Cámara de Diputados, versión estenográfica

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 253 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:03 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa su lectura.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con la que se comunica modificación de turno...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es la modificación de turno. A ver, pues sigamos con el oficio del diputado don Salvador Ortiz García.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio del diputado Salvador Ortiz García, por el que solicita que su iniciativa presentada el 25 de septiembre del año en curso, sea retirada de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio del Congreso del estado de Guerrero, con el que remite acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se asignen recursos para la generación de empleo a través del Servicio Nacional del Empleo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron de la Cámara de Senadores, un acuerdo y 14 proposiciones con puntos de acuerdo, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, por las que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ejercicio Fiscal 2013, se destinen mayores recursos a diversos rubros.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por Senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Que reforma las fracciones I, III y IV del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Armando Ríos Píter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Oficios de la Cámara de Senadores con los que remite minutas con proyecto decreto que reforma el quinto párrafo del artículo 10 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, reforma a los artículos primero y tercero transitorios del artículo 1 del decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto, 2009.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social para dictamen.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que la minuta de referencia se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules, con fundamento en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consulta a la asamblea si se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a votación y discusión de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se consideran de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.

Diputado Monreal, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Para solicitar el uso de la palabra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Se la había solicitado antes.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues ya estamos fijando posturas, adelante, es su turno. Pero ya está aquí, tiene usted el uso de la voz, señor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, es que le había solicitado la palabra antes de someterlo a la discusión. Pero le agradezco que me conceda el uso de la palabra antes de iniciar el fondo de la discusión de esta minuta, que proviene de la Cámara de Senadores como Cámara revisora, cuya iniciativa se originó aquí.

Si ustedes recuerdan ésta es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las modificaciones que se proponen. Esta Cámara tuvo en el Senado modificaciones y, por tanto, el ejercicio de ahora es: revisarlas, discutirlas y aprobar las modificaciones que se hayan hecho al respecto.

Nosotros, presidente, no es la primera vez, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha estado insistiendo en que nos parece demasiado rápida la forma en la que se está actuando en la Cámara de Diputados. No sólo como una Oficialía de Partes, no sólo como una oficina de mero trámite, sino incluso como un microondas de alimento rápido. Cocinarla de manera extra urgente, imagínense ustedes los que han llegado y los que no han llegado.

Lo que está planteando el presidente es dispensar todos los trámites para que se pueda discutir en este momento, una vez que llegue la minuta. Es decir, lo que normalmente procede, de acuerdo con la Ley y el Reglamento y la práctica parlamentaria, es que esta minuta, una vez remitida por el Senado de la República y que como Cámara revisora modificó, es turnarla a la Comisión de Gobernación o de Puntos Constitucionales, según sea el caso; porque es una minuta que contiene modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Estamos actuando de manera precipitada, de manera extra urgente y me parece que son modificaciones –que en este momento no entro al fondo– a la Ley Orgánica de la Administración Pública que no deberían de pasar de noche.

¿Qué hizo el Senado de la República? El Senado de la República, en su facultad de Cámara revisora, modificó artículos para que los nombramientos de los comisionados de la Policía Federal, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás funcionarios que tengan a su cargo funciones de fuerza pública, dentro de los que se pueden entender los subsecretarios de Gobernación o de Seguridad Pública deban de ser aprobados o ratificados por el Senado.

Yo tengo mis dudas, por esa razón yo insisto en que debería esta minuta acudir a las comisiones dictaminadoras, porque hay un grave problema, señores legisladores, se está cometiendo un grave problema por las prisas. No se está estudiando el contenido de la modificación, están modificando... –¿Quiere preguntar, diputado? – No.

Están incurriendo en una grave deficiencia jurídica constitucional, porque lo que están proponiendo en la Cámara revisora, en el Senado, es modificar la Ley Orgánica para que el Senado de la República ratifique a él, a estos funcionarios de seguridad pública y no es modificada la Constitución. Hay precedentes. Es grave lo que está pasando. Me preocupa mucho que se acepte sin vacilación.

Ahora está ausente el PAN, están ausentes muchos diputados, pero yo entiendo que en la Cámara hay buenos abogados. En Movimiento Ciudadano hay buenos abogados y en todos los grupos parlamentarios hay abogados que le entienden al Derecho y, aun cuando no lo entienden o no son abogados, hay gente con sentido común en materia jurídica.

No puedes aprobar –fíjense bien lo que les digo-, no puedes aprobar una ley que establezca la ratificación de funcionarios públicos sin que hayas modificado la Constitución, concretamente el párrafo segundo del artículo 89 constitucional.

Si se aprueba fast track, si se aprueba de manera precipitada y no lo discutimos y lo analizamos, puede dar origen a una acción de inconstitucionalidad. Fíjense lo que les digo. Puede dar origen a una acción de inconstitucionalidad y por supuesto procederá porque hay precedentes.

No hagamos tonterías jurídicas, diputados y diputadas. Sé que hay buenos abogados hasta en el PRI, aunque ya no hay tan buenos como los había, pero hasta en el PRI. Fernando Castro es uno de ellos –ahora aspirante al gobierno que no lo van a dejar llegar porque es buen parlamentario-; pero hasta en el PRI hay buenos abogados.

En el PAN, tenía tradición de tener buenos abogados. Y en Movimiento Ciudadano tenemos excelentes abogados. Si no tienen buenos abogados les prestamos a dos, a Ricardo Mejía y al diputado Alfonso Durazo, pero no cometamos tonterías jurídicas, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara tiene el uso de la voz. Esta Presidencia recuerda que estamos en una discusión al amparo de la fracción E) del artículo 72, y esta Presidencia recuerda también que en tratándose de fijación de posturas de grupos parlamentarios, no proceden las interpelaciones.

Manuel Huerta no está. Entonces viene don Felipe Arturo Camarena García. Tampoco está. Bueno, viene doña Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del PRD. Esta Presidencia informa también que estamos discutiendo en lo general y en lo particular en un solo acto aun cuando las votaciones pueden ser diferenciadas.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, diputado presidente. El día de hoy, compañeros, subimos a discutir esta minuta con proyecto de decreto que nos remite el Senado, la Cámara revisora, sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Encontramos que si bien mucho se ha hablado sobre un Legislativo dividido, es más débil ante un Ejecutivo permanente y unipersonal.

Hoy en día damos cuenta de que una de las bondades de contar con dos Cámaras para legislar y es ante una avasalladora aplanadora que sin argumentos y en muchas ocasiones sin razón, aplica el partido de la mayoría y sus aliados en esta Cámara.

Esto para nosotros es un bálsamo refrescante, saber que contamos con el Senado de la República, donde afortunadamente no sucede lo mismo. En el Senado, compañeras y compañeros diputados, existe un bloque opositor pensante, responsable y propositivo que ha hecho recular y rectificar en temas no menores a esta mayoría que hoy detenta el poder en esta Cámara de Diputados.

Compañeras y compañeros legisladores, el exhorto hoy es a que con ánimo constructivo y sin afanes de revancha, avalemos estas propuestas que el Senado nos hace en materia de administración pública federal.

Es bueno que sepa el gobierno que con el Legislativo se debe de dialogar y es bueno que nuestros pares que hoy detentan esa mayoría, repito, aprendan también a dialogar y a convencernos con argumentos, compañeros, y sólo en el último de los casos imponerse con su mayoría numérica sobre cualquier otra propuesta que pueda surgir en el futuro.

En el Grupo Parlamentario del PRD votaremos en conciencia esta minuta que nos remite el Senado con los logros que a continuación mencionaré y votaremos a favor, quienes así lo consideramos, porque es un freno a una propuesta desmedida de concentración de poder en unas cuantas secretarías.

Las 16 modificaciones que hace el Senado son pertinentes, relevantes y socialmente correctas. Ahora está en nosotros, legisladores, hacerlas viables y enviarlas al Ejecutivo para su inmediata publicación, esperando que no haya objeciones posteriores y que lo que se ha ganado en el Senado y se gane en este debate no se quiera llevar a un plano en el ámbito judicial por aquéllos que lo pretendan así.

Dentro de estas modificaciones que el Senado nos envía destaca la ratificación de los nombramientos, y no sólo es un capricho del Legislativo, es una correcta aplicación del equilibrio de poderes que busca los mejores perfiles para tener los mejores hombres y las mejores mujeres a cargo de la seguridad de nuestro país.

Buscar los mejores perfiles es buscar el bien de México. Es correcto eliminar la precisión de que la Secretaría de Gobernación promoverá la participación ciudadana en materia electoral. Es del mismo modo correcto proponer que la Secretaría de Gobernación se coordine con las organizaciones de la sociedad civil en la materia para coordinar los trabajos y tareas de promoción y respeto de los derechos humanos.

Se concilian instituciones que se habían observado en la primera discusión en esta Cámara como las comisiones dictaminadoras, como en el pleno legislativo, tales como subcoordinar al Ministerio Público, a la policía federal y en su caso al auxilio del Poder Judicial de la Federación y de la PGR.

Por eso, llamar a comparecer de manera semestral, compañeros diputados, a quienes tendrán la responsabilidad de la seguridad pública es totalmente correcto. Por ello les reitero que en el PRD votaremos en conciencia y en mayoría a favor de la presente minuta porque creemos, de manera muy consciente, en el equilibrio entre poderes y en la rendición de cuentas y sobre todo en la transparencia.

Llamamos a esta mayoría de la Cámara a que se sumen a esta aprobación de la presente minuta, dando con ello muestra en verdad de que están presentando, como ustedes mismos lo han dicho en diversas ocasiones, una verdadera política de escuchar a sus pares, en el diálogo y la concertación política por el bien de México. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que ya está en el salón de plenos, le damos el uso de la voz, con mucho gusto.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: En esta ocasión, la Cámara de Diputados en el proceso de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, revisa las modificaciones realizadas por el Senado de la República en su calidad de Cámara revisora.

Sobre el particular, las modificaciones que se presentan no alteran las nuevas atribuciones que se pretenden para la Secretaría de Gobernación relativas a la seguridad interna de la nación, tema que la nueva administración federal considera sustancial para la gobernabilidad de nuestro país.

Miren, aquí es importante compartir que sabemos de buenas fuentes las preocupaciones que tiene la nueva administración porque si al inicio de, bien pasada la elección federal, el cuarenta y tantos por ciento de los mexicanos consideraban que esto es producto de un proceso ilegal, ilegítimo en la elección; al día de hoy el 61 por ciento de ciudadanos consideran este hecho. Esto es inédito, no logran legitimar, y obviamente la gobernabilidad se pretende dificultar y no tienen más que hacer uso de su concepto de fuerza para mantener el gobierno.

Por lo tanto vemos que el enfoque que se le da a la seguridad pública como parte de la gobernabilidad, es el de la criminalización del desorden social a través de la formulación de una supuesta política criminal de prevención del delito, la paz y el orden social para lo cual se precisa se podrá intervenir en cualquier momento contra los disturbios o las acciones que afecten la seguridad interior.

Esto es, se establecen bases para operar desde el Poder Ejecutivo federal al Estado gendarme, lo que nos recuerda el tema de Porfirio Díaz, de paz, orden y progreso, puesto que la Secretaría de Gobernación, a partir de políticas de seguridad pública y de políticas contra el crimen, pretende –cito textualmente–: Coadyuvar en la prevención del delito, proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgo y salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública.

Si bien la modificación que presenta el Senado a la fracción XII del artículo 27 en la minuta que remite, cambia el concepto de seguridad interior por el de seguridad pública, ello no modifica el nuevo perfil del responsable de la política interior; concentrar el uso de la fuerza pública federal como medio para garante del orden nacional. Exagerado como siempre y como ya lo vimos el 1 de diciembre, brutalmente reprimiendo a la población y dejando los saldos que posteriormente debatiremos en esta Cámara seguramente, en materia de responsabilidades.

El hecho de haber modificado la fracción XII del artículo 27 para estas comparecencias que es harán cada seis meses ante el Senado, en comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, desde nuestro punto de vista disminuyen ya las atribuciones que el propio 93 constitucional determina, porque ahí textualmente los secretarios de despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Por lo tanto, cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, al procurador general de la república, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a titulares de órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos, actividades o para que respondan interpelaciones o preguntas.

En consecuencia, la modificación propuesta disminuye atribuciones del Congreso de la Unión para revisar la actuación de los secretarios de despacho.

Por otra parte, se pretende citar al secretario de Gobernación para que comparezca cada seis meses ante comisiones del Senado, para presentar la política criminal, concepto del cual no define sus alcances, porque esto ya en el 21 constitucional determina que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías que actuarán bajo el mando y conducción de aquél en el ejercicio de la función.

En fin, nosotros vemos que estas reformas que se están planteando y los matices que hace el Senado, más allá de la que ya aquí enunciaba el diputado Monreal, que seguramente será sujeta a alguna acción de inconstitucionalidad y que seguramente van a tener razón desde nuestro punto de vista, nos hacen a nosotros en la voz del Grupo Parlamentario del PT, no estar de acuerdo, estar en contra de esta iniciativa de reformas que nos manda el Senado, y también aprovechamos nuestro tiempo para decir que estamos de acuerdo en que estos señalamientos sirven de ejemplo solamente para señalar que las prisas por adecuar leyes que atienden a una nueva visión de la administración pública arrastran a este Poder Legislativo en la aprobación de leyes que no sólo violentan el procedimiento legislativo, como aquí se ha dicho, sino también violentan los principios constitucionales relativos al federalismo, a la soberanía de los estados y a las competencias entre los Poderes de la Unión.

Sentimos que no debería ser tan apresurado, tan violento todo este proceso legislativo que estamos viendo. Sabemos de las prisas que traen para reconfigurar políticamente al régimen político, diríamos en otras palabras, para lograr la resalinización de la administración pública; pero deberíamos estar más preocupados por legislar de cara los intereses de los ciudadanos que representamos y no para servir de oficialía de partes, de faramalla, a los intereses del Ejecutivo en turno.

Éste es el punto de vista del Grupo Parlamentario del PT. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Felipe Arturo Camarena, quiere hacer uso de la voz.

El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señor presidente. La Ley Reglamentaria del Artículo 90 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un dispositivo de trascendencia, pues en él se concentran las competencias y en general las reglas de operación de la estructura estatal.

Tradicionalmente se dice que el derecho administrativo es el derecho constitucional aplicado, y el derecho administrativo obtiene sus atribuciones directamente de la ley cuyo dictamen está a discusión.

De igual modo, la teoría del Estado específica funciones básicas, las cuales son infaltables para la operatividad de un país. Dos de aquellas son las carteras de gobierno y Hacienda, mismas sujetas a su análisis.

Como vemos, por el ámbito de operatividad, planeación y eficacia, el tema sujeto al criterio de esta asamblea es toral para el Estado, para México, para que la administración pública, y en específico las funciones de gobierno, seguridad, orden público, supervisión de funcionarios, el régimen de contrataciones, puedan propiciar resultados, y por ello, la postura del Partido Verde Ecologista de México es de apoyo, pues confiamos en un amalgamiento de funciones, justo en las instituciones correspondientes.

Consideramos más propicio para la seguridad, mayor régimen en las contrataciones, menos límites a la contratación pública, mayores capacidades para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.

México necesita crecer a través de una administración que provea seguridad, eficiencia a todos los mexicanos en un clima de respeto al derecho y a la seguridad pública.

Para todo ello, la Ley Orgánica es pieza medular. Nosotros como representantes del pueblo debemos conceder la cortesía parlamentaria y además, démosle la oportunidad y los elementos al nuevo gobierno para estructurar la administración pública. Ya hemos apreciado cambios en sentido positivo para nuestra nación. Continuemos en ese tenor.

Creo que la responsabilidad no se trata, como lo decía el diputado Monreal, en el sentido si hay buenos o malos abogados. Creo que ha hecho una mención muy especial pero es muy importante, la nación está por delante de todo. Y creo que participando todos y cada uno de los quinientos diputados en nuestra función legislativa, podremos sacar adelante, con iniciativas, lo más importante para nuestro país, y solamente así podemos tomar las atribuciones necesarias para darle a nuestro líder del Poder Ejecutivo todas las herramientas necesarias para que México pueda desarrollar y crecer, como lo estamos esperando, todos los millones de mexicanos.

Esperamos que esta reforma y esta iniciativa de reforma sea para bien de nuestro país. Muchísimas gracias por su atención, compañeros diputados y diputadas. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia ha sido muy clara en estricto apego al Reglamento, que en la fijación de posiciones no proceden interpelaciones ni alusiones personales.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Héctor Gutiérrez de la Garza tiene el uso de la voz.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, diputado presidente. Hago uso de esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, primero para felicitar la altura política del acuerdo, para que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se ventile de esta manera, en el pleno, de cara a la nación.

Por otro lado, hace algunos días debatíamos en esta tribuna la necesidad del acuerdo político, debatíamos en esta tribuna la importancia de darle los instrumentos al Ejecutivo federal para la propia organización del gobierno de la República, a fin de seguir cumpliéndole a los mexicanos, a fin de seguir cumpliendo con los compromisos que de manera conjunta y de cara a la República, a la nación fueron precisados en Palacio Nacional el pasado primero de diciembre.

Todos hemos podido percibir la intención del acuerdo, del pacto, pero no sólo como un documento suscrito, un catálogo de buenas intenciones, sino el llevar a la realidad el complimiento de las necesidades de nuestro país.

El día de hoy, con estatura política, el Grupo Parlamentario del PRI va a votar a favor de la minuta enviada por el Senado de la República. En ella se contienen diversos planteamientos que, a su vez, fueron debatidos aquí en esta tribuna.

Me congratula escuchar a la mayoría de mis compañeros que aplauden los contenidos no sólo de la minuta que proviene del Senado, sino del producto que emanó de esta Cámara de Diputados. Es un producto de trabajo serio, de trabajo responsable y de colaboración con el gobierno de la República, pero, a su vez, es conveniente señalar que no aceptamos, que no compartimos atribuciones que pretenden arrogarse al Poder Legislativo, que nuestra opinión son competencia exclusiva del Ejecutivo hasta en tanto no lo prevea la propia Constitución.

Somos respetuosos de la legalidad, pero más de nuestra Constitución. El artículo 27 en su fracción XVI, así como en el último párrafo, otorgan atribuciones a este Poder Legislativo que no compartimos. No vamos a obstruir el desarrollo y la aplicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Pero sí, desde esta tribuna señalamos que vamos a promover la acción de inconstitucionalidad una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación la presente reforma.

Es de congratularnos que sea otro poder el que resuelva sobre la constitucionalidad que debemos respetar y proteger como legisladores de este país. Invitamos a las demás fuerzas políticas, que así lo consideren conveniente, que se sumen a esta acción de inconstitucionalidad. Recuerden que sólo requerimos una tercera parte de los integrantes de esta Cámara de Diputados.

Pero sería muy conveniente, y con base en lo que hemos escuchado en esta tribuna, que nos acompañen al Grupo Parlamentario del PRI –como hemos escuchado aquí en tribuna y en el diálogo entre nosotros– a promover esta acción de inconstitucionalidad, a fin de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que nos dé la razón, porque de algo estamos convencidos, la primera obligación que tenemos como legisladores es defender la Constitución y en ella no vamos a secar, no vamos a dar un solo paso atrás.

Como legisladores vamos a cumplir, invitamos a las demás fuerzas políticas a que se sumen a este esfuerzo que el grupo mayor promueve con todos ustedes. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, don Héctor.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente en fijación de posiciones, doña Betzi Yáñez, de Celaya.

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Con su venia, señor presidente. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o. y 76 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita diputada Elizabeth Yáñez Robles, integrante de Acción Nacional, me permito exponer el posicionamiento de mi grupo parlamentario en relación con la minuta relativa a la reforma que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Estamos a favor de las modificaciones que hizo el Senado para la ratificación de los funcionarios de seguridad pública, garantizando así los contrapesos que requiere el país. La Cámara de Diputados en su conjunto debe velar y votar por los principios básicos de preservación del orden en los Poderes de la Unión, entre ellos el Poder Ejecutivo.

En congruencia, Acción Nacional celebra que la minuta que nos envía el Senado de la República haya emitido y refrendado el mensaje que originalmente expresamos en nuestras reservas del pasado 22 de noviembre. La transición de este gobierno debe darse en condiciones de plena y absoluta legalidad. Acción Nacional será garante de ello en este proceso. Éste es el mejor ejemplo de cómo funciona el Congreso mexicano y la sinergia que debe de existir entre ambas Cámaras.

Respecto a la reforma que hoy nos ocupa, Acción Nacional ha manifestado los seguirás y lo seguirá haciendo en referencia a la Secretaría de la Función Pública que es necesario garantizar y respetar sus facultades vigentes, amén que lo hemos declarado públicamente, no nos oponemos a su desaparición, sino que pugnamos a favor de la preservación de sus funciones.

La Secretaría de la Función Pública ha avanzado mucho en la prevención y sanción para garantizar la eficiencia, transparencia y honestidad de los funcionarios públicos de la administración pública federal y combate a la corrupción.

Por tal motivo, tenemos la obligación de cuidar que estas funciones se garanticen y que su permanencia pueda dar el resultado que deben de seguir dando y seguirse incrementado.

En Acción Nacional nos vemos obligados a señalar enfáticamente ello, ya que existen 32 leyes, en su mayoría federales, que concentran las actividades que realiza esta secretaría. Estas atribuciones, facultades y funciones no pueden desaparecer hasta que entre en funciones el órgano constitucional autónomo, que se propone crear en materia anticorrupción, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.

Y no solo eso, como bien indica el segundo transitorio de la minuta que hoy revisamos, es necesario insistir en la emisión de los ordenamientos reglamentarios de la reforma constitucional correspondiente, que el control interno y el sistema integral de control y evaluación gubernamental sean congruentes con las atribuciones conferidas a dicho órgano y compatibles con las bases y principios del Sistema Nacional de Fiscalización y, por tal motivo, la Cámara de Diputados tendrá que revisar y vigilar que estas condiciones se cumplan.

Entre tanto, compañeros diputados –me dirijo especialmente a mis compañeros del PRI– si bien el presidente de México debe contar con las condiciones y tener las posibilidades de determinar la estructura de las condiciones que crea más convenientes, Acción Nacional, que siempre ha velado de manera pacífica porque el Ejecutivo tenga estas condiciones, no nos opondremos y sólo pedimos se haga en las mejores condiciones para el país y también en las mejores condiciones para el gobierno federal.

Entre tanto, compañeros, debemos nosotros de seguir apoyando –y nos congratulamos que sea en estas condiciones– la aprobación de esta minuta. De otra manera, ¿dónde quedarían más de 19 mil procedimientos a nivel federal que están llevándose a cabo en este momento? ¿A dónde se podrían transferir los procesos jurídicos? Y habría que saber qué pasaría con el manejo de ellos. Y, dado el caso, ¿quién y cómo aplicaría las sanciones procedentes?

¿Quién y cómo podrá identificar las consistencias e inconsistencias de las declaraciones patrimoniales de aproximadamente 205 mil servidores públicos obligados? ¿Quién y cómo realizará las acciones sistemáticas procedimentales reglamentarias de combate a l a corrupción? Eso es lo que está garantizando los cambios que se hicieron a esta reforma.

Por su atención, muchas gracias. Seguimos, como Partido Acción Nacional, ciudadanos que mueven a México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Honorable asamblea, terminamos la rondad de fijación de posiciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estamos discutiendo en lo general y en lo particular en un solo acto.

Ahora tocaría a don Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, hablar en contra. Tiene el uso de la voz. ¿Está el orador? Si por alguna razón hay alguna propuesta, le preguntaremos a la asamblea si se acepta a discusión de inmediato.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, señor presidente. La minuta enviada por el Senado de la República propone modificaciones en cuatro segmentos diferentes de la fracción XII del artículo 27.

No tenemos objeciones con dos de ellas en el sentido de que la protección a la población se dé mediante el ejercicio del mando de la fuerza pública y que ésta se utilice con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales.

Sin embargo cabe destacar las objeciones a las dos modificaciones restantes. En primer lugar se modifica el término seguridad interior por el de seguridad pública. En diferentes partes de la minuta se alternan los términos seguridad interior y seguridad pública, lo cual denota la profunda confusión conceptual que está en raíz de esta propuesta de reforma enviada por el Ejecutivo federal.

Desde un principio Movimiento Ciudadano señaló que dicha propuesta pretendía crear una monstruosidad administrativa en la Secretaría de Gobernación, por diversas razones.

Una de ellas era que pretendía acercarse al modelo de un ministerio del interior mediante una mala copia de otros modelos, dotándola de atribuciones con las que no cuenta ningún otro ministerio del interior en el mundo –por ejemplo– combinando las tareas de preservar la seguridad interior con la tarea de preservar las relaciones políticas con los partidos políticos y el Congreso.

Esta grave confusión desde la concepción misma y el tipo de institución que se pretende crear, es palpable a lo largo de todo el articulado de la minuta, ya que en numerosas ocasiones se alterna o se corrige el término seguridad interior por el de seguridad pública.

Es por ello que en la bancada de Movimiento Ciudadano preferiríamos que permaneciera el diseño original en tanto se debatía con detenimiento el modelo institucional hacia el cual se pretende transitar, antes que dejarnos llevar por la premura y crear adefesios administrativos, como se está haciendo al caso.

En segundo lugar nos oponemos a la modificación que establece comparecencias cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública del Senado, para dar seguimiento a la política criminal. Esta medida que en apariencia fortalece la rendición de cuentas es limitativa, ya que restringe la facultad del Senado de llamar a comparecer a los funcionarios del gabinete, que de rechazarse esta propuesta de modificación, es limitada.

El artículo 98 del numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que pueden las comisiones, para ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se les encomienden, entrevistarse con los servidores públicos, quienes están obligados a guardar a los senadores las consideraciones debidas.

De la misma manera el Reglamento del Senado de la República establece en su artículo 133, numeral 1, en su fracción IX: En tanto órganos colegiados, las comisiones tienen atribución de realizar reuniones de trabajo con servidores públicos en los términos que la Constitución y la ley determina para ilustrar a su juicio en el despacho de los asuntos de su competencia.

De tal manera en tanto comisiones ordinarias del Senado de la República, las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, pueden llamar a comparecer a los servidores públicos que consideren pertinentes para el cumplimiento de sus tareas, sin que la normatividad vigente establezca un límite para la cantidad de veces que lo puedan hacer.

Por lo anterior, aunque pensando de buena fe consideremos que el espíritu de la propuesta de modificación contenida en la minuta es el de fortalecer la vigilancia y la rendición de cuentas ante el Poder Legislativo, el resultado es el opuesto ya que la propuesta limita las funciones más amplias con las que ya cuentan las comisiones ordinarias del Senado.

Por lo tanto, Movimiento Ciudadano rechaza esta propuesta y proponemos la siguiente modificación:

A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos, en su fracción XII:

Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes.

Proponer al Ejecutivo federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la administración pública federal.

Coadyuvar a la prevención del delito.

Ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales.

Salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz social y en los actos públicos. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. No habiendo reserva, queda en sus términos. Doña Amalia Dolores García Medina, del PRD, a favor.

La diputada Amalia Dolores García Medina: Muchas gracias, señor presidente, felicitándolo por su nombramiento. Quiero de manera especial decir que compartimos en nuestro grupo parlamentario plenamente la decisión que ha tomado el Senado de la República.

Por qué la compartimos. Yo diría que esencialmente, si revisamos el modelo a partir del cual se han constituido los poderes de la república en nuestro país, parte de este modelo se diseñó a partir de las sociedades modernas con Montesquieu. Es decir, un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial equilibrándose cada uno.

No es un asunto menor. Tenía la intención de generar los contrapesos y los equilibrios que le dieran a la república las condiciones de democracia y también yo diría de gobernabilidad en las sociedades modernas.

Es por ello que la decisión que ha tomado el Senado de la república resulta sustancial; no es un asunto menor. Pero yo agregaría algunos elementos que hoy, en el México actual, son relevantes.

Qué es lo que ha decidido, entre otras cosas, el Senado de la República en esta decisión sobre la administración pública. Que sea el Poder Legislativo, es decir, el Senado, el que ratifique el nombramiento del comisionado del Sistema Nacional de Seguridad, también al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y adicionalmente se establece la necesidad, la decisión de que el secretario de Gobernación comparezca cada seis meses a rendir cuentas ante el Senado de la República, y es para esta Cámara de Diputados sustancial señalar que también comparecerá ante la Comisión Bicameral de Seguridad.

¿Qué quiere decir esto? Que estamos ante una decisión sustancial del México democrático moderno. Una decisión que genera contrapesos, que pone el acento en los equilibrios, que pone y subraya como una condición de este México moderno la rendición de cuentas.

Es fundamental señalar que aquellos que tienen el uso legal de la fuerza, puedan y deban ser ratificados por el poder plural que existe en nuestra república, que es el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión a través de la acción del Senado de la República. No es además un asunto de los partidos políticos. Hoy escuchamos voces autorizadas en la sociedad civil que han aplaudido esta determinación.

Yo escuché con una gran atención la intervención de quien hizo uso de la voz a nombre del Partido Revolucionario Institucional, quien señalaba que emprenderán, reconociendo que lo que sucedió en el Senado -es una decisión que políticamente ha llevado al PRI a actuar con respeto- a respetar la decisión y esa votación, pero ha señalado que emprenderá una acción de inconstitucionalidad.

Y la pregunta que yo haría es: ¿por qué no –si hay esta pregunta, este cuestionamiento, esta duda de parte del PRI- no promover algo diferente, en lugar de ir a una acción de inconstitucionalidad?

Yo haría un llamado respetuoso, pero además con razones y con fundamentos sobre lo que requiere el México moderno. Y precisamente en ese espíritu que es el que le dio vida al Pacto por México que se acaba de signar por las principales fuerzas políticas, para que en todo caso promuevan y se sumen a una acción que le dé más facultades al Congreso de la Unión y para que se garanticen esos equilibrios.

Esto sería una muestra de compromiso verdaderamente con un México democrático en el cual se rinden cuentas, en el cual hay contrapesos, y en el cual este poder al cual pertenecemos juegue un papel fundamental. Es por ello que no solamente expresando nuestro respaldo a la decisión que se ha tomado en el Senado de la República, hacemos un llamado al Partido Revolucionario Institucional para que reflexione sobre esa intención preliminar de acción de inconstitucionalidad para que no la promuevan, y para que al contrario, se sumen a la determinación de otorgarle más facultades y más decisiones a este poder plural, democrático, representante de la nación que es el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo.

Es cuanto, señor presidente; compañeras y compañeros, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, también en contra. Y también va a presentar alguna propuesta de modificación, según me informa.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Señor presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, voy a presentar un posicionamiento en contra con una propuesta de modificación.

Antes de entrar en las reflexiones comentaría que será interesante ver la posición de los diputados miembros de la fracción parlamentaria del PRI después de escuchar la muy atinada disertación del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.

Asistimos por segunda vez al regreso desde la Cámara de Senadores, de una iniciativa previamente aprobada aquí por la mayoría conformada por el PRI, el PAN, el Verde y el Panal. En la primera ocasión se trató de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, hoy se trata de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En ambos casos la colegisladora actuó con mayor atención a la responsabilidad que el Legislativo tiene en la generación de las leyes.

Acá en cambio, se optó por la velocidad supersónica en la aprobación de ambas iniciativas. Creo firmemente que acciones recurrentes como éstas explican en buena medida la reputación, lastimosa reputación política de esta Cámara.

Qué ocurrió también en el Senado, que la mayoría priista tomó la tribuna. Veamos entonces que setas acciones no son cuestión de ideología; son una acción reactiva cuando una fuerza política, la que fuere, ve desde su perspectiva cerrados los caminos del procedimiento normativo, tal y como ha sucedido una y otra vez en esta Cámara.

No puedo dejar de señalar que no basta, como pretenden algunos, con asumirse publicitariamente como reformadores, es imprescindible actuar bajo esa convicción ética. Es cuestión de altura de miras, de patriotismo y sobre todo de no olvidar que lo que aquí se lleva a cabo no es un simple juego político, sino una tarea cuyos resultados impactan para bien y para mal en la vida cotidiana de la nación.

Nuestra propuesta concreta se basa en los siguientes argumentos. La Cámara de Diputados tiene entre sus más importantes responsabilidades representar a la ciudadanía. Gracias a ella se da voz al pueblo de México. Es decir, a los 112 millones de mexicanos con los que cuenta el país.

Las atribuciones de la Cámara de Senadores, en cambio, son aquellas que involucran al Pacto Federal. Con base en esa lógica, el Senado tiene entre sus facultades ratificar puestos de política exterior y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la reserva que nos compete el día de hoy, en el artículo 27, propone que la Cámara alta sea quien ratifique el nombramiento del comisionado nacional de Seguridad y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dado que estos cargos representan temas de política interior, debido a que involucran directamente la seguridad del ciudadano, consideramos que la ratificación debe ser atribución de la Cámara de Diputados. Es nuestra responsabilidad crear pesos y contrapesos entre los órganos de gobierno, pero también el designar de manera correcta las atribuciones que pertenecen a esta Cámara.

Derivado de lo anterior, someto a la consideración de la asamblea, la siguiente reserva.

El comisionado nacional de Seguridad y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública serán nombrados por el titular del Poder Ejecutivo federal, con la ratificación de esta honorable Cámara de Diputados.

Me quedan unos segundos y no puedo dejar de señalar la contradicción que representa que estemos fortaleciendo, por un lado, la capacidad policiaca de la Secretaría de Gobernación, aún cuando todavía no se aclaran los hechos de represión cometidos por este gobierno el día 1 de diciembre.

Me parece que debemos de reflexionar antes de dar luz verde a esta iniciativa. Deberíamos también citar al secretario de Gobernación, para que explique la acción policiaca represora de esa fecha. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. En su momento daremos trámite a la propuesta que ha presentado. Tiene ahora la palabra para hablar en pro del dictamen, el diputado Fernando Belaunzarán, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: La democracia requiere de contrapesos, de equilibrios, y las reformas que se hacen en el Senado de la República al dictamen ayuda a eso, a que haya contrapesos, equilibrios; a que haya un cogobierno, de alguna manera, corresponsabilidad.

No hay que concentrar todo el poder en un solo poder, para eso es la división de poderes. Esto que parece redundante, este asunto del ABC de la democracia se cumple muy bien con estas reformas.

Por supuesto, el hecho de que dos personajes claves del combate a la delincuencia sean o tengan que ser ratificados por el Poder Legislativo, es un avance democrático. Ayuda a que haya confianza, que se cuiden perfiles, a que sea la gente más preparada, más profesional, a que dé confianza a la sociedad.

Por supuesto, nadie quita el derecho de que sea el presidente quien lo proponga, es su gente, tiene que estar bajo su mando. El responsable directo del Poder Ejecutivo es el presidente y es correcto que él lo proponga. Pero es correcto que estos personajes, estas posiciones, estas funciones de gran nivel sean, por supuesto, ratificados por el Poder Legislativo para que se vea que hay confianza política y social. Porque no podrán cumplir con su responsabilidad de una manera correcta si es que no tienen este contrapeso.

Ahora, quiero dejar muy claro que el Grupo Parlamentario del PRD no tiene un problema de esquizofrenia, lo que hacemos en el Senado también lo respaldamos en la Cámara de Diputados. Tenemos un discurso, tenemos una agenda política, tenemos nuestras propuestas y las impulsamos en las dos cámaras y no borramos con una mano lo que escribimos con la otra.

Por supuesto, quiero decir que allá en el Senado se consiguieron algunas cosas que habíamos propuesto, aquí mismo, en la Cámara de Diputados, en la comisión. Por ejemplo, que se reconociera que ya no hay veto de bolsillo por parte del presidente y de que la publicación de los acuerdos que se den en la Cámara de Diputados pueden hacerla también los presidentes de las cámaras.

Eso que no se aceptó aquí, se aceptó allá. Y algo también muy importante, se quitó el capricho, porque había quedado un resabio del capricho de darle a la Secretaría de Desarrollo Social funciones que no le correspondían. Ya se le había puesto ahí a Inmujeres, se le había puesto ahí a la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas que nada tenía que hacer en desarrollo social, era un capricho, pero faltaba la Conapred.

¿Qué tenía que hacer la Conapred en desarrollo social? Nada, absolutamente nada. Era un asunto arbitrario, caprichoso, que no se sostenía en una lógica de la administración pública y los senadores hicieron bien en ponerlo donde tendría que estar, un asunto de justicia, de gobernanza, como es la Secretaría de Gobernación. Eso estuvo, también me parece, un avance importante.

Algo que tendríamos que reflexionar y hago una atenta invitación a que lo hagamos, como una crítica muy fraternal a la derecha y como una crítica también muy fraternal a la izquierda, y esto sería, en este caso autocrítica, de por qué se consiguen las cosas en el Senado. Porque ahí sí hay un contrapeso y se pueden conseguir cosas que aquí planteamos y no lo logramos allá.

Es cierto que hay una diferencia de cuatro votos, mayoría opositora en el Senado y aquí no, pero sin embargo, las cosas siguen siendo muy cercanas, muy equilibradas. ¿Por qué no pasa ahí? ¿Por qué aquí no podemos hacer...? Porque finalmente, yo quiero reconocer que el PRI hace su trabajo. El PRI saca sus reformas como vienen, de la mejor manera, pero les facilita, sí la oposición de derecha y de izquierda, cada quien está por su lado.

Hago, quizás, esta reflexión, porque a lo mejor, sería mejor para todos, que no nos estuvieran enmendando la plana siempre en el Senado para estas cosas y podamos tener una mejor negociación y unos mejores acuerdos, si es que nos vamos coordinados, derecha, izquierda, no para obstruir, no para obstaculizar, no para frenar sino para incidir de mejor manera, como es el caso de estas reformas.

Y quizás, si lo hubiéramos hecho de esta manera, pues sería la Cámara de Diputados la que tendría que ratificar y no el Senado. Pero ahí es donde actuaron de manera coordinada, equilibrada y llegaron a este buen acuerdo.

Nosotros creemos en las instituciones y sabemos que finalmente, si hay una controversia, la Suprema Corte definirá y seremos respetuosos de su decisión y me parece muy bien que sin menoscabo, sin sentirnos agraviados aceptemos que cada institución cumpla su responsabilidad. Eso también es división de poderes, que lo que le corresponde al Ejecutivo lo haga él, lo que le corresponde al Legislativo, igual y el Poder Judicial, por supuesto me parece un círculo virtuoso. Y aquí se logra un círculo virtuoso si es el Poder Legislativo el que también contribuye para que quienes se encarguen de la seguridad de los mexicanos pues sea ratificado por quien representa a la representación popular.

No olvidemos que el presidente representa al 38 por ciento de los mexicanos en ese sentido del número de votos, pero aquí juntos somos el 100 por ciento. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, para hablar en contra y también para presentar alguna propuesta de modificación, el diputado Ricardo Monreal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadanos diputados. Gracias, ciudadano presidente. Miren, señores diputados, señoras diputadas, es un debate importante, les diría quizá el más serio o uno de los más serios que se ha presentado en la Cámara de Diputados, y ahí quiero remitirme.

En efecto, nadie estaría en desacuerdo en la doble legitimidad de los funcionarios encargados de la seguridad pública, sería deseable. Lo que me preocupa es que no se atente contra la Constitución, contra la ley, por la siguiente razón.

Aun y cuando ustedes aprueben por mayoría esta Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y frente al anuncio que ha hecho el PRI, que por supuesto nosotros curiosamente avalamos, porque promover la acción de inconstitucionalidad –no controversia constitucional, es una acción de inconstitucionalidad–, se va a lograr por la siguiente razón.

Hay precedente, aquí hay varios que fuimos senadores –entre otros el senador Camarillo, Villareal y, otros más, Manlio–, y en el 2007 se hizo lo mismo con la Ley de Telecomunicaciones. La Ley de Telecomunicaciones fue impugnada mediante acción de inconstitucionalidad porque en la ley reglamentaria se establecía la ratificación del Senado de sus integrantes.

¿Saben qué sucedió? La Corte resolvió a favor del Ejecutivo, independientemente de quién sea, resolvió que el Senado estaba equivocado e invalidó el acto del Senado, declaró positiva y afirmativa la acción de inconstitucionalidad, y obligó al Senado a que el propio Senado en su fracción III –que ustedes pueden leer– del artículo 89 establezca en la Constitución la facultad de ratificación de los servidores públicos de telecomunicaciones.

Lo que planteo no es estar en contra de quitarle o restarle facultades y funciones al Senado de la República, lo que planteo es que sea aseada jurídicamente. Porque si a través de la ley que estamos modificando se establece la facultad de ratificación del Senado para funcionarios públicos en materia de seguridad pública, la acción de inconstitucionalidad va a prosperar, señores, va a prosperar. Y entonces tenemos que modificar la Constitución para establecer en el 89 la facultad del Senado para la ratificación de los servidores públicos en materia de seguridad pública.

Yo les pregunto, ¿para qué esperarnos que la Corte nos enmiende la plana, si en este momento podemos resolverlo? No es un asunto de mayorías. No es un asunto de que ahora estamos todos unidos. Es un problema constitucional, de legalidad y, por supuesto, los remito con toda puntualidad para los que les interese. Que sé que hay gente atenta y gente estudiosa en esta Cámara. Los voy a remitir a una jurisprudencia. Fíjense lo que les digo: ya es jurisprudencia.

La jurisprudencia está en la página 1, en la 62 del 2007, del Semanario de la Suprema Corte de Justicia y su Gaceta, Novena Época, pleno 26, diciembre de 2007, en la página 965. Y ahí se establece que si el Senado de la República o la Cámara de Diputados ratifica, o aun cuando legisle la ratificación, está invadiendo la esfera del Poder Ejecutivo, está invadiendo la esfera del Poder Ejecutivo.

Aquí hablaba un orador, no recuerdo si del Verde, que lo hizo con propiedad sobre el derecho administrativo, en efecto, en nuestro derecho administrativo está la administración centralizada y la paraestatal, y el presidente tiene la facultad de nombramiento de sus secretarios, porque tienen patrimonio propio y personalidad jurídica única; salvo lo que diga la Constitución de ratificación podrá hacerse.

¿No son acaso los funcionarios que pretender ratificar parte del Ejecutivo federal, o son órganos autónomos? No. Son parte del Ejecutivo federal, y por tanto, yo no me niego a que haya ratificación de ellos por el Senado, simplemente antes modifiquemos la Constitución, señores. Es muy sencillo. Es un problema de interpretación constitucional, porque lo que estamos haciendo o lo que ustedes van a aprobar es una grave deficiencia constitucional y una grave ignorancia jurídica lamentablemente.

Los remito a que lean, a que estudien. No es un asunto de estar a favor de uno u otro partido. Es un error. Modifiquemos la Constitución como lo saben hacer; si la de educación la quieren sacar en 24 horas, ¿por qué no modifican el 89 y en 24 horas antes de modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal lo hacemos? Es más, les anticipo que votaríamos en favor.

¿Por qué el Senado tiene que ratificar si la Cámara de Diputados es la representación popular por excelencia? Los senadores representan al pacto federal, representan a las entidades federativas. ¿Por qué tenemos que aceptar que sea el Senado y no la Cámara de Diputados si son los dos miembros del Congreso de la Unión?

Hemos ido cediendo la Cámara de Diputados facultades, cuando también debería participar la Cámara de Diputados. Es un asunto de fondo y es un debate serio a los que los invito a reflexionar. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra en pro, el diputado Rubén Camarillo Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Rubén Camarillo Ortega: Gracias, presidente. Debo de aceptar de entrada que me preocupa de pronto estar de acuerdo con el diputado Monreal, y me preocupa, lo tengo que decir de entrada. Pero creo que ha traído aquí a la mesa, un tema que ya justamente habíamos debatido hace algunos años.

Aquí quiero, no sé si esté aquí presente el diputado Beltrones -lo vi aquí hace un momento, aquí en los pasillos-, porque a él me voy a referir. Yo recuerdo justamente en este debate profundo que dimos en el Senado de la República hace algunos años, de cuál debería de ser el arreglo constitucional, legal, sobre el equilibrio de poderes, sobre la participación conjunta de, por un lado, el Poder Legislativo y, por otro lado, el Poder Ejecutivo en temas de trascendencia nacional.

Yo hoy entiendo –y me congratulo, por cierto– que en el sistema mexicano tengamos un Poder Legislativo bicameral. Lo digo por las siguientes razones.

Primero. Porque está muy claro –hay que decirlo con todas sus palabras– que cuando se aprobaron aquí de origen las modificaciones a esta Ley de la Administración Pública Federal hubo omisiones; hubo inclusive –diría yo- descuidos. Aquí fueron relatados una y otra vez por compañeros diputados y sin embargo, haciendo uso de esa mayoría que de pronto es presuntuosa de los compañeros del PRI, lo único que están haciendo es que se repita una y otra vez que pareciera ser que el Senado de la República nos tiene que enmendar la plana.

La verdad es que el Senado de la República no nos tiene que enmendar absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer en todo caso es, aquí en este recinto; aquí en la Cámara de los Diputados, actuar con una mayor prudencia, con un mayor cuidado, con una mayor tolerancia de esta alianza que hace el Grupo Parlamentario del PRI y el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista y que a veces cuenta también con la participación del Partido del Panal.

Me parece entonces que sí valdría la pena hacer una reflexión de que si no queremos seguir viendo esta historia una y otra vez; que minutas que van de la Cámara de los Diputados con estos abusos de esta mayoría en esta Cámara, vengan de retorno, vengan de regreso de la Cámara de los Senadores.

Entrando al fondo del asunto, yo estoy convencido, y se lo digo al diputado Beltrones en esta tribuna que yo le he admirado durante muchísimo tiempo su actitud institucional que tuvo en el Senado de la República cuando planteaba esta necesidad de la colaboración de los poderes de la República.

Pareciera ser que hoy ya se le olvidó al diputado Beltrones lo que decía cuando era senador de la República y estaba en la oposición. Yo conmino hoy públicamente al diputado Beltrones a que sea congruente con lo que decía en el Senado de la República y venga con esta actitud aquí a la Cámara, de colaboración y no de imposición.

Por otro lado, me parece afortunado, y lo digo con toda la claridad, de que asumiendo la posición que el diputado Monreal ha tenido, resolvamos de fondo este asunto.

Sigo pensando y estoy convencido de que no se puede otorgar a la Secretaría de Gobernación el mando policial también, con la conducción política, por otro lado, y a la par, y de la mano de esta atribución, no le damos el contrapeso necesario. Cubramos las formas; hagámoslo bien. En eso estoy de acuerdo.

Segundo y finalmente, si la mayoría de esta Cámara acompañada del PRI, el Verde y el Panal, si es que el Panal también lo acepta y el Verde, deciden ir a una controversia constitucional; me parece que demostrarán en los hechos lo que me parece que es un exceso. Votan a favor hoy, de esta ley, para poder avanzar y darle la posibilidad a su presidente, emanado de sus filas, el presidente de todos los mexicanos porque así lo ordena nuestro marco constitucional y legal, lo dan, su voto hoy, para que alcance a pasar esta reforma, eso lo hacen con la derecha y con la izquierda van y se van a la corte en una controversia constitucional.

Finalmente lo digo con toda claridad, no es que escribamos una cosa con una mano y la borramos con otra, en el Senado, como se dijo aquí hace un momento.

Sí creo que en el sistema bicameral del Congreso mexicano. Qué bueno que existe para poder realmente tener la posibilidad de corregir excesos, de corregir descuidos y sobre todo, de corregir abusos que de pronto se dan desde esta Cámara o de la otra en circunstancias diversas.

Quisiera hacer un llamado finalmente: compañeros del PRI, diputado Beltrones ¿no serán suficientes estos dos eventos que ya tuvimos con el Senado de la República para que finalmente se entienda, que quede claro, que no se puede regresar el tiempo 30 año cuando una sola fracción parlamentaria aquí, decidía lo que se tenía que hacer en este país, que se requiere diálogo respetuoso, que se requiere colaboración? De otra manera entonces acostumbrémonos a que nos empiecen a decir los medios de comunicación que una vez más el Senado de la República le corrige la plana a la Cámara de Diputados. Eso simple y sencillamente no lo aceptamos. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Antes de darle la palabra al diputado Manuel Huerta, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a un grupo de jóvenes zacatecanos que están hoy aquí, invitados por el diputado Ricardo Monreal.

También a un grupo de potosinos que invitó a esta sesión la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas; bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta, en contra y también para una propuesta de modificación.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con su permiso, señor presidente. Ya los ex senadores que ahora son diputados, dirían los abogados a confesión de parte, relevo de pruebas. Y vemos cómo probablemente en la votación por venir retomaremos esas consignas revolucionarias de “mátalos y ya luego viriguamos”. No cabe duda que el día de hoy está demostrada la inconstitucionalidad de esta reforma en el mismo debate. No hay que abundar más.

Yo particularmente sostenía en nota aparte cómo se ven estas inconstitucionalidades o cómo rebajamos la fuerza de la Cámara o de las cámaras con estas supuestas reformas y yo decía: como Cámara tenemos derecho a llamar a cualquier servidor público, no es una concesión que nos digan que van a ir los responsables, el secretario de Gobernación o el jefe de la policía cada seis meses a entregarnos cuentas.

Y cuando decíamos sobre la política criminal –que van a hablar de eso– también resulta que violentan la Constitución. La Ley General del Sistema de Seguridad Pública establece la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

La ley determina en su artículo 10, fracción I que el Consejo Nacional de Seguridad Pública será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas. Dicho consejo es presidido por el presidente de la república. El Consejo Nacional podrá funcionar en pleno o en las comisiones previstas por dicha ley. El pleno se reunirá por lo menos cada seis meses, a convocatoria de su presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar.

Y ya el artículo 14 de dicha ley determina las atribuciones del Consejo Nacional de Seguridad, entre las que se encuentra la de establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, etcétera.

De toda esta lectura lo que resulta es la modificación para que el secretario de Gobernación sea el responsable de informar sobre la política criminal, exige congruencia con la regulación de seguridad pública que deriva del 21 constitucional y de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública con el objeto de evitar contradicciones e incongruencias en las atribuciones que le da la Constitución y la propia ley que determinan ya para el Consejo Nacional de Seguridad con las nuevas atribuciones que en la materia les quieren asignar a la Secretaría de Gobernación.

Nosotros hemos planteado en el PT y un servidor está convencido también que son necesarios los acuerdos políticos, pero esto del Pacto por México es algo que realmente ni a sus propios partidos les han informado, ni a los diputados les informan; nada más los traen por ahí: ahora les mandamos ésta, vótenla, y les damos 24 horas y córranle y apúrense. Dónde queda la sociedad, cuándo la han consultado, qué representan estos que están firmando, si son producto de la ilegitimidad cuando menos porque ya la legalidad la cubrieron a través del control que mantienen en los órganos electorales.

Yo digo, a qué nos llaman ¿a firmar pactos por México para reprimir el 1º de diciembre? ¿Pactos por México para que una persona esté en estado de coma? ¿Pactos por México para que un joven pierda un ojo? Pactos por México ¿para qué? ¿Para que existan desaparecidos políticos? ¿Pactos por México para que existan 14 presos en la cárcel? ¿Quieren esos pactos? A eso no vamos a ir.

Y ojalá fuera congruente el Partido Revolucionario Institucional, y estas acciones de inconstitucionalidad las llevaran más a fondo, cuando les propusimos en la reforma laboral ir, ¿acaso van? Van a conveniencia, como siempre es el PRI, ya los sabemos.

Nosotros vemos, para finalizar, que esta reforma es parte de los mandatos de la reprogramación política salinista que está dándose en este país. Por desgracia algunos ya se fueron con el canto de las sirenas. Y ahí van, y ahí seguirán, Dios los bendiga.

A nosotros los tigres con pies de papel no nos dan miedo. Por más propaganda política que estén generando. Nosotros vemos que están creando un monstruo, un monstruo de dos cabezas con esta administración que están generando. Y obviamente ya iremos platicando qué más vemos de lo que están haciendo en la administración pública, pero en la calle la tristeza social continúa, la incredulidad política crece y eso ustedes lo saben.

Peña Nieto subió del 40 por ciento de ilegitimidad, se traduce el pueblo, cree que hubo fraude electoral, al 61 por ciento. Lean bien lo que está ocurriendo en la calle, el pueblo de México no les cree, y por eso les va a creer menos si están haciendo leyes que perjudican a la población como ésta que está legitimando lo que ustedes hicieron el primero de diciembre, reprimiendo a los jóvenes. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado Huerta, el diputado Rangel Espinosa desea formularle una pregunta, ¿la acepta?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado Rangel. A ver, sonido en la curul en que se encuentra el diputado Rangel, por favor, y si no que se cambie a la curul de a lado, a una que se le pueda abrir el sonido. Adelante, diputado.

El diputado José Rangel Espinosa (desde la curul): Gracias, presidente. El planteamiento es muy concreto. Es un tema que se ha socializado cada vez con más frecuencia en esta legislatura, en esta Cámara de Diputados.

Ya hay preocupación, hay molestia por las actitudes de dos o tres diputados, entre ellos incluido el diputado Ladrón de Guevara. Resulta que tratan de envolver en planteamientos ideológicos, argumentaciones, no sé con qué fines, que lo único que han logrado es manchar la imagen de la Cámara.

Todos tenemos la intención de dignificar a este Poder y por más que nos esforzamos, resulta que hay actitudes de este tipo. Por eso yo le preguntaría en concreto a este diputado, que si le interesa también a él el que mejore la imagen del Poder Legislativo, ¿estaría dispuesto a modificar, si no el contenido porque ya ve, son cuestiones mentales, si no el contenido de su argumentación, sí cuando menos los calificativos?, a efecto de que la ciudadanía al menos no reciba estos impactos negativos. Sería cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Puede dar respuesta, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Mire, diputado, yo he sostenido en esta tribuna que los verdaderos responsables de lo que aquí ocurre, no están aquí. Ya he dicho que el señor Salinas de Gortari, que es el que les mandata, no viene aquí y los que están atrás de él, los intereses de los dichosos poderes fácticos que dicen que van a combatir las televisoras, todos estos que están provocando, y sobre todo los que han instrumentado la política económica que tiene sufriendo a nuestro pueblo, y obviamente que nos interesa que cambien.

A mí me da mucha pena que no sepa usted leer ni siquiera mi nombre. Le vamos a hacer llegar de Navidad un Pequeño Larousse, y decirle para finalizar, que estamos hablando de un tema que sociológicamente no definió Max Weber; el tema de la ilegitimidad del presidente que está en funciones hoy, y que históricamente y políticamente nunca se había visto que el bono democrático que aquí fue de alrededor del cincuenta y tantos por ciento que tenía, se disminuya más de 15 puntos porcentuales. Eso es lo que le debería provocar.

Si quiere luego le explicamos un poquito estas cuestiones o puede ir a un curso en la Universidad Nacional Autónoma de México o en cualquier otra universidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en pro, el diputado Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del PRD. En turno el diputado Tomás Torres Mercado y después llevarnos a cabo las votaciones.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Ciudadano presidente. Diputadas, diputados, compañeros de legislatura, debatimos hoy las modificaciones a la minuta que el Senado de la República ha hecho, de conformidad a lo que establece y las facultades que le permite el artículo 72 constitucional, en su calidad de Cámara revisora.

Como Grupo Parlamentario del PRD aplaudimos el esfuerzo que realizaron las compañeras y compañeros senadores. Consideramos que es un avance el hecho de que dos importantes funcionarios federales; el comisionado nacional de Seguridad Pública y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sean ratificados por el Senado.

Hace unos días, cuando aquí se planteó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, subí a esta tribuna para decir que era un exceso poner la policía bajo el mando del secretario de Gobernación, porque era una copia de lo que se hacía en otros regímenes que eran parlamentarios y donde el ministro sí estaba supeditado a la consideración y a la rendición de cuentas frente al Parlamento.

Hoy la minuta que se nos envía establece también no solamente la ratificación de estos funcionarios, sino también su rendición de cuentas ante las Comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del propio Senado, por eso nosotros vamos a votar a favor de esta minuta.

Hemos escuchado aquí, con mucho respeto, a compañeros y compañeras que se han pronunciado en contra y que hablan de que van a recurrir a la acción de inconstitucionalidad.

Celebro, como celebro que el Senado haga uso de sus facultades del 72 constitucional, celebro que haya quienes también hagan uso de los mecanismos que señala la Constitución para acudir ante la Corte.

En su momento celebraré que la Corte actuando como tribunal constitucional emita su opinión al respecto, pero nosotros tenemos también nuestra propia interpretación que haremos valer.

El artículo 89 de la Constitución, en su fracción II, señala la facultad del Ejecutivo federal de nombrar a funcionarios, pero establece una salvedad en su último párrafo. Dice textualmente la Constitución, en su fracción II: Nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.

Éste último párrafo del 89, fracción II, que establece esta salvedad de los nombramientos que estén determinados de otro modo en la Constitución o en las leyes, es lo que está haciendo valer el Senado al establecer la ratificación de estos funcionarios de seguridad pública; pero bueno, será la Corte la que determine quién tiene la razón jurídica, por lo pronto, es de lamentarse que vayan en contrasentido de la lucha democrática, del avance democrático del país.

Quienes hoy amenazan con ir a la acción de inconstitucionalidad, a finales de los 90 aprobaron la reforma constitucional que permitió que el procurador general de la República sea ratificado por el Senado. Son los mismos que hace algunos meses proponían en la reforma del Estado que el Gabinete fuera también sometido a la ratificación del Senado.

Por eso, nos parece una incongruencia que hoy se opongan a este avance, pequeño, quizá un difuso control constitucional a los posibles excesos del Poder Ejecutivo, pero finalmente es un avance que se logró en el Senado y que el Grupo Parlamentario del PRD no tendrá ningún impedimento para avalar en esta Cámara. Es cuanto, compañero presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, compañero diputado. Finalmente en la discusión, tiene el uso de la tribuna por cinco minutos, el diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Tomás Torres Mercado: Muchas gracias, señor presidente. Ante el privilegio de ser el último en este listado de oradores y para no generar confusiones, yo sólo quiero recordar a las señoras, a los señores diputados, que la minuta que estamos discutiendo el día de hoy tuvo su origen justamente en la Cámara de Diputados. Fue una iniciativa del Poder Ejecutivo que nosotros compartimos, que nosotros acompañamos porque consideramos y además, aquí ha habido quien ha ejercido el poder desde la titularidad de los ejecutivos de los estados.

¿Por qué la acompañamos? Porque a la visión y el compromiso político debe dárseles marco legal para hacer posible la oferta política, para hacer posible una plataforma y cumplir la demanda de los gobernados.

Pero yo quiero, para no generar confusiones, presidente, virtud a que la minuta tuvo su origen en Cámara de Diputados y la revisora modificó el contenido del dictamen originario, la discusión debe contraerse solamente a la parte relativa, modificada por el Senado de la República.

Yo quiero plantearle y sé que lo tienen contemplado, señor presidente, que para efectos de la votación separe particularmente el asunto en cuestión, que tiene qué ver con el artículo 27, fracción XVI, último párrafo.

¿A qué se refiere? A la facultad del Senado de la República para ratificar al comisionado del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Vayamos a dos paquetes para que no generemos confusiones.

Pero quiero agregar. Miren, la organización política de este país, y no vayamos a la confusión de que los pesos y contrapesos son el argumento para decir que es constitucionalmente procedente, ya se dijo muy bien aquí, ya se argumentó, que el Senado ratifique a esta autoridad de la estructura del Ejecutivo. No es así.

En efecto, allá criterios de nuestro más alto tribunal de justicia del país. En el caso de Cofetel, siendo un órgano desconcentrado, subordinado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Corte dijo, no tiene facultades el Senado de la República.

Reforma la Constitución y en efecto, diputado Camarillo, se reforma la Constitución para darle facultades al Senado, producto de un acuerdo político para que tenga facultades de ratificación de los órganos reguladores en materia de telecomunicaciones y competencia, es el caso ahora.

¿Cuál será la materia de la acción de inconstitucionalidad? El que esta ley, qué paradoja, en su caso, entablará la acción de inconstitucionalidad una minoría, que es mayoría en esta Cámara, pero no lo es en la revisora. ¿Cuál es el propósito? De que se resuelva si esta ley contraviene la Constitución Política del país, la norma de normas. Y nosotros decimos que tal caso está ocurriendo.

Pero también con toda responsabilidad, una vez más, el Partido Verde Ecologista de México, hará lo que políticamente estime pertinente con la finalidad de que esta minuta se convierta en ley y que no la matemos en el proceso legislativo, y que se le dé viabilidad a un compromiso político del titular del Ejecutivo federal y que va a acompañar el Partido Verde desde su responsabilidad en el Congreso. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores voy a pedirle a la Secretaría que procesemos en una primera parte las tres propuestas de modificación que fueron dejadas por escrito, en el orden en que fueron presentadas.

Le pediría que diera lectura a la propuesta de modificación del diputado Juan Luis Martínez y que inmediatamente después pregunte a la asamblea si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Correcto. Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XII. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la administración pública federal; quitando el siguiente párrafo y seguir: coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz pública.

En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión. Le ruego ahora dar lectura a la propuesta de modificación presentada por el diputado Alfonso Durazo al último párrafo del artículo 27 y que inmediatamente después también pregunte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Texto propuesto: Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. El comisionado nacional de Seguridad y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública serán nombrados por el titular del Poder Ejecutivo federal con la ratificación de la Honorable Cámara de Diputados. En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión.

El Presidente diputado José González Morfín: Finalmente le pido, dé lectura a la propuesta de modificación a la fracción XII, del mismo artículo 27, que presentó el diputado Manuel Huerta, y que inmediatamente después también consulte a la asamblea si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Propuesta: Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes.

Proponer al Ejecutivo federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la administración pública federal.

Comparecer cada seis meses ante las Comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del Senado, para presentar la política criminal y darle seguimiento cuando ésta se apruebe o se modifique.

Coadyuvar a la prevención del delito.

Ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales.

Salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión. Para conocimiento de la asamblea, y en razón de que ha sido planteado tanto por el Grupo Parlamentario del PRI, como del Grupo Parlamentario del Partido Verde y también el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano a través del diputado Monreal, es necesario votar por separado la fracción XVI, del artículo 27 y el último párrafo del mismo artículo 27. Estos que tienen que ver con el mismo tema quedarán separados, como si hubieran sido reservados, aunque la discusión se dio en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, voy a pedir que se abra el sistema electrónico de votación por diez minutos, para recoger la votación nominal en lo general y de los artículos no reservados en los términos del dictamen. Después de eso votaremos por separado la fracción XVI y el último párrafo. Ábrase el sistema electrónico de votación.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular a los no reservados.

(Votación)

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: No se aceptará ningún voto después del cierre, a efecto de que son diez minutos en votación. Se informa a las diputadas y diputados que solamente queda un minuto. Una vez cerrado el sistema no se va a aceptar ningún voto.

El Presidente diputado José González Morfín: Quiero aprovechar la oportunidad para dar la más cordial de las bienvenidas a un grupo de alumnos de secundaria de la Estic 111 del Municipio del Valle de Chalco, estado de México, que están aquí invitados por la diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel y el diputado Arturo Cruz Ramírez. Bienvenidos a esta sesión.

También saludamos a un grupo de alumnos y maestros de la Universidad Mexiquense del Bicentenario de Huixquilucan, estado de México, que están aquí invitados por el diputado José Luis Oliveros. Bienvenidos también a esta sesión.

Y a un grupo de alumnos de la Universidad Privada del estado de México de la licenciatura en Derecho, que también están aquí invitados por la diputada Karina Labastida. Bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 423 votos en pro, 38 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobada en lo general y los artículos no reservados por 423 votos.

El Presidente diputado José González Morfín: Vamos ahora a abrir el sistema electrónico de votación por diez minutos, para recoger la votación nominal respecto de la fracción XVI del artículo 27 y el último párrafo del mismo artículo 27, en un solo acto. Ábrase el sistema electrónico de votación por diez minutos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo...

El Presidente diputado José González Morfín: A ver, ¿me permite, diputada secretaria? Sonido en la curul del diputado Alonso Raya.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Precisiones en la asamblea, presidente, de en qué sentido la cuestión de la votación.

El Presidente diputado José González Morfín: Correcto, con mucho gusto, diputado. En el entendido de que el voto en pro es en los términos del dictamen. No se presentó una propuesta distinta y el voto en pro es en los términos en que viene la minuta de la Cámara de Senadores. Ábrase el sistema electrónico de votación por diez minutos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación de los artículos reservados.

(Votación)

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se pide a los diputados que emitan su voto antes de que transcurra el tiempo fijado para la votación; una vez cerrado el sistema no se aceptará ningún voto.

Se informa a las señoras y a los señores diputados que solamente resta un minuto para emitir su voto; una vez cerrado el sistema no se aceptará ningún voto. Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Se emitieron, señor presidente, 228 votos en pro, 38 en contra y 195 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobada la fracción XVI y el último párrafo del artículo 27 del decreto. Aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo 25 y primero y tercero del Apartado A del Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, para fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado César Moreno.

El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: el día de hoy nos toca analizar y en su caso aprobar una reforma de gran trascendencia para México y que consiste en incluir en el texto de los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el concepto de competitividad.

En materia económica nuestro país históricamente ha sufrido severas crisis, las cuales han contribuido al estancamiento de la economía nacional y al empobrecimiento de los mexicanos, impactando directamente al ingreso y a las familias.

En este sentido me permito mencionar la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero del 83 en la que se insertó, dentro del texto constitucional, lo relacionado a la rectoría y planeación estatal. Asimismo, se le otorgaron al Congreso de la Unión facultades para regular las inversiones extranjeras.

Así tenemos que desde hace 29 años los principios constitucionales rectores de la economía son la sustentabilidad, el crecimiento y el compromiso enfocados en la distribución justa entre el ingreso y la riqueza.

Hasta el día de hoy no se han realizado reformas trascendentales en este rubro; sin embargo, el mundo se ha ido transformando. Al respecto, una de las transformaciones con más impacto ha sido sin duda alguna la de la globalización, fenómeno que ha modificado la visión de nuestro mundo, pues con la globalización se ha entrado a un mundo casi sin fronteras, un mundo cada día más pequeño en cuanto a los mercados económicos, dado que se puede encontrar una diversidad de productos extranjeros, con independencia de la distancia en donde se producen.

La globalización ha traído como consecuencia que los mercados sean más vastos, pero a su vez más competitivos, lo que ha dado como resultado que los países adopten políticas económicas y jurídicas acordes a este fenómeno. De lo anteriormente mencionado se deriva la presente reforma constitucional, ya que si la pretensión que tenemos como legisladores es la de lograr un crecimiento estable para efectos de consolidar nuestra economía, sería muy necesaria la implementación de políticas encauzadas a alcanzar lo que pretendemos.

En este sentido, con la intención de la competitividad a nuestro principal marco jurídico, se está obligando a generar políticas públicas enfocadas a consolidar el crecimiento económico, incentivando el mejor desempeño de todos los entes económicos de nuestro país.

En efecto, con la competitividad se alcanzarían principalmente dos objetivos consistentes en ofrecer bienes y servicios de calidad en los mercados internacionales y nacionales, así como atraer las inversiones extranjeras a nuestra planta productiva. Esto con el fin de elevar el poder adquisitivo y el nivel de vida del trabajador mexicano.

En este orden de ideas, para este órgano legislativo no pasa desapercibida la importancia de establecer las bases necesarias que permitan impulsar el crecimiento económico de nuestro país.

Es por ello que no solamente se trata de insertar la competitividad dentro del texto constitucional, sino que por el contrario, es necesario establecer acciones de manera eficiente. Por ello es que se reforma el artículo 26 de la Constitución Política para que se establezca que la competitividad sea parte del Plan Nacional de Desarrollo.

En ese sentido, diputadas y diputados, México requiere que le demos estos instrumentos de política económica de manera urgente. Por ello con la reforma constitucional que hoy se plantea, se obligará al propio Estado a perfeccionar las condiciones de desarrollo y sustentabilidad que permitan mejorar considerablemente la economía de nuestro país, beneficiando directamente a la sociedad mexicana que tanto lo necesita y merece.

Es por lo antes expuesto, compañeras y compañeros diputados, que los invito a votar a favor el presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Corresponde ahora la fijación de posturas por los grupos parlamentarios, y tiene el uso de la tribuna el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores: en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tenemos la clara convicción de que la competitividad económica es reflejo directo de la calidad o fracaso de nuestro sistema educativo.

Debemos fortalecer financieramente a todas las universidades públicas del país, al nivel de educación media superior y la educación básica e inclusive la educación inicial con mejores escuelas debidamente equipadas, maestros que tengan un salario digno a la actividad que desempeñan, y fundamentalmente con estudiantes en todos los niveles educativos que al estar debidamente alimentados, con un sistema de becas a todos los niveles, podremos contar con los profesionistas y técnicos que impulsen el desarrollo y la competitividad del país.

Pretendemos que el sistema educativo nacional pueda formar personas que cuenten con la capacidad de poder transformar su realidad y la del país.

En el caso que nos ocupa del artículo 25 constitucional, en su primer párrafo, compartimos la reforma en la que se establece: La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

A este párrafo aplican perfectamente los comentarios que ya expresamos para fortalecer el sistema educativo nacional. Coincidimos también con la reforma al último párrafo del artículo 25, en el sentido de que es urgente que México cuente con una política industrial que aliente el desarrollo del sector y que genere el empleo formal y bien remunerado que la sociedad demande.

Según datos del INEGI publicados recientemente, 6 de cada 10 trabajadores lo hace en la informalidad. Con estos datos, aún con las leyes que aprobemos, la competitividad del país no podrá lograrse si no se revierte esta situación.

No obstante la existencia de las atribuciones económicas del Estado mexicano, previstas en la Constitución de México, ha sido incapaz de sostener un ritmo de crecimiento económico que permita la incorporación de los mexicanos al mercado del trabajo formal. Antes al contrario, la implementación del modelo de política neoliberal desde el gobierno de Miguel de la Madrid a la fecha, ha producido desempleo y bajos salarios.

Las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo en vigor desde los últimos días de la gestión de Felipe Calderón, son un claro ejemplo de que se sigue por el camino de la pauperización laboral y de la contención del salario, para llevar esto a hacernos competitivos con la miseria de nuestro pueblo, provocando una economía dependiente del capital extranjero, con un mercado débil, altamente vulnerable a los vaivenes de la economía mundial, especialmente de la economía norteamericana.

No obstante que el Congreso de la Unión en diferentes legislaturas ha aprobado distintas leyes que tienden a favorecer la competitividad entre agentes económicos, esto no se ha logrado del todo porque tampoco ha existido la voluntad política para el correcto ejercicio de las atribuciones del combate a los monopolios por parte del Estado. Así es como se da la concentración de las concesiones públicas en materia de televisión en dos consorcios. Lo mismo ocurre en otras áreas de la economía.

Bajo estas consideraciones, nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Cantú.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, este dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales constituye el primer producto legislativo de esta Comisión tan importante para los trabajos de esta Cámara y del Congreso de la Unión.

Nosotros vemos adecuada esta reforma a los artículos 25 y 26, porque establece como un principio constitucional la competitividad para hacer de la economía de nuestro país, una economía en crecimiento, una economía que permita que haya satisfactores para la población.

Desde luego, que éste es un postulado constitucional y habría que convertirlo en realidad, pero nos parece que esta definición conceptual no riñe con la rectoría económica del desarrollo que plantea ese capítulo económico de la Constitución ni riñe tampoco con el sistema de planeación democrático.

Creemos, además, que al estar en esta parte de la Constitución, permitirá también que fortalezcamos el modelo de desarrollo nacionalista, para que después no haya sorpresas con reformas constitucionales que busquen la privatización de Petróleos Mexicanos.

Esta reforma y este dictamen también nos permiten hacer algunas reflexiones. Esta iniciativa de origen en la Cámara de Senadores, fue propuesta por un diputado que anteriormente era senador, el diputado Eloy Cantú, y fue el día 22 de febrero de 2011, y esto nos permite ver todo el proceso legislativo que tiene que seguir una iniciativa de un legislador, para contrastarlo con lo que resulta de una iniciativa promovida por el Ejecutivo federal.

Podemos decir que hay un doble rasero. Una ruta larga, que a veces es infructuosa para los legisladores, y una vía fast track para el Ejecutivo, y este caso lo estamos viviendo actualmente con la reforma al artículo 3o. y al artículo 73 constitucional, que están planteando una reforma expedita a la educación del país.

Este doble rasero no lo podemos permitir, porque pareciera que quieren convertir al honorable Congreso de la Unión en la honorable Oficialía de Partes de la Unión, con una reforma al vapor que en menos de 30 horas ya se aprobó en lo general, una reforma de amplio espectro como es la educación de nuestro país.

Ya no hablamos de una iniciativa preferente como lo establece el artículo 61 constitucional, sino de una iniciativa ultrapreferente, pero lo que es más grave, en nuestra ley fundamental, en la Constitución del país.

Por eso, nosotros creemos que es tiempo de que todos los legisladores, independientemente de los partidos y particularmente los partidos mayoritarios, tienen el deber constitucional de honrar su función.

No podemos ser ni mandaderos ni tampoco hacer del Congreso un Congreso que legisle por consigna presidencial, que viole procedimientos parlamentarios para poder permitir que el titular del Ejecutivo satisfaga sus ansias de legitimidad política.

Nosotros vamos a dar la pelea y nos parece que no es estar en contra de iniciativas que sean razonables y que sean producto de una deliberación como es la que nos ocupa y que planteó el diputado Eloy Cantú.

Nos parece que en este doble rasero queda claro que hay una actitud de sumisión al presidente de la República o a quien ocupa, en este caso, el Poder Ejecutivo, porque nosotros no le reconocemos ese carácter. Nosotros no fuimos a pactos de simulación, que como quedó de manifiesto en la discusión del dictamen de la Ley Orgánica de la Administración Pública, hay una esquizofrenia política, porque por un lado el PRI aprueba o se abstiene para que pase la reforma, y por otro lado, anuncia ya una acción de inconstitucionalidad.

Nosotros vamos a actuar siempre en congruencia y vamos a honrar a los millones de votos que optaron por un cambio verdadero en nuestro país. No a los pactos de simulación y no al entreguismo y no hacer de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión una oficialía de partes donde cualquier iniciativa, por absurda que sea y venga del Ejecutivo, se apruebe sin ningún debate. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la voz, por cinco minutos, el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea. La Constitución como ley de leyes, como ley suprema, establece el marco por debajo del cual deben entenderse comprendidas todas las demás. Pero nuestra Constitución, a pesar de contener principios fundamentales, que son los que marcan la pauta conforme a la cual se desarrolla el Estado mexicano, es una Constitución que debe actualizarse a los tiempos dentro de los cuales está inmerso el país.

Hablar de competitividad implica hablar de modernidad. México hoy en día no es ajeno a los procesos económicos globales y se va a exigir o se exige a sí mismo la necesidad de contar con factores internos que le permitan un desarrollo a la par que aquellos con los cuales compiten en el planeta.

Hablar de competitividad implica hablar de concurrencia, de concurrencia en mercados globales hacia donde se dirigen los productos que nuestro país y nuestra sociedad produce y exporta.

Se ha incorporado dentro del artículo 25 y 26 el término de competitividad con algunos otros principios paralelos que lo acompañan. Vemos nosotros, en esta reforma, un proceso de actualización de nuestro marco constitucional. Desde luego que lo celebramos, en virtud de que en unión del artículo 26 constitucional viene a darle una clara congruencia a cuál es el papel que debe jugar el Estado en la conducción del desarrollo y el destino de México.

De acuerdo con el 25 anterior, al país, al Estado mexicano le corresponde la rectoría económica del desarrollo nacional. Entendamos, desde luego, que por rectoría estamos hablando de una facultad de conducción.

Es una situación y es una garantía, es un principio que sitúa al Estado en una posición, en una súper posición con relación a los gobernados. Son estos, al final de este mismo texto constitucional, los que tienen un papel protagónico en lo que es la facturación de aquello que a nosotros nos habrá de convenir, que son las actividades económicas privadas.

Con la incorporación de la competitividad estamos imponiéndole al Estado un deber, la responsabilidad de hacer frente a los retos que tienen que enfrentar nuestros connacionales, el sector privado en su participación en los mercados globales.

Es decir, con la incorporación de la competitividad el Estado se suma al esfuerzo global que tenemos que hacer todos para sacar a México adelante y para generar riqueza y bienestar general.

Competitividad, de esta manera, en esta fracción y en esta hipótesis de la Constitución, se convierte en un factor de aglutinación, un factor de armonización de las actividades público y privadas que viene a beneficiar desde luego el entendimiento moderno de lo que debe ser la marcha del país y nuestros principios constitucionales.

No dejamos de ver sin embargo que en el artículo 26 que se reforma, referente a la planeación nacional, también se incorpora la competitividad y el desarrollo de políticas nacionales a través de las leyes que expide esta asamblea y este Congreso para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales.

Consideramos que la competitividad y el desarrollo industrial –como quiera que haya de vérseles– tienen que ser congruentes también con una política de sustentabilidad, de cuidado a nuestros recursos naturales, para beneficio de las generaciones por venir.

La competitividad de esta manera y como se aprobará, si es el caso por esta asamblea, en los artículos 25 y 26 constitucional se entienden –por parte del Partido Verde Ecologista de México, en cuyo posicionamiento ahora me permiten realizar– como una modificación y una actualización siempre en pro del desarrollo mexicano, del desarrollo industrial dentro del cuidado del medio ambiente y de nuestro equilibrio ecológico. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD en torno a la reforma constitucional a los artículos 25 y 26.

Estos artículos son torales en nuestra Carta Magna porque definen al Estado mexicano en su función rectora del desarrollo nacional, por ello las reformas a estos artículos deben ser muy cuidadosas y siempre muy precisas.

En esta Legislatura hemos asumido el reto de adicionarlos con la convicción de no trastocar su naturaleza, pero sí de introducir un elemento clave para el propio desarrollo de nuestro país. Si bien es cierto no es usual, quizás no es idóneo que se establezca en la Constitución, ya que países avanzados no lo han manejado así. Lo que también es cierto es que la idiosincrasia de nuestro país, y en estas condiciones, parecería que lo que no está en la Constitución no existe o no es de relevancia.

México en pleno siglo XXI debe transitar ya a la modernidad, debe apostar a lograr un mayor desarrollo, diversificar su comercio internacional y debe ya proyectarse al mundo como una potencia emergente con el impulso de su mercado interno, que implica la decidida inversión a la capacitación de sus recursos humanos, la inversión decidida en ciencia y tecnología y el impulso a la educación media superior y superior.

Esto es, para nosotros competitividad es mejor estadios de salud. Competitividad es mayores recursos a la educación. Y en estas épocas en donde aprobaremos el próximo Presupuesto de Egresos de 2013 es importante que asignemos recursos a estos conceptos.

La reforma constitucional de los artículos 25 y 26, para incluir el concepto competitividad, constituye un principio que requiere el país para alcanzar el desarrollo económico a través de políticas sustentadas en la competitividad; entendida ésta como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y fomentando el bienestar social a través de la generación de empleos. Dota al Estado mexicano de las herramientas para conformar una política que atienda todos los rubros necesarios para alcanzar un desarrollo económico, obligando al propio Estado a mejorar las condiciones de desarrollo económico y sustentabilidad que permita mejorar considerablemente los recursos y la economía.

Debemos de entender que la competitividad no se da por decreto, ni se dará con esta modificación. Nuestro grupo parlamentario hizo la reserva a esta reforma, para que en ese mismo artículo también se expresara el mandato constitucional para impulsar el desarrollo del país a través de la inversión decidida en la ciencia, la educación y la tecnología. La competitividad en sí misma es una noción contraria al monopolio.

Nuestro grupo parlamentario entiende esta reforma constitucional, como el mandato para acabar con los monopolios que permitan el desarrollo de una economía sana y próspera, que aliente la producción, el desarrollo sustentable, la formación de capital humano y que consolide la presencia de México en el mundo como una nación que tiene todo para ser el referente regional y mundial en nuestro siglo.

Nuestro grupo parlamentario se pronuncia a favor de esta reforma por las consideraciones que aquí ha manifestado.

El principal factor que hace competitivo a un país es el bienestar económico y social de su gente que se traduce en movilidad social, que a su vez fortalece el mercado interno y nos presenta mucho más competitivos frente a otras naciones. Rara vez sucede a la inversa y, por lo tanto, debemos respetar estos preceptos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Debemos reconocer que vivimos en un mundo globalizado. Ahora el reto es mayor pero también los logros son más provechosos.

Hoy se presenta un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales para modificar nuestra Carta Magna. Se pretende incluir a la competitividad en el texto constitucional. ¿Qué es la competitividad? Es la inversión, es el empleo, es la mayor educación, la mayor preparación, la mayor construcción. En general, es mayor riqueza.

En Acción Nacional vamos con el proyecto. Estamos a favor de la competitividad y ya lo hemos hecho. Ustedes recordarán cuando aquí se dieron las discusiones álgidas, importantes respecto de la reforma laboral.

Asimismo, ahora contamos en esta Cámara de Diputados con una comisión que tiene el mismo nombre de la reforma que hoy se está viendo. En un momento o en días posteriores, estaremos aprobando la reforma educativa. Todo esto es competitividad.

Subir a rango constitucional este concepto significa que se darán directrices para el fortalecimiento de las Pymes y las Mipymes; el establecimiento de políticas públicas responsables que fomenten la inversión nacional y extranjera, el desarrollo industrial y todo esto, bajo un sistema de planeación bien organizado por la Constitución, por el Ejecutivo y por el Poder Legislativo.

Fortalezcamos a las Pyme y a las Mipyme. Poco más del 1 por ciento de las empresas en México, son grandes. Esto quiere decir que el 99 por ciento de la inversión es privada y pertenece a las Pyme y a las Mipyme.

Este tipo de empresas emplean al 70 por ciento de la fuerza laboral y generan el 52 por ciento del PIB. Con esta reforma avanzamos a un mejor desarrollo del bienestar de los mexicanos.

Aquí me gustaría traer a colación que en el Informe Anual de Competitividad Global 2011-2012, del Foro Económico Mundial que evalúa a 142 países, México fue ubicado en la posición 58, lo que representa una mejora de ocho lugares en la relación al reporte anterior. Ésta es una prueba más de cómo en Acción Nacional estamos a favor de este tipo de acciones.

Si bien es cierto una reforma constitucional no es la panacea, lo que sí es cierto es que la Constitución establece lo que los mexicanos deseamos, lo que los mexicanos queremos ver en un México que está por un mejor porvenir.

Por eso en Acción Nacional estamos votando a favor de este establecimiento, de este texto, de esta modificación constitucional, para que discurra en las leyes ordinarias ese sentir de la competitividad.

Vamos por mayor generación de empleos, vamos por fortalecer a las empresas, vamos por un mejor desarrollo, vamos por un mejor México. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, el diputado Eloy Cantú, del grupo Parlamentario del PRI, quien por cierto fue el autor de la iniciativa que se presentó en el Senado en febrero del año pasado y que hoy se hace ya realidad en la segunda de las cámaras. Felicidades, diputado Cantú.

El diputado Eloy Cantú Segovia: Muchísimas gracias, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados, en intervenciones previas se ha acreditado que en la economía gomal en la que vivimos, los países se disputan intensamente, compiten intensamente por atraer inversión a sus países o para retener las inversiones que ya tienen sus países.

Por eso un concepto de competitividad es la capacidad de un país para atraer o retener las inversiones. Y las inversiones ¿para qué? Las inversiones como detonadoras del crecimiento económico y que se acompaña con el crecimiento económico, se acompañan más y mejores empleos.

Esta reforma constitucional al 25 y al 26 se puede subdividir en tres partes:

Primero, la parte de competitividad; segundo, la parte industrial y tercero, la parte relacionada con el Sistema Nacional de Planeación.

En la parte de competitividad hay que entender la competitividad como un medio, no es un fin. Es dentro de la rectoría del Estado el desarrollo. Se dice que será mediante la competitividad que se alentará el crecimiento económico, y por la competitividad habrá crecimiento económico y generación de empleos.

Entonces en este orden de ideas, la competitividad es el medio para alcanzar como fin, empleos bien remunerados para los mexicanos.

Segundo tema, el tema industrial. En el mismo artículo 25 se señala que debe existir una política industrial por región y por sector. Por qué. Porque desde hace dos décadas, al menos, en este país no ha habido política industrial y al no existir esa política industrial hemos carecido de un instrumento que aliente, como en otros países, a las industrias.

En este orden de ideas hay algunas fuentes de información que señalan que México entró en un proceso de desindustrialización. Hoy es el momento en que en este gran país que es México, que tiene regiones tan diversas, para cada región, impulsemos el sector que corresponde. Tenemos regiones en donde las técnicas de producción intensivas en mano de obra son muy competitivas; por ejemplo en el sur y sureste de México. Tenemos otras regiones en donde las empresas de la economía del conocimiento son la opción para impulsarlas.

Con base en esta reforma, como se ha dicho previamente, habrá lugar a una ley reglamentaria que espero veamos en esta legislatura para impulsar este desarrollo industrial competitivo por región y por sector para que hagamos trajes a la medida, industrias que sean coherentes con la vocación económica de cada región y que tengan los incentivos para que seamos la mejor opción para atraer esa inversión.

La tercera parte es la de la planeación. En el artículo 26 se introduce también que en el Sistema Nacional de Planeación Democrática y particularmente en el Plan Nacional de Desarrollo estará el concepto de competitividad que se seguirá actualizando al introducirse en este plan. De ahí se desprende que vaya a los programas de mediano plazo, a los programas operativos anuales.

Por supuesto, como se ha dicho y se ha dicho bien en esta tribuna, es un enfoque integral. La competitividad implica mejoría en el sistema tributario más eficiente, más sencillo en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en la educación, como se ha señalado, en una educación de calidad, en impulsar la innovación tecnológica, en fin, es un enfoque integral al que nos lleva la competitividad.

Por ello, compañeras y compañeros diputados, nos sumamos con enorme convicción al respaldo que ha tenido esta iniciativa de reforma constitucional para iniciar juntos una etapa de un México competitivo, de una competitividad país que nos brinde la oportunidad de retener las inversiones que hoy tenemos en México y de traer más y mejores inversiones, en el entendido que la competitividad efectivamente implica un esfuerzo amplio, entre otros en el fortalecimiento del estado de derecho que fortalezca la certidumbre jurídica de los inversionistas en nuestro país.

Con la convicción de que estamos apoyando una iniciativa que es un punto de arranque para construir todo un nuevo andamiaje jurídico que favorezca el crecimiento económico y la generación de empleos, yo también me sumo a la exhortación para pedirle a cada uno de ustedes un voto de conciencia y de convicción. Es por México; muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Concluida la ronda de fijación de posturas, el dictamen se encuentra a discusión. Esta Presidencia no tiene conocimiento de alguna intervención solicitada ni tampoco de que se vaya a reservar algún artículo.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, voy a pedir que se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger votación la nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a aprovechar la oportunidad para saludar a un grupo de alumnos y maestros del Colegio de Bachilleres de la comunidad de Tanaco, Michoacán, que nos acompañan hoy aquí, invitados por el diputado José Luis Esquivel Zalpa. Bienvenidos a esta sesión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recuerda a las señoras diputadas y señores diputados, que solamente resta un minuto para que emitan su voto. Una vez cerrado el sistema, no se aceptará ningún voto.

El Presidente diputado José González Morfín: Saludamos también, con mucho gusto, a un grupo de alumnos de la Universidad Juárez del estado de Durango, estudiantes de las carreras de Ciencias Políticas y Derecho, que están aquí invitados por el diputado Jorge Herrera Delgado. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación. Se emitieron 432 votos en pro, cero en contra y seis abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado por 432 votos en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo 25; primero y tercero del Apartado A, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa a las Legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional.

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra para presentar el dictamen por la Comisión, la diputada Miriam Cárdenas Cantú, hasta por 10 minutos, cinco minutos, los que necesite.

La diputada Miriam Cárdenas Cantú: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y compañeros diputados, comparezco ante este pleno a efecto de explicar a nombre de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, los alcances y objetivos del dictamen por el que se reforma y adiciona la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Concebido hace más de dos décadas como un instrumento jurídico destinado a evitar los abusos del poder en contra de la población, este ordenamiento vino a constituir un verdadero avance en el respeto de los derechos humanos. La Comisión dictaminadora decidió corregir una confusión consistente en identificar el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como si se tratase de una sola figura o concepto en sí, lo cual es inexacto y contrario a lo previsto en la Convención Universal de la materia.

Como consecuencia de esto, se aprobó cambiar la denominación del ordenamiento para transformarla en Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura. Es decir, se ha agregado el verbo erradicar en su título.

En el dictamen se establece que la prohibición a la tortura es absoluta, y por lo tanto el Estado mexicano en ningún caso podrá invocar circunstancias excepcionales para justificar hechos de este tipo.

También se señala que los órganos dependientes del Ejecutivo federal relacionados con la procuración de justicia y la seguridad nacional y pública, llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para la orientación y asistencia a la población, con la finalidad de vigilar la exacta observancia de los derechos humanos de aquellas personas involucradas en la comisión de algún ilícito penal.

La organización de cursos de capacitación de su personal, para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos. La profesionalización de las instituciones de seguridad pública en una cultura de respeto a éstos.

La profesionalización de todos los servidores públicos que participan en la custodia y tratamiento de todas las personas que se encuentran sometidas a arresto, detención o prisión. También, se prohíbe el empleo de la tortura hacia toda persona sometida a arresto, detención, prisión o cualquier otra medida.

Se faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para realizar las visitas y supervisiones que consideren sean pertinentes, a fin de denunciar y evitar los actos de tortura en el sistema penitenciario y de reinserción social del país, y también se incluye, en los órganos dependientes del Ejecutivo federal, encargados de la procuración de justicia.

En esta reforma se adoptó la definición de tortura establecida en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la cual no califica de graves a los dolores o sufrimientos ocasionados a una persona por actos de tortura, esto porque se consideró, al interior de la comisión, que el calificativo de graves es indeterminado y además subjetivo, lo que podría dar cabida a la impunidad de actos de tortura.

Cabe señalar, que este carácter ambiguo y confuso de la definición de tortura, empleada en la actual Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, había sido reconocido no sólo en nuestro ámbito interno, sino que incluso diversos órganos internacionales se habían pronunciado recomendando al Estado mexicano modificar su actual redacción y definición de tortura, y así hacerla compatible con los estándares y exigencias del derecho internacional de los derechos humanos.

Esto ha sido señalado, entre otros, por el Comité contra la Tortura, conocido como CAT, que señaló, el 23 de noviembre de 2012, que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en este país, sigue sin reflejar completamente la definición que figura en el derecho internacional, por lo que instó al Estado parte, México, a modificar la ley señalada, para que la definición de tortura abarque todos los elementos que figuran en la Convención, incluidos, entre otros, los actos de tortura cometidos por terceros, a instigación o con el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público. Lo que así se hizo y queda plasmado en el dictamen que se somete a su consideración.

Es de resaltarse que en el decreto no se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que se invoquen o existan situaciones excepcionales, incluyéndose los supuestos previstos en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley reglamentaria que en su momento se apruebe.

La Cámara de Diputados, en tanto miembro de un poder público y depositaria de una representación popular, ha venido trabajando a fin de dar contenido a los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano, logrando así que nuestro texto constitucional se proyecte asimismo, a través de sus diversas leyes reglamentarias.

De aprobarse el dictamen que ahora se pone a su consideración, habremos dado un paso importantísimo en la ampliación de las prerrogativas contenidas en nuestro sistema jurídico.

Reconozco sobremanera, que en este proceso hayamos podido caminar juntas todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, pues con ello hemos puesto por delante los intereses de la población y la construcción de un país más justo para todos y para todas. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Saludamos y damos la bienvenida a un grupo de alumnos y maestros de la escuela secundaria 1022, Emiliano Zapata, del municipio del Valle de Chalco, Solidaridad, en el estado de México, que están hoy aquí invitados por la diputada Carla Guadalupe Reyes y por el diputado Arturo Ramírez. Bienvenidos a esta sesión.

El Presidente diputado José González Morfín: Para fijar su posición sobre este dictamen tiene la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar posición respecto al dictamen que nos presenta la Comisión de Derechos Humanos y que contiene reformas y adiciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Este dictamen recae a una minuta turnada por el Senado de la República y que tiene por propósito central el erradicar este crimen internacional.

Esta práctica totalmente violatoria de los derechos humanos se utiliza para atentar contra la dignidad de las personas, vejándolas y haciéndoles creer que están a plena disposición del torturador su persona y su vida.

La tortura ha sido práctica reiterada de los gobiernos totalitarios. Mediante el uso de la fuerza se arrancan confesiones a los detenidos. También la utilizan las corporaciones policiacas para lograr confesiones autocriminatorias.

Su origen se encuentra desgraciadamente en acciones de representantes de los estados, cuya tarea debería ser en principio la salvaguarda de los derechos fundamentales del gobernado. Coincidimos con la propuesta que se contiene en el dictamen para hacer eficaz la prevención, sanción y erradicación de la tortura en razón de que la reforma se ajusta a los instrumentos internacionales, tanto a la Convención de Tortura, la universal, como la regional.

Estamos convencidos de que las corporaciones policiacas y el Ministerio Público deben eficientar su labor con el propósito de que la investigación científica traiga como consecuencia la ubicación y detención de los responsables de la comisión de delitos; y no se torture sólo para obtener culpables, que a final de cuentas no son los verdaderos responsables de haber cometido algún delito.

Por ello estamos a favor de la reforma al artículo 2o., en donde se define con claridad el contenido que deben tener los programas que los órganos dependientes del Ejecutivo, relacionados con la procuración de justicia y seguridad pública, deben cumplir en la garantía de los derechos de los gobernados. Entre estos temas se encuentra el relativo a la capacitación permanente del personal, su profesionalización, así como la prohibición determinante del uso de la tortura.

Dentro de los aciertos de la reforma se ubica, entre otros, el artículo 2o. Bis, en donde se le da la facultad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar visitas y supervisiones y evitar los actos de tortura en el sistema penitenciario y de readaptación social. De igual forma, un gran acierto de esta reforma es la precisión del significado o de la definición de este crimen, tortura.

El artículo 4o., por su parte, establece la pena a quien cometa el delito de tortura y que será de siete a 16 años. Sobre el particular sería deseable que en un futuro se reformara el Código Federal de Procedimientos Penales, el artículo 194, para que el delito de tortura fuera considerado como grave.

Por estas consideraciones apoyaremos en lo general y en lo particular el dictamen que se nos presenta. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Y con el permiso de mis compañeras diputadas y de mis compañeros diputados. Procederé a expresar el posicionamiento al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a nombre de la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano.

Como todas y todos bien saben la tortura es una de las violaciones más atroces a la dignidad de una persona, resulta una práctica abominable que ha llegado a niveles de dolor físico y mental que traspasan la condición humana y atropellan todos los derechos.

Debido a que es un tema de suma gravedad una gran cantidad de convenciones internacionales la han prohibido sin ningún tipo de derogación y sin importar si se realiza en un periodo de paz, de guerra o como defensa ante el peligro de existencia de un Estado.

Recordemos el protocolo de Estambul, el cual es un instrumento científico emanado de la propia Organización de las Naciones Unidas para dictaminar todo caso de tortura. Nuestra Carta Magna en el artículo 20, especifica que queda prohibida y será sancionada toda incomunicación, intimidación o tortura.

Asimismo, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual fue ratificado por el Senado de la República el 11 de abril de 2005 y entró en vigor el 22 de junio de 2006.

Todo esto tiene como finalidad la protección bajo cualquier circunstancia contra cualquier acción de este tipo, así como la creación de un mecanismo eficiente, que permita la prevención de este delito tan deleznable.

No obstante todo lo expuesto, la práctica de la tortura se ha mantenido vigente en todo el mundo. En nuestro país no solo ocurre eso, parecería que se privilegia y se tolera este crimen como un método más para obtener información.

Uno de los lugares donde esta conducta se perpetua de manera alarmante es en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social. Dichos lugares carecen de un órgano que vigile el correcto funcionamiento en cuanto al trato otorgado a los internos.

Con los instrumentos otorgados a través de este dictamen, la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura podrá contar con los mecanismos necesarios para combatir este mal que permea a toda la sociedad del país. Recordemos los hechos tan lamentables de los que fuimos testigos el pasado primero de diciembre, que dejaron claro que estas prácticas no se reducen solamente a los Centros Penitenciarios; ocurren desde la misma persecución de los delitos.

Según el Informe sobre la Juventud 2010-2011, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, del número de jóvenes detenido por la policía por distintas causas, 75 por ciento manifestaron ser víctimas de aprehensiones arbitrarias y con un uso desproporcionado de la fuerza.

Este dictamen es un paso loable para terminar con una situación que como sociedad nos ha rebasado a través de supuestos servidores públicos trasgresores de la ley. Basta ya del poder desmedido e impune utilizado por autoridades. Basta ya de normatividades que no cuenten con mecanismos suficientes para hacer frente a estos actos ilícitos. También quiero reconocer y es en justicia señalar, que esta iniciativa en su momento fue bruto de la coautoría del diputado Ricardo Monreal, en marzo de 2011.

Por todo lo anterior, compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Corresponde ahora el uso de la tribuna a la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Martha Edith Vital Vera: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Martha Edith Vital Vera: Estimadas diputadas y diputados de éste honorable Congreso de la Unión. La protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos se encuentran plasmados, como todos lo sabemos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas.

A nivel internacional la tortura sigue siendo usada hasta nuestros días de manera alarmante. Sabemos que es completamente ilegal y nada tiene que ver con la búsqueda de la justicia y, con el fin de erradicar esta práctica, las Naciones Unidas crearon la Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, misma que fue ratificada por México en 1987 entrando en vigor el 26 de junio del mismo año.

La mayoría de los casos de tortura no son denunciados ante las autoridades por desconfianza a las mismas, por desconocimiento de leyes o tratados, por el mismo temor a las represalias de los mismos funcionarios públicos y sólo trascienden los casos con alguna connotación especial.

Viene a mi mente el nombre de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, que fue arrestado en 2012 por agentes federales; desaparecido desde ese entonces y nunca supimos más. Incluso la procuradora Marisela Morales ofreció disculpas públicas, asumiendo la responsabilidad del Estado mexicano.

Creemos que al ser nuestro país un Estado firmante de la mayoría de acuerdos y protocolos de protección y defensa a los derechos humanos, está obligado a tomar medidas efectivas que contribuyan a la erradicación de esta tortura.

Considerando que la tortura puede ser física, sicológica, es necesario reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para erradicar, entre otras, la práctica del arraigo, figura que se utiliza precisamente para torturar a nuestra gente.

El mismo Ministerio Público mantiene privada de su libertad a quien ni siquiera ha sido sujeto a un proceso, violentando con ello su condición humana y su conciencia -tal como lo ha manifestado el procurador general de la República- y donde el estado de Chiapas es un ejemplo al haber incluido en su marco constitucional local la prohibición de este arraigo.

Asimismo, creemos que son necesarias reformas para que las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sean suficientes en la defensa de la protección a los derechos humanos.

Por lo anterior, en mi Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México vemos muy favorablemente la reforma a esta Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en pro de erradicar esta práctica violatoria a los derechos humanos, que sigue siendo en nuestros días, muy común y más en nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra por cinco minutos, la diputada Margarita Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Margarita Tapia Fonllem: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores; con su permiso, señor presidente. Vengo a esta tribuna a presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Votaremos a favor en lo general este dictamen, pues es de celebrar que la erradicación de la tortura figure entre los primeros asuntos que procesa la Comisión de Derechos Humanos en esta Legislatura, porque en la inmensa mayoría de los casos, la tortura no se denuncia, no se investiga, no se castiga y no se da a conocer.

La muestra contundente es que en el sexenio de Felipe Calderón no se emitió una sola sentencia condenatoria por tortura en el ámbito federal, a pesar de que la práctica aumentó de manera alarmante.

De acuerdo con Amnistía Internacional, de 392 denuncias por tortura y malos tratos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2007, la cifra aumentó a mil 669 en 2011.

No debemos pasar por alto que apenas el pasado viernes 23 de noviembre, el Comité contra la Tortura emitió las observaciones generales a los informes de México, donde valoró sobre todos los elementos que presentó la sociedad civil, en contraposición a la información oficial. Sobre esta base el comité hizo firmes recomendaciones para resolver el alarmante aumento del uso de la tortura en México.

La tortura ha abundado, por ejemplo, por parte de militares en interrogatorios clandestinos a personas acusadas de narcotráfico; por parte de agentes migratorios a las personas capturadas en su ruta hacia Estados Unidos; por parte de policías para obtener de una persona confesión forzada o una declaración autoinculpatorio ante el Ministerio Público.

Esta tendencia es una auténtica tragedia nacional porque además del sufrimiento físico inmediato que provoca a las víctimas, las consecuencias psicológicas son duraderas y frecuentemente se incurre en afectaciones a la salud, permanentes o difíciles de revertir. No hay una política de Estado que considere la dimensión psicosocial del fenómeno.

No debemos olvidar que para las víctimas de los casos que han ameritado sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la tortura ha sido un denominador común. A pesar de ello, ha sido nula la actuación del gobierno mexicano contra los torturadores por estas acciones como tales.

Después de una profunda discusión en la Comisión de Derechos Humanos, vimos con beneplácito que se plasmen algunos avances a esta ley federal tales como incorporar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar visitas y supervisiones de acuerdo a su función constitucional.

Añadir, como objeto de la ley, la erradicación de la tortura, no sólo la prevención y la sanción. Adecuar, de acuerdo a las convenciones internacionales, el concepto de tortura a los métodos que pretendan anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia. Establecer que la investigación y persecución del delito de tortura se ejerza de oficio.

La propuesta que hoy se pone a discusión, sin embargo, es insuficiente, en particular señalaré, primero, porque es parcial, porque el bien jurídico a tutelar es la dignidad e integridad de la persona tanto física como síquica.

La tortura no puede limitarse a un delito circunscrito a la función pública. Mientras no se modifique el Código Penal Federal en los artículos 215 y 225, se seguirá considerando la tortura como un subtipo de delito de abuso de autoridad y como delito contra la administración de justicia.

En segundo lugar, no atiende el señalamiento recurrente para obligar a la realización de exámenes médicos y peritajes imparciales y exhaustivos que puedan ser realizados por médicos y peritos independientes para las víctimas de tortura.

Tercero. A pesar de que se corrigió una falla de la iniciativa original y de la minuta en que se confundía la tipificación de la tortura con la de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, tenemos el reto de una tipificación específica para que estas otras prácticas puedan ser erradicadas.

Cuarto. Está pendiente un apartado para la investigación y sanción adecuadas para el servidor público que incurra en encubrimiento de la tortura. En la mayoría de los casos de tortura se pueden detectar prácticas sistemáticas que implican a una cadena de funcionarios, tales como la modificación de un expediente, la fabricación o desaparición de pruebas o la presión para alterar un examen médico.

Quinto. Se requiere sancionar los casos en que el uso legítimo de la fuerza se ejerza de manera desproporcionada como tortura o como trato cruel, inhumano o degradante.

Sexto. No hay avance para que la carga de la prueba recaiga sobre el presunto torturador, como ha recomendado el CAT, y que la víctima se libre de dicha carga.

Estas disposiciones son urgentes y son parte importante de las diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo ocurrido en los casos de los campesinos ecologistas y de Inés Fernández y Valentina Rosendo.

Es innegable, finalmente, que hay algunos avances en el proyecto de dictamen; sin embargo, es necesaria una reforma más amplia para cumplir plenamente con el mandato de las Convenciones Interamericanas y de Naciones Unidas, y atender las recomendaciones del CAT, trabajo que nos comprometemos a realizar próximamente. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra el diputado Carlos Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Con la venia de esta asamblea, y la digna conducción de nuestro presidente. Compañeras y compañeros diputados.

El dolor es un mecanismo de protección del organismo humano para advertir que hay una amenaza en su integridad, pero el dolor infringido intencionalmente por un ser humano a otro, con el fin de obtener algo a cambio o simplemente generar sufrimiento, es el horror más grande que puede haber en este mundo. No sólo ataca directamente a la integridad, sino que viola y toca las más sensibles fibras de algo mucho más que lo físico, ataca en su esencia la dignidad de la persona humana.

Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo con nuestra Norma Fundamental, en el Estado mexicano se encuentra prohibida la tortura y cualquier violación a dicho mandato debe de ser sancionada severamente por nuestra legislación penal.

Es así como nuestro país establece la obligación a las autoridades mexicanas de respetar la dignidad de las personas prohibiendo la comisión de cualquier conducta que dañe la integridad de una persona y afecte lo previsto en los tratados internacionales en que México es parte.

Hay muchos tratados al respecto. Destacan el Tratado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

En México, la ley que sanciona la tortura fue publicada en el año de 1991 y reformada por última vez en enero de 94. Dicho lo anterior, celebramos la aprobación de este dictamen porque se actualiza su contenido, sobre todo en el entorno en donde ahora nos encontramos, en donde hay estado de fuerza en grandes partes de nuestro territorio. Por ello fue necesaria la actualización del marco jurídico que regula la vigilancia y protección de los derechos humanos en nuestro país en el tema de la tortura.

En efecto, en el 2011, en materia de derechos humanos se ha dado pie a la expedición de nuevas leyes así como la actualización de disposiciones como es la presente ley, a efecto de ajustar su contenido de manera tal que garantice la protección de las personas y que ésta sea debidamente garantizada.

El dictamen, compañeras y compañeros que aquí se discute, establece como objeto de la ley además de la prevención, la sanción –algo importantísimo-, la erradicación total de la tortura en México. No más tortura en México, no nos podemos permitir que esto suceda por ningún motivo.

Las reformas propuestas establecen que los órganos dependientes del Ejecutivo federal relacionados con la procuración de justicia, los órganos de seguridad pública y seguridad nacional, deberán llevar a cabo programas permanentes para prevenir y erradicar la tortura, y establecen procedimientos para prohibir el empleo de la tortura hacia toda persona sometida arresto, detención, prisión o simplemente por maldad humana.

De igual manera, y toda vez que nuestra Norma Fundamental establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, es que se destaca la facultad que se le otorga a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de realizar visitas y supervisiones.

En el rubro de sanciones destaca que la presunta comisión de los delitos previstos en esta ley se investigarán y perseguirán de oficio. Se aumentan las sanciones de prisión y multa, así como también se prevé la inhabilitación permanente del servidor público para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.

De esta manera, compañeras y compañeros, considerando las ventajas que conlleva la aprobación de este dictamen para la protección de las personas, Acción Nacional votará a favor del mismo y así los insto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra el diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Rodimiro Barrera Estrada: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, el dictamen que hoy nos ocupa da cuenta de los avances que México ha tenido en materia de los derechos humanos, y desde luego de los retos que tenemos frente a nosotros.

El consenso alcanzado en el seno de la Comisión dictaminadora y que sin duda alguna tendremos en estos momentos, es reflejo claro de que tenemos hoy una manera distinta de concebir e interpretar el derecho.

El Grupo Parlamentario del PRI, en palabras de Bobbio, entiende que el problema de fondo relativo a los derechos humanos no es justificarlos, sino crear las condiciones para su pleno ejercicio y protegerlos. La asignatura pendiente es, por tanto, su puesta en práctica y su cumplimiento. Estamos claros que toda persona que vive en sociedad consecuentemente no sólo se relaciona con el Estado, sino también con otros individuos y grupos.

La toma de conciencia de esta realidad ha hecho que el tema de los derechos humanos hoy se plantee a nivel de los poderes de la sociedad civil, porque los seres humanos deben de ser libres, no sólo frente al Estado, sino ante la sociedad.

Por ello, es relevante adecuar la legislación a la realidad y exigencias actuales. La ley no sólo cumple una función coercitiva, sino que también es orientadora de conductas, es educativa, y por tanto, constructora de una nueva cultura.

Qué es la democracia sino la vigencia de los derechos humanos. Derechos imprescriptibles, no discriminatorios, omnicomprensivos, universales, inalienables, y lo más importante, derechos que son para todos y que cuya defensa y garantía trasciende ideologías, fronteras e individuos, ya que son un bien jurídico que pertenece a la comunidad internacional y al propio ser humano por el simple hecho de serlo, de ahí la importancia de las reformas que hoy discutimos.

El Estado de derecho, los límites en el Estado y el desarrollo de los mismos, son precisamente lo que nos dan esas garantías. Estado de derecho que tenemos que buscar y construir día a día, porque ello implica garantizar la seguridad democrática de los ciudadanos.

Hablar de los retos y desafíos de los derechos humanos en México, es referirse a la posibilidad de llevar a cabo una reingeniería estructural del andamiaje institucional y legal, que toque la médula de los sistemas jurídicos, políticos, económicos y social del país.

Una reingeniería, como bien lo señalaron ya Luigi Ferrajoli y Gerardo Pisarello, donde el análisis supere cuestiones tales como el estatuto científico de la teoría del derecho, sus pretensiones normativas o simplemente descriptivas y neutrales, o los límites en general del lenguaje jurídico como objeto de la formulación lógica y análisis riguroso, para dar paso a un modo más amplio de las potencialidades de los derechos como un vehículo de paz, igualdad y protección de los más débiles, sus posibles mecanismos de tutela y garantía, sus relaciones con la economía y la política, y por tanto, con el mercado y la democracia, y su atribución a las personas en lo general.

Construir los derechos humanos sobre la ideología del humanismo es una noble tarea de gran calado que requiere de una voluntad férrea, cuya magnitud sea capaz de ir más allá a las luces intelectuales, y mucho más lejos que los esfuerzos gubernamentales, en la idea de hacer del respeto de los derechos humanos, una forma cotidiana de vida.

Legislar para prevenir, sancionar y erradicar la tortura, y otros tratos y penas crueles inhumanos o degradantes, es en primera instancia un acto de lealtad con nuestra especie. La norma se convierte así en un postulado que nos obliga a realizar una pausa en el camino, es el lente que nos permite ver al otro. Es la voz de nuestros congéneres dispuesta a penetrar las conciencias del mundo.

Cualquiera que sea el asidero filosófico, el humanismo en el siglo XXI ha cobrado nueva vigencia al igual que los derechos humanos. Ya desde el siglo pasado la búsqueda de una ideología nueva, mejor acabada, menos rebuscada y mayormente enfocada al ser humano hoy parece ser la única opción posible, de ahí la necesidad de ser consolidado como una ideología que nos permita tener un denominador común, una nueva ética universal de convivencia.

Por ello, nuestro grupo parlamentario votará a favor de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Concluida la ronda de posicionamientos está a discusión el dictamen e informo a la asamblea que me ha solicitado el uso de la tribuna el diputado Ricardo Monreal, que es el autor de la iniciativa de la minuta que hoy discutimos y también la diputada Roxana Luna, que hará una propuesta de modificación. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Muchas gracias, ciudadano presidente, ciudadanos legisladores. Me da mucho gusto que hoy se esté discutiendo esta minuta con proyecto de decreto que modifica distintos artículos de esta ley tan importante, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Soy autor de esta iniciativa. La presenté hace casi un año, la presenté en el Senado en marzo de 2011 y esta iniciativa de la cual han hablado bien quienes han fijado su posición política, me alegra que ahora llegue a feliz término porque somos cámara revisora, y de aprobarse iniciará su vigencia de inmediato.

¿Qué propuse en aquella iniciativa? Propuse, entre otras cosas, lo recuerdo muy bien, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos estuviera facultada para realizar las visitas y supervisiones que considere pertinentes, a fin de denunciar los actos y evitar los mismos actos de tortura en el sistema penitenciario y de reinserción social del país. Pero también agregué, así como los órganos de procuración de justicia del país.

¿Por qué lo planteaba en este artículo 2 Bis en ese momento? Ustedes recordarán las fugas masivas de reos, pero también las investigaciones que de ahí surgieron sobre la multiplicidad, sobre todo de violación de derechos humanos.

Quiero felicitar a la presidenta de la comisión porque hizo un trabajo eficaz, y a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos porque es un paso importante para erradicar y evitar la tortura, también se aumenta la sanción para aquellos funcionarios públicos que incurren en este delito y que establece la inhabilitación política.

Pero, además, una cosa importante, se eleva a categoría el delito de tortura a oficial, porque a partir de ahora todos los delitos sobre tortura cometidos en distintos rubros serán perseguidos de oficio e investigados de oficio.

Pero también quiero resaltar que aclara una confusión que mucho se discutió en aquel momento sobre la propia tortura, pero también sobre una confusión que existía sobre el trato o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se aclara en el texto que está en discusión para que no se genere un problema de interpretación, y sobre todo para estar al tono del derecho internacional.

Quiero felicitar también, y lo hago extensivo, a los secretarios técnicos de las comisiones, que son quienes arrastran el lápiz con la conducción y orientación de los presidentes y los secretarios. Pero el texto de la exposición de motivos es bueno, me parece que hicieron un esfuerzo junto con su presidenta y sus secretarios.

Les referiría simplemente que hubieran acudido más al derecho internacional, porque en el mundo los derechos humanos están considerados como la columna vertebral de todo un sistema democrático, de todos los sistemas democráticos del mundo, incluso en otros países va mucho más avanzada que el nuestro en esta materia. Y el hecho de que se haya modificado la Constitución –termino– hace apenas unos meses en el artículo 1o. constitucional es derivado de esto. Creo que hicimos bien.

Como autor o coautor –porque hubo otros dos compañeros del PRD, García Zalvidea, si mal no recuerdo, y un senador de Chiapas, los tres fuimos autores de distinta manera– me alegra que hoy llegue a su feliz término esta iniciativa. Y agradezco que al menos en esta materia coincidamos. Ojalá y hubiese más coincidencias. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Roxana Luna Porquillo, del PRD, para presentar una propuesta de modificación.

La diputada Roxana Luna Porquillo: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Pues en la propuesta, como lo planteó mi compañera, coincidimos en la general. Y la idea de hacer uso de la tribuna es para ampliar sus alcances y fortalecer su aplicación de ésta.

Lo que nos preocupa es que la tortura no se investiga y no se sanciona a pesar de su gravedad. Como ya se dijo, en el sexenio de Felipe Calderón no hubo una sola condena por tortura.

El objetivo de modificar el párrafo final del artículo 3o. —que es la propuesta que hago— es para obligar a que la tortura se investigue de oficio, incluso cuando se ocurra en conjunto con otros delitos, incluyendo la figura de concurso contemplada en la legislación.

El artículo 18 del Código Penal Federal define que existe concurso ideal cuando una sola conducta se comete en varios delitos. Existe concurso real cuando la pluralidad de conductas se cometen varios delitos. Así se aplicaría el supuesto del artículo 64 del mismo Código para que el concurso ideal se imponga en la pena mayor, y en el caso del concurso real se impongan las penas previstas por cada uno de los delitos cometidos.

Tenemos que recordar los múltiples casos de tortura contra los integrantes de los movimientos sociales o partidos opositores. Se ha acreditado una inmensa cantidad de casos de tortura durante la guerra sucia: en interrogatorios, en actos de intimidación o para que las personas se autoculparan.

A pesar de que la tortura no se erradicó después de este periodo en este sexenio; su práctica ha aumentado como se reconoce en las observaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, sobre todo en las secciones contra el crimen organizado y en las prácticas para anular los movimientos sociales.

Tenemos que recordar el caso de Jethro Ramses, un joven inocente secuestrado por los policías de Cuernavaca, Morelos, y entregado por elementos del Ejército, caso sobre el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha adoptado decisiones trascendentes.

Jethro fue torturado no solo con golpes, le rociaron ácido en distintas partes del cuerpo. Después del suplicio lo llevaron a los alrededores de Atlixco, Puebla, donde fue enterrado vivo y se comprobó que murió por asfixia.

Resalta que en este caso no se alega la tortura, sino la desaparición y el homicidio por parte de los elementos militares. El mayor problema es que al investigarse, no se da claridad al tema de la tortura, como si no existiera. Es necesario que se vea como un fenómeno particular, con consecuencias graves, a veces permanentes para las personas que lo sufren.

Un ejemplo reciente es el caso de cuatro civiles torturados por elementos del Ejército en junio de 2009, en la ciudad de Tijuana. Uno de ellos vio severamente deteriorado su sentido del oído; dos de ellos sufren daños incurables en la mandíbula; otro de ellos tiene una grave lesión cervical debido a los golpes propinados con las culatas de las armas; ninguno de ellos ha recibido atención médica, porque no se ha reconocido y se ha atendido la tortura como tal.

A menudo los golpes del cráneo, los choques eléctricos o los ahorcamientos provocados por daños neurológicos irreversibles, y qué decir de las consecuencias psicológicas; muchas víctimas viven en el recuerdo del sufrimiento, además del miedo a padecer un gran daño por sí mismas. La tortura fácilmente involucra a círculos viciosos. ¿Por qué tener que sufrir represalias? Porque a veces se prefiere callar antes de repetir esta trágica experiencia.

Por todo lo anterior, si queremos erradicar la tortura es necesario erradicar el encumbramiento que realizan Ministerios Públicos, agentes investigadores, jueces y demás funcionarios. Sólo así se podrá someter a proceso y castigar a quienes cometan ese aberrante delito.

Esperamos que este pleno de la Cámara pueda aprobar esta adición para dar un firme compromiso a erradicar la tortura. Hago en este momento entrega de la propuesta al artículo 3o. de esta reforma. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría dé lectura a la propuesta de adición presentada por la diputada Roxana Luna y que, inmediatamente después de darle lectura, pregunte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Artículo 3o, último párrafo. Los delitos previstos en esta ley se investigarán y perseguirán de oficio aun cuando se cometan en concurso con otros delitos, para lo cual se aplicará la regla correspondiente prevista en el capítulo quinto del título primero del Código Penal Federal.

En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión. En consecuencia y en razón de que no hay tampoco artículos reservados, voy a pedir a la Secretaría que ordene la apertura del sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se les informa, señoras y señores diputados, que queda menos de un minuto para que emitan su voto. Una vez cerrado el sistema ya no se aceptará ningún voto. Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Señor presidente, se emitieron 443 votos en pro y ninguno en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. Adelante con el primero, por favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: De la Comisión de Derechos Humanos. Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a la brevedad publique el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de esos Delitos.

Segundo. Se exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a armonizar su legislación con base en este mismo ordenamiento jurídico.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 28 días del mes de noviembre del 2012.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a discusión. Tiene el uso de la voz el diputado Gabriel Gómez Michel.

El diputado Gabriel Gómez Michel: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: como ustedes saben, México es parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo y de su Protocolo para Prevenir, Suprimir y Sancionar la Trata de Personas, desde marzo de 2003.

La trata de personas es un delito complejo en el que intervienen diversos factores, cuya comisión es de tracto sucesivo, ya que el mismo se perpetúa en un tiempo en una cadena de conductas ilícitas en las que intervienen diversos actores que lesionan un conjunto de bienes jurídicos que conforman el núcleo esencial de derechos humanos de las víctimas. Por lo anterior, para esta soberanía es y ha sido trascendental la erradicación de este delito.

El pasado 14 de julio del presente año fue promulgada la nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de esos Delitos. También se aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Policía Federal, de la Ley General del Sistema Nacional del Seguridad Pública.

Cabe recalcar que esta ley fue producto de un esfuerzo legislativo importante y que la misma tiene como parte de sus objetivos el brindar un marco jurídico adecuado para la investigación y sanción de este delito, así como la efectiva atención de las víctimas.

Asimismo, su artículo 4 transitorio establece que el Ejecutivo federal contaba con 90 días a partir de la publicación de la ley para emitir el reglamento de la misma; sin embargo, a más de 100 días de la promulgación de la ley no se ha cumplido lo establecido en dicho precepto.

En adición a lo anterior, el artículo 10 transitorio de esta ley también señala que los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas a fin de armonizar su legislación con lo establecido en la nueva ley.

Compañeras y compañeros legisladores: en virtud de lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos de la cual soy integrante coincide plenamente que para dar plena vigencia a lo establecido en la ley citada resulta fundamental que el Ejecutivo federal, los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cumplan con lo establecido en la misma y en este sentido consideramos necesario que se publique a la brevedad el mencionado reglamento y que se haga el respectivo exhorto a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a efecto de que armonicen su legislación con base en el mismo ordenamiento jurídico.

Es por lo anterior que le solicitamos su apoyo a efecto de aprobar el presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Malú, tiene usted el uso de la voz.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): ¿Desde la tribuna?

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues donde usted quiera, con mucho gusto.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, celebramos de verdad que todas y todos apoyen este punto de acuerdo donde se exhorta al Ejecutivo a publicar el Reglamento precisamente de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas, y para la protección y asistencia a las víctimas de este espantoso delito.

México es un país de origen, de tránsito y de destino de víctimas de trata de personas, con ganancias cercanas a los 28 millones de dólares en beneficio de 47 organizaciones criminales.

Durante 2010, la mayoría de las víctimas de trata identificadas en México eran de Chiapas, de Veracruz, de Puebla, de Oaxaca y de Tlaxcala. Curiosamente estados que tienen un índice de desarrollo humano bajo.

La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, es la actividad a través de la cual una persona obtiene o mantiene trabajos o servicios realizados por otra persona a través de medios forzosos, a través de la amenaza, de la coacción.

Después del negocio de drogas y armas, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más redituable. La suma de las violencias como la social, la física, la económica, son las precursoras de este delito.

Por eso la trata de personas es la violación sistemática de todos los derechos humanos sobre una sola persona. Hay diversas formas de trata. Por eso los servicios forzados pueden llevarse a cabo a través de la servidumbre involuntaria, de la esclavitud, de la trata con fines de explotación sexual y, por supuesto, del endeudamiento y explotación laboral.

Quienes realizan este delito aprovechan las condiciones de vulnerabilidad de mujeres, de niñas, de niños, de pequeños, de personas con discapacidades, de migrantes, de trabajadores informales, de población joven o de población analfabeta.

¿Y en qué consiste? Consiste en ofertar personas, en demandar servicios a los cuales son obligados a realizar.

La impunidad fomenta este delito para que se mantenga en la invisibilidad. Este país, y el Ejecutivo debió de haber publicado el Reglamento desde el 14 de septiembre, y por tanto ya pasaron esos 100 días y no lo ha hecho.

Por ello, necesitamos exhortar a que este nuevo gobierno no deje en saco roto la publicación de este reglamento, porque las observaciones de la CEDAW, de ONU Mujeres, han sido precisamente que se observen estas recomendaciones para que los Estados parte, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, hagan un a organización en todos sus estados, incluyendo el Distrito Federal, para que la Ley en todos los estados que se ha acordado en este Senado y en esta Cámara de Diputados, se aplique a todos los estados y se armonice.

Por ello, agradecemos y pedimos su voto a favor de este exhorto al Ejecutivo para la publicación del reglamento.

No más violencia contra las niñas y los niños, no más trata de personas, no más esclavitud en este país. No más tráfico de órganos ni trabajos forzados de niños y niñas o mujeres engañadas que se van a Taiwán o que se van a lugares extranjeros, y son engañadas y son esclavizadas y son víctimas de la trata de personas.

Agradeceremos su voto a favor para aprobar este punto de acuerdo, y agradecemos también a la Comisión que ha presentado afirmativamente este punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, Malú. Doña Zuleyma Huidobro.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor presidente. El día de hoy nos ocupa uno de los temas que sigue lastimando y deteriorando a nuestra sociedad. La trata de personas es un problema mundial que afecta a más de 2 millones y medio de personas, especialmente a niños y mujeres por ser ellos uno de los segmentos sociales más vulnerables y por lo tanto, sujetos a ser violentados en sus derechos humanos y en su desarrollo integral, de manera sistemática.

Otro sector vulnerable es el de los migrantes, los cuales en su paso hacia los Estados Unidos son víctimas de violaciones, torturas, vejaciones por parte del crimen organizado y de las propias autoridades migratorias. De tal magnitud son los procesos de vulnerabilidad en nuestro país, que México ocupa el primer lugar en el número de abusos a las garantías elementales de los migrantes.

Según datos de la Red Nacional de Refugios, se han detectado en México por lo menos 47 redes delictivas dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual. La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe informó que México ocupa el tercer lugar en trata de personas en América Latina y el Caribe, además de constituirse como zona de origen, tránsito y destino de este ilícito.

Cada año, en México más de 20 mil niños son víctimas de la explotación sexual originada por la trata de personas, y 85 mil son utilizados en actos de pornografía. Las entidades donde se reporta mayor incidencia de trata de mujeres y niñas son: Baja California Sur, Nuevo León, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Quintana Roo, Distrito Federal, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, estado de México, Tabasco, Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Jalisco, Zacatecas y Morelos.

En el caso del Distrito Federal, desde 2008, se cuenta con una Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil, pero lamentablemente, como en otros casos, se carece de una base de datos confiable y que dé cuenta de la magnitud del delito.

Según datos del segundo informe respecto de los derechos humanos en materia de trata de personas con fines de explotación sexual en el Distrito Federal, del observatorio contra este delito señala, que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de diciembre de 2010 a noviembre de 2011 registró 49 consignaciones en materia penal por trata de personas, 32 de ellas con detención y 17 sin ella. Asimismo, resolvió 24 sentencias condenatorias y 25 absolutorias.

Como legisladores, tenemos el compromiso con la sociedad para que se atienda de manera integral el problema de la trata de personas, por lo tanto, debemos exigir la publicación inmediata del Reglamento de la ley en comento como primer paso, ya que para que se pueda atender de manera integral este problema en nuestro país, necesitaríamos la colaboración de los tres órdenes de gobierno, y que los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal armonicen su legislación con base en este mismo ordenamiento jurídico, a efecto de enfrentar de mejor manera uno de los delitos más deleznables, que sin duda representa la esclavitud actual.

Los diputados de Movimiento Ciudadano consideramos importante que el Ejecutivo federal atienda esta solicitud al Congreso de la Unión, por considerar que ya se cumplieron los tiempos establecidos para la publicación del Reglamento.

Derivado de lo anterior, votaremos a favor de este punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, a usted. El Reglamento de la Cámara establece para estos casos solamente a alguien que fundamente y un orador en contra y uno a favor, sin embargo vamos a darle el uso de la palabra a doña Loretta Ortiz Ahlf.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Le agradezco, señor presidente. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Convención de Viena contra el Crimen Transnacional Organizado establece que los cuatro crímenes internacionales más graves que se realizan en la comunidad internacional son: el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y el tráfico de migrantes.

A raíz de esta Convención precisamente se celebraron otros dos protocolos adicionales, que son el Protocolo Adicional de Nueva York sobre Trata de Personas y el de Palermo sobre Tráfico de Migrantes.

Para precisamente combatir estos crímenes internacionales, no son simples delitos, crímenes, la pasada legislatura aprobó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como otros ordenamientos cuyo propósito central es el combate a la trata de personas.

El decreto en cuestión fue promulgado el 13 de junio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de este año. Y en el artículo transitorio cuarto se estableció un plazo de 90 días para que el Ejecutivo federal emitiera un reglamento de la misma. Dicho término empezó a correr a partir del 15 de junio y a la fecha han transcurrido 90 días.

Asimismo, en el transitorio décimo se mandata a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal las adecuaciones correspondientes a sus leyes locales para armonizarlas con la legislación federal recientemente aprobada.

La razón de que se exhorte a través de este acuerdo tanto al Ejecutivo como a las Legislaturas locales el que emitan, en su caso, las leyes locales correspondientes o el reglamento, es precisamente porque no se puede dar una debida aplicación a la ley, hasta en tanto no se den las reglas adecuadas para que puedan actuar las autoridades.

De no acordarse o aprobarse este punto de acuerdo seguiremos teniendo, desgraciadamente, la trata de personas como un acontecimiento; por increíble que pueda parecer no es esporádico. Se puede decir que es una violación sistemática de derechos humanos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los resolutivos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría con el encabezado del siguiente dictamen.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: De la Comisión de Derechos de la Niñez, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud, de Educación Pública, de Desarrollo Social y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia desarrolle acciones inmediatas con el fin de prevenir, proteger y atender de manera integral el maltrato infantil.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra don Alberto Anaya.

El diputado Alberto Anaya Gutiérrez: Compañeras y compañeros legisladores, con permiso de la Presidencia. Indudablemente que el Partido del Trabajo siempre ha estado a favor de la atención de la primera infancia. No solamente con acciones sino también para combatir graves omisiones.

En esa perspectiva estamos nosotros apoyando el punto de acuerdo presentado por el compañero de Movimiento Ciudadano, el compañero diputado Ricardo Mejía Berdeja, en relación a hacer una exhortación al Ejecutivo federal, para que –por conducto de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia– se desarrollen políticas y se desarrollen acciones que permitan proteger, atender de manera integral y evitar el maltrato infantil.

Hay cifras preocupantes. Según estudios realizados en este país los niños de uno a 14 años, el 60 por ciento, son víctimas de maltrato infantil. Maltrato infantil que proviene sobre todo de las familias, de los padres; y en algunas ocasiones y lugares alejados de las propias escuelas, de maestros que todavía tienen procedimientos que ya debieran ser superados y que todavía toman el maltrato y el castigo como un mecanismo del sistema pedagógicos anacrónicos.

En esa perspectiva este asunto tiene que ir acompañado de un programa dirigido a atender una educación a los padres para que este tipo de prácticas se destierren. Pero sobre todo hay que tomar en cuenta que el maltrato infantil no nada más es por acción, a veces lo más grave es por omisión.

Es decir, el niño enfermo que no se le atiende, el niño que trae alguna disfunción tanto mental como física –que también es objeto de descuido– y sobre todo y lo más grave, la omisión a veces de proveer alimento suficiente, pertinente y nutritivo son acciones pues de omisión, en donde también ahí estas dependencias pueden coadyuvar con programas concurrentes que permitan que ese tipo de situaciones puedan ser desterradas de una vez y por todas.

Estamos también insistiendo que esto forma parte de la atención a primera infancia que debe ser prioritaria en nuestro país. Invertir en la infancia se ha dicho y con razón es fundamental. Se afirma que infancia es destino; se afirma con razón también que los niños son el futuro de un país.

Niños que no son atendidos en su nutrición, que no son atendidos en su salud, que no son atendidos en su formación educativa, que son todavía objeto de maltrato en materia de acciones y omisiones, van a generar una proyección de futuros ciudadanos que van a estar fuertemente afectados y que van a tener consecuencias psicológicas y físicas, y esas situaciones no son positivas para el país.

Proteger en todos los ámbitos a la primera infancia debe ser una prioridad de los mexicanos y particularmente de estas dependencias federales. Por eso aprovechamos para hacer el exhorto de que no nada más apoyamos este punto, sino solicitar también a todos los legisladores que pongamos atención en fortalecer presupuestalmente todos los programas que tengan que ver con la primera infancia.

En esa perspectiva estaremos a favor del punto de acuerdo presentado por el compañero diputado Mejía, porque consideramos que es de alta prioridad para el país, es alta prioridad para los niños y es alta prioridad para el futuro de México. El Partido del Trabajo se manifiesta a favor de este punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña Lizbeth Gamboa, del PRI, tiene el uso de la voz. ¿Está doña Lizbeth?

La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song: Muy buenas tardes, honorable asamblea. Con su venia, señor presidente.

La Convención sobre los Derechos de los Niños del día 20 de noviembre de 1989, establece como norma fundamental para guiar y seguir los trabajos de todos los gobiernos que se ciñan a esta norma internacional, privilegiar siempre el interés superior de los menores.

Bajo ninguna circunstancia entonces, se privilegia el interés superior de los menores cuando se les maltrata; y no solamente cuando se les maltrata en lo físico, sino cuando por ejemplo, se les maltrata en lo psicológico y se les maltrata cuando se les hace simplemente invisibles.

Se les maltrata en lo psicológico cuando los padres o los adultos los hacemos árbitros en una problemática de divorcio, de patria potestad o de custodia, poniéndolos en medio de nuestras discusiones y trayéndolos al marco base de una negociación, permitiéndoles que crean o que piensen que son materia comerciable o de mercado.

Se les maltrata cuando se les hace o se les considera invisible, porque creemos erróneamente que los adultos no necesitan de nuestro tiempo o de nuestra atención y simplemente los hacemos invisibles por pensar que estos pequeños al tener económicamente satisfechas sus necesidades, desafortunadamente tienen satisfechas sus necesidades emocionales.

Se les maltrata a los menores cuando no prestamos atención a sus quejas, cuando viven alguna problemática al interior de sus escuelas, como por ejemplo el ya abordado en esta tribuna bullying y que tristemente ha ya tomado vidas en nuestro país.

El Grupo Parlamentario que represento, el del Partido Revolucionario Institucional, se suma a esta proposición porque consideramos que la niñez debe de ser el centro de todos los intereses de los gobiernos; debe de ser fundamentalmente el centro de la vida de toda sociedad. Sin niños que no son educados, que no son amados, que no son oídos, ¿qué futuro puede tener México?

Si las autoridades de gobierno como lo son la Secretaría de Educación Pública, como lo son los Sistemas Nacionales o Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, como lo es incluso la Secretaría de Salud, no ponemos todo nuestro empeño para asegurar que estos menores dejen de ser invisibles, se vuelvan visibles y sean amados y cuidados y erradiquemos con ello el maltrato infantil, ¿entonces de qué serviría el trabajo que hacemos aquí?

Yo los invito a todos ustedes a hacer una pequeña reflexión y, con estas palabras, reitero que mi grupo parlamentario votará a favor de esa iniciativa. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Gerardo Villanueva.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero empezar esta intervención felicitando con mucha sinceridad al diputado Ricardo Mejía Berdeja, quien es autor de esta iniciativa, porque estamos en esta Legislatura también para ser voz de quienes no la tienen y que son un pilar en nuestra sociedad, como son las niñas, los niños y los adolescentes.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, recibió el año pasado 59 mil 186 denuncias de maltrato infantil; pero de esas, sólo poco más de la mitad, 33 mil 994 casos, se pudieron comprobar y únicamente 4 mil 656, el 10 por ciento, se presentaron ante el Ministerio Público.

La edad de incidencia máxima, tanto en niñas como en niños, de abuso, suele darse entre los 6 y los 12 años. Si a esa incidencia le añadimos situaciones de índole cultural, geográficos e incluso legal, hay entidades en que la violencia sexual contra los niños ni siquiera se considera un delito.

El daño social e individual se incrementa de forma alarmante. Datos del INEGI indican que en México viven 39 millones de niños, niñas y adolescentes de cero a 17 años, que es el universo que es proclive a este tipo de maltratos.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advierte que 150 millones de niñas, y 73 millones de niños, han sido víctimas de alguna forma de abuso sexual antes de cumplir 18 años de edad.

Qué bueno que esta Cámara de Diputados se pronuncie a favor de este punto de acuerdo y quiero decir que por la naturaleza del mismo punto y por ser de quien es autor esta proposición, los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, votarán a favor de esta propuesta.

Quiero aprovechar la tribuna, por último, para hacer un reconocimiento también a la diputada Verónica Juárez Piña, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, y a las diputadas que forman parte -sobre todo son mujeres nuestras compañeras diputadas- que forman parte de esta comisión, porque gracias a la dirección que nos ha dado la diputada Verónica, hemos logrado que todas las opiniones cuenten; que el debate se dé en un ambiente muy favorable y creo que va a rendir muchos más frutos ese trabajo que viene haciendo la compañera al frente y obviamente con todas las integrantes de los diferentes partidos políticos. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Muchísimas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobados, comuníquense.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo de la Comisión de Derechos de la Niñez.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: De la Comisión de Derechos de la Niñez por el que se exhorta al Ejecutivo federal garantice la aplicación del artículo 4o. constitucional con la finalidad de que en los programas se cumpla con el principio del interés superior de la niñez.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por la Comisión, para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la voz la diputada Beatriz Juárez Piña, hasta por tres minutos.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Muchas gracias. Compañeras y compañeros diputados: en principio por supuesto agradecer las palabras que exteriorizó hace unos segundos mi compañero diputado Gerardo, quien también forma parte de esta Comisión de los Derechos de la Niñez, y por supuesto extender este reconocimiento a todas las diputadas, a él mismo, al diputado Anaya por el trabajo que hemos venido desempeñando en esta Comisión de los Derechos de la Niñez, que ha votado ya un punto de acuerdo.

El siguiente punto de acuerdo tiene que ver con exhortar al Ejecutivo federal para garantizar la aplicación del artículo 4o constitucional con la finalidad de que en los programas se cumpla con el principio del interés superior de la niñez.

El principio del interés superior de la niña o niño en nuestro país se entiende como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente con el máximo de bienestar posible.

El artículo 4o constitucional precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado éste velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, difusión, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

La reciente reforma constitucional publicada el 10 de junio del 2010 contiene, en su artículo 1o el principio de la convencionalidad en el sentido de que los convenios internacionales de los que México es parte se encuentran por encima aun de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal es el caso de la Convención de los Derechos del Niño, que debe de observarse por el Estado mexicano.

Para la Comisión de los Derechos de la Niñez uno de los ejes rectores de su agenda legislativa es asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la incorporación de los recursos suficientes en beneficio de la infancia y la adolescencia en México, para el ejerció fiscal 2013.

Somos conscientes de que México requiere urgentemente de la inversión de recursos federales para la puesta en marcha de políticas públicas eficientes, eficaces y oportunas en beneficio de la infancia y la adolescencia para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos y para promover la equidad.

En la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, específicamente en el Anexo 17 denominado Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, se identifican los recursos por un monto de 598 mil millones de pesos distribuidos en 98 programas, presupuestarios y fondos federales.

Creemos –y creo que ustedes también– que nunca son suficientes los recursos para concretar las acciones concretas y programas a favor de la infancia y la adolescencia. Pero estamos conscientes de que las dependencias públicas federales que van a ejecutar el presupuesto público para la atención de niñas, niños y adolescentes seguramente tendrán que velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena los derechos en condiciones de igualdad.

Asimismo, consideramos que invertir en la infancia es invertir en el desarrollo del presente y futuro de nuestro país. Por ello, invertir en ella de forma equitativa, significa asegurar a todos los niños, las niñas y la adolescencia, las mismas oportunidades de desarrollo enfocándose en forma especial en aquellos y aquellas que se encuentren en mayor desventaja.

Compañeras y compañeros diputados, estamos seguros y seguras que con la etiquetación de los programas presupuestarios reflejados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, para los niños, niñas y adolescentes del país, en el anexo 17, la autoridad federal responsable de la ejecución del gasto deberá asegurar que el presupuesto sea ejercido de forma oportuna y tomando en cuenta los niveles de desigualdad imperantes en nuestro país, sobre todo teniendo presente el interés superior de las niñas, los niños y la adolescencia.

Por tanto, compañeras y compañeros diputados, les solicito a nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez en donde todos votamos unánimemente este punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, le solicitemos que votemos a favor de este dictamen, porque estamos convencidos que es importante exhortar al Ejecutivo federal para que garantice la aplicación del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que los programas se cumplan con el principio del interés superior de la niñez, y con esto los niños y las niñas tengan el derecho de la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral. Es cuanto, gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Muchas gracias, diputada. En pro, tiene el uso de la voz la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Partido de Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. La Convención sobre los Derechos del Niño adopta de forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es el primer instrumento internacional que establece que todas las niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos y que su cumplimiento es obligatorio para todos los países que han firmado, incluyendo México, que la ratificó en septiembre de 1990.

Con la Comisión de Derechos de los Niños y las Niñas, dejan de ser simples beneficiarios de los servicios y de la protección del Estado, pasando a ser concebidos como sujetos de derecho. Al firmar la Convención de Derechos de los Niños y de las Niñas, los países asumieron el compromiso de cumplir cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus leyes a estos principios, colocar a la infancia en el centro de sus agendas a través del desarrollo de políticas públicas y a destinar el mayor número de recursos posibles para la niñez y la adolescencia.

La Convención de Derechos de los Niños y de las Niñas establece que los niños y las niñas y adolescentes, en 54 artículos y dos protocolos facultativos, define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes. El derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas; los malos tratos y la explotación, y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social.

Los cuatro principios fundamentales de la Convención son la no discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo y el respeto por los puntos de vista del niño.

Todos los derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. La Convención protege los derechos de la niñez a estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.

En tanto, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que en todas sus decisiones y actuaciones, el Estado velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Este principio deberá guiar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Por lo tanto, con la etiquetación de los programas del Presupuesto de Egresos de la Federación para los niños y los adolescentes del país, en un anexo presupuestal específico, la autoridad federal encargada de ejecutar el gasto debe asegurar que el presupuesto se ejerza de forma oportuna y tomando en cuenta los niveles de desigualdad imperantes en el país.

Es decir, debe garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los niños y los adolescentes de México.

Por lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se muestra a favor del presente dictamen, ya que para nosotros resulta esencial que las dependencias del gobierno federal que ejecutan acciones o programas presupuestarios a favor de la niñez mexicana, cumplan cabalmente el principio del interés superior de la niñez. Es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. En pro, hasta por tres minutos, tiene el uso de la voz la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para respaldar el punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a garantizar la aplicación del artículo 4o constitucional, que señala: “en todas las gestiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar al diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Pensamos que no debería ser necesario que se exhortara al gobierno federal para que garantice el desarrollo integral y la vida digna de la niñez, puesto que es una obligación de éste. Pero la realidad señala que para lograrlo, es decir, para que puedan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible, es imperativo que el Estado prevea las mejores condiciones materiales y afectivas.

Cualquier intervención temprana debe considerar el entorno social de nuestra niñez y la realidad cotidiana en que vive y crece. La responsabilidad del Estado debe tener en consideración que hoy una gran mayoría de nuestra niñez crece en un entorno social adverso, donde las dificultades materiales y los horarios de sus padres dificultan la atención.

Las condiciones de alimentación y de salud en la familia son complementos ineludibles de la atención que harían posible el derecho a la satisfacción de las necesidades que señalan en el artículo constitucional mencionado.

Queremos señalar que ya desde 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una Declaración de los Derechos del Niño, que consistía en 10 derechos y que no constituía una obligación legal para aquellos países que la firmaran. En el convenio mencionado se describe la gama de derechos que tiene todo niño y establece las normas básicas para su bienestar en las diversas etapas de su vida.

Cada vez sabemos más sobre la relación entre el desarrollo del cerebro humano y el mecanismo biológico que afectan el aprendizaje del comportamiento y la salud del individuo. Los especialistas de la neurociencia y el desarrollo biológico humano centran sus esfuerzos para alcanzar un máximo potencial dentro de los primeros seis años de vida. O dicho de otra manera, los seis primeros años de vida son periodos de desarrollo de vital importancia en la formación del cerebro del niño o niña. Debemos enfocarnos hacia la sana nutrición, la buena salud, la temprana estimulación y la buena actitud desde el prenatal hasta los primeros años de éste.

Hemos querido participar a favor en este exhorto, sustentando las razones por las cuales el Estado deberá tomar en sus manos esta temprana intervención, porque permite tener oportunidades precisas y suficientes para alcanzar un desarrollo evolutivo, óptimo, eficaz en la niñez, porque potencia sus capacidades y habilidades futuras como un medio para romper las desigualdades sociales desde la cuna.

En nuestra opinión, que los aprendizajes oportunos y pertinentes son un derecho de niños y niñas desde antes de que nazcan. Todo lo que se invierta en la educación inicial es un eje central de desarrollo que redituará en mejores beneficios de toda la sociedad. Es cuanto, diputado presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. En pro, por tres minutos, del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Leobardo Alcalá Padilla.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla: Con su permiso, presidenta. Y a nombre del grupo parlamentario que con orgullo represento, el Partido Revolucionario Institucional, quisiéramos hacer el posicionamiento, pero más que un posicionamiento es dar y hacerlos reflexionar sobre la situación que hoy impera en nuestro país y en otros tantos países de Latinoamérica.

México en este momento tiene 3.3 millones de niños en situación de riesgo o en situación de calle. De estos, lamentablemente y así dicho por la Unicef, un millón de niñas y de niños no tendrán una oportunidad prácticamente de nada.

Hoy quiero reflexionar sobre las palabras de Abraham Lincoln, en que decía qué bello es ver nacer a un niño o qué bello es ver nacer a una niña, qué lástima que ésta será la única oportunidad en que estén en igualdad de circunstancias.

Hoy nosotros como legisladores, y felicito a la diputada Verónica Juárez, por la propuesta y la iniciativa que hoy se presenta. Pero más que hacer una solicitud al Ejecutivo sobre recursos económicos debemos hacer un planteamiento de forma para que los niños puedan tener la posibilidad de poderse desarrollar de manera íntegra.

Hoy, por desgracia, cerca del 19 por ciento o más del 19 por ciento, 9 años que tiene cada uno de nuestros niños es la escolaridad promedio que tienen de posibilidades educativas.

Hoy, cuando vemos nacer un tercio de la población, niñas están teniendo niños y la gran desgracia es que estos niños, un tercio de la población, repito, van a rechazar a la sociedad que en este momento los rechaza, desde el seno familiar hasta el seno social.

Hoy por ello queremos reflexionar y ojalá que este tipo de iniciativas, en pro de toda una población, que son quienes menos recursos puedan tener, hoy gracias a nosotros y gracias a las posibilidades que tenemos como legisladores, les podamos dar la oportunidad de poder tener un buen nacimiento, de poder tener una buena educación, de poder tener una buena nutrición. Lamentable que nuestro país sea el primer lugar en obesidad a nivel mundial.

El tener la posibilidad de que puedan desarrollar sus capacidades intelectuales y que las propias escuelas y universidades les puedan abrir las puertas, pero esto no va a ser posible si nosotros no hacemos el esfuerzo de manera presupuestal y también fincar los programas que sean necesarios para el desarrollo social y el desarrollo integral de los niños. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias a usted, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobados. Comuníquese.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo de la Comisión de Energía.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por los que se exhorta al titular de Pemex para que en los procesos de licitación de construcción de su flota privilegie a la industria naval mexicana.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por la comisión, para fundamentar el dictamen en pro, hasta por tres minutos el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros, en mayo de este año se firmó en Santiago de Compostela un documento base afianzando los contratos con los astilleros gallegos. El acuerdo se celebró entre Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex, y Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia.

El último convenio es el que nos interesa en este dictamen, es un convenio en el cual no hay licitación, en el cual no hay transparencia. Y este convenio preocupa mucho porque es un tema en el que puede haber síntomas ineludibles de corrupción por los antecedentes también que ocurren en otros contratos anteriores a este mismo.

Algo que también llama la atención es que tuvimos una reunión con los jubilados de Pemex, muchos ingenieros muy calificados que han sido capaces de construir refinerías, y ellos marcan que sí hay tecnología en México y que sí hay capacidad para hacer trabajos que requiere Pemex, sin embargo a la mano de obra mexicana no se le contrata. y, por el contrario, sí se le da la mano de obra a España cuando está en crisis y el mismo mandatario español declara que le agradece a México porque le está dando la generación de más de 3 mil empleos fijos durante tres años.

Esto es de preocuparse porque haciendo falta empleo en México lo damos a los españoles, sin embargo estamos de acuerdo por este exhorto. Pero pensamos que se quedó corto, que debe también de hacerse una revisión exhaustiva de este contrato que se firmó en Galicia.

Por otra parte, quiero aprovechar el tiempo, presidenta, con tocar otro tema que está ocurriendo en las comisiones.

Resulta que en las comisiones ninguno de los secretarios puede hacer movimientos en cada uno de los rubros del Presupuesto. Y quiero que me escuchen con mucha atención, compañeros, porque aquí vienen dos temas de suma importancia: uno es, que quienes son diputados por elección no van a tener manera de cumplir con sus compromisos en sus comunidades, ya que no va a haber manera de poder meter los proyectos y programas que ustedes se comprometieron en su campaña.

Por otra parte, estando llegando aquí al Congreso, el día de mañana, tenemos la presencia de grupos indígenas que vienen de Guerrero, Oaxaca y de Puebla, a manifestarse porque sus proyectos no van a ser incluidos.

Esto obviamente implica un foco rojo para el país; no solamente son estos estados, sino son todos los estados de la República en donde no fueron incluidos sus proyectos y nosotros como gestores tenemos dos obligaciones: una, legislar; y, por el otro lado, gestionar. Me pregunto, ¿cómo les van a responder ustedes a todos sus compañeros que votaron por ustedes y que no van a poderles dar solución?

Yo quiero preguntarle también al presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, si él está de acuerdo en que no se puedan modificar los acuerdos que tomaron los gobernadores con el presidente de la República.

Señores, somos una Cámara de Diputados de un poder autónomo, no dependemos del presidente de la República y eso es un punto muy importante que no se nos debe de olvidar. Es cuanto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En el uso de la voz, hasta por tres minutos, el diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo.

El diputado José Alberto Benavides Castañeda: Con la venia de la Presidencia; compañeros y compañeros diputados, en México existe la necesidad de evitar el persistente desmantelamiento de la industria interna, sobre todo en los sectores claves del crecimiento como lo es el sector energético.

Es necesario privilegiar en los contratos o convenios a empresas mexicanas y no a extranjeras. Éstas últimas han incursionado en el sector petrolero nacional, sobre todo a partir de la reforma de 2008. Es necesario que el Ejecutivo tome en cuenta las necesidades de creación de empleos directos dentro de nuestro país, como una política de desarrollo indispensable para el crecimiento. Necesitamos recuperar la industria petrolera sin necesidad de reformas que amedrenten las inversiones hechas por mexicanos.

Hace dos décadas Pemex compraba a proveedores mexicanos casi el 70 por ciento de sus productos y servicios; hoy en día es solo una tercera parte. Las utilidades se fugan a países extranjeros, los cuales se han beneficiado de negociaciones que poco han redituado a las cuentas nacionales y lucran a costa de los bienes de la nación.

Tenemos que luchar por la defensa de nuestro patrimonio y ennoblecer la lucha de aquéllos que han defendido el saqueo que hemos padecido durante gran parte de nuestra historia y así mantener viva la esperanza de un México fructífero que defienda el patrimonio de todos y de esa manera alcanzar el progreso que tanto reclaman las clases desfavorecidas.

No podemos permitir que la empresa que ha equilibrado las finanzas de nuestro país se vea perjudicada por una falsa visión de apertura que se ha probado que para el caso del sector energético no es la adecuada para México.

Se han presentado privilegios a las empresas extranjeras en los contratos concedidos sin establecer condiciones de igualdad para las empresas nacionales, evitando requisitos que limiten la participación de los foráneos.

Pemex y la CFE realizan en conjunto adquisiciones anuales por más de 100 mil millones de dólares, que si fueran asignados en su mayoría a empresas mexicanas, ofrecerían un poder de compra que incentivaría la introducción formal y planeada de un agrupamiento industrial generador de empleos dentro del país.

Simplemente al otorgar contratos a los nacionales, el efecto multiplicador y las externalidades positivas se quedarían aquí en México. Pero por desgracia lo que vemos hoy en día es que se han cerrado las adquisiciones de productos y servicios a un reducido círculo de proveedores, es decir, a las grandes empresas de capitales internacionales y unas pocas nacionales.

Es por esto que el Partido del trabajo apoya este punto de acuerdo que tiene la intención de privilegiar a la industria Naval mexicana en los procesos de licitación de la flota de Pemex. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En el uso de la voz hasta por tres minutos, del Partido de Acción Nacional, el diputado Germán Pacheco Díaz.

El diputado Germán Pacheco Díaz: Buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. Compañeros diputados y diputadas, el dictamen que hoy ponemos a consideración de esta asamblea, consideramos que es de suma importancia ya que la iniciativa presentada en el mes de septiembre por el compañero diputado federal del Partido Acción Nacional, el compañero Martín Heredia, destaca que México por su situación geográfica aún se encuentra en proceso de desarrollo de capacidades que le permite la construcción de embarcaciones.

La industria naval es una actividad económica altamente demandante de inversión directa e indirecta; de financiamiento, de tecnología, innovación, de mano de obra calificada y no calificada, así como insumos diversos tales como aceros, maderas y equipos de construcción.

Aquí quiero hacer hincapié que en la comparación que hizo el ex director de Pemex en este punto que acabo de mencionar, donde se le dé oportunidad también a aquellas personas en el avituallamiento, como le llamamos en el término marítimo, que se le dé la oportunidad de que en esas construcciones lleven piezas mexicanas, porque aquí en México, en la construcción, por decirlo, de propelas y aditamentos para los barcos, son de calidad.

Debemos considerar que Pemex por el mes de octubre, con la Secretaría de la Armada, firmó un convenio de colaboración donde la Secretaría de Marina va a ser el inspector o el regulador de esta construcción que aproximadamente estamos hablando entre las 14 y 16 embarcaciones menores.

Quiero decirle al diputado que me antecedió, de Movimiento Ciudadano, que tiene toda la razón con respecto a los ingenieros jubilados de Pemex; no dudamos de su experiencia pero lo he recalcado varias veces diciéndoles que esta reunión que hemos llevado a cabo con los astilleros en México, el problema aquí es la tecnología y el tipo de astillero para embarcaciones mayores. Lo que quiere decir que sí tenemos capacidad y les vuelvo a repetir que va a ser regulado por la Secretaría de Marina, que desde aquí mando una felicitación al secretario de Marina, al almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, que creo que la Secretaría de Marina va a seguir en buenas manos.

Además en cuanto al proceso de renovación de la flota de Pemex-Exploración y Producción, de las cuales 81 embarcaciones serán construidas en un esquema de contratación a largo plazo por un proceso considerado en cinco etapas hasta el año 2018.

La primera inversión estimada es de 600 millones de dólares que ya dio inicio el pasado mes, con una licitación aproximadamente de siete abastecedores.

Aquí quiero hacer mención también que un servidor estuvo presente, que a veces no estamos de acuerdo en esos procesos que se llevan en las licitaciones de Pemex y tenemos que, como diputados, meternos más a fondo en esto porque no tengo duda que la ingeniería o la reconstrucción naval es un detonante para México.

Por ejemplo, estamos hablando de cientos de millones de dólares en esta inversión. Quiero ponerles un ejemplo. En esto no nada más es importante para México retomar la industria naval.

Compañeros diputados, quiero mencionarles que esa no es la Marina Mercante; la Marina Mercante va más allá y hoy no es posible que se tenga un presupuesto de 205 millones de pesos para la Marina Mercante. Nada más quiero decirles que en el año de 1997, cuando por escasa una hora desapareció el Puerto de Altamira, fue un caos a nivel nacional e internacional.

Por eso exhorto al presidente de la República, al secretario de Comunicaciones y Transportes, al secretario de Hacienda, que volteen a ver la Marina Mercante que es la parte fundamental, el motor de México. Muchas gracias, señora presidente.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se consulta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidente.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobados. Comuníquense.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Proceda la secretaría a dar lectura al punto de acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: De la Comisión de Relaciones Exteriores con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las acciones necesarias para dar prioridad al tema migratorio en la agenda bilateral con los Estados Unidos de América.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por la comisión, para fundamentar el dictamen, la diputada Adriana González Carrillo, hasta por tres minutos.

La diputada Adriana González Carrillo: Muchas gracias, presidenta. A nombre de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores quiero dejar constancia de nuestra satisfacción por la presentación de este dictamen y al mismo tiempo pedirles su voto a favor, compañeras y compañeros diputados, para aprobarlo en función de las siguientes consideraciones.

En primer lugar se trata de una proposición oportuna para mantener el tema como prioritario en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, como lo ha estado en los últimos 12 años.

El llamado es a instrumentar acciones y redoblar esfuerzos para persuadir, con pleno respeto a su soberanía e independencia, a las autoridades estadounidenses de la urgencia y la conveniencia mutua de transformar su política migratoria.

Esto con el fin de establecer una ruta de regularización de los trabajadores indocumentados que permita la reunificación familiar, así como lograr el flujo ordenado, legal y seguro para quienes sólo buscan contribuir a la economía y cultura de ese país.

Ante el cambio de administración en nuestro país es de suma importancia fijar una posición de consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados y eventualmente del Congreso en su conjunto para seguir promoviendo, como se ha venido haciendo hasta ahora desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, una reforma migratoria integral.

Con respecto a la jurisdicción y a las decisiones autónomas de las autoridades estadounidenses, pero reivindicando el enfoque de responsabilidad compartida frente a este fenómeno, tenemos que decirles a nuestras contrapartes, los legisladores estadounidenses, que quizá haya llegado el momento de poner al status quo que ni a México ni a los Estados Unidos nos conviene mantener.

En segundo lugar, se trata de una propuesta sumamente pertinente por los tiempos políticos actuales en los Estados Unidos. Luego de la pasada elección en ese país, quedó claro el peso específico que tienen las comunidades latinas en la determinación no sólo de quien ostenta los cargos de elección popular, sino de la agenda en la que deben ocuparse.

La reforma migratoria ha vuelto, tras cuatro años de frustración por una promesa incumplida del Presidente Obama al ubicarse en el centro de la discusión política estadounidense.

Es tiempo de aprovechar esta coyuntura favorable e impulsar las propuestas bicamerales que ante la integración eminente de un nuevo Congreso estadounidense se ha venido haciendo para regularizar a casi más de 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos. Esta atmósfera favorable, muy importante decirlo, incluye también a la opinión pública.

De acuerdo con las encuestas de salida efectuadas el martes de la elección presidencial, 65 por ciento de los electores encuestados favorecen la legalización de los inmigrantes indocumentados, lo cual representa más del doble de quienes respondieron que deben ser deportados.

Más aún, cifras dadas a conocer recientemente dan cuenta que incluso entre los votantes republicanos, la mitad favorece a una reforma migratoria. Más aún el 75 por ciento de los votantes de origen latino votaron por Obama, casi ese porcentaje supera al 72 por ciento, lo que en su momento alcanzó Bill Clinton en la elección presidencial.

Sin duda éste es un mandato específico para la administración demócrata de Obama mucho más libre en un segundo período de gobierno, para, efectivamente, retomar la agenda migratoria y apostar su capital político.

Es necesario, por tanto, como afirma el punto de acuerdo, exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que impulse el tema migratorio en la agenda bilateral, pero también es indispensable hacer nuestra parte.

Aprovechemos, compañeras y compañeros legisladores, todos los espacios de interlocución con el Congreso de los Estados Unidos para poner sobre la mesa como prioridad absoluta, el dar cauce a este justo reclamo por parte de la sociedad mexicana y estadounidense.

De ahí la importancia de un exhorto adicional que me permito hacer desde esta tribuna. Hagamos de este tema el primordial en la agenda de discusiones que sostengamos con nuestras contrapartes estadounidenses durante la próxima reunión interparlamentaria México-Estados Unidos.

Concluyo, señora presidenta. No quitemos el dedo del renglón sobre la relevancia de dar un paso hacia adelante en la historia de nuestras relaciones bilaterales y en definitiva de la integración de América del Norte. Es un tema de derechos humanos, pero también es un tema de integración de la fuerza laboral de competitividad, generación de empleos, de integración de cadenas productivas, de mejoramiento de la calidad de vida de la población de ambos países, y muy importante un tema transversal de seguridad nacional que es necesario atender al materializar dicha reforma.

De sus implicaciones podemos estar seguros, depende en gran medida el bienestar, el crecimiento económico y la seguridad de ambos países. Por ello les pido, compañeras y compañeros legisladores, su voto unánime a fin de aprobar este dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. En pro, por el Partido de Movimiento Ciudadano, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, señora presidenta. Compañeros y compañeras diputadas, el flujo migratorio es uno de los problemas fundamentales en México, los muros se hacen cada vez más grandes, los operativos más frecuentes, todo por un desigual desarrollo económico y social, el cual no se ha podido regular y veo muy difícil que con la actitud del Ejecutivo federal se pueda mejorar esta situación.

Es urgente dar atención a este asunto de manera responsable, ya que si no lo hacemos la historia nos va a juzgar como copartícipes de esta irresponsabilidad gubernamental, exponiendo a nuestros conciudadanos a que sean víctimas de abuso de sus derechos humanos por parte de las autoridades estadounidenses y de nuestras propias autoridades de nuestro país, confabulados con el crimen organizado.

La migración en nuestro país se ve originada por la equivocada política social y económica propuesta y acordada por los gobiernos del PRIAN y sus partidos aliados, dando como resultado una total pérdida de la productividad en el campo y en la industria, por lo que se requieren programas que en verdad mejoren las condiciones de vida en zonas rurales y urbanas, y no sólo sean programas electoreros.

Como consecuencia, Estados Unidos resulta ser una alternativa, pero poniendo en riesgo hasta la vida de nuestros conciudadanos, pero más viable para la población joven y adulta que no ha encontrado alternativas suficientes de empleo y de desarrollo en nuestro país.

Las zonas rurales de México han sido abandonadas por los campesinos, que han emigrado a Estados Unidos buscando una estabilidad y mejora económica para sus familias, sin tomar en cuenta que la producción del campo brinda gran parte del desarrollo económico para nuestro país, sin el trabajo de los miles de campesinos que lo abandonan, dando como resultado que los productos que en su mayoría consumimos, tengan que ser importados y el consumidor tiene que pagar un precio mucho más elevado por su consumo, y de una dudosa calidad. Ya sólo falta que de China nos manden las tortillas.

Según el informe del Departamento de Seguridad Nacional, los inmigrantes ilegales de Estados Unidos son aproximadamente 11.5 millones hasta 2011. Necesitamos urgentemente crear un acuerdo que beneficie a ambos países, son muchos los mexicanos viviendo en el país vecino y debemos tener la seguridad de que se respeten los derechos humanos de todos nuestros paisanos.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen en discusión, el cual exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que realice acciones para entablar la relación entre Estados Unidos y México, así como proteger los derechos humanos de nuestros connacionales en el país vecino. Es cuanto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. En el uso de la voz hasta por tres minutos, del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Agustín Barrios Gómez Segués.

El diputado Agustín Barrios Gómez Segués: Con su venia, diputada presidenta. Este punto de acuerdo votado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores viene en el momento correcto. Se trata de darle prioridad al tema migratorio, como mis compañeras han participado, en el tema de la agenda bilateral con Estados Unidos.

En este momento en Estados Unidos se adscribe el triunfo del presidente Obama, de este año, a la participación de los llamados latinos, en Estados Unidos, pero dado el hecho de que los mexicoamericanos son más del 60 por ciento de este grupo étnico, entonces para efectos prácticos, los mexicoamericanos le dieron la diferencia al presidente de Estados Unidos. Nada más ni nada menos.

Al mismo tiempo estamos viviendo cambios dramáticos que van a girar este tema próximamente, y debemos tenerlo en cuenta. Muchos, en Estados Unidos, definitivamente, pero también en México los tenemos perdidos estos datos.

Uno. Ya llegamos a la llamada tasa cero. ¿Qué significa eso? La tasa cero significa que en términos de migración, o inmigración desde el punto de vista estadounidense, el número de los que regresan y el número de los que van hacia, ya para efectos prácticos son equivalentes, algo que se ha remarcado incluso hasta en The New York Times.

Dos. La pirámide poblacional de México se está invirtiendo. Esto quiere decir que habrá muchos menos mexicanos que estén en edad y condición de irse al vecino país, y esto ya está iniciando.

Tres. La economía mexicana está creciendo más rápido que la estadounidense, entre otros factores.

Lo interesante es que el cambio ya se está dando, a pesar de esta espeluznante xenofobia que se ha manifestado entre tantos estadounidense, algo que nos da mucha tristeza para aquellos que le tenemos cariño a aquel país.

De todas maneras el porcentaje de aceptación de solicitudes mexicanas para visas subió, en la primera administración del presidente Obama, de 65 a más de 80 por ciento. En otras palabras, se está aceptando mucho más inmigración legal que anteriormente.

El PRD siempre ha creído en esto, en la apremiante necesidad de terminar con los abusos que sufren nuestros compatriotas, simplemente por carecer de documentos. Liderazgos como la diputada Amalia García lo han abordado, pero hasta ahora ha sido muy difícil tocar este tema con los estadounidenses.

Esta situación está cambiando rápidamente, precisamente por eso es tan oportuno este punto de acuerdo. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En pro, por tres minutos, del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Filiberto Guevara González.

El diputado Javier Filiberto Guevara González: Con su venia, diputada presidenta. Señoras y señores diputados de esta honorable asamblea, manifiesto mi mayor beneplácito y agradezco a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta LXII Legislatura, haya tenido a bien aprobar el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a priorizar el tema migratorio en agenda bilateral con los Estados Unidos de América. Así como impulsar acciones entre aquel país y el nuestro, que resulten de una mejor protección y condiciones de vida a los connacionales que laboran en la nación vecina.

Según establecía la proposición con punto de acuerdo presentada el 25 de octubre de 2012 por el suscrito diputado integrante del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, más de dos sexenios han tenido que transcurrir para que la situación y condiciones de la Unión Americana se presenten favorables a la materialización de un acuerdo migratorio.

Ante esta circunstancia no podemos darnos el lujo de obviar el momento histórico en el que nos encontramos. Me refiero al mejor de los momentos para concretar una amnistía y establecer permisos de empleo temporal que permitan a los mexicanos trabajar legalmente en los Estados Unidos, regularizar su situación migratoria y disponer de elementos y garantías para el respeto de sus derechos humanos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, consecuentemente, tiene una oportunidad inmejorable para cabildear, gestionar, asesorar y acordar términos del mencionado acuerdo, con la serenidad necesaria y suficiente para que ésta pueda darse en un mediano plazo.

Por lo anteriormente expuesto, pido a los compañeros diputados federales su respaldo y voto a favor del presente punto de acuerdo, ya que la mayoría de los que nos encontramos en este recinto, tenemos hermanos o familiares trabajando en la Unión Americana. Por tanto, considero como un verdadero avance y no caigamos en la descalificación, porque es fácil subir a denostar, sin embargo, lo fundamental, que hoy dimos un gran paso a favor de nuestros hermanos que se fueron a buscar condiciones de vida en otro país.

Hermanos, hermanas diputadas, les pido que volteemos a ver a aquellas personas que piden el respaldo de cada uno de nosotros. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por el Partido del Trabajo, en pro, hasta por tres minutos, la diputada Magdalena Núñez Monreal.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con su permiso, diputada presidenta. Honorable asamblea, nuestro grupo parlamentario se congratula por el acuerdo alcanzado en la Comisión de Relaciones Exteriores para que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que dé prioridad al tema migratorio en la agenda bilateral con Estados Unidos de América, así como impulsar acciones entre ambos países que resulten en la protección y mejoren las condiciones de vida de los connacionales que laboran en esa nación vecina.

Es indispensable reconocer que el modelo neoliberal ha enviado a la pobreza a más de 50 por ciento de nuestra población, que ha generado millones de desempleos y ha duplicado la economía informal.

Es indispensable reconocer que las políticas del Estado mexicano no han sido capaces de mejorar la distribución de la riqueza en beneficio de los que menos tienen y que les lleva a arraigarse en sus tierras.

También es necesario admitir que los inmigrantes indocumentados aportan el 4.9 por ciento de la fuerza laboral de los Estados Unidos de Norteamérica y son vitales para la economía de este país.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de California, en Los Ángeles se estima que los trabajadores migrantes indocumentados de origen mexicano contribuyen al producto interno bruto de los Estados Unidos con cerca de 220 mil millones de dólares.

Asimismo, nuestros connacionales juegan un papel importante en algunos de los sectores productivos y representan una gran proporción de la fuerza laboral en algunos de ellos, por ejemplo, en las labores del campo en un 24 por ciento, en servicios de limpieza 17 por ciento, en la industria de la construcción un 14 por ciento y en el sector de la preparación de alimentos un 12 por ciento. De este lado la aportación de los migrantes en remesas es de aproximadamente de 23 mil millones de pesos anuales.

Nuestros representantes y los de los Estados Unidos tienen razones suficientes para ponerle la etiqueta de prioridad a la reforma migratoria, ya que la normalización de su situación en el vecino país redundará en mayor aporte a las economías nacionales.

Algunos datos aseveran que hay cerca de 15 millones de mexicanos en el vecino país del norte trabajando, aportando impuestos, aportando talento para el crecimiento de esa nación. Poner en la agenda de la política bilateral el asunto migratorio es un compromiso que el Presidente Obama lo tiene comprometido con los latinos que votaron por él y que hoy le dan la oportunidad de gobernar cuatro años más el país más poderoso del mundo.

Es una realidad que el proceso de apertura comercial y de integración económica que se ha dado entre México y Estados Unidos ha dejado al margen el tema migratorio. Es una realidad que el 90 por ciento del comercio de México es hacia Estados Unidos, sin embargo este hecho no se ha traducido en alcanzar un marco que regule el flujo migratorio entre nuestros países.

Es por ello que es urgente que ambos Ejecutivos en esta coyuntura de arranque de sus administraciones, lleven a cabo todas las negociaciones necesarias para avanzar de manera decidida en este tema. Por lo anterior anuncio el voto en pro de nuestra bancada al dictamen que nos propone la Comisión de Relaciones Exteriores. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba este punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Dictámenes a discusión negativos de iniciativas. El siguiente punto del orden del día es la discusión de un dictamen en sentido negativo.

Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Proceda la Secretaría a dar lectura al encabezado.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De la Comisión de Energía con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene el uso de la voz, por tres minutos, del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Irazema González Martínez Olivares.

La diputada Irazema González Martínez Olivares: Con su venia, señora presidenta. El día de hoy voy a hablar del tema de las franquicias de Pemex o las estaciones de servicio, específicamente nuestro posicionamiento respecto al dictamen de la Comisión de Energía, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaría el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Vamos a tocar este tema porque toda esta Legislatura hemos estado hablando constantemente del mercado ilícito de combustibles, y justamente a esto se refiere esta iniciativa.

El dictamen que hoy ponemos a su consideración se refiere a que negamos la idea de que las estaciones de servicio o franquicias de Pemex debieran estar a 50 metros de distancia una de otra. Creo que todos hemos visto cómo vamos sobre una carretera o nuestras colonias y vemos estas estaciones de servicio una cerca de la otra. Este dictamen se refiere justamente a reglamentar que estas franquicias estén a 50 metros de distancia.

Creemos que estas franquicias deberían, sí, estar en cierta territorialidad una de la otra; pero todavía no hemos definido esta distancia. Porqué lo creemos. Cada franquicia o estación de servicio vende alrededor de 500 mil litros al mes, esto significaría que cuando tenemos más franquicias al lado implicaría que se distribuya este combustible, y por lo tanto tenemos más focos probablemente de inseguridad, sobre todo que estamos hablando de combustible. Lo que debemos hacer los mexicanos es evitar la existencia de los monopolios antes de que lleguen.

Es por eso que en esta Comisión de Energía hemos dictaminado en negativo la idea de que estén a 50 metros una estación de servicio de la otra. Nuevamente los dejo con esta cifra. Una estación de servicio vende alrededor de 500 mil litros al mes, tenemos alrededor ya de 10 mil franquicias instaladas y la tarea de una franquicia de Pemex o de una estación de servicio es el manejo de combustibles, lo cual es un tema de seguridad nacional y tenemos que evitar los oligopolios.

En este sentido, el propósito solicitado inicialmente es contrario al interés común y nocivo al proceso, por lo tanto es que los integrantes de la Comisión de Energía consideramos que no resulta viable modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, ya que como se expuso, afecta directamente la esfera jurídica del usuario y su acceso al mercado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es todo, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívese el expediente como asunto concluido.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se le solicita a la Secretaría dé lectura a las comunicaciones de Mesa Directiva.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Honorable asamblea. La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno de la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 27 de noviembre de 2012. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a la Comisión de Comunicaciones para opinión.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Solicito a la Secretaría que dé lectura a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva, honorable Cámara de Diputados.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial: baja, diputada Socorro de la Luz Quintana León, secretaria.

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación: baja, diputada Patricia Elena Retamoza Vega, secretaria; alta, diputada Socorro de la Luz Quintana León, secretaria.

Los siguientes movimientos solicitados por los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática.

Comisión de la Niñez: baja, diputado Gerardo Villanueva Albarrán, secretario; alta, diputada María del Rosario Merlín García, secretaria.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobados, comuníquense.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Solicito a la Secretaría que lea las proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno, de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Acuerdo.

Primero. La Cámara de Diputados expresa su anuencia para que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias establezca comunicación con la Comisión homóloga de la Cámara de Senadores para acordar la realización de reuniones en Conferencia en donde se estudien y analicen propuestas de reformas a la normatividad del Congreso de la Unión.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que en su programa de trabajo establezca como prioridad emitir la reglamentación correspondiente a la figura de la iniciativa preferente del Ejecutivo federal.

Tercero. Para facilitar los procesos de adecuación de la normatividad del Congreso de la Unión, se sugiere a los grupos parlamentarios designen a un responsable para dar seguimiento a los acuerdos logrados entre los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Cuarto. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: No habiendo oradores registrados, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidente.

La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.

La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al probable desvío de recursos públicos llevado a cabo por el XX ayuntamiento de Mexicali, Baja California.

El diputado Andrés de la Rosa Anaya: Con su permiso, diputada presidenta. Honorable asamblea: el suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1 y 79 numerales 1 y 2 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

La decencia en el actuar de la vida pública se inscribe fundamentalmente en el manejo limpio y transparente de los recursos públicos. Los funcionarios públicos estamos obligados a actuar con respeto y responsabilidad en el ejercicio de los dineros de los ciudadanos.

Hoy, en el municipio de Mexicali, Baja California, ha brotado un ejemplo de lo que no debe hacerse en el ejercicio de un cargo público al manejar los recursos de los ciudadanos.

De acuerdo con información que públicamente se ha venido ventilando en diversos medios de comunicación, tanto nacionales como locales, durante los trabajos de fiscalización al XX ayuntamiento de Mexicali se detectó un probable desvío de fondos por casi 150 millones de pesos, a través de un fideicomiso celebrado entre el ayuntamiento de Mexicali y la Casa de Bolsa Actinver, S A de C V, todo derivado de la revisión de las facturas presentadas por el XX ayuntamiento de Mexicali para la comprobación del ejercicio del gasto público, cuando algunos funcionarios menores del órgano de fiscalización estatal detectaron algunas facturas por honorarios pagados a la empresa Consulta Actuarios, S C, por la cantidad de seis millones y medio de pesos, a través del fideicomiso irrevocable para la administración de un fondo para el pago de indemnización de enfermedades por riesgos de trabajo.

Ante la sospecha de una probable desviación de fondos, los funcionarios empezaron a investigar más a fondo la razón de estas facturas y la existencia del fideicomiso ya mencionado, encontrando sólo reprimendas por parte de sus superiores jerárquicos, lo que se tradujo en mayores sospechas por parte de ellos, teniendo como resultado mayor información al respecto.

La primera conclusión que se obtuvo es que el XX ayuntamiento de Mexicali realizó la creación del fideicomiso irrevocable para la administración de un fondo para el pago de indemnización de enfermedades por riesgo de trabajo, fideicomiso 334, pero nunca lo declaró como entidad fiscalizable ante el órgano de fiscalización superior del estado de Baja California.

Posteriormente, un vez identificadas las facturas supuestamente expedidas por la empresa Consulta Actuarios SC, por seis millones y medio de pesos, se solicitó información sobre estos movimientos tanto a la empresa en cuestión como a las autoridades municipales, encontrando respuestas sólo por parte de la empresa, quien se deslindó completamente de dichas facturas, negando que hayan sido expedidas por ellos, y solicitó su devolución de manera inmediata.

Por su parte el ayuntamiento de Mexicali sólo ha atinado a responder a estas solicitudes de información del órgano fiscalizador estatal con evasivas y pretextos, desconociendo incluso la titularidad del fideicomiso.

Todo lo anterior es sólo la punta del iceberg de este asunto. Estamos convencidos que el daño al erario público es mucho mayor al manejo de los 6.5 millones de pesos detectados en un comienzo.

No obstante lo anterior, lo que resulta más preocupante es que tanto el Congreso estatal como el mismo órgano fiscalizador de Baja California, han encubierto por acción u omisión las probables actividades ilícitas realizadas por el alcalde del XX Ayuntamiento de Mexicali y sus funcionarios.

Esta supuesta actitud proteccionista por parte de las autoridades que deben fiscalizar y sancionar el ejercicio del gasto público nos daña a todos los bajacalifornianos, y en particular a los mexicalenses, puesto que permiten el desvío de fondos que deberían ocuparse para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este municipio, lo que se acentúa más dado que paradójicamente el XX Ayuntamiento de Mexicali ha solicitado endeudarse por más de 500 millones de pesos, lo que duplicaría la deuda contraída por el actual ayuntamiento.

Cabe señalar que la casa Fitch Ratings, recientemente acaba de calificar la calidad crediticia del XX Ayuntamiento de Mexicali, modificando de estable a negativa su perspectiva crediticia. Esto obedece principalmente al déficit estructural de las finanzas públicas municipales que ha provocado un crecimiento significativo del pasivo circulante y una baja liquidez al cierre de los ejercicios.

Esto se debe fundamentalmente al alto y creciente gasto operacional del municipio, especialmente en el rubro de servicios personales, lo que limita la flexibilidad financiera de la entidad.

Es menester que el Congreso estatal de Baja California y el órgano fiscalizador del estado cesen en el encubrimiento del posible desvío de fondos realizado por el ayuntamiento de Mexicali, actúen conforme a la ley y sancionen a quienes resulten responsables de actividades ilícitas.

Aunado a lo anterior, es de vital importancia que la Auditoría Superior de la Federación investigue a fondo este posible desvío de recursos para que deslinde las responsabilidades y, en su caso, se sancione a los culpables.

Por las razones vertidas anteriormente, someto a su consideración la siguiente proposición con Punto de acuerdo.

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Congreso estatal de Baja California y al órgano superior de fiscalización de dicho estado a que cesen en el encubrimiento del posible desvío de fondos realizado por el XX Ayuntamiento de Mexicali y a que conforme a la ley lleven a cabo las investigaciones pertinentes, y en su caso sancionen a quienes resulten responsables de actividades ilícitas tendientes al desvío de recursos públicos, a través del fideicomiso irrevocable para la administración de un fondo para el pago de indemnización de enfermedades por riesgo de trabajo, fideicomiso 334, celebrado con la Casa de Bolsa Actinver, SA, de CV, así como por el presunto uso indebido de facturas de la empresa Consulta Actuarios, SC.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a que investigue a fondo el posible desvío de recursos llevado a cabo por el 20 ayuntamiento de Mexicano, para que se deslinden las responsabilidades y en su caso se sancione a los que resulten culpables de las actividades ilícitas realizadas a través del fideicomiso mencionado, así como por el presunto uso indebido de facturas de la empresa Consulta Actuarios, SC.

Ya nada más para concluir, presidenta, yo quiero decirles que espero que el alcalde de Mexicali ni esté pensando que gobernar un municipio tan importante sea únicamente yendo a las peleas de box habidas y por haber; o a pasar una copa de futbol legítimamente ganada por un equipo de Baja California. Creo que gobernar Mexicali es mucho más que eso, y se merecen mucho más los mexicalenses. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, esta Presidencia informa que en estos momentos las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos se encuentran reunidas, en sesión permanente, para llevar a cabo la discusión del dictamen de reformas constitucionales en materia educativa, y una vez aprobado –si se aprueba–, acuerdan remitirlo a esta Presidencia, para que de conformidad con el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se haga la declaratoria de publicidad, y previo y suficiente conocimiento del pleno, se proceda a la discusión en la próxima sesión.

Esta Presidencia lo informa a la asamblea, de tal suerte de no estar sesionando para esperar el dictamen, y les informa que haremos la publicidad necesaria. Mañana estará publicado en la Gaceta y el próximo martes estaremos en condiciones de traerlo al pleno para su discusión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se instruye a la Secretaría a registrar los asuntos no abordados el día de hoy para la próxima sesión, y en términos del artículo 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo que se pida registro en la próxima sesión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (17:01 horas): Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el martes 18 de diciembre a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30.

Repito. Se cita a la sesión que tendrá lugar el martes 18 de diciembre a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30.

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