Comunicaciones
Dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo
De diputadas y de diputados sobre el turno de su iniciativas
Del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz
De los gobiernos de los estados de Sonora de México con respuestas
Del diputado Víctor Manuel Báez Ceja
Del diputado Carlos Torres Piña
Dictámenes de las distintas comisiones
De proposiciones con punto de acuerdo
Iniciativas de diputadas y de diputados
Claudia Ruiz Massieu Salinas, PRI
María Elena Pérez de Tejada Romero, PAN
Sabino Bautista Concepción, PRI
Teresa del Carmen Incháustegui Romero, PRD
Domingo Rodríguez Martell, PRD
César Augusto Santiago Ramírez, PRI
Francisco Amadeo Espinosa Ramos, PT
Víctor Roberto Silva Chacón, PRI
Miguel Ángel García Granados, PRI
Dictámenes a discusión
Que reforma y adiciona los artículos 7 Bis y 18 de la Ley de Aguas Nacionales
Que reforma la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente
Comunicado de la Junta relativo a cambios en comisiones
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones no presentadas en tribuna
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de los diputados y las diputadas.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Señor presidente, se informa que existen registrados previamente 274 diputados.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (11:05 horas): Por tanto hay el quórum reglamentario y abrimos esta sesión.
Nuestros compañeros de los medios de comunicación pueden pasar a ocupar los lugares previamente designados para ellos y para el cumplimiento de sus funciones.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con respecto a la lectura del acta de la sesión anterior, ya que no hay ningún diputado inscrito ni solicitando el uso de la palabra. Tome la votación si se dispensa la lectura. Pregunte simplemente quien está por la afirmativa.
La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda dispensada la lectura del acta. Dado que no hay oradores inscritos, ni solicitando el uso de la palabra, pregunte si se aprueba el acta.
La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada el acta.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pasamos a las comunicaciones oficiales. Continúe, señora secretaria.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, que se encuentra publicados en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se recibieron comunicaciones de los diputados: Julio Castellanos Ramírez, José Gerardo de los Cobos Silva y Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, por las que solicitan que sus iniciativas presentadas de septiembre de 2009 a diciembre de 2010, sean procesadas bajo las nuevas reglas de conformidad con el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La Presidencia informa a la asamblea que la Mesa Directiva, con fundamento en el sexto transitorio del reglamento, acordó turnar nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes para que corra el término reglamentario para presentar el dictamen.
Por tanto, publíquense en la Gaceta Parlamentaria la relación correspondiente y actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se recibió solicitud del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, para que la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación informe sobre los programas preventivos en torno a las tuberías de la paraestatal Petróleos Mexicanos.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con el artículo 79, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se remite a la Secretaría de Gobernación para su atención.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se recibió de la Secretaría del Trabajo del estado de Sonora y del Gobierno del estado de México, contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados a favor de los derechos de las mujeres embarazadas, con el fin de impedir la discriminación por razones de maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Solicitud de licencia del diputado Víctor Manuel Báez Ceja.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En consecuencia, ponga a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Víctor Manuel Báez Ceja, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XI distrito del estado de Michoacán a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada la licencia del diputado Víctor Manuel Báez Ceja. Comuníquese y vaya con ésta nuestro saludo muy afectuoso y nuestros mejores deseos a nuestro querido compañero Víctor Manuel Báez Ceja.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Solicitud de licencia por tiempo indefinido del diputado Carlos Torres Piña, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la quinta circunscripción plurinominal a partir de esta fecha.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Igualmente, está a discusión el punto de acuerdo de la licencia de don Carlos Torres Piña.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Carlos Torres Piña para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la quinta circunscripción plurinominal a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado. Comuníquese la licencia del diputado don Carlos Torres Piña.
Vayan también nuestros saludos y nuestros mejores deseos al joven diputado Torres Piña, en lo que vaya a hacer ahora.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pasamos a los dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo.
Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento la Cámara de Diputados se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con punto de acuerdo que a continuación se discutirán.
Proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo de la comisión de Energía.
La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: De la Comisión de Energía.
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a que a través de sus órganos correspondientes realice las acciones necesarias para continuar con la limpieza de los territorios afectados por el derrame de petróleo ocurrido en 2007 en el municipio de Agua Dulce, Veracruz, así como para que refuerce la vigilancia en sus instalaciones petroleras, a fin de evitar sucesos semejantes en otras regiones del país.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión el punto de acuerdo. No hay oradores registrados. Por lo que consulte usted si se encuentran suficientemente discutidos, lo cual efectivamente así es.
Se reservan para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: De la Comisión de Energía.
Acuerdos
Primero. Se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a que se proceda a la revisión de la aplicación correcta de las tarifas del servicio público de energía eléctrica a establecimientos comerciales y de servicios en el estado de Morelos.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a revisar los motivos que han dado origen al señalamiento respecto del cobro a los establecimientos comerciales y de servicios por el cambio de los medidores del consumo de energía; asimismo, que se verifique que ha quedado sin efecto la contratación del seguro de vida mediante el programa Monedero Electrónico en Morelos.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay oradores registrados; por lo tanto, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: De la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Acuerdos
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social y la Comisión Dictaminadora del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas emita la declaratoria de contingencia climatológica para efectos de la ejecución del programa de Atención a Contingencias Climatológicas, en virtud de los daños de la helada atípica impredecible y no recurrente, que afectó a los municipios de Aquixtla, Chignahuapan, Zacatlán, Teziutlán, Zautla, Atempan, Xiutetelco, Tlatlauquitepec, Tetela de Ocampo e Ixtacamaxtitlán, en el estado de Puebla.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita se implementen las acciones pertinentes para que los agricultores afectados en la región puedan recibir los apoyos a que se refiere el programa de Atención a Contingencias Climatológicas.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Están a discusión los puntos de acuerdo, y toda vez que no hay oradores registrados... el diputado Jaime Cárdenas. ¿Con qué objeto?
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, presidente. Buenos días.
Para volver a insistir con el tema de los consejeros electorales del IFE, presidente...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pero estamos en votación de dictámenes. Si permite, cuando pasemos a la votación le permito a usted hacer la expresión. También me lo ha solicitado el diputado Benítez Lucho. Con mucho gusto.
No hay oradores registrados sobre este tema, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: De la Comisión de Transportes.
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares modernice e instale a la brevedad posible en el aeropuerto internacional Quetzalcóatl, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sistemas especializados para aterrizaje por instrumentos, con el objeto principal de salvaguardar la vida de usuarios, personal aéreo y de tierra.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión el punto de acuerdo, y dado que no hay oradores registrados se reserva para ser votado en conjunto con los demás puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: De la Comisión de Transportes.
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que sea presentado por la dependencia, el informe detallado de las obras marítimas y dragado programadas para el presente ejercicio fiscal. Asimismo, se entregue un informe del presupuesto asignado y ejercido para las mismas obras de los últimos 5 años.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay oradores registrados sobre este punto. Se considera suficientemente discutido y queda reservado para ser votado con los demás puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: De la Comisión de Transportes.
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que ordene la aplicación parcial del sistema de supervisión y control vehicular en Puerta México hasta que concluya la construcción del nuevo cruce internacional en el puente fronterizo El Chaparral, para aumentar los carriles de ingreso a México a fin de evitar que la inspección vehicular en la aduana fronteriza de Tijuana, afecte aún más el intercambio comercial turístico, de negocio y necesidades de la región.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Baja California y a las autoridades municipales de Tijuana, para que redoblen los esfuerzos para concluir las obras de ampliación de los nuevos carriles de acceso en el cruce internacional conocido como Puerta México, a fin de disminuir las largas filas de espera para ingresar a territorio mexicano que sólo han causado pérdidas económicas, mayor gasto de combustible y desgaste de las unidades vehiculares afectando por igual a visitantes y residentes de Tijuana que trabajan o estudian en San Diego.
Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que tome las medidas necesarias a fin de que la revisión de funcionamiento y tiempos de espera vehicular, conforme al sistema de supervisión y control vehicular en la Puerta México no demore más de cinco segundo por automóvil, a efecto de proponer los ajustes que sean necesarios en la aplicación del proyecto.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión el punto de acuerdo y afortunadamente no hay oradores inscritos, por lo que se reserva para su votación en conjunto.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: De la Comisión de Transportes. La Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que el proyecto considerado en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 del Ferrocarril de Guadalajara-Aguascalientes, pase por la región de Los Altos Sur del estado de Jalisco.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay oradores inscritos en este punto de acuerdo, por lo que se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, de la LXI Legislatura, exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que revise la situación jurídica y operativa que guarda la concesión otorgada a Ferrosur, S. A. de C. V., respecto de las vías cortas Oaxaca y Sur, así como la prestación del servicio público del transporte ferroviario de carga y pasajeros en dichas vías y, de existir fundamento jurídico para ello, se revoque el título de concesión respectivo.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay oradores inscritos, el punto está suficientemente discutido y reservado para ser votado con los demás.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: De la Comisión de Transportes.
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, de la LXI Legislatura, para exhortar al Ejecutivo federal a tomar, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las medidas pertinentes para detectar e impedir la prestación del servicio de transporte de personas por autobuses pirata en el territorio nacional.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay oradores inscritos en este tema, queda suficientemente discutido y reservado para ser votado en conjunto.
Permítame usted, antes que se retiren esos niños, agradecer la presencia de los estudiantes de la Universidad del México Contemporáneo, de primaria y de secundaria, invitados por el maestro Juan Antonio Soberanes Lara. Muchas gracias, niños, por acompañarnos esta mañana.
Adelante, señor secretario.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: De la Comisión de Transportes.
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que consideren exentar del pago de derechos de peaje durante todo el año escolar a los vehículos de transporte escolar en ambos sentidos de su traslado, y que requieran circular por la red nacional de carreteras de cuota, bajo operación de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que lleve a cabo negociaciones con los particulares, los estados y los municipios que tengan a su cargo títulos de concesión para operar y explotar caminos federales, de conformidad con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal, a fin de considerar la exención del pago de derechos de peaje a los vehículos de transporte escolar en los sentidos de su traslado durante todo el año escolar.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay oradores inscritos y por lo tanto el punto está suficientemente discutido y reservado para ser votado con el conjunto de los otros puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: De la Comisión de Reforma Agraria. Acuerdo. Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a que designe un comisionado especial para la atención y solución definitiva a los conflictos agrarios en
1. Hueyapan, municipio de Tetela del Volcán contra San Miguel Huepalcalco, municipio de Ocuituco.
2. Tlacayapan contra San José de los Laureles.
3. El municipio de Xiutepéc de Xalpa, contra el municipio de Tepoztlán, Santa Catarina.
4. Ejido de Juiltepéc contra ejido Emiliano Zapata, en el estado de Morelos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 31 de enero de 2011.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Puesto a discusión el punto de acuerdo. No hay oradores inscritos; se considera suficientemente discutido y reservado para ser votado nominalmente en conjunto con los demás puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Proyecto de dictamen de la Comisión de Reforma Agraria. Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Tribunal Superior Agrario para que analice la viabilidad de reubicar al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 con sede en Tampico, Tamaulipas, a Ciudad Valles, San Luis Potosí, a fin de eficientar las actividades y la justicia agraria.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. No habiendo oradores inscritos en este punto, está suficientemente discutido y queda reservado para ser votado nominalmente en conjunto.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a que analice la posibilidad de exentar del Programa “Hoy no Circula” a los vehículos con permisos de internación temporal.
Primero. Se hace un atento exhorto al gobierno del Distrito Federal para que analice la posibilidad de exentar el Programa “Hoy no Circula”, a los vehículos que cuentan con permisos vigentes de importación temporal con el propósito de beneficiar a los connacionales que visitan nuestro país.
Segundo. Se hace un atento exhorto al contralor General del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñe e implemente un programa que permita a los conductores de vehículos con placas extranjeras presentar quejas o denuncias, ya sea en módulos especiales, por Internet o vía telefónica, en contra de los policías de tránsito que cometan o hayan cometido extorsiones, a fin de que se realicen las investigaciones conducentes y se finquen las responsabilidades civiles, penales o administrativas correspondientes.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al contralor General del Distrito Federal para que se realice una investigación en la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, a fin de determinar si los servidores públicos de esa dependencia tratan con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas que solicitan información sobre el programa Hoy No Circula, así como para determinar e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En virtud de no estar registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido y reservado para ser votado nominalmente en conjunto.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: De la Comisión del Distrito Federal un dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a integrar el subsidio para la seguridad pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (Subsemun), con la finalidad de que las delegaciones beneficiadas ejerzan este subsidio de manera autónoma.
Primero. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a que, de conformidad con la legislación aplicable, publique el cronograma de trabajo, los objetivos, las acciones y las metas que se han comprometido a cumplir en el marco de los convenios de adhesión que han celebrado con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el otorgamiento del subsidio para la seguridad pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (Subsemun).
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a informar a esta Cámara de Diputados sobre el avance en el cumplimiento de las metas y objetivos que se han comprometido en el marco de los convenios de adhesión que han celebrado con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el otorgamiento del subsidio para la seguridad pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (Subsemun).
Tercero. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a destinar y ejercer oportunamente la totalidad de los recursos recibidos a través del Subsemun.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está suficientemente discutido; toda vez que no hay oradores registrados y queda reservado para ser votado en conjunto con los demás puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, para tener un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribos de sismos provenientes de cualquier parte del país en complemento del Sistema de Alerta Sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México y a coordinarse con la Secretaría de Gobernación, a efecto de hacerlo extensivo a las entidades federativas con riesgo sísmico.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No se registró nadie en este punto de acuerdo, por lo que queda suficientemente discutido y sumado para ser votado nominalmente en conjunto.
Pase al de la Comisión de Desarrollo Social.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: De la Comisión de Desarrollo Social.
Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal y al director de la empresa de participación estatal mayoritaria Liconsa, SA de CV, para que se disponga el funcionamiento del centro de abasto situado en Avenida de la Cuesta esquina avenida de los Maestros, San Antonio Zomeyucan, Naucalpan de Juárez, estado de México.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En este punto de acuerdo no registró ningún orador y por tanto está suficientemente discutido y queda reservado para ser votado en conjunto.
Pase a los de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a informar a esta Soberanía, las razones que han impedido la elaboración y publicación del programa de manejo del “Área de Protección de Recursos Naturales de la Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043, fracción Sierra de Vallejo-Sierra de Vallejo-Río Ameca” así como a elaborar, publicar e implementar dicho Programa de manejo.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay oradores registrados, queda suficientemente discutido y queda reservado para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Semarnat, para que rinda un informe sobre los programas de reforestación que realiza en áreas dañadas por la tala clandestina e ilegal en las zonas circundantes al volcán La Malinche e informe a esta soberanía sobre las acciones que realiza en ese parque nacional.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, para que, en coordinación con los gobiernos de los Estados de Tlaxcala y Puebla, se emprendan acciones permanentes para impedir la tala ilegal e inmoderada de árboles en las áreas circundantes al volcán La Malinche en el estado de Tlaxcala y parte del estado de Puebla.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Orador alguno no registrado ha sido. Por tanto, está suficientemente discutido y reservado para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: De la Comisión de Seguridad Pública.
Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en el marco de sus atribuciones garantice las condiciones de seguridad necesarias para que en México, las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales puedan ejercer plenamente la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Suficientemente discutido está, y reservado sea.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Dictamen de la Comisión de Transportes.
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se haga una revisión a la tarifa de peaje en la autopista Saltillo-Monterrey, basada en criterios de eficiencia, seguridad y comodidad para los usuarios.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se revisen y corrijan los señalamientos de la autopista Saltillo-Monterrey.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias señora diputada. Tampoco en este punto hubo oradores registrados, por lo que quedó suficientemente discutido, registrado para su votación en conjunto nominal, y antes de proceder a ésta, pido a la Secretaría instruya el cierre el sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputados y diputadas.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Está abierto el sistema electrónico.
Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 354 diputadas y diputados.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consígnese la asistencia del diputado Avelino Méndez.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Abra la Secretaría el sistema electrónico de votación por 10 minutos para proceder a la votación con los puntos de acuerdo anteriormente reservados.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación de los puntos de acuerdo.
(Votación)
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente
El diputado Antonio Benítez Lucho (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ahora sí, diputado Cárdenas, había usted solicitado el uso de la palabra y el diputado Benítez Lucho también. Sonido en la curul del diputado Cárdenas, por favor.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Sí, presidente, nuevamente insistir en el tema del incumplimiento de la Junta de Coordinación Política para hacerle a esta Cámara de Diputados las propuestas para la integración del Consejo General del IFE. Yo creo que debemos seguir insistiendo en ello.
El día de ayer, mi compañero el diputado Muñoz Ledo insistió en la posibilidad de que el presidente de la Comisión de Gobernación de esta Cámara, el diputado Corral, rindiera un informe a este pleno del estado en que la Comisión de Gobernación entregó el tema de consejeros electorales a la Junta de Coordinación Política. Creo que debiera de haber hasta un debate al respecto en el pleno de esta Cámara, porque no es posible que la Junta de Coordinación Política esté dilatando o esté retardando este procedimiento y todos los diputados seamos responsables por el incumplimiento constitucional.
Yo vuelvo a insistir y pedir información, vía su conducto, a la Junta de Coordinación Política para que se nos dé noticia del avance en el procedimiento para la determinación de los consejeros electorales, el nombramiento de consejeros electorales.
También el día de ayer, presidente, le solicité información respecto al secretario técnico de la Comisión de Defensa Nacional. Se quedó de proporcionarme esa información. Ojalá que se nos proporcione a mí y a todos los diputados.
Finalmente, presidente, en alguna ocasión que usted transitoriamente no estaba presidiendo la Mesa Directiva, suscitamos una discusión o una petición respecto a lo que indica el artículo séptimo y el octavo transitorio del nuevo Reglamento para que las Mesas Directivas de ambas Cámaras acuerden los procedimientos a los que se deben sujetar las minutas pendientes de dictamen en la Cámara de Diputados, presentadas desde el 1 de septiembre de 2009, y el octavo que alude a las obligaciones de la Conferencia respecto a las iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo presentadas antes del 1 de septiembre.
Quiero preguntarle si esa información, esos procedimientos, esas reglas ya están a disposición de las diputadas y de los diputados de esta Cámara, presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aún no, señor diputado, tiene usted razón, aunque ya hemos procedido, incluso dictaminado y votado algunas de esas minutas, pero procederé a hacer la convocatoria de la Conferencia. Y tiene usted razón, estamos en falta con respecto a la reunión con las Mesas Directivas.
Veré que le proporcionen en un rato más la información sobre el secretario técnico de la comisión, y en cuanto a lo de los consejeros, no me queda más que decirle que quedan consignadas sus expresiones en el Diario de los Debates.
Diputado Benítez Lucho. Sonido en la curul del diputado Benítez Lucho.
El diputado Antonio Benítez Lucho (desde la curul): Gracias, presidente. A nombre de miles de pensionados y jubilados, le quiero solicitar muy respetuosamente a la Comisión de Hacienda, para que dictamine la iniciativa del artículo 109, que habla sobre el impuesto sobre la renta y está afectando a miles de pensionados y jubilados del país.
Me parece que en la sesión del día de hoy dictaminaron monedas conmemorativas y me parece que ese es un asunto de poca monta, en comparación con la trascendencia nacional que tiene la doble tributación de los pensionados y jubilados, que afecta a las finanzas de este país.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Se toma nota de sus expresiones.
Don Pedro Ávila. Sonido para don Pedro Ávila.
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Señor presidente, otra vez hace 4 días volvió a aumentar el gas, la electricidad, la gasolina, los artículos de primera necesidad: la tortilla, el arroz, la leche, el frijol. Todo aumentó ya otra vez, cada mes está aumentando la canasta básica a todos los mexicanos.
Acabo de oír al compañero Cárdenas y acabo de oír a los otros compañeros, que no se han dado vista a iniciativas. Creo que esto que estamos viviendo en estos momentos de aumento cada mes a los artículos de primera necesidad al pueblo de México es como una burla a todos nosotros, al Congreso de la Unión, que somos representantes populares.
Muchos critican a nuestro partido, al PRI, que nuestro partido fue el causante de muchas causas, de muchas cosas. No es cierto eso; cuando nuestro partido estaba en el poder no se aumentaban los artículos de primera necesidad al pueblo de México. Ahora, cada mes, sistemáticamente, se están aumentando los artículos de primera necesidad.
Creo, compañero presidente, compañero Marín, que ya es tiempo que el Congreso de la Unión frene al señor presidente Felipe Calderón.
Varias veces he pedido desde mi curul que se vea la forma en que usted, como presidente de la Cámara de Diputados, que es el único, digamos, el único, la única autoridad con valor, tanto jurídico como moral, para desconocer a un presidente, que vayamos con Felipe Calderón todos los diputados, de todos los partidos políticos, a exigirle que frene ya el alza de los artículos de primera necesidad.
¿Cómo va a ser posible que siendo representantes del pueblo estemos aquí sentados en nuestra curul, muy a gusto, mientras el señor Calderón se ensaña con la miseria y el hambre de los mexicanos?
Cualquier iniciativa que presentemos no es tan importante como frenar el alza de medida de los riquillos del PAN, que están aumentando día tras día los artículos de primera necesidad a la gente más pobre de México. Vamos a actuar como legisladores, vamos a Palacio Nacional o a Los Pinos, todos los diputados que en realidad seamos diputados del pueblo, y a pedirle a Calderón que ya basta, que ya frene el alza de los artículos de primera necesidad.
Hay gente que ya no come, en México estamos al borde un estallido social, pero Calderón y su equipo no lo entienden. Yo le pido, señor presidente, que nos encabece a todos y vamos a Palacio o a Los Pinos a pedirle a Calderón que ya basta, que ya frene esta ola de alzas a los artículos de primera necesidad, que están matando de hambre al pueblo de México.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, don Pedro. Muchas gracias por sus expresiones. Quedan consignadas en el Diario de los Debates y analizaremos los procesos que podrían tener para cumplir con su solicitud.
El diputado Mariscales. Le queda un minuto, señor diputado.
El diputado Onésimo Mariscales Delgadillo (desde la curul): Muchas gracias, presidente.
Al igual que el compañero que habló sobre el impuesto sobre la renta, el año pasado se presentaron algunas iniciativas para exentar de este impuesto a los pensionados y jubilados, por eso quiero hacer una petición en esta soberanía a la Comisión de Hacienda, a su presidente y a todos los diputados de esta comisión, en virtud de que de nuevo hemos presentado, con el apoyo de los diputados priístas sonorenses, diputados de otros partidos; Nueva Alianza, del PRD, del PT, una nueva iniciativa para que queden exentos del cobro de ISR, como lo establece el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su fracción 3ª, porque consideramos que esto es injusto para todos los trabajadores de cualquier nivel de gobierno o cualquier trabajador que dedicó toda su vida y que fueron cautivos del impuesto sobre la renta durante más de 30 años o 30 años por lo menos, y que además le descontaron de su sueldo un fondo a pensiones.
Yo creo que esto es injusto, porque tanto la Ley del Seguro Social, que fija un sueldo tope de 25 salarios mínimos o la ley del ISSSTE, que fija 10 salarios mínimos, es injusto que le sigan cobrando el remanente sobre el tope de estos salarios.
Yo creo que la palabra jubilación es felicidad, disfrutar del esfuerzo de tantos años de trabajo y por eso invito a todos los diputados a que esta iniciativa que mandó el presidente de la república en 2009, y que durante 2010 tuvo efectos y que sigue teniendo efectos, la dejemos sin efecto para esa gente que tanto le dio a México y tanto le dio a los diferentes sectores de este país en su desarrollo. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Se toma nota y se le transmitirán a la Comisión de Hacienda.
Señora diputada, infórmenos del cómputo de la votación.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia informa a la asamblea que diversas comisiones han concluido o están por concluir sus reuniones de trabajo, por lo que las diputadas y diputados integrantes se irán incorporando gradualmente a esta sesión, por lo que agradeceré podamos mantener el quórum, pero esta Presidencia hace notar a la asamblea que se están desarrollando sesiones de las comisiones simultáneamente con la sesión del pleno.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Se emitieron 289 votos en pro, 0 en contra, 0 abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobados por unanimidad los puntos de acuerdo con 289 votos. Comuníquense los puntos de acuerdo.
Regístrese el voto del diputado González por favor, para que sean 290 votos. Marcos Carlos Cruz, 291. Melchor de los Santos; Tereso Medina; diputado Pablo Escudero; Marroquín; Rosario Brindis. Todos los nombres que hemos dicho. Rolando Zapata Bello. Todos estos nombres queden inscritos como votos a favor. Comuníquense los puntos de acuerdo. La diputada Esthela Damián vota a favor. Regístrese.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Claudia Ruiz Massieu, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas: Con se venia, diputado presidente. La consolidación y calidad democrática dependen de un rediseño institucional que haga más eficaz la organización del poder público y consecuente el funcionamiento de las instituciones democráticas con las exigencias de una sociedad plural.
Para lograr este objetivo, el equilibrio entre poderes, la eficacia y medición de resultados en las tareas de gobierno, el fortalecimiento de las capacidades e instituciones locales, la rendición de cuentas efectiva y permanente, el acceso a información de calidad, la participación ciudadana en la cosa pública y cuidar que se den incentivos de trabajo cooperativo entre instituciones resulta fundamental.
El éxito depende de la capacidad de encauzar institucionalmente las diferencias y de responder a las demandas ciudadanas con efectividad y oportunidad, aceptando que las condiciones de pluralidad y cohabitación política son deseables y la única vía de construcción de una realidad satisfactoria para la mayoría.
En los sistemas presidenciales la estabilidad del gobierno no depende de conservar la mayoría en el Congreso ni de la buena relación que se sostenga con sus Cámaras. Esta realidad ha derivado en una distorsión de uno de los principios del constitucionalismo más importantes: la separación de poderes que ha sido malentendido como la no cooperación, el bloqueo, la exclusión o debilitamiento de los pesos y contrapesos.
Es hora de renovar el sistema presidencial. De encontrar fórmulas que estrechen la relación del Ejecutivo con el Congreso. Incentiven el ejercicio corresponsable de gobierno y reduzcan los márgenes de discrecionalidad imprimiendo dinamismo a las relaciones entre poderes.
Me inclino por la pertinencia de revisar los mecanismos de control político del Congreso partiendo de la hipótesis de la que la concentración del poder, la coacción o exclusión en la toma de decisiones y la visión patrimonialista del poder, así como la irresponsabilidad de/o la delegación de importantes actos de gobierno en servidores públicos sustraídos al control político del Congreso, no son compatibles con los nuevos estándares democráticos de nuestro país.
El artículo 93 constitucional norma los controles del Poder Legislativo sobre el presidente y la administración pública que él conduce.
Esta iniciativa busca fortalecer tres figuras ya normadas en nuestra Carta Magna, con el propósito de racionalizar el poder, mejorar su desempeño y facilitar la cooperación entre poderes.
Estas modificaciones suponen un sistema de partidos fuertes y responsables, grupos parlamentarios deseosos de propiciar conductas cooperativas y el fortalecimiento del sistema representativo.
Las propuestas son:
Especificar cuándo sucederán las comparecencias de glosa del Informe de Gobierno, para no perder pertinencia ni diluir el propósito del control evaluatorio.
Que las comparecencias de secretarios de Estado y otros servidores públicos ante el Congreso de la Unión puedan ser voluntarias y se erijan en verdaderos espacios de diálogo e intercambio productivo.
La ampliación de las competencias de las comisiones de investigación a cualquier asunto de interés público.
Que las preguntas parlamentarias puedan ser formuladas por las comisiones ordinarias de las Cámaras, pues en ellas donde debe desahogarse el grueso del trabajo legislativo y en numerosas ocasiones la especialidad de los asuntos requiere de una valoración técnica, detallada, que escapa a los plenos parlamentarios.
Normalicemos una relación cotidiana de cooperación y comunicación entre los Poderes.
Los invito, respetuosamente, a aprobar esta iniciativa y solicito, diputado presidente, que el texto íntegro de esta iniciativa, así como la que aparece más tarde enlistada en el orden del día, referente a las reformas a la Ley de Desarrollo Social, sean turnadas, desde luego, a comisión y publicadas en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Su proposición se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene ahora la palabra la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Guillén.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (desde la curul): Señor presidente, para solicitarle que le pregunte a la promovente anterior si me puedo adherir a su iniciativa.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Ruíz Massieu, la diputada Guillén Vicente le solicita acepte usted que se adhiera a su iniciativa.
La diputada Claudia Ruíz Massieu Salinas (desde la curul): Acepto.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Acepta y queda usted adherida a esa iniciativa. Los que deseen hacer lo mismo, por favor, pasen a la Secretaría.
Adelante, diputada Pérez de Tejada Romero.
La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero: Con su permiso, presidente. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que presenta la diputada María Elena Pérez de Tejada, la que suscribe, diputada federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Exposición de motivos. En el marco de Naciones Unidas se han celebrado diversas conferencias mundiales en la que la perspectiva de género se ha aceptado como fundamental para analizar las relaciones entre mujeres y hombres, con el objetivo de conocer positivamente esas diferencias y generar propuestas encaminadas a eliminar la discriminación y garantizar la igualdad sustantiva.
De los instrumentos surgidos de las conferencias mundiales y de los propios instrumentos internacionales de derechos humanos, emana el compromiso de incorporar de manera transversal dicha evaluación de las políticas públicas, sino también de los programas y presupuestos en todos los niveles de gobierno de los tres poderes del Estado.
Para lograr estos compromisos, existe la necesidad de asignar los recursos humanos y materiales indispensables para incidir en cada poder del Estado, sus instancias y en cada uno de sus programas.
Implica asimismo, una revisión profunda y una transformación integral de las instituciones, de manera que la perspectiva de género sea parte de todos sus procesos cotidianos.
Al respecto un avance fundamental para lograr una igualdad real entre mujeres y hombres, ha sido la Ley General para la Igualdad entre Muges y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto del 2006.
En ella se establece el objetivo de regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y de proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.
Asimismo, en tal ordenamiento jurídico se instituye la obligación del gobierno federal de incorporar en los presupuesto de egresos de la federación la asignación de recursos para el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad, de tal forma que en nuestro país hoy contamos con las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, todos ellos gastos etiquetados para mujeres que consolidan de alguna manera un mecanismo real para el desarrollo de las leyes, para la igualdad entre mujeres y hombres y para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y una herramienta concreta para monitorear programas, acciones y estrategias de la política pública dirigidas y que afectan directamente a la mujer.
Sin embargo conscientes de que los esfuerzos deben venir de todos los frentes, es que el día de hoy presento ante ustedes una iniciativa en donde se establece que a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, también corresponderá incorporar en los presupuestos de egresos de la entidad federativa, la asignación de recurso para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad.
Asimismo presento reformas a la ley citada a fin de instituir claramente a través de ella, que a las entidades federativas también les corresponde crear un organismo encargado de diseñar, vigilar y evaluar la aplicación de los mecanismos institucionales de promoción de la igualdad, así como vigilar el cumplimiento del gobierno estatal o del Distrito Federal, relacionado con la materia.
Además propongo que a las entidades federativas no sólo les corresponda elaborar, sino aplicar las políticas públicas locales en materia de igualdad entre hombres y mujeres.
Lo anterior permite establecer de forma clara la obligación de las entidades federativas de asignar recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad y de crear un organismo encargado de diseñarla, aplicarla, vigilarla y evaluarla. Ello como un ejercicio de corresponsabilidad con las y los ciudadanos en pro de lograr una democracia efectiva donde la igualdad de acceso y oportunidades sea una realidad para mujeres y hombres.
Por lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Artículo 1. Se adiciona la fracción I Bis y se reforman las fracciones II y III, todas del artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:
Artículo 15: “Corresponde a las y los titulares de los gobiernos estatales y del Distrito Federal.
1 Bis “Incorporar en los presupuestos de egresos de la entidad federativa y del Distrito Federal, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad.
2. “Crear un organismo encargado de diseñar, vigilar y evaluar la aplicación de los mecanismos institucionales, de promoción y procuración de igualdad entre mujeres y hombres, que deberán ser aplicados en las instancias administrativas de la entidad, así como vigilar el cumplimiento de los compromisos del gobierno estatal o del Distrito Federal relacionados con la materia.
3. Elaborar y aplicar las políticas públicas locales con una proyección de mediano y largo alcance debidamente armonizadas con los programas nacionales, dando cabal cumplimiento a la presente ley.
Es tanto, presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señora diputada. Agradecemos la presencia de los estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad Iberoamericana de Torreón, que nos acompañan esta mañana y que son invitados de los diputados Héctor Fernández Aguirre y Francisco Saracho, de Coahuila. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Diputada Parra.
La diputada María Felícitas Parra Becerra (desde la curul): Presidente, para solicitarle a la diputada Mariela si nos permite adherirnos a su iniciativa.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada acepta cumplidamente, señora diputada. Está usted adherida a esa iniciativa. Diputado Ávila.
El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz (desde la curul): Diputado presidente, de igual manera para solicitar a la diputada Mariela Pérez de Tejada el adherirme a esta iniciativa de ley que presentó.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Quedan adheridos entonces la diputada Parra Becerra y el diputado Ávila Ruiz a la iniciativa de la diputada Pérez de Tejada Romero y los demás que así deseen hacerlo favor de pasar a la secretaría. Se turna a la Comisión de Equidad y Género para dictamen.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene ahora la palabra don Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 42 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Pedro Vázquez González: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. En los años recientes se ha buscado perfeccionar las disposiciones relativas al ejercicio de los recursos presupuestales. Para ello se han aprobado reformas que van desde el cambio al marco constitucional, definir de manera más precisa los plazos para aprobar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la federación, hasta la expedición de una nueva ley en materia presupuestal.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es el instrumento normativo que sirve de marco general para la actuación de las dependencias del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y Judicial y órganos constitucionales autónomos para el ejercicio de las partidas presupuestales que año con año son aprobadas por la Cámara de Diputados.
El presupuesto de egresos de la federación comprende una serie de acciones y programas que se materializan en el apoyo directo a la población, ya sea a través de subsidios directos o mediante financiamiento de proyectos productivos.
Este tipo de apoyos está regulado por las disposiciones contenidas en el decreto de presupuesto del año correspondiente y por las reglas de operación que se expiden con el objetivo de tener criterios de asignación de los recursos.
Las reglas de operación, en los hechos, se han convertido en una herramienta indispensable para el ejercicio de los recursos. Idealmente se busca que sirvan para la asignación de los apoyos de manera transparente, eficaz y sin sesgos discrecionales para beneficiar al gobierno en turno o como mecanismo de compra de voto.
Antes de la instrumentación de este tipo de disposiciones reglamentarias los programas sociales y productivos contenidos en el presupuesto de egresos de la federación eran un botín político que servía para las prácticas clientelares de las dependencias del gobierno federal.
Esta práctica desafortunadamente no ha sido superada del todo, pero se han dado ciertos avances con la creación e instrumentación de las reglas de operación; pero también es importante porque se han creado nuevos cuellos de botella que deberán ser atendidos para tener un ejercicio de presupuesto eficaz y transparente.
Uno de los problemas que se pueden identificar de las reglas de operación es el relativo a que éstas no son publicadas de manera oportuna, lo que retrasa la aplicación de los recursos presupuestales para atender una problemática social a la cual se pretende resolver.
Otro tiene que ver con que los requisitos que se piden para ser beneficiarios de los programas sujetos a dichas reglas de operación son muy rígidos y atienden a criterios técnicos que los beneficiarios no pueden cumplir.
En varias ocasiones se ha planteado la necesidad de que la Cámara de Diputados, a través de las comisiones respectivas, puedan emitir una opinión sobre las reglas de operación, con la finalidad de contribuir a calificar su contenido y éstas sean acordes a la problemática que se pretende resolver.
En los decretos de Presupuesto de Egresos de la federación 2010 y 2011 ya se prevé que la Cámara emita una opinión sobre las reglas de operación de los programas sujetos a la misma.
La iniciativa que sometemos a su consideración pretende incorporar en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria criterios de participación en la elaboración de las reglas de operación antes de que éstas entren en vigor y en operación en el ejercicio fiscal.
Estamos planteando, además, que la Secretaría de Hacienda incluya en los documentos preliminares sobre el paquete económico que son remitidos a esta soberanía los proyectos de reglas de operación de los programas a que estarán sujetos las mismas, como un mecanismo que permita avanzar en el análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la federación.
Esto permitirá que las comisiones respectivas puedan hacer observaciones de manera oportuna a los proyectos de reglas de operación, lo que definitivamente redundará en tener un instrumento normativo de consenso y acorde a la problemática social que viven los beneficiarios de los programas sociales.
Las reformas aquí planteadas servirán y además, pretenden incidir en la armonización de las reglas de operación para que se convierta en un mecanismo de implementación eficiente de los recursos para los programas sociales.
Le solicito, señor presidente, que se pudiera integrar el texto completo de la iniciativa en el Diario de los Debates.
Es cuanto. A ustedes, por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, don Pedro. Por supuesto, queda íntegramente incluida en el Diario de los Debates, tal como lo ha solicitado. Lo vamos a turnar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su dictamen.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Sabino Bautista para presentar iniciativa con proyecto de decreto de reforma a los artículos 21, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 6, 9 y 10 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Diputado Bautista, buenas tardes. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos.
El diputado Sabino Bautista Concepción: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
A lo largo de la lucha por el respeto de nuestros pueblos y comunidades indígenas hemos sido testigos de las políticas de asistencialismo social implementadas por el Estado mexicano a través de instituciones y con el paso del tiempo han sido creadas para una supuesta protección y conservación de nuestros pueblos originarios, las cuales, en todo momento han sido diseñadas sin consultar la opinión y necesidades de los pueblos y comunidades indígenas, y mucho menos permitido su participación en la administración y funcionamiento.
Es importante destacar que estas instituciones han funcionado con políticas impositivas, sin la previa consulta sobre las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas. A pesar de ser el órgano encargado de la política en materia indígena, desde su creación los principales cargos dentro de la estructura orgánica como son el presidente de la Junta de Gobierno, así como el director general han sido desempeñados por personas cuyo origen no es indígena. Durante este lapso, sólo el consejo consultivo ha estado constituido por representantes indígenas; sin embargo, este órgano se encuentran limitado en la toma de decisiones, en virtud de que sus funciones son únicamente de consulta y su relación con la comisión es de mera opinión.
Esta circunstancia sólo denota que el derecho a la participación y consulta de los pueblos indígenas ante las instituciones continúa siendo insuficiente, por lo que es urgente, empezar a rediseñar la estructura orgánica de la instancia principal del tema, con la única finalidad de que nuestros pueblos indígenas tengan una participación directa que les permitan decidir sus propias prioridades, su propio desarrollo económico, social y cultural.
Ante esta situación, y con el fin de lograr el eficaz cumplimiento de los objetivos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y con ello, lograr la conservación, preservación y desarrollo de nuestros pueblos, es fundamental y trascendental que el titular de este organismo sea un representante indígena nombrado mediante el procedimiento que para tales efectos se establezca en la ley, quien además deberá conocer la situación de los pueblos y comunidades indígenas, sus principales necesidades, el pensar de la gente, su deseo de conservar su identidad y, sobre todo, su compromiso con su sangre.
La situación de discriminación que sufren, buscando el reconocimiento y el respeto de sus derechos individuales y colectivos, el titular de la CDI además de su origen indígena debe tener derecho a voz y voto. Al tener una verdadera representación indígena en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se dará una participación fundamental en la toma de decisiones sobre la planeación y presupuestos para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, y con ello, la aplicación de una verdadera política indígena.
No olvidar que en nuestro país, existen indígenas con la preparación adecuada y con conocimientos vastos, no sólo en la materia, sino además en las diferentes ramas del saber, que sin titubear darían a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la mejor dirección. Ya es hora de que los pueblos indígenas deban tener un lugar en la estructura del Estado. Es cuanto, señor presidente. Le solicito sea integrada mi iniciativa al Diario de los Debates. Muchas gracias.
El diputado Rodrigo Martell Domingo (desde la curul): Presidente
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Bautista. Permítame usted. Diputado.
El diputado Rodrigo Martel Domingo (desde la curul): Sí, presidente, nada más para suplicarle le pueda preguntar al ponente si me puedo adherir a su iniciativa.
El diputado Sabino Bautista Concepción (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Acepta el proponente, señor diputado. Muchas gracias. Queda usted adherido a la iniciativa.
La diputada Delia Guerrero Coronado (desde la curul): Presidente
El diputado Gregorio Hurtado Leija (desde la curul): Presidente
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Delia, el diputado Hurtado, quieren adherirse a la iniciativa del diputado Sabino Bautista. Quedan adheridos a la iniciativa. Por favor pasen a firmar a la Secretaría. La iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Indígenas para dictamen.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene ahora la palabra don Jaime Arturo Vázquez Aguilar, presenta iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 33 de la Ley General de Educación y 12 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores.
La ceguera es una limitante para las niñas, niños y jóvenes que desean incorporarse al sistema educativo.
De acuerdo con el Inegi, la ceguera o debilidad visual afecta a 467 mil personas en México, y es considerada la segunda causa de discapacidad en nuestro país. Si bien la población más afectada son adultos y ancianos, es preocupante que el 17 por ciento de quienes padecen discapacidad visual son menores de 30 años, lo que significa que un porcentaje importante de este sector se encuentra en la edad promedio para cursar algún nivel educativo.
En nuestro país, 5 de cada 10 personas con discapacidad visual entre 6 a 29 años de edad no asiste a la escuela, mientras que el 3 de cada 10 personas invidentes, es analfabeta. Es lamentable que el 7 por ciento de este segmento de la población apenas logre concluir la educación básica, el 5 por ciento la educación media superior y sólo el 4 por ciento el nivel superior.
Según el Comité Internacional pro Ciegos, indica un dato que es verdaderamente vergonzoso, en nuestro país es más fácil encontrar a un invidente pidiendo limosna que ubicado en alguna escuela.
La Organización Mundial de la Salud señala que en México 3 de cada 10 personas invidentes no logran incorporarse al mercado laboral y su experiencia de estudios, en el mejor de los casos, será únicamente de nivel básico.
Hoy día, un invidente gracias a las nuevas tecnologías puede acceder al internet, leer revistas de su interés, así como libros electrónicos, pero cualquier información que requiera para su desarrollo personal, el apoyo con interfaces auditivas, modos de altos contraste, amplificadores de imagen, escáner electrónicos de lectura, de texto para traducirlo a audio y teclados con sistema braille. Se han consolidado como un instrumento formidable en el siglo XXI para lograr que puedan incorporarse con éxito en la escuela.
La evidencia muestra que en la actualidad las tecnologías especiales para discapacitados visuales son fundamentales para su desarrollo educativo. Desgraciadamente las cifras nos muestran que el Estado mexicano poco ha hecho para superar esta problemática.
El presente proyecto, que modifica el artículo 33 de la Ley General de Educación, y el artículo 12 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior tiene por objeto modificar la norma actual en materia educativa, a efecto de incluir todas las herramientas ideadas por la ciencia y tecnología para auxiliar a los invidentes o débiles visuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje y con ello facilitar su incorporación en el mercado laboral.
Más aún, pretende la incorporación en las escuelas de todos los tipos, niveles y modalidades educativas que así lo requieran, el software especial para permitir a las personas con discapacidad visual o ceguera el uso de tecnologías de la información y comunicación en la reproducción de libros de textos, revistas, periódicos, así como de cualquier otro material educativo.
Estando seguro de que esta noble causa será apoyada por mis compañeras y compañeros legisladores, señor presidente, le solicito de la manera más atenta que el texto íntegro se inserte en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Con mucho gusto, diputado Jaime Hurtado. Tal como lo solicita, el texto íntegro de su intervención será insertado en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Educación Pública y ]Servicios Educativos.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. y 33 de la Ley General de Educación. También presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Como va a hacer la presentación de las dos iniciativas, vamos a ser considerados con el tiempo que habrá usted de tomar, diputada.
La diputada Nely Edith Miranda Herrera (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí, diputada, dígame usted, por favor.
La diputada Nely Edith Miranda Herrera (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para solicitar si le pregunta al orador si me permite adherirme a su iniciativa, por favor.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, la diputada Miranda Herrera, pregunta si usted no tiene inconveniente a que se adhiera a su iniciativa.
El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (desde su curul): Con mucho gusto.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada, el diputado Jaime Arturo Vázquez no tiene inconveniente en que usted se adhiera a su iniciativa. Adelante, diputada Susana Hurtado.
La diputada Susana Hurtado Vallejo: Con su venia, diputado presidente. Iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se reforma y se adicionan las fracciones XII Bis, 14 Ter y 14 Quárter del artículo 7o.; de la fracción VII, XVIII, XIX al artículo 33 de la Ley General de Educación, con el objeto de incorporar la obligatoriedad de inducir el aprendizaje de un idioma adicional al español, el uso de la tecnología de la información y comunicación, e impulsar la formación de emprendedores.
La situación de la educación en México se ha tornado en un asunto delicado y preocupante, pues cada vez el país se encuentra entre los últimos lugares a nivel mundial con respecto a la formación educativa de la población.
Así, en los indicadores que ha elaborado la UNESCO y otras instituciones de prestigio a nivel internacional han ratificado este escenario que tiene la educación en México, en la que nuestros niños, adolescentes, jóvenes y profesionistas en general se perciben con niveles bajos de aprovechamiento respecto a sus semejantes en otras partes del mundo.
Esta situación, entre otros factores, ha sido provocado por los fines que se persiguen en los modelos educativos y que están plasmados en nuestra Carta Magna en la Ley General de Educación, en los que han quedado fuera de elementos tan importantes, como es el aprendizaje de un idioma extranjero, el uso y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, así como los esquemas necesarios para fomentar la formación de emprendedores de negocios.
Por lo que corresponde a las diversas administraciones del sector educativo, durante los últimos años han hecho repetidos esfuerzos por crear un marco nuevo de educación y de calidad, centrado en la globalización y la competitividad.
Sin embargo, estas reformas se han quedado cortas, siendo que en el mes de diciembre de 2001; es decir, hace 10 años, la OCDE dio a conocer los resultados de la evaluación en la que participan 31 países miembros en ella. De acuerdo a los datos del Programa Internacional para el Seguimiento de Conocimientos de los Alumnos, México obtuvo el penúltimo lugar en ciencia, en matemáticas, en comprensión de lectura. Actualmente, en la evaluación de 2010, seguimos reprobados, en los últimos lugares.
Por ello, quiero resaltar que enseñar a leer y a escribir es una de las tareas básicas de la escuela primaria; sin embargo, las oportunidades de concluir el ciclo primario entre una escuela privada y una pública están desigualmente distribuidas, y el incorporar el aprendizaje de un idioma extranjero, el uso y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, así como fomentar la formación de emprendedores de negocios ayudarán a que las nuevas generaciones de educandos de escuelas públicas tengan las mismas oportunidades, como aquellos que estudian en escuelas privadas.
El propósito de la presente iniciativa es el de elevar el nivel de conocimiento y cultura entre las niñas, niños y adolescentes de México, por el hecho de que desde los niveles básicos se enseña un idioma adicional al español, por lo que el aprendizaje del uso de las tecnologías y por enseñarles a ser emprendedores.
En este sentido, la revisión y reforma de los artículos de la ley que tiene que ver con estas tareas, es de suma importancia para apuntalar la educación en México.
Es por los anteriores argumentos que ante esta honorable Cámara se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para quedar de la siguiente manera:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y se adicionan las fracciones XII Bis, XIV Ter y XIV Quáter del artículo 7, y la fracción XVI a XVIII del artículo 33 de la Ley General de Educación.
Artículo Primero. Se adicionan las fracciones XII Bis, XIV Ter y XIV Quáter al artículo 7, para quedar como sigue:
Artículo 7. La educación que imparten al Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o con reconocimiento o validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las siguientes modificaciones:
XII Bis. Fomentar la formación de emprendedores de negocios.
XIV Ter. Hacer obligatoria desde el nivel básico la enseñanza de un segundo idioma diferente al español, con preferencia la enseñanza del idioma inglés.
XIV Quáter. Instrumentar mecanismos a nivel básico, el uso de la tecnología de la información y comunicación, específicamente el uso de computadoras, el Internet y los programas computacionales asociados.
El segundo. Se adicionan las fracciones 16, 17 y 18 del artículo 33, para quedar como sigue:
En la fracción o artículo 16. Promoverá la enseñanza de un idioma distinto al español, con preferencia a la enseñanza del idioma inglés.
17. Creará mujeres y hombres emprendedores de negocios, que les permita establecer sus propios negocios a través de la incorporación de incubadoras de negocios en todos los centros educativos de nivel medio y superior.
18. Propiciarán el uso de computadoras, el Internet y los programas de cómputo necesarios en los niveles educativos a partir de la primaria en adelante.
Transitorio.
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al uso de la publicación del Diario Oficial de la Federación.
Solicito al presidente de la Mesa Directiva, que la presente iniciativa se incluya íntegramente en el Diario de los Debates.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Con mucho gusto, diputada.
En cuanto a la primera iniciativa, se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su dictamen. Se turna a la Comisión de Economía también, para su dictamen.
Diputada, va a continuar todavía con la segunda. Adelante.
La diputada Susana Hurtado Vallejo: Gracias, presidente Con su venia, diputado presidente.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II y se adiciona una fracción 7ª, del artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La industria turística sigue siendo uno de los principales motores de la economía de nuestro país, ocupando el tercer lugar en generación de ingresos, solamente rebasada por el petróleo y la captación de remesas de nuestros connacionales en el extranjero, quienes ocupan el primer y segundo lugar respectivamente.
Actualmente, el turismo aporta el 9 por ciento del producto interno bruto y genera cerca de 7.5 millones de empleos directos e indirectos. Dentro de la materia turística, una de las principales ramas es la prestación de servicios de hospedaje, del cual existen diferentes modalidades, siendo una de ellas el tiempo compartido o club vacacional, que consiste básicamente en la venta de hospedaje a mediano y largo plazo, y que representa actualmente cerca del 39 por ciento de la oferta de calidad de hospedaje en México, con 409 desarrollos y más de 46 mil 500 cuartos, y una inversión aproximada de más de 20 mil 500 millones de dólares, mismo que promedia el 80 por ciento de sus niveles de ocupación, con una estadía promedio de 8 días en grupos de 32 personas o más.
Un gasto diario de 203 dólares, lo cual nos genera más de 6 millones de turistas viajando bajo esta modalidad en el país, dejando una derrama económica en servicios complementarios, de aproximadamente 9 mil 700 millones de dólares.
En la actualidad se han vendido más de 2 millones de paquetes de tiempo compartido, lo que coloca a nuestro país en el segundo lugar mundial en ventas, sólo por debajo de Estados Unidos, dejando en 2009 una derrama de 3 mil 958 millones de dólares por este concepto.
Como resultado de ello, los estados eminentemente turísticos de la República Mexicana fueron estableciendo sus propias reglas de diferentes instrumentos jurídicos, donde en un apartado los códigos civiles en algunos casos crearon leyes específicas en la materia, siendo de los primeros el estado de Guerrero en 1989 la Ley de Regulación y Fomento del Sistema de Tiempo Compartido en el estado de Guerrero; y de Quintana Roo en 1991 con la ley que establece las normas a que se sujetarán los contratos celebrados en el régimen de tiempo compartido, turístico en el estado de Quintana Roo.
De ahí otros estados de la República como es Jalisco, Sinaloa, Cabo Sur, en donde sus códigos civiles incluyen la regulación necesaria a fin de garantizar los consumidores, la prestación del servicio que contratan en materia de tiempos compartidos.
Sin embargo en la actualidad la Ley Federal de Protección al Consumidor, materia de la presente iniciativa, no cuenta con una forma jurídica de garantizar la afectación del inmueble que da seguridad y garantía en los consumidores de los tiempos compartidos de ver, palpar o descansar en el inmueble mencionado en sus contratos por parte de empresarios extranjeros o nacionales.
Cada día aparecen empresas fantasmas que venden espacios inexistentes que se traducen en fraudes millonarios, afectando a miles de consumidores y haciendo una práctica desleal para los desarrolladores serios rompiendo el círculo virtuoso de inversiones, creación de empleos permanentes y flujo de divisas en nuestro propio país.
De no regular de una manera más eficaz a los vendedores de tiempo compartido buscando la afectación del inmueble para dar certidumbre por medio del registro, se perderán empleos, la derrama económica bajará y los turistas a nivel internacional dejarán de visitar nuestro país.
Es por ello la necesidad de hacer las adecuaciones jurídicas, ya que el Acuerdo Nacional para el Turismo que se firmó el día de ayer por el Ejecutivo federal y la Secretaría de Turismo, incumplirán la meta de hacer de México uno de los cinco principales destinos del mundo antes del 2018 y generar más de cuatro millones de empleos e incrementar a 40 mil millones de dólares el ingreso de divisas por esa vía, por el simple hecho de permitir que sigan existiendo empresas fantasmas que venden supuestos tiempos compartidos.
En razón de lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el presente decreto que reforma la fracción II y adiciona la fracción VII del artículo 65 de la Ley de Protección al consumidor.
Único. Se reforma la fracción II y se adiciona una fracción VII del artículo 65 de la Ley de Protección al Consumidor para quedar como sigue
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada, le suplico que concluya por favor.
La diputada Susana Hurtado Vallejo: Artículo 65. La venta de este servicio de tiempo compartido sólo podrá iniciarse cuando el contrato respectivo esté registrado en la procuraduría como sigue especificando:
I...
II. Lugar, inmueble donde se preste el servicio exhibiendo copia certificada y afectación del inmueble a parte del mismo ante notario público, mediante el acto jurídico y declaración unilateral de la voluntad del fideicomiso en el que se destine el inmueble al servicio del tiempo compartido por el número de años que está comercializando, debiendo obtener el registro definitivo en el Registro Público de la propiedad para con ello registrarse en la procuraduría.
VII. Tratándose de una comercialización de servicios de tiempo compartido a prestarse en el extranjero, éstos deberán reconocerse en México sólo cuando sean sujetos de comercio que se hayan constituido en lo general, así como en lo especial en materia de tiempo compartido o club vacacional, de conformidad con las leyes de su país de origen, en caso de ser omisas deberán establecer mecanismos iguales o equiparables a los que cubren los nacionales, en cualquiera de los dos casos debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos en México.
Transitorio
La reforma del presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputada. Se confirma el turno a la Comisión de Economía, para su dictamen de esta segunda iniciativa que presenta la diputada Susana Hurtado.
La diputada Nely Edith Miranda Herrera (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul de la diputada Nely Miranda, por favor.
La diputada Nely Edith Miranda Herrera (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para preguntarle a la oradora si me permite adherirme a su iniciativa. Gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada Susana Hurtado, la diputada Nely le pregunta si tiene usted algún inconveniente en que se adhiera a su iniciativa.
La diputada Susana Hurtado Vallejo (desde la curul): No tengo inconveniente. Acepto, con mucho gusto.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Con mucho gusto, diputada Nely, está a su disposición, en la Mesa de la Secretaría, el documento.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.
El diputado Samuel Herrera Chávez: Con su permiso, diputado presidente. Esta iniciativa es a petición de maestras y maestros de Zacatecas. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reducen los años de servicio en la pensión por jubilación de los trabajadores al servicio del Estado.
En la legislación actual la base para determinar si un trabajador está en posibilidad de jubilarse es la edad y los años de servicio, pero se han incrementado los años para aspirar a la jubilación y con ello se está ante un hecho que resulta ilógico e irracional, pues la pensión por jubilación es un derecho y lo justo es que se otorgue conforme a los años de servicio que no rebase los límites de 30 años.
Esta iniciativa de ley plantea la pensión por jubilación de los trabajadores al servicio del Estado conforme a los años de servicio, en los hombres a los 30 años y en las mujeres a los 25.
Es claro que la seguridad social de los trabajadores se encuentra más vulnerable que nunca. Las últimas reformas a la legislación atentan contra los más elementales derechos de los trabajadores y del ser humano, un ejemplo de ello es la creación de la llamada nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Los trabajadores ante tal injusticia se vieron en la necesidad de promover un sinnúmero de juicios de garantías, en las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decretado como ilegales las nuevas reformas, en particular la reforma que se refiere a la edad para la jubilación de los trabajadores vulnera los derechos adquiridos por quienes dedican su vida a laborar al servicio del país.
El inciso a), de la fracción II, del artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es una disposición que carece de lógica y sentido legal, en virtud de que transgrede de forma perversa lo previsto en los artículos 1o. y 14 constitucionales.
Por lo tanto estamos ante la aplicación retroactiva de la ley, lo cual no es un asunto menor, pues se están violando las garantías constitucionales de los trabajadores, agrediéndolos de forma impune en sus derechos.
Las personas que iniciaron vía laboral alcanzar la mayoría de edad, bajo el régimen de la legislación de 1983, ahora no tienen el derecho a jubilarse dentro de los plazos anteriormente descritos, por el contrario, están obligados a trabajar más años que aquellos que iniciaron su vida laboral más tarde, menoscabando así si dignidad.
La Constitución de 1917, la primera en incorporar garantías sociales, la que representa el espíritu del Estado mexicano en la presentación de los derechos del ser humano y por ende de la clase trabajadora, hoy no se respeta, no se le ha dado su lugar que debería de tener.
En el ámbito internacional nuestro país va en contra de fundamentos tales como el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 1o. del Protocolo de El Salvador y el artículo 21 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que compromete a los Estados a adoptar medidas progresivas para lograr la plena efectividad de los derechos y esto sólo por mencionar un pequeño compendio del extenso universo de legislaciones que hemos pasado por alto.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado Samuel Herrera Chávez, diputado federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto.
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el inciso a) de la fracción II del artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículo único. Se reforma el inciso a) de la fracción II del artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado para quedar como sigue
Décimo: “A los trabajadores que no opten por la prestación de bonos de pensión de ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades:
II. A partir del primero de enero del 2010
a) “Los trabajadores que hubiesen cotizado los 30 años o más y las trabajadoras que hubieren cotizado 28 años o más, tendrán derecho a una pensión por jubilación, cualquiera que sea su edad, no siendo aplicable en los dos últimos porcentajes de la tabla contenida en la fracción II, inciso b) de este artículo.
“La pensión por jubilación dará derecho a pago de una cantidad equivalente al 100 por ciento del sueldo básico calculado conforme a la ley abrogada.”.
Transitorios
Primero. El presidente decreto entrará en vigor al día siguientes de su publicación en el Diario oficial de la Federación y
Segundo. El presente decreto retroactará sus efectos a partir del primero de enero de 2010.
Ciudadano presidente, pido se inserte el texto en forma completa en el Diario de los Debates. Muchas gracias y ojalá que todos los diputados puedan apoyar esta iniciativa. Gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Como lo solicita el diputado Samuel Herrera, el texto íntegro de su iniciativa será insertada en el Diario de los Debates y se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social, para su dictamen.
Tiene la palabra el diputado Reginaldo Rivera de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativas con proyecto de decreto que reforma el artículo transitorio primero y deroga los artículos transitorios duodécimo y décimo tercero del Reglamento de la Cámara de Diputados y que reforma los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como no se encuentra el diputado Reginaldo Rivera en el salón de sesiones, pasa al final.
Se pospone la iniciativa que presentaría el diputado José Manuel Agüero con el numeral 9.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código de Procedimientos Penales y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México, y por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.
La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados: con frecuencia se dice que la muerte es lo único verdaderamente democrático que existe en el mundo porque todos, tarde o temprano, nos encontramos con ella o porque nos vamos todos y todas de igual manera.
Pero déjenme decirles que desgraciadamente eso no es totalmente cierto, sobre todo en el caso de los homicidios dolosos.
El análisis de los asesinatos de mujeres que a lo largo de casi 20 años han ocurrido en México, que se ha hecho fundamentalmente por parte de los propios familiares, de organizaciones civiles de los derechos humanos de las mujeres y de académicas y expertas basada en información del Inegi –por ejemplo, las estadísticas vitales–, o en alguna información que han proporcionado también algunas procuradurías, demuestra que los homicidios dolosos de mujeres tienen características que los diferencian de los hombres.
Primero porque los autores de estos crímenes, sean conocidos o desconocidos de las víctimas, en realidad coronan con la privación de la vida una cadena de actos de extrema brutalidad que lesionan diversos derechos de las mujeres, como son su integridad física y moral, su dignidad, su libertad, etcétera, para terminar con su vida. Es decir, el homicidio de las mujeres es multiagresivo y multiofensivo desde la perspectiva de los derechos.
Por ello, a diferencia de los hombres, que mueren en su mayoría en riñas o por el uso de armas de fuego en conflictos que se producen en el orden público, las mujeres morimos en las casas mayormente, a veces directamente a manos de los propios compañeros y con métodos completamente brutales.
La mayoría de las mujeres mueren ahorcadas, estranguladas, asfixiadas, sofocadas, ahogadas; se usan objetos cortantes tres veces más que en el caso de los asesinatos de los hombres, además de que la proporción en que son envenenadas o quemadas triplica a lo que ocurre con los hombres.
También en las edades hay diferencias. La mayor parte de los hombres son asesinados entre los 25 y los 40 años. En el caso de las mujeres ahí no hay distinción de edades porque hay asesinatos de niñas que acaban de nacer o que mueren antes de los 5 años, jovencitas, adolescentes, mujeres, madres y hasta adultas de la tercera edad. En todos estos hechos también los datos hacen de esto un fenómeno muy complejo.
Hay además otra serie de irregularidades. Por ejemplo, los asesinatos de mujeres son normalmente invisibilizados de los registros, se deniega la información y además, en la mayor parte de los casos, tampoco se hacen las necropsias.
En este sentido hay constantes: hay invisibilidad en las cifras, no se registran de manera sistemática, las procuradurías niegan esta información y aunque se argumenta que son pocos con relación a la muerte violenta de los hombres, generalmente se les oculta o se disuelven en otros casos.
La indiferencia y la falta de responsabilidad en los funcionarios del sistema de justicia, tanto en el trato de las evidencias, como en las investigaciones, hace que nunca se rindan cuentas de estos hechos, de manera la impunidad que campea es un permiso para seguir asesinando mujeres.
Por eso la comisión de la CEDAW recomendó, desde el 2006, al gobierno mexicano que tipificara al feminicidio y por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado, en el caso del Campo Algodonero, de manera que renunció la Corte a la presencia de una discriminación sistemática y de una impunidad que era completamente inaceptable.
De esta manera esta iniciativa ha recogido entonces toda esa información, toda esa experiencia, todas estas recomendaciones, y ha trabajado además, con organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos que hoy mismo dan respaldo a esta iniciativa a través de un desplegado que está publicado en la prensa. Son 120 organizaciones las que están detrás.
Quiero decir además que el trabajo de esta iniciativa ha sido también un trabajo pluripartidista en donde están diputadas y diputados de todos los partidos.
En este sentido, en términos concretos, se tipifica concretamente al feminicidio como la privación de la vida que se da a través de una serie de circunstancias en las cuales se concretan las razones de género, como es el conocimiento de todas estas lesiones y además, se agregan también cambios importantes al Código de Procedimientos Penales, de tal suerte que se concreta toda esta propuesta con todas las recomendaciones que se han hecho a través de los organismos internacionales.
Entonces, nada más pido a la Presidencia la incorporación de la iniciativa en el Diario de los Debates, de la cual hago entrega en este momento, con las firmas que ya se recabaron y con fundamento en los artículos 67 y 69 del Reglamento, se solicita que se turne a la Comisión de Justicia y también, para opinión, a la Comisión Especial contra los feminicidios de esta Cámara de Diputados. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputada Teresa del Carmen Incháustegui. Tal como lo solicita, el texto íntegro de su iniciativa se inserta en el Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Equidad y Género, para su dictamen.
La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputada. Diputada Laura Estrada, por favor, dígame.
La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez (desde la curul): Sí, presidente. Con la intención de preguntarle a la diputada Incháustegui, si puedo adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Diputada?
La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: La diputada Incháustegui no tiene inconveniente en que usted se adhiera a su iniciativa, diputada.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra, el diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Domingo Rodríguez Martell: Muchas gracias, presidente. Compañeros y compañeras diputadas, en esta ocasión quiero compartirles que me congratulo infinitamente de estar con ustedes presentando esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 35, 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Iniciativa que salvaguarda el derecho colectivo de representación política que tenemos como pueblos y comunidades, el cual está reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos signados por nuestro gobierno mexicano.
El reconocimiento de este derecho colectivo en nuestra Carta Magna significará, por un lado, que los pueblos y comunidades indígenas quienes representamos más del 10 por ciento de la población mexicana tendrán 50 diputados federales indígenas y 12 senadores indígenas en el Congreso de la Unión.
En la iniciativa se establece claramente el procedimiento para elegir a los diputados y senadores que representarán a los pueblos y comunidades indígenas en el Poder Legislativo. Sustentado en el criterio demográfico. Seguramente habrá pueblos que podrán elegir a más de un representante conforme a la fórmula de cociente natural de la población de pueblo indígena por número de curules de legisladores indígenas entre población total de pueblos.
Con ello estamos hablando que habrá pueblos que tendrán una representación diferenciada, entre ellos los hermanos náhuatl con 10, los mayas con 8, zapotecos 4, otomís 3, tzeltal 3, tzotzil 3, totonacos 2, mazahuas, en fin, para hacer un total de 50 diputados y 12 senadores.
Con esta iniciativa, por primera vez los pueblos y comunidades indígenas tendrán representación política en el país; es decir, tendrán curules en el Poder Legislativo bajo el principio de la pluralidad política y de la acción afirmativa, principios que salvaguardan el derecho colectivo de los pueblos y comunidades indígenas a la representación política.
Por ello es central que este reconocimiento no se confunda con el derecho que todo mexicano tenemos como individuos en materia política. Cabe resaltar que la iniciativa de representación política que presento recoge los principios establecidos en los Acuerdos de San Andrés, que por cierto el pasado 16 de febrero cumplió 15 años.
Recordemos, que en estos acuerdos el gobierno federal signó el compromiso de ampliar la participación y representación política de los pueblos y comunidades. A la letra se estableció que el Estado debe impulsar cambios jurídicos y legislativos que amplíen la participación y representación política, local y nacional de los pueblos indígenas respetando sus diversas situaciones y tradiciones, fortaleciendo un nuevo federalismo en la República Mexicana.
Diputadas y diputados, ya son muchos años del reclamo de las voces y demandas de nuestros hermanos y hermanas indígenas en materia de representación política. Por ello presentamos esta iniciativa para que se garantice el derecho de representación política.
Asimismo, con esta iniciativa se resarcirá la exclusión de los pueblos y comunidades en el ámbito político y se establecerá una nueva relación entre el Poder Legislativo y los pueblos indígenas bajo el principio de la pluralidad, entendido como el trato entre los pueblos y culturas originarias que conforman la sociedad mexicana respetando sus diferencias bajo el supuesto de igualdad fundamental, conformando un orden jurídico nutrido por la pluriculturalidad que refleje un diálogo con pertinencia cultural.
Estoy convencido que el fortalecimiento democrático en nuestro país se basa en estas acciones de reconocimiento del derecho colectivo a la representación política de los pueblos y comunidades, donde la nación se cimenta en la pluralidad entendida como convivencia pacífica, productiva, respetuosa y equitativa de todo lo diverso.
Por último, señor presidente de la Mesa Directiva, suplico a usted inserte íntegramente al texto de mi iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado. Tal como lo solicita el texto íntegro de su iniciativa, se inserta en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o., 6o. y 20 de la Ley de Planeación.
El diputado Sabino Bautista Concepción (desde la curul): Presidente.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos...
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Perdón, señor diputado César Augusto, ¿me permite un segundo, por favor?
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Sí, como no.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Sabino Bautista.
El diputado Sabino Bautista Concepción (desde la curul): Presidente, dada la trascendencia de esta iniciativa para los indígenas, yo quiero preguntarle al diputado Domingo si me permite adherirme.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Domingo Rodríguez, ¿acepta usted la adhesión?
El diputado Domingo Rodríguez Martell (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Domingo Rodríguez acepta su adhesión, con mucho gusto. Adelante señor diputado César Augusto.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Quiero robarles unos minutos de su atención para comentar rápidamente la intención de esta iniciativa que estoy considerando el día de hoy, y que tiene que ver un tema que ha sido tratado aquí muchas veces, y que en lo personal estimo que es de gran relevancia para darle certeza al rumbo de la nación, tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo.
Cuando las reformas constitucionales se realizaron para crear el Plan Nacional de Desarrollo, se pensó que este plan era un instrumento para evitar que la política republicana del Ejecutivo de la Unión, tuviera los vaivenes que la coyuntura política o las exigencias electorales demanden de tiempo en tiempo.
Se pensó que por encima de todas estas cuestiones que son importantes para algunos, el Plan Nacional de Desarrollo era el mejor instrumento para garantizar que el país iba a tener un rumbo e iba, a través de los instrumentos del poder público, conseguirlo en plazos debidamente fijados.
Se creó la Ley de Planeación que tiene el propósito de que este plan se realice con la consulta de la ciudadanía y que esto se refleje, de alguna manera, en la estructura del plan. Pero, con el paso del tiempo el plan ha sido simplemente y llanamente un instrumento publicitario más, que se saca de la valija del desván cada que conviene para alguna nueva campaña publicitaria, pero que en esencia está muy distante de reflejar la conducta del Ejecutivo en términos de la agenda nacional.
Si ustedes ven en el Plan de Desarrollo el tema dedicado al combate del crimen organizado, apenas alcanzará cinco o seis renglones.
Mi iniciativa quiere obligar a que el Plan vuelva a tener ese sentido rector que ya no lo tiene y obligar a que las consultas públicas que realice el Ejecutivo o que realiza la Cámara de Diputados tengan una lógica de transparencia, que se publique previamente cuándo se va a consultar, para qué se va a consultar y cuáles son las expectativas prácticas que se pretende obtener de tal consulta.
Ustedes han visto que ahora cada que hay algún incidente grave en este país se consulta a la ciudadanía en foros de amigos o de expertos, supuestamente, que opinan lo que les viene en gana sin una conexión real con la sociedad que está sufriendo el flagelo en tiempo.
De manera que yo propongo esta iniciativa; se complementa con una más profunda que ya se presentó para reformar incluso la Constitución. Pero mi iniciativa aterriza en las cuestiones muy concretas de las Ley de Planeación que harían factible que pudiésemos -como Cámara- obligar a que de aquí en adelante las consultas públicas en los temas propios de la República tuvieran una lógica y un desarrollo de manera ordenada y cierta.
La certeza es un problema que lo vivimos de manera cotidiana y creo yo que con esta iniciativa contribuiríamos a que ésta fuera evitándose en lo posible para darle un rumbo cierto a los destinos del país. Ésta es mi aportación, la dejo a la consideración de ustedes, con la expectativa de que lo podamos discutir con amplitud en un tiempo futuro. Muchas gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Con mucho gusto, diputado César Augusto. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
En el caso de la iniciativa que presentó la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, a petición de ella misma y por considerarlo conveniente, también se turna para la opinión de la Comisión Especial de Feminicidios.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Maurilio Ochoa Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí, señor diputado. Por favor, sonido a la curul del diputado Benítez Treviño.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Gracias, señor presidente. El tema de la iniciativa que acaba de presentar el diputado César Augusto Santiago es de la mayor relevancia. Se cobija en el principio de que hay que escuchar para gobernar, y como lo propone el iniciante, hay que escuchar en forma sistemática, ordenada y congruente, por tal motivo, siendo de la mayor relevancia, le ruego preguntarle al diputado proponente si me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Con mucho gusto. Diputado César Augusto, el diputado Benítez Treviño pregunta si usted tiene algún inconveniente en que se adhiera a su iniciativa.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): Es un honor.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado César Augusto considera que es un gran honor que un diputado, con el conocimiento del tema que usted tiene, se adhiera a su iniciativa, e incluso me invitó.
Amablemente, con mucho gusto, va a ser para mí también un honor asociarme a su inquietud, diputado.
Adelante, señor diputado Ochoa.
El diputado Maurilio Ochoa Millán: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el pasado 18 de febrero, el titular del Ejecutivo y la secretaria de Turismo del gobierno federal convocaron a la firma del Acuerdo Nacional por el Turismo, acuerdo que refleja el trabajo coordinado de todos los actores que participan en el sector turismo, gobernadores, legisladores, secretarios de Estado, empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil, con un único fin: lograr que el sector despliegue todo su potencial.
Sin duda el encuentro demostró la unidad que existe para apoyar al turismo y el reconocimiento de que juntos podemos concretar acciones que consoliden a México como una potencia turística mundial.
Dicho acuerdo nacional propone diversos ejes estratégicos, que conforman la base de una política de Estado, por medio de las cuales se apoya al sector turístico, fomentando la integración de cadenas productivas nacionales e impulsar cambios regulatorios a favor del sector. Hoy se inicia una nueva etapa en la misma agenda del turismo.
Acudo a esta soberanía para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que propone la deducibilidad del consumo de restaurantes al 100 por ciento.
En México la industria restaurantera es uno de los sectores más importantes del país, ya que es una de las industrias que más genera ingresos al país; sin embargo, se enfrentan problemas muy diversos, entre otros la baja de la demanda, el encarecimiento de muchos de sus insumos, que se utilizan en la elaboración de alimentos, esto aunado a un incremento considerable del cierre de establecimientos, que han tenido que cerrar por la inseguridad.
Los estados del norte, como Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, entre otros, hoy viven diversos embates generados por la ola de violencia e inseguridad que impera en todo el país.
Diversos sectores empresariales se han manifestado en diferentes foros y espacios y han dicho del daño económico que les ha generado la ola de violencia creada por el crimen organizado y en algunos casos, que representa la pérdida de los negocios.
Hay empresarios del ramo que ya no ven otra salida más que cerrar sus negocios, luego de esta incertidumbre a la espera de que cambie la situación del país y de hacer frente a los altibajos del sector.
Los cierres se prevén en corto y mediano plazo y de forma definitiva, principalmente en aquellos empresarios del sector que cuentan con varias sucursales.
En este sentido, la sección especializada de restaurantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua estima que más del 40 por ciento de los restaurantes afiliados están cerrando sus puertas.
Es urgente la necesidad de impulsar cambios regulatorios a favor del sector, que coadyuven a resolver los diversos problemas que enfrenta la industria restaurantera y es el caso que nos ocupa en el que la deducibilidad en los consumos sea al 100 por ciento. Dicha propuesta tendrá como consecuencia casi inmediata, un impacto favorable en la reactivación del mercado y del sector restaurantero, la generación de más empleos a nivel nacional y el desarrollo de cadenas productivas propuestas en el Acuerdo Nacional por el Turismo.
Se requiere hacer en México y en todos los sectores, un país más competitivo con reglas claras y específicas, que le permitan contar con los elementos suficientes, con un régimen fiscal adecuado a la modernidad y a las necesidades contemporáneas.
La importancia de la iniciativa radica en hacer de la industria restaurantera un sector más competitivo y moderno, que colabore como detonante del desarrollo no sólo de este sector, sino de la economía. Con esto lograremos mejorar la imagen de los estados del norte y de todo México; lograremos hacer más competitiva a la población que vive en los lugares más concurridos de México; parques naturales, playas, lugares de visita, para que los apoyemos en mejorar la imagen de estos lugares.
Estamos seguros que con la reactivación de esta importante industria restaurantera y consiguiente incremento en el padrón de contribuyentes ayudará a la reactivación global del trabajo y fomentará la captación de impuestos.
Por lo anteriormente expuesto, me parece conveniente hacer las modificaciones hacendarias pertinentes y de esta manera se incentivará la economía nacional, se promoverá el empleo y la inversión, se generarán diversos ingresos fiscales y el mejor control en la tributación de la industria restaurantera.
Por eso, compañeras y compañeros diputados, desde esta tribuna pedimos a las autoridades competentes se sumen a los ejes establecidos en el Acuerdo Nacional del Turismo. En mérito de lo expuesto y en ejercicio de mis facultades constitucionales y de la responsabilidad que la ley nos impone para legislar en base a las necesidades del país y los ciudadanos que nos han electo, someto ante esta honorable asamblea la siguiente.
Iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se modifica el párrafo 20 del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
Proyecto de decreto
Único. Se reforma la fracción 20 del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:
Para los efectos de este artículo, serán deducibles el 100 por ciento de los consumos a restaurantes.
Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por su atención, muchas gracias señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracia a usted por su intervención, diputado Maurilio Ochoa.
Sonido a la curul del diputado Melchor Sánchez, por favor.
El diputado Melchor Sánchez de la Fuente (desde la curul): Felicito al diputado exponente y le pregunto si me permite adherirme, porque son precisamente las modificaciones que tenemos que estar buscando en este pleno. Tenemos que estar buscando el desarrollo de las industrias y en este caso la industria restaurantera. Generaría esta iniciativa grandes logros para todos. Me adhiero y si le pregunta, por favor.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Maurilio Ochoa, el diputado Melchor Sánchez pregunta si no tiene inconveniente en que él se adhiera a su iniciativa.
El diputado Maurilio Ochoa no tiene inconveniente, para que en caso de que usted o algún otro diputada o diputado tengan la intención de sumarse, lo hagan. Con mucho gusto.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Antes, diputado, permítame hacer el turno de la iniciativa anterior que presentó el diputado Maurilio Ochoa Millán a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen. Adelante, diputado.
El diputado Óscar González Yáñez: Gracias, señor presidente. Quisiera dedicar mi intervención a dos compañeros y amigos de un servidor que están pasando por un mal momento en su vida: a mi querido compañero Jaime Velázquez y a mi entrañable amigo Mariano Villegas, que están pasando por un mal momento en su vida.
Quisiera llamar la atención de ustedes sobre una visión que tenemos que discutir y abrir una discusión amplia sobre cuál debe ser el papel del Estado mexicano, en el sentido de si tenemos un Estado que regule la economía o que intervenga en la economía; un Estado Regulador o un Estado interventor.
Se han dado diversas privatizaciones en nuestro país a lo largo de las últimas tres décadas. Una de la Ferrocarriles y tenemos uno de los peores servicios ferroviarios prácticamente del mundo; otra de la Banca mexicana que tenemos los servicios más costosos del mundo; y otro en particular, que es al que me voy a referir, que es a la telefonía.
En el caso particular de Telmex, el mercado, para los que tienen visión de que el mercado es el regulador de la economía, en este caso particular el mercado no ha logrado regular la telefonía. Tenemos un mal servicio para aquéllos que piensan que la competencia genera calidad, aquí está la prueba de que no.
Tenemos una de las telefonías más caras del mundo y tenemos al hombre más rico del mundo que ha generado esta privatización a principios de los 90. Ha generado uno de los negocios más rentables y, ojo, no por la inversión privada, sino por la inversión pública originaria en que se dio en la red antes de su privatización. El negocio más rentable y no por inversión privada, sino por inversión pública. Todo esto en detrimento de la calidad de vida de los mexicanos y en detrimento de la economía.
Estamos claros que en su momento hubo una decisión que el Estado mexicano tomó la decisión de privatizar diversas áreas. Lo cierto es que esta decisión ha generado monopolios y ha generado el deterioro de lo que estamos hablando. La Cofetel no ha sido suficiente para regular estas áreas.
Insisto, ¿cómo podemos hacer entonces que el Estado intervenga para generar mejor calidad de vida a los habitantes, sin abandonar esa tarea fundamental? El Estado tiene que intervenir, es a la conclusión que llegamos algunos que tenemos esta visión.
¿Qué estamos planteando de forma concreta? Lo que estamos planteando es que se vuelva a nacionalizar la red telefónica de nuestro país. Diferencio, no la concesión, sino la red telefónica, por no habar cumplido cabalmente el origen de su privatización, y dos, por todos los argumentos que di anteriormente, que deterioran la calidad de vida de los mexicanos.
En consecuencia es, que la telefonía mexicana la regule el Estado mexicano y la opere el Estado mexicano, para no generar monopolios, para generar una competencia real, para generar mejores niveles de acceso de la población y un mejor servicio a esta área de primera necesidad.
Por su atención, a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Hago entrega de la iniciativa a la Secretaría. Gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado Óscar González. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Me disculpa tantito, diputado. A petición del diputado Maurilio Ochoa Millán, la iniciativa que presentó y que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen, también se turna para opinión de la Comisión de Turismo. Muchas gracias. Adelante, señor diputado.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Señor presidente, si me permite y me amplía un poco el tiempo de mi exposición, quiero aprovechar el espacio también para presentar la iniciativa que está agendada, para modificar el artículo 55 de la Constitución, si me permite.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Con mucho gusto, diputado. Sí lo consideramos así.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Okey. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la primera iniciativa que hoy presento tiene por objeto el llamar la atención a este pleno de representantes populares sobre la anunciada crisis alimentaria que ya se observa como un asunto de interés público y nacional, y que debemos afrontar antes de que sea demasiado tarde.
El cambio climático, el aumento de los precios internacionales de los alimentos, como factores externos, y por otra parte, la actual política pública que privilegia la importación de alimentos y descuida deliberadamente la autosuficiencia alimentaria, ambos son factores que han conducido al incremento de la pobreza extrema en el campo y a colocarnos peligrosamente en una situación de dependencia alimentaria. Es inadmisible que como representantes del pueblo no adoptemos medidas y garanticemos que se ejecuten por parte del gobierno, para prever y afrontar esta situación.
Por efectos del cambio climático en nuestro país se afectaron, entre 2010 y 2011, cerca de dos millones de hectáreas de manera total e imparcial en el sur sureste con las lluvias y en el norte con las heladas.
En Sinaloa se perdieron cinco millones de toneladas de maíz, de los siete millones que se cosechan en el ciclo otoño-invierno.
El aumento de precios internacionales también obedece al cambio climático que ha generado daños severos a la producción en Rusia y Australia y por otra parte también a la ampliación de la demanda en países como Chilar y la India.
De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el incremento de los precios de los productos agropecuarios alimentarios, se incrementó en un 32 por ciento. Este aumento obedece también a que en Estados Unidos dedican una tercer parte de su cosecha, 300 millones de toneladas, a la producción de etanol, lo cual genera especulación en los precios.
El balance de la implementación del tratado de libre comercio que se suponía nos acercaba al primer mundo, asociados al país más poderoso del mundo, es desastroso.
En 1993 importábamos sólo 250 mil toneladas de maíz. Hoy importamos 11 millones de toneladas.
Importamos el 33 por ciento del frijol y el 80 por ciento del arroz que consumimos, cuando éstos son parte de la alimentación básica de nuestro pueblo.
El 95 por ciento de la soya y de las oleaginosas para la producción de aceites, son de importación. Importamos el 85 por ciento de la leche en polvo y el 40 por ciento de la carne de res y cerdo.
La dependencia alimentaria nos hace cada vez más vulnerables ante el alza mundial de los granos y el 73 por ciento de las importaciones provienen de los Estados Unidos.
No debe omitirse el hecho de que las reservas mundiales de maíz y otros granos han ido a la baja, en tanto en México no conocemos cuáles son las reservas alimentarias del país en una falta absoluta de información que la ciudadanía debe poseer.
Por ello, por esta razón es que de manera legal pretendo, con esta iniciativa, que adiciona una fracción IX al artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, obligar en el marco de esta ley, a que el gobierno federal asuma plenamente su obligación de elevar la producción agropecuaria y pesquera y que permitan el abasto suficiente a bajo costo con oportunidad a todos los ciudadanos mexicanos.
Asimismo, a que las acciones del gobierno federal estén encauzadas a que de inmediato se den a conocer a la ciudadanía, en un plazo no mayor de 90 días a parte de la puesta en vigor de esta modificación a la ley, los planes que se pondrán en operación, escuchando la opinión de los sectores correspondientes que tengan que ser involucrados.
En otras palabras, compañeras y compañeros diputados, debemos reformar la ley para que el gobierno no se deslinde de esta obligación, pero sobre todo debemos tener claridad en la urgencia de conformar un plan emergente con financiamiento oportuno y garantizado para adquirir autosuficiencia y soberanía alimentaria en el plazo menor posible. El futuro ya nos alcanzó.
La segunda iniciativa tiene que ver con otorga derechos plenos a los jóvenes que cumplen 18 años.
En México, de acuerdo con el Censo General de Población 2010, son 20 millones 250 mil jóvenes entre 15 y 24 años, de los cuales seis millones se encuentran entre los 18 y 20 años. En esta secuencia, cada año aproximadamente dos millones de jóvenes se convierten en ciudadanos, pero limitados en sus derechos políticos.
Éste es el motivo de la presente iniciativa: reconocer a los jóvenes sus derechos políticos plenos con base en la propia Constitución política de nuestro país. En el artículo 34 ya se establece que a los 18 años los varones y mujeres tienen la calidad de mexicanos, adquieren su ciudadanía. En el artículo 35 se establece como prerrogativa ciudadana el votar y ser votados para todos los cargos de elección popular. Finalmente, el artículo 36 también establece que, como ciudadano mexicano, se tiene la obligación de desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de los estados y los cargos concejiles del municipio donde se resida.
Espero que coincidamos en que la decisión o elección del destino de México son verdaderamente relevantes y que la mitad de los derechos ciudadanos es votar; la otra mitad es el derecho a representar, ejecutar y conducir los destinos de México. No sólo debemos atender el bono demográfico en el sentido de que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente y por tanto el potencial productivo de la economía es mayor, sino en el sentido de que los hoy jóvenes deben coadyuvar a construir su futuro.
La experiencia y responsabilidad se adquieren desde la infancia y se desarrollan con los años. Hoy vemos jóvenes buscando y reencontrando asumir un rol, responsabilidades y retos ante la falta de oportunidades educativas, falta de oportunidades de empleo, falta de que sus padres les asistan en su formación profesional por falta de recursos económicos, entre otros aspectos.
Asumir la corresponsabilidad política de conducir a su país por mejores senderos es el mejor de los retos para este segmento social de jóvenes que ahora son objeto electoral.
Es momento de dar un paso más en nuestra democracia y sobre todo dar cauce al ímpetu de los jóvenes, mujeres y hombres ciudadanos mexicanos, de ejercer plenamente sus derechos políticos constitucionales a partir de las elecciones federales del año 2012.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria y que esencialmente implica reconocer en el artículo 55 de la Constitución el derecho ciudadano de sólo contar con 18 años cumplidos el día de la elección para ser elegible diputado federal.
Implica desde luego que, de aprobarse esta iniciativa, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se realice la adecuación correspondiente de manera oportuna para el proceso electoral 2011-2012.
Asimismo, y en virtud de que existe incumplimiento en algunas entidades federativas de los ordenamientos constitucionales respecto a los derechos ciudadanos para ser elegible para cargos concejiles y legislaturas locales, realizar las adecuaciones correspondientes para los procesos electorales que se desarrollen a partir del año 2012.
Es simple y sencillamente, compañeros, que los jóvenes sólo –como lo establece la Constitución– al cumplir 18 años tengan la posibilidad, no sólo de elegir, sino de ser electos como diputados federales. Muchas gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado Francisco Amadeo Espinosa. En el caso de la primera iniciativa que presentó el diputado Francisco Amadeo Espinosa se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para su dictamen. La segunda iniciativa se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de igual forma, para su dictamen.
Se encuentran de visita en este recinto alumnos del Instituto Pearson, de Coatzacoalcos, Veracruz, invitados de la doctora María de los Ángeles Mascott Sánchez. Sean bienvenidos todos ustedes. Ojalá su estancia aquí sea placentera e instructiva.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Víctor Roberto Silva Chacón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 85 y 86 Ter, de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El diputado Víctor Roberto Silva Chacón: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy en día es común que empresas proveedoras de bienes y servicios realicen prácticas comerciales que a simple vista perjudican a los consumidores, en razón de que la obligación de contratar un cierto bien o servicio por un plazo forzoso o determinado, muchas de las veces resulta inequitativo y desleal para la economía de los consumidores.
Cabe destacar que la amonestación pecuniaria respecto a los contratos cancelados de manera anticipada en la mayoría de los casos corresponde a un valor similar o igual al que se hubiera obtenido por el goce del bien o servicio durante el tiempo de vigencia del contrato. Lo anterior con clara intención de que al consumidor le resulte más costoso cancelar el contrato de adhesión que continuar con su vigencia.
Como muchos sabemos dichos contratos de adhesión son regidos, en su mayoría, por ordenamientos civiles y en los que comúnmente son elaborados por el proveedor para establecer los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o a la prestación de un servicio.
Los casos más típicos que atañen coerciones económicas contra los consumidores se concentran en los contratos por servicios en telecomunicaciones, energía, vivienda y transportes, por mencionar algunos.
Cabe destacar que uno de los motivos a gran escala que han propiciado que los consumidores tengan la necesidad de cancelar en su momento este tipo de contratos es el relativo al cambio de residencia o domicilio por cuestiones inherentes a la dinámica demográfica y laboral.
Otro de los casos comunes es el que resulta por causas no imputables al consumidor y sí al responsable de proveer ciertos bienes o servicios y que por motivos externos al consumidor éste es ve afectado en cuanto a la satisfacción de la eficiencia y calidad del bien o servicio por no ser proporcionado de acuerdo a lo pactado en el contrato.
Actualmente la Ley Federal de Protección al Consumidor prevé que la Secretaría de Economía, mediante normas oficiales mexicanas podrá imponer a los proveedores a registrar contrato de adhesión ante la procuraduría cuando un servicio pueda implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o de altas probabilidades de incumplimiento.
De lo anterior, se desprende la obligación de varios proveedores y otros que, de manera voluntaria, han decidido registrar sus contratos de adhesión ante dicha instancia administrativa.
Sin embargo, cabe destacar que desde el último lustro, se han incrementado en más del 40 por ciento la tramitación de procesos conciliatorios y de arbitrajes administrativos entre particulares por inconsistencias e irregularidades en ciertas disposiciones normativas prescritas en los contratos multicitados.
En congruencia con lo anterior, se hace imperioso que la legislación de protección al consumidor establezca los casos, razones o situaciones en las cuales se pueda dar por terminado este tipo de contratos, sin vulnerar la satisfacción y certidumbre del consumidor.
En consecuencia, se propone modificar el artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de que los proveedores que ofrezcan bienes o servicios al público en general de manera masiva tengan la obligación de registrar su contrato de adhesión ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Asimismo, proponemos se modifique el artículo 86 Ter de la misma ley, a efecto de establecer cuatro causales para que a solicitud del consumidor pueda darse la rescisión del contrato aun de manera anticipada, sin amonestación o penalización alguna por no ser imputable al mismo consumidor.
Sobre las causales proponemos las siguientes:
Primera. Cuando existan prácticas comerciales coercitivas o desleales;
Segunda. Cuando exista cambio de residencia o domicilio del consumidor;
Tercera. Cuando existan condiciones no imputables al consumidor que afecte el abastecimiento de la prestación del bien o servicio;
Cuarta. Cuando el proveedor sea sancionado por una práctica monopólica.
Estas reformas, sin duda alguna, pretenden sentar nuevas bases para que los proveedores ofrezcan bienes y servicios en mejores condiciones para los consumidores. Además, de que se estará incentivando a los proveedores a mantenerse en constante innovación y a procurar una adecuada y esmerada atención hacia los consumidores.
Presidente, de la manera más respetable, le solicito que esta iniciativa sea inscrita en el Diario de los Debates.
Con esto concluyo, diputado presidente. Gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Con mucho gusto, diputado Víctor Roberto Silva Chacón. El texto íntegro de su iniciativa se inserta en el Diario de los Debates, y se turna a la Comisión de Economía para dictamen.
El diputado Maurilio Ochoa Millán (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Maurilio Ochoa. Sonido en la curul del diputado Maurilio Ochoa, por favor.
El diputado Maurilio Ochoa Millán (desde la curul): Sólo para preguntar al diputado Silva, si estuviese de acuerdo en que nos adhiéranos a su propuesta.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Silva.
El diputado Víctor Roberto Silva Chacón (desde la curul): Sí, con gusto.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí, diputado.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Por la importancia del tema, presidente, considero que también debe dársele turno, aunque sea con opinión a la Comisión de Justicia; porque sí entraña competencia de economía, pero es un asunto que tiene que ver con la autonomía de la voluntad de los contratantes y los contratos de adhesión.
Sería importante que también emitiera opinión, al menos, la Comisión de Justicia, presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En la Mesa Directiva se va a hacer la revisión para considerarlo con mucho gusto. El diputado Silva no mostró inconveniente, al contrario, se muestra complacido de que diputados y diputadas se asocien a su iniciativa.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la ley general del seguro de desempleo.
En una misma intervención hará la presentación de dos iniciativas, la otra se refiere a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 73 Bis, de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Adelante, diputado, y vamos a considerar en el tiempo sus dos intervenciones.
El diputado Fernando Espino Arévalo: Gracias, señor diputado presidente. Señoras y señores legisladores.
Por economía procesal parlamentaria, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva se inscriba integra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
La crisis económica mundial, cuyo origen data desde mediados del 2007, tuvo severos efectos en el producto interno bruto de nuestro país al caer 6.5 por ciento en el año 2009, trayendo consigo una tasa de desocupación de 5.5 por ciento, según la información del INEGI.
Con esta situación se hizo evidente que más de 2.5 millones de personas se quedaran sin empleo, afectando por un lado, su nivel de vida y la de su familia, y abriéndose por otro, el camino para ejercer un trabajo informal o peor aún, formar parte del crimen organizado.
Basta mencionar que a diciembre del año 2010, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo levantada por el INEGI, reportó una tasa de desocupación nacional de 4.94 por ciento, cifra superior a la del mismo mes del año 2009, la cual se situó en 4.80 por ciento.
Ante tales circunstancias, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social implementó desde hace varios años, una política laboral enfocada a la promoción de inversiones para la generación de empleos en la economía formal.
De acuerdo con cifras de la propia secretaría, durante el primer trimestre del año 2010, se logró atender a casi un millón de personas con la aplicación de estos servicios y programas.
Sin embargo, sólo 18.5 por ciento de aquellas han conseguido un empleo. Esto es decir, alrededor de 800 mil personas no contaron con posibilidad alguna de integrarse a un trabajo formal en el país.
Para solucionar esta situación, que se ha vuelto crónica en el país durante los últimos años, la presente iniciativa consiste en expedir una ley que establezca las bases generales para crear el seguro de desempleo en todo el territorio nacional.
Dicho seguro busca otorgar un apoyo económico equivalente a 30 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal durante 6 meses a quienes cumplan con ciertos requisitos y obligaciones.
Aunado a ello, esta ley en su conjunto responde a las recomendaciones que desde el año de 1925, la Organización Internacional del Trabajo ha hecho a los países en desarrollo para reglamentar los seguros de desempleo.
Recientemente este órgano internacional ha advertido la necesidad de establecer de manera urgente la cobertura de esquemas de protección social básicos, para proteger a los pobres de los efectos devastadores causados por las fuertes fluctuaciones de la actividad económica. Por lo que en atención a esto, la aplicación general de seguro de desempleo en México representaría un gran avance para contener de alguna forma la elevada tasa de desocupación que aqueja a más de 2.5 millones de personas.
Por lo anterior, someto a la consideración del pleno de esta soberanía para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Seguro de Desempleo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Proceda con la segunda iniciativa.
El diputado Fernando Espino Arévalo: Ante la tranquilidad postrevolucionaria, en el país se empezó a respirar un clima de tranquilidad que dio lugar a una participación masiva de las personas en las diferentes disciplinas deportivas.
Con el paso del tiempo varias de estas disciplinas se convirtieron en empresas promotoras de espectáculos deportivos con fines de lucro. Por lo que requerían contar con los mejores exponentes para lograr sus objetivos sin importar la nacionalidad de éstos, lo que sin duda provocó que llegaran al país muchos extranjeros, principalmente para enrolarse en los equipos de fútbol soccer; ello derivado de las complacencias del gobierno y la carencia de un marco jurídico que definiera el quehacer en la materia.
De ahí que el 24 de enero de 1945 se expidiera el decreto para privilegiar la participación de futbolistas nacidos en México. No obstante lo anterior y lo limitado de la disposición, nos parece que fue oportuna, pero con el paso del tiempo sus bondades se han desvirtuado, pues la aplicación del decreto lo circunscribe al Distrito Federal, dejando fuera de su aplicación al resto de la república, condición por supuesto discriminatoria.
De ahí que el Congreso de la Unión se encuentra ante la responsabilidad de ejercer su facultad de legislar en torno al ejercicio del fútbol, béisbol y básquetbol profesional, entre otros deportes o espectáculos, pues éstos constituyen materia de interés pública que deben ser atendida por los órganos del Estado, toda vez que para la sociedad y los jóvenes, en especial aquellos de escasos recursos se sienten atraídos hacia los deportes que representan una opción laboral para obtener una retribución económica.
Sin embargo, esta oportunidad se pretende cerrar por la decisión mediática de los empresarios del deporte profesional, a quienes poco o nada les importa el desarrollo armónico del deporte mexicano. Actualmente, cada uno de los 18 clubes que integran la primera división del fútbol soccer mexicano puede contratar hasta cinco jugadores foráneos.
Por lo expuesto, hoy propongo se adicione un artículo 73 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el fin de que la máxima categoría de los deportes de conjunto que se realicen con fines de lucro, participen como mínimo un 72 por ciento de jugadores mexicanos y un 80 por ciento la inmediata inferior, y en el resto de categorías o circuitos estaría prohibida la participación de extranjeros.
Finalmente, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva se inscriba íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Con mucho gusto, señor diputado Fernando Espino Arévalo. Tal como lo solicita, el texto íntegro de su intervención se inscribe en el Diario de los Debates.
En el caso de la primera iniciativa se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
En el caso de la segunda intervención de usted, se turna a la Comisión de Juventud y Deporte, para su dictamen.
El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Juan José Cuevas, ¿con qué objeto, diputado?
El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): Diputado presidente, preguntarle al diputado ponente, a ver si me permite adherirme a la segunda iniciativa que presentó, con respecto a lo del deporte, por favor.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Fernando Espino Arévalo, el diputado Juan José Cuevas pregunta si usted no tiene inconveniente en que se asocie a su planteamiento.
El diputado Fernando Espino Arévalo (desde la curul): No tengo ningún inconveniente. Le agradezco.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Fernando Espino Arévalo no tiene ningún inconveniente y al contrario, agradece la intención de usted, señor diputado.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o y deroga los artículos 133 Bis, 205 y 256 del Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado Miguel Ángel García Granados: Muchas gracias, señor presidente. El propósito de esta iniciativa fundamentalmente obedece a una pregunta que me he hecho durante toda mi vida y que se las formulo a ustedes en este momento: ¿en qué país queremos vivir? ¿En un país en el cual se investigue para detener, o en un país como en el que actualmente vivimos, que se detiene para investigar?
Prefiero mil veces lo primero; un país en el cual se investigue a profundidad antes de detener al ciudadano y someterlo a los tribunales.
En razón de ello y como se complementa mucho con una iniciativa que presentó también recientemente el doctor Humberto Benítez Treviño, quiero omitir la lectura de esta iniciativa y señalar que va fundamentalmente con el propósito de acotar muy claramente la figura del arraigo, que se ha venido exagerando por parte de las autoridades de la procuración de la justicia y que han permitido la vejación y la vulneración de los derechos de una gran cantidad de mexicanos.
Así de sencillo quisiera dejarlo. Será sometido lógicamente a consideración de las comisiones respectivas y quiero que, en todo caso, nos volvamos a formular la pregunta: ¿En qué país queremos vivir? ¿En un país en el cual se detenga para investigar, o en un país en el cual se investigue exhaustivamente para detener?
No quisiera dejar pasar el tiempo para hacer una reflexión. Señor presidente, respetuosamente. En el orden del día de hoy observo que no se encuentra señalado ninguna efeméride, y yo quisiera recordar a esta soberanía que el día de hoy se cumplen 172 años que fue firmado el tratado de paz entre México y Francia y que puso fin a la Guerra de los Pasteles.
La fortaleza del Estado mexicano en aquella época, con Santana al frente, provocó que el gobierno de la república francesa diera marcha atrás y obligara, tras una ocupación de varios mees en puerto de Veracruz y el ataque a San Juan de Ulúa, que se pusiera fin a esta contiende injusta, y hoy creo que es necesario que lo celebremos.
Igualmente, el día de hoy se cumplen 95 años en los cuales Francisco Villa incursionó militarmente en la ciudad de Columbus, con el argumento de que los estadounidenses estaban vendiéndole balas de salva a su ejército. Ojalá que hoy el gobierno de Estados Unidos y los comerciantes de Estados Unidos efectivamente vendieran balas de salva y vendieran armas inservibles a los de la delincuencia organizada, que están vulnerando la soberanía y la seguridad de nuestro país.
Los dos eventos son eventos que no podemos dejar pasar por alto, lo digo con franqueza. Como alguien a quien le interesa la historia, quisiera simplemente recomendar que antes de culminar esta sesión, en razón de volver a vivificar la fortaleza del Estado mexicano con el reciente conflicto de Florence Cassez, que tuvimos con el gobierno de Francia y rememorando aquel 9 de marzo de 1839, emitiéramos al igual que la fecha del 9 de marzo de 1916, en los cuales, fecha en la cual Francisco Villa incursionó militarmente en Columbus, por las mismas razones incluso que en aquella época incursionó, hoy antes de concluir esta sesión entonáramos el Himno Nacional. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, señor diputado, y agradece esta Mesa Directiva su aportación. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra el diputado Bonifacio Herrera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; de la Ley General de Extinción de Dominio; del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal, y expide además la Ley Federar para la Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos por el Delito, suscrita ésta por el diputado de la voz y el diputado José Luis Ovando. Adelante, señor diputado.
El diputado Bonifacio Herrera Rivera: Gracias, señor presidente. En razón del artículo 76, fracción I, del Reglamento, cuando se presenta una ley general se concederán al diputado ponente 10 minutos, por lo que le pediría que instruyera para que me concedieran los 10 minutos.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En el caso de las iniciativas solamente son 5 minutos de Reglamento, diputado, pero...
El diputado Bonifacio Herrera Rivera: Si es tan amable en instruir a la Secretaría que le dé lectura al artículo 76, fracción I.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Por favor, se instruye a la Secretaría para que dé lectura... Sí ha lugar a la petición del señor diputado, por lo mismo se le conceden los 10 minutos que solicita.
El diputado Bonifacio Herrera Rivera: Gracias, señor presidente. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
Los suscritos diputados José Luis Ovando Patrón y el de la voz, miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos ante esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito; se reforma el artículo 10 de la Ley de Amparo; se adiciona una fracción II al artículo 1o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del sector Público; se reforma asimismo y se derogan varios artículos de la Ley Federal de Extinción de Dominio; así como del Código Federal de Procedimientos Penales; se adiciona un capítulo tercero al Título Undécimo del Código Penal Federal.
El delito es una actividad que resquebraja y mina la vida de las personas y de todo un pueblo. Su comisión produce de forma sustancial cambios en la vida de la víctima relacionados con sus costumbres, sus hábitos; mina su confianza, su seguridad familiar, social y cultural.
Por ello es indispensable que nuestro sistema de procuración y administración evolucione y prospere día a día hasta convertirse en un sistema capaz de proporcionar a los mexicanos la justicia que todos demandan.
Es preciso reconocer que lamentablemente la falta de protección de la víctima u ofendido del delito no es únicamente producto de la ineficiencia en la conducción de las instituciones encargadas de administrar y procurar justicia, sino que, se encuentra también asociada a un sistema normativo penal caracterizado tradicionalmente por ser un derecho centrado en la protección de los procesados, dejando a un lado la protección de la víctima.
Efectivamente, el sistema de procuración y administración de justicia penal en México, junto con sus instituciones respectivas, no fueron creados para la víctima ni se apoyan en un derecho victimal. No fue sino hasta 1993 cuando se incorporaron nociones derivadas de los derechos de las víctimas obligando a la asesoría jurídica, la reparación del daño, la coadyuvancia en el Ministerio Público y la atención médica.
Ante la falta de normas que reconozcan y garanticen los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, es de suma importancia lograr en el corto plazo una transformación radical del sistema de justicia en donde se plantee la visión que la sociedad mexicana tiene sobre el delito, el proceso penal, la seguridad pública del delincuente y las víctimas.
En suma, la víctima del delito debe quedar tutelada por el derecho victimal, entendido éste como el conjunto de principios, valores, normas y procedimientos jurídicos locales, nacionales e internacionales tendientes a requerir, posibilitar y contratar las prerrogativas y pretensiones de las víctimas de los delitos.
No podemos dejar de apuntar que el reconocimiento de los citados derechos ha sido paulatino, tan es así que el texto original de la Constitución de 1917 contenía en su artículo 20 sólo los derechos reconocidos a favor del acusado.
Posteriormente en 1993, a través de una modificación constitucional, se introdujeron algunos de los múltiples derechos que deben tener las víctimas y ofendidos del delito como antecedente importante, derivado de la reforma en materia de seguridad y justicia, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008.
Nuestra Constitución Política regula en su artículo 20, Apartado C, una serie de derechos durante el proceso penal de asistencia médica y psicológica.
Asimismo, es necesario tomar en cuenta la Miscelánea Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 23 de enero de 2009, en ésta se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Federal de Procedimiento Penales, entre tales modificaciones el artículo 141 de dicho ordenamiento legal ahora establece una serie de derechos para la víctima, tanto en la averiguación previa como en el proceso penal y en la ejecución de la sentencia.
La necesidad de legislar en materia de protección y atención a las víctimas u ofendidos del delito, corresponde también a la necesidad de encontrar correspondencia en los instrumentos internacionales susceptibles de ser aplicados en esta materia.
Por lo anterior, hay que tomar en consideración la declaración sobre los principios fundamentales para las víctimas y delitos y abusos del poder, aprobada por la Asamblea General de la ONU, el 29 de noviembre de 1985 y que a su vez fue adoptada por nuestro país.
En dicha declaración se establece que las víctimas son las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente de los estados miembros.
Asimismo, se expresa que podrá considerarse víctima a una persona, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador, e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima.
En la expresión “víctima” se incluyen además, en su caso, a los familiares o personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
Entre los principios consagrados en el citado instrumento internacional, se encuentran el que señala que las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia y a la pronta reparación del daño que hayan sufrido. Según lo dispuesto en la legislación nacional.
En virtud de lo anterior, agrega la declaración, se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales y oficiosos que sean expeditos, justos, pocos costosos y accesibles.
De igual forma, se refiere que se utilizarán mecanismos oficiosos para la solución de las controversias, incluidas la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicias consuetudinarias o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación de controversias y la reparación a favor de la víctima.
También se considera el caso de que la indemnización por concepto de reparación del daño a favor de la víctima sea suficiente. Los estados procurarán indemnizar financieramente, incluyendo a la familia, en particular a la persona a cargo de las víctimas que hayan muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitadas como consecuencia de la victimización, razón por la que se fomentará el establecimiento, el reforzamiento y la aplicación de fondos nacionales para indemnizar a las víctimas.
En consecuencia, resulta impostergable proponer la expedición de una ley como ahora se propone, que tenga por objeto regular lo relativo al acceso de las víctimas u ofendidos, al proceso penal.
Es indudable que México ha logrado avances importantes en la protección y atención de quienes resultan afectados por la comisión de un delito. Sin embargo ante la necesidad de concretar el contenido del artículo 20, apartado c) constitucional, se desprende la necesidad de contar primordialmente con una “ley de atención y protección a víctimas y ofendidos del delito” que proteja los derechos inherentes a las víctimas u ofendidos, a causa de la comisión de un delito.
La ley que ahora se propone ofrece lo siguiente:
1. Concretiza el contenido del artículo 20, apartado b) de la Constitución.
2. Brinda certidumbre al ejercicio de los derechos reconocidos y garantizados para las víctimas y ofendidos del delito por la norma suprema.
3. Posibilita a las estructuras jurídicas y materiales para apoyar a las víctimas y ofendidos por el delito, proveyendo de la creación a nivel federal del derecho a obtener asesoría jurídica, representación legal, así como contar con la atención médica, psicológica y psiquiátrica y apoyo económico en tanto se hace la reparación del daño.
4. Permite lograr de hecho y de derecho un equilibrio entre las garantías del delincuente y los derechos de su víctima, a través del establecimiento claro de los derechos de ésta durante el procedimiento.
Establece, por último, establece un fondo para la atención y protección de víctimas u ofendidos del delito, a través de la cual la Federación disponga de los recursos económicos que posibiliten la ejecución y acciones de otorgamiento de beneficios a quienes sufrieron la vulneración de sus derechos.
Termino, señor presidente. Los promoventes de la presente estamos seguros que en las diputadas y diputados miembros de las comisiones dictaminadoras respectivas, así como los integrantes de este pleno, las víctimas y ofendidos del delito en nuestro país encontrarán en ustedes a sus mejores aliados, por lo que no tenemos la menor duda de que esta iniciativa habrá de aprobarse. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, de la Función Pública y de Gobernación, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión. Diputado González Madruga.
El diputado César Daniel González Madruga (desde la curul): Para preguntarle al orador si me permite adherirme a su propuesta.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Bonifacio Herrera ¿acepta usted?
El diputado Bonifacio Herrera Rivera: Sí, señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Bonifacio Herrera acepta la adhesión de usted, señor diputado.
El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas (desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Vladimir Ramos, dígame.
El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas (desde la curul): Sí, gracias, presidente. Hacerle un reconocimiento a mi compañero Bonifacio y también al diputado José Luis Ovando por una iniciativa integral que refleja el espíritu del grupo Parlamentario de Acción Nacional y solicitarle también que nos permita adherirnos a su iniciativa.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En cuanto a la solicitud que usted hace, por parte del diputado Bonifacio ha sido concedida.
Se encuentran en este recinto de visita con nosotros miembros de la Orquesta Juvenil de Coatzacoalcos, Veracruz. Son invitados del diputado Rafael García Bringas. Sean ustedes bienvenidos.
Esta presidencia comunica a la asamblea que ha concluido el tiempo destinado para el capítulo de iniciativas. Por tanto, pasamos a dictámenes a discusión de leyes y decretos.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7 Bis y 18 de la Ley de Aguas Nacionales. Tiene la palabra el diputado Héctor Franco López para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del reglamento de la Cámara de Diputados, hasta por 10 minutos. Sí, diputado Mario di Costanzo.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente, lo que sucede es que en la mañana yo estaba en la reunión de la comisión de hacienda y, dado que estamos cambiando de temas, quisiera plantearle una inquietud muy importante para la Cámara de Diputados.
Como usted sabe, el auditor superior de la federación cada año entrega el informe de cuenta pública. Nos lo entrega a los diputados y se inicia en la comisión de vigilancia un proceso de análisis de la misma.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Honorable diputado. Estamos en el capítulo de la discusión de un dictamen. Si me permite, en la votación de ese dictamen yo con mucho gusto le concedo la palabra para que haga usted sus expresiones.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Está bien.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Adelante, diputado Franco.
El diputado Héctor Franco López: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: indudablemente el cambio climático ha agudizado la problemática de la gestión de los recursos hídricos a nivel global.
La escasez de este recurso en nuestro país genera problemas sociales y ambientales diversos que reclaman una reflexión profunda sobre los mecanismos que ayuden a mejorar la gestión de este vital líquido.
Es asunto prioritario y de seguridad nacional garantizar a la población un manejo integral y sustentable de los recursos hidráulicos. Por este motivo, a nombre de la Comisión de Recursos Hidráulicos, fundamento ante ustedes el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7 Bis y 18 de la Ley de Aguas Nacionales.
Este dictamen incluye reformas cuyo objeto es proporcionar instrumentos jurídicos que permitan combatir de manera frontal la sobreexplotación de los acuíferos de nuestra nación y garantizar el compromiso de nuestro país con la sustentabilidad ambiental.
El dictamen de la comisión versa sobre reformas que atienden a la problemática de la principal reserva de agua dulce de nuestro país: las aguas subterráneas. Hoy, 75 millones de mexicanos dependemos de ellas para nuestro consumo y 70 por ciento del volumen del agua que se suministra a nuestra población proviene de esta fuente. Sin embargo, 173 acuíferos de nuestro país se encuentran gravemente sobreexplotados siendo en el norte donde esta problemática se agudiza.
Esta crisis no sólo nos enfrenta a la escasez del recurso, sino también a una pérdida de la calidad del mismo. La sobreexplotación debido a la concentración de minerales, presentes de manera natural en el subsuelo, compromete la calidad del agua, por lo que un acuífero sobreexplotado es también un acuífero contaminado.
Así, encontramos que en diversas ciudades de nuestro país el agua que se proporciona a la población no corresponde a estándares de calidad que garanticen la salud de la misma. Como un claro ejemplo de esta circunstancia podemos mencionar lo que sucede en nuestra querida Comarca Lagunera, en donde el denominado “acuífero principal” sufre de una sobreexplotación, la cual ocasiona que, específicamente en la ciudad de Torreón, 65 de los 76 pozos que surten de agua potable a la ciudadanía rebasen los límites de concentración de arsénico establecidos por las normas internacionales, por lo que consumir agua de éstas representa un riesgo para la salud.
Reconociendo la importancia del tema y buscando revertir esa problemática el dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos considera dos reformas trascendentes. La primera adiciona una fracción XI al artículo 7 Bis y establece la sustentabilidad ambiental y la prevención de la sobreexplotación de los acuíferos como de interés público, lo cual se ajusta a lo establecido en el artículo 27 constitucional.
La segunda, modifica al artículo 18 para evitar que las aguas nacionales del subsuelo puedan ser libremente alumbradas cuando, por causa de interés o utilidad pública, el titular del Ejecutivo federal establezca una zona reglamentada de veda o de reserva; o bien, suspenda o limite provisionalmente el libre alumbramiento, mediante acuerdos de carácter general. Las reformas al artículo 18 proporcionan herramientas al Ejecutivo para hacer más eficiente la gestión de los aprovechamientos de agua.
Con la actual legislación el tiempo actúa en contra de una regulación efectiva ya que entre la publicación de los estudios técnicos que revelan la sobreexplotación de un acuífero y el decreto de una posible veda, pasan hasta tres años, lo cual ocasiona daños irreversibles.
El decreto del dictamen establece mecanismos que atienden a la protección del recurso hídrico, tanto en su calidad como en su cantidad, y proporciona instrumentos que permiten administrar, regular, controlar y proteger nuestras aguas nacionales.
Además, la adición en el artículo 18 otorga la facultad, al Ejecutivo, de establecer acuerdos de carácter general como una herramienta preventiva y que, a través de esto, sea posible suspender o limitar el libre alumbramiento de las aguas del subsuelo, en el supuesto de que, derivado de los estudios técnicos de disponibilidad realizados por la autoridad en la materia, se observe que se encuentre en riesgo la sustentabilidad de los acuíferos.
A este respecto es importante mencionar que la reforma no limita la participación ciudadana ya que dichos acuerdos tendrán siempre un carácter provisional y su vigencia estará supeditada a la publicación de los decretos por los que se establezcan las zonas reglamentadas de veda o de reserva.
Las reformas anteriores facultan al titular del Ejecutivo federal para que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 constitucional pueda, como una forma de reglamentación, suspender o limitar el libre alumbramiento de las aguas del subsuelo, pero sin dejarlo a su completo arbitrio, ya que esto sólo se podrá realizar en casos específicos.
Compañeros, el presente dictamen establece disposiciones de carácter preventivo que permitirán garantizar la disponibilidad del recurso hídrico y disminuir la vulnerabilidad de un bien del dominio público que es vital y finito.
Yo los invito a votar a favor. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Franco, presentando la posición de la comisión. Tiene la palabra en contra, el diputado Jaime Cárdenas Gracia. Estamos discutiendo el dictamen en lo general y en lo particular.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Buenos días compañeras diputadas, compañeros diputados, ustedes se preguntarán cuáles son las razones de mi voto en contra a un dictamen que parece tan positivo. Y es verdad, el dictamen parece muy positivo, porque establece excepciones al libre alumbramiento de las aguas nacionales.
En este punto, simplemente yo diría, que tal como en su momento presentamos una iniciativa el diputado Fernández Noroña y su servidor, debiera en nuestro país prohibirse totalmente el alumbramiento de aguas nacionales haciendo la reforma correspondiente, como lo propusimos en esa iniciativa al artículo 27 de la Constitución.
Aquí en este dictamen, se va a en ese sentido, se encamina a ese sentido, no al de prohibir, pero si al de excepcionar, al de limitar el libre alumbramiento de las aguas nacionales y eso me parece, desde luego, muy positivo para resguardar los mantos acuíferos de nuestro país.
Sin embargo yo tengo una diferencia con el dictamen, que no tiene que ver con el contenido, con el propósito, sino tiene que ver con algo que esta Cámara y el Congreso de la Unión en General ha admitido con mucha ligereza.
Hemos admitido con mucha ligereza, que el Ejecutivo federal, el titular del Poder Ejecutivo delegue facultades reglamentarias en otras autoridades de la administración pública. Conforme al artículo 89 de la Constitución, en su fracción I, solamente le corresponde al titular del Poder Ejecutivo la facultad de emitir reglamentos.
Lo que ha ocurrido, sobre todo a partir de la globalización, de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, de la aparición de las normas oficiales mexicanas; lo que ha ocurrido es que este Congreso y el propio Ejecutivo a veces, a través de reglamentos delega a otras autoridades de la administración pública centralizada o descentralizada, facultades reglamentarias que esas autoridades no tienen.
En este dictamen se está delegando en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que no tiene facultades reglamentarias, porque éstas corresponden solamente al presidente de la República en los términos del artículo 89, fracción I de la Constitución, la posibilidad de alumbrar estas excepciones a los alumbramientos de aguas nacionales a la Conagua, y es una delegación indebida que hace este Congreso, que pretende hacer esta Cámara y el Congreso, de facultades reglamentarias a una autoridad que no las tiene.
Decía hace un momento que en los años 90 esta tesis que yo estoy expresando aquí, los años 90 del siglo XX, se había mantenido más o menos durante el siglo XX en el derecho mexicano, se había preservado la facultad reglamentaria, exclusivamente, en el presidente de la República.
Decía hace un momento yo, que con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, con la globalización, con las normas oficiales mexicanas, se comenzó a permitir que otras autoridades de la administración pública comenzaran a reglamentar, a dictar acuerdos generales, y esto en franca contravención a nuestra Constitución.
Y lo que es peor, no solamente el Congreso de la Unión ha incurrido en esta deficiencia o en esta contradicción constitucional, sino la propia segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avalado la reglamentación vía normas oficiales mexicanas, vía acuerdos generales por autoridades que desde luego no constituyen, no son parte, no son el titular del Poder Ejecutivo federal.
Entonces, me opongo a este dictamen, no por sus sentidos, que son muy positivos, no por su finalidad, no por su propósito, sino me opongo a este dictamen porque este dictamen vulnera la letra y el espíritu del artículo 89, fracción I, de la Constitución, que solamente concede al titular del Poder Ejecutivo la facultad reglamentaria. Por eso votaré en contra de este dictamen. Por su atención compañeros diputados, compañeras diputadas, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra a favor el diputado Ramón Merino Loo.
El diputado Ramón Merino Loo: Con su permiso, diputado presidente. Una de las tareas que tenemos pendientes en materia de recursos hídricos del país, es lograr el manejo adecuado y preservación del agua que permitan impulsar el bienestar social, el crecimiento económico y la preservación del ambiente, es decir, lograr un desarrollo sustentable.
En este sentido, toma especial relevancia las acciones que fomentan el uso eficiente, el tratamiento de las aguas residuales y su reutilización, así como la protección de los mantos acuíferos que son importantes para la subsistencia, ya que hacen posible el abasto para poder cubrir las necesidades básicas de la población. Actualmente, Conagua reporta que el 91 por ciento de la población cuenta con cobertura de agua potable.
Las aguas subterráneas son la principal reserva de agua dulce de nuestro país. Su importancia es vital, ya que el 70 por ciento del volumen de agua que suministra proviene del subsuelo. Y en este tema compañeros y compañeras legisladores, quiero ser enfático al señalar que nuestro país tiene un grave problema de agua, pues Conagua indica que el 173 de 653 de los acuíferos existentes en el país se encuentran sobreexplotados, 17 con un problema muy serio de inclusión salina y 69 se encuentran sobreexplotados al 80 y 100 por ciento de su capacidad.
Esta situación se deriva del incremento de la demanda impulsada por las actividades económicas principalmente en las zonas que tienen baja o nula disponibilidad, especialmente en la zona norte del país. De ahí que es urgente la utilización de este importante recurso para evitar que el desarrollo económico y social, así como la sustentabilidad ambiental se vean afectados por la escasez. La demanda de la población de agua potable es innegable para realizar todas y cada una de sus actividades de la vida cotidiana.
Por lo anterior es de interés, no sólo de la Comisión de Recursos Hidráulicos, sino de todos y de cada uno de los legisladores sin importar su filiación política, atender la agenda nacional del agua y procurar un marco jurídico adecuado para la administración y uso sustentable del vital líquido.
Por ello, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, desde esta tribuna solicitamos la presentación de dicha agenda a todos los diputados y diputadas. De esta manera el presente dictamen es un pequeño paso hacia la preservación del agua.
Estamos conscientes de la necesidad de unir esfuerzos entre las autoridades federales, estatales y municipales para mejorar el servicio, para mejorar la calidad, la cantidad y garantizar el abasto. Una disponibilidad suficiente para las futuras generaciones del agua.
Por lo anterior, compañeras y compañeros, los invito a votar a favor del presente dictamen que nos presentó nuestro compañero Héctor Franco. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. No hay más oradores inscritos en la lista ni se han hecho reservas sobre este dictamen, por lo que está suficientemente discutido y procederemos a la votación en lo general y en lo particular. Ábrase el sistema electrónico, señora secretaria hasta por 10 minutos, si usted es tan amable de instruirlo.
La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Mario di Costanzo.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente, muchas gracias. Como ustedes saben, como usted sabe, cada año el auditor superior de la federación entrega la Cuenta Pública o el informe sobre la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados y éste es turnado a la Comisión de Vigilancia y a las comisiones respectivas.
Cuando se hace el análisis -que va a empezar en la Comisión de Vigilancia la próxima semana- muchas veces, incluso, el propio auditor ha señalado que estas observaciones están a revisión, que no puede dar opiniones definitivas.
Pues es el caso que el día de ayer, según un boletín de prensa de la propia Presidencia de la República, el auditor superior de la federación acudió a Los Pinos a platicar sobre las observaciones que había realizado.
Creo que eso es un acto absolutamente irregular, la Auditoría Superior de la Federación tiene un órgano o depende de la Cámara de Diputados. Creo que esto es un grave error, es un atentado contra la soberanía de la Cámara de Diputados, y vaya usted a saber qué fue a platicar, presidente.
Yo no quiero ser malpensado, pero a mí me da muy mala espina. Nunca se había observado. Nunca el auditor había ido a Los Pinos a rendir cuentas, a rendir pleitesía, o a preguntar o hablar de las observaciones.
Existe un mecanismo estipulado en la ley, en el que se confrontan las observaciones por los propios integrantes, los auditores, quienes revisan estas observaciones y lo hacen con todo el Ejecutivo federal, incluso con la Cámara de Diputados.
Le solicito, por favor, que dada la gravedad de este asunto se solicite —y que no está la presidenta de la Comisión de Vigilancia y que ayer estaba reunida en la tarde la Junta Directiva de la Comisión de Vigilancia y no sabía absolutamente nada ni mucho menos que en ese momento estaba el auditor rindiendo pleitesía en Los Pinos—, que se le solicite, que se le exija un informe inmediato al auditor de esa reunión, de los motivos por los cuales acudió y si está peloteando ya las observaciones con Felipe Calderón, me parece muy grave.
Hay que recordar que esta soberanía, con el voto del PRI y del PAN, se aprobó a ese auditor superior de la federación y no puede ser que muchos se conviertan en una oposición callada o una oposición muda ante esta ofensa al Congreso, que realizó el auditor superior el día de ayer al acudir a Los Pinos, pues vaya usted a saber qué hizo, pero es muy grave, es muy grave lo que se cometió.
Usted estuvo en la Comisión de Vigilancia mucho tiempo, en la LVIII Legislatura fue integrante y estas cosas no se habían observado y menos con fotografías y menos con boletines de prensa de la propia Presidencia de la República, presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Esta Presidencia actuará en consecuencia y sostendremos una entrevista con la señora presidenta de la Comisión de Vigilancia al efecto. Diputado Cárdenas.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Lo que comenta mi compañero Mario Di Costanzo es muy grave, porque seguramente el auditor superior no fue a practicar ese procedimiento que mi compañero diputado Mario Di Costanzo mencionó, que es la confronta. No creo que haya ido en confronta con el titular del Poder Ejecutivo.
Creo que además de pedirle el informe al auditor superior de la federación nuestra área jurídica de la Cámara de Diputados debe comenzar a analizar, claro, con la correspondiente intervención de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, debe comenzar a analizar si ese hecho, esa conducta del auditor superior, de ser cierta, no implica algún tipo de responsabilidad que implique la remoción del auditor superior de la federación, porque el auditor superior de la federación desde luego está sujeto al Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está sujeto a las responsabilidades del resto de los servidores públicos del país.
Sí pido, presidente, allanándome a lo dicho por mi compañero diputado Mario Di Costanzo, que se le dé la mayor importancia a este tema; se le pida el informe al auditor superior y en su momento, con participación de la Comisión de Vigilancia y de la propia área jurídica de esta Cámara, se determine si no hay una causal de remoción del auditor superior de la federación, presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. A ambos diputados les solicito muy atentamente sean tan amables, en términos del Reglamento, de enviarnos por escrito dichas solicitudes. Con mucho gusto.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia da la bienvenida en estos momentos, en este salón de sesiones, de los señores dirigentes de la Asociación de Industriales del Estado de México, invitados por nuestro compañero el diputado José Luis Velasco Lino. Bienvenido a la Cámara de Diputados, estimados amigos.
Adelante, señora diputada. Denos el cómputo.
La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz, el diputado Neyra.
El diputado Armando Neyra Chávez (desde la curul): A favor.
El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (desde la curul): A favor.
La diputada Adriana Sarur Torre (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: Señor presidente, se emitieron 324 votos en pro, 3 en contra y 4 abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto es aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, por 324 votos, reformando y adicionando los artículos 7 Bis y 18 de la Ley de Aguas Nacionales, y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma las fracciones XXXIV del artículo 3º, y III del artículo 77 Bis, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.
Para fundamentar este dictamen no se encuentra registrado nadie por la comisión, pero sí intervendrá en lo general, la diputada Maricarmen Valls Esponda, en pro de este dictamen.
La diputada Maricarmen Valls Esponda: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la certificación de predios destinados voluntariamente a la conservación representa una excelente herramienta para preservar el medio ambiente y la biodiversidad, favorecer el aprovechamiento sustentable, la realización de actividades de investigación científica y la generación y difusión de conocimientos.
Esta figura permite la participación de particulares, organizaciones sociales, personas morales, públicas o privadas en labores de conservación que tradicionalmente se han venido desarrollando en las áreas naturales protegidas de carácter federal.
Ahora principalmente en los ejidos, comunidades rurales y grupos étnicos establecen, administran y manejan sus áreas naturales protegidas privadas, destinando sus terrenos a fines que favorecen los servicios ambientales para los mexicanos beneficiando la mitigación de los efectos que ocasionan la tala, la erosión, el cambio climático y la contaminación del suelo, entre otros.
En este sentido en Acción Nacional reconocemos que la certificación de predios fortalece la política ambiental de nuestro país y complementa la estrategia nacional de conservación de especies y ecosistemas prioritarios. Asimismo representa una alternativa para las comunidades que viven en extrema pobreza, pues contar con un certificado les brinda acceso a estímulos principalmente internacionales como pago por servicios ambientales, acceso a mercados verdes o justos, que les ayuda a obtener ingresos y mejorar su calidad de vida.
Sin embargo, estamos conscientes de que actualmente la legislación mexicana no establece incentivos inmediatos para los particulares que han optado por destinar sus predios a la conservación, por lo que recibimos con beneplácito las iniciativas que favorezcan este tipo de acciones.
Así pues, dar prioridad en el acceso a programas y proyectos federales para la protección y conservación de los recursos naturales representa un poderoso incentivo para incrementar las áreas protegidas, especialmente si consideramos que los particulares sacrifican el uso y goce de sus predios, sacrifican ingresos en el corto plazo y a la vez invierten tiempo, esfuerzo y recursos para realizar funciones de interés público.
Por lo anterior, manifiesto mi voto a favor del presente dictamen y los invito a ustedes hagan lo mismo, pues estoy segura de con esta medida favoreceremos a la población que por el bien común promueve el desarrollo sustentable en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Valls; muchas gracias.
No hay más oradores inscritos, por lo que se considera suficientemente discutido. Ábrase el sistema electrónico en lo general y en lo particular, siguiendo el procedimiento que señala el artículo 109 del Reglamento. Abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos, señor diputado.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo...
(Sigue turno 56)
... del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Continúa abierto el sistema. El sistema continúa abierto, para que puedan votar.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: ¿Falta algún diputado de emitir su voto?
Ciérrese el sistema de votación.
De viva voz el presidente.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A favor del dictamen.
La diputada Elsa María Martínez Peña (desde la curul): A favor.
La diputada Lorena Corona Valdés (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Ahued Bardahuil (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): A favor.
El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: ¿Falta algún diputado?
Señor presidente, se emitieron 327 votos a favor...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama. ¿En qué sentido, diputada?
La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A favor del dictamen. ¿Nadie? Adelante.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Bueno. 328 votos a favor, señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado en lo general y en lo particular por 328 votos, el proyecto de decreto que reforma las fracciones XXXIV del artículo 3o., y III del artículo 77 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de la Protección al ambiente. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente asunto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 127 y adiciona la fracción XXIV al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre.
Tiene la palabra el diputado Sergio Tolento Hernández, en pro, ya en la discusión en lo general y en lo particular toda vez que no se inscribió ningún orador por la comisión. Adelante, señor diputado. Adiciona una fracción XXIV al artículo 122.
El diputado Sergio Tolento Hernández: Con su permiso, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre propio y de los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, vengo a esta tribuna a solicitar su voto a favor de la iniciativa sujeta a discusión.
La iniciativa tiene por objeto reformar los artículos 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre para prohibir todo acto tendiente a lesionar físicamente o privar de la vida a alguna especie silvestre, destruir o dañar parte si hubiera llevado de éstas que por aseguramiento precautorio se encuentran bajo depositaria del presunto infractor.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), es la responsable de vigilar el cumplimiento de la legislación y normatividad nacional aplicable al manejo y aprovechamiento de la vida silvestre.
Que el aseguramiento precautorio de las especies es una medida de seguridad que es procedente durante los actos de inspección; la Profepa encuentra ejemplares de vida silvestre cuya legal procedencia no se demuestre y considera que existe riesgo inminente de daño o deterioro grave a la vida silvestre o su hábitat.
En el momento en que la Profepa realiza aseguramientos precautorios, canaliza los ejemplares al Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre o a unidades de manejo para la conservación de la misma, instituciones o personas que reúnan las mejores condiciones de seguridad y cuidado de los ejemplares.
Sin embargo cuando no exista la posibilidad inmediata de colocarlos en éstos, la Profepa podrá designar al infractor como depositario de los bienes asegurados.
La Ley General de Vida Silvestre señala que los designados como depositarios de los bienes asegurados precautoriamente, deberán de presentar ante la Secretaría una garantía. Sin embargo con base a informes presentados por la Procuraduría, éstas no se están presentando, lo cual pone en riesgo que los ejemplares bajo aseguramiento precautorio sean desaparecidos por el presunto infractor o que les den un uso inapropiado.
El artículo 122 no contempla una sanción para aquellos presuntos infractores que tienen bajo resguardo ejemplares de vida silvestre.
Adicionar a las sanciones que correspondan por los ilícitos cometidos con anterioridad, por lo que adicionar una sanción es un mecanismo idóneo para la protección de la vida silvestre.
Por las razones señaladas los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitan el voto a favor de los diputados y diputadas de esta honorable asamblea, con el fin de seguir protegiendo la vida silvestre. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramíre Marín: Gracias a usted, señor diputado. No habiendo más oradores inscritos, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular y en virtud de que tampoco se han reservado artículos, conforme al 109 del Reglamento se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto, de este dictamen.
(Votación)
¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz, diputado Pedroza.
El diputado Héctor Pedroza Jiménez (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A favor.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso Corrigiendo mi voto, a favor.
Se emitieron 311 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. 311 votos son los que aprueban en lo general y en lo particular, este proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 127 y adiciona la XXIV del artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señora secretaria, dé lectura por favor al comunicado de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: De la Junta de Coordinación Política. Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Pedro Vázquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Comisión Especial para la Niñez. Baja el diputado Herón Agustín Escobar García como integrante.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted atentamente, Diputada Josefina Vázquez Mota, presidenta.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado. Comuníquese.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas, las proposiciones registradas en el orden del día, que no tuvieron la oportunidad de presentarse en esta tribuna para su trámite serán turnadas a las comisiones correspondientes publicándose en la Gaceta Parlamentaria, con excepción de las que los grupos parlamentarios han pospuesto.
Me permito informar a esta asamblea que habiendo 81 iniciativas registradas, el día de hoy se desahogaron 20 iniciativas, a cargo de 17 oradores, interviniendo 4 grupos parlamentarios. Quedan 59 iniciativas por desahogar.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado García Granados durante su intervención hizo una petición a esta Mesa Directiva, que en acuerdo ha determinado que no podemos obsequiar esta petición porque estaríamos rompiendo el protocolo para las sesiones solemnes; aquellas a las que ha sido destinado el poner y entonar el Himno Nacional.
Pero, respetando el sentido de la intención del diputado García Granados, que nos parece por demás apropiado en estos momentos, en conmemoración de los 172 años de la firma del tratado de paz México-Francia, con el que culminó la Guerra de los Pasteles, y de los 95 años de la incursión militar de Francisco Villa a la ciudad de Columbus, Nuevo México, le solicitamos a esta asamblea ponerse de pie para guardar respetuosamente un minuto de silencio en conmemoración de estos dos hechos históricos.
(De pie, se guarda un minuto de silencio)
Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Diputado presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (15:02 horas): Se levanta la sesión. Se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 10 de marzo de 2011, a las 10 horas, informándose que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8 horas.
Agradecemos puntualmente a los señores diputados el habernos permitido hacer el quórum desde temprana hora el día de hoy, suplicándoles que podamos hacer el mismo esfuerzo el día de mañana.
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