El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 294 diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (11:41 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, se dispensa la lectura. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ésta ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Continúe la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.
Continúe la Secretaría con Comunicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica conmemorativa del 51 aniversario de la represión del Movimiento Ferrocarrilero, el próximo 28 de marzo, a las 10:00 horas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con oportunidad daremos a conocer los nombres de las señoras diputadas y señores diputados que acudirán a esta invitación, formando el grupo de diputados asistentes. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Licencia del diputado Fidel Kuri Grajales.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Cárdenas, dígame.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Ahora que ponga a discusión la licencia.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ponga a discusión, señor secretario, la licencia correspondiente.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Puntos de acuerdo
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Fidel Kuri Grajales para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el distrito 15 de Veracruz, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame diputado, de una vez, antes de ponerlo a votación. Dígame, diputado Cárdenas.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Sí, presidente. Quisiera manifestar lo que ya en otras ocasiones he señalado: la importancia que tendría que las solicitudes de licencia, además de estar fundamentadas como ésta, está fundamentada en derecho. Carecen de la motivación; es decir, las señoras diputadas y los señores diputados que solicitan licencia generalmente no exponen en sus escritos correspondientes los motivos o las razones. Y que hay que recordar que nuestro Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso establece en el artículo 48 que sólo se concederán licencias por causas graves.
Entonces habría que determinar, en este caso, como en cualquier otro, cuáles son las causas por las que el señor diputado solicita la licencia. Al parecer, como invoca el artículo 62 de la Constitución, parece, uno puede inferir que se trata del ofrecimiento que tendrá un empleo en la federación o en algún estado de la república, pero no invoca la razón precisa de por qué se está solicitando la licencia.
Por ese motivo, señor presidente, en caso de que los demás diputados y diputadas no me acompañen con esta argumentación, yo me permitiré votar en contra.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Someta la Secretaría a votación al pleno, en votación económica, por favor.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se someten a votación estos puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado y comuníquese. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Solicitud de licencia del diputado Roberto Borge Angulo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Están a discusión los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Roberto Borge Angulo, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el primer distrito electoral del estado de Quintana Roo, a partir del 25 de marzo del año en curso.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese. Continúe con los oficios de la Secretaría de Gobernación.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación de la Secretaría de Energía, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la licitación para la adquisición de etanol.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es comentarios relativos a la visita del gabinete de seguridad del gobierno de los Estados Unidos de América. El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos a dicha visita. Se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la diputada Rosaura Ochoa.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de ayer se llevó a cabo en la Ciudad de México una reunión binacional entre funcionarios mexicanos y funcionarios estadounidenses, responsables del tema de la seguridad nacional.
Llama la atención que esta cumbre se efectúe, sobre todo, pocos días después de los homicidios ocurridos en Cuidad de Juárez de las personas que colaboraban en el consulado de Estados Unidos, de esa orbe, en nuestro país.
Pero, ¿cuántos asesinatos antes y cuántos incidentes previos ha tenido que pasar y vivir Ciudad Juárez para que hasta ahora se tome en cuenta una reunión bilateral? ¿Será lo anterior reflejo de una preocupación del gobierno estadounidense por la integridad de sus connacionales, o realmente es un interés por ver qué está sucediendo con el tráfico de armas, con el narcotráfico, con los homicidios que se están dando en nuestro país?
Sin embargo, todo esto nos lleva a tener algunas dudas al respecto de la colaboración de esta cumbre, sobre todo por los alcances que ello pueda tener. Nos preguntamos si las estrategias ya estaban planeadas con antelación.
Los diputados y las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Convergencia consideramos que abordar el tema de la seguridad nacional sin una agenda que contemple compromisos de ambos países, con metas medibles y plazos para su concreción, puede dar paso a prácticas de simulación que en nada contribuyen a solucionar los graves problemas que enfrenta el Estado mexicano en materia de seguridad pública.
Pero lo más lamentable en nuestro país es el velado intervencionismo en la agenda interior en materia de seguridad. Ahí es donde nos preguntamos: la posición de diversos sectores del gobierno estadounidense, así como de los diferentes actores políticos de la opinión pública del vecino país del norte, referente a emitir una condena en torno a la política del combate al crimen organizado y al narcotráfico en México, ¿abre un flanco que no puede ni debe ser aceptado por el gobierno y la sociedad mexicana?
Pero lo más preocupante también es el ingreso de armas a nuestro país. Se han hecho grandes decomisos de armas últimamente. Sin embargo, sigue este actuar presentándose constantemente.
Se ha señalado, con mucha razón, que un componente de la crisis de seguridad que enfrenta nuestro país se origina con el consumo inmoderado de sustancias prohibidas en Estados Unidos, así como el contrabando que es proveniente de esta nación. Qué pena que solamente cuando hay incidentes y trastocan sus intereses, tengan que darse.
Esto debe de hacer una acción constante, continua y permanente de buena voluntad. Lo que se refiere más a un intercambio de acusaciones es ?como ya dijimos? cumplir, ambos países, con las responsabilidades en la materia sin excusas ni argumentaciones que eludan sus compromisos. Por parte de la Cumbre esperemos que sí existan esos acuerdos.
No obstante representa una oportunidad para refrendar el combate a este flagelo, sobre todo preservando la soberanía nacional y haciendo eco de voces que claman justicia, que claman una verdadera paz y tranquilidad tan sólo para poder vivir todos los días en su actuar diario en Ciudad Juárez.
Además de poder convenir y dar luz a los ajustes que se requieren, hoy día no nos podemos dar más lujos a más omisiones y no a pocos errores y actos cometidos con grandes injusticias. Es por tanto que el Grupo Parlamentario de Convergencia se pronuncia porque existan acuerdos, metas y objetivos claros; porque exista realmente buena voluntad de colaboración, no de intervensionismo, pero sí de solución a estos graves problemas.
No más armas que ingresen a este país, no más droga que siga distribuyéndose entre los menores?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputada.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Pero sí una mejor colaboración para la solución de este problema. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
El diputado Gerardo del Mazo Morales: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, la reunión de alto nivel entre funcionarios de los Estados Unidos y México representa una invaluable oportunidad para consolidar una estrategia de cooperación entre las dos naciones para enfrentar al crimen organizado.
Está claro que el narcotráfico no es un problema exclusivo de México, al ser los Estados Unidos el destino de la droga que se produce o pasa por nuestro país, dejando una huella de violencia, inseguridad y muerte. Es imperativo hacer de la lucha contra este fenómeno una acción corresponsable entre las dos naciones.
El reconocimiento expresado por la secretaria de Estado Hillary Clinton, de la responsabilidad de los Estados Unidos, es una oportunidad para que nuestro gobierno tome la iniciativa e impulse una revisión conjunta de las acciones que hasta ahora se han promovido.
El Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza lo ha expresado en esta tribuna, que el combate al crimen organizado exige una visión transversal, que limitarlo al uso de la fuerza significa perder la oportunidad de avanzar en la recuperación de la tranquilidad y la paz para todos los mexicanos.
El uso de la fuerza es sin duda un recurso válido y necesario; sin embargo, para alcanzar resultados efectivos en el combate al crimen organizado es necesario que se ataquen sus causas y sus orígenes. A los Estados Unidos les corresponde asumir su responsabilidad en la reducción de la demanda, así como en el control de la venta ilegal y tráfico de armas. A México, además de reconocer que las adicciones son ya un problema que tenemos que combatir, le toca asumir la tarea de fortalecer sus instituciones y leyes para recuperar la confianza de la sociedad.
En Nueva Alianza ratificamos nuestro apoyo a las Fuerzas Armadas, que con su presencia en las calles han logrado reducir el margen de acción del crimen organizado. Esto es, sin duda, una muestra de la voluntad y la decisión del Estado mexicano por enfrentar un problema que pone en riesgo la salud y la seguridad de la sociedad.
Sin embargo, hechos como los recientemente ocurridos en el estado de Nuevo León nos muestran que es urgente revisar la estrategia hasta ahora emprendida. Si no se impulsan acciones que fortalezcan las instituciones y que reconstruyan el tejido social lastimado por la crisis económica, el desempleo y la violencia, estaremos dejando el problema de fondo sin resolver.
Nos corresponde como sociedad impulsar acciones que convoquen a participar con el gobierno en la construcción de un proyecto de nación, que tenga en el desarrollo y la inclusión de todos los sectores un eje estratégico.
Compañeras diputadas, compañeros diputados, nos corresponde asumir una actitud responsable e impulsar desde el Poder Legislativo una estrategia de cooperación entre México y Estados Unidos para combatir un problema que es común.
Debemos abrir nuevas opciones de colaboración, vigilando que ésta se dé con reglas claras y con pleno respeto entre las dos naciones. Aportemos desde el Poder Legislativo, propongamos y demos los instrumentos jurídicos a nuestras instituciones. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Señoras y señores diputados, en nombre de mis compañeras y compañeros del Partido del Trabajo vengo a fijar nuestra posición sobre la visita del Gabinete de Seguridad de los Estados Unidos.
La reunión del grupo de alto nivel sobre seguridad convocada fast track, tras el asesinato de funcionarios consulares en Ciudad Juárez, elude cualquier avance hacia una auténtica responsabilidad compartida, mientras el grupo de Felipe Calderón continúa obstinado en una solución de fuerza, en una estrategia que erróneamente llama guerra y que ha desatado una incontrolable espiral de violencia.
Es necesario entender este nuevo capítulo como parte del proceso de pérdida de soberanía en la era neoliberal que comenzó en el ámbito económico, con un TLC injusto, destructivo para la inmensa mayoría de los sectores del país y que continuó con la creación del ASPAN, una iniciativa de Bush, creador de guerras ficticias, que de alguna manera es un marco adecuado para atender los problemas bilaterales.
Las asimetrías se han extendido a los ámbitos político y social, donde la injerencia estadounidense en las decisiones nacionales y la condición subordinada de los migrantes mexicanos se profundiza día a día ante la desorientación de nuestra política exterior.
Debe considerarse que la DEA y la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas son dependencias del Ejecutivo estadounidense, para la procuración de justicia y coordinación entre dependencias y sectores que incluyen prevención, rehabilitación e inteligencia financiera.
En aquel país sería impensable involucrar a los militares en actividades relacionadas con el narcotráfico. Por ello, es incongruente e inaceptable que hoy se plantee una colaboración más cercana entre los sectores militares de ambos países. Las tropas estadounidenses son un recurso de fuerza para atender lo que ellos consideran de interés propio, más allá de sus fronteras.
Para hablar claro, el ejército norteamericano es una fuerza de ocupación en Estados fallidos que resuelve, por el uso de la violencia, los problemas que considera que los gobiernos de otros países son incapaces de resolver y ello siempre ocurre en un contexto de cesión de soberanía.
Una militarización transnacional, como se pretende, tendría consecuencias trágicas para nuestra ciudadanía, para el Estado de derecho y para la debilitada institucionalidad de nuestro país. La importación de la violencia, ligada con el narcotráfico, no puede continuar hacia la violencia de Estado, como ha significado la Iniciativa Mérida.
El tema no es de competencia militar en Estados Unidos, y por si fuera poco, en México la participación de las Fuerzas Armadas obedece a una decisión ilegal de Calderón, con fines de legitimación política de su parte.
Es de notar que desde hace un año la administración de Obama ha insistido en la corresponsabilidad de México y Estados Unidos en materia del narcotráfico; pero hasta el momento no hemos visto ninguna señal positiva debido a la miope insistencia de Calderón en sostener una guerra ilegal, una guerra que ha dejado ya más de 19 mil muertes, múltiples violaciones a los derechos humanos en lo que va del sexenio, dos mil 200 ejecutados tan sólo en este primer trimestre.
Hoy debemos saber qué resultados pueden reportarnos las autoridades de ambos países. No podemos olvidar la urgencia de plantear una agenda bilateral si no se incluyen los principales puntos que interesan a México.
Uno. Una profunda reforma migratoria. Dos. Un concepto de seguridad integral con compromisos de política interna en Estados Unidos de control de armas y tráfico de allá hacia a México y la revisión del Tratado de Libre Comercio.
Ningún catálogo de buenas intenciones será de utilidad para abolir este régimen de disculpas hacia las madres y padres de familia, hacia viudas, viudos, hacia las víctimas de la tortura y comunidades estudiantiles. No podemos admitir que un solo ciudadano más caiga abatido en el fuego cruzado entre posiciones violentas e irreductibles.
Ante ese fracaso es preciso que Calderón renuncie a la Presidencia, que ilegalmente ocupa, para nombrar un gobierno de unidad que permita una reconciliación en el pleno respeto del Estado al orden jurídico.
Es urgente la restitución del Estado de derecho, la sanción a los responsables de la actual crisis de seguridad, la justa reparación a víctimas y deudos, así como para establecer garantías de no repetición.
Dos breves consideraciones finales: el Ejecutivo debe rendir a la brevedad a esta soberanía un informe detallado de compromisos y acuerdos surgidos de esta reunión. El Grupo Parlamentario del PT exige a las autoridades mexicanas que en toda cooperación se salvaguarde la soberanía nacional y los intereses de la patria, que no se claudique en defensa de estos principios. Sí cooperación, no intervención. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Pablo Escudero Morales: Gracias, señor presidente. Iniciamos hoy con los comentarios respecto de la reunión bilateral de alto nivel sobre uno de los temas más importantes que nos aquejan en la actualidad: la guerra declarada al crimen organizado, la cual lamentablemente no sólo la está perdiendo el presidente Calderón; esta guerra la estamos perdiendo todos los mexicanos.
No debemos olvidar que lamentablemente lo que activó con tanta premura esta reunión fue el asesinato de tres ciudadanos y servidores públicos norteamericanos en nuestro país. La pregunta obligada sería ¿Por qué no antes? ¿Por qué no existió esta premura, toda vez que en el sexenio llevamos más de 18 mil muertos, situación que evidentemente no preocupó, no incomodó en su momento a los Estados Unidos?
Es conocido por todos que Estados Unidos es el primer consumidor de drogas en el mundo. Se estima que actualmente 15 millones de adictos activos existen en Estados Unidos. Es evidente que el problema que tenemos es mucho mayor al que tienen en Estados Unidos. El consumo para ellos es un problema de salud pública. El problema para nosotros es un problema de seguridad nacional y de gobernabilidad.
Qué podemos concluir de esta reunión, una reunión con fines cosméticos, con fines fotográficos. Una reunión en la que no existieron compromisos reales y serios sobre el papel, una reunión de palabras y buenas intenciones, únicamente eso, buenas intenciones y palabras, es decir, una simulación.
¿En los hechos qué está haciendo Estados Unidos para actuar de manera corresponsable, de manera solidaria? En el 2008, en la Iniciativa Mérida se comprometieron a destinar mil millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico. La realidad es que sólo se entregaron 130 millones.
Para 2011 los recursos del plan Mérida ascendían a un monto de 350 millones. La realidad es que ya existe una reducción, un recorte a 315 millones. Falta por ver qué recursos llegan efectivamente.
Lamentablemente en la realidad ése es el compromiso de Estados Unidos, ése es el doble discurso. Por estas razones urge plantear una estrategia binacional de seguridad, una estrategia de colaboración de ambas naciones.
Pero esto no es tan fácil, porque tenemos un gran problema, ¿cómo podemos plantear una estrategia bilateral, si nuestra estrategia interna no funciona? Son evidentes las serias fallas estructurales de planeación, de operación, en la estrategia del gobierno federal donde reina el desorden generalizado.
Pero más preocupante es que pareciera que el único que no se da cuenta de este intento fallido es el titular del Ejecutivo. Un presidente que se encuentra más interesado en los temas electorales, que en los temas apremiantes de seguridad pública, que hoy en día representan un atentado contra la seguridad nacional y la gobernabilidad. Por momento pareciera que abandonó el gobierno y sus promesas.
Ojalá que el presidente y sus colaboradores retomen el rumbo en las cosas importantes. Cada día son más frecuentes las violaciones a los derechos humanos y los asesinatos a inocentes, que, por cierto, en el Partido Verde rechazamos y lo hacemos de manera enérgica, que sean llamados: daños colaterales. Los estudiantes muertos en Monterrey, las familias asesinadas por las autoridades, para nosotros son pérdidas irreparables de buenos mexicanos.
Pero esto no se detiene ahí, cada vez son más frecuentes las ejecuciones extrajudiciales. Nunca, nunca podremos estar de acuerdo con actuar fuera de la ley.
Textualmente el Ombudsman nacional ha hecho un diagnóstico: Está fallando la coordinación, está fallando la estrategia, están fallando las técnicas de investigación. Estas declaraciones no tienen desperdicio.
Es momento que el gobierno federal abandone su necedad, su terquedad. Es momento de asumir, todos, nuestra responsabilidad: el Congreso, el Poder Judicial y el Ejecutivo. Es momento de que exista el compromiso por parte de los partidos políticos.
Por lo anterior, proponemos cinco puntos ?y concluyo, presidente:
1. Apoyo a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para legislar de manera inmediata y transitar a la policía única estatal.
2. Escuchar el diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el censo de las víctimas inocentes que han perdido la vida.
3. Fortalecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es momento de darle mayores facultades y mayores responsabilidades.
4. Conformar un grupo de legisladores que trabajen de manera inmediata con el gobierno federal, para replantear la estrategia nacional de combate a la delincuencia.
5. Establecer la temporalidad del Ejército en las calles a 24 meses, para que regresen a los cuarteles y desde ahí sigan colaborando en el combate al narcotráfico. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el mensaje real no es el que ofrecieron ayer la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa y la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en la conferencia de prensa o en el comunicado que envío Presidencia luego de recibir a la delegación estadounidense, el mensaje verdadero está en el calibre de los funcionarios del más alto nivel de la seguridad nacional de Estados Unidos, porque ellos sólo acuden a países o zonas que representan una amenaza real para los intereses de nuestros vecinos del norte. Y además, lo que se ofreció como resultado de la propia reunión son sólo generalidades envueltas, además, en un manto de sospecha, justamente por estas enormes generalidades; sospechas de hasta adónde se pudo --ojalá no haya sido así-- ceder parte de nuestra soberanía.
Este Congreso de la Unión, esta Cámara de Diputados requiere conocer cuál es el alcance real de los acuerdos. Cuál es el contenido de los mismos. Qué significan estos programas piloto que se van a establecer en las zonas fronterizas de Ciudad Juárez y de Tijuana, del lado mexicano. Hasta dónde alcanza la responsabilidad verdadera de Estados Unidos para evitar el tráfico de armas; el 93 por ciento de las armas incautadas a los narcotraficantes en México son de procedencia de Estados Unidos. Cuál es el compromiso, como ya se ha dicho, de combate a los cárteles allá, en Estados Unidos, por parte del gobierno norteamericano. Qué información se va a manejar y hasta dónde está compartiéndose esta información sobre el lavado de dinero.
Aquí se habla, de parte del Departamento de Estado, que se lavan en México aproximadamente 25 mil millones de dólares anuales. ¿Qué información había al inicio de la administración de Calderón? El Departamento de Estado y la DEA le entregaron --según ha dicho Edgardo Buscaglia, consultor de la ONU-- una lista de 3 mil 500 empresas mexicanas que están involucradas en sospecha de lavado de dinero. ¿Qué hay alrededor de todo esto?
Si el Pentágono mismo habla de una guerra que puede durar entre 8 y 10 años, pues entonces ya hay que ponernos verdaderamente en un nivel alto de preocupación. McCaffrey acaba de declarar que la guerra, la lucha contra el narcotráfico en nuestro país, de más de 18 mil muertos, ya es mucho más peligrosa que en Irak o Afganistán.
¿Acaso el control fronterizo que se pretende establecer en nuestra frontera con Estados Unidos va a ser la irakización? O, ¿qué es lo que envuelve estas palabras de un individuo del calibre de McCaffrey?
Ciertamente que se requiere la colaboración, que no subordinación de México, hacia Estados Unidos. Se requiere corresponsabilidad, pero de ninguna manera entrega de ninguna porción de nuestra soberanía, en ningún sentido. Hay que partir de que en el contexto mexicano, como bien se ha dicho aquí, hay un fracaso evidente de la estrategia de combate al crimen organizado.
Hay una pérdida verdadera de control del Estado sobre vastas regiones del país dominadas por el narcotráfico. Hay 18 mil muertos, o más, y cada día estamos incrementando el número. Hay un desgaste evidente del Ejército mexicano que está hecho, no para actuar como policía, sino para otras responsabilidades; y además, con violaciones a derechos humanos que son denunciadas diariamente, un día sí y otro, también.
Necesitamos establecer, por supuesto, un plazo claro para el regreso de los militares a los cuarteles, pero a partir de un replanteamiento de la estrategia de manera integral para combatir eficazmente al crimen organizado; que parta de reconocer que vivimos problemas reales de seguridad nacional, pero también de salud pública por la descomposición tan grande que estamos teniendo del tejido social en nuestro país, que involucra, también, aspectos de carácter social, mucho más amplios, y desde luego aspectos de derechos humanos, como lo hemos señalado.
Que implique, por tanto, también ir a lo que ya han señalado en otros momentos consultores y especialistas de otros países, que es necesario cortar los resortes financieros del manejo del crimen organizado. ¿Qué se va a hacer con esa lista de empresas que han sido denunciadas? ¿Vamos a ir a incautar bienes?, ¿vamos a aplicar la Ley de Extinción de Dominio?
La Secretaría de Hacienda debe establecer mecanismos de inteligencia financiera, actuar y conjugarlos también, junto con la inteligencia militar y policiaca que tienen los cuerpos del Estado mexicano para identificar claramente el funcionamiento de los cárteles.
Requerimos también, por lo tanto, establecer mecanismos de recomposición del tejido social, revisión de cuerpos policiacos, etcétera, pero esto no lo vamos a lograr si no tenemos o si no nos planteamos verdadera y responsablemente un gran acuerdo nacional del que participen, por supuesto, los tres Poderes de la Unión, pero del que participen también los sectores productivos y los sectores sociales de nuestro país, e ir tope donde tope, hasta el fondo del asunto y caiga quien caiga.
Si no lo hacemos así, este país va a seguir en plena descomposición. Como parte de todo esto, es urgente que comparezcan aquí los funcionarios del gabinete del Estado mexicano que el día de ayer estuvieron en la bilateral con Estados Unidos.
Yo me voy a permitir entregar un punto de acuerdo a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política, para que sea analizado y que con la urgencia del caso puedan comparecer ante esta soberanía, para que nos informen de todo esto y para que discutamos con mucha responsabilidad sobre la urgencia de replantearnos la estrategia de combate al crimen organizado, que involucre la responsabilidad de los Poderes de la Unión y de todos los integrantes de la sociedad mexicana, particularmente económicos?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluyo presidente. Para que actuemos con la responsabilidad que nos exige hoy la situación tan grave que vive la nación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado Francisco Arturo Vega De Lamadrid, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Francisco Arturo Vega De Lamadrid: Con su permiso, diputado presidente. Los últimos días han estado marcados por cierta tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, desatada por los temas de seguridad y narcotráfico y sobre todo, por el caso lamentable, como muchos otros, de tres trabajadores del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.
Sin embargo, destaca en estos días la visita de la representación estadounidense que participó en el encuentro del grupo de consulta de alto nivel, creado en el marco de la Iniciativa Mérida, y el cual reúne a altos mandos de ambos gobiernos involucrados con la seguridad de las dos naciones.
Este encuentro, sin duda, fue fundamental en la redefinición de estrategias para la cooperación bilateral, y se espera que sirva para aligerar los puntos que han generado conflicto y que han desatado declaraciones de uno y otro lado.
Mejorar en términos de cooperación las relaciones bilaterales es primordial en esta lucha que concierne a ambos países, y en la que vale la pena provocar la misma conciliación de las posturas y el respeto a las soberanías.
En su origen, la Iniciativa Mérida parecía ser un buen instrumento para que Estados Unidos pusiera de su parte, en correspondencia, el cuidado que requiere sobre todo la frontera. Sin embargo, ha sido un proyecto con algunos, dijéramos varios elementos, que requieren ser nuevamente analizados y discutidos con el fin de fortalecerlos.
Destinar recursos para la protección de la frontera es algo que debería estar dentro de los planes presupuestales ordinarios de aquél país, a ser un tema que incluye también la lucha contra el terrorismo.
Ya era hora de escuchar en esta ocasión por parte de la secretaria de Estado, la señora Hillary Clinton, la aceptación tácita de que en su país se tiene un grave y gran problema social derivado del consumo de sustancias ilícitas. También el escuchar de su parte que existe un grave problema, que no ha sido controlado, de manejo de armas y explosivos que nos crea a nosotros situaciones conocidas con antelación y que nos siguen preocupando.
La postura de México ha sido la de conminar al gobierno de Obama a no menguar en los esfuerzos en la materia y a no minimizar el trabajo que México está haciendo en esta guerra, que sin duda está siendo dura al interior y que desgraciadamente en el exterior no alcanza a verse de manera completa o integral, o simplemente en ocasiones no se quiere ver.
Creemos que la firma del memorando de cooperación sobre procesamientos e intercambio de información de mexicanos al ser repatriados, sobre registros criminales de connacionales que han sido condenados por delitos graves en la Unión Americana, que se tiene entre la Secretaría de Gobernación y la de Seguridad Pública, parte importante que México acepta y trata a su vez con el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, es un instrumento que da pie a continuar con un proceso de trabajo conjunto que debe de fortalecerse. Esto sería, por mencionar solamente un ejemplo.
Es importante destacar que en el marco de esta reunión bilateral también se encuentran las declaraciones del presidente Obama a favor de impulsar de forma pronta una reforma migratoria en su país.
Los legisladores de Acción Nacional vemos con beneplácito tal intención, dado que en las últimas reuniones interparlamentarias sostenidas entre congresistas de estas dos naciones, desafortunadamente no se ha podido vislumbrar ni siquiera algún tipo de posibilidad para que ocurriera propuesta en la materia.
Con toda la sinceridad tendremos que decir que en esfuerzos y consecuencias, Estados Unidos nos sale debiendo.
Con ellos compartimos una frontera que, por lo tanto, los problemas que en ella se suscitan, se vuelven comunes. Los que vivimos en frontera decimos ?yo sé que esto millones de ciudadanos en estas condiciones lo aceptamos?, que tenemos muy claro que estamos nosotros en distintos países.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Francisco Arturo Vega de la Madrid: Sí, presidente. Sin embargo, también nos queda muy claro que compartimos la frontera como parte de una región, en el aprovechamiento, en la responsabilidad y en los beneficios, muchos, que en esa situación específica y geográfica nos da. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Ernesto de Lucas Hopkins, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Ernesto de Lucas Hopkins: Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de esta honorable asamblea. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura en esta Cámara de Diputados desea expresar su posición con relación al encuentro sostenido ayer por la secretaria de Estado de Estados Unidos y diversos funcionarios relacionados con el tema de la seguridad, con el gobierno mexicano.
En primer lugar, sin lugar a dudas queremos dejar en claro que la relación bilateral entre México y Estados Unidos es la más importante para la política exterior de nuestro país, y que cada vez es mayor su relevancia estratégica regional y global. De hecho es casi un lugar común referirse a la frontera entre México y Estados Unidos como una de las más complejas, de las de mayor tránsito de personas e intercambio comercial del mundo.
También queremos hacer un reconocimiento de que la importancia que el trabajo y la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos de Norteamérica es esencial para el avance en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales; así como en el establecimiento de estrategias para enfrentar los problemas comunes entre los que sobresale, sin lugar a dudas, la lucha contra el narcotráfico.
Compartimos la visión que hace unos momentos expresaron nuestros compañeros diputados del Partido Verde con respecto a lo lamentable de que la visita de la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, se presente a tan sólo unas semanas del crimen cometido contra funcionarios vinculados al Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, sobre todo, habida cuenta de la antelación con que tal encuentro se había preparado precisamente para dar seguimiento a los acuerdos del Plan Mérida.
Aquí en esta tribuna hemos expresado nuestra condena y hemos exigido que se investigue y esclarezca el artero crimen hasta sus últimas consecuencias. De la misma manera estamos convencidos de que es imprescindible reforzar la coordinación bilateral para enfrentar un flagelo que se ha hecho un fenómeno transfronterizo, dentro de la lógica regional y global que el tráfico de enervantes ha desarrollado en las últimas décadas.
Es, desde luego, un problema de salud pública tanto para México como también lo debe ser para Estados Unidos; sin embargo, debe reconocerse que la demanda se genera dentro de la sociedad norteamericana; mientras que en México el mayor problema es el de la violencia organizada vinculada al tráfico de drogas, con destino a aquel país.
Adicionalmente, es evidente que ligado estrechamente a este problema está el tráfico de armas, en sentido inverso, situación que hace más difícil la tarea de los cuerpos de seguridad mexicanos y mayor la responsabilidad del gobierno norteamericano para dejar en claro su compromiso de colaboración con nuestro país para detener dicho tráfico, que no sólo vulnera la soberanía de ambos países, sino que agudiza el conflicto entre los diversos cárteles de la droga y hace más sangrienta la disputa por el control de territorios y mercados.
Resultado de este encarnizado enfrentamiento es el cada vez mayor número de víctimas inocentes que se ven inmolados por la desenfrenada lucha precisamente entre los cárteles de la droga.
Es de desear que también se aproveche esta oportunidad para discutir otros temas relevantes de la agenda bilateral, aunque no se encuentren establecidos en la agenda del tan cacareado Plan Mérida; pero que desde luego estén vinculados con la seguridad en ambos lados de la frontera y que tienen que ver precisamente con la delincuencia organizada.
La idea de que la violencia en territorio mexicano sea una amenaza que pueda derivar en violencia en territorio americano es un mito que requiere ser denunciado. No es como erróneamente señalan algunos altos funcionarios del gobierno norteamericano, que la delincuencia organizada en México sea un problema local.
Urge que se reconozca la naturaleza trasfronteriza de los problemas y que prevalezca el principio de corresponsabilidad en la cooperación bilateral, como reconociera recientemente el subsecretario de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, Arturo Valenzuela.
Sin duda, preocupados por los derechos humanos de los migrantes mexicanos, las partes deben aprovechar la ocasión para discutir y avanzar en la atención de nuestros connacionales. Se sabe, por ejemplo, que anualmente son deportados 17 mil menores no acompañados, sin que se notifique a las autoridades mexicanas con oportunidad.
Si como lo declaró el subsecretario Valenzuela, uno de los objetivos de esta visita fue tener un diálogo fructífero para encontrar una vía de cooperación y fortalecer el imperio de la ley en México, y como una forma de mejorar la de por sí dinámica frontera bilateral para el siglo XXI, no se debe regatear el apoyo institucional ni logístico u operativo.
Dado el alto nivel de la delegación que visitó nuestro país el día de ayer, en el Partido?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Ernesto de Lucas Hopkins: Concluyo, señor diputado. En el Partido Revolucionario Institucional consideramos que esta legislatura debe ser informada en tiempo y forma por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y por parte de los miembros del Gabinete de Seguridad, sobre las conclusiones, los planes, objetivos, pero particularmente sobre los compromisos, que derivados de esta reunión tuvieron acuerdo.
Finalmente, queremos dejar constancia que para nosotros, la sociedad mexicana es víctima de una violencia que le ha llegado bajo el influjo de un problema originalmente externo, pero que esa violencia hoy extiende sus tentáculos por todo el territorio nacional y se ha enraizado en tierra fértil, en tierra que dejó de ser productiva para el alimento y sustento de los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Ha terminado la primera ronda de participación de los grupos parlamentarios. Iniciamos la segunda ronda, ya que así fueron los acuerdos tomados. Tiene la palabra el señor diputado Pedro Jiménez León, de Convergencia, hasta por 5 minutos.
El diputado Pedro Jiménez León: El boom mediático de estos días fue la cumbre bilateral de seguridad Estados Unidos-México. Frente a este hecho surgen varias interrogantes: ¿qué la provocó? La respuesta es la lamentable muerte de tres ciudadanos norteamericanos. Nos queda claro que no fueron las miles de muertes de mexicanos, que también son lamentables.
¿Qué alcances tendrá esta cumbre? Es decir, ¿qué resultados podemos esperar de ella? Me temo que ninguno. ¿Por qué? Porque, miren señores diputados, en febrero de 1989 se firmó el acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia. Su objeto era promover conforme a los principios de autodeterminación, no intervención, igualdad jurídica y respeto a la integridad territorial de los Estados, el compromiso de combatir el flagelo del narcotráfico.
En julio de 1992, México publicó las normas que regulan la estancia temporal de los agentes representantes de entidades de gobiernos extranjeros en su país, que tenían a su cargo funciones de policía, de inspección o vigilancia y de la aplicación de leyes y reglamentos, así como otros aspectos técnicos especializados.
En 1995 se estableció el Grupo Plenario de Procuración de Justicia; en marzo de 1996 se creó un nuevo mecanismo bilateral, con el objeto de sostener consultas políticas para definir una estrategia integral y balanceada contra el narcotráfico. El grupo se denominó: Grupo de Contacto de Alto Nivel. Este grupo de contacto buscaba elaborar un diagnóstico objetivo y compartido sobre la problemática del narcotráfico, diseñar una estrategia conjunta de cooperación antinarcóticos, facilitar la cooperación de las dependencias de los dos países involucrados en el combate y evaluar esfuerzos conjuntamente.
En mayo de 1997 se publicaron los resultados del estudio y diagnóstico que sirvió de base para una estrategia bilateral, que orientó las acciones de cooperación y evaluación de la materia.
En la Cumbre de Mérida, de marzo de 2007, entre los presidentes de México y de Estados Unidos, se abrieron consultas para revisar la cooperación bilateral. En el marco de estas consultas se propuso un nuevo esquema de cooperación que identificaba acciones que cada país debería realizar en su propio territorio para reforzar el combate, acciones bilaterales y transferencias de tecnología, capacitación y equipo que permitirían fortalecer las capacidades de México.
Como ustedes ven, el año pasado hubo una cumbre en la que estuvo también la secretaria de Estado de la Unión americana, Hillary Clinton.
Veamos ahora qué ha pasado con el crimen organizado. Se ha organizado mejor, ha aumentado su capacidad de trasiego de drogas, ha aumentado el número de jóvenes adictos en México y en Estados Unidos. Hemos visto como se ha incrementado también el ingreso de armamento de Estados Unidos hacia México y hoy los grupos del crimen organizado son más poderosos.
Como ven ustedes, desde hace más de 20 años se vienen celebrando cumbres y el resultado ha sido un fracaso.
En esta última reunión bilateral vienen y nos dicen: vamos a aplicar programas piloto. Todos los que estamos aquí sabemos que los programas piloto son experimentales. Es decir, vamos a poner en marcha nuevas ocurrencias.
Perdón, señoras y señores diputados, para el Grupo Parlamentario de Convergencia nos queda claro que toda la estrategia de combate al narcotráfico ha sido total y absolutamente equivocada.
Por esa razón decimos que los adalides del libre mercado, que a los apóstoles del neoliberalismo, se les olvida el dogma: si la demanda cae, la oferta se contrae.
Es decir, si educamos a nuestros jóvenes, a nuestras familias y evitamos que los jóvenes se vuelvan consumidores ocasionales y después adictos, es la mejor manera de cómo nosotros podemos combatir al narcotráfico. Lo que hay que hacer es ponerle inteligencia financiera, inteligencia policiaca e inteligencia de seguridad.
No olvidemos que las drogas son el sustituto del afecto y del amor, que los jóvenes no encuentran ni en su casa ni en su medio. Es una tarea de toda la sociedad y vamos a enfrentarla juntos. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Elsa María Martínez Peña, del Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
La diputada Elsa María Martínez Peña: Con la venia de la Presidencia. Compañeros diputados y compañeras diputados. La cláusula Calvo ha sido el estandarte que sustentan la mayoría de los países latinoamericanos como una forma de evitar el intervencionismo de los países poderosos, so pretexto de proteger a sus conciudadanos que se encuentran en el extranjero.
En Nueva Alianza abogamos por la no intervención, pero sí apostamos porque se reconozca la corresponsabilidad de ambos países en el combate a la delincuencia organizada que se ha convertido en transnacional.
En Nueva Alianza lamentamos profundamente el deceso de los ciudadanos norteamericanos acontecido recientemente; hecho que motivó que el gobierno de Estados Unidos abriera mayor espacio para tratar conjuntamente el problema de la inseguridad que se vive. Ésta debe ser una señal de compromiso compartido por la lucha contra los cárteles, y no la intrusión de un país sobre el otro.
Mucho se ha cuestionado la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública argumentando que su encomienda es velar por la soberanía y la seguridad nacional. Es evidente que la delincuencia organizada se ha expandido y tiene presencia en todo el territorio nacional. Por eso este problema debe considerarse como de seguridad nacional.
El crimen organizado cuenta con armamento, estrategia, recursos financieros que lo convierten en un desafío no sólo para los tres órdenes de gobierno, sino que tal vez involucra más a todos los mexicanos.
Debo señalar que el ejército es una de las instituciones más respetables del país; sin embargo, su función no es la de combatir al crimen organizado. Esta tarea debe asumirse de forma integral, es decir, debemos estar involucrados todos: el gobierno, autoridades encargadas del orden público y la sociedad.
El esquema actual de seguridad pública debe ser replanteado. Es necesario reforzar las acciones en materia de capacitación y equipamiento para los cuerpos de seguridad. Por ello es forzoso operar de manera conjunta y coordinada para lograr resultados satisfactorios que conlleven a la desarticulación de las organizaciones delictivas, porque la dispersión favorece a los que tienen intereses opuestos a la sociedad.
Por ello en Nueva Alianza sostenemos y estamos convencidos de que las policías mexicanas se deben unificar. Debemos avanzar para la creación de una policía única para que las tácticas, planes y programas culminen con la misión que genera su creación.
En nuestra bancada parlamentaria hemos sostenido decidida y permanentemente que la prevención del delito debe prevalecer más que la represión del mismo. Por tanto, auspiciamos y promovemos la tesis de que una de las formas de persuadir al crimen organizado es a través de la educación, infundiendo en nuestros niños y jóvenes valores cívicos como la promoción a la cultura de la legalidad, que se traduce en el respeto a la ley, al orden, a la observancia de los derechos humanos, a inculcarles sentimientos de solidaridad y compañerismo, son acciones que no se reflejan de inmediato, pero a la larga resultan ser más efectivos que la lucha armada. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Tiene la palabra el señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, hasta por cinco minutos.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Señor presidente, me permitiría usted mencionar la muerte del día de ayer del diplomático distinguido Manuel Tello, quien ocupara los rangos más altos de la diplomacia mexicana, con quien conviví experiencias intensas de la política exterior y quien mantuvo siempre una lealtad a la mejor tradición diplomática de nuestro país.
Me gustaría pedir un minuto de silencio a la memoria de Manuel Tello.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, para un ilustre mexicano que ha hecho trabajo para el cuerpo exterior, concedemos el minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Continúe, señor diputado.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Vivimos un momento grave en la historia nacional. No debe haber lugar para banalizaciones ni hacerlo piedra efímera de escándalo. La misión de alto nivel cuya visita acaba de concluir en México ha suscitado justificados temores entre los mexicanos. Algunos sienten los ecos dramáticos de 1847; otros, más bien rememoramos los de 1808: el cautiverio de Fernando VII, el rey secuestrado, a cuyo nombre se inició la Independencia de México.
La situación es compleja. La decadencia de las instituciones y el diseño de las estrategias reducen objetivamente los espacios para el ejercicio de la soberanía nacional y aumenta la tentación, y hasta el interés, de una injerencia directa del extranjero.
Los hechos, sin embargo, se remontan un poco atrás, las condiciones en que se suscribió el Tratado de Libre Comercio con América del Norte motivaron un incremento de todos los intercambios, incluyendo los delictivos. Redujeron el control de las instituciones sobre sus procesos políticos y administrativos, y al aumentar la informalidad de la economía, multiplicaron también ?junto con la desigualdad? el campo de cultivo de las organizaciones criminales.
Acabamos de estar un grupo de parlamentarios mexicanos en Washington para replantear los términos del diálogo entre los dos Congresos.
Surgieron algunos temas fundamentales: el primero, la evaluación del Tratado de Libre Comercio; resultados económicos verdaderos y supeditación progresiva. El segundo tema, el de la migración, entendido como un problema de carácter regional, no sólo legal y doméstico de aquel país, sino también como un fenómeno económico y social provocado por la propia integración y como un derecho humano inalienable.
Respecto de la estrategia de seguridad, para mí queda claro que adoptamos de modo bastante irresponsable la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. En 40 años ése país no ha disminuido en lo más mínimo el consumo de drogas, sino al contrario, lo ha alentado por una legalización gradual.
En segundo término, por razones, unas constitucionales y otras políticas, no ha puesto ningún empeño en reducir el tráfico de armas ni ha contribuido al lavado de dinero que arroja, según el departamento de Estado, 27 mil millones de ingreso para los narcotraficantes, que se invierten en armas.
Ha llegado la hora de un replanteamiento global de la estrategia de combate al narcotráfico. No más falsas guerras de simulación. Combatir en lo sustancial el origen de este fenómeno a través de la educación, el empleo, el incremento de salarios y la formalización de la economía.
En segundo término, debatir enserio y de cara a las naciones de la región el tema de la legalización de la droga.
Tercero, un compromiso serio, no de aumentar a través del plan Mérida o cualquier sucedáneo la militarización del país, que conduce a un permanente Estado de excepción.
Yo invito a este Congreso, ya que el tiempo es breve, a que tengamos un debate sobre la estrategia general en América del Norte y con el resto del mundo.
Sugiero, si me lo permite la Presidencia, que convoquemos a la secretaria de Relaciones Exteriores y a los funcionarios competentes, a una reunión unida de comisiones para que podamos dar paso a este análisis.
Tengo para mí, que la violencia sólo genera más violencia. Es necesario exigir la desmilitarización del país. Es necesario, de cara al Congreso, encaminar la relación por el rumbo de respeto a las soberanías y de la definición del interés nacional.
Por último, la Comisión de Relaciones Exteriores que presido se propone presentar un proyecto de reforma constitucional, que defina y otorgue instrumentos a una política exterior de Estado, pluripartidista y de largo plazo. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado Alberto Cinta Martínez, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez: Buenas tardes. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados. La reciente visita de funcionarios de Estados Unidos, nos obligan a tres reflexiones: primero, sobre la relación bilateral México-Estados Unidos; segundo, muy importante, sobre los resultados logrados en materia de narcotráfico en México; tercero, sobre la palabra de soberanía que tanto se usa en estos foros, que tanto usamos y que vale la pena revisar.
En cuanto a la relación bilateral México-Estados Unidos. Para el Partido Verde Ecologista la relación bilateral es una relación fundamental, la cooperación es indispensable. Para que haya cooperación, tiene que haber entendimiento. No se trata de un problema de un país, se trata de un problema de dos países y de una región.
Como creemos que la cooperación se construye, vamos a empezar hablando de la parte positiva de la cooperación, ¿qué es lo que se ha logrado? Estados Unidos, hay que reconocerlo, ha cambiado su discurso haciendo una responsabilidad compartida.
Por otro lado, el enfoque del Plan Mérida ha evolucionado hacia el fortalecimiento de las instituciones y no nada más hacia el aspecto del combate en el campo, desde un aspecto militar y de operativo policiaco. Sin embargo, en el Partido Verde consideramos que faltan cosas muy específicas, particularmente en el aspecto del Plan Mérida: claridad en los compromisos y mecanismos de esta cooperación, para que sea realmente de cooperación y no de manipulación.
¿A qué nos referimos? Es fundamental que Estados Unidos establezca con toda claridad la forma como se van a destinar los recursos que ha ofrecido en apoyo para esta lucha, que tiene que ser de los dos países. Es muy importante, por otro lado, que Estados Unidos permita que se pase a una bilateralidad de compromisos y no solamente una bilateralidad en la paternidad del mal.
Si logramos entender esto México va a poder avanzar hacia una cooperación más profunda con Estados Unidos, y este problema se va a ayudar a resolver de una manera más eficiente.
Otro tema importante al que nos obliga la reciente visita es al tema del combate al narcotráfico. Es importantísimo que México y que el gobierno mexicano entienda que hemos estado en una estrategia equivocada, que ha costado muchos millones, miles de millones de pesos, miles de vidas y que no ha ofrecido los resultados que se necesitan.
Estamos utilizando datos falsos para entender el problema. Se nos presenta la captura de capos; los capos van a ser sustituidos por otros capos si no se resuelve de fondo el mal del narcotráfico.
Se nos habla de aseguramiento de cargamentos; 2 mil toneladas de marihuana en lo que va de la presente administración, pero no se dice que el cultivo de las drogas ha aumentado de manera importante: 35 por ciento la marihuana, la heroína, nuevas drogas; anfetaminas, metanfetaminas que antes no había un mercado de ellas, y que ahora somos productores importantes en el mundo.
Captura de narcos. Se nos presenta cada noche en los noticieros a todos los narcotraficantes que son capturados, supuestamente por el gobierno, con un costo importante de vidas de nuestras Fuerzas Armadas, y desgraciadamente hasta de civiles, y desgraciadamente no se dice que el 75 por ciento de estas capturas se traduce al final de cuentas en la liberación. El 75 por ciento de los narcotraficantes que son capturados en esta lucha acaban siendo liberados.
Estamos en un estado de guerra: 17 mil muertos, Ciudad Juárez "la ciudad más peligrosa del mundo", 7 mil millones de dólares gastados, asesinatos a servidores públicos, percepción generalizada de inseguridad, muerte de civiles inocentes, migración de mexicanos a Estados Unidos. Tan sólo de Ciudad Juárez migraron 100 mil personas el año pasado a vivir a Estados Unidos.
Destrucción de la imagen de México en el extranjero, lo que afecta al turismo y disminuye la inversión extranjera; peligro de contaminar al Ejército con corrupción; abusos a derechos humanos; 3 mil 400 quejas de derechos humanos en lo que va de la presente administración, y ya incluso la simulación, la ocultación de información, el asesinato de civiles que se esconde y se quiere ventilar y anunciar como asesinato de no civiles, como asesinato a sicarios, cuando en realidad son estudiantes del Tec de Monterrey.
Estamos en peligro de dañar una de las instituciones más nobles, más respetables y más respetadas de la república, que son nuestras Fuerzas Armadas. Los resultados finalmente son los que importan: consumo de drogas, 50 por ciento de aumento de consumo de drogas en los últimos 6 años, aumento en la producción de drogas y aumento en la violencia.
El Partido Verde --concluyo con esto-- propone, además de los cinco puntos que ya expuso mi compañero, el diputado Pablo Escudero, reconoce que se necesitan cuatro más.
Una verdadera estrategia para el lavado de dinero, un mejor uso estratégico de nuestras Fuerzas Armadas, cierre y control de fronteras al dinero y armas, y una mejor educación para los jóvenes de México para acabar con el problema de la demanda.
Para concluir, señor presidente, creo que es importante reentender y aprovechar esta discusión para que hagamos una reflexión importante sobre la palabra "soberanía" que tanto se usa como cliché en este país, para nada más favorecer el estatus quo y que varias mafias sigan beneficiando intereses oscuros y que la situación en este país nunca cambie. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Marcos Carlos Cruz Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez: Compañeras diputadas y compañeros diputados. El día de ayer se realizó la segunda reunión de alto nivel del Grupo Consultivo México-Estados Unidos sobre la Iniciativa Mérida, en donde se analizó la evolución de este proyecto bilateral. Ésta fue la segunda reunión formal después de la celebrada en Washington en 2008. Sus resultados pueden resumirse en tres aspectos:
El reconocimiento de Hillary Clinton de que la demanda de droga en su país y el flujo de armas de Estados Unidos, facilitan la violencia en México.
El anuncio de los dos gobiernos de la ampliación de la Iniciativa Mérida, por lo que esta estrategia no sólo se enfocará en el aspecto policíaco-militar, sino que también avanzará en temas como educación, salud, desarrollo económico y social, y la manera tan ligera en la que apenas se abordó la necesidad de trabajar para proteger los derechos humanos.
También se confirmó que hasta el momento Estados Unidos, de los mil 351 millones de dólares aprobados para esta iniciativa, ha entregado prácticamente nada: 2 por ciento a diciembre de 2009. La Iniciativa Mérida tiene como objetivo promover la cooperación entre los dos países conforme a los principios de autodeterminación, no intervención, igualdad jurídica y respecto a la integridad territorial.
Su propósito inicial fue como un programa de colaboración para frenar el tráfico de drogas, armas y dinero ilícito entre ambas naciones, para frenar la violencia de las bandas criminales. Pero más allá de la foto y los buenos propósitos de esta segunda reunión, lo más importante es hacer una revisión crítica y positiva de los resultados de este acuerdo.
De nuestra parte podemos afirmar que la Iniciativa Mérida ha fracasado y que sus consecuencias son insatisfactorias para los mexicanos. Nuestro país ha cargado con los costos a cambio de una actitud poco cooperativa del vecino del norte, y si no, veamos lo siguiente:
La confrontación abierta de las instituciones del Estado con el crimen organizado fue una política impuesta al gobierno de Calderón desde la Casa Blanca, obedeciendo a los intereses de protección de los Estados Unidos y no como un asunto de seguridad interna.
El territorio nacional se ha convertido en el campo de batalla entre los proveedores de la cocaína sudamericana y el mercado de consumo norteamericano. Esta guerra le ha costado a México un desgarramiento de sus estructuras sociales y una pérdida de imagen como destino confiable para el turismo y las inversiones.
El aporte de sangre lo ha puesto el pueblo mexicano con una cifra cercana a los 18 mil muertos, superior a las bajas del Ejército norteamericano en las guerras de Irak y Afganistán.
Estados Unidos no ha cumplido su parte de disminuir el consumo de drogas en su población, por el contrario la demanda de enervantes sigue incrementándose de manera exponencial. Estados Unidos no ha cumplido en su compromiso de combatir y acotar la producción y el tránsito de cocaína en los países de origen. Estados Unidos tampoco ha cumplido en evitar el tráfico ilegal de armas a territorio mexicano, con lo que se han fortalecido los cárteles criminales.
Todos estos costos que ha pagado la nación mexicana han generado un daño social y económico a nuestro país.
Según cálculos del gobierno norteamericano, durante los primeros 24 meses de la Presidencia de Calderón, el gobierno mexicano gastó aproximadamente 7 mil millones de dólares en la guerra contra el narcotráfico. Por lo que el gobierno debiera exigir una indemnización de daños y no sólo resignarse obedientemente a la supervisión y al regaño de la potencia norteamericana.
La guerra contra el narcotráfico?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez: Concluyo, presidente. La guerra contra el narcotráfico ha encarrilado al país en una aventura sin retorno y de muy largo plazo. La estrategia no ha sido la acertada y para vencer al crimen se requieren esfuerzos titánicos.
En fechas recientes el general de Comando Norte, Gene Renuart, sostuvo que será necesario mantener la colaboración, ya que el reto contra la violencia en México podría durar entre 8 y 10 años.
Para concluir. La iniciativa Mérida ha fracasado en sus objetivos de evitar el tráfico de drogas, armas y dinero ilegal entre México y los Estados Unidos.
El pueblo mexicano ha cargado con un alto costo económico, social y en vidas, para evitar que las drogas lleguen a la sociedad norteamericana, por lo que el Poder Ejecutivo deberá exigir una indemnización de daños al gobierno de Estados Unidos.
La delegación mexicana debió de haber exigido a la delegación norteamericana una indemnización de daños y una explicación de las razones por las que no ha cumplido este acuerdo bilateral. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado Jesús Ramírez Rangel, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Jesús Ramírez Rangel: Con su venia, diputado presidente. Sin duda alguna, la visita de alto nivel del gobierno de Estados Unidos para sostener una reunión con sus contrapartes del gobierno mexicano constituye una oportunidad para seguir fortaleciendo esta relación bilateral, bajo una óptica de una clara corresponsabilidad en materia de narcotráfico y combate al crimen organizado. Todo ello, claro, sin olvidar la gran importancia que tiene el comercio y el tema migratorio en esta relación bilateral.
Atrás debemos dejar discursos alejados de la realidad de esta intensa pero respetuosa relación bilateral. Debemos buscar soluciones, porque la ciudadanía lo exige, en todo el país, particularmente en la frontera norte, ahí donde un servidor nació y creció.
No veamos violación de soberanía en donde no la hay. Veamos más bien que atrás quedaron las certificaciones ilegítimas y que hoy tenemos corresponsabilidad permanente, particularmente con la Iniciativa Mérida, que sin duda es un avance que no podemos negar.
Falta mucho por hacer, pero es un gran avance que no podemos dejar de reconocer el hecho de que el gobierno de Estados Unidos reconozca su responsabilidad en cuanto a tráfico de armas a nuestro país, en cuanto al alto consumo de drogas en su país, y en cuanto al movimiento de dinero en efectivo hacia el territorio nacional; todas ellas armas constantes y permanentes del crimen organizado en México. Pero también falta que nosotros sigamos haciendo nuestra parte: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Urge apurar nuestra reforma de justicia a nivel federal y exigir corresponsabilidad en los gobiernos estatales en cuanto a la reforma de las instituciones de justicia. Pasar de instituciones de justicia propias del autoritarismo, a instituciones de justicia democráticas, que respeten los derechos humanos, que atiendan la prevención y que den prioridad a la transparencia y a la oralidad; todo ello, claro, sin olvidar la formación policiaca.
En este país pasamos décadas enteras sin formar policías. Hoy es urgente la formación policiaca en todos los niveles de gobierno y con una estrategia integral. Dejemos atrás discursos trasnochados. Asumamos la responsabilidad de esta Cámara de Diputados y veamos, de manera constructiva, la realidad de la relación bilateral entre México y Estados Unidos en un mundo globalizado.
Existe una gran oportunidad, ya lo mencionó el diputado Muñoz Ledo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ya que a finales de mayo, principios de junio, se celebrará la Reunión Interparlamentaria entre México y Estados Unidos. Existe una buena delegación representativa de la pluralidad de esta Cámara de Diputados. Existe disposición del Congreso de Estados Unidos, y ya lo hemos visto en la reunión que sostuvimos en la capital de este país.
Ese Congreso, que es finalmente quien aprueba los presupuestos para la Iniciativa Mérida, o sus sustitutos, y que aprueba también las reformas legales, con las mismas facultades que tenemos aquí en esta Cámara de Diputados.
La oportunidad está. Esta Cámara de Diputados y el Congreso tienen que hacer su parte. No perdamos la posibilidad y la enorme oportunidad que tenemos en la Reunión Interparlamentaria, en virtud de que nos toca nuestra parte y la ciudadanía nos lo está exigiendo. Por su tiempo, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Navarrete Prida, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida: Buenas tardes. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta Cámara fija su posición respecto a la segunda reunión del grupo de alto nivel celebrada en nuestro país ayer, martes 23 de marzo de 2010, con funcionarios estadounidenses responsables del tema de seguridad. En esta reunión se planteó la visión estratégica para los próximos años, en cuatro áreas:
Primera. Desarticulación de la capacidad de las organizaciones delictivas que actúan en ambos países mediante debilitamiento de sus redes, estructuras, capacidades logísticas y financieras.
Segunda. Apoyo para la educación continua del marco para la seguridad y justicia.
Tercera. Desarrollo de una frontera segura y competitiva para el siglo XXI.
Cuarta. Fortalecimiento en la cohesión social de las comunidades de los dos países, favoreciendo el desarrollo integral de los individuos, lo que implica atender de raíz las causas del crimen y la violencia, promover la cultura de la legalidad y reducir el uso de drogas ilícitas, entre otros.
En atención a estos compromisos, el Grupo Parlamentario del PRI manifiesta
Primero. Que es una pena que el gobierno norteamericano venga a decirle al gobierno mexicano que su estrategia para el combate al crimen organizado al interior del país está equivocada y que requiere de medidas que van más allá de la respuesta policiaca, cuando aquí en México se ha señalado con toda claridad que la misma debía replantearse, y que hasta que el gobierno norteamericano se los dice, se asume como compromiso.
Segundo. Queda muy claro el por qué ha sido tan elogioso el gobierno norteamericano con el gobierno federal, pues éste ha cumplido totalmente con la exigencia de combatir el trasiego de drogas de Estados Unidos de Norteamérica, en detrimento del combate al crecimiento del consumo en el país.
El elogio nos ha costado pérdida de programas, acciones, presupuestos a favor de comunidades.
Tercero. Esperamos que lo que ayer se firmó sea lo único comprometido, pues tenemos muy claro que luego dicen sus especialistas en convenios y contratos, que no firmaron lo que firmaron y que se comprometieron cosas distintas. Lo grave de esta situación es que aquí el riesgo es la soberanía nacional.
El PRI ha sostenido y hoy ratifica, que la respuesta policiaca ha sido absolutamente insuficiente, ineficiente y potenciadora de violaciones a los derechos humanos y de violencia social, exponiendo gravemente a nuestras Fuerzas Armadas.
El PRI ha señalado que existen herramientas con las que cuenta el Estado, de carácter social, que hacen más por la seguridad que la sola respuesta policiaca, como son: acciones de salud, donde se actúe como autoridad sanitaria en el tema de adicciones.
Ojalá llegue el día en que tengamos al secretario de Salud federal, en donde nos informe, no sus anhelos guanajuatenses, sino cuántos adictos se han rehabilitado en el país, por lo menos un censo de los mismos.
Vigilancia en cápsula, es decir, bacheo de calles, alumbrado público, mejoramiento de espacios públicos, programas educativos que incluyan valores gregarios, no sólo el Programa de Mochila Segura; combate a la violencia intrafamiliar mediante programas sociales y participación social en actividades de beneficio comunitario, entre otras.
En el PRI tenemos claros los grandes problemas regionales que requieren corresponsabilidad bilateral: migración y combate a las estructuras criminales, entre otros.
Estamos seguros que ése es el camino para poder resolver estos severos fenómenos sociales del siglo XXI, con respeto a la soberanía de ambos países y respeto a la autodeterminación de los pueblos, sin sacrificar por ello, la respuesta que al interior del país requiere de nuestro gobierno: estrategia integral, desarrollo de las comunidades y no su aislamiento policiaco, Estado de derecho y respeto a los derechos humanos y combate efectivo al crimen, sin maquillaje y sin el engaño a la población de que se lucha para el beneficio de nuestros hijos cuando en el fondo se ha subordinado la protección de nuestras familias a las políticas trasnacionales. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Señoras y señores legisladores, han concluido las dos rondas pactadas por los grupos parlamentarios. Continuamos con el orden del día en el capítulo de proposiciones.
Pido primeramente a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 415 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Iniciando el capítulo de Proposiciones
Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Electricidad, establezcan tarifas especiales para uso domiciliario y agrícola en las zonas de atención prioritaria.
El diputado Gerardo Leyva Hernández: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: uno de los instrumentos más importantes para medir la desigualdad es el índice de desarrollo humano, que toma en cuenta indicadores como la esperanza de vida al nacer, indicadores educativos e indicadores económicos, como el producto interno bruto per cápita.
Según este indicador, México en el año 2007 ocupaba el lugar número 53 del mundo, con un índice de 0.854, mientras Noruega tenía el primer lugar con un índice de 0.971, existiendo por supuesto al interior del país una gran diversidad de índices a lo largo y ancho del mismo.
En respuesta a esta situación, la ley General de Desarrollo Social establece, en su capítulo IV, que las zonas de atención prioritaria definidas por el Consejo Nacional de Población serán declaradas cada año por la Cámara de Diputados, junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación. En total son 125 regiones a nivel nacional definidas como de alta y muy alta marginación.
Para establecer esas clasificaciones, la Conapo toma en cuenta, dentro de sus variables, el porcentaje de casas habitación sin servicio de energía eléctrica.
Existe toda una política social que indica el trato especial que por ley debe darse a las zonas de alta y muy alta marginación y que una de las causas de esta marginación se relaciona específicamente con el acceso a los servicios públicos básicos.
Sin embargo, resulta de manera inexplicable en nuestro país que solamente se tomen en cuenta criterios de temperatura para establecer las tarifas eléctricas. De esta manera, la tarifa doméstica 1A se reserva para regiones con una temperatura media mensual de verano de 25 grados centígrados, mientras que la 1F es más baja y se reserva para regiones con una temperatura media de verano de 33 grados.
Mantener la actual política de tarifas eléctricas en las que se da un trato igual a las zonas declaradas de atención prioritaria es incongruente con el sentido fundamental de nuestras leyes.
Más acorde con la política social del país sería otorgar a las zonas de atención prioritaria, independientemente del lugar geográfico en el que se encuentren, el acceso a la tarifa 1F en el caso del consumo doméstico y extender la tarifa nocturna 9N a las 24 horas del día, en el caso del consumo para uso agrícola.
Por lo tanto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Federal de Electricidad, otorgue la tarifa 1F a los usuarios domiciliarios ubicados en las zonas de atención prioritaria mencionadas en la declaratoria 2010.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Federal de Electricidad, extienda las 24 horas del día la tarifa nocturna 9N para uso agrícola a los usuarios domiciliarios ubicados en todas las zonas de atención prioritaria mencionadas en la declaratoria 2010. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Energía.
Se pospone la participación del señor diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD.
Recibimos de la Junta de Coordinación Política el documento donde nos piden hagamos una sustitución de participación. Por tal razón, tiene la palabra el señor diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se propone la creación de un grupo de trabajo especializado que se encargue de analizar la Ley Federal del Trabajo vigente y proponga una reforma laboral integral.
El diputado Rafael Yerena Zambrano: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: la Ley Federal del Trabajo vigente en nuestro país entró en vigor el 1 de mayo de 1970.
El proceso para su creación fue largo. Entre 1960 y 1968 se prepararon dos anteproyectos de ley con las observaciones de los trabajadores y empresarios, y con las sugerencias que se recibieron de otros sectores, se redactó el proyecto final al que hizo preceder una exposición de motivos.
En diciembre de 1968 se envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de la nueva Ley Federal del Trabajo; fue entonces que se desarrolló un segundo proceso democrático para la elaboración de la ley; ante Comisiones Unidas de diputados y senadores se presentaron representantes de trabajadores y empresarios a emitir sus observaciones y sugerencias.
El proceso de formación de la Ley Federal del Trabajo prueba que no fue obra de un gabinete, ni fue tampoco el resultado de un pensamiento abstracto, alejado de la realidad.
Las reformas que ha sufrido la Ley Federal del Trabajo, desde su publicación, han ido de la mano con los intereses legítimos de los trabajadores. Destaca por su trascendencia la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 1972, en materia de habitaciones para los trabajadores, y que dio origen a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda; la del 9 de enero de 1974 constituyó el fundamento legal para la creación del fideicomiso denominado Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).
Las reformas de 1975, referentes a la competencia constitucional de las autoridades del trabajo y del pago de aguinaldo en proporción al tiempo trabajado. La del 28 de abril de 1978, de la capacitación y adiestramiento de los trabajadores; obligación patronal que se reformó nuevamente en 1983.
La del 4 de enero de 1980, que se refiere a la denominada reforma procesal laboral, que incluyó la adición del artículo 47, del procedimiento para la entrega, por parte del patrón al trabajador, del aviso de despido, entre muchas otras relevantes.
En los últimos años, los diferentes grupos parlamentarios, representados en la Cámara de Diputados, han presentado diversas iniciativas, 322 de reforma a la Ley Federal del Trabajo, lo que obliga a los legisladores a abrir canales de comunicación y de negociación en la búsqueda de consensos para definir una Ley Federal del Trabajo acorde con la realidad del país y que verdaderamente beneficie a los trabajadores mexicanos.
El movimiento obrero y las organizaciones sindicales tienen claro que la revisión a la Ley Federal del Trabajo debe ir en el sentido de buscar la actualización de la misma, acorde con los procesos económicos vigentes, pero siempre buscando mejorar y elevar el nivel de la vida de millones de mexicanos.
Las propuestas e iniciativas que hasta ahora se han presentado no ofrecen ninguna garantía de repercutir positivamente en el bienestar de los trabajadores del sector formal, y menos aún, para aquellos trabajadores desplazados de su fuente de trabajo, lo que sólo se logrará si se incluye en la ley sistemas de incentivos a la productividad laboral y a la competitividad de las empresas, así como sistemas transparentes, correlativos a la remuneración del trabajo, buscando fortalecer el salario del trabajador que le permita vivir dignamente y asegurando los derechos y conquistas logradas por los propios trabajadores.
Aunado a lo anterior, el panorama laboral para 2010 es verdaderamente incierto. El incremento de precios de la canasta básica que durante los tres primeros años de esta administración se incrementó en un 66 por ciento al pasar de 812 pesos a mil 410 pesos, en comparación con el incremento del salario mínimo, de tan sólo 2 pesos 6 centavos --que representa el 4.7 por ciento--, ha afectado gravemente la economía de millones de familias mexicanas.
Ante todo esto, compañeras diputadas y compañeros diputados, considero de suma importancia la creación de un grupo de trabajo especializado, en el que participen legisladores, gobierno, sindicatos, empresarios, académicos, etcétera, que se encargue de analizar y emitir opiniones respecto de una propuesta de reforma laboral integral, ya que dicha reforma forma parte de las prioridades de esta Legislatura, y será fundamental para el presente y el futuro de los trabajadores mexicanos.
Por tal razón, y que sea considerado de urgente u obvia resolución, propongo el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se propone la creación de un grupo de trabajo especializado en el que participen legisladores, sindicatos, empresarios, gobierno y demás sectores involucrados, que se encargue de analizar la Ley Federal del Trabajo vigente y formule y emita opiniones respecto de una propuesta de reforma laboral integral para los trabajadores mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el señor diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita al titular el Ejecutivo federal, instruya al Inegi?
El diputado Francisco Hernández Juárez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Hernández Juárez, dígame.
El diputado Francisco Hernández Juárez (desde la curul): Quisiera, si me permite, preguntarle al diputado sumarme a la propuesta que ha hecho, por favor.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Rafael Yerena Zambrano, ¿está usted de acuerdo en que se adhieran a su propuesta?
El diputado Rafael Yerena Zambrano: Sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo el diputado Yerena Zambrano, así que todas y todos aquellos legisladores que deseen hacerlo, favor de suscribirlo en la Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita al titular del Ejecutivo federal, instruya al Inegi para que incorpore una cédula adicional sobre la salud de los mexicanos en el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.
El diputado Antonio Benítez Lucho: Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas, señores diputados. En nuestro país, los problemas de la salud cada día van en aumento, desde las infecciones respiratorias agudas, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las infecciones urinarias, las infecciones intestinales.
La obesidad y la diabetes, por citar un ejemplo, representan un gasto en atención de cerca de mil 500 millones de pesos, además de ser una de las 10 principales causas de hospitalización en adultos y ocasiona cada año 70 mil muertes prematuras.
El sistema nacional de salud continúa siendo vigente, pero es imprescindible alcanzar un modelo eficiente de generación y manejo de información que permita con toda oportunidad, su intercambio y utilización, sin barreras geográficas o institucionales, lo que se lograría con la conformación del archivo nacional de salud.
La constitución de tan importante base de datos es estratégica para la obtención del diagnóstico preciso de la salud en nuestro país, mejorar la salud, disminuir las desigualdades territoriales y sociales y alcanzar un modo de vida más digno para todos. Para lo anterior, la premisa fundamental es la obtención de información de primera fuente, a lo cual se puede acceder mediante la cobertura y profundidad de las más importantes herramientas estadísticas que prevé la ley, me refiero a los censos nacionales de población y vivienda, con protocolos, metodologías y rigor técnico.
El levantamiento del censo nacional, además incorpora un instrumento de captación que permite proveer información censal de los individuos, específicamente en lo referente a factores de riesgo, enfermedades prevalentes e incidentes, que explore además de los daños a la salud de grupos vulnerables; así se sentarían las bases para la conformación del archivo nacional de salud.
Este ejercicio permitiría, en primera instancia, el registro individual y la ubicación de los enfermos desde las familias y localidades en todo el territorio nacional, facilitando una planeación más efectiva en el ámbito de la salud pública.
Lo anterior fortalecería las actividades de la coordinación del Sistema Nacional de Información y de los subsistemas, así como la prestación del servicio público de información a toda la sociedad.
Al anexar un instrumento que explore daños en la salud al cuestionario básico se evitará la inversión de recursos en encuestas específicas de salud, atendiendo la necesidad de eficiencia y racionalidad presupuestal, a la vez que nuestro país avanzaría en el camino de alcanzar, como lo dispone la Constitución, una salud universal en un marco de justicia social.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, para que incorpore una cédula adicional sobre la salud de los mexicanos en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, a efecto de obtener un efectivo diagnóstico de salud en México. Para tal efecto, se propone que el contenido de dicha cédula se acuerde con el Consejo de Salubridad General. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el señor diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Salud y de Educación Pública, vigilen que las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva se aplique con base a criterios laicos y científicos.
El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, un Estado laico respeta y garantiza los derechos de libertad de pensamiento, conciencia, creencia, culto, expresión y asociación.
La laicidad es requisito esencial para la existencia de un gobierno que posibilite el pluralismo, la democracia y la diversidad. La laicidad supone la armonización de cuatro principios: respeto a la libertad de conciencia y la práctica individual y colectiva; la autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares; igualdad ante la ley sin excepción y la no discriminación directa o indirecta hacia las personas.
Asuntos relacionados con la educación sexual y reproductiva de las personas, la planificación familiar, la prevención y atención de las enfermedades de transmisión sexual, la educación sexual dentro de la familia y en las escuelas y en diversos temas, y su relación con determinadas creencias religiosas, han derivado enfrentamientos y conflictos entre las leyes y los dogmas.
Ejemplo de ello es la presencia de funcionarios públicos con posturas conservadoras respecto al uso del condón; la anticoncepción de emergencia, la educación sexual a jóvenes; el ejercicio de la sexualidad; la diversidad sexual, las cuales anteponen creencias personales y religiosas a la responsabilidad de diseñar e instrumentar políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva, apegadas meramente a criterios científicos y laicos.
Sin embargo, cuando se trata de cuestiones de orden político y/o jurídico, es de suma importancia que ninguna religión o convicción particular se relacione con las decisiones y acciones del gobierno, en la elaboración de normas jurídicas y en el diseño e instrumentación de las políticas públicas relacionadas con la protección de la salud sexual y reproductiva.
Las manifestaciones de la propia religión y creencias tienen límites que deben estar contenidos en las leyes, para no obstaculizar el acceso a este derecho.
Acorde con ello y dado el carácter laico del Estado mexicano, es condición imprescindible para garantizar el acceso a la protección de la salud sexual y reproductiva.
En mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública, a vigilar que las políticas públicas y programas instrumentados en materia de salud sexual y reproductiva; población, planificación familiar, educación sexual y prevención y atención de enfermedades de transmisión sexual, se apliquen con base a criterios laicos, científicos, y acordes con los estándares previstos en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano.
Segundo. Se exhorta a las legislaturas locales para poner en marcha mecanismos para asegurar y supervisar los procesos de armonización legislativa necesarios en materia civil y penal, entre los ámbitos federal y local, para proteger el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Señor presidente, le solicito que el texto íntegro quede inscrito en el Diario de los Debates.
Quiero agradecer a mis compañeros diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista, del PRI, del PRD, del PT, de Convergencia y al mismo Grupo de Nueva Alianza el apoyo que han dado a este punto de acuerdo. Muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo solicita el señor diputado, inscríbase el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, y de Educación Pública y Servicios Educativos.
La diputada Laura Arizmendi Campos (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputada Laura Arizmendi.
La diputada Laura Arizmendi Campos (desde la curul): Muchas gracias. Para solicitar al diputado Vázquez Aguilar que me permita suscribir su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Vázquez Aguilar, ¿tiene inconveniente?
El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: No, ninguno. Adelante.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No tiene inconveniente el señor diputado. Puede usted pasar a la Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar los recursos complementarios a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal.
El diputado Alejandro del Mazo Maza: Con su permiso, señor presidente. En enero de 2008, con recursos del Fondo Metropolitano, dieron inicio los trabajos de construcción de dos puentes vehiculares en el Anillo Periférico al cruce con la avenida Pantitlán y la avenida Chimalhuacán, en el oriente de la zona metropolitana del valle de México.
La finalidad de estos distribuidores viales es agilizar el traslado a cerca de 1 millón de personas que necesitan transitar a otras zonas de la ciudad y que en promedio destinan hasta tres horas de ida y tres horas de regreso.
El costo del primer puente es de 317 millones 500 mil pesos, asignándose, hasta diciembre de 2009, 200 millones para su primera etapa; y el costo del segundo es de 289 millones 860 mil pesos, asignándose hasta este momento 124 millones de pesos, por lo que la fecha de terminación de esta obra, programada para finales de 2009, se reprogramó para agosto del año en curso.
Como es de suponerse, toda obra de esta naturaleza causa malestar a los habitantes de las colonias donde se encuentra la obra y a las personas que tienen la necesidad de pasar por donde se realizan los proyectos. Es así que habitantes de algunas colonias del municipio de Nezahualcóyotl y de la delegación Iztacalco han sido los más afectados por el retraso de esta obra.
El riesgo de bajar del transporte público y caminar más de un kilómetro hacia la estación del Metro Pantitlán es alto, ya que pueden sufrir atropellamientos. Y por la noche se ha presentado robos a los conductores, quienes se ven en la necesidad de utilizar estas vialidades de acceso a la zona oriente del valle de México.
No es posible que esta serie de problemas sigan presentándose por la lentitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la falta de cumplimiento en la entrega de los recursos para su terminación. No debemos permitir que se sigan incumpliendo los calendarios de entrega de los recursos que ya fueron aprobados por esta soberanía y la Secretaría de Hacienda retrace el beneficio para miles de habitantes de la parte de la zona metropolitana del Valle de México.
Es nuestra responsabilidad velar por los intereses de la ciudadanía y de exigirle al Poder Ejecutivo que cumpla con la entrega complementaria del presupuesto para la terminación de estas importantes vialidades, cuyo objetivo es seguir fomentando el mejoramiento de la infraestructura, de la calidad de vida y del desarrollo de los habitantes del oriente de la zona metropolitana del Valle de México.
Por ello, someto al pleno la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, libere los recursos complementarios al gobierno del estado de México y al gobierno del Distrito Federal para la terminación de los puentes vehiculares de la avenida Pantitlán y de la avenida Chimalhuacán sobre el anillo Periférico oriente y terminar con los graves problemas de inseguridad y tráfico que se viven en las zonas afectadas. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, realice una auditoría al ayuntamiento de Puerto Vallarta.
El diputado Juan José Cuevas García: Con su venia, diputado presidente. Amigas diputadas y amigos diputados, todos sabemos que el municipio es la base política y social del Estado mexicano y goza de autonomía. Pero es justo, y es sujeto a revisión de cuentas.
En el país existen diversas leyes y lineamientos que les atribuyen a los ciudadanos la posibilidad de acceder a la información que generan las entidades de gobierno. En esta soberanía mucho hemos discutido sobre la necesidad de transparentar el ejercicio del gasto público. Los ciudadanos ya no confían en sus autoridades. No recuperaremos esa confianza en tanto que no logremos que los responsables de los malos manejos de los recursos sean debidamente procesados.
En esta Cámara todas las bancadas se han pronunciado en uno y en otro momento por la transparencia y la honestidad en el uso del erario; y hoy tenemos una oportunidad para demostrar que somos congruentes.
El pasado 31 de enero la autoridad municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, en reunión de trabajo dio a conocer que en la pasada administración acumuló deudas que en ese momento superaban 710 millones de pesos, sin tener todavía finalizado el proceso de entrega y recepción.
El hecho es grave en sí mismo debido a que, al inicio de su gestión, recibió las arcas municipales con números positivos, sin deudas contraídas y con recursos disponibles para hacer frente a los pasivos normales a proveedores. De esta deuda 450 millones de pesos corresponden a un crédito contratado con Bancomer.
El contrato firmado con esa institución crediticia carece de la firma del síndico del ayuntamiento, lo que contraviene a lo dispuesto en el artículo 52, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado de Jalisco. Adicionalmente, y de acuerdo con la actual autoridad municipal, parte de ese crédito ?contratado para la dotación de infraestructura urbana?, fue utilizado por el anterior gobierno municipal para financiar parte del gasto corriente municipal.
Cabe mencionar que en las cláusulas del contrato se estipula que el pago de la deuda está garantizado con las participaciones federales. Otra parte de la deuda es la correspondiente a las pensiones del estado de Jalisco. Esta entidad es la que como su nombre lo indica, administra los recursos que los empleados del estado de Jalisco y sus municipios aportan mensualmente.
Al 31 de diciembre de 2009, la actual autoridad municipal había calculado el adeudo en 64 millones de pesos. Resulta que este adeudo es en gran parte dinero que a los trabajadores se les retuvo oportunamente de sus pagos quincenales, por lo que resulta inexplicable que estos recursos se hayan distraído de su destino.
Una parte más de la deuda está compuesta por 113 millones de pesos que se adeudan a proveedores. Muchos de ellos se han acercado a la autoridad municipal actual para conocer el estado de sus pagos vencidos; sin embargo, un universo no revelado se ha mantenido al margen, por lo que se presume que se trata o de empresas fantasmas o de servicios no prestados, o en su defecto, de proveedores que pudieran haber inflado sus precios.
En detrimento de la credibilidad y confianza del ayuntamiento de Puerto Vallarta, la empresa calificadora Standard & Poor?s, el 18 de septiembre de 2009 bajó su calificación de riesgo crediticio en escala adicional nacional de MXA positivo a MXA, del municipio de Puerto Vallarta. En cambio, su perspectiva cambio realmente al pasarla de estable a negativo.
Por lo expuesto y a efecto de disipar las dudas existentes en el manejo de los recursos en el municipio de Puerto Vallarta, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto a la Auditoría Superior de la Federación para que en el ejercicio de sus facultades y de acuerdo a sus atribuciones incluya en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2009 la revisión sobre el ejercicio de los recursos que por aportaciones federales recibió el ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, durante el ejercicio fiscal 2009.
Segundo. Se hace un atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco para que instruya a la entidad de fiscalización superior local para que realice con carácter de urgente una auditoría a fondo de la hacienda pública municipal de Puerto Vallarta, independientemente de la revisión rutinaria de las Cuentas Públicas 2008 y 2009.
Tercero. Se exhorta a las autoridades locales de Puerto Vallarta para que en el pleno ejercicio de sus facultades inicien los procesos judiciales correspondientes en contra de quienes resulten responsables por la posible comisión de delitos en el uso y abuso de los recursos públicos del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.
Compañeros y amigos diputados, quiero hacer una aclaración. El anterior presidente municipal que dejó endeudado a Puerto Vallarta es de extracción priista, pero quiero aclarar ? ojo, mucho ojo? quien nos dio esta información y quien está también muy inconforme, porque ha hecho varias reuniones con los diputados locales y federales, asimismo con los medios, para expresar su inconformidad, también de extracción priista, y ésa inconformidad la ha presentado el ex diputado local y también el compañero y amigo diputado federal plurinominal aquí presente, quien también está inconforme en lo que se ha usado de Puerto Vallarta. Es una injusticia, a fin de cuentas ese dinero es lo que recabamos de los impuestos de la gente que nos paga nuestro puesto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Tiene la palabra la diputada Cristabell Zamora Cabrera, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, para que con sus contrapartes estadounidenses establezcan mecanismos de simplificación de los trámites en la expedición de visas, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Cristabell Zamora Cabrera: Con su venia, señor presidente. La relación entre México y Estados Unidos debe verse, por los gobierno de ambos países, como una relación de interdependencia; somos vecinos, socios y, por tanto, son demasiados los intereses en común de ambas naciones.
Por desgracia son alrededor de medio millón de mexicanos los que cruzan cada año la frontera que compartimos con Estados Unidos, en busca de oportunidades laborales y una mejor calidad de vida, las que todavía les son negadas aquí.
Actualmente cerca de 6 millones de connacionales viven del otro lado de la frontera con carácter de indocumentados, enfrentando una política migratoria intolerante, anacrónica y que los pone bajo una situación de temor constante, tratándolos las autoridades de allá casi como delincuentes.
Esto, más la demanda en los temas de salud, sociales, seguridad y medio ambiente, que en los últimos años han captado la atención de los tres órdenes de gobierno, tanto en la frontera de México como con su contraparte de la frontera estadounidense; de esta manera temas que conciernen problemáticas locales, revisten de un interés y similitud internacional.
Tal es el caso de la situación de la migración y de la seguridad. Este último tema sobre todo por los acontecimientos que se han venido dando tanto en la frontera norte como en los diferentes estados de nuestro país. Esta situación de tránsito y flujo de personas entre los dos países es acosado por las redes de traficantes de personas y por el narcotráfico, que revisten importancia nacional para ambos países.
Las políticas y esfuerzos legislativos para atender y hacer frente a esta problemática se han manifestado, para el caso de México, desde las legislaturas locales, hasta el pleno de esta honorable Cámara de Diputados; y para el caso de Estados Unidos, por congresistas de ese país.
Desde 1994 el Departamento de Estado de Estados Unidos de América abrió un Centro Nacional de Visas, siendo éste el que aprueba todos los procesos de peticiones de visa de inmigrantes y los conserva hasta que los casos están listos para la adjudicación por un oficial consular en el extranjero. Sin embargo, recientemente por las cuestiones de seguridad, principalmente, este procedimiento se ha vuelto toda una calamidad, compañeros.
Para observar lo absurdo y anacrónico que resulta el proceso de obtención del documento de visado en México basta mencionar que, además de viajar desde su lugar de residencia, el solicitante mexicano debe pagar para realizar una cita por la posible probabilidad de obtener una visa. Aún así, los periodos de espera son de varias horas, la mayoría de las veces, primero en la calle.
Lo incoherente que resulta el procedimiento es que además de solicitar la presencia física para la entrevista, en su mayoría con un trato déspota y descortés, luego de una revisión exhaustiva de los documentos solicitados, son rechazados un promedio de 7 de cada 10 visas, sin que ni siquiera las expliquen la razón que motivó al rechazo y sin regresarles el dinero del costo de la cita. Sólo se les informa que en seis meses pueden solicitarla de nuevo y se hace necesario que para una nueva cita se pague un nuevo costo de 131 dólares.
Si bien es cierto que resulta necesario reforzar las políticas de seguridad tanto en Estados Unidos como en nuestro país, México, las acciones emprendidas para cumplir dicho cometido no deben estar sustentadas en el deterioro del trato a los seres humanos.
La seguridad internacional debe ser garantizada en un marco de cooperación en la política exterior y migratoria, coadyuvando al desarrollo estratégico y, sobre todo, el desarrollo económico.
La migración es un fenómeno social de enorme trascendencia en la vida nacional de México. Somos un país de origen, tránsito y destino de trabajadores migratorios y de sus familias. En otras palabras, este fenómeno afecta a nacionales mexicanos residentes en el exterior, así como también a los que se encuentran dentro del territorio mexicano.
Los legisladores mexicanos debemos pedir a los congresistas norteamericanos, en el marco de la Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, su apoyo para que el procedimiento para la obtención de visas sea expedito, claro y con la posibilidad de apelación, incluyendo un trato justo y humano, con la posibilidad de aplicarlo por lo menos tres veces, con el mismo costo de la cita inicial.
Debemos trabajar desde el ámbito de nuestra competencia, los Congresos de ambos países, para implementar, con carácter de urgente, acuerdos que garanticen la seguridad física y el respeto a los derechos humanos de los migrantes, evitando su violación sistemática.
Es por todo lo anterior que una servidora, a nombre propio y de mis compañeros, propone a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Uno. Se exhorte respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia y de su contraparte estadounidense, soliciten, formulen, establezcan, implanten mecanismos correspondientes y estrategias de simplificación de los trámites y tiempos de resolución con el objetivo de agilizar la expedición de visas, solicitando de manera especial, dentro del respeto al marco jurídico que corresponda, que el costo de la cita para la visa pueda ser aplicable mínimo por tres veces.
Dos. Se exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión para que se incluya, en el marco de la Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, el tema específico del apoyo del Congreso norteamericano para que el procedimiento para la obtención de visa sea expedito, claro y con posibilidad de apelación, incluyendo un trato justo, humano y con la facultad de aplicar por lo menos tres veces con el mismo costo de la cita inicial.
Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros diputados, por comprender y apoyar lo que es sencillamente justo. Es cuanto, señor Presidente.
El presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Tiene la palabra el diputado Ernesto de Lucas Hopkins para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades otorguen a los cuerpos policiacos del país créditos para la adquisición de vivienda, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Ernesto de Lucas Hopkins: Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de esta honorable Mesa Directiva.
Los suscrito, diputados sonorenses por el Partido Revolucionario Institucional Ernesto de Lucas, José Luis Marcos León Perea, Miguel Ernesto Pompa Corella, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Jesús Alberto Cano Vélez y Onésimo Mariscales Delgadillo, con fundamento en el artículo 58, fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de acuerdo
Por el que se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de los municipios para que, en el marco de sus atribuciones, se otorgue a los cuerpos policiales del país el acceso a créditos tanto para la adquisición de vivienda, así como para vehículos automotores.
Consideraciones
Primera. Que la seguridad pública del país es una función pública que por disposición del artículo 21 constitucional recae en la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios.
Segunda. Que la seguridad pública comprende, entre otras funciones, la de prevención de los delitos, así como la investigación y persecución para hacerla efectiva.
Tercera. Que el desempeño de las funciones señaladas recae en los distintos cuerpos policiacos dependientes de las órdenes de gobierno ya expresados y que, por disposición de nuestra propia Carta Magna, las funciones mencionadas están regidas por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la propia Carta Magna.
Cuarta. Que nuestra propia Carga Magna exige expresamente que las instituciones de seguridad pública, amén de ser de carácter civil, deberán ser de naturaleza disciplinaria y profesional, sin perjuicio de que el sistema nacional de seguridad pública tenga bajo su responsabilidad la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
Quinta. Que nuestra Constitución establece que ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el expresado sistema.
Sexta. Que el notable incremento de la criminalidad en nuestro país, especialmente la llevada a cabo por el crimen organizado, ha convertido a la función policial en una de las actividades laborales de mayor riesgo, bastando para ello hacer notar que entre los años 2008 y 2009 los homicidios dolosos en contra de policías en México se incrementaron en más de un 70 por ciento.
Séptima. Que no obstante que la función policial, como ya ha quedado suficientemente acreditado, es uno de los ejercicios profesionales sujetos por disposición constitucional a las mayores exigencias profesionales y éticas y es, al mismo tiempo, una de las actividades expuestas al más elevado riesgo en términos de la integridad personal, ambas circunstancias no se ven justamente reflejadas en las prestaciones laborales a que tienen derecho los integrantes de los cuerpos policiacos, particularmente los policías que rinden cuentas a los municipios y a los estados.
Octavo. Que si bien en lo relativo a vivienda se han encontrado avances en ese respecto, dichos avances ocurren de manera aislada en los estados de Baja California, Sonora, estado de México, entre otros.
Noveno. Que al no poder contar los cuerpos policíacos con créditos que le permitan acrecentar un patrimonio individual o familiar, no pueden, por tanto, tener acceso a un nivel de vida mejor, como justamente debiera corresponder dada la importancia y delicadeza de las funciones a su cargo.
Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, sometemos a la consideración de esta asamblea, el siguiente
Punto de acuerdo
Único: Se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de los municipios para que, en el marco de sus atribuciones, se otorgue a los cuerpos policiales de su adscripción correspondiente el acceso a créditos, tanto para la adquisición de vivienda como de vehículos automotores.
Le solicito señor presidente, que este punto, al igual que la intervención, sean incluidos en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo solicita el señor diputado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Pública.
Se recibió del diputado Rubén Arellano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se coordine con los gobiernos estatales y municipales que forman parte de la cuenca del río Laja y elaboren y ejecuten un plan de manejo de la misma. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra el diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal en relación a la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, estado de Sonora.
El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina: Con su permiso, señor presidente. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, gracias por su atención.
El que suscribe, diputado federal Leonardo Arturo Guillén Medina, integrante del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Es indispensable que la sociedad y todos los órdenes de gobierno actuemos de forma coordinada y permanente y que en nuestras instituciones prive el diálogo y la colaboración, a fin de que la responsabilidad que tenemos como servidores públicos y representantes populares encuentre su realidad y eficacia.
Así las cosas, debemos emprender todas las acciones que estén en nuestras manos para impulsar el desarrollo de nuestras comunidades y sobre todo, el salvaguardar lo más importante que poseemos todos: la vida.
Insisto y los exhorto a que tengamos siempre presente que los temas en donde están en juego la seguridad e integridad física de la población, son los que requieren de una atención mayor expedita y eficaz.
En ese tenor reconozco el esfuerzo del gobierno federal por proveer de mejores condiciones de infraestructura carretera a nuestro país, a fin de que los mexicanos podamos vivir mejor. Como es el caso de la modernización y ampliación de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca en el estado de Sonora y tema del que les vengo a hablar, misma que va de los 7 a los 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros.
Trabajos en los que a la fecha el avance que se tiene es de 151.2 de 335 kilómetros; es decir, un avance del 45.13 por ciento, respecto de la longitud total.
Así se desprende que de un costo de alrededor de 2 mil 700 millones de pesos, falta la inversión de mil 225.1 millones de pesos para la conclusión de la obra, misma que se estima concluya al 100 por ciento en el ejercicio fiscal de 2012. Es decir, faltan tres años para concluir estos trabajos.
Cabe señalar, que en este tramo se registra un crecimiento considerable del volumen de tránsito vehicular, siendo la única ruta de comunicación terrestre hacia el noroeste del país, específicamente al noroeste del estado de Sonora y a los estados de Baja California y Baja California Sur.
No obstante lo anterior, son desafortunados e innumerables los accidentes de tránsito que se han suscitado derivado de las inseguras condiciones en las que se encuentra la carretera en comento, así como por los trabajos de modernización de la misma; percances en los que trágicamente se ha cobrado la vida de un gran número de personas tanto de residentes de la zona, como de personas que simplemente la transitan por ser un paso obligado para conectar a otros destinos.
En tal virtud, he recibido múltiples y legítimas demandas de la comunidad que represento, con cabecera en San Luis Río Colorado, Sonora, mi municipio, a fin de impulsar una mayor protección de la integridad física de quienes transitan por este tramo carretero. Solicitud-demanda con la que me solidarizo sin reserva alguna.
Por ello, es oportuno señalar que la carretera en referencia, por ser una ruta internacional por la cual se transportan un sinfín de productos y servicios, tiene la urgente necesidad de que se trabaje en su ampliación y modernización con la mayor celeridad posible, brindando las mayores medidas y garantías de protección a sus usuarios, ya que definitivamente cualquier esfuerzo adicional por la pronta terminación de la misma reducirá significativamente el índice de accidentes fatales; razón que traduce esta proposición en un factor de suma importancia para la disminución de la incidencia de los mismos.
Para dimensionar el problema, vale la pena subrayar el riesgoso hecho que priva y ha privado siempre en la citada carretera, al contar apenas con 7 metros de corona, es decir, en este diámetro de asfalto se transita sobre dos carriles en sentidos opuestos, sin área de acotamiento, y una altura promedio de medio metro, respecto a los terrenos contiguos. Lo que agrava sin lugar a dudas las condiciones de inseguridad al transitarla debido a que en situaciones?
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Le agradecemos que abrevie, señor diputado.
El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina: ? debido a que en situaciones donde algún vehículo sufre desperfectos o el riesgo de introducción a su carril por quien transita en sentido contrario, no se tiene ninguna posibilidad de evitar un probable impacto o volcarse ante la salida de la rúa, con las consecuencias gravísimas de los accidentes frontales.
En este tenor --y concluyo, señor presidente-- es que se estima conveniente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere como prioridad el establecer por lo menos un tercer frente de trabajo en dicho tramo carretero, preferentemente en el punto donde se han registrado el mayor número de accidentes fatales, denominados Los Vidrios-El Chaparral, que está comprendido entre los kilómetros 59-84 del tramo Sonoyta-San Luis Río Colorado; dando paso con ello a una terminación de obra más pronta y logrando así el beneficio de la protección, seguridad e integridad física de todos los transeúntes.
En esta tesitura, es menester proponer a los integrantes de esta Cámara de Diputados, exhortar al Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en el ámbito de sus atribuciones gire las instrucciones que correspondan a efecto de agilizar y ampliar los trabajos de modernización y ampliación de la carretera federal San Luis Río Colorado- Sonoyta-Caborca. De igual forma, considerar su ampliación a cuatro carriles en el Plan Nacional de Infraestructura.
Por lo expuesto a este honorable Congreso y con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se considere la pertinencia de agilizar y ampliar los frentes de trabajo respecto a la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, en Sonora.
Segundo. Se exhorte al Ejecutivo federal para que a través de la SCT considere en el Plan Nacional de Infraestructura la ampliación a cuatro carriles de la carretera citada.
Señor presidente, solicito atentamente que la anterior propuesta de punto de acuerdo se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates de este Congreso de la Unión. Por su atención a todos, aunque le cueste trabajo, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo solicita el diputado, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Transportes.
Tiene la palabra el diputado José Antonio Arámbula López, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a, por conducto de la Conagua, establecer las reglas de operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable.
El diputado Sergio Tolento Hernández (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Tolento, a sus órdenes.
El diputado Sergio Tolento Hernández (desde la curul): Compañero diputado presidente, por su conducto solicitar al diputado Leonardo Guillén, el diputado Vega y su servidor, adherirnos a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: ¿Diputado Guillén, no tiene usted inconveniente? Adelante, diputado Tolento, puede usted pasar. Continúe, diputado Arámbula.
El diputado José Antonio Arámbula López: Gracias, señor presidente. La cantidad de agua que actualmente hay en la tierra alcanza los mil 385 millones de kilómetros cúbicos; sin embargo, menos del 3 por ciento de esta cantidad es agua dulce. Actualmente, la dotación per cápita de agua a nivel mundial es 33 por ciento inferior a la que existía en 1970.
En el mundo miles de personas viven sin agua potable para consumo doméstico. En México el 11 por ciento de la población vive sin agua potable para consumo doméstico en zonas urbanas, y el 28 por ciento en la zona rural, en tanto que el 14 por ciento de la población no tiene cobertura de alcantarillado en zonas urbanas y el 42 por ciento en zonas rurales.
Si bien nuestro país se caracteriza por tener algunos de los mejores organismos operadores de agua de América Latina, también cuenta con regiones cuyo desempeño es bastante deplorable, variando significativamente el acceso, la eficiencia y calidad de los servicios de agua y saneamiento de una localidad a otra, mismos que se encuentran marcados por diversos problemas, dentro de los cuales destacan la baja eficiencia técnica y comercial en la prestación de los servicios; la mala calidad de los servicios de abastecimiento de agua y la calidad deficiente de los servicios de saneamiento, especialmente en lo que respecta al tratamiento de aguas residuales.
De acuerdo con información de la Conagua, hasta el año 2007 existían en nuestro país mil 710 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación, que trataron sólo el 38 por ciento del total de aguas residuales recolectadas. En 2007 se pone en marcha por parte del gobierno federal el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, el cual asume como premisa básica la búsqueda del desarrollo humano sustentable, es decir que todos los mexicanos tengamos una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras, a través del uso sustentable del agua y la preservación del medio ambiente.
El Programa Nacional Hídrico se encuentra normalizado por las reglas de operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, aplicable a partir del año 2009, estatuto que tiene como compromiso fundamental el de mejorar la productividad del agua en el sector agrícola e incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para la población de zonas urbanas y rurales.
Es de suma importancia señalar que dentro de las reglas de operación en cuestión se estableció tácitamente un impedimento para las entidades federativas, pero mayormente para los municipios, toda vez que actualmente las aportaciones de las localidades u organismos operadores de los servicios hídricos van desde un 25 hasta un 60 por ciento como aportación de la parte que les corresponde, por lo que cuando éstas tienen deficiencia presupuestal terminan por rechazar las aplicaciones de acciones o mejoras contenidas en los programas federales, en atención a que no cuentan con los porcentajes que por concepto de contraparte se obligan a otorgar para el desarrollo de los programas.
Esto trae como consecuencia que en la mayoría de los casos exista un subejercicio presupuestal en esta área. Ningún o casi ningún municipio alcanza a poner la contraparte para obras específicamente de infraestructura hídrica y de saneamiento, por lo que el punto de acuerdo es exhortar al titular del Ejecutivo federal para que, por conducto del titular de la Comisión Nacional del Agua, establezca a partir del año 2010 dentro de sus reglas de operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, un componente de inversión no mayor del 10 por ciento en la contraparte que deberán aportar los organismos operadores del agua, gobiernos locales o gobiernos municipales en los diversos programas de infraestructura en materia de agua potable, alcantarillado, saneamiento y destino final a su cargo.
Es importantísimo darles a los municipios capacidad para que puedan tratar sus aguas, y esto es apoyarlos económicamente.
Señor presidente, le solicito se inserte en el Diario de los Debates el punto de acuerdo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo solicita el señor diputado, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a crear una Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Durante la LIX Legislatura en la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias, se desarrolló un arduo trabajo. Un esfuerzo para adecuar la legislación federal de forma multidisciplinaria y transversal con la finalidad de proteger, de prevenir, de promover y alcanzar el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de México.
Los trabajos en ese entonces tenían un objetivo común que hasta la fecha es vigente, el cual es la elaboración de un proyecto legislativo que garantice el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en México.
Sin embargo, existen retos y problemáticas que debemos superar, ya que en México aún nos falta dar muchos pasos para conseguir, desarrollar un pleno proceso de adecuación, de modernización y armonización legislativa en la materia.
Por tal motivo, en septiembre del año pasado presenté una proposición con punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados creara la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias. De esta manera, darle continuidad a los trabajos legislativos de la LIX Legislatura.
Gracias al trabajo comprometido de esta comisión se produjeron avances importantes, como lo fueron las reformas al Título Octavo del Código Penal Federal en Materia de Explotación Sexual Infantil. También se abordaron otros temas como salud, infancia indígena, tratamiento de menores infractores, derechos de las niñas, entre otros muchos.
El 24 de febrero de este año, la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados aprobó nuevamente la creación de la Comisión Especial de la Niñez.
Es por ello que se requiere de una homologación positiva entre la legislación federal y las entidades federativas. Es necesario un piso común en donde se procuren los derechos humanos de las niñas y de los niños y se propicie un marco institucional legislativo que atienda los requerimientos específicos de la niñez, de la adolescencia y de las familias mexicanas.
De esta forma, este punto de acuerdo es un exhorto a los Congresos estatales para que creen sus respectivas Comisiones de la Niñez, Adolescencia y Familias, con la finalidad de mejorar y adecuar sus respectivos marcos legales en la defensa de los derechos humanos de la infancia.
Aquí cabe mencionar que hay algunos estados de la república que ya tienen en sus Congresos locales estas comisiones como lo es Colima, Yucatán y Zacatecas.
Este punto de acuerdo, como único, es exhortar a los Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a crear la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias.
La Cámara de Diputados, compañeras diputadas y compañeros diputados, sigue trabajando en este tema tan importante, como es los derechos de la niñez; sin embargo, no es suficiente, es necesario que todos los Congresos locales participen activamente en esto. Es importante para el futuro de México el proteger el interés superior de la infancia.
Por su atención muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputada. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Francisco Arturo Vega de la Madrid, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Sedena, a dotar de mayor infraestructura, recursos humanos y materiales para los principales puntos de revisión de las carreteras y aeropuertos del estado de Baja California.
El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid: Con su permiso, diputado presidente.
Uno de los derechos constitucionales inviolables que tenemos los ciudadanos es el derecho de tránsito, al cual hace alusión en el artículo 11 de nuestra Carta Magna, y que establece que todos tenemos derecho y libertad de viajar por el territorio nacional sin tener la necesidad de portar carta de seguridad, pasaporte o documento semejante alguno.
Para algunas personas este derecho se ve interrumpido por los operativos de revisión o retenes militares de diversas corporaciones policiacas del país en carreteras de tránsito local e internacional. Tal es el caso de las vías carreteras de Baja California, mismas que se han visto afectadas por la imposición de retenes o puestos de revisión militar y de seguridad, a lo largo y ancho de la entidad.
Debemos entender y reconocemos que el esfuerzo emprendido desde el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, y de Comunicaciones y Transportes, ha rendido buenos resultados. Estos se han visto traducidos en un mejor control de contrabando de armas, personas y drogas.
Los ciudadanos de Baja California estamos a favor de las medidas en contra de la delincuencia y de la delincuencia organizada. Sin embargo, debemos resolver, a la brevedad, las carencias que presentan las revisiones en materia de infraestructura, y de recursos humanos y materiales.
Baja California es la entidad federativa, dentro de la zona de la frontera norte, con mayor número de cruces fronterizos y peatonales, razón por la cual las revisiones que se realizan a lo largo de las redes carreteras cobran una vital importancia. Por ello, debemos levantar la voz para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal dote de mayores recursos encaminados a la infraestructura de los retenes militares; y, a su vez, que la Secretaría de la Defensa Nacional provea de mayores recursos materiales y elementos militares en todos los puestos de revisión de nuestro estado.
El pasado 20 de octubre de 2009, el Congreso local de Baja California aprobó con 20 votos a favor la iniciativa, con punto de acuerdo, económica, por la cual solicitó al gobernador del estado se realizaran las gestiones conducentes, a afecto que se dotara mayor infraestructura en el punto de inspección militar, ubicado en el tramo carretero Centinela-La Rumorosa; y para buscar la incorporación de mecanismos para la modernización del punto de revisión carretero en cita.
Aunado a ello, debemos mencionar que el turismo en la entidad ha disminuido de manera significativa ya que para 2008 el total de los cruces fronterizos entre vehículos particulares y de carga se estableció en 969 mil 132, y para 2009 cruzaron un total de 898 mil 452 vehículos.
Existen tramos carreteros dentro de zonas con las más altas temperaturas del país, como es el caso de la carretera Mexicali-San Luis Río Colorado, donde las temperaturas pueden alcanzar en verano hasta los 45 grados centígrados, y la ineficiencia de las revisiones o retenes militares ocasionan filas de hasta 4 kilómetros de largo, inhibiendo el turismo y la imagen nacional e internacional del estado.
Amigas legisladoras y amigos legisladores, como bajacaliforniano me presento ante ustedes con la encomienda de alzar la voz por éste y varios problemas que padecemos en el estado. Como representantes de la nación tenemos la obligación de transmitir el sentir de quienes representamos. Es por ello que muy respetuosamente solicito su apoyo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que destinen mayores recursos encaminados a mejorar la infraestructura de punto de revisión militar en el estado, mi estado, Baja California.
Es cuanto, señor presidente. Solicitándole de la manera más atenta, sea insertado este punto en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo solicita el señor diputado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Transportes.
El diputado Gumercindo Castellanos Flores (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Castellanos. Dígame, diputado.
El diputado Gumercindo Castellanos Flores (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Solamente para preguntarle al diputado y amigo mío Quicos si me permite adherirme a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: ¿Si no tiene usted inconveniente, diputado?
El diputado Francisco Arturo Vega De la Madrid (desde la curul): Ningún inconveniente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Lo ha concedido el señor diputado, puede usted pasar a firmar.
Tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Educación Pública y de Salud se cumpla con el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad.
La diputada María Cristina Díaz Salazar: Gracias, presidente. El desarrollo de las recomendaciones sobre el consumo de bebidas para una vida saludable, para la población mexicana fue motivado por el gran aumento en las prevalencias de sobrepeso, obesidad y diabetes en México en los últimos 20 años; junto con el aumento en el consumo de calorías provenientes de las bebidas en el mismo periodo.
Hay evidencia científica clara de que la ingestión de bebidas calóricas, principalmente bebidas calóricas y bebidas azucaradas, jugos y leche entera, aumentan el riesgo de obesidad y diabetes.
Uno de los productos que ha ganado más lugar en el estomago de los mexicanos es el refresco. Lo que preocupa a autoridades y académicos es que se toman como líquido vital 160 litros anuales por habitante. Es el país donde más se consume Coca-Cola en el mundo.
Las corporaciones transnacionales como Coca-Cola y Pepsi-Cola están inundando el mundo con bebidas que no son más que dulces líquidos. Como consecuencia, en la población alrededor del mundo, incluyendo la infantil, se están aumentando los índices de obesidad; la diabetes, llamada anteriormente del adulto, ahora se presenta en niños, así como muchos otros problemas de salud.
Las bebidas frutales endulzadas suelen ser publicitadas como una alternativa saludable a los refrescos azucarados, pero son igualmente riesgosas para el aumento de peso y sus consecuencias.
México ocupa el primer lugar mundial en el consumo per cápita de refrescos embotellados, y el segundo en importancia en ventas después de Estados Unidos.
Las 230 plantas embotelladoras del país comercializan 300 millones de cajas al año, con un valor aproximado a los 15 mil 500 millones de dólares. México se ha convertido en el paraíso para empresas procesadoras de alimentos de bajo o nulo valor alimenticio.
En las familias más pobres del país, el consumo de refresco se ha incrementado en 60 por ciento. El agua natural es la elección más saludable en esta escala y la bebida preferida para satisfacer las necesidades de líquidos, ya que no tienen efectos adversos en individuos sanos cuando se consumen en los intervalos aceptados y no provee energía.
El secretario de Salud ha sido claro en señalar el impacto negativo de la publicidad y comida chatarra sobre los niños, la necesidad de establecer una nueva etiqueta que en verdad orienten a los consumidores, el impacto negativo de los refrescos y bebidas endulzadas, y la necesidad de que las escuelas cuenten con bebederos de agua potable.
En el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria se menciona que los expertos nacionales e internacionales han determinado que el agua es el líquido más recomendable para que la población mexicana obtenga una hidratación adecuada.
Por lo anteriormente expuesto propongo a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y la Conagua, cumplan con el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia para el Sobrepeso y la Obesidad, firmado el 25 de enero del presente año por el presidente de la República Mexicana, el secretario de Educación Pública, el secretario de Salud y el director de la Conagua, para dotar a las escuelas de bebederos con agua potable, para mejorar la salud de los educandos mexicanos.
Atentamente. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Presentado este día 24 de marzo, pero fue presentado a la Mesa Directiva el día 8 de marzo. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputada. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud.
El diputado Guillermo Cueva Sada (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Guillermo Cueva, dígame.
El diputado Guillermo Cueva Sada (desde la curul): Sólo para felicitar a la diputada Cristina Díaz y pedirle si me puedo adherir a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Si no tiene usted inconveniente, diputada.
La diputada María Cristina Díaz Salazar (desde la curul): No tengo inconveniente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No tiene inconveniente, puede usted pasar a la Secretaría.
Tiene la palabra el diputado José Manuel Hinojosa Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y a la Semarnat para que promuevan la construcción del Parque Ecológico Los Negritos, en el municipio de Villamar, estado de Michoacán.
El diputado José Manuel Hinojosa Pérez: Con su venia, señor presidente. Con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno. En el municipio de Villamar, situado al noreste de Michoacán, en 1900 se registró un fenómeno geológico de importancia, dado que surgieron pequeños volcanes que arrojaban lodo sulfuroso e herviente a los cuales se les denominó por la población Los Negritos.
Los Negritos es una zona geotérmica situada al norte del municipio en las intermediaciones de los poblados de El Platanal y La Zavila, conformada por una laguna con una superficie de 40 hectáreas de agua salitrosa en la que habitan diversas especies de peces tales como: bagre, tilapia y pescado blanco.
Asimismo existe una zona de pequeños volcanes de lodo en constante erupción, los cuales dicen que tienen propiedades curativas. Durante la actual administración se han hecho diversas gestiones para el desarrollo de ecoturismo en la zona, toda vez que no se habían realizado programas o planes de desarrollo para fomentar la visita de turistas.
El lograr crear un proyecto turístico en la zona de Los Negritos detonará el potencial turístico, actualmente no fuertemente explotado, además de que traerá como consecuencia el desarrollo económico para la región, beneficiando a los pobladores de La Ciénega de Chapala.
Aunado a lo anterior, también se han gestionado recursos para la rehabilitación de las diversas carreteras que conectan a la región. Esto es, recursos para la carretera El Platanal-Villamar, así como para la carretera Venustiano Carranza-El Platanal, que son las vías más utilizadas para acceder a la zona de Los Negritos.
Sin embargo, es de vital importancia dar certeza jurídica para contar con un adecuado control ecológico, a efecto de que no se sobreexplote o se afecte a la flora y fauna del lugar, la cual puede causar un desequilibrio ecológico de graves consecuencia e inclusive irreversibles.
Es importante señalar que uno de los propósitos de contar con áreas naturales protegidas es proteger los ecosistemas y la biodiversidad que en ellas existen, asegurando el equilibrio y continuidad de las especies de flora y fauna, de manera sustentable y fomentando el desarrollo de actividades educativas y recreativas.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se realicen los estudios técnicos necesarios y trámites correspondientes que le permitan declarar como área natural protegida a la zona geográfica denominada Los Negritos, en el municipio de Villamar, Michoacán.
Segundo. Se exhorta a las secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ambas del gobierno federal, a promover la construcción del Parque Ecológico Los Negritos, en el municipio de Villamar. Asimismo se gestionen los recursos para desarrollar un proyecto de ecoturismo en esta zona para favorecer el desarrollo económico de la región.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2010. Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo solicita el diputado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Turismo.
Dígame, diputado Ricardo Sánchez.
El diputado Ricardo Sánchez Gálvez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Nada más para pedirle al diputado Hinojosa Pérez que me permita adherirme a este punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Hinojosa, ¿tiene usted inconveniente?
El diputado José Manuel Hinojosa Pérez: No, ninguno.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No tiene inconveniente; por tanto, puede usted pasar.
Se recibió de la diputada Tomasa Vives Preciado, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades correspondientes de los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal a reforzar las acciones y políticas públicas a favor de los derechos de la maternidad. Se turna a la Comisión de Equidad y Género.
Tiene la palabra la diputada Tomasa Vives Preciado, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, a la Secretaría de Gobernación, a publicar el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y Niñas, en todos los ámbitos.
La diputada Tomasa Vives Preciado: Con su permiso, señor presidente. La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos no ha sido fácil y menos cuando ellas, las féminas, optaron por una lucha no armada, no bélica, sino por una guerra basada en argumentos de peso, en demanda de leyes justas, en principios fundamentales sobre la igualdad, sobre lo que es humanamente razonable y equitativo.
Una lucha que se libra en instituciones, en legislaturas, en medios de comunicación, en la pluma o en la voz de hombres y mujeres que se comprometieron con el progreso de la igualdad de género.
El papel de la mujer es y ha sido indispensable desde los tiempos más remotos de la humanidad. Ahí donde los hombres de la antigüedad peleaban, hacían la guerra a otros pueblos y pasaban incluso años lejos de casa o sin regresar jamás, las madres eran el pilar de lo que hoy definimos como "familia"; eran el factor de unión clave para mantener hijas e hijos e incluso otro tipo de parientes cohesionados en el hogar.
Sin la mujer la familia no existiría, y no nos referimos a la capacidad biológica de reproducir la especie humana, sino a la infinita capacidad de mantener unido a un grupo de personas en torno a ella, a su capacidad de asumir dobles y triples papeles: madre, padre, hija, hermana o abuela.
En la política las mujeres lograron jugar un doble papel en la vida institucional y gubernamental de muchas naciones al enrolarse en el oficio de pronunciar discursos, proponer soluciones y gobernar.
Se han hecho esfuerzos legislativos en pro de la equidad y la igualdad de derechos entre los dos géneros, pero aún persiste la abrumadora presencia de los varones en los puestos de elección popular y en los trabajos de mayor relevancia, tanto en el ambiente público como en el privado.
Esto es una realidad que no podemos negar o soslayar. Debemos preguntarnos qué ha fallado, qué factores no atendimos bien. Ante ello nosotras, como representantes de los ciudadanos, debemos entender que lograr una legislación acorde a las necesidades y derechos de las mujeres es una tarea que no acepta más plazos.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, muchos son los retos, pero en nuestras manos está apoyar a la mujer en cada uno de sus ámbitos de desarrollo. Volquemos nuestro ánimo hacia la exigencia de dictaminar en el próximo periodo de sesiones las iniciativas que se encuentran pendientes en las diversas comisiones.
Por lo anterior, propongo los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Que la honorable Cámara de Diputados exhorte, respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación, a realizar y publicar el Diagnóstico Nacional, y los estudios complementarios con perspectiva de género, sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, en todos los ámbitos a que hace referencia la fracción XII del artículo 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de contar con información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Segundo. Que la honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a los órganos legislativos de los estados y del Distrito Federal a revisar y actualizar con la participación de la sociedad civil, y con ayuda del diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Que publique la Secretaría de Gobernación, el marco jurídico e institucional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. Muchas gracias por su atención.
Pido al presidente se inserte íntegro en el Diario de los Debates el punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo solicita la diputada, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la transparencia y control de los bienes que tiene bajo su custodia y administración el Sistema para la Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
El diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro: Señor presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados, con relación a la transparencia y control del Sistema de Administración de Bienes asegurados, me permito proponerles lo siguiente:
En 2002, el Congreso de la Unión aprobó la creación de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para atender la necesidad de promover la eficiencia y la eficacia del sector público en el manejo de activos, tanto de los que forman parte de su patrimonio, como de los derivados de los cuantiosos actos de decomiso, en función de embargos, acciones contra el narcotráfico o el contrabando, entre otros, y que carecían del control más elemental.
El resultado de la indefinición jurídica y de la opacidad en el manejo de casas, terrenos, vehículos, bienes y enormes sumas de dinero incautadas a la delincuencia organizada, dan una idea de los montos que se manejan cada día y de la importancia de su adecuado registro, control, manejo y aplicación.
Por ello, se creó el Sistema para la Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para reducir los costos de administración, operación, custodia, liquidación y enajenación de los bienes a disposición del gobierno federal y se procuró que prevalecieran en su marco legal los principios de transparencia, legalidad y eficiencia.
Para dar una idea de la cuantía de bienes que administra el SAE, podemos citar que en el primer semestre de 2009 obtuvo ingresos por 2 mil 305.2 millones de pesos. Al 30 de junio de 2009 el SAE tenía en custodia un total de 7 mil 477 inmuebles.
Cabe señalar que aún existe mucha discrecionalidad y excesiva flexibilidad en el SAE. Por ejemplo, en ningún lado se reporta el número total de vehículos a su cargo que suman decenas o centenas de miles, bienes electrónicos, computadoras, equipos de sonido y audio, ropa y alimentos, derivados de los golpes al contrabando, ni mucho menos de cómo se asignan. Se sabe que se adjudican vehículos a los ayuntamientos, pero se afirma que los mejores y el mayor número se otorgan a los que gobiernan: alcaldes del partido del gobierno.
Lo mismo ocurre con enseres de amplia necesidad popular, lo cual puede ser constitutivo de varios supuestos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, e inclusive de delitos en materia electoral, toda vez que no existen garantías mínimas de que este flujo de bienes no forme parte de la política de intercambio de votos por pobreza que se ha documentado en muchas ocasiones, que realizan funcionarios públicos de varios niveles para favorecer al partido oficial.
Debemos preguntarnos cómo se administra el SAE, si no se utilizan los millones de bienes de consumo y utilitarios que llegan a su mano para interferir en los procesos electorales locales que se desarrollan en el país.
Por tanto me permito proponer a esta soberanía el presente
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Sistema para la Administración y Enajenación de Bienes, a efecto de que remita a esta Cámara un informe pormenorizado de los vehículos, computadoras, ropa, equipo de audio y video, alimentos envasados, equipos de oficina, así como todos los bienes a su cargo, y de igual manera, haga llegar una relación de las asignaciones de los mismos bienes efectuadas en los estados y municipios del país desde el primero de julio de 2009 a la fecha, ambas relaciones en medio impreso y magnético.
Segundo. Que dicha información se envíe a la Presidencia de esta Cámara con copia a las comisiones de la Función Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al suscrito.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de marzo de 2010. Señor presidente, solicito se inserte íntegro este punto de acuerdo en el Diario de Debates, muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el diputado Pacheco Castro, insértese el texto íntegro de su proposición en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública.
Saludamos, y les damos la bienvenida, a un grupo de estudiantes y maestros de la carrera de derecho de la Universidad La Salle del Noroeste, invitados por el diputado Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, del estado de Sonora.
Tiene la palabra el diputado Eduardo Robles Medina, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a que analice el impacto del desabasto de melaza.
El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, durante los últimos 15 años la participación de México en la población ganadera mundial pasó del 4 al 3 por ciento del total. México ha perdido participación en la producción global del ganado, particularmente del ganado bovino, mientras que países como Brasil, Argentina, China, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos han mostrado mayores tasas de crecimiento en su producción.
La cadena de la actividad bovina genera 1.1 millones de empleos directos y 3 millones de empleos indirectos o relacionados. La melaza en la producción de alimentos para ganado es una sustancia fundamental, ya que por sus características es una rica fuente de energía, así como el hecho de que favorece la palatabilidad del animal y le da una homogeneidad a los insumos que componen la mezcla debido a sus propias condiciones de adherencia.
La melaza, por su alto valor energético, es bien aceptada por el ganado. Es de fácil transportación y su costo es bajo en relación con los granos. Cuando se emplea la melaza como aglutinante de la dieta se recomienda adicionarla en un 5-10 por ciento. Los resultados al uso de niveles elevados confirman que el nivel más adecuado es cercano al 20 por ciento resultando en mayores ganancias de peso y mejores conversiones alimenticias.
Hace algunos años, este producto se consideraba como material de desecho, y desde mediados de los años 70 y a principio de los 80 se descubrió que era una excelente materia prima para la elaboración de alimentos balanceados en la actividad pecuaria, particularmente para el ganado bovino.
En estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Campeche y otros se han establecido empresas que se dedican a la elaboración de productos alimenticios balanceados, destinados al ganado, utilizando básicamente granos como el maíz, harinas de soya y melaza como componentes principales.
Dicha producción en los últimos tiempos ha enfrentado serios problemas para la adquisición de melaza, ya que desde hace algunos años los ingenios azucareros comercializan este producto a través de intermediarios, a quienes les dan preferencia en la venta de este insumo, dejando en segundo plano a los productores de alimentos balanceados.
La introducción de la melaza a otro tipo de industrias como la alcoholera, la de la cosmetología y la de la construcción ha influido en que, de ser un material de desecho que en los 80 tan sólo alcanzaba un precio de 100 pesos por tonelada, en la actualidad puede cotizarse incluso en más de 3 mil pesos. Con la decisión tomada por los ingenios azucareros de sacar al mercado la melaza por medio de empresas comercializadoras que hacen las veces de intermediarios, ha dejado en un estado de indefensión a las empresas productoras de alimentos para ganado, a quienes hoy se les complica la adquisición de tan importante insumo, motivo por el cual me permito elevar ante esta soberanía la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto, a Sagarpa, a analizar el mercado nacional de melaza, su impacto en la industria de alimentos balanceados y su desabastecimiento, a fin de que tome las previsiones para su abasto.
Segundo. Se exhorta a la Sagarpa, para que dé seguimiento al asunto e informe a esta Cámara, en un plazo no mayor a 30 días naturales, los resultados de su análisis y la determinación que tome al respecto.
Diputado presidente, solicito que el texto de la presente propuesta se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo solicita el diputado Robles Medina, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Orden del día de la sesión del 25 de marzo de 2010.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se levanta la sesión (14:52 horas) y se cita para la que tendrá lugar mañana, jueves 25 de marzo, a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 de la mañana.