Comunicaciones
De diputadas y de diputados sobre el turno de sus iniciativas
De la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz
De la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero
Del diputado Miguel Antonio Osuna Millán
De la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso
Contestaciones de distintas instancias a puntos de acuerdo aprobados
De la Secretaría de Gobernación con informe anual de Pemex
De la Segob con informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
De Pemex con informe anual de costos y gastos de exploración y explotación 2010
De la secretaría de Hacienda sobre Ley de Ingresos y PEF 2012
Del IMSS con informe correspondiente al cuarto trimestre de 2010
Licencia de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía
Del Congreso del estado de Jalisco con el que remite iniciativa
Toma de protesta del ciudadano Aarón Mastache Mondragón como diputado
De la Junta para la creación de la Comisión Especial sobre Migración
De la Cámara de Senadores para que ciudadanos puedan usar condecoraciones
Dos oficios de la Cámara de Senadores con los que devuelve minutas
Dictámenes de las distintas comisiones
Minuto de silencio por el fallecimiento del señor David Cuevas Rivera
Iniciativas de diputadas y de diputados
Recibidas y turnadas a comisiones
Miguel Ángel García Granados, PRI
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, PT
Paula Angélica Hernández Olmos, PRI
José Erandi Bermúdez Méndez, PAN
Alejandro Gertz Manero, Convergencia
Francisco Javier Martín Gil Ortiz, PRI
María Araceli Vázquez Camacho, PRD
José Trinidad Padilla López, PRI
Sixto Alfonso Zetina Soto, PAN
Melchor Sánchez de la Fuente, PRI
Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, PAN
Turno a comisiones de las iniciativas no presentadas en tribuna
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los señores y señoras diputados y diputadas.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 276 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (11:58 horas): 276 hacen quórum y por lo tanto abrimos la sesión.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte si se dispensa la lectura del orden del día.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la presidencia y en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Se dispensa la lectura y le doy la palabra al diputado Jaime Cárdenas, quien me la está solicitando.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, presidente. Buenos días a las compañeras diputadas y a los compañeros diputados.
Nuevamente presidente para plantear el tema del Consejo General del IFE que sigue hasta el día de hoy sin integrarse debido a la irresponsabilidad de la Junta de Coordinación Política, que no ha remitido al pleno de esta Cámara los nombres de los propuestos por ella para ser designados consejeros electorales, presidente.
Creo que aquí debemos tomar medidas mucho más estrictas de exigencia a la Junta de Coordinación Política para que a la brevedad remita esos nombres al pleno de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Como siempre, le comento que el tema lo está tratando la Junta de Coordinación Política y hasta donde tengo entendido está cumpliendo un calendario de reuniones de avenimiento para definir este tema, antes de que concluya el período ordinario.
Me han pedido la palabra el diputado Meillón Johnston, el diputado Torres Ibarrola, el diputado Ramírez Rangel y el diputado Mario di Costanzo. Al terminar iniciaremos las comunicaciones. Diputado Meillón Johnston.
El diputado Carlos Luis Meillón Johnston (desde la curul): Señor presidente, ruego a usted que en el momento que usted considere pertinente, solicitar a los compañeros guardar un minuto de silencio en memoria del señor David Cuevas Rivera, señor padre de nuestro amigo y compañero Juan José Cuevas García.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por supuesto, señor diputado.
El diputado Arturo Ramírez Bucio (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado Ramírez.
El diputado Arturo Ramírez Bucio (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Quisiera hacer una denuncia ante esta soberanía y ante el pueblo de México.
El domingo pasado los jóvenes Emmanuel Perales Díaz y José de Jesús Valdez Lesta, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, a las 12 del día, mientras repartían información y propaganda ciudadana en la cual hablaban de la deuda elevadísima de 15 mil millones de pesos que existe en el estado de Coahuila, y del nepotismo que se da en ese estado, fueron agredidos, fueron privados de su libertad durante cerca de 24 horas, fueron golpeados, y solamente hasta que la dirigencia de la coalición Coahuila Libre y Seguro planteó una conferencia de prensa, estos jóvenes fueron liberados en su casa, golpeados e incluso con enorme temor de presentar una denuncia.
Quiero también recordar que ayer el candidato del PRI al gobierno de Coahuila mencionó al salir de una reunión, en la dirigencia nacional del PRI, que habían acordado “aplastar al PAN”. Espero sinceramente que esas palabras se refieran a una competencia electoral, a una competencia electoral democrática, una competencia electoral que respete la libertad de expresión; y no a estos hechos lamentabilísimos que vimos en el estado de Coahuila, en donde dos jóvenes ciudadanos libres fueron golpeados, fueron amenazados y fueron privados de su libertad por manifestarse en contra del actual gobierno del estado de Coahuila.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Registro sus expresiones, señor diputado, pero espero, sinceramente, que todos los temas que ameritan entrar a la agenda política tengan ese tratamiento. Todos estos temas son precisamente los que debe conocer la Junta de Coordinación Política y agendarlos para que tengan la discusión precisa. Quedan registradas sus manifestaciones en el Diario de los Debates.
Diputado Torres Ibarrola.
El diputado Agustín Torres Ibarrola (desde la curul): Sí, presidente. Muchas gracias. Para preguntarle, presidente, respecto del punto de acuerdo que presentó mi compañero, el diputado Arturo Ramírez Bucio el 15 de marzo, respecto a la creación de una Comisión Especial que investigue los vínculos con el narcotráfico de los gobiernos del pasado, según las declaraciones del ex mandatario Sócrates Rizo.
Quisiera preguntarle, presidente, ¿en qué términos se procesó en la Junta de Coordinación Política esta solicitud? ¿Y cómo se votó? ¿En qué sentido fueron los votos de los partidos políticos que integran esta Cámara en ese órgano de gobierno, presidente?
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y yo quiero preguntarle, ¿por qué me lo pregunta a mí? Pregúnteselo usted a la Junta de Coordinación Política, con todo derecho y con pleno respeto. Son temas de la Junta de Coordinación Política que no tiene porque desahogar ni la Mesa Directiva, ni el pleno de esta Cámara.
Diputado Di Costanzo.
El diputado Agustín Torres Ibarrola (desde la curul): Yo hice una solicitud, presidente, que tengo aquí, a la Junta de Coordinación Política e hice la solicitud por escrito, y tengo entendido que dicha junta le ha turnado a la Presidencia de la Mesa Directiva la razón de los votos, y tengo entendido también que la mayoría del PRI, junto con otros partidos políticos ha votado en contra de la creación de esta comisión, lo cual me parece un temor infundado a esta investigación.
Y pregunto yo...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado...
El diputado Agustín Torres Ibarrola (desde la curul): ... ¿a qué le teme el PRI? ¿A qué le teme el PRI?
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ... la Mesa Directiva no ha recibido ninguna comunicación de la Junta de Coordinación Política. Todas las que recibimos las procesamos aquí, diputado Torres Ibarrola.
De todas maneras, estaré pendiente en el transcurso de la sesión le remito con mucho gusto lo que tengamos al respecto de la Junta de Coordinación Política.
Diputado Di Costanzo; diputado Fernández.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente, mire, si no mal recuerdo la sesión anterior usted instruyó al presidente de la Comisión de Hacienda a reponer... Le pido que me ponga atención, ya lo está coucheando Levin.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Algún problema con Levin?
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): No, nada más que me deje que yo me dirija a usted y luego que exponga sus argumentos Levin.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ah. Adelante, diputado.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Mire, presidente, la sesión anterior usted instruyó o le solicitó a la Comisión de Hacienda a que se repusiera el proceso relativo al dictamen del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Si no mal recuerdo, usted dijo que fuera antes de la próxima sesión. La próxima sesión es hoy, y el presidente de la Comisión de Hacienda no solamente lo ha ignorado, sino que está convocando mañana... otro coach. ¿No me puede poner atención, presidente, por favor?
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Di Costanzo, con todo respeto. Estoy siendo absolutamente tolerante permitiendo que usted hable fuera del proceso normal de la sesión. Entonces, sea usted tolerante, también, se lo agradezco.
Adelante diputado Di Costanzo.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): El presidente de la Comisión de Hacienda ha convocado para el día de mañana, pero el tema que usted le instruyó, le pidió, le solicitó que lo agendara, no está agendado.
Cuando nosotros nos subimos a tribuna a poner cartelones, nos llaman al orden. Nadie puede llamar en esta Cámara de Diputados al diputado Pocoroba, al orden, para que se concluya con este trámite del impuesto sobre la rente a pensionados.
Creo que ya hay un acuerdo de todas las bancadas, menos del PAN. Entonces, yo le solicito que por favor se dé trámite a lo que usted pidió, porque lo están ignorando.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Di Costanzo, el día de mañana, tal como nos informó Servicios Parlamentarios el día de hoy, está agendada la discusión de la modificación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Le agradezco mucho sus amables comentarios y su preocupación por el cumplimiento de las normas, pero ése dictamen será discutido mañana. Usted no se preocupe, muchas gracias.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul); Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado César Augusto Santiago.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul); Presidente, le ruego que disculpe que estemos incidiendo en este procedimiento metaparlamentario que se ha inaugurado para que cada uno desde su curul diga las ocurrencias que tenga el día que principia cada sesión.
En el caso mío no es una ocurrencia, es un asunto terrible que quiero compartir con las compañeras diputadas y con los compañeros diputados, dado que ya hay un acuerdo para que los medios no difundan estos actos verdaderamente trágicos que están ocurriendo en el país. Me refiero a lo ocurrido ayer en Acapulco, Guerrero.
Yo insto a la Junta de Coordinación Política para que establezca un grupo de trabajo de la Cámara que pueda acudir a Acapulco. Porque es mi impresión que estamos trascendiendo de un supuesto combate al narcotráfico, a actos de pleno terrorismo en nuestro país. Y esto sí en verdad es un asunto delicado que no podemos dejar que se solvente debajo de la mesa como ha sido en los últimos días, recurriendo a expresiones que son propias de la arqueología política, más que del trabajo parlamentario cotidiano.
Entonces, le pido por favor que registre en la agenda política el tema de lo ocurrido ayer en Acapulco. No lo pude decir ayer, porque ocurrieron ayer; pero sí creo que es urgente que en la mesa de agenda política de hoy podamos entrar a la discusión de este tema terrible que realmente afecta a la sociedad mexicana. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A usted, señor diputado. Tome nota la Junta de Coordinación Política que registra los temas de agenda política, por favor.
Diputado. Y termino con el diputado Fernández Noroña. Adelante, diputado Arámbula.
El diputado José Antonio Arámbula López (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Perdón que vuelva a insistir, pero ya se ha turnado también y así como ese asunto de Morelos es importante, el asunto de Sócrates Rizzo y el asunto de Coahuila, ojalá también le pudieran dar trámite y pudiéramos ponerlo en la agenda política y se creara la comisión especial.
Sí me gustaría insistir porque se han creado otras comisiones especiales que no tienen tanta importancia como la de Camisas Azules y yo creo que este asunto de Sócrates Rizzo es de la mayor importancia, puesto que tiene que ver con el asunto de Morelos y tiene que ver con el asunto de Coahuila.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tal y como ocurrirá con el asunto de Morelos, el de Coahuila y cualquier otro que tenga contenido político será resuelto por la Junta de Coordinación Política.
Diputado Fernández Noroña, con usted terminamos la hora feliz de nuestra sesión.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Me iba a abstener de intervenir en esta parte, porque ya decidí no reclamar lo que he venido reclamando desde hace tiempo, de falta de respeto de la Junta de Coordinación Política, para la agenda de los temas, tengo varios que he estado insistiendo.
Pero no quiero dejar de comentar dos cosas: primero sobre lo que comenta el diputado César Augusto Santiago, creo que todo mundo tiene derecho a plantear sus reclamos, no son ocurrencias de nadie, algunos consideran importante los temas y por eso los presentan y me parece que el que él presenta es de la mayor importancia.
No sólo es Acapulco, es Morelos, los jóvenes que fueron asesinados también, el hijo de Javier Sicilia dentro de ellos, una tragedia verdaderamente grave y me parece que efectivamente esta Cámara debe no sólo discutir el tema, sino tomar cartas en el asunto sobre la terrible violencia.
El Estado mexicano no le garantiza ni la seguridad a los habitantes de este país y me parece gravísimo que así sea, respaldo el planteamiento de que debe este tema retomarse, aunque veo que en el orden del día no está considerado el día de hoy la agenda política. Lo cual también me parece grave, porque los martes debería de abordarse la agenda política en un horario prioritario.
Quiero decirle finalmente, diputado presidente, que me sorprende mucho no sé de qué influencias gozan los diputados del PAN que su punto de la creación de una comisión ya hasta fue votado y el mío de la creación de una comisión que investigue los presuntos vínculos del narco con el gobierno de facto de Felipe Calderón no ha sido presentado a este pleno, porque además no quiero que la Junta de Coordinación tome ninguna determinación sobre él.
Quiero que este pleno sea el que tome la determinación si procede o no la formación de una comisión especial que investigue los presuntos vínculos del narco con el gobierno de Calderón.
Por cierto, no tendría problema el que se investigara, también, de los gobiernos anteriores, pero me parece que debe realizarse esa investigación. Le agradezco mucho su atención, diputado presidente y compañeros.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Diputado Santiago.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): Simplemente señor presidente, para decirle al diputado Fernández Noroña que como siempre lo escucho con toda atención, le pediría si acepta que me una a su propuesta, para crear esta comisión que investigue al presidente Felipe Calderón. Le pediría públicamente que acepte que suscriba su propuesta.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señores diputado. Yo voy a suplicar a esta honorable asamblea, el objeto de conceder la palabra al inicio de la sesión: el orden del día. Si el orden del día es dispensada su lectura es comprensible que los diputados puedan comentar el orden del día, pero no podemos volver este espacio de la asamblea en el desahogo de temas políticos, porque entonces prácticamente vamos a adelantar procesos que corresponden a instancias de gobierno de esta Cámara, como son la Junta de Coordinación Política, las reuniones de coordinadores o el trabajo de las comisiones específicamente.
Diputado Ramírez Bucio, con usted terminamos.
El diputado Arturo Ramírez Bucio (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Nada más para coincidir con usted con el orden del día. Creo que sí es importante que agendemos en este orden del día lo político, la agenda política y creemos que es importantísimo que atendamos el tema de la inseguridad que vive el país, el tema de Sócrates Rizo, el tema de Peña Nieto en el Estado de México; que entremos a un tema de debate político y si nos ponemos de acuerdo los grupos parlamentarios, que encabecen esta decisión y que por favor atendamos todos estos temas que se han quedado en la agenda.
Insisto, Estado de México; Sócrates Rizo, tema Peña Nieto; todos los temas que queramos, es importante que los atendamos en la agenda política.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Claro que sí, diputado. Estoy seguro que usted coincidirá conmigo en que el artículo 65, fracción II, dice específicamente: el orden del día sólo se podrá modificar a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Entonces todos estos temas hay que plantearlos en la instancia de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, señora secretaria.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), muchas gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se dispensa la lectura.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Está a discusión el acta.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado Fernández Noroña. Tiene la palabra hasta por 3 minutos para la discusión del acta.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sobre el acta. Compañeros diputados, compañeras diputadas. Recordarán que en la sesión pasada desde mi curul yo di la información de que había una protesta de trabajadores de limpieza que habían decidido –trabajadoras fundamentalmente- traer un mariachi a los diputados y diputadas para llamar la atención sobre el asunto de su contratación directa por la Cámara, porque como ustedes saben, la empresa que estaba, Alfa Sol-Luna Outsourcing, les escamoteaba sus derechos. No está en el acta este planteamiento que yo hice.
Pero el asunto ahora está peor, diputado presidente; compañeros diputados, compañeras diputadas. Han sido despedidas por la nueva empresa Casper 150 trabajadoras de limpieza. No son, por cierto, trabajadoras que hayan participado en las manifestaciones, sino son trabajadores de todo tipo; algunos que no habían participado, otros que habían participado.
La nueva empresa los citó el día primero que empezaron y simplemente los despidió. Les ha bajado 20 pesos de su salario, no sólo no les aumentó la nueva empresa. Esta nueva empresa tiene contratos millonarios:
162 millones con la Secretaría de Educación Pública; cerca de 40 millones con el ISSSTE; tiene un contrato muy importante con la Secretaría de Salud; con Bellas Artes; con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Tiene un cúmulo muy grande de contratos con diferentes dependencias y ahora lo tiene con la Cámara de Diputados, violentando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de limpieza de la Cámara de Diputados.
Me parece que en el marco de la discusión que se va a dar de la nueva Ley Federal del Trabajo, es gravísimo que algo que está prohibido expresamente por la ley y que son estos outsourcing famosos terceros que escamotean los derechos de antigüedad, de aguinaldo, de vacaciones, de seguridad social y de todas las prestaciones que por ley les corresponde a los trabajadores, aquí estemos tolerando que sean despedidas trabajadoras y trabajadores por el simple hecho de pedir respeto a sus derechos. Es un precedente gravísimo. Es una situación inaceptable.
Pido a este pleno y pido a la Mesa Directiva de la Cámara su intervención para corregir esta brutal injusticia. No puede ser que a trabajadoras tan humildes se les esté negando lo más elemental; y, sobre todo, se les haya despedido de manera injustificada y arbitraria, con una nueva empresa que supuestamente iba a llegar a mejorar las condiciones laborales de estas trabajadoras y que, por el contrario, les ha disminuido el salario, les trae con sobrecarga de trabajo, porque trae menos trabajadores haciendo el trabajo que hacían casi 500 trabajadoras y trabajadores, y están amenazando a todos los trabajadores y trabajadoras que están prestando este servicio tan importante a la Cámara.
Les agradezco mucho su atención, compañeros y compañeras. Y pido la intervención de esta Mesa Directiva.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Diputado Pérez Esquer.
El diputado Marcos Pérez Esquer: Muchas gracias, diputado presidente. Quisiera informar a la asamblea que el Comité de Administración, que me honro en presidir, está muy atento de este asunto.
Hemos estado incluso en comunicación con el propio preopinante sobre este particular, sobre el asunto del supuesto despido de 150 trabajadores. Y digo que es supuesto, porque en realidad ni la Cámara de Diputados ni la empresa que los tiene contratados han despedido a trabajador alguno hasta el momento.
Informo que ciertamente hay un cambio de empresa que presta el servicio de limpieza de esta Cámara de Diputados, antes lo hacía la empresa Alfa Sol, hoy por hoy, a partir del 1 de abril, lo hace la empresa Kasper.
Más o menos el 75 por ciento de los trabajadores que estaban con Alfa Sol fueron ahora contratados por Kasper. Los 150 trabajadores que no fueron contratados por Kasper mantienen sus empleos y sus trabajos en Alfa Sol. Es decir, Alfa Sol que tiene contratos con otras instituciones, tanto públicas como privadas ubicará a estas personas en esos lugares de trabajo. Nadie, por lo tanto, perderá su empleo.
Están plenamente garantizados y la empresa Alfa Sol nos lo ha hecho saber así, por escrito y tengo aquí el oficio para quien...
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado. El diputado César Augusto Santiago quiero hacerle una pregunta, entiendo. Si acepta usted una pregunta.
El diputado Marcos Ramírez Esquer: Sí, por supuesto.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado Santiago.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): Gracias. Yo entiendo perfectamente la explicación, pero no sé por qué me recuerda un poco lo de Luz y Fuerza del Centro, es decir, no los estamos despidiendo simplemente ya hay otra empresa que es la que está haciéndose cargo del asunto, y de los que estaban trabajando hay un número contratado y otro no.
Lo que tiene que explicar el presidente del Comité de Administración es el por qué del cambio, cuáles son las razones que motivan ese cambio y cuáles son las razones para que de los contratados, de los que formaban parte de la empresa anterior, sólo algunos hayan sido contratados y los otros no.
A mí me parece que sería perfectamente aceptable que cambien la empresa en la medida que contraten a todos los que estaban trabajando. Quien tenga dificultades que lo dirima en un conflicto individual y no como se está haciendo ahora.
El diputado Marcos Pérez Esquer: Con mucho gusto, diputado. Para contestar, la razón por la cual hay un cambio de empresa, es simplemente porque terminó el contrato que teníamos con Alfasol, que estaba programado por un año y vencía justamente el día último de marzo, de tal suerte que se puso en marcha, como cada año, una licitación pública nacional para asignar de nueva cuenta un contrato anual. En esta ocasión esa licitación pública nacional la ganó la empresa Casper. Esa es la razón por la que estamos cambiando de empresa.
Ahora bien, por qué razón la nueva empresa no contrata al 100 por ciento de los trabajadores que ya estaban acá, simplemente porque esta empresa ya contaba con una buena cantidad de trabajadores disponibles para entrar a trabajar a Cámara y los que le faltaron los contrató de los que había ya en Cámara. Es decir, no podríamos obligar a la nueva empresa a contratar al 100 por ciento toda vez que ella ya contaba con una buena parte de los trabajadores necesarios para prestar el servicio. Ese es el motivo.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, diputado. Diputado García Granados ¿quiere usted preguntarle al orador?
El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Se me acepta una pregunta el orador.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Acepta usted la pregunta del diputado García Granados?
El diputado Marcos Pérez Esquer: Sí, por supuesto.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante.
El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Muchísimas gracias; gracias, presidente. Creo que este tema da para más y dejar de lado la cuestión de la sospecha. Fíjese cómo Alfasol, terminado su contrato, se rescinde lógicamente, culmina la vigencia del contrato, pero usted acaba de decir que es Caspel a quien se le asigna nuevamente este contrato.
Se dejan de lado efectivamente a 150 trabajadores. Lo grave es, y es aquí donde quiero preguntar ¿Quién se hace cargo de asignar estos contratos a los trabajadores de la Cámara? Porque resulta que Caspel es del padre del dueño de Alfasol, o sea, aquí hay tráficos de influencia o qué es lo que está pasando. Por qué simplemente dos personas que son familiares, con empresas totalmente distintas, denominaciones distintas, se están quedando con estos contratos en la Cámara de Diputados. Qué sucede aquí, es la pregunta. ¿Hay o no hay tráfico de influencias? ¿Quién decide estos contratos?
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, diputado. El diputado Emilio Serrano quiere preguntarle; quizá quiera usted escuchar su pregunta y contestar al mismo tiempo. Adelante diputado Serrano.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Una pregunta al orador, si me permite, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Acepta el orador.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): La pregunta es por qué la Cámara de Diputados no contrata como trabajadores a quienes se encargan de la limpieza de la Cámara de Diputados.
Aquí aprovecho para hacer un llamado a mis compañeras y compañeros diputados del PRI que precisamente es el peligro de la reforma laboral que pretende ese enemigo de los trabajadores de México, Javier Lozano, que son precisamente las outsourcing. La tercerización es lo que está dañando los intereses de la clase trabajadora.
Vamos a poner el ejemplo aquí en la Cámara de Diputados dándole vigencia, dándoles auténticos derechos a los trabajadores y no contratarlos a través de una tercera para evadir responsabilidades. Por qué no los contratamos, diputado presidente de este comité.
El diputado Marcos Pérez Esquer: A la primera pregunta, compañero diputado, de quien asigna estos contratos en la Cámara de Diputados, se hace a través de licitación pública nacional; hay un comité de bases en la Cámara de Diputados que se encarga de revisar todo el procedimiento y de emitir un fallo a favor de alguna empresa.
En esta ocasión quiero comentarle que por primera vez en la Cámara se hizo bajo un nuevo modelo que es por puntos y porcentajes, un modelo muy transparente y muy moderno en la administración pública federal y en general.
Si son parientes o no los responsables o dueños de estas empresas, francamente lo ignoro. Conozco las actas constitutivas de las empresas y de ahí no se desprende que haya ese tipo de vínculos, pero estoy abierto a que pudiéramos recibir alguna otra información de su parte o de cualquier interesado.
En cuanto a la pregunta que hace el compañero diputado Serrano de por qué la Cámara de Diputados no contrata directamente a estos trabajadores. Bueno, es el modelo que se ha seguido en la Cámara, el subcontratar este servicio, como ocurre en muchas instituciones públicas y privadas.
Sin embargo, hoy por hoy estamos en el Comité de Administración revisando este asunto, analizándolo. Le comento que en la última sesión del comité se instruyó a la administración para que nos proporcionara estudios tanto económicos como jurídicos al respecto para seguir valorándolo y tomar una decisión definitiva al respecto, diputado.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado.
El diputado Marcos Pérez Esquer: Muchas gracias, es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Escudero, diputado Fernández. Adelante, diputado Escudero.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Gracias. Si me admite el orador una pregunta, presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ya había concluido, pero no sé si el diputado Pérez Esquer acepta.
El diputado Marcos Pérez Esquer: Con mucho gusto.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Diputado Esquer, poniendo las cosas como usted las explica, y yo coincido con usted, existe una licitación y nosotros, por lo menos hacia la administración pública federal, desde la Comisión de la Función Pública, hemos exigido que se licite y que no se hagan asignaciones directas. Creo que el procedimiento que ha seguido la Cámara es jurídico, es legal y es correcto.
¿Usted presupone que en esa licitación pudo haber algún indicio que ameritara que la Contraloría Interna tuviera que revisar ese procedimiento? Porque si no, la verdad de las cosas es que no sé qué estamos discutiendo aquí.
Si es así, que se le dé vista a la Contraloría Interna, que revise la licitación y que nos diga si fue apegada a derecho, si cumplieron con las bases, porque justamente uno de los requisitos de estas empresas de limpieza –por lo menos así se hace en la administración pública federal y en los organismos autónomos– es revisar qué personal tienen registrado en nómina estas empresas para que puedan licitar.
Es decir, la empresa que licitó tenía que haber acreditado que contaba con un número determinado de trabajadores para poder concursar. Si es así, si se cumplió, si se cumplieron las bases, la junta de aclaración de bases, es perfectamente legal lo que está haciendo esta Cámara de Diputados; si no, que entre la Contraloría a revisarlo.
No entiendo qué estamos discutiendo, presidente. Gracias.
El diputado Marcos Pérez Esquer: Sí, diputado Escudero. Con mucho gusto comentarle simplemente que la Contraloría Interna de la Cámara tiene un asiento tanto en el Comité de Bases como en el propio Comité de Administración, y al momento no nos ha hecho saber de alguna inquietud respecto de esa licitación.
Todo se siguió conforme a la ley, conforme al procedimiento respectivo y no tendríamos ningún elemento para suponer ninguna falla en el mismo.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Pérez Esquer. Permítame, diputado Serrano. Gracias, diputado Pérez Esquer.
Permítame, diputado Fernández Noroña. Solamente quiero recordar a la asamblea que lo que estamos discutiendo es el acta de la sesión pasada, en donde pide el diputado Fernández Noroña que se incorporen sus expresiones con relación a este conflicto. No está a discusión el conflicto.
Así es que voy a tomar como última intervención la del diputado Fernández Noroña, y lo someteré a votación; se irá a votación el acta.
Adelante, diputado Fernández.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: El diputado Pérez Esquer no habló del acta, no lo interrumpí pero la información que da es inexacta.
Le voy a explicar al diputado Escudero qué estamos discutiendo. Hay 150 trabajadores despedidos, que la Cámara les escamotea sus derechos y no les reconoce su relación laboral.
Falso que no se esté despidiendo a nadie. Lo invito, diputado Pérez, al auditorio E para que vea a los 150 trabajadores y trabajadoras despedidos.
Alfa-Sol no les notificó nada. Vinieron el 1 de abril, como siempre que se cambia empresa, a recontratarse con la nueva empresa.
Eulalia Hernández, 50 años de edad, 7 años de antigüedad en la Cámara,
María Teresa Salinas Escobar, 42 años; 12 años de antigüedad en la Cámara,
Cecilia Saldaña, 54 años; 10 años de antigüedad en la Cámara,
Esmeralda Ramírez Jaramillo, 48 años; 10 años de antigüedad en la Cámara,
Juana Montiel Badillo, 50 años; 12 años de antigüedad en la Cámara,
Aurelia Julián López, 37 años; 12 años de antigüedad en la Cámara,
Patricia Luna Torres, 49 años; 12 años de antigüedad en la Cámara,
Rosa María Martínez Castillo, 47 años; 8 años de antigüedad en la Cámara,
Luz María Torres Carrasco, 46 años; 11 años de antigüedad en la Cámara... podría seguir así hasta el infinito...
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado. Diputado Pérez Cuevas. Una moción de orden. Adelante, diputado.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente, es una moción de orden porque ya parece La hora del aficionado. Cada inicio de sesión es discutir y discutir temas que, con todo respeto a Fernández Noroña, si tiene elementos, que dice, y con el respeto a los trabajadores, eso lo dirime un tribunal laboral que determinará si tienen relación laboral con esta Cámara o no; pero que no venga a usar la tribuna para recargar un tema que a todas luces no está sustentado en una sentencia.
Para eso hay instancias. Está la Contraloría, está el Comité y, en su momento, está la instancia laboral. Si los señores tienen esa relación laboral, con esa antigüedad, que se les pague, que se les defienda y que sea un tribunal el que soporte ese derecho. Pero no dichos en la tribuna que no tienen ningún sustento jurídico.
Yo, presidente, pediría que hay muchos temas de iniciativas y puntos por desahogar. Pediría que pudiéramos centrarnos en los temas de esta asamblea.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto, diputado.
Permítanme, señores diputados. No vamos a discutir el tema en esta sesión. El diputado Fernández Noroña está concluyendo su intervención y el tema a discusión era el acta de la asamblea.
Voy a suplicar a los diputados, Serrano, Hernández Juárez, Ramírez Bucio y otros que me están pidiendo el uso de la palabra, con esta intervención vamos a concluir y pondremos a votación el acta.
Y por otro lado, informaré a esta asamblea de las disposiciones que ha tomado la Mesa Directiva en relación con la situación que plantean de los señores trabajadores. Adelante, diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Gracias, diputado presidente. No le voy a tolerar su majadería a Pérez Cuevas, no es ninguna hora del aficionado. Si él no tiene sangre en las venas y no le importa que corran...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Refiérase con respeto a los demás diputados, diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí, si me dice él que es la hora del aficionado, yo le digo que no le tolero su majadería. Y le digo más: si no le corre sangre en las venas con 250 trabajadoras que ganan 2 mil 400 pesos y que son despedidas injustificadamente por esta Cámara a través de una tercera empresa, ése es un problema de él. Pero yo sí tengo sangre en las venas.
Y les digo Casper, 162 millones y medio en la SEP, de contrato, de este mismo, canallada de violarle los derechos a los trabajadores; economía, 17 millones y medio; 23 millones con la Secretaría de Salud; 38 millones y medio con el ISSSTE; 5 millones con gráficos, Talleres Gráficos; 1 millón y medio con Comisión Nacional de Libros de Texto; 6 millones también con libros de texto; 9 millones y medio con Bellas Artes; 3 millones con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. ¿Quiénes están detrás de estas empresas? ¿Quiénes hacen negocio con la pobreza y la necesidad de la gente?
¿Por qué esta Cámara de Diputados tolera que a sus trabajadores se les escamoteen sus derechos con una empresa tercera, y se rompa lo que siempre ha sido la contratación permanente por las nuevas empresas.
¿Qué pedían –y termino– estas trabajadoras? Pedían dos cosas: que se les pagara el día de la quincena y que se les tratara como seres humanos; era lo único que pedían. Y nosotros hemos exigido que la Cámara asuma su responsabilidad, porque esto que están haciendo con las trabajadoras de limpieza es lo que quieren con su nueva Ley Federal del Trabajo para todo el país. Es un atropello, es una vergüenza, y es un abuso. Y peor me parece, que haya compañeros diputados, que vengan a tribuna o que desde su espacio quieran defender semejante injusticia, semejante atropello, semejante felonía.
Yo, francamente, no comparto su visión deshumanizada y no comparto su desinterés por los trabajadores de este país. Muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Hay una alusión, presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A ver, diputado, permítame. Permítanme diputados.
El diputado Pérez Cuevas, en término del reglamento, me pide intervenir para alusiones personales. Repito a los señores diputados, que no voy a conceder, después de Pérez Cuevas el uso de la palabra, porque no está a discusión el tema de los trabajadores de limpieza en la Cámara de Diputados, la discusión es sobre el acta.
No admitiré ninguna intervención más, toda vez que ya se han cumplido las tres intervenciones previstas. Adelante, diputado Pérez Cuevas, para alusiones personales.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Muchas gracias, presidente. Será una alusión muy concreta, y porque tenemos sangre en las venas, yo mismo ofrezco buscar el despacho jurídico que ayude a estos trabajadores a demostrar, pues que tienen ahí una diferencia de criterio, en razón de si son personal o no de la Cámara; lo ofrezco.
No ofrezco que el tema se gane porque jurídicamente no tienen una relación laboral. Hay una empresa que los ha contratado, pero presidente, más allá de ello, se viene a aquí a calificar, se viene a aquí a denostar, se viene a aquí a decir una serie de infundios, que con todo respeto, evitan que el trabajo de la Cámara continúe y que pretenden llevar con el repetir un dicho un día y otro también, que así es la realidad y la verdad.
Esta Cámara no está violentando ningún derecho fundamental en materia laboral. Podrá haber muchos mecanismos de poder obtener el servicio que se busca. Hay un contrato de prestación de servicios y bajo ése parámetro si alguien no está de acuerdo –ya lo dijo el diputado Escudero– está la Contraloría, están los órganos, están las instancias.
Y si hay duda de la relación laboral está el Tribunal, pero no podemos querer venir a la tribuna y que nuestra voz sea verdad.
Presidente, yo pediría que la Secretaría pudiera leer este oficio que ha enviado la empresa Grupo Alfa, que me ha pedido el presidente del Comité de Administración que se pueda leer, que ayudará a aclarar. Pero no es un tema que se dirima en tribuna. Si hay duda, es un tema que se dirime en tribunales, en la contraloría o en las instancias pertinentes.
Es cuanto, señor presidente, y no se trata de falsas o buenas, o nulas sensibilidades, se trata de realidades.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y por esa misma razón voy a solicitar que no se de lectura al oficio porque no estamos discutiendo el tema de los trabajadores del servicio de limpieza de esta Cámara de Diputados, aunque se pretenda. Dictaré a continuación el trámite que la Mesa Directiva le dará a este tema, y es el siguiente:
El día de ayer cuatro coordinadores de grupos parlamentarios me han informado que solicitarán una reunión de la Junta de Coordinación Política, que es la instancia que tiene que resolver este tema, porque es la instancia que ve las cuestiones administrativas de la Cámara de Diputados, junta a la que solicitarán acuda el Comité de Administración.
Los trabajadores de la Cámara de Diputados no están despedidos. Esta Mesa Directiva tiene en su poder constancias materiales que garantizan que van a seguir en su trabajo y que no van a sufrir afectación en su salario.
Y con respecto al tema del servicio de limpieza, es un tema que corresponde a la Junta como se ha mencionado aquí, y en su caso se solicitaría la intervención adicional de la contraloría, puesto que todo el proceso de licitación es precisamente acompañado de la Contraloría de esta Cámara.
Continúe usted, señora secretaria.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: En votación económica se pregunta si se aprueba el acta. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación) Muchas gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Don Emilio Serrano, desde su lugar, si es tan amable.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Diputado Presidente, está incompleta el acta. Le pedimos que se incorpore la propuesta del PRD en el acta de, no está aprobada; está en revisión la contratación de esta empresa.
La diputada Telma en el Comité de Administración lo propuso y se acordó que se iba a revisar. Entonces, que no nos digan que ya está contratada una nueva empresa cuando aún falta que se apruebe por el pleno del Comité. Entonces, por favor, que se incorpore en el acta. Ésta es una manera de explotar a los trabajadores.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tomo nota. Ahora sí estarán en el acta exactamente sus palabras, señor diputado, y pido que por favor sean incorporadas en el acta las palabras y manifestaciones del diputado don Emilio Serrano.
Adelante, señor secretario. Permítame un segundo nada más, déjeme saludar a los visitantes de la comunidad El Puerto, estado de México, invitados del diputado Amador Monroy Estrada, que se encuentran en esta Cámara de Diputados.
Bienvenidos, señores de El Puerto, estado de México.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se recibieron comunicaciones de los diputados Mary Telma Guajardo Villareal y Carlos Manuel Joaquín González, por las que se solicitan que sus iniciativas presentadas de septiembre de 2009 a diciembre de 2010 sean procesadas bajo las nuevas reglas de conformidad con el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia informa a la asamblea que la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, acordó turnar nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria la relación correspondiente y que se actualicen los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Un oficio de la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, por el que solicita sea retirada de la Comisión de Desarrollo Social la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a los artículos 33 y 34 de la Ley General de Desarrollo Social, turnada en la sesión del 29 de marzo de 2011.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se retira de la Comisión de Desarrollo Social. Actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Otro oficio de la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, por el que solicita sea retirada de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o. 10 y 73 de la Ley Federal de Radio y Televisión, turnada en la sesión de 31 de marzo de 2011.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se retira de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y se actualizan los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: El diputado Miguel Antonio Osuna Millán solicita sea retirada de la Comisión de Salud la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 321 Bis a la Ley General de Salud, turnada en la sesión del 22 de febrero de 2011.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se retira de la Comisión de Salud y se actualizan los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Así también, de la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso solitud de información a la Secretaría de la Reforma Agraria, que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con el artículo 79, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, remítase al Ejecutivo para su atención.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: De la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se recibió contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la tala ilegal e inmoderada de árboles en las áreas circundantes al volcán La Malinche.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su conocimiento.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se recibió de la Secretaría de Salud del estado de Sonora contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los acuerdos realizados para disminuir la mortalidad materna.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Salud, para conocimiento.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con el trámite correspondiente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remiten a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se recibió de la Secretaría de Gobernación informe anual de Petróleos Mexicanos correspondiente al ejercicio 2010.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se recibió de la Secretaría de Gobernación el cuarto informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se recibió de Petróleos Mexicanos informe anual de los costos y gastos de la exploración y explotación 2010.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite solicitud de senadores integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, para que se dictamine la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su atención.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite el documento que contiene:
Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012.
Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2012, crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo.
Los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit y superávit.
La enumeración de los programas prioritarios y sus montos, para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el artículo 6o del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social con el que remite el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2010 sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Licencia de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía por tiempo indefinido.
Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la quinta circunscripción plurinominal a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), muchas gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Aarón Mastache Mondragón, diputado electo en la cuarta circunscripción plurinominal.
Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados:
Carlos Flores Rico; César Daniel González Madruga; Florentina Rosario Morales; Eduardo Ledesma Romo; Jaime Cárdenas Gracia; Pilar Torre Canales; Emilio Serrano Jiménez; César Francisco Burelo Burelo; Emiliano Velázquez Esquivel; Luis Felipe Eguía Pérez y Vidal Llerenas Morales.
Se suplica a los señores diputados cumplir con su cometido y traer hasta esta tribuna al señor Aarón Mastache Mondragón.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ciudadano Aarón Mastache Mondragón, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
El ciudadano Aarón Mastache Mondragón: Sí, protesto.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Bienvenido a la Cámara de Diputados, que usted conoce perfectamente don Aarón.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, señora secretaria.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea la Comisión Especial sobre Migración.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Muchas gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado. Comuníquese.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se recibieron tres oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite minutas con proyecto de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar medallas y condecoraciones, que en diferentes grados les otorgan gobiernos extranjeros.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Otro oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve minuta con proyecto de decreto que reforma los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a los artículos 2 y 10 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 45 y 46 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
De la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 36 y el artículo 46 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. y el segundo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señoras y señores diputados, la Mesa Directiva y la Cámara de Diputados expresan sus más sentidas condolencias por la irreparable pérdida el pasado viernes, 1 de abril, que sufriera nuestro amigo diputado Juan José Cuevas García, la irreparable pérdida por el fallecimiento de su padre el señor don David Cuevas Rivera, en cuya memoria les solicito guardemos un minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
Descanse en paz el señor David Cuevas Rivera.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Humberto López-Portillo, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
De la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, proyecto de decreto que reforma los artículos 175, 176 y 180 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión del Trabajo y Previsión Social.
Del diputado Alejandro Carabias Icaza, proyecto de decreto que adiciona un artículo 1o.-D a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y reforma al artículo 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, para dictamen.
Del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Energía, para dictamen.
Del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley General de Protección Civil y se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel García Granados, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7o., de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y que además está suscrita por los diputados: Alfredo Villegas Arreola, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Rolando Bojorquez Gutiérrez, Germán Contreras García, Aarón Irizar López, Oscar Javier Lara Aréchiga, Oscar Lara Salazar, Rolando Zubía Rivera, y José Ramón Martel López, del Grupo Parlamentario del PRI. Hasta por cinco minutos, señor diputado.
El diputado Miguel Ángel García Grandos: Muchísimas gracias, presidente. Efectivamente los diputados que acaban de ser nombrados, presentamos ante esta soberanía una iniciativa que va fundamentalmente con el espíritu de lo que debe de impulsarnos desde el momento de llegar a esta Cámara.
¿Cuál es la misión fundamental que tenemos? Sembrar a futuro, establecer las reformas que sean necesarias, porque como ya lo he dicho en otras ocasiones, las leyes salidas como son de las manos de los hombres, no son perfectas, son perfectibles.
Por ello quiero hoy a nombre de este grupo de diputados, presentar una iniciativa que va en el sentido siguiente:
El artículo 69 de la Constitución, que imponía la obligación al titular del Poder Ejecutivo de venir el día primero de septiembre o a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones de esta Cámara de Diputados, a rendir un informe del estado que guardaba la nación.
Durante dos ocasiones este artículo ha sido reformado; desde 1917 a la fecha sólo dos reformas se han dado a este artículo, pero han sido fundamentalmente para efecto de establecer ya no un diálogo republicano entre poderes, sino un diálogo de sordos a través del cual el presidente solamente turna o envía a esta soberanía su informe y ni siquiera comparece a presentarlo.
La propuesta que estamos presentando a esta soberanía obedece fundamentalmente a la experiencia que en el estado de Sinaloa tuvimos hace años, cuando el artículo 40 de la Constitución del estado de Sinaloa establecía lo siguiente y en este tenor va la iniciativa que presentamos.
1. A la apertura del periodo ordinario de sesiones de esta Cámara, el presidente de la república tendrá que venir a entregar físicamente un informe por escrito en el cual se contemple la situación que guarda la administración pública de la nación.
En este ejercicio eminentemente republicano y sobrio, lo que se hará es solamente circunscribirse a lo que textualmente establecimos en el artículo 69, en la reforma respectiva.
“El presidente entregará el informe...” y dentro de esta soberanía, dentro de esta ceremonia de protocolo sobria y republicana, donde no se permitirán intervenciones de diputados y senadores, el presidente de la república hará entrega física del informe y dirá textualmente las palabras que ya se contemplan en la iniciativa y que ustedes habrán visto ya en la Gaceta Parlamentaria.
Se le dará respuesta también en forma sobria y se le prohibirá al presidente de la república y a los titulares, a los senadores y diputados el darle difusión al contenido del informe a efecto de evitar el criminal derroche que se hace para difundir supuestos obras de gobierno, donde solamente se contempla una sola visión.
Posteriormente a la entrega del informe, 15 días, después, esta soberanía citará al titular del Poder Ejecutivo para tener un ejercicio de debate en el cual los diputados y senadores planteen preguntas y establezcan las posiciones de los grupos parlamentarios. A esta sesión es a la que se le dará total y absoluta difusión.
Igualmente estamos presentando la iniciativa para reformar el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para efecto de establecer la normatividad que se desarrollará en esa sesión de trabajo.
Hemos venido pasando a lo largo de la historia de lo que se llamó el día del presidente a posteriormente lo que se le llamó el día del diputado. Y la verdad es que la nación nos exige que se vuelva a establecer el diálogo republicano a efecto de que el esquema de la rendición de cuentas sea una realidad en este país.
Yo espero que esta iniciativa corra con suerte y no se vaya al congelador, como muchas otras que hemos venido presentando, donde hemos pedido la desaparición de plurinominales, donde hemos pedido la reducción de la Cámara, donde hemos pedido que haya una mayor eficacia legislativa, donde dejemos de lado la actitud parsimoniosa y apoltronada que ha venido caracterizando lamentablemente a una legislatura que no ha tenido la eficacia legislativa que el pueblo de México nos está exigiendo.
Pido pues que sea turnada a la comisión respectiva y esperamos correr con suerte para efecto de que volvamos a tener un diálogo republicano entre el titular del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado. Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
Tiene la palabra el diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI. El diputado Mariscales no se encuentra en el salón. Su iniciativa se pospone.
Tiene la palabra la diputada Ana Georgina Zapata Lucero. Se pospone la iniciativa de la diputada Zapata Lucero.
La iniciativa de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos se pospone para cuando se encuentre en el salón.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra don Jaime Fernando Cárdenas Gracia, quien presentará cinco iniciativas, con la amplitud del tiempo que le concede esta Mesa Directiva por economía procesal.
Adelante, señor diputado. Su primera iniciativa es el proyecto de decreto que reforma el artículo 19 del Código Civil Federal. También su iniciativa de reformar el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; su iniciativa que reforma los artículos 75 y 76 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y la del proyecto de decreto que reforma el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias, diputado Cárdenas, por su comprensión.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: ¿Las cuatro o las cinco?
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Estas cuatro.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Y la otra, ¿que la presente mi compañero Fernández Noroña?
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto. Adelante, diputado.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente, por su atención. Ojalá que también sea un poco tolerante porque se trata de cuatro iniciativas.
La primera de ellas entraña una reforma al artículo 19 del Código Civil Federal para establecer expresamente en la legislación civil común la analogía. La analogía es fundamental en la interpretación del derecho pero no está prevista expresamente ni en el artículo 14 de la Constitución ni en el artículo 19 del Código Civil Federal; solamente el Código Civil y la Constitución aluden para resolver problemas de lagunas jurídicas a los principios generales del derecho, pero no a la analogía.
La analogía, como ustedes saben, señoras diputadas y señores diputados, es un instrumento utilizado por los jueces en este país para atender el problema de la laguna; es decir, la ausencia normativa.
En el derecho comparado se suele acudir a dos expedientes; uno es el de la heterointegración, es decir, cuando una laguna jurídica se colma, por ejemplo, acudiendo al derecho comparado, a otros sistemas normativos; o también la laguna jurídica puede colmarse mediante el expediente de la autointegración.
En este sentido son fundamentales estos dos instrumentos: la analogía y los principios generales del derecho. La analogía puede ser analogía legis cuando se acude a la ley para formular una nueva norma jurídica, o analogía iuris para obtener la norma jurídica del propio sistema normativo nacional.
En eso consiste la reforma al artículo 19 del Código Civil Federal: prever la analogía en nuestro sistema jurídico de manera expresa; y también establecer que cuando se trata de laguna de principios explícitos se acuda a los principios implícitos, como ya lo ha hecho la Suprema Corte.
Por ejemplo, en el año previo a la reforma constitucional en materia penal de 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró, antes de que se previera expresamente en el artículo 20 constitucional, que la presunción de inocencia era un principio implícito del ordenamiento jurídico nacional.
En eso consiste la primera iniciativa de reforma al artículo 19 del Código Civil Federal: incluir tanto la analogía, como los principios implícitos para resolver problemas de lagunas jurídicas.
La segunda iniciativa que tiene por propósito reformar el artículo 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pretende hacer más expedito el procedimiento parlamentario para la aprobación de leyes, y también prevé lo que no hace actualmente nuestro artículo 72 de la Constitución: que el procedimiento parlamentario de reforma constitucional se sujete íntegramente a lo previsto en el artículo 135 de la Constitución.
Esta iniciativa, creo que puede ser relevante por distintos motivos: de agilización, de expedites en el trámite parlamentario, pero sobre todo, porque aclara dudas que se han presentado ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también que se han planteado por la doctrina constitucional de nuestro país. Me refiero, en concreto, a la pregunta de si ¿el Presupuesto de Egresos puede ser o no vetado por el Ejecutivo?
En esta propuesta, en esta iniciativa de reforma constitucional, con toda claridad intentamos resolver esta duda constitucional al establecer que el Presupuesto de Egresos que apruebe esta Cámara de Diputados, por ningún motivo puede ser vetado por el Ejecutivo federal. Ésta es una duda que se ha planteado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en controversia constitucional.
La otra duda que es de carácter doctrinal, data de hace muchos años y es la duda de si el Ejecutivo puede vetar reformas a la Constitución General de la República. En la Constitución Mexicana de 1824 estaba previsto expresamente, que las reformas a la Constitución no podían vetarse; sin embargo, posteriormente, las Constituciones centralistas y federales que han estado en vigor en nuestro país, no se han referido expresamente a este asunto. Ha sido la doctrina constitucional, principalmente Mario de la Cueva, Jorge Carpizo, Elisur Arteaga, entre otros autores, que han considerado que las reformas a la Constitución no deben ser vetadas por el Ejecutivo federal, porque el constituyente permanente o el poder revisor de la Constitución tienen una jerarquía superior a la de los Poderes constituidos.
En eso consiste esta segunda iniciativa que nos parece relevante por tres motivos principales: porque agiliza el procedimiento parlamentario en la aprobación de normas, primer motivo. Segundo motivo, porque con toda claridad da un trámite parlamentario a la reforma constitucional, diferente al trámite parlamentario de la legislación ordinaria. Y en tercer lugar, porque determina con precisión que además de la imposibilidad de veto en los supuestos que actualmente establece el artículo 71 y 72 de la Constitución, no puede vetarse además de los actuales supuestos vigentes las reformas a la Constitución, ni el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por lo que ve a la tercera iniciativa, que es una reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Estamos previendo reformas al artículo 75 de esta Ley de Medios y al artículo 78 de la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La reforma constitucional de 2007 y reforma electoral de 2008, dejó pendiente una reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para establecer nuevas causales de nulidad de las elecciones en nuestro país.
En esta reforma, en esta iniciativa proponemos que sea causal de nulidad de las elecciones federales las siguientes:
Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas o prohibidos por la legislación electoral, las elecciones presidenciales a diputado y a senador pueden ser o podrían ser anuladas si se utilizan recursos del narcotráfico o provenientes de actividades ilícitas.
También se considera como causal de nulidad el utilizar recursos públicos ajenos a las prerrogativas previstas en la legislación electoral o el desvío de los programas sociales en el uso o en el empleo de precampañas y campañas.
También se considera causal de nulidad electoral provocar temor en los electores o comprar, hacer proselitismo, inducir, coaccionar o inhibir el voto durante el proceso electoral y, sobre todo, previo a los tres días de la elección o de la jornada electoral.
También se considera causal de nulidad electoral solicitar declaración firmada del elector acerca de su intención o sentido del voto o una declaración firmada del elector para que se abstenga de ejercer el voto.
Se considera también causal de nulidad de la elección solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante el proceso electoral.
También se considera causal de nulidad de las elecciones el transporte de votantes; es decir, el acarreo de votantes a las casillas o a sus inmediaciones.
También se considera causal de nulidad electoral abrir o manipular sin causa justificada, los paquetes electorales o retirar los sellos de los mismos.
Se considera, como ya hacen algunos estados de la República, específicamente el Distrito Federal, causal de nulidad de la votación y de la elección, el rebasar el topes de gastos de campaña.
Igualmente se considera causal de nulidad de las elecciones contratar tiempos en radio y televisión y en otros medios de difusión en contravención a la Ley Electoral.
Se considera igualmente causal de nulidad de las elecciones iniciar anticipadamente las precampañas y las campañas o se establece, se instaura legalmente la llamada causal abstracta de nulidad, estableciéndose en el artículo 75 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral que es causal de la nulidad electoral violar los principios constitucionales y legales que permitan que las elecciones dejen de ser libres, auténticas y periódicas.
En el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación se establece con mucha precisión que es causal de nulidad genérica. También hay causal de nulidad genérica de las elecciones, no solamente en materia de diputados federales y senadores sino que también hay causal genérica de la elección presidencial.
En eso consiste, señor presidente, esta iniciativa respecto a la reforma que proponemos a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral.
Finalmente, la última de las iniciativas en materia constitucional que estamos proponiendo, compañeras diputadas y compañeros diputados, es una reforma al artículo 24 de la Constitución.
Como todos ustedes saben, el artículo 124 de la Constitución Mexicana establece el principio de que las facultades no reservadas expresamente a la federación se consideran o se entienden reservadas a los estados; sin embargo, hace falta en el artículo 124 de la Constitución un párrafo segundo que determine la manera en que deben ser tratadas las llamadas facultades concurrentes, coincidentes o coexistentes, porque no se establece nada al respecto.
Cuando el artículo 73 de la Constitución establece un buen número de facultades concurrentes y se tienen que aprobar las llamadas leyes federales, casi siempre la federación se queda con la tajada del león; es decir, mediante la ley general establece que tendrá el papel preponderante para la administración o para el ejercicio de estas facultades concurrentes o coincidentes o coexistentes.
En esta iniciativa estamos proponiendo que las facultades concurrentes, coincidentes y coexistentes se ventilen, se ejerzan a través de los principios de armonía, de simetría y de correspondencia de responsabilidad entre los tres niveles de gobierno, para que la federación no tenga el papel preponderante en el ejercicio de estas facultades concurrentes, coincidentes o coexistentes.
Además, estamos estableciendo algo que yo considero muy importante: que en la aprobación de las leyes generales, que son las leyes que se ocupan y que regulan el ejercicio de estas atribuciones concurrentes, también coincidentes o coexistentes, que en las leyes generales participen no solamente las Cámaras del Congreso de la Unión mediante la votación mayoritaria de los miembros presentes de ambas Cámaras, sino que en las leyes generales también participen las legislaturas.
Que para la aprobación de una ley general en este país sea necesaria la aprobación de la mayoría de las legislaturas, además de la mayoría de las Cámaras del Congreso de la Unión.
En eso consiste esta iniciativa de reforma al artículo 124 de la Constitución, que incorpora un párrafo segundo para regular de una manera armónica, simétrica y equilibrada las atribuciones concurrentes, coincidentes y coexistentes en nuestro país.
Señoras diputadas, señores diputados. Señor presidente, si usted gusta presidente puedo referirme a la quinta iniciativa, si me da permiso. Es en dos o tres minutos.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante diputado.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Es una iniciativa que tiene que ver con la compra de servicios sexuales, lo que avisamos hace tiempo, está ubicada, les digo en donde está publicada, está publicada compañeros de servicios parlamentarios en la página 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.
Es una iniciativa que presentamos, aquí le quiero dar todo el mérito y reconocimiento al diputado Gerardo Fernández Noroña y a su servidor.
Hace unos días ustedes recordaran compañeros diputados, compañeras diputadas tuvimos un debate en este pleno en torno a una modificación al delito de trata de personas, en donde se incluyó un párrafo en materia de trata de personas, para también penalizar y criminalizar la difusión en los periódicos, en los medios de comunicación del ofrecimiento de servicios sexuales en los medios que se considera trata de personas, según lo votó este pleno por mayoría.
En el debate correspondiente, tanto el diputado Fernández Noroña como su servidor, estimamos que podía vulnerarse la libertad de expresión y anunciamos en ese momento que estábamos preparando ambos una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, para criminalizar, para penalizar la compra de servicios sexuales y es lo que estamos haciendo en este momento.
Al penalizar la compra de servicios sexuales, incluyendo un nuevo artículo 264 Bis en el Código Penal Federal estamos sancionando penalmente o estamos proponiendo que se sancione penalmente, no solamente a quien ofrece, vende o promueve la venta de servicios sexuales, si no lo que nunca se ha hecho en nuestro país, que se sancione penalmente al que compra servicios sexuales.
Esto se llama en el derecho comparado el modelo sueco y existe regulado en Suecia desde el año de 1999, también en otros países como Noruega o Islandia en donde se ha penalizado la compra de los servicios sexuales.
El artículo que estamos proponiendo dice así: artículo 264 Bis. Comete el delito de compra de servicios sexuales quien realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas a cambio del pago en efectivo, en especie o en cualquier otra forma, ya sea que el pago lo efectúe en forma directa o por medio de terceros. Al autor de este delito se impondrá una pena de seis meses a tres años de prisión y multa de 180 días. Cuando se trata de compra de servicios sexuales con menores de edad el delito se considera grave y por tanto no habría libertad bajo fianza, a los procesados por este delito.
Se incrementa aún más la sanción de compra de delitos sexuales si esta compra de servicios sexuales, si esta compra de ser vicios sexuales se realiza con menores de 12 años de edad. Ambos casos, tanto de personas menores de 18 años, pero mayores de 12 años se considera un delito grave, y también se considera un delito grave aumentando la mitad de la penalidad, cuando se realiza con menores de 12 años de edad. Delitos graves en materia de compra de delitos sexuales. Estamos incluyendo en esta iniciativa ambos legisladores, el modelo sueco.
Señor presidente, para concluir mi intervención al presentar estas 5 iniciativas, señor presidente, le pido muy atentamente que el texto íntegro de las 5 iniciativas se inserte en el Diario de los Debates y por su atención, compañeras diputados y compañeros diputados, muchas gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, señor diputado. En cuanto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 del Código Civil Federal, presentada por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, se turna a la Comisión de Justicia para su dictamen.
Asimismo, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada también por el diputado Cárdenas Gracia, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
Por lo que toca a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículo 75 y 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, presentada también por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, se turna a las comisiones unidas de Justicia y de Gobernación, para dictamen.
Así, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Por lo que toca a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 264 Bis y reforma el Capítulo 1 del Título Décimo Quinto del Código Penal Federal, y suscrita por el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT, túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.
Sonido a la curul del diputado Emiliano Velázquez.
El diputado Emiliano Velázquez Esquivel (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente.
Que me hiciera el favor, diputado presidente, de preguntar al diputado Cárdenas si me permite adherirme a la exposición y las iniciativas que ha presentado en esta Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Cárdenas, el diputado Emiliano Velázquez solicita su anuencia para poder adherirse a las iniciativas que usted ha presentado.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Estoy de acuerdo, presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Cárdenas Gracia no tiene inconveniente, al contrario, agradece la adhesión de usted, señor diputado.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
Antes queremos agradecer la visita de alumnos y personal de la escuela primaria República de la India, del pueblo de San Francisco Tlalnepantla, delegación Xochimilco, que amablemente hoy aquí nos visitan. Sean ustedes bienvenidos. Son invitados de nuestro compañero diputado Luis Felipe Eguía Pérez. Adelante, diputada, por favor.
La diputada Paula Angélica Hernández Olmos: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
México requiere de manera urgente establecer las disposiciones tributarias adecuadas a la realidad nacional. Es ineludible ser congruentes con las necesidades del país modificando la política fiscal y eliminando los gravámenes que impiden el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
La presente iniciativa tiene como objetivo modificar la política fiscal mediante la eliminación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, haciendo énfasis en que esta propuesta no se deriva de ningún interés político. Parte de la necesidad de promover disposiciones armónicas que eliminen la duplicidad de impuestos, ya que es inconcebible que se tengan dos impuestos directos como el IEU y el impuesto sobre la renta. No es sano ni permisible que esos gravámenes afecten a las micro, pequeñas y medianas empresas cuando éstas son las principales generadoras de empleo del país.
En 2007 el Ejecutivo federal presentó una serie de reformas fiscales en las que se estableció como objetivo fundamental el incremento de los ingresos tributarios para hacer frente a la situación económica que vivía el país. Fue así como se aprobó la Ley del IETU y entró en vigor el primero de enero de 2008.
Al ser creado el IETU se estableció que el efecto principal que este impuesto tendría en los ingresos de los trabajadores, consistiría en que los patrones podrían sustituir las prestaciones laborales exentas para el trabajador del ISR como vales de despensa, cajas de ahorro, ayudas de comedor, de transporte, becas, por sueldos gravados con la intención de que la empresa evite o, en su caso, disminuya el pago del IETU.
De la misma forma, se argumentó que la aplicación de este impuesto sería en términos competitivos, efectivos, equitativos y proporcionales, estableciéndose como fundamento aprobatorio de la ley que este gravamen sería promotor de la inversión y la creación de empleos, lo cual ha sido completamente falso y lo vemos en el análisis sobre la situación económica que el país guarda actualmente.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados estableció las siguientes conclusiones con respecto a los efectos del IETU para las empresas, así como para los trabajadores.
Para las empresas, tratándose del ISR, las erogaciones que realice la empresa a favor de los trabajadores como sueldos y prestaciones laborales no tienen consecuencias, pues la Ley del ISR no fue modificada en ese aspecto.
Sin embargo, la Ley del IETU no permite la deducción ni acreditamiento de las prestaciones exentas del ISR del trabajador, por lo que indirectamente la empresa tiene que pagar el 16.5 por ciento del IETU por dichas prestaciones. Además de este efecto, al convertir la previsión social en sueldo gravable, se afecta directamente y financieramente a la empresa al aumentar en automático la base gravable para las cuotas del IMSS.
Otro efecto es el financiero, ya que la Ley del IETU no le permite a la empresa hacer el acreditamiento de los pagos provisionales del ISR que hubieran sido pagados con subsidios al empleo o créditos al salario convirtiéndose en un doble pago que afecta gravemente a la empresa.
Para el trabajador, si la empresa decidiera transformar las prestaciones de previsión social que entrega a sus trabajadores como sueldos éstos tendrían dos efectos: pagar ISR sobre las prestaciones de previsión social convertidas en sueldos. Al aumentar la base gravable se incrementa la tasa efectiva de ISR conforme la tarifa progresiva para determinar este impuesto. A mayor ingreso, mayor impuesto. De acuerdo con lo anterior, el ingreso del trabajador disminuye.
Por otro lado, los fiscalistas han manifestado que los más afectados con este impuesto son las personas físicas con actividades empresariales y servicios profesionales, así como los arrendadores, empresas con crédito al salario, sólo por mencionar algunos.
En base a cifras del Servicio de Administración Tributaria en lo concerniente al IETU, en el primer trimestre de 2010 las pequeñas y medianas empresas aportaron el 70 por ciento del total recaudado –poco más de ocho mil millones de pesos–, dinero que bien pudo ser utilizado en inversión, crecimiento y generación de nuevos empleos, evitando su reducción o quiebra de las empresas.
Es hora de trabajar por este importante sector de la economía. Es momento de eliminar un impuesto que está llevando a la ruina a las micro, pequeña y mediana empresa, dejando sin empleo a miles de mexicanos.
Dado que es competencia del Congreso de la Unión legislar en materia de contribuciones, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
Artículo único. Se deroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul de la diputada Ruth Lugo, por favor.
La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente para ver si la compañera diputada me permite adherirme a la atinada iniciativa que acaba de presentar.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada Paula Angélica Hernández, diversas diputadas y el compañero diputado le han solicitado adherirse a su iniciativa, ¿está usted de acuerdo?
La diputada Paula Angélica Hernández Olmos (desde la curul): Sí. No tengo ningún inconveniente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: La diputada Paula Angélica Hernández no tiene ningún inconveniente, y al contrario invita a todos aquellos diputados y diputadas que deseen adherirse a su iniciativa a que pasen aquí a la mesa de la Secretaría, a donde está a su disposición el documento.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 266 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado José Erandi Bermúdez Méndez: Gracias, diputado presidente, con su permiso. El motivo de mi intervención es para someter a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, para que se reforme y adicione el número 7 al artículo 266 del Cofipe, al tenor de la presente exposición de motivos.
A modo de dar una explicación inicial se define al fraude electoral como el recurso o acciones ilícitas que tienen por objeto alterar los procedimientos y en consecuencia los resultados electorales.
En ese sentido se esclarecen las razones por las cuales los estudios académicos sobre el tema no abundan, esto es porque nadie en su sano juicio que haya alterado una urna o un proceso electoral querrá dejar pruebas incriminatorias.
Asimismo, el fraude y sus modalidades constituyen un difícil objeto de estudio para los científicos sociales, porque las fuentes más copiosas para acometer la tarea se encuentran en testimonios o denuncias periodísticas que fueron testigos de actividades electorales fraudulentas.
Es por ello la necesidad de impulsar mecanismos para garantizar la transparencia electoral, la libertad ciudadana de emitir su voto sin presión y así poder evitar violaciones a los procedimientos que enuncian las normas legales electorales, así como el uso de la violencia en contra de los votantes, en el entendido de que la manipulación de la información del voto transgrede una parte integral y fundamental del gobernado, particularmente en el derecho y en la libertad que tiene cada uno de esgrimir su voto y por otra parte, la obligación que tiene el Estado de garantizar y de velar, por tanto, la democracia que tanto hemos perseguido.
Es importante puntualizar que dentro de las modalidades que presenta el fraude electoral y la violación al derecho a votar, no se han contemplado normas adjetivas que también este ilícito puede ser cometido por medio del uso de nuevas tecnologías como ya ha sucedido anteriormente con las famosas caídas de los sistemas como son: aparatos eléctricos o electrónicos.
Lo anteriormente expuesto sería con el propósito de evitar que se fotografíe la boleta, toda vez que si a través de la comisión de este acto se tuviera la intención de cometer un delito electoral, éste así, si llegase a comprobarse que el propósito de tomar las fotografías se acomete porque alguien está presionando a alguna persona para votar a algún candidato en específico.
Por último, estimo necesario analizar los argumentos vertidos con la finalidad de evitar que los gobernados o personas con intereses fraudulentos violen el derecho que tienen los ciudadanos de emitir su voto libre y secretamente.
Es por eso que anteriormente y en la actualidad y derivado de las emergentes tecnologías, los votantes ya sea por su propia iniciativa o como consecuencia de la presión y de la manipulación de su voluntad, el gobernado puede hacer mal uso de las boletas a través del uso de aparatos electrónicos, en el momento de presentarse en las casillas y en las mamparas al hacer valer la facultad que tenemos los ciudadanos para sufragar.
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de decreto.
Artículo único. Se adiciona al artículo 266, el numeral 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar en los siguientes términos. Artículo 266, numeral 7:
“En ningún caso se permitirá el acceso a las mamparas de votación, a persona que porten celulares, cámaras fotográficas, de videograbación, escáner o algún aparato electrónico que presuma pueda contribuir a la realización de alguna actividad fraudulenta”.
Artículo primero transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado. Sonido a la curul del diputado Cárdenas Gracias.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Sí, para preguntarle al diputado Erandi Bermudez si me permite adherirme a su importante iniciativa.
El diputado José Erandi Bermudez Méndez: Con mucho gusto, gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Erandi Bermudez ha dado su anuencia para que usted y los diputados o diputadas que deseen adherirse a su iniciativa, puedan hacerlo con mucho gusto. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
Informo a la asamblea que en el recinto se encuentran de visita alumnos y personal de la escuela preparatoria número 33 del municipio de Metepec, estado de México, invitados de nuestro compañero el diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza. Les damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias.
También se encuentran en este recinto, invitados de la escuela federal Ricardo Flores Magón, del estado de Michoacán. Ellos son convocados por nuestro compañero el diputado Emiliano Velázquez Esquivel y les damos la más cordial bienvenida.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra el diputado Uriel López Paredes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
El diputado Uriel López Paredes: Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: La Ley del Seguro Social se reforma en 1995 y cambió radicalmente los principios de solidaridad, subsidiaridad y universalidad presentes en las leyes del Seguro Social de 1943 y 1973.
El cambio principal fue en el sistema pensionario que pasó de un sistema de reparto a un sistema de capitalización en cuentas individuales, en el que las aportaciones de patrones, trabajadores y Estado para el financiamiento de los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez se depositan en una cuenta individual que administran las Afores e invierten a través de las Siefores.
Los saldos de estas cuentas, adicionados con los productos financieros que generan, menos las comisiones que cobran quienes las administran y las que cobran las compañías de seguros con las que hay que contratar los seguros de sobrevivencia, son los recursos que se utilizan para pagar la pensión del trabajador o, en caso de fallecimiento, las pensiones de viudez, orfandad y ascendencia.
Esto significó que de un sistema en el que al trabajador sabía con antelación cuánto tenía que cotizar y cuánto recibiría de pensión, se pasó a un sistema en el que el trabajador sabe la cantidad y el tiempo que cotiza, pero no sabe qué cantidad recibirá de pensión.
Si bien el saldo de las cuentas individuales en su conjunto representa una cantidad impresionante –supera un billón y medio de pesos a la fecha–, los estudios actuariales han demostrado que lo depositado en las cuentas individuales de cada uno de los trabajadores afiliados no va a servir para que los trabajadores cotizantes tengan una pensión digna.
Tan es así que la misma Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Consar, ha hecho declaraciones públicas en el sentido de que es necesario aumentar las aportaciones para poder mejorar las cuantías de las pensiones.
Lo grave de esta situación radica en el hecho de que el mecanismo de cobro de comisiones por las Afores ha sido, desde su inicio, un atraco contra los trabajadores y un mecanismo para obtener ganancias a costa de los recursos aportados por el Estado, los trabajadores y los patrones, que deberían servir para obtener una pensión al final de su vida laboral.
En su inicio, las Afores cobraron comisiones sobre el flujo de las cuentas individuales, comisiones que en promedio fueron de 1.5 por ciento sobre flujo, pero en la realidad cobraron una comisión, en promedio, de 23 por ciento sobre el dinero que se depositaba en la cuenta individual.
Esto es así porque al autorizar a cobrar una comisión sobre flujo no se especificó que la comisión se cobraría sobre la cantidad que fuera depositada en la cuenta individual y se aplicó como que se debería cobrar sobre el salario base de cotización total aunque de él sólo se depositara en la cuenta el 6.5 por ciento; aun cuando sobre la cantidad depositada era sobre la que se podría cobrar comisión.
Al cobrarla sobre un dinero que nunca fue depositado en la cuenta y que nunca fue administrado por las Afore, esto dio por resultado que de la cantidad depositada en la cuenta individual, la Afore estuviera cobrando un 23 por ciento, en promedio.
Esto fue verdaderamente un atraco contra los trabajadores afiliados al IMSS, sostenido por más de 10 años, hasta que las críticas al sistema utilizado y la demostración de que quienes estaban resultando ser los que ganaban con ese mecanismo eran las Afore, se realizó un cambio en la ley.
Pero esto no se detuvo. El atraco contra los trabajadores se dio con la reforma de 2008, donde...
El diputado Porfirio Muñoz Ledo (desde la curul): ¿Me permite una pregunta?
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Uriel López, perdón que le interrumpa, el diputado Porfirio Muñoz Ledo desea hacerle una pregunta, si usted acepta.
El diputado Uriel López Paredes: Con mucho gusto, diputado presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul del diputado Muñoz Ledo, por favor, para que formule su pregunta.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo (desde la curul): Con mucho gusto, presidente. Ha llegado usted a un punto culminante, señor diputado, que es el atraco a los trabajadores. Sin embargo, me gustaría que nos explicara por qué también fue un atraco al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Recordaba usted que de acuerdo a la ley de 1958 se autorizó al instituto para que en vez de que tuviera ahorradas como garantía y cobertura de las pensiones de IVCM, invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, en la Tesorería de la Federación, las invirtiera en la red hospitalaria, así serían los inmuebles, los hospitales, las clínicas del Seguro Social, los que responderían.
Desde el momento en que se hizo un atraco a los trabajadores se esquilmó también al Seguro Social porque ahí viene el brutal decaimiento de los servicios médicos y la ausencia de recursos monetarios para sostenerlos. Me gustaría que me respondiera esta pregunta.
El diputado Uriel López Paredes: Cómo no, diputado Muñoz Ledo. En primer lugar yo quiero dejar claro que cuando se cambia el sistema pensionario del sistema solidario a las cuentas individuales de capitalización el Seguro Social entrega a las administradoras de fondo para el retiro cero pesos con cero centavos. No entrega absolutamente nada para el fondo de pensiones del Seguro Social.
¿Cuánto se invirtió en infraestructura hospitalaria del 43 al 95, en el cambio de sistema? Pues lo que dice el Seguro Social es que prácticamente más de la mitad de los recursos se invirtieron en infraestructura y equipamiento hospitalario. Estos datos, diputado Muñoz Ledo, no los tenemos porque no existen las cantidades que invirtió el Seguro.
Lo que sí aprovecho, diputado Muñoz Ledo, para informarle que lo sumamente grave en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social es que el fondo de pensiones para los propios trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, más o menos calculamos con los estudios actuariales que tenemos, que estaría durando alrededor de dos años, dos años y medio, cuando más. Es decir, 53 mil millones de pesos para alrededor de 90 mil trabajadores y trabajadoras, jubilados y pensionados, es una cantidad sumamente pequeña.
Y lo que nos preocupa es, ¿qué va a pasar después, porque además tenemos una cantidad importante de trabajadoras y trabajadores que están llegando a la edad de jubilarse, de pensionarse y lo están haciendo? Calculamos que más o menos de los 385 mil trabajadoras y trabajadores del IMSS, en los próximos cinco años estarían más o menos unos 28 mil jubilándose, pensionándose. Es un problema verdaderamente serio, lamentable, porque es la institución mexicana que tiene mayor atención a la seguridad social en este país.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Serrano, no está a discusión este asunto. A ver, diputado.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Diputado Uriel López Paredes, una pregunta, ¿usted considera que con esa reforma...
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado, perdón. Diputado, primero por favor...
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Perdón.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ... pregunte a ver si el diputado está en disponibilidad.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Diputado presidente, sería tan amable de preguntarle al diputado Uriel López Paredes, si me acepta una pregunta.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Uriel, el diputado Serrano está solicitando su anuencia para responder a una pregunta que él desea hacerle.
El diputado Uriel López Paredes: Con mucho gusto, diputado presidente.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Gracias, diputado.
Diputado López Paredes, ¿usted considera que con esta reforma, esta iniciativa, podemos lograr que se detenga la voracidad, principalmente de bancos extranjeros, que son los dueños de las Afores, que están explotando a los trabajadores mexicanos y que además es un riesgo nacional que no nos hemos percatado? Porque el día que los bancos dueños de las Afores se retiren de México y se lleven el dinero de los trabajadores, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer la clase trabajadora? Es urgente que trabajemos sobre este aspecto. ¿Cree que es suficiente con eso o que hay que hacer más, diputado Uriel López Paredes?
El diputado Arturo Ramírez Bucio (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Un momentito, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Ramírez Bucio? Sonido, por favor.
El diputado Arturo Ramírez Bucio (desde la curul): Diputado, para pedirle que atendamos el orden del día primero. Y la otra, no puede hacer preguntas el diputado a una iniciativa del propio diputado; creo que está fuera de orden.
Yo le pido que, pues nos podamos apegar al orden del día primeramente, y al reglamento.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Continúe usted diputado, por favor.
El diputado Uriel López Paredes: Gracias, diputado presidente. Para señalar que, a fines del año pasado, el saldo total de las cuentas individuales era casi de 1 billón y medio de pesos. La autorización dada a las Afores para cobrar comisiones sobre saldo es en promedio a la fecha de 1.5 por ciento, lo que daría un ingreso para las 14 Afores de 21 mil millones de pesos anuales aproximadamente, por la administración de las cuentas individuales.
Esto realmente es un saqueo. Por ello proponemos que el artículo 32 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro sea reformada en su segundo párrafo, de tal forma que la autorización que se dé a la Afore para cobrar comisiones sea únicamente sobre los rendimientos financieros que sus Siefores sean capaces de conseguir con sus inversiones para aumentar el saldo de las cuentas individuales.
Las funciones de estas entidades financieras son conseguir los mayores rendimientos y si no lo hacen, no tendría ningún derecho a cobrar comisiones. Su obligación es conseguirlo y si no son capaces de hacerlo, pues los meses en los que no haya rendimientos positivos, no tendrán autorización para cobrar comisión.
La comisión que proponemos se incorpore a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, es del 1 por ciento como máximo sobre los rendimientos generados, de esta forma el cobro de comisiones será siempre un porcentaje fijo de los rendimientos financieros que produzca la inversión hecha por las Siefores, de los saldos de las cuentas individuales de los trabajadores.
Por este cambio, las mencionadas cuentas individuales necesariamente aumentarán sus saldos. Siempre la cuenta habrá de ganar el 99 por ciento de los rendimientos financieros que se generen, cualquiera que sea la cantidad de su saldo.
De no hacerlo como lo estamos proponiendo, en pocos meses más, como consecuencia del cobro de las comisiones por las Afores, los saldos de las cuentas individuales no sólo no aumentarán por los rendimientos generados, sino que incluso empezarán a disminuir, ya que tendrán que tomarse parte de los aportaciones de los patrones, los trabajadores y el Estado para ganar las comisiones que cobren en las Afores.
Hago un llamado sincero a que no lo permitamos aprobando el cambio a esta ley, a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, yo creo que estaríamos cumpliendo con buena parte de la responsabilidad que tenemos con los alrededor de 20 millones de trabajadoras y trabajadores que tienen cuentas en el sistema de ahorro para el retiro. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social para dictamen.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente, ¿si me permite el diputado Uriel López Paredes adherirme a su iniciativa?
El diputado Uriel López Paredes: Con mucho gusto, gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Uriel López ha manifestado que no tiene ningún inconveniente en que usted se adhiera a la iniciativa que presentó.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma al artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; expide la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y abroga la actual Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Adelante, diputado.
El diputado Juan José Cuevas García: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. El año pasado presenté un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, Defensa y Marina Nacional, así como a la Procuraduría General de la República a que fortalezcan sus operativos en las zonas fronterizas, a efecto de combatir el tráfico de drogas, piratería, indocumentados, lavado de dinero y tráfico de armas, por cielo, tierra y mar.
El día de hoy estoy presentando una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la nueva Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y abroga la vigente.
La intención con el punto de acuerdo presentado el año pasado y la iniciativa de este año, la que estoy presentando el día de hoy, es con el afán de ayudar a combatir lo que viene siendo la delincuencia organizada, pero de una manera más preventiva. Ésa es la total intención de esta iniciativa. Uno de los más firmes anhelos del pueblo mexicano es la paz. La paz, no como negación de la guerra, sino en el más amplio y moderno concepto de la no violencia activa.
La tradicional vocación pacifista de nuestro país, que a través de su actividad diplomática nos ha llevado a proponer y suscribir acuerdos y declaraciones internacionales en pro de la paz mundial, expresan al mundo una sentida aspiración de los mexicanos que se cristaliza en la máxima de Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
La postura no injerencista de la Doctrina Estrada, el Tratado de Tlatelolco, que sustenta la proscripción de las armas nucleares en América Latina y El Caribe, y la participación de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas confirman nuestro histórico deseo de contribuir al fin de la carrera armamentista y a la construcción de una paz mundial permanente.
El calculable poder destructor de las armas de todo tipo se registra en la historia del mundo como una afrenta al más fundamental de los derechos universales: la seguridad y la tranquilidad de las personas.
Nuestro país ha acusado en distintas ocasiones el dolor de ver derramada la sangre de mexicanos enfrentados en luchas armadas. La conquista de nuestro territorio, el movimiento de Independencia y la Revolución son episodios que demuestran el daño social que pueden causar las armas.
¿La violencia y la seguridad son males evitables? Sí. ¿Es posible una reforma constitucional para hacer de nuestro país un territorio libre de armas? Sí. ¿Podemos convertirnos en el primer país que prohíba la posesión y portación de armas? Sí. ¿Contribuirá esta medida a la conservación de la no violencia activa en México? Sí.
Nuestro país no cuenta con una industria armamentista importante que pudiera verse afectada con una reforma como la que se propone. El contexto nacional que justificó la norma constitucional de 1857, recogida en 1917 y reformada en 1971, autorizando la posesión de armas a los mexicanos para su seguridad y legítima defensa ha cambiado radicalmente.
Hoy el fenómeno de la delincuencia organizada ha encontrado en el tráfico y comercio ilegal de armas un espacio propicio para ganar seguidores y retar abiertamente al Estado mexicano.
Cuántos mexicanos mueren al día por las armas ligeras. Cuántos son heridos de gravedad. Uno solo, sólo uno que fuera y pudiera evitarse justificaría con creces la reforma que se está proponiendo.
Asimismo, acorde a la propuesta de reforma constitucional y toda vez que deberá determinar los casos en que en forma excepcional se autorice la posesión y portación de armas de fuego y explosivos, se propone la expedición de una nueva ley de armas de fuego y explosivos, abrogando la que actualmente se encuentra vigente.
¿De qué trata esta iniciativa? Trata sobre la prohibición de poseer, portar, usar, almacenar y transportar cualquier tipo de armas y explosivos; así como de la no destrucción de éstas cuando se decomisan, sino que sean remitidas a la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Marina para su clasificación, resguardo y asignación al Ejército, Armada y Fuerzas Aéreas. O las de valor cultural, científico, artístico a museos o a las policías estatales y municipales; o a beneficio social, según sea su clasificación.
¿Qué otras propuestas más propone esta iniciativa? Autorizar la posesión y portación de armas a coleccionistas, deportistas de tiro, cacerías, charrería y actores. Autoriza la posesión y portación de rifle calibre 22, para ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios e incrementa la pena por portación y acopio de armas. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Defensa Nacional, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
Con qué objeto diputado, sonido a la curul del diputado Téllez, por favor.
El diputado Ignacio Téllez González (desde la curul): Presidente, para solicitarle de la manera más atenta que le pregunte a mi compañero si me permite adherirme a su propuesta de modificación de ley.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Juan José Cuevas García, el diputado Téllez está solicitando adherirse a su propuesta.
El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): Con mucho gusto.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Juan José Cuevas García está de acuerdo, así de que aquí en la mesa de la Secretaría está a su disposición el documento, para usted y para todos aquellos diputados y diputadas que deseen adherirse.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Uriel López Paredes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 13 Bis y reforma los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Uriel López Paredes: Con su permiso, diputado presidente. A partir de las elecciones federales de 1997, los partidos que han conquistado la Presidencia de la República no han podido obtener la mayoría en el Congreso federal.
Desde entonces, las relaciones entre ambos Poderes políticos ya son más equilibradas, lejos quedaron las épocas del presidente todo poderoso y el partido prácticamente único. Lejos quedó también la época del Legislativo subordinado al Ejecutivo.
La sociedad cambió y su régimen político también, pero no sólo ellos, este empuje transformador también impactó a la administración pública federal, la obligó a reformarse, por supuesto, también existieron otras causales que incidieron en su reforma.
Entre los aspectos más sobresalientes de las modificaciones al aparato administrativo destaca el esfuerzo por transparentar sus actividades y rendir cuentas ante la sociedad.
Pero, a pesar de los avances en esta materia aún hay tareas pendientes, la Constitución General de la República reconoce a los diputados como los representantes de la nación y a los senadores de la república como los garantes del pacto federal.
La Cámara de Diputados, además de legislar es la representación popular, por eso, fiscaliza a la administración pública federal y más ampliamente vigila los recursos federales. Sin embargo, aún hay titulares de dependencias federales, órganos desconcentrados, entidades paraestatales y organismos autónomos que se niegan a rendir cuentas ante el Congreso de la Unión.
Estos funcionarios olvidan que la Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico dependiente de esta soberanía ya ejerce la facultad y fiscalización de los recursos públicos que tiene la Cámara de Diputados.
Por eso, es necesario perfeccionar la facultad que tiene el Congreso de hacer comparecer a los secretarios de Estado, el procurador general de la República; los directores y administradores de las entidades paraestatales; los titulares de los órganos autónomos y los funcionarios que dependan jerárquicamente de ellos, y de solicitarles información o documentación, pues en la actualidad no pasa nada si se niegan a comparecer.
La atribución que actualmente tiene el Congreso adolece de la parte coactiva, es una facultad mostrenca. Algo que caracteriza a las normas jurídicas es que, además de mandatar el cumplimiento de un deber señalan con toda claridad cuál es el ente que debe exigir su cumplimiento, con qué facultades cuenta para ello y cuáles son las sanciones a que se hacen acreedores quienes incumplan con esta obligación.
Extremando el argumento puede afirmarse que la Cámara de Diputados ya tiene la facultad de imponer sanciones a los servidores públicos, aunque de manera indirecta a través de su órgano técnico de fiscalización.
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que reglamenta las facciones II y IV del artículo 74 y el artículo 90 constitucional, le otorga facultades a la Auditoría Superior de la Federación para imponer sanciones a los funcionarios que no atiendan los requerimientos de información o el apoyo solicitado en las formas y plazos establecidos. Esto es, la Cámara de Diputados ya ejerce la facultad coactiva a través de la Auditoría Superior de la Federación, ahora lo que procede es asentar con toda claridad den la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que las Cámaras pueden imponer directamente medidas coactivas a los servidores públicos que incumplan con su obligación de comparecer o que se nieguen a proporcionar la información o documentación requerida por las comisiones o el pleno.
Para cumplir con este objetivo, esta iniciativa con proyecto de decreto se adiciona un artículo 13 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en él se subraya la facultad del Congreso de la Unión de citar a comparecer a los servidores públicos enlistados y se señala qué sanciones se pueden aplicar al funcionar que se niegue a asistir, salvo que se derive de causas ajenas a su voluntad o responsabilidad.
También proponemos la modificación de los artículos 45 y 97 de la ley incita, que regulan las atribuciones de las Cámaras de Diputados y Senadores para pedir información o documentación a las dependencias o entidades u organismos autónomos. Con esta reforma, el Congreso General podrá aplicar las medidas sancionatorias señaladas en el artículo 13 Bis, a los funcionarios que dejen de cumplir con esta obligación.
La adición y modificaciones legales propuestas le permiten al Congreso General avanzar en el objetivo de transparentar las actividades de la administración pública federal, el ejercicio del gasto público, el cumplimiento de metas y en general de la toma de decisiones en las instituciones públicas.
En síntesis, la reforma que ponemos a consideración de esta soberanía otorga facultades a los diputados y senadores para exigir a los funcionarios enlistados, que rindan cuentas a la ciudadanía, también para sancionarlos en caso de que se nieguen a hacerlo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen. Dígame, diputado Serrano.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Si me permite, al diputado López Paredes, si me permite adherir a su propuesta.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Uriel López Paredes, el diputado Serrano solicita adherirse a su propuesta.
El diputado Uriel López Paredes (desde la curul). Con mucho gusto.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Uriel no tiene inconveniente, al contrario, agradece su voluntad, señor. Aquí está a disposición de usted en la mesa de la Secretaría el documento.
Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados que asisten.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: ¿Falta algún diputado o diputada de registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.
Se informa a la Presidencia que hasta este momento hay una asistencia de 375 diputadas y diputados, más la asistencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.
Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.
El diputado Rodolfo Lara Lagunas: Compañeras y compañeros diputados. Para la opinión pública nacional el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sobre todo su dirigencia, se ha convertido en el principal obstáculo para el buen desempeño de la escuela pública del nivel básico. Esto es preescolar, primaria y secundaria.
Un sector de la población y del Magisterio se ilusionó con el ascenso del Partido Acción Nacional al poder presidencial. Se esperaba un cambio radical en el sistema educativo nacional por lo menos en la relación del Ejecutivo con el SNTE.
El partido de la derecha por años y, mientras fue oposición, mantuvo una crítica constante al corporativismo y cacicazgos sindicales al enarbolar la bandera de la democracia. Desgraciadamente no se pudo. La verdad nos fue peor.
Con el PRI se mantuvo la relación con el cacicazgo en un plan hegemónico; esto es la presidencia siempre tuvo el control de la organización sindical de sus dirigentes. En cambio, con Felipe Calderón la relación se ha invertido. Es el SNTE quien controla, a través del yerno de la presidenta vitalicia, el sistema educativo nacional, violándose así el espíritu del artículo 3o. y la Ley General de Educación. En la Secretaría de Educación Pública no manda el Presidente de la República, sino el cacicazgo sindical.
Ya el investigador Pablo Latapí Sarre nos había informado que el poder sindical vigila sobre medidas que pueden serle contrarias: amenaza, intimida, moviliza. En suma, actúa constantemente conforme a su racionalidad de ente político.
Lamentablemente señala: las actitudes de las autoridades educativas han sido demasiado complacientes. Hoy el Estado es víctima de sus propias complicidades.
Recientemente la Coalición Ciudadana por la Educación enfatiza atinadamente el peso del cacicazgo sindical: “El poder de la vigencia sindical –señala– distorsiona el ingreso y el desarrollo profesional de las y los docentes, y las decisiones del sistema educativo. Este poder se ha incrementado con el tiempo y se ha agravado con la alternancia política, que eliminó el único contrapeso aceptado hasta entonces en la figura del presidente, –y termina–. La intromisión de la cúpula del SNTE en los estados llega al grado de nombrar a más de una veintena de secretarios de Educación”.
La pregunta es, ¿de dónde se origina la fuerza al SNTE? Independientemente de que la fuerza política le viene del poder presidencial y de los gobernadores beneficiados por el voto conseguido por la estructura sindical y partidista, ya que el SNTE tiene hasta partido, la hegemonía del SNTE nace, surge, entre otras situaciones, con el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Este artículo señala que las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo, una vez corridos los escalafones respectivos con motivo de las vacantes que ocurriere, y previo estudio por el titular de la dependencia, tomando en cuenta la opinión del sindicato, que justifique su ocupación, serán cubiertas en un 50 por ciento libremente por los titulares y el restante 50 por ciento por los candidatos que proponga el sindicato.
Y cabe la pregunta: ¿con qué criterio la dirigencia sindical propone al personal de nuevo ingreso? ¿Habrá preocupaciones pedagógicas al proponer o serán las relaciones de amistad o compadrazgo las que prevalezcan? Si desde el principio la selección del personal que va a educar a las nuevas generaciones falla, ¿cómo mejorar el trabajo educativo posterior con elementos incompetentes?
Hemos conocido secretarias que no saben mecanografía, profesores que deben enseñar carpintería pero que no son carpinteros, maestros que dan matemáticas y que no saben matemáticas. Y así por el estilo.
Recientemente ya se modificó este aspecto, en el sentido de que para este año va a ser el cuarto en que se hacen concursos públicos para la selección de estos compañeros. Desgraciadamente no se ha reformado el artículo 62 y por lo tanto hay una contradicción entre lo que postula Alianza y lo que postula el artículo 62.
Y termino por el tiempo. En la propuesta que hacemos es que este artículo sea modificado, de tal manera que ese 50 por ciento que le corresponde al sindicato, sin ningún control, sean cubiertas por el titular de la dependencia, considerando los resultados obtenidos a través de los concursos públicos de oposición. Es decir, queremos legalizar estos concursos, de lo contrario la contradicción va a seguir subsistiendo. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
Esta Presidencia informa que en el recinto se encuentran alumnos y personal de la secundaria José Vicente Villada Perea, de Atlacomulco, estado de México. Son invitados del diputado Emilio Chuayffet Chemor, y nosotros les damos la bienvenida.
También se encuentran alumnos y profesorado del CBTI número 3 de Temascalsingo, comunidad San Juanico El alto, Temascalsingo, Estado de México. Igualmente son invitados del diputado Emilio Chuayffet Chemor y les damos la más cordial bienvenida.
Se recibió del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29, 31 y 35 y adiciona un artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Se pospone la intervención del diputado Andrés Aguirre Romero, asimismo la intervención del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano. Estas dos iniciativas aparecían con el numeral 18 y 19.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Alejandro Gertz Manero, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El diputado Alejandro Gertz Manero tiene dos iniciativas que va a presentar en esta intervención, para eso vamos a ser complacientes con el tiempo, diputado.
El diputado Alejandro Gertz Manero: Señoras y señores diputados, en el trabajo que hemos venido haciendo en la Comisión de Vigilancia, hemos encontrado la necesidad imperiosa de cambiar la estructura del sistema de vigilancia y de la Auditoría Superior de la Federación.
Nos hemos encontrado con que tanto en el artículo 79 de la Constitución como en la propia ley, existen una serie de prevenciones que nos impiden tener un control real y eficiente del presupuesto, del gasto y de la forma como se está ejerciendo.
En razón de ello creemos que es fundamental que exista realmente un sistema de rendición de cuentas que permita que haya un control que se lleve en paralelo por el ejercicio presupuestal y que permita prevenir un gasto cuando éste es evidentemente improcedente.
En razón de ello tenemos dos impedimentos legales: uno, en el artículo 79 de la Constitución y el otro en la propia ley, que obliga a que se termine de ejercer el Presupuesto, se dictamine ese Presupuesto y lo venga a conocer la Cámara de Diputados prácticamente dos años después.
En esas condiciones no se puede realmente cumplir con los preceptos legales que nos obligan a cuidar y a preservar el gasto público de una manera honesta, eficiente y práctica.
En razón de ello, nosotros necesitamos hacer una reforma al artículo 79 de la Constitución con objeto de que se permita que el análisis y la tarea de la Auditoría Superior de la Federación sea en paralelo con el ejercicio presupuestal y que esta tarea pueda tener acciones de prevención para evitar que el gasto público tenga una distorsión que es inconveniente para la vida pública del país.
En razón de ello también es indispensable darle transparencia a la función de la Auditoría Superior de la Federación con un consejo verdaderamente ciudadano. Ya se han hecho tareas semejantes; hemos visto que han dado muy buen resultado estos consejos ciudadanos en las comisiones de derechos humanos; lo han dado también en el propio Pemex, donde se hizo una reforma para generar un verdadero consejo ciudadano que pudiera coadyuvar y vigilar el gasto y las funciones en Pemex y creo que en la Auditoría Superior de la Federación es indispensable que tengamos un consejo ciudadano que sea insaculado con una participación fundamental de la sociedad, de los colegios profesionales y que de esta manera podamos tener realmente un proyecto que sea creíble para la comunidad.
Si logramos –y ése es el propósito de esta ley– generar un nuevo procedimiento preventivo para que el gasto público no se distorsione, una participación ciudadana para vigilar y darle seguridad a toda la comunidad de que el ejercicio presupuestal se está llevando a cabo con orden y con transparencia y si generamos todos los elementos de control que ya existen y que se aplican al sector privado, que se aplican a todos los mexicanos en la forma como tenemos que rendir cuentas frente al gobierno en materia de impuestos, con más razón el gobierno tiene que demostrar esa transparencia y esa fórmula para los efectos del dinero, que es de todos los mexicanos.
En razón de estos motivos, estamos presentando esta reforma al artículo 79 y un proyecto de ley general de rendición de cuentas y auditoría ciudadana que abroga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Yo tengo la certeza de que el ánimo que hemos visto en la comisión de vigilancia para cuidar el gasto público lo vamos a refrendar aquí en una reforma legal y constitucional que nos dé armamento y capacidad para poder defender el gasto público y la transparencia.
Nosotros vamos con toda intención a poner eso en manos de la ciudadanía para que haya, de una manera muy clara, como ya se ha dicho –y lo hay en otros instrumentos del poder público– la participación ciudadana en este sentido.
Lo pongo a la disposición de ustedes y solamente le ruego al señor presidente si puede considerar que vaya a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la comisión de vigilancia.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En cuanto a la primera iniciativa que presenta el diputado Alejandro Gertz Manero se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Sonido a la curul del diputado Serrano. ¿Concluyó usted, señor diputado Gertz?
El diputado Alejandro Gertz Manero: Quiero escuchar al diputado Serrano.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Diputado presidente, si es tan amable de preguntar al diputado Gertz Manero si me permite adherirme a su propuesta considerando que es mucho, muy importante la participación ciudadana, que son miles de ojos, oídos y voces, que si todos colaboráramos con el gobierno tendríamos una mejor seguridad.
Obviamente hace falta la supervisión de la ciudadanía porque cuando el gobierno actúa solo hay muchas desviaciones. Es mejor la prevención, sale más barata la prevención que remediar, que el seguimiento. La persecución sale más cara que la prevención, estoy de acuerdo con usted, diputado.
El diputado Alejandro Gertz Manero: Muchas gracias, señor diputado.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Alejandro Gertz Manero, ¿acepta que se adhiera el diputado Serrano a su iniciativa? El diputado Alejandro Gertz Manero acepta que usted se adhiera a la iniciativa presentada.
El diputado Alejandro Gertz Manero: ¿Ya me puedo retirar?
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí, señor. En cuanto a la segunda iniciativa presentada por el diputado Alejandro Gertz Manero se turna a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de la Función Pública, para dictamen, con opinión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Javier Gil Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 46, 53 y 65 Bis de la Ley de Caminos, Puentes Federales y Autotransporte Federal.
El diputado Francisco Javier Martín Gil Ortiz: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el autotransporte terrestre constituye en México un agente multiplicador para el desarrollo y crecimiento del país ya que transporta el 58 por ciento de la carga que se mueve por nuestro territorio y el 97 por ciento de los pasajeros que se transportan al año.
Para ello la redes nacional carretera suma en la actualidad más de 366 mil kilómetros de extensión a lo largo y ancho de nuestro territorio, de los cuales más de 8 mil son caminos federales de cuota y más de 40 mil son tramos libres federales.
Asimismo, por las autopistas de cuota se desplazan en promedio 1 millón 28 mil vehículos diarios entre automóviles, autobuses y camiones; sin embargo, el desarrollo de la infraestructura carretera no se ha visto acompañado del incremento en la vigilancia permanente de las vías terrestres, al grado que en los últimos años ha proliferado una ola de delitos en contra de los usuarios de las carreteras nacionales que no se ha podido detener.
Pese a los retenes que se han instalado en diversos puntos del país con motivo de la llamada guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada que encabeza el gobierno federal los asaltos en carreteras casi se han triplicado en la presente administración.
De acuerdo con los datos más recientes las cifras van en aumento de manera vertiginosa. Los asaltos casi se duplicaron de 2006 a 2007 y se incrementaron en 80 por ciento de 2008 a 2010. Lo cual muestra que en los últimos cuatro años, los asaltos en las carreteras del país se han incrementado en un 145 por ciento.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital, indica que se presentan pérdidas anuales por 9 mil millones de dólares en todo el sector empresarial, incluyendo industria y transporte de valores, y que en cada caso, por sí sólo, las pérdidas son en promedio entre 1 y 2 millones de pesos.
La situación se vuelve más delicada al analizar las cifras de la Policía Federal Preventiva, que señalan que el 90 por ciento de los ilícitos en las carreteras del país se cometen con violencia.
En lo que respecta a los asaltos de los autobuses del servicio público federal, es verdad que en los últimos años se ha puesto en vigor, por parte de las compañías del ramo, diversas medidas tendientes a reducirlos; sin embargo, los esfuerzos no han rendido los frutos esperados, se sigue cometiendo este tipo de ilícitos, en una parte importante de unidades y de líneas de servicio público.
Es por ello, compañeras y compañeros legisladores, que es necesario incrementar los mecanismos tendientes a reducir estos agravios contra los usuarios de este fundamental medio de transporte. Los modos de operación son de sobra conocidos; en algunos casos los delincuentes abordan las unidades en las mismas terminales, burlando los dispositivos de seguridad implementados por éstas, para minutos más tarde aprovechando del desamparo de la carretera, amenazar y despojar a los usuarios y conductores de sus pertenencias.
En otros casos, los ladrones aprovechan que las unidades efectúan paradas autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en zonas que no cuentan con la más mínima medida de seguridad, lo que facilita aún más las actividades criminales. En numerosos casos los pasajeros han sido despojados de sus pertenencias, e incluso de su vida propia al resistirse al asalto.
Cabe mencionar también, que en ocasiones, las unidades del llamado servicio directo realizan el ascenso y descenso de pasaje en sitios intermedio de ruta y a la orilla de la carretera, aun cuando el servicio contratado no contempla dichas paradas, con lo que se aumenta exponencialmente el riesgo de los usuarios asaltados.
Por ello, compañeros y compañeras, considero que es necesario incluir medidas más estrictas en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para lo cual propongo la instauración e incremento de diversos mecanismos de seguridad en las terminales de pasajeros, concretamente la instalación obligatoria de detectores de metales en los andenes y la presentación obligatoria de una identificación oficial en el momento en el que el usuario adquiera el boleto y también cuando aborde la unidad.
Ello, por supuesto, sin detrimento a las medidas que las propias compañías instalen y que contribuyan a aumentar la seguridad en las unidades.
Mi propuesta abarca también la regulación de los servicios que prestan referentes a la prohibición de subir pasajeros en puntos intermedios en las carreteras cuando se trate de un servicio directo, y suprime el abordaje de pasajeros en parajes despoblados, invitándolo a estaciones establecidas y con las medidas de vigilancia necesarias en el caso de servicios intermedios.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y solicito su apoyo para coadyuvar al incremento de la seguridad en los usuarios del servicio público de autotransporte federal de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Transporte para su dictamen. Tiene la palabra la diputada Susana Hurtado Vallejo...
El diputado Ignacio Téllez González (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Sí, diputado.
El diputado Ignacio Téllez González (desde la curul): Nada más para pedirle de la manera más atenta, presidente, si le pregunta al exponente que si me permite adherirme a su modificación de ley.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Cómo no, diputado. Diputado Javier Gil, ¿tiene algún inconveniente?
El diputado Francisco Javier Martín Gil Ortiz (desde la curul): Con mucho gusto, adelante.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Acepta su adhesión, diputado adelante. El señor diputado Javier Gil ha aceptado su adhesión de las diputadas y diputados que deseen hacerlo.
Tiene la palabra Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Servicios Ambientales.
Ha solicitado que se posponga su intervención para presentar esta iniciativa.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Por tanto tiene la palabra la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
La diputada Sofía Castro Ríos: Muchas gracias. Muy buenas tardes compañeras y compañeros legisladores. Con su venia, señor presidente.
Hago uso de esta tribuna para presentar iniciativa que reforma el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Esto en razón de que al día de hoy Telecom Telégrafos es operadora de un satélite de la red pública de Telecomunicaciones.
Sin embargo, presta servicio en alrededor de 7 mil comunidades del país, de las 30 mil comunidades menores a 500 habitantes, hoy por hoy estas comunidades que tienen el servicio de telefonía satelital, se le cobra al usuario por recibir una llamada más de 2 pesos, 2 pesos con 50 centavos por minuto, lo que implica que un ciudadano que vive en el extranjero se comunica con su familiar, tiene que pagar el familiar, dependiendo de 10, 20 o 30 minutos una cantidad excesiva desde nuestra opinión, en razón de que no se puede privilegiar el apartado del que “Llama paga” en este tipo de servicios de telecomunicaciones.
No obstante de que Telecom es un organismo que tiene como propósito la prestación de servicios públicos telegráficos, dentro de ellos el giro telegráfico nacional e internacional, la radiotelegrafía, la comunicación vía satélite, la remisión de dinero, al interconexión de los sistemas de telecomunicaciones y al haberse reformado la última reforma que fue de 6 de enero de 1997, el legislador omitió generar en la consideración de este artículo cuarto transitorio, el hecho de que Telecom fuera considerado como red pública de telecomunicaciones, al no ser red pública de telecomunicaciones es que no puede ofrecer estas ventajas, además del Internet rural, que hoy por hoy es una demanda necesaria en razón de que no podemos permitir que una población o un tamaño de la población como ésta tenga menores condiciones de desarrollo.
Lo anterior a pesar de que el Presidente se comprometió en su Plan Nacional de Desarrollo a garantizar el acceso y a ampliar cobertura de infraestructura, servicios de transporte y comunicaciones tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo.
Asimismo, hacer más eficiente el transporte de mercancías y de telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que México cuenta.
En ese sentido lo que estamos planteando es que pueda reformarse este artículo cuarto transitorio para quedar como sigue: Telecomunicaciones de México continuará operando los servicios de comunicación vía satélite y las redes públicas que están a su cargo como red pública de Telecomunicaciones. Es la adición que se haría, en el entendido de que la prestación de los servicios de Telecomunicaciones deberá ajustarse a lo dispuesto por esta ley.
La secretaría, de conformidad con lo previsto en la ley, podrá otorgar concesiones y permisos a terceras personas respecto de las redes y servicios actualmente a cargo de Telecomunicaciones de México, excepto por lo que se refiere a los servicios de telégrafos y radiotelegrafía.
Esto en razón de que no podemos permitir que 30 mil comunidades del país hoy por hoy tengan que pagar y no pueden ser comparadas con alguna otra prestadora de servicios de Telecomunicaciones que opera el servicio de El que llama paga.
Esto, aunado a que cuando hay errores de que alguien llama sin querer a una caseta de telefonía satelital, ¿quién paga ese servicio por un error o de una equivocación de alguien que marcó erróneamente?
Este asunto va resolver, en primer lugar, que los responsables de las casetas telefónicas no paguen servicios por los que no consumieron. Y dos, que vamos a generar competencia en igualdad de condiciones y de circunstancias en razón de que la red pública con la que cuenta Telecomunicaciones es un servicio que está pagado por el Estado mexicano.
Ruego su atención, señor presidente, en obvio de tiempo. Solicito que la iniciativa se inscriba íntegra en el Diario de los Debates y que sea turnada a la comisión para su pronta dictaminación.
Muchas gracias a mis compañeras y a mis compañeros por su atención.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Así se hará, diputada. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones para su dictamen.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Tiene el uso de la palabra el diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta por 5 minutos.
El diputado Marcos Pérez Esquer: Muchas gracias, diputado presidente, con su venia. La propuesta que someto a consideración de esta soberanía reforma 22 artículos de nuestra Carta Magna y tiene por objeto eliminar los periodos de receso del Congreso de la Unión. Y, en consecuencia, eliminar también la figura de la Comisión Permanente. De tal suerte que este Parlamento sesione durante todo el año, como hacen otros órganos colegiados del Estado mexicano.
En este sentido, la propuesta tiene como propósito fortalecer el trabajo de este Poder Legislativo en beneficio de la atención de un mayor número de asuntos parlamentarios.
Esta iniciativa considera que los recesos legislativos no abonan en la construcción de las soluciones a los problemas que tiene el país y que por tanto convendría eliminarlos en definitiva.
Por otra parte, el actual diseño constitucional del Congreso de la Unión incluye la existencia de una Comisión Permanente. La existencia de esta Comisión Permanente se explica precisamente en función del hecho de que el Congreso no sesiona durante todo el año, por lo que se consideró pertinente que en los recesos hubiera una instancia que atendiera cierto tipo de asuntos, ninguno de carácter sustantivo en realidad.
La figura de la Comisión Permanente tiene antecedentes muy antiguos que nos remiten a la Constitución de Cádiz en 1812 y aún antes.
La existencia de dicha comisión se justificó históricamente en la tradición hispánica de mantener en forma permanente las funciones legislativas, cuando las circunstancias suponían para los legisladores grandes esfuerzos y grandes obstáculos para incorporarse materialmente a la función representativa.
Esfuerzos y obstáculos que iban desde el propio traslado desde su lugar de residencia, hasta donde se reunían las asambleas. La dificultad para conocer las necesidades de sus representados en encuentros personales, hasta la inexistencia de medios de comunicación expeditos como los que nos ofrecen hoy día las modernas tecnologías de la información.
En este sentido, en esta propuesta se sostiene que actualmente esas circunstancias se han transformado, han evolucionado, por lo que no se justifica la existencia de recesos en la labor legislativa y por consecuencia tampoco se justifica la existencia de la Comisión Permanente, ya que en realidad las Cámaras del Congreso pueden sesionar en pleno en prácticamente cualquier etapa del año. No hay motivo que impida que las sesiones del pleno puedan realizarse en cualquier momento del año.
El actual diseño parlamentario que establece la existencia de dos periodos de sesiones y dos periodos de receso, donde el primer receso dura un mes y medio y el segundo receso dura cuatro meses, llevan a que los legisladores no celebremos sesiones durante prácticamente la mitad del tiempo efectivo de la legislatura, con lo cual perdemos la oportunidad de proponer y de legislar sobre temas relevantes y urgentes, para los ciudadanos.
Habiendo tantos pendientes de importancia para la nación, tantos asuntos que deberíamos atender cuanto antes, no se explica que mantengamos este diseño institucional por el cual dejamos de sesionar casi la mitad del tiempo.
Es de mencionarse que algunos Congresos estatales: el de Baja California, el de Michoacán y el de Jalisco ya han ajustado su normatividad, para sesionar todo el año en un solo periodo ordinario, ¿por qué no habremos de hacerlo también nosotros?
En el espíritu de esta iniciativa está el que en cada año se definan los calendarios de sesiones, para que cada una de las Cámaras programe su trabajo legislativo que permita flexibilidad, para señalar los días que sean necesarios para atender los asuntos parlamentarios, de manera tal que podamos sesionar todos aquellos días que sean necesarios, para el correcto desarrollo de las tareas legislativas tal como ocurre en las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo General del IFE, del Consejo de la Judicatura Federal y otros órganos colegiados del Estado mexicano.
En suma, esta iniciativa plantea que se eliminen los periodos de receso y por consecuencia la figura de la Comisión Permanente, a efecto de que se pueda sesionar durante todo el año y así estar en mejores condiciones de atender las importantes demandas ciudadanas que se plantean en torno a nuestra función. De esta forma daremos muestra de nuestro compromiso por conocer, analizar, proponer, acordar y resolver la mayor cantidad posible de asuntos de nuestra competencia, que son del mayor interés de los ciudadanos. Muchas gracias, presidente. Es cuanto.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Gracias, diputado.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Tiene la palabra la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Con su venia, diputado presidente. Someto a la consideración de los diputados presentes, la iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de delitos ambientales, al tenor de lo siguiente.
México es un país megadiverso que cuenta con condiciones ecológicas únicas en el mundo. Ocupa el primer lugar a nivel mundial en lo que a diversidad de bosques naturales respecta y el cuarto lugar en el mundo de ecosistemas y especies.
Desafortunadamente y a pesar de toda esta gran biodiversidad, las actividades humanas y la comisión de delitos han ejercido una marcada influencia en la disminución del número de especies y poblaciones silvestres, así como la tala de bosques y árboles.
Nuestro país se encuentra dentro del grupo de países con la tasa de deforestación más alta del planeta. Actualmente sólo nos queda alrededor del 10 por ciento de la superficie original de selvas altas y cerca del 50 por ciento de la superficie de bosques templados, lo cual ha afectado seriamente los recursos hidráulicos y ha provocado daños ecológicos irreversibles, trayendo como consecuencia la extinción de especies animales.
El gobierno federal a través de Conafor y Profepa creó un programa de cero tolerancia a la tala clandestina. En los primeros cuatro meses de 2010, la Profepa realizó 53 operativos forestales en las principales zonas boscosas del país. Gracias a estas actividades, que incluyeron 53 sellamientos preventivos de carreteras y brechas por las que tradicionalmente se llevan la madera ilícitamente cortada, se lograron asegurar 5 mil 5290 metros cúbicos de madera en rollo y de 149 toneladas de carbón vegetal.
Es de destacar la clausura de 12 aserraderos y la puesta a disposición del Ministerio Público de 20 taladores clandestinos, que fueron consignados ante el juez de distrito.
Por su parte, el problema de tráfico ilegal de la vida silvestre tiene su origen tanto en las áreas autorizadas y no autorizadas para la extracción de ejemplares, partes o derivados, seguida de las localidades encargadas de acopio y transporte hasta el destino final para su venta.
La Profepa tiene ubicados 60 sitios críticos de venta clandestina e ilegal de animales de alguna de las 2 mil 421 especies mexicanas, que en los últimos 10 años entraron en el grupo de especies en peligro de extinción, tales como el águila real y el carpintero imperial, entre otros.
La Profepa durante el año 2010 realizó un total de dos mil 551 inspecciones y 557 operativos de inspección y vigilancia. Asimismo se aseguraron precautoriamente un total de 36 mil 183 especímenes de vida silvestre y 16 mil 535 productores de flora y fauna silvestre. La tala clandestina y el tráfico de especies están tipificados en el Código Penal como delitos ambientales.
Por ello, con la presente iniciativa de reforma se busca que aquellos autores o partícipes del delito que encuadren sus conductas en los tipos penales ambientales descritos en el artículo vigésimo quinto, capítulo segundo, contra el ambiente y la gestión ambiental, respectivamente en los artículos 417, 19 y 20 del Código Penal Federal, sean sujetos a las reglas de investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas por los delitos ambientales cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo y someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa.
Artículo único. Se reforma el artículo 2o, fracción I de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:
Artículo 2o. Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos mencionados, serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada.
Fracción I. Terrorismo previsto en los artículos 139 a 139 Ter; y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previstos en el artículo 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda previsto en los artículos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícitos previsto en los artículos 400 Bis, el previsto en el artículo 424 Bis, contra el ambiente y la gestión ambiental; tala clandestina, previsto en el artículo 419; y tráfico ilegal de especies previsto en los artículos 417 y 420, todos del Código Penal Federal.
Diputado presidente, le solicito que esta iniciativa sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Muchas gracias, diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Justicia para su dictamen.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Diputada Guillén.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Gracias, presidente, para preguntarle a la promovente si me permite adherirme a su iniciativa. Gracias.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Con mucho gusto preguntamos a la diputada María Araceli Vázquez.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho (desde la curul): Con mucho gusto, presidente.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Lo acepta la diputada. Pueden adherirse las diputadas y los diputados que así lo deseen.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Tiene la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ahora las voy a exponer. Agradezco a los 23 diputados y diputadas que están en la sala, su presencia. Se ha vuelto ésta una Cámara de ocurrentes y de ausentes. Si se sesionara todo el año como lo propuso el señor diputado no se resolvería nada.
La ineficiencia de esta Cámara es palmaria. Estamos mandándoles iniciativas e iniciativas a las comisiones que no tienen modo de desahogarlas. Simplemente el vertedero no funciona y la fuente tampoco funciona. Esta Cámara es una simulación.
Vengo a presentar, sin embargo, en mi deber parlamentario, una iniciativa de reforma constitucional sobre el voto de los mexicanos en el extranjero y la representación política de los ciudadanos residentes en el exterior.
Nosotros hemos pactado en la Convención sobre todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, promovida por México, el derecho a todos los ciudadanos de votar y de ser elegidos a puestos de representación popular en su estado de origen.
Desde los años 70 las comunidades mexicanas en el extranjero vienen solicitando este derecho, y lo han hecho simbólicamente en urnas abiertas, en varias ciudades norteamericanas, cuando menos desde 1976.
En el programa de la Revolución Democrática de 1990 se consagró por primera vez la restitución de los derechos ciudadanos privados por razones de domicilio. Esto es, los habitantes del Distrito Federal que no votaban para elección de sus gobernantes y los ciudadanos en el extranjero.
Fue hasta 1996 que logramos, en la reforma electoral, modificar el artículo 36 de la Constitución para otorgar este derecho, y debo decir que ese acuerdo está firmado, entre otros, por el señor Felipe Calderón, por su servidor y por el señor Alberto Anaya, en tanto dirigentes de partidos políticos. No se legisló, sin embargo, a pesar de un largo estudio muy prolijo del Instituto Federal Electoral.
En el año 2000 la Comisión de la Reforma del Estado, que presidí, planteó de nuevo el voto universal y la representación de los del exterior en la Cámara de Diputados. Sin embargo, distintas maniobras parlamentarias... Hay una mano levantada, señor presidente.
El diputado José Luis Jaime Correa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Sí, diputado Jaime. ¿Con qué objeto, diputado Jaime?
El diputado José Luis Jaime Correa (desde la curul): Señor presidente, para preguntarle a usted, si le pregunta al orador si me permite una pregunta.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con mucho gusto, señor diputado.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Sí, es presentación de iniciativas, diputado Jaime.
El diputado José Luis Jaime Correa (desde la curul): Cuento con la palabra, señor presidente.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Continúe, diputado Muñoz Ledo, con su exposición de la presentación de la iniciativa.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: A los dos oradores que me antecedieron se les permitió.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: En contra del Reglamento, diputado Muñoz Ledo.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: No. No es la primera ni será la última vez.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Está en la presentación de iniciativas, diputado Muñoz Ledo.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: La presentación de iniciativas acepta preguntas, a mayor razón de los diputados para satisfacer las dudas respecto de lo que se les está exponiendo. Hoy, en la mañana, a cuando menos tres diputados se les han interrogado y puedo decir los nombres.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Sí, así es, entre ellos a un servidor, diputado Muñoz Ledo, fue de Reglamento.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: A ti se te preguntó, a usted, señor presidente, perdón.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Yo le pediría...
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Yo le pregunté a usted, estando usted en la tribuna, presentando una iniciativa...
El Presidente diputado Uriel López Paredes: A ver, diputado Muñoz Ledo, si me permite, no vamos a entablar una polémica al respecto, está claramente establecido en el Reglamento. Yo le pediría que continuara con la presentación de su iniciativa.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Señor diputado, se va a enturbiar esta presentación, no nuestra amistad que es antigua y sólida. Usted estaba en la tribuna presentando una iniciativa sobre pensiones, yo le pregunté desde mi curul, el presidente lo autorizó. ¿Usted está sugiriendo que usted y yo violamos el Reglamento?
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Diputado Jaime, haga su pregunta.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ausentes y gritantes también hay. Hay de todo.
El diputado José Luis Jaime Correa (desde la curul): Señor diputado, quiero preguntarle a usted si en su iniciativa contempla el voto de los mexicanos en el extranjero pero con qué modalidad; me interesaría saber la representación política de los mexicanos en el extranjero para integrar las cámaras.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo. Mire, a eso iba, y qué bueno que me lo pregunta. De acuerdo con la decisión tomada en audiencias públicas, el Senado de la República, lo que se implementó en el año de 2006, fue sólo el voto por correspondencia. Hubo un debate amplio, lo ganamos, fuimos muchos expertos e interesados en el tema, las asociaciones de migrantes y sin embargo les dio la gana limitarlo al voto por correspondencia en contra del principio adoptado que es el voto a todos. Si la Constitución ordena abrir el voto a todos, hay que facilitárselo.
Entonces nosotros estamos planteando varias modalidades de voto. Primero, desde luego el voto postal. Debo decir que votaron sólo 30 mil mexicanos en el extranjero con un costo inmenso. Sin embargo los estudios publicados dan cuenta de que hubo gran entusiasmo y que se sembró una semilla que está fructificando.
Acabo de estar en el Congreso Latino, Nacional de los Estados Unidos, hace un poco más de una semana, en la ciudad de Austin, Texas y pude percibir el gran desencanto que tienen porque no hemos cumplido nuestra promesa los actores mexicanos.
Las otras modalidades son: el voto electrónico y el voto presencial. México tiene en su sistema consular, los consulados móviles y ya las asociaciones de migrantes para otro género de votos.
Hay que pensar que el 85 por ciento de los migrantes mexicanos... Hay 12 millones de migrantes mexicanos en el mundo de los cuales 11 millones están en los Estados Unidos, de los cuales 85 por ciento, es decir 9 millones, están en cinco estados de la Unión Americana, a saber, en California, Illinois, Arizona, Nuevo México y Texas. Ese es el universo que permitiría fácilmente con consulados móviles cubrir a la totalidad de la población. Eso es lo que estamos proponiendo, señor diputado.
El diputado José Torres Robledo (desde la curul): ¿Me permite una pregunta?
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Si me lo permite el presidente, dependo de él.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Así es, diputado, yo le pediría que concluyera usted su intervención, con la presentación de la iniciativa.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Mire, no quiero entrar en controversia con el señor presidente por razones de respeto a su investidura y de la amistad que me une con él. Creo que no es lo correcto, pero voy a terminar rápidamente.
Nosotros estamos proponiendo tres cosas más: una: como ya estaba definido, que se aproveche la cédula consular. Hay cinco millones 400 mil ciudadanos mexicanos en el extranjero con cédula consular, pero dándole instrucciones al Instituto Federal Electoral para que convierta esas cédulas electorales y nuevo empadronamiento en registro nacional de electores.
Segundo. Estamos pidiendo que se respeten las formas asociativas de los mexicanos en el exterior. Ellos no quieren –perdónenme que lo diga– la imposición de los partidos políticos mexicanos, que puede desde luego contribuir, están en su derecho. Ellos quieren algo así como el voto por usos y costumbres o bien por candidatos independientes.
Por último, estamos proponiendo también que se elijan diputados del extranjero. Hay tres proyectos, pero los tres elijen ciudadanos que están residiendo en México, con los votos de acarreo de allá. Aquí les damos, de entrada, dos diputados y, para no pasar de 500 en esta Cámara, iríamos quitando en orden decreciente de las circunscripciones que tengan menor voto relativo, hasta llegar al límite de los que son ahora, que serían 18.
Hay que hacer no ese sacrificio, sino esa duplicación del ser nacional que nos impone el que nuestra patria trasciende las fronteras territoriales. Aquí se les ha ofrecido múltiples veces y no lo hemos hecho. Esta reforma urge.
Dije hace poco en una entrevista que a menudo la clase política mexicana carece de honor. Tengamos honor para responder a lo que hemos prometido. Muchas gracias.
El presidente diputado Uriel López Paredes: Muchas gracias, diputado Porfirio Muñoz Ledo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
Se recibió del diputado Jorge Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. La iniciativa del diputado Jorge Romero se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen.
La iniciativa del diputado Muñoz Ledo se estaría turnando a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores.
El presidente diputado Uriel López Paredes: Tiene la palabra el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 6, 7 y 65 del reglamento de la Cámara de Diputados, también suscrita por diputado Ángel Aguirre Herrera. Adelante, diputado.
El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, los que todavía estamos aquí en este pleno.
La Cámara de Diputados es una institución democrática pues en ella se encuentran representadas la pluralidad de las fuerzas políticas del país y en gran medida los intereses de toda la sociedad.
Cuenta con un Reglamento que sustenta un diseño de funcionamiento adecuado para la construcción de acuerdos, la realización de los debates parlamentarios y la aprobación de leyes; sin embargo, como todo ordenamiento jurídico, es perfectible.
El artículo 5o. del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión establece que los diputados y diputadas tendrán los mismos derechos y obligaciones sin importar su filiación política o sistema de elección.
Asimismo, señala en los artículos 6o. y 7o. que se garantizará la plena igualdad de la integración de las comisiones y comités en el goce de prerrogativas en materia de recursos presupuestales, financieros, materiales y humanos. Sin embargo, en la práctica no ocurre de esta manera, específicamente en el caso de los diputados que hemos decidido separarnos de un grupo parlamentario el ejercicio de nuestros derechos y el goce de las prerrogativas se ven cercenadas.
Primero. La fracción III del artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que son derechos de los diputados y diputadas integrar las comisiones y comités, participar en sus trabajos, así como en la formulación de sus dictámenes y recomendaciones. Este supuesto es correcto e inamovible, mientras que el legislador pertenezca a un grupo parlamentario.
Los legisladores que por causas políticas, ideológicas o personales deciden separarse de su grupo parlamentario carecen de herramientas y espacios para desempeñar sus tareas y participar con voto en las decisiones que tienen lugar en los órganos parlamentarios, específicamente me estoy refiriendo a las comisiones.
No es una situación menor si consideramos que las comisiones son los cuerpos de deliberación de esta soberanía tanto en el análisis como dictaminación de las iniciativas, por ende, cuando un diputado no participa de ellas o no se le deja participar se coarta el principio de equidad e igualdad, pero también, su responsabilidad de representar a los ciudadanos en la construcción de las leyes del país.
Segundo. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a los apoyos administrativos para los diputados sin partidos establece que los diputados que dejen de pertenecer a un grupo parlamentario se les guardarán las mismas consideraciones que a todos los legisladores y le serán otorgados apoyos.
En la realidad, en nuestra dinámica parlamentaria, a los diputados sin partido se les limita el acceso y disfrute de los recursos materiales, humanos y de asesoría. Difícilmente se les asigna a su cargo personal de asesoría y apoyo que coadyuven en el desarrollo eficaz y efectivo de su cargo.
Resulta preocupante que en esta Cámara de Diputados mejor los directivos cuenten con mayores recursos financieros y administrativos que los propios diputados; peor aún, que tengan a su disposición secretarios particulares, varios ayudantes generales, mejores espacios físicos para desempeñar sus funciones, mejores equipos de cómputo, planes de telefonía celular, vehículos, muebles poco austeros, entre otros.
Todos los legisladores debemos tener el derecho irrenunciable e inviolable de trabajar, construir y transformar; de participar en igualdad de condiciones y oportunidades.
Con la modificación que proponemos a los artículos 5, 6, 7 y 64 del reglamento, se refuerza no sólo a los diputados sin partido, sino el derecho de todos los legisladores a integrar, en igualdad de oportunidades, los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados y de gozar de los recursos materiales, humanos, presupuestales y financieros, en fin.
La propuesta se resume en lo siguiente:
Los diputados y diputadas tendrán los mismos derechos y obligaciones; sin importar su filiación política o sistema de elección, o si son diputados y diputadas sin partido.
Integrar las comisiones y los comités, participar en sus trabajos, así como en la formulación de sus dictámenes y recomendaciones. Los diputados y diputadas sin partido podrán solicitar su incorporación hasta en tres comisiones y un comité de su interés.
Formar parte de un grupo o separarse de él, de acuerdo a sus ordenamientos, sin menosprecio y goce de sus prerrogativas, derechos y obligaciones.
Todos los diputados con o sin partido son iguales para desempeñar las funciones mencionadas y les corresponderán las mismas consideraciones generales.
Cuando se trate de diputados y diputadas sin partido gozarán de los recursos presupuestarios, financieros, administrativos y humanos que les sean necesarios para el desarrollo de sus actividades. Los recursos no podrán ser inferiores al promedio de los que se asignan a los diputados adscritos a un grupo parlamentario.
Diputado presidente, por economía parlamentaria, le solicitamos de la manera más atenta que el texto íntegro de esta iniciativa quede inscrito en el Diario de los Debates. Por su atención, compañeras y compañeros diputados, muchas gracias.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Gracias diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Tiene la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal.
El diputado Fernando Espino Arévalo: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores, por economía de tiempo, sólo daré lectura a un resumen de la iniciativa, por lo que solicito se inscriba íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) conforme a la Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010, estima que la extensión de los bosques en el mundo es cercana a 4 mil millones de hectáreas, representando el 31 por ciento de la superficie de la Tierra.
Asimismo, el reporte destaca de que 233 países y áreas analizadas, 5 naciones concentran más de 50 por ciento de la superficie forestal: Rusa, Brasil, Canadá, Estados Unidos y China. Sin embargo, la deforestación, abarcó 13 millones de hectáreas anuales en el último decenio.
En el caso de México, de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cada año se pierden 150 mil hectáreas de bosques, ocasionadas por múltiples factores tales como el establecimiento de mayores extensiones de tierra para la agricultura y ganadería, incendios, tala clandestina, ampliación de las zonas urbanas, o la presencia de plagas y enfermedades.
No obstante, uno de los problemas latentes que afectan al país en lo económico, ambiental, social y legal es el relacionado a los aprovechamientos ilegales de los recursos forestales, los cuales se estiman entre 3 y 5 millones de metros cúbicos rollo al año.
Las proyecciones más recientes realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, reportan que para el año 2030 el consumo global de madera en rollo se incrementará 60 por ciento respecto a los niveles actuales, hasta alcanzar un orden de 2 mil 400 millones de metros cúbicos. También se prevé que se produzcan aumentos importantes en la demanda de productos de papel y cartón.
Aunque el organismo internacional concluye que probablemente esta demanda será satisfecha por bosques naturales autorizados para tal efecto, no hay duda de que despertará elevados incentivos para quienes deseen cubrir dichas necesidades por la vía clandestina, dando el amplio margen de rentabilidad que se espera.
Como prueba de ello, la Comisión Nacional Forestal estima que el 50 por ciento del mercado de madera en México es de procedencia ilegal. Además, Greenpeace asegura que hay 55 puntos de tala en el país, donde habita el 2 por ciento de la biodiversidad mundial.
Asimismo, en el año 2005, de las 100 zonas críticas forestales identificadas en el país, 15 fueron catalogadas como prioritarias, puesto concentran el 60 por ciento del volumen de la tala ilegal calculada en el ámbito nacional.
Por tales circunstancias, la iniciativa que hoy someto a la consideración, pretende reformar diversos artículos del Código Penal Federal, con el objeto de incrementar el nivel de sanciones a quienes ejerzan ilegalmente la tala, almacenamiento, transporte, comercio o transformación de los árboles, así como también la destrucción de la vegetación natural o el cambio de uso del suelo forestal.
De esa forma podremos salvaguardar la vasta diversidad de nuestros bosques y selvas que a la fecha destacan por contar con más de 50 por ciento de todas las especies de pino y más de 150 especies de encinos del planeta. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Uriel López Paredes: Muchas gracias, diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia para su dictamen.
El diputado Ariel Gómez León (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Uriel López Paredes: Sí, diputado León.
El diputado Ariel Gómez León (desde la curul): Señor presidente, debido a que el estado de Chiapas es un estado eminentemente forestal, pedirle al señor diputado si me permite signar el envío que él está haciendo a esta Cámara.
El presidente diputado Uriel López Paredes: Cómo no, diputado. Diputado Fernando Espino, ¿acepta la adhesión?
El diputado Fernando Espino Arévalo (desde la curul): Sí, adelante.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Que sí, adelante, diputado León.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Tiene la palabra la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La diputada Gabriela Cuevas Barron: Con su venia, diputado. Ninguna nación puede aspirar a un desarrollo humano sostenible si tolera el trabajo infantil. Esta práctica, que no sólo es ilegal sino moralmente inaceptable, afecta gravemente la integridad de los niños al privarlos de derechos como la educación, la salud y la recreación, impidiendo su pleno desarrollo y el progreso del país en el largo plazo.
Desafortunadamente, esta actividad se encuentra profundamente arraigada en la estructura económica y social, en las costumbres y en las tradiciones culturales de diversos países como el nuestro.
A pesar de las prohibiciones contenidas en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales, el trabajo infantil sigue siendo una realidad que no se ha atendido debidamente.
De acuerdo con las cifras que arroja el módulo del trabajo infantil del Inegi, de 2009, la población de 5 a 17 años es de 28 millones, 247 mil 936 niños, de los cuales se encuentran ocupados 3 millones 14 mil 800, lo que equivale a 10.6 por ciento de la población infantil.
Del total de niños laborando alrededor de un millón no cumple con la edad mínima para trabajar, mientras que sólo 657 mil cuentan con la educación obligatoria. Esto significa que cerca de un millón y medio de niños trabaja al margen de las normas jurídicas que regulan el trabajo.
No obstante, son más alarmantes las condiciones nocivas bajo las cuales se desarrollan estas labores: jornadas laborales prolongadas, ínfimos o nulos salarios, así como exposición a condiciones difíciles o peligrosas por el uso de herramientas o productos químicos.
La ejecución de un programa de erradicación del trabajo infantil no solamente logrará la eliminación de este flagelo, también permitirá que las familias y la sociedad perciban un beneficio económico mediante una mayor educación y una mejor salud de los niños, razón suficiente para poner en marcha acciones que persigan este fin.
El objetivo de la presente iniciativa es coadyuvar para que todos los niños puedan contar con mayores niveles de escolaridad, propuesta que está en sintonía con la Agenda Hemisférica 2006-2015 de la OIT, en la cual se plantea eliminar las peores formas de trabajo infantil para 2015 y el trabajo infantil en su totalidad para 2020.
De manera puntual se propone prohibir la contratación laboral de menores de 14 años bajo cualquier circunstancia, inclusive si trabajan con sus ascendientes.
Con ello se subsana la ambigüedad contenida en la Ley Federal del Trabajo, cuya redacción actual permite que los menores de esa edad puedan subordinarse laboralmente a los padres y otros ascendientes.
También se propone dotar a la inspección del trabajo de las facultades necesarias para que pueda ordenar el cese inmediato de las labores que desempeñen los menores de 14 años fuera del círculo familiar.
También impulsar medidas tendientes a prevenir el trabajo infantil por parte de los tres órdenes de gobierno, dentro de los cuales se incluye la integración de los menores de edad a los llamados programas compensatorios, como becas, despensas, útiles escolares, a fin de procurar una mayor equidad de oportunidades.
El objetivo es lograr la articulación de esfuerzos de los sectores privado, público y social para lograr metas claras, así como para sensibilizar a las autoridades y ala sociedad sobre los efectos tan nocivos que tiene la incorporación temprana al trabajo.
Se busca privilegiar el derecho de los niños a vivir libres de la explotación económica, a gozar de su niñez y a asistir y a poder permanecer en la escuela.
Finalmente y en consonancia con lo establecido en los convenios 81 y 129 de la OIT se propone otorgar a la inspección del trabajo la facultad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de trabajo infantil.
Asimismo, se le obliga a sistematizar la información recabada durante el proceso de inspección, para compartirla con las dependencias y autoridades locales a efecto de que se elaboren los programas de acción correspondientes.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, no podemos cerrar los ojos ante este problema tan grave y mucho menos acostumbrarnos al trabajo de los menores en talleres familiares, situación que constituye una realidad que lamentablemente es considerada por muchos como benéfica y provechosa para los infantes.
Esta soberanía tiene el deber de cumplir con los estándares internacionales en la materia y sentar las bases, para que nuestro país alcance la meta de eliminar el trabajo infantil en su totalidad haciendo efectivo el principio fundamental del interés superior de la niñez. Es cuanto.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Muchas gracias, diputada Cuevas Barron. Si, diputada.
La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (desde la curul): Para que me haga, usted, favor de preguntarle a la diputada Cuevas Barron si me puedo adherir a su propuesta.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Como no, diputada, con mucho gusto. Diputada Gabriela Cuevas tiene inconveniente en la decisión de la diputada.
La diputada Gabriela Cuevas Barron (desde la curul): No, ninguno. Con mucho gusto.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Adelante, diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Tiene la palabra el diputado Rodolfo Lara Lagunas del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.
El diputado Rodolfo Lara Lagunas: Compañeras diputadas y compañeros diputados esta es una propuesta que considero viable en virtud de que de una u otra manera ya ha empezado a caminar en nuestro país.
Todos los informes que tenemos sobre el resultado de las escuelas en los exámenes Enlace y Pisa nos invitan que siempre hay una asociación entre el éxito escolar y el desarrollo económico de una región o de las propias familias.
En el caso concreto de México, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa nos expresa que siempre las escuelas públicas que están en el medio urbano, siempre salen mejor que las escuelas que están en los medios rurales.
Otro dato más, es que en el medio rural siempre salen peor las escuelas de las comunidades indígenas, esto, repito nos está mostrando la asociación entre el éxito escolar y la situación económica del entorno y de la familia.
Un dato más que confirma lo que estamos señalando es de Fernando Reimers del Banco Interamericano de Desarrollo, donde nos dice que el 10 por ciento de los hijos de la clase alta tienen en promedio 12 grados de escolaridad. En cambio el 10 por ciento más pobre, sus hijos apenas tienen dos grados de escolaridad. Como ven, la distancia es de 1 a 6 grados de acuerdo al desarrollo económico de las familias. La pregunta sería, cómo rompemos este círculo vicioso de esta asociación de desarrollo económico y desarrollo educativo.
Hay una experiencia que ya está a nivel mundial aplicándose, y que conocemos con el nombre de escuela de jornada completa o escuela de tiempo completo. Esta experiencia nació en Italia con un sacerdote de izquierda que se llamó Lorenzo Milani, y que se está dando también en lo que podríamos llamar el modelo asiático.
Miren lo que está pasando en Asia en las escuelas. En una conferencia que dio Mana Busato, catedrático en la Universidad de Tokio, el 23 de octubre de 2001 en el Colegio de México, nos dice que los 5 mejores resultados académicos entre los 46 países participantes, fueron logrados por los 5 países de Asia Oriental; Singapur, Corea, Hong Kong, Taiwán y Japón. Cuál es la clave de este modelo asiático; el mismo rector nos lo dice; los jóvenes de bachillerato coreanos llegan a las escuelas con 3 paquetes de comida, ya que las clases duran de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Las clases formales terminan a las 3, pero hay clases complementarias hasta las 10 de la noche para prepararlos para el examen de admisión en las universidades.
El mismo fenómeno se puede observar en China en los años recientes. Los muchachos chinos inscritos en los bachilleratos de las zonas urbanas estudian más que los coreanos; entran a las 6 de la mañana y terminan a las 11 de la noche.
En el modelo de Italia las clases duraban también prácticamente 12 horas al día, de lunes a domingo durante los 365 días del año. Estudiantes pobres campesinos que con este modelo lograron avances extraordinarios para su nivel de secundaria.
En México, desde 1900 ya tenemos escuelas de tiempo completo de manera experimental, aquí en el Distrito Federal se iniciaron 5 primarias. Actualmente hay cerca de 14 estados en donde hay entre 10 y 12 escuelas, tanto de primaria como secundaria de este modelo de tiempo completo. Así es que si ya está iniciado, si lo tiene Cuba, si lo tiene Finlandia, si el modelo está en Asia, si lo tiene ya también Brasil y Chile y si en México ya se está de manera experimental, necesitamos legalizarlo porque hasta ahorita no aparece en ningún artículo de la Ley General de Educación.
Ahora, yo entiendo que no hay las condiciones económicas para que de una vez todas las escuelas sean de tiempo completo, pero sí es posible que la Secretaría de Educación Pública empiece a hacer funcionar estas escuelas precisamente entre las comunidades indígenas y en zonas marginadas del campo y de la ciudad.
Por eso en el artículo 33 propongo la reforma precisamente de que estas escuelas sean ya un inicio en las zonas marginales, tanto del campo como de la ciudad.
Yo espero que ustedes se sumen a esta propuesta. Muchas gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado José Trinidad Padilla López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o, 27 y 75 de la Ley General de Educación.
El diputado José Trinidad Padilla López: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Quizá no soy el único de los diputados miembros de la Comisión de Educación que ha sido receptor de múltiples testimonios de padres de familia acerca de los servicios educativos que sus hijos reciben.
Algunas de las quejas más frecuentes tienen que ver con el asunto del cobro de las cuotas llamadas voluntarias en las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, porque en algunos casos la prestación de los servicios educativos se condiciona al pago de una cantidad determinada.
En mi opinión éste es un problema con varias aristas y en la iniciativa que presento se trata de atender a las más importantes de ellas.
Me explico. Todos sabemos que el artículo 3o. de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Estado de ofrecer educación gratuita para toda la población en los niveles obligatorios. La iniciativa que presento tiene fundamento en lo que mandata el artículo 3o. de nuestra Carta Magna y, por supuesto, reivindica el carácter gratuito de la educación impartida por el Estado.
Sin embargo, todos sabemos que el presupuesto público destinado al sector educativo se concentra básicamente en los salarios del personal docente y directivo; la producción y distribución de los libros de texto gratuitos; y otros materiales de apoyo a la labor docente; el desarrollo de acciones de actualización y el impulso de determinados programas que se consideran prioritarios en cada administración, entre otros rubros.
El funcionamiento regular, el mantenimiento y la mejora de los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria no tiene cobertura en el Presupuesto federal; o no tienen la que deberían tener.
Los directores escolares deben atender de esta manera directamente el pago de servicios como luz, agua y teléfono, aunque hay diferencias estatales respecto al pago de estos servicios.
La adquisición y/o mantenimiento de equipo como computadoras, fotocopiadoras; de mobiliario, tanto para alumnos como para maestros y directivos; de material didáctico, de oficina, de limpieza e incluso de artículos de consumo para los alumnos como agua para beber y papel higiénico, en muchas ocasiones.
Frecuentemente se afrontan también gastos relacionados con rubros que formalmente cubre el Estado como el pago de personal de asistencia o la reparación e incluso construcción de la infraestructura escolar o parte de ella.
Con excepción de contadas entidades federativas en las que recientemente se han implantado políticas al respecto, estos gastos son cubiertos gracias a las aportaciones que hacen padres de familia. El apoyo voluntario con recursos monetarios, en especie o incluso con jornadas de trabajo, es una de las formas más tradicionales de participación de los padres en la educación de sus hijos y en la mejora de los centros educativos.
Las aportaciones voluntarias son, en muchos casos, la principal o única fuente directa de ingresos a la escuela. En este sentido, considero justo destacar la enorme contribución que los padres de familia realizan a la educación pública y a la legitimidad del interés que manifiestan porque sus hijos reciban educación en las mejores condiciones posibles.
En mi opinión, no se puede cancelar su disposición para aportar a la escuela lo que consideren necesario y que esté dentro de sus posibilidades. Pero reconocer la legitimidad del interés de los padres por mejorar las condiciones de las escuelas, de ninguna manera significa que el Estado deposite en ellos una parte importante del costo de la operación del sistema y mucho menos que esto se haga de manera obligatoria como condicionamiento a la prestación del servicio educativo.
El condicionamiento de la educación pública cancela de facto el espíritu de nuestra Carta Magna en cuanto al mandato que la educción es gratuita. Las legítimas aportaciones voluntarias de las familias no pueden plantearse como condición para acceder a los servicios de educación básica.
Por lo cual en la iniciativa que presentamos propongo reformar el artículo 6o. de la Ley General de Educación, para prohibir explícitamente que el personal responsable de la operación de los servicios educativos condicionen los servicios de educación pública de nivel básico al pago de cuotas, donativos o dádivas en dinero o en especie.
Asimismo, en el artículo 75 se incluye una nueva fracción que considera como infractores a los prestadores de servicios educativos que incurran en esta práctica. El hecho de que una familia no tenga posibilidades de contribuir con la escuela o de aportar una cantidad específica, no debe implicar para sus hijos la cancelación del derecho al recibir una educación básica de calidad.
De manera complementaria a la prohibición del condicionamiento de los servicios, en la iniciativa que hoy presento propongo incluir un nuevo párrafo en el artículo 27 de la Ley General de Educación que indique al Estado la obligación de establecer mecanismos para que de manera gradual se aumenten los recursos destinados a cubrir los gastos de operación cotidiana y mantenimiento de los planteles de educación pública de nivel básico, especialmente de aquellos ubicados en los contextos socioeconómicos más desfavorecidos.
Es necesario reconocer, compañeras, compañeros diputados, que el cobro de cuotas escolares tiene su origen en esos gastos cotidianos que se realizan en las escuelas, puesto que muchas veces estos no son cubiertos por el Estado.
Sin un mecanismo de apoyo a la operación y el mantenimiento de los planteles, la prohibición de que se condicionen los servicios educativos, puede convertirse...
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado, su tiempo ha concluido, por favor.
El diputado José Trinidad Padilla López: Sí, concluyo ya, es un párrafo, señor presidente. La prohibición de que se condicionen los servicios educativos puede convertirse en una norma más, o bien, en un nuevo factor que distraiga la atención de directores y maestros de las funciones de carácter pedagógico que deben realizar, puesto que se verían obligados a obtener por otros medios los recursos que necesitan tales como cooperativas escolares, rifas, kermés, etcétera. Además, sin duda se agregaría un elemento de conflicto entre las escuelas y los padres de familias.
Compañeras y compañeros, por las razones que antes expuse, estoy convencido que el apoyo de ustedes a esta propuesta contribuirá en mucho a hacer que los derechos que ya tenemos consagrados en la Constitución sean derechos ejercibles y no simplemente derechos escritos en nuestra Constitución. Es cuanto, muchas gracias.
el Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
El diputado Juan José Cuevas, desea hacer uso de la palabra, por favor, desde su curul. Sonido.
El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): Sí, diputado presidente, quisiera ver si le podría preguntar al diputado proponente, al compañero Trinidad, si nos podría permitir adherirnos a su iniciativa, por favor.
El diputado José Trinidad Padilla López: Con gusto, diputado.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado José Trinidad Padilla ha aceptado con gusto su adhesión, señor diputado.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas y abroga la actual del 3 de agosto de 1994.
El diputado José Manuel Agüero Tovar: Con su permiso, señor presidente. En México las sociedades cooperativas nacieron en 1873, inspiradas en los valores básicos de ayuda mutua, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.
En 1889 apareció su regulación jurídica, consagrando 22 artículos reglamentarios de las cooperativas, mismos que fueron derogados con el nacimiento de la Ley General de Sociedades Cooperativas en 1933.
En 1938 fue sustituida por la Ley General de Sociedades Cooperativas y el decreto que eximió las sociedades cooperativas de diversos impuestos: el Registro Cooperativo Nacional y el Reglamento de Cooperativas Escolares. Finalmente en 1994 se estableció la actual Ley General de Sociedades Cooperativas.
El actual modelo económico experimenta una mayor necesidad de participación de la sociedad, como consecuencia de cambios socioeconómicos en los que han influido la aparición de nuevas actividades como el comercio informal, las asociaciones comerciales casi formales y las cooperativas.
En este momento millones de personas están excluidas del mercado laboral y muchos de los que tienen trabajo, temen diariamente por la inestabilidad de sus empleos.
La cooperativa no es la solución a todos los problemas, pero se presenta como una alternativa muy viable.
Primero porque permite fomentar el autoempleo en el marco de un desarrollo social compatible con la preservación del medio ambiente.
Segundo, porque ofrece un modelo para aquellos colectivos de personas que quieren tomar el control de sus vidas no sólo en el ámbito personal, sino también en el ámbito profesional.
Las cooperativas tienen un entorno favorable si saben aprovechar su posición de ventaja. Los medios de comunicación y algunos líderes de opinión habitualmente centrados en la empresa de capital y de espaldas al movimiento cooperativo, empiezan a prestar atención a las cooperativas y a reflexionar sobre su modelo de funcionamiento.
La percepción ciudadana tiene una mayor valoración de lo social y de lo comunitario, de la solidaridad y de la competencia feroz y de la ley del más fuerte.
Cada vez más se asume la idea de que competir cooperando es más beneficioso que competir a cualquier precio y de cualquier manera.
La naturaleza sabiamente nos ha demostrado que a corto plazo suelen ganar los depredadores pero a largo plazo siempre ganan los cooperadores.
Esta confluencia de factores tiene consecuencias importantes sobre la imagen de las cooperativas. Podemos decir que las cooperativas se encuentran en una situación de cambio, debatiéndose entre superar una imagen proveniente en gran parte del pasado y la posibilidad de una realidad futura más optimista.
La actual Ley General de sociedades Cooperativas está ávida de actualizarse y renovarse en sus normas con el propósito de fortalecer, desarrollar y potencializar el sector de la economía social. Los cambios y transformaciones de la economía social demandan con urgencia una nueva ley que contemple nuevas figuras y necesidades de las sociedades cooperativas.
La presente propuesta nace a la luz del año 2012 en que se celebra el Año Internacional de las Cooperativas. Por ello tenemos la oportunidad y la obligación con los cooperativistas de contribuir con una ley que fortalezca lo mucho que han aportado a México.
Jurídicamente en esta nueva ley quedará establecido que las sociedades cooperativas serán consideradas prioritariamente por el gobierno federal, estatal y municipal cuando éstos necesiten de servicios o productos. Establece que para los bienes de productos y de explotación o fabricación que el Estado controle directa o indirectamente las cooperativas tendrán prioridad para los servicios de su distribución.
Establece, de igual manera, que las sociedades cooperativas tendrán preferencia para las concesiones de explotación y el uso o aprovechamiento de los recursos establecidos en el artículo 27 constitucional.
Las sociedades cooperativas nacientes estarán exentas del pago de impuestos y tasas en las operaciones que realicen para desarrollar su actividad económica cuatro años a partir de su registro.
Reconoce el desarrollo de nuevos mercados identificando y actualizando los principales tipos de cooperativas existentes. Hace puntual referencia sobre el marco jurídico de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, de trabajo asociado y de explotación comunitaria de la tierra. Permite que las cooperativas sean receptoras de recursos de cooperativas extranjeras y su asociación, así como la inversión privada en las sociedades cooperativas, con sus obvias limitaciones para preservar su naturaleza social.
Reduce el tiempo en que los órganos internos de las cooperativas dictaminan para la baja de un socio o bien para establecer montos y derechos de la devolución a la aportación de un socio.
Por lo antes expuesto, someto al pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto en el que se establece una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas y abroga la Ley General de Sociedades Cooperativas del 3 de agosto de 1994.
Por obviedad de tiempo, diputado presidente, le solicito sea insertado de manera íntegra este texto. Gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tal como lo solicita el diputado José Manuel Agüero, el texto íntegro de su iniciativa se inserta en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
Diputado Luis Felipe Eguía, adelante.
El diputado Luis Felipe Eguía Pérez (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Nada más para ver si el diputado Agüero me deja sumarme a su iniciativa.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado José Manuel Agüero está anuente a su adhesión y la de todos y cada uno de los diputados y diputadas que así lo deseen.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Sixto Alfonso Zetina Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.
El diputado Sixto Alfonso Zetina Soto: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la presente propuesta es suscrita por diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México.
Se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 307 de la Ley General de Salud, bajo la siguiente
Exposición de motivos. La obesidad es el tema de salud que en los últimos años mayor preocupación ha generado en los diversos sectores de la sociedad, así como en las diferentes instancias de los tres niveles de gobierno, debido esencialmente al incremento de casos registrados en México, los cuales han puesto en los primeros lugares de obesidad infantil y obesidad en los adultos a nivel internacional.
Según cifras, el 70 por ciento de la población adulta tiene tendencia al sobrepeso y el 90 por ciento de los casos de diabetes tipo 2 y demás enfermedades crónico-degenerativas son atribuibles exactamente a este tema, a la obesidad; una de las principales causas de muerte en nuestro país. Más preocupante ver que 4 millones y medio de niños entre 5 y 11 años se encuentran en esta situación.
Para entender mejor el problema es necesario definir la obesidad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.
En la Encuesta Nacional de Salud 2006 los problemas relacionados con la mala nutrición en los niños y adolescentes de nuestro país se han modificado en los últimos años. Mientras que la desnutrición ha disminuido sensiblemente; el sobrepeso y la obesidad se incrementaron progresivamente, específicamente en la población de entre 5 y 11 años; además se estima que hoy 1 de cada 11 niños tiene este problema.
Estos resultados motivaron a que la Cámara de Diputados aprobara, el pasado septiembre de 2010, una iniciativa para reformar la Ley General de Educación, que busca generar una educación nutricional, así como la regulación de la venta de alimentos y bebidas en los planteles de nivel básico; medidas esencialmente preventivas para el control de la obesidad en los niños; medidas esencialmente preventivas pero que no atacan de fondo este problema.
Como lo establecieron las comisiones involucradas en el dictamen de esta iniciativa es bueno resaltar que desde el punto de vista antropológico el acto de comer forma parte de un proceso natural. Comer y beber son actos fundamentales de nuestra vida, con profundos contenidos emocionales y que se llevan a cabo en un contexto social en el marco de la cultura.
La alta promoción de alimentos densamente energéticos y bebidas azucaradas, en conjunto, con campañas de productos con personajes de moda entre los niños hace que se ingiera en una gran cantidad, la cual sobrepasa el límite de kilocalorías recomendadas del requerimiento diario de acuerdo a su edad, por lo que es necesario eliminar todo tipo de promoción en los productos con un alto nivel de kilocalorías.
No se puede prohibir la venta de este tipo de productos toda vez que son las costumbres y hábitos de cada individuo el adquirirlos o consumirlos; o bien, en el caso de los menores es responsabilidad de los padres el comprárselos como antojo o como premio.
Sin embargo, lo que sí se puede es regular la inserción de promociones en estos productos ya que de cierta forma son éstas las que hacen que los niños, en muchos casos, adquieran en mayor cantidad este producto por el regalo que contiene adentro.
En este sentido, se propone adicionar un párrafo al artículo 307 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 307. Tratándose de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, ésta no deberá asociarse directa o indirectamente con el consumo de bebidas alcohólicas.
Lo que se agregaría: Queda prohibido todo tipo de promociones y/o regalos en alimentos con alto contenido de energéticos, bebidas azucaradas, refrescos y aguas carbonatadas.
La Secretaría de Salud establecerá a qué tipo de alimentos será aplicable el supuesto establecido en el párrafo que antecedí, con base en los contenidos energéticos y calóricos de cada uno.
Cabe recalcar, no se está pidiendo que desparezcan las promociones, estamos exigiendo que no se haga en aquellas bebidas y alimentos que generan un sobrepeso, una gran enfermedad que existe en nuestro país; no en las papas, no en las hamburguesas, no en las galletas o cualquier otro producto que genera esta enfermedad.
Hagámosla ahora con productos nutritivos y hagamos con ellos una costumbre en la población. Con todo lo anterior estaremos poniendo a México en movimiento.
Los que suscribimos estamos comprometidos con nuestra niñez, por eso estamos seguros de que esta medida traerá consigo el implemento de políticas públicas tendientes a mejorar la calidad de vida de los mexicanos y reducir eficazmente el sobrepeso y la obesidad infantil y juvenil.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2011. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Salud para dictamen.
La diputada María Felicitas Parra Becerra (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputada.
La diputada María Felicitas Parra Becerra (desde la curul): Nada más preguntarle al diputado Sixto, si me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Alfonso Zetina, la diputada Parra solicita adherirse a su iniciativa, si no tiene usted inconveniente.
El diputado Sixto Alfonso Zetina Soto (desde la curul): Acepto.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada, el diputado exponente no tiene inconveniente; al contrario, agradece su deseo de adhesión.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 222 Bis a la Ley de Impuesto Sobre la Renta.
El diputado Melchor Sánchez de la Fuente: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes compañeros diputados. Los diputados federales de Coahuila en mi voz, presentamos a esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 222 Bis de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, bajo la siguiente exposición de motivos.
Social e institucionalmente las personas de 60 años y más se ubican en la etapa de retiro de la actividad laboral y económica, la cual es una realidad contrastante, ya que parte de esta población continúa en el mercado laboral, pero en condiciones que no les brindan ninguna certeza jurídica ni de seguridad social.
La menor capacidad de generar ingresos propios, la insuficiente cobertura de los programas de seguridad social y los bajos montos de las pensiones, entre otros factores, propician un descenso relativo del nivel de vida de los adultos mayores, pues en edades avanzadas disminuyen las posibilidades de cubrir los costos de vida, lo que provoca que los adultos mayores busquen como opción un ingreso por medio del trabajo.
En México, el empleo formal se restringe a sólo unas cuantas personas, dejando desamparadas a una gran parte de la población. Los adultos mayores no son la excepción y por ello tienen que buscar otras opciones dentro del mercado laboral. Incluso algunos de ellos, que tienen un ingreso por pensión o jubilación, suelen recurrir al empleo como fuente de ingresos, dado que los montos otorgados son insuficientes para llevar una vida digna.
El acceso al mercado laboral es complicado para toda la población, pero para los adultos mayores sus sus características particulares suelen marcarlos, por lo regular en forma negativa. Además de la disminución de las capacidades físicas que se presentan principalmente en los adultos mayores, ésta influye en las empresas para poner límites de entrada o de permanencia en los trabajos.
Los cambios necesarios deben de realizarse a corto plazo, debemos reaccionar inmediatamente. Los adultos mayores deben de tener nuevas oportunidades, se les debe permitir permanecer e insertarse en el mercado de trabajo para que puedan solventar sus necesidades, deseos y derechos.
Es bajo este contexto en donde se inserta el objetivo de la presente iniciativa que surge de una demanda justa de miles de adultos mayores que al llegar a la vejez se encuentran desprotegidos, ya que al no haber formado parte de un mercado laboral formal, no se les dio la oportunidad de que en la última etapa de su vida contaran con una seguridad social que les permita gozar mensualmente de una pensión con la cual pueden vivir dignamente con su familia.
Este proyecto de decreto tiene como finalidad fomentar el empleo para los adultos mayores quienes no encuentran vinculación laboral como cuando son mayores de 60 años o cuando terminan su relación laboral. Se empeora la situación si no tuvieron la oportunidad de acceder a una pensión, pues al ir a solicitar un empleo no contratan adultos mayores, aunque su experiencia sea la mejor para desempeñar el trabajo, aunque esté demostrado que los adultos mayores son más responsables y cumplidos en su trabajo.
Usualmente las personas de la tercera edad han dejado de trabajar. Muchos de ellos, se ven obligados a ingresar a lo que conocemos como el comercio informal, o muchas veces a pedir limosna con el fin de conseguir el sustento diario y aportar a la economía del hogar. Es triste ver a uno de nuestros abuelos, a nuestra gente, pidiendo limosna en las calles.
La presente iniciativa busca ubicarse dentro del contexto de la recién aprobada iniciativa de Ley de Fomento al Primer Empleo, aprobada por ambas Cámaras en el marco de la Ley de Ingresos de la Federación de 2011. De forma paralela la iniciativa esta, del último empleo, pretende brindar una oportunidad de trabajo a nuestros adultos mayores de 60 años o más, que no estén percibiendo una jubilación o pensión de alguna de las instituciones de seguridad social o de ayuda del programa de empleo o capacitación del Estado.
Esta iniciativa genera incentivos a los empleadores que opten por crear un apuesto de trabajo para los adultos mayores de 60 años, otorgando la seguridad social de cualquier trabajador de nuevo ingreso. Los incentivos otorgados para el patrón serán deducibles en el impuesto sobre la renta al 100 por ciento.
Esta iniciativa contiene un impacto presupuestario que demuestra la viabilidad de la misma, el cual incluí en la papelería necesaria. La intención de esta iniciativa no es abusar o poner a trabajar a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos; claro que no. Es que tengan la oportunidad de luchar por sus derechos a una vida digna, siempre y cuando el trabajo cumplir sea posible por las condiciones físicas de estas personas.
Compañeros, los invito a que se sumen a esta propuesta y brindemos a nuestros adultos mayores una nueva oportunidad de llegar a ser hombres adultos mayores, sintiéndose útiles y amparados por el país que ellos mismos construyeron, el que estamos viviendo.
Así como pensamos en las leyes para los niños recién nacidos, así como pensamos en las leyes para nuestros jóvenes, así como pensamos en las leyes para nuestras mujeres y los caballeros, así debemos pensar en los adultos mayores. Porque todos los que estamos aquí de una u otra manera llegaremos a ser adultos mayores.
Y qué bueno que todos los adultos mayores de México tuvieran las mismas posibilidades económicas que tenemos los que estamos aquí. Pero no es así, 20 por ciento de nuestros abuelos son los únicos que tienen pensión; el otro 80 no tienen ingresos fijos. O les echamos la mano o ayudamos a este tipo de iniciativas para sacar adelante la vida de nuestros adultos mayores. Muchas gracias.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Gracias diputado Sánchez de la Fuente. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Tiene la palabra la diputada Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales.
La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández: Con su permiso, diputado presidente. Le solicito atentamente inserte la iniciativa completa en el Diario de los Debates.
La Declaración de Atenas, en 1992 fue un llamado a todos los organismos internacionales a que adoptaran medidas que aseguraran la plena participación de las mujeres y que integraran de forma total la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en sus políticas nacionales.
Es así como la demanda por la paridad surge nuevamente de la consideración de que la sociedad está integrada a partes iguales por hombres y por mujeres, como condición previa al pleno que trae consigo el ejercicio de la ciudadanía.
Es preciso dar el salto de una democracia formal a una democracia donde se construya ciudadanía, la cual se edifica a partir de que las mujeres disfruten sus derechos en proporciones iguales que los hombres; en que tengan los mismos niveles de ingresos y en que haya igualdad en la adopción de decisiones y la influencia política.
Es necesario un reconocimiento sobre la democracia paritaria, no sólo como una propuesta que acelere los procesos de participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios públicos decisorios, sino como una alternativa que lleve a la construcción de un nuevo orden social que incluya una democracia que incorpore contenidos y en formas de acción la democracia de género.
Resulta importante tomar en cuenta que la paridad exige precondiciones que no deben dejarse de lado, no basta con establecer una fórmula que obligue a colocar un porcentaje de mujeres en los partidos políticos para hacer electas en los puestos de elección popular, es necesario asegurarles condiciones de igualdad de trato y oportunidades en ello. De ahí, es que la igualdad sustantiva y formal cobra relevancia en esta propuesta.
No obstante que no hay paridad democrática, México tiene un marco legal importante para la inclusión de cuotas de género en la norma electoral federal.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Cofipe con carácter obligatorio para los partidos políticos, lo cual ha posibilitado el aumento en el número de mujeres en el Poder Legislativo, actualmente 60-40 en las candidaturas.
Para el Poder Ejecutivo y el Judicial, no se cuenta con el establecimiento obligatorio de cuotas de género que garanticen la participación de las mujeres en los cargos de las tomas de decisiones.
Entre las secretarías percibidas por las mujeres destaca la de Turismo, la cual ha tenido como titular a cuatro mujeres de 1976 a la fecha. La Secretaría de Desarrollo Social, ha sido presidida por dos mujeres a partir del año 2000 a 2007, y en el gabinete actual sólo hay tres mujeres presidiendo alguna secretaría, esta cifra se traduce en un 15.8 por ciento de las secretarías ocupadas por mujeres en comparación con el 84 por ciento de secretarías dirigidas por hombres.
En cuanto a las subsecretarías de Estado, la presencia de las mujeres es igualmente limitada, ya que de las 59 subsecretarías de Estados, únicamente trece están a cargo de mujeres.
En lo que respecta al Poder Ejecutivo, en las entidades federativas del país a la fecha sólo seis mujeres han ocupado el cargo de gobernadoras, esta situación muestra que de las 32 entidades federativas que conforman el país, sólo 6.3 por ciento tiene como titulares a mujeres.
Respecto a la participación política de las mujeres a nivel municipal encontramos que de los 2 mil 456 municipios que conforman al país, 2 mil 349 están presididos por hombres y sólo 107 por mujeres, lo que representa sólo el 4.4 por ciento.
En lo que respecta a la conformación de los grupos parlamentarios en el Congreso federal, para el primer año del ejercicio de la actual legislatura, solamente el Partido Acción Nacional representa un poco más del 30 por ciento del total de sus legisladores. Para el Partido Revolucionario Institucional tenemos el 21.5 por ciento de mujeres y para el Partido de la Revolución Democrática un 29 por ciento de legisladoras mujeres en sus filas.
Atendiendo a la situación actual, de las mujeres en nuestro país la presente iniciativa pretende ser generadora de estas condiciones de igualdad de trato y oportunidades que nos lleven a la inclusión, a la equidad, a la incorporación de más mujeres a la vida pública de hacer espacios que construyan no solo una igualdad normativa, sino derechos que reflejen los resultados concretos.
Por todas las razones antes expuestas, nos interesa de manera particular hacer modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en lo que hace reformar el inciso s) numeral 1 del artículo 38 en comento, en el sentido de garantizar la igualdad sustantiva y formal, para el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular.
No debemos dejar de lado que es urgente y necesario seguir construyendo una sociedad en donde no haya segregación de género, donde haya democracia política y en donde no estemos sujetas a un orden social, económico, jurídico, político y jerárquico opresivo e injusto, basado en la supremacía de un género sobre otro. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Muchas gracias, diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen. Diputada Pérez de Tejada.
La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para felicitar a la diputada Augusta Valentina y pedirle si nos permite adherirnos a su iniciativa.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Diputada Augusta Valentina, ¿estaría usted de acuerdo en la adhesión de la diputada Pérez de Tejada a su iniciativa?
La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández: Por supuesto, presidente.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Sí, diputada. Adelante.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Tiene la palabra el diputado Amador Monroy Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Amador Monroy Estrada: Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de todos y todas ustedes, diputados y diputadas.
Un servidor, Amador Monroy Estrada, diputado de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en la fracción I de los artículos 6o, 78 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto, de conformidad con los siguientes antecedentes.
El pasado 1 de mayo, a punto de cumplir un año más, se cumplió el 40 aniversario de la entrada en vigor de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 1970. Las condiciones económicas y políticas de aquellos años eran marcadas por un descontento social, en particular de la clase trabajadora.
El país tenía una población económicamente activa de menos de 14 millones de trabajadores; las condiciones macroeconómicas eran totalmente diferentes a las actuales. Estábamos entonces regidos por la economía cerrada, es decir no existían las condiciones ni las posibilidades o consideraciones de incorporarnos a la dinámica de la economía mundial, como es el caso de hoy.
Es conveniente y necesario hacer una reflexión seria y profunda sobre la impostergable necesidad de adecuar el marco jurídico laboral que hoy nos rige, en función a las condiciones de mercado interno, competitividad, necesidad de ésta y dinámica de los mercados internacionales que predominan en el mundo actual, con la finalidad de ilustrar el retraso en esta materia que hoy nos ocupa, la actual ley en sus mil 10 artículos que la integran, únicamente ésta en 3 ocasiones hace referencia al concepto de productividad y en ningún artículo menciona o señala el concepto de competitividad.
Por lo tanto, presento a la consideración de esta honorable asamblea lo siguiente: expongo los siguientes motivos.
Hace más de 20 años la clase trabajadora vive en una incertidumbre laboral debido a la amenaza latente de querer modificar la Ley Federal del Trabajo, considerando que cualquier renglón que se toque a tan importante marco jurídico laboral podría perjudicarles a ellos mismos, a los trabajadores.
Hoy mismo, frente a propuestas de distintos grupos parlamentarios de esta H. Cámara, es casi un hecho que la reforma laboral tan esperada llegase a su término en esta LXI Legislatura. Cabe mencionar que para muchos es una actualización o adecuación a los tiempos que hoy vivimos y una necesidad prioritaria para enfrentar las nuevas políticas sociales, económicas y de integración en el marco del comercio internacional en el que estamos inmersos.
La propuesta que un servidor presenta en este momento –y suplico a todos ustedes, mis compañeros diputados y compañeras diputadas, consideren y reflexionen– es sobre la problemática que hoy enfrentan los trabajadores y la oportunidad que se nos da en esta Legislatura de aportar una respuesta a un reclamo general de la clase trabajadora.
En los últimos años ya se ha dado un fenómeno en el marco del derecho laboral llamado subcontratación de trabajadores a través de terceros, lo mal llamado hasta hoy outsourcing, donde en forma general los derechos de los trabajadores son violentados, sus garantías individuales totalmente nulificadas.
Es preocupante que a más de 40 años de estar en vigor la actual Ley Federal del Trabajo, no se haya percatado de la deficiencia e insuficiencia de los días de descanso obligatorios en virtud de que las nuevas tecnologías y procesos productivos son más intensos y más desgastantes para la salud del trabajador.
Actualmente se carece de una garantía en días económicos por concepto de reparto de utilidades. Aprovechando esta carencia de la Ley Laboral, hay empresas que no reportan utilidades en periodos de hasta de 10 y 15 años, por lo tanto merma de forma considerable en el salario integral de los trabajadores.
La capacitación y el adiestramiento que por política de crecimiento y calidad debe existir en forma rigurosa en todas las empresas en virtud de que beneficia, tanto a la empresa como al trabajador y es la única vía de acceso a la productividad y modernidad que demandan los mercados internacionales, no ha sido acatada y generalmente resulta en los contratos colectivos de trabajo letra muerta, como en la propia ley.
Del derecho a la huelga de los trabajadores ha sido resultado de un proceso social que ha costado vidas y derramado sangre de la clase trabajadora, por lo tanto ésta es inamovible.
La autoridad competente en los conflictos obrero-patronales suele ser lenta y poco justa para los intereses de la clase trabajadora. Es urgente modificar el derecho procesal en la materia laboral, a efecto de que se imparta una resolución o laudo en forma expedita y oportuna.
Por lo anterior, pongo a la consideración de esta honorable asamblea esta iniciativa en la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Por su atención, muchísimas gracias a todos y a todas ustedes.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: Gracias, diputado Monroy. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
Se recibió del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario Convergencia, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 111 Bis y reforma el artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su dictamen.
Se recibió del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 28, 31, 41 y 43 de la Ley de Coordinación Fiscal. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado Uriel López Paredes: En término de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el orden del día de esta sesión y que no tuvieron la oportunidad de presentarse en tribuna para su trámite, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno respectivo en la Gaceta Parlamentaria, con excepción de las iniciativas que por escrito fueron retiradas para su inclusión en la próxima sesión.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
El Presidente diputado Uriel López Paredes (16:17 horas): Muchas gracias, secretaria. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 6 de abril de 2011 a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8 horas.
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