El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 274 diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (11:40 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la ausencia, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ésta ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Está a discusión el acta?
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, Secretaria. Sí, diputada Itzel Castillo, dígame usted.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Quiero hacer aquí una precisión en torno a los puntos de acuerdo, ya que el diputado Gerardo Leyva Hernández, del PRD, planteó en específico lo relacionado con que se otorgue la tarifa 1F a los usuarios domiciliarios ubicados en zonas de atención y en el acta se asentó de otra manera se está planteando un asunto diferente. Ésa es mi precisión.
Además, quiero señalar desde luego la preocupación que tenemos por el hecho de que no se haya constituido la Comisión Especial para atender los asuntos relacionados con el Sindicato Mexicano de Electricistas, previendo que ahora que va a ser Semana Santa puede haber una represión contra de ellos, debido a que se van a instalar --según tenemos entendido-- 80 oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en la zona centro del país.
Por tanto, exhorto a esta asamblea a que se constituya, a la brevedad posible, esta comisión para que atienda puntualmente los problemas que existen.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Respecto a su primer planteamiento, pido a la Secretaría que haga la compulsa, tanto con el acta que fue circulada como con la versión estenográfica para, que de ser correcta la apreciación que hace la diputada, se haga la precisión correspondiente.
Respecto a lo segundo, es improcedente, porque estamos en el proceso de la discusión del acta. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría con Comunicaciones
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Señor presidente, hay un oficio de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, en relación a cinco dictámenes de proposiciones con puntos de acuerdo en sentido negativo, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día 24 de marzo, de las Comisiones de Seguridad Pública, de Agricultura y Ganadería, y del Distrito Federal.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos concluidos.
Con toda atención, la Presidencia invita cordialmente a todos los representantes de los medios de comunicación a ocupar sus lugares que tienen asignados para cumplir su importante tarea informativa. Continúe la Secretaría con oficios de los señores diputados.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Solicitud de licencia del diputado Gustavo Ortega Joaquín.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Están a discusión los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la tercera circunscripción plurinominal, a partir del 3 de abril del año en curso.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.
Continúe con oficios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a la recomendación 78/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente, para su conocimiento.
Continúe con oficio de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio del Procurador General de Justicia del Estado de Querétaro, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los asesinatos contra periodistas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para su conocimiento.
Continúe con oficio de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio del Procurador General de Justicia del Gobierno del Estado de Sinaloa, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los asesinatos contra periodistas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para su conocimiento.
Continúe con oficio del gobierno del estado de Jalisco.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio del secretario general de gobierno del estado de Jalisco, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la creación de centros especializados de atención en crisis de violencia contra las mujeres.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Equidad y Género para su conocimiento.
Continúe con oficios del estado de México.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio del gobierno del estado de México, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la creación de una Comisión de Juventud y Deporte.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez: Remítase a la Comisión de Juventud y Deporte para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Asimismo, se recibió oficio del Congreso de Nuevo León, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Asuntos Indígenas para su conocimiento.
Continúe con oficios del gobierno de Puebla.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio del gobernador de Puebla, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la de Cámara de Diputados relativo a la creación de los Centros de Protección a Mujeres Víctimas del Delito, especializados en la atención en crisis de violencia contra las mujeres.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.
Continúe con oficios de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la agresión sufrida por un corresponsal de Trece TV, televisora pública de Yucatán.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Continúe la Secretaría con oficios de la Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio del director general de Normas, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al uso de la palabra o término "agave" en los destilados, licores y elíxires.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio del Congreso de Nuevo León, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que se remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso g) a la fracción I del artículo 31, un párrafo cuarto al artículo 102 y un inciso g) a la fracción III del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Cámara de Cámara de Senadores con el que remite solicitud del senador René Arce Islas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Partido de la Revolución Democrática para que se dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Secretaría de Economía.
Señoras diputadas y señores diputados, se encuentran a las puertas de este recinto, las ciudadanas Susana Hurtado Vallejo y Adriana Refugio Castelán Macías, diputadas suplentes electas en el distrito 1 y distrito 15 de Quintana Roo y de Veracruz, respectivamente.
Por lo que se designa en comisión, para que las acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Felipe Cervera Hernández, Luis Felipe Eguía Pérez, María del Rosario Brindis Álvarez y María del Pilar Torre Canales.
Se pide a la Comisión llevar a cabo lo que se les encomienda.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se pide a la Comisión, cumplir con este encargo.
(La Comisión cumple su encargo)
Se invita a los presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ciudadanas Susana Hurtado Vallejo y Adriana Vallejo Castelán Macías, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Las ciudadanas Susana Hurtado Vallejo y Adriana Refugio Castelán Macías: Sí, protesto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Si así no lo hicieren que la nación se los demande. Muchas gracias.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera Iniciativas
Se recibió del señor diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud. Túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el señor diputado César Augusto Santiago Ramírez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Francisco Rojas Gutiérrez y Emilio Chuayffet Chemor, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Compañeras y compañeros diputados. El poder público tiene que reformarse para satisfacer las aspiraciones del pueblo de México. Tiene que volver a ser oportunidad y esperanza para que los mexicanos con libertad de igualdad puedan satisfacer sus aspiraciones.
Por eso la reforma del poder público tiene que estar muy por encima de intereses de cualquier tipo. Tiene que superar motivaciones electorales, inquietudes publicitarias o afanes que no se orienten a solventar las necesidades de la gente.
El PRI en la Cámara de Diputados propone una iniciativa para contribuir a lograr la reforma del poder público, con un sentido práctico e integral, en los tres Poderes de la Unión, que muestran la responsabilidad que otorgamos a cada uno de ellos, en un esquema de colaboración eficaz que debemos de fortalecer.
Nuestra iniciativa creo que es relevante en el fondo y en la forma. En el fondo porque en esta primera presentación se esmera en tratar temas de los tres Poderes de la Unión, los organismos autónomos y las entidades federativas y municipios del país. En el fondo porque no solamente habla de las cuestiones políticas en boga, propone ver los temas electorales, pero también aquellos otros que garanticen la gobernabilidad y la justicia.
La iniciativa que proponemos principia por la Cámara de Diputados, no sólo para eficientar la labor legislativa, sino para incidir en su facultad de fiscalización de los recursos públicos, así proponemos prolongar este período de sesiones hasta el mes de junio, resolver las cuestiones del quórum de la asamblea para eficientar el trabajo de las comisiones y su dictaminación y abatimiento del rezago.
Proponemos un nuevo diseño para el Informe Presidencial que deberá acompañarse con informes trimestrales de los secretarios de despacho, del Consejo de Seguridad Pública y de la Contraloría del IFE.
A semejanza del Ejecutivo y del Judicial, que pueden citar a particulares, creemos que el Poder Legislativo debe poder citar también a particulares para la eficacia de sus investigaciones.
Proponemos la reconducción presupuestal con concepto de balance y equilibrio en las finanzas. Están también las normas necesarias para adelantar los informes y precisar la eficacia de la rendición de cuentas en el órgano de fiscalización superior.
Proponemos darle autonomía plena al Servicio de Administración Tributaria (SAT). De manera destacada, proponemos el que la Cámara de Diputados apruebe el Plan Nacional de Desarrollo para que sea en verdad el eje vertebrador de las políticas; pero también de la evaluación de sus resultados para terminar con programas inútiles.
En el Senado, proponemos ampliar sus facultades para que, además de ratificar los tratados, autorice convenios, cartas de intención, etcétera, que tengan efectos económicos en el Estado mexicano.
Concedemos al tema del agua importancia estratégica al reformar el artículo 27 constitucional para un rediseño institucional en la materia.
En el Distrito Federal iniciamos con una propuesta para municipalizar las delegaciones políticas, así también, varias reformas que tienen que ver con el desarrollo metropolitano. Es tiempo de que los municipios de México puedan cobrar impuestos prediales por los inmuebles públicos asentados en sus demarcaciones. Aquí está la propuesta.
En lo electoral, proponemos para garantizar la gobernabilidad, la eliminación de la cláusula que impide la formación de mayorías estables. También el voto a los ciudadanos de 18 años para ser electos a la Cámara de Diputados, y una sexta circunscripción para los migrantes.
En el Judicial, proponemos la evolución de los Tribunales Unitarios a los Colegiados del Poder Judicial de la Federación, y precisiones en materia del arraigo.
Quiero concluir hablando de la forma, que en este caso da pleno sentido al fondo. Es una iniciativa que no surge por una decisión vertical; viene de la horizontalidad espléndida de un sinnúmero de propuestas presentadas por un importante número de diputados del PRI, de todas las regiones.
Esta primera propuesta, por tanto, recoge el sentir de todas las regiones. No pretendemos la exclusividad ni mucho menos pensamos que nuestra reforma es o debe ser la única. No sucumbimos a la grandilocuencia que se ufana en postular lo propio como lo único; preferimos servirle al país en este momento de crisis.
Esta primera iniciativa es nuestra mejor convocatoria para que todos ustedes, compañeras y compañeros representantes de la nación, participen en la idea de reformar al poder público para hacerlo consecuente con los requerimientos de nuestra gente. Eso es todo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Iniciativa que se turna a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra la diputada Dolores de los Ángeles Nazáres Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Dolores de los Ángeles Nazáres Jerónimo: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados.
En México hemos sido testigos directa e indirectamente de hechos donde la seguridad pública y la procuración de justicia son violentadas por factores estructurales y por la creciente corrupción que impera en las instituciones encargadas de investigar los delitos.
Lejos de impartir justicia han llegado a los extremos de actuar con ilegalidad, lo cual ha propiciado las peores historias de prepotencia e indignación vividas por los mexicanos, dando lugar a la vigencia, una y otra vez, de la ley del más poderoso.
Muchos son los factores que explican este problema social, entre los que destacan la ausencia de un marco jurídico que sea acorde a la realidad del Estado y a la falta de capacitación y profesionalización de los servidores públicos.
Precisamente en este aspecto se han realizado propuestas en diferentes foros en todo el país, en los cuales se ha expresado la necesidad de reformar el marco jurídico de la procuración de justicia y la urgente profesionalización de los servidores públicos, pero nunca se habla de una reforma profunda a la Procuraduría General de la República que conlleve a independizar al Ministerio Público del Poder Ejecutivo federal.
Ante ello, diversos autores coinciden en que un paso importante en la evolución de esta institución es otorgarle autonomía constitucional, misma que le permita consolidarse como una institución que fortalezca y proteja el Estado de derecho.
Por otro lado, en nuestros antecedentes constitucionales podemos observar que el procurador se encontraba fuera del Poder Ejecutivo en la Constitución de 1824. De acuerdo a lo establecido por los artículos 124 y 127, el procurador general, como titular del Ministerio Público, de acuerdo con la tradición española, formó parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y era electo de la misma forma que los ministros de la Corte. Al procurador se le daba la denominación de fiscal.
En el año de 1932 se dio un importante debate en el Congreso Jurídico mexicano entre el entonces procurador general de la república Emilio Portes Gil y el jurista Luis Cabrera, quien señaló la importancia de distinguir la competencia del Ministerio Público, la de representación social y asesoría, consideradas incompatibles.
Así también, propuso que la representación social recayera sobre un fiscal general de carácter autónomo, es decir, independiente del Poder Ejecutivo federal, y la de asesoría en un procurador que vendría a ser el consejero jurídico del presidente de la república, con carácter inamovible y con la misma dignidad que los ministros de la Suprema Corte. Por otro lado, Portes Gil defendió la unidad en la competencia del procurador establecida en la Constitución.
Actualmente advertimos que el procurador general de la república, al ser designado directamente por el Ejecutivo federal, responde más a los intereses de la clase en el poder que al espíritu de la justicia, pues deja de practicar las diligencias apropiadas tratándose de las conductas cometidas por organizaciones criminales en las que está involucrado algún servidor público o algún delincuente relacionado con las instituciones policíacas o ministeriales de la república.
Ante estos hechos, resulta imperativo reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que contemple la designación del procurador por parte del Senado mediante el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, entre una terna que proponga la Comisión de Justicia del Senado o, en su caso, de la comisión correspondiente de la Comisión Permanente cuando el Senado se encuentre en receso.
Esto, con el propósito de dar fin al nombramiento del procurador por parte del Ejecutivo federal y dar paso a una Procuraduría General de la República como órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que cuente con la independencia suficiente para combatir la delincuencia e impunidad que tanto daño ha hecho a nuestro país.
Se trata de una propuesta en la que podrán participar la ciudadanía, los colegios de abogados y las organizaciones de la sociedad civil, para que el Senado designe dentro de los mejores abogados de México al nuevo procurador general de la República.
Asimismo y por tratarse de una reforma constitucional que impacta en el orden local, se propone homologar el diseño de la autonomía del Ministerio Público a las entidades federativas y al Distrito Federal. Ello, de conformidad con la Constitución de cada uno de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
En virtud de lo anteriormente expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dotar de autonomía constitucional al Ministerio Público.
Diputado presidente, dada la brevedad del tiempo para la exposición de esta iniciativa, le solicito que el texto íntegro se incluya en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo solicita la diputada, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Rogelio Cerda Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 115 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Rogelio Cerda Pérez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, México enfrenta hoy una crisis de seguridad pública, que nos obliga a los 108 millones de mexicanos a renovar nuestra fe en el destino que deseamos para nuestro país.
Nos queda claro que las fuerzas del mal que atentan contra la seguridad nacional de nuestra patria pretenden aterrorizar a la sociedad, en general, a sus instituciones y a todas las instancias del gobierno.
Son muchas las causas que nos han llevado al punto de zozobra que vivimos en la nación, desde recurrentes crisis económicas que han anulado el crecimiento económico del país, adminiculado este factor con el déficit de las ofertas educativas para niños y jóvenes, con la ausencia de oportunidades laborales bien remuneradas para los menos favorecidos, con el trastrocamiento de los valores familiares y comunitarios, con la ausencia de lugares para el sano esparcimiento y estímulo de la práctica deportiva para los muchachos.
En este contexto, debemos admitir además que hay un grave deterioro de la relación que se da entre el policía y su comunidad.
Aunado a estos factores se observa en las últimas décadas un decremento en la inversión en el rubro de la seguridad pública. Esto lo encontramos en los tres niveles de gobierno; se dejó de invertir en los cuerpos policíacos, se relajaron los programas de capacitación, se descuidó el estímulo a los valores y sentido de pertenencia de los policías y se asumieron actitudes laxas frente a aquellos malos elementos que faltaban a su deber y traicionaban así a su uniforme.
Todos estos factores nos llevan a asumir con responsabilidad, que hoy por hoy es incuestionable, que todos los días crece la indignación de la sociedad mexicana por hechos que los medios consignan diariamente: ejecuciones al por mayor, decapitados, colgados, secuestrados, extorsionados, mutilados y desde luego, autoridades evidenciadas como cómplices de criminales.
Es imperativo que pasemos del agravio y del oprobio a la acción concreta.
Todos los mexicanos desde nuestro ámbito competencial debemos cerrar filas en esta lucha; debemos combatir por todos los medios a la delincuencia organizada en todas sus formas y frentes, que buscan desde luego todos los días destruir nuestro tejido social, que lastima a nuestra historia, que injuria nuestro origen y cultura y, por supuesto, que atenta contra nuestro destino mismo como nación.
Este flagelo que invadió nuestros espacios públicos y familiares, de manera súbita e imprevista nos ha obligado a acudir al auxilio de las Fuerzas Armadas del país, que en fiel cumplimiento de su misión frente a la patria han sabido evitar que los daños provocados por los señores del crimen hayan resultado más perniciosos y dañinos.
¿Por qué tuvimos que acudir a las Fuerzas Armadas y buscar su ayuda y protección? La respuesta es muy sencilla. Porque desde que nació este problema, hasta el día de hoy, la organización que en materia de seguridad pública se tiene implementada en el país favorece la desarticulación policiaca, la ausencia de conectividad entre las autoridades federales, estatales y municipales, que ha propiciado la existencia de estrategias corporativas no complementarias entre sí y, desde luego, hasta el divorcio en acciones concretas contra el crimen cuando éstas requerían y demandaban coordinación.
El pasado 23 de marzo, reunidos en Morelia, Michoacán, la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores), integrada por los 32 mandatarios estatales del país, tomó un acuerdo unánime a propósito de las ideas que he venido transmitiéndoles.
En su pronunciamiento y en apoyo a las acciones en materia de seguridad pública para la nación acordaron:
Uno. La necesidad de crear mandos policiacos únicos en cada una de las 32 entidades del país.
Dos. El envío de una respetuosa sugerencia al Congreso de la Unión para que delibere y resuelva sobre la conveniencia de reformar diversos artículos de nuestra Carga Magna.
Tres. Las adecuaciones pertinentes a las fórmulas de cálculo y a las modalidades de aplicación de los fondos federales destinados al rubro de la Seguridad Pública.
Con la actual estructura jurídica que sustenta la conformación de las policías del país no vamos a poder avanzar con rapidez hacia el rumbo trazado. Si continuamos así, los criminales van a seguir haciendo de las suyas y van a tener a un país arredrado a un país, a un pueblo, con gran tradición laborista y pacifista.
Es impostergable cambiar todo aquello que no ha funcionado; y es mucho lo que no ha funcionado. Desde la alta responsabilidad que todos tenemos en esta soberanía, nos corresponde crear las instituciones y el sustento jurídico que la república demanda para alcanzar las metas y objetivos trazados.
En este sentido, debemos rediseñar de manera integral el actual modelo policial que tiene el país, buscando con ello que los cuerpos de seguridad pública de la nación sean más eficientes y eviten los vicios que crean dispersión y desatino en el cumplimiento de sus altas responsabilidades.
El crimen organizado tiene hoy asentado sus tentáculos en casi todas las naciones del mundo, trafican drogas, armas, piratería, órganos humanos, especies de flora y fauna, trata de mujeres y menores, venden seguridad, entre otros muchos actos ilegales.
Los grandes estudiosos del tema de la seguridad nacional establecen que no hay otra forma en que un país democrático pueda establecerse como una nación segura si no entra con visión y lógica de Estado a enfrentar los retos que demanda y requiere su propia salvaguarda.
En nuestro país, compañeros, existen 2 mil 22 cuerpos policiacos con jurisdicción municipal. Estas corporaciones se consolidaron como tales en 1985, dentro del gobierno de Miguel de la Madrid. Era otro México. Era muy distinto al que hoy tenemos, era el México de hace 25 años.
Nuestros problemas de seguridad en aquellos años eran en esencia aquellos que correspondían a delitos del fuero común. Virtualmente no existían bandas del crimen organizado. Éramos, frente al problema de las drogas, un país de tránsito. No se cobraban cuotas por seguridad, por piso, por tránsito de mercancías. Los secuestros eran una preocupación sólo de una reducida parte de comunidades del país.
Compañeros, todo esto ha cambiado dramáticamente. Hoy, todos somos testigos de la tragedia y desgracia que significa para nuestro país la inseguridad. Por ello, debemos ser actores que participemos en la solución impostergable e ineludible que nos demanda la nación y a la que protestamos servir con lealtad cuando asumimos la alta responsabilidad de servirle como legisladores.
Compañeras y compañeros legisladores, todos sabemos que la ley es un ente vivo y por ello es un ente cambiante. La mejor forma que podemos encontrar para que las autoridades civiles avancen en su lucha contra el crimen organizado, es promoviendo la reforma a los artículos 21, 115 y 123 de la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apoyando así, sin regateos, la petición y el emplazamiento al que nos han convocado los señores gobernadores de los 32 estados de la república.
Autoricemos que cada entidad federativa tenga un solo mando policiaco estatal del orden preventivo. Con ello ayudaríamos a que los estados optimicen recursos económicos asignados a este rubro y mejoren sus niveles académicos para la formación de cuadros, que se homologuen los controles de confianza y sin duda se tendría una mayor y mejor fuerza bélica local para enfrentar a los señores del crimen.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido concluir, diputado, por favor.
El diputado Rogelio Cerda Pérez: Ya termino, señor presidente. Decía Federico Nietzsche, y decía bien, que el valor de un Estado es a fin de cuentas la suma del valor de todos sus individuos. Aportemos lo mejor de todos nosotros en esta cruzada inaplazable para el país, asumiendo de antemano que es el único que tenemos y el que legaremos a nuestros hijos.
Tomemos esta trascendental decisión no menor, con la plena convicción de que hay una razón de Estado que nos constriñe a impulsarla y defenderla, convencidos de la certidumbre contenida en el aforismo que sentencia que una nación es mejor gobernada cuando hay en ella una buena ley vigente, que cuando hay un gobierno repleto de buenos deseos.
Señor presidente, quiero pedirle que en el Diario de los Debates se asiente que ésta es una propuesta apoyada por los diputados del PRI, del Partido del Trabajo, de Nueva Alianza y del Verde Ecologista del estado de Nuevo León.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértense las notas correspondientes y túrnense a la Comisión de Puntos Constitucionales. Solicita la palabra el señor diputado Guillermo Cueva, dígame, diputado.
El diputado Guillermo Cueva Sada (desde la curul): Antes que nada, felicitar al diputado Rogelio Cerda, y comentarle que a nombre de todos mis compañeros diputados del Partido Verde, creemos que la policía única estatal es indispensable para combatir el crimen organizado y queremos preguntarle si permite que todos mis compañeros se adhieran a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Está usted de acuerdo, señor diputado Cerda Pérez, en que se adhiera el señor diputado Guillermo Cueva y demás compañeros de bancada?
El diputado Rogelio Cerda Pérez (desde la curul): Sí, con mucho gusto, los que quieran.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Todos los que deseen participar, lo pueden hacer. Ha aceptado el diputado Cerda Pérez.
Tiene la palabra el diputado Rolando Zapata Bello, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
El diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello: Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras, compañeros legisladores, el Consejo Nacional de Población define el "bono demográfico" como el fenómeno que se da dentro del proceso de transición en el que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente y por tanto el potencial productivo de la economía es mayor.
México debiera aprovechar la oportunidad histórica irrepetible, que se ha presentado en estas tres décadas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ya que actualmente el promedio de la población mexicana es de 28 años de edad, lo que reporta la población de jóvenes mexicanos más grande que jamás se ha visto en la historia, representando un rango de oportunidad para cambiar al país de verdad.
Frente a este panorama, hay datos que nos muestran una realidad decepcionante. Nunca antes tantos jóvenes emigraron del país en busca de una mejor vida. Siete de cada 10 emigrantes tienen entre 15 y 24 años. Asimismo, según la Encuesta Nacional del Empleo del Inegi, del 100 por ciento de los egresados a nivel nacional, únicamente el 30 por ciento encuentra empleo en el primer año y de éstos sólo el 30 por ciento labora en la actividad en la cual ha sido formado en sus estudios.
En este sentido vale la pena revisar algunos datos referentes a la formación del capital humano juvenil en el país, en los cuales encontramos un rezago educativo de más del 40 por ciento, en donde existe una deserción en el nivel medio superior del 54 por ciento y destaca el dramatismo de un 22 por ciento de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que ni estudian ni trabajan.
A pesar de estos rezagos y cobertura deficiente en la formación de alto nivel educativo de nuestros jóvenes, es más preocupante aún la suerte que corre el capital humano juvenil al intentar incorporarse al mercado laboral.
En un análisis realizado a los resultados de los indicadores de ocupación y empleo que el Inegi reporta trimestralmente se aprecia, al relacionar la tasa de desocupación con el nivel de escolaridad, que a mayor nivel de escolaridad mayor es la tasa de desocupación abierta.
Al tomar en cuenta a los grupos de edad en la relación entre empleo y escolaridad, las personas con menor edad y con mayor escolaridad tienen una tasa mayor de desocupación abierta.
A nivel comparativo, encontramos en los países desarrollados que las personas van teniendo menores probabilidades de estar desempleadas a medida que elevan su escolaridad. En la relación entre el nivel de escolaridad y la tasa de desempleo de países tomados como referencia y el promedio de la OCDE, se observa una relación totalmente inversa a la que desafortunadamente se aprecia en nuestro país.
La realidad del comportamiento socioeconómico y laboral en nuestro país exhibe un lamentable desaprovechamiento de la oportunidad del referido bono demográfico aunado a que, más grave aún, se exhibe la carencia de políticas y acciones que signifiquen una reversión a esta tendencia.
Es por lo anterior que la presente propuesta alude concretamente al organismo público federal encargado de las políticas y programas para la juventud en el país, el Instituto Mexicano de la Juventud, para dotarlo de atribuciones para el diseño, implementación y ejecución de programas con fondos presupuestales que contribuyan directamente a abatir la problemática de la incorporación laboral de los jóvenes, su alternativa al autoempleo, la generación de emprendedores juveniles y decididamente aprovechar al máximo el capital humano juvenil hasta ahora desperdiciado.
Se contempla que el programa de fondos juveniles que opera y ejecuta el instituto deberá tener como características el apoyo directo a un universo de jóvenes egresados de carreras técnicas o algún grado educativo tecnológico, así como a los egresados universitarios con vocación emprendedora.
Además, para que estos fondos cumplan con sus ambiciosas metas, es menester asegurar tres aspectos fundamentales: accesibilidad, transparencia y estímulos conexos.
En conclusión, la propuesta concreta es adicionar una nueva atribución en el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para que esté facultado para diseñar, implementar y ejecutar programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades del capital humano juvenil en su desarrollo económico y productivo, a través de la asignación, por medio de subsidios, de fondos destinados a la generación y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, en las que los jóvenes tengan participación directa, ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral.
Con estas nuevas atribuciones se pretende que este instituto asuma un papel mucho más activo y eficaz en las alternativas para uno de los problemas más importantes para los jóvenes del México actual: su incorporación exitosa a la vida productiva. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.
Tiene la palabra el diputado Teofilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas.
El diputado Teofilo Manuel García Corpus: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, hago uso de la palabra en esta alta tribuna de la nación, para poner a su consideración, para persuadirlos y solicitar su apoyo para la atención de un asunto verdaderamente trascendente, se trata del derecho a la consulta, uno de los derechos adjetivos más importantes reconocidos y tutelados por la legislación internacional y por nuestra Constitución fundamental.
Para garantizar a la población indígena el respeto y acceso a sus derechos fundamentales relacionados con sus tierras y sus territorios, recursos naturales, centros ceremoniales y lugares sagrados, organización y participación política, cultura, salud, educación y desarrollo en general.
Estoy presentando ante esta soberanía esta iniciativa orientada a tutelar y salvaguardar esos derechos de nuestros pueblos originarios y, con esto, a que el Estado mexicano abone a la deuda histórica que tenemos con ellos.
La condición multicultural de nuestro país y su reconocimiento en nuestra Carta Magna, así como en diversas constituciones políticas de las entidades federativas, no debe ser sólo declaración decorativa, sino una condición básica vertebral de nuestro Estado, que debe permear tanto en la organización estatal misma, la administración pública, sus planes, políticas y programas, con base en los cuales cumplen sus funciones.
Al respecto, es evidente que la realidad es muy diferente de lo que teórica y jurídicamente debe ser. Aunque desde el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se ha avanzado en la realización de algunas consultas, y aunque le hemos reconocido este derecho a los pueblos indígenas, no hemos terminado de crear las condiciones para que los ejerzan, con lo cual, tal reconocimiento en la práctica es casi nulo.
En el marco de una evolución somera del Estado que guarda el ejercicio de este derecho, el propio Consejo Consultivo demandó, entre otras medidas, en su pronunciamiento denominado Acuerdos de Ek Balam, en agosto de 2007, "la consulta como un derecho y actividad fundamental para la concepción, diseño, ejecución y evaluación de medidas legislativas y de políticas públicas".
Como sector diferente al resto de la sociedad mexicana, portador de una cultura específica e histórica, los pueblos y las comunidades indígenas que los integran tienen derecho a participar en la vida del país y una de las formas más importante de hacerlo es mediante el ejercicio de la consulta para todos los asuntos que puedan afectar su vida; consulta a través de la cual, las instituciones estatales deben recabar su opinión, a partir de un diálogo de buena fe, la concertación y el uso de mecanismos culturalmente apropiados y pertinentes.
La ausencia en nuestro país de una reglamentación sobre este derecho a la consulta es más grave cuando el Estado mexicano se ha comprometido con la comunidad internacional a reconocerlo. Desde hace décadas, ustedes, como miembros de esta honorable asamblea, han de saber que desde 1991 ?hace 19 años? entró en vigencia el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales, cuyo artículo 6o. establece el derecho de los pueblos a ser consultados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
El mismo instrumento jurídico, en su artículo 7o., determina que los pueblos indígenas deben tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social, cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
Ambos documentos contienen disposiciones vinculantes que obligan al Estado mexicano a cumplirlas para no caer en responsabilidad internacional. Hasta ahora, el Estado mexicano no ha cumplido y, por lo mismo, con esa omisión está actualizando la causal de responsabilidad internacional, situación en la que estamos hasta ahora, y que con esta ley contribuimos de manera fundamental a saldar esas irregularidades.
Además, es pertinente invocar aquí, también, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas que aprobó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2007, que su artículo 19 establece la obligación de los Estados para celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su conocimiento libre, previo e informado.
Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que estoy presentando nos coloca ante la posibilidad de avanzar decididamente hacia la justicia a favor de los indígenas, mediante una ley que establece las bases para el diálogo intercultural, la sana relación del Estado y del resto de la sociedad con este importante sector de la población, que desde hace 200 años viene luchando por reivindicar sus derechos.
Quienes encabezan la Independencia y la Revolución, tomaron de los pueblos originarios muchos de los símbolos que hoy nos identifican como mexicanos. A la postre, para algunos se ha convertido en un estorbo para el modelo neoliberal que hoy se aplica a nuestra nación. Aún así, nuestros indígenas han persistido, siguen y serán siendo factor sustancial de la composición de nuestra identidad?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Teófilo Manuel García Corpus: Es momento dialogar con ellos sus intereses y sus proyectos. Es momento de caminar juntos con el proyecto nacional. Muchas gracias.
Firman esta iniciativa los diputados del Grupo Parlamentario del PRD: José Narro Céspedes, Domingo Rodríguez, Florentina Rosario Morales y Filemón Navarro Aguilar. Muchas gracias, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el señor diputado Ignacio Téllez González, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Elpidio Concha, dígame usted.
El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (desde la curul): Señor presidente, por la importancia que reviste este tema para los pueblos indígenas del país, le solicito le pregunte al señor diputado si podemos adherirnos a su propuesta. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Señor diputado Teófilo Manuel García Corpus, está usted de acuerdo en que se adhieran a su propuesta?
El diputado Teófilo Manuel García Corpus (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí está de acuerdo el señor diputado. Pasen, por favor, los que quieran participar, a firmar el documento en la Secretaría. Adelante, señor diputado Ignacio Téllez.
El diputado Ignacio Téllez González: Muy buenas tardes. Compañeros diputados. Los municipios tienen reconocida potestad normativa en la fracción II del artículo 115 constitucional.
Según esta disposición los ayuntamientos tienen facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal expedidas por las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno y los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de la jurisdicción territorial del municipio respectivo.
La naturaleza del cabildo es la representación ciudadana en donde se ejerce la más pura voluntad social, al ser el ente de poder público más inmediato del gobierno y del gobernado, y es el reflejo de la esencia del municipio.
Consideramos que fortalecer las instituciones municipales es mejorar de forma directa y pronta toda actividad pública. Necesitamos que los funcionarios municipales tengan una mayor participación, una real corresponsabilidad de gobierno y mejores elementos jurídicos de su actividad, en beneficio del municipio y de la gente.
Es por eso que propongo que se adicione a la Constitución, específicamente la fracción II del artículo 115, un inciso que especifique expresamente que dentro de los objetos de las leyes municipales que expiden las legislaturas de los estados para los ayuntamientos, puedan proveerse de normas administrativas; se incluyan de forma precisa las funciones que tendrán los presidentes municipales, síndicos y regidores, los cuales deben ser acordes al funcionamiento óptimo del ayuntamiento y las necesidades de su municipio.
Esto es, señores, hoy en día vemos bastantes municipios en el que el presidente municipal es el que ejecuta, pero también está como Legislativo en los ayuntamientos. Muchos de los regidores nada más van a las sesiones de ayuntamiento y solamente levantan el dedo y reciben un sueldo muy grande, muy oneroso.
Lo que pretendemos es que en este caso los regidores también puedan asumir cargos en la administración pública. Es decir, que si tienes la Comisión de Cultura, estés al frente de la dirección también de Cultura y puedas recibir ese sueldo que estás recibiendo, y no necesariamente como cada mes que vas y levantas el dedo y apruebas cierta o cual iniciativa, que el mismo presidente municipal pretende que salga adelante.
Lo que buscamos es que sea más concreto el trabajo de un regidor y que no necesariamente perciba un sueldo por un trabajo que no está desarrollando.
Obvio es que también lo que busca esta iniciativa es que si nada más vas a una sesión durante un mes, nada más se te pague ese día, pero si estás asumiendo la función como director de aquella función que tienes al frente de una dirección y también eres el regidor de esa misma dirección, entonces sí se te pague todo el mes, como corresponde en algunos municipios, que les pagan hasta cerca o más de 100 mil pesos, como es el caso de algunos municipios de la república y que insisto, nada más van una sola vez a la sesión.
Eso es lo que busca esta iniciativa, por lo que expongo:
Por lo expuesto anteriormente, someto a la consideración de esta asamblea legislativa, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo único:
Se adiciona el inciso b) y se recorren una letra en los actuales incisos, b) al e), de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el inciso e) diría:
Las atribuciones que tendrán los presidentes municipales, síndicos y regidores, las cuales deberán de ser acorde al funcionamiento óptimo del ayuntamiento y a las necesidades de cada municipio.
Es cuanto, señor presidente. Le pido que se inserte íntegra la reforma al artículo 115 constitucional y hago entrega de la misma. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame, señor diputado José Cuevas.
El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): Diputado presidente, quería que le preguntara al compañero y amigo, diputado Nacho Téllez, a ver si me permite sumarme a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Téllez González, ¿acepta usted que se adhieran los señores diputados?
El diputado Ignacio Téllez González (desde la curul): Estoy de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está usted de acuerdo. Está de acuerdo, pase por favor a firmarlo.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Óscar Javier Lara Aréchiga, para presentar iniciativa de reforma al artículo 3o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por el diputado Alfredo Villegas Arreola, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Óscar Javier Lara Aréchiga: Con su permiso, señor presidente. Estimados diputados y compañeras diputadas.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con toda claridad se establece que el municipio es la base política territorial en la que se sustenta la república. Además de cumplir con esa función geográfica-administrativa, la autoridad municipal constituye el ente público más cercano que tienen los ciudadanos para plantear sus principales demandas y problemas. Frecuentemente esta exigencia social tiene que ver con la carencia de servicios públicos de calidad.
En la situación económica, política y social como la que actualmente vive México, el ejercicio eficaz de los gobiernos subnacionales reviste una enorme importancia. Enfrentamos una grave crisis, una emergencia económica que ha limitado severamente a los municipios en materia de ingresos fiscales. Esto ha afectado sus posibilidades de contar con los recursos que necesitan para mantener y ampliar la cobertura de los servicios a su cargo.
En el Grupo Parlamentario del PRI nos parece fundamental entrar al análisis y a la reforma de nuestro federalismo, principalmente en su estructura fiscal y competencial. Es, en este contexto, una alternativa viable para procurarles mayores recursos a los municipios. Tiene que ver con un nuevo tratamiento en materia de impuestos federales.
El artículo 115 constitucional dispone que los municipios percibirán los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo. Son servicios públicos vitales para el desarrollo humano como el agua potable, alcantarillado y saneamiento de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado y tratamiento de basura, entre otros.
Ante la imperiosa necesidad de incrementar esta fuente de ingresos del municipio, el diputado Alfredo Villegas, y un servidor, sometemos la siguiente iniciativa a la consideración de esta soberanía. Es un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Por sus características, éste es un impuesto que podría proveer de mayores recursos a los municipios de México.
En este sentido proponemos la reforma ya referida con la finalidad de que los municipios, los organismos descentralizados de las administraciones públicas municipales y los fideicomisos públicos municipales puedan acreditar el IVA que les haya sido trasladado. Esto será independientemente de la actividad de que se trate, siempre y cuando esté relacionada con la prestación de los servicios públicos que el artículo 115 constitucional atribuye a los municipios.
Éste es un planteamiento con un claro sentido y votación municipalista. Si lo consideramos vamos a fortalecer la hacienda pública municipal. Si lo apoyamos, este nivel de gobierno contará con mayores recursos fiscales; lo cual le permitirá mejorar la prestación de estos servicios esenciales para el desarrollo de las comunidades. Si lo respaldamos, el municipio en México podrá contribuir más al mejoramiento del medio ambiente y consolidará sus proyectos de inversión en la infraestructura de servicios públicos.
Por último, quiero expresar que esta reforma ya ha sido expuesta ante comisiones por la Federación Nacional de Municipios de México, logrando también el apoyo de la Asociación de Alcaldes de Acción Nacional y de la Asociación de Autoridades Locales de México.
Estimadas diputadas y diputados, los que suscribimos esta iniciativa esperamos contar con su apoyo, con el respaldo de esta honorable asamblea, así vamos a avanzar en el fortalecimiento del municipio, superando la iniquidad y reduciendo las asimetrías en las capacidades fiscales de los gobiernos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Serrano, dígame.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Nada más para que sea usted tan amable de preguntarle al diputado orador si me permite adherirme a su propuesta y que se considere a las delegaciones políticas del Distrito Federal y el DF.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. ¿Señor diputado, Óscar Javier Lara Aréchiga, está usted de acuerdo en que se adhieran a su iniciativa?
El diputado Óscar Javier Lara Aréchiga (desde la curul): De acuerdo, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Todas y todos aquéllos que deseen hacerlo favor de pasar a la Secretaría.
Tiene la palabra la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Con su permiso, diputado presidente.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Las actuales políticas de depredación de quienes dirigen la industria petrolera nacional y actúan en los mismos términos que lo hicieron las 17 industrias petroleras extranjeras expropiadas, las cuales retiraron su personal técnico y buscaron dejar sin conocimiento la operación de dicha industria para colapsarla, hoy observamos que la historia se repite y vemos una clara intención de dejar de invertir lo necesario en la industria petrolera nacional para poder en el mediano plazo justificar la intervención del sector privado extranjero sobre todo, con la principal justificación de que México no genera el conocimiento técnico necesario y no cuenta con la capacidad económica para lograr un desarrollo propio en la industria petrolera.
Se prevé que para este 2010, México podría obtener 150 mil millones de pesos por excedentes petroleros y la utilización de dichos recursos deben invertirse en infraestructura y no a gasto corriente, como lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación, revelando que de 2001 a 2008 el gobierno federal obtuvo excedentes, la mayor parte petroleros, por un monto de 1 billón 281 mil 902 millones de pesos, de los cuales el 71 por ciento se utilizó en ampliaciones presupuestarias a dependencias y entidades.
El Presupuesto de Egresos de la Federación, a través de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es el instrumento financiero que frena la inversión pública en el sector petrolero, restringe la urgente necesidad de realizar inversiones en infraestructura y exploración petrolera, limita los alcances y potencialidades del régimen fiscal de Pemex y legitima la ineficacia económica en el uso de los excedentes petroleros, derivados de una baja estimación del precio del petróleo y su precio real de mercado, con la única finalidad de descapitalizarla.
Las condiciones de la infraestructura petrolera nacional, que sufre de grandes rezagos y grave deterioro, aunadas a las limitaciones de la planeación energética en las últimas administraciones, ponen en perspectiva el peligro en que se encuentra la industria petrolera del país.
El artículo 19, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su fracción IV, señala que el remanente de los excedentes de ingresos, una vez cubierta una serie de contingencias, se repartirá de la siguiente manera: en 25 por ciento, al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; en 25 por ciento al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos; en 40 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros; en 10 por ciento a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas.
Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones, reportado en la Cuenta Pública más reciente.
Por las anteriores consideraciones someto a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma las fracciones IV y V del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 19, fracción IV. En un 20 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; en un 20 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros; en un 50 por ciento a los programas y proyectos de inversión de infraestructura de Petróleos Mexicanos.
Con respecto a la fracción V, se propone que una vez que los fondos a que se refiere la fracción IV alcancen el monto de la reserva determinada, los excedentes de ingresos se destinarán conforme a lo siguiente: en un 50 por ciento a los programas y proyectos de inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos; en un 25 por ciento para el Fondo de la Reestructuración de Pensiones.
Solicito señor presidente, se inserte de manera íntegra al Diario de los Debates en el texto de la presente iniciativa. Es cuanto, y por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como usted lo solicita diputada, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí diputado, dígame usted.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Para pedirle a la diputada si nos permite adherirnos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada, ¿está usted de acuerdo en que se adhieran a su propuesta?
La diputada María Araceli Vázquez Camacho (desde la curul): Estoy de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo. Por favor, pasen a firmar a la Secretaría.
Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 101 y adiciona el artículo 121 Bis a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
El diputado Alejandro Carabias Icaza: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, los organismos de denominados transgénicos han causado gran polémica por presentar características y funciones innovadoras, las cuales no podrían tener de manera natural y por consiguiente, pueden tener efectos desconocidos y potencialmente peligrosos para el medio ambiente y para otros organismos vivos, incluyendo los seres humanos.
Así, la manipulación y uso de los organismos transgénicos debe llevarse a cabo con base en el principio precautorio, particularmente en las industrias agropecuaria y alimentaria, cuyos productos son de consumo directo y son necesarios para toda la población.
Existen estudios científicos que defienden la inocuidad de los alimentos y productos transgénicos. Así también existen otros estudios igualmente serios que cuestionan su seguridad y su confianza.
Ante esta incertidumbre, los consumidores tenemos derecho a decidir si consumimos o no organismos transgénicos y productos derivados de ellos.
Para que esto sea posible, el primer paso es un etiquetado claro y veraz que permite identificar fácilmente los productos transgénicos.
Algunos países, como los de la Unión Europea, ya cuentan con un sistema integral de etiquetado, el cual cubre todos los productos transgénicos y sus derivados, incluso si no se detectan.
En México el etiquetado es parcial y ambiguo, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en su artículo 101.
Esta situación es a todas luces contraria a lo estipulado en la Ley Federal de Consumidor, en su artículo 1o que define que la información debe de ser adecuada y clara.
Ante esta situación el Grupo Parlamentario del Partido Verde considera que el etiquetado obligatorio e integral es la única solución para garantizar que los consumidores cuenten con información adecuada y clara para elegir los alimentos y productos que desean.
Es grave y sospechoso que a la fecha ninguna de las iniciativas para avanzar en el etiquetado de transgénicos presentadas y suscritas por diputados de distintos partidos, desde la Legislatura LIX, haya sido dictaminada, a pesar de tratarse de un tema recurrente, vigente y del mayor interés público.
En este sentido, la iniciativa que hoy presentamos propone reformar el artículo 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a fin de indicar que las etiquetas deben señalar la referencia explícita de "organismos genéticamente modificados".
Compañeras diputadas y compañeros diputados, desde esta tribuna hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios representados en esta soberanía para que apoyemos este tema que es del mayor interés público y de carácter prioritario.
No permitamos que intereses oscuros sigan frenando el etiquetado de productos transgénicos en México. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra el diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Civil Federal.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame usted.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (desde la curul): Gracias, presidente. Había solicitado la voz antes de que anunciara usted la participación del diputado en tribuna; esta solicitud es para ver si el diputado Carabias me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Carabias, ¿acepta usted que se adhieran a su iniciativa?
El diputado Alejandro Carabias Icaza (desde la curul): Acepto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo el diputado. Pasen a la Secretaría, por favor. Adelante, diputado Rebollo Mendoza.
El diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza: Gracias, señor presidente. Amigas diputadas y amigos diputados, vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que deroga, reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código de Comercio y del Código Civil Federal, para combatir la usura.
A continuación presentaré una glosa de esta iniciativa, la cual estará publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria.
Cada día son más las personas que hacen uso de préstamos usurarios, avalando su pago con las prendas o hipotecas que les exigen los prestamistas como garantía y que, finalmente, ocasionan que el deudor pierda su patrimonio en beneficio del usurero por los desorbitantes intereses pactados y la capitalización de los mismos.
Lamentablemente, esta práctica injusta se incrementa aceleradamente por la falta de una regulación adecuada tanto en la materia civil como mercantil y penal.
El tema de la usura no debe de ser una cuestión menor para el Poder Legislativo ni para el Estado mexicano y no debe es un asunto pequeño, porque en 1981 México ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se comprometió a prohibir la usura.
Esa convención, en su artículo 21 manda: "Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley". De acuerdo con este tratado internacional, el Estado mexicano tiene la obligación de impedir la usura. De lo anterior debe observarse que la usura tiene su mecanismo de ejercicio fincado en la idea de la autonomía privada que se expresa en los contratos.
Es de observar que esa autonomía no es absoluta, pues ha de ejercerse de acuerdo con las normas establecidas por el derecho; reglas de cuya observancia depende la convivencia social.
Un efecto del individualismo liberal fue que el contrato hubiese sido considerado como instrumento de lucha económica en las relaciones humanas. Sin embargo, este concepto ha variado en la actualidad. Ahora el contrato se explica como un instrumento de cooperación y equidad de intereses.
Es por eso que incluso en el ámbito de los contratos mercantiles internacionales se han emitido reglas generales para combatir la usura.
En este marco de razonamientos es urgente que el Poder Legislativo federal establezca las normas pertinentes, incluyendo las limitaciones o prohibiciones específicas a efecto de combatir la usura.
Modificaciones al Código Penal Federal: el Código Penal Federal de 1931 carece de un capítulo específico que tipifique la usura. Inadecuadamente, la legislación penal regula la usura como una especie de fraude, siendo que ésta no tiene como elemento indispensable la existencia del engaño o el error, que sí es propio del fraude.
En ese tenor proponemos tipificar la usura como delito autónomo. Se establece que el delito se persiga de oficio porque la usura es un ilícito que conlleva la explotación del hombre por el hombre, situación que el Estado mexicano no debe ignorar y sí debe combatir enérgicamente.
Modificaciones al Código de Comercio: en lo que se refiere al Código de Comercio, es de observar que se trata de un ordenamiento promulgado en 1889, reflejo de la tradición individualista imperante en el siglo antepasado. Dicha corriente discrepa con el pensamiento del Constituyente de Querétaro de 1917, que recoge las demandas populares que, por insatisfechas, dieron causa a la Revolución de 1910 y les otorga concreción en normas que se apartaron en diversos casos de la ortodoxia jurídica imperante y de la añeja concepción liberal individualista.
El jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, declaró la urgencia de iniciar un procedimiento de expedición de nuevos ordenamientos civiles, penales y mercantiles. En ese tenor se expidió el Código Civil de 1928. No sucedió lo mismo con el Código de Comercio, el cual, no obstante que ha tenido reformas, ha llegado a ser una legislación estructurada en torno a antiguos principios.
La decrepitud del Código de Comercio dio fundamento a los criterios jurisprudenciales emitidos en 1998 por la Suprema Corte de Justicia en materia de anatocismo ?capitalización de intereses? que originaron la ruina económica de muchas familias.
Por ello proponemos realizar las reformas necesarias al Código de Comercio para prohibir el anatocismo por ser una típica forma de usura, así como otras formas que, basadas en ese anacrónico documento, propician la injusticia, especialmente hacia los más necesitados.
Modificaciones al Código Civil Federal: en materia civil la usura tiene el nombre de lesión de los contratos. El artículo 17 del Código Civil Federal se refiere a ella; sin embargo, tal numeral exige que el perjudicado por la lesión deba ser sumamente ignorante o notoriamente inexperto o extremadamente miserable para recibir protección legal. No les es suficiente la ignorancia, la inexperiencia y la miseria del lesionado.
Tales exigencias extremas han hecho nugatorio el combate a la usura o lesión en los contratos. Además, el precepto omite considerar otras circunstancias susceptibles de abuso como el estado de necesidad.
Por lo demás, el contenido actual del artículo 17 conlleva que el perjudicado, además de probar su situación de grave inferioridad, tenga la obligación de demostrar que el usurero actuó como explotador, elemento subjetivo que implica hurgar en el ámbito interno del usurero para demostrar su propósito de explotación, probanza perversa para el perjudicado por la usura.
Por si fuera poco, el citado artículo limita a un año el plazo para ejercitar acción de nulidad o de reducción, lapso muy breve si consideramos que en el ámbito extranjero los lineamientos civiles prevén un período mayor.
Por lo mencionado, proponemos reformar el artículo 17 del Código Civil, entre otros, de ese ordenamiento.
El Grupo Parlamentario del PRI se solidariza con los ciudadanos y se ocupa de los temas que tienen que ver con la calidad de vida de la mayoría. El partido trabaja para transformar un sistema que regatea oportunidades a los más pobres, ignorantes, inexpertos o necesitados y deja claro que no tolera el abuso hacia ellos.
La regulación que se propone para combatir la usura evitará que los contratos se constituyan en instrumentos de explotación patrimonial, alejándose de su finalidad de herramienta idónea en el intercambio de bienes y servicios.
Asimismo, permitirá cumplir el compromiso internacional que México asumió en 1981 para prohibir la usura. En esa tesitura se pone a la alta consideración de esta soberanía popular el proyecto de decreto propuesto para que, de estimarlo procedente, se apruebe en sus términos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Se turna a la Comisión de Justicia.
Ha solicitado la palabra la diputada Olga Luz Espinosa.
La diputada Olga Luz Espinosa Morales (desde la curul): Presidente, si le podría preguntar al diputado ponente si me puedo adherir a su iniciativa. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: ¿Diputado Rebollo Mendoza, tiene usted algún inconveniente? Ninguno. Puede usted pasar, diputada, a firmar la iniciativa.
Tiene la palabra el diputado Amador Monroy Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Amador Monroy Estrada: Con el permiso de la Presidencia. Con el permiso de todas y todos ustedes compañeras legisladoras y compañeros legisladores.
Hace 30 años que los trabajadores mexicanos vivimos la amenaza constante en el intento del capital para modificar las condiciones de trabajo y las garantías individuales y colectivas, que a la fecha como conquistas aparecen en nuestra ley secundaria: la Ley Federal del Trabajo.
Esa constante nos obliga a reflexionar y, ¿por qué no? A sugerir también por parte de los trabajadores representados en un buen número de diputados en esta Cámara, modificaciones que actualicen la norma jurídica para ser congruentes con lo que hoy la modernidad nos exige y en la práctica se ha impuesto.
Por lo anterior, señor presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, con la intención de que mi propuesta y muchas otras que habremos de ir presentando a este Honorable Congreso, se sumen a la original que presentamos el 4 de marzo del presente año y que se refiere a que se reordene el numeral, buscando la manera de que se logre en su momento la intención de que se establezcan los dos Códigos, el sustantivo y el de procedimientos.
Su servidor, Amador Monroy Estrada, diputado de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa de ley que reforma el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo actual, con los antecedentes, recordando que el espíritu original de la norma actual al señalar la obligación del pago del salario en moneda de curso legal era para proteger al trabajador de las prácticas nefastas de las tiendas de raya o vales, prácticas que se desarrollaban en haciendas, minas y centros de trabajo en ese momento existentes.
Esta norma se justifica, pero los tiempos y las condiciones que adoptan la sociedad y particularmente el ámbito del trabajo, nos obliga no a ignorar el antecedente, pero sí a adecuarnos a la modernidad que exige cambios considerados por la práctica positiva.
En la exposición de motivos, actualmente en razón de la modernidad, la globalización, la inseguridad que priva en el país, la automatización de los medios, se ha aceptado en innumerables fuentes de trabajo y bajo la relación laboral en distintos casos, el pago del salario a través del sistema de transferencia electrónica, entre comillas, dicho sea en lo común, vía la tarjeta de plástico.
Esto en la práctica aceptada por las partes nos coloca fuera del marco jurídico actual. La intención en este caso es atenernos a una norma jurídica legal establecida para adecuarnos a la exigente realidad que ya no podemos ignorar, porque se hace necesario regular las formas y establecer claramente las condiciones con claridad a las que las partes deberán sujetarse.
Actualizarnos para que, lo que hoy es una práctica aceptada, pero que se equipara por una violación por una de las partes, sea ya establecida como una forma que regulada no deje lugar a dudas en la actuación de los que estamos inmiscuidos en el tema.
Por lo mismo, hoy se pretende que el patrón y los asalariados puedan mantener la práctica fuera de la ley, para que se establezcan condiciones que dejen a salvo los intereses de las partes.
Lo anterior es una manera de actualizar el marco legal a lo que exigen los tiempos. La norma jurídica no solamente exige un cambio o modificación; más que eso exige la actualización a los tiempos y a las prácticas consuetudinarias, demanda sentida por las partes involucradas e interés por demás perseguido en razón de aceptar formalmente una manera adoptada, pero que hasta hoy se encuentra fuera del marco jurídico de la ley establecida.
Por lo expuesto, presento a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Único. Se modifica el artículo 101 de la actual Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
Artículo 101. El salario del trabajador deberá pagarse en el lugar donde presta sus servicios al finalizar la jornada, en moneda de curso legal o mediante el sistema de transferencia bancaria electrónica. Para el caso de que se eligiera por las partes la segunda modalidad, el patrón se obliga a la apertura de la cuenta, que siempre deberá ser de nómina, a nombre del trabajador. Asimismo, se obliga a instalar un cajero electrónico en el establecimiento siempre que el número de asalariados sea superior a los 150; y para el caso de que el número de asalariados fuera inferior a esta cantidad, el patrón se obliga a contratar el servicio con la institución bancaria que no exceda la distancia de un kilómetro alrededor del lugar de la prestación de servicios. Cualquier costo, cargo o comisión que se genere por la adopción de este sistema, correrá a cargo del patrón.
Artículo transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Solicito, señor presidente, que el texto íntegro de mi propuesta sea insertado en el Diario de los Debates. ¡Pues no que quieren reforma!
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo solicita el diputado Amador Monroy, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Benítez.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Preguntar a mi compañero, por la importancia que tiene esta iniciativa para la protección de la economía de los trabajadores, si me permite adherirme a la misma.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Monroy, ¿acepta usted la adhesión del diputado Benítez?
El diputado Amador Monroy Estrada: Con mucho gusto. Claro que sí, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aceptada, diputado, puede usted pasar a la Secretaría a firmar. Todos los demás diputados que quieran adherirse pueden pasar a firmar el proyecto del diputado Amador Monroy.
Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.
El diputado José Antonio Arámbula López (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Arámbula.
El diputado José Antonio Arámbula López (desde la curul): Presidente, solamente me gustaría manifestar que ya van varias iniciativas que no están insertas en el orden del día, tampoco vienen impresas en la Gaceta. Creo que son importantes, y es importante que las tengamos para analizarlas. Me gustaría preguntar, ¿por qué no están insertas en el orden del día y en la Gaceta?
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, están inscritas, diputado, nada más que en otro lugar. Se ha hecho una práctica que los grupos parlamentarios puedan intercambiar las propuestas que tienen. Si me permite usted, le mandamos la precisión de dónde están inscritas. Adelante la Secretaría.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Se pregunta, ¿falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Está abierto todavía el sistema.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Di Costanzo.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente, antes de que se cierre el sistema electrónico de asistencia, es evidente que ?si yo veo bien? ahí dice 411 diputados, y si volteo al salón de pleno no están. Entonces, ¿a qué estamos jugando, diputado presidente?
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tomamos nota de su observación.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Ciérrese el sistema electrónico con la asistencia del diputado Felipe Solís Acero y del diputado Francisco Ramírez Acuña.
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 413 diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Muchas gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, esta iniciativa tiene relación también con temas de democracia participativa, pero no solamente con la democracia participativa, sino también con la defensa de la Constitución. En concreto propone que cualquier ciudadano, sin acreditar interés jurídico, es decir, sin existir agravio personal y directo, pueda estar legitimado para presentar ante la Suprema Corte acciones populares de inconstitucionalidad.
A mí me parece, como ocurre en otras latitudes de América, que esta iniciativa redundaría en el respeto a la Constitución. Cuántas leyes en México son aprobadas a nivel federal o a nivel de los estados, y son leyes que contradicen la Constitución, contienen normas contrarias a la Constitución y no existen los mecanismos procesales constitucionales, para hacer valer estas inconstitucionalidades.
Porque como todos sabemos, solamente se puede proponer la inconstitucionalidad de una ley mediante las acciones de inconstitucionalidad que en el sistema jurídico mexicano pueden ser promovidas por el 33 por ciento de legisladores en cada una de las Cámaras, o por el 33 por ciento de legislaturas locales, por los partidos políticos en materia electoral, por el procurador general de la República o por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero los ciudadanos no tienen acceso a este mecanismo procesal para directamente impugnar la constitucionalidad de una ley o de una norma general.
Tienen, eso sí, o tenemos, el amparo, pero el amparo para ser procedente y para que el juez de distrito o el tribunal conozca el fondo del mismo, se debe acreditar el agravio personal y directo, porque si no se demuestra ese agravio personal y directo, el amparo será desechado, será declarado improcedente y sobreseído.
Es fundamental en México ?si queremos que se abra la Constitución y el respeto de la misma a los ciudadanos? que los ciudadanos puedan impugnar individualmente o colectivamente las leyes y las normas generales que sean contrarias a la Constitución.
En algunos países de América Latina, es el caso señalado de Colombia, que en su Constitución actual de 1991, en su artículo 40, cualquier ciudadano pueda impugnar directamente cualquier ley sin interés jurídico, que sea contraria a la Constitución, y en Colombia existe esta norma, este principio desde 1811. Fue refrendado en la Constitución colombiana de 1910 y es ahora refrendado en la actual Constitución de 1991.
También esta figura ha existido en constituciones de Venezuela, Panamá, El Salvador. La Constitución vigente de Panamá establece la acción popular de inconstitucionalidad en el artículo 203 de su texto fundamental.
¿Qué importancia tendría que se reformaran los artículos 105 y el 35; y la ley reglamentaria del Artículo 105 constitucional? ¿Qué importancia tendría una acción ciudadana y una acción popular de inconstitucionalidad? La importancia que tendría consistiría en cuatro cosas que a mí me parecen fundamentales: en primer lugar, estaríamos salvaguardando el principio de supremacía constitucional. Habría un mecanismo para que cualquier ciudadano revisara si las leyes federales o locales son o no conforme a la Constitución.
También estaríamos salvaguardando el principio de validez jurídica. Las normas para que sean válidas deben ser conforme a la Constitución.
Así como, en tercer lugar, el principio de jerarquía normativa.
Pero lo más importante ?esto me parece lo más importante?, la acción popular de institucionalidad lograría que la Constitución en México fuese normativa; es decir, que la norma coincida con la realidad.
¿Por qué en México no tenemos Estado de derecho? Porque lo que dice la Constitución no se ajusta a los hechos; la Constitución está en un lado y la realidad va por otro; la Constitución habla del derecho al empleo y en la realidad el derecho al empleo no se practica; la Constitución garantiza el derecho de salud y en la realidad no tenemos derecho a la salud. Esto es más importante que el tiempo que me está reclamando el diputado, o quien lo esté señalando. Tiene que ver con la coincidencia entre la realidad y la norma.
¿Queremos Estado de derecho en México? Solamente lo lograremos cuando la Constitución establezca principios y normas, y esos principios y normas se materialicen, se concreticen en la realidad. La acción popular, la acción ciudadana de inconstitucionalidad permite que los ciudadanos garanticen el cumplimiento irrestricto de la Constitución. Es una forma de democratizar la obediencia y el acatamiento al texto constitucional.
Pido el respaldo para esta iniciativa. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.
Tiene la palabra la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 13, 29 y 35 de la Ley General para el Control del Tabaco.
La diputada María del Pilar Torre Canales: Con el permiso de la Presidencia. Señoras legisladoras y señores legisladores. En general y con justa razón, la sociedad está preocupada por el tabaquismo y su impacto en la salud de fumadores y no fumadores expuestos, situación que ha cobrado relevancia en años recientes, pero que con frecuencia sigue siendo tolerada, a pesar de que por su elevada prevalencia afecta a un número importante de individuos y familias.
La evidencia epidemiológica en el ámbito mundial es ilustrativa de lo que está ocurriendo con esta pandemia. Datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que del total de la población mundial 30 por ciento de los adultos son fumadores y de éstos, 4 millones fallecen al año. Lo que equivale a la muerte de casi 11 mil personas diarias por causas relacionadas a este producto.
En México más de 53 mil personas fumadoras mueren al año por enfermedades asociadas al tabaquismo, lo que significa al menos 147 defunciones diarias. Una cada 10 minutos.
Importante es mencionar que tanto los fumadores como los no fumadores, deben de contar con información que permita proteger su salud al no exponerse a las más de 4 mil sustancias que produce el cigarro y otros productos del tabaco durante su combustión, tales como nicotina, alquitrán, plomo, polonio 210, amoníaco, benceno, tolueno, talio, cadmio, cianuro, monóxido de carbono, arsénico, residuos de diversos pesticidas y otras sustancias oxidantes, de las cuales se sabe que al menos 40 tienen efectos cancerígenos.
Considerando que el uso de los productos del tabaco constituye uno de los problemas más importantes de salud pública y mortales.
Que el humo de los productos de tabaco es una grave amenaza para la salud de los fumadores y no fumadores expuestos a este humo.
Que la mayoría de los fumadores comienzan a fumar a una edad muy temprana; que no son conscientes del grado y la naturaleza del daño causado por los productos de tabaco; y que debido a las propiedades adictivas de la nicotina son a menudo incapaces de dejar de fumar aun cuando estén sumamente motivados a hacerlo.
Que se ha comprobado que la comercialización de estos productos, mediante el diseño, la promoción, el envasado, la fijación de precios y la distribución de productos contribuye a la demanda de productos de tabaco.
Y por último, que el cultivo de tabaco es uno de los productos agrícolas no alimenticios del mundo, es que he decidido presentar esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12, 13, 29 y 35 de la Ley General para el Control del Tabaco.
Estas modificaciones tienen diferentes causas, entre las cuales busco, primero, que las empresas que saquen nuevos productos de tabaco al mercado que cambien su composición deban de contar con la aprobación previa de la Secretaría de Salud para validar el producto y para poderlo sacar al público, a la venta.
También, que se elabore un estudio anual en el que se especifique de manera clara la lista total de ingredientes y sus consecuencias en la salud; esto, por marca y submarca. Y, que además sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la Revista del Consumidor.
Por otro lado, que se proporcione el porcentaje de la utilización del tabaco nacional, así como el que proviene del extranjero para la producción del cigarro.
Por último, que en los espacios libres de tabaco se vea la siguiente leyenda: "Respire con tranquilidad. Este espacio es libre de tabaco".
Solicito a la Presidencia que sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Salud.
Ha solicitado la palabra el diputado Emiliano Velázquez. Dígame, diputado.
El diputado Emiliano Velázquez Esquivel (desde la curul): Diputado presidente, para que me haga el favor de preguntar al diputado Cárdenas si me permite formar parte de su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Cárdenas, ¿acepta que se adhieran a su iniciativa?
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Con mucho gusto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí lo acepta, diputado. Puede usted pasar a firmar.
Pasamos al capítulo de Dictámenes a discusión
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se dispensa la lectura. Tiene la palabra el diputado Juventino Castro y Castro, por la comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Juventino Víctor Castro y Castro: Gracias, señor presidente. Honorable asamblea, la Comisión de Puntos Constitucionales, por mi conducto, presenta a ustedes el dictamen final del proyecto de decreto de la minuta por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del 17 constitucional, en relación con la creación de las acciones colectivas.
Nuestro país es pionero en el reconocimiento constitucional de los derechos sociales o colectivos de las personas, sin demérito de la prevalencia de los derechos individuales de ellas.
También lo es en el reconocimiento de acciones procesales de carácter colectivo, y no individuales, como lo fue el artículo 8o., Bis de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales confeccionado al inicio de las décadas de los sesenta, y que forma parte del texto vigente en su artículo 213 y regula la representación procesal en materia agraria.
Tal representación, según su fracción I, la tienen los comisarios ejidales o de bienes comunales. Pero en la fracción II, y ahí la novedad se establece una representación sustituta cuando dichos representantes no interpusieron en el plazo legal la demanda protectora.
En estos casos, según el entonces novedoso tratamiento de nuestra Ley de Amparo, cualquier ejidatario o comunero legitimado, no a nombre propio sino de toda la comunidad, podrá ejercer la acción de amparo y así ésta podrá ser protectora y beneficiara de todo el ejido o de la comunidad, así nacen en nuestro país, y en el mundo, las acciones colectivas al lado de las individuales. Éstas que sólo pueden plantearse por el agredido directo y únicamente favorecen a quien litigó en nombre propio.
Después de este inusitado evento, las acciones colectivas han sido ya reconocidas y reguladas en muchos países de nuestra América y del viejo continente, menos en nuestro país. No existe por ello, y en forma genérica, el reconocimiento de las acciones colectivas, que por supuesto complementa a las individuales porque el ser humano protegido por nuestra Constitución lo es no sólo en lo individual, sino como miembro de una comunidad titular de derechos sociales, como ocurre en el artículo 28 de nuestra Constitución Política.
Este demérito trata de ser superado por esta iniciativa, dictaminada favorablemente ahora por la Comisión de Puntos Constitucionales, que me honro en presidir.
Los futuros juzgadores, si la iniciativa es aprobada, tendrán la misión de cuidar que las acciones y procedimientos, que ahora se implantarán, sean compatibles con su misión de velar por los derechos no sólo individuales, sino de la colectividad que instrumenta no únicamente los primeros, como hasta ahora se ha hecho, sino a aquéllos que fueron reconocidos en 1917.
No únicamente el fuero y la judicatura, sino la sociedad mexicana, en su conjunto, nos están exigiendo que el acceso a la justicia no sea tan sólo propiciada, sino garantizada mediante el reconocimiento de las acciones colectivas en nuestro sistema de impartición de justicia social. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.
Se han registrado para el posicionamiento de los grupos parlamentarios los siguientes diputados y diputadas: María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia; Jaime Cárdenas Gracia, del PT; y Agustín Torres Ibarrola, del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy se discute goza de gran relevancia por los beneficios que su aprobación traerá a la sociedad en general.
Con el transcurso de los años, en el orden jurídico en nuestro país se han ido incorporando aspectos fundamentales en materia de los derechos humanos. En concordancia con todo el sistema jurídico se ha reconocido, establecido y ampliado, los derechos civiles y políticos.
En los ámbitos económicos, sociales y culturales, contamos con disposiciones contenidas en nuestra norma fundamental que nos colocaron a la vanguardia, como las visionarias disposiciones sobre los derechos sociales, particularmente en materia laboral y agraria que el Constituyente de 1917 dejó claramente establecida en nuestra Constitución.
A 100 años todavía vemos que hemos avanzado poco en el rubro de los derechos de tercera generación: los colectivos y de solidaridad.
Es precisamente en este último tipo de derechos donde la iniciativa contenida en el dictamen viene a contribuir, para que los mexicanos y mexicanas contemos con los mecanismos e instrumentos procesales, que hagan posible tanto el ejercicio pleno de cualquier derecho, como la defensa de los mismos; es decir, tener acceso a la justicia.
Sin duda, como se señala en el dictamen, México carece de un adecuado sistema de acceso a la justicia, situación que no sólo genera desconfianza, sino violación de los derechos.
A diferencia del sistema jurídico de antaño, cuyo diseño privilegiaba la actuación individual, la presente iniciativa permitiría dar un nuevo enfoque a lo establecido en acciones y procedimientos que permitan la organización ciudadana en la mejor defensa de sus intereses y derechos.
En este contexto, las acciones y procedimientos colectivos permitirán la defensa, protección y representación jurídica colectiva de derechos e intereses dentro de la sociedad.
Para el Grupo Parlamentario de Convergencia, es y ha tenido permanente preocupación por la defensa de los derechos ciudadanos. De hecho, desde la pasada Legislatura se han venido trabajando aspectos relativos a los intereses difusos, esto es, los derechos e intereses en los cuales el que es titular, una colectividad indeterminada.
En la actual LXI Legislatura habremos de presentar una propuesta concreta que permita la defensa de estos derechos colectivos, en general, anteponiendo la defensa de los derechos de las generaciones futuras.
Por lo anterior, Convergencia votará a favor del presente dictamen, pues consideramos de la mayor importancia el propósito principal de la iniciativa materia del presente dictamen: el establecimiento en la Constitución del principio sobre el cual se sustentarán las acciones y procedimientos colectivos como medios para la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses colectivos. Lo cual pretender contribuir al mejoramiento del acceso a la justicia por parte de cualquier ciudadano.
Finalmente, será necesario tener el debido cuidado para que en su momento, en la legislación secundaria, queden establecidos las acciones y procedimientos que hoy inspiran esta reforma, sobre todo si queremos transitar hacia un verdadero Estado de derecho.
Tenemos que trabajar para que la ley se cumpla. De nada servirá la aprobación de leyes bien estructuradas y socialmente justificadas, si no terminamos con la discrecionalidad e impunidad, principales causas de la inobservancia de la ley. Por su atención mil gracias. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Saludamos y damos la bienvenida a un grupo de trabajadoras pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, quienes han sido invitadas por la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Hoy es un día muy importante para esta Cámara de Diputados porque vamos seguramente a aprobar una de las reformas constitucionales más trascendentes, por lo menos una de las más trascendentes; tan trascendente como la del Estado laico que aprobamos recientemente.
Este dictamen trata, en pocas palabras, de la modificación del sistema jurídico nacional. El sistema jurídico nacional, desde la Independencia de México hasta nuestros días, ha sido un sistema jurídico pensado, diseñado en corte individualista; es decir, un sistema jurídico en donde se han garantizado y protegido derechos individuales, garantías individuales, pero que no ha reconocido, o difícilmente ha reconocido, de manera siempre muy débil, como dice el dictamen, en materia agraria, en materia de derechos al consumidor, algunos derechos colectivos.
Existe, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos colectivos en materia indígena del artículo 2o. de la Constitución, pero podríamos decir que todas las instituciones del país, el diseño del Estado y del orden jurídico tienden a proteger exclusivamente derechos individuales.
Esta iniciativa, de ser aprobada por esta Cámara y por las legislaturas locales, va a garantizar derechos colectivos; es decir, derechos que pertenecen a un grupo social, a un grupo humano; derechos, por ejemplo, para garantizar derechos de los consumidores, derechos ecológicos, derechos de vecinos para proteger el uso del suelo en las ciudades, derechos para garantizar la prestación social de la salud o del empleo.
Seguramente, una vez que esta reforma se apruebe y entre en vigor, los derechos colectivos de los mexicanos estarán tutelados.
También garantiza la protección de derechos difusos, es decir, de aquellos derechos que no pertenecen o que no son parte de una colectividad, pero que entrañan el interés de más de una persona o de un grupo, y también va a proteger derechos individuales de incidencia colectiva.
Esta figura jurídica, que existe en muchos sistemas jurídicos del mundo, surgió en los sistemas jurídicos del Common Law desde el siglo XVIII, en Inglaterra, y en Estados Unidos desde principios del siglo XX; y en América Latina en muchos países como Brasil, como Uruguay, como Argentina, como Venezuela; en algunos países europeos como Portugal o España.
Es una figura que tendrá, no me cabe duda, una importancia decisiva en la protección de millones de personas, en la protección de muchos grupos fundamentales que reclaman la protección del Estado y de los tribunales frente a los abusos de las grandes empresas, frente a los abusos de los poderes fácticos, frente a los abusos del sistema bancario, en fin, es un mecanismo que protege al más débil de los abusos de los más poderosos.
Me parece que se trata, como he dicho, de un gran paso en el sistema jurídico nacional y de un gran paso para tutelar derechos humanos de las colectividades y de los grupos.
Tendremos ahora, una vez que se apruebe esta reforma constitucional al artículo 17, ?desde mi punto de vista? dos grandes retos: un reto es el de hacer amplia la protección de la figura de acciones colectivas, para que el mayor número de derechos fundamentales sea garantizado.
Ya he oído voces en esta Cámara que pretender reducir y restringir las materias en donde pueda utilizarse y ejercerse la posibilidad de acciones colectivas y de procedimientos colectivos.
Nuestro compromiso democrático nos obliga a ampliar la protección de esta figura al mayor número de derechos o a todos los derechos fundamentales.
El siguiente reto va a ser el de la legitimación procesada activa. Hay también voces que quieren limitar la participación de los ciudadanos en el ejercicio de las acciones colectivas. Tenemos que facilitarla para que muchos ciudadanos puedan acudir ante los tribunales y reclamar la violación a derechos fundamentales de carácter colectivo. Ésos serán los retos que tendremos durante un año para aprobar la legislación secundaria.
Hoy, sin embargo, es un día de fiesta, y me congratulo que estén aquí presentes organizaciones no gubernamentales dentro del público escuchando la aprobación de este dictamen.
Este dictamen demuestra que esta Cámara de Diputados sí trabaja para la gente. Estamos trabajando para la gente, para millones de mexicanos y estamos protegiendo los intereses y los derechos de los más débiles frente a los intereses de los poderosos, de los poderes fácticos.
Por eso es importante la aprobación de esta reforma. Gracias al apoyo de millones de ciudadanos, de grupos sociales como los que nos acompañan aquí, que han impulsado la aprobación de esta reforma. Beneplácito para todos, y felicidades el día de hoy para esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
El diputado Nazario Norberto Sánchez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, se ha realizado una profunda reflexión en torno a la iniciativa que propone un mecanismo de procedimiento judicial, para poner a la consideración de los tribunales mexicanos acciones de tipo colectivo.
Entiendo que es preciso enfatizar ?para quienes no están adentrados en el campo de derecho procesal? que ahora desde la Constitución se han consagrado los derechos fundamentales del individuo como tal, siguiendo el ideario que surgió durante el siglo XIX, ello ha justificado que todo acto que permite poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, tanto del fuero común, como federales, tenga como fundamento la adhesión a un derecho personal y directo.
Quiero señalar que este ideario de justicia es correcto, pues tiene su razón de ser en cuanto se trata de administrar la justicia y ha representado, no sólo en términos jurídicos, sino también económicos, en la cumplimentación del respeto de los derechos ciudadanos.
Me percato, que de forma atinada, la iniciativa que ahora nos toca analizar habla de que la Constitución mexicana de 1917 elevó a rango de máxima ley los derechos sociales, principalmente los que se refieren a las prerrogativas de los trabajadores, los ejidos, las comunidades agrarias; reconociendo, en el primer caso, el derecho de los trabajadores a la libre asociación y la formación de agrupaciones sindicales para la mejor defensa de sus intereses colectivos.
En el segundo, la explotación de la tierra en forma común para su mejor aprovechamiento, tanto de la sociedad mexicana como de los grupos campesinos favorecidos con donación de tierras, consagrándose el principio de que esos bienes sean imprescriptibles, inembargables e inalienables.
El esquema jurídico en cuanto a los derechos sociales queda claro, pero los requisitos para poner en movimiento los órganos judiciales todavía siguen siendo estrictos y dejando al margen otro tipo de necesidades colectivas, que indispensablemente necesitan ser tuteladas como bienes jurídicos, susceptibles de ser garantizados obligatoriamente a través de las soluciones judiciales.
Pues bien, la incorporación de un sistema procesal dirigido desde la Carta Magna a las leyes secundarias para permitir el reclamo de derechos que atañen a la colectividad para que sean protegidos por los órganos jurisdiccionales permitirá, de inicio, la salvaguarda de los mismos, porque actualmente no existe un mecanismo que legitime al ciudadano, particularmente considerado para ejercitar al derecho a la defensa en materias referentes a la gama de situaciones que afectan al pueblo en general.
Debo precisar que si bien, ciertamente, toda obra humana es perfectible, el paso que ahora se está dando desde el Congreso General, con la aprobación de esta iniciativa, que pondrá otra vez a México a la vanguardia mundial junto con otros países en la protección efectiva de los derechos fundamentales de la sociedad, marca significativamente edicto de mayores logros, que sin duda traerán los beneficios que estamos pensando obtener, logrando la óptima convivencia y la armonía entre las personas.
La construcción de una mejor sociedad permitirá también el desarrollo exitoso del individuo, que forma parte esencial de la misma, edificándose así un México nuevo, lleno de oportunidades, mirando siempre la salvaguarda de una ciudad digna y constante perfeccionamiento.
Por todas estas razones, el Partido de la Revolución Democrática se suma con beneplácito a la iniciativa de adición a la Constitución, para que no sólo quede en el discurso el efectivo acceso a la justicia, sino que se haga palpable en la realidad y nuestros conciudadanos perciban que las instituciones del gobierno se encuentran cada vez más cerca respondiendo con resoluciones judiciales efectivas, de cumplimiento obligatorio para todos y dándoles la intervención directa en el reclamo de justicia social que necesita el pueblo de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Agustín Torres Ibarrola, del Partido Acción Nacional.
El diputado Agustín Torres Ibarrola: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, señoras y señores. Carlos Castillo Peraza reconocía en don Manuel Gómez Morín, no solamente su capacidad intelectual, sino su habilidad para construir instituciones en nuestro país.
Esa concepción creadora de Gómez Morín, es una concepción que sigue vigente en nuestro país, porque la construcción de instituciones relega la violencia y promueve la acción política.
La reforma que discutimos en este momento es de la mayor transcendencia para la vida de la república. Me atrevo a afirmar que, de ser aprobada, será ésta la reforma más trascendente que se haya aprobado durante esta Legislatura.
El establecimiento de juicios colectivos que reconozcan el derecho de un grupo y que permitan la existencia de sentencias que vinculen a una colectividad, va a transformar la relación del ciudadano con el poder.
Quiero felicitar de manera particular a la Comisión de Puntos Constitucionales y al diputado Juventino Castro, por la excelente labor que realizó en la consecución de este dictamen. Muchas felicidades, diputado presidente.
No todo en este Congreso es diatriba y vituperio y política ramplona. Este dictamen fue aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Todos los grupos en esta Cámara votaron a favor del dictamen que hoy se está presentando, y Acción Nacional está convencido de que esta reforma a nuestra Carta Magna fortalecerá el Estado democrático de derecho, no solamente porque va a permitir un efectivo acceso a la justicia, sino porque va a poner frenos a los abusos de poder.
La perspectiva individualista de la que nuestro derecho es heredero, y que proviene de la tradición latina, tiene que repensarse. La tradicional concepción de que, frente a un acreedor hay un deudor, tiene que cambiar, como ha cambiado en otras partes del mundo; como existen acciones colectivas en Brasil, en Colombia, en España, en Venezuela, y porque eso va a permitir reconocer derechos que no son individuales y que no son divisibles, como el derecho a un medio ambiente adecuado, que no le pertenece a una sola persona y que cuando es afectado no afecta únicamente a un individuo.
También va a permitir reconocer derechos individuales de incidencia colectiva, que aunque pertenecen a una persona en lo individual se encuentra en una situación de hecho que comparte con otros, y vamos a ahorrar mucho dinero en los tribunales. En lugar de llevar 20 mil juicios de personas que se encuentran en el mismo supuesto, podremos llevar uno solo con una sola sentencia que beneficie a una colectividad.
Pero a pesar de este avance histórico, compañeros diputados, no podemos echar las campanas al vuelo; tenemos en primer lugar que retomar otra minuta del Senado, que reforma los artículos 94, 100, 104 y 107 de la Constitución, para establecer el amparo con efectos colectivos, y debemos avanzar en la regulación secundaria que permita la efectiva inclusión de estos derechos.
Precisamente porque la actualización de nuestros procesos jurídicos exige la defensa de derechos colectivos; porque esta reforma es trascendental para instituir derechos colectivos y sociales; porque desde el liberalismo económico no podemos socavar los derechos de los consumidores o el derecho a un medio ambiente adecuado; porque tenemos que frenar las malas prácticas del poder, ya sea desde el gobierno o desde una empresa, y porque tenemos que cambiar la relación de los ciudadanos con el gobierno y con el poder en nuestro país, Acción Nacional está a favor de esta reforma. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Mancilla Zayas, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Sergio Mancilla Zayas: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, aprovecho esta oportunidad para resaltar la gran importancia de la reforma al artículo 17 constitucional en materia de acciones colectivas. Resalto la ardua y contundente labor realizada para impulsar esta noble reforma, de la asociación civil Al Consumidor, encabezada por mi amigo Daniel Gershenson y Adriana Labardini. Bienvenidos a este recinto.
Destaco la aprobación por unanimidad del Senado de la República y del gran esfuerzo realizado por la Comisión de Puntos Constitucionales de nuestra Cámara por aprobar esta figura, que sin duda alguna, y de ser aprobada, servirá como instrumento de defensa para los intereses de los particulares, reivindicando así el estado de derecho.
Compañeros diputados, hagamos historia en esta Cámara, votemos a favor de este dictamen que incorpora la figura de acciones colectivas a nuestro sistema jurídico, permitiendo así que se resuelvan ágilmente diversos casos que afectan los intereses de la sociedad mexicana.
Cuántas veces no hemos sido objeto de prácticas abusivas y discriminatorias de la banca, de prácticas abusivas de las aseguradoras, del roaming nacional, del redondeo al minuto siguiente de la telefonía celular, de abusos de casas de empeño y otras formas de crédito comercial, daños sufridos por prácticas monopólicas probadas, entre muchas otras más.
Compañeras y compañeros, tenemos en este momento la oportunidad de fortalecer nuestro marco jurídico y poner a México como punto de lanza en el ámbito internacional y reivindicar a nuestra sociedad, una sociedad que ha estado ausente de las grandes decisiones y que con esta reforma asuma un papel central en la vida pública de nuestro país a 200 años de la lucha de Independencia y a 100 años del inicio de la Revolución.
Démosle a la ciudadanía, como consumidores de servicios, la posibilidad de defenderse de los abusos que se presentan cotidianamente; y démosles los incentivos correctos a las empresas para que ganen, sí, pero si abusar.
Nuestro compromiso y trabajo legislativo en esta materia no sólo sería la aprobación de esta reforma, sino que se complementaría con la ley secundaria ?como ya lo comentó nuestro compañero de Acción Nacional? que crea un proceso colectivo eficaz que ha estado impulsando la sociedad civil organizada y que se inspira en las mejores prácticas latinoamericanas e internacionales.
De esta manera daríamos certeza y sobre todo seguridad, compañeros, a la gente que nos trajo para representarla a esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Ha concluido la lista de oradores inscritos para los posicionamientos de los partidos políticos.
Están inscritos en pro el diputado Rosendo Marín Díaz, del PRD; y el diputado Reginaldo Rivera de la Torre, del PRI. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Rosendo Marín Díaz. Y al final de la intervención del diputado Reginaldo Rivera de la Torre, preguntaré si se considera suficientemente discutido.
El diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz: Muchas gracias, diputado presidente. Los derechos fundamentales garantizados en la Constitución, las posibilidades plenas e iguales de los ciudadanos y la participación en el gobierno de la república, es una base de la democracia y un ejercicio de la práctica republicana.
Con este principio, eje rector del movimiento liberal, la principal preocupación del Congreso Constituyente del 57 fue la de garantizar el respeto a los derechos fundamentales del pueblo, adaptándose el reconocimiento de las garantías individuales como expresión fundamental de un Estado que pretendía proteger y fomentar los derechos y las libertades. El juicio de amparo se convertiría en el instrumento procesal que daría expresión y respuesta concreta a este diseño constitucional.
Con la promulgación de la Constitución del 17, nuestro país incorpora el reconocimiento de derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales. Los derechos sociales hallaron un espacio de vital importancia en nuestra Norma Fundamental. Algunos de ellos fueron obteniendo en forma paulatina mecanismos y procesos especiales para su salvaguarda y defensa, como en los casos en materia laboral y agraria.
Sin embargo ?y muy a pesar de sus méritos?, la Constitución social, como se conoce a nuestra Carta Magna, contiene una serie de insuficiencias que son incongruentes con la realidad actual y los postulados del constitucionalismo moderno.
Me refiero a que los inspiradores del juicio protector de amparo en todo momento tuvieron presentes los derechos individuales, el ser humano en lo individual. Ése era el sujeto obligado de la garantía. Ésta, que había surgido para obtener un alto fin social, ahora sirve de fundamento para interpretaciones restrictivas a la hora de juzgar los derechos colectivos o difusos.
Al considerar al ciudadano como individuo, únicamente así, como ajeno a otros, se restringen sus derechos al negar la posibilidad de asociarse y a exigir respeto a un entorno ecológico, a una acción del Estado o a un abuso de comerciantes, banqueros o corporaciones, porque se requiere de él una participación individual aún cuanto existan otros ciudadanos afectados por la misma o las mismas acciones.
La norma actual resulta insuficiente para dar solución a esta nueva clase de fenómenos. Se deben construir nuevos mecanismos para defender los derechos de los ciudadanos que son agredidos o afectados en conjunto o de manera colectiva.
Con el derecho de amparo no es posible en la actualidad hacer frente a diversas acciones que suceden cotidianamente. No hay poder hasta ahora que defienda tales derechos. Sin lugar a dudas las insuficiencias de nuestra Carta Magna tienen que ver también con lo relativo al acceso a la justicia. Este es un tema fundamental de la que ningún legislador puede apartarse. Esta expresión representa los medios gracias a los cuales los derechos se hacen efectivos.
La aspiración legítima de un mayor acceso a la justicia está íntimamente relacionada con problemas sociales fundamentales, como son los que conciernen a la igualdad y el poder en una sociedad. Aspiración y exigencia enarbolada por la izquierda mexicana, que entiende que la tutela y protección jurídica de los derechos es el resultado de mucho más que un legado o un precepto. Es un compromiso del ser humano, que sus formas cambian en el transcurrir del tiempo, que la conciencia y el ejercicio de los derechos garantizados modifican los alcances de la democracia.
Estas premisas nos llevan a señalar lo ineficaz que es actualmente el sistema legal. Su complejidad constituye una carga para el común de los ciudadanos y el de sus familias. Y con frecuencia induce a la parte económicamente más débil a aceptar injusticias o transacciones desventajosas. O bien, el costo del litigio inhibe con frecuencia a los ciudadanos a ejercitar sus derechos, ya que existe una gran desproporción con el objeto de la reclamación.
Nuestro sistema judicial, lento, complicado, costoso y con frecuencia incomprensible para el ciudadano común, no es adecuado para enfrentar los conflictos de interés que enfrenta nuestra sociedad en el siglo XXI.
El día de hoy, de corroborar ?como lo señalaron los grupos parlamentarios? estaremos dando un paso muy importante para la defensa de los derechos que, agrupados de manera colectiva, podrán defenderse.
Quisiera terminar esta intervención haciendo un reconocimiento al doctor Juventino Castro, que fue pionero en lo que él llamó el amparo social. Y que sentó las bases para empezar esta discusión que hoy fructifica, así lo esperamos con la aprobación de la reforma de este artículo constitucional, que le permite a los mexicanos tener mejor y mayor acceso a la justicia. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Reginaldo Rivera de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Reginaldo Rivera de la Torre: Con su permiso, diputado presidente de la Mesa Directiva. Diputadas y diputados de la LXI Legislatura, una de nuestras múltiples tareas como representantes populares consiste en otorgar voz a quienes no la tienen, dar opciones a quienes no cuentan con alternativas, proteger a los desprotegidos, otorgar derechos a quienes carecen de ellos.
Desde siempre los ciudadanos mexicanos han estado en desventaja frente a grupos o sectores poderosos de naturaleza pública y privada. A pesar de que México fue precursor a nivel mundial de los derechos sociales, que fueron plasmados en la Constitución de 1917 al adoptarse en forma definitiva los principios que sustentan la defensa de los campesinos y de los obreros, hoy es momento de voltear los ojos al entorno latinoamericano.
Al hacerlo, nos daremos cuenta de que numerosos países del continente nos han tomado la delantera en materia de derechos colectivos. Efectivamente en esas naciones hace tiempo se han adoptado principios legales que sustentan las acciones colectivas como derechos de tercera generación a favor de la ciudadanía.
Afortunadamente, con la reforma del artículo 17 de nuestra norma fundamental estamos en posibilidad de ponernos al día en esta materia. Tal y como lo señala la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, el ejercicio de las acciones colectivas se basa en una interpretación jurídica de avanzada, de vanguardia, en la cual las bases constitucionales preservan los valores protegidos y alcanzan los fines perseguidos hacia una sociedad más justa.
Si bien actualmente diversas leyes disponen cierta protección a los ciudadanos en materia de consumo, medio ambiente o servicios financieros, lo cierto es que la actuación de los entes de gobierno de los tres niveles, en estos aspectos, ha sido deficiente, porque no es posible que los particulares se vean envueltos en una serie de trámites interminables y engorrosos para hacer valer sus derechos.
Por ello, estoy a favor de eliminar las conductas antijurídicas de las empresas de los sectores público y privado que afectan a los grandes sectores de la población. Adecuemos nuestro marco normativo para alcanzar un modelo que ofrezca verdaderas respuestas a las necesidades del pueblo de México.
Hagámoslo sin colores, tendencias, sin obedecer a ningún otro poder. No hagamos lo que quiso hacer el señor secretario del Trabajo al querer hacer pasar como una supuesta propuesta de reforma laboral, que en realidad es sólo una compilación de iniciativas que obran aquí en la Cámara de Diputados.
A diferencia de la pasada legislatura, ahora el PRI tiene diputados suficientes para evitar que se atropellen los derechos de los trabajadores, porque sí podemos afirmar que queremos una reforma laboral que se sustente en los principios de la Carta Magna.
Por ello, llamo la atención a esta soberanía, para que no se pretenda sorprender al pueblo de México queriéndose reinventar al Poder Legislativo, por parte del Ejecutivo federal, quien no tiene imaginación y se le agotó su tiempo, porque demostró que no puede con este país.
Señoras diputadas y señores diputados, con la reforma al artículo 17 constitucional el PRI demuestra su compromiso de cambio social a favor de los mexicanos, y otorga un elemento más para el fortalecimiento de los grupos sociales.
Las acciones colectivas deben favorecer la construcción de grupos sociales que se involucren de manera directa y responsable en los problemas públicos que les afecten en materia de consumo, medio ambiente y otros temas.
En la elaboración de la ley reglamentaria deberemos tener especial cuidado de no invadir otras materias como el derecho civil. Mediante el impulso de las acciones colectivas el PRI favorece los derechos de los ciudadanos en lo individual, pero también de la organización social y comunitaria como forma de participación responsable en la promoción de los derechos colectivos; con ello cumplimos un principio superior que es el de la justicia social.
Digámosle no a las ocurrencias legislativas de Felipe Calderón. Digámosle sí a las reformas que requiere este país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutido. Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Adelante, sigue abierto el tablero electrónico. El sistema electrónico sigue abierto, si algún diputado o diputada falta de emitir su voto. Está abierto el sistema, diputado. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Actívese el micrófono de la diputada Susana Hurtado Vallejo. No está.
El diputado Francisco Herrera Jiménez (desde la curul): A favor.
La diputada María de Lourdes Reynoso Femat (desde la curul): A favor.
La diputada Rosario Ortiz Yeladaqui (desde la curul): A favor.
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): A favor.
El diputado Julio Saldaña Morán (desde la curul). A favor.
La diputada Olivia Guillén Padilla (desde la curul): A favor, por favor.
La diputada Paula Angélica Hernández Olmos (desde la curul): A favor.
La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (desde la curul): A favor.
El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): A favor.
La diputada Adriana Refugio Castelán Macías (desde la curul): A favor.
El diputado Rafael Rodríguez González (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En razón de una falla en los tableros electrónicos, se verificará que el sistema haya registrado los votos en pro de los siguientes diputados: diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, diputado Felipe Solís Acero y diputado Francisco Javier Salazar Sáenz. Se emitieron 319 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero y recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa a las legislaturas de los estados.
Acabamos de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Diputado Francisco Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día de la sesión ordinaria a celebrarse el día de hoy a efecto de que se incluya en el apartado de dictámenes el siguiente asunto, con la dispensa de trámites.
Dictamen de la Comisión de Comunicaciones respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos segundo y cuarto transitorios y adiciona el artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009.
Firma el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Comunicaciones por el que se reforman los transitorios segundo y cuarto y se adiciona un octavo transitorio al decreto por el que se reforman los artículos 52, 64, fracción XV, y se adiciona una fracción XIII, recorriéndose la actual XIII para pasar a ser XIV, al artículo 7; un apartado d) a la fracción I, recorriéndose el actual d) para pasar a ser el apartado e) al artículo 16; las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV al artículo 44; una fracción XVI, recorriéndose la actual XVI para pasar a ser XVII al artículo 64; y una fracción VI, al apartado A del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009.
En virtud de que ha publicado en la Gaceta Parlamentaria, le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura y queda de primera lectura. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Por instrucciones de la Presidencia con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la segunda lectura.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los transitorios segundo y cuarto, y adiciona un artículo octavo transitorio al decreto por el que se reforman los artículos 52 y 64, fracción XV, y se adiciona una fracción XIII, recorriéndose la actual XIII.
Tiene el uso de la palabra, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar.
El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva, y de quienes formamos parte de esta LXI Legislatura federal.
El pasado 9 de febrero de 2009 se publicó un decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones. El dictamen que se somete a su consideración tiene que ver con los artículos transitorios de dicho decreto, particularmente con dos artículos; el que tiene que ver con el establecimiento del plazo para llevar a cabo la integración del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), y también con el relativo a la publicación del reglamento correspondiente a estas reformas y adiciones que fueron publicadas precisamente el 9 de febrero de 2009.
El dictamen que se somete a su consideración tiene, finalmente, cuatro contenidos: el primero, el establecimiento de un plazo de 60 días para que el titular del Ejecutivo publique el reglamento correspondiente.
El segundo, el establecimiento de una prórroga por 12 meses para que se pueda integrar debidamente este padrón de usuarios de telefonía móvil.
Un contenido cuarto adicional relacionado con el establecimiento de un plazo de seis meses posteriores a la integración del padrón, para que se constituya en un período de prueba. Un período de evaluación, al término del cual, dependencias como la Secretaría de Comunicación y Transportes, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de la República, Registro Nacional de Población, Comisión Federal de Telecomunicaciones, así como las empresas concesionarias del servicio telefonía celular puedan realizar una evaluación para conocer el impacto real en el propósito último de dicha reforma, que es precisamente la disminución, fundamentalmente, de los delitos que se cometen con el uso de teléfonos celulares, como extorsión y secuestro de manera real y de manera virtual.
Este resultado de la evaluación ?establece el dictamen? será enviado al Poder Legislativo, con el propósito de que el mismo realice una revisión detallada y a partir de ello, se puedan llevar a cabo las modificaciones al marco jurídico que resulten convenientes para poder integrar un sólido y un confiable Registro Nacional de Usuarios de Teléfonos Móviles.
El propósito último es efectivamente contribuir al incremento de los niveles de seguridad pública que los mexicanos están reclamando. Quienes formamos parte de esta Comisión y que por unanimidad hemos aprobado este dictamen, convencidos estamos de que no de aplazarse esta fecha de vencimiento del plazo para el registro de usuarios de telefonía móvil, las consecuencias en la economía y en la sociedad mexicanas sería graves.
Por lo mismo estamos, y a nombre de mis compañeros, exhortando, invitando, a que este dictamen pudiese ser aprobado en sus términos para contribuir a dar certidumbre a los usuarios de la telefonía celular, pero también a que se incrementen los niveles de seguridad pública que nuestro país está demandando. Muchas gracias por su atención, muy amables.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. En consecuencia está a discusión en lo general. Se han registrado en contra, el señor diputado Gerardo Fernández Noroña y el señor diputado Mario di Costanzo. Asimismo el señor diputado Oscar González Yáñez. ¿Algún otro diputado o diputada que desee inscribirse?
Comento a ustedes señoras y señores diputados, que en atención al artículo 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, una vez que hablen estos tres oradores inscritos en contra, preguntaré si está suficientemente discutido. Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados, compañeras diputadas. El día de hoy amanecimos con la noticia de que habría prórroga para el registro de los teléfonos celulares. La comisión responsable dio por hecho que esta soberanía va a hacerle la tarea al gobierno usurpador y a los grandes monopolios que hay en torno a esta materia.
Es una decisión muy irresponsable, muy ligera, que antes de que se tome una decisión en forma, se esté anunciando algo que todavía está en procesamiento. Al vapor, ayer en la noche y viendo que ya se les iba a vencer el plazo el 10 de abril, la comisión se reunió y muy noche mandó esta iniciativa que está teniendo un trato más que preferencial, un trato fast track, porque no se leyó en primera lectura, no se leyó en segunda, no estaba inscrita en el orden del día, tuvo que entrar vía la Junta de Coordinación Política porque así se hacen las cosas, con premura y mal en esta soberanía.
Así es que les llamo la atención en la forma y les llamo la atención en el fondo, la ciudadanía ya dio su opinión sobre el registro de los celulares, y su opinión es de absoluto rechazo. Menos del 50 por ciento de la gente ha registrado sus teléfonos celulares. Les digo más, me gustaría saber cuántos de ustedes ya registraron sus celulares, estoy cierto que la mayoría? -tres alzan la manita-, así es que la inmensa mayoría no hemos hecho ese trámite, porque igual que la cédula de identidad nacional se percibe atrás un tufo policiaco, un tufo de control, un tufo de manipulación.
No tiene nada que ver que nos dicen, ahora sí que como los papás de antes, esto lo hago por tu bien, me duele más que a ti, pero ahí te voy. Y así con este gobierno, vienen tomando medidas autoritarias y dicen que es por nuestro bien, dicen que es por controlar los problemas de seguridad, que van a tener una mayor eficacia. Todo mundo sabe dónde están las bandas de secuestradores, los únicos que no se enteran son los que están al frente del gobierno usurpador. O sea que son puros pretextos los que se vienen utilizando para aumentar las medidas autoritarias, las medidas de control, las medidas de atropello a los derechos, y además no está todavía garantizada la secrecía de los datos, y del manejo de cada uno de los ciudadanos.
Por lo tanto, seguir dando la información a los grandes monopolios, a los organismos de inteligencia y a todos estos espacios que sólo han servido para pasar por encima de los derechos de la ciudadanía es un error muy grave. Me parece que frente a la posición que la ciudadanía ha tomado frente al tema del registro, a pesar de las múltiples amenazas que hemos recibido por los teléfonos celulares, en el sentido que si no hacemos el registro van a ser dados de baja, a la mayoría de la población el asunto nos ha tenido sin cuidado, porque sabemos que Carlos Slim no va a renunciar a su jugosísimo negocio de los celulares si la gente no hace el registro correspondiente.
Es evidente que esa es una amenaza que no tiene ninguna posibilidad de éxito, y que lo que se requiere es anular ese transitorio que planteaba para el 10 de abril el registro. Van un año más, un año más de recursos tirados, un año más de presiones, un año más de seguir con esa necedad, y el resultado va a ser en esencia el mismo.
Yo les recuerdo lo que pasó por ejemplo con el Renave. El Renave fue un esfuerzo para todos los automóviles pasarlos a un padrón privatizado, todo ese asunto, y también acabó en agua de borrajas, como acaba todo este tipo de intentos, porque no tienen ninguna seriedad, ninguna solidez y ninguna utilidad para el pueblo de México. Ojalá iniciativas para bajar los sueldos de los funcionarios, para darle más presupuesto a la educación, a la salud, para echar atrás los impuestos que esta soberanía aprobó o para echar atrás este monstruo de reforma laboral que quiere acabar con los derechos de los trabajadores tuvieran el mismo trato preferencial. Cosas en beneficio de la gente y no este tipo de decisiones que francamente no tienen ningún beneficio para la mayoría de la población.
Por todas estas razones, aunque sé que lo votaron por unanimidad en la comisión, les pido, compañeros diputados, compañeras diputadas, que voten en contra de esta iniciativa que ha sido presentada. No tiene ninguna utilidad y les auguro desde ahora que, aunque le den un año de prórroga, no va a tener ningún éxito. Sus sistemas de control no van a ningún lado. El país requiere de otras cosas. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Mario Di Constanzo Armenta hasta por cinco minutos.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Compañeras y compañeros, los invito a votar en contra de este acuerdo si queremos ser consistentes. Hace unos momentos todo mundo se estaba felicitando y estaba brincando de alegría por la iniciativa que se había aprobado de acciones colectivas.
Lo que estamos viendo aquí es una acción colectiva de 44.5 millones de personas que no quieren el registro de celulares. Y aquí lo que hacemos ?como siempre en este Congreso? es jugar a que legislamos.
Como, además, tenemos la amenaza del dueño del "territorio Telcel" de que sus ventas se van a caer, de que sus ingresos van a caer, entonces al vapor sacamos este acuerdo; cuando de fondo lo que podríamos estar haciendo en este momento es derogar o quitar de la Ley Federal de Telecomunicaciones estas medidas absurdas. Digo que son absurdas porque esto no va a reducir el número de secuestros o de las extorsiones, porque muchas veces sabemos que estas extorsiones vienen de la misma corrupción que hay dentro de los mismos mandos policiacos.
Si a ésas vamos, vamos a reformar y a obligar a que la gente tenga el Registro Federal de Automóviles al día, de que el registro de las propiedades esté al día. No juguemos con este asunto de los celulares. No volvamos aquí a hacerle creer a la gente que estamos trabajando.
Además, esta iniciativa está sacada al vapor, está preanunciada, volviendo a dejar a la Cámara de Diputados como una mera oficialía de partes. Yo les pido que se respeten ustedes mismos y que respeten a la gente. No podemos seguir ni siquiera funcionando así, y decirle a la gente que estamos dando una prórroga, que la siguiente semana nos vamos de vacaciones, y que estamos viendo por el bienestar de la gente.
Yo les pregunto: ¿cuántas iniciativas contra el lavado de dinero se han aprobado aquí, cuando precisamente los delincuentes que secuestran, lavan dinero en el sistema bancario nacional? No hagamos las cosas superficiales. Si queremos ir a fondo deroguemos de la Ley de Telecomunicaciones estos artículos.
Lo que es muy claro aquí en la exposición de motivos. Dice que uno de los principales obstáculos que ha enfrentado la integración del Renaut ha sido el alto grado de desconfianza sobre el uso y destino de la información. En pocas palabras, el alto grado de desconfianza que hay en las autoridades que se dice, que se dice, porque ni siquiera administran este país.
Yo creo que eso es lo que nos debe llevar a reflexionar y no a votar por mandato o a votar por una línea, como seguramente ahorita lo van a hacer. Ya les anda por irse de puente, cuando deberíamos estar aquí discutiendo otras cosas.
No podemos seguir permitiendo que la Cámara de Diputados trabaje así. Es una falta de respeto a ustedes, es una falta de respeto al Congreso. Por eso yo les pido que votemos en contra de esta prórroga.
Y que si de veras quieren hacer algo para combatir los secuestros que nos quedemos a trabajar la próxima semana para sacar cosas positivas, para pensar cómo se puede hacer mejor el trabajo, y no estar mandando mensajes de que esta Cámara simplemente es la oficialía de partes o, de los grandes grupos económicos, o de quien se dice ser el Ejecutivo federal. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Óscar González Yáñez, hasta por cinco minutos.
El diputado Óscar González Yáñez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, el registro de los teléfonos tiene su origen en una medida que busca combatir al crimen organizado.
Hay que entender ?y algunos lo hemos comentado en varias ocasiones? que el crimen organizado no es un concepto de ciudadanos que se organizan para delinquir. El crimen organizado son sectores de la sociedad que se organizan para delinquir; o sea, ciudadanos, cuerpos policíacos, gobiernos, Poder Judicial, Ministerios Públicos. Eso es el crimen organizado. No solamente son sectores de la sociedad.
Bajo este concepto, la medida de registrar los teléfonos celulares se convierte en una de tantas medidas, además de estar muy cuestionable su eficiencia, que quizá sea un instrumento para generar secuestros y para generar extorsiones. Muy cuestionable.
¿Qué es lo que nos tiene entonces en este momento con este asunto? Lo que deberíamos de hacer es meternos a fondo a revisar el tema de la ley para el crimen organizado y buscar proteger a los ciudadanos de nuestro país. Porque lo que algunos percibimos con esta medida es que no se está buscando proteger a los ciudadanos. Se está buscando proteger a las empresas.
Quiero hacer una reflexión. Si tenemos alrededor de 44 millones de teléfonos celulares que no han sido dados de alta ?por las razones que cada quien pueda considerar?, si hacemos un cálculo de un promedio de seis llamadas de cada uno de esos teléfonos celulares, estaríamos hablando de alrededor de 250 millones de llamadas al día.
Y si como este señor, el más rico del mundo ?que no entiendo por qué lo queremos cuidar, pero bueno. Hay compañeros que tienen ese interés de cuidar al hombre más rico del mundo?, si hacemos el cálculo de que el señor? porque algunos hemos planteado aquí de que ya no se cobre el redondeo.
Yo les quiero pedir muy fraternamente y con mucho respeto a los compañeros integrantes de la Comisión de Comunicaciones, que por favor dictaminen una iniciativa que un servidor presentó, y que ya le presentaron otros compañeros diputados, sobre el tema del redondeo de cómo te facturan estas empresas. Cuando tú haces una llamada que dura un minuto con un segundo te cobran dos minutos. Ése es el problema al final.
¿A quién estamos protegiendo en este momento? A 44 millones de teléfonos celulares que tendrían que darse de baja, entonces se dejarían de hacer seis llamadas en promedio por cada uno, que son 250 llamadas telefónicas por día; y si el costo de la llamada es de 4 pesos, estaríamos hablando de 2 pesos por llamada. En consecuencia, compañeros, estamos cuidando que no se caigan las ganancias del hombre más rico del mundo en 500 millones de pesos por día.
Ése es el fondo del por qué se quiere abrir la prorroga. No es otro. Entonces, les quiero pedir que en lugar de que nos metamos a proteger estas empresas, que ya de por sí ganan y generan una gran acumulación de riqueza, como ya nos lo explicó el señor Slim, que según él es muy hábil para ganar dinero. No es cierto que sea hábil, los diputados le ponemos la ley a modo para que el señor siga ganando dinero. Ése es el fondo del tema. Por eso algunos les hacemos el llamado.
Esta prórroga es para proteger a los dueños de las empresas, con las cantidades que les acabo de decir. En el caso particular de 44 millones de teléfonos celulares, hagan la cuenta los que pertenezcan a Telcel, a cada uno métanle 12 pesos por día. Eso es lo que estamos cuidando en este momento. Porque el señor Slim sabe que si se termina el plazo, cuando menos va a tardar el señor 15 o 30 días en restablecer las líneas, que se vuelvan a dar de alta estas líneas. Es a él a quien estamos cuidando.
Les hago un llamado a que lo reflexionemos de esa manera, desde la óptica de no cuidar a un empresario y sí cuidar la economía de los mexicanos y evidentemente su seguridad a través de revisar la Ley contra el Crimen Organizado. Quisiera hacerles esta reflexión y, también una vez más, hacer un llamado respetuoso a mis compañeros integrantes de la comisión para que puedan dictaminar, por favor, que no se permita el cobro de redondeo en la telefonía celular. No se puede cobrar por un servicio que no se ha dado. Se tiene que cobrar, si tú hablas 61 segundos se te cobren 61 segundos y no 120. Por eso tenemos al hombre más rico de este país, ése es el fondo. Ni crean que son tan hábiles para hacer dinero. Son hábiles porque aprovechan la ley y nosotros no podemos ser omisos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señoras y señores diputados, ha concluido la lista de tres oradores en los términos del artículo 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la asamblea si se reserva algún artículo para discutirlo en lo particular. Al no existir oradores en contra de ninguno de los artículos, se pide a la Secretaría habrá el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto.
(Votación)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría, díganos la votación.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue el sistema electrónico abierto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunte la Secretaría a la asamblea si ya han votado.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado de votar? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz la diputada Susana Hurtado Vallejo, ¿no se encuentra? La diputada Adriana Refugio Castelán Macías.
La diputada Adriana Refugio Castelán Macías (desde la curul): A favor.
La diputada Graciela Ortiz González (desde la curul): A favor.
La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (desde la curul): En contra.
El diputado Sergio Mancilla Zayas (desde la curul): A favor.
El diputado José Ramón Martel López (desde la curul): A favor.
El diputado Fausto Sergio Saldaña del Moral (desde la curul): A favor.
La diputada Maricela Serrano Hernández (desde la curul): A favor.
El diputado Diego Guerrero Rubio (desde la curul): A favor.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (desde la curul): A favor.
El diputado José Antonio Arámbula López (desde la curul): A favor.
El diputado José Luis Iñiguez Gámez (desde la curul): En contra.
La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde la curul): A favor.
El diputado José Ricardo López Pescador (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se emitieron, señor presidente, 180 votos en pro, 84 en contra y 31 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado en lo general y en lo particular por 180 votos a favor, 84 en contra y 31 abstenciones, el proyecto de decreto que reforma los transitorios, segundo y cuarto; y adiciona un octavo transitorio al decreto por el que se reforman los artículos 52 y 64, fracción XV; y se adiciona una fracción XIII de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Pasa el Senado para sus efectos constitucionales.
Proceda la Secretaría a dar cuenta con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta, atenta y respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal a que, través de la Secretaría de Economía, suspenda temporalmente la ejecución del acuerdo por el que se da a conocer el cupo y el mecanismo de asignación para importar azúcar originaria de la República de Nicaragua, en 2010, y el acuerdo por el que se da a conocer el cupo y el mecanismo de asignación para importar azúcar en 2010 que autoriza la posible importación de azúcar de 250 mil toneladas; ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero del actual, hasta que no se consulte y se tome la decisión correspondiente en el interior del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2010. Firman, los coordinadores de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que pregunte a la asamblea si aprueba el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.
Continúe la Secretaría con acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se formulan preguntas parlamentarias a la titular de la Secretaría de Energía del gobierno federal, conforme a lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la ratificación de la Estrategia Nacional de Energía propuesta por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputada. Sí, diputado, dígame.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente, yo estoy de acuerdo con lo que se va a someter a votación, pero quisiera ver si se puede añadir que una vez respondidas las preguntas por parte de la secretaria, que venga a comparecer para explicar, en todo caso, las respuestas que nos dio, que no solamente se turnen para su sanción a la Comisión de Energía, sino que en el seno de la Comisión de Energía, asista Georgina Kessel para, en todo caso, aclarar o incrementar el conocimiento de los diputados sobre las respuestas que haya dado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El procedimiento, señor diputado, es que sean aprobadas las preguntas para que sean enviadas y, una vez que la secretaria dé respuesta, si en el interior de la comisión o para efecto de los señores diputados y diputadas no es lo suficientemente clara, entonces procedería su solicitud. Por lo pronto, el procedimiento es que esta asamblea apruebe las preguntas parlamentarias. Continúe, Secretaria.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese. Señor diputado Diego Guerrero, dígame usted.
El diputado Diego Guerrero Rubio (desde la curul): Presidente, sólo para agradecer a la Junta de Coordinación por haber hecho suyo el punto de acuerdo que sometí ante este pleno y exhortar a todos nuestros compañeros diputados y diputadas a que se sumen a esta acción por el bien del medio ambiente y apaguen las luces este sábado, a las 8:30, durante una hora. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Continúe la Secretaría con acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Acuerdo
Primero. Se instruye a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara para que constituya un grupo de trabajo plural al interior de ésta, con el propósito de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo federal en la estrategia para la recomposición social e institucional en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Segundo. La Comisión de Derechos Humanos establecerá los acuerdos necesarios para definir la integración plural y proporcional del grupo de trabajo y para determinar la presidencia del mismo.
Tercero. El grupo de trabajo deberá reportar bimestralmente sus actividades y alcances a la Comisión de Derechos Humanos y, por conducto de ésta, a la Junta de Coordinación Política, y estará vigente hasta que se considere que el objeto de su creación ha concluido.
Cuarto. Los recursos necesarios para el desarrollo de las labores de este grupo provendrán de la Comisión de Derechos Humanos.
Transitorios
Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2010.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que ponga a consideración de la asamblea si se aprueba.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría con acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Acuerdo. Primero. Se exhorta respetuosamente a todas las dependencias del Ejecutivo federal a participar en La hora del planeta 2010, de modo que el próximo 27 de marzo del año en curso a las 20:30 horas se apague el cien por ciento de las luces no esenciales de sus instalaciones durante una hora.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y municipales a realizar las acciones necesarias para que el próximo 27 de marzo de 2010, a las 20:30 horas, se apague el cien por ciento de las luces no esenciales y de los monumentos emblemáticos de sus ciudades durante una hora.
Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a 25 de marzo de 2010, y firman los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se aprueba.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría con el orden del día.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (15:18 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 6 de abril a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 de la mañana.