Comunicaciones
De la Junta de Coordinación Política
Minuto de silencio por Alexander López García
Del Gobierno del Distrito Federal
Del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Proposiciones de acuerdo de la Conferencia
Calendario de sesiones para septiembre-diciembre
Sesión solemne del 15 de septiembre
Iniciativas del Ejecutivo
Oficios
De la Secretaría de Gobernación
Análisis del IV Informe de Gobierno
Orden de participación de los grupos parlamentarios
Primera ronda
Del Partido Convergencia, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía
Del Partido Nueva Alianza, Roberto Pérez de Alva Blanco
Del Partido del Trabajo, Mario Alberto di Costanzo Armenta
Del Partido Verde Ecologista de México, Juan Carlos Natale López
Del Partido de la Revolución Democrática, Ilich Augusto Lozano Herrera
Del Partido Acción Nacional, María Marcela Torres Peimbert
Del Partido Revolucionario Institucional, Mercedes Guillén Vicente
Segunda ronda
Del Partido Convergencia, Víctor Hugo Cirigo Vásquez
Del Partido Nueva Alianza, Elsa María Martínez Peña
Del Partido del Trabajo, Francisco Amadeo Espinosa Ramos
Del Partido Verde Ecologista de México, Alejandro del Mazo Maza
Del Partido de la Revolución Democrática, Armando Ríos Piter
Del Partido Acción Nacional, Ruth Esperanza Lugo Martínez
Del Partido Revolucionario Institucional, Sofía Castro Ríos
Tercera ronda
Del Partido Convergencia, María Guadalupe García Almanza
Del Partido Nueva Alianza, María del Pilar Torre Canales
Del Partido del Trabajo, Juan Enrique Ibarra Pedroza
Del Partido Verde Ecologista de México, Eduardo Ledesma Romo
Del Partido de la Revolución Democrática, Rigoberto Salgado Vázquez
Del Partido Acción Nacional, Jesús Ramírez Rangel
Del Partido Revolucionario Institucional, Felipe Amadeo Flores Espinosa
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.
El Secretario Herón Agustín Escobar García: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente, 252 diputados, por tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (10:58 horas): Se abre la sesión.
Vamos a suplicarles muy atentamente a nuestros amigos de los medios de comunicación, favor de pasar a ocupar los lugares asignados para cumplir su importante labor informativa.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario Herón Agustín Escobar García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si también se dispensa su lectura, tomando en consideración que está publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Entendido, secretaria. Se dispensa la lectura del acta y proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada el acta.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe secretaria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Es un comunicación de la Junta de Coordinación Política.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Comisión: Participación Ciudadana
Baja: diputado Juan Carlos Natale López, integrante
Comisión: Seguridad Social
Alta: diputada Norma Leticia Orozco Torres, integrante
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Atentamente, diputada Josefina Vázquez Mota, presidenta.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado, comuníquese.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, diputado Cárdenas?
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias presidente, para reiterar mi solicitud a los señores coordinadores parlamentarios, a fin de que cuando se realicen estos movimientos, expliciten o justifiquen las razones de por qué se dan los movimientos. No hay que olvidar lo que establece nuestra Constitución, señor presidente, el artículo 14 y 16, para que todo acto de autoridad esté debidamente fundado y motivado. No basta que se funde en la ley sino también es importantísimo que se justifiquen, que se den los motivos de por qué se realizan estos cambios, señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Enterado, diputado Cárdenas. Son recogidas sus expresiones para los señores coordinadores. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva, Honorable Cámara de Diputados, presente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Juan José Guerra Abud, coordinador del Partido Verde Ecologista de México:
Fortalecimiento al Federalismo. Baja, diputado Rafael Pacchiano Alamán. Alta, diputado del Mazo Maza, como secretario.
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Baja, diputado Juan José Guerra Abud, integrante. Y alta, diputado Rafael Pacchiano Alamán, como integrante.
En el Grupo de Amistad México-Venezuela, diputado Ramón Jiménez López. Éste es un movimiento solicitado por el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Partido Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Igualmente, en el Grupo de Amistad México-Corea del Norte, el diputado Ramón Jiménez López, solicitado por el diputado Pedro Jiménez León, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.
En la Comisión de Hacienda y Crédito Público, baja, diputada Guadalupe García Almaza, secretaria. Alta, diputado Alejandro Gertz Manero, secretario.
En la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Baja, la diputada Guadalupe García Almanza, como secretaria. Y alta, diputado Gertz Manero, como secretario.
En la Comisión de Participación Ciudadana, baja del diputado Alejandro Getz Manero, y alta de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía como secretaria.
En Seguridad Pública. Baja el diputado Alejandro Gertz Manero y alta de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, como secretaria.
Lo anterior para los efectos haya que haya lugar.
Firma la diputada Josefina Vázquez Mota, Presidenta.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a consideración del pleno.
No habiéndose registrado nadie para hacer uso de la palabra, continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un momento, secretaria.
Estimados diputados y diputadas, en fecha reciente hemos tenido que lamentar la pérdida del señor presidente municipal del municipio El Naranjo, de San Luis Potosí, muerto con violencia en este querido estado.
Pido a los señores diputados y diputadas ponernos de pie y guardar un minuto de silencio en la memoria de Alexander López García, presidente municipal del municipio El Naranjo, en San Luis Potosí.
Regístrese el tiempo, por favor.
(Minuto de silencio)
En paz descanse. Vayan nuestras condolencias a sus compañeros del ayuntamiento de El Naranjo y particularmente a sus familiares.
Diputado. Sonido en la curul del diputado Trejo, por favor. Adelante diputado Trejo, ¿con qué objeto?
El diputado Enrique Octavio Trejo Azuara (desde la curul): Nada más sobre el tema de lo sucedido en El Naranjo, los legisladores de Acción Nacional tenemos una pena que nos embarga, a un joven como fue Alexander, que lo conocimos de manera personal, un entusiasta presidente municipal que siempre veló por los intereses de su municipio.
San Luis Potosí está consternado por este hecho y los legisladores de la bancada de Acción Nacional de San Luis Potosí nos sumamos profundamente a esta pena que embarga, no sólo al Partido Revolucionario Institucional, sino a todo el estado de San Luis Potosí.
Por lo tanto, nuestras condolencias y nuestro mayor esfuerzo para que no sigan ocurriendo ese tipo de actividades que en San Luis Potosí ya estamos hartos de estos temas.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Regístrense las expresiones del diputado en el acta de esta sesión.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría por favor.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Del gobierno del Distrito Federal. Oficio de la directora general de Servicios Urbanos de la Delegación Tlalpan, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las labores de desazolve y bacheo en la Ciudad de México.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítase a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña.
Por medio de la presente reciba y cordial saludo.
El motivo de la presente es para solicitarle atenta y respetuosamente gire sus apreciables instrucciones a efecto de retirar de todos los registros parlamentarios la siguiente
Iniciativa que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del suscrito. Asimismo, se notifique a todas las áreas correspondientes que tienen conocimiento de la misma, con la finalidad de eliminar su registro.
Sin otro particular, quedo de usted atentamente. Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Siendo del conocimiento del pleno a través de esta notificación, se tiene por retirada la iniciativa. Descárguese de los asuntos turnados a la Comisión de Seguridad Pública.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe, señora secretaria.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura.
Acuerdo único. Se aprueba el calendario legislativo para el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura septiembre-diciembre 2010, quedando de la siguiente manera
Septiembre
Sesión de Congreso General, día primero. Domingo 5, ordinaria. 7 y 9, sesión ordinaria. 14, ordinaria. 15, sesión solemne. 16, descanso obligatorio. 21 y 23, sesión ordinaria. Y 22 del mismo mes, sesión solemne; 28 y 30 sesión ordinaria.
En el mes de octubre tendremos sesiones ordinarias el 5, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 26 y 28.
En el mes de noviembre, el miércoles 3 4, 9, 11, 15, 17, 18 sesión ordinaria. Y el 20 de noviembre sesión solemne; 23, 25 y 30 sesión ordinaria.
En diciembre el 2, 7, 9, 14 y 15 sesiones ordinarias.
Transitorio. Único. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 8 de septiembre del 2010. Firman los integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Siendo del conocimiento del pleno y no habiendo quien haga uso de la palabra, tome la votación, señora secretaria.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Muchas gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Comuníquese.
Antes de pasar a nuestro siguiente asunto, quisiéramos agradecer la presencia de los señores colonos del municipio de Ecatepec, invitados por el diputado Martín Vázquez. Muchas gracias por su presencia.
Asimismo, a los alumnos y padres de familia de la escuela primaria Max Planck, que se encuentran con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Ellos son invitados del diputado José Luis Soto Oseguera.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: El acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo a la celebración de una sesión solemne con motivo del bicentenario del inicio de la Independencia Nacional, en virtud de que este acuerdo está publicado en la Gaceta se pregunta, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Aprobado, señor presidente. Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión.
Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 16 y 42, fracción III, inciso a) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y con fundamento en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por instrucciones del presidente de la república me permito enviar criterios generales de la política económica para la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2011.
Sin otro particular. Atentamente, licenciado Julián Hernández Santillán.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: Oficio con el que se remite la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diputado Cárdenas ¿con qué objeto? Estamos en comunicaciones.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, sería importante que exista aquí un cuestionamiento a ese tipo de informes que promueven la opacidad en el país y no favorecen la transparencia.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se consignan sus expresiones, señor diputado. Adelante, secretaria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio con el que se remite el Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo federal en materia arancelaria, que se presenta de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio con el que se remite la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Oficio con el que se remite la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos relativa al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Oficio con el que se remite la iniciativa de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Oficio con el que se remite nota metodológica del listado y propuesta de declaratoria de las zonas de atención prioritaria.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Oficio con el que se remite la estimación sobre el monto de recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios del Gobierno Federal, en materia de vivienda y de suelo para los hogares en situación de pobreza.
El diputado José Francisco Yunes Zorrilla (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado.
Diputado Yunes, ¿con qué objeto?
El diputado José Francisco Yunes Zorrilla (desde la curul): Solicitarle su consideración para ver si el turno anterior relacionado con lo dispuesto a las zonas de atención prioritaria y éste al que está haciendo mención el señor secretario; pudiera usted obsequiar la ampliación del trámite a la Comisión de Desarrollo Social.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se concede. Se turna para dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social, la anterior iniciativa leída y la que acaba de leer el diputado secretario.
La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el octavo informe anual de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, enero-diciembre de 2009.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítase a la Comisión de Energía.
La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la Ley SB1070.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítase a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al nombramiento del director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Nuevo León.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítase a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al servicio sanitario en los establecimientos de bienes y servicios.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítase a la Comisión de Salud, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Dos oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al área natural protegida la Loma de Santa María, estado de Michoacán.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítanse a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite programa para incrementar la eficiencia operativa en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, correspondientes al segundo trimestre de 2010.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítase a la Comisión de Energía.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el segundo informe trimestral de 2010, respecto de la operación y gestión de Petróleos Mexicanos.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Tres oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicitan el permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México e informa que otros ciudadanos dejan de prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado en Tijuana, Baja California, respectivamente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Estas solicitudes de permiso de turnan a la Comisión de Gobernación, y en lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicio, se remiten a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para su conocimiento.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Se recibieron 16 oficios con los que se remite el cuarto informe de labores de las Secretarías de: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, de la Defensa Nacional, de Desarrollo Social, de Economía, de la Función Pública, de Gobernación, de Marina, de Reforma Agraria, de Relaciones Exteriores, de Salud, de Seguridad Pública, de Trabajo y Previsión Social, y de Turismo; de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y de la Procuraduría General de la República.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Enterado. Póngase a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señores diputados, hemos llegado al punto del orden del día correspondiente al análisis Cuarto Informe de Gobierno, que se desarrollará en materia de política interior, política económica, política social y política exterior.
Para dar cumplimiento al cuarto punto del acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Junta de Coordinación Política, los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda de este análisis a los siguientes diputados:
Por el Partido de Convergencia, la diputada María Teresa Rosaura Ochoa. Por el Partido de Nueva Alianza, la diputada Elsa María Martínez Peña. Por el Partido del Trabajo, el diputado Mario Di Costanzo. Por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Juan Carlos Natale López. Por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Ílich Augusto Lozano Herrera. Por el Partido Acción Nacional, la diputada María Marcela Torres Peimbert. Y por el PRI, la diputada Mercedes Guillén Vicente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada María Teresa Rosaura, del Partido Convergencia, para dar inicio a la primera ronda de la glosa del Informe del presidente de la república.
Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, tiene usted la palabra hasta por 10 minutos, en los términos del acuerdo aprobado por este pleno.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Gracias, señor presidente.
Compañeras y compañeros diputados, aunque resulte ser una gran paradoja, qué mejor ocasión para refrendar nuestro compromiso con el país. La violencia que vive la república nos exige un gran sentido de responsabilidad cívica humana. Es el momento de demostrar que en esta sociedad y en esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión es una institución eficaz y eficiente, que está comprometida con las necesidades más apremiantes de la sociedad.
Si hay que decirlo, el Poder Ejecutivo federal por sí solo será incapaz de seguir y salir adelante en el momento que vivimos, ante una severa crisis de seguridad y justicia; ante una política de dejar hacer y dejar pasar, como la que lo antecedieron y aplicaron durante sus mandatos, y que dio como resultado la actual violencia que padecemos.
Es urgente avanzar en el desmantelamiento de este pilar de la delincuencia, de la corrupción, de la impunidad, que se produjo de forma inusitada una delincuencia organizada que está poniendo en serio riesgo la gobernabilidad de este país, y ante esta soberanía el Grupo Parlamentario de Convergencia analiza el estado que guarda la administración del gobierno federal y vemos con tristeza que la sociedad se siente agraviada, olvidada, no atendida en sus más elementales e indispensables necesidades ante una gran falta de oportunidad y que sólo recibe respuestas de gran violencia; y, lo peor, peor que desde la Revolución Mexicana y nuevamente enmarcado en estos momentos en vísperas de los festejos del Centenario de la Revolución y del Bicentenario de la Independencia.
Los resultados, avances y logros, nos dan a conocer que es una estrategia fallida de seguridad con un objetivo supuestamente de recuperar la seguridad y tranquilidad para los mexicanos. Nada más grave que lo que sucede el día a día con más de 28 muertos, según reportes oficiales, así como la impunidad galopante rebasa el 98 por ciento de los delitos cometidos que contradice su proyecto de política integral, su construcción y reconstrucción del tejido social.
Desde aquí decimos que este proyecto ha fracasado. No avanza al ritmo que la sociedad demanda. Vemos con tristeza que nuestro país se ubica cada vez más en sitios de rezago y poca o nula competitividad con habitantes más pobres y desamparados; con municipios azotados por el hampa, circunstancia que reprime la actividad económica de progreso, desarrollo, seguridad de los ciudadanos que piden a gritos justicia.
Operativos a fuego cruzado de la Policía Federal, del Ejército, de la Fuerza Aérea y Marina que reportan en general más de 2 mil 517 millones de dólares en pérdidas para los cárteles del narcotráfico, cuando a los mexicanos nos costó más de 32 mil millones de pesos anuales sólo por seguridad pública.+
¿Dónde está la ganancia? ¿Dónde están los resultados positivos? Sólo basta aplicar las matemáticas más elementales para ver que no resultan cifras -nunca- a nuestro favor.
Nunca se ha invertido más en seguridad y nunca nos ha ido peor. Así lo señala Convergencia.
Se nos hacen llegar listas de nombres, de alias, de números, 117 mil 283 presuntos delincuentes; pero poco o nada preocupa y ocupa los nombres de los ciudadanos agraviados.
Ante el secuestro: operación limpieza. Capacidades operativas y tecnología que se señala como piedra angular para el intercambio de información, -subrayo- intercambio de información que transgrede los derechos humanos.
Para Convergencia resulta de prioridad señalar esas irregularidades, pero también nos ocupa el proponer proyectos de reforma constitucionales sustentados con una justicia tranparente, como ya se ha hecho en este pleno ante esta soberanía.
Entiendo sus dimensiones, pero no basta. Ya basta de más parafernalia, de falsas ilusiones. La realidad del país así lo muestra y lo demandan los mexicanos en condiciones de extrema pobreza, migrantes que tienen que buscar oportunidad en otros países que no les garantizan y que sólo encuentran su destino en narcofosas. Y no sucede nada.
Cuando hoy vemos absurdo cómo capacitan a los niños en algunas escuelas del norte del país, en escuelas primarias para que sepan cómo hacer y enfrentar una balacera. ¿Dónde quede el Programa de Escuela Segura? ¿Dónde están los derechos de la niñez? ¿Dónde está el derecho a la cultura? ¿Dónde está el derecho al deporte y al desarrollo sano para que exista una mente sana, con ideales, con amor a la patria? Y no sucede nada. Los falsos ahorros de las secretarías se convierten en subejercicios que nunca rinde cuentas.
Queremos ver un panorama de progreso, queremos ver un panorama de justicia, de trato equitativo, de seguridad, de libertad, de derechos a decidir. Por eso, el Grupo Parlamentario de Convergencia también se ocupa y entendemos la dimensión de este asunto de Estado.
Por ello, en voz de nuestro compañero Alejandro Gertz Manero, que ratificó nuestro compromiso a través de una nueva propuesta, con un proyecto integral de reformas que también se presentaron desde el 2003 por el hoy senador Luis Maldonado Venegas. Por eso, estas cosas no deben de estar sucediendo.
Ya no más falsas ilusiones. Las fuerzas democráticas y progresistas deben de estar al tanto de los escenarios. Debemos de contener y derrotar esas tendencias regresivas que pretenden eliminar las cláusulas de gobernabilidad que nos heredó esta transición democrática.
Tenemos que construir y consolidar instituciones nacionales en las que se apliquen reglas igualitarias para todos los gobernantes. No deben existir gobiernos de excepción. Una nueva constitucionalidad donde las minorías son juzgadas por la mayoría ni las mayorías sean sometidas por las minorías representadas a través de los poderes fácticos.
Una reinteligencia constitucional que deje atrás un régimen político que deposita su esperanza de cambio cada seis años, pero tampoco nada más nos preocupemos por quién será el próximo presidente de la república, sino de quién llegue y que pensemos que sea un diseño a largo plazo, un diseño que no nada más alcance próximos seis años o dos años, en lo que se presenta una contienda.
Ya no más campañas políticas que solamente compren conciencias ni que tampoco transmitan miedos paralizantes.
Tengamos una visión progresista que le dé a nuestro país visión de largo alcance y no sólo pensemos en la inmediatez.
Por todo ello, para las diputadas y los diputados de Convergencia, nos ocupa y nos preocupa. Tenemos propuesta, nuestra agenda legislativa así lo contiene. Hagámoslo por México. La patria así lo reclama. Es canto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, hasta por diez minutos, el diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco: Gracias, diputado presidente. Con su permiso, compañeros legisladores. Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza la política social del Estado mexicano no está a la altura de las necesidades del pueblo de México.
Cada vez más mexicanos se suman a las filas de la pobreza; se hace más honda la brecha social entre las regiones del país y se debilita la cohesión social.
El Cuarto Informe de gobierno señala que ha habido avances importantes en la política social, pero debemos tener en cuenta que tenemos una economía cuyo producto interno bruto no ha crecido de manera importante en los últimos 15 años al menos y México necesitaría crecer cuando menos 6 puntos porcentuales.
La realidad es que el promedio de crecimiento del PIB durante la actual administración, apenas llega a cerca del 1 por ciento anual.
Nuestras finanzas públicas son débiles y aún están petrolizadas. Se rompió con el equilibrio fiscal, se rompió con el principio de la responsabilidad hacendaria y como resulta en 2010 y en 2011 seguiremos presentando fuertes presiones en el déficit fiscal.
Se informa que el PIB creció durante el segundo trimestre del 2010 a un 7.6 por ciento, pero no se dice que el ingreso y la demanda interna no crecen y que lo único que aumenta son los niveles de desempleo e informalidad. Tampoco se menciona que este desempeño no compensa ni cercanamente las caídas del 7.9 y 10 por ciento en los dos primeros trimestres del 2009.
El escenario para el cierre de este año, entonces, es muy preocupante. La incertidumbre económica y de seguridad es creciente y los pobres resultados que se reportan en nuestra economía imposibilitan dar plena cobertura a las necesidades de la población, especialmente en educación, empleo, ingreso, salud, alimentación, infraestructura, vivienda, ciencia y tecnología.
Compañeros legisladores: la precariedad de la economía nacional y la pobre condición social de millones de mexicanos tienen que ver con una relación desequilibrada entre política económica y política social.
El panorama que hoy tenemos obliga a poner en una misma jerarquía la política económica y la política social; que una no se subordine a la otra porque nuestra realidad exige que unamos esfuerzos y voluntades para generar una política social verdaderamente integral que genere, de manera consistente, un mayor y un mejor nivel de bienestar en la población de los más desprotegidos.
Tenemos que trascender definitivamente las concepciones de la política social que la reduce inaceptablemente a una serie de programas destinados tan sólo a mitigar o a medio mitigar —diría— los efectos más visibles de la pobreza.
Este enfoque asistencialista sí cumple alguna función importante, pero el verdadero desarrollo social va mucho más allá. México necesita, los mexicanos necesitan un verdadero auténtico estado de bienestar social.
A lo largo del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón en materia de desarrollo social se exaltan diversas cifras que se hacen llamar “logros”. Lo cierto es que el uso del término ofende la inteligencia de los ciudadanos mexicanos pues se trata de un mero reporte de resultados magros que los programas han arrojado inercialmente en el último año.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, pero más allá del grupo, en la sociedad de la que nosotros somos conducto, estamos convencidos de que la puesta en marcha de una verdadera política social escapa a lo que hoy día pueda ser la Secretaría de Desarrollo Social.
Consideramos que la cantidad de recursos que se destinan sin resultados equiparables a lo invertido es señal irrestricta de que la necesidad de un cambio de fondo en la manera en que se implementa la política social y la viabilidad de la existencia de esta institución, tal y como opera en la actualidad.
Podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que son millones los mexicanos que no han visto reflejadas esas cifras históricas, maquilladas, en su bienestar. Una verdadera política de desarrollo social debe forzosamente tener como meta elevar el nivel de vida de las personas y garantizar el incremento de capacidades, calidad de vida y mejorar el entorno con un impacto no solamente del presente, sino hacia el futuro.
Un informe reciente del Programa de las Naciones Unidas para México revela que los niveles de desigualdad en nuestro país son mucho mayores que los del promedio en Latinoamérica, y que en tan sólo diez años se sumaron a la pobreza poco más de 4 millones de mexicanos. Esto es inaceptable.
Refleja también un Estado débil, que carece de herramientas eficientes para garantizar, como es su obligación, el goce de los derechos sociales que nuestra Constitución Política establece y define con claridad.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, dentro del eje Igualdad de oportunidades, se señala que: “Gobierno y sociedad deben ser capaces de mejorar significativamente las condiciones de vida de quienes se encuentran en situación de pobreza”. A cuatro años de gobierno este diagnóstico, las acciones emprendidas son difusas, desarticuladas y el número de pobres en el país, y esto innegable y aceptado por el propio gobierno, supera la mitad de la población.
En Nueva Alianza estamos conscientes de que el contexto económico no abona a los logros en materia social y que para alcanzar un desarrollo social integral es necesario un mercado laboral sólido y una economía productiva y competitiva impulsada por el Estado.
Educación y empleo son fundamentales; sin empleo, sin ingresos, la población se subalimenta, en el mejor de los casos, generando problemas de salud cuyos costos son cada día mayores para el Estado. Pensemos en el sobrepeso, en la diabetes, tan sólo por citar algunos casos.
Sin empleo, sin ingresos en las familias, sin educación de calidad que brinda el Estado, ésta misma deserción escolar aumenta y se eleva a la probabilidad de que nuestros niños, nuestros jóvenes, que son el potencial y el tesoro para el futuro de la nación incurran en la delincuencia.
No necesitamos grandes cifras o encuestas elaboradas, o diría yo preelaboradas, para afirmar que la política de desarrollo social es fallida. No combate la pobreza; no disminuye la desigualdad; no genera oportunidades y obstaculiza al desarrollo nacional. Pese a ello debemos destacar, como parte de un ejercicio republicano, algunos aciertos que ha tenido el gobierno federal.
Concluyendo, en un balance general del Cuarto Informe del presidente Felipe Calderón, es evidente, es claro, es innegable -y no podríamos decirlo diferente- que la política social se encuentra en una profunda crisis estructural, que mina su credibilidad y cuestiona la legitimidad y la eficiencia del Estado.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza exige a la autoridad federal, erradicar con acciones urgentes, claras y contundentes, la deuda social que al respecto tiene con los mexicanos.
Por su atención, compañeros legisladores, muchísimas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pérez de Alva.
Damos la bienvenida a este recinto a un grupo de mujeres del estado de Puebla, invitadas por el diputado Pablo Rodríguez Regordosa. Bienvenidas.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora el uso de la palabra hasta por diez minutos, el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Con su venia, presidente. Primero quisiera llamar la atención porque estamos en uno de los únicos ejercicios de rendición de cuentas de un poder a otro poder; el salón de plenos está vacío. Ésa es la importancia que como diputados le damos al Poder Legislativo y a la rendición de cuentas. Es lamentable, es muy lamentable.
Siempre he dicho que el Estado crea sus propios monstruos y sus propios problemas. La inseguridad que ahora vivimos no es más que el fruto de la descomposición económica, social y política que vive el país. Millones de desempleados y subempleados, desintegración de las familias, baja y mala calidad en la cobertura de los servicios de salud; privilegios para unos cuantos, impunidad para los amigos y desesperanza para la gente.
En pocas palabras, el sistema se ha convertido en una máquina que genera pobreza y desigualdad. Se han olvidado de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia social y económica.
En el informe que está plagado de mentiras, se dice o se ufana de la política de desarrollo social, como si las casas con piso resolvieran los problemas de la pobreza. Nada se dice de los 11 millones de pobres que se han generado en estos últimos cuatro años. Como les digo, nada se dice de los millones que son afiliados al Seguro Popular y no hay la infraestructura hospitalaria ni de medicinas para atenderlos.
Se dice que se aumentó la cobertura de las universidades públicas, pero se omite mencionar que más de 100 mil estudiantes se quedaron sin poder acceder a la Universidad Nacional Autónoma de México.
En materia de finanzas públicas se ufanan de la reducción de salarios. ¿En dónde está la reducción de salarios? Nos están mintiendo. Está un poder, un administrador de un país mintiéndole al Congreso, y el Congreso no hace nada.
Persiste la desigualdad tributaria. Al mes de junio 30 empresas tienen impuestos diferidos por 130 mil millones de pesos. La contribución de los asalariados a la recaudación del impuesto sobre la renta es de casi 50 por ciento, mientras que la de las empresas es de sólo 38. Y el Congreso no hace nada.
Durante la Comisión Permanente pasaron, desfilaron, comparecieron 22 funcionarios públicos. Se dieron temas desde el lavado de dinero hasta el rescate de las Sofoles, hasta las mentiras que fue a echar Luege Tamargo. En fin, fue un desfile de confesiones, de corrupción y negligencia.
Ahí está el caso de Juan Molinar Horcasitas, está el caso del SME, está el caso de los mineros y no hay un sólo funcionario público ni siquiera amonestado formalmente por este Congreso. Es muy lamentable. Nos debería dar vergüenza. Estamos convertidos en una oficialía de partes.
Ayer se recibió un presupuesto, un programa económico que a todas luces es insuficiente para la realidad que vive el país. Eso sin contar con que aquí se va a discutir. Se van a querer lavar la cara aquellos que subieron impuesto el año pasado; se van a querer lavar la cara en una falsa discusión para proteger a las grandes empresas que no pagan impuestos, y creen que con eso arreglaron el país.
Si las cosas están como están es porque el Congreso lo ha permitido, porque no hemos tenido la voluntad política para ponerle un alto a la situación, y así empezamos en este acto que debería de ser objeto de un dictamen que rechazara el informe de gobierno, por las mentiras, por las falsedades, a todos mundo se le olvidó. Todo mundo sube aquí a criticar, pero no está dispuesto a emprender ninguna acción legislativa.
Que siga Molinar Horcasitas con su impunidad, que siga Lozano creando conflictos obrero-patronales; que sigamos regalando el patrimonio público a una empresa llamada Televisa y no pasa nada.
Esto es muy grave, compañeros, que sigamos aprobando presupuestos entrando en un juego perverso para que se subejerzan los recursos. Más de 130 mil millones de pesos subejercidos en este periodo, pero eso sí; la gente ya pagó impuestos, la gente ya pagó un IVA más caro. Como se dieron cuenta de la grave equivocación, ahora se quieren arrepentir, quieren salir como los salvadores del pueblo. Esto es muy lamentable.
Este Congreso se ha hecho cómplice, es cómplice de lo que está sucediendo en el país, porque al referirnos a un Estado fallido se involucra a los tres poderes de la Unión. Somos parte de este Estado fallido porque aquí no ha habido la voluntad para arreglar las cosas, y esto, compañeros es muy grave. Es lamentable que por proteger a uno usurpador de la Presidencia, este Congreso esté sumiso, supeditado, esperando las instrucciones que da el Poder Ejecutivo a cambio de migajas.
Esto no lo podemos permitir. El país se nos está escurriendo entre las manos y somos incapaces de tomar una acción. Creemos todavía en las falsas promesas, en las falsas aseveraciones del Ejecutivo y, como si fuéramos niños, nos engaña año con año.
Y así va a suceder en este Presupuesto. El año que viene vamos a estar hablando de los subejercicios, del excesivo gasto corriente, de las prebendas de los funcionarios públicos y de la baja inversión pública o de la entrega del patrimonio nacional a empresas privadas y extranjeras. Y vamos a seguir haciendo nada.
Es muy fácil subir aquí a despedazar algo que está despedazado. Es muy difícil tener la voluntad política para tomar acciones. ¿En dónde está el juicio político presentado contra Molinar Horcasitas? ¿En dónde está la denuncia que presentan por haber malbaratado y causado daño patrimonial con la licitación de la banda ancha y muchas otras cosas más?
Vamos a seguir asignando presupuestos por cuotas. Vamos aseguir asignando presupuestos con un carácter demagógico y electorero porque este año también hay elecciones-. Yo creo, compañeros, que estamos a tiempo de cambiar esta situación, pero mientras sigamos actuando como una oficialía de partes el Ejecutivo federal seguirá burlándose de nosotros.
Pasaremos a la historia como un Congreso que fue parte, que fue cómplice de un Estado fallido. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, diputado di Costanzo.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra hasta por 10 minutos el diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Juan Carlos Natale López: Buenas tardes, señores diputados. Señor presidente, con su permiso. Con el respeto y beneplácito de los diversos grupos parlamentarios que integramos esa soberanía hoy, venimos a evaluar las acciones, omisiones; y, si los hay, también los aciertos del Ejecutivo en su cuarto año de gobierno.
Inició mi análisis sobre el tema que más afecta y preocupa a los mexicanos: la inseguridad. Lo más triste es que digan lo que digan los del gobierno federal, incluyendo a su jefe, el presidente de la República, no les creemos.
No les creemos porque sabemos del montaje que armó el gobierno federal para la captura de Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie. Sabemos que fue un montaje. Cómo creerles, cómo hasta el presidente de la República presumió que por las acciones de gobierno y la inteligencia del gobierno federal capturaron a La Barbie; eso no es cierto.
En lo personal, ya había empezado a leer este informe de gobierno de Felipe Calderón, y he decidido dejar de leerlo porque ya no les creo nada de lo que digan. Ni un punto ni una coma, ya que la credibilidad de este gobierno federal la han perdido por teatros y montajes como éste.
Para muchos el tema de la seguridad es el tema único y prioritario en la agenda del gobierno en turno; y así se hace sentir en este informe de gobierno cargado en su contenido de cifras, acciones y objetivos que demuestran una bandera hoy ya desgastada en su manejo.
Y es que de no saber el contexto y los antecedentes de cómo inició este gobierno, juraría que esta lucha de combate al crimen es el resultado, no de la fortaleza de un gobierno, sino de la simulación mediática que sólo ellos creen.
Porque si algo le ha funcionado a este gobierno, más allá de sus estrategias para poder legitimarse, ha sido la utilización desmedida de medios políticos y financieros; así como instrumentos que le otorga el monopolio de la fuerza pública para hacerse presente, tanto territorial, social e institucionalmente en el país, sin considerar lo tensado y riesgoso que ha resultado esta política del terror y violencia.
Recursos financieros inéditos en más del 300 por ciento para asuntos de seguridad en lo que va del sexenio, más de 36 reformas entre constitucionales y legales desde este Congreso, mayor disposición de cooperación para la realización de acuerdos y mesas de trabajo, mayor cobertura territorial con más de mil 300 localidades.
A cuatro años de gobierno no encontramos explicación alguna que nos diga el por qué de insistir en una guerra cruenta en donde todo mundo pierde. Ayer nos asimilaron con nuestra hermana nación de Colombia, en sus peores tiempos de la crisis de inseguridad. Por nuestras fallas de seguridad, hoy falta que nos afirmen que nuestra guerra a pesar de haber fracaso objetivamente, el país sea tan inseguro e inestable como otros países del continente africano del Medio Oriente.
Casi 30 mil muertos en lo que va del sexenio y el derramamiento de sangre ni se detiene ni se doblega ni mucho menos se vislumbra tregua alguna, tal pareciera que al paso que vamos terminaremos por poner en grave riesgo parte de nuestras instituciones democráticas.
Por ejemplo, hasta ayer, con toda la pena y tristeza que nos causa decirlo públicamente, tres presidentes municipales de diversos estados del país y un candidato a gobernador, nuestro, del Partido Verde y del PRI, han sido asesinados y ejecutados por la falta de capacidad del gobierno federal de darles la seguridad que merecemos todos los mexicanos.
Coincidimos y respaldamos totalmente al PRI en esta tesis de que el problema no es estar en contra del combate a la delincuencia, sino que el problema consiste en la estrategia y sus implicaciones, y que es inaudito que se practiquen homicidios colectivos únicamente por la negación de pensar y actuar como criminal.
Más allá del diagnóstico y los alcances que nos devela el Informe del Gobierno en sus acciones plenamente reaccionarias, a dos años de concluir la presente la administración, la opacidad, el derroche, los subejercicios, sin duda al tenor del día a día, que si no es por el Congreso de la Unión este gobierno ya sería hoy por hoy un gobierno autoritario.
Los diálogos por la seguridad recién realizados han sido espacios para recibir preocupaciones y propuestas y tal vez para cambiar paradigmas. La Secretaría de Seguridad Pública ha gastado buena parte de los 33 mil millones de pesos que ejercen en sueldos, transporte y viáticos de los operativos.
No sería más eficiente y eficaz gastar este dinero en la capacitación y mejoramiento de las condiciones de trabajo de los policías locales que están arriesgando sus vidas y viven en sus localidades.
Desde esta alta tribuna convocamos a todos los mexicanos a rendir homenaje y todo nuestro reconocimiento a quienes han caído abatidos por las balas de la delincuencia.
Hacemos un llamado enérgico para que en una estrategia integral se articulen políticas sobre seguridad pública, incluyendo a todos los niveles y órdenes de gobierno que los dispersos sistemas de inteligencia civil y militar, unifiquen directrices y objetivos.
Nadie debe estar por encima de nadie. Estamos cansados de que se utilice el espionaje y la filtración de información en el ámbito político en lugar de enfocarse en el crimen organizado porque es ahí, sin duda, donde sí son eficaces en este gobierno federal.
El Poder Legislativo federal a través de sus integrantes exige agilizar los recursos autorizados por nuestra soberanía. No más subejercicios, no más preferencias a estados que corresponden al mismo partido político del Ejecutivo federal.
Subejercer también puede entenderse como una forma de peculado, de desfalco o de corrupción. Subejercer también es subgobernar, como lo hace hoy el Ejecutivo, en Los Pinos.
Solicitemos disculpas al maestro, al campesino, al obrero, al ganadero, al médico, a la enfermera, al estudiante que no hallan recursos para la terminación de obras y programas, porque por estos subejercicios los estados han quedado frenados en su desarrollo, por la decisión de Hacienda de no soltar el dinero que nosotros los diputados federales ya les hemos aprobado a los estados.
No dejemos que la intransigencia de ciertos servidores públicos hagan sacrificar tiempo, dinero y esfuerzo a favor de la población, de los estados, de las regiones y municipios que viven en la zozobra y la desesperanza.
La población no debe de ser rehén de estrategias mediáticas ni de intereses políticos o económicos de unos cuantos, pero eso no se logra repitiéndose con insistencia en los distintos medios de difusión.
Se requieren cambios de fondo en la estructura económica y productiva nacional para generar mayor riqueza y ofrecer empleos dignos y bien remunerados.
Señor presidente, como mexicano y representante y portavoz de miles de ciudadanos, le digo: asume su pleno papel y responsabilidad y no deje que ni la soberbia ni la estridencia se apoderen de lo que debieran ser verdaderas decisiones de Estado, ya que hemos atestiguado a lo largo de un año, la catarsis de las prioridades institucionales de un gobierno con falta de visión de Estado y de proyecto.
Se está claudicando en muchos temas prioritarios y se están parcializando los asuntos públicos sin el menor argumento desde el gobierno, haciéndole creer a la sociedad que sí están resolviendo los problemas.
Pero qué absurdo cuando la realidad los desviste, porque si en algo son eficaces sólo es en el manejo mediático, porque en el país no.
En este año, que a todas luces se concibe como patriótico, debemos reconocer que la nación se encuentra en otra de las encrucijadas que marcan su historia. No es casualidad que estemos 100 y 200 años después.
O consolidamos un país democrático e igualitario o permitimos, por acción u omisión, una regresión autoritaria que condene al país a un futuro incierto, con desigualdad y exclusión social para millones de mexicanos, posibilitando el cultivo y el fermento de movimientos sociales por hoy contenidos.
Muchas gracias, diputadas y diputados.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Natale.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores: el cuarto año de gobierno de Felipe Calderón no será recordado como el año de la estabilidad política y de la fortaleza de las instituciones públicas, como así se informa en su informe de gobierno, sino como el año de la violación sistemática del estado de derecho, de la pérdida de la seguridad interior, de la incapacidad de decisión y acción de los poderes constituidos y de la cesión de la voluntad soberana.
Al año del bicentenario y centenario México llega en medio de la peor crisis política y de gobernabilidad de la que se tenga memoria, con un titular del Ejecutivo y su gobierno prácticamente en estado de soledad, sin el cobijo de un respaldo decidido de una sociedad a la que no le queda claro qué está peleando con esta violencia desbordada a la que el mismo gobierno calificó como una guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Las cifras del informe sólo denotan una parte reducida del problema, ya que la cifra negra duplica, y en algunos casos hasta triplica la comisión de delitos que no se consideran en las cifras oficiales.
Es una falsedad postular la existencia de un estado de derecho, toda vez que se reconoce públicamente que en varios estados de la república amplias zonas o regiones que se encuentran no solamente con presencia del narcotráfico y el crimen organizado, sino que son controladas por sus hordas a tal grado que ya sustituyen a los poderes constituidos, y forman parte del tejido social de las propias comunidades que viven en absoluta zozobra y abandono a su suerte desde hace mucho tiempo.
El gobierno federal ha actuado con tal torpeza en la salvaguarda de la seguridad pública que ha debilitado gravemente el estado de derecho, la convivencia social, nuestra calidad de vida y la afectación de nuestras libertades.
Debería reconocerse que el problema del narcotráfico está fuera de control, que es producto, en buena medida, de los resabios del viejo régimen autoritario y de las complicidades políticas que protegen sus intereses directa o indirectamente; con operaciones cotidianas en las que están involucrados un número indeterminado de desertores de las fuerzas armadas, de policías que tienen una doble lealtad; que hay una complicidad evidente del sistema financiero nacional y que la Secretaría de Hacienda se hace de la vista gorda frente a los miles de millones de dólares que circulan y lavan anualmente, porque refuerzan, junto con las remesas de los migrantes y los ingresos petroleros, la endeble macroeconomía de nuestro país, así como los bolsillos de una cantidad indeterminada de familias y de jóvenes desterrados del sistema que carecen de oportunidades económicas y del bienestar social que prometió Calderón.
Nuestro grupo parlamentario se une al dolor que embarga a tantas familias mexicanas en muchos estados de la república por la muerte de familiares que han sido víctimas inocentes de la violencia generalizada, así como también por los arteros asesinatos de presidentes municipales que buscan vulnerar este orden de gobierno con la amenaza de “plata o plomo”.
¿Por qué no se dice nada en el informe de gobierno acerca de las muertes de civiles que son calificadas, en la más absoluta indiferencia como “bajas colaterales”, que son cometidas por militares en el supuesto cumplimiento de su deber, y que son a todas luces condenables, aunque se trata de las fuerzas armadas?
Son escandalosas las recomendaciones de la CNDH y de los organismos estatales que año con año se acumulan y que dan cuenta de la reproducción de las mismas conductas violatorias en derechos humanos, por más que se afirme en el informe que en materia de promoción y defensa de derechos humanos se mantiene una política de transversalidad en todas las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Frente a estos hechos condenables es impostergable para este Congreso, que ya discutamos los alcances del fuero militar, acatemos las recomendaciones del caso Radilla, cuya solución es una vergüenza para el Estado mexicano.
¿Por qué en el informe de gobierno de Calderón no se acepta su parte de responsabilidad en la violación de derechos humanos, la vejación y el maltrato del que son objeto los migrantes que cruzan sin control el territorio nacional, cuyas pruebas más terribles son el descubrimiento macabro de las matanzas tumultuarias de indocumentados latinoamericanos y las incontables desapariciones de estas personas? ¿Qué ha hecho para acabar con la corrupción estructural Instituto Nacional de Migración? ¿Cómo puede solapar la ineptitud de la comisionada Cecilia Romero?
Otro rostro de esta violencia que nos rodea es la muerte y desaparición de periodistas en varias entidades del país, la cifra es a tal grado escandalosa, que organismos internacionales ya lo comparan con lo que sufren varios países del mundo que viven en medio de guerras civiles o que sufren la invasión extranjera, o como la Colombia de los ochenta.
Lo peor de todo es, que la impunidad en estos casos, de los que poco se ocupan las autoridades, está propiciando la desaparición del periodismo local y la incapacidad para realizar su labor informativa, ante las amenazas de los criminales que exigen y ordenan lo que se publica.
No basta con aprobar nuevas leyes; éste es sólo un paso. Lo que es más indispensable es que la autoridad asuma cabalmente la voluntad de hacer cumplir la ley, no de manera selectiva, que aplique todo el peso de la ley a todo aquél que viole, lo mismo al poderoso, que al siervo de éste.
No son suficientes los más de 89 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobados para este año. Seguridad y justicia, que representa la cifra más grande en la historia que se dedica a esta función de gobierno y que tiende a incrementarse año con año y del cual ha sido un beneficiario excepcional el secretario de Seguridad Pública.
Hay datos interesantes que habría que resaltar en este año. En la propuesta de Egresos del Presupuesto de la Federación, en materia de seguridad pública, el presidente de la República plantea un incremento total de 13 mil millones de pesos: 6 mil 400 para la Secretaría de la Defensa Nacional, 2 mil más para Marina y 3 mil más para Seguridad Pública, además quitándole el Subsemun y mandándosele a la Secretaría de Gobernación con un incremento de 4 mil millones de pesos. Hablamos de 13 mil millones de pesos extra que realmente nos pueden indicar que se está consolidando un presupuesto de guerra en este país, un presupuesto que está destinado al combate al crimen organizado y no al combate de la pobreza y de la marginación social.
El grupo parlamentario del PRD sostiene categóricamente que hay que atacar las verdaderas causas de la delincuencia que encuentren en la pobreza y en la marginación, la desesperación de tantos millones de mexicanos que no tienen ninguna expectativa de vida, que no tienen empleo y carecen de los más elemental, que su horizonte no llega más allá de vivir al día, y un ejército de reserva inagotable.
Si no se combate la desigualdad y las injusticias con políticas públicas que generen cohesión social y prevención del delito, poco o nada servirán las acciones represivas que lejos de contener el delito lo están regenerando.
En verdad, la crisis es profunda. La degradación de las instituciones públicas, la afectación grave de la vida nacional, la baja calidad de nuestra democracia dan cuenta de ello. Pero aquí, hoy por hoy, lo importante es encontrar el punto de quiebre en el cual retomemos el camino. ¿Cómo podemos arribar a los consensos básicos que restituyan la salud de la república? ¿Cómo los poderes volverán a ser poderes? ¿Cómo regresará el Ejército a sus cuárteles? ¿Cuándo consideraremos verdaderas instituciones policiales y de justicia capaces de realizar esta tarea? ¿Cuándo dejaremos la simulación para combatir la impunidad? ¿Cuándo se hará justicia? ¿Cuándo recuperaremos México? Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted diputado Lozano.
Nos visitan alumnas y alumnos del Cecytem, comunidad de San Joaquín del Monte, del municipio de San José del Rincón, del Estado de México, invitados por el diputado Emilio Chauyffet Chemor. Bienvenidas y bienvenidos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, hasta por 10 minutos, la diputada María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada María Marcela Torres Peimbert: Con su venia, señor presidente.
Antes de iniciar mi intervención, deseo expresar que la bancada de Acción Nacional se congratula de que no hay alzas de impuestos en el paquete económico presentado ayer en la noche.
La importancia que tiene la política social de un país radica en la generación de desarrollo humano, ya que su mayor riqueza son precisamente sus niños, sus ancianos, sus jóvenes, su gente. Cuando se incrementan las capacidades y recursos de cada uno de los ciudadanos, se propicia el progreso real de una nación.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional reconoce que el Cuarto Informe de Gobierno refleja que el titular del Ejecutivo, el presidente Felipe Calderón, ha colocado como prioridad de su gobierno y eje de su quehacer político la construcción de condiciones que permiten a los ciudadanos mexicanos desarrollar sus capacidades plenas; especialmente los que menos tienen.
La ONU marca como índices de desarrollo humano la salud, la educación y el nivel de vida digno. La esperanza de vida al nacer es el indicador más adecuado para valorar el éxito de una política de Estado en materia de salud.
En México la esperanza de vida ha mantenido una tendencia creciente en los últimos años, alcanzando actualmente 75.4 años. La tasa de mortalidad infantil en 2008 fue de 15.2 defunciones por cada mil nacidos vivos. La cifra proyectada para 2011 es 14.2, un punto porcentual menos.
De acuerdo a lo expresado en el IV Informe de Gobierno, este grupo parlamentario reconoce que los logros se deben a la implementación de políticas acertadas, tanto en la prevención, como en la atención a la salud.
Las políticas de mayor impacto en la prevención de las enfermedades son las campañas intensivas de vacunación, las campañas de atención a las mujeres embarazada y las caravanas de salud, que se reporta que llegan a 3 millones de personas en las comunidades con mayor marginación en nuestro país.
Uno de los programas del Ejecutivo que ha cambiado en los últimos años la calidad de vida de las familias más vulnerables del país es el Programa de Piso Firme, ya que además de brindar a las familias una vivienda digna, incide favorablemente en su salud, previniendo enfermedades respiratorias y diarréicas, otros primera causa de muerte en nuestro país.
Aunque aún hay mucho por hacer, en lo referente a la atención a la salud observamos que el aumento en la infraestructura hospitalaria ha tenido un enorme crecimiento en lo que va de la presente administración. Se han construido mil 796 obras a través del Instituto Mexicano del Seguro Social; a través del Instituto de Seguridad Social para Trabajadores del Estado y a través de la Secretaría de Salud. Se han realizado más acciones de infraestructura hospitalaria que en cualquier administración en la historia de México.
Debemos destacar la estrategia asumida por el gobierno federal, al incrementar la afiliación al Seguro Popular. Para finales de 2010 se tendrá la incorporación de 43 millones de asegurados, y se logrará la cobertura total en 2011, cumpliendo así por primera vez en la historia de México, el derecho tan anhelado de acceso universal a los servicios de salud sin distinción alguna.
Acción Nacional reconoce que estos resultados son una clara evidencia de una política social exitosa.
En materia educativa, por tercer año consecutivo la Secretaría de Educación realizó el Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes.
A la fecha ya se han concursado más de 58 mil plazas, marcando así una gran diferencia con las políticas educativas anteriores que nos heredó el viejo régimen. Hoy en día las plazas no se heredan; se obtienen en base a conocimientos y capacidades de nuestros maestros y maestras, siendo esto un importante motor en el incremento de la calidad educativa de la educación pública en nuestro país.
Es sin embargo necesario transparentar y ordenar la relación del Sindicato de Maestros con el gobierno federal, estableciendo un compromiso por la calidad educativa y alejándose de tentaciones políticas que no tienen que ver nada con la educación.
En la revisión de este informe se observa que la existencia de más de 2 mil escuelas de tiempo completo genera importantes beneficios. Mejora el nivel académico de los estudiantes y además permite que las madres accedan al mercado laboral, favoreciendo así la generación de recurso a sus familias e incrementando la productividad de nuestro país.
Es justo reconocer que aun cuando hay avances trascendentes en materia educativa, sabemos que existen retos cruciales. Uno de ellos es la situación que viven nuestros jóvenes al buscar un lugar en la educación media superior y superior y no lograrlo. Actualmente 7 de cada 10 alumnos quedan sin posibilidad de acceso a nuestras universidades públicas.
Las redes del crimen organizado tienen, en el universo de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, un mercado potencial y esto obliga al Estado a implementar medidas que aseguren el acceso universal a escuelas de calidad, previniendo el reclutamiento por parte de las bandas delincuenciales.
Acción Nacional está comprometido a incrementar el presupuesto a las universidades públicas del país, posibilitando así a nuestros jóvenes a tener un mejor futuro y más posibilidades de desarrollo.
Uno de los principales retos que tenemos las y los mexicanos es reducir la pobreza y la desigualdad social que heredamos del siglo pasado. El pretender medir los niveles de pobreza, considerando exclusivamente el ingreso económico de las familias, no refleja con exactitud las condiciones del nivel de vida de la población vulnerable.
El acceso a la alimentación sana, el acceso a los servicios educativos y a los servicios de salud son aspectos indispensables que deben ser considerados en la evaluación de las políticas o programas de abatimiento a la pobreza.
El Programa Oportunidades, implementado por la Secretaría de Desarrollo Social, persigue precisamente este objetivo. Es un programa que ha trascendido sexenios y partidos políticos, ya que ha demostrado ser una herramienta útil para abatir los rezagos sociales.
Las evaluaciones y reconocimientos realizados a esta acción por organismos tanto nacionales como internacionales y el haber sido referente en programas sociales implementados en otros países avalan la eficacia de su funcionamiento.
La experiencia internacional en este tipo de programas muestra que la descentralización en la operación de sus acciones impide la optimización de recursos y dificulta su transparencia. Por lo tanto, las críticas en este sentido consideramos que no tienen fundamento.
En el informe del Ejecutivo se reporta que este programa apoya con acciones en materia de salud, educación, protección social y desarrollo de capacidades a 5 millones 800 mil familias de escasos recursos.
La pobreza urbana es aún más denigrante que la rural, por eso el extender la cobertura a las ciudades permite que un millón de familias, las más pobres de nuestras ciudades, reciban este incentivo para su desarrollo, apoyando la reconstrucción del tejido social que es la base para evitar la violencia y la delincuencia.
Se reporta que en la actualidad, toda la población que se encuentra en condiciones de pobreza en el país está siendo atendida con al menos un programa de apoyo para impulsar su desarrollo.
Los programas implementados por la Secretaría de Desarrollo Social cuentan con padrones públicos, accesibles a cualquier ciudadano a través de Internet, cumpliendo así, desde el punto de vista legislativo, con la transparencia requerida para el ejercicio de recursos públicos.
En las estrategias sociales llevadas a cabo en muchos estados y municipios no existe este nivel de transparencia. No hay acceso al padrón de beneficiarios que ellos implementan. Esto sí es opacidad.
Acción Nacional asume el compromiso con los que menos tienen. Seguiremos luchando por mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Impulsaremos mayores recursos para el gasto social, con un criterio solidario y subsidiario.
Cada punto porcentual que se reduzca en este rubro es en realidad la cancelación de un mejor futuro para nuestros niños y jóvenes en pobreza. Evitemos a toda costa, compañeros, que los hijos de la pobreza de hoy sean los padres de la pobreza del mañana.
Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Torres.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, hasta por 10 minutos, la diputada Mercedes Guillén Vicente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, a la luz del Cuarto Informe de Gobierno es un deber y una responsabilidad analizar con detenimiento los logros descritos por el Poder Ejecutivo federal.
Me referiré a la política interior, la cual se encuentra en el rubro de democracia efectiva que da cuenta detallada de las acciones emprendidas para el fortalecimiento de la democracia, la modernización del sistema político, la participación ciudadana, la eficacia y eficiencia gubernamental y la transparencia y rendición de cuentas.
Del informe se desprende que hay acuerdos entre el Poder Ejecutivo y los órdenes estatal y municipal, así como con los partidos y las organizaciones políticas y sociales.
También se cita el trabajo de modernización del sistema político para consolidar la democracia y asegurar su efectividad como régimen para el desarrollo de la sociedad.
Más adelante se señala que se promueve la participación ciudadana para desarrollar una cultura cívica en el diseño y evaluación de las políticas públicas y por último, se asegura que se promueve la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno.
Sin embargo los resultados informados están muy distantes de la realidad del país. Podría deberse a que las acciones son limitadas o a que sus resultados no convergen con los propósitos que las animan.
Por principio, la coordinación entre órdenes de gobierno debe darse en los hechos, en los niveles ejecutivos encargadas de tomar las decisiones, porque el informe nos da cuenta de una coordinación ejecutiva que camina en la ruta correcta; pero en las entidades y en los municipios sólo se reciben reclamos de la Federación y no los apoyos que está requiriendo la población.
En un Estado de derecho los gobernantes tienen como obligación realizar sus tareas con estricto apego a las normas constitucionales y legales que han emanado de esta soberanía.
La coordinación efectiva consiste en que cada orden de gobierno cumpla plenamente con sus deberes. Cualquier exigencia más allá de esas posibilidades, está fuera de lugar y atenta contra las instituciones.
Es loable, por otro lado, el esfuerzo que se realiza por promover una cultura democrática a través de la creación de diversos sitios de Internet y de la atención de grupos específicos.
Sin embargo debiera considerarse la posibilidad de establecerlos con las adecuaciones pedagógicas pertinentes, como programas de educación cívica y ética en los diversos niveles educativos.
Sin duda se tendría una cobertura más amplia y con mayor éxito, teniendo en cuenta que la evaluación más reciente arrojó, entre otros resultados, que ocho de cada 10 alumnos de educación básica tienen conocimientos insuficientes sobre historia de México y civismo.
El esfuerzo que realiza el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se ve lastimado seriamente cuando otras áreas del gobierno controvierten normas que tienden a la equidad. Por eso resulta un tanto paradójico que sea el propio gobierno federal el que controvierta la constitucionalidad de una ley emitida por el órgano legislativo del Distrito Federal y que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tenga que aclarar que las reformas son constitucionales y sus contenidos permiten acabar con las prácticas discriminatorias.
Pareciera ser urgente y necesario mejorar la comunicación entre algunas áreas de gobierno federal para evitar que hagan esfuerzos institucionales contradictorios.
El informe da cuenta, por otra parte, del diálogo del Ejecutivo con autoridades electorales y con las organizaciones políticas para fortalecer el sistema de partidos. También da cuenta del seguimiento de 17 procesos electorales locales. Lo que el informe omite es una explicación necesaria del uso partidista de espacios y recursos públicos con fines político-electorales, como ha quedado probado por las resoluciones del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las que se considera que la presencia del Poder Ejecutivo en los comicios fue inoportuna e innecesaria. Queda registrada en la historia electoral de México esa intromisión.
Compañeras y compañeros diputados: finalmente quiero referirme a la convocatoria a la unidad que hizo el jefe del Ejecutivo con motivo de su cuarto informe. En el texto del mensaje del presidente Felipe Calderón se asientan afirmaciones que reflejan por lo menos desencanto por la política y una posición partidista que no es el mejor punto de partida para llegar a consensos y acuerdos.
Voy a citar con respeto y puntualidad al presidente. Nos conmina a “abandonar el perverso cálculo de posiciones partidistas”; “a transitar del conflicto a la cooperación y al acuerdo”; “a hacer a un lado preferencias políticas e intereses partidistas”. Nos convoca “a una reforma política que le dé más voz y más poder a los electores, que oxigene la vida pública con las ideas y las propuestas de los ciudadanos y que cierre la brecha entre la política y la sociedad”. Nos llama “a la sociedad y a todo México a que hagamos de nuestro país una patria ordenada, justa, generosa”. Hasta aquí las citas del presidente Calderón.
No es sano para la democracia, en cuyo nombre se hacen convocatorias a la unidad, denostar a la política desde el poder, aun cuando los ataques sean velados o solapados, siguen siendo ataques y le causan más agravio al proceso democrático cuando quien los profiere se viste con el ropaje del demócrata.
La democracia en México ha sido un proceso decantado a lo largo de su historia, como lo describió magistralmente Beatriz Paredes en esta misma tribuna. “La historia nacional no es patrimonio de nadie. Ningún grupo o facción puede apropiársela; como tampoco podría negar el concurso de varias generaciones que durante el siglo XX edificaron un país de instituciones teñido de contrastes, donde hubo movilidad social; territorio que con la pujanza de un pueblo generoso y creativo pudo arribar al año 2000 como la población más grande de hispanoparlantes; como la decimotercera economía del mundo, el octavo país exportador, el segundo socio comercial del mercado más grande del planeta; con un sistema educativo de amplia cobertura; con un sistema político dinámico que mantuvo estabilidad y aptitud para transformarse”. Fin de la cita.
Millones de votos de mexicanos han hecho posible nuestra presencia aquí, en este recinto. Cada uno de nosotros, electo por el principio de mayoría relativa o el de representación proporcional es la expresión y la representación de decenas de miles de ciudadanos que, en el ejercicio de su voluntad soberana, nos han traído hasta aquí para representar a la nación. Ésta es la democracia en que creemos.
Tendrá más éxito la convocatoria presidencial cuando deje la declaración de principios de su partido en manos de sus militantes, y se dirija a hacer efectiva la realización del proyecto nacional, contenido en la Carta Magna y bajos los principios de la concepción constitucional de la democracia. Ésa es la norma y ésa es la guía, también es la estructura del Estado nacional que construyó la Revolución Mexicana.
Es potestad y obligación del presidente trabajar por el México delineado por el constituyente revolucionario, antes que correr detrás de un futuro imaginado en un gabinete caprichoso, hacerlo así sería la mejor manera de honrar a la Revolución en la celebración del centenario.
Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, diputado Guillén.
Se han inscrito para la segunda ronda los siguientes diputados:
Diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia; diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, tiene la palabra, hasta por diez minutos, el diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7o., Apartado 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito compartir con ustedes algunas reflexiones y puntos de vista en torno al desglose y análisis del Cuarto Informe de Gobierno, en particular en el rubro de política social.
Derivado del análisis del informe surgieron unas preocupaciones sobre este tema, ya que sin duda alguna pude apreciar que sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la administración pública federal y dado los difíciles tiempos y complicados en que vivimos, como representantes de la voz ciudadana, es necesario rediseñar y direccionar nuestras propuestas y estrategias en un sentido de progreso y desarrollo común.
Creo que más allá de polemizar y enjuiciar las buenas o malas acciones administrativas en la materia, es el momento preciso para determinar si seguimos pensando en cifras o en aceptar que la realidad de la problemática social ya nos rebasó.
Sinceramente pienso que como integrantes de un órgano del Estado, debemos impulsar y proponer políticas públicas que permitan al Ejecutivo terminar con la inercia económica de muchos años atrás que no contempla a un gran número de ciudadanos y grupos vulnerables.
No omitamos nuestra responsabilidad. Busquemos los mecanismos idóneos para destinar de mejor manera los recursos; emprendamos una política seria que permita la renta universal en toda la república. Son tiempos modernos y aún definimos a nuestro país como un país en vías de desarrollo. Debemos tener claro qué posición tenemos en la actualidad y cuál es el papel que debemos jugar en estas épocas, que indudablemente nos proyecten hacia el panorama internacional con mejores niveles de competitividad.
Aceptemos que nos encontramos en un momento trascendental en que las distintas fuerzas políticas nos encontramos en una lucha constante por el posicionamiento y la evolución de instalar un nuevo sistema político económico social.
En el informe presentado se expone, como objetivo principal, el propiciar la igualdad de oportunidades y de condiciones a la sociedad para el disfrute de sus derechos consagrados. Asimismo, el de elevar los niveles de bienestar y calidad de vida de los mexicanos, y prioritariamente de disminuya la pobreza y la exclusión de conformidad con los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Asimismo, se postula una política social de carácter integral, participativa e incluyente, basada en un nuevo convenio social y que, en resumen, se define como un acuerdo nacional para el bienestar comunitario.
Aquí surge una pregunta: ¿qué ha hecho esa política social e integral con los llamados ninis? Estos 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan y que son una vergüenza para quienes hoy defienden esa política social y sus resultados.
Como estrategias llevadas a cabo por el Ejecutivo para interactuar con la sociedad se ha impulsado la planificación familiar, la participación de los jóvenes indígenas y la población residente en localidades de alta y muy alta marginación, grupos a los que la misma administración define como rezagados.
No podemos decir que vivimos mejor en un México que tiene una gran carencia de empleo, de salarios dignos, de jóvenes que no tienen un porvenir, de falta de oportunidades. De aquel México en el que no se hace lo que se quiere profesionalmente, sino lo que se puede. De aquél en que la seguridad no se ve cristalizada. De aquél en que los ideales y proyectos de estas generaciones se han visto truncadas, sin un futuro verdadero y próspero.
Nos prometieron un cambio; nunca llegó. Nos prometieron nuevas oportunidades y expectativas de vida y, a cuatro años, aún no llega.
Hoy, como en tiempos pasados, nos encontramos inmersos en una nueva etapa de transformación social que nos obliga a la creación de un Estado sustentado en políticas públicas creíbles y de fácil acceso para todos. Es necesario garantizar a la sociedad que su apoyo y confianza no será defraudado como tantas veces.
Impulsemos mecanismos democráticos, como las iniciativas populares y la revocación de mandato, para que de esta manera las distintas comunidades puedan ejercer su derecho de revocar o refrendar de sus cargos a aquellos servidores, representantes o funcionarios, según sea su desempeño.
Traslademos a esta Cámara y a la agenda política nacional la discusión de temas como la continuidad de la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, el fortalecimiento y consolidación en la prestación de servicios de atención médica y de salud, a través de reformas en la materia, para generar una verdadera ley de seguridad social universal para los grupos vulnerables; educación y cultura, por mencionar sólo algunas de estas prestaciones.
Es una exigencia para el Ejecutivo federal la transparencia y la rendición de cuentas, informando con criterios claros el destino de los recursos aprobados por esta Cámara, enfocados a los programas sociales, al sector salud y al fomento de la economía, considerando que se trata de rubros que con toda justicia han sido impulsados.
Por ejemplo, los recursos para la Secretaría de Desarrollo Social se incrementaron en un 36.05 por ciento del ejercicio 2008 al 2009, y posteriormente en un 23.62 por ciento para el año 2010.
En el caso de la Secretaría de Salud, su presupuesto creció en 22.48 por ciento del año 2008 al 2009, y en un 5.09 por ciento en éste último año.
Al respecto, es un reclamo ciudadano conocer sobre el destino de estos recursos y sobre los avances en la integración del padrón único de beneficiarios que se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo.
El apoyo con políticas públicas a la economía social y solidaria permitiría su afirmación y consolidación como una medida preventiva, en conjunto con la educación y el fomento de oportunidades para un verdadero combate a la inseguridad pública y al crimen organizado.
Mostrémosle al Ejecutivo y a la sociedad en general que no solamente utilizando las balas y el ejército es posible luchar contra ese cáncer social, que son las adicciones en nuestro país. Demostremos que la mal llamada guerra contra el crimen puede terminar con el análisis, el debate, la discusión de temas como el de la legalización de las drogas; el del fortalecimiento de los valores y principios éticos y morales, en el fortalecimiento y difusión de la prevención y la cultura de la legalidad, para que de esta manera los beneficios sean generalizados y en convergencia podamos recuperar el rumbo, la estabilidad, la justicia y política social que hoy nos ocupan.
Es justo aceptar que se ha tenido algún progreso en este rubro y que derivado de ello se han logrado el establecimiento y reconocimiento de algunos derechos primordiales y elementales, como la salud; la educación; el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, etcétera, así como el reconocimiento de su composición pluricultural.
En el mismo orden de ideas, se ha propiciado el fortalecimiento agrario y se ha sustentado el derecho de propiedad.
Estamos próximos, diputados, diputadas, a la conmemoración de nuestra Independencia y Revolución Mexicana, y por ello es necesario recordar que los derechos sociales hoy reconocidos se encontraban centrados en un sector muy reducido de la sociedad y que la atención de la pobreza se atendía bajo un programa paternalista, compartido por la caridad de la iglesia, pocas veces por la beneficencia privada y muy fortuitamente por el Estado, por lo que hoy es necesario preguntar si con los resultados obtenidos después de cuatro años de gestión administrativa en torno a las políticas sociales, hoy podemos festejar los logros emanados por los movimientos como el obrero, el campesino, indígena, etcétera.
No basta sólo con la identificación y ubicación de la pobreza por todos conocidas, que fundamentalmente la encontramos en los estados del sur y en la zona de la montaña de nuestro país, por cierto, lugares donde a la fecha sigue predominando la actividad agropecuaria, misma que por lo general sigue siendo de baja productividad por el rezago y olvido de las políticas agrarias.
Derivado de lo anterior, hoy sabemos que en lo referente al rubro de superación a la pobreza, se obtuvo un resultado que podemos plantear como positivo de 13.6 mayor en términos reales al gasto realizado en 2009, que permitió un incremento a los Programas de Desarrollo Humano y Seguro Popular.
Por lo anterior, es forzoso analizar y destinar mayores recursos a la política social para que, de esta manera, surjan como el eje rector de las políticas sociales y no las de la violencia. Combatamos, sí, y pongámonos en guerra pero contra la pobreza, la inequidad, la marginación y los monopolios. Recordemos que una democracia en condiciones de injusticia social y de pobreza, estará siempre ésta amenazada.
En lo referente a la educación, debemos reforzar e impulsar las mejores estrategias para dotar de mayor recurso a este rubro. Recordemos que un pueblo culto es un pueblo libre, por lo que no se debe tener en decremento, por menor que éste sea, ya que según las cifras señaladas en el reporte se estima de 0.7 respecto del año anterior.
Es bueno aceptar que no empezamos de cero y que gracias al estudio y análisis de estos resultados en materia de política social, podemos destinar en las próximas fechas la manera de mejorar los recursos hacia estos sectores reconocidos como vulnerables.
Debemos avanzar en el diálogo y en los acuerdos; en la consolidación de un verdadero compromiso social que nos exija trabajo, imaginación, participación y dedicación de todos, sin distinciones políticas o partidistas. Que la única finalidad de este esfuerzo colectivo tenga por objetivo principal el garantizar y ampliar los derechos y libertades de la sociedad a que aprendamos de la historia y, con esas enseñanzas, podamos perfeccionar diariamente nuestra visión para enfrentar los retos cotidianos sin importar su magnitud. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene ahora la palabra la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por 10 minutos.
La diputada Elsa María Martínez Peña: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. La pluralidad de nuestra vida democrática ha traído consigo una evaluación más rigurosa del desempeño de nuestras instituciones y de quienes las representamos o formamos parte de éstas.
Sectores representativos de la sociedad organizados y preocupados por la situación en la que se encuentra nuestro país en materia de seguridad han exigido al Estado el cumplimiento de una de sus funciones fundamentales: garantizar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos.
Es preocupante que los mexicanos y mexicanas vivamos con temor, que existan entidades federativas, municipios y regiones del país en las que el Estado sea superado por poderes fácticos.
Ante la incapacidad del gobierno, el desaliento e inquietud social es evidente. El incremento de la violencia e inseguridad en nuestras calles, los severos daños producto de las inundaciones afecta a millones de mexicanos.
Y la política económica restrictiva generadora de desempleo constituye factores que dañan la cuestión social. Garantizar seguridad, empleo, educación, vivienda y salud es para todos es una obligación que el Estado no puede eludir.
Para Nueva Alianza, los esfuerzos del gobierno federal deben orientarse a impulsar políticas que generen empleo, a fortalecer las instituciones e impulsar el desarrollo regional.
La gobernabilidad pasa por el bienestar y la creación de oportunidades de desarrollo para los ciudadanos. La desigualdad y la pobreza amenazan la cohesión de nuestra sociedad.
Qué mejor manera de combatir la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, que impulsando la educación para construir una cultura de la legalidad en una sociedad más próspera y con más oportunidades para nuestros jóvenes.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que un gobierno eficaz se caracteriza por la existencia real de un Estado de derecho, solidez institucional y democracia participativa.
En este marco, el apartado Estado de derecho y seguridad, del Cuarto Informe de Gobierno, destaca que el Ejecutivo federal se ha empeñado en fortalecer el Estado de derecho por ser un elemento sustancial para garantizar la seguridad y el patrimonio de las familias, la convivencia social ordenada y el desarrollo.
Sin embargo, no apreciamos que el eje rector sea un Estado constitucional de derecho, sobre todo, cuando en este Cuarto Informe se da cuenta de manera prioritaria de las opciones orientadas al combate del crimen organizado.
Hoy, la prioridad es avanzar en la definición de una política de Estado en materia de seguridad pública que involucre y articule los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno. Reconocemos la labor y el heroísmo de nuestras Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado; sin embargo, es imprescindible promover un cambio en las estrategias y tácticas empleadas hasta el momento.
El accionar de los grupos delictivos no tiene límites. En los últimos meses hemos sido testigos de reiterados atentados contra periodistas. La libertad de expresión y de pensamiento son elementos que mantienen y dan sustento a la vida democrática del país.
Hoy, México ha sido señalado como una de las regiones donde el ejercicio del periodismo se ha convertido en una de las que implica mayores riesgos. En el Cuarto Informe se alude la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiendo de la Procuraduría General de la República, lo lamentable es que omite señalar cualitativa y cuantitativamente los resultados obtenidos.
Ahora bien, de acuerdo a la Constitución el petróleo es de los mexicanos, pero la realidad es que la delincuencia también se ha infiltrado en Petróleos Mexicanos. El personal que labora ahí ha sido víctima de amenazas, incluso, hasta el día de hoy, nada se sabe sobre el paradero de 38 trabajadores reportados como desaparecidos.
La impunidad es una característica que define el sistema penitenciario, si partimos que el sistema de seguridad pública comprende las fases de prevención e investigación del delito, la procuración y administración de justicia y por último, la ejecución de sanciones penales. Es evidente que si alguna de ellas no cumple con su objetivo, el sistema se vuelve ineficaz.
Asimismo el informe es omiso en dar cuenta sobre el uso y destino que guardan los bienes confiscados. Tampoco se menciona sobre el estado procesal de los juicios derivados de la aplicación de la Ley Federal de Extensión de Dominio, rubro que es importante que esta Cámara de Diputados y la sociedad tengan conocimiento.
El asunto debe de ser desarticular las redes financieras del crimen, con ello se cooptaría de manera importante la capacidad de operación de la delincuencia.
Lo cierto es que los problemas del país parecen no tener fin. La nación atraviesa por una de las peores etapas económicas con incrementos desmedidos en todos los productos de consumo básico, aunado en que en la población persiste un sentimiento de indefinición, desesperación y angustia por la impunidad con que actúan los delincuentes.
En Nueva Alianza sostenemos que el delito en todas sus modalidades debe de ser combatido con energía.
Consideramos que el uso de la fuerza debe darse bajo protocolos que eviten nuevos incidentes como los ocurridos en Nuevo León y Tamaulipas, sobre todo, con respeto a los derechos humanos.
Es responsabilidad del Estado garantizar seguridad a los y las mexicanas y fomentar en la sociedad una cultura de respeto y confianza en las instituciones y autoridades.
Queremos que vean en las leyes un instrumento útil para organizar la vida en sociedad y para la armonía en las comunidades.
Fomentar en nuestra juventud la cultura de la legalidad es un proyecto con visión de largo plazo y más allá de acciones de coyuntura; es una apuesta en la que ganará México.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Muchas gracias, diputada Elsa María Martínez Peña.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra el señor diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por 10 minutos.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: México vive profundas desigualdades sociales producto de un modelo económico excluyente y depredador que sólo beneficia a unos cuantos.
Los índices de pobreza son ya alarmantes. La política social de la administración de Felipe Calderón para el combate a la pobreza es insuficiente. No sólo los especialistas afirman lo anterior; ahora ya se enuncia marcadamente, por parte de los ciudadanos, la entrega de recursos de distintos programas a cambio del apoyo en los procesos electorales.
La escalada de precios en la canasta básica, así como de los ocho incrementos a las gasolinas en lo que va del presente año han provocado una grave inestabilidad en nuestras familias.
Existen estimaciones de que tres de cada 10 familias sólo tienen los ingresos para cubrir dos comidas al día, pero lo más inhumano de esta política social es que para estas fechas se calcula un aproximado de 23 millones de personas en condiciones de pobreza alimentaria, de los cuales tres millones ni siquiera aseguran una comida al día.
Ante este desolador panorama, los legisladores del Partido del Trabajo creemos que hay que cambiar la política social imperante y promover alternativas reales de crecimiento y desarrollo de los mexicanos que viven en la pobreza extrema.
Tal es el caso del programa Opciones Productivas que echa a andar la Sedesol, donde se pueden generar empleos e incentivar la economía por regiones; sin embargo, como ya lo hemos señalado, se prefiere destinar los recursos al programa Oportunidades bajo la lógica perversa de cambiar los apoyos que brinda por votos. Por ejemplo, para el presente ejercicio el programa Opciones Productivas sólo recibió 488 millones de pesos, en contraste, Oportunidades alcanzó la cifra de 34 mil 274 millones de pesos.
Por otra parte, hablar de las necesidades para garantizar la salud de los mexicanos es sinónimo de un enorme sacrificio económico y financiero para la población que no tiene cobertura por parte del Estado. Miles de familias viven en la zozobra por no poder cubrir el costo de las consultas, los medicamentos o los honorarios y facturas en caso de ser internados en algún hospital.
Pese a ello el Estado se obstina en preservar sus esquemas ineficientes de salud pública. Por ejemplo, el Seguro Popular anuncia pomposamente 37 millones de afiliados, pero no reconoce que este esquema es mucho más oneroso para las finanzas públicas y va en detrimento de fortalecer al Seguro Social y al ISSSTE.
Un dato duro sobre esta ineficiencia es que atender a un paciente en el Seguro Popular durante un año le cuesta al fisco 196 mil pesos, mientras que al Seguro Social este mismo tratamiento le cuesta 8 mil 800 pesos. La propia Secretaría de Hacienda ha señalado que en el primer semestre de este año el Seguro Popular tan sólo había ejercido 3 de cada 10 pesos que esta soberanía le aprobó. Buena parte de estos recursos fueron absorbidos para atender los casos de la influenza AH1N1.
¿Con qué recurso vamos a atender los padecimientos crónico degenerativos que cobran vida año con año: cáncer, diabetes, enfermedades psiquiátricas, y ahora la tan común obesidad son los retos para los funcionarios encargados de la salud de nuestra gente?
Los saldos de la administración de Felipe Calderón educativa, no son alentadores. Como lo expresamos en nuestro posicionamiento general, cuando iniciamos este periodo de sesiones, los diez años de administraciones panistas han reducido los espacios de desarrollo educativo para los niños y jóvenes mexicanos.
No obstante el anuncio de logros y avances en materia educativa, por parte de la presente administración, la realidad es que son mayores los retos y aspectos pendientes que no son atendidos por la autoridad educativa federal.
Basados en los pésimos resultados podemos decir, que hay severas inequidades en el sistema que afectan a los mexicanos más pobres. El Consejo Nacional de Fomento Educativo es muestra clara de ello. Este programa atiende a las escuelas y a las comunidades más marginadas de nuestro país y el año pasado todavía le redujeron su presupuesto.
Por otro lado, tres de cada diez mexicanos de quince años o más, no han concluido su educación básica. Los indicadores de deserción para los distintos niveles educativos no hacen más que demostrar que el modelo de país que nos ha impuesto el neoliberalismo, genera exclusión social y una gran masa de mexicanos despojados de las herramientas mínimas para salir adelante.
Del total de niños que inician la educación primaria, sólo el 61 por ciento llega a la secundaria, el resto abandona la escuela. En este sentido, debemos decir que los legisladores del Partido del Trabajo estamos convencidos que no habrá un mejor futuro para los mexicanos si no disminuimos las inequidades en el sistema educativo.
En educación media y superior, la situación también es crítica. Nuestro gran reto es fortalecer aquellos programas de asistencia social que realmente ayuden al desarrollo humano.
Hoy el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, reconoció que existen, lamentablemente, 7 millones de jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar o trabajar, y reconoció que esto es por falta de inversión en educación superior desde hace 10 años que los gobiernos panistas se han hecho cargo de esto. De cada 100 niños y jóvenes matriculados en el nivel básico, sólo 18 logran concluir su educación superior, mientras que un 82 por ciento abandona la escuela.
Las universidades públicas han tenido que restringir su crecimiento porque los recursos que se le son transferidos no son suficientes para hacer frente a la demanda de espacios para estudiar una carrera universitaria. No hay lugar a dudas, en materia educativa las administraciones panistas se han dedicado a administrar la herencia de los gobiernos priistas y no han hecho nada nuevo por mejorar la calidad de la educación. Ni Enciclomedia ni el Acuerdo para la Calidad de la Educación han sido acciones suficientes para elevar la calidad de la educación pública en México.
En palabras de Jesús Reyes Heroles la Secretaría de Educación Pública es un elefante reumático, con ello queremos decir que las cosas ahí no han cambiado en años. Lo único que han creado es un enorme ejército de mexicanos sin ocupación laboral o educativa que corren el riesgo de convertirse en activos para el crimen organizado y la delincuencia.
Compañeras y compañeros diputados, es momento de hacer una evaluación seria, de saber hacia dónde queremos conducir la educación de nuestro país. Es hora de que las autoridades educativas se preocupen y ocupen en dar resultados para las mexicanas y mexicanos que se forman en el sector educativo.
Para todos los programas sociales es momento de trabajar para hacer de las reglas de operación un mecanismo más sencillo y abierto para todos. Debemos fijar nuestras metas en alcanzar una mayor inversión en educación, en cultura y en ciencia y tecnología. Fortalecer los esquemas solidarios y subsidiarios de salud pública.
Finalmente, debemos pugnar por erradicar el enorme andamiaje de corrupción que tanto permea en las instituciones y lacera los intereses de la gente más necesitada.
Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, diputado.
Saludamos a alumnos de la Facultad de Administración del Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, de Atlacomulco, Estado de México. Sean ustedes bienvenidos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra el señor diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
El diputado Alejandro del Mazo Maza: Con su permiso, diputado presidente.
Compañeras y compañeros diputados, quisiera empezar comentando que vienen nuestros compañeros a decir aquí, a comentar que no más impuestos. Pues claro, si no se logran ni siquiera gastar el propio presupuesto.
Nuestro país es una fuente de enormes riquezas naturales, de legados históricos y arqueológicos únicos, de ricas tradiciones culturales. El mar de Cortés, por ejemplo, es considerado el acuario natural del mundo. Las imponentes obras arquitectónicas de Chichen Itzá y de Teotihuacán son admiradas universalmente, así como la riqueza de nuestros pueblos considerados patrimonio de la humanidad.
Hoy no sólo estamos dando cuenta de cuatro años de gobierno, estamos dando cuenta del país que tenemos a 200 años de la Independencia y a 100 años de la Revolución. Tenemos la obligación de hacer una reflexión para saber qué hemos hecho con la inspiración y el espíritu transformador de los mexicanos que nos precedieron y lucharon por el México que hoy tenemos en nuestras manos.
Hoy, la inseguridad pública, la falta de empleo, el bajo crecimiento económico y el descrédito de nuestro país en el extranjero son los indicadores más visibles en este año de festejos patrios. Últimamente hablamos mucho de la inseguridad pública que ha caracterizado a este gobierno, sin embargo, también vivimos en una constante inseguridad económica.
No obstante los niveles alcanzados por los precios del crudo, se deterioraron las finanzas públicas, la caída de más de 64 por ciento de los ingresos no tributarios neutralizó el avance en los otros ingresos. La deuda interna neta del sector público es superior al del cierre de 2009. De igual forma, la deuda externa neta del sector público también fue superior a la del cierre de 2009.
Por otro lado, las cifras del empleo son engañosas, ya que se han generado más de 650 mil empleos informales, superando el número de empleos formales registrados en el IMSS.
Otros indicadores que marcan a nuestra maltrecha economía son el aumento del déficit público en el primer semestre del año, 5.4 por ciento superior al mismo periodo en 2009. En el PIB, si bien se registra en los primero seis meses del año un crecimiento de 5.9, recordemos que la caída en 2009 fue de menos 6.5, por lo que faltaría aún alcanzar el nivel de 2008 para hablar de una mejoría real.
Para sumar a los ya pobres resultados, la administración de aviación federal rebajó la calificación de seguridad de las aerolíneas mexicanas, lo que tendrá muy altos costos y graves consecuencias para la economía nacional.
El 2009 quedó claramente marcado como el año de los subejercicios, es por eso que en el Partido Verde vamos a apoyar la iniciativa de reducir el IVA a un 15 por ciento y no permitir mayores impuestos.
La problemática general que vive el país en cuanto a la gestión de sus recursos hídricos, señala que al menos el 94 por ciento de los ríos y lagos están contaminados. En México contamos con 174 áreas naturales protegidas y solamente 53 con programa de manejo, lo que hace que más de la mitad sean áreas naturales protegidas de papel.
Un país que hacia el extranjero se dice comprometido con la lucha contra el cambio climático y que en los próximos meses hospedará a una reunión cumbre de Naciones Unidas sobre este tema, no puede manejar un doble discurso en donde no se tomen las medidas necesarias para combatir el cambio climático. Debemos aprovechar la situación geográfica del país para maximizar el uso de fuentes alternas para la generación de energía como la solar, la eólica y la geotérmica, entre otras.
Otro caso de este doble discurso lo vemos en la falta de disposición del gobierno federal de establecer la prohibición de los focos incandescentes, ya que éstos son altamente contaminantes además de tener una duración 10 veces menor a los focos ahorradores. Esta acción representaría la oportunidad para colaborar en la mitigación de gases de efecto invernadero disminuyendo alrededor de 30 millones de toneladas de CO2.
A pesar de la gran riqueza en biodiversidad y recursos naturales, no contamos con una Ley de Responsabilidad Ambiental que sancione a quienes acusan un daño al medio ambiente. El subejercicio en medio ambiente a junio de este año es de más de 3 mil millones, lo que es prueba de la ineficiencia en la aplicación de los recursos.
En el paquete económico que se entregó apenas el día de ayer, de igual forma viene una importante reducción en este tema, lo que demuestra el poco interés que existe por combatir el cambio climático.
Es lamentable que no se haya formalizado una estrategia nacional de desarrollo urbano que derive en un plan nacional que integre los grandes temas que se relacionan con el desarrollo regional. Actualmente el Fondo Metropolitano es la única estrategia a nivel regional. Sin embargo, los recursos que se le asignaron son aún insuficientes ante la gran demanda de acciones y proyectos que requieren estas zonas.
El informe considera que la solución al desordenado crecimiento territorial es la adquisición de más reservas territoriales para incorporarlas al desarrollo urbano y la vivienda; cuando lo necesario es impulsar la competitividad y el empleo en las regiones menos favorecidas para disminuir la migración de las áreas rurales a las urbanas y con ello los asentamientos irregulares.
Invertir en la educación hoy es más importante que nunca, ya que permitirá responder a los cambios demográfico y tecnológico que están teniendo efecto en los mercados laborales.
Como bien lo mencionaron ayer los medios de circulación nacional, el gasto por alumno en México es el más bajo de los países miembros de la OCDE, alcanzando 2 mil 111 dólares por alumno de educación primaria, comparado con un promedio de 6 mil 700 dólares en educación secundaria y contra un promedio de 8 mil 267.
Actualmente en México, aproximadamente el 90 por ciento de los recursos destinados para la educación son utilizados para el gasto corriente.
Hoy la Secretaría de Educación Pública admite que existen 7.5 millones de ninis (ni estudian ni trabajan). La migración del capital humano, llamada comúnmente fuga de cerebros no es nueva; sin embargo, como fenómeno masivo sí lo es.
En México detonó en el primer año de la presente administración cuando se ubicó como el país con mayor fuga de cerebros del mundo. Esto es resultado de la ausencia de oportunidades laborales con salarios dignos para los profesionistas egresados.
Ésta es la consecuencia del primer periodo de gobierno del autonombrado presidente del empleo. Para frenar esta fuga de cerebros debemos hacer una inversión mayor en materia de ciencia e innovación tecnológica para dejar de ser un país importador de tecnología y crear las condiciones necesarias para generarla en nuestro país.
El apagón analógico que propone para cambiar los televisores de millones de mexicanos es meramente populista. Desde aquí le decimos que no habrá recursos para este proyecto partidista. 18 mil millones de pesos serán mejores destinados a las necesidades básicas y no a meros caprichos presidencialistas, que favorecen al partido político que gobierna.
Respecto a la conmemoración del Bicentenario y Centenario, lamentamos que estén marcados por la opacidad y las irregularidades. Más de mil millones fueron adjudicados de manera directa evadiendo el procedimiento de licitación.
Es evidente que existe una estrategia bien orquestada por la Secretaría de Educación Pública, el ISSSTE y la Secretaría de la Función Pública, para ocultar los contratos del Bicentenario y Centenario.
Incluso en este Cuarto Informe de Gobierno se omitió dar cuentas de más de 3 mil millones de pesos para estos festejos. Que quede claro que todos queremos festejar el Centenario y Bicentenario, pero por ningún motivo toleraremos el quebranto de la ley.
A pesar de estas difíciles circunstancias...
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Concluya, señor diputado, su tiempo a terminado.
El diputado Alejandro del Mazo Maza: ...reconocemos el esfuerzo del gobierno federal para seguir destinando mayores recursos para el gasto social, principalmente a los programas y acciones para superar la pobreza.
Nuestra alianza con el Partido Revolucionario Institucional es una alianza responsable que vamos a utilizar para sacar adelante los temas que la sociedad nos está demandando.
Finalmente, cabe recordar que antes de los intereses partidistas y de los intereses personales, y bien lo dijo Vicente Guerrero y aquí arriba lo tenemos, la patria es primero.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, a usted señor diputado.
Saludamos a estudiantes de la Universidad Libre de Derecho, invitados por el diputado José Manuel Hinojosa.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, primero que nada, creo que es una lástima que el recinto esté tan vacío cuando de lo que se trata es de pensar juntos y de revisar el informe que ha presentado el Ejecutivo y que a nosotros, desde el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos deja obviamente con un mal sabor de boca y exhibiendo graves y serias diferencias que mantenemos en términos de la conducción del país.
Nos preocupa, obviamente que no tan sólo el documento que ha sido expresado por el Ejecutivo federal, sino las distintas visiones que uno encuentra no solamente en la parte política, económica y social, sino lo que más allá del documento se escucha por la radio cuando uno va en el coche, cuando uno va tratando, obviamente, de encontrar información, que sea, estos espots que uno va escuchando sobre una realidad que desafortunadamente cuando regresamos a nuestras regiones, cuando regresamos a nuestros distritos, en mucho difiere de lo que está percibiendo la gente.
El jefe del Ejecutivo se empeña en presentarnos una economía pujante y si no, por lo menos una economía en un claro proceso de detonación o de regreso a la detonación económica.
Sin embargo cuando uno va a los rincones, cuando uno recorre el país, cuando uno regresa a ver la parte rural o la parte urbana en los sectores populares de las colonias, se encuentra con el desempleo, con esa grave situación de desempleo y de crisis que viven las familias, los hombres y las mujeres de nuestro país.
Se nos vende la idea de que hay una gran recuperación, de que las exportaciones se están recuperando, de que el empleo, se ha logrado tener alrededor de 500 mil empleos nuevos y según la cifra que escuché por la mañana, casi 650 mil.
Desafortunadamente lo que no se nos dice, lo que no se entera a la gente, es que el año pasado prácticamente se perdieron 700 mil empleos y que según datos de la OCDE, para estar en las mismas condiciones de empleo que teníamos como país antes de la crisis económica, necesitaríamos estar generando este año 950 mil empleos.
Por lo tanto esta recuperación si bien es una cifra que puede venderse de manera positiva cuando se oculta la otra parte de la información, creo que es desafortunada cuando tenemos en frente el enorme reto de generar caso un millón de empleos.
Y si nos vamos a déficit que tenemos en materia de empleo, en este gobierno, que era el gobierno del empleo, pensamos que la cifra de casi 3 millones de hombres y mujeres que hoy están en el mercado abierto y que no encuentran de dónde poder llevar ingresos a sus familias, pues obviamente el gobierno queda extraordinariamente mal parado en este IV Informe de Gobierno.
Además de todo, donde se nos expresa que la recuperación pareciera ser que es una recuperación que viene de las distintas actividades y políticas públicas que ha llevado a cabo el gobierno federal, cuando no es así. Somos una economía que se encuentra ampliamente ligada a la economía norteamericana y ha sido precisamente porque esa economía ha logrado reactivarse que hemos tenido la suerte, la fortuna de empezar a encontrar una zenda de reactivación.
Pero ahí tenemos, solamente por citar un ejemplo, uno de los sectores que debieran de ser parte de nuestras locomotoras propias y que se encuentra en una grave crisis, cuando vemos la situación que tiene actualmente el sector de la construcción: más o menos una caída de entre los dos puntos y los tres puntos porcentuales.
Ahí es a donde tenemos que encontrar respuestas que hoy el texto del informe de gobierno, hoy ese informe que debe estar analizado con gran responsabilidad, con gran análisis, con gran capacidad de diagnóstico, no nos da respuestas.
En la parte de competitividad caímos nuevamente en el índice de competitividad, pero lo peor es que caímos en el índice que más se supone que debía de haber tenido una ventaja, habiendo sido este año uno de los años en los que hubo uno de los mayores presupuestos en materia de infraestructura.
Yo escucho regularmente en estos mensajes de radio que es el mayor programa de infraestructura, el mayor programa en la historia del país. Pues desafortunadamente es un programa mal invertido, porque estamos cayendo nuevamente en materia de competitividad y hoy ocupamos el sexagésimo noveno lugar en materia de competitividad de infraestructura. Solamente por poner tesitura de qué estamos hablando, estamos peor que Jamaica, estamos peor que un país como Botswana y estamos peor que un país como Croacia. Poco qué celebrar, poco qué discutir incluso respecto a un planteamiento que dista tanto de la realidad.
Qué creemos nosotros, desde el Partido de la Revolución Democrática, y hacia dónde queremos aventar las baterías durante esta discusión que se avecina en materia del paquete fiscal.
El día de ayer encontramos un planteamiento que mandó el jefe del Ejecutivo, en el cual pareciera ser que México no tiene retos nuevos. Un presupuesto que prácticamente es un “copia y pega” de lo que fue presentado por el Ejecutivo, no solamente en este gobierno, sino por el Ejecutivo en el 2000.
Un presupuesto que sigue teniendo programas como Procampo, que no han cambiado en 20 años; que fueron programas que instaló el PRI durante su mandato, y que ahora ha recuperado el PAN, pero que pocas respuestas le dan a un campo que hoy sigue expulsando jóvenes, y que si bien antes los expulsaba para mandarlos a Estados Unidos; hoy, ante la crisis norteamericana, los están mandando precisamente a que se conviertan en el gran ejército civil que está hoy pagando la delincuencia organizada.
El tema entonces, al revisar el informe, sigue siendo el mismo. Pareciera ser que este país no puede salir de la grave traba de discutir la seguridad pública, discutir la crisis económica y discutir el empleo.
¿Qué es lo que proponemos desde el Partido de la Revolución Democrática? Que tengamos altura de miras en una discusión tan seria y tan preocupante como el tema de los impuestos. A mí me preocupa grave la participación del compañero del Verde Ecologista, que me antecedió, quien con gran elocuencia nuevamente pone sobre tesitura el apoyar ahora a la baja del IVA.
Qué bueno. Lo dije ayer o antier, cuando se presentó la iniciativa por parte del PRI. Qué bueno que el PRI, y ahora el Verde, se sumen al planteamiento de la visión que en materia económica ha tenido el PRD desde hace prácticamente un año. Qué bueno que hoy vuelvan a poner en tesitura que el impuesto al valor agregado nunca debió haber subido, y desafortunadamente, por los pactos oscuros, de los que aquí dimos luz desde esta tribuna, hoy quisieran volver a ese microcosmos electoral en el cual quisieran bajar el IVA del 16 al 15 por ciento.
Obviamente vamos a estar por nuestra posición original que es mantener el 15 por ciento del IVA. Solamente hay que tener muy clara la discusión y de qué se va a tratar ésta. Son casi 30 mil millones de pesos que hoy están destinados a educación y a salud. Esta reducción de 30 mil millones de pesos obviamente que nosotros, como Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pues no la aceptamos.
Tampoco aceptamos que el gobierno federal no esté aterrizando los recursos de manera adecuada, pero no nos parece pertinente que la discusión se quiera resolver, como el gobierno no supo aterrizar el dinero, entonces bajemos la expectativa de crecimiento en educación y de salud. Son 30 mil millones de pesos, sin duda alguna, hay que regresar el IVA al 15 por ciento, pero hay que conseguir esos 30 mil millones de pesos de alguna parte.
Volvemos a poner otra vez en la mesa, la discusión que desde el 8 de septiembre del 2009, tuvimos desde el Partido de la Revolución Democrática. Necesitamos entrarle a esos regímenes de privilegio. Necesitamos entrarle a esos sectores que hoy no están aportando y que el año pasado, tanto el PRI como el PAN prefirieron defender en lugar de que la gente pagara el IVA.
Necesitamos que esos 30 mil millones de pesos los pague el sector transporte, que es un sector altamente defendido por intereses que hay en esta Cámara; que los pague el sector agrícola y pecuario, ése de gran calado, no el del pequeño campesino; ése que hoy también es defendido por los grupos de interés y que el año pasado no quisieron entrarle a ese tema, pero sí hoy queremos regresar a la propuesta original: detener el 15 por ciento del IVA, y obviamente, tener un incremento en el gasto, ahí es donde estará la gran discusión.
Hoy, estamos a siete días de que se dé la conmemoración de los 200 años de grito del Independencia que se dio en Dolores. Hoy, lo que queremos y lo que proponemos es, que esos gritos de independencia que hay en los cientos de rincones del país y los cientos de rincones del estado se acaben. La gente necesita independencia económica, la gente necesita independencia para seguir soñando que México puede ser diferente.
Hoy, la convocatoria -compañeros y compañeras- es a que todos los diputados, todos los grupos parlamentarios le entremos de una vez por todas a una revisión profunda de la reforma fiscal que necesita México, a una revisión profunda del nuevo presupuesto que queremos, porque si queremos arreglar el tema de seguridad, pasa por arreglar el tema del empleo, de los tantos millones de jóvenes, de los tantos millones de hombres y mujeres que hoy no están encontrando respuestas ni en este Informe de Gobierno ni en una política pública que no lo está atendiendo con visión de país.
Es cuanto, señor presidente.
El diputado Alejandro del Mazo Maza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado.
Dígame, diputado Del Mazo.
El diputado Alejandro del Mazo Maza (desde la curul): Señor presidente, nada más quisiera hacer una rectificación de los hechos y una pregunta al diputado, que hace mención de lo que yo comenté, y obviamente le respondo y le comento al diputado Ríos Piter que...
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Señor diputado, permítame, por favor. En el acuerdo, en el formato que han acordado los grupos parlamentarios sólo se permiten las intervenciones para alusiones personales.
El diputado Armando Ríos Piter: Pero para que esto prenda un poquito, presidente, creo que es pertinente la pregunta.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No ha lugar a los diálogos...
El diputado Armando Ríos Piter: Está muy bajo el nivel de participación el día de hoy en la Cámara.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputado Ríos Piter.
El diputado Alejandro del Mazo Maza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: ¿Quiere usted hacer uso de la palabra para alusiones?
El diputado Alejandro del Mazo Maza (desde la curul): Quisiera yo comentar, precisamente, que sí, el año pasado nosotros apoyamos el aumento del IVA, ¿por qué? Porque nos comentaron y nos engañaron que había un boquete en las finanzas públicas, que ya vemos que no era cierto y por algo entonces ahorita nosotros no vamos a permitir que sigan con estos manejos, con estos subejercicios, y por eso proponemos que se reduzca, porque no existe esa necesidad de permanecer con el IVA en el 16. Por eso vamos a apoyar la propuesta de bajarla al 15.
El diputado Armando Ríos Piter: Es pregunta, ¿verdad?
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Permítame, no señor diputado. Ya su tiempo ha terminado, diputado Ríos Piter.
El diputado Armando Ríos Piter: Ah ya. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez: Con su permiso, señor presidente. “En cuanto llegar al poder, baste recordar cuántos lo han alcanzado para el mal o cuántos lo han tenido para no hacer nada. Lo importante no es el poder, sino aquello para lo cual debe servir el poder” Manuel Gómez Morín.
El pasado primero de septiembre el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, entregó al Congreso de la Unión su Cuarto Informe de Gobierno, informe que da cuenta sobre el estado que guarda la administración pública federal.
Aquí se ha criticado duramente al Ejecutivo por una pretendida e ineficacia en el ejercicio de gobierno; sin embargo, debemos decir que hoy como nunca los procesos al interior de la administración pública y las políticas puestas en marcha son evaluados con rigor y transparentemente medidos en términos de su viabilidad al servicio de los ciudadanos por esta Cámara y sus órganos de vigilancia.
No nos hagamos, en el pasado sólo había elogios desmedidos a las malas administraciones u omisiones a señalar los errores cometidos. Por ello, todo parecía estar muy bien.
Pero México tiene memoria y recuerda muy bien el autoritarismo político. Recuerda bien las crisis financieras, la censura, la incapacidad de los gobiernos y las crisis que generaron; la opacidad en el gasto público y la corrupción; el abuso y el clientelismo. México recuerda -y recuerda bien- las partidas secretas, las cuentas en paraísos fiscales, las obras inconclusas.
Este gobierno federal es un gobierno de compromiso, honestidad, transparencia y eficiencia. Es un gobierno que ha sabido tomar las decisiones con responsabilidad, con el presente y con las generaciones futuras.
Prueba de ello es que, después de la crisis económica mundial que sacudió a las economías del planeta en el primer trimestre de 2010, nuestro país registró un crecimiento del producto interno bruto de 4.3 por ciento y 7.6 por ciento en el segundo trimestre, siendo el más alto en los últimos 12 años. Ello, a diferencia de otros gobiernos que no supieron afrontar de forma eficiente las crisis económicas y que llevaron a sus países a situaciones verdaderamente complejas y alarmantes.
Como país, hemos enfrentado esta crisis sin experimentar descalabros en nuestra estabilidad inflacionaria, sin devaluaciones incontrolables, sin endeudamientos brutales, como en otros sexenios.
Frente a los desafíos el gobierno federal ha asumido el compromiso de ir adelante en una agenda ambiciosa y compleja, como son los retos de nuestro país. Por ejemplo, la reforma a las telecomunicaciones anunciada por el presidente Calderón busca que la mayoría de los ciudadanos mexicanos tengan acceso a telefonía celular y otras tecnologías antes que concluya el sexenio, es decir en un plazo menor de dos años y medio, decisión más que válida, ya que México se ubica en el sitio 71 de 134 países en preparación tecnológica, según el Foro Económico Mundial.
Se trata de una serie de acciones para que la mayor parte de la población tenga acceso a servicios de telefonía; de banda ancha; servicios de Internet; de televisión; de radio de clase mundial y a precios accesibles. Para ello se trabaja ya en mejoras regulatorias y de estímulo a la competitividad.
Las telecomunicaciones son un componente importante de las nuevas tecnologías de información y las comunicaciones, fomentan el desarrollo económico y la generación de empleos al abaratar los costos de entrada a nuevos competidores.
Para muestra del avance en esa materia, en junio de 2010 se emitió el fallo con el que se otorgan en renta por 20 años más de 19 mil kilómetros de cableado de fibra óptica, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Ello resultará en servicios de mayor calidad y menores precios para los usuarios, al incorporar nuevos oferentes de servicios de banda ancha.
La reforma para la competencia económica presentada por el Ejecutivo, y aprobada en esta Cámara, es prueba de que se tiene la conciencia de que sí es posible mejorar el índice de competitividad económica de México en el ranking mundial.
Otro indicador del Foro Económico Mundial sitúa a nuestro país en el lugar 122 respecto a la iniquidad en el trato laboral hacia las mujeres. Por ello, la reforma laboral presentada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y consensuada con el presidente de la república, propone facilitar el acceso y permanencia de las mujeres al mercado laboral; prohíbe al patrón exigir a las trabajadoras certificados médicos de ingravidez y también despedir trabajadoras por estar embarazadas. Propone que se reconozca como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia, para que las mujeres puedan compaginar su vida familiar con el empleo.
Por no contar con esta reforma, compañera y compañeros, afectamos cada semana a 3 mil mujeres que no pueden entrar a trabajar.
Por otro lado, Estudios del Banco Mundial sugieren que un porcentaje superior a 50 por ciento de las empresas en la Ciudad de México subcontrata trabajo al sector informal. En muchos casos esta subcontratación es un tema de reducción de costos, pero en la mayoría de los casos de pequeñas y microempresas, es un tema de supervivencia.
La tasa de crecimiento de la población en México si bien se ha reducido, la población urbana económicamente activa seguirá creciendo a un ritmo cercano a 2 por ciento, alcanzando en el 2020 aproximadamente 45 millones. Lo grave es que de mantenerse la estructura actual del mercado laboral, casi la mitad de esta fuerza laboral no tendrá un empleo formal.
De verdad resultan desafortunadas las declaraciones de ciertos legisladores que pretenden con su postura defender las conquistas laborales, pero lo que en realidad están haciendo es cerrarles la puerta en la cara a millones de personas que no tienen acceso a un empleo formal.
¿Habrá en el Congreso una mayoría de valientes que se atreva a abrir las puertas del empleo a millones de mexicanos; o seguirán algunos de nuestros legisladores escudándose en las cobardes excusas de siempre?
Se dice que la economía mexicana no ha crecido como otras en la región latinoamericana, solamente que se omite decir que en dichos países se han realizado reformas en materia energética, en materia laboral, el materia hacendaria y en materia de competencia. No se dice que en esos países su Congreso ha aprobado reformas modernas en pro del crecimiento, aun y cuando mantienen sus partidos un intenso debate político. Hay que mirar al mundo y comprenderlo bien.
Se ha cuestionado la capacidad de gobernar, pero hay que se muy claros. El Estado mexicano depende de los Poderes de la Unión en su conjunto y de los órdenes de gobierno. Cada uno tiene en sus manos facultades y responsabilidades delineadas por la ley. El Poder Ejecutivo hace su parte, así como los demás debemos hacer la nuestra.
Es la hora de que los ciudadanos sepan quiénes estamos del lado de la modernidad y el cambio; y quiénes no apoyan las reformas necesarias.
En este 2010, el año del bicentenario de la Independencia de México y el centenario de la Revolución de nuestro país, el mejor momento para que los que nos decimos mexicanos y nos ufanamos de nuestra soberanía y nos orgullecemos de ser patriotas, en verdad, contribuyamos a construir el mejor país que hemos soñado, que vayamos a dar y hacer realidad una esperanza de vida mejor a nuestros jóvenes, niños, mujeres y hombres para los próximos años.
Hagamos, diputadas y diputados, el pacto del bicentenario todas las fuerzas políticas, está en nuestras manos, que seamos juzgados porque fuimos los diputados congruentes, trabajadores del bicentenario, que cimentemos un futuro fuerte de nuestro país para los siguientes 100 años por lo menos, y no que seamos vistos como los diputados que tuvieron la gran oportunidad de consolidar el México exitoso y triunfador y que no lo quisieron hacer.
Muchas gracias. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputada Lugo Martínez.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Sofía Castro Ríos: Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su venia, señor presidente.
El deber moral y político de las y los legisladores es garantizar que los acuerdos, actos y decisiones obedezcan al interés plural del México de hoy, y no de modo exclusivo al signo de una ideología o un partido; de una filosofía o de una sola línea de acción. Todos pensamos de manera diferente y tenemos enfoques distintos, vemos al México que queremos ver de acuerdo al cristal con que se mira.
Pero también es cierto que por encima de antagonismos o lealtades partidistas, para asegurar el progreso del país, Felipe Calderón debe caminar con la sociedad y sus representantes en la dirección correcta. No en la que él quiere.
Es un agravio a los legisladores, y principalmente a la sociedad, que el presupuesto aprobado por el Congreso para atender las necesidades sociales y para combatir la pobreza no sea ejercido en su totalidad y que el Poder Ejecutivo no se muestre preocupado, atento y enfocado a este importante sucedo.
De qué sirve, al ciudadano marginado, el ostentoso gasto del informe en su publicación, difusión a través de spot y cápsulas de radio y televisión, el egocentrismo del presidente satura con su imagen y su voz una y otra vez los cortes comerciales. ¿Acaso con este método dogmático de mercadotecnia el bienestar social aumenta? Da pena, pero Felipe Calderón se siente actor televisivo, en lugar de sentirse presidente de la república.
De este modo percibo cómo seguramente se siente cada mexicano. Que la labor presidencial no está acreditando los rendimientos que se esperan, que son especialmente visibles los grandes espacios de pobreza y marginación, que no han sido atendidos al ritmo que el país exige.
Lo que veo relevante aquí no es hacer un recuento detallado de proyectos o rezagos, de ello nos ocuparemos en su momento. Lo relevante es hacer conciencia de que lo obligado a hacer por el Ejecutivo no se hace.
No se hace o se hace de manera tendenciosa a los intereses de su partido, radicando los recursos sociales con el mero propósito de corromper conciencias para medrar con el voto ciudadano, convirtiéndolo en un mapache electoral. Ésa no es su tarea, señor presidente. Eso no es el mandato de la Constitución a la que juró obedecer. Sus actos son sólo un ejemplo de su hambre política.
Lo correcto es, que nuestro presidente olvide ambiciones efímeras, con el propósito de impulsar las acciones conjuntas y obtener el mayor provecho de los frutos, a veces espinosos, de la democracia.
No se desea ni se admite un proyecto de país planeado y orquestado para beneficio de un solo partido político, por lo que hay que superar la pretensión de imponer programas y perfiles políticos que no han sido consensuados mayoritariamente ni reflejan el tejido plural de la colectividad.
La realidad es que el país retrocede económica y socialmente de manera estruendosa. Los voceros del presidente se ven risa al asegurar que el desastre social no fue como en el 95. Sólo basta señalar el incremento en más de 6 millones de pobres entre 2006 y 2008, adicionales a los 47 millones que ya teníamos.
Más aun, para fines de este año, contaremos con aproximadamente 8 millones más de pobres en el país, de los que había al inicio de este sexenio.
El 90 por ciento de la población indígena, vive por debajo del umbral de la pobreza, comparado con el 47 por ciento de los no indígenas. Es decir, son los pobres, los más pobres entre los pobres.
Lo que se ve no se juzga. Ni aún con el crecimiento del 7 por ciento anual ofrecido por el presidente, en lo que queda del sexenio, lograremos reducir la pobreza a por lo menos los niveles en los que estábamos al iniciar el periodo presidencial de Felipe Calderón.
Si hablamos del desempleo, imagínense, más de 3 millones de hombres y mujeres en las calles, buscando oportunidades. La cifra es catastrófica, la realidad es oscura.
Me voy a referir a continuación a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Se estima que en México suman 7 millones de ellos; la mayoría son mujeres. Jóvenes sin futuro claro ni esperanza. Toda una generación marcada por el error de una política gubernamental que los arrojó a la calle al deslumbrar sin ilusión ni compromiso.
A estos jóvenes nada les motiva, nada les llena, nada llama la atención y todo se desestima. Son apáticos de la vida, pero son 7 millones, señor presidente.
¿Dónde está una política social clara y precisa para que este grupo de mexicanos si deciden estudiar? ¿Cómo les puede ofrecer un empleo seguro, cómo les va a ofrecer vivienda y alimento para reorientar su vida? En esta realidad es claro que el gobierno federal no ha abonado su responsabilidad de garantizar el bienestar social de los habitantes del país.
¿Por qué los programas sociales no han abatido la pobreza? Muy sencillo: porque la política social es ineficaz, asistencialista y clientelar. Padece de un centralismo asfixiante que burocratiza su gestión, desdeña las capacidades estatales, avasalla a los municipios.
Es descoordinada y propicia una insostenible duplicidad entre los programas de la federación y los estados y municipios. Es discrecional en la formulación de reglas de operación, no hay un padrón único y por supuesto existe opacidad en las asignaciones a los estados. Es excluyente, subestima la organización social, la participación ciudadana y, más aún, la contraloría social. Es cuantiosa, onerosa y al mismo tiempo insuficiente.
Ante tal situación, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una servidora, nos proponemos: compactación de los programas que hoy se consideran de atención a la superación de la pobreza; 88 programas, más de 188 millones de pesos.
Descentralización de los recursos a estados y municipios. Desplazar el eje asistencial hacia el eje productivo y competitivo. Participación ciudadana y organización social real para que la gente participe, ayude y vigile en la ejecución de los programas.
Por un combate productivo contra la pobreza, la desigualdad regional, el centralismo y la exclusión nos proponemos, primero, la creación del Fondo Nacional de Microcréditos para Emprendedores Sociales que, reactivando la banca de desarrollo con tasas sociales, con garantías elementales y trámites simplificados, permitirá la auto ocupación de uno de cada tres desempleados en el país.
Dos. La creación del Fondo de Cohesión Social. Un nuevo capítulo en el Ramo 33 con un carácter vigorosamente redistributivo para atender con recursos federalizados a municipios de alta y muy alta marginación, específicamente a 2 mil 671 localidades caracterizadas como prioritarias para que, con una visión local, sin clientelismo, sin burocracias, puedan transformar sus condiciones de vivienda, infraestructura social, de conectividad, de producción y comercialización.
Además, urge adoptar medidas a favor de la recuperación, la política social y la equidad. Por ello, tenemos que incrementar en términos reales el gasto público y su calidad; fortalecer la acción de la banca de desarrollo y formar una comisión legislativa con fines de avanzar en materia de derechos sociales específicos para promover la creación de un sistema de salud universal, el empleo a los jóvenes, las becas educativas, el seguro de desempleo y el abatimiento a las desigualdades regionales.
Compañeras y compañeros legisladores, el pueblo aspira a que exista equilibrio, no discrepancias. A superar la discordia y a generar proactividad; a pensar por ellos, a trabajar por ellos.
Dejemos atrás a los que piensan que desacreditar y confundir la buena política con los malos políticos y sus decisiones nocivas es atentar contra la naturaleza de su función, que es la de conciliar, la de unir y encontrar soluciones.
Recordemos a Luis Donaldo Colosio cuando afirmó de manera categórica: No se debe temer a la competencia política, sino a la incompetencia de los políticos.
Seamos entonces obsesivos en la promoción y defensa del interés público concebido como el interés de todos y como norma ética suprema en los asuntos políticos, razonando que éste...
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Concluya usted, compañera diputada, por favor.
La diputada Sofía Castro Ríos: ... que éste no es el interés que se identifica con unos cuantos, sino con la categoría superior de lo colectivo. --Termino, señor presidente.
Coincidamos plenamente en que todo lo que se diga se planee y se haga para brindar techo, comida y sustento a los desprotegidos. De la misma manera coincidamos por la educación de calidad para todos los mexicanos, así como abatir la pobreza de cada hogar que reclama corregir las desigualdades e impulsar la equidad.
De esta manera veremos la diferencia entre transitar y trascender. Muchas gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputada.
El diputado Omar Fayad desea hacer uso de la palabra. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Para una alusión, presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Desde su curul o pasa usted aquí enfrente?
El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Desde esta curul, presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Con mucho gusto.
El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Quiero decirle a la compañera Sofía, que prácticamente suscribo todo lo que ha señalado durante su brillante intervención; pero hay algo en lo que no puedo estar de acuerdo con ella. Ella sostiene que el presidente no le ha dado un buen empleo a nadie; eso no es cierto. Sí ha dado un buen empleo y ahí está el caso de Molinar Horcasitas, a costa de los cientos de trabajadores de Mexicana de Aviación, y también le ha dado un buen empleo a Mony de Swaan, y como ése tendríamos una larga lista que ojalá sea motivo del análisis que se haga en este recinto legislativo.
Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, señor diputado.
Ha concluido la segunda ronda de oradores, por tanto iniciamos la tercera ronda y para...
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Pero, ¿cuál es el objeto, diputado Cuevas? A ver, adelante.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente, es una moción de orden, no es una alusión personal. Está en el reglamento y se tiene que desahogar conforme al mismo.
Sólo, señor presidente, pedir que nos adecuemos estrictamente al cumplimiento de lo que establece, tanto la Ley Orgánica, como el Reglamento. Todo mundo tiene derecho a expresar las ideas que correspondan, pero no se ha expresado cuál fue la alusión. Cuando hay alusiones, adelante, que se expresen. Pero habló de varios temas que fueron aludidos en ese sentido. Es el derecho de los legisladores, pero es la obligación de la Presidencia apegarse estrictamente a lo que dicen los acuerdos y la ley.
Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se va a considerar.
Se han inscrito para la tercera ronda los siguientes oradores:
La diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia; la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Nueva Alianza; el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo; el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Jesús Ramírez Rangel, del Partido Acción Nacional, y el diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Por lo tanto, tiene la palabra hasta por 10 minutos, la diputada María Guadalupe García Almanza, del Partido Convergencia.
La diputada María Guadalupe García Almanza: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados.
Corresponde a esta soberanía realizar un ejercicio donde se evalúa la actuación del gobierno federal en las diversas materias que le corresponde desempeñar a través de las instituciones responsables de sus tareas.
Existe una profunda preocupación en el ánimo de toda la sociedad ante la gravedad que han tomado los acontecimientos por una serie concatenada de desaciertos en materia de política interior. Más allá de los relevos ocurridos en lo que se refiere al titular de la dependencia responsable. Lo que se advierte es una falta de estrategia orientada a construir y preservar la gobernabilidad democrática que debe caracterizar el devenir de un país en la búsqueda de la paz social.
Indicadores como una inseguridad pública en amplias zonas del territorio nacional, revelan la falta de capacidad de maniobra por parte de un gobierno, que además de proseguir con sus constantes errores, se empecinen a actuar con un verdadero contrasentido a como debiera serlo.
Pretender gobernar con base en el resultado de encuestas, combinándose con la toma de decisiones originadas con estados de ánimo caracterizados por actitudes coléricas y excluyentes, configuran un escenario sumamente adverso donde a juzgar por las acciones, se pretende desestimar a priori cualquier posición crítica buscando erradicar la pluralidad que ha caracterizado al México actual.
La inobservancia de la ley, motivada por intereses de distinta índole, particularmente los de carácter electoral, ha permeado a tal grado en la sociedad que en la actualidad impera la impunidad y la corrupción, llegándose al extremo de que instituciones encargadas de aplicar la ley aceptan su violación sin mediar sanción alguna.
La falta de respeto por los derechos humanos fundamentales de buena parte de la población, expresada en los verdaderos ajusticiamientos que han sufrido civiles a manos de elementos de las Fuerzas Armadas, además de las vejaciones que padecen los inmigrantes extranjeros que pasan por nuestro país en dirección a los Estados Unidos, han creado una imagen negativa en el exterior.
Igualmente destaca la negatividad, el constante menosprecios por los derechos de los trabajadores, como lo acreditan decisiones tan cuestionables como la de extinguir a Luz y Fuerza, sumando al desempleo a 44 mil trabajadores y dejando en el desamparo a igual número de familias.
De hecho, en el presente periodo existe la posibilidad de que en este recinto parlamentario discutamos una reforma laboral que, desde la perspectiva del gobierno federal, debe reducirse al trabajo por hora y a destajo.
Sin embargo, lejos de actuar enérgica y prontamente para la corrección de las problemáticas que se acumulan y acrecientan día con día, la política interior se conduce con autocomplacencia y simulación, generando fundadas dudas acerca de la capacidad de respuesta que se observa una y otra vez.
En síntesis, una de las demandas sociales más sentidas y que comparte Convergencia es exigir al Estado mexicano el ineludible cumplimiento de sus compromisos, para asegurar a la población la certeza de que se preservará su integridad y su patrimonio en un marco que combine el avance democrático y mejoras en sus condiciones de vida; lo cual, desafortunadamente, se aleja cada día de tan caros y legítimos anhelos.
Por otra parte, la revisión de los datos contenidos en el Cuarto Informe de Gobierno confirman la opinión de diversos especialistas en el sentido de que no existe una política exterior del Estado mexicano, pues se sigue la tendencia de numerar viajes al extranjero por parte del titular de Ejecutivo federal, así como una tibia referencia a la celebración en nuestro país de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe.
Más que tratarse de una estrategia de largo aliento y de la búsqueda de un papel destacado en el concierto internacional de naciones, consideramos que en éste, como en otros temas, se está a la zaga de lo que debería hacerse para fortalecer la presencia de México en el ámbito internacional.
Queremos pensar que precisamente la apertura comercial en estos tiempos de globalización ha modificado el papel de México en el concierto internacional, y no que la causa es un deliberado relajamiento de nuestra política exterior.
Hay una preocupación fundamental en México, y se refiere a la actitud adoptada por el gobierno mexicano ante la aprobación en el estado de Arizona, del vecino país del norte, de una ley a todas luces violatoria de los derechos humanos de los migrantes, dados sus componentes racistas.
Este asunto fue un claro ejemplo de cómo el gobierno federal, lejos de emitir una condena enérgica y tomar acciones por una defensa acérrima de nuestros connacionales en territorio estadounidense, respondió con una actitud dubitativa.
Concentradas en estrechar los vínculos con los países de norte de América, las relaciones con América Latina y el Caribe quedaron en un segundo plano, colocando a México en una débil posición frente a sus socios comerciales y ante otras naciones. Tenemos que intensificar la cooperación con los países hermanos de América Latina y el Caribe, además de equilibrar la relación con nuestros socios comerciales de América del Norte, acrecentar la cooperación con Europa y diversificar los intercambios con países de Asia, África, Medio Oriente y Oceanía.
Desde la perspectiva de Convergencia, no se puede entender ni implementar la política exterior de México sin la incorporación del Congreso en las definiciones y evaluaciones de las decisiones internacionales que pueden afectar la seguridad nacional o las políticas económicas y sociales del gobierno federal. Por ello, lamentamos profundamente el veto presidencial a la Ley General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobada por el Poder Legislativo.
Los retos de política exterior son de una gran dimensión, ya que México se ubica frente a condiciones políticas, sociales, económica y culturales complejas y diversas como es la relativa al modelo de desarrollo nacional, que ha demostrado ser insuficiente para atender las demandas de la sociedad. En cuanto a la política exterior es necesario redefinir la estrategia partiendo de nuestras necesidades como nación, diversificando con mayor medida la cooperación y el intercambio con otros países.
A esto último le apuesta Convergencia. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, compañera diputada.
Se encuentran en este recinto, en su calidad de visitantes, personas que provienen del estado de Jalisco, invitados por la diputada Clara Gómez Caro. Les damos la más cordial bienvenida.
También reconocemos la presencia de alumnos de bachilleres del estado de México, invitados por el diputado Ignacio Rubí Salazar. Sean ustedes bienvenidos.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra la diputada María del Pilar Torre Canales, del Partido Nueva Alianza.
La diputada María del Pilar Torre Canales: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Al tiempo que la dinámica de la realidad mundial exige respuestas claras e inmediatas, nuestro país ha atravesado en los últimos años por una coyuntura interna que ha complicado de manera general el estado de la política exterior y al sistema de promoción, protección y defensa de los derechos humanos.
No obstante, la experiencia histórica, la tradición diplomática y los vínculos políticos, económicos y culturales que México ha construido con el resto del mundo, a poco más de 45 meses de ejercicio de la actual administración, la política exterior está lejos de servir como palanca para mejorar los niveles de vida de las y los mexicanos que viven dentro y fuera del territorio nacional, y para hacer del país una nación atractiva y segura para invertir, como lo indica el Plan Nacional de Desarrollo.
La falta de un verdadero estado de derecho, la fragilidad institucional, la inseguridad, la falta de crecimiento económico, la pérdida de competitividad y la incapacidad del gobierno de proteger y promover los intereses de sus ciudadanos en el tema migratorio ha hecho que la conducción de la política exterior esté llena de propósitos que parecen más formar parte de hechos coyunturales que de una visión con objetivos definidos.
Si bien podemos reconocer avances como la estrategia de gobierno para normalizar y fortalecer las relaciones con América Latina, la participación de nuestro país en el Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas, y el número de resoluciones adoptadas, así como la moción Amigo de la Corte presentada por México y apoyada por 11 países latinoamericanos puede suspender provisionalmente la entrada en vigor de algunas de las disposiciones de la Ley SB1070, en términos generales el papel de México en esta materia no es tan eficiente y responsable como la Cancillería expresa.
Más México en el mundo, y más mundo en México. Ése era uno de los fines planteados desde el 2009. Hoy podemos reiterar que sí hay más México en el mundo, pero no de la manera en que desearíamos.
Por un lado, cada vez son más los países que emiten alertas a sus ciudadanos para viajar a México, y la percepción internacional es que estamos en guerra, una guerra que ha alcanzado incluso ya a las ciudades más seguras del país. Señal contundente de que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado se ha extendido en los enclaves más ricos del país. Esto según expuesto por el Wall Street Journal.
Por el otro lado, tenemos la imagen distorsionada de un gobierno y una Cancillería que recalcan que la protección a los migrantes mexicanos y a aquéllos de otros países que cruzan en el territorio para llegar a Estados Unidos ocupa un lugar prioritario en los objetivos y estrategias de la agenda nacional. Cuando los ejemplos de lo contrario sobran.
En el último año, las medidas antiinmigrantes en los Estados Unidos tuvieron un incremento importante, lejos de que las reuniones y los diálogos dieran frutos, se proclamó la Ley SB-1070, la cual tuvo una gran aceptación para muchos norteamericanos y a pesar de la actuación del gobierno federal, se prevé que este tipo de legislaciones sigan multiplicándose.
El asesinato de los 72 migrantes en el estado de Tamaulipas es otro hecho que muestra la indiferencia del gobierno mexicano y el descuido que la frontera sur y la migración interna padecen desde hace años. Un estado que no actúa es responsable de omisión de los delitos que se cometen en su territorio.
Aún cuando se supone que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con instancias para la protección de los connacionales en el extranjero, el pasado mes de febrero fue considerada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública como negligente, al no contar con la información del número de mexicanos fallecidos en el Centro de Atención Migratorio, en Estados Unidos, de 2000 al 2009.
En materia de promoción y protección a los derechos humanos también encontramos graves incongruencias, que no se mencionan a la hora que el gobierno enaltece su compromiso con la cultura de derechos humanos y que se convierten en importantes obstáculos para lograr avances sustanciales y reales.
Las ratificaciones pendientes a instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la ausencia de firma en algunas convenciones, la existencia de reservas sustanciales a ciertos tratados y la falta de armonización e implementación de los estándares internacionales, son obstáculos importantes para lograr la máxima eficacia de los derechos humanos y sus mecanismos de protección.
Ejemplo de ello, es el cuestionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso Rosendo Radilla, cuando ésta, de acuerdo a la convención firmada por nuestro país, es vinculatoria.
Por su parte, los hechos e informes sobre violaciones de derechos humanos perpetrados por miembros del Ejército y a manos de la policía federal, estatal y municipal, en varios estados, como detenciones arbitrarias, ejecuciones y homicidios causados por daños colaterales, siguen presentes en la realidad de nuestro país.
La muerte de dos personas, acontecida el domingo pasado, en la carretera de Monterrey, Laredo, a manos de efectivos militares, es el último episodio de esos casos y que de ninguna manera pueden justificarse.
Las amenazas, agresiones y secuestros contra defensores de derechos humanos y periodistas, han agravado seriamente el clima.
La obligación de garantizar progresivamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es uno de los grandes pendientes del gobierno mexicano.
La pobreza y la creciente desigualdad social que polariza cada vez más a la sociedad, provocan que millones de mexicanos y mexicanas continúen sin acceso a sus derechos básicos.
La falta de acceso a la salud, las deplorables condiciones laborales, la falta de calidad y equidad en la educación, el deterioro ambiental y sus repercusiones para el cambio climático, tema de gran trascendencia por la cercanía de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático que se celebrará en Cancún en noviembre próximo, cuestionan severamente el papel del Estado para garantizar el desarrollo humano sustentable al que se comprometió llegar.
Resulta obvio que este panorama no se acerca en nada a una política exterior activa, responsable y eficaz y a un gobierno verdaderamente comprometido con la defensa y protección de los derechos humanos.
Si bien sabemos que las graves repercusiones de la crisis económica y financiera, aunada a la crisis de inseguridad que golpea a la gobernabilidad y la estabilidad social y política del país, han dado como resultado que México enfrente también graves déficits.
Estamos también conscientes de que debemos empezar por aceptar los errores y las omisiones en estas materias para generar un real cambio.
Son muchos los retos y desafíos que el país tiene por delante. Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, es imperativo en estas materias impulsar permanentemente el fortalecimiento de nuestra democracia, precisando los objetivos y las cualidades de desarrollo con base en auténtico interés nacional que incluya y permita el crecimiento con desarrollo económico de calidad y respeto de los derechos.
Se deben conciliar el creciente número de intereses e integrarlos de manera coherente y armónica para que logremos la articulación de una política exterior unificada hacia el exterior, pero representativa de las preferencias y necesidades de cada uno de los actores nacionales.
Hoy nos despertamos con un dato que sea falso o no sea falso, lo queramos aceptar o no, pero fue un dato grave que dio la secretaria del parlamento estadounidense, Hilary Clinton, en el cual compara a México con la violencia y la inseguridad que tenía Colombia hace 20 años. Éste es un dado que, como mexicanos, nos debe dejar ciertamente muy preocupados.
Por su atención muchísimas gracias. Es cuanto.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputada Torre Canales, por su intervención.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Señores y señoras legisladoras: en los próximos días, en ocasión del bicentenario de la lucha por la Independencia y el centenario de la Revolución habremos alcanzado la cifra de 30 mil personas que han perdido la vida en el caos que erróneamente se ha llamado estrategia de combate al crimen organizado.
Habremos de escuchar banales estribillos, de presenciar fastuosos festejos para ocultar esa cifra que ilustra la tragedia nacional.
Difícilmente podremos celebrar, pues el país está en vilo y el Estado ha perdido toda dirección, como lo acredita la resignación de quien ocupa de facto el Poder Ejecutivo, quien ha dicho que es esperable el incremento de la violencia y que en realidad el saldo fatal no importa porque supuestamente la mayoría son delincuentes que se están matando entre ellos.
Desde la comodidad aduladora que le brindan las elites del poder político y económico, protegido por miles de policías y soldados, a Calderón debe resultarle fácil hablar con tal desprecio por el pueblo de México, con total ausencia de humanismo, sin ningún viso de haber asumido plenamente la responsabilidad que implica ocupar una posición gubernamental.
La ciudadanía vive una realidad muy distinta que ningún fuego de artificio puede disfrazar. Quisiéramos traer a esta tribuna a los 10 mil huérfanos, a los 60 mil desplazados de Ciudad Juárez, a los cientos de miles de personas a quienes les han arrebatado su empleo, a los innumerables ciudadanos que han visto vulnerados sus derechos fundamentales quienes desesperan por recibir justicia; recibir aquí a aquellas voces que nadie escucha, para que fueran ellos quienes evaluaran la situación de la política interior de Calderón. Sin duda alguna sus observaciones serían desoladoras.
Hoy estamos en medio de un periodo negro de nuestra historia. El discurso oficial desprecia los avances para generar instituciones que reconozcan la plena dignidad de las personas. Se niegan derechos a los homosexuales, se criminaliza la libre elección reproductiva de las mujeres, se justifican los crímenes de Estado al hablar de que los delincuentes pierden su carácter de seres humanos y los convierten en piezas de cacería; y más tarde comprobamos que estas víctimas, además de personas con derechos, eran estudiantes, líderes sociales o personas sin el menor vínculo con cuestiones delictivas.
Sorprende el cinismo de quien alguna vez etiquetó como un peligro para México al líder de millones de mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, ya que es Calderón el mayor responsable de la polinización política y social. Es él quien con un lenguaje dogmático, belicoso e intolerante repite una cantaleta: la de la supuesta guerra contra el crimen organizado; mientras contemplamos el desmoronamiento del estado de derecho.
Nos indigna que Calderón ignore mencionar en este informe de gobierno su indiferencia ante las demandas de solución a los electricistas del SME, ante las quejas de grupos sociales que sufren la opresión y el despojo: en Cananea, en Tenacatita, en Tema Capulín, en San Juan Copala. Todo ello, mientras se utilizan las instancias de política exterior para firmar reprobables convenios, a fin de dar curso al aumento de los impuestos, a cambio de la promesa de no establecer alianzas electorales, como fue el episodio vergonzante del PRI y del PAN.
Se ha vulnerado el estado laico, uno de los pilares fundamentales de la modernidad. Algunos ministros de culto disfrutan de libertad absoluta para entrometerse en los asuntos públicos y afectar la imagen de las fuerzas progresistas.
La Secretaría de Gobernación ha sido omisa, ya no digamos para sancionar, si no, cuando menos, para reprobar los excesos verbales de los obispos de Guadalajara, de la Ciudad de México y de Ecatepec. En contra de ello, días más tarde se vio al titular de Gobernación en armonía con los altas jerarcas de la iglesia católica.
Las perspectivas de reactivar la transición democrática se han esfumado en el horizonte. El Ejecutivo presentó una farsa de reforma política, que eludía los anteriores consensos entre amplios sectores, políticos y sociales, para transitar hacia un régimen de equilibrio de poderes, descentralización, transparencia, rendición de cuentas y democracia participativa.
Por el contrario, envío una propuesta que afectaría seriamente la vitalidad del legislativo y su representatividad. Las candidaturas ciudadanas y la segunda vuelta fueron meras cortinas de humo para ocultar las perversas intenciones y alterar irremediablemente el orden jurídico para fortalecer al presidencialismo, así como el esfuerzo paralelo para reglamentar un estado de sitio con la reformas a la Ley de Seguridad Nacional.
Desde esta tribuna el Grupo Parlamentario del Trabajo y los diputados que militamos en el movimiento que encabeza Andrés Manuel, han denunciado el abuso de poder por parte de las autoridades. Han hecho un llamado para cancelar las torcidas interpretaciones del ordenamiento jurídico que extienden el fuero de guerra y con ello se normaliza el privilegio de la impunidad para quienes han utilizado indebidamente sus atribuciones.
Al igual que en el pasado, hoy la procuración de justicia es un instrumento de persecución política, una fábrica de culpables, una maquinaria de ineficiencia y corrupción.
En febrero de 2006, un candidato a la presidencia que protestaba en Puebla por la represión que sufrió la periodista Lydia Cacho a manos del gobernador priista Mario Marín, expresó: si permitimos que ese atropello se consume y quede impune, también ocurrirá en otras partes.
Más de cuatro años después, ése candidato que se jacta de su valentía para combatir a los criminales, no ha tenido el arrojo para frenar el atropello y la impunidad que se ejecutan desde cargos públicos de la Federación y los estados. Se ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos, y por si fuera poco, han surgido a la luz pública múltiples evidencias de que las personas migrantes en nuestro país, sufren de un maltrato igual o peor del que sufren nuestros connacionales que han tenido que emigrar a los Estados Unidos.
Los organismos de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, han documento el incremento de prácticas como la tortura, la desaparición forzosa, la detención arbitraria, el allanamiento de morada y el homicidio por parte de agentes del Estado.
El extravío del Ejecutivo en el plano internacional denigra nuestra herencia histórica y traiciona las obligaciones que hemos contraído. Estamos a punto del rompimiento de relaciones con el régimen internacional de los derechos humanos.
La agenda bilateral con los Estados Unidos ha derivado en la ejecución de las políticas de nuestro vecino en territorio nacional. La iniciativa Mérida es muestra de ello.
Hoy nos encontramos al borde del abismo. No obstante, estamos convencidos de que la solución no se encuentra en la restauración del antiguo partido hegemónico, el PRI.
Consideramos urgente un nuevo pacto social donde el espacio público sea patrimonio común y no una colonia de las élites, donde una ciudadanía dinámica conduzca al Estado hacia una política de equidad y bienestar, donde la dignidad nacional recupere una posición sólida en el ámbito internacional y, sobre todo, en nuestra gran comunidad latinoamericana.
El saldo de las políticas interior y exterior es negativo.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Concluya por favor, señor orador.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Con gusto, presidente, falta un párrafo.
En la era de las dictaduras latinoamericanas las comisiones de la verdad y los sistemas de justicia frecuentemente llegaron a procesar y condenar individuos que ocupaban los más altos niveles de poder debido a su anuencia, a su complicidad o a la plena responsabilidad en la comisión y violación de los derechos humanos.
Creemos que muy pronto Calderón tendrá que enfrentar a la justicia por el desastre que ha generado. Pero antes de ese día habremos de sentar las bases de una nueva república, justa, igualitaria y democrática, en donde no tengan cabida dirigentes sin escrúpulos ni oligarquías rapaces.
Detengamos esta espiral mortífera con la dimisión de quien invadió ilegalmente la Presidencia. Reconstruyamos la nación en la igualdad, en la libertad, antes de que sea tarde. Hagámoslo por los trabajadores, las mujeres, la juventud y por la vigencia de nuestra historia.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted.
La Mesa Directiva de esta Cámara saluda la presencia del presidente municipal de San Sebastián del Oeste, Jalisco, el señor Juan Yáñez Morales, invitado por la Fracción del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de Jalisco.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Toca el turno al diputado Eduardo Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista.
El diputado Eduardo Ledesma Romo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores.
En un entorno internacional de las grandes transformaciones, nuestro país está obligado a replantear estrategias que le permitan recuperar el prestigio perdido en el ámbito internacional, y que le signifique una mayor capacidad de negociación en el beneficio de los intereses nacionales.
Como en el pasado, la política exterior actual tiene su fundamento en los principios de no intervención, libre autodeterminación de los pueblos, igualdad jurídica de los Estados, solución pacífica de controversias y la cooperación internacional para el desarrollo, la que sólo debe ajustarse a la realidad contemporánea mediante una conducta internacional más dinámica.
Desafortunadamente, la política internacional se ha demostrado pasiva y reactiva ante los hechos ya consumados. Entre este tenor, la innegable respuesta tardía y tibia que tuvo el gobierno mexicano ante la promulgación de la Ley SB1070, que permite a la autoridad detener en Arizona sin orden previa a una persona que se sospeche que haya cometido alguna ofensa pública.
Debido a la naturaleza potencialmente racista contenida en la Ley SB1070 y al numeroso grupo de mexicanos en Estados Unidos, el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el pleno respeto al principio de no intervención, debió haber estado mejor informado para llevar a cabo acciones diplomáticas oportunas.
Aun cuando en el Cuarto Informe de Gobierno se enfatiza que la protección de los mexicanos en el exterior es una clara prioridad de la Cancillería y que la labor cotidiana de la red consular de México no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, busca asegurar el respeto a los derechos de nuestros connacionales, independientemente de su situación migratoria.
La defensa que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha realizado respecto a sus derechos no ha sido contundente. Por el contrario, ha sido reactiva en la muerte de migrantes mexicanos en manos de patrullas fronterizas. Baste señalar el caso del migrante mexicano Anastasio Hernández Rojas, quien falleciera a causa de la agresión de parte de policías norteamericanos en el cruce fronterizo de San Isidro, California.
Pareciera que las relaciones diplomáticas de México con Estados Unidos dan mayor preponderancia al combate al crimen organizado que al respeto de los derechos humanos de nuestros connacionales que inmigran a ese país, por lo que nos pronunciamos porque la Cancillería fortalezca las acciones de protección en defensa ante los procesos de deportación de migrantes mexicanos en los Estados Unidos.
En otro aspecto, no podemos negar el peso que posee Estados Unidos en el diseño y ejecución de nuestra política exterior. Sin embargo, ello no debe concluir en el reduccionismo, que concentre el trato internacional en un solo país.
Aun cuando se han fortalecido las acciones de cooperación bilateral contra la delincuencia organizada transnacional en el marco de la Iniciativa Mérida, nuestro país no ha recibido la fluidez ni su totalidad de los fondos prometidos.
Si bien la Iniciativa Mérida constituye un reconocimiento de corresponsabilidad entre México y Estados Unidos en la lucha contra la delincuencia organizada, los avances en materia de la relación bilateral es incompleto.
Peor aún, la inversión de los fondos derivados de la Iniciativa Mérida y las operaciones de las autoridades encargadas del combate al crimen organizado no han logrado detener la violencia relacionada con el narcotráfico que ha dejado más de 28 mil muertos en los últimos cuatro años.
De igual forma, tampoco parece haberse reducido el acceso del número de personas adictas a las drogas ilegales en tan sólo seis años al 50 por ciento.
Las acciones derivadas de la alianza para la seguridad de la prosperidad de América del Norte y las realizadas en el marco de la Iniciativa Mérida para contender el tráfico ilícito de armamento tampoco han sido suficientes, tan sólo de enero a julio de este año las corporaciones policíacas y Fuerzas Armadas han decomisado más de 20 mil armas; más aún, cerca del 90 por ciento de las armas que se decomisan proceden de los Estados Unidos.
Es claro que nuestro país demanda una política genuina y de diversificación con mayores márgenes de maniobra en la política y en lo económico. Hasta ahora, la presente administración no ha logrado conciliar la realidad geopolítica y geoeconómica de nuestra vecindad con Estados Unidos con la necesidad de una política exterior independiente.
La política internacional mexicana se ha diluido en un mayor acercamiento para responder a los intereses de Estados Unidos, lo que sólo ha dado lugar a disminuir el diálogo, perdiendo nuestro derecho de disentir en lo que se considera esencial para preservar su autonomía.
Hemos firmado desde 1994 más de 11 tratados de libre comercio, que no se han sabido aprovechar; ya que el intercambio comercial principal de México sigue siendo con Estados Unidos, al que destina más del 80 por ciento de sus exportaciones que lo estanca en una dependencia comercial.
Ha llegado el momento de reposicionarnos como líderes norteamericanos. No podemos seguir basándonos en la interdependencia económica. Urge recuperar los espacios de independencia, para que nuestro país pueda avanzar en los temas coyunturales como la migración, el tráfico de armas y el comercio.
La pérdida de importancia de México en el escenario diplomático mundial, principalmente con el intermediario de Latinoamérica frente a la comunidad internacional, posición que hoy ocupa Brasil, no ayuda a que nuestro país tenga un papel más protagónico en la defensa de interés nacional.
Finalmente, aún en cuanto al Cuarto Informe de Gobierno se establece la estrategia de reforzar y extender los lazos políticos, económicos y culturales con el concierto internacional, queda pendiente diversificar la política exterior con proyectos innovadores en materia energética y científica, pues el desarrollo nacional exige tomar cuenta en otras prioridades internacionales.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, a usted diputado Ledesma.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra el diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Con su autorización, señor presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, expresamos nuestra absoluta solidaridad con los mineros y al pueblo de Cananea, que es este momento resiste en los embates y la represión de la minera México, en complicidad con el gobierno de Calderón.
La política social de Felipe Calderón es un absoluto desastre y un crimen contra el pueblo de México, el cual padece los peores índices de desempleo, la pérdida del poder adquisitivo del salario, educación deplorable, violencia creciente y discriminación, por lo que el Legislativo federal debemos implementar y presionar a la adopción de medidas de emergencia para alcanzar niveles mínimos de bienestar a favor del pueblo de México.
A partir de que Calderón llegó al gobierno federal, 39 por ciento de las familias de nuestra nación consumen menos alimentos, en tanto que la canasta básica de alimentación incrementó su costo en un 93 por ciento al pasar de 80 pesos a casi 157 pesos, lo que significa una profunda pérdida de las condiciones de vida de nuestro país; esto contra el incremento de sólo el 17 por ciento del salario mínimo.
Los resultados muestran claramente la política salarial que se ha impuesto a los trabajadores condenándolos a enfrentar un sistemático y cada vez mayor deterioro en el nivel de vida y de su trabajo.
La gestión de Felipe Calderón Hinojosa a más de tres años, ha agravado el problema de la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores.
Para 2010 la población desocupada es de 2 millones 485 mil 925; la población disponible, es decir, desocupada porque ya no busca empleo, asciende a 5 millones 597 mil 546 trabajadores.
Trabajadores no remunerados alcanzan la cifra de 2 millones 991 mil 22 empleados, para dar un gran total de 11 millones 74 mil 493 desempleados.
El salario de la población ocupada... asciende a 5 millones 996 personas que perciben solamente un salario mínimo, 10 millones de personas reciben de uno a dos salarios mínimos y 9 millones de 2 y hasta 3 salarios.
Más del 28.6 por ciento de la población económicamente activa, son trabajadores informales, esto es, 12 millones de personas.
Existen además, 3 millones 970 mil trabajadores subocupados; la tasa de desocupación en junio de 2010, es del 5.05 por ciento, cuando en junio de 2008 era de 3.55 por ciento.
Lo anterior, sin menoscabo de los 800 mil jóvenes que cada año se integran a la población económicamente activa.
El Cuarto Informe de Gobierno de Calderón señala que al mes de julio de 2010, sólo seis huelgas han estallado, es decir, el punto 1 por ciento cumpliendo la meta establecida. Como si las huelgas fueran un producto que se puede manejar al antojo del funcionario en turno y que por tanto no dependieran de las condiciones de legalidad de cada lucha dada por los trabajadores por sus derechos. Lo que no señala en torno a esta paz laboral es que ésta se ha logrado como consecuencia de la aplicación del terror, la represión y la ilegalidad como política laboral del actual gobierno federal, que se ha traducido en el desmantelamiento de sindicatos y contratos colectivos, en el rompimiento del derecho de huelga mediante todo tipo de chicanadas jurídicas. Y cuando una huelga excepcionalmente estalla, su muerte jurídica está decretada de antemano, vía la declaración de inexistencia o la ilicitud de la huelga. Es lo más parecido a la paz de los sepulcros en la época porfirista.
Por otra parte, estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México señalan que en el país son alrededor de 7.5 millones de jóvenes en edad productiva que pertenecen a un sector que por la situación de exclusión no pueden estudiar ni trabajar y que hoy, de manera discriminatoria, se les conoce como la generación nini, es decir, que ni estudian ni trabajan.
Quiero estudiar, soy perseverante, cuántas becas. Siete años he pedido una beca y nadie me la ha dado. Éste fue uno de los múltiples reclamos que recibió Felipe Calderón en su primera visita a Ciudad Juárez a raíz de los lamentables acontecimientos en los que 16 adolescentes fueron masacrados por un grupo armado en la madrugada del 1º. de febrero. El reclamo viene de uno de los sectores que han sido duramente golpeados por la crisis de violencia, inseguridad económica y política en todo el país: los jóvenes. En este caso se trataba de un adolescente que vive en una comunidad muy pobre y no cuenta con posibilidades para poder continuar sus estudios.
El olvido de estos siete millones y medio de jóvenes, además de representar una violación masiva de sus derechos humanos, implica condenar al país a la inmovilidad, a cortar de tajo su desarrollo futuro.
No debe olvidarse que la mayor riqueza de un país es su capital humano, especialmente el contenido en los jóvenes, por lo que urge aplicar, en el marco del presupuesto de egresos de la federación 2011, los recursos necesarios para su rescate.
Más dolorosos aún son los más de tres millones de niñas y niños que tienen que trabajar en las peores condiciones para poder sobrevivir.
En materia de vivienda, la vivienda que es un derecho humano que debiera tener un profundo sentido social, sigue siendo un gran negocio de constructoras, grupos financieros y tráfico de influencias, a lo que debe sumarse la insuficiencia de opciones de crédito para la inmensa mayoría de la población.
De acuerdo al Cuarto Informe de Gobierno sigue en aumento la cartera vencida en Infonavit, a junio de 2010, en 5.61 por ciento; en tanto en Fonhapo, a junio de 2010, 98.1 por ciento. Esto muestra la precariedad que sufre el grueso de la población mexicana, comenzando con el empleo y con el salario.
En materia de educación, por cuarto año consecutivo Calderón apuesta una vez más a las supuestas bondades de la Alianza para la Calidad en la Educación, que dice, firmó con los maestros. El gobierno federal hace cuentas alegres de supuestos logros en la educación del país que no corresponden con la realidad. La realidad ampliamente documentada en evaluaciones nacionales e internacionales desdicen el triunfalismo educativo del gobierno de Calderón.
Por supuesto, no hay una sola autocrítica de las pésimas cuentas educativas del desempeño de los escolares mexicanos, que en las más recientes evaluaciones continúan en los últimos lugares de aprovechamiento, en competencias de lectura, escritura, matemáticas y actividades científicas.
En el PRD vemos con alarma que pese a todas las cifras y eventos organizados la violencia contra las mujeres continúa incrementándose en todas sus expresiones. En México la muerte de mujeres por violencia son más que las causadas por la delincuencia organizada. Son 43 de cada 100 mujeres, de 15 años y más, las que han vivido la violencia emocional, económica, física, institucional o sexual, a lo largo de toda su vida.
En cuanto al sistema nacional de pensiones, el señor Calderón se limita a elogiar las contrarreformas a la seguridad social que han venido a perjudicar de manera criminal los derechos de los trabajadores.
Mención aparte requieren las estancias infantiles a cargo de Sedesol, las cuales tienen operación 8 mil 809 unidades, lo cual fundamentalmente nos hace dudar sobre la calidad del servicio y la seguridad brindada a los menores. Esto especialmente después del incendio en la guardería ABC.
Sobre este programa el Partido de la Revolución Democrática mucho antes de la tragedia de la guardería ABC, de Sonora, señaló enfáticamente el riesgo que se corría con acciones de regateo a la seguridad social, desde los primeros 100 días de la actual administración.
El Partido Revolucionario Institucional indicó que el Programa de Guarderías, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, deja totalmente de lado la creación de programas de atención integral que requieren las niñas y los niños en México; resumiéndose en la aplicación de un Programa Nacional de Guarderías e Instancias infantiles, que no garantizan las condiciones mínimas de seguridad ni el acceso a una atención profesional y de calidad, pues se pone en riesgo la formación psicomotriz y emocional de los menores.
Hoy, reiteramos la necesidad y nuestra demanda de contar con un modelo educativo, de Centros de Desarrollo Infantil, donde el niño y la niña sean una unidad bio-psicosocial que requerirá de estimulaciones sistematizadas y organizadas, que serán la base de su proceso de desarrollo, para lograr en forma equilibrada el óptimo crecimiento de los niños y de las niñas durante su periodo de vida, comprendido entre los 40 días de nacidos y los seis años de edad.
Concluyendo, la política social del presente gobierno es deficitaria en todos los aspectos; es más, los resultados son tan pobres que podemos decir que no existe más que en la medida que favorece los mezquinos intereses electoreros del Ejecutivo federal.
Nuestro grupo parlamentario hace un llamado al pueblo de México para que se organice y exija la construcción de una política social que vele por los más pobres; lo que es indispensable para lograr un verdadero desarrollo nacional; insistiendo, compañeras diputadas y compañeros diputados por el bien de todos; primero los pobres.
Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado Salgado.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Hace uso de la palabra el diputado Jesús Ramírez Rangel, del Partido Acción Nacional.
El diputado Jesús Ramírez Rangel: Con su venia, diputado presidente.
El presidente Calderón cumplió su promesa hecha hace un año y presentó una iniciativa de reforma política en el 2009, en diciembre, que aún no se resuelve en el Senado de la República. El común denominador de esta propuesta está en darle más poder al ciudadano sobre sus representantes. Hay quienes dicen que es muy poco, que debemos avanzar a una reforma del Estado, para transformar todas nuestras instituciones de un golpe deseable sin duda, pero llevamos más de 10 años y no hemos avanzado, salvo el trabajo invaluable de cientos de mexicanos con cientos de propuestas.
Y, por otro lado, están quienes no quieren cambiar nada. Quienes le siguen apostando a que el legislador le deba su cargo y le rinda cuentas a la cúpula partidista en lugar de al ciudadano, tal como era en el hiperpresidencialismo.
Lo deseable, sin duda, es una reforma del Estado de gran calado, pero en la reforma política está una base mínima de lo que necesitamos para avanzar hacia una transformación integral del Estado.
En el avance de un estado democrático, se requieren ajustes a las grandes líneas trazadas por la reforma electoral de 2007, para fortalecer nuestro sistema electoral y dar la cara para un buen proceso electoral en el año 2012.
Lo mismo, en la renovación parcial del Instituto Federal Electoral, en donde todos debemos acudir con responsabilidad buscando fortalecer ante todo al Instituto y a su autonomía. Pero para todo ello, compañeros, al menos nos debemos dar la oportunidad de debatir, sin prejuzgar, analizar y discutir en comisiones teniendo a México como principal beneficiario o perjudicado del resultado.
Las propuestas ahí están. Está esta reforma política, es lo mínimo indispensable, y la elección consecutiva como mecanismo de rendición de cuentas frente al ciudadano; es sin duda, lo más urgente.
El gobierno federal ha demostrado su interés en escuchar el reclamo del ciudadano sobre regulación de trámites. Las dependencias federales se han encargado de revisar cuáles de ellos resultan engorrosos y estorbosos provocando como primera consecuencia la corrupción.
La simplificación de los trámites trae aparejada una mayor competitividad, ya que se minimizan los costos para los ciudadanos y el gobierno. Este ejemplo lo deberían de retomar los gobiernos locales, donde se presenta a menudo una sobrerregulación.
Con la reforma regulatoria base cero, se han eliminado 23 por ciento de los trámites y 35 por ciento de las normas que rigen la administración pública federal. Así, la reforma emprendida por el gobierno federal, generará a su término ahorros para los ciudadanos del orden de los 48 mil millones de pesos equivalente al 0.4 por ciento del producto interno bruto.
En el combate al crimen organizado se comenta que no hay avance. Mienten los que afirman que el país no tiene rumbo, se equivocan porque no escuchan los llamados del presidente. Se les olvida a los críticos dejar alguna contrapropuesta y se les olvida también que de lo que sucede en nuestra república, para bien o para mal, es corresponsable esta Cámara de Diputados.
El crimen tiene un antes, un durante y un después. En el antes la única manera de prevenir el crimen está la educación, los valores y el empleo. Para tener más y mejores empleos requerimos de un país más competitivo. Para lograr esto es menester que este Poder Legislativo apruebe las reformas que a México le urgen, ésas en las que llevamos más de 10 años insistiendo y la generación del no insiste, una y otra vez, en decir no.
Por primera vez al tema de la profesionalización de la policía se le da prioridad, en atención de que son la base toral de la lucha contra la delincuencia. Desde diciembre de 2006 se han incorporado a la Policía Federal más de 7 mil jóvenes con formación universitaria. También se ha ampliado el diseño curricular y reactivado la Academia de Policía en San Luis Potosí para formar y capacitar a policías federales e incluso locales.
Ahora que habremos de discutir el nuevo diseño policiaco impulsado por gobernadores y el Ejecutivo federal, que no se nos olvide la academia, la formación, la escuela. De nada nos sirve cambiar de uniforme y de jefe, el cambio debe ser de raíz.
Si los gobernadores quieren tener una buena policía, única, estatal, se requiera una buena academia estatal de policía con estándares internacionales. Si no lo pueden hacer, o mientras lo hacen, es necesario seguir fortaleciendo la Academia Nacional de Policía, un logro sin duda, del presidente Calderón.
Y como lo único que tenemos es la policía federal y por sí misma es insuficiente ante la nulidad de los mandos locales, hoy México tiene la solidaridad y el apoyo invaluable de su Ejército, las Fuerzas Armadas de nuestro país.
En una situación extraordinaria los soldados mexicanos están dando la cara por nosotros. Mientras nosotros aquí definimos qué policía queremos y cómo la queremos, ellos tendrán que dar la cara junto con la Policía Federal, mañana y pasado mañana, hasta que las primeras generaciones de policías bien preparadas se gradúen e inicien una carrera con un buen sueldo. No podemos pretender éxito si no apoyamos a nuestras fuerzas armadas en esta situación extraordinaria, con recursos suficientes.
Finalmente, está la parte posterior al crimen; la administración y procuración de justicia. La pasada legislatura aprobó una reforma de justicia, pero la justicia penal, su reforma no se puede reducir a un simple cambio de leyes o códigos; la reforma de justicia penal es esencialmente una política pública y como tal requiere de esfuerzos orientados a su implementación en la realidad.
De los siete estados que comenzaron con la implementación, algunos aun antes de la reforma constitucional, sólo Chihuahua ha implementado la reforma en todo su territorio y con muchas adversidades no atribuibles a la reforma, como los emisarios de pasado pretenden hacer creer. Para este año, sólo Baja California inició con la reforma en una parte de su territorio con gran éxito; en el horizonte 2010-2011 sólo Hidalgo y Guanajuato. La mayoría de las entidades no han definido cuándo se
incorporan a pesar de que el término constitucional se cumple en junio de 2016.
Aunque ya existen propuestas para un nuevo Código de Procedimientos Penales, el esfuerzo legislativo no se puede quedar ahí; se tiene que avanzar en las leyes orgánicas de la PGR, del Poder Judicial y Seguridad Pública orientadas al nuevo rol de estos actores en el nuevo sistema., también en normas sustantivas como el Código Penal, la Ley de Amparo y la Ley de Salidas Alternas.
Las leyes más urgentes por los tiempos establecidos en los propios transitorios constitucionales, son la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que está en el Senado desde el año pasado, y la Ley de Ejecución de Sanciones, cuya implementación se debe de dar a menos de un año y todavía no se tiene ni el marco normativo.
Un ejemplo de la ineficiencia actual del sistema, de este sistema perverso, es que la tasa de detenidos por cada 100 mil habitantes se ha incrementado casi 5 veces. Es decir que contra la creencia de que con más prisión preventiva se mejora la seguridad pública, vemos que la tasa de imputados no impacta en la reducción de los delitos registrados.
Es urgente que la reforma de justicia penal pase del papel y del discurso a la realidad, y por ello en Acción Nacional seguiremos trabajando por un sistema de justicia transparente, con juicios orales; con presunción de inocencia, en donde la autoridad se vea obligada a demostrar la culpabilidad del criminal.
Está en el interés de todos que los detenidos en realidad sean los culpables. La cifra atroz que nos persigue a todos, esa que dice que en México hay un 98 por ciento de impunidad, sólo se puede resolver con la transformación de una institución autoritaria hecha para un sistema autoritario, y pasar a instituciones de justicia propias de una democracia.
Si hay quienes, en su afán de partidizar todo, piensan que esto es responsabilidad del Ejecutivo federal, están muy equivocados. La abrumadora mayoría de los delitos que se cometen en nuestro país son del fuero común -93 por ciento- y de ahí la urgencia de que las autoridades locales corrijan sus estrategias e implementen esta reforma a la brevedad.
De no hacerlo, seguiremos viendo casos dramáticos como los señalados en este libro Prisión sin condena; casos como los de Eugenio Lugo Becerra en Monterrey; Sócrates Tolentino González en la montaña de Guerrero; y David Meza en Chihuahua. Todos ellos acusados injustamente por un sistema perverso. Uno de ellos incluso asesinado estando en prisión y ni siquiera le comprobaron su culpabilidad. Todos ellos en el fuero común, que es responsabilidad de los estados.
Es claro que muchas de las fallas están en la productividad legislativa. Manos a la obra. En Acción Nacional estamos listos desde siempre. Ya es hora de empezar a decir que sí. Ya es hora de que la generación del no, empiece a decir que sí a las grandes transformaciones que México requiere. Nosotros estamos listos y los estamos esperando desde hace más de 10 años. Muchas gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado Ramírez Rangel.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Primero quiero decirles que si vamos a hablar de libros, yo les recomendaría, como se ha recomendado muchas veces aquí en esta tribuna, que leamos Camisas azules, manos negras.
El análisis del Cuarto Informe de Gobierno constituye una de las tareas fundamentales de esta Cámara. Este ejercicio conforma parte de la rendición de cuentas que nuestro marco constitucional establece para el Poder Ejecutivo.
Toca al Congreso analizar las más de mil 400 páginas que componen el cuarto informe. Es parte de nuestra obligación, y lo que aquí se debata deberá ser aprovechado para los trabajos legislativos vinculados con todos y cada uno de los temas que componen la situación de la administración federal.
El día de hoy corresponde al análisis de uno de los temas estratégicos para la gobernabilidad del país, me refiero al de la política interior. En la lectura de más de 100 páginas que componen los apartados de Justicia y Seguridad, el presidente ofrece una visión idílica de la situación que prevalece en el país.
Los indicadores de desempeño rebasaron la meta en la mayoría de los casos. Sin embargo, cabe señalar que al tema de Combate al Crimen Organizado, el presidente le destine en su informe apenas 10 páginas.
Para el Grupo Parlamentario del PRI en esta Cámara no hay duda: la seguridad es una prioridad nacional. Lo hemos demostrado con hechos. Entre 2007 y 2010 esta Cámara, con los votos de los legisladores de mi partido ha aprobado recursos para la seguridad del país por un total de 411 mil millones de pesos; es decir, más de 3 puntos del producto interno bruto estimado para este año. No es una cifra menor, y lo grave es que la aplicación del presupuesto para la seguridad –como lo veremos a continuación- no ha tenido los efectos deseados.
Primero. Este año se ha invertido más que nunca en seguridad pública, en especial en combate al narcotráfico. Sin embargo, nos encontramos que en lo que va del año se ha detenido a un 33 por ciento menos de delincuentes que en el mismo periodo del año pasado y, sin embargo, las mujeres colaterales continúan en aumento. Esto parecería demostrar que la estrategia no es la adecuada, inclusive que las fuerzas públicas están superadas. Poco se ha de resolver este problema.
Segundo. En materia de lavado de dinero la historia es muy similar. En lo que va del año los aseguramientos de dinero en moneda nacional y en dólares disminuyeron en promedio en un 25 por ciento y no se ha desarticulado ni una sola dedicada a este ilícito, mientras que durante el primer semestre del año pasado se desarticularon cinco. Están dejando de lado los temas financieros de seguridad pública para atender otros más mediáticos.
Tercero. Por otro lado, las averiguaciones previas iniciadas por secuestros, durante lo que va del año, son tantas como las iniciadas en todo el año pasado, habiendo sido despachados solamente el 50 por ciento este año.
Cabe destacar que dentro de estos números se encuentra la desaparición de Diego Fernández de Ceballos. Es obvio que también estamos retrocediendo en esta materia.
Cuarto. El informe nos muestra algunas cifras que a simple vista no parecieran reales, basta con salir a las calles para percibir la inseguridad de las personas. Pero aún peor, basta con hojear cualquier diario para notar que los delitos del fuero federal, más allá de ir a la baja como lo muestra el informe, van a la alza.
La gente tiene miedo de salir de sus hogares porque actualmente se siente tomada por la delincuencia. Actualmente cualquier día a cualquier hora y casi en cualquier lugar una persona o un grupo de personas son capaces de atentar contra la convivencia pacífica, la integridad y el patrimonio de los ciudadanos, manteniéndose al margen de la acción de la justicia. ¿Cuántos muertos más debemos de esperar para que nos entreguen cifras reales?
Quinto. En la lucha contra el narcotráfico, que el presidente Calderón ha tomado como bandera, el año pasado se detuvieron casi 30 mil personas, este año ya van un poco más de 10 mil, ¿cuántos recursos detenidos, y muertos más, necesitamos para terminar con esta guerra?
Sexto. Hace un par de años, en uno de los encuentros más importantes de la historia del país, se firmó el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
A la fecha, de acuerdo al Cuarto Informe de Gobierno, sólo se han cumplido cuatro de los 28 compromisos adquiridos por el gobierno federal ante los sectores públicos y privados ahí presentes.
Por razones que el gobierno federal no ha explicado con suficiencia, eligió un momento específico y determinado para emprender una campaña de erradicación del crimen organizado, no hubo una guerra, subrayo, lo cual visto en retrospectiva, revela la inexistencia previa de un diagnóstico completo en términos de capacidades institucionales, humanas, legales y logísticas, por parte del Estado mexicano para iniciar esta lucha.
Tampoco había una debida evaluación de los adversarios y de la multiplicidad de estos frentes.
No hay estrategia sin diagnóstico y no lo hubo. Este señalamiento significa el reconocimiento de un problema en el que la selección de tiempos para la acumulación de capacidades suficientes y aptas, era indispensable antes de tomar decisiones y de emprender acciones. Y así ha sido a lo largo de estos cuatro años.
El año pasado, el presidente Calderón presionó a este Congreso para que aprobara la Ley de Extinción de Dominio, alegando que con ella el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada sería más efectivo. Sin embargo al día de hoy no existe ningún caso acreditado que lo confirme
El Cuarto Informe es omiso en cuanto al total de muertes que el combate al crimen organizado ha ocasionado. Como sabemos, este año se ha incrementado de manera considerable y según la secretaría del ramo, a lo largo de esta administración suman casi 30 mil decesos.
El presidente nos quiere vender el éxito donde está claro el fracaso de su estrategia. Quiere mostrar el edén cuando muchas zonas del país están, sin duda, más cerca del infierno.
La intensidad del crimen organizado en México es un fenómeno real que como dije en un principio, concierne a todos; no cabe ni el voluntarismo, la improvisación ni la impreparación.
Siendo una prioridad de política pública ineludible, ha sido mal atacada y peor comunicada, ha rebasado y desbordado el marco constitucional, legal, administrativo y operativo del Estado mexicano. Si seguimos así sólo contribuiremos a la polarización social, a la crispación política o a la construcción de esquemas propagandísticos individuales que, lejos de atender el problema, pretenden disimular errores o repartir culpas.
No tiene argumentos el gobierno de la república para quejarse de la respuesta del Poder Legislativo a sus demandas. La escalada de sucesos criminales en el país ha dado motivo a leyes que, se dice, enfrentarán en forma efectiva los sucesos cada vez más complicados que se han vivido y es aquí donde el Congreso ha respondido puntual y eficazmente.
El Poder Legislativo ha cumplido su responsabilidad constitucional y ha colaborado estrechamente en el esfuerzo iniciado por el titular del Poder Ejecutivo federal. Las y los diputados nos hemos mostrado dispuestos a analizar y discutir las iniciativas de ley o de reformas legales que el Ejecutivo nos ha remitido.
La labor legislativa se ha dado sin regateos políticos. En los últimos años hemos creado nuevos ordenamientos y aprobado más de 40 reformas legales, la gran mayoría de ellas propuestas por gobiernos panistas, con objeto de fortalecer la capacidad del Estado mexicano, de las instituciones de procuración de justicia y de las corporaciones de seguridad. Todo con el ánimo de que cuenten con mayores instrumentos para combatir la delincuencia.
En el PRI no tenemos duda alguna de la magnitud del problema; tenemos serias dudas y reservas respecto de las soluciones ofrecidas al problema por el gobierno federal. Por eso y con la actitud que hemos mantenido a lo largo de este sexenio, a pesar de entendibles resistencias, respaldaremos la creación de 32 policías estatales que resuelvan a las corporaciones policiacas su profesionalización, equipamiento, adiestramiento, horizonte de desarrollo personal, calidad y seguridad de vida para ellos y sus familias. Costará mucho, pero México va de por medio.
Nosotros seguiremos haciendo nuestra parte. Corresponde al presidente y su gobierno hacer la suya. En el análisis de la cuenta pública en el paquete económico 2011 habremos de profundizar en el tema de seguridad.
Exigimos que cada peso no solamente se gaste en publicidad, sino que dé los resultados que la gente espera. La gente exige que el Estado le dé seguridad plena. Ésa es nuestra primera obligación. Hacemos un llamado al Ejecutivo para que la asuma sin dilaciones ni vacilaciones.
Los mexicanos no podemos conmemorar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución con más derramamiento de sangre. México no lo merece. Los mexicanos quieren resultados en sus vidas cotidianas. Sentir la certidumbre...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.
El diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Sí, señor presidente, ya concluyo. Sentir la certidumbre que genera tener un sistema de seguridad pública eficiente, coordinado, con recursos y vocación de servicio. Por ello, el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional manifiesta su disposición para lograr una reforma de justicia y seguridad pública que nos conduzca por un camino de paz y orden.
Apoyaremos cualquier iniciativa que lleve a México a un sendero cierto y de largo plazo. No estamos dispuestos a apoyar medidas de corto plazo que no tienen metas, y por lo mismo, no se pueden medir los resultados.
Estamos dispuestos a analizar con atención las propuestas que ha hecho el presidente de la República; establecer los criterios presupuestales que se requieran para el sector y lograr integrar reformas que duren y forjen al México al que todos aspiramos; pero sobre todo, para darle a nuestro país un Sistema Nacional de Seguridad Pública que cumpla con los principios que marca nuestra Constitución.
Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la República para su conocimiento.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
(Orden del día)
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (15:16 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 14 de septiembre a las 11:00 horas, suplicándose la puntual asistencia de los señores legisladores. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
--o0o--