Minuto de silencio por asesinatos de defensores de los derechos humanos
Proposición de urgente resolución sobre regasificadora
Iniciativas de diputadas y de diputados
Recibidas y turnadas a comisiones
Laura Elena Estrada Rodríguez, PAN
Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, PT
Francisco Herrera Jiménez, PRI
Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, PRI
Víctor Humberto Benítez Treviño, PRI
César Augusto Santiago Ramírez, PRI
Enrique Salomón Rosas Ramírez, PRI
Diva Hadamira Gastélum Bajo, PRI
José del Pilar Córdova Hernández, PRI
Alberto Emiliano Cinta Martínez, PVEM
Elpidio Desiderio Concha Arellano, PRI
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, PT
De proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo
Comunicaciones
De varias diputadas y diputados sobre el turno de sus iniciativas
Invitación de la Secretaría de cultura del GDF
Contestación del gobierno del estado de Morelos
Contestación de la Policía Federal a punto de acuerdo
Contestación del gobierno del estado de México
Contestaciones de diversas dependencias a puntos de acuerdo
Contestación de la Comisión Nacional del Agua a punto de acuerdo
Contestación a punto de acuerdo aprobado por la Permanente
Informe de la Segob sobre el ahorro para el retiro
Del congreso del estado de Chiapas con iniciativa
De la Cámara de Senadores con iniciativa con proyecto de decreto
De la Junta, con acuerdo para la ampliación presupuestal a la Sagarpa
Dictámenes de distintas comisiones
A discusión
Continuación del acuerdo de la Junta sobre Sagarpa
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los señores y las señoras diputadas.
A nuestros compañeros de los medios de comunicación les suplico que pasen a los lugares previamente reservados para el desempeño de sus funciones.
Adelante, secretaria.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 334 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (11:49 horas): Por tanto, se abre la sesión.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por tanto, se dispensa la lectura.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas, ¿es con respecto al orden del día? Sonido a la curul del diputado Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, presidente. De nuevo no veo en el orden del día la propuesta de la Junta de Coordinación Política respecto a los nombramientos de los consejeros electorales.
Pasan los días, pasan las semanas y la Junta de Coordinación Política brilla por su ausencia en su propuesta correspondiente a este pleno. Creo que debemos exigirle con mayor severidad a la Junta de Coordinación Política que ya concluya sus trabajos y nos envíe las propuestas correspondientes.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Se registra su participación. El diputado Fernández Noroña, y el diputado Escudero, para terminar.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, entiendo que esta sesión es continuación de la anterior, que el Partido Acción Nacional reventó, aunque dice que quiere trabajar.
A pesar de ello, como en el orden del día se ha presentado, está sólo un punto de la agenda política, cuando se incluyen por lo menos dos en cada sesión; que se llegue o no a ellos es otra historia. Entonces, yo pediría que se incluyera el punto que sigue después del que está ahí citado, porque yo he solicitado insistentemente que el punto que yo había aceptado cambiar, de las alianzas PRD-PAN, volviera a su lugar, y tengo la impresión de que es el que seguiría en turno, pero no estoy cierto de ello.
Y, quiero solicitarle también, diputado presidente, con fundamento en el artículo 61 constitucional y en el 12, numeral, de la Ley Orgánica, que me permito leer:
1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras son inviolables, toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del presidente del Congreso de la Cámara respectiva o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso.
Quiero preguntarle, diputado presidente, si usted solicitó la presencia de la Policía Federal, que está permanentemente en el recinto, porque el reglamento establece el recinto como todo el edificio. Sí es así, si me pudiera dar copia de la solicitud, y si me dijera usted que está al frente de esa policía, ¿bajo qué condiciones y circunstancia está? De no ser así, le solicitaría formalmente que la policía se retire del edificio de la Cámara de Diputados, del recinto y que hay un destacamento aquí a un lado, por si en algún momento se necesitara, que no veo yo la razón. Pero si hubiera, en algún momento, le solicitaría esto.
Y quiero hacer una precisión más, pero antes quisiera respuesta a esto.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí. Con mucho gusto, diputado. Efectivamente la Presidencia de la Cámara de Diputados ha solicitado esta presencia permanente de la Policía Federal Preventiva, que se encuentra a las órdenes de la Presidencia de la Mesa Directiva. No puede, de ninguna manera, realizar cualquier actuación que no viniere expresamente de una solicitud del presidente de la Mesa Directiva.
Ocasionalmente se cuenta con un poco más de integrantes, según sea la situación, esto lo coordina directamente la Secretaría General, el destacamento permanente en esta Cámara es de 50 personas. Adelante, diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sí. Le pediría copia de la solicitud, diputado presidente. Y con la estima que le tengo, ojalá se pudiera revisar esta decisión, porque la creo innecesaria.
Finalmente, diputado presidente, después del tema de Cempra, quiero anunciar que haré ejercicio de mi libertad de expresión. Pero quiero adelantar, que la manta que voy a sacar no está dirigida al Partido Acción Nacional, mucho menos está dirigido a Calderón Hinojosa, y quiero que conste en actas esta precisión. Porque no quisiera que hubiera ninguna confusión de a quién va dirigido el mensaje y, en todo caso, estaría dirigido a Acción Nacional de manera indirecta, porque la manta está dirigida al pueblo de México, y en la medida que Acción Nacional es parte del pueblo de México, sólo en esa medida sería parte del mensaje para ellos.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quedan registradas sus expresiones.
El diputado Guillermo Cueva Sada (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Guillermo Cueva.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Pablo Escudero, presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ah, perdón. Pablo Escudero, primero.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Gracias, presidente, solicitarlo cuando usted lo crea pertinente, un minuto de silencio por los familiares de la señora Maricela Reyes Salazar, que aquí estuvimos discutiendo el asunto y lamentablemente fueron hallados sus familiares ejecutados.
Y una breve reflexión, presidente, estoy seguro que lo peor que le puede pasar a este país, es que la familia de Maricela Reyes Salazar se tenga que ir a vivir a otro país ante el fracaso y la incapacidad del Estado mexicano y de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. Sería una señal clara del abandono que tiene el Estado hacia sus ciudadanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Lo haremos al terminar la votación del acta. Diputado Cueva.
El diputado Guillermo Cueva Sada (desde la curul): Diputado presidente, en mi opinión este nuevo formato del orden del día no está funcionando bien. Le dedicamos mucho tiempo a la agenda política y al punto de acuerdo de urgente resolución y nunca llegamos a las iniciativas. Llevo tratando de subirme a tribuna desde el principio del período y soy el primero de mi grupo parlamentario, nada más quería saber qué se va a hacer al respecto para poder darle agilidad a esto.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Si usted lee el orden del día de hoy, verá que pasaremos solamente después del punto en el que nos quedamos a iniciativas, y estaremos en iniciativas hasta las 3 de la tarde, donde a solicitud de la vicepresidencia de la Mesa Directiva –me parece a mí que por demás adecuada– pasaremos a dictámenes.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación) Diputados y diputados por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
Está a discusión el acta.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se dispensa la... Ya dispensamos la lectura, señor secretario. Tiene usted razón, está a discusión y no hay nadie que quiera discutir, por lo tanto está suficientemente discutida. Póngala a votación.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputados y diputados por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada el acta.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Voy a solicitar a las señoras diputadas y a los señores diputados nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio, como lo hemos hecho en otras ocasiones, por las víctimas de la delincuencia organizada y las víctimas inocentes de la mucha contra este flagelo de la sociedad.
(Minuto de silencio)
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Se pide a la Secretaría instruya el cierre electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputados y diputadas.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: ¿Falta alguna diputada o algún diputado de registrar su asistencia? Sigue abierto el sistema electrónico.
Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 398 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 30 minutos para hacerlo por cédula.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la votación de la proposición con punto de acuerdo en la que se proponen diversas acciones en apoyo a la presidencia municipal de Ensenada, Baja California, respecto a la operación de la empresa Regasificadora Energía Costa Azul, propiedad de Sempra Energy.
Vamos a pasar a la votación en la cual se interrumpió la sesión. Ábrase el sistema de votación. Instrúyalo, señor secretario, hasta por 5 minutos; a menos que los señores coordinadores de los grupos parlamentarios tengan alguna otra noticia que enterar a esta Presidencia.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema hasta por 5 minutos para proceder a la votación del punto de acuerdo.
(Votación)
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quiero suplicar la atención de los señores diputados y señoras diputadas, para darle una calurosa bienvenida a la excelentísima señora Kristina Vogel embajadora de Nueva Zelanda, que se encuentra en esta sala con nosotros. Bienvenida distinguida embajadora a la sesión de la Cámara de Diputados.
Y con ella, sumamos nuestro aplauso, para recibir a los medallistas paraolímpicos mexicanos que participaron, justamente, en la competencia deportiva llevada a cabo en Nueva Zelanda trayendo importantes medallas para nuestro país. Bienvenida Patricia Bárcenas Ponce de León, Alfonzo Zaragoza Solorio, Mario Santillán Hernández, Aarón Gordián Martínez medallistas paraolímpicos mexicanos. Sonido a la curul del diputado Orduño.
El diputado Francisco Javier Orduño Valdez (desde la curul): Nada más le pido que se explique el sentido de la votación, ¿qué es a favor y qué es en contra?
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A favor, es para aprobar el punto de acuerdo que pide que se haga un llamado al ayuntamiento de Ensenada. En contra, es que el turno sea rechazado y, entonces, no se haría ningún llamado.
Sírvase la Secretaría de leer el resolutivo del punto de acuerdo, nuevamente. Está publicado en la Gaceta Parlamentaria, pero de todas maneras con mucho gusto lo leemos.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Punto de acuerdo.
Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión envíe un escrito expresando su respaldo formal e institucional al presidente municipal de Ensenada, Baja California, para llevar a cabo, hasta sus últimas consecuencias el resolutivo 5o de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en su sesión de fecha 26 de enero de 2011, relativo al punto de acuerdo presentado por el senador Jorge Legorreta Ordorica del Partido Verde Ecologista de México en el que se señalan las diversas irregularidades en que ha incurrido desde su construcción la planta regasificadora Energía Costa Azul, propiedad de Sempra Energy.
Que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que una subcomisión de la misma se traslade a Ensenada, Baja California para reunirse con las autoridades y conocer en detalle la situación relacionada con las autorizaciones para la operación de la empresa Regasificadora Energía Costa Azul, propiedad de Sempra Energy.
Que la representación de legisladores referida en el resolutivo anterior, con el apoyo de la autoridad municipal y en su caso estatal y federal, verifique documentalmente el cumplimiento de toda la legislación, reglamentación y normas oficiales mexicanas, estatales y municipales aplicables en la construcción y operación de la planta Regasificadora de la empresa Sempra Energy, en el municipio de Ensenada, Baja California, e investigue en qué forma, bajo qué criterios, en cuánto tiempo y por quiénes fueron otorgados los permisos, licencias y documentos necesarios, a fin de detectar si hubo irregularidades, incumplimientos u omisiones al respecto, e informen a esta soberanía el resultado de su investigación y consultas.
Se turne el presente punto de acuerdo al Senado de la República, considerando que la Comisión Permanente, de la cual emanó el resolutivo 5º previamente citado, ésta está integrada también por legisladores integrantes del Senado.
Se comunique el presente punto de acuerdo al ciudadano gobernador del estado de Baja California y se le exhorte a que, en cumplimiento del pacto federal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las dependencias a su cargo expresen un comportamiento republicano de pleno respeto a la autonomía municipal, basada en el ejercicio de las atribuciones y facultades que le son otorgadas por las leyes.
Se exhorta al Ejecutivo, gire instrucciones al secretario de la Defensa Nacional, para que las Fuerzas Armadas de la zona militar que resguardan a Ensenada, se abstengan de intervenir en problemas de carácter legal.
Se comunique el presente punto de acuerdo al Congreso del estado de Baja California, para los fines y efectos que el mismo considere como más pertinentes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Orduño.
El diputado Francisco Javier Orduño Valdez (desde la curul): Presidente.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: ¿Falta algún diputado o diputada...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítanos un minuto, diputado.
El diputado Francisco Javier Orduño Valdez (desde la curul): La fracción parlamentaria del PAN está de acuerdo en la transparencia, pero no podemos nosotros como Congreso darle instrucciones a otros órdenes de gobierno. No lo hemos hecho con ningún orden de gobierno, ¿por qué lo vamos a hacer ahora?
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Recojo sus expresiones tal como corresponde y se inscribirán en el Diario de los Debates. Desafortunadamente ya estamos en la parte procesal de la votación.
El diputado Jesús Ramírez Rangel (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Ramírez Rangel.
El diputado Jesús Ramírez Rangel (desde la curul): Gracias, presidente. Respaldar lo que dice el diputado Orduño e insistir que en el pasado la Junta de Coordinación Política a mí me rechazó un punto de acuerdo porque estaba haciendo un exhorto al gobierno del estado de Coahuila. Pedir en ese sentido que este Congreso sea congruente con sus decisiones. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Yo entiendo perfectamente estas justificaciones y doy fe de que lo que usted dice ha sido efectivamente aplicado en el pasado.
Pero estamos en la parte de votación y tendremos que respetar el resultado de la misma ofreciéndole que esta Presidencia abrirá un espacio, toda vez que al principio de esta sesión vimos acercamientos de los grupos parlamentarios y antes de hacer el exhorto respectivo, mandatado por el pleno, si así fuera, daremos un espacio a fin de que los grupos parlamentarios, si se pusieran de acuerdo, pudieran presentar un nuevo punto de acuerdo. Adelante, diputado.
El diputado José Narro Céspedes (desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado. Escuchamos al diputado Narro y me da usted el recuento de la votación.
El diputado José Narro Céspedes (desde la curul): Nada más comentar que no estamos ordenando a nadie, es un exhorto que se hace nada más. Plantearle que el documento ya previo al pleno y a su debate ha sido revisado y comentado por varias de las fracciones parlamentarias. Ha tenido modificaciones en el marco de buscar el consenso y el acuerdo.
Este paso que usted comenta, presidente, y a se hizo. Todavía se le hicieron algunas modificaciones puntuales antes de ésta última lectura en lo que es el punto 6. Nosotros le pediríamos que pasáramos a la votación en consecuencia. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ya estamos votando, diputado. Vamos a dar a conocer el resultado de la votación. Esta Presidencia lo que hará será exclusivamente abrir un margen hasta la sesión siguiente para ver si presentan los grupos un nuevo punto de acuerdo consensuado. Pero éste está votado en sus términos.
El resultado, señor secretario.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, tenemos 259 votos a favor, 95 en contra y 5 abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Comuníquese.
El diputado Francisco Javier Orduño Valdez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Orduño.
El diputado Francisco Javier Orduño Valdez (desde la curul): Quiero decirle, presidente, que éste no es un asunto de negociación. Esto tenemos que verlo bien claramente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me queda claro, señor diputado. Hemos terminado la votación, lo que quede en lo siguiente será resultado de lo que hagan los grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, señor secretario, continúe con el orden del día.
Esta Presidencia, recibió del diputado Alberto González Morales, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alejandro Encinas Rodríguez y José Luis Jaime Correa. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
Tiene la palabra la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se encuentra en el salón de sesiones. Por lo tanto, recibirá el tratamiento correspondiente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; de la Ley Federal de Defensoría Pública y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Adelante, diputada.
La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez: Con su venia, señor presidente. Le solicito que sea incluido el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, con el fin de responder a las necesidades de las mujeres mexicanas, que por su condición se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor, vengo hoy a esta tribuna para exponerles la problemática de desigualdad que sufren las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en todo el país.
Aun cuando el acceso a la justicia es un derecho contemplado en nuestra Constitución, los vacíos e irregularidades de la investigación, las deficiencias en el juzgamiento y sanción, la falta de efectividad de mecanismos preventivos de prevención, así como las barreras que enfrentan las víctimas al procurar acceder a las instancias judiciales, reflejan sólo parte de la problemática que sufren las mujeres reclusas en nuestro México.
Por tal motivo es necesario incorporar a la realidad que se juzga, elementos de análisis, interpretación y valoración jurídica de conformidad con el ordenamiento nacional e internacional en la materia de derechos humanos de las mujeres, tomando en cuenta los principios de la no discriminación e igualdad sustantiva contemplada en el artículo 1o., de nuestra Constitución.
En ese sentido podemos decir que para que estos elementos se institucionalicen en los procesos de impartición de justicia a nivel nacional, es indispensable que las autoridades que participan en él, reconozcan las condiciones que discriminan a las mujeres e impiden el acceso y garantía de sus derechos, así como que se observen y atiendan las lagunas que se encuentran inmersas en la legislación penal.
Cabe señalar que los factores que inciden para que las mujeres intervengan en cierto tipo de delitos, se ven acompañados de la violencia de género, como un hecho causal del hecho delictivo, ya que la presencia de ésta en la vida de las mujeres que enfrentan una acusación penal, es frecuente y está íntimamente ligada al hecho delictivo que se le imputa.
Asimismo la mayoría de las mujeres que permanecen en reclusión, lo están, entre muchas otras razones, por una nula o mala defensa jurídica de los casos, aspecto que se profundiza por no contar con los recursos económicos para sostener los gastos de su defensa y la evidente falta de mecanismos oficiales idóneos en la normatividad penal mexicana.
Por tal motivo se propone la incorporación de la perspectiva de género como figura jurídica inmersa en la legislación procesal penal que deberán atender las autoridades a quienes les compete la resolución de estos conflictos.
Dicha figura tendrá por objeto establecer que la comisión de un delito estuvo motivada por cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento sicológico, físico, patrimonial, económico o sexual.
En este tenor se establece que el juez que conozca el proceso deberá de tomar en cuenta los antecedentes de violencia y en su caso considerarlos como atenuantes de la sentencia. Las resoluciones, sean autos o sentencias, deberán incluir el análisis de la perspectiva de género a efecto de evitar que sea vulnerado el principio de imparcialidad de la ley penal previsto en la fracción II del artículo 17 de nuestra Constitución, es decir, que no se debe actuar conforme a intereses específicos o privados a efecto de evitar discriminaciones arbitrarias.
Por ello, es importante establecer que el principio de imparcialidad de la ley deriva del principio de igualdad plasmado en el artículo 4 de la nuestra Constitución y que obliga al servidor público encargado de la administración de justicia a actuar de manera neutral e imparcial.
Por tal motivo, se propone que al momento de integrar la averiguación previa el Ministerio Publico evite emitir aseveraciones o descalificaciones derivadas de patrones socio-culturales que discriminen a la víctima o a sus familiares.
En tal virtud, debido las irregularidades de la investigación, deficiencias en el juzgamiento y sanción y la falta de efectividad de los mecanismos preventivos de protección, con el objeto de fortalecer la protección de las víctimas que sufren violencia, la iniciativa propone que las autoridades encargadas de practicar diligencias de averiguación previa puedan establecer la evaluación del riesgo de las víctimas y de sus familiares.
Por último, la presente propuesta busca reformar la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados para que el tratamiento impuesto a los internos se efectúe con base en perspectiva de género. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada. Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública para su dictamen.
Esta presidencia tiene el gusto de dar la bienvenida a los señores ciudadanos don Germán Escobar, doña Martha Ofelia Meza, don Francisco Javier Meza, Ulises Gaxiola y José Guillén, productores orgullosamente del estado de Sinaloa, invitados por la diputación de Sinaloa. Bienvenidos a la Cámara de Diputados; que todo salga bien en Sinaloa, queridos amigos.
Igualmente le damos la bienvenida a un grupo de 40 alumnos del municipio de Ecatepec, estado de México, invitados del diputado Martín Vázquez Pérez. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
Están con nosotros 39 invitados, de Huixquilucan, estado de México. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Ellos son invitados del diputado Octavio Germán Olivares.
¿Diputada Gallegos?
La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena (desde la curul): Buenos días. Para preguntarle a la diputada Laura Estrada si me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Estrada acepta. Queda usted adherida a esta iniciativa.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra ahora el diputado don Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Muchas gracias, señor presidente.
Traigo a esta tribuna un asunto que, en mi criterio, es de la mayor relevancia. Se trata de incluir en la Constitución General de la República un título sobre política exterior de Estado. Éste es un propósito que se ha venido discutiendo desde hace más de 20 años y que fue objeto de una definición puntual por los eminentes diplomáticos e internacionalistas que participaron en el 2000 en la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado.
El tema es: ¿debe haber o no un marco constitucional normativo en materia de política exterior? La respuesta es sí, para evitar una excesiva centralización de las funciones en una sola persona, que puede ser salvador de la patria, pero que también puede venderla.
Quiero decir, de entrada, porque espero la cooperación de las bancadas, que éste no es un proyecto dirigido contra ningún partido ni contra ningún gobierno. Es un proyecto institucional.
Contiene los siguientes elementos:
Primero. La definición de los principios de política exterior. Está atribuida en exclusiva al presidente de la República, cuando es obvio que son principios universales que deben ser acatados por todos los órganos del Estado mexicano.
Segundo. Se amplían nuestros principios con respeto a los derechos humanos, desarrollo sustentable y equidad económica internacional.
Tercero. Cuál es la relación entre los principios y los intereses. La Constitución dice que la política exterior se regirá por principios, y la ley dice que se regirá por el interés nacional. Esto ha sido motivo de enormes controversias. Aquí hay una serie de disposiciones que determinan cuál es la relación entre esos principios y esos intereses de modo que no entren en contradicción.
Cuarto. ¿Debe o no la sociedad nacional participar en el diseño de la política exterior? La respuesta es sí. De hecho ya lo hace, de acuerdo con la Ley de Cooperación, en las acciones de cooperación internacional.
La vida internacional es una participación de todos. Hacen vida internacional los estados de la república, los municipios, los Congresos —a través de la diplomacia parlamentaria—, los actores económicos, los sindicatos; es entonces conveniente crear una instancia nacional de coordinación por lo que hace a la política exterior.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, diputado Muñoz Ledo.
Diputado Cárdenas, ¿con qué objeto?
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Si me acepta una pregunta el diputado Muñoz Ledo.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Acepta usted la interpelación del diputado Cárdenas, diputado Muñoz Ledo?
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Con mucho gusto, presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Acepta, diputado. Adelante.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, presidente.
Para preguntarle al diputado Muñoz Ledo que es una iniciativa, la que presenta y nos comenta hoy, muy importante. Preguntarle, ¿qué cambios, por ejemplo, habría, diputado Muñoz Ledo, respecto a la intervención de las Cámaras en la aprobación de tratados?
Y también quiero preguntar, ¿cómo participaría la ciudadanía, si es que existe algún mecanismo en la aprobación de los tratados, en la vigilancia, en la fiscalización para su implementación, etcétera?
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: La intervención o control congresional de la política exterior, señor diputado, –si me lo permite, señor presidente–...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: ... tiene los siguientes aspectos:
Primero. Existe un consenso muy extendido en el sentido que la facultad de aprobación de los tratados no sea exclusividad del Senado de la República, sino que sea de ambas Cámaras. Éste es un tema muy importante.
Segundo. Los tratados tendrían un control congresional, porque como ocurre en numerosos países, el Ejecutivo deberá dar parte al Congreso del proceso de iniciación de los tratados. Le estamos dejando en este proyecto al Senado de la República dos facultades: son debatibles, pero voy a decir cuáles; el decidir la apertura o cierre de embajadas y el decidir la apertura o clausura de relaciones diplomáticas.
Queremos también enmendar un entuerto. Aquí se aprobó y nunca he entendido o no quiero pensar por qué, que el Ejecutivo ya nunca debe pedir permiso al Congreso para salir del país.
Como usted lo sabe, que es un distinguido jurista, en todas las Constituciones mexicanas, a partir de la Constitución de Cádiz que nos rigió, hay un permiso para la ausencia del Jefe del Estado. Decía la Constitución de Cádiz que si el monarca saliese del territorio de la corona, entenderase que ha abdicado.
Aquí se les ocurrió que se puede ir siete días seguidos, pero no dice cuántas veces; con lo cual constitucionalmente, el Jefe del Ejecutivo puede pasar todo el año en el extranjero viniendo a la ciudad o al país sólo los fines de semana. Aquí estamos restituyendo el permiso, que se le dé permiso cinco días seguidos, que es lo que basta para una gestión internacional, si no ya se trata de vacaciones, ahí sí que sea libre, pero que no pueda salir más de 30 días al año. Si se reduce a otro nivel las giras al extranjero, se van a reducir enormemente los gastos y habrá más presencia de los Ejecutivos en el país. Ésas son los principales fortalecimientos de las facultades del legislativo.
El diputado Herón Agustín Escobar García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Muñoz Ledo.
Permítame, le va a hacer seguramente una pregunta el diputado Herón Escobar. ¿Acepta usted la pregunta del diputado?
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Con mucho gusto, compañero de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El diputado Herón Agustín Escobar García (desde la curul): Gracias, señor presidente.
Diputado Muñoz Ledo, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Si en su iniciativa se contempla la manera de cómo quitarle el monopolio al Ejecutivo sobre la política exterior?
Y la otra es, ¿de qué manera su iniciativa rescata la función del Estado en el Servicio Exterior Mexicano?
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Es una pregunta muy pertinente señor diputado. ¿Cuándo se inicia la transición democrática que ahora ha naufragado? Esa fue la gran pregunta que se planteó. Vamos a democratizar todas las instituciones. ¿Por qué no democratizamos la política exterior? Si nos toca un presidente patriota —lo dije ya— puede salvar a la patria, y si no, ¿qué hacemos?
Entonces, nosotros necesitamos incorporar al Congreso —como ya lo dije— en toma de decisiones fundamentales. Están previstos, además, límites a la aseveración de tratados. No todo tratado se puede celebrar. Uno que afecte los derechos fundamentales de los mexicanos, cambie las instituciones fundamentales de la república, permita —ojo— el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional, no puede ser aprobado por mandato constitucional.
Luego, para tratados de gran relevancia nacional se está previendo, como existe en todo el mundo democrático, la consulta por referéndum a la población. Esos son los métodos de control que evitan que una sola persona resuelva sobre el destino de la nación.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Muñoz Ledo. Tengo sucesivamente inscritos, seguramente para hacerle una pregunta, al diputado Jaime Correa, diputado Ramírez Bucio, al diputado Gertz Manero y a la diputada Rosalinda López y al diputado Escudero... Permítame el diputado Escudero es con otro motivo.
Adelante, diputado. ¿Usted le quiere hacer una pregunta o es una moción?
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente, simplemente para ir aclarando el trabajo en el pleno. No era uso de este pleno que se aceptaran preguntas durante la exposición de las iniciativas. ¿Ahora con el nuevo reglamento, sí? Simplemente para ir aclarando el trabajo legislativo.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El nuevo reglamento no lo prohíbe, diputado. Queda a criterio de la Mesa, y la Mesa tenía dos opciones, aplicar al diputado Muñoz Ledo el criterio que señala el artículo 63 para las nuevas leyes y darle 10 minutos o aceptar las preguntas que le están haciendo. Optamos por lo segundo.
El diputado Arturo Ramírez Bucio (desde la curul): En el mismo sentido. Creo que en iniciativas no hay preguntas. Para obviar esto y hacerlo más ágil, tenemos 110 iniciativas, que fuese más ágil el tema y que no permita las preguntas, por favor.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Voy a aceptar las preguntas que ya he admitido y con gusto voy a contar a partir de aquí, de la respuesta de Muñoz Ledo –a solicitud de ustedes– los cinco minutos que le faltan. Diputado Correa.
El diputado José Luis Jaime Correa (desde la curul): Gracias, señor presidente. He solicitado el uso de la palabra para hacerle una pregunta al diputado Muñoz Ledo.
Primero, felicitarlo por esta iniciativa y porque coincide con una que hemos presentado en otro momento...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Su pregunta, diputado.
El diputado José Luis Jaime Correa (desde la curul): ... sobre política exterior de Estado. ¿Qué opinión tiene el diputado Muñoz Ledo sobre la minuta del Senado, sobre Ley de Tratados Internacionales que deja en manos del Ejecutivo acuerdos interinstitucionales y acuerdos del Ejecutivo? ¿No cree usted que esto sea un retroceso cuando se está buscando que la Cámara de Diputados, en una política exterior de Estado participe en la política exterior y la minuta ahora le quita facultades al Senado?
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame diputado Muñoz Ledo. Oímos al diputado Gertz y a la diputada Rosalinda López y contesta usted sucesivamente, si es tan amable. Diputado Gertz.
El diputado Alejandro Gertz Manero (desde la curul): Gracias, señor presidente.
Diputado, ¿cómo propone su iniciativa incorporar los compromisos internacionales dentro del derecho interno?
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Gertz. Diputada Rosalinda López. Perdón, Rosalina Mazari.
La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): Diputado Porfirio, ¿usted no cree que la diplomacia parlamentaria que se realiza en un Congreso es también una expresión de la política exterior del Estado o solamente la realiza el Poder Ejecutivo federal?
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado, tiene usted sus preguntas. Gracias. Súmenle por favor 5 minutos en su tiempo al diputado Muñoz Ledo.
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Muchísimas gracias, presidente.
En efecto, señor diputado, tenemos a discusión en nuestra comisión la minuta del Senado de la República sobre la Ley de Tratados que funde dos anteriores. Hemos recibido observaciones de casi todos los partidos. Sé que la que usted ha presentado en nombre del Partido de la Revolución Democrática tiene observaciones críticas que proceden.
El tema es éste: no existen en la Constitución, no existen ni los acuerdos interinstitucionales ni los acuerdos ejecutivos. De acuerdo con la Convención de Viena, todos los compromisos contraídos por un Estado se entienden como tratado.
En México se inventaron los acuerdos ejecutivos a solicitud de Estados Unidos de América. Esto significa que una dependencia del gobierno federal mexicano puede convenir con una dependencia del gobierno norteamericano o francés o ruso, para el caso es lo mismo. Esos acuerdos a veces no los conocía y muchos todavía no los conoce ni siquiera la Secretaría de Relaciones Exteriores. La iniciativa del Senado subsana ese asunto, que lo conozca la secretaría, pero ¿y el Congreso?
No podemos estar de acuerdo en que se vuelvan a meter de contrabando acuerdos interinstitucionales. Haga de cuenta que la Secretaría de la Defensa Nacional hace un convenio con el Pentágono y no pasa por el Ejecutivo, no pasa por el Congreso de la Unión. Esta redacción establece claramente los límites de los tratados y no da lugar a inventar otras figuras que no existen en la legislación internacional.
Finalmente, por ser compromisos entre Estados multilaterales, regionales o bilaterales –hay muchos tipos de tratados- deben regirse por el derecho internacional. Lo digo porque eso hay que combatirlo.
El famoso ASPAN y la Iniciativa Mérida fueron firmados a espaldas del Congreso de la Unión. Y voy más lejos. El método para adoptar el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio en América del Norte no fue democrático, no hubo una verdadera consulta. Un solo legislador votó en contra, que es el de la voz, por cierto.
Entonces, no hubo ningún proceso de consulta ni de debate verdadero. No habrá más tratados, no debe haberlos, que no sean los que firme el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. No el jefe del Ejecutivo de la unión, no el Presidente de la República.
Ésa es una larga explicación técnica, así está el derecho de los tratados, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de la nación, con la suscripción y ratificación del Congreso, y en casos de extrema gravedad, con la consulta popular. Muchas gracias.
Respecto a la internación de compromisos internacionales, mire usted, diputado Gertz Manero, aquí estamos con el asunto del huevo y la gallina. Porque de nada o de poco sirve que digamos que los tratados de derechos humanos, por ejemplo, tienen jerarquía constitucional.
¿En dónde los van a encontrar los jueces? El 133 dice que los jueces locales y federales se atendrán a los tratados internacionales para sus fallos. Lo primero es internarlos en la Constitución.
Yo no estuve de acuerdo en aspectos de la reforma sobre derechos humanos, porque se les da jerarquía constitucional, pero no se modifican los artículos de la Constitución que son contrarios a los tratados.
Lo que nosotros estamos proponiendo, hay el modelo americano. En Estado Unidos no se ratifican los tratados, se hace un below implemetation, quiere decir se definen las leyes que hay que cambiar, para que se pueda aplicar internamente.
Estamos promoviendo un método quizá más semejante al de Canadá que es una vez que se ratifique el tratado, esta Cámara manda una iniciativa con los textos de ley que deben modificarse. Si tiene jerarquía constitucional, debe verse reflejada en las leyes. Las leyes no pueden ser contrarias a la Constitución y, también, nos manda a las legislaturas de los estados, se llama proceso de internación de tratados, que al margen de toda literatura jurídica es lo único que realmente permite que el espíritu, sí y que la letra de los tratados internacionales se aplique en el ámbito interno.
Por último, los actores nacionales son el Congreso y el referéndum, pero esta iniciativa tiene una novedad que espero que no asuste a nadie. Esta iniciativa tiene dos nuevos principios: uno, que en la nación mexicana, oigan, la nación mexicana trascienda sus fronteras territoriales, ya están en documentos oficiales mexicanos.
Hay una nación que está más allá del territorio. El Estado nacional es territorial, la nación es extraterritorial y obliga al Estado mexicano a defender a sus nacionales en el extranjero y admite otro principio fundamental, que espero tomamos en cuenta en la discusión de la minuta del Senado sobre migración. El derecho a migrar, es un derecho humano. Hay un derecho humano a la migración contenido en los pactos civiles y políticos de Naciones Unidas y a la convención sobre todo en los trabajadores migrantes y sus familiares.
Por último, hace universal el derecho de los mexicanos en el extranjero a votar en elecciones nacionales y establece un mecanismo de representación, para que los mexicanos del extranjero puedan ser votados.
En una semana presentaré otro proyecto de iniciativa, en el que presentamos un mecanismo, para que por fin se cumpla nuestra promesa de que voten en realidad los mexicanos en el extranjero...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Y puedan tener representación en este Congreso, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Señores diputados, para aclarar el criterio de la Mesa aplicable a las siguientes ocasiones, durante la sesión en presentación de iniciativas no hay lugar a interpelaciones, para preguntas.
Cuando se trata como dice el artículo 76 fracción I de la promulgación, de la expedición de una nueva norma, la aprobación existente y se conceden hasta 10 minutos esta Mesa hace una interpretación ligándola al tiempo destinado a las intervenciones en dictámenes de reformas constitucionales, hasta por 15 minutos.
Por tanto, quedará sujeto al criterio de la Mesa si el orador hace uso de hasta 10 minutos contestando alguna pregunta que hubiera en el pleno. En otras palabras, en ningún caso algún orador en iniciativas podrá excederse de 10 minutos.
Túrnese la iniciativa del diputado Muñoz Ledo a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Cano Ricaud del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Empresarial de Tasa Única. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Diputado Muñoz Ledo.
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): Señor presidente, gracias por sus atenciones.
Creo que procede, salvo su mejor opinión, que la turne también a la Comisión de Relaciones Exteriores, porque...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene usted razón. Tratándose de tratados internacionales debe conocer la Comisión de Relaciones Exteriores. Queda el turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo (desde la curul): Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Jorge Arana, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución. Adelante diputado Arana, hasta por 5 minutos.
El diputado Jorge Arana Arana: Con su permiso, diputado presidente. En los últimos 15 años el país ha dado un viraje profundo en su desarrollo económico, en su organización política y en la expresión de los grupos culturales y sociales, este cambio también abarca la educación.
Las antiguas formas de relación, financiamiento y reconocimiento social que atraviesan y rodean a las instituciones de educación se han modificado, esto es resultado de las exigencias hacia esa materia desde distintos ámbitos nacionales e internacionales que demandan una educación de alta calidad.
La apertura económica plantea a las instituciones educativas, retos que no se limitan solamente a la esfera de la capacitación y el desarrollo tecnológico, sino también abarcan los valores, la cultura, la identidad y la soberanía. Esos mismos retos se aplican en la investigación científica y tecnológica, al representar un papel estratégico en la formación y capacitación de estudiantes e investigadores del desarrollo nacional.
En la actual dinámica, el desarrollo científico y económico, así como tecnológico mundial, las modernizaciones educativa, científica y tecnológica resultan indispensables para consolidar, profundizar y modernizar el desarrollo que difícilmente, sin capacidad científica y tecnológica se puede dar en nuestro país.
Por ello, debemos generar las condiciones para que México cuenta con una infraestructura adecuada que fortalezca las ciencias básicas y que la comunidad científica se multiplique y se profesionalice, al tiempo que se eleve la calidad de producción y de trabajo académico.
La educación, la ciencia y la tecnología son componentes fundamentales de un desarrollo, una educación de cobertura suficiente y de calidad adecuada es decisiva para impulsar, sostener y extender un desarrollo integral. La educación, la ciencia y la tecnología forman una fuerza de trabajo mejor capacitada para todos los sectores económicos.
Cuando se introdujo dicho concepto durante el sexenio de Miguel Alemán, el país comenzó su industrialización y comenzó a avanzar de manera significativa en muchos rubros del quehacer nacional, así como en lo educativo, el cultural y sobre todo en la salud.
En el ámbito internacional, el 10 de noviembre de 1975 fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 3384 y fracción XXX; la declaración sobre la utilización del progreso científico, así como tecnológico de interés para la paz y el beneficio de la humanidad.
Esa resolución reconoció al progreso científico y tecnológico como uno de los factores más importantes del desarrollo de la sociedad humana y de impulso social, así como económico en países desarrollados, considerando también a nuestro país.
Por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas mediante su resolución 2200, inciso a), fracción XXI del 16 de diciembre de 1976 y en vigor desde el 3 de enero del año 76, reconoce el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico, así como de sus aplicaciones.
Como se observa, el progreso científico y tecnológico es un método de garantizar y proteger el derecho de toda persona a no ser privada de los beneficios del avance tecnológico y del progreso científico en todos los campos, llámese salud, seguridad social, empleo, cultura, familia, seguridad, etcétera.
Refrendemos nuestro compromiso con la educación, con la ciencia, con el progreso, ya que el sistema educativo en nuestro país ha sido uno de los medios más eficaces de cohesión cultural entre las regiones, de difusión de nuestros valores culturales, así como de la programación de oportunidades para todas las esferas de la sociedad.
Incorporemos ampliamente el progreso científico y tecnológico en nuestro marco jurídico para que sea una obligación observarlo, cumplirlo e incorporarlo al proyecto de nación que requerimos.
Es una obligación de todo gobierno. Participemos todos los mexicanos en este impulso que estamos solicitando. Es cuanto, diputado presidente. Solicito a esta Presidencia se inserte el texto íntegro e el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Como usted lo solicita se hará, señor diputado. Su proposición se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Gobernación y de Ciencia y Tecnología para su dictamen.
Esta Presidencia saluda la presencia en este salón de sesiones de 28 alumnos del Centro de Estudios José de la Borda, de Taxco de Alarcón, Guerrero, invitados por el diputado Esteban Albarrán Mendoza.
También saludamos a los alumnos y personal docente del Colegio Tomás Jefferson, invitados por la diputada María Teresa Ochoa Mejía.
Se encuentran con nosotros alumnos de la Escuela Primera Juan Fernández Albarrán, de San Pablo Autopan, municipio de Toluca, estado de México, invitados por el diputado Héctor Hernández Silva. Bienvenidos todos ustedes, amigos, a la sala de sesiones de la Cámara de Diputados
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Escucharemos ahora al diputado Francisco Herrera Jiménez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal. Adelante, diputado, hasta por cinco minutos.
El diputado Francisco Herrera Jiménez: Muchas gracias, diputado presidente. Solicito a la Mesa Directiva se dé sólo turno a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, con el objeto de hacer uso del tiempo asignado para referirme a la iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para expedir la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial y Material de la Nación.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado. Solamente para precisar al registro de esta sesión, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.
Y usted expondrá en este momento la iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y expide la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural Inmaterial y Material de la Nación.
El diputado Francisco Herrera Jiménez: Es correcto, señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, señor diputado.
El diputado Francisco Herrera Jiménez: Muchas gracias, diputado presidente. El que suscribe, diputado federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 6 numeral 1 y fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para expedir la Ley General sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial y Material de la Nación.
Estimados legisladores, la cultura es el medio de expresión por excelencia de la facultad creativa del hombre. Por fortuna, la historia del hombre también es la historia de sus expresiones de la realidad, es decir, de su cosmovisión, de ahí la importancia que la cultura tiene para un país, no es sólo el pasado.
Al ser una iniciativa humana, es dinámica y está en constante transformación, por lo que representa también el presente, y determina en mucho el futuro de un pueblo. La cultura es, por tanto, un componente esencial de la identidad nacional.
En nuestro caso tenemos la fortuna de ser herederos de culturas como la olmeca, teotihuacana, maya, mexica y totonaca, de la cual provengo con mucho orgullo. Más aún, en el crisol de la historia se han ido sumando otras varias, principalmente la hispánica, pero también las culturas africanas, la judía, entre otras, que han aportado a la construcción del mosaico cultural que hoy es nuestro país.
Valorando lo anterior, pongo a la consideración de esta honorable asamblea actualizar nuestro marco jurídico de salvaguarda y difusión de nuestro patrimonio cultural. Es así, que propongo expedir la Ley Federal sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial y Material.
Permítanme hacer algunas consideraciones al respecto.
Primero. Debemos reconocer los aportes que la actual ley ha hecho a la protección y conservación del patrimonio cultural de los mexicanos.
El diseño institucional establecido en ella ha permitido el desarrollo de dos loables instituciones: el Instituto Nacional de Antropología y el Instituto Nacional de Bellas Artes, ambas instituciones deben de seguir siendo apoyadas en su esfuerzo cotidiano. Por ello, esta propuesta no tiene la intención de reducir ninguna de sus atribuciones.
Segundo. La propuesta tiene como ejes dos conceptos: el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio material.
En el caso del concepto de patrimonio cultural inmaterial, el concepto no existe en nuestra legislación actual pese a que, por ejemplo, en México se hablan 68 lenguas indígenas, cada una de ellas corresponde a un pueblo indígena, cada uno con sus propias expresiones, danza, música, ceremonia y vestimenta, es decir, tenemos una gran riqueza que es necesario valorar y proteger. En ese sentido consideramos que la mejor manera de preservarlas es el conocimiento y la difusión de las mismas.
En el ámbito internacional, nuestro patrimonio inmaterial ha sido ampliamente reconocido. Permítanme ilustrar con algunos casos: desde el 2008 el Centro de las Artes Indígenas de Cumbre Tajín, en Papantla, Veracruz, conjuntamente con los tres niveles de gobierno, gestionó el reconocimiento de las organizaciones de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a la ceremonia de Voladores de Papantla, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Por fortuna la ceremonia totonaca...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.
El diputado Francisco Herrera Jiménez: ...se convirtió en el segundo elemento más vivo.
La cultura es el alma de nuestra nación. Los exhorto a reflexionar en torno a las siguientes preguntas: ¿cuánto valor tiene aquello que no puede palparse pero que nos define frente al mundo? ¿Qué significado y aportación tiene para los mexicanos de hoy nuestros sitios arqueológicos, históricos y artísticos?
Gracias por su atención. Hago entrega formal de mi propuesta y solicito que el texto íntegro sea insertado en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tal como lo solicita el diputado, el texto íntegro de su iniciativa se inserta en el Diario de los Debates y se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La iniciativa que presentarían los diputados José Luis Ovando Patrón y Bonifacio Herrera Rivera, se pospone a solicitud de los propios diputados.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, del Grupo Parlamentario del PRI. Él presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf: Con su permiso, señor presidente. El que suscribe, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6o., 77, 78 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 12, fracción VII y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, bajo la siguiente
Exposición de motivos. Hablar de reformas o modificaciones al marco legal de la Comisión Federal de Electricidad, no es materia reciente, han llegado a esta tribuna compañeros diputados de diferentes partidos y estados a mostrar la necesidad de establecer leyes más justas y sensibles a la condición humana que beneficie no solamente a la población en su conjunto, sino para que los habitantes de todas las regiones del país logren ver reflejado en su economía un ahorro en el pago de consumo de energía eléctrica.
Según datos de la propia dependencia, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa del gobierno de México que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para cerca de 34.2 millones de clientes, lo que representa a más de 100 millones de habitantes. En cuanto a su volumen de ventas totales, 99 por ciento lo constituyen ventas directas al público y el 1 por ciento lo exporta.
De ese 99 por ciento de clientes nacionales, el 88.23 de las ventas se refleja en el sector doméstico, el 9.91 en el sector comercial, el .81 en el industrial, el .63 en el de servicios y con apenas 1.42 en el agrícola. Qué observamos. Que los ciudadanos comunes y corrientes consumimos en nuestros hogares gran parte de la electricidad que la empresa genera y vende; sin embargo, como empresa del gobierno mexicano, está regulada por diversas disposiciones legales.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del año 2005, el estado de Tabasco cuenta con un millón 989 mil 699 habitantes ubicados en 473 mil 121 viviendas, de las cuales 452 mil 319 disponen de energía eléctrica.
Hoy me presento ante ustedes para exponer la necesidad de modificar el marco legal de la Comisión Federal de Electricidad en lo que respecta a la clasificación de tarifa vigente.
La temperatura de bulbo húmedo, temperatura húmeda, es la temperatura que da un termómetro a la sombra con el bulbo envuelto en una mecha de algodón húmedo bajo una corriente de aire. La corriente de aire se produce mediante un pequeño ventilador o poniendo un termómetro en un molinete y haciéndolo girar; al evaporarse el agua, absorbe calor, rebajando la temperatura, efecto que refleja el termómetro. Cuanto menor sea la humedad relativa ambiente, más rápidamente se evaporará el agua que moja el paño.
Este tipo de medición se utiliza para dar la idea de la sensación térmica o en el ecómetro para calcular la humedad relativa y la temperatura de punto de rocío. La sensación térmica es la sensación aparente que las personas tienen en función de parámetros que determinen el ambiente en el que se mueven, los cuales son temperatura seca, temperatura radiante media o temperatura de bulbo negro; temperatura húmeda o humedad relativa al aire y velocidad del aire.
El cuerpo humano desnudo tiene posibilidades de regular por sí mismo la emisión del calor para temperaturas ambientales comprendidas entre 15 grados y 30 grados centígrados. Por encima y por debajo de este parámetro, tiene que hacer algo, es decir, abrigarse o utilizar sistemas de ventilación o aire acondicionado.
La evaporación es el fenómeno asociado con las temperaturas, más la humedad de una localidad, es decir, a mayor humedad, mayor calor. Un ejemplo claro es que con una temperatura de 33 grados centígrados y una humedad de 80 por ciento, la sensación térmica es de 49 grados centígrados, lo cual está totalmente fuera del límite superior de tolerancia en ambientes calurosos.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 95 por ciento de la superficie de Tabasco presenta clima cálido húmedo y el restante 4.5 es clima cálido subhúmedo, hacia la parte este del estado. La temperatura media anual en el estado es de 27 grados centígrados, la temperatura máxima promedio es de 36 grados centígrados y la mínima promedio es de 18.5 grados centígrados.
El objetivo de esta iniciativa es precisamente hacer conciencia de la necesidad de que la empresa sea sensible a las carencias de los mexicanos más vulnerables, sobre todo de servicios públicos de calidad, con tarifa justa.
Por lo expuesto anteriormente, me permito someter a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, y 31, de la Ley del Servicio Público.
Artículo 1. Se reforma la fracción VII del artículo 12 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue: Artículo 12, la junta de gobierno deberá aprobar en su caso la propuesta de restructuración tarifaria, tomando en consideración las temperaturas medidas en bulbo húmedo, conforme a las estaciones meteorológicas instaladas por la Comisión Federal de Electricidad.
Artículo 2. Se reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de energía Eléctrica para quedar con la inclusión de las de ampliación del servicio público, las necesidades sociales de la población expresadas en el índice de marginación por localidad vigente.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Rúbrica del diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf. Es todo, presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
El diputado Ernesto de Lucas Hopkins (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado De Lucas Hopkins. Permítame, diputado Bellizia. Dígame, diputado De Lucas.
El diputado Ernesto de Lucas Hopkins (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Para preguntarle al promovente de esta iniciativa si permitiría que los legisladores sonorenses del PRI nos pudiésemos adherir a su propuesta, y para ver si ahorita, aquí en corto, señor diputado, nos pudiese explicar lo relativo al bulbo húmedo que está usted ahí mencionando. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado Bellizia.
El diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf: Por supuesto, acepto la adhesión.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí acepta que queden ustedes adheridos y también acepta explicarles, en corto, lo del bulbo húmedo. Adelante, señor diputado, muchas gracias.
El diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf: Con su permiso, presidente. Es simplemente un método científico de tomar en cuenta en la medición de las temperaturas...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Perdón, diputado. Le pidió que se lo explicara usted allá, en las curules. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado don Víctor Humberto Benítez Treviño, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Con su permiso, señor presidente. Distinguidas diputadas y compañeros legisladores.
Efectivamente, señor presidente, como usted lo acaba de mencionar, a nombre de mi Grupo Parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, estoy planteando la modificación de diversos ordenamientos, con el objetivo de regular, acotar y precisar la utilización de la figura del arraigo para que cumpla su función, para fortalecer la investigación ministerial y evitar la violación de garantías constitucionales: la garantía del debido proceso, la garantía de legalidad y la garantía de seguridad jurídica.
Convertir el arraigo en un instrumento de investigación, porque en este país seguimos deteniendo para investigar; en lugar de investigar para detener, porque la utilización y el abuso de la figura del arraigo rompe con el principio de presunción de inocencia y una persona arraigada tiene que demostrar la no culpabilidad, cuando tiene que prevalecer el principio de presunción de inocencia.
Se ha abusado de la figura del arraigo en varias averiguaciones previas. El michoacanazo es la mayor prueba del fracaso de esta figura cuando no se adminicula con otras pruebas que lleven a la conclusión al Ministerio Público de que hay probable responsabilidad.
Por eso es que estoy proponiendo la regulación de la figura del arraigo y estoy planteando varias alternativas: el arraigo domiciliario, la prohibición de salir del lugar determinado, la prohibición de ir a una comunidad y la utilización de sistemas de localización electrónicos para tener el cuidado de los imputados.
El arraigo no debe utilizarse en la figura de los testigos y de los ofendidos y las víctimas de los delitos. Por eso ya en su oportunidad plantee el Programa Nacional de Regulación de Testigos Protegidos, en donde distinguimos al testigo incidental, a la víctima del delito del testigo colaborador que es el delincuente que participa en una averiguación previa.
También estoy planteando que el arraigo no proceda en el caso de flagrancia de delito. En este caso, las normas procesales establecen la inmediata consignación y para los jueces dictar la prisión preventiva.
También estoy proponiendo reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular la actuación de los jueces federales, especializados en cateos, arraigo e intervenciones telefónicas, porque hoy en día los jueces especializados están dictando la providencia cautelar del arraigo con sendas circulares del Consejo de la Judicatura expedidos en el 2008 y en el 2009.
Finalmente, estoy planteando el reenvío de todas las disposiciones que hay en el Código Federal de Procedimientos Penales a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, para establecer un criterio de interpretación, de especialización y de sistematización. En suma, que el arraigo se convierta en un elemento de juicio para la averiguación previa y no en un castigo para los ciudadanos en los que se presume, como el nombre lo indica, el principio vital de la presunción de inocencia. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias por su intervención, señor diputado Benítez Treviño. Túrnese a la Comisión de Justicia para su dictamen.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí. Adelante, diputada Enoé.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Diputado presidente, el tema es de la mayor relevancia y urgencia en el país, y por ello le pregunto al diputado Humberto, si me haría el honor de sumarme a su iniciativa.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Sí, con mucho gusto.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Benítez Treviño accedió a su petición con mucho gusto.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí, diputado Emilio Serrano, por favor.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Diputado presidente, le pido que si es tan amable de preguntarle al diputado Benítez Treviño, si me permite adherirme a su propuesta.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Benítez Treviño ha manifestado su beneplacencia en este caso y se considera como tal, está a la disposición de los diputados y las diputadas que deseen adherirse a su planteamiento aquí el documento en la mesa de esta Secretaría.
Damos las más cordial y sincera bienvenida a los alumnos y maestros de la Universidad de Quinta Roo que están de visita aquí en este recinto legislativo. Son invitados por los diputados Rosario Ortiz Yeladaqui, Susana Hurtado Vallejo y Carlos Joaquín González, de la coordinación de diputados Quintanarroenses priistas.
También contamos con la hermosa presencia de la niña Mariana Alanís Yáñez, es una niña cuyo sueño es ser presidenta de México. Cuenta con 10 años de edad y es invitada de parte de los diputados del PRI del estado de Nuevo León, aquí se encuentra con nosotros y esperamos que ésta sea una de las experiencias más grandes que tenga en su vida.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Propaganda Institucional. Esto en términos del artículo 76 hasta por 10 minutos.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Señor presidente, muy buenas tardes. Compañeras y compañeros legisladores, quiero proponer a su consideración un proyecto de ley integral para regular la propaganda institucional.
Este proyecto es una vieja aspiración de los mexicanos que hemos participado en donde estamos todos nosotros, en los procesos electorales de este país, y que a contar de la última reforma electoral a los artículos constitucionales, que fueron denominados como la última reforma electoral de última generación, se creó este concepto de propaganda institucional.
Concretamente está definido y comentado con amplitud en el artículo 134 en su párrafo 8o., pero como varios de los temas de esta reforma exigen una reglamentación para que puedan ser aplicados con racionalidad y con equidad y justicia, si no existen estas disposiciones reglamentarias, ha sido frecuente motivo de conflictos, frecuente ámbito para las interpretaciones de la autoridad electoral, y naturalmente que en detrimento de la certeza que debe de tener todo el contexto de una campaña electoral.
En el artículo correspondiente de la reforma, existe establecido el concepto de propaganda institucional, y por derivación se presume que este concepto de propaganda institucional se aplica exclusivamente al Poder Ejecutivo. Pero en esencia, el concepto de propaganda institucional debe corresponder a las esferas del poder público. Al Poder Judicial, al Legislativo y por supuesto al Poder Ejecutivo.
En los términos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República y de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial federal no hemos encontrado mayores problemas. Pero sí en el caso de la aplicación de las normas a cargo del Poder Ejecutivo, donde amparados por este artículo, el titular del Ejecutivo federal ha realizado, realiza cotidianamente una extensa, masiva y a veces injustificada promoción institucional de su gobierno.
Aun cuando la propia ley define en una fracción II que debe entenderse por propaganda institucional, es mi opinión que el error está en la connotación. Poner propaganda institucional evidentemente lleva a una valoración de lo que debemos entender por propaganda.
Por eso yo he pensado que es necesario el establecimiento de una ley reglamentaria para que, en efecto, el gobierno en sus niveles, en sus entidades, con su potencial, pueda informar a la ciudadanía de sus acciones; pueda alertar en caso de desastres; pueda realizar campañas de salud pública, de educación; pueda hablar de derechos humanos; pueda hablar de los temas que son motivos de información que la sociedad requiere.
Pero no confundir esto con la promoción de logros de gobierno y menos para hacer uso de las actividades que por obligación jurídica debe de cumplir, como una hazaña propia del gobierno que puede traer adeptos.
Mi iniciativa de ley es una ley breve, pero tiene varias características. La primera es que le da un contexto jurídico tal para que pueda aparecer obligatoriamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que obligaría al conocimiento de esta soberanía, primero, y luego a la posibilidad de rendición de cuentas. Éste es un tema de la mayor opacidad, nadie rinde cuentas en el tema ni a nadie parece importarle.
También tiene la consideración de que esta iniciativa propone un acotamiento de aquellas cuestiones que deben ser sujeto de la promoción a través de los espacios publicitarios.
No pretendo con esto cambiar el sentido que estuvo originalmente en la disposición constitucional, por eso no atiende a cambiar este concepto. Pero sí darle una reglamentación que producirá certeza, equidad y evitará este permanente reclamo de la gente que ve al titular del Ejecutivo en todas las estaciones de radio de este país, que son muchas. Por supuesto que en todas las cadenas de televisión sin propósito educativo, de salud o de información; sino simplemente como una promoción del Ejecutivo con evidentes características electorales.
Dejo, pues, aquí mi proyecto de iniciativa de ley, de promoción, de propaganda institucional y los invito a que nos ayuden para que este debate se dé con mayor eficacia.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Señor diputado. El diputado Serrano.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Diputado Serrano, es una novedad. Yo no sabía de las iniciativas, pero me encanta la idea. Si me quiere preguntar, yo ya tengo rato de no estar por acá. Con mucho gusto...
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: A ver, es que todavía no se manifiesta el diputado Serrano. Dígame usted, diputado Serrano, ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado Serrano, por favor.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Diputado presidente, antes de solicitarle al promovente si me permite adherirme a su propuesta. Nada más, para preguntarle si se tiene considerado no utilizar los recursos económicos del Ejecutivo en todos los niveles, para fines de propaganda electoral, es la conclusión.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Bueno, se trata de reglamentar toda la incidencia de los poderes en el tema de promoción institucional por los medios masivos de comunicación, para evitar el abuso.
Tiene usted razón, lo digo como es, para evitar los excesos, para evitar que se convierta esto en una promoción individual con recursos públicos, naturalmente, ésa es la razón. Es un honor, muchas gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: También, el diputado Héctor Ramírez Puga Leyva se pronunció en el sentido de solicitar, de usted, la anuencia para adherirse a su propuesta, señor diputado. El diputado César Augusto Santiago Ramírez ha manifestado su beneplácito y, por ende, el documento para las adhesiones se encuentra en la mesa de la Secretaría a disposición de ustedes.
Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Enrique Salomón Rosas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona a los artículos 7o, 46 y 95 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Enrique Salomón Rosas Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en tres artículos el 7o, el 46 y el 95, con el objeto central de frenar el transfuguismo político.
Se trata de una iniciativa, para bien de la democracia y de la sociedad, para bien de la vida de los partidos políticos, para defender los derechos de los militantes de los mismos y, para, fomentar mejores gobiernos que se guíen por principios y valores que en el fondo conlleven a una mejor calidad de vida, para los mexicanos.
El transfuguismo, es una actitud y comportamiento de quien se convierte en tránsfuga. Tránsfuga proviene del latín y quiere decir persona que pasa de una ideología o colectividad a otra. Tránsfuga sería, también, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española un militar que cambia de bando en tiempo de conflicto. Ambas, acepciones, en el fondo refieren la traición a principios y valores, y al grupo o ejército al que se pertenece.
Hasta, ahora, es legal ser postulado para algún cargo de elección popular por cualquier partido o coalición de partidos aun habiendo pertenecido o militado unas horas o días antes a otro instituto político cuyo ideario y programa de acción puede ser totalmente diferente o incluso totalmente opuesto del que lo registra ante la autoridad electoral.
Esta práctica tan socorrida, últimamente, de saltar de un partido a otro, les parece a algunos muy conveniente y se desviven en argumentar sus virtudes envueltos en el discurso de que somos un país democrático, abierto y plural en el que se vale de todo, para competir en una elección, nada más irreal e incierto.
El menosprecio de los principios y programas que sustentan los partidos políticos, el pirateo de candidatos y el atropello al trabajo de las militancias partidarias no puede ser un buen signo de avance democrático.
Lo cierto, compañeras y compañeros diputados, es que lo que se ha propiciado con el trasfuguismo político son por lo menos dos cosas gravísimas;
Primero, se ha pervertido y deteriorado la política, los ciudadanos mexicanos han estado atestiguando en los últimos años un espectáculo que exhibe que determinados personajes y las dirigencias de algunos partidos están en la política no para servir, sino para servirse, que lo único que buscan es conseguir el poder por el poder mismo.
Las negociaciones personales que se dan con el trasfuguismo político en nada benefician la vida institucional y política del país, y mucho menos a los ciudadanos.
Segundo. El trasfuguismo político ha generado confusión en la sociedad y decepción en las militancias de los partidos, a quienes también se les ha traicionado, dado que los partidos políticos registran ante el IFE su declaración de principios, su programa de acción, sus estatutos y su código de ética, y tienen la obligación de promover y difundir ante la ciudadanía para darle certidumbre a la sociedad y también en sus estatutos, para darle certeza a sus militantes de los derechos que tienen cuando participan activamente en esos institutos.
Pero de repente los militantes de muchos años y mucho trabajo en sus partidos, son desplazados, relegados, ninguneados por un personaje ajeno a su partido, por alguien impuesto por una decisión cupular de su dirigencia, que también los traiciona, y lo más grave; la sociedad y los militantes de los partidos se encuentran con que fulano de tal de un día para otro cambió de ideología, de programa y de convicciones.
La sociedad valoraría más, creo, que nosotros trabajáramos por la consistencia de los partidos políticos, de sus candidatos en torno a un ideario y a una propuesta sustentada en principios; de compromisos producto de una plataforma electoral bien difundida y diferenciada, y no de protagonismos personales que se disuelven en la vaguedad y en la confusión de intereses.
Estimo que nosotros como legisladores debemos hacer cambios para fortalecer el sistema de partidos políticos y para robustecer la participación ciudadana en ellos.
Tomando en consideración que el Constituyente, en las fracciones I y IV del artículo 41 constitucional delegó en la ley reglamentaria el establecimiento de normas y requisitos para que los partidos políticos intervengan en los procesos electorales y en la selección y postulación de sus candidatos, es por lo que se presenta esta iniciativa para darle certidumbre a la sociedad de lo que cada quien propone, para fortalecer a los partidos políticos y para respetar y defender los derechos de sus militantes.
En base a lo anterior, solicito a esta soberanía su respaldo para promover la aprobación de modificaciones al Cofipe, adicionando un inciso g) al artículo 7o; un párrafo al inciso d), numeral 3, del artículo 46 y modificar el numeral primero del artículo 95, para quedar como sigue:
Capítulo Segundo; de los Requisitos de Elegibilidad.
Artículo 7º, numeral 1. Son requisitos para ser diputado federal o senador, además de los que señalan respectivamente los artículos 55 y 58 de la Constitución, los siguientes:
g) Tener como mínimo de antigüedad un año acreditable y comprobable de pertenecer al partido que lo postula.
Capítulo sexto; de los Asuntos Internos de los Partidos Políticos.
Artículo 46, numeral 1, inciso d). Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargo de elección popular, los cuales deberán contar por lo menos con una antigüedad de un año, acreditable y comprobable de pertenecer a cualquiera de los partidos o coalición que lo postule, y
Capítulo Segundo, de las Coaliciones.
Artículo 95. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de senadores y diputados por el principio de mayoría relativa... Se adicionaría “y sus candidatos postulados deberán cumplir con una antigüedad mínima de un año acreditable y comprobable en alguno de los partidos que formen la coalición”.
Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2790 del Código Civil Federal.
A la vez va a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población.
La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor presidente. Previamente solicito, presidente, que sean recogidas las dos iniciativas tal como las he presentado, debido a que el tiempo será corto y solamente comentaré el propósito de las mismas.
Inicio por la reforma al artículo 2790. Yo quisiera llamar la atención sobre un grupo social al que nosotros no le hemos puesto la mínima atención. Me refiero a la gente de la tercera edad, pero en se apartado a los jubilados y pensionados de este país.
Les hemos regateado cualquier cantidad de propuestas que ellos han hecho. No revisamos sus pensiones. No atendemos su seguridad social. Y pareciera que en este país llegar a la etapa de ser pensionado y jubilado significa un detrimento en los sueldos, los salarios y en las prestaciones sociales.
Pero además de eso hay una trampa en la que están ellos sometidos, la mal nombrada carta de supervivencia, que es una trampa que sólo lo que hace obliga a presentarse a los jubilados –hombres y mujeres- y pensionados y acreditar que todavía viven. Bueno, es para dar risa porque creo que hay otros medios y otros métodos para poder probar que todavía existen.
Yo vengo a proponer que se pueda, de acuerdo al artículo 2790, queden exentas de su acreditación aquellas personas que por su edad o enfermedad no puedan acudir por sí mismas a tal acto. En estos casos los institutos de seguridad social comprobarán la supervivencia del derechohabiente o del rentista por los medios tecnológicos o humanos que instauren para tal efecto, absteniéndose de retener o suspender el pago correspondiente a excepción del fallecimiento del beneficiario. Lo único que han hecho es parar y suspender un derecho por el cual trabajaron por muchos años.
Hoy me quiero referir también a una reforma muy ambiciosa a los artículos 26, 32, 33, 35, 41 y 42, fracción II de la Ley General de Población. Esta iniciativa tiene algunos días que fue presentada, afortunadamente hoy podemos hablar de ella, sobre un problema muy serio que tiene México desde hace bastantes años.
Nos dedicamos a quejarnos exactamente de lo que hace Estados Unidos de Norteamérica, de las dejaciones, del maltrato que hacen con los inmigrantes. Pero nos hemos olvidado que en la frontera sur, de este país, hemos hecho de todo: tráfico de órganos, tráfico de menores, de niños y niñas, pero sobre todo, todo este viacrucis que vive el migrante al entrar a territorio mexicanos.
Es increíble cómo solamente forman parte de una estadística los hombres y las mujeres, que en busca del sueño americano llegan a territorio nacional. Es increíble cómo la violación a los derechos humanos, la falta de atención ha estado a la orden del día: mueren, son secuestrados, vejados, un sinnúmero de atropellos que tiene que ver con sus derechos humanos.
Por eso estoy proponiendo una visa del transmigrante, una visa temporal en donde él pueda recorrer, previo ante la autoridad correspondiente, el territorio y pueda demostrar que solamente está en tránsito, pero además se le garanticen sus derechos humanos, se le vean como personas, como seres humanos que son, no como animales como se les ha tratado.
Los migrantes de Centro y Sudamérica han sido fuertemente mancillados sus derechos humanos. Por eso yo estoy proponiendo esta visa que en síntesis sería por 90 días, tiempo en el que podrán utilizar los servicios de transportación aérea, terrestre y marítima que requieren para su tránsito, y no se les impedirá el acceso a servicios a ningún extranjero que cuente con su visa de tránsito. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputada Diva. Tal como lo solicitó al inicio, se insertará el texto íntegro de su intervención en el Diario de los Debates. Túrnese la primera a la Comisión de Justicia para dictamen, y la segunda proposición se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, también para su dictamen.
El diputado Uriel López Paredes (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputado. Sonido a la curul del diputado Uriel López, por favor. Sí, dígame el objeto, señor diputado.
El diputado Uriel López Paredes (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Si la primera se turna también a la Comisión de Seguridad Social, por favor.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se va a turnar a la Comisión de Justicia para su dictamen y con opinión de la Comisión de Seguridad Social.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo. Adelante, señor diputado Fernando Espino.
El diputado Fernando Espino Arévalo: Gracias, señor diputado presidente. Señoras y señores legisladores, por economía procesal parlamentaria solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva se inscriba íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, la iniciativa en comento.
Desde la década de los 70, tanto las grandes tiendas de descuento como los supermercados empezaron a promover a sus clientes, la utilización de bolsas de plástico para difundir su marca comercial y de esta forma captar un mayor segmento de mercado.
Cabe señalar que la fabricación de estos productos es a base de polietileno en diversa densidad, el cual requiere importantes cantidades de petróleo, aproximadamente el 5 por ciento de la extracción total mundial, por lo que se puede deducir que la producción creciente de bolsas conlleva a una demanda irracional de dicho recurso no renovable.
Según las estimaciones de la Agencia de Protección Ambiental, de los Estados Unidos, un individuo emplea seis bolsas de plástico por semana en el mundo, 24 al mes y 288 al año, para sólo reciclarse el 1 por ciento del total.
Además esta institución junto con Greenpeace y el Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat, calculan que una bolsa de plástico tarda entre 400 y mil años en degradarse, dependiendo de su tamaño y su peso.
En ese sentido, para el caso de México, no se cuenta con amplios estudios sobre el tema. Semarnat estima que diariamente se consumen 20 millones de bolsas de plástico en todo el país. La industria reporta 400 mil toneladas de plástico producidas por año y aseguran que existe piratería, es decir, plástico que llega de China u otro lugar, que no está en estos números y se desconoce la cantidad.
Cuando las bolsas son entregadas a los clientes de dichos establecimientos mercantiles, aquellos las utilizan para tirar la basura o para contener otros objetos. Cuando sucede esta situación, la fauna marina se encuentra expuesta a las partículas tóxicas que se desprenden en el agua, pero también suele confundir las bolsas con alimento, provocándose una muerte lenta por ahogamiento.
Por estas circunstancias en los últimos años han surgido empresas enfocadas a la producción de bolsas amigables con el medio ambiente, conocidas comúnmente como biodegradables.
Estos productos son elaborados a base de almidón de soya, papa y oleaginosas; su principal característica es su nivel de degradación en un plazo de 90 a 180 días como máximo.
Aunque su costo de producción es mayor al de las bolsas de plástico, los beneficios que genera a la población son altamente significativos en el medio y largo plazo.
Como se pude observar, la problemática que encierra el uso de las bolsas de plástico es compartida por muchos mexicanos en diferentes zonas del país. Por esta razón la iniciativa en comento pretende establecer en todo el territorio nacional, la reducción total del consumo de bolsas de plástico que los establecimientos mercantiles empleen para sí o que las otorguen a sus clientes.
Para su reemplazo se propone la utilización de bolsas fabricadas con materiales biodegradables, considerando ciertas excepciones en caso de asepsia o conservación de alimentos.
De esta forma uniremos esfuerzos para solucionar esta problemática en común y revertir los efectos negativos de la degradación tardía de las bolsas de plástico en el medio ambiente. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado Fernando Espino Arévalo. Tal como lo solicitó de inicio, el texto íntegro de su intervención se inserta en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen. Diputada Paz Gutiérrez, dígame usted.
La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde la curul): Para adherirme a la propuesta del diputado.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Fernando Espino, la diputada le está solicitando adherirse a su propuesta.
El diputado no tiene inconveniente. Diputado Serrano.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): También diputado, en el mismo sentido, si le pregunta al diputado Fernando Espino Arévalo si me permite adherirme a su propuesta.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Fernando Espino Arévalo ha manifestado su complacencia y los diputados o diputadas que deseen adherirse a su propuesta pueden pasar a la mesa de esta secretaría.
Queremos agradecer y destacar la presencia en este salón de sesiones de una delegación del Grupo de Cooperación Bilateral del parlamento de Indonesia, presidida por el señor Josef Adreanus Nae Soi y acompañada por el excelentísimo señor Hamdami Djafar, embajador de la República de Indonesia en México. Esta delegación ha participado en reuniones de trabajo con el Grupo de Amistad México-Indonesia y con la Comisión de Relaciones Exteriores.
La Cámara de Diputados del Congreso mexicano les da la más cordial bienvenida y hace votos por el fortalecimiento de los lazos de amistad, diálogo y cooperación entre las dos naciones.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.
En el mismo acto presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jaime Flores Castañeda: Muchas gracias, diputado presidente. El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente exposición de motivos.
El principal objetivo del presente proyecto es establecer que los días de descanso obligatorio se realicen en las fechas establecidas, según lo marca el calendario, y no como se ha manejado con la última modificación al presente artículo.
El 17 de enero del 2006 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en la cual se establecen tres fines de semana largos, para lo cual se trasladan los días de descanso obligatorio correspondientes a la conmemoración de algún evento histórico importante al día lunes, con la finalidad de apoyar al sector turístico.
Se debe destacar que los días de descanso obligatorio establecidos en la Ley Federal del Trabajo se establecieron con la finalidad de conmemorar fechas de importancia histórica y cívica para nosotros los mexicanos y conservar nuestras raíces y recordar a los héroes que nos dieron patria, no así para vacacionar, como se planteó en la iniciativa presentada y aprobada en el 2005.
Se está perdiendo el amor a nuestro país y el sentido patriótico haciendo que la gente deje de tener respeto a las fechas conmemorativas. Por otra parte, como ya se ha mencionado anteriormente, la finalidad de los llamados “fines de semana largos” es la de apoyar al sector turístico, pero la realidad es que en los últimos años se ha presentado una época de crisis económica en varios países, incluido México, lo que trae como consecuencia que la población no tenga los suficientes recursos para vacacionar.
El dato anterior se considera relevante sólo para demostrar que la modificación realizada al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, del 2006, no ha cubierto las expectativas u objetivos para los cuales fue fundamentada; sin embargo, los valores cívicos sí han perdido importancia. La población no identifica el motivo por el que deja de realizar sus labores tanto académicas como laborales en el día de descanso correspondiente, en los llamados “puentes vacacionales”.
En virtud de lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Son días de descanso obligatorio: 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transición del Poder Ejecutivo federal, 25 de diciembre, y el que determinen las leyes federales y locales electorales en caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral.
Por otro parte, quiero plantear la iniciativa al artículo 18, con la siguiente exposición de motivos.
El sistema penal como modelo preventivo pretende lograr la reinserción social en el sentenciado. A través del artículo 18 constitucional debemos interpretar y aplicar específicamente lo siguiente.
El trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte serán la base para la rehabilitación social del sentenciado o sentenciada. La finalidad esencial del trabajo penitenciario es la preparación de una futura reinserción del interno.
Al hablar de las condiciones en las que el interno realiza el trabajo convendría comenzar señalando que trabajar es una obligación del preso para que nada condicione la obligación que tiene la administración de ofrecerle una vida digna; sin embargo, el trabajo realizado por los presos ayudaría para pagar al menos una parte de su sustento y otros gastos.
Los presos, al encontrarse en momentos de ocio no piensan en la reinserción social, sino en ver cómo sobrevivirán dentro de la prisión, por ello es recomendable que trabajar dentro de los penales sea obligatorio para los presos, aunado al dramático incremento de la población reclusa en prisiones y cárceles.
Como resultado de las recias políticas del control al crimen y el aumento del costo de la justicia criminal es importante remarcar que el trabajo penitenciario deberá ser obligatorio para los reclusos, siendo esto una verdadera fortuna de reinserción social y que, a su vez, puede mejorar su calidad de vida.
Es frecuente que cuando se encarcela a un preso su familia quede en la indigencia. No sólo pierde el salario que podría estar recibiendo el preso, sino que además se enfrenta con una serie de gastos adicionales. Muchas personas están encarceladas lejos de sus hogares y sus familias y no pueden costear las visitas. La opinión pública protesta por el manejo ineficaz.
Es por ello, que mi propuesta tiene como finalidad obligar a los presos a trabajar, pues el hecho de estar en prisión no significa que deban permanecer sin hacer algo productivo con su vida debido que no están ahí para vacacionar, sino para lograr una verdadera reinserción social.
La readaptación no existe en nuestros penales; sin embargo, con esta propuesta saldrían convertidos en personas productivas o de gran provecho.
Compañeras y compañeros legisladores, pongo a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos apartados al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por razones de tiempo, solicito al presidente se ordene se integre al Diario de Debates el contenido íntegro de esta iniciativa que entrego a la Secretaría. Es cuanto, diputado presidente.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado. Dígame, diputado Serrano. Por favor, sonido a la curul del diputado Serrano.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Diputado ponente. Bueno primero diputado presidente; si me permite o a través de usted preguntarle al diputado, si me permite.
Pero antes hacer una reflexión, que efectivamente coincido con usted en que se ha deteriorado...
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: No. No ha lugar, por favor. Si es con el objeto de hacer la pregunta al diputado en cuanto...
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Sí, pero para la adhesión.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ... para la adhesión. Adelante.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Pero hay una consideración; que efectivamente se ha deteriorado el calendario cívico; efectivamente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Es que no está á discusión eso, diputado Serrano.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Y la otra, él lo manifestó en su declaración de motivos. Por favor.
Y también en cuanto al trabajo obligatorio para los presos, es necesario cambiar el Código Penal. Me permite adherirme a su propuesta.
El diputado Jaime Flores Castañeda: Adelante.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Jaime Flores Castañeda ha aceptado su adhesión.
Tal como lo solicita el proponente, se inserta el texto íntegro de su propuesta en el Diario de los Debates. La primera intervención se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen; y en la segunda, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales también para el correspondiente dictamen.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También, en el mismo acto, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José del Pilar Córdova Hernández: Con su permiso, diputado presidente.
Diputadas y diputados, hoy subo a esta tribuna a plantear una reforma para que no haya una pregunta, estudio socioeconómico, ni afiliación a seguro médico que se interponga ni en la inmediata atención médica al niño que lo necesita.
Por ello, propongo la adición de un cuarto párrafo al artículo 4o. constitucional, para que todos los bebés de México reciban atención médica gratuita sin condiciones ni restricciones en todas las instituciones que reciban aportes del Estado mexicano.
Debemos poner nuestras prioridades en la Mesa, debemos asegurarnos de mirar por el bienestar de nuestros niños. Hagamos que en México a ningún menor de un año se le niegue el servicio médico.
Comprometamos a las instituciones médicas que mantenemos con nuestros impuestos con el futuro de México, nuestras niñas y niños mexicanos.
También desde esta la máxima tribuna del país, hablaré de la educación, porque se ha dicho mucho de la importancia de ésta. Se han pronunciado las y los diputados por la protección a los niños. Han levantado la voz por las madres trabajadoras y sus derechos.
Como legisladores hemos demostrado que nos ocupamos de estas prioridades porque sabemos que las mujeres dan un empuje tremendo a México. Sabemos que nuestras mexicanas son extraordinarias y enfrentan los retos con valentía, son fuertes, son grandes, son luchadoras, son trabajadoras, y porque lo sabemos, legislamos con la plena conciencia de que su bienestar debe garantizarse en las leyes y esa es nuestra responsabilidad.
Bajo este tenor vengo hoy a presentarles mi propuesta de modificación al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer el derecho de las madres trabajadoras a los Centros de Desarrollo Infantil.
Se preguntarán ¿por qué los Cendi, si ya está en la ley el servicio de guarderías infantiles? Señoras y señores diputados, en el año 2002 por decreto presidencial, se estableció que la educación preescolar es de carácter obligatorio en sus tres niveles.
En el mismo decreto se indicó que todas las leyes concernientes debían modificarse para que se cumpliera este ordenamiento constitucional. Sin embargo, en los apartados A y B del artículo 123, aún cita que el servicio será de guarderías infantiles, las cuales, como su nombre lo dice, sólo se encargan de guardar a los menores mientras sus padres trabajan, sin proporcionarles en forma ordenadas la educación preescolar, la cual es obligatoria constitucionalmente.
En cambio, los Cendi proporcionan el servicio en las tres etapas de los niños, desde lactantes de 45 días hasta los 3 grados de educación preescolar. Este hecho convierte a los Cendi en la opción más adecuada para el cumplimiento de la ley.
Debo mencionar que también la Ley Federal del Trabajo en su artículo 171, habla del servicio de guarderías y en los derechos de las madres trabajadoras en el artículo 170, ni siquiera se especifica éste como un derecho legítimo. Por ello propuse, también, modificar estos artículos de la citada ley.
Tenemos dos prioridades que atender en esta situación, la educación de nuestros niños y los derechos y tranquilidad de las madres trabajadoras. Debemos asumir esta responsabilidad brindando la seguridad a las madres de que sus hijos están recibiendo la educación a la que el Estado está obligado a proporcionar.
La encomienda que nos han dado los ciudadanos es trabajar para darles mejores leyes y debemos proclamar con hechos que es precisamente lo que estamos haciendo: trabajando por una legislación más justa, trabajando y con resultados por un mejor porvenir para nuestro futuro México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, la primera. La segunda se turna a la Comisión también de Puntos Constitucionales. Ambas van a la misma comisión.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 55 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Guillermo Cueva Sada: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, ¿es importante o no lo es que los legisladores tengamos una formación académica? Como todos vemos, México enfrenta desafíos importantes en materia legislativa. Recordemos las necesidades de reformas estructurales y acuerdos políticos que lleven al país a integrarse en la evolución mundial. Esto nos obliga como legisladores a ser mejores, a brindar los mejores esfuerzos y capacidades para formular las leyes. Recordemos que las leyes son fundamentales para el crecimiento y sustentabilidad de la nación.
En nuestro Congreso tenemos principalmente dos funciones: la primera, la legislativa, que con tristeza vemos olvidada y rezagada, sin considerar su importancia que permite perfeccionar las normas que rige la sociedad y la representatividad abusada constantemente, haciendo presa del poder político.
Cada día es más necesario y justo darles a los ciudadanos la oportunidad de votar por legisladores con un cierto grado de estudios, con una visión global de la problemática y con los conocimientos para darnos las soluciones que necesitamos. Diputados y senadores íntegros en la actitud de compromiso, servicios y vocación a la ciudadanía y al país.
Sabemos bien que los grados académicos no demeritan el talento de las personas, pero son buenos referentes para elegir a quienes desempeñan cargos de alta responsabilidad. Por eso, que este Congreso tenga legisladores con una formación académica sólida, conocedores de nuestra cultura, con pluralidad y formaciones profesionales, con sensibilidad y representación social nos dará como resultado un importante impacto en los debates y en la formación de proyectos legislativos.
Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia, que son quienes aplican las leyes, es requisito indispensable contar con un título profesional de licenciado en derecho, lo que permite una especialización probada, por qué los legisladores que son los encomendados de hacer y reformar esas leyes, no necesitarían cumplir con un requisito que compruebe conocimientos o especialidades. Seamos coherentes y exijamos, cuando menos, título profesional que acredite el grado de estudios superiores que demuestre ciertos conocimientos, aptitudes y capacidades.
Ahora, bien, buscando tener una mejor estructura gubernamental hemos presentado reformas de ley que exigen un perfil profesional mínimo a los funcionarios que nombra el Poder Ejecutivo o de aquellos que requieren la ratificación del Senado.
Por eso, asumamos la misma responsabilidad con nuestros representados, pensemos en la calidad del trabajo legislativo y la calidad moral, para exigirles a los funcionarios habilidades y talentos para el digno ejercicio de sus funciones.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el conocimiento no está peleado con la política, el conocimiento es poder y en nuestra labor entre más conocimiento tengamos podremos hacer mejor las cosas.
Según el portal de la página de diputados 435 legisladores cuentan con educación superior: 214 del PRI, 128 del PAN, 51 del PRD, 19 del Partido Verde, 11 del PT, 7 del Panal, 5 de Convergencia es la legislatura con más graduados de licenciatura, con más graduados que tenemos de la historia de México y creo que no es suficiente.
Esta reforma nos llevaría a ser mejores representantes, brindar trabajo más profesional y de calidad, con conocimientos útiles para el trabajo que nos ocupe durante nuestro encargo constitucional como legisladores, ofrezcamos certeza y mayor calidad en nuestra labor.
Concluyo, presidente. Exijo adición al artículo 55 Constitucional que establece los requisitos para ser diputado, una fracción que exija poseer al día de la elección título profesional que acredite el grado de educación superior, expedido por autoridades o instituciones legalmente facultadas para ello. De igual manera, exijo en el artículo 58, para ser senador, que el título profesional se obtenga cuando menos con un año de antigüedad, antes de llegar al cargo.
Profesionalicemos el Congreso y obtendremos normas de calidad, porque mejores diputados y senadores proponen mejores leyes y fortalecen el Poder Legislativo. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
Se pospone la intervención del diputado Óscar González Yáñez, que aparece en el numeral 19.
Diputado Ochoa, sí diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Maurilio Ochoa Millán (desde la curul): Sólo para preguntarle, señor presidente, al diputado Cueva si estuviese de acuerdo en que nos adhiramos a su iniciativa.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado, ¿tiene usted inconveniente en que se adhieran a su propuesta?
El diputado Guillermo Cueva Sada: Sí, con gusto.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 y adiciona un 73 Bis, a la Ley General de Educación.
El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en México el bullying o violencia escolar es un problema creciente en los centros de todos los niveles educativos. Miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes son víctimas de adjetivos peyorativos, humillaciones, burlas e incluso agresiones físicas por parte de sus compañeros.
El fenómeno ha tenido una creciente notoriedad pública en los últimos años, sobre todo por la exposición mediática, lo que ha incidido fuertemente en la percepción pública del incremento, tanto en su frecuencia como en el nivel de violencia asociado a él.
El acoso y la intimidación contra iguales ya no se limitan sólo al salón de clases o a la escuela, con el desarrollo de Internet y el uso cada vez más frecuente de la telefonía móvil, está creciendo un nuevo rostro de la violencia escolar, conocido como bullying cibernético. En la red, se pueden visualizar miles de videos y fotografías de niños y jóvenes que son víctimas de este fenómeno.
En nuestro país, la violencia escolar es un fenómeno alarmante, de acuerdo con el INE, casi el 9 por ciento de los estudiantes que tenemos en nuestras primarias y el 5.6 por ciento de secundaria, han incurrido en actos de violencia en la escuela; 2 de cada 10 niños que asisten a la primaria han participado en peleas donde han golpeado a uno de sus pares.
Casi una cuarta parte de los alumnos de primaria afirmaron que sus compañeros se burlan de ellos constantemente, y el 17 por ciento de los alumnos de primaria manifestó que había sido lastimado físicamente por otro compañero o un grupo de compañeros, y una cifra que es verdaderamente dramática; el 11 por ciento de los niños que tenemos en nuestras primarias han reconocido que han robado o amenazado a un compañero.
Esta problemática se ha agudizado, entre otros factores porque no existe un marco normativo que permita establecer las pautas o lineamientos nacionales para la detección temprana de la violencia en las escuelas, así como las responsabilidades que tiene cada actor que integra la comunidad educativa.
Los maestros y los directivos minimizan la violencia debido a que carecen de capacitación o herramientas pedagógicas para la resolución de los conflictos, y normalmente los padres no se enteran que sus padres son golpeados, intimidados o abusados psicológicamente, debido a que el alumno en la mayoría de las ocasiones teme represalias y tiene vergüenza, pero también porque sus padres no les inspiran confianza o simplemente no les creen o no hacen nada.
Más allá de buscar sancionar a quienes acosan en la escuela, se debe alcanzar mecanismos de prevención, pues no podemos caer en una criminalización del agresor sin conocer cuáles son los factores que le influyeron a realizar dicha agresión.
Resulta impostergable sensibilizar a la comunidad educativa sobre la violencia en las aulas, generar hábitos y actitudes sociales que favorezcan la convivencia, pero sobre todo prevenir, detectar e intervenir y dar seguimiento no sólo a las víctimas de acoso escolar, sino también a los agresores que la propician.
Por lo anterior, propongo que la Secretaría de Educación Pública como instancia normativa de la educación del país, formule lineamientos nacionales y promueva la creación de la Comisión Nacional de Convivencia, Paz Escolar y Prevención de la Violencia, la cual tiene por objeto definir el Plan Nacional de Convivencia, Paz Escolar y Prevención de la Violencia, así como un reglamento para lograr que la escuela sea segura y libre de violencia.
Establecer lineamientos para la atención médica y tratamiento sicológico de las víctimas y de los agresores. Recomendar contenidos educativos para una vida libre de violencia en las escuelas. Analizar de manera periódica las acciones de las autoridades educativas en materia de combate a la violencia escolar, maltrato sicológico y verbal entre alumnos y proponer recomendaciones y acciones para prevenir las agresiones en los centros escolares.
Asimismo, determinar sin prejuicio del desarrollo escolar de los alumnos el tipo de faltas y sanciones que ameriten los actos de violencia, así como los procedimientos que se deben de seguir en cada uno de los casos. Recomendar programas de capacitación docente acerca de la consecuencia del maltrato escolar y de cualquier otro tipo de conducta contraria a la armonía que se debe desarrollar en nuestros centros escolares.
Promover la adopción de estatutos de convivencia escolar en cada uno de nuestros centros educativos. Impulsar acciones y programas entre la comunidad educativa para la atención temprana de la violencia; y, asimismo, que en el marco de los consejos escolares de participación social previstos en el artículo 69 de la Ley General de Educación, se instale esta comisión.
Entre sus atribuciones se encontrarán aprobar al inicio de cada ciclo escolar un Plan de Prevención de la Violencia derivado de las normas sobre esta materia que se considere a nivel nacional.
Todo esto, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, está encaminado a combatir el bullying en nuestras escuelas.
Es cuanto, diputado presidente. Le solicito amablemente que el texto íntegro sea inscrito en el Diario de los Debates. Por su atención muchas gracias.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): Presidente.
La diputada Laura Arizmendi Campos (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputada Rosaura Ochoa. Después la diputada Laura Arizmendi. Sonido por favor.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): Gracias, presidente. Únicamente para solicitarle al diputado Jaime Vázquez si nos permite sumarnos a su iniciativa. Creemos que es muy importante y sobre todo creo que está en el momento en que debemos atender y frenar una problemática que está afectando a la comunidad estudiantil.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Diputado Jaime Arturo Vázquez?
El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (desde la curul). Con gusto, presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Jaime Arturo Vázquez pone a disposición de ustedes la iniciativa en la Mesa de esta Secretaría, para todas aquellas diputadas y diputados que amablemente deseen adherirse.
Tal como lo solicita el diputado Jaime Arturo Vázquez, el texto íntegro de su intervención se inserta en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General para el Control de Tabaco.
Asimismo, presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. También lo hará para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, señor diputado.
El diputado Omar Fayad Meneses: Gracias, presidente. Antes de que corra mi tiempo quisiera pedirle un favor. Quiero denunciar públicamente ante esta soberanía, que esta iniciativa que voy a presentar de reforma a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General para el Control del Tabaco, que estaba inscrita para una sesión anterior, resulta que ha sido objeto de señalamiento por parte de asociaciones médicas. Siguió el tiempo corriendo, presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: No se preocupe, señor diputado, en razón de que usted fue considerado con nosotros, vamos a tomarlo en cuenta.
El diputado Omar Fayad Meneses: Y quiero decirle que es increíble que ya haya yo recibido cartas respecto del contenido de la iniciativa, cuando todavía ni siquiera la he presentado ante esta Cámara. Eso habla de que algo está ocurriendo.
Cuando mandamos los textos parece ser que pueden ser sujetos ya de análisis incluso antes de haberse presentado en la tribuna. Lo sé, porque es un tema controvertido.
Quisiera ahora sí pedirle que corra nuestro tiempo. En el año 2008 se publicó esta Ley General para el Control del Tabaco. Se hizo con el propósito de regular el establecimiento de lugares totalmente libres de humo de tabaco, procurando respetar el derecho de las personas a no convertirse en fumadores pasivos.
Para la creación de la ley se escuchó la voz de los fumadores, de los no fumadores, de los prestadores de servicios, de las instituciones de salud pública, de las empresas productoras de tabaco, entre muchos otros, tomando en consideración, con valor pleno, los argumentos de aquellos que se alzaron en contra de los fumadores relegando las opiniones y elementos que aportaron quienes defendieron los derechos de los fumadores.
A unos años de su aplicación, la eficacia de la ley ha quedado en duda. Los establecimientos pequeños no han podido adecuar su infraestructura ante los altos costos que representa la instalación de equipo especial y adecuaciones de espacio, y que supera por mucho sus ingresos anuales; tampoco los consumidores han adaptado sus hábitos de consumo a la reglamentación, obligándolos a salir a la calle cuando desean fumar.
Su funcionamiento ha versado en los derechos fundamentales de los no fumadores y de los riesgos a la salud, a la que están sujetos, pero se han olvidado de los derechos de los fumadores, los cuales también deben velarse para respetar los principios de igualdad y equidad en lo que sustenta la sana y armónica convivencia en esta sociedad.
El tabaquismo y, por ende, las personas fumadoras, como el sujeto activo, son un problema a la salud. No tengo duda. Y como tal debe abordarse aplicando las medidas que ayuden a las personas a afrontar su adicción, pero dejando de lado las conductas que laceran sus derechos con actitudes que los discriminan.
Las sanciones en contra de los establecimientos y de los consumidores que violen disposiciones de la Ley del Control de Tabaco, se equiparan en el perjuicio ocasionado a las que se aplican a traficantes de drogas y corruptores de menores, en donde son más graves las multas por infracción administrativa que por la comisión de un delito.
Es correcto prever la existencia de lugares libres de humo. Estamos conscientes de ello. Eso lo apoyamos, porque ello asegura el derecho de los no fumadores, pero también debe considerarse que bajo las reglas de equidad, los fumadores deben de contar con lugares de reunión y convivencia dedicados ex profeso para ellos, en los que se respete su derecho a permanecer en un local, con lo que se cuidaría a la vez la integridad física de los asistentes.
Es sabido que en aquellos lugares dedicados a la diversión nocturna como son los antros, centros nocturnos, discotecas, bares, centro de espectáculos, donde se hace más patente la necesidad de los fumadores de salir a la vía pública para fumar, se les expone a sufrir asaltos ante la inseguridad que vive nuestro país.
Añado el hecho de que la propensión a accidentes automovilísticos, riñas, enfrentamientos, aumento de riesgo de la vida a la congregación de personas fuera de los establecimientos saliendo del control de la seguridad que los propietarios de los establecimientos deben brindar a los usuarios.
Los establecimientos mercantiles reciben en promedio 390 millones de visitas al año y el 70 por ciento de los asistentes son personas que fuman, lo que representa un flujo constante de salida de personas de los locales a fumar, dificultando aún más la posibilidad de ofrecer la seguridad que requieren.
Otro riesgo para la seguridad de los fumadores se da porque han comenzado a proliferar lugares conocidos como “islas clandestinas”, ya que en ellos se les permite fumar sin ninguna restricción, pero al ser lugares sin control de la autoridad ni contar con las mínimas medidas de seguridad, se encuentran expuestos a acciones más dañinas que las que conlleva el riesgo aún para la integridad de los jóvenes que frecuentan ante la facilidad de convertirlas en blanco de delincuentes o por lo expuesto que quedan a sufrir accidentes graves.
Debo dejar claro que no se pretende alentar el consumo del tabaco; el combate a esta adicción es materia de salud pública y de interés público.
Sin embargo he de decirles, para concluir esta primera iniciativa que presento, en una ciudad como ésta en donde está la Cámara de Diputados, donde puedes acudir a un establecimiento mercantil a ahogarte en alcohol, donde se le ha permitido a los homosexuales casarse, a las lesbianas adoptar hijos, las mujeres pueden adoptar, ah, pero fumar no se puede y fumar representa además una multa más grave que la que se establece para ciertos delitos y para ciertas conductas ilícitas.
Hay que reflexionar sobre este tema. Y así como defiendo el derecho a la vida, defiendo el derecho de los no fumadores, defiendo que sea un problema de salud que debe ser atacado como tal, como un problema de salud, así tenemos que defender a las personas que tienen esa adicción y que están siendo discriminadas, están siendo tratadas en las multas, como si fueran los peores delincuentes.
Por eso les pido en esta controvertida iniciativa, que reflexionemos juntos y que tratemos de lograr un equilibrio.
Sí el derecho al no fumador, sí el derecho a la vida y sí el derecho a ser tratado con dignidad y atenderle un problema de salud a las personas que fuman. Es cuanto a la primera iniciativa, señor presidente.
En cuanto a la segunda iniciativa, es una propuesta que pretende que reformemos juntos los artículos 108, párrafo segundo y 110, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir a la figura, a la persona del presidente de la república como sujeto a juicio político.
Ustedes recordarán, amigas y amigos diputados, que desde la década de los 80, cuando se establece el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, se le da el nivel constitucional para hacer una renovación casi total, por lo que establece cuatro tipos de responsabilidad: la penal, la civil, la administrativa y la política, en un afán de combatir las conductas de corrupción que se puedan dar en el gobierno bajo el lema —si ustedes no lo olvidaron— de la famosa renovación moral.
Con esta reforma se reguló la figura de la declaratoria de procedencia y del juicio político como instrumento para mantener la posibilidad de que los altos funcionarios del gobierno, del Poder Judicial, así como los del Legislativo, gobernadores, titulares de los organismos públicos autónomos, sean responsables, política y penalmente por la comisión de delitos y la violación al orden constitucional y legal.
Sin embargo, la figura del presidente permaneció y sigue permaneciendo intocable, ya que el presidente de la república está sustraído de facto del régimen constitucional de responsabilidad, pues no se encuentra en el listado de servidores públicos que pueden ser sujetos de juicio político.
Esto hace inoperante el hecho de que la Constitución se señala que el presidente sólo puede ser juzgado por traición a la patria y por delitos graves del orden común, pero se limita porque para proceder en su contra debe sujetarse a juicio político, cosa que en los hechos no es factible sin un claro mandato constitucional. Este mandato es un airado reclamo de la sociedad, harta de acciones arbitrarias y de impunidad que han generado riquezas a nivel de escándalo de altos funcionarios.
La situación privilegiada que se ha hado al titular del Ejecutivo debe modificarse y quitarle el lugar preponderante en el que se le ubicado, por encima de los otros poderes y órdenes de gobierno, de acuerdo con la tendencia que se está marcando a nivel mundial, posición que le ha permitido pasar por encima de las leyes arbitraria y descaradamente, sin importar el daño que se ha generado a la sociedad con actuar irresponsable que daña el interés público, cuando su objetivo primordial debe ser el de velar por él y no por los intereses personales.
Ante ello, urge que en nuestro sistema de responsabilidad de los servidores públicos quede plasmado de manera clara y concreta el mecanismo de control que permita fincar responsabilidad a los servidores públicos que ostenten el más alto nivel, el nivel incluso de presidente de la república.
Que aquéllos que alcancen la titularidad del Ejecutivo sepan que en caso de buscar beneficios personales en vez del bienestar de la población serían juzgados no sólo por la historia, sino por las leyes, con lo que se conseguirá que el estado de derecho rija en nuestro país como la base de un sistema democrático y no ser sólo palabras huecas que se repiten únicamente como un lema de campaña.
Es por eso que vengo a proponerles una figura que debe ser una figura en un marco de derecho para construir un verdadero Estado, como figura de Estado, no como moda pasajera, que ya existe en la Constitución, para que, sea quien sea el titular del Poder Ejecutivo, del partido que sea, se sujete estrictamente a la Constitución en este capítulo de responsabilidad de los servidores públicos, exactamente igual que los presidentes de los otros dos Poderes, que los gobernadores, que nosotros mismos.
Espero que sea vista esta iniciativa con simpatía para que podamos dar un paso importante en la modernización de nuestro estado de derecho y en la construcción de un mejor Estado; el Estado mexicano al que tanto esperamos modificar y que con ello podamos tener reglas mucho más claras, justas y equitativas.
Aquí concluye la presentación de esta iniciativa respecto del juicio político al presidente de la República.
Y la última es una iniciativa que pretende que reformemos el artículo 39, numeral 2, fracción X, de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para crear una comisión ordinaria del desarrollo municipal en la Cámara de Diputados.
En obvio de tiempo, aunque creo que si las hubiera presentado por separado hubiera gozado de un poco más de tiempo, solamente en unas cuantas palabras permítanme decirles que esta Cámara debe hacer un esfuerzo por abrir una ventanilla para atender específicamente a los municipios de este país.
Si bien tenemos una comisión a la que orgullosamente pertenezco, de Fortalecimiento al Federalismo, a veces los asuntos que tienen que ver con este fortalecimiento tienen que verlo desde la óptica de lo que significa el orden federal o particularmente del orden estatal de quienes no tenemos ninguna cosa o ninguna situación en contra; pero ya debiera haber una ventanilla específica que atienda las necesidades del orden de gobierno más cercano a los ciudadanos, del orden de gobierno que tiene que dar respuesta a las necesidades más sentidas, del órgano de gobierno que a veces transita por los pasillos y por los corrillos de este Palacio Legislativo y que no encuentra una respuesta adecuada, una atención debida; que no sabe ya qué hacer para presentar sus propuestas y que éstas sean vistas y dictaminadas con el interés de quien pueda ver, con una visión municipalista, con una visión federalista, pero con el ángulo municipal puesto enfrente.
Por eso les pido, amigas y amigos, que apoyemos la posibilidad de crear esa ventanilla, desde hoy para siempre, aquí en el Poder Legislativo, que sería la Comisión ordinaria de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese, la primera, a la Comisión de Salud para dictamen. En el caso de la segunda propuesta que hizo el señor diputado se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, también para dictamen. En el caso de la tercera, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para los mismos efectos.
El diputado Omar Fayad Meneses: Perdón, presidente, quisiera solicitarle que la primera no sólo vaya a la Comisión de Salud, sino que también vaya a la Comisión de Puntos Constitucionales, porque estoy tratando un tema de discriminación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se atiende su petición, su solicitud. Así se hará; por supuesto, sólo para opinión de la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, y suscrita ésta por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Adelante, señor diputado.
El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez: Gracias, presidente. Hoy, y a nombre de la Comisión Especial de Competitividad, venimos a presentar a este pleno, todos los diputados, de todas las fracciones que forman parte de esta comisión, una iniciativa que nos parece absolutamente indispensable en materia de competitividad y de competencia para el país.
Como desgraciadamente todos sabemos, México ha perdido más de 20 posiciones en los últimos 10 años a través de los diferentes indicadores que miden la competitividad mundial. El índice global de competitividad, el Foro Económico Mundial ubica a México particularmente en posiciones muy malas en lo que tiene que ver con diseño institucional, con solidez de las instituciones y por compartir algunos de estos indicadores con ustedes, el índice de la calidad de las instituciones públicas está en la posición 110 de 139.
Esto tiene que ver y afecta de manera muy importante a lo que refiere a la capacidad de los órganos reguladores de este país para hacer que los mercados funcionen más adecuadamente. En particular, y también lo mide el Foro Económico Mundial, México se encuentra en eficiencia de mercado de bienes en el lugar 96 y en la competencia doméstica en el 119 de 139.
En realidad, compañeros diputados y compañeras diputadas, no necesitamos que el Foro Económico nos venga a explicar los índices tan malos que tenemos en competitividad en este país. Todos los mexicanos la vivimos día a día: bajo crecimiento económico, precios altos para los consumidores, monopolios y oligopolios con un poder exagerado, no solamente sobre los consumidores, también que ejerce un poder malsano en muchas de las instituciones de este país.
Estrategias monopólicas, incapacidad de crear más empleos, baja distribución de la riqueza, poca competitividad internacional que se puede medir con una balanza comercial año con año deficitaria, son sólo uno de las consecuencias de no tener una economía competitiva, con un sano desarrollo de la iniciativa privada en un mercado de bienes y servicios que atienda mejor a los consumidores de este país.
Nuestros órganos reguladores encargados de atender esta situación presentan deficiencias claras. No atienden mejores prácticas recomendadas por diferentes organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), diferentes foros internacionales expertos, incluso consultorías y las ONG nacionales, mandatos poco claros, responsabilidades poco específicas, baja autonomía y solidez, discrecionalidad a la hora de definir los casos a investigar, baja transparencia y rendición de cuentas, perfiles y requisitos de los comisionados que podrían mejorarse y a los cuales muchas veces se les obliga a criterios de elegibilidad.
Por decir algo, el Instituto Espinoza Iglesias reprobó en estudios del año pasado y antepasado a todos los órganos reguladores, a todos los órganos reguladores la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión para la Competencia, todas las comisiones tuvieron una calificación promedio de cuatro.
¿Qué buscamos con esta iniciativa? Incrementar la autonomía y solidez y posición en la administración pública centralizada.
Es muy importante entender que la figura que actualmente existe, de órgano desconcentrado para estos órganos reguladores fomenta la interferencia política, reduce la autonomía, genera conflictos de interés y debilita la interlocución.
Por su parte, el organismo descentralizado responde claramente una lógica de la función empresarial o de asistencia social. Uno de los mayores méritos de esta iniciativa, compañeras y compañeros diputados, es que está enfocada a generar más autonomía para los órganos reguladores, fortalecer al Estado en una lógica muy específica creando una figura jurídica diferente nueva que es la de órgano regulador.
Esta figura de órgano regulador que es la que propone la iniciativa, implica renunciar al criterio que se ha tenido siempre tradicionalmente, de elegir entre órgano descentralizado y órgano desconcentrado.
Esta iniciativa, y concluyo con esto, señor presidente, busca además generar mayor transparencia y rendición de cuentas, requisitos de elegibilidad para el mandato, mejora el sistema de colaboración entre comisionados y entre poderes.
Ojalá podamos contar con la aprobación y con el visto bueno de todos los diputados para impulsar esta reforma que ayudaría a que nuestro país sea más competitivo, genere más empleos, los consumidores mejoren su nivel de vida y acabemos con los monopolios y oligopolios que tanto daño le hacen a este país. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado.
Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público para dictamen, y a las Comisiones de Comunicaciones, de Economía, de Energía y de la Función Pública para opinión.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.
En el mismo acto presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo segundo transitorio de la Ley de Impuestos Sobre la Renta. Adelante, diputado.
El diputado Alejandro Cano Ricaud: Con su venia, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, presento como presidente de la Comisión Especial para la Industria Manufacturera de Exportación dos iniciativas: la primera reforma la fracción II del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, y la segunda, modifica el artículo segundo transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La industria de exportación de un país emergente es el punto clave a partir del cual se relaciona y se enfrenta con el mercado mundial. Es el sector con mayor potencial para aumentar la productividad del trabajo, los salarios, el crecimiento y el desarrollo económico.
Sin embargo, el aumento de la calidad y cantidad de las exportaciones demanda de una importante coordinación institucional y de la suma de amplias energías sociales, ascender institucionalmente hacia industrias de mayor valor agregado, demanda una participación coordinada entre empresas nacionales y extranjeras, universidades, gobierno local y federal, inversionistas y la sociedad en general. Demanda también que el Estado sea capaz de pensar y actuar con una visión de largo plazo y tenga ambición de una trascendencia histórica.
Un buen indicador de la debilidad institucional de un país es la superabundancia y excepción de regulaciones normativas, acompañadas de serios problemas de gestión. En este sentido, la Comisión Especial para la industria manufacturera de exportación se ha propuesto, como una de sus funciones sustantivas, escuchar a los actores relevantes de la industria y favorecer su coordinación.
En coordinación con este esfuerzo hemos abierto desde nuestra comisión especial una línea de acción a seguir a partir de la cual buscamos corregir parte de las irregularidades jurídicas que obstaculizan, dificultan y entorpecen la actividad comercial. Las dos iniciativas que presento van orientadas precisamente a brindar una mayor certidumbre jurídica para el sector manufacturero exportador.
Asimismo, en el punto seis del orden del día de hoy presentamos también, que fue turnada a la Comisión de Hacienda, la relativa al impuesto a tasa única, que se incluye dentro de estas dos iniciativas que van también con el único objeto de darle mayor certidumbre jurídica al sector manufacturero de exportación y, sobre todo, poder ayudarles a planear a largo plazo para que se dé una generación constante de empleos en éste mismo.
La primera iniciativa reforma la fracción II del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos para resolver una incongruencia en las tarifas de trámite aduanero. Actualmente dichas tarifas de derechos de trámite aduanero presentan dos problemas centrales.
En primer lugar, el cobro discrepante sobre el valor de los activos fijos que se incorporan en contraposición a la que comprende un pago de derechos, el cual debería aplicar una cuota fija que representa el costo en el que incurre el órgano público por la presentación de dicho servicio.
En segundo lugar, dicho trámite aduanero incurre en el error de aplicar el cobro del derecho cuantas veces cambie el bien de ubicación geográfica, aun en el territorio nacional; inclusive dentro de un mismo parque industrial.
Para eliminar esta incongruencia proponemos establecer una cuota fija de 222.9 pesos por pedimento, cantidad similar a la prevista actualmente para la importación temporal de mercancías distintas a los activos fijos mencionados, que es precisamente el artículo 49, fracción II.
Con esto termino mi primera iniciativa y presento en acto seguido, señor presidente, la segunda. Dentro de la segunda iniciativa que proponemos se modifica el artículo segundo transitorio a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual define que los inversionistas extranjeros no constituirán establecimiento permanente dentro de las empresas maquiladoras, sin periodos o vigencia para tal figura.
Dicha propuesta surge como demanda por parte de las empresas albergue o shelters, como se les conoce, las cuales juegan un papel importante en la promoción de la industria exportadora mexicana y ofrecen la oportunidad a los inversionistas extranjeros de encargarse de las actividades organizativas y administrativas; de tal forma que éstos pueden enfocarse únicamente en las labores de producción y de diseño.
Sin embargo, la actividad de las empresas albergue o shelters se encuentra amenazada por un vacío jurídico que de no resolverse conduciría a la pérdida de estas empresas y, por consiguiente, a la pérdida de miles de empleos que se generan a través de las mismas ya en el país.
Por lo que bajo este escenario, la operación de dichas empresas está en función de la vigencia de las disposiciones relativas a la residencia de los inversionistas extranjeros, contenidas, precisamente, en un decreto presidencial de 2007, que vence en 2012.
Precisamente, es importante fijar esta posición, para que se turne a la Comisión de Hacienda y se le pueda dar la importancia a las empresas albergue o shelters, para que, cuando, en enero de 2012 no se pierda esta disposición y pueda ser definitivo su estancia en el país.
Nuestra propuesta consiste, precisamente, en eso. En mantener de manera definitiva dicho decreto. Al incluirse esta precisión dentro del la Ley del Impuesto Sobre la Renta otorgamos una mayor certeza jurídica a las empresas nacionales que se dedican a este esfuerzo de promoción, para que puedan llevar a cabo su actividad sobre la base de un marco legal más estable y definitivo.
Nuestro objetivo como comisión especial, es sin duda ayudarle a la industria manufacturera de exportación, para que de la misma, que ya el día de hoy genera poco más de 2 millones de empleos, pueda tener una planeación de largo plazo y de esta manera podamos ser lo suficientemente hábiles como país, de ser atractivos a esta inversión, generar más empleos a través de empresas de mucho mayor valor agregado y poder darle una mayor calidad de vida a los mexicanos.
La industria manufacturera de exportación siempre ha estado regida por este tipo de decretos y lo que estamos pidiendo, analizando y pidiéndole a la Comisión de Hacienda que lo revisen con el mayor interés posible, para que a través de esta industria podamos darle una mayor generación de empleos a nuestro país.
Una mayor generación de empleos con mayor valor agregado y que nuestro país pueda entrar en otro tipo de dimensiones de transferencia de tecnología, etcétera.
Por eso, les agradezco compañeras diputadas y compañeros diputados su atención y le pido, le solicito a la Mesa Directiva incorpore de forma íntegra dichas iniciativas al Diario de los Debates, por su atención compañeras y compañeros, muchas gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado Cano. Tal como lo solicita el texto íntegro de su propuesta se inserta en el Diario de los Debates.
En el caso de la primera se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
En el caso de la segunda proposición se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, también, para efectos del dictamen correspondiente. Diputado, Bahena.
El diputado Alejandro Bahena Flores (desde la curul): Para consultar al proponente si podemos adherirnos a la iniciativa que ha presentado.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Cano, el diputado Bahena está solicitando adherirse a su proposición.
El diputado Alejandro Cano Ricaud: Sí.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Cano, no tiene inconveniente, está a su disposición el documento en la mesa de la Secretaría.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.
El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a solicitar el respaldo, el apoyo en esta modificación a la Ley de Educación, que contribuye desde luego al avance de este país.
En 2010 México alcanzó una cifra de poco más de 112 millones de habitantes, octavo lugar en el mundo. En agosto del mismo año, el INEGI dio a conocer que la población de 15 a 29 años para 2015 llegará a 29.5 millones. A principios de abril de 2010, el Banco Mundial dio a conocer el valor de las economías y México se ubica en el 11 del planeta, en capacidad de compra de sus habitantes en el lugar 76.
Al respecto del cambio y avances científicos y tecnológicos, las universidades mexicanas están creando carreras en áreas como ingeniería molecular; bioinformática; biotecnología; energía sustentable; aeronáutica; robótica, importante pero no suficiente.
De la globalización en términos de competitividad, de 139 países México se ubicó en el 66, al reporte de 2010 a 2011, del Foro Económico Mundial. La cifra de integrantes de la población económicamente activa de 20 a 29 años, pasó de 683 mil en el primer trimestre de 2008, a 942 mil en el mismo periodo de 2010.
Una de las consecuencias de la falta de acceso al mercado laboral y a la educación es cada vez que más jóvenes recurren a la delincuencia. A los anteriores factores se suma que uno de cada 10 alumnos de bachillerato eligió carreras saturadas, que no requiere el mercado.
De acuerdo con la OCDE, el mercado laboral y la generación de la riqueza se basará en la información a través de carreras profesionales o técnicas, de manera que 7 de 10 carreras mejor pagas en México están en las ingenierías, tales como la mecatrónica, robótica, biomédica, las cuales impartirán en los ámbitos socioeconómicos y culturales.
Naciones como China, como la India, como Rusia y como Brasil, ya iniciaron la reestructuración de sus procesos productivos y es fundamental que en el caso de México, sus estudiantes desarrollen una cultura de calidad y excelencia.
Nuestros jóvenes, que compiten en certámenes científicos nacionales y en el extranjero, deben de ser apoyados, estimulados en su inventiva e innovación, en beneficio de la sociedad. Para que este nivel de educación cumpla su misión de formación de profesionistas en apoyo al desarrollo del país, es imprescindible que el Estado mexicano contribuya a generar las condiciones y lleve a cabo la obligación de proveer de recursos necesarios para alcanzar sus objetivos, en la misma proporción presupuestal y de financiamiento que dado al Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2011.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto
Artículo único. Se adiciona una nueva fracción IX al artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de créditos educativos, corrigiéndose las subsecuentes fracciones para quedar como sigue:
Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las actividades siguientes: ...
Fracción IX. Desarrollarán programas con presupuesto público debidamente evaluado y auditado para otorgar créditos a estudiantes de alto rendimiento: de licenciatura, posgrado o especialización; ingenierías de área científica y tecnológica en la institución de educación superior nacional o internacional de su elección y que impulsen el desarrollo tecnológico, científico, económico y social del país.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, señor diputado Elpidio Desiderio. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
Se pospone la intervención del diputado Sabino Bautista Concepción.
El diputado Jaime Flores Castañeda (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputado Flores Castañeda.
El diputado Jaime Flores Castañeda (desde la curul): Diputado presidente, solamente para solicitarle si nos da permiso el diputado promovente de sumarnos a su iniciativa.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Diputado Elpidio Desiderio?
El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (desde la curul). Con mucho gusto.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Desiderio no tiene inconveniente; al contrario, recibe complacido su propuesta.
Se pospone la intervención de la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el mismo acto presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que aparece con el numeral 38.
También presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo y que aparece en el numeral 48.
Asimismo para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o, 18 y 19 de la Ley General de Turismo, con el numeral 52.
Igual presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 89, 115 y 116 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, señor diputado.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Gracias, señor presidente, con su venia. Compañeras diputadas y compañeros diputados. En atención al tiempo y con la autorización del presidente, me permito tomar mi turno para presentar varias iniciativas.
En la primera propongo reformar el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para obligar al Estado a resarcir el daño causado por error judicial o por deficiencias en la administración de justicia.
Es un paso más en el establecimiento de un marco legal, para mejorar la relación entre el ciudadano y las instancias gubernamentales dedicadas a la administración de la justicia. Ya se tienen importantes avances, uno de ellos se refleja en la existencia de la Comisión de Derechos Humanos, la instancia creada para defender al ciudadano de los abusos de poder en los diferentes campos en los que se relaciona con el Estado.
No obstante, en lo que se refiere a la administración de justicia se requiere impulsar las modificaciones constitucionales, que las instancias judiciales garanticen al ciudadano un trato justo y apegado a derecho.
Esto es especialmente importante, debido a que en nuestro país persiste un sistema de justicia que se utiliza para detener y procesar a activistas sociales, políticos o a personas que defiendan los derechos humanos en lugar de perseguir eficazmente el delito.
Muchas personas son detenidas en función de pruebas claramente deficientes, y en ocasiones son encarceladas durante periodos que exceden, con mucho, los límites legales establecidos en nuestra Constitución, y los límites legales de la prisión preventiva.
Así sucedió con funcionarios públicos estatales y municipales de Michoacán, que fueron detenidos injustamente, con pruebas insuficientes, y finalmente pudieron recuperar su libertad, pero el daño a su persona, a sus familias, les significó enormes costos morales e incluso económicos.
Además, el Estado mexicano ha suscrito y ratificado un número importante de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos encaminados a proteger la dignidad humana y la debida reparación del daño a toda persona acusada injustamente.
A su vez el Impacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, dispone que cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia, deberá ser indemnizada conforme a la ley.
Por eso consideramos que ésta es una propuesta necesaria, que obligará a las instancias penales a actuar con más responsabilidad social.
La segunda propuesta propone reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión Ordinaria de Moneda y Banca.
El objetivo es crear las instancias que permitan cubrir uno de los huecos más importantes de la actividad legislativa.
Con la creación ordinaria de la Comisión de Moneda y Banca se busca que el Congreso acompañe al Ejecutivo en el diseño del marco normativo, que garantice que el ahorro interno se orientará al financiamiento eficiente de actividades productivas en nuestro país.
Esto es muy urgente, tomando en cuenta que el sistema financiero internacional ha sufrido importantes cambios que generan incertidumbre y obligan a las economías a mejorar su arquitectura del sistema de regulación y supervisión financiera. En este proceso se requiere la participación del Congreso como uno de los Poderes de la Unión para contribuir en el diseño y supervisión de los cambios aludidos.
Hasta ahora la legislación de los temas relacionados con el sector financiero, ha estado a cargo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sin embargo ésta no ha estado en posibilidades de cumplir con su obligación legislativa, para con ese sector de actividad. Eso no puede continuar.
Es necesario que el Legislativo desarrolle la capacidad para hacer el seguimiento y las evaluaciones que se requieren para estar a la altura de los nuevos retos; incluso debe de estar preparado para participar en las adecuaciones a las medidas de política monetaria y cambiaria con el propósito de obtener mejores resultados en la economía.
A México, a nuestro país, le urge contar con un sistema financiero orientado a apoyar la producción y el crecimiento. El Legislativo no puede permanecer ajeno al análisis del por qué un país con tantos recursos, tiene tan pobres resultados.
Además se requiere contar con un sistema financiero que esté preparado para hacer frente a los procesos de los ajustes internacionales. Esos ajustes serán una constante en la fase actual del desarrollo económico en tanto que en el plano internacional persiste una gran incertidumbre.
Por eso para avanzar en este proceso, el primer paso consiste en que el Congreso adopte la decisión de ser el contrapeso que hace falta en la supervisión y regulación del sistema financiero del país y para ello lo más urgente es la creación de la “comisión de moneda y banca”.
El Legislativo debe de estar preparado para las nuevas circunstancias del sector financiero y contribuir al seguimiento de las acciones emprendidas y de los resultados alcanzados en ese campo.
La tercera, cuarta y quinta iniciativa que buscan mejorar el marco legal de la actividad turística, le solicito atentamente, señor presidente, les dé turno a las comisiones correspondientes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, señor diputado. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, en el caso de la primera propuesta.
La segunda se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, me refiero al artículo 39 de la Ley Orgánica.
Y en el caso de la tercera propuesta, se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen, así como el decreto que reforma los artículos 2o., 18 y 19 de la Ley General de Turismo, se turna a la propia Comisión de Turismo, también para dictamen.
La quinta proposición que hace el diputado en turno, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Estoy entendiendo, para conocimiento del pleno, que me está autorizando a presentar las distintas iniciativas que presenté.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Si viene usted preparado para ello, diputado, sería factible que lo hiciera. Para eso le concedería la mesa 10 minutos. ¿Está usted de acuerdo?
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: ¿Para todas? Son cinco, presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Pero aparte de ágil, usted brilla.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Por lo menos 15 minutos.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: 15 minutos. Adelante, por favor.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. La primera iniciativa que leyó el presidente de esta Mesa Directiva tiene que ver con propuestas de reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Se propone reformar, adicionar y modificar los artículos 13, 54, 65; se propone un 74 Bis y se propone una modificación al artículo 88 de esta ley en materia de medios de impugnación en materia electoral. Cuál es la finalidad de esta iniciativa.
La finalidad es para que los ciudadanos, cosa que hoy no ocurre, tengan legitimación procesal activa para interponer medios de impugnación en materia electoral, sobre todo para que los ciudadanos puedan promover el juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración y el juicio de revisión constitucional en materia electoral.
Actualmente existe un monopolio en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral a favor de los partidos. Los partidos son los únicos que pueden interponer medios de impugnación en materia electoral; los candidatos en algunos casos lo pueden hacer como coadyuvantes, y la única vía para los ciudadanos es la que se conoce como juicio para la protección de los derechos político-electorales, en donde, por ejemplo, cuando un militante de un partido que ha sido sancionado o expulsado indebidamente de un partido político puede acudir, una vez que agota los recursos internos en los partidos, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, promoviendo este juicio para la protección de los derechos político-electorales.
La propuesta que estoy haciendo es abrir la posibilidad de la legitimación procesal, es decir, el acceso a la justicia en materia electoral –de eso trata esta iniciativa, de abrir el acceso a la justicia en materia electoral– para que los ciudadanos no solamente en materia de juicio para la protección de los derechos político-electorales, sino también en el juicio de inconformidad, en el recurso de reconsideración y en el juicio de revisión constitucional puedan promover recursos, medios de impugnación, estos medios de impugnación, ante el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Ésta es la primera iniciativa.
La segunda iniciativa, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, es una propuesta para adicionar un artículo 19 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a efecto de que el expediente médico de los altos servidores públicos de este país, entiéndase presidente, diputados, senadores, ministros de la corte, consejeros del IFE, magistrados del tribunal electoral, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, etcétera, el expediente médico de todos estos altos funcionarios sea información pública, sobre todo cuando la enfermedad o la adicción, pueda tener impacto en sus responsabilidades públicas.
Como ustedes pueden ver, esta iniciativa tiene su origen en el debate que hubo en esta Cámara y en los medios de comunicación del país con motivo de la manta que algunos compañeros diputados, entre los que me incluyo, presentamos ante este pleno, en donde señalábamos problemas de alcoholismo de Felipe Calderón Hinojosa.
Por eso es importante, porque este debate además se ha dado en el órgano garante de la transparencia, en el IFAI, si el tema del expediente médico de los servidores públicos, cuando las enfermedades o las adicciones de estos servidores públicos puedan tener un impacto en las responsabilidades de estos servidores públicos deba ser información de carácter público. Éste es el tema de la segunda iniciativa.
El tema de la tercera iniciativa es una propuesta de reforma al artículo 61 de la Constitución. El artículo 61 de la Constitución que tantos de nosotros invocamos, como ustedes saben, se refiere básicamente a lo siguiente. Establece el principio de que los legisladores, diputados y senadores, somos inviolables en nuestras opiniones y no podemos ser reconvenidos por las opiniones que exponemos en los recintos parlamentarios o con motivo de nuestras funciones legislativas.
El asunto es muy interesante porque este artículo 61 de la Constitución, su debate, no está solamente constreñido al recinto parlamentario. Aquí está presente el diputado Zambrano, quien no me dejará mentir, cuando recuerde que él estuvo hace algunos años sometido a un procedimiento de responsabilidad civil por haber hecho declaraciones como diputado federal respecto al que era asesor, gran asesor y secretario, de Salinas de Gortari cuando era presidente de la República. Fue llevado a juicio y la Suprema Corte, en resolución definitiva, en aquella época determinó que un legislador jamás podía ser reconvenido por sus opiniones y jamás podía ser sometido a un tipo de responsabilidad o de sanción por las mismas. La Suprema Corte exoneró de cualquier responsabilidad al diputado Zambrano.
Este caso se volvió a repetir hace algunos años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de unas declaraciones del que en esa época era diputado, Germán Martínez Cázares, declaraciones que hizo respecto a Manuel Bartlett Díaz.
Manuel Bartlett Díaz presentó el asunto jurídicamente ante los tribunales del fuero común, y en sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte dijo que solamente se protegían las expresiones de los diputados cuando se realizaban con motivo de las funciones de los legisladores; que no se protegía una expresión cuando no tuviese que ver con la función legislativa.
Hasta aquí está la historia. ¿Qué estoy proponiendo yo en esta iniciativa? Que los legisladores, de ambas Cámaras, no podamos ser reconvenidos por nuestras opiniones; pero tampoco que podamos ser reconvenidos por nuestros votos, que seamos inviolables en esa materia.
También estoy proponiendo que el estatuto del parlamentario que está integrado por los derechos, obligaciones y responsabilidades de los legisladores sólo sea materia de la ley, que no pueda ser materia de un reglamento, como actualmente se prevé de manera incorrecta y anticonstitucional, en el Reglamento de la Cámara de Diputados que entró en vigor el 1 de enero de este año.
Por lo que ve a la cuarta iniciativa, presidente, es una propuesta de reforma y de adición al párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución.
Esta iniciativa es para fortalecer a las comisiones de investigación de ambas Cámaras. Como sabemos, para que proceda la integración de una comisión de investigación, ésta debe ser autorizada por el pleno, tanto de la Cámara de Diputados, como por el pleno del Senado.
Se requiere, para el caso de los diputados, que una cuarta parte de los diputados soliciten la integración de la comisión de investigación y que la mitad de los senadores proponga la integración de la comisión de investigación.
De acuerdo a la Constitución vigente, al artículo 93, solamente proceden las comisiones de investigación para investigar hechos que tienen que ver con la administración pública descentralizada, pero no tienen competencia –de acuerdo a la Constitución- las comisiones de investigación en materia de administración pública, centralizada o para investigar hechos o conductas, por ejemplo del Poder Judicial, de los órganos constitucionales autónomos, o como lo establece el derecho comparado para atender cualquier asunto de interés público o de interés social.
Lo que estoy proponiendo en esta iniciativa es el fortalecimiento de las comisiones de investigación para que éstas procedan a pedido de un grupo parlamentario, por ínfimo que sea en su representación parlamentaria. Aunque el grupo parlamentario tenga cinco diputados o cinco senadores pueda presentar o plantear una comisión de investigación.
Propongo, que su campo de acción de las comisiones de investigación se extienda a, no solamente los organismos descentralizados, como actualmente ocurre, sino a toda la administración pública, a los poderes públicos, a los órganos autónomos y que las comisiones de investigación también procedan para atender cuestiones de interés social o de interés público.
Finalmente, presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, esta quinta iniciativa que voy a mencionar ahora, que voy a comentar, tiene que ver con una propuesta de modificación al artículo 89, fracción I de la Constitución.
Como ustedes saben esta fracción I del artículo 89, se refiere a la facultad reglamentaria del Ejecutivo. Esta facultad reglamentaria que ha existido en todas las Constituciones del país, tanto federales, como Constituciones centralistas.
Hasta 1995 esta facultad reglamentaria estaba bastante constreñida para el Ejecutivo. El Ejecutivo mexicano por las características presidencialistas de nuestro sistema, no había tenido que usar en demasía y de manera indebida la facultad reglamentaria. Pero desde que es una realidad en México el gobierno dividido, es decir, cuando el presidente no tiene mayorías absolutas en las Cámaras, entonces el presidente ha comenzado a abusar de la facultad reglamentaria.
Como todos nosotros sabemos, el reglamento es un ordenamiento jurídico de carácter inferior a la ley. El reglamento nunca puede ir más allá de la ley. El reglamento nunca puede desarrollar lo que contempla la ley. El reglamento no está ahí para resolver conflictos normativos o colmar las lagunas jurídicas. El reglamento no tiene características de supletoriedad con respecto a la ley.
En la Constitución están prohibidos los reglamentos autónomos, es decir, aquellos que directamente regulan preceptos de la Constitución con dos excepciones, el Reglamento autónomo que está previsto en el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución y las atribuciones del Ejecutivo en materia de salubridad general.
Pero ¿qué ha ocurrido en estos años? Que el Ejecutivo vía reglamentos internos, que por cierto no son aprobados por el titular del Poder Ejecutivo, sino por secretarías de Estado, y vía, también, las normas oficiales mexicanas, se ha estado vulnerando el sentido de la fracción I del artículo 89 de la Constitución, y puedo decir que hoy en día hay una auténtica diarrea reglamentaria en donde el reglamento se coloca muchas veces por encima de la ley, en donde los reglamentos colman lagunas legales, en donde indebidamente este Poder Legislativo delega facultades legislativas al reglamento. Todo esto debe ser prohibido. Por eso estoy proponiendo un párrafo adicional, un párrafo que adicione la fracción I del artículo 89 de la Constitución para que diga lo siguiente.
Diría así: Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:
Fracción I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Así dice actualmente.
¿Qué propongo que se adicione? Lo siguiente: La facultad reglamentaria está exclusivamente conferida al titular del Poder Ejecutivo. Sólo se reconocerán los reglamentos autónomos que prevea expresamente la Constitución. El Poder Legislativo no puede delegar al Ejecutivo el desarrollo de las leyes. Los reglamentos tendrán por propósito establecer el modo para ejecutar y aplicar la ley y no pueden ir más allá de ésta ni extenderla a supuestos distintos ni contradecirla. Y, finalmente, la facultad reglamentaria no puede ejercerse para llenar lagunas o para reformar la ley, y ni siquiera para remediar el olvido o la omisión en que pueda haber incurrido el legislador.
Es cuanto, señor presidente. Es cuanto compañeras diputadas, compañeros diputados. Yo espero que reciban con beneplácito y apoyo estas iniciativas que he puesto a la consideración de todos ustedes. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, señor diputado.
En cuanto a la primera iniciativa con proyecto de decreto que propone usted esta adición y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, para su dictamen. Aparece en el numeral 31.
La siguiente, que aparece en el numeral 35, propone y habla de la adición de un artículo 19 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se turna a la Comisión de la Función Pública para dictamen.
Asimismo, la iniciativa que propone con el numeral 50, un proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
Y la que propone usted en el numeral 68, con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
Así la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, señora secretaria. Vamos a continuar con el orden del día. Solamente quisiera informar a la asamblea que a lo largo de estas horas se desahogaron un total de 38 iniciativas de las que se encontraban enlistadas.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense como expedientes de asuntos totalmente concluidos.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Se recibieron comunicaciones de los diputados: Caritina Sáenz Vargas, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Mario Moreno Arcos, Balfre Vargas Cortez, María de Lourdes Reynoso Femat, José Óscar Aguilar González, Ilich Augusto Lozano Herrera, Eduardo Mendoza Arellano, Heladio Verver y Vargas Ramírez, Ramón Jiménez Fuentes y Porfirio Muñoz Ledo, por las que solicitan que sus iniciativas presentadas de septiembre de 2009 a diciembre de 2010 sean procesadas bajo las normas reglas, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y de acuerdo con este artículo citado, se turnan nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes a fin de que corra el término reglamentario para presentar el dictamen. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria la relación correspondiente.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Se recibió invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXXII aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez el 2 de marzo a las 10 horas.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para asistir en representación de esta Cámara se designará a un grupo de legisladores cuyos nombres aparecerán publicados en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Se recibió oficio del Gobierno del estado de Morelos, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la incorporación de las adolescentes embarazadas a la vida laboral.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Equidad y Género para su conocimiento.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Se recibió oficio de la Policía Federal, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a los operativos de las zonas fronterizas, a fin de combatir el tráfico de armas.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Se recibió oficio del gobierno del Estado de México, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la venta de comida chatarra en el entorno de las escuelas de educación básica.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud, para su conocimiento. ¿Y qué pasó con el oficio de la Comisión Nacional del Agua? Si se les perdió a ustedes lo leo yo.
No hemos llegado, decía Comisión Nacional del Agua en la hoja 9. Adelante la Secretaría.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se recibieron 7 contestaciones a punto de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con el trámite correspondiente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remiten a las comisiones para su conocimiento.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: De la Comisión Nacional del Agua. Oficio con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para agilizar y facilitar la realización de los trámites de impacto ambiental, particularmente de proyectos de granjas acuícolas.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se recibió contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite al promovente para su conocimiento.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2010.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Previsión Social; de Seguridad Social, para su conocimiento.
La Secretaria diputado Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se recibió oficio del Congreso del estado de Chiapas, por el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 25, y los artículos 48, 49 y 50, recorriendo los subsecuentes en el orden de la Ley de Coordinación Fiscal.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo y adiciona la fracción IX del primer párrafo, del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: De la Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita una ampliación presupuestal a la Sagarpa, con el fin de fortalecer los programas de apoyo al campo en Sinaloa, debido a las heladas registradas recientemente.
Acuerdo. Único. Se solicita respetuosamente al Ejecutivo federal, utilice la facultad que le confiere el artículo 19, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de utilizar parte de los ingresos petroleros excedentes con la finalidad de ampliar los programas asignados a la Sagarpa, y así hacer frente a la emergencia de desastre natural en Sinaloa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2011. Firman integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, secretaria. Diputado Villegas, ¿con qué objeto?
El diputado Alfredo Villegas Arreola (desde la curul): Señor presidente, con el propósito de hacer una adición a este acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pase usted a sustentar su adición, y tendremos que preguntarle a la asamblea si admite la adición, toda vez que la Junta de Coordinación Política ya había presentado este punto como acuerdo de la Junta. Adelante.
Tiene usted la palabra hasta por 3 minutos, señor diputado.
El diputado Alfredo Villegas Arreola: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
La importancia de este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, queremos plantear, con el respaldo de nuestro Grupo Parlamentario del PRI, de la Comisión de Presupuesto y de Agricultura y Ganadería de esta Cámara, una adición en un sentido propositivo para resolver en siete estados de la República problemática por los daños causados por estas contingencias climatológicas.
Vengo a nombre de nuestro grupo parlamentario, solicitar se incorporen a este acuerdo los siguientes puntos resolutivos.
Primero. Que se integre un fondo de rescate de la economía en las entidades federativas afectadas por los fenómenos climatológicos antes señalados, por 15 mil millones en los estados de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Tamaulipas y Sonora.
Que con base en los planteamientos formulados por los agricultores sinaloenses, por los legisladores integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados al Ejecutivo federal en su reciente visita el pasado 23 de febrero a Sinaloa, autorice el Ejecutivo federal la entrega de los recursos por liquidación de los contratos de coberturas de maíz otoño-invierno 2010-2011; y agregue el de las principales cosechas de los restantes seis estados que aquí he señalado.
También autorización de más recursos para el empleo temporal de jornaleros agrícolas, así como mantenerlos afiliados al Seguro Social.
Autorizar la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado y el diferimiento de los pagos para obligaciones del Seguro, del Infonavit, así como el pago diferido del Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto Empresarial a Tasa Única.
Que se otorgue un tratamiento preferencial a todos los productores para el otorgamiento de nuevos créditos y aseguramientos; y la condonación de adeudos anteriores a los productores agropecuarios, ganaderos y pesqueros de las entidades federativas que ya he mencionado, como la única vía posible para darle viabilidad financiera a la economía de cada estado mencionado.
Segundo resolutivo. Expresar que en la última visita a Sinaloa, el presidente de la República, escuchando a los diputados federales con los planteamientos y alternativas de solución a la grave problemática, nos ofreció un diálogo que estamos en espera se concrete para materializar los planteamientos de este acuerdo de la Junta de Coordinación Política y las adiciones que a nombre de nuestro grupo parlamentario y de los diputados de estas siete entidades, hemos presentado. Es cuanto, presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Pérez Cuevas, ¿desde su lugar?
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí así usted lo decide.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Yo creo que es un tema muy sensible que discutimos muy ampliamente en la Junta de Coordinación Política. Sin embargo, al haber un planteamiento sobre adiciones, conforme a la discusión y al reglamento el tema tendría que regresar a la Junta para hacerse un nuevo planteamiento. Si no, el tema sería que se plantean de una forma los puntos de acuerdo, se llegan a un consenso, se votan por las diversas bancadas, se presenta y en el pleno se pretende un cambio.
Nosotros lo que diríamos es: si hay una adición, hay un punto original que trae un consenso y que trae un registro conforme está ordenado. Si el tema se modifica tendría que discutirse nuevamente para proponerse, o bien, separarlo, votar como estaba el original y la adición turnarla para que se discuta como un punto nuevo.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado.
El diputado José Ramón Martel López (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Martel.
El diputado José Ramón Martel López (desde la curul): Sí, con todo respeto, señor presidente, y habiendo escuchado el comentario del diputado Pérez Cuevas, primero, es cierto que el punto que estaba acordado por la Junta de Coordinación Política no incluía algunas entidades federativas, que efectivamente han sido severamente afectadas por todo este tipo de fenómenos como son las heladas, como son las sequías, como son los pastizales que están quemados totalmente y que afectan también la ganadería.
La adición que se está proponiendo es una adición de todos los grupos parlamentarios representados en esta soberana asamblea. Invitaríamos al Partido Acción Nacional, que es el único que falta por suscribirlo, a que también se sumase en un tema tan sensible, desde el punto de vista social y donde tenemos que pasar de las fotografías a hacer acciones más directas de atención a toda la población que está siendo afectada en el campo: campesinos, jornaleros agrícolas y ganaderos.
De manera que respetuosamente invitamos a Acción Nacional, que es cierto que no se trató la integralidad en la Junta de Coordinación Política, pero que por acuerdo de todas las fracciones parlamentarias pedimos en este momento que se adicione y se ponga a consideración, para que sea votada de urgente u obvia resolución. Muchas gracias.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Pérez Cuevas.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Yo pediría a mi compañero vicecoordinador y a los que intervienen, que no generemos un falso debate.
Acción Nacional no está en contra del punto y creemos que es un tema muy sensible. Sin embargo, un tema de discusión que se ha llevado por semanas en este pleno y en los propios órganos de deliberación, es el cumplimiento irrestricto a los aspectos que hacemos, de la formación de las propuestas, de los puntos de discusión, de la agenda política, en fin, los diversos temas.
No confundamos. Acción Nacional está a favor de esta cuestión, pero hablar de que en este momento se ha construido el consenso es un tema que discutimos en los órganos de decisión, para que los temas no se realicen aquí sobre las rodillas.
Por eso yo lo que digo, presidente, si eso genera un antecedente, bienvenido. Nosotros tomaremos las circunstancias respectivas que correspondan, pero entonces si estamos buscando antecedentes para el cumplimiento irrestricto de las decisiones de los órganos de la Cámara y el cumplimiento del propio Reglamento, creo que en este caso no se da.
El PAN está a favor; pueden venir los estados pero no sería el mecanismo ni la forma de hacerlo y ahí pediríamos respeto porque entonces qué discutimos en los órganos...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado. Señores diputados, como es evidente, el documento se está suscribiendo en estos momentos. Con todo respeto una vez más hago un atento llamado a la Junta de Coordinación Política para que envíe documentos totalmente procesados al orden del día.
El documento que tenemos, que reúne las firmas y los requisitos para ser procesado, está siendo modificado en este momento.
La Presidencia dictamina lo siguiente y les pido por favor a los señores diputados, respetar el trámite; tenemos cinco dictámenes que serán analizados. Al terminar esos dictámenes someteré a votación con las adiciones necesarias, el documento que nos está siendo presentado, por lo que pido a los señores diputados que con toda calma puedan reunir las firmas. Ese es el trámite que dicta la Presidencia. Éste punto se retira del orden del día hasta dentro de cinco dictámenes, para que la Junta tenga tiempo de elaborar el documento respectivo y remitirlo a la Mesa Directiva. Continúe la Secretaría con el siguiente punto del orden del día.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Pérez Cuevas.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Gracias, presidente. Sólo el llamado es que el documento firmado por la Junta de Coordinación Política está presentado en tiempo y forma a la Mesa Directiva, por los conductos adecuados.
En este momento, si existe otro documento a nombre de la Junta de Coordinación Política, lo desconocemos, no está sustentado, no es un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y pediríamos que entonces el que ingresó formalmente por los conductos y en tiempo y forma, pudiese ser validado.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No es en esos términos, señor diputado y les suplico que me permitan desahogar el trámite y luego conceder el uso de la palabra, si todavía fuese necesario.
El documento fue presentado por la Junta de Coordinación Política, el documento de la Junta al ser puesto a discusión, son presentadas modificaciones que como se puede ver, no se han completado en el trámite en estos momentos. Es por eso que estoy abriendo el espacio de tiempo para que el trámite se presente.
Como cualquier documento que se pone a discusión en esta Cámara, puede ser sujeto de modificaciones, eso no está a discusión.
Estamos concediendo un espacio de tiempo para que los señores diputados concluyan de firmarlo y para que la Junta tenga oportunidad, en su caso, de llegar a un nuevo acuerdo, de lo contrario se pondrá a discusión con las modificaciones aceptadas por la asamblea, en el caso de que así sea. Diputado Pompa.
El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (desde la curul): Señor presidente, le rogaría, hay plena coincidencia por lo que dice el diputado Pérez Cuevas, con el sentir que estamos haciendo valer los sonorenses y el resto de las entidades que fueron afectadas por este fenómeno climatológico.
Le pediría que seamos congruentes con el decir y el hacer, si ellos están de acuerdo, le pediría, le rogaría que se sumen y que firmen el documento y que se permita adicionar a estas entidades federativas, toda vez que desde temprano se ha buscado a través del secretario técnico, para que se recoja la firma de Acción Nacional y es hora que no quieren firmar...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Precisamente por eso estamos abriendo este espacio.
El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (desde la curul): Frente a los ojos de la nación, que sean congruentes, señor presidente y que se sumen el resto de las entidades federativas. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Diputado Castro Cosío y con él terminamos.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Gracias, presidente. Compañeros de Acción Nacional, yo les haría un llamado muy atento y respetuoso para que permitan a las entidades que en la Junta no se contemplaron y haya esta modificación, el espíritu y el sentido de solidaridad, no es solamente, por supuesto que en Sinaloa está grave el asunto, pero si los sinaloenses nos dan la oportunidad a entidades como nosotros, que estamos padeciendo la sequía en Baja California Sur, pues que se incluya.
Creo que el pleno tiene plenas facultades, ahora sí, para desahogarlo sin ningún problema y solamente la buena voluntad de acción nacional para no detener un asunto de mero trámite, nos permitiría sacar un consenso en la Cámara sobre un asunto tan delicado para todas las entidades. No es un asunto de la coordinación política, es una prioridad a la que acción nacional tiene que sumarse también, independientemente de su condición.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Castro. Diputado Nazar.
El diputado Julián Nazar Morales (desde la curul): Presidente, como bien decías, cuando se somete a discusión del pleno de la Cámara un punto de acuerdo o una resolución, tienen que darse las soluciones que el pleno dictamine.
No podemos presentar una iniciativa, una reforma o un punto de acuerdo y estar sujetos a lo que únicamente cuatro o cinco determinaron en la Junta de Coordinación Política. Dele trámite normal y yo pediría que en lugar de desahogar los cinco puntos que quedan pendientes se sometiera esto de una vez a consideración y votarlo, mi presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Voy a seguir con el trámite que ya dicté, dándole oportunidad a los señores diputados de pasar a incorporar su firma a este dictamen, si así lo desean.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la secretaría.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes.
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7 Bis y 18 de la Ley de Aguas Nacionales.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que reforma las fracciones XXXIV del artículo 3 y III del artículo 77 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.
Con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 127 y adiciona la fracción XXIV del artículo 122 de la Ley General de la Vida Silvestre.
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
De la Comisión de Agricultura y Ganadería con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del reglamento, se cumple para estos dictámenes la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 10 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
No se han inscrito oradores por la comisión. Pero para fijar posturas tiene la palabra, por el Partido del Trabajo, la diputada Laura Itzel Castillo.
Estamos en la discusión en lo general y en lo particular de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Usted puede fijar postura. El PT ha inscrito al diputado Jaime Cárdenas para hablar en contra.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Pareciera que está tomada la tribuna.
Un punto, me parece que sería importante que se fijara la posición por parte de la misma Comisión de Energía; sin embargo, como en muchos temas, la Comisión de Energía está ausente.
Quiero decirles que el día de hoy, aprovechando la tribuna, el día de hoy entró al Senado de la República la propuesta de Estrategia Nacional de Energía. Estos asuntos que ahorita se están discutiendo, estos puntos de acuerdo que sabemos que, a veces, los puntos de acuerdo unos dicen que son llamados a misa; otros, que son como mentadas de madre, pero finalmente....
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, señora diputada. Voy a suplicar a los señores diputados que permitan al orador hacer su exposición con el debido respeto y la debida atención, por favor. Gracias, señores diputados. Adelante, diputada.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Muchas gracias, diputado presidente. Me quedé en que los puntos de acuerdo, en ocasiones, eran como mentadas de madre porque no necesariamente sirven. Efectivamente, puede ser un exhorto y qué bueno que se hagan exhortos desde aquí, desde la Cámara de Diputados; sin embargo, a mí me parece que a veces son un dejo de hipocresía. ¿Por qué razón? Porque este tipo de cuestiones que están sucediendo tienen que ver con las propias actitudes que se toman desde aquí, desde la Cámara de Diputados.
Hablaba de la Estrategia Nacional de Energía porque la problemática que existe en el campo con relación a la energía eléctrica es una cuestión grave que nosotros hemos venido aquí documentando, que hemos tenido la oportunidad de recibir a campesinos y a campesinas que tienen estos problemas. Creo que la congruencia tendría que ser en función de qué se determina en la Estrategia Nacional de Energía, cómo se vota en la Ley de Ingresos, cómo se vota en el Presupuesto de Egresos y cómo ha habido un grave problema con relación a los insumos que se requieren para el campo.
En específico estamos hablando para los fertilizantes y el abandono que se tiene de las plantas petroquímicas, y la entrega a las empresas transnacionales, a las empresas privadas, y cómo se ha tronado, por ejemplo, la producción del amoniaco en México.
Pero bueno, aquí estamos hablando de una propuesta que se hizo por parte del Partido Verde en torno a las hidroeléctricas donde, de igual manera, se muestra la hipocresía porque lo que está en el fondo, ¿qué es? La privatización.
No nos hagamos. En estos momentos, en este país existen hidroeléctricas que están subutilizadas. Hay un 22 por ciento de instalación de hidroeléctricas, sin embargo, producen solamente un 14 por ciento, pero lo que prefieren es ahogar a la gente. Prefieren comprarle a las empresas privadas, a las termoeléctricas que utilizan gas, que comprar a lo que serían las hidroeléctricas.
Por tanto, aquí lo que se está planteando es una modificación porque en teoría lo que se está proponiendo es que tiene que haber energía renovable, que tenemos que buscar que haya energías limpias.
¿Cómo le llamaría yo a este asunto? A la mejor podría ser energía limpia, pero con una propuesta sucia, porque lo que están planteando es generar microhidroeléctricas que, obviamente, con una capacidad como la que está planteada de 30 megawatts, de ninguna manera son microhidroeléctricas. Lo que están planteando es aprovechar el agua, desviar el agua de los ríos para que la tengan los privados.
¿Por qué no utilizan el agua de las hidroeléctricas que existen en la actualidad? ¿Por qué existe esta problemática de las inundaciones en distintas partes de nuestro país? ¿Por qué hay una política para privilegiar a las empresas privadas? Porque compran la energía muy cara. Los problemas que hay en el campo son porque la energía que se produce por las termoeléctricas, por los productores independientes de energía es carísima. Estamos comprando a 96 centavos kilowatt hora por las termoeléctricas, por Iberdrola, por todas estas empresas transnacionales, mientras que las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad producen energía a 15 centavos el kilowatt hora.
¿Por qué son caras las tarifas? ¿Por qué tiene que haber punto tras punto de acuerdo? Porque aquí ustedes, los del PRI y los PAN, son unos hipócritas...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Concluya, por favor.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: ... y trabajan en contra de la gente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Guerra Abud, ¿con qué objeto?
El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): Presidente, usted mencionó el artículo 10 y lo que estamos discutiendo es el artículo 1o.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es el 1o., diputado.
El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): Nada más para que quede bien asentado.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Perdone usted la visión de un anciano de 49 años. Adelante, diputado.
La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Reyes, ¿con qué objeto?
La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (desde la curul): Nada más para que quede en actas, cómo es posible continuar la sesión estando una manta, con la cual además coincido totalmente; estoy segura que sin maíz no hay país, que fue la manta que colocaron algunos compañeros.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Al primer orador...
La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (desde la curul): Nada más para que quede visto, que es posible mantener una sesión y las intervenciones, toda vez que esa manta no impide el trabajo legislativo.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Voy a ser claro, diputada, al primer orador que me pida retirar la manta, ordenaré su retiro. Adelante, diputado.
El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la generación de energía representa actualmente el 21 por ciento de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en nuestro país; debido a que sus fuentes principales son los combustibles fósiles. Por ello necesitamos propuestas que incentiven las fuentes limpias y renovables de energía para seguir produciendo energía sin aumentar las emisiones contaminantes.
En este sentido, el dictamen a discusión que nos presenta la Comisión de Energía representa un avance para impulsar nuevos proyectos hidroeléctricos, que actualmente no se consideran renovables por sobrepasar los 30 megawatts de capacidad instalada.
Con este dictamen las centrales hidroeléctricas que tienen capacidad mayor a 30 megawatts, pero no rebasan los 50 mil metros cúbicos de almacenamiento o una hectárea de extensión, también serán considerada como energía renovable, con ello se logra que más proyectos hidroeléctricos tengan acceso a los mecanismos de fomento que prevé la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
Sin embargo, con la nueva reforma, aún quedan excluidos del objeto de la ley algunos proyectos con capacidad mayor a 30 megawatts, cuyo embalse ya está construido y no necesitan inundar nuevos terrenos para entrar en operación, por lo cual no contribuyen al cambio climático contrariamente a los combustibles fósiles, es decir, petróleo, gas y carbón.
De acuerdo con varios desarrolladores de proyectos hidroeléctricos en el país, la propuesta contenida en el dictamen tendrá corto alcance, puesto que inicialmente beneficiará sólo a 15 proyectos que suman una capacidad acumulada de 485 megawatts y a largo plazo beneficiará aproximadamente a 50 proyectos.
Este alcance resulta pequeño considerando que actualmente ya existen 64 centrales hidroeléctricas con capacidad menor a 30 megawatts, que suman 377 megawatts acumulados.
Por otro parte existen 26 centrales hidroeléctricas en operación con capacidad mayor a 30 megawatts, que suman 10 mil 904 megawatts acumulados de capacidad instalada. Eso quiere decir que los embalses ya existentes que no están en operación y cuya capacidad puede ser mayor a 30 megawatts, representan un recurso importante para ampliar la capacidad instalada de electricidad limpia sin provocar mayor impacto ambiental, ya que en estos casos el embalse ya está hecho y no se requiere inundar más terrenos.
Por consiguiente, a nombre de mi grupo parlamentario presento ante el pleno una propuesta de modificación con el objeto de que todos los embalses hidroeléctricos ya existentes hasta la fecha, sean considerados energía renovable.
En este sentido la propuesta de modificación es la siguiente. Dice:
Artículo único...
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Presidente
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un momento, diputado. Párese el reloj del diputado Flores. Diputada Castillo.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Sí, diputado, para ilustrar quisiera, si se pudiera darle lectura al oficio por el que responde el punto de acuerdo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en torno a las tarifas eléctricas.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Hace usted una moción de información. El oficio en cuestión proporcióneselo, por favor, a la Secretaría. Concluya el diputado Flores y al término de su intervención se lea el oficio. Adelante.
El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez: Gracias diputado presidente.
Artículo único. Se modifica la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:
Artículo 1o....
Párrafo 2. Energía hidráulica con capacidad para generar más de 30 megawatts, excepto cuando se utilice un almacenamiento menor de 50 mil metros cúbicos de agua o que tengan un embalse con superficie menor de una hectárea y no rebase dicha capacidad de almacenamiento de agua.
Estos embalses deberán estar ubicados dentro del inmueble sobre el cual el generador tenga un derecho real.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La modificación que propongo dice:
Artículo único. Se modifica la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el financiamiento de la transición energética para quedar como sigue:
Artículo 1o....
Numeral 2. Energía hidráulica con capacidad para generar más de 30 megawatts excepto cuando:
a) Se utilice un almacenamiento menor a 50 mil metros cúbicos de agua o que tengan un embalse con superficie menor a una hectárea y no rebase dicha capacidad de almacenamiento de agua. Estos embalses deberán estar ubicados dentro del inmueble sobre el cual el generador tenga un derecho real.
b) Se trate de embalses ya existentes, aun de una capacidad mayor que sean aptos para generar electricidad.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Para efectos del artículo 1o., fracción II, inciso b), solamente se considerarán los embalses ya existentes a la fecha de entrada en vigor del presente decreto.
Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Señor presidente, para que den lectura al oficio de la Secretaría de Hacienda sobre la respuesta que se da al proyecto de acuerdo sobre las tarifas eléctricas.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Castillo, están localizando el oficio.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Pérez Cuevas, ¿con qué objeto?
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente, para fijar una postura y pedirle que el punto relativo a Sinaloa y las adiciones respectivas se puedan someter ya a consideración en el siguiente tema. Sólo separar los temas.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Al terminar la discusión de este dictamen le concedo el uso de la palabra a usted para que exprese su postura, señor diputado.
Pregunto a la comisión si está de acuerdo con la adhesión y modificación o se presenta como una reserva del diputado Flores. Diputado Cantú.
El diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Efectivamente, hay acuerdo de parte de la comisión mayoritariamente en aceptarla. Hay necesidad de parte nuestra de hacer una exposición para clarificarlo en el momento en que lo autorice la Presidencia.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tome el uso de la palabra, señor diputado.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Castillo.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Sí, diputado presidente, está haciendo una propuesta de modificación. Esa propuesta de modificación se tiene que someter a discusión, aquí la está presentando en la tribuna.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está haciendo la propuesta de modificación que someteremos a discusión después, por supuesto.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Me apunto con relación también a esa reserva, en contra.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto. Adelante, diputado Cantú.
El diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez: Muchas gracias, presidente. Quisiera en primera instancia hacer un reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Energía, en relación al trabajo que ha derivado este proyecto. Ha ameritado ya varias reuniones en diferentes condiciones y características, y ha requerido el estudio de diferentes legislaciones. Pero, muy en particular, la de la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
En esta materia el diputado Juan José Guerra Abub, su presentación fue con el ánimo de reducir las inundaciones a que se hace mérito cada vez que se requiere algún embalse para producir energía eléctrica. Este planteamiento viene enriquecido por la propuesta que hace el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez con el espíritu de aclarar y precisar los alcances de esto.
Al mismo tiempo yo quisiera recalcar que México tiene grandes capacidades hidrológicas en diferentes partes de la república sin aprovechamiento. Es decir, siendo una de las energías más baratas que existen para producir energía eléctrica, para producir luz para los hogares de los mexicanos, ésta todavía tiene cuencas menores que no están siendo aprovechadas.
Esta reforma permitiría de manera insistente que haya en los lugares lejanos, en pequeños embalses, en pequeños ríos pueda haber la capacidad para generar esa energía eléctrica adicional y, con el acumulado, se puedan incrementar las capacidades de abastecimiento y, por supuesto, abatir los grandes costos que normalmente tiene la producción de energía eléctrica.
La Comisión Federal de Electricidad ha venido haciendo grandes proyectos, el proyecto de la Yesca, el proyecto El Cajón, proyectos en Chiapas, en diferentes etapas del Grijalva y esto le da la capacidad a la CFE de obtener apoyos en el acumulamiento de energía viable y poder ponerla a disposición.
Si la CFE tiene la capacidad, para utilizar esta energía que es más barata que las plantas de gas o las de carbón, por supuesto, puede ir sustituyendo mayor cantidad de kilowatts y, por tanto, puede merecer un ahorro y si ese ahorro se traduce al final en el recibo que tienen en su casa, en su cuenta de consumo cada uno de los mexicanos, o de las familias mexicanas esto podrá coadyuvar a la economía nacional de manera importante.
Fomenta las energías limpias, genera mayor capacidad de hidroeléctrica, fomenta proyectos los cuales generan una derrama económica en su construcción, además del aprovechamiento de aquellos que ya existen y que, lamentablemente, hoy nadie usa y no benefician absolutamente a nadie. La infraestructura crece, pero por supuesto estos existentes tendrán un mejor aprovechamiento.
Hay un factor adicional, hay una serie de pueblos alejados, pequeñas comunidades en diferentes partes del país que, hoy, no cuentan con energía eléctrica, pero que sí tienen muy cerca de donde están asentados la posibilidad de obtener energía eléctrica de un río o de un caudal de agua que les dé esa capacidad.
Esto puede resultar más barato y más posible para ellos, porque la trasmisión, es decir, extender un cableado desde el lugar en donde se encuentre: una termoeléctrica, una carboeléctrica, o una nucleoeléctrica los obliga a extender grandes cantidades de kilómetros en cableado, posteria o torres, lo cual termina superando, las más de las veces, la inversión que se requeriría, para poder obtener la energía eléctrica de la misma comunidad en la que estás asentados.
Entonces, como una de las ventajas, no se construyen grandes embalses que tienen un alto impacto ambiental y social. Es decir, el impacto ambiental es mínimo y esto creo que es algo de lo que debe unir a los mexicanos, que hagamos algo por el medio ambiente en nuestro país y que alcancemos las metas que nuestro país se ha fijado en esta transición energética. Muchísimas gracias, señor presidente. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado.
El reglamento prevé una discusión en lo particular, pero no prevé un mecanismo, para cuando la discusión es en lo general y en lo particular en un solo acto. En tal virtud, aplicaremos la analogía de la discusión en lo particular, por tanto, hemos escuchado al proponente a la comisión que fundamentan el dictamen. Escucharemos 3 oradores a favor, 3 oradores en contra y se pondrá a votación.
Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas, está anotada la diputada Laura Itzel Castillo, y a favor está anotado el diputado Juan José Guerra Abud. El diputado Fernández Noroña se inscribe en contra. Con eso llegamos a 3 oradores en contra, y Pedroza Gaitán se inscribe a favor. Ya hay 2 oradores a favor.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Parece extraordinario este dictamen, porque dicen los que están a favor que no se construirán grandes embalses, hay menos impacto ambiental; se trata también del empleo de energía renovable, de energía que no tiene un impacto ecológico negativo, y todo parece ir muy bien en el dictamen.
Cuando estaba oyendo a los oradores en pro me acordé, no sé por qué, seguramente por mi formación infantil, de una cita de la Biblia, de San Pablo, cuando San Pablo decía que la letra mata y el espíritu vivifica. Aquí la letra de este dictamen mata y el espíritu, la intención de este dictamen no es otra más que privatizar la energía hidroeléctrica en pequeña escala.
Desde hace varios años en este país, señaladamente en el sexenio de Salinas y después en el de Zedillo, y no se diga en los sexenios panistas, se ha permitido la intervención de particulares en la cogeneración de energía eléctrica. Lo que no dice este dictamen es que estos proyectos de inversión, que nunca aclara por ejemplo el diputado Cantú, de qué proyectos de inversión son; si son inversiones públicas o son inversiones privadas, se tratará de abrir un espacio de negocios a los particulares, a los empresarios de este sector, para que puedan cogenerar energía eléctrica, y esta cogeneración de energía eléctrica sabemos todos que está prohibida en la Constitución.
La Constitución con toda rotundidad indica en su párrafo VI del artículo 27, que la generación de energía eléctrica corresponde exclusivamente a la nación.
El párrafo IV del artículo 28 constitucional indica que la producción y la generación y la industria eléctrica es una industria de carácter estratégico, es decir exclusiva para el sector público. Y desde luego también tenemos que tener en cuenta lo que establece el artículo 73 de la Constitución en su fracción X, que le da facultades al Congreso para que, respetando los principios constitucionales del artículo 27 y del artículo 28, se respete el principio de la exclusividad del Estado en la generación y en la industria eléctrica de este país.
Pero aquí hay una perversidad además mayor, porque no solamente se está privatizando o se tiende a privatizar la energía eléctrica a partir de estas micro hidroeléctricas que se piensa fomentar con inversión privada; la perversión mayor es que no solamente se trata de la energía, sino también se trata del agua, y el agua, conforme al artículo 27 de la Constitución, es un recurso que pertenece a la nación y que también debe ser explotada por la nación.
Hace algunos meses mi compañero diputado Gerardo Fernández Noroña y su servidor, presentamos una iniciativa de reforma a la Constitución a los artículos 4o. y 27, para que este principio de que el agua es de la nación se maximizara, se llevara a sus últimas consecuencias.
Creo que lo que tenemos que hacer es, sí, fomentar la transición energética hacia energías renovables, pero desde luego siempre que esta premisa, que este objetivo, este principio orientador, se realice siempre a través de la inversión pública y con el control público correspondiente. No abrir espacios en áreas estratégicas del Estado en los términos del artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, al sector privado.
Y lo que hace esta iniciativa y lo que no se dice aquí con claridad es que se trata no de la transición energética, se trata -y estamos hablando de negocios- de abrir un nicho de negocios a la iniciativa privada, para que la iniciativa privada use el agua de la nación y participe en la generación de energía eléctrica que solamente puede ser explotada por la nación porque así lo determina el texto constitucional.
Díganlo con claridad, compañeros, ustedes quieren abrir este espacio a los negocios particulares para seguir privatizando la energía de nuestro país, para seguir privatizando los recursos naturales que corresponden al pueblo de México. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Es que me aludió el diputado Jaime Cárdenas y quiero hacer una precisión. Acepte un cambio en el turno con nuestro compañero Jiménez, que es un compañero al que yo respeto mucho y me siento representado por su voz en la intervención.
Sólo comentar que me parece que es incorrecto que la Cámara esté votando cosas contrarias al marco constitucional. Ni siquiera deberían ponerse a consideración del pleno ninguna iniciativa. Es ya una permanente perversión estar votando leyes reglamentarias que son totalmente contrarias al marco constitucional y que violentan de manera flagrante nuestro marco jurídico fundamental. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Al contrario, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan José Guerra Abud, para hablar en pro del dictamen. Adelante, diputado. Es de la modificación que se está discutiendo. Adelante, diputado.
El diputado Juan José Guerra Abud: Gracias, presidente. Colegas, buenas tardes. La propuesta que yo hice, que el Partido Verde por mi conducto hace es muy sencilla. La propuesta lo que dice es que hay una energía que nos dio la naturaleza que está en los ríos de nuestro país, que hoy por hoy esa energía no se está aprovechando.
Por eso, en el fondo de la propuesta, yo no quiero que se hagan nuevas presas a raíz de esta iniciativa. Yo no quiero que nadie tome el agua prestada ni que se la quiten a los campesinos o que le den otro uso. Simple y sencillamente la propuesta es que las plantas que se puedan montar, como se conoce técnicamente al hilo del agua, se pueda aprovechar esa energía.
Muchas comunidades, pequeñas comunidades donde no llegan los cableados eléctricos se van a ver beneficiadas por esta iniciativa, y es probable que pequeñas empresas privadas mexicanas también se vayan a ver beneficiadas por esta iniciativa.
Pero yo la pregunta que me hago, colegas, y que les hago a todos ustedes, ¿por qué esa aberración en contra de las empresas privadas? Las empresas privadas mexicanas pagan impuestos, las empresas privadas mexicanas generan valor agregado, las empresas privadas mexicanas generan millones de empleos, y casualmente con esos impuestos que estas empresas pagan se construyen carreteras, se construyen escuelas, se construyen hospitales y salen los presupuestos para la operación del gobierno, y de buena parte de la actividad económica, incluyendo el presupuesto de esta Cámara.
Entonces yo no sé por qué tenemos que atacar de una manera despiadada e infundada a este tipo de empresas que –insisto– son pequeñas empresas mexicanas que seguramente se van a haber beneficiadas de esta propuesta que estamos haciendo.
Quiero señalar que la energía que se va a generar es energía limpia. No va a haber ninguna inundación, no se va a crear ninguna presa, y sí se va a generar mucha, mucha electricidad, que va a sustituir la quema de combustibles fósiles, que las que hoy lamentablemente se sigue generando principalmente la electricidad en nuestro país.
Quiero señalar, colegas, que según un estudio de la Comisión Reguladora de Energía tan sólo en el Estado de Veracruz hay cerca de 100 sitios que potencialmente podrían verse beneficiados por este tipo de generación de electricidad.
Quiero finalmente señalar, que según los datos que tiene la propia Comisión Reguladora de Energía, se estima un potencial aproximado de electricidad, que se puede generar con las pequeñas hidroeléctricas, del orden de 3 mil megawatts, y hoy lamentablemente solamente se generan entre el 3 y el 4 por ciento de esto que se podría aprovechar.
Por esta razón, colegas, yo quiero invitarlos para que voten a favor de esta iniciativa.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Diputado Santiago, con qué objeto?
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): Presidente, para ver si el orador es tan amable de contestarme una pregunta, en buen plan.
El diputado Juan José Guerra Abud: Con mucho gusto.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Acepta el orador, diputado. Formule su pregunta.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): Yo no tengo ninguna duda, diputado Guerra Abud, de la buena intención de su propuesta. No tengo ninguna. Pero debo decirle que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, más tratándose de Comisión Federal de Electricidad que le abren la puerta para alguna cosa de buena fe y mire cómo terminamos. En este momento los empresarios privados están generando casi el 50 por ciento de energía eléctrica que se consume en este país. Lo que está prohibido por la Constitución.
Mi pregunta es: ¿usted, para garantizar la buena fe de su propuesta, estaría dispuesto a que se pusiera algún candado para evitar que se convierta en otra fuente de negocios privados de la Comisión Federal de Electricidad?
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.
El diputado Juan José Guerra Abud: Diputado, yo sinceramente no creo que la iniciativa como la estoy presentando propicie o genere u ocasione que se siga privatizando la energía eléctrica.
Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que tendríamos que hacer una discusión seria y formal, para ver por qué ha alcanzado estos niveles, la generación de electricidad cómo se ha venido privatizando y, sobre todo, lo que a mí en lo personal más me preocuparía, que esto se ha hecho a través de empresas extranjeras y no de empresas mexicanas.
Entonces yo lo que creo, diputado, es que no es a través de esta iniciativa como se va a promover o se va evitar que la energía eléctrica se esté privatizando, creo que es en otros esquemas jurídicos en donde se está llevando a cabo y que yo estoy de acuerdo con usted.
Tendríamos que sentarnos a revisar y discutir para ver qué es lo que más le conviene al país. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Presidente, para hacer una pregunta al orador.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A ver, permítame, diputado Guerra. ¿Ya concluyó usted?
El diputado Juan José Guerra Abud: Sí, presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ya concluyó su intervención el diputado Guerra. Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo, para hablar en contra.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Diputado presidente, aquí tengo el documento que solicité, que fue dirigido a la Mesa Directiva, para que se le pueda dar lectura.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por favor, dé lectura la Secretaría al documento que solicita la diputada Laura Itzel Castillo, de ser preferible los resolutivos.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Es una respuesta que dan a un punto de acuerdo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aquí estamos dando cumplimiento al artículo 118 que se refiere a las mociones de ilustración. Adelante, señor secretario.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presentes.
En respuesta al oficio número DGP6 6111 92438, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín, Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria respectivamente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 349AB1068, suscrito por Luis Octavio, director general adjunto de Precios y Tarifas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual punto de acuerdo relativo al diseño de un programa de subsidio y apoyo para el estado de Chihuahua.
Sin otro particular reciba un cordial saludo.
Subsecretaría de Egresos, Unidad de Política de Ingresos, Dirección General Adjunta de Precios y Tarifas, licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo, presente.
Hago referencia a su oficio 311 424710, con fecha del 16 de diciembre del 2010, mediante el que se recibe de acuerdo aprobado por el Honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2010, la Secretaría de Gobernación por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria respectivamente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, en el que se exhorta al Ejecutivo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, para que a través de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y en coordinación de la Cámara de Diputados si diseñe un programa de subsidio al estado de Chihuahua.
Al respecto me permito comentarle lo siguiente: Conforme a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, la modificación, ajuste o reestructuración de las tarifas hace de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras de los organismos y las de ampliación del servicio como para fomentar el consumo racional de energía y su aplicación responde a criterios generales.
Las tarifas eléctricas, en particular, las aplicadas al sector doméstico, no alcanzan a cubrir los costos de generación y distribución de la energía eléctrica, por lo que implícitamente consideran apoyos a los usuarios los cuales pagamos menor costo.
Actualmente estas tarifas cubren aproximadamente el 36 por ciento del costo de suministro; está distorsionando la señal de precios de proveer al servicio y ha afectado las finanzas del organismo suministrador, además los usuarios del sector agrícola reciben un fuerte apoyo para el bombeo de agua destinada al riego a través de las tarifas de estímulo, los cuales cubren aproximadamente el 30 por ciento del costo de suministro.
Por otro lado, en cumplimiento a los compromisos con las familias de menores recursos, desde el 2007 el gobierno otorga un apoyo adicional que actualmente asciende a 60 pesos mensuales para cada uno de los 5.2 millones de beneficiarios del Programa Oportunidades Energético. Con este apoyo se pretende contribuir al gasto destinado al consumo de energía por parte de dicha familias, en gas principalmente, y su costo anual en 2009 asciende a tres mil 203 millones de pesos, considerando 40.2 millones al estado de Chihuahua, en donde se apoyó a más de 62 familias.
De esta manera, el gobierno federal otorga un apoyo implícito a través de las tarifas eléctricas y otro explícito con el Programa Oportunidades Energético, por lo que no es posible modificar las tarifas del consumo de energía eléctrica a los usuarios de ese estado.
Finalmente, una alternativa es implementar los programas existentes para el ahorro de energía, mismos que tienen, en la facturación de los usuarios, inmediatos beneficios permanentes, por lo que se recomienda acudir al suministrador para obtener mayor información al respecto.
Le envío un cordial saludo. Atentamente, Luis Octavio Alvarado, director general adjunto.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Continúe, diputada Castillo.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Muchas gracias. Creo que ha quedado clara la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no puede bajar las tarifas porque tiene que ver con toda una política energética que se ha aprobado aquí por parte de ustedes, diputados y diputadas del PRI y del PAN. Éste es el resultado justamente. Cómo se han elevado las tarifas eléctricas.
Pero además hay un asunto que es muy importante, el que tiene que ver con los subsidios de los que están hablando aquí. Estos subsidios a dónde van a parar; van a parar a las bolsas de las empresas transnacionales, van a parar a la bolsa de Iberdrola, de Techint, de Unión Fenosa, de Mitsubishi, de Sempra, de todas estas empresas.
Por qué razón. Porque a causa de esa política y de que ellos están produciendo la energía, violando el artículo 27 constitucional, es que las tarifas son más altas que si se produjeran, como el mismo diputado presidente de la Comisión de Energía lo aceptó, que es mucho más barata la producción de energía eléctrica cuando se maneja a través de las hidroeléctricas que con las termoeléctricas, que están en manos de las empresas transnacionales.
Lo que quiero decirles aquí es que tienen que actuar con responsabilidad y tienen que ser objetivos con relación a lo que van a votar, porque no puede haber punto de acuerdo tras punto de acuerdo cuando ahorita lo que están haciendo es votar en contra de los campesinos en este país, es votar para que, donde haya ríos, posteriormente haya estas micro hidroeléctricas, muy entre comillas, con empresas privadas, obviamente empresas transnacionales, y que llegue el ejército, como en el caso de Sempra en Ensenada, a proteger a las empresas transnacionales, violando también la constitución política, porque tendrían que estar los del ejército, en tiempos de paz, supuestamente, en los cuarteles.
Pero el ejército está defendiendo a las empresas transnacionales, violando con ello la Constitución también.
Quiero decirles otra cosa. Cuando se plantea que es para que haya la transmisión, que no es exclusivamente la producción, sino el cableado, simplemente la estrategia nacional de energía que se votó aquí algo que es verdaderamente indignante es que dice que en la actualidad hay un 97 por ciento de la población, en este país, que cuenta con energía eléctrica. Saben, para 15 años, ¿qué es la Estrategia Nacional de Energía?, ¿qué cobertura están planteando? El 98 por ciento. Van a crecer, en 15 años, un punto porcentual.
Obviamente que el interés no es la transmisión para la población, sino que el interés es hacer negocioso con las empresas transnacionales; quitar el agua a los campesinos, como es lo que se está pretendiendo hacer también en La Parota, y dársela a las empresas transnacionales. Eso es lo que está de fondo.
Pero lo que es el colmo, verdaderamente el colmo es que existe un margen de reserva muy amplio. ¿Esto qué quiere decir? Que en este país sobra energía, eso es el colmo. Según la Secretaría de Energía sobra el 47.7 por ciento de energía en este país y es lo que se denomina como margen de reserva. Es decir, casi el 50 por ciento. Es como si tuviéramos en la casa un foco prendido mañana, tarde y noche, y se estuviera desperdiciando la energía.
Ésa es la reserva de energía que hay en el país. En el país sobra energía, pero eso sí, se aprobó en la Ley de Ingresos un endeudamiento de 60 mil millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad para otros 4 proyectos de plantas termoeléctricas y de energía renovable, ¿para quiénes? Para las empresas privadas.
Yo quisiera hacer aquí un llamado a la congruencia. Si sobra energía en nuestro país, qué es más antiecológico: ¿que no utilicemos esa energía o que se esté proponiendo también que se esté inundando a la población y que estén ahogando a la pobre gente que se encuentra en distintas partes de la república? Eso sí es antiecológico.
Esta propuesta que se está plantando de ninguna manera considero que es una propuesta ecológica; es una propuesta netamente privatizadora, violadora de la Constitución...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: ... y que lo que pretende es quitarle sus recursos a los campesinos y al pueblo de México y que suban más las tarifas eléctricas.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Castillo. Tiene la palabra el diputado César Octavio Pedroza Gaitán, en pro de la modificación.
El diputado César Octavio Pedroza Gaitán: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con la venia de la Presidencia.
En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional expresamos a esta soberanía y al país que para el Partido Acción Nacional tres son los elementos que permiten respaldar ampliamente este dictamen.
Acción Nacional está comprometido con las causas de la preservación del medio ambiente y de la sustentabilidad. Acción Nacional celebra todas las iniciativas que permitan construir un país ecológicamente sustentable. Acción Nacional también impulsa todas las medidas que permitan a las microrregiones hacerse autosuficientes, en un tema de suyo importante, como lo es el tema de las energías renovables y la transición energética, no podemos menos que respaldar esta iniciativa que conjuga estas tres posturas definitivas y claras de nuestro partido.
A través de estas medidas estaremos construyendo un futuro para las regiones que hoy se ven limitadas o con carencias sustantivas en el suministro de energía eléctrica, sin atentar al medio ambiente y al entorno de estas regiones. Con estas medidas propuestas también, estaremos impulsando la inversión y, por tanto, la generación de empleo.
En tal virtud, el Partido Acción Nacional se pronunciará a favor y en respaldo definitivo de esta iniciativa para ser congruentes con nuestra plataforma y nuestra agenda legislativa; sí acciones y medidas que permitan garantizar la preservación del medio ambiente; sí por las medidas que coadyuven a la sustentabilidad en las microrregiones; y sí Acción Nacional, siempre por la generación de empleo, que no nos atemorice generar riqueza, porque generar riqueza es generar empleo, generar empleo es trabajar por el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, en contra.
El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. Los argumentos que hemos escuchado, tanto del Partido Verde Ecologista, como del Partido Acción Nacional son totalmente cínicos y burdos. Primero, porque saben bien que aprobar esta iniciativa significa violentar el artículo 28 constitucional, donde se establece con mucha claridad que en tocante a empresas estratégicas es el Estado encargado –en este caso– de la generación de energía eléctrica.
Quiero dar algunos argumentos de carácter económico y técnico. En primer lugar, como lo dijo la compañera Laura Itzel Castillo, el margen de reserva para la generación de energía eléctrica en nuestro país es mayor del 40 por ciento. Las normas internacionales recomiendan que este margen de reserva sólo sea del 18 al 23 por ciento. Es decir, estamos con un margen de reserva casi superior al doble de lo que recomiendan las normas internacionales. ¿Por qué razón? Porque el Estado mexicano ha dado prioridad a los negocios de sus socios, las empresas transnacionales que han inundado de energía eléctrica al país y han provocado la subutilización de las plantas generadoras de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad.
Aprobar esta iniciativa significaría aumentar el margen de reserva y seguir subutilizando aún más las plantas generadoras de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad.
No requerimos que se siga generando energía eléctrica en las condiciones de irracionalidad y pensando solamente en los negocios, ni siquiera de empresas mexicanas, como decía el diputado del Verde Ecologista, sino fundamentalmente de empresas trasnacionales.
Hay que recordar que en nuestro país hay un problema de exceso de capacidad instalada que hace que se disparen los costos medios totales. Hay un exceso de oferta respecto a la demanda de un 40 por ciento. El margen de reserva ideal, repito, es a nivel internacional, aproximadamente el 18 por ciento, aquí estamos sobregirados.
Hay otro elemento técnico importante. En España, en Alemania, por ejemplo, se recomienda que las empresas mini-hidroeléctricas generen solamente hasta 15 megawatts. Aquí en la ley actual se establece que sean hasta 30 mega-watts y la propuesta que hace el diputado del Partido Verde, las puede elevar hasta 50 mega-watts.
¿Qué significa esto? Que las mini-hidroeléctricas tienen por parte del gobierno federal un subsidio, actualmente hasta 30 mega-watts. Si se eleva, de acuerdo a la propuesta que hace el Partido Verde, este subsidio puede incrementarse hasta las mini-hidroeléctricas que generen 50 mil mega-watts.
¿Qué significa esto? Significa que las empresas privadas nacionales o extranjeras que inviertan en la generación de energía eléctrica a través de estas hidroeléctricas, van a recibir recursos del Estado Mexicano, recursos presupuestarios; es decir, por un lado, el Estado mexicano estará alentando la generación de energía por esta vía. Estas minihidroeléctricas la estarán vendiendo a la Comisión Federal de Electricidad porque no va a ser -la experiencia la ha mostrado- no va a ser para consumo interno, va a ser para que le vendan a la Comisión Federal de Electricidad.
Entonces, miren qué negocio está planteando el Verde Ecologista apoyado por el Partido Acción Nacional.
Primero, que el Estado mexicano subsidie con recursos de nuestro pueblo a las empresas nacionales o extranjeras para generar estas mini-hidroeléctricas;
Segundo, la energía que produzcan la venderán a CFE, a las tarifas que ellos están acostumbrados;
Tercero, va a haber sobreproducción de energía eléctrica aumentando el margen de reserva;
Cuarto, se van a seguir subutilizando las instalaciones que actualmente tiene la Comisión Federal de Electricidad, y
Quinto, van a aumentar el precio de las tarifas, porque cuando se trata de negocios a los que favorece este gobierno calderonista, no se trata de ver los intereses de nuestro pueblo.
Y, finalmente...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.
El diputado Ramón Jiménez López: los diputados –concluyo, señor presidente- que aprueben esta iniciativa de ley, el pueblo de México debe saber con claridad que están violentando el artículo 28 constitucional. Lo dejamos a su conciencia, compañeros.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación al proyecto de decreto.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Entonces está a votación. Está aceptada la modificación y, por tanto, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular con la modificación aceptada del dictamen.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, con las modificaciones a que se refiere.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Guerrero.
El diputado Agustín Guerrero Castillo (desde la curul): Perdone, presidente, pero le pediría que pudiera repetirse la votación anterior. Porque no hubo votos en contra. Yo solamente vi votos a favor.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Lo siento, diputado, ya dictamos el trámite. Adelante, diputado, continúe.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular con la modificación aceptada por la asamblea.
(Votación)
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Narro.
El diputado José Narro Céspedes (desde la curul): Quería hacer un comentario rápido. Nada más para resolver un poco mi voto, señor presidente, si me lo permite.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Desde su lugar, si es tan amable.
El diputado José Narro Céspedes (desde la curul): Sí. Únicamente que hay una gran preocupación nuestra porque no conocemos los contratos que se han planteado. Muchas de estas empresas privadas tienen contratos firmados. Sabemos que la Comisión Federal de Electricidad les paga sin generar energía, y generando energía les paga un sobreprecio.
Sabemos que no se ha construido la refinería porque se importa gasolina, pero la gasolina se importa por una empresa privada que se le vende a Pemex. Todo se ha vuelto un círculo de negocios que nos tiene arruinados como país. Por eso no podemos avalar.
A lo mejor la iniciativa es buena de primera mano, pero todos dijeron: “Vamos a cambiar la ley del servicio de energía eléctrica, del servicio público de energía. Vamos a cambiarlo de generación para ponerlo de cogeneración en el caso de la industria azucarera que genera electricidad”. Eso después lo utilizaron para permitir la generación de energía eléctrica privada. No podemos tener confianza en los que han convertido este país en la cueva de los 40 ladrones, de Alí Babá.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado, se registra su intervención por supuesto en el Diario de los Debates. Continuamos con el desahogo de la sesión. Ha pedido el uso de la palabra, quisiera hacer sus expresiones en este momento. Sonido en la curul del diputado Pérez Cuevas.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Gracias, presidente. Para pedirle a nombre de la bancada del PAN que el tema que, originalmente, estaba aprobado por todas las bancadas sobre las heladas en Sinaloa y que se ha pretendido se adicionen nuevas entidades que también sufrieron.
Nosotros, entendemos que es un tema muy sentido, se han perdido cosechas, se han perdido producciones y que es necesario apoyar al campo. Sin embargo, esto no limita que nosotros digamos que hay una violación al Reglamento, artículo 113 fracción IV, donde el promovente es el que solicita la adición y, el promovente original, fue el PRD, la modificación la hace el PRI y, entonces, ya no hay ningún cumplimiento al Reglamento, pero eso no es lo importante, presidente.
Lo importante es que los productores no sufran daños, lo importante es que puedan salvarse los temas, nada más que lamentamos que también la propuesta sea parcial y no esté la parte norte de Zacatecas, que no esté la zona media de San Luis Potosí, que no esté el estado de Sonora que han, también, sufrido heladas muy graves y pediríamos se pueda adicionar a estos puntos.
La bancada del PAN ha decido acompañar este tema en razón de las necesidades de los productores y del campo en la afectación, pero sí denunciar y demandar que el cumplimiento de los acuerdos, de los órganos tienen que discutirse y acordarse en esos órganos, si no, no hay razón de ser de ellos y mejor vendríamos a discutir a este pleno.
Pero, el fondo es por el rescate de estas entidades, porque se avalen en su momento según las posibilidades de los recursos y estaríamos acompañando y pedirle concretamente ya puede tomar este punto que se pospuso en este momento a votación si así lo considera.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Entonces, en resumen: en primer lugar usted me solicita que ponga a votación el acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política con las modificaciones presentadas por prácticamente todos los grupos parlamentarios a esta asamblea.
Nos solicita, usted, que se hagan unas incorporaciones a ese punto, lo cual le pediré discutan directamente con los que propusieron la modificación.
Al respecto del tema reglamentario, le diré que efectivamente la proposición la hizo el diputado Alfredo Villegas, pero muy claramente con la adhesión y el apoyo del resto de los grupos parlamentarios, incluido el proponente que era el PRD.
Diputado Fernández, ¿con qué objeto?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Casi en el mismo sentido que el diputado Pérez Cuevas, para que se vea que hay coincidencias.
Mire diputado presidente, creo que debería hacerse un punto de acuerdo o una adición que incluyera todo el territorio nacional como desastre nacional, causado por Calderón que le ha hecho más daño al país que un terremoto de 20 grados. La verdad, es que está devastada la nación y sería bueno que fuera el apoyo, para todo el país.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Pérez Cuevas.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Gracias, presidente. Nuevamente, las calumnias, difamaciones y mentiras ahí se quedan.
En el tema y sin polemizar, presidente, dice la fracción IV del artículo 113 que el grupo que haya presentado la proposición podrá sugerir alguna modificación, siempre que la presente durante la discusión por escrito y firmada por su coordinador.
Esto se resolverá con la propuesta del PAN y acompañando este tema para que siga como acuerdo de la Junta de Coordinación. Sin embargo, sí llamar a los grupos a que los acuerdos que tomemos en el caso de la Mesa Directiva, se cumplen, en el caso de la Junta de Coordinación se cumplan, para que podamos transitar en perfecto orden en las sesiones.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por la Mesa Directiva le puedo garantizar que los acuerdos sostenidos por la Mesa se cumplirán. Muchas gracias, diputado Pérez Cuevas, por su adhesión a este punto.
De acuerdo a lo solicitado por el representante de la Junta de Coordinación Política, al término de esta votación someteremos inmediatamente a votación el punto de acuerdo presentado originalmente por la Junta, con la modificación que le hacen los grupos parlamentarios. Diputado Martel.
El diputado José Ramón Martel López (desde la curul): Sí, señor presidente. Nada más no sé si entendí bien el procedimiento que acaba usted de ordenar.
En primer lugar, nuevamente con solidaridad, afecto y respeto al diputado Pérez Cuevas, que coincide y se suma a solidarizarse con los estados que están en desastre, que mucho se lo reconocemos que haya esa sensibilidad social.
Sí quisiera que no hubiera una confusión. El artículo 113 se refiere a las proposiciones consideradas de urgente y obvia. En el caso del que estamos hablando fue un asunto de acuerdo por unanimidad, por cierto, de la Junta de Coordinación Política, mas la adición que se sugirió por el diputado no proponente, de una fracción parlamentaria, sino que llevó la voz de las fracciones parlamentarias que estuvieron de acuerdo en esto.
Reconociendo a Carlos Pérez Cuevas su suma a esto, simplemente como un precedente, porque no tendremos más interpretación del Reglamento que la que el mismo Reglamento prevé. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con las excusas de aclarar que las interpretaciones del Reglamento las hará siempre la Mesa Directiva.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Si falta algún diputado o diputada por emitir su voto, hágalo en estos momentos, que se va a cerrar el tablero electrónico.
Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, tenemos 279 votos a favor, 57 en contra y 8 abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Perdón, repita el número.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: 279 a favor.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado con 279 votos en lo general y en lo particular, el proyecto con la modificación presentada, el proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 1o de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continuamos con la presentación del punto de acuerdo, con la modificación presentada por el diputado Villegas.
En votación económica, señora secretaria, pregunte si el punto queda aprobado.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo presentado por el diputado Alfredo Villegas.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por la Junta de Coordinación Política, con las modificaciones.
La Secretaria diputado María de Jesús Aguirre Maldonado: Por la Junta de Coordinación Política y con las adiciones y modificaciones del diputado Alfredo Villegas. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Muchas gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera. Asuntos en cartera que se han agotado, para que concluya usted.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Se han agotado los asuntos en cartera, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (16:43 horas): Por lo consiguiente, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 3 de marzo de 2011 a las 10:00 horas, informándose que el sistema electrónico estará abierto a partir de las ocho de la mañana.
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