentran entre nosotros un grupo de universitarios del estado de Nuevo León, de la carrera de ciencias políticas y administración pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, invitados por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado. Sean todos ustedes bienvenidos.
Asimismo, se encuentran entre nosotros los ciudadanos Cristóbal Javier, presidente municipal de Paraíso, Tabasco, y Armando Correa, presidente municipal de Jonuta, Tabasco, invitados por el diputado Adán Augusto López Hernández, del Partido de la Revolución Democrática. Sean ustedes bienvenidos.
Se pospone la participación de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción Nacional.
Se recibió de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, que rinda un informe respecto al programa denominado: Escuela de Tiempo Completo. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra el señor diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a que sean aceptadas, como documentos oficial de identificación, las credenciales de los diputados federales en las instituciones bancarias.
El diputado Emilio Serrano Jiménez: Muchas gracias. Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Creo que coincidimos en que debemos elevar el nivel de los diputados; la imagen hay que cambiarla, y, obviamente, eso se hace con trabajo, respetando a los demás; pero también es importante que nos ganemos el respeto de toda la sociedad.
Particularmente creo que no es fácil llegar a ser diputado o diputada; hay que llenar una serie de requisitos: ganar elecciones ?que no es fácil?, o bien, estar apoyado por un partido político para ser representante plurinominal en una Cámara de Diputados.
Hemos observado cómo en las instituciones bancarias menosprecian el valor del diputado; no aceptan una identificación como ésta, que tampoco es fácil obtenerla, y es más valiosa para ellos la credencial para votar, la del IFE, que una credencial de diputado federal.
Hay que considerar que para que nos den esta credencial necesitamos pasar una serie de trámites: presentar la credencial del IFE, presentar la CURP, acta de nacimiento, fotografías, comprobante de domicilio, la constancia del IFE; tomar protesta a los diputados y diputadas; y nosotros, rendir protesta.
Quiere decir que no es fácil obtener una credencial, y creo que debemos darle el valor que tiene, ése es el porqué pongo a consideración de esta soberanía el que se le pida a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que acepten nuestras credenciales de diputados como un documento oficial. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Riquelme Solís, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Salud que reconsidere el criterio de distribución del Fondo para la prevención y atención del Cáncer de Mama y Cervicouterino, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Miguel Ángel Riquelme Solís: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Es un día en que debemos reflexionar para trazar políticas, acciones y tareas de carácter permanente para que nuestra sociedad sea cada vez más justa a favor del género femenino.
Un grave problema que aqueja a las mujeres es el cáncer cervico-uterino y el cáncer de mama. Basta mencionar una cifra: en el país se diagnostican cerca de 10 mil casos anualmente. Esta enfermedad constituye la segunda causa de muerte entre las mujeres de 15 a 29 años, y la primera entre aquellas de 30 a 59 años.
Desgraciadamente, Coahuila se ha ubicado como una de las entidades con mayor incidencia de mortalidad femenina por cáncer de mama y cervico-uterino. En 2007 y 2008 se ubicó entre los primeros cinco lugares nacionales en casos de cáncer de seno. ? que la propuesta presupuestaria no enfatizaba esta problemática de salud pública, por lo que esta soberanía gestionó un fondo particular para este efecto. Por ello, el pasado 13 de noviembre la diputada coahuilense Hilda Flores Escalera propuso un punto de acuerdo para que, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se le destinaran recursos al estado de Coahuila para la prevención y atención del cáncer de mama y cérvico-uterino.
Como resultado, se otorgó una ampliación de 300 millones de pesos al rubro de salud, destinados para la prevención y atención de ambas problemáticas, que serían distribuidos conforme a las prioridades de las entidades con mayor índice de casos y gestionados directamente por ellos, pero esto no sucedió.
Al observar, una vez acordada la creación del fondo, que existía el ánimo de no destinarlo a aquellas entidades que más lo necesitan, como es el caso de Coahuila, el 8 de diciembre se aprobó por esta soberanía otro punto de acuerdo por el que solicitó a la Secretaría de Hacienda entregara los recursos de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A su vez, dicha secretaría decidió que los recursos se distribuyeran a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dependiente de la Secretaría de Salud.
En reunión de dicho Centro Nacional de Equidad de Género con las autoridades del estado de Coahuila se informó que los recursos habían sido asignados, basados en indicadores de desempeño, administrativos y poblacionales, distando mucho del espíritu por el cual aprobamos en esta Cámara la ampliación de este fondo.
Bajo estos criterios, a Coahuila le corresponderían recursos por un monto menor a los 4 millones de pesos de los 300 millones aprobados. No obstante, esta insignificante partida se informó que sería ministrada en especie. Llama la atención la discrecionalidad con la que se aplican los criterios, ya que éstos ignoran lo aprobado por esta Cámara, la representatividad de la Cámara de Diputados.
La metodología utilizada no consultó la estadística real de la problemática, nunca se buscó una reunión de la coordinación con las autoridades de salud de Coahuila para contar con un diagnóstico real. La decisión fue unilateral, insensible y apartada de los intereses de la gente.
Por lo anterior, presento a esta soberanía, a nombre de los diputados federales de Coahuila del Grupo Parlamentario del PRI, el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se informe a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de manera puntual para los efectos que se considere oportuno, los criterios asumidos para la distribución de los recursos por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dependiente de la Secretaría de Salud, para la distribución del fondo y prevención, atención del cáncer de mama y cérvico-uterino.
Segundo. Se solicite a la Secretaría de Salud del gobierno federal y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva reconsideren el criterio de distribución para el fondo para la prevención y atención de cáncer de mama y cérvico-uterino.
Le solicito sea insertado, señor presidente, el texto íntegro de este punto en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a las comisiones unidas de Salud y de Equidad y Género.
Se recibió de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo para que los legisladores de esta Cámara de Diputados donen, voluntariamente, un día de su dieta destinado a los damnificados de los municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, México y el Distrito Federal, que fueron afectados por los fenómenos hidro-meteorológicos. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Dígame, diputada.
La diputada Tomasa Vives Preciado (desde la curul): Presidente, para solicitarle al diputado Riquelme, si me permite adherirme a su propuesta, toda vez que soy coahuilense y secretaria de la Comisión de Equidad y Género.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Riquelme, ¿está usted de acuerdo en que se adhiera la diputada?
El diputado Miguel Ángel Riquelme Solís: Estoy de acuerdo, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo el diputado. Pasen, por favor a firmarlo.
Tiene la palabra el diputado Jesús Alonso Navarrete Prida, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal a crear el Consejo de Atención Inmediata a las Comunidades y Municipios que presentan Mayor Incidencia Delictiva del País.
El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida: Buenos días, compañeros y compañeras. Señor presidente.
La idea de este punto de acuerdo, que por mi conducto presenta el Partido Revolucionario Institucional, tiene que ver con que la Cámara de Diputados asuma la responsabilidad que tiene en este momento en materia de seguridad pública y la posibilidad de que la Cámara de Diputados convoque a una jornada nacional contra la inseguridad, en la cual podamos verter un conjunto de opiniones que atiendan a los tres niveles de gobierno en forma pronta, en menos de una semana, tener resultados y que permita que se cree un consejo que a través de mecanismos institucionales pueda empezar a rescatar las plazas, las comunidades, los poblados del país, y qué mejor que lo pueda encabezar el Ejecutivo federal con apoyo, bajo esta vertiente, del Congreso federal.
Es importante el momento. Requiere de unidad de los mexicanos y requiere de una pronta y eficaz respuesta de la Cámara de Diputados.
Estoy cierto que el mecanismo lo puede idear la Junta de Coordinación Política y rápidamente hacer que la estrategia que se sigue en Juárez tenga apoyo institucional de todos los órdenes de gobierno, bien enfocado, con programas, con propuestas, si es necesario con adecuaciones presupuestales y que esto sirva para que en otras comunidades del país no ocurran este tipo de sucesos.
De eso se trata este punto de acuerdo, de poder meternos de fondo en el tema y de apoyar, más allá de debatir, con cuestiones concretas que auxilien en ese momento a la población y al país en materia de seguridad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Carlos Pérez, dígame.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente, pediría ?no sé si escuchamos bien? que se pudiese turnar a la Junta de Coordinación Política. La bancada de Acción Nacional ve muy bien este tema y creo que en conjunto podríamos, ya con las otras bancadas, construir que fuera un tema institucional de la propia Cámara de Diputados, en un tema tan sensible como la inseguridad pública.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.
El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida: Esa es la idea, señor presidente. Que sea a la Junta y que lo hagamos a la mayor brevedad.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Le pediría, para todos los efectos, en virtud de que cuando se turnan a la Junta de Coordinación Política haya el acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Si lo manifiestan, con mucho gusto lo estaríamos haciendo.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Pérez Cuevas, dígame.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Sólo para efectos de que nos vamos a adherir al punto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, está de acuerdo el señor diputado.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Ibarra.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Apoyar la propuesta que acaba de hacer el diputado Navarrete.
El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida: Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Rubén Arellano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de Semarnat, se coordinen con los gobiernos estatales y municipales que forman parte de la Cuenca del Río Laja, elaboren y ejecuten un plan de manejo de la misma.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada Ochoa, dígame.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): Presidente, igualmente para sumarnos por parte del Grupo de Convergencia.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pase por favor a suscribir el documento. No se encuentra, porque se encuentra enfermo el señor diputado Rubén Arellano Rodríguez. Así que se pospone su participación.
Tiene la palabra el señor diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno de Jalisco, al INAH y a las autoridades competentes, a impulsar y promover como patrimonio de la humanidad el centro de la ciudad de Puerto Vallarta.
El diputado Rafael Yerena Zambrano: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
México es el cuarto país en número de ciudades declaradas por la UNESCO como patrimonio mundial, sólo detrás de España, Italia y Alemania; además, la cuarta parte de las ciudades consideradas patrimonio de la humanidad en el continente americano se encuentra en nuestro país, ofreciendo un atractivo relevante para el turismo nacional e internacional, lo que implica una gran responsabilidad con la humanidad y un gran orgullo para los mexicanos.
Nuestro país tiene una riqueza cultural y natural inmensa ya que cuenta con lugares excepcionales y únicos declarados patrimonios de la humanidad, como el Centro Histórico de Puebla de Zaragoza, inscrito en 1987; el Centro Histórico de Guanajuato y sus minas adyacentes, inscritas en 1988; el Centro Histórico de Morelia, inscrito en 1991; la zona de monumentos históricos de Tlacotalpan, inscrito en 1998; la ciudad histórica de Campeche, inscrita en 1999; por citar algunos de tantos lugares privilegiados en riqueza cultural, arquitectónica, natural, documental y en sus tradiciones. Es por eso que debemos impulsar el reconocimiento de nuestro patrimonio fortaleciendo el ámbito turístico y reforzando el patrimonio por medio del reconocimiento de la UNESCO.
Para lograr la declaratoria de patrimonio de la humanidad se definen los criterios y las clases de sitios que puedan ser inscritos en la lista de patrimonio mundial y corresponde a las entidades federativas la incorporación de posibles sitios, así como su protección y preservación.
Puerto Vallarta, fundado en la época independiente en 1851, ubicado geográficamente sobre la costa del Pacífico medio mexicano, perteneciente al club Las 100 Bahías más Hermosas del Mundo, asentada en la misma latitud de las islas de Hawaii, goza de un clima semitropical a lo largo del año; ofrece 42 kilómetros de costa y diversa topografía que incluye vegetación, fauna, recursos naturales, ríos y montañas.
Declarado como puerto de altura en 1931 debido a su amplio litoral con los océanos Pacífico y Atlántico. En 1968 es elevado a la categoría de ciudad; y llevando por nombre, desde el 31 de mayo de 1918, en honor del ilustre liberal jalisciense, licenciado Ignacio L. Vallarta, lugar donde se han llevado a cabo diversos encuentros internacionales como la convención de la Comisión Ballenera Internacional, además de contar con diversos monumentos históricos, tradiciones y cultura.
Entre las influencias culturales que forjaron una identidad local se encuentran elementos arquitectónicos para la conservación de su imagen original como un pueblo típico mexicano, lugar extraordinario en medio de las montañas, con calles empedradas, casas con paredes blancas, balcones de herrerías adornadas de bugambilias de colores y techos cubiertos de teja roja. Un lugar que representa nuestras tradiciones vivas, dignas de conservar.
Por eso es imperioso proteger y reconocer este rincón mágico de nuestro país. En cuanto a las variables sobre cultura viva, se encuentra la cultura indígena de huicholes y las imágenes expresadas en su arte que representan historias y leyendas de su mitología, que organizan cada aspecto de su mundo y sus vidas.
En este año 2010, la revista de antropología Artes de México, con patrocinio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajada de México en Japón, así como la empresa de tequila Casa Cuervo, llevó a cabo en la ciudad japonesa de Kioto una muestra dedicada al arte huichol con 150 objetos rituales, fotografías y cuadros, hechos con hilos de colores y cera, objetos rituales y fotografías de esta maravillosa etnia.
La exposición está planteada como un recorrido por los tres mundos en que se divide la realidad huichol. Así también una de las más significativas son: las peregrinaciones en el mes de diciembre, tradición muy arraigada y de carácter regionalista, ya sea por legado indígena o español?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Rafael Yerena Zambrano: ? donde se dan cita turistas nacionales y extranjeros, lo que indica la fuerte presencia de la tradición donde miles de personas hacen presencia en nuestra ciudad de Puerto Vallarta.
Por todo lo antes expuesto, y solicitando desde luego la aprobación de esta Cámara, someto a la consideración el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorte al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Jalisco, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a las autoridades competentes, para que tomen las medidas necesarias para impulsar y promover como patrimonio cultural y natural de la humanidad el centro de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Cultura.
Tiene la palabra el señor diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de Sedesol y de la Secretaría de Salud, establezca las medidas conducentes para aquellos ex braceros que participaron en el programa Bracero (42-64) y puedan ser incorporados al programa 70 y Más y al Seguro Popular.
El diputado Carlos Luis Meillón Johnston: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el punto de acuerdo que hoy someto a su consideración es un punto de acuerdo que estoy seguro que ustedes van a apoyar, con esto lo que pretendo es resarcir en muy poco el daño que se le ha hecho a estas personas.
Es independiente de las iniciativas que se han presentado o propuestas que se han presentado con anterioridad, para la mayor brevedad posible complementarles a estas personas los 38 mil pesos que les corresponde.
Este punto de acuerdo presenta la posibilidad de que a estas personas, que a muchas de ellas no les fue tan bien como a otras, donde muchas de estas personas viven de una forma mucho muy limitada, que en ocasiones no tienen ni siquiera para sus medicamentos para hacerle frente a sus enfermedades, sean incluidas en el programa 70 y Más, y que aparte se les incluya también en el Seguro Popular.
¿Qué pretendo con esta iniciativa? Se ha hablado que se requieren alrededor de seis mil millones de pesos para subsanar este daño que se les hizo a estas personas. Un daño que no tiene precedente, un daño que no merecían que se les hiciera y que, sin embargo, nos va a tocar a nosotros, como diputados, dar algunas alternativas de solución.
Hay compañeros que en otras sesiones han presentado puntos de acuerdo para que se exhorte al Ejecutivo que saque ese recurso, inclusive de subejercicios y de algunas otras partidas para que se le haga justicia a esa gente.
En la actualidad se les dan 4 mil pesos anuales. Si se incluyen en el programa 70 y Más recibirían, aparte de esos 4 mil pesos, 6 mil pesos más. Si en alguno de los casos, que sí los hay, vive la esposa de este ex bracero serían otros 6 mil pesos que recibirían, para un total de 16 mil pesos al año.
Si estas propuestas que han hecho mis compañeros anteriormente no progresan el año que entra, por lo menos recibirían 10 mil pesos que, como menciono, podrían ampliarse a 16 mil pesos. Si adicionalmente a eso se les inscribe en el Seguro Popular, podríamos estar hasta cierto punto tranquilos, en el sentido de que estas personas van a contar con un mayor ingreso y van a tener atención social.
Hago un exhorto a todos mis compañeros para que cuando se someta a votación este punto de acuerdo, sea aceptado para que a la mayor brevedad posible estas personas sean inscritas en este programa que menciono y en el Seguro Popular.
Por lo antes expuesto, esperando que haya quedado claro para muchos de ustedes el gran beneficio que se les haría a estas personas incluyéndolos a estos programas, someto a su consideración el siguiente
Punto de acuerdo
Único. La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud, establezca las medidas conducentes para que aquellos ex braceros que participaron en el Programa Bracero 1942-1964, puedan ser incorporados al programa 70 y Más y al Seguro Popular, a fin de que cuenten con un ingreso mínimo y el acceso a los servicios de salud que requieren para vivir con dignidad.
Dado en el Salón de Sesiones, a los 16 días del mes de marzo de 2010. Es cuanto, compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Salud.
Tiene la palabra la diputada Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Gobernación, respeten la Ley de las Niñas, Niños y de los Jóvenes.
La diputada Gloria Romero León: Señoras y señores legisladores. El siguiente punto de acuerdo tiene como objetivo el de exhortar a las autoridades de la Secretaría de la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Gobernación, a fin de que tomen las medidas necesarias para hacer valer la Ley de las Niñas, Niños y de los Jóvenes, para proteger la integridad física y mental de todos aquellos estudiantes que por diferentes circunstancias son objeto de maltrato por parte de sus compañeros de escuela, de los padres y hasta del personal docente que labora en las distintas instituciones educativas.
Desgraciadamente éste es un tema muy recurrente en nuestro país. Sin duda es un tema muy sensible para todos los mexicanos, es un tema donde todos los que somos padres podemos estar expuestos y sin saberlo, uno de nuestros hijos puede estar siendo objeto de algún tipo de maltrato en este momento, por parte de sus compañeros de escuela o de alguna autoridad educativa.
Debemos de ser muy sensibles y actuar como legisladores responsables para reforzar las acciones que permitan a los estudiantes ser tratados de una manera digna.
La discriminación escolar puede tener motivos religiosos, sociales, culturales o de preferencias sexuales y México no es ajeno a ellos. La violencia en las instituciones educativas tiene muchos rostros y uno de ellos es la discriminación.
En nuestro país, el 32 por ciento de las niñas y niños entre 6 y 9 años de edad, aseguran que los tratan con violencia en la escuela, de acuerdo con la Consulta Infantil y Juvenil realizada por el Instituto Federal Electoral.
En la Consulta 2003, 16 por ciento reiteró que los golpean en la escuela; 3.4 por ciento dijo: abusan de mi cuerpo, y otro 16 por ciento aseguró que los insultaban.
Entres 2003 y 2005, la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil atendió 482 casos; 140 de maltrato físico, 79 de abuso sexual y 73 por violencia psicológica sufrida en las aulas.
Las indagaciones realizadas muestran que la mayoría de las situaciones de abuso, de hostigamiento sexual y de discriminación, ocurre entre los propios alumnos.
El Instituto Federal Electoral, dentro de las consultas que realiza entre las diferentes instituciones educativas, señaló que el 21 por ciento de la adolescencia se ha sentido discriminada por sus compañeros de clase.
De hecho la falta de accesibilidad y la discriminación hacen que el promedio de los años de educación entre las personas que son víctimas de discriminación o que sufren alguna discapacidad sea de 3.8 grados, mientras que la del total de la población es de 7.5.
El artículo 32 de la ley cita lo siguiente: Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. constitucional. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que se les proporcione la atención educativa que por su edad, madurez y circunstancias especiales requerirán para su pleno desarrollo.
Por lo expuesto se propone a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Gobernación a respetar la Ley para la protección de los Derechos de las Niñas, Niños y de los Adolescentes, para reforzar las acciones a favor de implantar y fortalecer una cultura de respeto a las diferencias y la no discriminación entre los miembros de las comunidades escolares, autoridades, trabajadores, maestros y estudiantes que favorezcan la sana convivencia y el cumplimiento de los objetivos educativos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Se recibió del diputado Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo relativo a los fraudes cometidos por los grupos inmobiliarios Sigma e Invergroup. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las diputadas y a los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que desechen toda iniciativa que pretenda modificar el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
El diputado Miguel Ángel García Granados: Muchísimas gracias, señor presidente.
A raíz de la presentación de una iniciativa por parte de un compañero diputado del estado de Sonora, donde plantea la necesidad de la reforma al artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, nuestros correos electrónicos empezaron a saturarse y recibimos múltiples llamadas de diversas organizaciones que se dedican al fomento de la pesca deportivo-recreativa.
La pesca deportiva-recreativa es hoy día una actividad que reviste la mayor de las importancias para la industria turística nacional dado que los destinos de playa reciben anualmente a pescadores de todo el mundo atraídos precisamente por este deporte.
Las marinas turísticas localizadas en los puertos mexicanos reciben miles de embarcaciones extranjeras cuyos tripulantes vienen principalmente a practicar la pesca deportiva de especies reservadas por disposición de ley. Así está preceptuado en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. En ella se establece también que no podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa.
Al amparo legal, la pesca deportivo-recreativa es actualmente una de las actividades que arroja uno de los más grandes beneficios económicos al sector turístico de México. La derrama económica que arroja la actividad de la pesca deportiva se estima en 2 mil millones de dólares al año y favorece la creación anual y el correspondiente sostenimiento de más de 35 mil empleos. Estas cifras superan con mucho el rendimiento económico de la pesca comercial, tanto de aguas internas como de altamar, estimado solamente en mil 500 millones de dólares.
Aún más, el 80 por ciento de los pescadores de los servicios turísticos orientados a la pesca deportiva pertenece al sector social de la economía. El sector agrupa a 22 asociaciones estatales, con un aproximado de 30 mil pescadores. Estos indicadores nos dan un amplio panorama de la importancia que reviste para el sector turístico del país la pesca deportiva.
Por ello, prestadores de los servicios turísticos de este sector ven con preocupación la pretensión de liberar a la pesca comercial la captura del "dorado", bajo el falaz y unilateral argumento de que existe la suficiente biomasa de la especie.
Esto, porque está comprobado que la reserva para la pesca deportiva de las especies, enunciadas en el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, es un soporte fundamental para el sostenimiento de miles de familias que directa e indirectamente se benefician de la derrama económica que arroja la práctica de esta pesca.
En nombre propio y en nombre de la diputación sinaloense, nos pronunciamos porque las demandas del sector social de la pesca, legítimas desde luego, por lo que hace al mantener una fuente suficiente de ingreso económico sean debidamente atendidas, con otras alternativas de desarrollo, pero no afectando lo que ya existe. Por ello, proponemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de acuerdo
Primero. Que esta soberanía exhorte respetuosamente a las compañeras diputadas y compañeros diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que desechen toda iniciativa que pretenda modificar el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, por el que se protegen las especies reservadas en exclusiva a la pesca deportiva.
Segundo. Que esta soberanía exhorte respetuosamente al Instituto Nacional de la Pesca a que realice los estudios de investigación que determinen la situación actual de las poblaciones del pez dorado, de tal suerte que a partir de ello se establezcan los planes de manejo para las especies de pesca deportiva. Muchísimas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se pospone la participación de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del PAN.
Tiene la palabra el señor diputado Noé Martín Vázquez Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, informe de la situación del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades de 2010.
El diputado Noé Martín Vázquez Pérez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, este Congreso de la Unión tiene un gran compromiso con México, con sus instituciones, pero sobre todo con los ciudadanos que creyeron y votaron por nosotros, que nos ofrecieron su confianza para poder tomar decisiones que lleven a un mejor rumbo a nuestra nación.
Por ello, y al observar los desastres naturales que han venido sucediendo dentro de nuestro territorio nacional, aunados a los acontecimientos catastróficos en nuestro planeta, es nuestro deber vigilar que nuestras instituciones estén preparadas para estos acontecimientos. Por ello he pedido tomar la más alta tribuna de nuestra nación, aquí en donde la diferencia de ideologías se debaten, para posteriormente llegar a acuerdos que conduzcan a un mejor nivel de vida para los mexicanos. Estoy aquí para proponer un punto de acuerdo en el cual estemos preparados para inmediatas contingencias.
Sabemos todos los diputados que una de las instituciones más significativas es la Secretaría de Educación Pública, porque es ahí donde todos nos hemos formado, donde hemos conocido la historia de nuestra nación y que es imperativo que esta institución que se encarga de la educación de la ciudadanía pueda seguir siempre con su cometido y que cualquier consecuencia desastre podamos los ciudadanos tener la certeza de que tendremos la inmediata respuesta positiva de seguir contando con esta fundamental tarea de la educación. Por ello, presento ante el pleno el siguiente
Punto de acuerdo
El suscrito, Noé Martín Vázquez Pérez, diputado federal de esta legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que informe la situación del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidad 2010, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Con una existencia continua de 25 años ha sido vigente el programa de aseguramiento de inmuebles en la Secretaría de Educación Pública denominado Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades, que ha obtenido un sólido impacto en la República Mexicana por su utilidad y estabilidad.
Este programa forma parte de la administración de la Secretaría de Educación Pública Federal, mediante el cual se asegura su patrimonio, que consiste en escuelas, edificios, talleres, etcétera, así como toda su estructura orgánica, con la función de estabilizar la imprevisión por un riesgo futuro que pudiese darse por algún siniestro.
La importancia de mantener asegurados a los bienes patrimoniales debe considerarse con base en los siguientes puntos:
Al principio del mes de febrero azotaron intensas lluvias, de las cuales algunos estados sufrieron significativas pérdidas. En el estado de Michoacán, en el municipio de Angangeo; en el estado de México, en los municipios de Valle de Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Ecatepec; y en el Distrito Federal, en sus delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.
En México se han resentido lluvias torrenciales que se desbordan los cauces naturales de ríos y otras avenidas pluviales, provocando se dañe considerablemente la infraestructura del estado y ocasionándole pérdidas de nuestro gobierno...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Noé Martín Vázquez Pérez: Tan solo con las intensas lluvias del mes de febrero fueron afectadas 68 escuelas del estado de México y afortunadamente, gracias a este programa de aseguramiento patrimonial se pudieran atender.
Observamos que la Secretaría de Educación Pública tiene un patrimonio muy grande y es necesario que sea asegurado para que no se demerite en lo más mínimo en siniestros y responsabilidades y este patrimonio se vea empobrecido.
Por eso y en mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo de artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública se sirva informar dentro de un plazo de 15 días naturales sobre la situación del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidad 2010, incluyendo las gestiones realizadas y recursos destinados a su implementación, así como las consecuencias que pueda producir la no aplicación oportuna del programa en cuestión.
Segundo. Que esta Cámara de Diputados exhorte al titular de la Secretaría que a la brevedad se publique la convocatoria de la licitación para la contracción del Programa Integral de Aseguramiento, Patrimonio y Responsabilidad 2010.
Por lo que se solicito respetuosamente, presidente de la Mesa Directiva, se inserte el presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (desde la curul): Para preguntarle al diputado Martín Vázquez, si me permite adherirme a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Acepta, señor diputado que se adhiera el diputado Báez?
El diputado Noé Martín Vázquez Pérez: Sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputado, y quien desee firmar el documento.
Tiene la palabra el señor diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a preservar la legalidad en el manejo de la información que conoce relacionada con procedimientos de auditoría o revisión del ejercicio de la administración pública que aún se encuentra en integración.
El diputado Juan Carlos Natale López: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. La ley debe ser aplicable a todos los ciudadanos por igual, tanto los beneficios como las sanciones que se deriven de ella, sin importar color o grupo al que pertenezca.
Recientemente se han hecho públicas diversas acusaciones a funcionarios que laboraron en la administración delegacional de Miguel Hidalgo durante el periodo 2006-2009, incluida su titular, la ahora diputada Gabriela Cuevas, bajo el supuesto mal manejo de los recursos asignados para obras públicas, por lo que la Asamblea Legislativa del DF ha solicitado a la Contraloría General, dependiente del Gobierno del Distrito Federal que envíe la información necesaria a fin de que ese órgano legislativo realice una investigación sobre las supuestas irregularidades cometidas por la titular de esa delegación.
Más aún, resulta bastante sospechoso que a la par que la Asamblea Legislativa del DF solicitó a la Contraloría la información sobre la gestión de Gabriela Cuevas, no trate con el mismo criterio jurídico a los demás delegados, que curiosamente pertenecen al partido mayoritario en la capital.
Por qué no solicitar también a la Contraloría que envíe información sobre las auditorías realizadas, si es que las he hecho, al delegado en Álvaro Obregón, mismo que ha permitido la invasión de barrancas y zonas ecológicas protegidas; o a la delegación Cuajimalpa, a la que por cierto diputados del mismo partido han evitado un punto de acuerdo para que comparezca y rinda cuentas sobre la ilegal concesión de permisos de construcción; o también las auditorías realizadas a la delegación Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero por la falta de verificación a establecimientos mercantiles que no cumplen con la ley.
Desde esta tribuna no hemos dejado de hacer un llamado a diversas autoridades para que se ciñan irrestrictamente a la rendición de cuentas y transparencia; principios que deben imperar en los actos de las autoridades y legisladores, y somos precisamente los legisladores los que definimos los motivos, los procedimientos y las sanciones que se deben determinar y aplicar a las personas que trastocan la función pública, y que con esta desviación afectan al erario; pero esas sanciones no pueden producirse en el vacío ni tampoco pueden imponerse sin respetar las garantías que la propia Constitución consagra a favor de todas las personas.
Es por ello que presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, pues el pasado lunes se publicó en un diario de circulación nacional la filtración de un documento de carácter oficial, enviado por la Contraloría General del Distrito Federal a la Asamblea Legislativa, para incumplir con lo solicitado. Sin embargo, preocupa a esta Cámara de Diputados que un órgano legislativo, como lo es la Asamblea del Distrito Federal, ocupe información que contiene datos que forman parte de una investigación, y por lo cual no deben ser divulgados para atacar a un adversario político.
Por ello, en este punto de acuerdo exhortamos respetuosamente a la Asamblea Legislativa del DF, a efecto de que trate con legalidad todos los datos y documentos de que tenga conocimiento con motivo de las indagatorias que lleven a cabo las entidades fiscalizadoras, y preserve el sigilo y las reservas aplicables a esta información.
Por lo expuesto, y por considerar que este tema debe ser debatido y resuelto por el órgano de gobierno competente, y para expresar una posición política de la Cámara de Diputados, solicito que esta proposición sea turnada a la Junta de Coordinación Política conforme a las atribuciones que le confiere el inciso b) del artículo 34 de nuestra Ley Orgánica. Gracias por su atención, señor presidente y señores diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.
Sí, diputado Rodríguez, dígame.
El diputado Pablo Rodríguez Regordosa (desde la curul): Le solicito preguntar al diputado si me permite adherirme a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Señor diputado, está usted de acuerdo en que se adhieran los señores diputados?
El diputado Juan Carlos Natale López: De acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo. Todos y todas aquellos que deseen participar, pasen para efecto de poder suscribir el documento correspondiente.
Dígame, diputado Pérez.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Sólo para efecto de ratificar si se turna a la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado, se turna a la Comisión del Distrito Federal; para efecto de la Junta de Coordinación Política el procedimiento ha sido que se pongan de acuerdo los coordinadores parlamentarios y la Junta de Coordinación Política jale los temas que cree convenientes.
Tiene la palabra el señor diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal sancione a los funcionarios que privaron del libre tránsito a los ciudadanos sonorenses.
El diputado Onésimo Mariscales Delgadillo: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es nuestro máximo ordenamiento jurídico. En dicha norma de carácter general se encuentran consagrados los derechos más elementales de todos los mexicanos. Esto es, las garantías individuales.
En ese tenor, ninguna ley reglamentaria, constitución estatal o disposición municipal, podrá ser contraria o contravenir lo establecido en la Constitución General. El artículo 11 de nuestra Carta Magna a la letra dice: Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.
Sin embargo, hay casos en los que el gobierno federal ha violado tal precepto constitucional, como es el caso de la carretera federal 15, en su tramo en el estado de Sonora. Más aún, específicamente en el municipio de Navojoa, pues el antiguo trazo carretero de antaño de dicha ruta federal que pertenece a la carretera México-15 fue modificado para agregar una carretera de dos carriles y mediante ese modelo se obliga a los viajeros y residentes a pagar un peaje por una de las principales carreteras federales, sin que exista opción de evitar el pago de la cuota, puesto que no existe ruta alterna para tal fin.
Navojoa cuenta con dos casetas de peaje, ubicadas, una en la Comisaría de Fundición y la otra en el punto denominado La Jaula, perteneciente a la Comisaría de Bacabachi, las cuales los propios residentes del municipio están obligados a pagar, ya sea al transitar de norte a sur o de viceversa, aun a lugares o comunidades dentro del mismo municipio.
A finales de la administración estatal 1991-1997 se entregó la administración de la carretera federal Estación Don-Nogales al Farac y, hasta la fecha, no han rendido cuentas del estado financiero que guarda la deuda del gobierno del estado de Sonora con el gobierno federal.
Desde su instalación, el gobierno federal ha venido omitiendo todos sus compromisos de inversión en dicha ruta Estación Don-Nogales y en los municipios por donde cruza la carretera de referencia. El último de ellos, el Convenio de Forestación, signado el 18 de septiembre de 2008 entre el gobierno y el gobierno del estado con una inversión de 5 mil millones de pesos y que después de año y medio no hay un solo peso de inversión en la modernización de la carretera de referencia.
Por lo expuesto anteriormente solicito, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con
Punto de acuerdo
Primero. Se finquen las responsabilidades que la Constitución señala en sus artículos 108 y 109, y la propia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos determine al funcionario o funcionarios que privaron del derecho constitucional del libre tránsito a los sonorenses.
Segundo. Se eliminen las casetas de La Jaula, Fundición, Esperanza y Hermosillo que están sobre la carretera México-15 ampliada a cuatro carriles, por no tener rutas libres alternas construidas para tal propósito o, en su caso, se construyan éstas. Y, por lo pronto, se autorice el libre tránsito de los sonorenses con sólo presentar una identificación oficial.
Tercero. Se practique una auditoría desde que el Farac se hizo cargo de la administración de la carretera de cuatro carriles Estación Don-Nogales, con el objeto de determinar la fuente y uso de fondos que demuestren el no retorno de esos recursos para el mantenimiento y su modernización.
Cuarto. Se inicien de manera inmediata las inversiones por un monto de 5 mil millones de pesos, suscritas en el convenio del 18 de septiembre de 2008 entre el gobierno federal y el gobierno de Sonora.
Solicito se inscriba el texto íntegro del punto de acuerdo presentado en el Diario de los Debates y sea turnado a la Junta de Coordinación Política.
Firman el presente documento un servidor y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del estado de Sonora. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Transporte.
Proceda la Secretaría a dar cuenta de las proposiciones de los órganos de gobierno, recibidos de parte de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, suscribe el documento Compromisos por la igualdad entre mujeres y hombres, que a continuación se enuncian:
Primero. Sensibilizar y profundizar los conocimientos en materia de equidad y perspectiva de género de las diputadas y de los diputados que integran esta Legislatura.
Segundo. Incorporar la perspectiva de género en las acciones y actividades legislativas.
Tercero. Transversalizar la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Cuarto. Dar seguimiento a la observancia de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de vigilar la publicación de las normas complementarias.
Quinto. Pronunciarse para la adecuación de las normas secundarias de las entidades federativas que contravengan la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, respetando la soberanía de las entidades federativas.
Sexto. Armonizar la legislación vigente conforme a los preceptos que establece la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Séptimo. Impulsar la revisión de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para que integralmente se atienda y erradique esta práctica que atenta contra la integridad y el sano desarrollo de las niñas y mujeres.
Octavo. Impulsar la revisión de las normas que rigen las condiciones de las mujeres en reclusión, para que no se viole ni se atente contra sus derechos humanos.
Noveno. Impulsar la revisión de las normas que rigen las relaciones laborales de las mujeres, para que se concilie la vida familiar y la vida laboral.
Décimo. Impulsar la revisión de las normas que rigen a los medios de comunicación, para evitar la difusión de estereotipos y roles que atentan contra los derechos humanos de las mujeres.
Onceavo. Impulsar y dar seguimiento a los programas y políticas públicas, tendientes a elevar la calidad de vida de las mujeres y su acceso a los beneficios del desarrollo.
Doceavo. Impulsar una cultura de equidad entre el género y la no discriminación, dando un especial impulso a las labores de difusión de los derechos humanos de las mujeres y de la legislación vigente que actualiza estos derechos.
Decimotercero. Impulsar políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades en materia de acceso al empleo, a la capacitación, a planes de crédito y ahorro.
Decimocuarto. Impulsar la participación política de las mujeres y el pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos, reproductivos, sexuales, laborales, económicos y culturales.
Decimoquinto. Fomentar las acciones afirmativas, tendientes al ejercicio de los derechos de las mujeres en los ámbitos de la vida pública y privada.
Decimosexto. Vincular a la Honorable Cámara de Diputados con las organizaciones de la sociedad civil e instituciones involucradas en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres a través de foros, encuentros o reuniones de trabajo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010. Firman los coordinadores y la coordinadora de los distintos grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que pregunte, en votación económica, a la asamblea, si se aprueba.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.
Continúe con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instruir al ciudadano Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía, para que solicite una reunión ministerial de la Comisión de Libre Comercio, a efecto de presentar ante el grupo de trabajo ad hoc ?formado entre la Comisión de Libre Comercio y la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, integrada por funcionarios de alto nivel? el grave problema que representa a la pesquería del camarón, la sanción impuesta por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica a las importaciones de camarón mexicano, a ese país, y solicite al gobierno de ese Estado que inspeccione nuevamente la operación de las redes de arrastre que se utilizan para la captura de camarón, para que realice una nueva revisión a la flota pesquera para verificar el uso de los excluidores de tortuga y que se entregue la certificación por parte de las autoridades estadounidenses.
Segundo. Instruir a la Profepa y a la Conapesca, y ordenar a la Secretaría de Marina, que apliquen estrictamente las sanciones impuestas por la violación a la legislación ambiental y, con esto, cumplir cabalmente con lo dispuesto por el artículo quinto del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, entre el Gobierno de Canadá, el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, y evitar nuevas sanciones fundadas en las leyes extranjeras aplicadas conforme a esta disposición internacional. Firman, los coordinadores parlamentarios.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se aprueba, en votación económica.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica pregunto a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.
Continúe con oficios de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Único. Se solicita al Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, establezca acciones coordinadas entre la federación y las autoridades de Baja California Sur, con la finalidad de instrumentar programas de prevención del delito y persecución eficaz del mismo, a efecto de salvaguardar el estado de derecho, establecer una cultura de legalidad y garantizar certeza y seguridad jurídica a los sudcalifornianos.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010. Firman, los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Solicito a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba. Permítame.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado, dígame. Sonido al diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, ya sé que me va a contestar que el tablero dice que hay 426 diputados y diputadas, pero el tablero miente. Como es público y notorio, del PAN sólo está el diputado Corral; y miren, ayer que estaban tan indignados porque querían trabajar. Entonces le pido que verifique el quórum, porque yo digo que no están más que los espíritus burlones de los diputados y las diputadas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Continúe, diputada, por favor.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Se pregunta a las diputadas y a los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Aprobado y comuníquese. Continúe con oficios de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Acuerdo.
Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal a revisar la estructura y destino del Fondo de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para la Seguridad Pública (Subsemun), a efecto de que se garantice que por lo menos a cada entidad de este nivel de gobierno se le autorice el presupuesto que se le asignó durante el ejercicio fiscal 2009 y en consecuencia se adopten los mismos calendarios de suministros que se dieron en este año.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010. Firman los coordinadores de los grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En votación económica pregunte a la asamblea si se aprueba.
La diputada María Dolores del Río Sánchez: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado y comuníquese. Continúe la Secretaria con el orden del día.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
(Orden del día)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (14:02 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana jueves 18 de marzo a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las nueve y media de la mañana.