Comunicaciones
De la Secretaría General, relativa a su separación del cargo
De la Secretaría de Gobernación, con diversos asuntos
De diversas dependencias, con respuestas a puntos de acuerdo
De la Embajada de Estados Unidos, con agradecimiento por la ayuda ante el huracán Sandy
Protesta del ciudadano José Alberto Rodríguez Calderón como diputado
Recepción del Paquete para el Ejercicio Fiscal 2013
Del Ejecutivo federal, con iniciativa en materia educativa
Dictámenes
Acuerdo de la Junta, relativo a placa conmemorativa 2012, año internacional de las cooperativas
Agenda política
Comentarios relativos a la conmemoración del 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos
Iniciativas de diputadas y de diputados
Recibidas y turnadas a comisiones
Felipe Arturo Camarena García, PVEM
Víctor Emanuel Díaz Palacios, PRI
Román Alfredo Padilla Fierro, PRI
José Guillermo Anaya Llamas, PAN
Erick Marte Rivera Villanueva, PAN
Ricardo Monreal Ávila, Movimiento Ciudadano
José Humberto Vega Vázquez, PT
Domitilo Posadas Hernández, PRD
Ricardo Mejía Berdeja, Movimiento Ciudadano
Rubén Benjamín Félix Hays, Nueva Alianza
Lorenia Iveth Valles Sampedro, PRD
Turno a las proposiciones no presentadas en tribuna
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados y diputadas.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 321 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:24): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que está publicado el orden del día en la Gaceta Parlamentaria, pregunte la Secretaría a la asamblea si se dispensa su lectura.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada el acta, pregunte la secretaría a la asamblea si se aprueba.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Comunicaciones Oficiales. De la Secretaría General.
Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente en funciones de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, presente.
El día de hoy fui designado por el licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, como subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.
Por tal motivo, agradezco las atenciones que tuvo conmigo y le solicito sea el amable conducto para que trasmita mi agradecimiento a los órganos de gobierno y legisladores de esta legislatura.
Reciba un cordial saludo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación oficios con los que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibieron de diversas dependencias contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Oficio de la Embajada de los Estados Unidos de América, por el que agradece el apoyo brindado por los diputados de la LXII Legislatura al pueblo norteamericano afectado por el huracán Sandy.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano José Alberto Rodríguez Calderón, diputado federal electo en la quinta circunscripción plurinominal.
Se designa en comisión para que lo acompañen en el solemne acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los diputados: doña Mirna Esmeralda Hernández Morales, don Valentín González Bautista, doña Rosa Elba Pérez Hernández, don José Antonio Hurtado Gallegos, don Héctor Hugo Roblero Gordillo y doña Sonia Rincón Chanona.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
Se pide a los presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ciudadano José Alberto Rodríguez Calderón, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano José Alberto Rodríguez Calderón: Sí protesto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Enhorabuena, señor diputado. Bienvenido.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, se informa que por acuerdo puntual y específico de la Mesa Directiva, y por tratarse de un año atípico y éste un asunto prioritario con término constitucional, el paquete fiscal para el Ejercicio Fiscal 2013 fue turnado el viernes 7 de diciembre del año en curso de la siguiente forma:
Solicito a la Secretaría dé cuenta.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Iniciativa con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
Iniciativa con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen.
Criterios generales de política económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2013. Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo federal en materia arancelaria, que se presenta de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
Zonas de atención prioritaria 2013. Se turnaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen, y a la Comisión de Desarrollo Social, para su opinión.
Estimación del monto de recursos para cumplimentar la política de subsidios del gobierno federal, en materia de vivienda y suelo. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen, y a la Comisión de Desarrollo Social, para opinión.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Esta Presidencia informa que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, que remitió el Ejecutivo federal ayer, lunes 10 de diciembre, se turnó de inmediato a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para opinión.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Diputado Monreal?
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Más adelante.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día lo dejamos –por la materia– en las doctas y expertas manos de don José González Morfín.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. El siguiente punto del orden del día es la elección de Presidente y primer Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Voy a pedir a la Secretaría proceda a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la Presidencia y primer Vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
Acuerdos:
Primero. Se solicita a la Mesa Directiva que se declaren vacantes la Presidencia y primer Vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en razón de la licencia concedida por tiempo indefinido al diputado Jesús Murillo Karam y de la postulación del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, como presidente de ese órgano.
Segundo. Que una vez declaradas las vacantes referidas en el considerando anterior se sometan a consideración del pleno las designaciones del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra como presidente de la Mesa Directiva y de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega, como primera vicepresidenta del mismo órgano, a partir de esta fecha y hasta la conclusión del primer año del ejercicio de la presente Legislatura.
Tercero. La elección de presidente y primer vicepresidente de la Mesa Directiva se realizará utilizando el sistema electrónico de votación, como lo establece el numeral tres del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuarto. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Está a discusión el acuerdo. Ha solicitado la palabra y se le concede, el diputado Ricardo Monreal.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: ¿En torno al acuerdo, diputada? ¿Con qué objeto?
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Señor presidente, buenos días. Disculpe la molestia. Lo que pasa es que pedí a mis asesoras y asesores que me avisaran cuando se hablara del tema de la reforma educativa, pero parece ser que no se dieron cuenta del turno que se hizo a la Comisión de Puntos Constitucionales y de opinión de la Comisión de Educación, para el tema de la reforma educativa.
Yo solicito, por favor, que a la Comisión de Equidad y Género se le solicite también una opinión o se turne, le solicito por favor, este turno.
El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia no tiene inconveniente, diputada, con mucho gusto procedemos a modificar el turno y a incluir también a la Comisión de Equidad y Género para opinión. Con muchísimo gusto.
Adelante, diputado Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores y legisladoras, para muchos de los presentes quizá el nombramiento del presidente de la mesa de debates y el vicepresidente o vicepresidenta que tendrá que sustituir a ambos no sea tan importante, pero la Presidencia y la Mesa Directiva, lamentablemente han sido órganos disminuidos, órganos dependientes de los coordinadores y lamentablemente en ocasiones se actúa con parcialidad, premura, prisa, y el presidente normalmente atiende las indicaciones de su coordinador o coordinadores y no del pleno ni de los diputados. Hay excepciones, acepto, que hay excepciones y que ha habido momentos de lucidez donde los presidentes en funciones asumen una posición, ordenan o regulan algún asunto, y lo sostienen, por eso sí nos parece a nosotros muy importante la elección de la Mesa Directiva.
Una vez que el presidente, quien fue electo por mayoría hace unos meses, decidió pedir licencia y retirarse del órgano legislativo al que pertenecemos, tiene que haber una sustitución de quién va a fungir como presidente y también como vicepresidente en el caso que se ha planteado en el dictamen que se discute, en el punto de acuerdo que se discute.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha sostenido que durante los debates ha habido momentos ríspidos, en donde no coincidimos ni compartimos algunas decisiones de la Presidencia en turno, y ha habido violación a los derechos de los diputados y de las diputadas cuando se deja sin la palabra a ellos o cuando se corta el audio del micrófono por el servicio técnico de manera grosera, suspendiéndole su derecho a la voz a diputados y a diputadas. Han sido momentos álgidos.
Sin embargo, también hemos decidido en Movimiento Ciudadano en esta ocasión, en este acto, conceder el beneficio de la duda a quienes serán nuevos integrantes de la Mesa Directiva. Conocemos de manera personal a quien es propuesto para la Presidencia, al compañero Francisco Arroyo. Fuimos compañeros legisladores en el Senado, en la Cámara de Diputados, en 1988. En ocasiones hemos tenido diferencias y en otras coincidencias. Le quiero expresar a él y a quien será Vicepresidenta, que de nuestra parte vamos a otorgar el beneficio de la duda; que vamos a actuar con responsabilidad y con atingencia, y que esperamos de él y de la Mesa Directiva reciprocidad. Reciprocidad en el comportamiento, tolerancia, respeto, para que esto funcione y funcione bien.
Por esa razón quise razonar mi voto, porque en nuestro grupo no somos dueños de los votos. Yo no puedo afirmar que todos los diputados del Movimiento Ciudadano votarán en favor porque ya lo ordené así; no es así, ellos son libres de decidirlo.
Pero creo que en esta ocasión deberíamos aceptar y debemos aceptar la propuesta para poder conducir los debates de esta Presidencia en este órgano legislativo de los propuestos; al menos de mi parte votaré en favor de la propuesta. Muchas gracias, por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
Para conocimiento de la asamblea, el acuerdo que nos ocupa tiene dos momentos: uno, primero, voy a pedir dos tipos de votaciones: una primero económica para poder aprobar la primera parte del acuerdo que es donde se declaran las vacantes; y una segunda que tendrá que ser nominal en tablero, como lo establece el tercer resolutivo sobre las personas.
En consecuencia voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la parte primera del acuerdo por el que se declara que hay dos vacantes en la Mesa Directiva para proceder posteriormente a llenar esos espacios.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se declaran vacantes la Presidencia y la primer Vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el primer año de ejercicio, correspondiente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la elección del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra como Presidente y de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega como primera Vicepresidenta de la Mesa Directiva, a partir de esta fecha y hasta la conclusión del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la elección de Presidente y de la primera Vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados...
(Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz, diputado.
El diputado José Alberto Rodríguez Calderón (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señor Presidente, se emitieron 413 votos en pro, 1 en contra y 10 abstenciones. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se declaran electos para ocupar el cargo de Presidente, al diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, y el cargo de Primera Vicepresidenta a la diputada Patricia Elena Retamoza Vega, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Muchas felicidades a ambos. Les pediría pasaran a ocupar sus lugares en el presídium para proceder a tomar la protesta de ley.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se invita a los presentes a ponerse de pie, por favor.
El Presidente diputado José González Morfín: Procederemos a tomar la protesta de ley. Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para cumplir el período correspondiente al primer año de ejercicio de la LXII Legislatura que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, protesto.
El Presidente diputado José González Morfín: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Muchas felicidades, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputada Patricia Elena Retamoza Vega, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de primera vicepresidenta de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para cumplir el período correspondiente al primer año de ejercicio de la LXII Legislatura que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sí, protesto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
Honorable asamblea: al agradecer el voto de confianza que le han dado a este servidor de ustedes y a la vicepresidenta, es momento oportuno para decirles que la Presidencia de la Mesa Directiva está obligada, por ley y por Reglamento, a ser imparcial, a ser profesional, a tener de antemano siempre los valores supremos de la patria y que en la liturgia laica de la hechura de la ley existan los valores que le den a la sociedad cohesión, tranquilidad, armonía y paz.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados lo es de la Cámara, representa la unidad jurídica y política, está obligado a ser sobrio, frugal, responsable y capaz.
Al agradecer la confianza que en mí han depositado les oferto ser escrupuloso en el cumplimiento de la ley, ser imparcial y tener en cuenta el espíritu del legislador que nos llevó a legislar la ley, el Reglamento, a respetar los acuerdos y finalmente a velar por el equilibrio entre la libertad individual de los legisladores y los derechos que por medio de acuerdos hacen valer con voto ponderado los grupos parlamentarios.
Muchas gracias por su consideración.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le ruego a la Secretaría dar lectura a otro acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Acuerdo.
Primero. Se designa al ciudadano Alfredo Wong Castañeda para ocupar el cargo de contralor interno de la Cámara de Diputados a partir de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea económica si es de aprobarse.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Alfredo Wong Castañeda, se designa a doña Lourdes Quiñones, a don José Martín López Cisneros, a don Guillermo Sánchez Torres, a don Felipe Camarena García, a don Ricardo Mejía Berdeja y a doña María Guadalupe Talamante Lema, lo acompañen en el acto de rendir su protesta.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se pide a la Comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, Miguel Alonso. Sonido en la curul de don Agustín Miguel Alonso Raya.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Presidente, de acuerdo a la Ley Orgánica en el artículo 53 de la misma, se establece que el nombramiento del contralor tiene que ser por las dos terceras partes de la Cámara. Yo le pediría, de favor, que en todo caso se abra el tablero para que quede constancia de que así fue.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Hemos declarada válida la elección y los secretarios dieron fe de que hubo prácticamente unanimidad de los presentes, y hemos declarado que están las dos terceras partes, diputado. Damos por legal el evento, y tenemos al señor contralor.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): De acuerdo a la Ley Orgánica tiene que quedar establecido.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Lo declaramos con toda puntualidad.
Ciudadano Alberto Wong Castañeda...
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Sí?
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): No hay problema con la elección, pero debe de quedar asentado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Entonces permítanos para que todos estemos conscientes. Señor contralor, permítame un segundo. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación del nombramiento.
(Votación)
El diputado José Alberto Rodríguez Calderón (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 321 votos en pro, 18 en contra, 55 abstenciones. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Cumplido con el requisito. Nos ponemos de pie, por favor.
Ciudadano Alfredo Wong Castañeda, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de contralor interno de la Cámara de Diputados que se le ha conferido?
El ciudadano Alfredo Wong Castañeda: Sí protesto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas felicidades, contralor. Le ruego pase a ocupar su lugar en la mesa de secretarios.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es discusión de dictámenes con puntos de acuerdo.
Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De la Comisión de Relaciones Exteriores.
Resolutivo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe sobre las acciones que ha realizado, en particular el consulado general en Nueva York, para apoyar a los mexicanos que, independientemente de su situación migratoria, fueron damnificados por el paso del huracán Sandy. Asimismo, para que continúe con dichas acciones a fin de lograr el mayor apoyo posible a nuestros connacionales en tal situación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 5 días del mes de diciembre de 2012.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Está a discusión el punto de acuerdo.
Informo a la asamblea que se han registrado para hablar a favor, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal y el diputado Víctor Manuel Bautista.
En consecuencia, tiene la palabra por tres minutos la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. Se estima que el paso del huracán Sandy por la costa este de Estados Unidos de América, a fines de octubre pasado, afectó a 60 millones de personas que radican en esa zona.
Cobró muchas vidas humanas y causó daños materiales por miles de millones de dólares, a pesar de las medidas de prevención y protección civil, implementadas por los gobiernos de los Estados Unidos afectados, y del presidente Barack Obama. Siendo una parte importante, región receptora de mexicanos, en la zona de impacto del meteoro se afectó a un buen número de connacionales y afortunadamente los menos perdieron la vida y otros más se vieron afectados en sus bienes.
El huracán provocó la muerte de 147 personas, 5.9 millones de personas sin fluido eléctrico y alrededor de 2 millones sin casa; 700 mil mexicanos con graves pérdidas materiales. Dado que la calidad migratoria de muchos de esos mexicanos era irregular, no pudieron acceder a los beneficios que algunas de las agencias gubernamentales de Estados Unidos ofrecían.
Además, a la desventura que supone quedar sin vivienda, para muchos mexicanos en Estados Unidos se añadió la pérdida de empleo por los daños a su lugar de trabajo, lo cual los deja indefensos.
Ante tal situación, es obligación del gobierno mexicano crear los mecanismos sustanciales y concretos, para que los mexicanos afectados reciban apoyos y que puedan salir avante ante una situación tan complicada como el paso de este huracán.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se suma a la propuesta de dictamen con punto de acuerdo en la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la federación, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y particularmente del Consulado de México en Nueva York, para instrumentar un programa urgente e inmediato de atención y apoyo a los mexicanos residentes en Nueva York, y a las zonas afectadas en Estados Unidos por los efectos del huracán Sandy y los fenómenos climáticos subsecuentes, sin importar su estado migratorio.
Con estas acciones apoyamos la moción del dictamen, en el que se alienta a la Cancillería para que informe sobre las acciones que ha realizado en particular el Consulado General en Nueva York para apoyar a mexicanos, que independientemente de su situación migratoria, resultaron damnificados por el paso del meteoro en mención.
También nos sumamos, en Movimiento Ciudadano, a la petición contenida en el mismo dictamen, para que el programa que se instrumente propicie la cooperación y colaboración de las autoridades de Estados Unidos.
Las organizaciones civiles, sociales, fundaciones y cualquier otra con experiencia previa en la atención a las comunidades migrantes en las zonas afectadas. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Aprovecho la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a esta sesión al presidente municipal de San Juan del Río, Querétaro, Fabián Pineda Morales, que se encuentra aquí invitado por el diputado Ricardo Astudillo y también le damos la bienvenida al presidente municipal de Tecomán, Héctor Raúl Vázquez Montes, que está invitado aquí por el diputado Francisco Zepeda, bienvenidos a esta sesión de la Cámara de Diputados.
Tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Víctor Manuel Bautista López: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea. Cuando acudí a esta tribuna, con objeto de presentar el punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a instaurar un programa de apoyo y asistencia para los mexicanos afectados en los recientes fenómenos climáticos en Nueva York y en todos los Estados Unidos de América, habían transcurrido casi 20 días de esta contingencia.
Pareciera que dicho plazo de tiempo sería suficiente para que los efectos más inmediatos y urgentes se hubieran atendido y se mantuviera la cobertura de acceso a los servicios de subsistencia elemental de la población afectada. Desafortunadamente, esto no era así y no lo fue porque se trata de territorio de los Estados Unidos.
En un momento sumamente difícil para todos nuestros connacionales que se han visto obligados a migrar de manera ilegal y sufrir las constantes acciones de deportación, las más altas en la historia reciente de los Estados Unidos, que tan solo en 2011 afectó a más de 296 mil personas.
Ante el temor de este riesgo, una parte de la comunidad que vive sin papeles, sin documentos en las ciudades afectadas se vio marginada de la asistencia, sufriendo una doble afectación en su dignidad.
Como bien señalan las comisiones encargadas de dictaminar el punto de acuerdo y a pesar de las diferentes acciones y pronunciamientos, aprobados desde las cámaras del Honorable Congreso de la Unión, la información que siguió circulando en esos días daba cuenta de la afectación en el patrimonio de familias mexicanas que además no podían recibir los apoyos que el gobierno del vecino país adoptó para apoyar a quienes sufrieron daños similares.
Estoy convencido de que los esfuerzos redoblados que el gobierno de nuestro país realice para atender a estos mexicanos a través del servicio exterior les manda un mensaje claro, quienes aquí nos hemos quedado y su gobierno, estamos a su lado. No los olvidamos y haremos lo que esté a nuestro alcance para apoyarlos. Espero que cuando se den cuenta de las actividades realizadas nos informen de acciones significativas que retribuyan el esfuerzo, el sacrificio y los grandes retos que cada día enfrentan para asegurarse una vida más digna y para contribuir desde el exterior en el bienestar de sus familias y de nuestro país.
Por eso agradezco y estimo en todos sus términos la labor realizada por la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara de Diputados y el voto de quienes integran esta asamblea, para que el dictamen sea aprobado en sus términos. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. En razón de que no hay otra intervención solicitada, se reserva el punto de acuerdo para su votación en conjunto con el que sigue, también de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Aprovecho la oportunidad para saludar al presidente municipal de Mexicali, Francisco Pérez Tejada, que está aquí invitado por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Bienvenido a esta sesión.
También saludo al licenciando Fernando del Real, que se encuentra también aquí invitado por un grupo de compañeros diputados, especialmente por la diputada Magdalena Núñez.
El Presidente diputado José González Morfín: Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Resolutivo:
Único. La Honorable Cámara de Diputados exhorta al comisionado mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos a que, de manera inmediata, haga pública la información referente al posible acuerdo que modificaría el tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Estados Unidos de América de la distribución de las aguas internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo, en caso de escasez o sequía, e informe los posibles prejuicios o beneficios que traería la adopción de dicha modificación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los cinco días del mes de diciembre del año 2012.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Está a discusión el punto de acuerdo. Al no haber una intervención solicitada voy a pedirle a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dos puntos de acuerdo de los que hemos dado cuenta.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba los dos puntos de acuerdo, éste y el anteriormente reservado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados los acuerdos. Comuníquense.
El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría que dé lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados autoriza la colocación y develación de una placa conmemorativa al 2012, año internacional de las cooperativas.
Acuerdo
Primero. Se autoriza la colocación y develación de una placa conmemorativa al 2012 como año internacional de las cooperativas, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas.
Segundo. La placa deberá colocarse en la esquina final del patio central, que confluye en contra esquina del edificio F, lugar en el que se encuentran las oficinas de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
Firman, los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Está a discusión el acuerdo. Al no haber quien solicite la palabra consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día son los comentarios relativos a la conmemoración del 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos. Informo a la asamblea que se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados y diputadas: el diputado René Fujiwara Montelongo, la diputada Loretta Ortíz, el diputado Francisco Coronato, la diputada Carla Alicia Padilla, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, la diputada Verónica Sada y la diputada Miriam Cárdenas.
En consecuencia tiene el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, uno de los aspectos más importantes que ha caracterizado a las sociedades modernas es el reconocimiento de los derechos humanos por parte de los estados democráticos.
Es impensable hoy en día, que un gobierno que se precie de democrático no reconozca los derechos fundamentales de sus ciudadanos, a la libre manifestación y expresión de las ideas, al libre tránsito, a disfrutar de los mínimos satisfactores sociales o económicos o a participar políticamente sin distinción de razas, religión, etnia o preferencia sexual.
La lucha por los derechos humanos no ha sido fácil, ni mucho menos sencilla; por el contrario, gracias a los esfuerzos y perseverancia de innumerables líderes o grupos, actualmente podemos disfrutar una serie de derechos que son reconocidos y garantizados en nuestro marco jurídico.
La reciente reforma constitucional sobre los derechos humanos de 2011 ha sido el paso reciente en la dirección de consolidar un estado garante de los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Se nos olvida muchas veces que los derechos humanos adquieren vigencia no solo por estar plasmados en las leyes, sino que ésta se materializa cuando el individuo adquiere autonomía frente a la acción estatal y cuando esta acción va dirigida a mejorar sus condiciones de vida.
De poco sirve que se reconozca la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley, cuando por el mismo trabajo una mujer gana un salario menor que un hombre. De poco sirve que en el artículo 3o. constitucional se establezca que todo individuo tiene derecho a recibir educación, si solo 3 de cada 10 jóvenes en edad de estudiar la universidad pueden hacerlo.
La garantía efectiva de los derechos humanos es uno de los mayores retos del Estado mexicano en el siglo XXI. En la medida en que la acción estatal va dirigida a respetar la dignidad y valores más importantes de las personas, se podrá valorar si estamos avanzando o retrocediendo en la materia; de ahí la importancia de hacer realidad la universalización de los derechos humanos.
Se ha señalado que la lucha por los derechos humanos es un proceso histórico, producto de su tiempo y de las circunstancias a las que se desarrollan en la sociedad; sin embargo hay un común denominador que es la protección de las personas y grupos que se encuentran en desventaja social.
En este sentido, en México tenemos aún importantes rezagos en la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad; éste es el caso de las personas con discapacidad. Aproximadamente el 10 por ciento de la población mundial tiene una discapacidad, lo que la convierte en la minoría más numerosa del mundo. De acuerdo con el Inegi en nuestro país hay aproximadamente 5 millones 739 mil personas con discapacidad, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total. Más del 50 por ciento de las discapacidades pueden prevenirse y están vinculadas directamente con la pobreza.
Para celebrar los derechos humanos es incuestionable nuestra responsabilidad por atender los problemas de las personas con alguna condición de discapacidad, en ello avanzamos consistentemente en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
No podemos obviar otros problemas de derechos humanos en nuestro país. La violencia contra las mujeres alcanza magnitudes significativas. Casi siete de cada 10 mujeres de 15 años y más, el 67 por ciento, reportan haber sufrido violencia. Debemos de garantizar las condiciones para eliminar la violencia de género en México, pero esto es impensable si no logramos avanzar en la seguridad general de todas las mexicanas y los mexicanos y en la procuración de justicia.
Crímenes como el secuestro, la extorsión, la trata de personas, los asaltos a mano armada, deben de ser erradicados de nuestra vida nacional. Sin embargo todo esto se tiene que hacer a la luz de los derechos humanos.
Bajo ninguna circunstancia se deberá de usar la Seguridad Nacional como justificación para imponer limitaciones en nuestras libertades, pues la libertad es la precondición de todo crecimiento personal y humano.
Debemos de garantizar una real procuración de justicia. Hoy no se encarcela a la mayoría de los delincuentes y nuestras cárceles están llenas de infractores menores que no tuvieron para pagar un buen abogado.
Compañeras y compañeros legisladores, es hora de dignificar el sentido de los derechos humanos en México. Es nuestro deber como representantes de la ciudadanía el posicionar positivamente este concepto con acciones que afecten la vida de nuestros representados.
Fortalezcamos los lazos que nos unen por encima de nuestras diferencias. Abramos los ojos a todo lo que compartimos. Ésta es la esencia de los derechos humanos y, por lo tanto, es lo que debemos estar celebrando. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En el uso de la voz, del Partido del Trabajo, la diputada Loretta Ortíz Ahlf, hasta por cinco minutos.
La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados. La plena vigencia y el respeto de los derechos humanos son elementos fundamentales para la consolidación de la paz y la seguridad a nivel internacional, regional y local, así como también para construir sociedades en las que se respete el estado de derecho.
Con ello, además contribuiremos al reconocimiento del carácter universal e inherente del género humano y de la necesidad política de fortalecer los procesos democráticos basados en una plena vigencia de los derechos humanos.
El derecho internacional consagra y reconoce, primero, a través de la Declaración Universal, del 10 de diciembre de 1948, los derechos fundamentales que deben de ser reconocidos y protegidos de manera eficaz a toda persona. Además se han celebrado otras series de instrumentos internacionales, tratados, tanto universales como regionales.
Estas normas del derecho internacional que protegen a la persona, son el resultado de una evolución conceptual y del esfuerzo de la sociedad internacional por establecer un conjunto de reglas mínimas de protección y desarrollo para la persona.
De esta forma los derechos reconocidos en estos instrumentos, representan valores universales mínimos que los Estados se comprometen a promover, proteger y garantizar. La obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, se contrae frente a otros Estados.
Los beneficiarios del cumplimiento del tratado son las personas bajo la jurisdicción de los Estados parte. Por ello las normas contenidas en los tratados de derechos humanos, deben cumplirse por los Estados parte. Además, a fin de respetar los derechos humanos, los instrumentos internacionales establecen límites para prevenir que los Estados intervengan en la esfera privada de los individuos.
La protección requiere de un esfuerzo activo de los Estados, que implica en la mayoría de los casos, la necesidad de crear o modificar la legislación interna para que las personas cuenten con una protección adecuada de sus derechos.
Debo destacar que en la protección de los derechos de las personas se pone una especial atención a los grupos que se encuentran en situaciones vulnerables como son los migrantes, las niñas, los niños, las personas con discapacidad, entre otros. Para garantizar los derechos humanos los Estados deben de crear mecanismos para proteger y respetar dichos derechos.
En ese sentido las acciones del Estado incluyen, entre otras, el establecimiento de instituciones facultadas para velar por la protección de los derechos humanos como: tribunales, procuradurías, entre otros, así como el desarrollo de campañas de difusión de los derechos protegidos.
La evolución del derecho internacional de los derechos humanos así como los avances que se van generando en los instrumentos internacionales que los protegen, muchas veces no pueden ser empleadas a nivel interno por una serie de deficiencias estructurales, institucionales, legales y culturales, en las naciones, que se erigen como obstáculos importantes para la plena vigencia de los derechos humanos y que se dan precisamente en el caso de México.
México tiene frente a sí uno de los mayores retos para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y es que no cuenta, no tiene los mecanismos necesarios para garantizar un cumplimiento eficaz de las normas internacionales y las normas internas para precisamente garantizar esos derechos fundamentales a todo individuo, a toda persona que se encuentre en territorio nacional.
Para cumplir con estas obligaciones internacionales y las normas internas se debe comenzar con un proceso de adaptación tanto a nivel legislativo como a nivel instituciones y prácticas. Esto se podría denominar armonización del marco legal interno, con las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales.
En este sentido debemos de trabajar por crear los mecanismos para la justiciabilidad y exigibilidad de los derechos humanos de todos los mexicanos y de toda persona que se encuentre en territorio nacional por la defensa de los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los adultos mayores, de los migrantes, de los activistas en general y crear un marco federal que tenga como eje transversal el respeto de los derechos humanos consagrados por el derecho internacional y construir un Estado justo para todos.
En el Partido del Trabajo estamos convencidos de que nos toca el turno de hacer realidad las promesas hechas en campaña, de poner en primer plano los principios éticos, de exigir al Ejecutivo federal, a los estatales y a los municipios el respeto de la dignidad de las personas y de sus derechos humanos.
Cierro mi intervención en razón de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, tema en el que aún le falta mucho camino por recorrer a México, recordando las palabras aún vigentes de Simón Bolívar, Libertador de las Américas: La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. En el uso de la voz, de Movimiento Ciudadano, el diputado Francisco Coronato Rodríguez, hasta por cinco minutos.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, vicepresidenta, y con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. En 1950 la Organización de las Naciones Unidas estableció el 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos con el que se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1948.
A raíz de ello, en todo el mundo se ha venido avanzando en el reconocimiento progresivo de los derechos de todas las personas, particularmente de aquellos grupos que han sido discriminados en su acceso al ejercicio pleno de esos derechos, como son los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, de la niñez, indígenas, migrantes, etcétera, y se han ido construyendo diferentes generaciones de derechos humanos como los económicos, políticos, sociales, culturales y medioambientales, así como los civiles y políticos, en base a su positiva pasión y reconocimiento.
A través de convenciones y tratados internacionales los estados firmantes han contraído obligaciones y responsabilidades para la implementación de políticas públicas, medidas legislativas y de gobierno a fin de garantizar el disfrute de todos los derechos para todas las personas, sin discriminación, y haciendo especial énfasis en acciones afirmativas que tienen como fin revertir las brechas de desigualdad.
La cuestión que acapara la atención este año, es el derecho de todas las personas sin distinción de su sexo, su edad, su grupo étnico, su posición social, o de si padecen alguna discapacidad, a hacer oír su voz en la vida pública y a ser incluidos en el proceso de adopción de decisiones políticas en base a su derecho a la participación ciudadana.
Esto es hacer hincapié en las garantías para hacer válida las libertades de opinión y expresión de reunión y asociación pacíficas y el de participar en el gobierno establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En México, a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en donde se les reconoce supremacía, se han hecho explícitas una serie de responsabilidades en nuestro marco legal en la que los Poderes de la Unión tenemos la obligación de actuar para contribuir a su cumplimiento en la esfera de actuación de cada uno.
En el tema que se aborda en la conmemoración de este año, es importante que en México revisemos las políticas y acciones legislativas que garanticen la libertad corporal de expresión, particularmente la de manifestación de las ideas como un derecho fundamental de las y los mexicanos y como base y sustento de la democracia que traduzca sus beneficios en un estilo de vida del que gocen todas las personas quienes habitan este país, ya que la violación a sus derechos humanos que se realiza día a día, momento a momento, ya sea en forma institucional o social, es aún atroz.
Sólo por recordar algunos ejemplos señalaré las detenciones arbitrarias e ilegales a inocentes el pasado día primero de diciembre. Las personas de la edad de oro trabajando –entre comillas- en los supermercados. Las personas de más de 35 años, que para efectos laborales ya son viejos para ello. Y qué decir la discriminación tan deleznable de las personas con discapacidad.
En nombre de Movimiento Ciudadano, les convocamos a iniciar un proceso de armonización legislativa que incorpore a nuestro marco legal todas las medidas legales que tengan como fin dar garantías para el ejercicio y exigibilidad en los derechos fundamentales.
Al mismo tiempo, y ya que nos encontramos en el proceso de revisión del paquete económico para el 2013, Movimiento Ciudadano les convoca a hacer una revisión de los recursos como inversión en el desarrollo, y hacerlo con una visión que tenga como fin avanzar en las políticas públicas que tiendan a hacer efectivo los derechos humanos de las personas.
Esto implica superar la visión asistencialista de programas que en muchos casos profundizan las condiciones de desigualdad en las que viven los beneficiarios para pasar a una política integral que considere a las personas como sujetos de derecho y simplemente en programas con dicho fin.
Sin duda que la conformación de una cultura del respeto irrestricto a la dignidad del ser humano, es una deuda que tenemos tanto las gobernantes como los gobernados, sirva esta rememoración para incentivar nuestras conciencias en este sentido. Es cuanto.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En el uso de la voz del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, hasta por cinco minutos.
La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con su venia. Con la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, la ONU invita a los Estados y organizaciones interesados a observar cada 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos.
A lo largo de los años se han desarrollado instrumentos y mecanismos para asegurar la primacía de los derechos humanos, así como para hacer frente a las violaciones de los mismos donde quiera que ocurran.
Los derechos humanos en México han sido reconocidos como garantías individuales y sociales en las normas jurídicas de la historia moderna, por ejemplo en nuestra Constitución, en las convenciones y tratados internacionales, en su mayoría suscritos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República, con plena vigencia como ley suprema, y en los principios universales del derecho.
Los derechos humanos son herramientas que fomentan el respeto a la dignidad humana, los cuales son inherentes a la naturaleza de cada persona, ya que sin ellos no es posible realizarse plenamente como ser humano.
Estos derechos se fundamentan en la dignidad de la persona, por eso todo ser humano, sin importar su edad, religión, sexo o condición social, goza de ellos. De igual manera, son facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que tienen unas personas por el simple hecho de serlo, sin los cuales no se puede vivir como tal.
El Estado no sólo tiene el deber de reconocerlos, sino también de respetarlos y defenderlos, concretar su actuación a los límites señalados por la ley, la cual impone en determinados casos la obligación de no hacer o actuar con el fin de garantizar los individuos la vigencia de sus libertades y derechos consagrados en la Constitución.
El 13 de septiembre de 1999 se reformó el artículo 102, apartado B constitucional, en el cual se señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propio. El objetivo esencial de este organismo es la protección, observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano, pero parecería que esto no es suficiente, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sufre de importantes déficits en la defensa y protección de los derechos humanos en México. Es decir, que no está ejerciendo al máximo su mandato.
De esta manera, las violaciones al derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal y también a las garantías y protección judiciales, han sido motivo de preocupación de las organizaciones civiles mexicanas. Estas violaciones continúan produciéndose, se han incrementado y gozan de una total impunidad.
Un gran número de grupos de la población no tienen acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, especialmente mujeres indígenas; adultos mayores; niños en situación de calle; migrantes; personas discapacitadas o jornaleros agrícolas, sufriendo en muchas zonas condiciones deplorables de empobrecimiento, acceso a servicios sociales y salud.
Cientos de migrantes cruzan a México cada año, y muchos de ellos sufren graves abusos durante el trayecto como agresiones físicas, sexuales, extorsión y robo. Las autoridades federales no han adoptado medidas adecuadas para proteger a los migrantes ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos.
Saben, compañeros, como ayer lo recordábamos en el foro celebrado por la Comisión de los Derechos Humanos en conjunto con organizaciones civiles, hace 64 años surgieron voces de la sociedad como respuesta a la infinidad de atrocidades que una persona puede sufrir en un clima de violencia generado por una guerra.
En aquel entonces se exigió el compromiso por parte del Estado, de la protección de los derechos inherentes a los seres humanos, que les permitiera desarrollarse plenamente, y el principal, el derecho a la vida.
Hoy en día nuestra sociedad, como hace más de medio siglo, nos exige poder vivir en un clima de paz y tranquilidad, que se respeten y se implemente lo necesario para salvaguardar sus derechos fundamentales.
Es por ello, que en mi partido, el Partido Verde Ecologista de México, cree necesario establecer una política que realmente garantice el pleno disfrute de los derechos humanos, y es por ello que nos congratulamos que el día de ayer en el marco de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2012, que recibió el padre Alejandro Solalinde, nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, giró instrucciones para que nuestro gobierno adopte medidas eficientes y eficaces tendientes a fortalecer el sistema público de protección de los mismos, con el fin de prevenir la gran cantidad de violaciones a los derechos y consolidar reformas para el sistema de procuración, administración y acceso a la justicia, que asegure a todos los individuos acceso pleno a ella, y así dejar a un lado todos los casos de impunidad, abusos y violaciones a los derechos humanos. Por su atención, gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Muchas gracias, diputada. En el uso de la voz, del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, hasta por cinco minutos.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señora presidenta. Gracias, señor presidente, y gracias, señoras y señores integrantes de la Mesa Directiva. Felicidades, diputado Arroyo Vieyra.
Este día se conmemora el aniversario 64 de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Asamblea General en 1948. Con el transcurso del tiempo se han desarrollado un conjunto de instrumentos y mecanismos desarrollados para asegurar la primacía de los derechos humanos y para ser frente a las violaciones de éstos donde quiera que ocurran.
Los derechos humanos son definidos como todo aquello a lo que tenemos derecho por el simple hecho de ser seres humanos. Por eso es muy importante que el 10 de diciembre no dejemos de mencionar que concluye una jornada muy importante que inició el 25 de noviembre.
En 1991 se declararon los 16 días de activismo a partir del 25 de noviembre, el Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que concluiría el 10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos, y por ello, cada 10 de diciembre lo que hacemos es conmemorar las significativas consecuencias que se han tenido por ser defensora o defensor de derechos humanos, el 30 de noviembre. O bien, ser una persona con Sida, con VIH Sida, el 1 de diciembre y en fin, una serie de conmemoraciones que tenemos del 25 al 10 de diciembre.
También, y quiero hacerlo así, quiero recordar que este país ha firmado y ratificado la CEDAW, la llamada Carta de Derechos Humanos de las Mujeres. Y a nosotras las mujeres mexicanas nos da la oportunidad de dirigir la atención nacional e internacional hacia el progreso respecto de la implementación de los derechos humanos de las mujeres, precisamente en los últimos 33 años.
La CEDAW los invita a eliminar la discriminación por razón de género, como la raíz de la violencia contra las mujeres, y por ello, también, necesitamos reconocer que en junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual la Constitución Política de nuestro país se modificó para incorporar el concepto de derechos humanos, así como las garantías para su protección.
Esta reforma constitucional obedeció a la exigencia del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, que desde la aprobación de la Declaración Universal, en 48, se ha fortalecido este sistema universal.
Pero tenemos que dar unos datos, yo no puedo dejar fuera algo que lamentablemente, por asuntos de tiempo, dejamos en esta Cámara, que es, las cifras que tenemos relacionadas con el 1 de diciembre, Día internacional del VIH Sida, que no puede pasar desapercibido, porque lamentablemente se ha incrementado en las mujeres.
Hay aproximadamente 34 millones de personas sufriendo esta enfermedad y el 50 por ciento son mujeres. ¿Y saben ustedes cuál es una de las razones que ocasiona esta enfermedad en las mujeres? La violencia contra las mujeres. La pobreza de las mujeres, el desconocimiento de su cuerpo y las relaciones sexuales obligadas, y no se diga, las violaciones que ocurren contra las mujeres, en la calle o por personas conocidas.
Hombres que tienen VIH Sida, que no lo saben o que sí lo saben, siguen teniendo relaciones sexuales con las mujeres, no se enteran las mujeres que ahora han sido infectadas de esta enfermedad y lamentablemente tienen que someterse a tratamientos y a prácticas discriminatorias. La violencia contra las mujeres, lo ha dicho Naciones Unidas, es ahora uno de los principales factores que están determinando el VIH en las mujeres.
También quiero dar algunas cifras en relación a la violencia contra las mujeres. Cuatro de cada diez mujeres que tienen o han tenido una pareja, han sido agredidas por ella en algún momento de su vida marital. Más de la mitad de quienes han enfrentado violencia física corresponde a agresiones que directamente ponen en riesgo su vida, derivadas de los ataques con armas de fuego o armas punzocortantes.
La violencia física y sexual ejercida por la pareja actual o la última no ocurre como agresiones únicas o aisladas, sino como parte de una multiplicidad de agresiones, por eso hablamos ahora de violencia contra las mujeres.
Por ello quiero, desde la Comisión de Equidad y Género, comprometernos para que esta comisión continúe trabajando en la defensa de nuestros derechos humanos, para eliminar el agravio comparado.
Es decir, que por los mismos derechos que tenemos en Guerrero, en Oaxaca, en Chihuahua y en Veracruz tenemos que ser tratadas de la misma manera, para que el principio de interdependencia, de imprevisibilidad, de indivisibilidad de los derechos humanos siga siendo también un principio para la defensa y protección de los derechos humanos de todas las mujeres y las niñas en este país. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputada. En el uso de la voz, del Partido de Acción Nacional, la diputada Verónica Sada Pérez, hasta por cinco minutos.
La diputada Verónica Sada Pérez: Con su venia, señora presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, para el Partido Acción Nacional los derechos humanos alientan la vida en una auténtica democracia, son expresión concreta de la dignidad humana. Sin el respeto cabal a los derechos humanos no existe una real democracia. De su pleno conocimiento y de su protección jurídica depende la existencia de un Estado democrático de derecho, y es justamente la consolidación de ese Estado de derecho al que avanzamos durante los últimos años.
Hoy en día contamos con sólidas instituciones, hoy en día nuestra democracia es más fuerte porque contamos con mandamientos claros para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en el territorio mexicano. Y, más aún, tenemos la obligación de reparar cualquier violación a estos que se haya cometido.
En efecto, la reforma constitucional sobre derechos humanos del año pasado representa un gran avance trascendental en el Estado mexicano, ya que eleva a rango constitucional todos los derechos reconocidos por México en tratados internacionales aunque estos no estén consignados en nuestra Constitución aún.
En virtud de tales mandamientos es necesario que avancemos en la creación y en la armonización de los ordenamientos jurídicos, que nos permitan cumplir efectivamente con nuestras obligaciones.
Reconocemos que ya se han dado los primeros pasos, al fomentarse en la pasada administración federal la implementación de mecanismos de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno federal para intercambiar ideas en diversos actores inmersos en la consolidación de los derechos humanos del país.
De igual manera debemos resaltar la aprobación, en la pasada legislatura, de la Ley de Migración, la cual considera medidas de protección a los migrantes; asimismo la Ley de Refugiados, para proteger a extranjeros en México, cuya vida está en peligro en su país de origen; y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De igual manera destaca la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal ante el Senado de la República por la que expidió la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas de la Violencia, que contemplan la creación de mecanismos para que las víctimas reciban una reparación integral del daño ocasionado, ya sea por algún delito o bien por alguna violación a sus derechos humanos.
El reconocimiento expreso en nuestro texto constitucional de los derechos humanos, previstos en los instrumentos internacionales firmados ya por el Estado mexicano, es un reflejo de la voluntad para dar cumplimiento a los compromisos asumidos ante la comunidad internacional y representa además un esfuerzo para también dar cumplimiento a las recomendaciones que han realizado algunos de sus organismos.
En efecto, la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representan la disposición de nuestro país, México, de obligarse a acatar las disposiciones internacionales tanto de derecho originario como lo que derive del mismo.
Ahora lo importante es continuar, llevar a cabo todas aquellas acciones que permitan respetar y forjar el libre ejercicio de los derechos humanos de las y los mexicanos. Es tiempo de que el Estado en su conjunto continúe con la actualización de los métodos y procedimientos para observar en todo momento el respeto a los derechos fundamentales.
Desde el Poder Judicial debemos de continuar con la capacitación de todos los jueces, sobre materias importantísimas como el control de convencionalidad, la aplicación del principio pro-persona, así como la nueva tramitación del juicio de amparo. Los jueces tienen una función preponderante en la defensa y protección de los derechos humanos.
Desde el Poder Ejecutivo es indispensable que se continúen llevando a cabo programas de protección aplicables desde la esfera administrativa, así como continuar con el debido cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana.
Ahora es momento de que desde esta Cámara demos continuidad a la agenda pendiente en materia de derechos humanos, haciendo compatible el ordenamiento interno con el ordenamiento internacional, para dar respuesta a la población que nos eligió como sus representantes de manera tal que podamos asegurar y garantizar el respeto de sus libertades.
En el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, Acción Nacional reconoce esta gran responsabilidad y reiteramos nuestro compromiso para trabajar en la protección de los derechos humanos para allegarle a cada persona los medios necesarios que les permitan cumplir dignamente con sus expectativas espirituales y materiales. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Saludo a representantes de la Federación de Entidades Estatales de Rehabilitación, Salud en Adicciones A.C., del estado de Baja California, invitados por el diputado federal David Pérez Tejada Padilla.
Así como a los estudiantes de la Primaria 20 de Noviembre, del municipio de Naucalpan, estado de México, invitados de la diputada Irazema González Martínez Olivares.
A los integrantes de la asociación civil, Movimiento Vida Digna, de Ciudad Netzahualcóyotl, estado de México, invitados por la diputada Joaquina Navarrete Contreras. Bienvenidos.
En el uso de la voz, del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Miriam Cárdenas Cantú, hasta por cinco minutos.
La diputada Miriam Cárdenas Cantú: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y compañeros diputados. A 64 años de que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin duda posee sentido recordar que la misma nació de la devastación, de los horrores y la violación sistemática de los derechos humanos que se daba durante la Segunda Guerra Mundial.
Al terminar ésta y conformarse un nuevo orden global, surge la Organización de las Naciones Unidas. En los dos años que duró la elaboración de la Declaración Universal, las y los miembros del Comité de Redacción no siempre estuvieron de acuerdo sobre todas las cuestiones, pero mantuvieron un objetivo común. El respeto de las libertades fundamentales.
Decidieron incluir en el documento los principios de la no discriminación, los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Decidieron asimismo que la declaración debía tener un carácter universal.
Eleanor Roosevelt, al hablar ante la asamblea general, luego que se aprobara la declaración, recalcó su valor histórico. Estamos hoy en el umbral de un gran acontecimiento, tanto en la vida de las Naciones Unidas como en la vida de la humanidad. Esta declaración puede muy bien convertirse en la Carta Magna internacional de todos los hombres en todas partes.
Sin duda la señora Roosevelt tenía razón. Nunca antes en la historia del mundo la comunidad de naciones había identificado con tanto éxito derechos y libertades específicos no sólo para una nación o para una raza, sino para todas las personas en todas partes y para siempre.
En la actualidad la declaración universal ha sido tan aceptada por los países del mundo que es considerada la norma internacional que permite evaluar el comportamiento de los Estados.
Este instrumento internacional busca que todos los pueblos y naciones se esfuercen a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en la propia declaración promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, con medidas progresivas, el carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación.
Se trata entonces de construir una sociedad en donde impere la cultura de igualdad, respeto, tolerancia, inclusión, justicia, dignidad y bienestar individual y colectivo.
Sin embargo no se puede evitar mencionar la realidad que en muchas regiones de nuestro país subsiste, en donde poblaciones, grupos e individuos, todavía son víctimas de la intolerancia, la discriminación y el prejuicio.
Lamentablemente el ideal de la paz, justicia, libertad, igualdad y equidad social, no son todavía una verdad para todas y todos los mexicanos.
Pero no debemos de ser fatalistas. En esta vida no todo es blanco o negro. Se ha tomado conciencia de la necesidad de avanzar en la edificación de una comunidad más justa, más equitativa, más humana.
Y aún cuando puede considerarse que en México ha sido lenta la gestación de una nueva forma de relacionarnos, la firmeza de los avances impiden dar marcha atrás.
Es a partir de la década de los 90s, del siglo pasado, que la sociedad empezó a encontrar cauces institucionales para la protección y defensa de los derechos humanos, generándose así, un cambio en la forma de ser y los valores de la población.
El reconocimiento y protección de tales prerrogativas, ha sido consecuencia de la importante movilización de ciudadanos, pensadores y juristas, todos ellos humanistas, que han pugnado por resaltar la dignidad y el desarrollo del individuo dotándolo de igualdad.
En el México de hoy la construcción de nuevos referentes éticos que permitan generar condiciones de integración social, el respeto de identidades individuales y colectivas y la protección del ser humano mediante condiciones que le permitan un entorno básico en el que sea posible desarrollar sus capacidades, es una labor que implica la participación de todos los sectores de la sociedad.
Conscientes de que sin respeto a los derechos humanos nuestra democracia es deficitaria, el constituyente permanente aprobó el año pasado una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De esta manera se colocó a los derechos humanos como eje fundamental del sistema jurídico, político mexicano y cobró plena vigencia lo contenido en los tratados e instrumentos de derecho internacional.
El grupo parlamentario del Revolucionario Institucional al que pertenezco, tiene claro que debemos aportar nuestro trabajo en aras de dotar a México de la legislación ordinaria aún pendiente para dar forma a aquella reforma constitucional de 2011, así como para armonizar el marco jurídico nacional con la normativa internacional, porque la globalización de los derechos humanos, es ahora fundamental y elemento indispensable para la gobernabilidad democrática. Es cuanto.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que son iniciativas de diputadas y diputados y a nombre de grupo.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió del diputado Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Juventud para su dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 30 y 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y 20 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Transportes para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señora presidente. Me dirijo a todos ustedes como un integrante más de esta asamblea, a la cual le debo mi respeto, pues mi voz representa a un grupo de ciudadanos que me brindaron la confianza de expresarlos en la tribuna más alta de nuestro país.
Además, es de valorar que no sólo la participación que como legisladores tenemos, sino la responsabilidad de que esa participación sea de manera consciente sobre los alcances que puede tener para el presente y el futuro de México, ya que las proposiciones, acuerdos e iniciativas y todos aquellos temas que se tratan en este recinto tienen que ver directa o indirectamente con la posibilidad de mejorar la situación de la vida de todos los habitantes, sin pensar en colores, distritos o ideologías.
Es por eso que es impropio lo que he venido manifestando desde el inicio de esta LXII Legislatura: apreciar curules vacías, como el día de hoy y que se repite una y otra vez cada reunión plenaria, el ausentismo de varios compañeros diputados y que propicien esa representación a sus ciudadanos, quienes confiaron en ellos y sobre todo trabajar por ellos.
Es muy común, como ya lo decía, apreciar en las sesiones de pleno la inasistencia de varios legisladores, quienes solamente se apersonan a la hora de iniciar actividades legislativas a efecto de registrar su asistencia, pero posteriormente se ausentan y, en el mejor de los casos, vuelven a hacer acto de presencia al momento de las votaciones.
Esta situación, además de ser inadecuada, consideramos que resulta irresponsable tanto por las obligaciones constitucionales del diputado, como para efecto de la representación concebida por los ciudadanos.
Lo anterior se incrementa en sentido negativo al tomar conocimiento en más de una ocasión de la celebración de comisiones, al mismo tiempo en la cual se desarrolla una reunión plenaria de diputados y con el pretexto del ejercicio de un derecho se trastoca otro.
Derivado de esto es urgente y conveniente regular la imposibilidad para acordar la celebración de reuniones de comisiones en el mismo horario en el cual se realice una asamblea general de diputados, lo que tendrá como finalidad asegurar la presencia de los legisladores en todo momento, mientras esté en esta reunión de pleno, lo que significa, sin que falte ninguna de las personas que lo componen –y que si no mal recuerdo, compañeros diputados, somos 500– y de este modo, disminuir las excusas por inasistencia.
Atendamos a nuestra investidura, señoras y señores diputados, respetemos lo que los clásicos llaman la deontología, la cual es una rama del deber ser, formadora del desarrollo profesional. Ésta nos obliga a devolvernos a de modo probo en todas nuestras labores, lo cual es mucho más determinante si la actividad en específico es una asignada por la población a través del sufragio.
Al día de hoy, nuestra inasistencia demuestra que no hemos sido capaces de comprometernos con nuestra responsabilidad constitucional. La dignificación de los parlamentarios debe iniciar por nosotros mismos.
En este instante acudo para proponer una fórmula más para asegurar no sólo quórum, pues no basta con reunirnos mínimamente para sesionar, sino estar todos los integrantes de esta legislatura, por lo cual solicito, a través de esta iniciativa, incluir dentro de la redacción del artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el impedimento para que se celebren sesiones de comisión al mismo tiempo que las de pleno.
No se incluirán dentro de esta prohibición las que se lleven a cabo con miras del asentimiento de algún dictamen de ley catalogada como preferente; tampoco todas aquéllas realizadas con el objeto de conseguir la discusión y/o aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación o a la Ley de Ingresos de la misma. Asimismo, siempre que la Junta de Coordinación Política lo autorice, previa petición del presidente del grupo colegiado respectivo, podrá, de modo excepcional, aceptar la coincidencia de horarios en las sesiones de comisión y de pleno.
Creemos que con esta medida podrá asegurarse una mayor presencia y una legitimidad absoluta de las decisiones aprobadas, sean actos generales normadores de la sociedad o decretos. En nosotros, compañeros diputados, está cambiar nuestra imagen, dignificarnos y proveerle a México una realidad mejor.
Les pido a todos, que lo tengan en consideración, y transformemos para bien el prestigio legislativo. Es cuanto, señora presidente. Muchísimas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Presidenta, voy a dejar aquí en la Secretaría la iniciativa con proyecto de ley completa, para que sea tan amable de instruir sea plasmada directamente y en su totalidad en el Diario de los Debates.
El régimen de contratos de la adquisición pública, en el artículo 134 de la Constitución ha sufrido recientes reformas enfocadas a ahondar en los estándares de transparencia en el empleo de los recursos públicos. Derivado de ello, la legislación reglamentaria en la materia, conformada por la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, igualmente fueron reformadas, lo que trajo consigo la figura denominada testigos sociales, inspirada en las legislaciones, principalmente en la de Colombia y de Perú.
Los testigos sociales en resumidas cuentas son profesionistas independientes que no se encuentran adscritos al ámbito de la administración pública, mismos que supervisan el proceso de concurso y adjudicación de contratos públicos, haciendo del conocimiento de las autoridades competentes toda posible irregularidad en el proceso que al efecto hayan detectado.
En este sentido, el entonces diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Partido Revolucionario Institucional, propuso contemplar la noción de propaganda circunscribiéndose al concepto más amplio de comunicación social, ya que con ello, en su criterio se contemplaría de manera más acabada todo medio o medio de informar por parte de las autoridades gubernamentales.
¿Cuál es el planteamiento del problema, amigas y amigos diputados? Es del dominio público que el tópico referente a la difusión de imagen de diversas personalidades políticas ha venido suscitando un acre debate a raíz de la reciente contiende por la Presidencia de la República.
En respuesta a tales circunstancias, aún siendo presidente electo Enrique Peña Nieto, propuso reforzar los mecanismos de transparencia en la disposición de recursos públicos destinados a la promoción gubernamental. En consecuencia, este legislador y a decisión personal, se ha dado a la tarea de formular la presente iniciativa con proyecto de ley, que propone reformar los párrafos octavo y noveno del artículo 134 de la Constitución, siendo objeto del presente entronizar en el texto en cuestión que una ley reglamentaria establezca de manera obligada la participación de testigos sociales en toda contratación de espacios informativos, dotando a los referidos testigos de atribuciones plenas para presentar sus respectivos informes de quejas ante la Cámara de Diputados, que deberá tomarlos en cuenta al realizar dictamen de ley a la cuenta pública del ejercicio conducente.
El contenido de la propuesta que hace un servidor, se propone a esta honorable asamblea la modificación de los párrafos octavo y noveno del artículo 134 constitucional, quedando redactado el precepto en cuestión en los siguientes términos:
La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener el carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, ni manifestar signo alguno que pueda incitar la inclinación del público a tendencia alguna.
La ley reglamentaria del anterior y el presente párrafo dará siempre participación a los testigos sociales del caso, para supervisar la asignación de contratos en la presente materia, mismos que figurarán en el padrón de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en los términos que al efecto se disponga, estando siempre facultados para presentar, en su caso, las quejas respectivas ante la Cámara de Diputados, que deberá tener en cuenta al momento de formular el dictamen conducente al ejercicio fiscal de que se trate, ello con independencia de las sanciones que al efecto la misma ley prescriba. Por su atención, muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Román Alfredo Padilla Fierro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 11 y 89 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
El diputado Román Alfredo Padilla Fierro: Muchísimas gracias. Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, las políticas nacionales en materia de educación han venido tomando cada vez más en cuenta la certificación de aptitudes de los locutores, cronistas y comentaristas, ya que el trabajo de los profesionales de la voz repercute de manera muy importante en la educación de los integrantes de la sociedad mexicana.
La cultura general que poseen les permite ser el puente eficaz entre los organismos generadores de información y la sociedad; como dice el artículo 6o. constitucional, libertad de expresión y el derecho a la información.
La propiedad del uso del lenguaje, así como su emisión de la voz, establece un marco de referencia obligado para los distintos estratos sociales de las regiones de México. En el acuerdo 169, relativo a la expedición de certificado de aptitud de locutores, de cronistas y de comentaristas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 14 de octubre de 1992, por el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, secretario de Educación Pública, se elimina la presentación de un examen para la obtención de certificados de aptitud.
En la época actual en la que vivimos, en un mundo globalizado y por tal razón de alta competitividad, es fundamental la profesionalización de todos los sectores y ramos de la nación, máxime cuando se trata de los medios de comunicación que son de sobremanera una forma directa de persuadir, al influir incluso en el comportamiento del auditorio, razón por la cual se hace indispensable que los aspirantes a la locución deben, por exigencia, contar con una basta gama de conocimientos de cultura general comprobada, primordialmente de la radio y la televisión, la alocución y del concepto nacional e internacional, como lo establece el artículo 4 de la Ley Federal de Radio y Televisión que a la letra dice: la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público.
Por tanto, el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social; y el artículo 5, fracción II de la Ley Federal de Radio y Televisión contempla contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana, por lo que el acuerdo 169 contraviene a este fin.
Es inaplazable restablecer la presentación de un examen y restituir a la Secretaría de Educación Pública la atribución de certificar la aptitud de los aspirantes a locutores, cronistas y comentaristas de radio y televisión que le confiere la Ley Federal de Radio y Televisión en su artículo 11, fracción VI.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto:
Primero. Se modifica la fracción VI del artículo 11 de la Ley Federal de Radio y Televisión para quedar como sigue:
Artículo 11. Fracción VI. Extender certificados de aptitud al personal de locutores que eventualmente o permanentemente participe en las transmisiones mediante examen correspondiente.
Segundo. Se modifica el artículo 89 de la Ley Federal de Radio y Televisión para quedar como sigue:
Artículo 89. Los cronistas, los comentaristas deberán ser de nacionalidad mexicana y presentar un certificado que acredite su capacidad para actividad especial a que se dediquen, expedido por la Secretaría de Educación Pública mediante examen correspondiente.
Transitorios
Artículo primero. La entrega del certificado de aptitud de locutores, cronistas o comentaristas que eventualmente o permanentemente participen en las transmisiones de la radio y la televisión se realizará previo el pago de los derechos correspondientes.
Artículo segundo. El examen para verificar la aptitud de los aspirantes a locutor, cronista y comentarista de radio y televisión lo realizará la Secretaría de Educación Pública con la participación de las áreas de su estructura que estime pertinentes y a las cuales se les dotará de los elementos presupuestales, sumando sus materiales que sean necesarios para realizar la aplicación de los exámenes a nivel nacional.
Artículo tercero. Publicada la presente iniciativa en el Diario Oficial de la Federación quedará derogado el acuerdo 169, relativo a la expedición de certificados de aptitud de locutores, cronistas y comentaristas publicado en el Diario Oficial de la Federación, fecha 14 de octubre de 1992.
Artículo cuarto. El presente decreto entrará en vigor a l día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Radio y Televisión para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 10 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Muchas gracias, presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a presentar la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 10 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y para lo cual me permito presentar esta exposición de motivos.
Como ustedes saben, el problema de seguridad pública es el que más aqueja a la sociedad mexicana. Y no solamente eso, es el problema más sensible hoy en día. Se han hecho esfuerzos por parte de la federación en capacitación, en Centros de Control de Confianza, en dar mayor número a los policías federales; los estados, los municipios han hecho su esfuerzo, algunos más, algunos menos.
El Congreso de la Unión también ha dotado de leyes al Ejecutivo año con año en el Presupuesto de Egresos. Ha aumentado el presupuesto en los diversos programas que van destinados a los estados, a los municipios y, por supuesto, a la federación.
El 2 de febrero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, abrogándose la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque el fenómeno de seguridad pública, el gran problema de seguridad pública, a pesar de todo los esfuerzos que se han hecho, como ustedes saben, no ha sido abatido.
Por ello dice la propia ley, y de manera precisa el artículo 2, que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, del Distrito Federal, los estados y los municipios, y que tiene como fines salvaguardar la integridad y derecho de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos, y la reinserción social del individuo.
Se estableció en esta ley, entre otros, como distribución de competencias, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, o sus equivalentes, siendo el Consejo Nacional la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas.
El artículo 12 de la ley dice: El Consejo Nacional de Seguridad Pública se integra por el presidente de la República, quien lo preside, el secretario de Gobernación, el secretario de Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, hasta hoy, el Procurador General de la República, el jefe de Gobierno, y el secretariado ejecutivo del sistema.
Tendrá como facultades:
Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objeticos y fines de la seguridad pública.
Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial.
Formular propuestas para los programas nacionales de seguridad pública, de procuración de justicia y de prevención del delito en términos de la ley.
Solamente por citar algunos de los más importantes. Todas estas funciones, amigas y amigos, no pueden ser ajenas a las actividades y responsabilidades del Congreso de la Unión, por lo que es necesario que el Poder Legislativo se adentre más en este tema y no solo dar seguimiento a través de puntos de acuerdo, preguntas parlamentarias o al momento del análisis de la Glosa del Informe de Gobierno.
Por eso es que propongo reformar el artículo 10 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como integrantes del consejo y esté participando un senador y un diputado en cada Cámara que designe la misma.
Por ello y como ha quedado expuesto, consideramos que es procedente incorporar al Consejo de Seguridad Pública a un representante de cada Cámara. En razón del tiempo, señora presidenta, pido a usted sea tan amable de turnar la presente iniciativa y ordenar se incorpore íntegramente al Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen, y a la Comisión de Gobernación, para su opinión.
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Diputado Marcelo Torres, ¿con qué objeto?
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (desde la curul): Gracias, presidenta. Quisiera pedirle de la manera más respetuosa, si pudiese preguntarle al promovente de la iniciativa, si no tiene inconveniente que me pueda adherir a la misma.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Con mucho gusto, diputado. ¿Diputado Anaya Llamas?
El diputado José Guillermo Anaya Llamas (desde la curul): No tengo inconveniente. Adelante.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Adelante, diputado. Gracias.
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (desde la curul): Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Está a su disposición en la Secretaría para su firma.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Marina Garay Cabada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
La diputada Marina Garay Cabada: Gracias, presidenta. Muchas gracias. Marina Garay Cabada, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de la presente Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a efecto de garantizar una educación pública, libre de violencia, acoso escolar, discriminación, conforme a lo siguiente:
Debido al mal uso de dispositivos como los teléfonos celulares y la Internet, este avance también ha potencializado problemáticas sociales como el acoso escolar, fenómeno social que en los países de habla inglesa se conoce como Bullying.
Es indudable que la población escolar se encuentra expuesta a situaciones de violencia y acoso escolar, conductas que lesionan de manera severa y en ocasiones fatales a la población estudiantil, en especial a la del nivel básico y media superior.
Por ello, la dignidad y la integridad física y emocional de los educandos debe ser una prioridad para el Estado mexicano a fin de lograr que la tecnología signifique una herramienta vital para la ampliación del conocimiento y no un arma de acoso y daño a los otros; y es que constantemente nos enteramos de actos de violencia, maltrato físico, acoso o conductas intimidatorias en las escuelas que trascienden los muros escolares debido al uso del Internet, lo cual potencializa su daño.
Se trata de agresiones aparentemente inofensivas pero en realidad constituyen agresiones que incluyen graves lesiones sicológicas y físicas. De ahí que en estos casos el abuso permanente y reiterado de las peores prácticas agresivas intencionales y recurrentes generan entre los educandos daños que pueden ser irreversibles, motivando en muchos casos el abandono de los estudios, la apatía, la exclusión social o inclusive el suicido de los afectados.
Es un fenómeno en ascenso que ha ido potencializándose de sólo algunos casos aislados a una situación alarmante. Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nuestro país se ubica entre los primeros sitios en el número de casos de acoso escolar que se presentan en nivel secundaria.
De esta forma la prevención es importante; la detección del fenómeno también lo es y disponer de los medios e instrumentos concretos para atender y resolver lo necesario, lo es aún más.
Es por ello de la mayor relevancia disponer en la Ley General de Educación las medidas preventivas, correctivas y de restitución necesarias para erradicar ese mal social, conforme a las mejores prácticas internacionales en materia de prevención, corrección, reparación, restitución de los involucrados a la vida social contando con la participación de la comunidad.
En este sentido se propone la reforma y adición de diversos artículos de la Ley General de Educación, a efecto de garantizar una educación libre de violencia y de toda forma de acoso escolar a nuestras niñas y niños, adolescentes, contando con las garantías institucionales y necesarias para su atención.
Es así que mediante la presente iniciativa se propone adicionar en los artículos 6o., y 7o., de la Ley General de Educación, las disposiciones que establecen para la autoridad educativa la obligación de fomentar la tolerancia y el respeto mutuo para prevenir toda clase de violencia, acoso escolar o discriminación que afecte la dignidad y la integridad física y emocional de la persona.
En congruencia con ello en el ámbito del federalismo educativo se propone adicionar en el artículo 12, como un deber de las autoridades educativas en los tres órdenes de gobierno, establecer programas contra la violencia, el acoso escolar y cualquier forma de discriminación o intolerancia que afecte la integridad y dignidad de la persona.
Se propone denominar como “programa para una educación libre de violencia, acoso escolar y discriminación”, normado por la autoridad educativa federal, y aplicado al nivel de cada centro escolar, bajo la responsabilidad directa del director del plantel.
En similar concordancia la iniciativa propone la adición en el artículo 33 relativo a las garantías de equidad en la educación, la obligatoriedad para las autoridades escolares de realizar programas de difusión de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, orientados a la prevención de la violencia.
Adicional a ello, en el artículo 49 se establece que el proceso educativo se basará en los principios de libertad, responsabilidad, derecho a una educación libe de violencia, acoso escolar o discriminación.
En este mismo sentido, en el artículo 70 de la Ley General de Educación se propone incorporar a los deberes del Consejo de Participación Social en la Educación, que por la disposición legal debe integrarse en cada municipio la promoción de campañas de difusión orientadas a la prevención y erradicación de cualquier conducta lesiva a la integridad o dignidad de los educandos.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración y aprobación, en su caso, del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación para quedar como sigue.
Decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 7o., doceavo, 33, 49, 67, 69 y 70 de la Ley General de Educación.
Único. Se reforman los artículos 6o., y 49; se adiciona al artículo 7o., la fracción XVII; se adiciona al artículo 12 la fracción XIV y se recorre la anterior al 15.
En el artículo 6o.: “el Estado velará por una educación libre de violencia, acoso escolar o discriminación, objetivo por el cual garantizará que los planteles educativos cuenten con acceso a los servicios de salud mental necesarios”.
En el artículo 12: “corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las siguientes atribuciones: en su inciso 13: “fomentar la coordinación con las demás autoridades competentes del Ejecutivo federal”.
En el 14, formular programas contra la violencia, el acoso escolar y cualquier forma de discriminación e intolerancia que afecte la integridad de la persona. En su fracción XV, las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica.
En el artículo 33, en su inciso 14, realizarán las demás actividades que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios educativos.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Solicitamos a la diputada tenga a bien terminar su exposición.
La diputada Marina Garay Cabada: Dejo al pleno y someto el presente decreto para que, de acuerdo a su análisis en las comisiones, pueda entrar en vigor al día siguiente de su publicación. Es cuanto, diputada.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen. Adelante diputado Beatriz Juárez. ¿Con qué objeto?
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias. Para felicitar a la diputada Garay y preguntarle si estaría de acuerdo en que su servidora pudiera suscribir, junto con ella, esta iniciativa.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Si la diputada proponente no tiene inconveniente. Gracias. La secretaría pondrá a su disposición la iniciativa.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2º, 3º, 4º. y 6º transitorios de la Ley de Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.
El diputado Erick Marte Rivera Villanueva: Le pediría a la presidenta que una vez que se cumplan los cinco minutos me toque la campanita para no abusar del micrófono.
Compañeras y compañeros: déjenme primero manifestarles mi agradecimiento a todas las diputadas y diputados de esta honorable Cámara de Diputados porque en la pasada exposición de la iniciativa que presenté realmente hubo mucha condescendencia por parte de ustedes. Mi agradecimiento a todos los partidos políticos dignamente representados en esta Cámara.
La iniciativa que vengo a presentar en este momento tiene que ver con el desarrollo económico del país. Sé que para muchos es desconocido que en México tenemos un Fondo Nacional para Empresas de Solidaridad, que en la pasada Legislatura se aprobó que se convirtiera en el Instituto Nacional de Empresas de Solidaridad.
Sin embargo, como se aprobó en ese dictamen, nos encontramos en una situación que urge que resolvamos en esta Cámara de Diputados. Les voy a explicar un poquito; de hecho, la iniciativa la voy a remitir textualmente, tal y como viene, porque es un poco compleja técnica y jurídicamente y para no aburrirlos. De por sí ya veo un poco cansados a algunos.
Quiero explicarles de manera más clarita; aunque a veces me falla la garganta, lo que no me falla es la convicción de defender esta idea que vengo a presentarles para que el Fonaes, lo que queremos amigas, amigos; compañeras y compañeros diputados, es que el gobierno entrante, el gobierno de la República entrante no se encuentre atado para que pueda ejercer el recurso que se destina a Fonaes ordinariamente.
Estamos hablando de dos mil millones de pesos, que si no presentamos esta iniciativa, el próximo gobierno de la República no podría ejercer este recurso para beneficiar a las personas que acuden a esta ventanilla para obtener dicho apoyo económico. Y lo que ustedes deben de saber es que ése proceso que se aprobó, el Fonaes, y la constitución de lo que va a ser el Instituto Nacional para Empresas de Solidaridad, exigía un período de constitución que se llevaría aproximadamente 10 meses.
En este momento no se tiene el reglamento, no se tienen todavía las asambleas que exige dicho consejo que se está constituyendo con el INAES, lo que significa que si nosotros no aprobamos esta iniciativa por la vía rápida a través de la Comisión de Fomento Cooperativo y Económico, pues estaríamos dejando alrededor de 10 mil solicitudes sin poder recibir este recurso económico.
Es importante que reconozcamos que este modelo, este programa que fue impulsado por el gobierno anterior muy fuertemente. Pero este programa viene de hace muchos, muchos años, y tenemos que reconocer que fue inspirado en un modelo económico de gobiernos izquierdistas como en Brasil, como en España, donde por cierto en España, el 50 por ciento de la producción agrícola proviene de cooperativas.
En México nosotros desarrollamos un programa similar que ha funcionado muy bien, porque viene atendiendo a personas con discapacidad, a mujeres, a grupos vulnerables, a adultos mayores, en fin, todo eso que la banca ordinariamente no apoya.
Por eso, para nosotros es importante que los diputados del PRI conozcan el contenido de esta iniciativa para que con el apoyo de ustedes, también podamos lograr que se prorrogue; es decir, que se alargue este período de constitución para que el Fonaes siga funcionando con las reglas de operación que tiene actualmente.
Si nosotros no metemos esta iniciativa se van a quedar 2 mil millones de pesos sin ejercer, y yo creo que no nos conviene empezar a quedarle mal a esa gente que está buscando un proyecto productivo o que está buscando el apoyo económico del gobierno de la república, y nosotros los que venimos saliendo del gobierno federal conocemos la bondad de los alcances de este proyecto humanista de desarrollo económico.
Por eso yo les pido que una vez que esté esta iniciativa en manos de la Comisión de Fomento Cooperativo, que le demos velocidad porque yo creo que esa gente no merece que le demos la espalda aquí en el Congreso. Nosotros tenemos en nuestras manos que se pueda defender este recurso.
Yo la verdad quiero remitirme al pensamiento de un sacerdote de Michoacán que nos visitó en esta Comisión, que nos vino a despejar las ideas, nos vino a abrir la mente, nos vino a decir la importancia que tiene la cultura del cooperativismo, y por eso yo creo que si se aprueba esto de forma rápida vamos a quedar bien todos; el gobierno saliente, el gobierno entrante, los partidos de izquierda, porque finalmente es un modelo económico inspirado en esos países de izquierda.
Es decir, a todos nos involucra y yo creo que si en esta iniciativa, o nos unimos o nos hundimos, y yo creo que es preferible que nos unamos, compañeras y compañeros. En eso quiero citar el proverbio chino de que al hombre no hay que darle pescado para que coma hoy, sino enseñarle a pescar para que coma siempre. Pero lo voy a traducir en español o en mexicano, que a la gente, a las comunidades no hay que darles solamente la despensa para que coman hoy; a la gente, a las comunidades hay que darles proyectos, apoyo, recursos para que produzcan y coman siempre. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.
Doy la bienvenida a invitados especiales del estado de Veracruz, invitados por la diputada Mariana García Rojas, así como al grupo de abogados provenientes del estado de Michoacán, invitados por el diputado Antonio García Conejo.
Diputado Rosendo Medina, a sus órdenes. ¿Con qué objeto?
El diputado Rosendo Marcos Medina Filigrana (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Primero para saludar al proponente y pedirle si me autoriza sumarme a su iniciativa. Me daría mucho gusto. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Si no tiene ningún inconveniente el proponente, queda a su disposición en la Secretaría la iniciativa. Gracias, diputado.
El mismo caso sería para todos los diputados que quieran adherirse a la misma.
A sus órdenes, diputado. ¿Diputado Ceballos, con qué objeto?
El diputado Armando Contreras Ceballos (desde la curul): Solamente para pedir al diputado Erick, hablando de economía solidaria y comentó del padre Marcos Linares Linares, originario de Atacheo, de Zamora, Michoacán, suscribirnos, diputado Erick, para el artículo 25, con el cooperativismo y la solidaridad que representa esta parte. Ojalá que nos permita suscribirnos, diputado Erick.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sí. Al parecer no tiene ningún inconveniente el diputado. Queda aquí en la Secretaría a su disposición la iniciativa.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadana presidenta, me alegra que sea tolerante; vi con atención su desempeño y ha sido tolerante y creo que eso ayuda. También los propios diputados intentaremos ajustarnos al tiempo, con la tolerancia que ha dado.
Quiero presentarles una iniciativa muy importante. Es una iniciativa, como ya se refirió, que propone modificar varios artículos de la Constitución, el 74, el 75 y el 126; y también varios artículos de una ley importantísima que en este momento nos tiene ocupados a todos, que es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
¿En qué consiste? Miren, históricamente, desde hace varios años, la Cámara de Diputados aprueba un presupuesto cada año en el mes de diciembre, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público normalmente lo modifica.
Ha habido, en estos últimos tiempos, modificaciones importantes, de tal suerte que en el 2010, una vez autorizado el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda modificó este presupuesto en el orden de 549 mil millones de pesos, es decir, el 17 por ciento del gasto neto presupuestario.
La Secretaría de Hacienda, cada año, como una práctica ya regular, reasigna los recursos al margen de lo dispuesto por la Cámara de Diputados, a través de las figuras denominadas mandatos y análogos a fideicomisos; y a la Secretaría de Hacienda no le interesa el ejercicio que aquí desarrollemos, porque finalmente ella, Hacienda, de manera discrecional, modifica el contenido del presupuesto.
Sólo el año pasado modificó en el orden de más de 109 mil millones de pesos, en 2011, el presupuesto y modificó de manera brutal, por ejemplo, en el Poder Legislativo, modificó en casi 300 millones, pero en el Poder Ejecutivo asignó 106 mil millones de pesos más, en los órganos autónomos 873 y en el Poder Judicial 2 mil 440 millones.
Es decir, nada ganamos con hacer un ejercicio serio en la Cámara si finalmente la Secretaría de Hacienda es la que determina el final de la aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Pero por esa razón estoy proponiendo estas modificaciones, para que a la par podamos realizar una deliberación seria que para nosotros genera corrupción y un alto grado de opacidad, porque una administración pública que tolera este tipo de cosas pierde la confianza y con ella pierde la legitimidad para ejercer las facultades y atribuciones que la ley le confiere.
Esta discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para reasignar el gasto al margen de lo dispuesto por la Cámara de Diputados tiene como consecuencia un ejercicio de menor calidad, con la consecuencia de que los multiplicadores del gasto público y su impacto en el crecimiento económico sean débiles.
Esta facultad de manejar libremente la administración del gasto público y que se atribuya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no debe existir.
Incluso ahora hay varios reclamos de subejercicios, hay varios reclamos de que no se cumplieron las asignaciones etiquetadas a rubros como agua potable, cultura, deporte y que por indicaciones de la Secretaría de Hacienda fueron destinados a otros rubros o simplemente no se reasignaron o no se asignaron recursos.
Eso es lo que intentamos hacer. En esta iniciativa son 14 artículos que intentamos modificar de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y tres artículos a la Constitución General de la República, que es el 74, 75 y 126.
Les pediría lo revisen con mucho cuidado, es una iniciativa que contiene profundidad, fundamentalmente en este ejercicio, que es el más importante de la Cámara de Diputados, dotar a la nación del presupuesto para ejercer las facultades y funciones que la Constitución le previene.
Por eso es tan importante, porque la Secretaría de Hacienda tiene que respetar la disposición del Legislativo. No somos una oficialía de partes, no somos simple y sencillamente un aparato burocrático al sazón de la Secretaría de Hacienda y debemos exigir respeto y que no se modifique lo que aquí se aprueba, salvo cuando existan causas de fuerza mayor, contingencias u otro tipo de circunstancias que ameriten la modificación de manera directa y cuando se trate de emergencias de tipo climático o de desastres naturales.
También quiero decirles que me preocupa mucho la premura con la que se están manejando las cosas. Hoy mismo estaba revisando yo la Ley de Ingresos –nadie tiene la capacidad para revisar tanto documento que a diario nos llega– y fíjense, nada más de una rápida vista de la Ley de Ingresos, veía como es incongruente todo lo que se gasta. Hay una remuneración de los ministros de la Corte de Justicia en cerca de 500 mil pesos por mes, ésa será su percepción, 4 millones 200 mil pesos al año.
Pero fíjense en dónde van apoyarles si ustedes aprueban este presupuesto, fíjense ustedes qué les vamos a dar a los ministros de la Corte, y es una rápida vista. Vamos a darles apoyos para ayuda de anteojos a los ministros de la Corte, con un sueldo de 500 mil pesos mensuales.
¿Y saben también qué les vamos a dar si lo aprueban ustedes? A los ministros de la Corte, estímulo para el Día de la Madre. ¿Tendrán? A lo mejor sí, pero estímulo para el Día de la Madre a los ministros de la Corte. ¿Ustedes creen que de esta manera podemos hacer un ejercicio responsable?, se los pregunto con toda seriedad.
Y mañana quieren sacar la Ley de Ingresos, y nadie la ha leído. Me parece un ejercicio irracional, me parece un despropósito, y me parece una desvergüenza que estemos actuando de esa manera, se los digo con toda honestidad. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Presupuesto y Cuenta Pública para su dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud.
El diputado José Humberto Vega Vázquez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los padecimientos de salud que se conocen con el nombre de crónico degenerativo han ido en aumento en los últimos años.
Enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, los accidentes de tipo vascular, el cáncer y las enfermedades renales crónicas han cobrado mayor número de vidas entre la población mexicana.
Una de las consecuencias que genera el padecimiento de la debates o de la hipertensión arterial es que provocan que se desarrolle la enfermedad renal crónica. El padecimiento renal crónico provoca la pérdida de la función de los riñones, lo cual impide el buen funcionamiento de estos órganos que se encargan de eliminar los desechos y el exceso de agua del cuerpo humano.
Es evidente que las personas que padecen este mal disminuyen sensiblemente su calidad de vida, y están en constante riesgo de perder la vida. Para el caso de nuestro país se estima que existen poco más de 8 millones de personas con insuficiencia renal leve, poco más de 100 mil con insuficiencia renal crónica y 37 mil que requieren permanentemente diálisis. A esta situación se suma el bajo índice de trasplantes de riñón que no llega al 2 por ciento.
Si consideramos que poco más de la mitad de la población vive en pobreza podremos imaginar cuán complicado resulta para amplios sectores de la población contar con los recursos económicos para financiar este tipo de tratamiento.
Los costos de una sesión de hemodiálisis son variables entre las instituciones de salud, sea de carácter público o privado. El costo más bajo ronda entre los 746 pesos hasta un máximo de mil 200 pesos, cifras que son bastante elevadas para los mexicanos que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
En el estado de Tlaxcala se llevaron a cabo estudios de tamiz a 185 mil 727 niños; se detectaron 125 casos de enfermedades renales crónicas, con diferentes grados de avance, 57 en estadio uno, 24.6 en estadio dos, 10.4 en el tres, 3.2 en el cuatro y 2.4 en el cinco.
Esta información forma parte de la plataforma de registro estatal de enfermedad renal crónica infantil de dicha entidad y tiene relevancia en virtud de que tales datos fueron obtenidos con un enfoque socioeconómico.
Se comprende que la diabetes y la alta presión arterial traen como consecuencia a través del tiempo la insuficiencia renal crónica, pero en Tlaxcala la insuficiencia renal es grave por su alta incidencia en niños y en jóvenes. Es preocupante porque aparece sin causa aparente, pues su sintomatología se muestra hasta cuando los riñones ya no desempeñan sus funciones y generalmente cuando ya es irreversible. La solución solamente es el trasplante de riñón, mientras tanto el paciente debe tener un tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal.
La prevalencia de insuficiencia renal crónica en Tlaxcala ha creado la necesidad urgente de investigar a fondo la incidencia nacional, analizando las posibles causas de la enfermedad y realizando diversos estudios de laboratorio con equipos especializados para lograr una detección oportuna, pues en etapas iniciales el padecimiento no presenta una enfermedad franca.
Este hecho se agrava dado que este padecimiento no lo cubre el Seguro Popular, el paciente requiere una diálisis peritoneal que implica un gasto de 8 mil a 10 mil pesos semanales, tan solo el costo de hospitalización. Es decir, al mes se tienen que destinar entre 32 mil o 40 mil pesos por paciente.
El Catálogo Universal de los Servicios de Salud (Causes) 2012, no contempla la atención a los pacientes que necesitan hemodiálisis peritoneal, tampoco cubren los gastos de trasplante de riñón.
En concreto, estamos proponiendo adicionar un segundo párrafo al artículo 77 Bis 1, pasando el actual a ser párrafo tercero, incorporando la obligación de que el Sistema Nacional de Protección en Salud brinde atención a las enfermedades crónico-degenerativas con lo que habrá sustento legal para canalizar los recursos y la atención para la enfermedad crónica renal.
Nos parece que la modificación que estamos planteando representa una propuesta benéfica que apoya a los mexicanos que sufren estas enfermedades y que no tienen para su costo y también contribuyendo al cumplimiento del mandato constitucional plasmado en el artículo 4o, que señala la obligación del Estado de garantizar la protección de salud a todos los mexicanos.
Muchas gracias. Solicito que se inserte en el Diario de los Debates la versión íntegra de la presente iniciativa. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
La diputada Joaquina Navarrete Contreras (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta Patricia Elena Retamoza Vega: Sí, diputada. Sonido por favor a la curul de la diputada Navarrete.
La diputada Joaquina Navarrete Contreras (desde la curul): Pedirle al diputado ponente me permita suscribir su iniciativa, ya que efectivamente la enfermedad no solamente en los jóvenes, sino en todos géneros y edades del ser humano, están padeciendo esta grave enfermedad. Le felicito y le pido me permita suscribirme. Muchas gracias.
La Presidenta Patricia Elena Retamoza Vega: Preguntamos al diputado Vega si no tienen ningún inconveniente.
El diputado José Humberto Vega Vázquez (desde la curul): Ninguno, con mucho gusto.
La Presidenta Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. La diputada Aurora Aguilar.
La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (desde la curul): Gracias, presidenta. Quisiera pedirle al compañero diputado Alberto Vega –que además es paisano nuestro- si nos permite a la diputada Leonor Romero y a su servidora, que ambas somos del estado de Tlaxcala y que además en el caso de su servidora que fui titular de una institución de salud pública muchos años en Tlaxcala y suscribo absolutamente la problemática que existe en nuestro estado, si nos permite suscribir su iniciativa.
La Presidenta Patricia Elena Retamoza Vega: Adelante, diputado.
El diputado José Humberto Vega Vázquez (desde la curul). Con mucho gusto.
La Presidenta Patricia Elena Retamoza Vega: Diputado López Lopez, adelante.
El diputado Raudel López López (desde la curul): De igual manera informar que también el municipio de donde provengo, que es el municipio de Calvillo, Aguascalientes, es catalogado de los que tienen más alta incidencia de enfermedades renales en menores de edad.
En lo personal estaba preparando una iniciativa similar, por tal motivo me evitó la molestia el compañero; le pido que autorice suscribirla.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. El diputado proponente no tiene ninguna objeción. Estará a su disposición esta iniciativa en la Secretaría. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación.
El diputado Domitilo Posadas Hernández: Muchas gracias, señora presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la iniciativa que hoy someto a consideración de esta soberanía plantea reformas a los artículos 26 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 5, 29 y 31 de la Ley de Planeación, para modificar el Sistema Nacional de Planeación, a efecto de que la Cámara de Diputados apruebe el Plan Nacional de Desarrollo.
La tradición iniciada en la etapa del predominio del partido hegemónico y del control de una sola fuerza política, de prácticamente todos los temas de la vida nacional, impidió la posibilidad de que en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo intervinieran otros órganos que enriquecieran su contenido y pudiesen incidir en su evolución y aplicación.
Actualmente el marco jurídico correspondiente señala como una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo el diseño y aplicación de los mecanismos de planeación que deben orientar el desarrollo nacional.
La importancia reciente que ha adquirido el Congreso mexicano, como factor de control de muchas decisiones adoptadas por el Ejecutivo federal, es apenas incipiente, por lo que se requiere emprender una modificación del andamiaje jurídico que otorgue mayores facultades revisoras al Legislativo en éste y otros temas.
En opinión de analistas que estudian las nuevas tareas del Congreso, localizamos la siguiente expresión de Cecilia Mora Donato, en la que se refiere a las diversas responsabilidades que éste debe cumplir:
“Es necesario reajustar el funcionamiento del Congreso mexicano a la realidad pluralista que imponen los nuevos tiempos. Requerimos de un Poder Legislativo fuerte, vigoroso, fuera de la órbita presidencial que sea capaz de ejercer por la vía de un correcto entendimiento de control parlamentario y de los instrumentos destinados a tal fin, un verdadero contrapeso al Ejecutivo”.
El desafío es enorme y no se encuentra exento de dificultades, pues se trata de ejercer un novedoso ejercicio para el país, donde la larga tradición del predominio de un solo partido a la que ya nos hemos referido, generó condiciones de subordinación por parte del Congreso hacia el Ejecutivo federal.
La ausencia de mecanismos sobre rendición de cuentas ha obstaculizado el poder conocer los aportes del Plan Nacional de Desarrollo en su carácter de eje rector de diversas políticas públicas orientadas y vinculadas a la consecución del desarrollo nacional.
Es así que los períodos sexenales transcurren sin que conozcamos en qué medida se han cumplido los objetivos que guían dicho plan de cada administración, convirtiéndose la mayor parte de las veces en un compendio de buenas propósitos, sin contar con la información correspondiente al cumplimiento de sus metas, así como de su aplicación.
En este sentido, los datos contenidos en la nota informativa Programas Prioritarios 2008-2012 elaborada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados a fin de evaluar la información correspondiente remitida al Congreso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos permiten conocer que de los 43 temas prioritarios enumerados en el Plan Nacional de Desarrollo, en 13 de ellos la dependencia no incluyó los programas prioritarios correspondientes o no les otorgó la atención suficiente, observándose omisiones significativas en materias como cultura, democracia y participación ciudadana, derechos humanos, energía y fortalecimiento del federalismo.
Es por ello que se requiere dotar al Poder Legislativo de una capacidad revisora y aprobatoria del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, debido al papel preponderante que cumple en la aprobación tanto de la Ley de Ingresos como la de Egresos, instrumentos de los que deriva la responsabilidad de recursos con que cuenta el gobierno federal para aplicar su política recaudatoria y de gasto.
De esta manera se reducirían considerablemente las omisiones con que se destacan muchas de las medidas adoptadas por el gobierno federal, garantizadas en gran parte tanto por el desapego de lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo, así como por disposiciones que observan sólo en la improvisación y las coyunturas políticas, desviándose de los programas iniciales.
Reiteramos: es importante llevar a cabo las modificaciones del marco legal correspondiente para dar paso a un papel más decisivo por parte del Congreso en la revisión de los avances del Plan Nacional de Desarrollo con objeto de avanzar hacia la consolidación de un sistema de rendición de cuentas donde el Legislativo desempeñe un rol preponderante.
En tal virtud, la presente iniciativa tiene como propósito fundamental buscar un equilibrio entre la actuación del Ejecutivo y el Legislativo en lo que corresponde al diseño y aplicación del Plan Nacional de Desarrollo, buscando en todo momento la colaboración y complementariedad que permita optimizar sus resultados.
Diputada presidente, respetuosamente le solicito que el texto íntegro de esta iniciativa sea incorporado al Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Zita Beatriz Pazzi Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. y 27 constitucionales. Adelante, diputada.
El diputado Zita Beatriz Pazzi Maza: Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes compañeros diputados. El día de hoy vengo a esta máxima tribuna de la nación para proponer una iniciativa de suma importancia en el desarrollo del país.
El derecho a la alimentación es un derecho humano, reconocido actualmente a nivel internacional, nacional y regional. Es universal y pertenece a toda persona o grupo; es decir, no es una opción política que los estados puedan seguir o no seguir.
Su reconocimiento implica, por tanto, obligaciones para los estados. No es normal ni tolerable que los estados cumplan únicamente sus compromisos económicos y comerciales a nivel internacional en detrimento de sus compromisos en materia de derechos humanos.
Sin embargo, la primacía de los derechos humanos sobre todo acuerdo económico o comercial ha sido afirmada en muchas ocasiones por las resoluciones adoptadas en las instancias de la ONU por estos mismos estados.
En la práctica, los medios para reivindicar la realización de los derechos a la alimentación y las posibilidades de obtener reparación o compensación, dependerán en gran medida de la información de los mecanismos de control disponibles en los niveles nacional, regional e internacional.
En 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoció por primera vez, a nivel internacional, el derecho a la alimentación, señalando en su artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia la salud, el bienestar, y en especial a la alimentación. Lo que deja en claro la postura de todos los estados al aceptarla.
Diversos documentos a través de la historia que reconocen dicho derecho, tales como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo de San Salvador de 1988, que obligan a los estados sujetos a englobar el derecho a la alimentación en la legislación nacional para asegurar el ejercicio de este derecho y de erradicar la mala nutrición, a perfeccionar los métodos de producción y de aprovisionamiento y la distribución de los alimentos y a alentar una mayor cooperación internacional, en apoyo de las políticas nacionales relativas a este tema.
En México, la reforma constitucional clave fue la de marzo de 2011, en la que se reforma y adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para el 17 de agosto la reforma había sido aprobada por más de la mitad de los estados, por lo que el Congreso de la Unión solicitó al Diario Oficial de la Federación la publicación el 13 de octubre. Éste se llevó a cabo y entró en vigor el día 14 de octubre de 2011, estableciendo que: “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.
Con esta modificación el Estado mexicano puede definir nuevas políticas que permitan afrontar la crisis alimentaria global, además puede fomentar la mayor participación de la población en la solución de sus problemas alimentarios.
También es factible ajustar la legislación y crear instituciones y generar nuevas políticas para la garantía del derecho, entre otras facultades. Sin embargo, el marco jurídico se podría mejorar aún más si se aprobara una legislación marco sobre el derecho a la alimentación, como han hecho varios países de la región y como recomienda el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en las directrices voluntarias en apoyo a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.
En conclusión, podemos decir que en México se debe adicionar el enfoque del párrafo tercero del artículo 4º, y del párrafo segundo de la fracción XX del artículo 27 constitucional, para que contengan las disposiciones relativas a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto por los que se reforman y adicionan el párrafo tercero del artículo 4º y el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad alimentaria y de las familias mexicanas.
Primero. Se reforma y adiciona el párrafo tercero del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 4º. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, adecuada y de calidad. El Estado garantizará que las instituciones especializadas coordinen sus acciones entre sí o con organismos internacionales, para lograr la suficiencia alimentaria de las familias mexicanas.
Segundo. Se reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 27, fracción XX. El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice la suficiencia alimentaria de las familias mexicanas que la ley establezca.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012.
Es cuanto, señor presidente.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Con su permiso, compañera presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, presento ante ustedes, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, un tema relativo a la transparencia con que se deben manejar las finanzas públicas, y los convocamos a superar una definición legal construida de manera circunstancial y que es una ficción jurídica que oculta las dimensiones reales del déficit público.
Ese ocultamiento no es una base sana para la planeación y la programación, además de restarle claridad a la capacidad de endeudamiento del sector público. Es tiempo de superar esa ficción y de que se hable con la verdad.
El problema radica en que la redacción actual del párrafo sexto del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, elude el principio básico de la transparencia y registro de la inversión pública.
En la actualidad se establece en dicho artículo lo siguiente. El gasto en inversión de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario.
Lo anterior quiere decir que se excluye del cálculo del déficit una parte importante de la inversión realizada por el sector público, es decir, Pemex, y que no se registran sus obligaciones de pago, que evidentemente son realizadas con recursos públicos.
Incluso, en su comparecencia, el secretario de Hacienda reconoció que el pago es con recursos públicos y ha quedado en claro que en términos contables y económicos, la inversión de Pemex es parte de la inversión pública del país.
La simulación de la ley obedece a circunstancias del 2008 y pretenden una imagen que no existe, de manera que el gobierno pueda decir que las finanzas públicas tienen un déficit bajo, o incluso, se pueda presumir que el país tendrá un déficit cero, tal y como anunció la administración entrante en el punto 12 de los compromisos del 1 de diciembre; pero la falsedad de decir que México tiene unas finanzas sanas es evidente, cuando la realidad económica y las cifras oficiales reconocen que el compromiso de pago supera la definición legal.
Por ejemplo, el déficit autorizado para el ejercicio 2012 fue de 67 mil 631 millones de pesos, que equivalen a punto 4 por ciento del producto interno bruto, pero si se analiza lo reportado en el Sexto Informe de Gobierno, la realidad es otra.
Con las cifras oficiales, al incluir el financiamiento de Pemex el déficit es mayor de 2.4 por ciento del PIB, lo que representa la impresionante cifra de 368 mil 886 millones de pesos. Ese cálculo ficticio también aparece, ahora, en las proyecciones para el 2013.
La Secretaría de Hacienda emite los criterios generales de política económica para el siguiente ejercicio por medio del documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En ese documento ustedes, señores diputadas y diputados, pueden observar discrepancias entre el déficit previsto y la realidad económica.
Si ustedes revisan el Anexo 2 identificarán que se señala primero un balance económico y que luego se presenta otro balance al que simplemente le llaman balance económico sin inversión de Pemex, como si fuera lógico decir que una parte del gasto público sí se registra y que la otra no se registra.
Con los datos de ese documento queda claro que de acuerdo con la simulación jurídica, México tendrá en el 2013, como logro, un déficit cero, pero también es claro que el propio gobierno sabe que al incluir la inversión de Pemex, resulta que en realidad existe un saldo negativo de 320 mil 360 millones de pesos y eso, aún sin considerar que existen otros compromisos que son herencia del IPAB y del rescate bancario.
Así, lo que queremos subrayar es que no existe ni existirá en el 2013 un déficit cero en términos económicos.
Ésa es la verdad y es reconocida por los datos oficiales emitidos por Hacienda. Es conocida por las calificadoras internacionales y también es una realidad conocida en el Congreso y que el día de ayer fue comentada en la comparecencia, de manera que hoy presentamos la correspondiente iniciativa para realizar la reforma correspondiente.
Ya no tiene sentido ocultar un déficit que todos sabemos que existe. Tratar de negarlo, tras una redacción que es una simulación es un autoengaño.
¿Qué busca la iniciativa que hoy ponemos a su consideración? Que por lo menos reconozcamos como déficit las inversiones de Pemex y así, como en el 2008 el Congreso y el Ejecutivo convenimos en dejar de simular el gasto de Pidiregas y lo incluimos como deuda.
Ahora hagamos lo mismo con uno de los programas de inversión más importantes del país. Por supuesto que no se pretende disminuir la inversión pública para el desarrollo del sector energético, que incluso, puede incrementarse pero sobre la base de transparentarla como lo que es, una inversión que merece ser financiada, precisamente porque al ser de carácter productivo genera riqueza para la nación. La reforma propuesta consiste en reconocer el gasto de inversión en Pemex y la contabilidad del sector público, manteniendo el resto de la ley en sus términos.
Señores diputados, señoras diputadas, superemos la tentación de convertir el déficit en otro mito genial, hablemos con la verdad y reconozcamos en la ley lo que es un hecho indiscutible, la inversión del sector público debe incluir su totalidad y no sólo una parte.
Termino, señora presidenta. Todos ganaremos con una base financiera que corresponda a la realidad, y de esta forma contribuiremos a un manejo responsable de las finanzas públicas. Por su atención muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal.
El diputado Rubén Acosta Montoya: Señora presidenta, compañeros diputados y compañeras diputadas, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización es el instrumento jurídico que permite emitir regulaciones técnicas de carácter obligatorio que tienen por objeto regular los productos, procesos y servicios que pueden constituir un riesgo para la seguridad de las personas, dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente y la seguridad laboral, así como preservar los recursos naturales.
Hoy las dependencias federales competentes emiten Normas Oficiales Mexicanas en materia de información comercial, seguridad de productos, protección fitosanitaria y zoosanitaria, eficiencia energética, previsión de enfermedades humanas, protección contra riesgos sanitarios, seguridad en centros de trabajo, telecomunicaciones, transporte aéreo, terrestre y marítimo, entre otras ramas de la actividad económica.
Actualmente México cuenta con un sistema de normalización activo, que se acompaña de un esquema de evaluación de la conformidad de dichas normas, regulado por la ley. Desde mi punto de vista es sólido y en constante actualización, ya que el proceso de normalización se desarrolla de manera armónica y equilibrada, y siempre permitiendo la participación de los diversos sectores involucrados y/o afectados en el tema a normalizar.
Incluso las normas previa su publicación se someten a un proceso transparente de consulta pública, por el cual se publica un proyecto que se sujeta a comentarios por parte de las personas interesadas, y la autoridad que pretende emitir la norma está obligada a responder dichos comentarios.
Para estos efectos tanto las dependencias del gobierno federal como los centros acreditados y aprobados con funciones de organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de prueba y calibración emiten documentos que avalan el cumplimiento de los particulares o de las empresas con dichas normas.
Actualmente existen casi 750 Normas Oficiales Mexicanas y más de 3 mil 200 entes evaluadores de la conformidad, además de las propias facultades que ejerce la Procuraduría Federal del Consumidor.
Todo ello ha fortalecido administrativamente la supervisión y verificación, y por ende el cumplimiento de las conocidas NOM en el sector formal, en beneficio de la propia sociedad mexicana como consumidores finales.
Sin embargo, en el Partido Verde Ecologista de México consideramos que la emisión de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en 1992, se debió acompañar de una reforma adicional que tiene impacto en el debido cumplimiento de las NOM, a fin de asegurar su efectividad.
Esa modificación nosotros recomendamos que sea al Código Penal Federal, ya que la realidad nos hace ver que falta fortalecer el apartado de incumplimiento de las normas desde el punto de vista del delito, que se puede cometer en contra del consumidor y que debe perseguir la Procuraduría General de la República, sobre todo al comercializar productos apócrifos o de mala calidad, que muchos hemos denominado piratas, dando las facultades y herramientas necesarias a la autoridad para que castigue dichos delitos.
La práctica ilegal de falsificar o violar documentos que demuestren el cumplimiento con las NOM tiene como consecuencia directa vulnerar la seguridad, la salud humana, el medio ambiente y en algunos casos el patrimonio y economía de las personas.
Es por todos conocido que la comercialización en nuestro país de productos que se ofrecen y que ostentan de manera irregular el cumplimiento con normas oficiales mexicanas al falsificar o falsamente utilizar documentos que demuestren el cumplimiento de otros productos es algo que podemos encontrar en el día a día y en cualquier lugar.
Es por ello que debemos fortalecer la ley para castigar dicha conducta ilícita, comercializar productos y servicios con documentos falsificados o alterados que no demuestren el cumplimiento con normas oficiales mexicanas genera desprestigio a los productos nacionales, engaño y deterioro de los bienes y poder adquisitivo del consumidor, riesgo en los centros de trabajo donde se fabrican o utilizan productos apócrifos o de baja calidad y que aumentan los riesgos de trabajo. Riesgo al permitir la comercialización y uso de productos sin información comercial adecuada que alerte correctamente a los consumidores, entre otras cosas.
Actualmente las conductas ilícitas que señalo no se encuentran tipificadas específicamente como delito en el Código Penal Federal y mucho menos son perseguidas y castigadas con efectividad, ya que no se establece la conducta atípica de falsificar o hacer mal uso de los documentos que demuestren el cumplimiento con normas oficiales mexicanas.
Para ser más claros, ejemplos de productos y servicios que se pueden ofrecer y/o comercializar violentando el cumplimiento con las NOM son la venta de prendas de vestir que no se encuentran etiquetadas o que la información que contienen en su etiqueta no corresponde al producto; venta de bienes de consumo como alcohol, medicinas, etcétera, implicando un riesgo para la salud; venta de productos eléctricos o electrónicos que no han sido sometidos a la unidad mínima de seguridad; venta de productos a granel que deben ser pesados o medidos y que en ocasiones se usan instrumentos de medición que han sido alterados, como puede ser el caso de básculas o de bombas de gasolina.
Es por todo lo expuesto que en el Partido Verde Ecologista de México, consideramos necesario proponer a esta soberanía, adicionar a los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal, que la falsificación o el uso irregular de documentos que demuestran el cumplimiento con normas oficiales mexicanas sea un delito. Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 229 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañera presidenta. Compañeras diputadas y diputados, la presente iniciativa que sometemos a su amable consideración es de reforma al artículo 229, numerales 2, inciso b), fracciones I y III del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta iniciativa se suma a otras que hemos presentado.
La primera, que tiene que ver con establecer como causa de nulidad de la elección presidencial la violación de los topes de gastos de campaña.
También otra iniciativa que tiene que ver con establecer que previamente a la declaratoria de validez de la elección presidencial, se tiene que dictaminar por parte de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, cualquier queja o cualquier violación a los topes de gastos antes del proceso de declaración de validez y calificación de la elección.
El gran tema electoral hoy en día es la inequidad. El uso ilícito e indiscriminado de recursos de diferente procedencia, muchas ilegítima, en las campañas electorales. Esto no solamente mancha las elecciones sino que vuelve totalmente inequitativa la contienda y convierte a la democracia en una democracia simulada.
Por eso lo que estamos planteando en esta nueva iniciativa es determinar muy bien cuáles gastos se consideran como gastos de campaña para incorporarse a los topes de gasto.
Lo que estamos planteando lisa y llanamente, es que todos los gastos del día de la jornada electoral, movilización, pago de estructuras, de promotores y de representantes en casilla o representantes generales, sean parte del gasto que se considere gasto de campaña.
Actualmente hay una laguna jurídica que se presta a la simulación, que se presta a la trampa, porque no está bien precisado este concepto y siendo gastos que tienen que ver directamente con el voto, se consideran gastos ordinarios.
Además hay una gran opacidad, una gran falta de transparencia y una falta de intervención precisa del Instituto Federal Electoral.
Por eso estamos planteando esta adición al artículo 229 para que cualquier bien, servicio o derecho que sea contratado, utilizado o aplicado durante el proceso electoral, incluidos los gastos del día de la jornada con fines tendientes a la obtención y defensa del voto en las elecciones federales, sea considerado gasto electoral y sea gasto que compute para los topes de gastos de campaña.
Si nosotros hacemos esta modificación, establecemos la fiscalización previa como requisito para la calificación de la elección presidencial y declaramos en la Ley de Medios de Impugnación, como causa de nulidad la violación de los topes de gasto, estaremos generando un círculo virtuoso para cerrar esta utilización ilegítima, ilegal e inequitativa en los procesos electorales.
Queremos señalar que actualmente está una comisión de investigación viendo las quejas relacionadas con el financiamiento del proceso electoral 2012. La famosa Comisión Condusef, que la opinión pública ha bautizado como Comisión Monex.
Hay varias quejas que están todavía por resolverse y nosotros creemos que es momento, si se quiere verdaderamente avanzar en la democratización que se establezcan estos candados al financiamiento.
Quiero traer a colación, para establecer esta laguna como a propósito del caso Monex, cuando se dio a conocer el volumen inmenso de tarjetas de prepago que se habían utilizado por parte de la colación Compromiso por México, el entonces abogado de la coalición PRI-Verde y hoy procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, reconoció que efectivamente el PRI había dispuesto de tarjetas de prepago a través de Alquino y que seguramente ellos habrían utilizado los servicios de Monex en esa situación específica, por 66 millones de pesos, pero lo que se dijo fue que fue para el pago de representantes de casilla y para el día de la jornada electoral.
Lo que estamos buscando es cerrar ya esta válvula de escape al financiamiento. Hay candidatos que no hacen campaña, que no piden el voto y que todo el dinero lo gastan el famoso día de la jornada electoral; son gastos millonarios, son gastos que desequilibran la contienda.
Por eso estamos pidiendo en esta reforma que el gasto del día de la elección sea parte de los gastos de tope de campaña. Es cuanto, compañera presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación para su dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 y adiciona un artículo 25 Ter a la Ley de Ciencia y Tecnología, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: en la actualidad las naciones que han alcanzado mayores niveles de bienestar son aquellas que han orientado su política de inversión para desarrollar las capacidades y habilidades de sus conciudadanos, posibilitando de esta forma la generación e incremento de conocimiento para el crecimiento sostenido.
La han acompañado de una política de Estado que ha permitido la libre asociación de inversiones públicas y privadas, en beneficio del desarrollo e incremento de la infraestructura para la investigación y el desarrollo tecnológico, obteniendo como resultado el desarrollo de sus economías a través de la creación de cadenas de valor basadas en la generación del conocimiento e impulso a la innovación.
En nuestro país, la Ley de Ciencia y Tecnología mandata una inversión pública equivalente al 1 por ciento del producto interno bruto; sin embargo, de acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la proporción de gasto que se hace en investigación y desarrollo en nuestro país es de aproximadamente el .46 por ciento del producto interno bruto, siendo la más baja dentro de los países miembros de esta organización y situándonos de forma marginal a la inversión que hacen otros países emergentes como China, Brasil, Sudáfrica, en donde dedican hasta el 1 por ciento de su producto interno bruto.
La experiencia internacional nos ejemplifica que para lograr crecimiento sostenido es importante aumentar el potencial y la capacidad de inversión en este estratégico rubro, por lo que, aunado a la inversión pública, es necesario establecer mecanismos claros, transparentes y con rendición de cuentas que permitan la participación de los particulares en la generación de infraestructura y el financiamiento de proyectos científicos de desarrollo tecnológico y de impulso a la inversión.
Para el desarrollo de nuestro país es indispensable que se estimule la participación de la iniciativa privada con la finalidad de que se involucre con la certeza jurídica necesaria en el desarrollo de proyectos del sector científico y tecnológico nacional.
Por ello el Grupo Parlamentario Nueva Alianza somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa que tiene dos objetivos: primero, armonizar lo establecido en la Ley de Asociaciones Público Privadas con la Ley de Ciencia y Tecnología respecto al fondo para inversiones y desarrollo tecnológico.
Segundo, busca otorgar este fondo la operatividad requerida que incentive la participación del sector privado en el desarrollo tecnológico al establecer las condiciones y requisitos necesarios para constituir estos instrumentos.
Lo anterior, permitirá generar esquema de asociación público-privadas que posibiliten el desarrollo de proyectos de inversión productiva, investigación aplicada, innovación tecnológica, así como para la divulgación de la ciencia.
Los beneficiarios de estos instrumentos podrán ser las universidades e instituciones de educación superior, públicas y privadas, los centros de investigación científico-tecnológico, públicas y privadas, los centros estatales de ciencia y tecnología, empresas públicas y privadas, o personas físicas y morales dedicadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación que cumplan con las reglas de operación claras, transparentes y sujetas a la rendición de cuentas.
Compañeras y compañeros diputados, un marco de certeza jurídica que fomente la inversión pública y privada en este estratégico sector permitirá vincular de forma efectiva y colaborativa actividades como la investigación y desarrollo tecnológico potenciando la innovación en nuestras universidades, centros de investigación, parques tecnológicos y cadenas productivas asegurando con ello el crecimiento y el bienestar de nuestro país.
Con base a lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presenta esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 y adiciona el artículo 25 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
Solicito a la Presidencia se inserte íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen. Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Ahora tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 32 Bis a la Ley de Planeación.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señora presidenta. “Con buenas palabras se puede negociar, pero para engrandecerse se requieren buenas obras”. Lao Tsé
Generalmente, cuando se habla de infraestructura, compañeros diputados, se toma como referencia la construcción y acondicionamiento de carreteras, puentes y caminos. Sin embargo, el tema no solo tiene que ver con lo mencionado, va mucho más allá.
Según el Banco Mundial: “La infraestructura determina el éxito de las actividades manufactureras y agrícolas. Las inversiones en agua, saneamiento, energía, vivienda y transporte. También mejoran la calidad de vida y ayudan a reducir la pobreza. Además, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones promueven el crecimiento, mejoran la prestación de servicios de salud y otros, amplían el alcance de la educación y apoyan los avances sociales y culturales”.
Por lo tanto, compañeros diputados, la infraestructura es un eje fundamental para el crecimiento de cualquier país, para el ataque a la pobreza y para incentivar el verdadero desarrollo económico, y en este caso de nuestro país, México. Es por ello que es necesario fortalecer los programas de infraestructura en todo el territorio nacional, desde las perspectivas económicas y sociales.
Actualmente vivimos tiempos críticos, como todos lo sabemos, un gran porcentaje de la población en México se encuentra en condiciones de pobreza, desigualdad y desempleo, por lo que a nosotros como representantes de la población nos corresponde buscar soluciones reales no solamente para palear los problemas con programas de gobierno, que lo único que hacen es reproducir el círculo de pobreza y de violencia.
Es por estas razones que resulta de vital importancia propiciar la creación, adecuación y modernización de la infraestructura de México como una respuesta de fondo. Es decir, como una solución estructural a dichos problemas, contribuyendo de esta manera a la creación de empleos, al desarrollo económico y social.
Cabe aclarar, compañeros diputados, y cuando hablamos de la creación y modernización de la infraestructura de México nos referimos a los puertos; vías férreas; tecnologías de la información; aeropuertos; carreteras; turismo; agua potable; saneamiento; planeación urbana; telecomunicaciones; infraestructura eléctrica; caminos rurales; producción de hidrocarburo; refinación de gas; educación; alcantarillado; agricultura; salud; vivienda, entre otros. Todo es infraestructura.
La falta de concurrencia entre los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal en este tema impide, entre otras cosas, satisfacer las necesidades básicas de la población ocasionando con ello insuficiencia y deficiencia en el ejercicio de los derechos y en el acceso a los servicios básicos.
Es por ello que contar con servicios e infraestructura social básica, como sistemas de drenaje, agua entubada, electricidad, vialidad, etcétera, son algunas de las características fundamentales de la existencia de zonas marginadas en el país.
Necesitamos dirigir los mecanismos de fomento a la creación de la infraestructura en México tomando como prioritarias las necesidades y potencialidades específicas de cada región del país, así como promover la modernización y establecer mecanismos de concertación y coordinación entre las entidades federativas y el gobierno federal, y promover el fortalecimiento de la infraestructura portuaria, urbana y de carreteras.
Es por esto que en el Partido del Trabajo, compañeros diputados, estamos convencidos que uno de los objetivos fundamentales a nuestra gestión como legisladores debe de ser la de igualdad de oportunidades de todos los mexicanos, porque una sociedad más incluyente e igualitaria es una sociedad más justa y más segura.
Con el desarrollo de la infraestructura en nuestro país encontraríamos la solución a la mayoría de los problemas que aquejan a México, tanto en el ámbito económico como en el ámbito social. Debemos reconocer que es mucho lo que falta por hacer, pero es por ello que creemos que esta iniciativa da un paso adelante en esta labor.
Es por eso que solicitamos se adicione un artículo 32 Bis a la Ley de Planeación, para quedar de la siguiente manera.
Artículo 32 Bis. El Plan Nacional de Desarrollo deberá de contemplar la creación de un programa nacional de infraestructura, el cual será obligatorio para las dependencias de la administración pública federal en el ámbito de sus respectivas competencias.
Con esto termino la exposición de mi iniciativa. Muchas gracias, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen. No es cierto, es Hacienda, perdón. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Y ahora sí, tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidenta. La reforma que planteo al artículo 115 tiene como fondo abrir otra visión para el cuidado de los animales domésticos en México, creando hospitales veterinarios públicos, operados por los ayuntamientos.
La legislatura pasada dio un importante impulso a favor de las personas en México, reconociendo plenamente sus derechos humanos como el muro que no debe traspasar el poder público. Sin embargo, es necesario continuar desarrollando el respeto a las personas, pero también a los animales, asegurando su salud y con ello coadyuvar con la salud pública.
En este orden, comentar que existen diversas asociaciones de protección a los animales que buscan, desde la sociedad civil, crear conciencia en este sentido. Por ello, consideramos necesario fortalecer el papel del Estado en la protección de los animales.
Sabemos que existen políticas públicas y leyes en la materia, sin embargo, tenemos antecedentes que dan cuenta que no son suficientes para garantizar el respeto pleno a los animales silvestres, domésticos o mascotas.
Un ejemplo concreto es la propuesta del anterior presidente municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, de dar 200 pesos por cada animal que fuera llevado a sacrificar, para evitar la sobrepoblación de animales callejeros.
Las manifestaciones de rechazo por estos actos fueron generalizados en el ámbito nacional, inclusive en el internacional, y puso en el centro de la discusión el respeto a las mascotas.
Como dato adicional, para el 2012, según datos de la Secretaría de Salud, existen alrededor de 22 millones de perros, de los cuales más de 10 millones viven en las calles. Cabe recordar, que en principio las autoridades buscaron establecer un lugar específico para confinar a los perros que deambulaban en la vía pública.
A partir de esto, se generaliza la preocupación por atender el problema social y de salud que representa el perro callejero, creándose para ello diversos establecimientos con distintas denominaciones. Sin embargo, la evolución en la relación con las mascotas o animales domésticos llevó a estos centros se les denomine Centros de Atención Canina.
Es de señalar, que los animales de compañía o no, necesitan más o menos lo mismo que las personas para tener una buena calidad de vida. En algunos casos los llevamos a adoptar nuestras costumbres y los alejamos de su forma natural de actuar; los debilitamos y enfermamos.
Lo anterior da como resultado una actividad muy compleja que repercute en el dinamismo social, pues sin querer generamos problemática a partir del desdén con que tratamos a veces a los animales; y qué decir del maltrato directo a éstos, que los lesiona y los denigra, lo cual debe terminar si en verdad nos consideramos personas respetuosas de nuestro entorno.
Con ello no buscamos en esta iniciativa hacer un cúmulo de regulaciones sobre el tema, sino en principio, dejar la base mediante el cual el Estado velará realmente por la protección de los animales domésticos o mascotas. Y creemos que se puede empezar por el ayuntamiento, pues estos deben tener una estrategia para la protección de los animales domésticos o mascotas, basando la atención en el conocimiento científico y las necesidades de la propia comunidad. Es decir, juntos autoridades y sociedad civil, garantizar el cuidado de los animales domésticos.
Como ya dijimos, existen reglamentaciones diversas en el tema, sin embargo, hace falta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo contenga. Las referencias más claras de protección a nuestro entorno se encuentran en el artículo 4 constitucional, sosteniendo que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar y que el Estado garantizará ese derecho.
Por ello consideramos que no basta, para crear una cultura de respeto pleno a la fauna y la flora de nuestro país. Necesitamos o es necesario que lo diga claramente nuestra Constitución, porque con ello se asumirá la importancia del respeto y cuidado a los animales desde una perspectiva de complemento para las personas y no como una carga social que debe ser regulada para su control.
Es por ello que sugerimos que la facultad de atender la salud de los animales domésticos debe estar plasmada en la Constitución a favor de los ayuntamientos, en principio, sin perjuicio del orden federal y estatal.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 115, fracción III, inciso i) para incluir los hospitales veterinarios para animales domésticos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 11 de diciembre de 2012. Es cuanto, muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
Tiene la palabra, por 5 minutos, el diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo...
El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sonido a la curul del diputado Gordillo Castillo.
El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo (desde la curul): Presidenta, nada más para adherirme ahí a la propuesta, si lo permite la diputada proponente, para firmar la iniciativa, de parte del licenciado Néstor Gordillo.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputada Lorenia. Diputada Lorenia, está solicitando el diputado adherirse a su iniciativa.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con todo gusto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El diputado Moreno. Sonido a su curul.
El diputado Israel Moreno Rivera (desde la curul): Felicitar a la diputada, por supuesto, es un tema importante el tema de las mascotas, sobre todo en la ciudad de México. Yo creo que sería importante sumarnos a esta iniciativa, si ella me permite, que pudiera yo suscribirme a la misma.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Creo, la diputada Lorenia no tendría inconveniente en aceptar la suscripción. Ponemos a disposición aquí en la Secretaría, de quienes estén en la idea de firmar esta iniciativa, de que por favor pasen a hacerlo.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar.
El diputado Jorge Salgado Parra: Con el permiso de la Presidencia. En 1940, año en el que se discutió la creación de la Ley del Servicio Militar, el entonces jefe del Estado mexicano aseguraba que la situación que prevalecía en el mundo con motivo de la guerra en Europa reclamaba con urgencia que los pueblos tomaran medidas adecuadas para prevenir injustificadas agresiones.
De esta forma, a pesar de la tradicional y definida política de nuestro país en la que nunca se ha abrigado propósitos de carácter bélico, se juzgo imperante plantear rápidamente la solución a los más trascendentales aspectos de la defensa nacional, como lo son: que se refieren a la instrucción militar y al servicio militar obligatorio, así como a la creación del Consejo Supremo de la Defensa Nacional.
Así las cosas es verdad que hoy en día la realidad global y local es muy distinta a la de aquel aciago año de 1040. En efecto, hoy, por ejemplo, no cabe hablar de una guerra entre dos potencias y con desastrosas consecuencias para futuras generaciones. Pero, en cambio, sí de advierte una situación de irregularidad e inseguridad social al interior de nuestro país provocada por la propia actividad de la delincuencia organizada que no da tregua al Estado mexicano y que hoy más que nunca exige el mejor desempeño y compromiso de las Fuerzas Armadas de nuestro país.
En ese sentido es innegable que desde la legislatura pasada que acompañaron a la administración pública federal, que acaba de concluir su mandato constitucional, los legisladores de todos los partidos políticos nos hemos dado a la afanosa tarea de buscar aquellos instrumentos legales que permitan restablecer el orden y la paz social en México.
La grave situación de inseguridad pública que afecta a nuestro país ha conminado a los tres poderes constitucionales y los tres órdenes de gobierno a asumir por igualdad toda la responsabilidad en el combate al flageló de la delincuencia.
En concreto, el estado que guarda la seguridad pública del país en sus tres niveles es realmente alarmante, ello nos obliga por lo tanto a adoptar todas las medidas que estén a nuestro alcance, pero sobre todo a aquéllas que no dejen ningún resquicio de dudas sobre la legalidad. Por todo ello es incontestable la labor realmente encomiable del Ejército y de la Armada de México en el combate al narcotráfico y delincuencia organizada.
Sin embargo, es conveniente destacar que por medio del sistema del alistamiento voluntario de los ciudadanos se han podido reunir grandes contingentes armados desde la época de la Revolución Mexicana, los cuales se convirtieron después debidamente organizados en nuestro Ejército actual.
Así, para el año de 1940, se consideró que la manera en que se configuraba dicha institución por aquel entonces era la más pertinente para afrontar las necesidades de la defensa nacional.
Pero el cambio radical que la situación sufrió obligó a replantear el establecimiento del servicio militar obligatorio para la organización del Ejército sobre bases que lo capacitaran para enfrentar eficazmente a las nuevas condiciones en que la defensa nacional debía llevarse a cabo, y a la vez sirviera para acabar con la injusticia que en la actualidad implica el hecho de que solamente la clase proletaria integrara los efectivos del Ejército, ya que la obligación de defender a la patria y a nuestras instituciones incumbe por igual a todos los sectores de la colectividad mexicana.
En este orden de consideraciones nuestra propuesta con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Servicio Militar pretende fortalecer la integración al servicio militar, previéndose la existencia de otros servicios paralelos al de las armas para aquellos considerados por la teoría como objetores de conciencia; es decir, a aquellos que su moral o sus costumbres no les permiten ser parte de las actividades de la milicia, pero que sin embargo desean ser parte de las actividades propias del Estado mexicano y su comunidad, evitándose así que en un futuro esos jóvenes se conviertan en nocivos elementos para la comunidad misma.
Estas previsiones no son nuevas en lo absoluto dentro del derecho comparado. Ya en 1956, en Alemania, 11 años después del término de la Segunda Guerra Mundial y un año después de la formación del Ejército Federal, bajo el gobierno de Konrad Adenauer, se introdujo el servicio militar obligatorio; pero en la ley de fundación de este deber ciudadano se estableció igualmente la cláusula que permitía a los jóvenes optar por un servicio paralelo a la comunidad; es decir, del servicio civil.
Esta garantía se fundamenta en el artículo 4o. de la Constitución alemana, la cual señala que la libertad de creencias, de objeción de conciencia y las libertades de culto e ideológica son derechos inalienables; en consecuencia, base del derecho de los jóvenes a ser objetores de conciencia.
En este orden de consideraciones, las actividades que son consideradas como idóneas para realizar el servicio civil son las orientadas al bien de toda la comunidad, prioritariamente en el ámbito social y fuera de los ámbitos político o comercial, como en hospitales, servicios de urgencia u organizaciones sociales; todo, en beneficio de la colectividad.
Por último, es importante destacar que la presente propuesta pretende contribuir a la garantía del respeto de los derechos humanos, reconocidos en el artículo 1o. de la Constitución federal, sin menoscabar en lo absoluto la obligación cívica de participar en la defensa de nuestra nación, pues la misma se podrá realizar desde otras responsabilidades que no propicien el socavamiento de las dignidad de quienes en su fuero interno advierten un conflicto en el hecho de participar en actividades propias de la milicia.
Sin duda, un Estado que se precie de respetar los derechos humanos debe considerar igualmente reconocer el derecho a objetar el uso de las armas, incluso tratándose de un uso legítimo de las mismas.
De conformidad con lo expuesto se proponen el siguiente proyecto de decreto:
Único. Se reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, para quedar como sigue:
Artículo 10. El reglamento de esta ley fijará las causas de excepción total o parcial para el servicio de las armas, señalando los impedimentos de orden físico, moral y social y la manera de comprobarlos, y la forma en que se podrá optar por un servicio paralelo a la comunidad. La Secretaría de la Defensa Nacional, por virtud de esta ley, queda investida de la facultad para exceptuar del servicio militar a quienes no llenen las necesidades de la defensa nacional. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de la Defensa Nacional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, nuestro apreciado compañero, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, hace llegar una comunicación a nombre de él y a nombre del señor coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, don Silvano Aureoles Conejo:
El pasado 8 de diciembre, el ciudadano Antonio Sansores Sastré, electo por el distrito VI federal de Tabasco sufrió una lamentable agresión con arma blanca cuando se disponía a ingresar en su domicilio en la ciudad de Villahermosa. Dicha agresión lo obligó a ser internado en un nosocomio de la capital tabasqueña, donde ha recibido los auxilios médicos correspondientes.
Derivado de lo anterior –dice don Marcos Rosendo Medina Filigrana–, la Mesa Directiva de la Cámara exige el esclarecimiento de tan lamentables hechos.
Esta Presidencia, en cumplimiento de la obligación que tiene de velar por el fuero de los legisladores, hace propia la petición del PRD e informa a la asamblea que hemos tenido comunicación, tanto con el señor diputado Sansores Sastré como con su familia, que estamos atentos y pendientes y que solicitaremos a la autoridad federal las garantías de resguardo personal, de tal suerte de que su integridad personal esté debidamente vigilada.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Se levanta la sesión...
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, faltan...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sé que faltan proposiciones con punto de acuerdo, pero recibimos la petición de los grupos parlamentarios de levantar la sesión en este momento.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, solicito la palabra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, con mucho gusto, diputado Monreal, en la inteligencia de que tendríamos que preguntar a la asamblea si continuamos la sesión. Lo escuchamos. Por favor, sonido con don Ricardo Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, es una práctica parlamentaria que una vez que en la Junta de Coordinación Política se agenden los asuntos de obvia y urgente resolución, aquí se debaten y se discuten. Yo creo que esto no puede omitirse y no puede desdecirse ninguno de los coordinadores de los grupos parlamentarios.
El tema al que me refiero es la vergonzosa actitud del ex presidente Calderón, de haber dejado protegida a toda su familia con vigilancia y seguridad física del Estado Mayor Presidencial. Lo he tocado desde hace tres sesiones. Hoy estaba agendado y me parece una actitud mañosa, una actitud vergonzosa que no quieren discutir un tema tan delicado.
¿De qué privilegio goza la familia del señor Calderón para que el Estado Mayor presidencial a toda su parentela le ofrezca seguridad y a los millones de familias de mexicanos que están expuestos a la inseguridad vivan sin ella?
Me parece un despropósito, una desvergüenza y una actitud cínica que ni siquiera quieran debatir este tema; que voten en contra; finalmente por qué no se plantea el punto de acuerdo y que cada uno vote en conciencia, los que quieran avalar esta actitud cínica, que lo hagan; nosotros no estamos dispuestos a tolerarlo y por eso le pido que someta a la votación que este punto se discuta, que se dé el tratamiento que ya se había acordado en la Junta de Coordinación Política de considerarlo como de obvia y urgente resolución y que aquí en la asamblea se vote si se acepta o no el exhorto que vamos a hacer para evitar y derogar esta disposición absurda y esta disposición indignante para todos los mexicanos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, muchas gracias, diputado, tiene usted razón, sin embargo por la petición de los coordinadores es que me permito pedirle a la Secretaría pregunte a la asamblea si continuamos o no con la sesión. Permítame nada más un segundo. Sin embargo sus dichos han quedado expresados y la asamblea está enterada. Diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Compañero presidente, me parece que sentaría un mal precedente en el inicio de su gestión, que contó con un amplio respaldo de todos los grupos parlamentarios, que sin justificación alguna se esté levantando anticipadamente la sesión cuando ya se votó el orden del día, cuando hay puntos de acuerdo que fueron avalados por unanimidad en la Junta de Coordinación Política.
Nos parece que se está ejerciendo una censura porque no se quiere que se tome opinión del punto de acuerdo que se someta a votación sobre este acuerdo del último día de Felipe Calderón, mediante el cual se aprobó una fracción en el Reglamento del Estado Mayor Presidencial, para que quede abierto que todos los familiares puedan recibir custodia, seguridad, con cargo al erario. Nos parece algo desproporcionado y nos parece más vergonzoso que se quiera clausurar la voz para tocar este tema.
Nosotros plantearíamos que el coordinador Monreal, que es el proponente del punto de acuerdo subiera a la tribuna, lo leyera y en todo caso se vote si es de urgente u obvia resolución y si no, que se deseche; pero no se puede concluir un trámite arbitrariamente. Esa es nuestra proposición.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Heberto Neblina.
El diputado Heberto Neblina Vega (desde la curul): Que se verifique el quórum.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No ha lugar en función de que el quórum se verifica sólo con votaciones nominales y no es el caso. Sin embargo pregunte la Secretaría a la asamblea, una vez que ha transcurrido el tiempo reglamentario de duración de esta sesión, si continuamos o dejamos los asuntos pendientes de esta sesión para el orden del día de mañana.
Don Ricardo Monreal, con mucho gusto.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, ojalá y se pudiera discutir, aunque usted ya lo va a someter a la consideración de la asamblea, pero aquí el diputado Soto me dice que agreguemos en la propuesta que en lugar de que el Estado Mayor Presidencial los proteja, modifiquemos nuestro punto de acuerdo y que contraten perros para la seguridad de las familias de los ex presidentes, salen más baratos.
Pero por qué, presidente, se niegan a debatir un tema que afecta al país, la dignidad de la República, por qué tenemos que premiar a los malos gobernantes todavía protegiendo a toda su parentela con guardias pretorianas y presidenciales. Eso es lo que no podemos admitir y por eso le pido que lo someta.
Ahí están de nuevo los chiveros; son los chiveros más caros, más caros de la historia del Parlamento; majaderos, groseros; ahí están los chiveros que no permiten que haya debate de ideas. Ojalá lo permitieran, aunque votaran en contra, pero es una vergüenza lo que Calderón está haciendo dejando protegida a toda su parentela. Aparte de malos gobernantes, cínicos y corruptos. Ése es el tema que queremos debatir.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la secretaría a la asamblea, por favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza continuar la sesión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (15:23 horas): Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar mañana, miércoles 12 de diciembre, a las 12 horas y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 10:30.
---o0o---