Cámara de Diputados, versión estenográfica

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados y diputadas a esta sesión.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 297 diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (11:52 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta. Permítame, secretaria. ¿Con qué objeto, diputado Emilio Serrano?

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Diputado presidente, para solicitar respetuosamente antes de que inicie la sesión, que a través de un aplauso le hagamos un profundo reconocimiento al gobierno de Chile, encabezado por el presidente Sebastián Piñara, al equipo de rescate que lograron sacar con vida hasta este momento la mitad de 33 mineros que quedaron atrapados bajo tierra a 700 metros, cerca de 2 meses estuvieron ahí.

A diferencia del gobierno nuestro, el gobierno mexicano, que 33 mineros quedaron atrapados en la mina de Pasta de Conchos y no lograron ni siquiera sacar uno con vida. A cuatro meses lograron sacar un cuerpo, a un año sacaron el segundo cuerpo. 65 mineros que quedaron atrapados a poco más de 120 metros de profundidad. Ésa es la diferencia de un gobierno que tiene voluntad y ganas de servir al pueblo y no el gobierno mediocre que tenemos en México.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recójanse sus expresiones, diputado. Diputado Mario Di Costanzo, ¿con qué objeto?

El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (desde la curul): Gracias, presidente. Estaba viendo el orden del día y con tristeza veo que 2 puntos de acuerdo que tengo agendados como desde hace 3 semanas y que son de obvia y urgente resolución, no están, presidente.

Yo supe, porque así me lo consultaron, porque me preguntaron que si yo quería ceder estos puntos de acuerdo a la Junta de Coordinación Política. Mi respuesta fue que no, porque ahí los congelan. Con todo respecto, presidente. Entonces yo no sé si sea un castigo, si como son de obvia y urgente resolución y son acerca del paquete económico van a pasar hasta diciembre, o a qué estamos jugando, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Cómo no, señor diputado. Lo que pasa es que la Junta de hoy se acordó para puntos que no tienen discusión ni votación y seguramente esa es la razón. De cualquier manera le ofrezco en estos momentos solicitar a la Junta un informe de la situación de los puntos que usted nos presenta.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul). Diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, presidente. También en un sentido parecido al de mi compañero el diputado Mario di Costanzo, respecto al punto de acuerdo de urgente u obvia resolución del caso del ciudadano Juan Ranulfo Martínez Pérez, que se me dijo ayer que posiblemente hoy se planteara por la Junta de Coordinación Política. Quiero preguntar si es así. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Así será en el transcurso de la sesión. Estamos esperando la firma de los señores coordinadores, pero así será, diputado.

Y con respecto a la solicitud de don Emilio Serrano, esta Presidencia se solidariza con brindar un afectuoso saludo de felicitación al pueblo, al gobierno de Chile. Y, por supuesto, por encima de todos ellos, a las familias de los mineros rescatados.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Don Pedro Ávila. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Señor presidente, sobre lo que el compañero Emilio Serrano expresó y que ya cumplimos ahorita con el aplauso, yo quisiera nada más recordar a todos los compañeros diputados que el ejemplo que nos dio Chile; el gobierno y el pueblo de Chile, es un ejemplo que debemos todos nosotros seguir y más el gobierno de Felipe Calderón.

Hace unos días, señor presidente, presenté aquí –y creo que éste es el mejor homenaje a nuestros mineros mexicanos- unas reformas a la Ley Minera, al artículo 8o, porque desde hace más de 20 años no se les paga a los mineros de México el reparto de utilidades. Yo quisiera que esa ley que ya presenté yo aquí y que sería el mejor homenaje a nuestros mineros, se llevara a efecto y que la comisión a la que se le turnó esta iniciativa de ley le diera respuesta, porque no vamos a esperar que nuestros mineros sigan cayendo a lo más hondo de las minas, a lo más profundo de las minas y lo único que hagamos es rendirles homenaje.

Los mineros de México necesitan el apoyo y el respaldo de esta Cámara de Diputados. Vamos a dárselos porque somos representantes del pueblo y porque los mineros forman una parte importante de nuestra patria. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recójanse por favor las expresiones del diputado Pedro Ávila, así como de los que han intervenido al inicio de esta sesión. Quede constancia de nuestra felicitación.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda dispensada la lectura.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. La Secretaría debe consultar si se dispensa la lectura, ya está publicada en la Gaceta el acta.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputadas y diputados por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Dispensada la lectura del acta. Continuamos con la discusión del acta. Como no hay oradores tome usted la votación, señor secretario.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa (votación). Diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada el acta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, le concedemos el uso de la palabra al diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia iniciando el capítulo de iniciativas, pertenece al Grupo Parlamentario del PT, y presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados. Esta iniciativa también persigue la democratización del Poder Judicial.

La del día de ayer que presenté era para que la elección de los ministros de la Suprema Corte se diese mediante voto de los ciudadanos, voto directo de los ciudadanos. Ésta tiene que ver con el Consejo de la Judicatura Federal y los Consejos de la Judicatura en el Distrito Federal y en los estados de la república.

Como sabemos todos nosotros, el Consejo de la Judicatura es el órgano de administración, disciplina y vigilancia del Poder Judicial, se integra por siete personas, generalmente, cuatro de ellas provienen del Poder Judicial, dos del Poder Legislativo, en el caso federal, del Senado de la República y una es propuesta por el Ejecutivo.

El problema de esta integración es que es una integración que como la de los ministros de la Corte, como la de los consejeros del IFE, etcétera, responde a cuotas de partido. Los consejeros que tienen que ver con la propuesta de los órganos representativos, del Senado o del Ejecutivo y los consejeros que tienen origen en el Poder Judicial, que hacen mayoría, tienen como presidente al presidente de la Suprema Corte, que es juez y parte de este órgano.

¿Cómo se va a vigilar? ¿Cómo se va a administrar? ¿Cómo se va a disciplinar el Poder Judicial si el presidente de la Suprema Corte es al mismo tiempo el presidente del Consejo de la Judicatura?

La iniciativa que presento ante ustedes, que desde este momento solicito que se inserte íntegra en el Diario de los Debates, propone lo siguiente: propone que el presidente del Consejo de la Judicatura no sea el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propone que con muy pocas excepciones las decisiones del Consejo de la Judicatura sean definitivas e inatacables, salvo aquellas decisiones del Consejo que transgredan preceptos constitucionales. Todas las demás decisiones del Consejo de la Judicatura deben ser definitivas e inatacables.

Y propongo que los siete miembros del Consejo de la Judicatura que se nombrarían o se elegirían por nueve años, fuesen electos por los ciudadanos, por el voto directo de los ciudadanos, con la idea de que el Consejo de la Judicatura no tenga una integración preponderantemente judicial, que en el Consejo de la Judicatura haya expertos en administración pública, haya expertos en contabilidad, desde luego, haya abogados, pueda haber politólogos, pero sobre todo que esté integrado por ciudadanos y que esos ciudadanos que integren el órgano máximo del Consejo de la Judicatura sean electos por los propios ciudadanos.

Se trata de independizar, de darle autonomía constitucional al Consejo de la Judicatura de la suprema corte y que las decisiones del Consejo de la Judicatura tengan el carácter que debieron tener desde finales de 1994 y 95: ser definitivas a inatacables y que la integración de los titulares del Consejo de la Judicatura sea producto de la elección, del voto directo de los ciudadanos.

No podemos permitir que los consejos de la judicatura sigan como están en la actualidad. Son consejos que, de acuerdo con la Constitución, administran vigilan y disciplinan, pero para decirlo en términos coloquiales, son órganos que ni pichan, ni cachan ni dejan batear; es decir, son órganos que no están cumpliendo con estas importantes funciones constitucionales.

Por eso además demandamos que cualquier sesión de los plenos de los consejos de la judicatura, tanto a nivel nacional o federal, como en los estados y en el Distrito Federal, sus sesiones sean plenamente públicas, que esté prohibido para estos consejos sesionar en privado, que sus comisiones de las consejos de la judicatura también sean públicas y que este modelo federal que estamos proponiendo, mediante la propuesta de reforma al artículo 116 constitucional y 122 de la Constitución, se replique en los estados y en las entidades federativas.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, termino. No podemos transitar a la democracia y consolidar la democracia en México si no transformamos radicalmente el Poder Judicial de nuestro país y para ello hay que buscar formas y métodos distintos de integración del Poder Judicial y de sus órganos de administración y vigilancia.

Por su atención muchas gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados. Señor presidente, muy amable por su atención.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado Cárdenas. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria, y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta presidencia informa a la asamblea que se encuentran en el recinto en visita los alumnos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, campus Calpulalpan, de la licenciatura en derecho y ciencias jurídicas. Ellos son invitados del licenciado Julio César Nájera Trejo. Bienvenidos.

También se encuentran con nosotros visitantes de la Universidad de León, invitados por el diputado José Gerardo de los Cobos Silva. Esta asamblea les da la más cordial bienvenida.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

Antes, sonido en la curul del diputado Benítez Treviño.

El diputado Benítez Treviño (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para preguntarle a mi compañero diputado Jaime Cárdenas Gracia si me autoriza avalar su importante iniciativa, por los comentarios que él ha formulado ante el pleno de la Cámara.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Cárdenas Gracia, el diputado Benítez Treviño quiere adherirse a su iniciativa. ¿Se ausentó el diputado Cárdenas Gracia? Bueno, considerando que no debe haber inconveniente al respecto, por favor, diputado Benítez Treviño, está a su disposición el documento en la mesa de esta Secretaría. Igualmente para todos los demás diputados que deseen suscribirse. Adelante, diputado Velázquez.

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del PRD dentro de su agenda legislativa y estratégica ha puesto especial atención a las acciones parlamentarias orientadas a la protección de la soberanía y seguridad alimentaria en esta nación.

En esta oportunidad comparezco ante esta soberanía para presentar una iniciativa que modifique la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. El maíz, por su carácter estratégico en la dieta nacional ha sido el grano básico que mayor protección ha demandado en virtud a los intentos para utilizarlo como insumo para producir combustibles; a pesar de que el país está importando más del 25 por ciento del consumo nacional.

El Poder Ejecutivo ha emitido dentro del reglamento de la Ley de Bioenergéticos, disposiciones que permiten utilizar al maíz para producir bioenergéticos, siempre y cuando éste sea importando.

Esta disposición del Ejecutivo federal va más allá de lo establecido por la ley; es decir, el Ejecutivo se ha excedido en el uso de sus facultades reglamentarias, al establecer en el reglamento una disposición que no está considerada en la ley.

De manera adicional ha habido intentos para reformar esta Ley de Bioenergéticos, de tal manera que se permita usar al maíz para producir combustibles, cuando en una entidad federativa haya excedentes. Tomando en cuenta su producción y su consumo, dejando de lado el interés nacional.

El Grupo Parlamentario del PRD, de manera contundente afirma que la generación de energía a partir de bioenergéticos es una opción de gran importancia para el desarrollo de esta nación. Lo que no implica que bajo ninguna circunstancia ir contra la alimentación de la población.

En efecto, la energía proveniente de combustibles de fuentes renovables tiene una gran potencialidad en la biomasa; es decir, como fuente de energía que se obtiene a partir de materia derivada de seres vivos, vegetales o animales con fines de combustibles.

Las grandes potencialidades que tiene el país para producir energía a partir de una amplia gama de fuentes renovables, es indispensable, desde luego, que el Estado debe sistematizar las actividades dirigidas a la formulación de escenarios para el consumo de energía de largo plazo y particularmente a la formulación de programas de desarrollo para las fuentes alternativas de energía.

Como puede observarse se trata de una política de Estado con una visión de largo plazo, considerando de manera integral todas las posibilidades de producción de energía de manera coherente, consistente, en función de las necesidades y potencialidades del país, teniendo como eje conductor la soberanía energética y la soberanía alimentaria de esta nación.

Las razones para proteger de manera especial a los productos básicos y estratégicos para la dieta nacional es particular el maíz y está basada, fundamentalmente, en que la dependencia alimentaria del exterior debilita la seguridad nacional y atenta contra la soberanía de este país.

Es pertinente recordar que México es altamente dependiente de la importación de granos básicos, que del total del consumo nacional de maíz, alrededor del 25 por ciento. Esto origina que se ha traído del extranjero, principalmente de los Estados Unidos, y además el porcentaje de importación total de granos básicos y oleaginosas ha ido en aumento de manera riesgosa para la soberanía de este país, ya que se importa del orden del 40 por ciento del consumo nacional.

Compañeras y compañeros legisladores, estas son las principales razones de la iniciativa. Los invito y los convoco respetuosamente a defender la soberanía alimentaria en este país. Ruego a esta Presidencia se inserte el texto íntegro al Diario de los Debates. Muchísimas gracias, damas y caballeros.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

El diputado Federico Ovalle Vaquera (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí.

El diputado Federico Ovalle Vaquera (desde la curul): Para que le pregunte al diputado Velázquez Esquivel si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado, el diputado Federico Ovalle solicita amablemente si es factible que se adhiera a su propuesta.

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel (desde la curul): Diputado presidente, muchísimas gracias. Es un gran honor para mí que los compañeros diputados me pidan adherirse a esta propuesta, a esta iniciativa. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Emiliano Velázquez ha manifestado su complacencia y agradece a los diputados que quieran adherirse a su propuesta.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Rosalina Mazari Espín: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de este pleno una iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones. La Ley de Amparo es un instrumento jurídico básico que permite hacer respetar las garantías constitucionales de libertad, igualdad, patrimonio y seguridad jurídica de los habitantes del país cuando éstos acuden ante los juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito y ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación por violaciones que consideran fundamentales a su integridad física, su libertad personal, que esté amenazada su vida, el patrimonio, su honor y dignidad.

Es importante señalar que nuestro sistema judicial mexicano establece tres instancias para resolver, en definitiva, cualquier controversia judicial en que los ciudadanos y las propias autoridades sean parte.

Esto es resultado del sistema jurídico de la república, lo que permite resaltar que la última instancia es la jurisdicción federal que funda su fallo en el respeto a las garantías constitucionales o sirve de control constitucional.

Es una realidad dentro de los problemas de salud pública de los mexicanos, que muchos sufren una afectación a su integridad corporal provocada por agentes externos, que bajo la acción u omisión cometen delitos que lesionan, denigran su condición física temporal o permanente y privan de la vida a las personas.

La Ley Penal del fuero común o federal, según la competencia, determina los procedimientos y sanciones a los infractores de la ley, pero la posibilidad de acudir ante los tribunales federales en amparo indirecto o directo, puede ser durante el juicio o en el último caso para concluir éste por supuestas violaciones a los derechos fundamentales.

Ante esto, existe el beneficio procesal de amparo de auxiliar por materia y persona a ciertos grupos o individuos por posibles deficiencias procesales, tanto en los conceptos de violación de las demandas como de los agravios formulados en los recursos propios que establece la misma Ley de Amparo, que de no ser atendidas o suplidas por el juez o magistrado, originan un estado vulnerable a la buena administración de la justicia y un estado de indefensión de las personas, en su mayoría de escasos recursos, por errores o deficiencias jurídicas de sus escritos.

Es sabido por los juristas que el artículo 76 Bis de la ley en comento permite que de forma oficiosa en materia penal a favor del reo, en materia agraria a campesinos, en materia laboral en beneficio del trabajador, siempre en ayuda a los menores de edad o incapaces y en cualquier otra materia, por una recurrente violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, se suplen los conceptos de violación y agravios formulados.

La presente iniciativa intenta garantizar la suplencia procesal da amparo a las víctimas de un delito exclusivamente cuando sea ésta afectada en su salud o integridad corporal, resultado de la comisión de éste, que por su daño físico personal lo equipara en una mayoría de casos a dependencia física por discapacidad, tratamientos médicos largos y permanentes, e incluso se puede llegar hasta la muerte dentro de desarrollo de los tardados juicios ante los tribunales.

En la actualidad, se puede provocar alteraciones graves a la salud que pueden venir desde los propios hospitales por negligencias médicas, accidentes, agresiones físicas y cualquier otra alteración a la salud, resultado de una conducta considerada delito, y la suplencia procesal de amparo es un acto de justicia a la víctima, que le permite ayuda jurídica del juzgador ante su daño físico personal y directo, que lo limita en su capacidad motriz, intelectual, económica y de defensa jurídica.

La iniciativa jamás prejuzga o en su origen crea una injusticia o preferencia, por el contrario; es un acto de elemental justicia que cumple las garantías de seguridad jurídica de valorar los hechos, fundamentar bien en la ley y juzgar con plena imparcialidad.

Puede haber muchas víctimas por delitos todas importantes. Pero cuando la salud personal es dañada intencionalmente, debe tener un trato procesal especial que le permita acceder a una buena justicia federal, que es la autoridad jurisdiccional máxima del Estado mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente forma.

Artículo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo, deberán suplir las deficiencias de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece conforme a lo siguiente

Segundo párrafo. En materia penal la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo, en el caso de las víctimas que sean dañadas en su salud por la comisión de delito.

Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputada Rosalina. Túrnese a la Comisión de Justicia.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada Laura Felícitas García Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La diputada Laura Felícitas García Dávila: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. De conformidad con el artículo 4o. Constitucional, toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.

El Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores encuentra sus orígenes en el artículo 123 constitucional, resultado de la evolución histórica que establece el derecho de los trabajadores a adquirir una vivienda digna.

El Infonavit creció como un sistema garante en beneficio de los trabajadores bajo el esquema de aportaciones para la adquisición de créditos accesibles para la compra de vivienda, tal como lo establece nuestra Constitución.

Como es de conocimiento general, todos los trabajadores inscritos o afiliados a instituciones de seguridad social, tienen derecho a la apertura de su cuenta individual. Dicha cuenta se integra por las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; de ahorro solidario, de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones voluntarias y de ahorro de largo plazo.

Además de la subcuenta correspondiente al Fondo de Vivienda, es ésta donde se registran las aportaciones para el fondo en mención, así como los rendimientos y demás recursos que puedan ser aportados a la misma.

Como se puede apreciar la subcuenta del Fondo para la Vivienda, nada tiene que ver con el sistema de pensiones y jubilaciones, pues su esencia radica en ser facilitadora de adquisición de casa, así lo establece la Ley de Infonavit y la ley del ISSSTE. No la de financiar pensiones o jubilaciones.

En la actualidad los pensionados y jubilados y los que están por retirarse enfrentan un grave problema, pues los Institutos de Seguridad Social se niegan a entregar los fondos acumulados en la subcuenta del Fondo para la Vivienda, obligando a los trabajadores a recurrir a demandas contra los institutos para que éstos entreguen el saldo, generando así gastos innecesarios para ambas partes.

Los administradores de los fondos, llámese Infonavit e ISSSTE, valiéndose de medios legales como el juicio de amparo evitan cumplir con dicha obligación dando la irónica argumentación de que los recursos reflejados en el saldo es un ahorro virtual y que físicamente no existe.

Cabe hacer mención que de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, al mes de septiembre del año pasado, los recursos de la subcuenta de Vivienda en el SAR alcanzó el importe de 552 mil 738 millones de pesos. Con respecto al año anterior se registró un aumento del 32 por ciento. Sin embargo, se desconoce el destino que se le da a los mismos.

Es de señalar que actualmente existen 80 mil casos individuales y 20 mil colectivos que están afectando a nuestros trabajadores. Por ello el objetivo de la presente iniciativa, la cual someto a su consideración, es establecer de manera clara y precisa que el saldo de la subcuenta del Fondo para la Vivienda que no hubiese sido aplicado sea entregado directamente al trabajador o a sus beneficiarios en una sola exhibición.

Una vez que sean solicitados, el instituto deberá entregar los recursos a más tardar el segundo día hábil siguiente al que le sean requeridos.

Otro tema sumamente importante en la materia es la prescripción de los derechos de los trabajadores a favor del Fondo Nacional de la Vivienda, pues prescriben a los 10 años de que sean exigibles. Esto es, si el trabajador no solicita la devolución de esos recursos en el término de 10 años dichos recursos se quedan para el instituto, cuando en realidad sabemos que existe demasiada desinformación para con los trabajadores respecto de sus derechos. Aunado a ello, los propios institutos evitan cumplir con la obligación de reintegrar los recursos. Es claro que se debe eliminar la prescripción.

En virtud de lo antes mencionado someto a consideración de esta soberanía, iniciativa por la que se reforman los artículos 37, 40 y octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y el artículo 192 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Señor presidente, por obvio de tiempo solicito se inserte íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Esta iniciativa la suscriben los diputados: Armando Neyra Chávez, Tereso Medina Ramírez, Amador Monroy Estrada y Leobardo Soto Martínez. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputada.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí, diputado, dígame.

El diputado Emilio Sarrano Jiménez (desde la curul): Diputado presidente, si es tan amable de preguntarle a la prom0vente si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada, el diputado Emilio Serrano le hace una pregunta, si es factible, si usted considera pertinente, si acepta que se adhiera a su propuesta.

La diputada Laura Felicitas García Dávila: Claro que sí, con gusto.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: La diputada ha manifestado su complacencia y se lo agradece. Igualmente para todos aquellos diputados que tengan a bien adherirse a la propuesta de nuestra compañera, la diputada Laura Felicitas, está a su disposición el documento en la mesa de la Secretaría. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debate, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Sistema Nacional de Capacitación Profesional para el Trabajo.

El diputado Alberto Jiménez Merino: Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras: “Qué mejor regalo podemos dar a la república que la capacitación de nuestros jóvenes”. Marco Tulio Cicerón.

A nombre de los diputados del estado de Puebla, y del Sector Agrario, me permito presentar la siguiente iniciativa:

En México más de 54 millones de pobres existen, entre los cuales 20 millones se encuentran en pobreza alimentaria; 26 millones en pobreza de capacidades y 47 millones en pobreza patrimonial.

El promedio nacional de escolaridad es de 8.5 años; más de 6 millones de habitantes hoy no saben leer ni escribir; 17 millones no han concluido la primaria; 10 millones no cuentan con la secundaria terminada.

En suma, entre los mayores de 15 años, más de 33 millones de mexicanos no tienen la escolaridad mínima para acceder a una vida digna.

Un estudio realizado por la Facultad de Economía de la UNAM, a inicios del presente año, señala que en el campo aproximadamente el 75 por ciento de las productores son mayores de 55 años. El nivel de ingresos en el ámbito rural es precario; muestra de ello es que más de nueve millones de personas se dedican a la autoproducción y no perciben ingresos. Otros ocho millones sólo ganan 57 pesos diarios.

De acuerdo con información proporcionada por el Inegi, de enero a abril de 2010 se habían perdido más de 125 mil empleos. Cada año se incorporan a la población económicamente activa un millón de personas, pero sólo se están creando 500 mil empleos.

Durante los últimos cuatro años el desempleo creció en términos nominales más del 79 por ciento. ¿Será por ello que casi 3.5 millones de profesionistas no encuentran trabajo y se subemplean en actividades ajenas a su profesión, ingresan al comercio informal o emigran hacia los Estados Unidos? Pero los otros dos tercios con empleo sólo ganan en promedio tres salarios mínimo.

Los niveles educativos se caracterizan por una marcada desvinculación entre los contenidos y las necesidades de los sectores productivos, especialmente de las necesidades de los segmentos más pobres de la población. Más de siete millones de jóvenes no estudian ni trabajan; son por ello un grupo atractivo para su inclusión en actividades ilícitas. Muestra de esto que es que más del 90 por ciento de los detenidos en las cárceles son jóvenes entre 15 y 26 años.

La cultura educativa se ha orientado hacia la búsqueda de un título universitario. La mayor ilusión de los padres es que sus hijos sean profesionistas. Lamentablemente sólo 13 de cada 100 que se inscriben a primaria llegan a la universidad porque no tienen los recursos económicos ni existe la infraestructura para atender a una proporción mayor. Los desertores no tienen opciones y los estamos enviando al abismo.

La admisión promedio de estudiantes al nivel universitario es tan sólo uno por cada cuatro que solicitan su ingreso. Los rechazados, otro gran ejército de desafortunados, sólo tienen como opción la educación privada, a distancia y en el sistema abierto o el desempleo porque no se les prepara para incorporarse al mercado laboral o para crear su propia opción de empleo.

Más aún, hemos devaluado y desatendido la formación de técnicos en los distintos oficios que soportan la economía y el desarrollo nacional. Las tecnologías en las escuelas secundarias técnicas van perdiendo importancia.

Hemos menospreciado niveles profesionales inferiores y no tenemos ni el ideal de una población universitaria ni las distintas artes y oficios acreditados, lo cual se traduce en graves niveles de pobreza, subdesarrollo, desempleo e inseguridad pública.

En países como Alemania, Estados Unidos, Colombia, Cuba y Chile ya se sigue un modelo de artes y oficios; sin embargo, en México sólo contamos con el sistema Conalep que aun cuando es una gran opción es insuficiente.

Destacan las Escuelas de Artes y Oficios del estado de México y los Institutos de Capacitación para el Trabajo en varios estados, pero aún falta un marco legal que integre estos importantes esfuerzos.

Por todo lo anterior, se propone a esta honorable Cámara la iniciativa de crear la Ley que Establece el Sistema Nacional de Capacitación Profesional para el Trabajo, que tiene como principal objetivo proporcionar alternativas de educación que permitan el desarrollo de capacidades para el empleo y autoempleo a la población con el propósito de vincularlos al aparato productivo, incrementar las opciones de empleo y los ingresos que mejoren las condiciones de vida de las familias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La diputada García Dávila pregunta al diputado Alberto Jiménez si le permite adherirse a su propuesta. A su vez, el diputado Alberto Jiménez acepta con mucho gusto todas las manifestaciones de apoyo y solicitudes de adhesión a su propuesta. El documento está a disposición de todos los diputados que deseen suscribirlo, en la mesa de la Secretaría.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en 2006 se denunció la venta de la base de datos del padrón electoral del IFE a la empresa estadounidense Choice Point por aproximadamente 335 mil dólares. Hace algunos meses, a partir de una investigación periodística se hizo del conocimiento público que en el barrio de Tepito se ofrecían diversas bases de datos con información personal de millones de mexicanos, como la del IMSS, del Servicio Postal Mexicano, licencias de conducir, de la población carcelaria, y otra vez, del patrón electoral.

Otra investigación periodística arrojó que igualmente el padrón electoral se ponía a la venta a través de una página electrónica denominada quebarato.com.

Es importante destacar que tanto en el caso de Choice Point como en el de quebarato.com se detuvo a los presuntos responsables, pero éstos salieron libres bajo fianza por tratarse de delitos no graves, lo que sin duda debemos corregir a la brevedad, porque esto es muy delicado, pues además de que se violenta flagrantemente la privacidad e intimidad de millones de mexicanos y se vulnera el principio de protección de datos personales, consagrado en la Constitución, se abre la posibilidad de que se generen actos de molestia o de discriminación y, sobre todo, crece el riesgo de que esta información pueda ser utilizada por la delincuencia para cometer extorsiones telefónicas, secuestros o fraudes.

En el caso específico del padrón electoral tiene además otro tipo de implicaciones. Por ejemplo: más de 9 millones de ciudadanos, el 12.3 por ciento aproximadamente tienen que actualizar su credencial de elector 03, pues de lo contrario no podrán votar en las elecciones presidenciales del 2012.

Aquí les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que estarán dispuestos a entregar al IFE su nombre, dirección, la CURP, fotografía o huellas digitales con estos antecedentes, con el riesgo de que los datos sean mal utilizados?

Es por ello que considero indispensable que de inmediato atendamos esta situación desde el ámbito legislativo. Por ello, se presenta la siguiente iniciativa que reforma y adiciona el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales para que el robo y comercialización de los datos personales en posesión del Estado sean considerados como delitos graves para que no se admita la libertad bajo fianza o caución.

También se sanciona con una pena que va de cinco a 10 años y una multa de 60 a 600 salarios mínimos e inhabilitación de cuatro a 10 años, al servidor público que por negligencia, omisión o premeditación haya propiciado o permitido dicha situación.

Finalmente, se establece como delito electoral la comercialización del padrón, ya que actualmente sólo se castiga la alteración del mismo, y esto, desde luego, es un vacío legal que debemos subsanar.

Por último, aprovecho la tribuna para hacer un exhorto respetuoso a las Comisiones de Gobernación, de Justicia y de Función Pública para que aprobemos ya las reformas a la Ley Federal de Acceso a la Información, que fueron enviadas como minuta por el Senado de la República y que precisamente obligan a implementar mayores medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos personales. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia.

La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputada.

La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (desde la curul): Diputado presidente, para consultarle al diputado Castilla, si me puedo adherir a su iniciativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Agustín Castilla, la diputada Pérez Ceballos solicita adherirse a su propuesta.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): También yo.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante diputada, está a su disposición el documento.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley General de Protección Civil.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores.

Presento ante ustedes iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos fracciones al artículo 4o. de la Ley General de Protección Civil. Un tema tan importante para la nación derivado de los acontecimientos en desastres naturales ocasionados por el calentamiento global.

Se avecinan cambios climáticos que afectan severamente nuestro hábitat. Es indispensable que estemos preparados ante tales fenómenos y contingencias. La protección civil debe ser un instrumento que nos ayude en la ejecución de una serie de tareas de orden social tales como asistencia y seguimiento educativo escolarizado; evacuación, habilitación y organización de refugios, servicio de alarma, aplicación de medidas de oscurecimiento, salvamento, lucha contra incendios, señalización, etcétera.

Para ser más precisos, nuestro país padece alta vulnerabilidad ante fenómenos hidrometereológicos, 17 entidades están ubicadas en zona de peligro donde vive casi la mitad de la población de esta nación.

Se han registrado pérdidas económicas del 80 por ciento causadas por lluvias torrenciales. El peor año fue en el 2007, en el que resultaron afectadas más de 250 mil viviendas y 5 mil 500 escuelas.

Con 2 millones de kilómetros cuadrados y 11 mil kilómetros de litorales que integra nuestro territorio nacional, hemos sido el escenario de desastres naturales, aparejadas con sequías, inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, incluso pestes que se han sucedido.

Nuestro país presenta un fenómeno cada vez más recurrente, producto del cambio climático, que son días con temperaturas bajo cero durante el verano, las cuales ocurren el centro del país y en zonas altas y son las que provocan mayores pérdidas económicas en Nuevo León, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí.

Finalmente, en nuestro país hay 21 entidades en las que año con año se presentan sistemas invernales, en los que cada vez se registran, en promedio, temperaturas bajas generando con ello importantes impactos en la salud, en las pérdidas económicas por ausentismo laboral, ascienden a más de 2 mil millones de pesos.

Desafortunadamente nuestra sociedad mexicana no está preparada para afrontar las medidas precautorias ante tales contingencias, me refiero a que carecemos de una cultura en la protección civil que debe iniciarse desde las escuelas de nuestros hijos, en los adolescentes, en las universidades, en las comunidades, en la población en general.

El Estado mexicano debe ser garante de promover y difundir la cultura de protección civil en la sociedad, debemos dejar de ser indiferentes. La cultura en protección civil definitivamente ha variado y no ha tenido la connotación adecuada, o bien, en la mayoría de nuestro territorio ni siquiera se ha difundido de manera cotidiana.

Compañeros legisladores, en las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública de esta soberanía se está trabajando en reforma a la Ley General de Protección Civil. Analizando tal propuesta de reforma, acudo a su buena voluntad política, pero principalmente a su conciencia y deber ciudadano para crear un dictamen que verdaderamente cumpla con las expectativas reales para combatir, prevenir, resolver, solidarizarnos de manera inmediata ante los riesgos y contingencias de desastres producidos por agentes perturbadores.

La propuesta de difundir en nuestro territorio nacional una adecuada, responsable y exhaustiva cultura de protección civil es obligación de todos y cada uno de nosotros; pero el Estado deberá ser garante de que ésta se ejecute y se mantenga cabalmente.

Con nuestra ayuda podemos, de manera eficaz y eficiente, apoyar al Ejecutivo federal para que los ciudadanos estemos preparados para cualquier contingencia de esta índole. La protección civil es posible si se ejecuta con toda la actividad material e intelectual de la sociedad y operativizarla a través de la cultura política, educación, organización y la producción de los bienes que, aunque parezcan privados, su individualidad les transfiere un sentido público y colectivo.

México requiere de urgencia una cultura de independencia con claridad, solidaridad e inmediatez.

Por lo anteriormente expuesto, propongo que el Ejecutivo federal promueva y desarrolle en las escuelas, universidades, estados y municipios, comunidades rurales y zonas de riesgo producidas por agentes perturbadores de cultura de protección civil.

Con el fin de dar cabal seguimiento a dicha actividad de promoción y desarrollo, deberá entregar, por conducto de la Secretaría de Gobernación, un informe trimestral a la Cámara de Diputados, en Comisiones Unidas de Seguridad y Cultura, sobre el avance social y financiero de la actividad cultura y educacional de protección civil, haciendo ambas comisiones observaciones y recomendaciones.

También se busca que el Ejecutivo federal invierta en ciencia y tecnología para prevenir y combatir los agentes perturbadores, debiendo presentar ante la Cámara de Diputados por conducto de la Secretaría de gobernación un informe financiero trimestral sobre el proyecto de inversión. Gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos.

El diputado Alejandro del Mazo Maza: Con su permiso, señor presidente. No más asentamientos humanos irregulares en zonas de riesgo. Necesitamos actuar y estar preparados porque los desastres naturales, consecuencia en gran parte del cambio climático, no van a disminuir; van a aumentar. Necesitamos actuar y estar preparados para reaccionar de manera efectiva en la labor de rescate y asignación de recursos.

Necesitamos actuar ya para dejar de ser una sociedad y un país reactivo y comenzar a ser preventivos. Si bien la necesidad de cualquier persona y familia, de poseer un pedazo de tierra, un techo que les signifique un patrimonio, no es justo que esta necesidad se traduzca en un riesgo de perder todo, absolutamente todo, incluso y en muchos casos hasta la vida.

La mirada de alguien que pierde su casa es muchas veces más fuerte que la mirada de alguien que pierde un ser amado; pierden todo lo que han venido cuidando y cosechando desde distintas generaciones. Los recursos del Fonden son insuficientes para cubrir las distintas tragedias que hemos vivido, de hecho, en este ejercicio ya se acabaron los recursos desde mediados de este año a consecuencia de los daños causados por lluvias, huracanes, terremotos, como son el caso de Monterrey, el huracán Alex en julio de 2010; 2 mil 500 viviendas afectadas y daños de hasta por 7 mil 500 millones de pesos; 12 personas muertas y 3 desparecidos.

Deslizamientos en Oaxaca en septiembre de este año; 300 casas sepultadas, 11 muertos registrados. Sismo en Baja California de 7.2 grados en abril; 2 muertos y 100 heridos. Inundaciones en Tabasco; 132 mil afectados, más de 4 mil viviendas dañadas. Inundaciones en Chalco, febrero de 2010; 2 mil 500 viviendas afectadas por desbordamientos de aguas negras.

Tan sólo en 2009 por la falta de políticas públicas para prevención en México, tuvieron pérdidas por 9 mil millones de dólares, resultado de desastres naturales, por mucho para este año se va a rebasar esta cifra. Los desastres históricos más costosos vienen desde 1985 hasta este año, sin embargo en 2010 por mucho se van a rebasar todas estas cifras.

Debemos no sólo de aumentar los recursos del Fonden, sino también debemos de aumentar los recursos del Fopreven, Fondo para Prevención de Desastres Naturales.

Estas reformas tienen como objetivo adicionar primeramente el concepto de zonas de riesgo y dar un marco legal en donde las autoridades promuevan medidas e información que mitiguen y eviten el uso de estas zonas para asentamientos humanos que pongan en peligro a la población y a la sociedad en general.

¿Cuánta gente ha perdido su hogar, su techo, el lugar más valioso que puede poseer una familia? ¿Cuántas vidas se han perdido? ¿Cuántos niños se han quedado huérfanos? ¿Cuánto le ha costado a la sociedad y al país? Y todo por la falta de planeación en los asentamientos humanos.

Ya basta de reaccionar. Necesitamos prevenir. Necesitamos salvar vidas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

Se pospone la intervención de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 110 y 111 del Cofipe.

La diputada Elsa María Martínez Peña: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la participación política de las mujeres constituye un proceso en marcha que presenta todavía pendientes considerables en México. El ciclo que se abrió en 1953 con la obtención del voto femenino, requiere de una serie de acciones legislativas e institucionales para garantizar la equidad entre los géneros en los ámbitos políticos.

La política constituye uno de los ámbitos sustantivos en el que se expresa la situación de desigualdad entre hombres y mujeres. La estructura de la política restringe el derecho de las mujeres para acceder en condiciones de equidad en los espacios donde se define el interés colectivo de la sociedad.

En este sentido, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) constituye un importante espacio público en cuya integración no se ha legislado para garantizar la equidad de Género. El Instituto Federal Electoral es una institución fundamental del Estado mexicano, pilar de nuestra democracia desde.

Desde 1996 el IFE goza de una plena autonomía y los integrantes de su Consejo General son nombrados por el pleno de la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes.

De 1996 a 2003 solamente hubo una mujer entre los nuevos cargos de consejero electoral, es decir, las mujeres ocuparon sólo el 11 por ciento de los espacios en el Consejo General del IFE.

En 2003 la renovación de consejeros electorales para el periodo 2003-2010 presentó un balance de 3 mujeres y 6 hombres, fue una integración más equilibrada donde las mujeres ocuparon el 33 por ciento de los espacios.

Con motivo de la reforma electoral de 2007 se renovó anticipadamente el Consejo General del IFE. La nueva legislación electoral dispuso que los consejeros electorales se renovaran de manera escalonada.

De este modo, se renovaron en 2007 dos consejeros y el presidente y en 2008 se renovaron otros tres consejeros. En esta renovación la equidad de género nuevamente se desequilibró, pues salieron las tres consejeras nombradas en 2003 y solamente se designó a una mujer.

Todo esto ilustra claramente la necesidad de establecer en la legislación electoral que ninguno de los dos géneros tenga una presencia excesiva en la conformación del Consejo General del Instituto Federal Electoral, pues la equidad de género en la integración de este órgano no se puede dejar al vaivén de la negociación política.

Compañeras y compañeros, en Nueva Alianza estamos convencidos que las mujeres son un sujeto político que debe estar en la misma jerarquía que los varones, por ello debe tener presencia garantizada en espacios políticos significativos.

Por estas razones presento esta iniciativa que reforma el artículo 41, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 110 y 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la finalidad de establecer que en la integración del Consejo General del IFE se garantice que ningún género exceda dos tercio de los cargos existentes.

De aprobarse la presente iniciativa en el proceso de designación de los integrantes del Consejo General, ningún género podrá tener menos de tres consejeros ni más de seis, de este modo se garantizará legalmente un piso y un techo para la presencia de cada uno de los géneros de la conformación del Consejo General del IFE.

Apoyar esta iniciativa significa apoyar y fortalecer el adelanto de las mujeres, fenómeno que cada vez toma más fuerza. La igualdad política entre hombres y mujeres requiere medidas legales e institucionales que permitan que dicha igualdad se refleje en los hechos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputada Martínez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

A propuesta del grupo parlamentario se pospone la intervención de la diputada Marcela Guerra Castillo.

La diputada Oralia López Hernández (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul de la diputada Oralia López.

La diputada Oralia López Hernández (desde la curul): Sí, muchas gracias. Señor presidente, para preguntarle a la diputada Elsa María Martínez Peña si me permite adherirme a su importante iniciativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada Elsa María Martínez Peña, la diputada Oralia López le solicita adherirse a su propuesta.

La diputada Elsa María Martínez Peña: Sí, con gusto.

El Presidente diputado Amador Moroy Estrada: Diputada Oralia, la diputada Elsa María Martínez Peña ha aceptado con mucho gusto su adhesión y está a su disposición el documento en la mesa de la Secretaría.

El Presidente diputado Amador Moroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El diputado Marcos Pérez Esquer: Con su venia, presidente. La propuesta que hoy estamos haciendo ante ustedes, amigos legisladores, es para la expedición de una Nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en consecuencia abrogar la actual Ley Federal en la materia.

Esta iniciativa se presenta en la inteligencia de que está íntimamente vinculada a la que he presentado el día de ayer ante este mismo pleno, con el objeto de modificar la Carta Magna, a efecto de hacer posible la expedición de esta Ley General que hoy nos ocupa.

Es decir, la aprobación de este proyecto sólo sería técnicamente posible si antes se aprobare la iniciativa de reforma constitucional a los artículos 6o., y 73 que presenté ayer mismo.

Hecha esta aclaración, es de comentarse que este proyecto de Nueva Ley General de Transparencia, pretende que todas las entidades públicas, así pertenezcan al Ejecutivo, al Legislativo o al Judicial e incluso a las entidades constitucionalmente autónomas, pero también independientemente del orden del gobierno de que se trate, sea federal, estatal o municipal, se ajusten a una misma ley en materia de transparencia.

Sujetar a todo ente público que maneje recursos del erario a una misma ley para transparentar dicho manejo, no sólo facilitará en la práctica el ejercicio del derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública gubernamental, sino que además evitará que algunas instituciones públicas y particularmente que algunos estados de la república regateen la rendición de cuentas a sus ciudadanos escudados en leyes locales que en algunos casos más que garantizar ese derecho ciudadano, parece que pretenderían obstaculizarlo.

Considerando que 40 centavos de cada peso del Presupuesto Federal lo ejercen los estados y los municipios, por cierto, un índice de descentralización del ejercicio del gasto muy superior a la media internacional, se hace insoslayable impulsar una nueva normatividad que garantice que dichos recursos se ejercen con al menos la misma transparencia con la que lo hace hoy por hoy el Ejecutivo federal.

La iniciativa que proponemos impulsa esto, pero impulsa también que otras entidades como los partidos políticos y los sindicatos también se sujeten a esta misma ley cuando administren recursos del erario.

Por otra parte, compañeros diputados, les comento que el proyecto que traigo a este pleno está basado principalmente en dos instrumentos: el Código de Buenas Prácticas y la llamada Ley Modelo. El primero de ellos, el Código de Buenas Prácticas, fue elaborado por el propio IFAI, la UNAM y la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, que aglutina a todos los institutos locales de transparencia del país. Consistió en un ejercicio de consulta y consenso para exponer, en el formato propio de un instrumento legislativo, las mejores prácticas en materia de transparencia.

Por su parte, la Ley Modelo es un producto encargado por la Organización de Estados Americanos, la OEA, a un grupo de expertos de los estados miembros y de la sociedad civil. México estuvo representado en ese grupo de trabajo por el IFAI y por la UNAM. El producto fue presentado en junio pasado para que los países integrantes de esa organización internacional revisen sus respectivas leyes en la materia para ajustarlas a los principios establecidos en esa Ley Modelo.

En este sentido, aprobando este proyecto México estaría, primero, homologando sus reglas de transparencia en todo el país; segundo, adoptando las mejores prácticas internacionales en la materia y, tercero, cumpliendo con un compromiso internacional en este tema.

Se trata, compañeros, de un cambio drástico ciertamente, pero de un cambio sin duda conveniente para impulsar a fondo una cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas, así como para avanzar sustantivamente en el proceso democratizador de nuestro país.

Muchas gracias. Solamente pediría a la presidencia se inserte íntegramente el proyecto en el diario de debates.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como lo solicita el orador, y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Túrnese a su vez a la Comisión de la Función Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Informo a la asamblea que se encuentra en el recinto de visita un grupo de Mujeres Unidas por el Cañón de Jimulco, municipio de Torreón, invitadas por el diputado Miguel Ángel Riquelme Solís. Les damos la más cordial bienvenida.

A propuesta del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se pospone la intervención de la diputada Leticia Quezada.

En el mismo sentido, se pospone la intervención del diputado Edgardo Melhem Salinas.

Asimismo, se pospone también la intervención del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra el diputado Eric Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Eric Luis Rubio Barthell: Muchas gracias, señor presidente. Compañeros diputados presentes y los que están en Comisiones, aquí en este Palacio Legislativo de San Lázaro.

En 1824, con la primera Carta Constitucional de nuestro país se establece, entre otros acontecimientos, la Independencia de México, ordenando la división de Poderes de la Unión. En la misma Constitución se estableció que el poder supremo de la federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que jamás podrán reunirse dos o más de éstos en una corporación o persona, ni depositarse en el Legislativo en un solo individuo.

De igual forma, es preciso señalar que un elemento diferenciador de los regímenes democráticos hoy en día es la vigencia de los controles parlamentarios sobre el Poder Ejecutivo, es decir, el conjunto de instrumentos que con base en las Constituciones permiten al Congreso ejercer una supervisión legislativa más detallada de las actividades del Ejecutivo.

En este sentido, aunque los controles sobre el Ejecutivo mexicano se han ido ampliando tanto por la vía de reformas constitucionales como por la vía de la pluralidad, en los órganos de representación popular aún subsisten imprecisiones que deben ser corregidas.

Por lo anterior, es preciso mencionar que de conformidad con el catálogo constitucional actual se establece que el Ejecutivo federal tendrá la atribución de nombrar servidores públicos, los cuales serán en cierta medida los responsables de la ejecución de políticas, planes y programas de la administración pública federal. Esta facultad de nombramiento se encuentra consagrada en el artículo 89.

Concomitantemente a dicho catálogo de atribuciones presidenciales, la facultad de ratificación del Senado de la República es con base en la facultad que le concede el artículo 76, fracción II, de nuestra Carta Constitucional.

De lo anterior se deduce que la facultad del presidente de la República en lo referente al nombramiento de algunos servidores públicos señalados es limitada por el Senado de la República al sujetar tales nombramientos a su aprobación, advirtiendo que con ello se ejerce un control constitucional para con ello llevar al Poder Ejecutivo federal a elaborar una detenida y cuidadosa reflexión, no sólo de las aptitudes del candidato sino de las necesidades del cargo que va a desempeñar.

Por lo anterior y considerando que resulta imprescindible que quienes tienen a su cargo el combate a los monopolios, concentraciones indebidas y prácticas anticompetitivas, las de regulación económica para promover la inversión, la fijación de precios de insumos básicos como la electricidad, la expansión de las redes, el desarrollo tecnológico y la competencia efectiva entre prestadores de servicios de telecomunicaciones; la protección de derechos de usuarios y consumidores; y control y supervisión de servicios financieros y los responsables de la información cuenten con los instrumentos necesarios, pero sobre todo, con la autonomía operativa e independencia política para actuar con absoluto rigor técnico en la atención de sus respectivas materias.

Que uno de los aspectos fundamentales para lograr ese objetivo descansa en la pertinencia de que los nombramientos de los comisionados de los órganos reguladores de la administración pública federal centralizada, sean cuidadosamente realizados bajo una óptica responsable que permita encomendar a cuerpos colegiados, debidamente seleccionados por el Ejecutivo federal pero sujetos a la ratificación del Senado de la República, tal y como ocurre con los casos ya señalados y existentes en la Constitución.

Que esta propuesta esté orientada a seleccionar los mejores cuadros para dichas posiciones regulatorias, dado el perfil técnico y especializado que en todos los casos se requiere, cuidando que los nombramientos no obedezcan a coyunturas políticas ni ambiciones de grupo, evitando con ello la discrecionalidad en la toma de decisiones y sustentando las resoluciones de tales organismos a criterios rigurosos y ajenos a vaivenes de otra índole.

Es por eso que sometemos a esta asamblea esta iniciativa, pues acaba de tener un claro ejemplo con el nombramiento del comisionado de la Cofetel, la falta que hace que pase por el Senado de la República.

Artículo único. Se reforma el artículo 76, fracción II, y 89, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:...

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda –y le adicionamos-, comisionados de los organismos reguladores de la administración pública federal que tengan el carácter de órganos desconcentrados u organismos descentralizados; coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:...

IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los empleados superiores de Hacienda, así como a los comisionados de los organismos reguladores de la administración pública federal que tengan el carácter de órganos desconcentrados u organismos descentralizados;

Solicito al señor presidente se inscriba la iniciativa completa en el Diario de los Debates, y pedimos a todos los señores diputados su apoyo a este cambio a nuestra Constitución. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado Rubio. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, tal como lo solicita el diputado Rubio Barthell y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 116 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El diputado Francisco Saracho Navarro: Bienvenidos los compañeros del Cañón de Jimulco, de Torreón, Coahuila, un saludo.

La Ley Federal de Protección al Consumidor tiene como principal finalidad promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Tal como se desprende de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor, tiene la atribución de llevar un procedimiento conciliatorio, procedimiento arbitral y procedimiento de infracciones a la ley.

Nuestra atención se dirige a la culminación del procedimiento conciliatorio, del procedimiento por infracciones a la ley, lo que tiene lugar cuando se presenta una queja o reclamación por parte del consumidor que se siente agraviado por un proveedor de bienes o servicios.

Cuando se inicia el procedimiento con motivo de una queja, lo primero que ocurre es la exhortación por parte de la Procuraduría del Consumidor, a que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo para dar solución a lo planteado en la queja.

En el supuesto de que se determine la conciliación mediante la firma de un convenio, culminará el procedimiento; sin embargo, cuando las partes no llegan a un acuerdo, se dejarán a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que proceda, lo que en la mayoría de las ocasiones es llevado ante los tribunales civiles.

Es entonces cuando surge la problemática que se pretende resolver con la presente iniciativa, pues independientemente de que el consumidor decida presentar una demanda civil, queda pendiente que la Procuraduría resuelva si efectivamente ocurrieron violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y se inicie de oficio, el procedimiento de infracciones que precisa el artículo 123 de dicho ordenamiento.

Sin embargo, ni el artículo 116 que señala la culminación del procedimiento conciliatorio, ni el artículo 123, que precisa el inicio del procedimiento de infracciones a la ley, son claros al respecto; es decir, cuando se determina el fin del procedimiento conciliatorio, no existe la remisión expresa al inicio de procedimiento de infracciones a la ley.

Lo anterior ha generado la confusión de las autoridades de la Procuraduría, al extremo de que consideren que si no hubo acuerdo entre las partes del procedimiento conciliatorio, no debe dar inicio al diverso por infracciones a la ley, lo cual contraviene el objetivo de la Ley Federal de Protección al Consumidor; esto, a nuestro parecer, puede propiciar la impunidad a favor de quienes han cometido violaciones a dicho ordenamiento.

Lo anterior tampoco debe interpretarse en el sentido de que si se inicia un procedimiento por infracciones a la ley, necesariamente debe sancionarse al proveedor sino que, en todo caso, se desahoguen los medios de convicción necesarios para determinar si se verificaron o no los hechos que el consumidor señaló en su queja y si éstos se desprenden infracciones a la ley.

Es menester aclarar que el hecho de que el proveedor realice una propuesta y ésta no sea aceptada por el consumidor, no da lugar a que se deje de resolver si se verificaron o no infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Si se verificaron infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, éstas no quedan por el simple hecho de que no se acepte una propuesta del proveedor, dado que son actos que al momento de consumarse ya produjeron contravención al citado ordenamiento.

El dejar a salvo los derechos de las partes en el procedimiento conciliatorio tiene como consecuencia que éstas estén en aptitud de acudir a los tribunales competentes, hacer valer sus derechos en la vía civil o mercantil, lo que de ninguna forma repercute en que la Procuraduría de Consumidor desatienda su obligación de sancionar a los proveedores que infringen la Ley de Protección al Consumidor, máxime cuando las conductas infractoras fueron hechas de su conocimiento en la reclamación que el consumidor formuló.

Entonces, para evitar soslayar las violaciones a la ley la Procuraduría, independientemente de que las partes soliciten o no el inicio del procedimiento de infracciones a la Ley, debe aperturar de oficio el llamado procedimiento de infracciones a la ley.

Por ello, se propone a través de esta iniciativa que se establezcan expresamente el inicio de dicho procedimiento cuando culmine la fase conciliatoria a la que se ha referido si no hubo acuerdo entre las partes. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado Saracho. Túrnese a la Comisión de Economía.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Cristabell Zamora Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Perdón, diputada. Discúlpeme, por favor. La diputada Cristabell Zamora Cabrera.

La diputada Cristabell Zamora Cabrera: Con su venia, señor presidente. La política fiscal de un gobierno debe ser...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Permítame usted, diputada Cristabell. Permítame un segundo.

La diputada Cristabell Zamora Cabrera: Sí, cómo no.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Por favor, sonido a la curul del diputado Avelino. ¿Sí, diputado?

El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): Diputado presidente. Le agradecería que se haga rectificación de quórum, ya que somos 40 diputados ahorita en el recinto. La verdad, o se llama a los compañeros o se suspende la sesión. Somos 40 en el salón.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Con el permiso de la diputada en tribuna. Suplico a la Secretaría que dé lectura al artículo 3o Bis del acuerdo relativo a los lineamientos para acreditar la asistencia de los legisladores en esta asamblea.

Independientemente de esto, hago la aclaración de que el tablero electrónico permanece encendido para poder verificar también a través de él, la asistencia de los señores diputados. Adelante, secretaria.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: Artículo 3o Bis. Los diputados permanecerán en el recinto durante el pase de lista y las votaciones. Fuera de estos dos asuntos, no podrá reclamarse el quórum de asistencia.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Continúe la diputada en el uso de la voz.

La diputada Cristabell Zamora Cabrera: Gracias, señor presidente. La política fiscal de un gobierno debe ser la herramienta principal mediante la cual se logre la adecuada redistribución del ingreso nacional, para que con ello sea posible trazar caminos hacia la mejor calidad de vida de los integrantes de una sociedad. La distribución de la riqueza con equidad como premisa para lograr el efectivo desarrollo y crecimiento de una nación, sin pensar en políticas públicas con fines meramente económicos que dejen de lado el aspecto humano y social de una sociedad como la nuestra.

En nuestro país contamos con un sistema fiscal complejo y costoso, la multiplicidad de impuestos, exenciones, tasas diferenciadas y gravámenes especiales hacen de este sistema impositivo un estímulo para la evasión y la elusión. La necesidad de un sistema fiscal eficiente, que impulse la actividad económica y mejore la competitividad, que cumpla con los principios básicos de equidad, eficiencia y neutralidad, competitividad y simplicidad, es por demás objetiva e ineludible.

Desgraciadamente, uno de los muchos claros ejemplos de esta urgente necesidad la tenemos en la industria restaurantera, que durante los últimos dos años ha tenido que enfrentar momentos difíciles que se han traducido en verdaderas amenazas de sobrevivencia de este sector productivo de nuestro país.

La recesión económica mundial, cuyos efectos se reflejaron en una disminución del 11.7 por ciento de las ventas durante el pasado 2009; las leyes locales y federales para la reducción del consumo del tabaco y que afecta al 98 por ciento de los restaurantes a nivel nacional, pues sus locales no mayores de 150 metros cuadrados hacen imposible levantar muros para dividir las áreas, además de que la gran mayoría de ellos carece de capital propio para hacer las adecuaciones exigidas.

Una emergencia sanitaria por la influenza AH1N1, que tuvo un impacto inmediato de caída en ventas de mayo de 2009, del 60 por ciento en ciudades como México, Cancún, Cozumel, San Luis Potosí y Los Cabos. La disminución fue hasta de un 90 por ciento y se estima que cerraron alrededor de seis mil establecimientos, crisis de la cual aún muchos restauranteros no han salido.

La inseguridad e incremento de la delincuencia son fuerte impacto en estados de nuestra república no privativos de ninguna región. Es un problema de todo el país. Ha originado que además de la baja en ventas, el cierre de algunos restaurantes sea inminente.

Tan solo en las fronteras de nuestro país la inseguridad, la desmotivación por las prolongadas líneas para el cruce fronterizo y ante la no posible deducibilidad total de los consumos, la mayoría de las personas optan por ir al otro lado de la frontera.

Muchas informalidad e ilegalidad toleradas por la mala política económica de este gobierno y una pésima y corrupta aplicación de la política redistributiva, se estima que existen más de 700 mil puestos de comida en las calles. Aumentos a cargas tributarias para los años 2009 y 2010 presentes como el IETU, el IDE y el IEPS; y, para colmo, deducibilidad de comidas de negocios en restaurantes de sólo el 12.5 por ciento, cuando por ejemplo nuestros socios comerciales de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá permiten hasta un 50 por ciento.

Esos son sólo algunos de los muchos ejemplos de los graves problemas que amenazan y aquejan a éste importantísimo sector productivo de nuestro país.

La industria restaurantera genera un millón 350 mil empleos directos y tres millones 300 mil empleos indirectos. Representa el 1.05 por ciento del PIB nacional con un valor estimado de 190 mil millones de pesos y cerca del 15 por ciento del PIB turístico.

Es el último eslabón de la cadena de insumos impactando en 63 de las 80 ramas productivas. Es factor de consolidación de las cadenas de insumos agropecuarios y de otros sectores industriales, comerciales y de servicios. Y factor de desarrollo regional, social, económico y turístico.

Es, ante tal evidencia la importancia del sector el que tiene sobre la economía mexicana y sobre todo en materia de generación de empleos, que la petición de incrementar la deducibilidad fiscal de los consumos en los restaurantes, que se presenta como una coyuntura de crecimiento y de desarrollo económico. Esto impulsará la actividad económica, la competitividad y por supuesto el empleo.

Las expectativas de crecimiento para este año superan, según el Presupuesto, el 3.5 por ciento del producto interno bruto. Pero para los restauranteros las expectativas de crecimiento en este momento son modestas. Sin embargo con una deducibilidad ampliada sí será posible lograr un crecimiento superior de dos dígitos.

Por ello, a nombre de los que se esfuerzan por atendernos brindándonos alimentos y servicios con calidad, eficiencia, sabor y rapidez; a nombre de todos ellos, quienes se han ganado con sacrificio, profesionalismo y entrega el reconocimiento como el mejor servicio del mundo, brindemos nuestro innegable apoyo a esta propuesta.

Les pido a mis compañeros y les hago el comentario de que la deducibilidad fiscal de los consumos en restaurantes hasta en un 100 por ciento, siempre y cuando éstos hayan sido pagados con tarjeta de crédito, débito o cualquier otra forma de pago que permita su rastreabilidad y bancarización, sería un aspecto fundamental para nuestra economía en estos momentos de crisis. Además nos permitiría fortalecer y enriquecer un sector sumamente productivo y altamente generador de empleos.

A nombre de la Canirac, de la Canaco de Nuevo Laredo, del Consejo Ciudadano de Promoción Legislativa, que la sociedad civil ha puesto empeño y sobre todo un gran interés en esta propuesta; y sobre todo, le pido al señor presidente de la Mesa Directiva que esta iniciativa –que hago entrega en este momento- sea a nombre de diputados federales del PRI de Tamaulipas y Coahuila, se turne a la comisión respectiva y se publique en la Gaceta Parlamentaria y se integre al Diario de los Debates.

Espero su apoyo y espero que justamente hagamos lo propio para fortalecer a este gran sector de nuestra economía nacional. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias por su intervención, diputada Cristabell Zamora. Insértese...

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente (desde la curul): Presidente, solicitarle a la diputada, si es posible que me pueda adherir a su propuesta.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada Cristabell, el diputado Melchor Sánchez le solicita, amablemente, si es posible que se adhiera a su propuesta.

La diputada Cristabell Zamora Cabrera: Claro que sí. Quienes deseen hacerlo, espero su apoyo. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: La diputada Cristabell ha manifestado su anuencia para que todos los diputados que lo soliciten puedan adherirse a su propuesta. Está a su disposición en la Mesa de esta Secretaría.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates tal como lo solicita la diputada Cristabell Zamora. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

El diputado Miguel Ángel García Granados: Por economía de tiempo agradecería, señor presidente, que el texto de la iniciativa que presento se inserte íntegramente en el Diario de los Debates.

Uno de los principales problemas que tenemos en el país es la inseguridad. El presidente de la república manifestó el pasado mes de julio que no hay mejor respuesta a la criminalidad que ofrecer soluciones institucionales que perduren más allá de los gobiernos.

Precisó también que es responsabilidad de las fuerzas federales no sólo salvaguardar a la soberanía nacional, sino también la seguridad interior del país. Refirió además, que la presencia de las fuerzas federales en diversos puntos de la geografía nacional, obedece a los niveles de violencia y desafío que venían desarrollando las organizaciones criminales del país y rechazó que esta situación haya sido originada por la presencia de las fuerzas federales del orden público.

Precisamente, la estrategia integral para la prevención del delito y combate a la delincuencia de la presente gestión del gobierno federal, establece la necesidad de alinear las capacidades del Estado mexicano para el cumplimiento de este propósito.

Entre otros objetivos, se considera necesario impulsar la unidad de mando de las policías federales, para integrar y consolidar, en un solo cuerpo, los procesos de investigación y combate al delito, así como para una mejor coordinación entre los cuerpos federales. Ello como parte de un proceso orientado a superar el problema de heterogeneidad de las corporaciones policiales existentes en el país.

Un mando único es necesario para enfrentar de manera integral la actual problemática del delito. No es casual entonces que desde la óptica del Estado se reconozca la necesidad de la unicidad en el mando policiaco.

El gobierno está obligado a trabajar sobre el cauce de la unificación de tareas y capacidades, para enfrentar a una delincuencia cuya capacidad de beligerancia es reflejo de una organización sin precedentes, capaz de retar y enfrentar a las fuerzas del Estado.

En consecuencia, compañeras y compañeros diputados, es oportuno proponer también la unidad de mando entre aquellas dependencias del gobierno federal que signifique la integración y coordinación de esfuerzos en un objetivo claro, en un combate efectivo a la inseguridad pública.

Esta unificación implicaría por sí misma, ahorros en el gasto presupuestal de la Federación, toda vez que traería consigo la eliminación de tareas duplicadas que representa precisamente la heterogeneidad de funciones que reconoce el propio presidente.

Una eventual unidad de mando cuya obligación principal sería asumir la responsabilidad integral de la seguridad pública, llevaría a constituir en un solo cuerpo institucional, tanto las tareas de investigación como las de combate a la delincuencia.

La presente iniciativa propone, por tanto, ampliar las atribuciones del procurador general de la república e investir a este funcionario en tareas de coordinación en materia de seguridad, con facultades para reunir, aglutinar, encabezar, diseñar y coordinar la política de combate al crimen, que abarca desde la prevención del delito hasta la ejecución de las penas.

Asimismo la iniciativa propone adoptar un modelo de seguridad pública sustentado en la unidad de mando que asuma la responsabilidad integral de la seguridad pública y para este propósito se plantea derogar el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, decretándose la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y otorgándole al procurador general de la república, el despacho de los asuntos contenidos en el artículo en comento.

Se sugiere también adoptar para el régimen castrense la creación de la Secretaria de Defensa y Marina, que aglutine a la actual Secretaría de la Defensa Nacional, así como a la de Marina, Armada de México y para ello se propone derogar el artículo 30 de la ley de referencia.

La iniciativa sugiere además, fortalecer la figura del secretario de Gobernación, con el objeto de que cumpla eficazmente con las responsabilidades de conducción política a través de nuevas atribuciones que robustezcan a la dependencia como institución de consolidación y articulación de toda la Administración Pública Federal, desligándola de las atribuciones vinculadas con funciones operativas de seguridad pública y dotándola de los instrumentos de gobierno que otrora le daban fortaleza política.

En virtud de que el texto íntegro ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, solicito de todos ustedes el apoyo a la presente iniciativa. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señor diputado. Los señores diputados Báez e Irízar, se quieren adherir. El diputado acepta con mucho gusto ambas adhesiones.

Esta presidencia consigna, para los registros parlamentarios, que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que presentó el diputado Miguel García Granados se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia.

También rectificamos, para Servicios Parlamentarios, el registro de la iniciativa presentada por la diputada Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza para que se inserte como iniciativa con proyecto de decreto que reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adicionó los artículos 110 y111 y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, turnándose a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pasamos al capítulo de proposiciones.

Esta presidencia recibió del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes informe a esta soberanía los términos en los que han ejercido las facultades y obligaciones que se establecen en el decreto publicado el 11 de octubre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Se recibió de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruíz, del PAN, proposición con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados a adecuar sus constituciones y leyes locales en el reconocimiento a las comunidades indígenas, en congruencia con la Constitución federal. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

Se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del estado de México respete la decisión del cabildo del ayuntamiento de Tepetlaoxtoc de total rechazo a la creación de rellenos sanitarios de gran tamaño en territorio municipal, así como apoyar proyectos de reciclaje de basura que sean ambientalmente responsables y que involucren a la ciudadanía, suscrito por los diputados Paz Gutiérrez Cortina y Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del PAN. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a elevar el nivel del hospital general de zona con medicina familiar número 7, de Monclova, Coahuila, a hospital regional, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente: Con su permiso, señor presidente. Los diputados de la fracción parlamentaria del PRI y de la coordinación Coahuila sometemos a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente exposición de motivos.

Compañeros diputados, muy buenas tardes, la salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica o social. Es un derecho de segunda generación surgido en el siglo XX como fruto de las ideas del constitucionalismo social.

Este derecho humano está plenamente reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Dentro de este contexto quiero plantearles la situación del Hospital General de Zona con Medicina Familiar 7, del Instituto Mexicano del Seguro Social de Monclova, Coahuila, en el cual la Cámara Nacional de Comercio de Monclova ha estado luchando y ha tomado como causa este punto de acuerdo.

El hospital fue fundado en 1962. Inicialmente con un bloque A que contaba con servicios de consulta de medicina familiar y especialidades básicas y servicios como laboratorio, rayos X y 95 camas de hospital. En 1976 se inauguró el bloque B creciendo en recursos tanto físicos como humanos y dando inicio a la atención de especialidades diversas.

En aquel tiempo la población de la ciudad de Monclova se estimaba en 78 mil 134 habitantes, y creció en el 2005 a 198 mil habitantes. Su mayor demanda clínica era básicamente para dar atención a pediatría y ginecobstetricia, en atención a los grupos poblacionales de mayor densidad en esa época.

Sin embargo, como una consecuencia de las campañas de planificación familiar, los índices poblacionales han sufrido un cambio en su estructura con una disminución porcentual de la población en el número de 0 a 14 años; asimismo, una menor cantidad de mujeres embarazadas.

No obstante, la población que ha tenido un crecimiento exponencial son las personas mayores de 45 a 64 años creciendo en un 45 por ciento; y las mayores de 65 años han crecido hasta el 334 por ciento.

Lo anterior ha obligado a las instituciones de salud a improvisar servicios de especialidades para dar atención médica a estos nuevos grupos poblacionales quienes presentan patologías del tipo de las crónico-degenerativas para las cuales el hospital no está preparado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente: Dada la ubicación en la región centro del estado y los recursos con que ha sido dotado en las últimas décadas el hospital de Monclova se ha convertido en centro de referencia de pacientes de las unidades del norte del estado de Coahuila, dado que estas unidades cuentan con menos recursos tanto físicos como humanos con relación al número y tipo de especialidades médicas y servicios de diagnóstico.

Por lo tanto se da un rezago importante para proporcionar esta atención con oportunidad en tiempo y forma. Para una enfermedad que requiere de atención inmediata son 20 días para su solución. De acuerdo a los datos previstos se evidencia el área de oportunidad de mejorar esta área médica.

Por tratarse de una unidad con recursos de subespecialidades que exceden las de una unidad de segundo nivel, apoya también a los hospitales de Piedras Negras, Nueva Rosita, Palaú, Ciudad Acuña...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, por favor, señor diputado.

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente: Claro, señor presidente. Conocemos las dificultades y problemas que representa el rediseño de un proceso de cambio de un hospital general a un hospital regional; sin embargo, debe considerarse que esta petición nace de un diagnóstico que propone un plan de mejora y que finalmente tendrá un impacto muy favorable en la realidad actual y el futuro de la salud de los derechohabientes y población en general de Coahuila.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente punto de acuerdo.

Se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a elevar el nivel del hospital general de zona con medicina general número 7 de Monclova, a hospital regional otorgando los recursos financieros, físicos y humanos que corresponden a las unidades de este tipo, dentro del sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social en bien de los habitantes de Monclova y su área de influencia. Le agradezco, señor presidente y a todos ustedes muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Sagarpa, no desaparezca el Programa de Atención a Problemas Estructurales de la Industria Pesquera, especialmente diesel agropecuario, gasolina ribereña y diesel marino, y para que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación considere recursos suficientes para dicho programa. Hasta por 3 minutos, diputada.

La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata: Con su permiso, señor presidente. México genera más de 1.7 millones de toneladas anuales de producción pesquera, ocupando el lugar 17 a nivel mundial en ese rubro y generando empleo para miles de mexicanos que viven de la práctica diaria de esta actividad económica.

Cifras oficiales hacen referencia que existen más de 200 mil embarcaciones pesqueras que componen la flota total nacional, cuyos gastos de operación, en específico, el de combustible, significan el 50 por ciento de sus costos para la realización de sus actividades.

Sensible a esta situación y reconociendo la pesca y acuacultura como un asunto de seguridad nacional y alimentaria, el Ejecutivo federal a cargo del entonces presidente de México, Vicente Fox Quezada, decidió implementar un programa de ayuda en cuanto al precio de diesel marino agropecuario, incluyendo ahí el diesel marino y el diesel ribereño.

Derivado de esta importante problemática en la estructura de costos del sector pesquero nacional, causados por la histórica falta de atención en el ordenamiento y a la inspección y vigilancia en el 2009, la flota inició un paro técnico de las embarcaciones por la incapacidad de operar con el precio del diesel marino impacto por el deslizamiento semanal de 5 centavos, o sea 20 centavos mensuales.

Me resulta preciso mencionar, que el paro terminó con la disposición del presidente Felipe Calderón Hinojosa de disminuir el deslizamiento del precio a cinco 5 mensuales, en lo que se atenderían problemas estructurales con la conformación de mesas de trabajo cuyo objetivo era recuperar y mantener la competitividad y rentabilidad de la actividad pesquera nacional, concluyendo con la generación de los siguientes compromisos:

Llevar a cabo investigación científica puntual para potenciar el desarrollo pesquero y acuícola nacional;

Fortalecer las acciones para avanzar y concluir el ordenamiento pesquero y acuícola que se vayan priorizando;

Con bases científicas, reducir el esfuerzo pesquero en aguas interiores y de alta mar;

Reactivar los empleos directos generados por la actividad pesquera;

Captar y manejar información pesquera en tiempo real, veraz y oportuna para la toma de decisiones;

Fortalecer la aplicación y adecuación del marco jurídico y normativo de la pesca;

Impulsar por conducto de la autoridad competente, la clasificación como delito grave de la sustracción ilegal en época de veda de recursos pesqueros, y por último

Combatir la pesca furtiva, mediante implementación de programas imparciales con transparencia y mecanismos de rendición de cuentas; entre otros.

Por todo esto, propongo a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que mientras no se tenga un avance sustancial en la atención a problemas estructurales de la pesca, no desaparezca el programa de atención a problemas estructurales de la industria pesquera nacional, especialmente diesel agropecuario, gasolina ribereña y diesel marino.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que, tomando en consideración el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, asigne recursos suficientes a los programas de diesel marino, diesel ribereño para el Presupuesto de Egresos de este 2011. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputada, sobre todo por respetar el tiempo reglamentario. Muchas gracias. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería y el segundo resolutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se le concede la palabra a la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Silvia Puppo Gastélum (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Silvia Pupo.

La diputada Silvia Puppo Gastélum (desde la curul): Presidente, para suscribirme, si la diputada Nelly me acepta, por la relevancia que tiene este punto de acuerdo en relación a pesca de nuestro país, porque desgraciadamente estamos muy descobijados y de veras la felicito por ese punto de acuerdo.

La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ya le ha aceptado la adhesión. Está a su disposición el punto de acuerdo para firma.

La diputada Ramírez Pineda tiene la palabra, para presentar proposición con punto de acuerdo que solicita al gobierno de Baja California un informe detallado sobre las condiciones en que se encuentran los jornaleros sobrevivientes del percance carretero ocurrido el 1 de septiembre en La Rumorosa. Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Ramírez Pineda.

La diputada Narcedalia Ramírez Pineda: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con demasiada frecuencia se han tenido noticias de que muchas veces se pierden, ante la indiferencia, en accidentes donde mueren humildes jornaleros agrícolas trasladados hacia sus lugares de trabajo en vehículos inadecuados, en malas condiciones y con pésimo mantenimiento.

El inicio de septiembre pasado nos trajo una noticia que tomó relevancia por el número de víctimas. Se trata de la muerte de 14 jornaleros y decenas de heridos, algunos de mucha gravedad, como resultado de la volcadura de uno de esos viejos autobuses que contratan los empleadores de los jornaleros para llevarlos hacia sus lugares de trabajo.

He pedido la palabra no sólo como legisladora, sino como oaxaqueña de la región mixteca para referirme a ése muy lamentable accidente donde perdieron la vida mis paisanos. Lo hago para reclamar a las autoridades competentes mayor atención y vigilancia sobre las pésimas condiciones laborales y de vida a la que son sometidos los jornaleros agrícolas de nuestro país, muchos de ellos mujeres y niños, sin duda los pobres de nuestra patria.

Son humildes campesinos que están en jornalerismo trashumante porque no tienen otro destino más que vender su fuerza de trabajo, pues sus tierras son tan menguadas que no les sirven ni siquiera para subsistir.

Cada año al valle de San Quintín, del municipio de Ensenada, en Baja California, llegan alrededor de 40 mil jornaleros a emplearse al cultivo de hortalizas como tomate, pepino, calabaza, coliflor, brócoli y fresa.

Su cercanía con Estados Unidos y el bajísimo costo de la mano de obra hacen que las empresas agroexportadoras instaladas en la zona sean de las más competitivas y prósperas del mundo.

Esta prosperidad, sin embargo, no se compadece de ninguna manera con la dramática realidad de las familias enteras que se emplean como jornaleros agrícolas, marcando un contraste violento e injusto.

Están suficientemente documentados sus difíciles condiciones de transportación, las insalubres condiciones de sus viviendas, los riesgos laborales que sufren al estar expuestos a agroquímicos prohibidos en otros países.

El desgaste de las mujeres que deben realizar dobles y triples jornadas de trabajo, el rezago educativo de niños y adolescentes que deben elegir entre estudiar o ayudar a complementar el ingreso familiar. Todo esto se sabe desde hace muchos años y, sin embargo, las cosas siguen igual.

Hay un programa de atención a jornaleros agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social, que poco inciden en la vida de los jornaleros, por los escasos recursos que se les asignan. En estas condiciones es necesario revisar la atención de los jornaleros en el Seguro Social, el respeto a los derechos laborales y revisar lo que se está haciendo para prevenir y evitar los accidentes causados por el deplorable estado del transporte.

Son ya varios los intentos en los que se ha buscado mejorar la legislación que proteja y apoya a estos humildes creadores de riqueza. Hoy tenemos información que desde la Comisión de Asuntos Laborales hay el empeño en impulsar una revisión integral de la Ley General de Trabajo, para llenar sus vacíos y ampliar los beneficios que la ley pueda garantizar a los trabajadores, especialmente a que como los jornaleros agrícolas están virtualmente desprotegidos.

Por estas condiciones, señor presidente, me permito presentar el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Que por conducto de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados, se solicite al gobierno de Baja California un informe detallado sobre las condiciones en que se encuentran los 21 jornaleros sobrevivientes del percance carretero ocurrido en la Rumorosa, el 1 de septiembre último y si los deudos de los 14 muertos procedentes de la región mixteca fueron debidamente apoyados.

Segundo. Que se solicite a la delegación de la Procuraduría del Trabajo un informe detallado de las condiciones en que viven y trabajan los jornaleros del Valle de San Quintín, así como sobre la clase de vehículos con que los transportan.

Tercero. Que al discutir la nueva Ley del Trabajo se actualice el capítulo de los trabajadores del campo y se proteja a los asalariados del campo, para que no vuelvan a ocurrir más accidentes como los que en forma recurrente afectan la vida de estos humildes mexicanos. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada Ramírez Pineda. Su propuesta se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los grupos parlamentarios de esta soberanía apoyen la propuesta de instaurar juicio político al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, presidente. Nuestra historia se vuelve a llenar de sangre inocente, el pasado 8 de septiembre de 2008, policías federales y estatales, así como cientos de esquiroles irrumpieron en Cananea, Sonora para agredir a integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, cuyo saldo fue 8 mineros golpeados; 3 heridos de bala y 20 mineros levantados.

Las personas que violentan las leyes penales en ocasiones se encuentran a su paso la protección de los derechos humanos, pero los trabajadores en nuestro país son tratados peor que delincuentes, sin ninguna garantía, con lo cual se deja a un lado la normatividad que los protege, pero sobre todo el hecho indudable de que los trabajadores son la fuente de toda riqueza en nuestro país, especialmente tratándose de los mineros que desarrollan un trabajo sumamente difícil, riesgoso y con una alta calificación.

De pronto pareciera que la mal llamada guerra contra el narcotráfico es sólo una cortina de humo para desmantelar las organizaciones populares y sus derechos, conseguidos como un producto de nuestra Revolución Mexicana que ahora se gusta en festejar con huecos discursos e indignantes festivales.

Uno de los principales promotores de todos estos desmanes contra los trabajadores mexicanos y del cual es imposible esperar ninguna corrección, es el señor Javier Lozano Alarcón, cuyo deporte preferido es burlarse de nuestra Constitución y agredir a los trabajadores a los que debiera tutelar frente a los abusos del capital, por lo que es urgente que el señor Lozano sea sometido a un juicio político con fundamento en los artículos 110 y 109 de nuestra Carta Magna con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

Hay muchos mexicanos dignos de ocupar el cargo que este funcionario malamente ocupa. Pero a estas alturas ya no basta que se le quite del cargo, sino que se le ponga ante la justicia para que dé cuenta de todos los delitos que ha cometido en contra de la clase trabajadora.

Antes ya se solicitó que el Ejecutivo federal removiera a este señor. Se le solicitó directamente al señor Lozano que por un acto de mínima congruencia renunciara; pero ambas peticiones han sido desoídas.

En tal virtud toca ahora a esta representación popular hacer lo necesario para quitar a esta persona mediante un juicio político, lo que resulta indispensable para que se aplique una nueva política laboral en nuestro país, congruente con los derechos humanos.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta de manera respetuosa a todos los grupos parlamentarios de esta H. Cámara de Diputados para apoyar la propuesta de que se instaure juicio político al secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, con fundamento en los artículos 110 y 109 constitucionales, en relación con el artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y en sus fracciones de la I a la III y de la V a la VII en vista de la legalidad, el decoro nacional y la justicia social.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador del estado de Sonora, a que se investigue a fondo y se haga justicia sobre la agresión sufrida por los mineros de Cananea el 8 de septiembre de 2010. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El diputado Agustín Guerrero Castillo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Dígame, diputado Guerrero.

El diputado Agustín Guerrero Castillo (desde la curul): Diputado, nada más para pedirle al diputado Ramón Jiménez la posibilidad de adherirse a su punto.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Jiménez, ¿acepta usted?

El diputado Ramón Jiménez López: Sí, por favor.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Lo ha aceptado. Todos los que quieran adherirse a la propuesta del diputado pueden pasar a la Secretaría.

La iniciativa presentada por el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, se turna a la Comisión de Seguridad Social.

A propuesta del Grupo Parlamentario del PRI, se pospone la proposición del diputado José Manuel Agüero Tovar.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial para el Fomento de las Artesanías.

La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, México cuenta con una gran riqueza cultural que lo distingue, de la cual debemos sentirnos profundamente orgullosos, me refiero a la enorme riqueza de colores, olores, texturas y figuras plasmadas en una amplia diversidad de productos artesanales elaborados con enorme trabajo, esmero y dedicación.

Entre los diversos productos artesanales podemos encontrar hermosos productos elaborados con piel, plata, oro, barro, telas, madera, ámbar, procesados en una gran cantidad de materiales, dispersos a lo largo y ancho del territorio nacional, generando una gran actividad que representa un enorme potencial económico en términos de empleo e ingresos para miles de mexicanos y sus familiares.

Se calcula que en nuestro país asciende a 12 mil el número de pequeños talleres artesanales, con una estructura administrativa familiar. Sin embargo, y no obstante a su potencial, el sector enfrenta el riesgo de desaparecer debido a las escasas oportunidades de financiamiento, capacitación, comercialización y modernización.

No obstante, a que existen instituciones como Sedesol, Sedeco y Fonart, encargadas de atender al sector, persiste el deterioro de esta actividad. Su grave situación se expresa en la falta de datos oficiales del número total de artesanos en el país. Enfrentan una gran potencia desleal con productos de origen chino o guatemalteco de mala calidad, que pretenden imitar las artesanías, cometiendo un doble atentado en flagear sus diseños producto de la creatividad de diferentes generaciones.

Los artesanos mexicanos requieren de acciones legislativas específicas, oportunas, efectivas y eficaces que impulsen y promuevan las medidas de soporte institucional necesarias y suficientes para su reactivación para tal fin.

Es necesario un espacio de análisis y evaluación y discusión dentro de esta Cámara de Diputados, a fin de promover acciones legislativas para su fortalecimiento y desarrollo.

Por lo antes expuesto acudo a esta tribuna, apelando a su compromiso con los sectores más desprotegidos del país, solicitando su respaldo para la aprobación de una Comisión Especial de Fomento a las Artesanías.

Está en juego el empleo directo e indirecto de cerca de 7 millones de artesanos que dependen de una actividad, que más allá de lo económico, nos otorga una identidad como país en el concierto de las naciones.

Por lo anterior presento el siguiente punto de acuerdo.

Único. Que la Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Diputados convoque a la integración de una Comisión Especial para el Fomento de las Artesanías.

Diputado presidente, solicito se integre este texto en el Diario de los Debates. Es cuanto, compañeros.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo solicita la diputada Torres Abarca, insértese el texto íntegro de su propuesta en el Diario de los Debates y su propuesta se turna a la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos para el Fondo de Apoyo Social de los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores mexicanos braceros.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu: Muchas gracias, diputado presidente; diputadas y diputados secretarios de esta Mesa Directiva de nuestra soberanía nacional de esta Cámara de Diputados.

Apreciables compañeras diputadas y diputados y medios de comunicación: el tema de ex braceros ha sido uno de los problemas más sentidos socialmente hablando, en el que nos lastima y lacera la dignidad y la condición humana.

En donde más de 4 millones de mexicanos, en un acuerdo binacional México Estados Unidos en 1942, son contratados como braceros para ir a trabajar a los campos agrícolas y a las vías férreas de los Estados Unidos de Norteamérica.

En ese entonces se establece un acuerdo del 10 por ciento de su salario para que se hiciera un ahorro y al retorno a nuestra patria ellos pudieran disponer en efectivo o en especie, a través de equipo de tractores o maquinaria agrícola, que ellos pudieran tener en sus comunidades de origen, como era natural, todos ellos del campo y de las diferentes comunidades del territorio nacional.

Sin embargo a estas alturas poco se ha hecho por ellos. Por ello hago esta propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Hacienda, a nombre de mis compañeras y compañeros diputados, para que se apoye en el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011, una cantidad de 5 mil 300 millones de pesos. A partir de la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Extrabajadores Migratorios Mexicanos en esta LXI Legislatura, ha prevalecido un acuerdo entre todos los integrantes de nuestra comisión con los mejores compromisos y la mejor voluntad para reforzar la Ley que crea el Fideicomiso que Administra EL Fondo de Apoyo Social de los Trabajadores Migratorios Mexicanos Braceros que el titular publicó los días 28 y 29 de abril de este mismo año.

Esta reforma que el titular publica el día 10 de abril, lleva a la primera convocatoria del 2005 al 2006; aproximadamente 300 mil exbraceros quedaron pendientes en su pago de 38 mil pesos...

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Le agradeceríamos concluya, diputada.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu: Con mucho gusto. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al pleno de esta soberanía considerar y aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 la cantidad de cinco mil 300 millones de pesos para el Fondo de Apoyo Social de los Trabajadores Migratorios Mexicanos Braceros de 1942 a 1964 en los términos del decreto que reforma la ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo Social de Apoyo para los Extrabajadores Mexicanos Migratorios Mexicanos Braceros de 1942 a 1964, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2010, específicamente en el artículo 5 transitorio del citado decreto.

Dado en el Palacio Legislativo el día de hoy. Firmamos todos los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento del Fondo de Apoyo Social para los Trabajadores Mexicanos Braceros. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: A usted, diputada. Diputado David Hernández Pérez, con qué objeto.

El diputado David Hernández Pérez (desde la curul): Primero para felicitar a la compañera Hilaria porque la verdad que ha sido muy puntual y le ha dado continuidad a este tema de importancia para los compañeros exbraceros. Segundo, si nos permite adherirnos a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: La diputada ha aceptado su adhesión. Pueden pasar a firmar a la secretaría. El diputado Emilio Serrano y la diputada Delia Guerrero pueden pasar también a la secretaría. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a diversas dependencias federales y estatales a coordinar programas y campañas encaminadas a la prevención y orientación para reubicar el grafiti.

La diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones.

A pesar de numerosas medidas y programas que se han llevado a cabo desde los tres niveles de gobierno no se ha logrado controlar el fenómeno del grafiti, específicamente me refiero al grafiti que deteriora la propiedad y promueve un ambiente compatible con el delito.

Este tipo de grafiti se ha convertido en uno de los problemas sociales que más afecta a la ciudadanía pues además de la pésima imagen que representan, los dueños de casas y negocios tienen que sufragar gastos innecesarios al igual que el gobierno federal, estatal y municipal ya que no se respetan edificios públicos ni monumentos históricos.

Los jóvenes deben respetar el derecho a los demás para que sea respetado su derecho a la libertad. A pesar de las áreas destinadas a la expresión no se ataca de fondo la problemática y mucho menos resuelve las necesidades de los jóvenes.

Tampoco ayuda el que se tipifique esta actividad en la ley. Es de señalarse que en la mayoría de las legislaciones penales de las entidades federativas el grafiti está equiparado con el delito de daños y sancionado con pena privativa de la libertad que puede variar de tres meses a tres años. Incluso hay legislaciones que contemplan 10 años de prisión y multa pecuniaria estimando la reparación del daño.

Es necesario establecer de manera preventiva una política lineal desde los tres órdenes de gobierno a través de programas y campañas de prevención y orientación desde distintas dependencias como son la Secretaría de Seguridad Pública, federal y estatal; el Instituto Mexicano de la Juventud, la Secretaría de Educación Pública, de ambos niveles de gobierno, y los sistemas estatales y municipales de Desarrollo Integral de la Familia.

Entre algunos de los objetivos de las campañas de prevención y orientación deben ir encaminados a concienciar a los jóvenes que de acuerdo a los códigos penales vigentes, el grafiti se encuentra tipificado como delito; así como promover el cuidado de las áreas circunvecinas para que padres, jóvenes y vecinos sean vigilantes de éstas; incitar entre los jóvenes un fomento a la cultura de respeto hacia las demás personas y prevenir prácticas delictivas, entre otros.

El grafiti es un problema que ha venido creciendo en nuestro país. Agravar las penas no es la solución por sí sola. La solución está en la prevención y en la orientación.

Con base en lo anterior someto respetuosamente a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Que las Secretarías de Educación, de Seguridad Pública, federal y estatales, el Sistema Nacional, los sistemas estatales y municipales para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Mexicano de la Juventud, en ejercicio de sus atribuciones coordinen programas y campañas encaminadas a la prevención y orientación para reubicar el grafiti en los lugares no destinados específicamente para ello. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada. Se turna a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Cultura.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo...

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Dígame diputada, Teresa Rosaura Ochoa.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): Gracias, presidente. Únicamente para solicitarle a la diputada proponente, si me permite adherirme a su proposición con punto de acuerdo para suscribirla.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: ¿Diputada Rodríguez Galarza?

La diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza: Con mucho gusto.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Con mucho gusto acepta su adhesión.

Tiene la palabra el señor diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Sonora, separe de su cargo al procurador de Justicia del estado por haber omitido la debida y exacta aplicación de la justicia en la integración y determinación de las averiguaciones previas relacionadas con el caso de la guardería ABC.

El diputado Emilio Serrano Jiménez: Con su venia, diputado presidente. Respetable concurrencia. Una mancha más al tigre de Acción Nacional que no están presentes. Me imagino que están todos allá con Molinar Horcasitas echándole porras.

Y decía, echándole una mancha más al tigre porque el gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, por el pésimo desempeño que tuvo el procurador de Justicia, Abel Murrieta Gutiérrez, en el periodo del gobernador Eduardo Bours, lo premia ratificándolo como procurador de Justicia en el estado de Sonora, quien obstaculizó las investigaciones y permitió que se fugarán, que se dieran al a fuga los posibles responsables, los presuntos responsables de la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Además, este procurador tiene una averiguación previa, AP/PGR/SON/ERP/797/2009 ante la Procuraduría General de la República. No ha sido ratificado por el Congreso local del estado de Sonora y ahí sigue haciendo de las suyas. Creo que es importante que terminemos con esta impunidad. La sociedad del estado de Sonora, la sociedad mexicana reclamamos y exigimos justicia, y mientras estén personajes como este procurador de Justicia del estado de Sonora y el procurador General de la República, Pérez Pérez, no se va a aplicar la ley en México.

Por eso es que exhortamos a través de la Cámara de Diputados, al gobernador del estado de Sonora para que quite de inmediato al procurador de Justicia de esa entidad. Yo pedí que fuera de urgente u obvia resolución, señor presidente, pero lo turnaron como punto a tratar en este pleno.

Le pido que este texto que voy a hacer entrega en este momento, sea publicado íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese el texto íntegro de la proposición en el Diario de los Debates y túrnese a la Junta de Coordinación Política. Tiene la palabra el diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación autorice los recursos necesarios para la construcción de infraestructura adecuada en las estaciones migratorias de la frontera sur.

No estando en el salón de sesiones el señor diputado Córdova Hernández, se pasa para otra ocasión.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, constituya un grupo de trabajo plural para dar seguimiento puntual y contribuir a la realización del programa para la recuperación ambiental de la cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Presento ante ustedes una proposición con punto de acuerdo para crear el grupo de trabajo plural para dar seguimiento puntual y contribuir a la realización del programa para la recuperación ambiental de la cuenca del lago de Pátzcuaro.

Se preguntarán ¿por qué el lago de Pátzcuaro? Éste se localiza en el estado de Michoacán, como ustedes lo saben, y es una cuenca cerrada con una superficie de 929 kilómetros cuadrados. Su población aproximada es de mil 200 habitantes y su economía depende, fundamentalmente, del turismo.

La explotación forestal, la pesca y las artesanías, recientemente de las remesas que llegan de los migrantes que trabajan en los Estados Unidos es parte de las economías con las que subsiste la gente de la rivera. Por su particular belleza y sus antecedentes históricos, las cuales se remontan a las épocas prehispánicas, es considerada como una de las regiones emblemáticas de México.

En los últimos 50 años la cuenca por efectos de la sobreexplotación de sus recursos naturales y la contaminación, ha sufrido un grave deterioro. Por citar algunos de los miles de problemas urbanos y ambientales que presentan, se encuentra la deforestación, falta de infraestructura de saneamiento, contaminación de suelo y agua, carga orgánica en el lago, erosión, reducción de la superficie y profundidad del lago, falta de infraestructura de saneamiento, contaminación de suelo y agua, entre miles de causas del gran impacto ambiental, cultural, turístico y económico.

La situación ambiental que padece la cuenca es crítica y tiene que ser atendida de inmediato, pero se requiere de mayor esfuerzo y del apoyo de esta soberanía.

Ha habido muchos esfuerzos por diferentes instituciones federales y estatales. Ha habido innumerables ocasiones en las que se ha tratado de atender la problemática del lago de Pátzcuaro. Sin embargo, nuestro lago no es un problema específico de Pátzcuaro, es un problema que atañe el interés del mismo a la nación completa.

El lago de Pátzcuaro es ícono y por ello la solicitud atenta de que podamos sumar los esfuerzos conjuntamente con las instituciones federales, estatales, con IMTA, con Río Arronte, Fundación Río Arronte, que ha hecho esfuerzos importantes en el tema del agua.

Que podamos adherirnos a ello para que, de una vez por todas, se haga un sólo programa rector en el que se integren todas las instituciones federales, estatales, y se incluya a la sociedad.

Que podamos dar un apoyo no solamente económico, sino que también este grupo plural de trabajo dé seguimiento a la transparencia y que pueda, de una vez por todas, tomar de frente el tema del lago de Pátzcuaro.

Agradezco mucho la oportunidad que se me da de poder expresarme y seguro estoy de que la sensibilidad...

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Concluya por favor, señor diputado.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: ...y la conciencia de los diputados del Poder Legislativo podrá abonar a este noble fin. Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Se recibió del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Sedesol, impulse un programa especial para la construcción de espacios comunitarios que fomenten la integración y la cohesión social de las comunidades en nuestro país. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Tiene la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de diversas dependencias del gobierno federal realicen las gestiones necesarias para que se promueva una mayor generación y utilización de los bioenergéticos.

No encontrándose en el salón el diputado Espino Arévalo, se pasa al final de la lista.

Se pospone, a petición de su grupo parlamentario, la proposición de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Trabajo y Previsión Social, y de Educación Pública, incorporen la perspectiva de género en el diseño e implementación de los programas y capacitación para el empleo.

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la inserción de la mujer en el mercado laboral remunerado ha traído consigo un gran avance en el desarrollo social y económico de los países.

De acuerdo con cifras de la organización de las Naciones Unidas, en el mundo en desarrollo, por ejemplo, entre el 50 y el 80 por ciento de la producción, elaboración y comercialización de los alimentos está a cargo de las mujeres, así como el 70 por ciento de las pequeñas empresas. Además, la incorporación de la mujer en el trabajo remunerado contribuye al empoderamiento económico, lo que impulsa el control sobre sus recursos materiales y financieros y desarrolla habilidades para sustentar su seguridad, autonomía e independencia económica.

No obstante lo anterior, la participación de la mujer en el ámbito laboral todavía no es plena, existe un importante sector de mujeres que han asumido en su totalidad la responsabilidad de las labores domésticas y del cuidado familiar. Cuando algunas de estas mujeres pretende por cualquier razón, insertarse en el mercado laboral, se encuentran con múltiples obstáculos, uno de ellos es la falta de conocimientos técnicos adecuados o del desarrollo de sus capacidades.

A este respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe afirma que para una plena participación de la mujer se hacen indispensables acciones intersectoriales que permitan la igualdad de oportunidades y de reconocimiento del trabajo de la mujer, para poder construir una sociedad con mayores niveles de equidad social.

Consideramos que una de estas acciones intersectoriales es indiscutiblemente la formación educativa y la capacitación para el empleo como un derecho humano y un elemento indispensable para el progreso económico y social.

Para que esta capacitación transforme en realidad la calidad de vida de las millones de mujeres, se requiere de un componente esencial; la perspectiva de género. Como ejemplo, podemos citar que los objetivos de la capacitación deben estar relacionados a las necesidades y que se debe de considerar la doble y la triple jornada de trabajo, que hace difícil a las mujeres participar en igualdad de condiciones que los hombres.

La capacitación así concebida puede convertirse en un potente instrumento humano, tanto para el fortalecimiento personal y desarrollo de las mujeres, como para los procesos de transformación social.

En nuestro país, tanto la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como la Secretaría de Educación Pública establecen contenidos y modalidades de capacitación para el trabajo que propician el crecimiento académico y económico de nuestra sociedad. No obstante la importante labor de estas dependencias, consideramos que es de vital relevancia incorporar la perspectiva de género en el diseño e implementación de los contenidos y objetivos de los programas de capacitación existente.

En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.0

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de sus respectivas competencias incorporen la perspectiva de género en el diseño e implementación de los programas de capacitación para el empleo.

Le solicito atentamente se inserte el texto íntegro de esta proposición en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputada Lucila del Carmen Gallegos. Insértese... la diputada Leticia Quezada. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Solicitarle a la diputada que acaba de subir el punto de acuerdo, si pudiera adherirse su servidora a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada Lucila del Carmen Gallegos está de acuerdo. La diputada Lucila del Carmen Gallegos, está de acuerdo y le agradece su amable postura, diputada. Está a su disposición el documento en la Mesa.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada Rosaura Ochoa, ¿con qué objeto?

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul). En el mismo sentido, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En el mismo sentido. La respuesta ya la tiene, diputada. Con mucho gusto esperamos aquí su adhesión; a sus órdenes. Y a todos aquellos diputados y diputadas que deseen adherirse a la propuesta de la diputada Lucila del Carmen, está a su disposición el documento aquí en la mesa de la Secretaría.

Tal como lo solicita la diputada Lucila del Carmen Gallegos, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada María Elena Perla López Loyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conagua publiquen en el Diario Oficial de la Federación la delimitación de la Laguna de Acuitlapilco, Tlaxcala, conforme al decreto federal de 1939, a fin de detener la venta ilegal de los terrenos aledaños a dicha laguna. Adelante, diputada.

La diputada María Elena Perla López Loyo: Con su permiso, presidente. El decreto emitido por el Presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 1939 que a la letra dice

“Declaración de propiedad nacional número 38 del Río Xilotl, Laguna de Acuitlapilco, Ayecac y sus afluentes en el estado de Tlaxcala, las de la barranca de Xiloxoxtla y otras seis sin nombre, las de los Manantiales sin nombre y del Bosque y las de las corrientes que forman estos últimos, reúnen características de las señaladas en el párrafo quinto del artículo 27 constitucional y en las fracciones III y IV del artículo 19 de la Ley de Aguas en vigor, para ser consideradas propiedad nacional con su cauce, vasos y riberas.

La extensión que legalmente le corresponde a la Laguna de Acuitlapilco es una superficie de mil 45 hectáreas que se localiza en la parte sur del estado de Tlaxcala. En el centro de la cuenca solía haber un lago de laguna dulce conocido como Laguna de Acuitlapilco, que junto con La Malinche era uno de los elementos más relevantes del paisaje regional y sobre todo, recurso natural de vida para los habitantes de los pueblos, para el ganado, para el cultivo de humedad y la manufactura de artículos artesanales.

En la actualidad se desconoce la superficie total de la Laguna de Acuitlapilco, toda vez que vecinos aledaños a este manto acuífero por interés de ampliar sus tierras se han adueñado de forma ilícita de áreas consideradas federales, esto derivado de la práctica en la que incurren autoridades municipales y presidentes de comunidad, las cuales expiden constancias de posesión para promover juicios de usucapión para la obtención de escritura de los terrenos de la laguna sin tomar en consideración que dichos terrenos son propiedad federal y no propiedad privada.

Ante tal situación se ha solicitado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales federal y a la Comisión Nacional del Agua la delimitación de la Laguna de Acuitlapilco, Tlaxcala, a fin de parar estos actos de ilegalidad por parte de los vecinos colindantes y de autoridades locales.

Por los razonamientos antes expuestos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua, para que emitan en el Diario Oficial de la Federación la delimitación de la Laguna de Acuitlapilco, Tlaxcala, conforme al Decreto Federal de 1939, a fin de detener la venta ilegal de los terrenos aledaños a la laguna, de acuerdo con la Declaración de Propiedad Nacional número 38.

Segundo. La publicación del aviso de la demarcación de la Laguna de Acuitlapilco, Tlaxcala, en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial del estado de Tlaxcala, notificar personalmente a los que se consideran propietarios colindantes realizar un levantamiento de actas circunstanciadas, colocación provisional de monumentos que señalen límites de base y zona federal, y finalmente remitir oficio dirigido al ciudadano gobernador del estado de Tlaxcala, para dar aviso sobre la demarcación de la Laguna de Acuitlapilco.

Es cuanto, señor presidente. Le agradecería su intervención para que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputada María Elena Perla López Loyo. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente.

Se pospone la proposición suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores mexicanos braceros, que con el número 19 aparece en la agenda a desarrollar el día de hoy.

Tiene la palabra el diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que en coordinación con los otros órdenes de gobierno se impulsen políticas públicas a favor de los jóvenes.

A petición del grupo parlamentario se pospone la intervención antes mencionada. De igual manera la intervención del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, se pospone para una siguiente oportunidad.

El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, no sé si encuentra en el salón de sesiones. No por el momento, entonces se pospone también su intervención.

Tiene la palabra la diputada María Estela de la Fuente Dagdug, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y cuenta Pública asigne mayores recursos para el fortalecimiento de los programas de desarrollo social que son aplicados en los Polígonos Habitat. Asimismo se exhorte a la Sedesol haga llegar el Programa de 70 y Más a los llamados Polígonos Hábitat. No estando en el salón de sesiones se pospone su intervención.

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí, ¿con qué objeto, diputada Leticia Quezada?

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul9. Diputado presidente, para hacer una petición a la Junta de Coordinación Política, que los puntos de acuerdo que no estén los diputados, ver la posibilidad de que se turnen directo porque por eso se hacen estas reuniones, este pleno los días miércoles, precisamente para ir más rápido en las proposiciones con punto de acuerdo y en las iniciativas y ver si la Junta de Coordinación Política pudiera retomar que los miércoles que se hace esta sesión, expresamente para los puntos de acuerdo, si no están los diputados, que se turnen, porque el problema es que se turnan para mañana y entonces seguimos teniendo la lista de puntos de acuerdo y entonces se vuelve interminable, no vería entonces el caso de sesionar los días miércoles, si es para agilizar el trabajo. Gracias.

El Presidente diputado Amador Moroy Estrada: Esta Mesa Directiva coincide con su propuesta. Tomamos nota y haremos lo conducente, diputada, así haremos llegar la información a la Juta de Coordinación.

El diputado Leandro Rafael García Bringas, tampoco se encuentra en el salón de sesiones y por lo tanto su intervención también se pospone.

Tampoco se encuentra el diputado Óscar Martín Arce Paniagua; por tanto, se pospone.

Se pospone la intervención de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena por acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Tiene la palabra el diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El grupo parlamentario ha solicitado que se posponga.

¿El diputado José Francisco Yunes Zorrilla se encuentra? No se encuentra en este salón de sesiones, por lo que se pospone su intervención también.

Con mucho gusto atendemos su comentario, su sugerencia respetuosa y esta Mesa Directiva en su momento hará lo conducente.

El Presidente diputado Amador Moroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Francisco Arturo Vega de la Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias responsables de las revisiones de embarcaciones extranjeras a cumplir con lo establecido en la normatividad vigente para la realización de actividades pesqueras en la zona de Ensenada, Baja California.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, diputado. Diputada.

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Diputado presidente, disculpe mi insistencia y el diputado orador disculpe también que lo haya interrumpido.

Es para hacer la misma propuesta que le hacía al presidente que estaba en turno de hacer la solicitud de que todos los puntos de acuerdo de los diputados que no están presentes por equis o ye razones que se turnen de manera directa, señor presidente.

Yo sé que ustedes tienen esa atribución y que lo pueden hacer porque el problema es que si no se hace así nos estamos retrasando y los puntos que hoy se tenían que haber leído y que los diputados tenían que estar aquí cumpliendo con su obligación y con su trabajo de presentar sus punto de acuerdo ante la tribuna, si se pasan para mañana es lo mismo.

Disculpe, pero lo veo como una burla para los diputados que estamos cumpliendo aquí y que no se esté avanzando en el trabajo. Entonces para qué sesionamos los miércoles. Me parece que es muy importante sesionar los días miércoles.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene usted toda la razón y el trámite es muy sencillo. Se pregunta a la asamblea si está de acuerdo en que los turnos sean directamente a comisiones. Los que estén de acuerdo levanten la mano (votación). Se turnan todos los anteriores directamente a comisiones, todos los pasados. Gracias, diputado. Continúe usted con su intervención.

El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid: Muchas gracias, señor presidente.

La ciudad de Ensenada está localizada aproximadamente a 80 kilómetros de la frontera México-Estados Unidos, frente al Océano Pacífico, puerto, cuenta con diversas rutas comerciales que la enlazan con varias ciudades mexicanas y extranjeras, y debido a la importancia de este puerto en Baja California, contamos con una extensa afluencia de barcos pesqueros tanto nacionales como extranjeros.

La importancia con la que cuenta el puerto de Ensenada a nivel nacional e internacional no sólo radica en la cercanía con las ciudades fronterizas del norte de California, sino también con la actividad pesquera que desarrolla en la región.

Es por ello que nuestro vecino país ha puesto en marcha algunas actividades para desarrollar la pesca basándose en la carencia de la aplicación de los lineamientos específicos en la normatividad vigente mexicana.

Debemos hacer mención de que la flota nacional de barcos no tiene comparación con la flota con la que cuentan los puertos del sur de Estados Unidos y tan solo en el puerto de la Bahía de San Diego, California, existen más de 5 mil barcos destinados a diversas actividades.

La problemática principal radica en que existe una diferencia por parte de las autoridades mexicanas en la revisión de las actividades pesqueras, tanto a las embarcaciones como a los miembros de las tripulaciones de dichos barcos, así como el tipo y actividad pesquera que realizan dentro de la jurisdicción marítima federal.

Ante la reglamentación internacional y la Ley de Navegación de México cualquier barco extranjero que permanezca dentro de los límites de aguas nacionales que no sea simplemente de tránsito está obligado a reportar su entrada a la capitanía de puerto más cercana, explicar las actividades marítimas que desea realizar, así como registrar la salida de la embarcación al término de la misma y demostrar los permisos necesarios emitidos por el Instituto Nacional de Migración, entre otras cosas.

Según datos enviados por el Instituto Nacional de Migración la obligación de los extranjeros que se internan al país es de documentarse como no inmigrantes turistas, dicho permiso se concede hasta por seis meses y no es susceptible de prórroga, por lo tanto, no cuentan con permisos para laborar en territorio nacional.

Los encargados de otorgar las licencias y permisos correspondientes son la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)...

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, un segundo, señor diputado De Lamadrid. Diputado Ávila.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Señor presidente, no habemos ni 20 diputados aquí en la Cámara, aquí en el salón de sesiones de la Cámara. Esto es una burla al pueblo de México, que todos los diputados en lugar de estar aquí oyendo los problemas que se tratan de México, iniciativas de tanto interés para todos los mexicanos, estemos solos aquí en el Parlamento mexicano.

Yo quisiera que llamara a quórum, rectificación de quórum, para que vengan a cumplir su obligación aunque estén en comisiones; pueden estar en comisiones a otras horas. Pero yo creo que el pueblo de México que nos eligió merece respeto, cómo vamos a estar aquí hablando solos como locos con las iniciativas con las sillas. Eso no se vale.

Yo creo que todos los mexicanos merecen respeto y el pueblo de México fue el que nos eligió. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A usted, señor diputado. Continúe, señor diputado. Agote su tiempo ya.

El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid: Gracias, diputado. Los encargados de otorgar las licencias y permisos para lo que respecta a las actividades pesqueras son la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). ¿Quiénes otorgan las licencias para las diferentes clasificaciones de pesca? Es la Comisión Nacional de Pesca con la pesca, interviniendo en este proceso, a su vez, la capitanía de puertos en donde se debe reportar la entrada y salida de embarcaciones.

A su vez...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid: Sí, señor presidente.

La Asociación de Armadores Unidos de Pesca Deportiva de Ensenada, nos ha manifestado que la problemática radica sustancialmente en que los barcos americanos que se encuentran dentro del territorio nacional, realizan actividades de pesca en territorio nacional, escudándose con un permiso de pesca deportiva, actividad que afecta el desarrollo de la región y afecta a la economía mexicana.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.

El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid: Señoras y señores, por lo tanto es parte de nuestra responsabilidad, fortalecer tanto a las instituciones como fortalecer la economía nacional y regional. Por ello, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Se exhorta a la Secretaría de Marina, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, al Instituto Nacional de Migración, a efecto de que refuercen el puntual cumplimiento de la normatividad en materia de otorgamiento, de licencias y permisos para las actividades pesqueras realizadas por los barcos extranjeros que ingresan a nuestro país en la zona de Ensenada, Baja California.

Señor presidente, le solicito de la manera más atenta que la presente proposición sea insertada de manera íntegra en el Diario de los Debates, y sea turnada, también, a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Es cuanto. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Así se hará, diputado. Nada más quisiera hacer una pregunta, usted tiene otro punto inscrito que dice: un informe detallado sobre las acciones específicas que están desempeñando para la revisión de las actividades pesqueras de las embarcaciones extranjeras. Y otro que dice: revisiones de las embarcaciones extranjeras a cumplir con lo establecido en la normatividad vigente. ¿Es el mismo?

El diputado Francisco Arturo Vega de la Madrid: No.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No quisiera usted exponer el resolutivo del otro y lo turnamos de una vez. Por favor, por favor. Muy amable.

El diputado Francisco Arturo Vega de la Madrid: Gracias, compañeros diputados. Qué bueno que lo traigo aquí conmigo, eso va a facilitar el trabajo.

A lo largo de nuestra historia los puertos mexicanos han sido puntos clave para el desarrollo de la economía nacional. No cabe duda de la importancia que erradica en ellos y eso nos hace a todos más fuertes y sólidos como país.

Las autoridades federales y estatales han implementado diferentes métodos de revisión a las embarcaciones extranjeras que no sólo transitan en nuestro territorio. Las embarcaciones que entran en los límites marítimos nacionales, con el objetivo de realizar una actividad productiva o de recreación.

Las embarcaciones internacionales que se internan al norte del país son principalmente las que provienen del sur de California, las cuales son armadas principalmente en la bahía de San Diego, California y la franja costa del sur del mismo estado. Éstos navegan con permisos nacionales de pesca deportiva, sin mediar ninguna clase de investigación alterna alguna de los equipos de pesca y mucho menos al estatus migratorio preciso de la tripulación.

Para que los extranjeros puedan realizar actividades pesqueras en nuestro país, es necesario contar con el permiso de pesca que otorga Conapesca, así como los permisos y trámites migratorios propios del Instituto Nacional de Migración y la Certificación en materia que otorga la Sagarpa.

Según los lineamientos enmarcados en nuestra normatividad de las leyes de navegación, cualquier embarcación que se interne en aguas nacionales debe dar aviso a la capitanía de puertos que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como la obligación de permitir la revisión por parte de la Secretaría de Marina y Sagarpa.

Más sin embargo existe una deficiencia en cuanto a la revisión de toda la flota extranjera que se interna en nuestro país, tanto en la región de Ensenada Baja California, como nos lo exponen compañeros de Puerto Vallarta en el estado de Jalisco.

La presente proposición trata de solicitarles a esas autoridades que pongan mayor énfasis y ahínco en las revisiones para las embarcaciones que realicen sus actividades pesqueras en territorio nacional, en las regiones de Baja California y Jalisco.

Por lo anterior, me permito someter a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo

Se solicita a la Secretaría de Marina, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y al Instituto Nacional de Migración, entregue a esta soberanía un informe detallado, dentro de los siguientes 30 días naturales a su aprobación, de las acciones específicas que están desempeñando para la revisión de las actividades pesqueras de embarcaciones extranjeras en las zonas de Ensenada, Baja California, y Puerto Vallarta, Jalisco.

Señor presidente, le solicito de la manera más atenta que la presente proposición sea insertada de manera íntegra en el Diario de los Debates y sea turnada también a la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, por su atención. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Vega de Lamadrid. Se turnan a la Comisión de Pesca y a la Comisión de Pesca con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Si nos autorizara, turnaríamos directamente a la comisión los puntos que le faltan por presentar.

El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid: No los traigo conmigo. Muy amable. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Escudero va a hacer un comentario desde su curul. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Gracias, señor presidente, para felicitarlo a usted y a la diputada Quezada por el trámite que pidió y que ha sido concedido. Como siempre, usted dirige esta asamblea de manera correcta y acertada.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es usted muy gentil, diputado, y se lo agradecemos.

Se recibió del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cofepris y a la Secretaría de Salud a implementar programas constantes de información y vigilancia sobre las condiciones de infección ocasionadas por las actividades de la empresa Granjas Carroll. Se turna a la Comisión de Salud.

Le correspondería el turno a la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo del PAN, que es la número 29 y se retira del orden del día.

Tendría la palabra el diputado Alejandro Carabias Icaza, que no se encuentra en el salón de sesiones, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal para que a través de la Semarnat se publiquen modificaciones al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico, Protección del Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La sesión concluirá con la intervención del diputado Sergio Octavio Germán Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Acto seguido, terminaremos la sesión. Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Sergio Octavio Germán Olivares.

El diputado Sergio Octavio Germán Olivares: Gracias, señor presidente, con su venia. El punto de acuerdo que voy a presentar es un exhorto al gobierno del estado de México para que informe sobre las afectaciones al tránsito generadas por el desarrollo de la obra del viaducto Toreo-Tepozotlán.

Le pediría yo al presidente que se inserte íntegro el texto de este punto de acuerdo, y voy a ser muy breve al mencionar que este proyecto vial elevado Toreo-Tepozotlán está programado en tres etapas, y estas etapas tienen que ver con una obra importante para el Estado de México, pero está afectándose de manera muy importante a todos aquellos que están circulando por esta obra, y esto es porque no existe el señalamiento adecuado vial de las desviaciones y de las vías alternas.

Efectivamente, existen algunos señalamientos que están poniendo en riesgo el trayecto de los ciudadanos mexiquenses. Sin duda nuestra prioridad debe de ser garantizar la seguridad de todas estas personas que circulan por estas vialidades, y nosotros estamos pidiendo que se realice durante las jornadas nocturnas mayor señalamiento, vigilancia con agentes de tránsito, para que se le dé esa garantía y seguridad a todos los ciudadanos.

Por otra parte, me quiero referir al costo que tendrá el peaje de este viaducto elevado, que a lo largo de sus más de 22 kilómetros el costo por kilómetro es de 1.20. Para una familia que tenga que circular del diario ida y vuelta y que recorra más de 50 kilómetros, seguramente este gasto será bastante oneroso.

Por lo anterior, quiero someter a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente exhorto

Primero. Se hace un atento exhorto al gobierno del Estado de México, para que en un término de 30 días contados a partir de la publicación del presente, informe a esta honorable legislatura los procedimientos que llevó a cabo para determinar los costos de peaje del viaducto elevado. De no existir, se inicien los procedimientos administrativos, disciplinarios y/o resarcitorios a los servidores públicos responsables de dicha licitación.

Segundo. Se instruya a quien corresponde, a efecto de iniciar los procedimientos de auditoría, y de desprenderse responsabilidad alguna se inicien los procedimientos correspondientes.

Tercero. Sean realizadas las adecuaciones correspondientes al esquema de viaducto elevado, para que pueda ser utilizado por toda la ciudadanía y no solamente por aquellos que cuenten con la tarjeta TAJ, establecido como está en las casetas de cobro. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Transportes. ¿Con qué objeto, diputado Serrano?

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Una propuesta, diputado. Para el diputado Carlos Ramírez Marín, una propuesta formal. Que en todas las sesiones se pase lista al principio y al final de las mismas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto, señor diputado. Recogemos su preocupación y será planteada ante la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Parlamentarios con toda atención.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul). Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Rosaura.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): Gracias, presidente. Únicamente para solicitarle al diputado proponente si me permite que me adhiera por favor a su propuesta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Germán Olivares, ¿acepta usted la adhesión de la diputada Rosaura?

El diputado Sergio Octavio Germán Olivares (desde la curul): Con mucho gusto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Se adhiere la diputada a la proposición. Le pediría al señor vicepresidente sea tan amable de dar turno a los asuntos que faltan.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: La proposición del diputado Sergio Octavio Germán Olivares, se turna a la Comisión de Transportes.

Se recibió del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 se consideren recursos para obras, programas y proyectos en favor del municipio de Guadalupe, Zacatecas. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Orden del día de la próxima sesión. Primer periodo de sesiones ordinarias. Segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura. Orden del día. 14 de octubre de 2010.

(Lectura del orden del día)

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada (14:59): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 14 de octubre de 2010 a las 10:00 horas.

Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas de la mañana.

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