Comunicaciones
De la Secretaría de Gobernación, con diversos asuntos
De la Cámara de Senadores, con proposiciones sobre el PEF 2013
De los Congresos de los estados de Coahuila, Hidalgo, Sinaloa y Tabasco, sobre el PEF 2013
Protesta como diputado del ciudadano Rodrigo Chávez Contreras
De la Cámara de Senadores, con iniciativas
Agenda política
Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Iniciativas de diputadas y de diputados
Néstor Octavio Gordillo Castillo, PAN
José Antonio Hurtado Gallegos, Movimiento Ciudadano
Carla Alicia Padilla Ramos, PVEM
René Ricardo Fujiwara Montelongo, Nueva Alianza
Víctor Emanuel Díaz Palacios, PRI
Ricardo Mejía Berdeja, Movimiento Ciudadano
Carlos Octavio Castellanos Mijares, PVEM
Mirna Esmeralda Hernández Morales, PRI
Omar Antonio Borboa Becerra, PAN
Dictamen
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados
Discusión en lo particular de los artículos reservados
Votación de los artículos 7o., 10, 25 y 26
Votación del artículo 27, sin las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y XXIII
Votación de las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y XXIII del artículo 27
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 257 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:10 horas): Y por tanto siendo las 11:10 se abre la sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que está publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura. En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria proceda la Secretaría a someter a consideración el acta de la sesión anterior.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría con los acuerdos de la Conferencia.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo de la Conferencia.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el formato de la sesión de Congreso General, en la que el ciudadano presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, rendirá protesta constitucional ante el Honorable Congreso de la Unión, el 1o. de diciembre de 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a la consideración del pleno.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, para hablar en contra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Monreal, ha pedido la palabra en contra.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, estamos en contra de este formato para la sesión de Congreso General, en principio, porque debería ser sometido a la consideración del pleno y no sólo una comunicación oficial.
Es un tema tan importante que no puede pasar desapercibido ni tampoco leído de manera precipitada como una mera comunicación; como una mera comunicación; le pediría al presidente que lo sometiera a la consideración del pleno en votación.
Estamos en contra porque intentamos representar la voz, la indignación, la desesperación, la desesperanza de casi 16 millones de ciudadanos y ciudadanas que sufragaron por Andrés Manuel López Obrador y que resistieron estoicamente la embestida del dinero, la dádiva, la promesa fácil, la amenaza, la persecución, el despido.
Estamos en desacuerdo con el procedimiento en la forma y en el fondo. No aceptamos la imposición. No se puede admitir que se está en la normalidad democrática y que se debe enterrar el pasado reciente.
Estamos en contra porque somos congruentes y no podemos transar o negociar con los principios que sostenemos. Estamos en contra porque representamos a los ciudadanos sin voz, a los ciudadanos agraviados; a estos ciudadanos que les afectó y que nos afectó el dispendio grosero y vergonzoso que se vivió.
Estamos en contra porque somos, o intentamos ser, la voz de los ignorados por la justicia que se ofreció al mejor postor de manera cínica y ruin. Estamos en contra porque intentamos representar la voz lastimada de quienes fueron candidatos y candidatas en la elección pasada y que se enfrentaron a todas estas lacras y miserias políticas.
Estamos en contra porque los que se alzan con la pírrica y cuestionada victoria, recurrieron a las peores artimañas y desviaciones democráticas; recurrieron a las prácticas inmorales de la compra del voto con dinero ilícito, con la compra del voto por hambre; se dedicaron a revivir las más arcaicas prácticas ilegales de perversión electoral sin que nadie los perturbara, ni órganos electorales ni tribunal alguno que pudiera detenerlos. Hubo plena impunidad y descaro.
Estamos en contra porque no podemos olvidar el agravio, la ofensa, el daño que ha sufrido la república y la democracia. No podemos simplemente en la comodidad de nuestros asientos o en la suficiencia de los emolumentos borrar la memoria colectiva y enterrar esta miserable experiencia.
Estamos en contra porque no avalaremos la ilegitimidad; estamos en contra porque el proceso electivo reciente está cuestionado y está siendo revisado por la justicia internacional. Es decir, está sub judice el caso de la elección del pasado mes de julio.
Nuestro Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se mantendrá firme en esta tesis. Siempre actuaremos de manera consecuente. Las decisiones que tomamos en equipo las vamos a respetar y actuaremos como un solo cuerpo.
Seguiremos luchando hasta lograr la transformación verdadera de nuestra nación. Esta etapa la tomaremos como una doble pesadilla, la que está por concluir, inmersa en la violencia, la corrupción, la impunidad y la injusticia, y la pesadilla que está por comenzar, permeada por la restauración del viejo régimen y acompañada por todos los indeseables elementos: autoritarismo, corrupción y desprecio por la gente.
Pero como toda pesadilla, como todo mal sueño, algún día concluirá y nosotros ahí estaremos presentes. Presidente, por su tolerancia y su respeto, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Por nada, señor diputado. Pregunte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese. Dé por favor lectura a los resolutivos del segundo acuerdo de la Conferencia.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo.
Primero. Se modifica el calendario legislativo correspondiente al primer período de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura en lo que respecta a las sesiones del pleno programadas para el mes de noviembre, para quedar como sigue:
Sesiones ordinarias: martes 6 y 8 de noviembre, 13, 15 de noviembre, 20, 22 y martes 27 y miércoles 28.
Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Firman los integrantes de la Conferencia.
En votación económica se consulta si se aprueba.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación solicitudes de permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas e informa de los que han dejado de prestar servicios.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación para dictamen.
Por lo que se refiere a la ciudadana que deja de prestar servicios, comuníquese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para su conocimiento. Continúe la secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron de la Cámara de Senadores cuatro proposiciones con puntos de acuerdo, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, por las que solicitan que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se destinen mayores recursos a diversos rubros.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibieron oficios de los Congresos de los estados de Coahuila, Hidalgo, Sinaloa y Tabasco, con los que remiten acuerdos para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se asignen e incrementen recursos a diversos ramos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Rodrigo Chávez Contreras, diputado federal electo en la cuarta circunscripción plurinominal.
Se designan en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir su protesta de ley a: Alliet Mariana Bautista Bravo, Hugo Jarquín, Tomás Brito, Ximena Martel, a Héctor Hugo Roblero y a Martha Beatriz Córdova Bernal.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple con su encargo)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ciudadano Rodrigo Chávez Contreras, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Rodrigo Chávez Contreras: Sí, protesto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señor diputado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se recibieron de la Cámara de Senadores dos iniciativas con proyecto de decreto, que reforma las fracciones VI y XVI del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por los senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza y Carlos Alberto Puente Salas, de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por los senadores Marcela Torres Peimbert; Javier Corral Jurado; Ernesto Ruffo Appel; Francisco Domínguez Servién; Víctor Hermosillo y Celada; Héctor Larios Córdova; Dolores Padierna Luna; Armando Ríos Piter; Mario Delgado Carillo; María Lucero Saldaña Pérez y María del Rocío Pineda Gochi, de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, en virtud de que estamos a la espera del dictamen de la Comisión de Gobernación y de Seguridad Pública y éste no está todavía a la disposición para el principio de publicidad, vamos a darles el uso de la voz a las compañeras que perorarán en relación a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, objetivo por demás loable. Tiene el uso de la voz doña Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a 13 años de que las Naciones Unidas declararan el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y a 31 años de su celebración en América Latina, la lucha para garantizar los derechos de las mujeres continúa en todo el mundo.
Para mi grupo parlamentario este día constituye no sólo una conmemoración, sino un punto de partida para reflexionar sobre los avances alcanzados y los retos a enfrentar, para erradicar la violencia que se ejerce contra quienes representamos cerca de 58 millones en México.
Cada año las cifras son alarmantes y nos confirman que mujeres y niñas son violentadas en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad. Aunque hemos tenido avances legislativos e institucionales, estos son insuficientes.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 2011 revela que 46 de cada 100 mujeres mayores de 15 años sufrieron algún incidente de violencia de pareja, y que 42 de cada 100 mujeres declararon haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su relación.
Si bien, las cifras muestran que las mujeres son quienes más sufren violencia de género, sus repercusiones afectan a toda la sociedad, incluyendo a los hombres.
Los derechos de las mujeres también se hacen efectivos con la participación de todos ustedes. Desafortunadamente, al día de hoy los temas que involucran los derechos de las mujeres siguen en manos de las propias mujeres. Simplemente aquí, en la Cámara, la Comisión de Equidad y Género no la integra ni un solo varón.
Hombres y mujeres tenemos que unirnos porque la eliminación de la violencia es también un tema que compete a los hombres, como padres, como esposos, como hermanos, como hijos.
Hoy levantamos la voz para recordarles que sin su participación nuestros niños y niñas no podrán alcanzar una sociedad más equitativa y justa. Este día no debe ser solo un pretexto para la retórica, tan llena de tan buenas intenciones y tan vacía de compromiso. Desde Nueva Alianza hemos venido trabajando para impulsar reformas legales que promuevan la equidad de género y el respeto a los derechos de mujeres y niñas.
En lo que va de la Legislatura, mi grupo parlamentario ha presentado iniciativas para ampliar la participación política de las mujeres, así como medidas para disminuir la muerte materna. Incluso, en esta sesión presentaremos una iniciativa para que se reconozca la violencia en el noviazgo como otra modalidad de violencia contra la mujer.
En Nueva Alianza estamos convencidos que una de las formas para contribuir a disminuir la violencia contra las mujeres consiste en promover y fortalecer la cultura de la no violencia, acompañada de una política educativa orientada a promover y fortalecer la igualdad.
Hoy los modelos de socialización marcan a nuestra niñez. Quienes solo repiten patrones de dominación y subordinación. Necesitamos un cambio cultural desde la escuela, donde nuestros niños y niñas reconozcan y valoren la diferencia de género.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que la prevención es el elemento fundamental para erradicar la violencia en México. Por ello, impulsaremos más programas de prevención orientados a la educación.
Compañeras y compañeros diputados, los retos a los que nos enfrentamos en materia de violencia de género no son minúsculos, tenemos desafíos, entre ellos, revisar la eficacia y los mecanismos para otorgar órdenes de protección para las mujeres que denuncian la violencia, la instalación del sistema acusatorio, ya que el sistema inquisitivo revictimiza a las mujeres que sufren violencia.
Compañeras y compañeros, en cada Legislatura hay avances en materia de género, los exhorto a que ésta no sea la excepción y se distinga por el trabajo a favor de los derechos de las mujeres y las niñas.
Es verdad que nuestro país ha avanzado en los últimos años, pero no es suficiente porque cada 15 segundos una mujer es agredida, a los nueve minutos es violentada sexualmente y en uno de cada tres hogares hay maltrato. Juntos podemos detener la violencia. Sumemos porque la violencia resta. Gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias por su intervención. Doña Magdalena de Socorro Núñez Monreal, del PT, que le queda cerquita la tribuna.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Honorable asamblea, el 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la asamblea general ha declarado el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
A 13 años de la declaratoria en qué situación estamos con respecto a la violencia hacia nosotras las mujeres, de acuerdo con cifras del Inegi el rostro de la violencia hacia las mujeres es más que público y evidente, se estima que alrededor de 24 millones de mujeres de 15 años y más había experimentado al menos un acto de violencia a lo largo de su vida, cuatro de cada 10 mujeres que tienen o han tenido una pareja han sido agredidas por ella en algún momento de su vida marital.
Más de la mitad de quienes han enfrentado violencia física corresponde a agresiones que directamente ponen en riesgo su vida, el 70 por ciento de los casos de mujeres con violencia física y/o sexual de pareja son de una severidad grave o muy grave.
El estado de México presenta la prevalencia más alta de violencia física y/o sexual con un 33.3 por ciento, seguido por el estado de Tabasco con el 33.1 por ciento; y con prevalencias un poco más bajas Puebla con el 30.5, Jalisco con el 30.4 y Guerrero con el 29.2 por ciento. El mayor nivel de severidad de las agresiones físicas y sexuales de la pareja se ubica en los estados de Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes y Coahuila.
Alrededor de la mitad de las mujeres que enfrentan violencia severa creen que provocan o provocaban el enojo o malestar de sus esposos o parejas porque opinan diferente o lo desmienten, no le obedecen, no le piden permiso, no le dedican suficiente tiempo o atención, o no muestran interés o deseos por tener relaciones sexuales.
La tasa de muertes por violencia en 2009 fue del 23.2 muertes por cada 100 mil personas, cerca de 3 mil fueron de mujeres y 22 mil de hombres, lo que arroja una tasa de decesos intencionales por cada 100 mil de 5.3 para las mujeres y de 41.7 para los hombres.
La tasa de homicidios más alta se registra en el estado de Chihuahua, que pasó de 3.6 en 2005 a 13.1 homicidios de mujeres por cada 100 mil en 2009, así como los estados de Baja California con 10.1; Guerrero, 10.1; Durango, 7.1; Sinaloa, 6.0; Sonora, 5.1 y Tamaulipas, 4.5.
Diputadas y diputados, en nuestro Grupo Parlamentario vemos que las leyes que aprobamos aún no forman el eje rector de las políticas públicas del Estado mexicano. Vemos que las entidades federativas la evolución de la cultura de no violencia hacia las mujeres es lenta y en varios casos hasta en sentido contrario de la federal.
Vemos que la calidad de los programas públicos aún se encuentran en la fase de asistencia social y que no han dado pasos para garantizar los derechos de las mujeres en los ámbitos laboral, escolar, de salud, políticos y de procuración de justicia.
Hoy el feminicidio está tipificado como delito en nuestro Código Penal Federal. Al respecto el Código señala: Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género —continúa el Código— cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo; cuando a la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.
Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima; haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso; acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, y el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. La pena a quien cometa el delito de feminicidio es de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa.
Esperamos de la Procuraduría General de la República la persecución de este delito con todos los recursos de los que dispone y que sean elevadas a rango de prioridad. De los jueces esperamos que amplíen su criterio para calificar los delitos contra las mujeres como feminicidio y lleven justicia a las familias de las víctimas.
Exigimos desde el Partido del Trabajo ni un caso más impune en el que se encuentre como víctima una mujer. Mi grupo parlamentario expresa su rechazo a la reforma que pretende sectorizar al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Secretaría de Desarrollo Social, y nos pronunciamos por el respeto a la personalidad jurídica del instituto.
En este sentido no admitiremos la disminución del organismo en detrimento de nuestros derechos. Es todo, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Doña Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, en 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, con el fin de sensibilizar a los gobiernos de las repercusiones que la violencia de género tiene para nuestra sociedad en su conjunto.
La violencia hacia las mujeres no es tema nuevo, efectivamente, pero apenas estamos haciendo conciencia de las dimensiones que ha cobrado en nuestra sociedad y que se han comenzado a tomar acciones y medidas para atender este problema que afecta al tejido social, mismo que nos denigra también como sociedad.
Se ha identificado que en México la violencia de género no respeta edades ni condición social o estado civil. Se ha avanzado en reconocer que la violencia hacia las mujeres se da en diferentes ámbitos de su vida desde la familia hasta las instituciones y se ha concluido que la violencia de género tiene varias caras.
Por ejemplo los golpes, los maltratos, pero también aquélla que corroe poco a poco como es la violencia emocional y económica hasta la más lacerante muestra de violencia, aquélla que acaba con la vida de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres: la violencia feminicida.
Hoy en día, sabemos que 6.7 mujeres de cada 10 sufren algún tipo de violencia y aunque no hay consenso en el número de muertes por feminicidio, siempre se ha buscado minimizar el tema.
Hay la certeza de que la violencia feminicida ha aumentado en forma alarmante de norte a sur, en la frontera y al interior en las zonas urbanas y en el campo. Ya no es un tema exclusivo de Ciudad Juárez, pero se ha visto minimizada en medio de las miles de muertes producto de la guerra contra el narcotráfico.
De acuerdo con estadísticas recientes divulgadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre enero de 2010 y junio de 2011 en 24 entidades del país, al menos 2 mil 273 mujeres fueron victimadas.
El informe colocó a la cabeza al estado de México con 320 casos, seguido por Colima con 213, Tamaulipas 169, a Sinaloa con 168, a Chihuahua con 159, Jalisco con 142, Nuevo León con 138, Quintana Roo con 127, Veracruz con 118 y Oaxaca con 112.
En casi todas esas entidades los feminicidios se duplicaron, como sucedió en Nuevo León, en relación con los 12 meses anteriores, mientras que en Jalisco aumentaron 73.5 por ciento; en Tamaulipas, 64 por ciento y en Sinaloa un 42 por ciento.
Para el Centro de Información de la Mujer, 2010 fue el año más violento en Chihuahua. Entre 1993 y 2002, se registraron 413 homicidios de mujeres, pero sólo este año la cifra fue de 446, es decir, en promedio asesinaron a una mujer cada 20 horas.
Los elementos centrales de todo tipo de violencia hacia las mujeres, son dos: la primera, la cultura machista; la segunda, la impunidad.
La primera se reproduce desde todos los ámbitos y desde todos los medios, pero es una responsabilidad del Estado impulsar políticas públicas que contribuyan a reeducarnos como sociedad, basados en valores de igualdad, equidad y respeto.
La segunda, que es la impunidad, es un mal lacerante de nuestro sistema que va de la mano de la corrupción. Y mientras no se le ponga un alto definitivo desde las leyes y en las acciones cotidianas de nuestro sistema judicial, la justicia no llegará a las mujeres que sufren violencia y algunas hasta la muerte.
Ante esta realidad es importante reconocer que los esfuerzos, aunque importantes, han sido insuficientes y poca la voluntad política para poner un alto definitivo a la violencia y sentar las bases para una cultura basada en el respeto y la igualdad entre mujeres y hombres.
En este Congreso se han impulsado leyes fundamentales para tocar la violencia de género, como lo es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y recientemente la tipificación del feminicidio y la Ley de Trata de Personas.
Se han etiquetado también recursos a diferentes dependencias públicas federales y estatales desde el 2008 con el fin de impulsar programas que atiendan la violencia desde varias aristas pero no ha sido suficiente. Las mujeres siguen siendo golpeadas, maltratadas, abusadas, violadas, ignoradas, asesinadas a diario y ello tiene un alto costo para la sociedad, pues no permite que la mitad de su población pueda ejercer a plenitud sus derechos.
Las mujeres merecemos una vida libre de violencia y es responsabilidad de todos actuar y cada uno en el ámbito de su competencia.
A 13 años de haberse instituido el Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, les pregunto hoy a mis compañeros diputados, en este Palacio Legislativo: ¿Qué opinan ustedes, aún falta mucho por hacer, sí quiero que lo reflexionen y que me digan, qué opinan sobre este tema? Es cuanto, señor diputado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Tiene el uso de la voz doña Ruth Zavaleta Salgado, muy apreciable compañera diputada, del Partido Verde Ecologista y ex presidenta de este órgano legislativo.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con su venia, Presidente. Estimadas compañeras y compañeros legisladores: a nombre de la fracción del Partido Verde Ecologista de México vengo a plantear que este tema no es de colores partidistas ni se trata de un credo religioso. Eliminar la violencia contra la mujer es un compromiso del Estado para asegurar el futuro y cumplir una deuda histórica.
La violencia hacia la mujer es una ofensa que en nuestra idea de desarrollo y civilización es un retroceso a la idea de comunidad y de ciudadanía.
Las cifras están ahí y no pueden ocultarse porque no son números fríos, son realidades cotidianas que debemos detener. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares, 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido alguna incidencia de violencia.
Los seres humanos buscamos en la compañía del otro el complemento, la seguridad, los momentos donde se multiplique la felicidad, pero es curioso que en el caso mexicano sea la relación con la pareja heterosexual donde las mujeres sufren más violencia. Los datos están ahí: cuatro de cada 10 mujeres que tienen o han tenido una pareja han sido agredidas. Entre las que estuvieron casadas, casi la mitad de ellas vivieron hechos violentos.
Es dramático que sea el hogar el primer espacio donde nosotras sufrimos violencia y es en el hogar donde lamentablemente aún continuamos reproduciendo las viejas ideas que hacen ver a la mujer polarizada. En el hogar, donde se desmonta el empoderamiento de los derechos de la mujer, no hace pocas décadas aún era creíble la idea de que la mujer carece de derechos.
Hoy, gracias a los trabajos de miles de mujeres, la garantía de sus derechos es evidente, aunque no completa. Hemos trabajado y creado leyes e instituciones que nos dan igualdad jurídica frente al sexo masculino y nos otorgan los mismos derechos que ellos y nos aseguran que sean respetados. Sin embargo, entre los festejos por cada espacio conquistado también están los hechos que nos impiden dormir.
“La vida es un continuo riesgo; vivir es exponerse” lo dijo el poeta Octavio Paz en La llama doble. En el caso de las mujeres este riesgo parece traducirse en el amor que se da a la pareja y por el cual soportamos día a día la violencia emocional. De acuerdo con la encuesta mencionada, el 46 por ciento de las mujeres vive en violencia emocional que implica insultos, amenazas, humillaciones u otras amenazas.
¿Por qué muchas mujeres buscan amor y reciben violencia? Es cierto, la vida es un riesgo, pero estamos obligadas a construir las leyes y las instituciones que reduzcan esa violencia. Estamos obligadas a ayudar a quienes desconocen su valor como ciudadanas, a quienes olvidan que son personas con todos los derechos y garantías.
La felicidad y la seguridad no son un bien divino; son un derecho. En un Estado laico es algo que se debe de producir desde el Legislativo. No hay paso atrás porque la violencia que emana del otro parece incrementarse con severidad. Frente a cada ladrillo que ponemos para erradicar la violencia parece que ésta se multiplica.
Para los agresores la mujer no tiene el menor reconocimiento como persona sujeto de derechos y libertades. Es el agresor el que irrumpe con sus acciones en la vida de un ser que no pedía eso.
En el marco de este día Michelle Bachelet dijo lo siguiente, el siguiente mensaje que ayer escuchamos en la reunión con nuestra compañera Mícher. “Necesitamos programas educativos que enseñen sobre derechos humanos, igualdad y respeto mutuo, que sirvan de inspiración a las y los jóvenes, a las mujeres y niñas. Asimismo, se debe de incrementar el número de mujeres en la política, en los organismos encargados de hacer cumplir la ley y en las fuerzas de mantenimiento de la paz. Necesitamos también igualdad de oportunidades económicas y trabajos decentes para las mujeres, y es indispensable la implementación real de los acuerdos y tratados”.
En el próximo mes de marzo, líderes de gobiernos y de la sociedad civil, se reunirán en comisión de la condición jurídica y social de la mujer de las Naciones Unidas, para acordar acciones preventivas que aborden, efectivamente, la violencia contra las mujeres, las expectativas son altas y así debe de ser.
Esta Cámara de Diputados hoy que tiene un número histórico de mujeres, va a estar muy atenta a los acuerdos que se hagan internacionales, y que aquí en México se hagan cumplir, es un compromiso de todas nosotras, que no nos ponemos colores para esta lucha, es una lucha que nos une y no solamente a las mujeres, a los hombres de este legislativo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Ruth. Doña Julisa Mejía Guardado, del PRD, tiene el uso de la voz. Y esta Presidencia saluda a las compañeras diputadas, con todo respeto y cariño, ahora no nos tonaron la tribuna, pero tomaron el pasillo, y fundamentalmente nos están tomando la conciencia. Felicidades.
La diputada Julisa Mejía Guardado: Gracias, diputado presidente. La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres será el próximo día 25 de noviembre, próximo domingo. Es grato que el día de hoy podamos estar haciendo esta conmemoración en este recinto de la Cámara de Diputados.
La violencia es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual dentro o fuera del domicilio familiar.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la norma oficial mexicana nos dan definiciones de tipo de violencia, y establecen que la violencia no sólo se ejerce en el ámbito familiar, sino también en lo privado, en lo público y en lo institucional.
En este sentido, en nuestro país, la violencia en sus diversas modalidades es generalizada, entendiéndose ésta como la violencia que el gobierno ejerce contra la ciudadanía.
Con base en datos obtenidos a través del Coneval, sabemos que en México de los casi 110 millones de habitantes, existen 52 millones en estado de pobreza. Es decir, el actual gobierno y los anteriores se han encargo de ejercer violencia económica, no sólo contra las mujeres sino contra la ciudadanía en general, ya que dicha violencia se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor a un trabajo igual. Esto se llama violencia laboral.
Otra forma de violencia que ejerce el gobierno en contra de la ciudadanía es la patrimonial, ya que 17.1 millones de personas carecen de calidad y de espacios de vivienda, así como de servicios básicos, pues la Carta Magna establece en nuestro país el derecho de todo individuo a una vivienda digna, derecho que no es respetado, ya no digamos la violencia que se ejerce a los 11.7 millones de personas que viven en marginación y en pobreza extrema.
Pero también se ejerce violencia institucional a los 35.8 millones de personas que no tienen acceso a servicios de salud. El 60.7 de la población no tiene seguridad social, porcentaje que aumenta y que estamos seguros que va a aumentar por la infame reforma laboral que el PRI, el PAN y sus aliados acaban de aprobar.
El gobierno federal ha venido realizando acciones en detrimento de la población vulnerable, nuestros niños y nuestros jóvenes, ya que el 23.2 por ciento millones de personas sufren rezago educativo, es decir este gobierno pretende mantener en la ignorancia, la marginación, el abandono y la indiferencia a los más vulnerables en nuestro país, ejerciendo violencia psicológica, patrimonial, económica, según las definiciones de la ley citada.
Tampoco podemos olvidar la violencia alimentaria de la que son víctimas más de 28 millones de personas. En nuestro país los programas de gobierno federal son insuficientes, ya que están dirigidos a grupos vulnerables y como un elemento adicional el aumento a la tendencia laboral de la pobreza. Es decir, con un salario ya no se puede adquirir ni siquiera la canasta básica. Esto se traduce en que es exponencial el aumento de la miseria y la pobreza en nuestro país.
Los trabajadores con su sueldo no podrán adquirir siquiera alimentación para la familia, que es un derecho que la Constitución del país otorga a todos los mexicanos.
Con lo anterior podemos afirmar que con estos mecanismos de violencia que el gobierno ejerce en contra de la población, no es más que una violencia psicológica para someter a la voluntad ciudadana, orillando a sobrevivir en las peores condiciones para obligarnos a recibir migajas a cambio del voto para llegar al poder, como se demuestra en los casos de Monex y la tarjeta Soriana.
En este caso, la violencia histórica generalizada da que el 15.5 por ciento de las mujeres padecen violencia física, es decir casi 16 millones de mujeres en este país han sido golpeadas por lo menos una vez, y no solamente por sus parejas.
Si contrastamos estos datos a nivel estatal, podemos decir –termino, presidente– que la violencia en Chiapas es alrededor del 30 por ciento, pero en el estado de México, un estado conurbado a la ciudad, es del 20.6 por ciento. De 2009 a 2010 hubo 890 feminicidios en el país, de los cuales 34.7 por ciento fueron en el estado de México.
Pero no nos alarmemos, lo peor está por venir, la mayor violencia intrafamiliar, psicológica, pública e institucional viene a partir del 1 de diciembre. Si no rescatamos a la población mexicana, no vamos a poder rescatar a las mujeres de este país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Blanca Jiménez Castillo, del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz.
La diputada Blanca Jiménez Castillo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, los legisladores de Acción Nacional, con base a los principios que rige a nuestro partido, estamos plenamente convencidos de que el respeto y la dignidad a la mujer son fundamentales en la sociedad.
Es por esta razón que hoy me honra estar en esta tribuna en representación del Grupo Parlamentario del PAN, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reconocido desde 1981 por militantes a favor de los derechos de las mujeres, y declarado en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En este sentido, es importante recordar que la aprobación de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamada el 20 de diciembre de 1993 por la Asamblea General de la ONU, reconoce, en su artículo 3o., que la mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades, fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole; y que fue el 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, que la Asamblea General de la ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, precisando: “Violencia contra la mujer es todo acto violento basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos a la coacción o a la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
¿Por qué el 25 de noviembre? Esta fecha fue elegida en recuerdo del brutal asesinato en 1960, en la República Dominicana, de las tres hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas inolvidables, debido a su activismo político, y por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo, convirtiéndose así, en América Latina, en un lugar y en un día que jamás olvidaremos. Y además estas hazañas y vida, que con ello promovieron el reconocimiento mundial contra la violencia hacia las mujeres.
En México nunca olvidaremos esta fecha, la conmemoraremos año con año como un recordatorio que este lacerante problema social ha existido por años en nuestras comunidades latinoamericanas y que su tratamiento implica reconocer y transformar esa cultura predominante que ha hecho de él una situación normal e invisible para muchas y muchos.
Esta fecha debe servir, también, para hacer un balance los avances y de los resultados logrados. Pero también para continuar concientizando a la población civil y a las y a los servidores públicos de que el problema existe y que el primer paso para eliminarlo es identificarlo tal como es y darle la dimensión de la gravedad que le corresponde.
Lamentablemente, hoy las mujeres mexicanas continúan viviendo situaciones que ponen en peligro su vida y su integridad. Así lo exponen los datos de las encuestas nacionales como la violencia en las relaciones en el noviazgo.
Las jóvenes solteras de 15 a 24 años de edad, la principal causa de violencia que sufren es la emocional, afecta al 23.1 por ciento de ellas, o bien, donde se señala que en el caso de mujeres de 15 años o más que hablan alguna lengua indígena, el 25.2 por ciento de ellas refieren recuerdos de insultos y ofensas cuando eran niñas.
Sin duda, aún queda mucho por hacer. Basta recordar que menos de la tercera parte de las entidades federativas que componen nuestra República Mexicana contemplan en sus legislaciones el tipo penal del feminicidio. Hechos todos que sin lugar a dudas comprometen a las instituciones a diseñar instrumentos y acciones para la identificación, prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones, ya sea física, psicológica, patrimonial, económica y cualquiera que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad e integridad o libertad de las mujeres. Término, señor presidente.
Por lo anterior, aprovecho esta ocasión para hacer un exhorto a todas las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y de la sociedad civil a que sigamos trabajando conjuntamente en políticas públicas eficientes que eviten manifestaciones de violencia hacia las mujeres dentro de nuestra sociedad.
Tomemos en cuenta que actualmente las mujeres representamos un gran porcentaje de la población; sin embargo, como profesionistas, amas de casa, esposas, trabajadoras, ancianas, jóvenes, enfrentamos muchas limitantes, lo cual desgraciadamente nos impide realizar el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos. –Termino, señor presidente.
Mujeres, es importante que abramos los ojos y no nos quedemos calladas ante situaciones que nos agreden. Aprendamos a exigir nuestros derechos y demandemos con firmeza al Estado su cumplimiento. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y ya fue mucho. Finalmente doña María Esther Garza Moreno, nuestra querida Tei, ahí modestamente representante de una de las ciudades más bellas del mundo, de Guanajuato, capital.
La diputada María Esther Garza Moreno: Gracias, señor presidente. En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre es necesario hacer un ejercicio de reflexión de los desafíos pendientes del Estado mexicano en la materia.
Una de las expresiones más graves de violación sistemática a los derechos humanos es la violencia contra las mujeres. Este flagelo, sufrido por todas las mujeres en todas las regiones del mundo, tiene muchas aristas y caras que se expresan a través de la explotación sexual, de la violencia psicológica, violencia económica, violencia familiar, violencia institucional, violencia laboral, entre otras, y en cada una de ellas se puede observar el velo de la discriminación que cubre a todas las mujeres.
Estos factores persisten y se acentúan en las niñas, en las adolescentes y en las mujeres indígenas, ya que esta violencia es aceptada tácitamente o invisibilizada en gran parte de la sociedad.
El común denominador y la meta a alcanzar es la construcción de un modelo social androcéntrico basado en normas, valores y principios, que sitúa a las mujeres en una posición de inferioridad y subordinación frente a los hombres.
Dado lo anterior la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, hasta un 70 por ciento de mujeres sufren en el transcurso de sus vidas violencia física o sexual ejercida por varones, en su mayoría esposos, compañeros íntimos o alguien conocido.
Por su parte, las mujeres y las niñas conforman el 80 por ciento de las 800 mil personas que son sometidas anualmente a la trata de personas, y en su mayoría son explotadas sexualmente.
Asimismo, una de cada cuatro mujeres experimenta violencia física y/o sexual durante el embarazo y hasta un 53 por ciento de las mujeres abusadas físicamente por su compañero íntimo reciben patadas o puñetazos en el abdomen.
A 17 años de entrar en vigor la Convención Belém Do Pará, la violencia contra las mujeres en el Continente Americano constituye uno de los grandes obstáculos para la consolidación de una sociedad democrática. Por lo que garantía del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres constituye un pilar básico para el fortalecimiento de un estado de derecho.
Con la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el 1o. de febrero de 2007 se avanzó un gran trecho en la lucha por la protección de los derechos humanos de las mujeres. En dicho ordenamiento se establecieron figuras sin precedentes para la protección de la mujer como la alerta de violencia de género y se busco extender la implementación de otras para lograr que a nivel nacional las mujeres vivan una vida libre de violencia, lo cual es el caso de las órdenes de protección cuya figura jurídica busca expresamente atender casos de violencia de género con el objetivo de evitar daños irreparables para las mujeres.
A pesar del reconocimiento formal y jurídico del gobierno mexicano, de que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye un tema prioritario y de singular gravedad para el país, hoy en día los datos y estadísticas nos brindan un panorama alarmante, sobre este flagelo que afecta diariamente a mujeres en nuestro país.
Por un lado la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres nos señala que del total de mujeres de 15 años y más, el 46 por ciento sufrieron algún incidente de violencia de pareja. Por su parte, 42 por ciento de mujeres mayores de 15 años expresó haber sufrido violencia emocional por parte de su pareja; el 24 por ciento expresó haber sufrido violencia económica; el 13 por ciento de las mujeres mayores de 15 años sufrió violencia física con lesiones permanentes o temporales; el 7 por ciento de mujeres mayores de 15 años de edad fueron víctimas de violencia sexual por parte de sus parejas.
Esta encuesta nos muestra también la aceptación tácita de la violencia ya que el 20 por ciento de las mujeres encuestadas dijo estar de acuerdo que los golpes son asunto de familia y se debe quedar ahí. El 16 por ciento estaban de acuerdo en la obediencia de las esposas en su hogar y el 14 por ciento afirmó estar de acuerdo en la obligación de las mujeres en mantener relaciones sexuales con su esposo.
Estas cifras son desoladoras, ya que representan una tarea pendiente en los tres órdenes de gobierno para la prevención, atención y sanción de la violencia perpetrada hacia las mujeres y niñas en nuestro país.
Es importante señalar que con fundamento en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, todo servidor público deberá acatarse a la premisa fundamental de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres y omitir cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres; especialmente quienes tienen a su cargo la administración de justicia, deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra ellas y adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de las mujeres.
Por lo anterior no hay duda de que para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de una manera efectiva, como lo exige la comunidad internacional, se requiere la suma de esfuerzos y propósitos entre los tres órdenes de gobierno a través de la unificación de procedimientos que permitan una protección eficaz de los derechos de las mujeres, que a su vez permitan construir protocolos aplicables en toda la República mexicana.
Hoy en día constatamos que la violencia contra las mujeres sigue siendo un tema que nos lastima y avergüenza. Como Estado, le debemos mucho a cada una de las víctimas –directas o indirectas- de la violencia contra las mujeres, por lo que exhortamos al Estado mexicano a atender las recomendaciones y observaciones emitidas por el Comité de la CEDAW y del mecanismo de seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.
Desde el Poder Legislativo reafirmamos el compromiso de intensificar los trabajos de prevención, protección, atención y sanción de la violencia, así como lo hicimos las mujeres que integramos el Grupo Parlamentario del PRI para que el Instituto Nacional de las Mujeres continúe con su estatus jurídico actual.
Seguiremos sumando esfuerzos con todos los sectores de la sociedad a fin de erradicar este flagelo y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Con esto concluye la ronda de posicionamientos y creo que la Cámara de Diputados conmemora dignamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Felicidades a todas las compañeras diputadas.
El Presidente diputado José González Morfín: Vamos a ir a una ronda de iniciativas y en consecuencia tiene la palabra por cinco minutos el diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables.
El diputado Javier López Zavala: Con el permiso de la Presidencia; honorable asamblea, vengo a esta soberanía a proponer iniciativa de ley bajo la siguiente
Exposición de motivos
La producción de la energía eléctrica en México es cada vez más costosa y contaminante. La energía eléctrica en el mundo entero sigue dependiendo en gran parte, de la quema de combustibles fósiles como el petróleo, gas y carbón, que son sumamente contaminantes y productores de los denominados gases de invernadero, en especial del bióxido de carbono, considerado como el principal responsable del calentamiento de la tierra.
En nuestro país contamos con centrales hidroeléctricas, termoelécricas, geotermoeléctricas, carboeléctricas y nucleoeléctricas, en los estados de Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Coahuila, Colima, Guerrero, Baja California, Tamaulipas, entre otros.
La central más grande y con mayor producción de energía del país es la de Chicoasen, ubicada en el estado de Chiapas, con una capacidad de generación de 15 mil 396 megawatts por hora.
Sin embargo, aunque tenemos una buena capacidad de producción de energía eléctrica y aunque el 98 por ciento de la población en el país está abastecida de energía, nos enfrentamos al costo de producción y al pago por consumo. Por ello necesitamos generar las condiciones necesarias para que en México transiten las energías limpias y renovables, como ya está sucediendo en Europa, Asia y Norteamérica.
El presidente electro Enrique Peña Nieto, lo tiene muy claro, por eso en campaña propuso detonar el gran potencial que tiene el país para el desarrollo de energías renovables y limpias como la solar, la eólica o la geotérmica y a eso se refiere la iniciativa que hoy vengo a presentar a nombre de la fracción parlamentaria del PRI y de muchos diputados que la firman.
México tiene el tercer lugar en posibilidad de producción de energía solar por las condiciones climatológicas y geográficas del país. Sin embargo no hemos dado la importancia debida a la generación de este tipo de energías y mucho menos una eficaz aplicación de la misma.
El costo por el consumo de energía eléctrica en los centros escolares del país es superior, óiganlo bien, a 10 mil millones de pesos por año y muchos de esos recursos son aportados por los padres de familia y otros por el gobierno. Es decir, de aprobarse esta iniciativa de ley, estaríamos ahorrando al año 10 mil millones de pesos aproximadamente por gasto de consumo de energía eléctrica en las escuelas.
En el país existen más de 72 mil centros escolares de educación preescolar, primaria y secundaria, según datos de la Secretaría de Educación Pública. El costo de suministro de energía en el país en las escuelas oscila precisamente en más de 10 mil millones de pesos.
Debemos aprovechar que en México cada metro cuadrado del territorio recibe diariamente una cantidad de energía solar equivalente a medio kilogramo de petróleo combustible o cinco kilos watts hora de energía eléctrica, valor promedio prácticamente invariable durante todo el año y casi igual en todo el país.
Los sistemas fotovoltaicos pueden ser aislados o conectados a la red eléctrica. Los sistemas aislados son equipados con sistemas de acumulación de la energía producida, y los sistemas conectados a la red eléctrica pueden alimentarla con un remanente de energía producida.
Si nosotros logramos aprobar esta iniciativa, tendríamos los siguientes beneficios: llevarle luz a las comunidades donde no tienen energía eléctrica, a través de los paneles solares. Las escuelas no solamente se abastecerían, sino podrían producir un excedente y vender la luz a las comunidades rurales que hoy no la tienen. Las escuelas ahorrarían el pago de suministro de energía eléctrica, pudiendo incluso vender su remanente a los municipios o comunidades que no la tienen.
Según estudios que se están realizando en Coahuila, por iniciativa propia, están comenzando a colocar estos sistemas de energía solar que pueden proporcionar a las escuelas del norte de nuestro país 30 años de electricidad, con una inversión inicial que tiene un retorno de inversión de sólo tres años, ya que es el período de vida útil que tienen los paneles solares.
El costo para el suministro de electricidad de las escuelas públicas está creciendo todos los años, por lo que se ha dejado a las escuelas sin el suministro por días y semanas en lugares donde no hay recursos para la cooperación de padres de familia.
Muchas escuelas hoy en Estados Unidos ya lo están haciendo, de tal suerte que en más de 500 colegios de 43 estados de la Unión Americana han instalado paneles solares para generar energía y así ahorrar en sus cuentas de electricidad miles de dólares anualmente. Estudios realizados por universidades de los Estados Unidos demuestran que es un programa efectivo.
Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa que reforma el artículo de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a fin de establecer una estrategia escalonada multianual para la incorporación de los paneles solares en las escuelas públicas, priorizando las que se encuentran en regiones donde no existe cobertura de energía eléctrica, y la reforma al artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética para que la federación esté obligada a definir estrategias para promover la realización de proyectos de generación de electricidad a partir de energías renovables para las escuelas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Energía para dictamen. Pido que se abra el sonido en la curul en que se encuentra el diputado Francisco Alberto Zepeda González. Dígame, diputado.
El diputado Francisco Alberto Zepeda González (desde la curul): Muchas gracias, compañero diputado presidente.
Nada más para hacerle la solicitud al diputado López Zavala de poderme incorporar a su iniciativa tan importante para el cuidado de medio ambiente. Vengo de un estado, el estado de Colima, donde hay una termoeléctrica y el grado de contaminación es inmenso. Por ello la posibilidad, diputado López Zavala, de poderme incorporar a su iniciativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Si no tiene inconveniente el diputado López Zavala, tomamos nota de su adhesión.
El diputado Javier López Zavala: Con mucho gusto. Dejamos la iniciativa aquí, con mucho gusto, para los que quieran incorporarse.
El Presidente diputado José González Morfín: Para que pase a suscribirla aquí en la Secretaría.
El diputado Francisco Zepeda González (desde la curul): Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchísimas gracias. Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del CETIS 67, de San Pedro Cholula, estado de Puebla, que están aquí invitados por el diputado Julio Lorenzini. Bienvenidos todos y todas, alumnos y maestros del CETIS 67 a esta sesión de la Cámara de Diputados.
También aprovechar la oportunidad para saludar a un grupo de alumnos de la Universidad de Guadalajara, plantel Atotonilco El Alto, Jalisco, invitados por el diputado Ossiel Omar Niaves López. Bienvenidos todos.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Néstor Gordillo Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 280 Bis al Código Federal de Procedimientos y Penales y 110 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores: Agradezco la oportunidad de poner a la consideración de este pleno la iniciativa que adiciona los artículos 280 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales y 110 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para abordar un tema sumamente relevante para la ciudadanía, el combate a la delincuencia.
Si una tarea justifica la razón de ser de las autoridades públicas, sin duda es la de garantizar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, tanto en su persona como en su patrimonio.
La seguridad pública, sin lugar a dudas, es una de las funciones que legitima y le da sentido a la acción del Estado. No obstante, aun cuando en los últimos años se han registrado avances importantes en materia de seguridad pública, hoy en día existen retos considerables que nos deben ocupar tanto a los tres Poderes de la Unión como a los tres niveles de gobierno.
Derivado de la evolución delictiva y de su naturaleza dinámica resulta fundamental que las instituciones encargadas de investigar y combatir los delitos, cuenten con tecnologías e instrumentos modernos acordes y expeditos para hacer frente a los criminales.
Cabe mencionar que vivimos en un mundo donde las tecnologías de la información forman parte de la vida cotidiana, situación por la cual las autoridades encargadas de investigación y persecución del delito igual deben de modernizarse y potenciar los alcances en sus funciones, a través de tecnologías de punta y mecanismos inteligentes de coordinación interinstitucional.
Bajo este esquema, esta iniciativa que el día de hoy presento ante ustedes, compañeros diputados, tiene como objetivo principal dotar a las autoridades de procuración y administración de justicia, de mejores elementos para determinar responsabilidades penales.
En el caso de la adición propuesta al Código Federal de Procedimientos Penales, se pretende otorgar de valor probatorio pleno a las videofilmaciones sobre hechos delictivos en flagrancia, siempre y cuando estén relacionadas con un dictamen pericial que acredite su inalteración y manipulación, a fin de asegurar a los presuntos responsables de un delito que las pruebas son fehacientes y que además existen elementos e indicios técnicos sobre la veracidad del contenido de las videofilmaciones.
En el caso de la adición propuesta a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se busca crear mecanismos de cooperación en el ámbito de la seguridad para que las videofilmaciones sobre delitos cometidos en flagrancia que se obtengan a través de los sistemas de las instituciones encargadas de este tema, sean inmediatamente puestas a disposición y conocimiento del Ministerio Público que corresponda.
La presente iniciativa es un esfuerzo para ir acotando la acción de la delincuencia, que muchas veces las autoridades se ven impedidas para determinar penas o sanciones porque no cuentan con pruebas fehacientes, fidedignas, y qué mejor instrumento que la tecnología para demostrar la responsabilidad de quien se atreve a transgredir la ley.
Por tanto, esta iniciativa tiene por objeto contribuir al valor de la prevención y atención oportuna del delito, ya que las cámaras de seguridad pública no sólo sirven como un disuasivo para la comisión de delitos, sino también como un medio de prueba idóneo para acreditar la responsabilidad penal.
Es por ello que no omito recordar que la seguridad pública no es tarea exclusiva de un partido político, de un gobierno o de un poder en específico, sino una responsabilidad de todos los que estamos involucrados en la vida pública. Por tanto, como servidores públicos debemos encarar el fenómeno delictivo de una manera integral, haciendo uso de las plataformas tecnológicas y de manera coordinada, además de programas complementarios que contribuyan a resolver la problemática, particularmente en materia de educación, empleo, rescate de espacios públicos entre otras, en las zonas metropolitanas y principales ciudades del país.
En este sentido propongo esta iniciativa porque tenemos un compromiso con los mexicanos, con su seguridad, pero sobre todo para que logremos que todas las familias vivan tranquilas, seguras y con certidumbre en todos los ámbitos; una de las razones primordiales que justifican nuestro trabajo como legisladores.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona
Primero. Un artículo 280 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales, de acuerdo a lo siguiente. Las videofilmaciones harán prueba plena siempre que estén relacionadas con un dictamen pericial que acredite su inalteración o manipulación, y
Segundo. Un artículo 110 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo a lo siguiente: Las videofilmaciones sobre delitos cometidos en flagrancia que se obtengan a través de los sistemas de vigilancia de las instituciones de seguridad pública, inmediatamente deberán ser puestas a disposición y conocimiento del Ministerio Público que corresponda a efecto de que se investigue.
El envió de las videofilmaciones para la autoridad respectiva se hará previa certificación, que hará constar las garantías de su inalteración o manipulación, y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.
Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva, que el texto íntegro de la iniciativa presentada se incorpore al Diario de los Debates. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Con mucho gusto, el texto íntegro de la iniciativa se inserta en el Diario de los Debates, y se turna a Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes. Es indiscutible que las pequeñas y medianas empresas representan un sector sustancial en la actividad económica y en la dinámica social y política de nuestro país.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su Censo del año 2007, en México, el 95.5 de las organizaciones manufactureras de comercio y de servicios son microempresas, mientras que el 3.5 y el 0.8 por ciento son pequeñas y medianas empresas, mismas que generan entre ambas 70.40 por ciento de los empleos, así como el 30 por ciento del producto interno bruto, cifras que resultan impactantes si agregamos que la carga fiscal más importante recae justamente sobre estas empresas.
Asimismo, estas empresas se han convertido en los últimos años en una válvula de escape a los problemas de desempleo, que no ha podido atender y resolver el Estado. Se estima que 9 de cada 10 organizaciones en México son familiares, pero paradójicamente sólo una de cada 3 de ellas logra pasar a la siguiente generación.
Una de las causas por las cuales las Pymes familiares no sobreviven son algunas de las siguientes. La falta de mercados leales y competitivos para sus productos; la alta tasa de interés financiera y una tasa fiscal impositiva, prácticamente difícil de pagar.
A lo anterior, se suma una deficiente administración y planeación, el manejo ineficiente de recursos y un mal sistema de control, todo ello derivado de la falta de capacitación oportuna e innovación tecnológica.
Debemos considerar que un porcentaje muy significativo de las micro y pequeñas empresas se extingue por la falta de acceso a los programas de apoyo local y federal, ya que contienen reglas de operación que un microempresario no podría cubrir, lo que implicaría, prácticamente, dejar su empresa en garantía.
En México son muchas las líneas que resulta necesario analizar parra poner en el contexto adecuado la problemática que enfrentan las Pyme. Entre las mismas podemos destacar la deficiente capacitación de estas unidades productivas, ya que tradicionalmente la asesoría técnica no ha sido considerada como un factor de desarrollo que permita a las empresas lograr mejores beneficios y posicionamientos en los mercados.
El limitado acceso a los esquemas de financiamiento, tanto de la banca del segundo piso como de la banca comercial y los intermediarios financieros. Las elevadas tasas de interés, acompañadas de fuertes restricciones por parte de las instituciones bancarias, las cuales han provocado que solamente el 22.5 por ciento de las Pyme cuenten con créditos, acompañado esto de una fuerte reducción en los alcances de la banca de desarrollo, ocasionando que dichas empresas tengan que recurrir a fuentes alternas de financiamiento, como es el caso de los intermediarios financieros que otorgan créditos con tasas de interés sin regulación alguna.
Según información de la Secretaría de Economía se establecen anualmente, en promedio, 200 mil empresas, de las cuales, aproximadamente el 10 por ciento tienen posibilidades de desarrollarse en la economía formal, el 25 por ciento tienen escasas posibilidades de desarrollo y solamente generan recursos de sobrevivencia. Y el 65 por ciento desaparecen antes de cumplir los dos años de vida, siendo la causa más significativa de su desaparición la falta de capacitación adecuada y oportuna.
En este orden de ideas, para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano resulta urgente reformar la normatividad vigente, con el propósito de favorecer el fomento y desarrollo de las micro y pequeñas empresas, para que se contemplen esquemas de financiamiento con tasas blandas de interés que les permitan capitalizarse, para fomentar estrategias de desarrollo e innovación tecnológica, para priorizar la capacitación y asesoría para la exportación que les permita adaptarse a un mercado que cada vez sea más competitivo y mantenerse como una de las principales fuentes generadoras de empleo en nuestro país.
Consideramos que un mayor apoyo financiero en las micro, pequeñas y medianas empresas es muy necesario pero esto no resuelve el problema de fondo, es indispensable una reforma fiscal integral, en virtud de que son estas empresas las que realmente pagan impuestos a la hacienda pública.
No obstante, estamos convencidos que el apoyo financiero es una de las palancas impulsoras para el desarrollo que a la vez generará en el corto, mediano y largo plazo, beneficios a la sociedad en conjunto, ya que al incrementarse la productividad se fomenta la generación de empleos, la competitividad y la reducción de la pobreza.
En tal circunstancia sometemos ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Economía y de Competitividad para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 350 Bis 6 de la Ley General de Salud.
La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, vengo a esta tribuna a plantear una situación de la mayor trascendencia. Los médicos y hospitales de nuestro país se enfrentan a una cuestión no menor, al grave problema de no tener definido por ley el destino último de los productos derivados del embarazo de menos de 13 semanas.
El embarazo humano dura unas 40 semanas aproximadamente, el primer trimestre es el momento de mayor riesgo de aborto espontáneo, el inicio del tercer trimestre se considera el punto de viabilidad del feto, aquél a partir del cual puede sobrevivir extraútero sin soporte médico.
Al respecto, la Organización Mundial de la Salud define a la defunción fetal como la muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo; la muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.
En este sentido, el artículo 314 de la Ley General de Salud menciona que se entiende por embrión, al producto de la concepción a partir de ésta y hasta el término de la duodécima semana gestacional; asimismo, señala que se entiende por feto, al producto de la concepción a partir de la decimotercera semana de edad gestacional hasta la expulsión del seno materno.
Asimismo, este ordenamiento define al destino final como la conservación permanente, inhumación, incineración, desintegración e inactivación de órganos, tejidos, células y derivados, productos y cadáveres de seres humanos, incluyendo los de embriones y fetos, en condiciones sanitarias permitidas por esta ley y demás disposiciones aplicables.
El artículo 350 Bis 6 de la misma ley especifica que sólo podrá dársele destino final a un feto previa expedición del certificado de muerte fetal, más la autorización del Registro Civil.
Esta autorización del Registro Civil no es una certificación de un acto del estado civil, y por tanto no se puede levantar un acta de defunción, sino una simple constatación de la existencia de un cadáver no nato, y la debida autorización para que pueda ser inhumado o incinerado. No puede haber inhumación o incineración sin la autorización del Registro Civil.
Es muy importante su registro estadístico para el estudio de las causas y los factores que intervienen en la mortalidad perinatal. Aún en la actualidad un gran número de ellas carece del certificado respectivo, lo que condiciona un elevado subregistro que impide conocer el comportamiento epidemiológico de este fenómeno. A menudo esto ocurre por desconocimiento de la importancia de la certificación y notificación de las muertes fetales.
Por tanto, si un feto se define como un producto de la concepción a partir de la semana 13 entonces los embriones que tienen menos de esta semana –y aquí está el problema– no puede dársele un destino final, puesto que no está en la ley establecido para ello que se les expida una autorización por parte del Registro Civil y por lo tanto quedan sin posibilidad de inhumación. Desafortunadamente la ley no prevé esta situación y ante una falta de reglamentación clara los embriones tienen un destino incierto.
Asimismo, el artículo 318 del referido ordenamiento señala que para el control sanitario de los productos y de la disposición del embrión y de las células germinales, se estará a lo dispuesto en la propia ley o las que resulten aplicables y en las demás disposiciones generales que al efecto se expidan; pero —y a pesar de lo anterior— no podemos dejar de mencionar, que no existe ninguna disposición final para el embrión en ninguna de las reglamentaciones federales.
Es por todo lo anterior que mi grupo parlamentario considera necesario e importante darle un destino final a los productos de menos de 12 semanas, los embriones, previo a un certificado médico; y pretendemos dentro del artículo 350 Bis 6, en el que solo menciona el destino final para un feto y por eso nos permitimos proponer esta iniciativa para que se incluyan los embriones en este mismo procedimiento con la finalidad de evitar que sean manipulados de manera irresponsable o usados en un tráfico ilegal, necesitamos que tengan un destino digno. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Salud, para dictamen.
El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí. Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Enrique Flores.
El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): Sí, presidente. Nada más para felicitar a la diputada y solicitar suscribirme, si tiene a bien darme la oportunidad. Creo que es una gran iniciativa que reconoce a los bebes desde su concepción.
La diputada Carla Alicia Padilla Ramos (desde la curul): Sí, estoy de acuerdo.
El Presidente diputado José González Morfín: Me dice la diputada Padilla Ramos que está de acuerdo; dejamos la iniciativa en manos de la Secretaría para que pase a suscribirla quien así lo desee.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. No.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Las investigaciones indican que la violencia en el noviazgo es vista por la mayoría de los jóvenes como algo normal dentro de una relación. Muchos no llegan a reconocer de forma clara un noviazgo violento y lamentablemente nuestras leyes federales tampoco.
Hoy vengo ante este honorable Congreso para buscar su apoyo, compañeras y compañeros diputados, con el objeto de que logremos que la legislación federal no omita en sus postulados la verdad que viven millones de mexicanas y de mexicanos.
La violencia en el noviazgo existe y es lamentable comprobar que nuestra legislación federal no se ha preocupado en definir claramente ni en penalizar esta práctica que, tristemente, es cada vez más común.
Según la última Encuesta del Instituto Mexicano de la Juventud, el 66 por ciento de los jóvenes mexicanos entre 15 y 24 años ha sufrido algún tipo de agresión en sus relaciones de pareja.
La violencia en el noviazgo crece como bola de nieve. Empieza con un amor malentendido que confunde la confianza con la agresión y que lleva los vacíos propios con el sufrimiento de la pareja. Primero bromas hirientes, después empujones efusivos. Primero ofensar verbales, después agresiones físicas. Inicia en muchas ocasiones con violencia sicológica.
El 41.9 por ciento de los jóvenes declararon en la última Encuesta Nacional de Juventud que tuvieron al menos un episodio de violencia por insultos, burlas o críticas en su noviazgo actual. Después llega a la violencia física.
El 27.3 por ciento de los jóvenes declararon en la misma encuesta haber sufrido algún tipo de agresión corporal. En esta etapa las parejas se convierten en una triste dicotomía de personas sádicas y masoquistas. Buscan, por medio de la simbiosis de dominador nominado, el complementar sus deficiencias más profundas.
En el arte de amar, Erich Fromm define lo que debería de ser el amor de pareja, como una unión a condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad. El amor es un poder activo en el hombre, un poder que atraviesa las barreras que separan al hombre de sus semejantes y los une a los demás. El amor lo capacita para superar sus sentimientos de aislamiento y separación y no obstante le permite ser el mismo y mantener su integridad.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza asumimos la responsabilidad que tenemos ante la sociedad y creemos que la ley mexicana debe proteger a todas las personas que sufren cualquier tipo de violencia en su entorno.
Hoy buscamos sumar voluntades para que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establezca la normatividad que permita defender de manera eficaz los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres en noviazgo.
Esta propuesta, compañeros, tiene dos objetivos. El primero es que la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, puedan participar de manera transversal en la implementación de políticas públicas para prevenir, identificar y resolver esta modalidad de violencia.
Proponemos que por medio de programas de prevención para adolescentes y jóvenes con mecanismos de información y campañas para erradicar los estereotipos sexistas, busquemos acabar con la legitimación social que existe en torno a la violencia en el noviazgo.
El segundo objetivo es que las mujeres puedan ejercer el beneficio de las órdenes de protección, cuando la autoridad conozca de delitos que impliquen violencia contra ellas en su relación de pareja.
Definimos también de manera específica la violencia en noviazgo de la siguiente manera: todos los actos realizados por una de las partes en contra de la otra, dentro de una relación afectiva, mediante los cuales se presenten ataques intencionales de tipo sexual, físico o psicológico, de manera forzada en la relación de compromiso, amorío, romance, noviazgo o enamoramiento, con el objetivo de controlar, someter y obligar a la persona que realiza diversos actos en contra de su voluntad.
Compañeras y compañeros diputados, la violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades, lacera a toda la sociedad. Bajo ninguna circunstancia se puede justificar; pero adquiere matices más crueles cuando esta violencia se oculta bajo una falsa pretensión de amor.
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer que se celebrará el próximo domingo, me gustaría invitar especialmente a todas mis compañeras legisladoras, pero también a mis compañeros legisladores, a sumarse a esta propuesta. Ojalá podamos contar con su respaldo. Muchas gracias, compañeros diputados, muchas gracias diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen. Sonido en la curul de la diputada Jiménez.
La diputada María Teresa Jiménez Esquivel (desde la curul): Presidente, quiero preguntarle al exponente si podemos adherirnos a su iniciativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Me dice que no tiene inconveniente; con mucho gusto dejamos la iniciativa en manos de la Secretaría para que quienes la deseen suscribir, puedan pasar a suscribirla. Muchas gracias. Quedó turnada a la Comisión de Equidad y Género.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del PRI para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 273 y 300 de la Ley General de Salud.
El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios: Con su venia, señor presidente, y haciendo una respetuosa solicitud para que sea plasmada de manera íntegra esta iniciativa en el Diario de los Debates, aspirando a que mis compañeras y compañeros diputados puedan poner atención a esta iniciativa que de verdad va a mejorar la vida, sobre todo de la niñez y de la adolescencia.
Según una Encuesta Nacional de Adicciones del 2008 que se realizó en México, más del 25 por ciento de los adolescentes entre 12 y 15 años han consumido drogas como mariguana, cocaína o algún otro estimulante. Además, existen 14 millones de fumadores menores de edad. El 75 por ciento de los estudiantes de nivel medio superior han consumido alguna droga. Además, cinco de cada uno de ellos cumple con los criterios médicos de la adicción. Los números anteriores son sólo una muestra de cómo las adicciones afectan la infancia y la adolescencia de nuestro país. En la actualidad, las sustancias tóxicas son cada vez más accesibles a este sector de la población.
El Informe Mundial Sobre las Drogas publicado en octubre del 2011 por la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito establece que existe en Internet difusión sobre nuevos tipos de sustancias que crean adicciones y que no están sometidas a controles internacionales y que, por su alta toxicidad, suponen serios perjuicios a la salud.
Ejemplo de lo anterior son los productos químicos destinados a la limpieza de equipos electrónicos y de cómputo, concretamente el spray en aerosol para limpiar las computadoras, el cual se ha convertido en una nueva forma de adicción cada vez más extensiva entre los adolescentes de 13 y 17 años.
En el año 2001 se conocieron en Centroamérica los primeros casos de jóvenes que aspiraban el aire comprimido, éste que se puede conseguir de manera muy fácil en las tiendas de cómputo o en la papelería. En México esta práctica se ha difundido desde hace cinco años y, debido a que ellos no reconocen estos productos como droga o adicción, el hecho tampoco se encuentra reportado en las encuestas de salud, por lo que quedó fuera de las preguntas de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008.
Aunque cada vez son más jóvenes los que experimentan con el aire comprimido, su detección es complicada porque su uso no deja rastros, como ocurre con otros tipos de drogas.
Con la presente iniciativa, compañeras y compañeros diputados, se busca proteger a la niñez y la adolescencia del fácil acceso a sustancias que representan un riesgo para su salud.
Amigas y amigos legisladores, es inadmisible hablar de un proyecto de nación si se relega la búsqueda inteligente, participativa y sensible de las autoridades y la sociedad para la resolución de estos fenómenos que aquejan nuestra cotidianidad y que cada vez más adquieren vicios de normalidad y de deshumanidad.
Por lo anterior expuesto, vengo aquí a presentar a esta honorable asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones:
Único. Se reforma el artículo 300 y se adiciona un nuevo texto a la fracción VIII del artículo 273, recorriéndose el texto del actual y de las demás en el orden subsecuente, y un párrafo décimo tercero del artículo 273, ambos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 273. Productos químicos de limpieza de equipo electrónico y cómputo, desodorantes y aromatizantes ambientales y los demás de naturaleza análoga que determine la Secretaría de Salud. Queda estrictamente prohibida su venta a menores de edad.
Artículo 300. Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la autorización de publicidad que se refiere a la salud y al tratamiento de la enfermedades, al tratamiento y rehabilitación de las adicciones, a la rehabilitación de los inválidos, al ejercicio de las disposiciones para la salud, y los productos y servicios que se refiere esta ley. La facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieren las leyes a las Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Economía, Comunicaciones y Transportes y otras dependencias del gobierno federal. Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Salud, para dictamen.
Quiero saludar, nos visitan en esta sesión los alcaldes de Mier y Noriega y de Zaragoza, Nuevo León, Benito González y Juan Arturo Guevara, están aquí los alcaldes invitados por nuestra compañera diputada Verónica Sada. Bienvenidos a esta sesión y a la Cámara de Diputados.
También saludo a un grupo de estudiantes y catedráticos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Coatzacoalcos, que están hoy aquí invitados por el diputado Joaquín Caballero Rosiñol. Bienvenidos, todos, a esta sesión de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 107 Bis a la Ley Aduanera.
El diputado Raúl Gómez Ramírez: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Raúl Gómez Ramírez: Compañeras y compañeros diputados. Pongo a su disposición la propuesta de adición que da el artículo 107 Bis de la Ley Aduanera para brindar certeza clara al importador bajo el entendido que ha de ser cancelado el permiso de internación temporal de su mercancía cuando se la haya robado, además que la mercancía se encuentre de manera ilegal en territorio nacional, ante su imposibilidad de retornarla en los términos que la Ley Aduanera Establece, y en consecuencia brindar el ámbito necesario de competencia a diversas instancias de gobierno, como lo que le corresponde a la integración de las averiguaciones previas e investigación que conlleve un trámite ordinario del fuero común o federal cometido en las entidades, para deslindar las responsabilidades tanto del comercio ilícito como de aquellos que pretendieran ejercer corrupción, pues la recuperación de las mercancías robadas no es competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni de las diversas autoridades que intervengan en las aduanas, pero tampoco es asunto de las autoridades el hecho de presumir un criterio el que se pretenda culpar al importador por haber sido objeto de robo que afecte su patrimonio, aunado a que ante la presunción de un autorrobo será determinado por las autoridades correspondientes y la norma reglamentaria será importante determinar el ámbito de acción, de la interacción entre diversas autoridades.
No obstante que las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2012, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de agosto de 2012, en el título Segundo se contempla lo relativo a la entrada y salida y control de mercancías y se establece una serie de disposiciones ante la comisión del ilícito del robo de mercancías de importación temporal, señalando que cuando esto ocurra se podrá presentar el pedimiento de importación definitiva de las mercancías robadas y efectuar el pago del impuesto general de importación, de las cuotas compensatorias en su caso correspondan y demás contribuciones aplicables vigentes a la fecha de pago, así como acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias a más tardar dentro de los 30 días siguientes a que se celebre el acto de autoridad competente.
Mi propuesta se trata de establecer en la Ley Aduanera, un criterio en el que se exima al importador de sus responsabilidades, multas y recargos, al haber sido víctima u ofendido del robo de las mercancías una vez que se encuentren en territorio nacional de manera temporal, pero tampoco se pretende eximirlo si el ilícito es el mismo, el importador forma parte y en ello la responsabilidad recaerá a la aplicación de los criterios jurídicos que corresponden a las autoridades, en principio del Ministerio Público, el Poder Judicial, y en consecuencia el cuerpo normativo reglamentario que se establezca por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para sus efectos.
Mi propuesta es la siguiente. Que se adicione el artículo 107 Bis de la Ley Aduanera, en su sección primera, del capítulo Tercero, referente a las importaciones temporales para retornar al extranjero en el mismo estado, y la redacción sería.
Artículo 107 Bis. Tratándose de robo de mercancías destinadas a régimen de internación temporal, ante la imposibilidad del importador para retornar las mercancías en los términos de este capítulo, no se exigirá el pago del impuesto general de importación de las cuotas compensatorias que, en su caso correspondan, y demás contribuciones aplicables derivado de la infracción relacionada con el destino de las mercancías, siempre y cuando se presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público dentro de las 24 horas posteriores a la comisión del robo.
El importador deberá notificar el hecho a la autoridad aduanera correspondiente dentro de las siguientes 72 horas entregando copia del acta levantada ante el Ministerio Público.
Compañeros, esto va encaminado a que nuestros migrantes que se internen temporalmente al país con sus vehículos, así como los transportistas que internen sus remolques o semirremolques, tengan que pagar los impuestos después de haber sido robados dichos vehículos.
Yo no estoy de acuerdo con que eso se lleve, por eso expongo ante el pleno, para que este artículo 107 Bis de la Ley Aduanera sea adicionado, votado, dentro del Diario Oficial de la Federación. Gracias, compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Procedimientos Penales, y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su venia, compañero presidente. Compañeras diputadas y diputados, la presente iniciativa que planteo a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene como propósito derogar el octavo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de la república; derogar los artículos 2o., 133 Bis, 205 y 256 del Código Federal de Procedimientos Penales; y el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Lo que estamos planteando con esta iniciativa es ni más ni menos que derogar la figura del arraigo. El arraigo es considerado como una medida precautoria, dictada por el juzgador, a petición de parte, cuando hay temor de que la persona contra la cual se entable o se haya entablado una demanda pueda eludir la acción de la justicia. Sin embargo, esta figura se ha utilizado en extremo y la excepción se ha venido convirtiendo en la regla.
Uno de los aspectos más cuestionados en el proceso de implementación de la figura del arraigo es que puede llegar a vulnerar y lo ha vulnerado, en muchas ocasiones, el principio constitucional de presunción de inocencia, establecido en el artículo 20, Apartado B, de nuestra Carta Magna.
El arraigo tiene una duración de 40 días, pero puede extenderse a 80 por una nueva orden judicial. Durante el arraigo los fiscales imponen severas restricciones al acceso de los detenidos, a sus familias, a abogados y a servicios médicos independientes, lo que agrava su aislamiento y acrecienta la dificultad para presentar denuncias por tortura o por tratos que no son ajustados a derecho.
La Comisión de Derechos Humanos argumenta que ha recibido más de mil denuncias relacionadas con órdenes de arraigo, ejecutadas por la Procuraduría General de la República entre el 2009 y el 2011. Durante la administración de Calderón, el número de órdenes de arraigo concedidas por el Ministerio Público Federal aumentó de 542 en el 2006 a casi 2 mil en el 2010.
El arraigo ha sido cuestionado por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes argumentan que constituye una forma de detención arbitraria y que viola los derechos de libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, así como las garantías de debido proceso y el derecho a un recurso efectivo.
La investigación, con esta figura, no se lleva a cabo para detener a una persona probable responsable sino que la persona es detenida arbitrariamente para ser, a partir de ese momento, investigada y en la mayoría de los casos, para obtener, mediante métodos de tortura, una confesión inculpatoria.
La persona afectada queda así, sin garantías ni situación jurídica clara, ya que no es indiciada ni inculpada. Lo que es más, ni siquiera está vinculado a proceso penal alguno, simplemente se le ha privado de la libertad para ponerla a plena disposición de la autoridad investigadora.
Se niega, de esta manera, la presunción de inocencia y el derecho de toda persona a contar con un abogado defensor. Es decir, primero te detengo y luego te investigo. Eso es lo que propicia esta figura.
Por eso, estamos planteando que debe ponerse fin a la figura del arraigo en todas las jurisdicciones y reformarse la Constitución y demás leyes para prohibir su uso conforme a las normas internacionales de derechos humanos. Con ello disminuiría la tortura, los malos tratos o penas inhumanas y degradantes, así como el abuso de autoridad tanto en el ejercicio de sus funciones y atribuciones.
El arraigo es una violación del derecho a la libertad personal. Por eso estamos planteando derogar esta figura a través de la Constitución, el Código de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Hay que derogar esta figura, es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Justicia para dictamen.
Quiero dar la más cordial bienvenida a esta sesión, a un grupo de alumnos de la Escuela de Gobierno y Administración Pública, Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad José Vasconcelos, de Oaxaca, que están aquí invitados por el diputado Samuel Gurrión Matías. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
También a un grupo de alumnos y maestros del colegio Karol Wojtyla, de Tehuacán, Puebla, que están hoy aquí con nosotros. Bienvenidos. Invitados por la diputada María del Carmen García de la Cadena.
También está con nosotros un grupo de alumnos de Derecho, de la Universidad del Golfo de México, también de Tehuacán, Puebla. Que están aquí invitados por la misma diputada García de la Cadena.
También a un grupo de alumnos de primaria de la zona escolar 212, del municipio de Chalco, estado de México, que están aquí invitados por el diputado Juan Manuel Carbajal Hernández. Bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.
También aprovecho la ocasión para dar la más cordial bienvenida al doctor Sergio Quintero González, presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, que está aquí invitado por la diputada María Angélica Magaña Zepeda.
También saludo a un grupo de maestras y maestros de la Federación de Sindicatos de Educación de los Colegios de Bachilleres de todo el país; hoy están aquí presentes de Durango, de Tabasco, de Tlaxcala, de Puebla, de Jalisco, de Oaxaca, de Quinta a Roo y de Chiapas, invitados todos ellos por el diputado Jorge Herrera. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley de Planeación.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, actualmente el Plan Nacional de Desarrollo no tiene un rumbo claro. Es éste el documento donde los Ejecutivos, tanto federal como el de los estados, plantean la estrategia y rumbo que ha de seguir la administración pública que encabezan. Ello, a través de la Ley de Planeación y las Leyes de Planeación locales.
La Ley de Planeación es un conjunto de normas de orden público, que tiene como finalidad determinar los parámetros bajo los cuales se van a llevar a cabo la planeación y el desarrollo nacional.
Es necesario que a las metas que se establecen en los planes nacionales de desarrollo se les dé un seguimiento puntual y exhaustivo, y con ello se pueda verificar que los cinco ejes que van siendo programados en los Planes de Desarrollo sean completamente llevados a cabalidad y se cumplan con los planes y programas que tienen como finalidad el desarrollo del país y el beneficio de la colectividad.
El bienestar de una nación se basa en la adecuada aplicación de las políticas públicas en beneficio de todos los sectores. Y, por ello, todo programa de gobierno y todo programa que un gobernante realice deben tener estrategias y programas que deban ser completamente vigilados y a los cuales se les dé seguimiento.
Así pues, el Plan Nacional de Desarrollo se convierte en el principal instrumento del quehacer público, pues de él depende en gran medida el porvenir de nuestro país. De nada sirven altos niveles de crecimiento, tener las mayores reservas de la historia o una economía sólida si no se tienen las estrategias adecuadas para que esto se transmita a todos los ámbitos de quehacer nacional.
Durante décadas el Plan Nacional de Desarrollo ha sido visto como un mero trámite en su entrega e información al Congreso de la Unión. Este documento se ve como un trámite más en el cual el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda presenta el cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo sin que éste tenga una vigilancia y una vinculación por parte de este Congreso de la Unión para ver el cumplimiento y los avances del mimo.
Es por ello que para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, resulta de suma importancia promover reformas que mejoren la planeación nacional, de tal forma que sea posible garantizar que las políticas públicas y los programas cumplan con las finalidades para las que fueron creadas y beneficien a todos los mexicanos; a las mexicanas, a los mexicanos, a las niñas y a los niños que de ella dependen.
Frecuentemente observamos que los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo no se cumplen a cabalidad y al respecto no existe ninguna repercusión alguna. Por ello permitimos proponer que sea esta soberanía popular a quien anualmente se entregue un informe sobre los avances en cuanto a los objetivos de los cinco ejes propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo con la finalidad de que sea la Auditoría Superior de la Federación quien pueda realizar un análisis cualitativo de las metas y de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo.
Es por ello que nosotros hoy presentamos la reforma al artículo 6o. de la Ley de Planeación a fin de que sea ésta máxima tribuna de la nación quien dé seguimiento a través de la Auditoría Superior de la Federación, al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.
Con esto tendremos una vigilancia, una mayor transparencia y un destino claro en el cual, como representantes de la sociedad, podamos intervenir directamente. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
La diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros, diputados y diputadas. El tema de la vivienda, se funda sobre principios humanitarios y en criterios que sustentan la imperiosa necesidad de que cada persona cuente con un lugar donde pueda vivir dignamente junto a su familia, entendiendo a ésta como la base de la sociedad y el Estado.
Nuestro precepto constitucional retoma estos principios, incluso otorgándole al derecho a la vivienda digna la jerarquía de un derecho fundamental, acorde con los principios universales de los derechos del hombre y el ciudadano.
El Estado mexicano se configura ajustándose a estos derechos y en 1972, con la reforma al artículo 123 constitucional, se instituye el mecanismo de financiamiento que permitió a los trabajadores adquirir créditos accesibles y baratos para obtener una vivienda en propiedad.
De esta manera se sientan las bases que conciben al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, como un órgano sustantivo del Estado mexicano que garantizaría este derecho a una vivienda digna al trabajador mexicano.
Si hacemos un análisis de proyectos que han surgido en esta Cámara de Diputados por los diferentes grupos parlamentarios y de distintas legislaturas, apreciamos propuestas de una riqueza extraordinaria. Para unos el Infonavit ha dejado al margen su función sustantiva y, en lugar de cumplir con estos objetivos apegados a los derechos fundamentales de la persona, se ha convertido en un gestor de los consorcios inmobiliarios creando sistemas de financiamiento que no han ayudado a resolver el problema de la vivienda en el país.
De ahí que se interprete que el Infonavit es un fondo que privilegia intereses privados y no los que representan la colectividad de los trabajadores mexicanos. Según algunos sectores políticos, ése fenómeno ha llevado incluso a que el trabajador sufra con frecuencia vejaciones cuando pierde su empleo, siendo objeto de persecuciones por despachos de abogados que han llevado a la pérdida del crédito, presentándose casos de una barbaridad extrema de que se puede perder la vivienda adquirida.
Visto en esta perspectiva, ése es un esquema perverso que deja a un trabajador -que pasa al desempleo- en la indefensión total y el Infonavit opera otorgando a otros empleados la misma vivienda.
También se ha estudiado el caso de morosidad o insolvencia que no es abordado con fines de beneficiar y proteger al trabajador y su familia. No hay mecanismos razonables de reestructuración de pagos y los intereses de amortización de deuda se pagan de conformidad al incremento de los salarios mínimos, lo cual ha llevado con frecuencia a que el trabajador caiga en la insolvencia.
Cabe destacar que se han desechado algunas reformas que se orientan a beneficiar al trabajador, pero que en apariencia también afectan los ingresos y recuperación de créditos del Infonavit.
Por ejemplo, en esta misma tribuna se presentó, y no se aceptó, que cuando una persona pierda su trabajo tuviera un plazo de tres meses para solicitar prórrogas y cubrir sus pagos hasta que volviera a obtener otro empleo.
La ley sigue manteniendo la responsabilidad del trabajador para que extienda su solicitud en los siguientes 30 días después de que se queda sin trabajo y se reafirma que esas prórrogas que se otorguen al trabajador no podrán ser mayores de 12 meses cada una, ni exceder en su conjunto más de 24 meses.
Aquí, el considerado a este problema, se presenta porque el trabajador desconoce su derecho a la prórroga y los procedimientos que deben cumplir para que esto se lleve a cabo.
De ahí que otras iniciativas sugieren la implementación de mecanismos que automáticamente informen al trabajador su derecho a la prórroga cuando pierde su empleo. Incluso se ha sugerido que el término de prórroga se extienda hasta cuatro años.
Tampoco se aceptó la propuesta de que en ningún caso el trabajador destinara más del 20 por ciento de su salario base para el pago de la vivienda.
Asimismo se critica que los créditos del Infonavit se sometan a un sistema de financiamiento orientado a la recuperación de créditos, que aumenta ingresos vía administración de cuentas.
De esa manera los intereses del mercado no permiten fijar una tasa anual durante el tiempo del crédito. El argumento de este cambio a la ley se justificó por los años que vivió México con altos índices de inflación.
Con los cambios de procesos económicos en el mundo y en el país, ese razonamiento fue perdiendo sentido; pero los saldos de los créditos otorgados a los trabajadores aumentan cada vez más.
Derivado de esta realidad se han propuesto reformas que eviten las carteras vencidas y se acote la posibilidad de la subrogación del crédito a favor de terceras personas, sean públicas o privadas.
Estimados legisladores y legisladoras, como podemos apreciar, es muy complejo el mecanismo que la Ley del Infonavit ha estructurado para la administración de los fondos de la vivienda. Por ello debemos retomar los preceptos constitucionales de garantizar una vivienda digna al trabajador, pero también evitar que sus opciones de acceso a esta prestación, se vean limitadas por los mecanismos adversos del mercantilismo extremo.
Las propuestas de igual modo deben de considerar tendencias al debilitamiento institucional cuando el crecimiento de las carteras vencidas es indetenible.
La disyuntiva es o más mercado o bien, el Estado debe intervenir para regular los efectos perniciosos de dejar que la libre mercadería de la vivienda o de las carteras vencidas pueda culminar en perjuicios graves a los trabajadores.
Para esta iniciativa que pongo a su consideración, es que me centro en el aspecto pernicioso de aplicar tasas mesuradas a los créditos otorgados por el Infonavit al trabajador y al problema que significa aplicar fórmulas de cargas de interés en función del incremento al salario mínimo, que los costos de la vivienda sean considerados en pesos y no en salarios mínimos. Muchas gracias, es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Vivienda, para dictamen. Sonido en la curul del diputado Francisco Zepeda.
El diputado Francisco Alberto Zepeda González (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Nada más para solicitarle a la diputada Mirna Hernández la posibilidad de adherirme a la iniciativa, porque el vía crucis que hoy cruzan los beneficiarios de un sistema del Infonavit para la vivienda, es lamentable, terminan pagando ocho veces lo que cuesta la casa. Si me permite sumarme a la iniciativa, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: No tiene inconveniente, entonces puede pasar a suscribirla en la Secretaría, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Alicia Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
La diputada Alicia Ricalde Magaña: Con su permiso, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados, la aplicación de la pena de prisión en México, tiene dos características insoslayables: el uso excesivo de la medida y la creciente ineficiencia en el uso de los recursos del Sistema de Seguridad Ciudadana y de Justicia Penal.
En épocas recientes, las reformas efectuadas a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados fueron encaminadas a proporcionar a los delincuentes un tratamiento reformador con objeto de modificarle su conducta y actitudes y reintegrarlo a la sociedad ya convertido en un sujeto distinto que no delinquiera nuevamente.
No obstante, no debemos olvidar que, paralelo al derecho de castigar por parte del Estado cuyo fin es proteger el orden social, transitan los derechos del infractor en cuanto a persona. Quien delinque tiene, por disposición constitucional, el derecho a que se le instruya para reformarlo y reintegrarlo como ser productivo al seno mismo de la vida comunitaria.
Sin embargo el problema no termina ahí, ya que además del desconocimiento, existen factores que agudizan el tema como son el analfabetismo y la discapacidad de reos que no pueden acceder de manera eficaz y oportuna al conocimiento de sus derechos y obligaciones, siguiendo solamente la ley del más fuerte, que es la impera en la totalidad de las cárceles mexicanas.
De ahí la imperante necesidad de reformar el marco jurídico aplicable a fin de establecer clara y puntualmente el derecho de los reclusos a recibir la información que les permita el pleno goce de sus derechos al interior de los reclusorios y centros de readaptación social, máxime cuando se trate de analfabetas y discapacitados.
A nivel internacional debemos citar que las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, emitidas por la ONU en su regla 35, incisos 1) y 2), disponen que a su ingreso cada recluso recibirá una información escrita sobre el régimen de los reclusos de la categoría en la cual se le haya incluido, sobre las reglas disciplinarias del establecimiento y los medios autorizados para informarse y formular quejas, así como que si el recluso es analfabeta se le proporcionará dicha información verbalmente.
En este sentido, nuestra Carta Magna establece en su artículo 20, apartado B, fracción III, que los reclusos tienen derecho a que se les informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten.
En el caso de los reclusos discapacitados, es importante mencionar que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad contempla diversas disposiciones en materia de acceso a la justicia, con base en diversos instrumentos internacionales y que tienen como principal objetivo lograr que éstas cuenten con igualdad de condiciones en materia de garantías al respeto a sus derechos humanos.
Por su parte, el artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados dispone que se entregará a cada interno un instructivo en el que aparezcan detallados sus derechos, deberes y el régimen general de vida de la institución y que, tratándose de reclusos indígenas, el instructivo se les dará traducido a su lengua.
Como se desprende de lo anterior, nuestra legislación se adapta al instrumento internacional citado, salvo por lo que hace a los reclusos analfabetas y discapacitados, en cuyo caso se les debiera proporcionar la información de manera verbal a los primeros o a través de las ayudas técnicas necesarias a los segundos, según el tipo de discapacidad de que se trate.
Asimismo nos parece importante señalar de una manera más detallada en el texto del artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de Sentenciados que en el instructivo que se entregue a los reclusos contenga tanto los beneficios de los que puedan ser sujetos, como los requisitos que deban cumplir para tal efecto.
Señoras y señores diputados, en Acción Nacional estamos convencidos de que plasmar en la ley reglamentaria el debido respeto con carácter de equitativo y no discriminatorio, el acceso a los derechos y obligaciones de los analfabetas y discapacitados no es una dádiva, es una obligación y un derecho plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales suscritos por nuestro país.
El beneficio se extenderá a un alto porcentaje de personas que se encuentran presas en los centros penitenciarios, que por su condición de analfabetas y discapacitados, difícilmente pueden acceder a la información justa y necesaria para hacer valer sus derechos al interior de la cárcel y en el proceso de defensa.
En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 13 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados para quedar como sigue:
Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Artículo 13. ...
Se entregará a cada interno un instructivo en el que aparezcan detallados sus derechos, deberes, los beneficios que para él prevé la ley y el régimen general de vida en la institución. Tratándose de reclusos indígenas, el instructivo se les dará traducido a su lengua. En el caso de que el recluso fuera analfabeto, se le proporcionará dicha información verbalmente. En el caso de que el recluso fuera discapacitado visual o auditivo, se deberá contar con las ayudas técnicas necesarias para proporcionarle la información.
Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública para dictamen, y voy a pedir que se abra el sonido en la curul en que se encuentra la diputada Elizabeth Vargas, y después en donde está la diputada Verónica Sada.
La diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Quiero pedirle a la diputada Ricalde, si me permite, quisiera adherirme a su iniciativa, y todas las mujeres del grupo del PAN, porque creo o creemos que se deben respetar tanto las obligaciones como los derechos de los internos en los penales nacionales, y principalmente apoyar a las personas que por su analfabetismo o lenguaje o por sus capacidades limitadas o diferentes, no se les da la oportunidad de conocerlos.
De todas y de todos es conocido que no existe la atención adecuada por las autoridades correspondientes. Y todo el grupo, me acaban de informar que todo el grupo se adhiere. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. La diputada Verónica Sada, ¿es para lo mismo?
La diputada Verónica Sada Pérez (desde la curul): Sí, era para lo mismo, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Entonces la iniciativa queda en manos de la Secretaría para que puedan pasar a suscribirla quienes así lo deseen. Y ya ha sido turnada a la Comisión de Seguridad Pública.
Tiene la palabra ahora, por cinco minutos, el diputado Juan Manuel Diez Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. No veo al diputado Diez Francos.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud.
El diputado Omar Antonio Borboa Becerra: Con su venia, presidente. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, en el mundo hay alrededor de un millón de personas con sobrepeso y 300 millones de obesos. En México el 70 por ciento de los adultos y cerca de 4.5 millones de niños entre 5 y 11 años padecen de sobrepeso. En el mundo sólo lo supera en obesidad Estados Unidos. Ante estas cifras cabe preguntarnos qué está provocando en nuestro país la epidemia de sobrepeso y obesidad. Vayamos a las evidencias científicas.
Diversos científicos han elaborado prestigiados centros de investigación en todo el mundo, que han demostrado que el vínculo del consumo regular de refresco con el sobrepeso, la obesidad y la diabetes y el síndrome metabólico es producto de tanto consumo de refresco que tiene nuestro país.
Dichos estudios concluyen que entre mayor sea el consumo de refresco y de bebidas azucaradas, es mayor el aumento de peso y mayor el aumento de riesgo para presentar diabetes tipo 2, y por ello tiene que ver con los problemas de sobrepeso y obesidad en nuestro país, pero resulta que el consumo de las bebidas en México es la principal fuente de calorías. Cerca de la cuarta parte proviene de estas bebidas.
La Secretaría de Salud ha señalado que el alto consumo de energía a través de las bebidas es una causa principal del sobrepeso y la obesidad. La información disponible nos indica que México se ha convertido en el mayor consumidor de refrescos en el mundo, rebasando a Estados Unidos, quien consume al año un promedio de 163 litros de refresco anuales, lo cual el 75 por ciento son de refrescos de cola, pero aún es más preocupante que según el Instituto Nacional de Salud Pública, se observa que en un periodo de 7 años, de 99 a 2006, el incremento de consumo de refrescos y bebidas azucaradas entre los adolescentes aumentó más de 100 por ciento, mientras que el consumo entre las mujeres aumentó hasta un 300 por ciento.
Por otro lado, el Centro de Investigación y Nutrición de la Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, advirtió que la ingesta creciente de refrescos aumentó las causas de diabetes, obesidad temprana entre los niños, jóvenes, por ser bebidas elaboradas con sacarosa, glucosa o fructosa, que afectan el páncreas y fácilmente llegan al flujo sanguíneo a integrarse en los tejidos y convertirse en grasa.
En este caso los refrescos de cola no tienen ningún valor nutritivo, no contienen vitaminas, no contienen proteínas, no contienen minerales, pero lo que sí, un gran contenido de endulzantes y aditivos, como conservadores y como colorantes.
El gas que se usa en los refrescos es ácido fosfórico, el cual es un elemento sumamente eficaz para acabar con el calcio de la dentadura y de los huesos. El refresco de cola son los más ácidos, pero los demás de diferentes sabores no quedan excluidos y también provocan el daño de la desmineralización, y eso impide la adecuada absorción de calcio en el organismo.
Compañeras y compañeros diputados legisladores, sabemos que el consumo excesivo de los refrescos entre la población no es único factor que está generando los problemas de sobrepeso y obesidad, pero también sabemos que debemos tomar medidas urgentes para contrarrestar éste y todos los problemas u omisiones presentadas para lograr una mejor salud, en la nutrición en nuestro país.
Debemos emprender diversas acciones que refuercen las que están llevando a cabo para disminuir los problemas de sobrepeso en la población y en las enfermedades asociadas. Esta iniciativa lo que busca es influir positivamente reformando la Ley General de Salud, a efecto de que se cumpla con la normatividad establecida.
Por ello, con esta iniciativa propongo y pongo a su consideración, que se busque reforzar la ley que establezca los etiquetados adecuados para estos productos, que adviertan al consumidor sobre riesgos de consumo habitual.
El consumidor tiene que contar con la información real de qué está hecho este producto, y completa, para que tome sus decisiones de manera informada y evite así el consumo excesivo de las bebidas que dañen la salud, por ello, contribuirá prevenir el sobrepeso y obesidad y la diabetes.
En los refrescos de cola y en los endulzantes siempre lo consumen ya niños de un año, antes del bibi ya están tomando ese tipo de refrescos de cola, y lo que queremos proveer aquí es que si ven un refresco de cola de cualquier embotelladora van a darse cuenta que sólo dice “endulzantes 35 por ciento”, más no dice qué tipo de endulzantes.
Hay endulzantes que no son naturales, hay otros que se da a través de la glucosa cuando hacen el aceite de maíz y eso provoca la pérdida de la memoria, provoca también la diabetes y la diabetes es el número uno de los problemas de muerte que tenemos en México y somos el número uno de los países que toman refresco también.
Entonces, sí tienen mucho que ver esas cosas, y es lo que pedimos, así como en los cigarros se previene que el que fume puede tener algún problema, puede causar la muerte, en el mismo sentido lo tienen los refrescos. Es cuanto, por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Salud, para dictamen.
Saludo y les doy la bienvenida a la Cámara de Diputados a un grupo de alumnos provenientes de distintas comunidades indígenas del estado de Oaxaca, que están hoy aquí, invitados por la diputada Eufrosina Cruz. Bienvenidos a la sesión.
También saludamos a un grupo de alumnos de la Escuela Libre de Derecho, de Culiacán, Sinaloa, que están aquí hoy, invitados por el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos.
A un grupo de ciudadanos del estado de Hidalgo, que viene aquí invitados por la diputada Mirna Hernández Morales. Les damos la bienvenida.
Y también a los integrantes de la compañía de teatro Pedal y Fibra, de Irapuato, Guanajuato, que están aquí invitados por el diputado Alejandro Rangel.
El Presidente diputado José González Morfín: Finalmente en el capítulo de iniciativas, tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Juan Manuel Diez Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
El diputado Juan Manuel Diez Francos: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, lo que les voy a exponer a continuación causará tanta polémica que una intervención del diputado Monreal.
Señores legisladores, vengo a proponer que muchos de ustedes paguen un nuevo impuesto y quisiera comentarles por qué.
Para acudir a las actividades como legislador decidí alojarme en un hotel frente a la Alameda de esta Ciudad, y para distraerme salgo en las noches a recorrer las calles peatonales del Centro histórico.
Es vergonzoso y de dar pena observar tantos chicles pegados en sus banquetas y calles. Soy jarocho y tuve el honor de servir como alcalde a mi ciudad natal, y uno de los logros fue remodelar los parques con un mosaico de recinto del Pico de Orizaba.
A los pocos días de haber concluido las obras encontramos numerosos chicles pegados en todos los lugares y por lo mismo se procedió a quitarlos, representando un gran costo para las arcas municipales y al poco tiempo volvieron a aparecer den forma significativa.
En diversos foros hemos escuchado la demanda, quien contamine, que pague. Es el caso del tema de la goma de mascar, comúnmente conocida como chicle.
Es frecuente observar cómo la mayoría de la población al terminar de masticar lo escupen o lo pegan donde sea. Esta problemática es general, es decir, no sucede solo en nuestro país sino es a nivel mundial. Por ello, existe una tendencia de aplicarle un impuesto especial a la goma de mascar o chicle, buscando en todo momento el beneficio social que recibirán aquellos que no lo consumen y que sin embargo, lo padecen, por la contaminación ambiental y visual, trayendo como consecuencia, incluso, problemas a la salud, además del impacto a las finanzas públicas de los gobiernos estatales y municipales, que requieren destinar más recursos de infraestructura para retirar estos chicles.
Con lo recaudado se logrará disminuir la contaminación hasta alcanzar una tasa cero. Es decir, que el gobierno y el dinero de los ciudadanos no tengan la necesidad de gastar en despegar los chicles.
Como información general, les comento, en Inglaterra, con motivo de la contaminación se gastan más de 7 millones de euros para limpiar las calles y banquetas. Otro ejemplo es España, los costos de la remoción de los chicles son elevados, les cuesta, en promedio, 30 centavos de euro y solo por comentar que en el Paseo de Málaga se han llegado a contabilizar, en una semana, 48 mil chicles. En Singapur está prohibido el chicle. En China existe la tendencia de considerar al chicle como ilegal, porque se han contabilizado también 600 mil chicles pegados en la Plaza de Tiananmen.
En México el costo de despegar un chicle es de 2.50 pesos cada uno. Según la empresa Kraft Food, México es el segundo país consumidor de chicles a nivel mundial. En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, señala que en México se producen más de 92 mil toneladas de chicles anuales con un valor de mercado de poco más de 420 millones de dólares anuales.
Es por ello la iniciativa de un impuesto especial a la producción y servicios, un impuesto simple que no tengamos que andar correteando a los ciudadanos que tiran el chicle y que los mexicanos somos muy hábiles para escupirlo o tirarlo para el lado derecho cuando el policía viene de lado izquierdo.
Señores, creo que es conveniente, y sé que esto se resuelve con educación, pero mientras no se resuelva con educción necesitamos ponerle un freno a esto y que no le cueste a los ciudadanos. A partir de este momento será chamba de la Comisión de Hacienda el análisis de esta propuesta, de la cual no tenemos duda de que actuaran con responsabilidad. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Chicle y pega. Muchas gracias, don Juan Manuel. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Y le apreciamos mucho su presencia en esta tribuna.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, se informa que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple con la declaratoria de publicidad. En virtud de que ya hemos cumplido con este importante requisito consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se someta a discusión y a votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En consecuencia tiene el uso de la palabra don Alejandro Moreno Cárdenas...
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, una moción.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Espéreme, señor diputado, no se me alebreste. Mire usted, las mociones suspensivas vienen después de la fundamentación, una vez que el dictamen está a la consideración del pleno. Y lo hacemos con un enorme gusto y afecto, que le daremos el uso de la voz.
Don Alejandro Moreno, tiene usted la palabra para la fundamentación del dictamen. Éste ha sido un viejo debate y siempre se ha resuelto. Por cierto, Juan Pablo Gómez como ponente -tiene usted el uso de la voz.
El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que hoy presentamos y planteamos aprobar con las modificaciones sugeridas en materia social e indígena, tiene el objetivo de organizar de manera mejor el gobierno para rendir mejores resultados a los ciudadanos, ha sido producto de un intenso y muy responsable trabajo en el que reconocemos el interés y participación de diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios integrantes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que aportaron sus puntos de vista y valiosas opiniones en un debate necesario para reformar y analizar todas estas propuestas.
Es una reforma que el Grupo Parlamentario del PRI ha hecho suya, porque reconoce la necesidad de que al inicio de un nuevo gobierno, el próximo primero de diciembre es indispensable transformar el diseño institucional y administrativo para cumplir con los compromisos de conducir un cambio con rumbo y tener un gobierno y un Estado eficaz.
Entendemos claramente –y así lo hemos manifestado en el seno de las comisiones dictaminadoras– el loable propósito de adecuar el marco de atribuciones de algunas dependencias del aparato administrativo para que el gobierno de la República pueda contar con instrumentos legales y administrativos que le permitan aplicar sus nuevas políticas públicas y gobernar con eficacia.
En función de lo anterior, comprendemos el propósito de lograr una coordinación eficaz al interior del Gabinete para tener una administración eficiente y de resultados, en particular en áreas de interés general como la seguridad pública y fronteriza, el sistema penitenciario y de protección civil, y la promoción y defensa de los derechos humanos. Ello habrá de fortalecer las bases institucionales de la gobernabilidad y la seguridad del país y renovar las fuentes de cohesión y unidad nacional.
En materia social, la iniciativa tiene como fin dar un sentido integral a los esfuerzos de la política social, de reducir la pobreza que lacera y divide al país, y focalizar de manera más eficiente los programas sociales con las personas como propósito fundamental de acciones, para así prevenir y eliminar la discriminación y fortalecer la inclusión y la cohesión social.
A este respecto se ha atendido la preocupación de los grupos parlamentarios y organizaciones civiles por la propuesta de sectorización del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas y acordado que en ambas entidades conserven su estatus en los términos actuales.
Entendemos también la necesidad urgente de reordenar el desarrollo territorial, urbano y agrario del país a partir de la creación de una secretaría, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que tendrá como tarea la coordinación con las autoridades estatales y municipales en las políticas de planeación y ordenamiento de los asentamientos humanos, la regularización de la propiedad agraria y la concertación con el sector social, así como la promoción del desarrollo urbano y metropolitano sustentable y el fomento de la vivienda.
Con el fin de lograr un nuevo sistema de control gubernamental, se propone crear unidades de auditoría preventiva, lo que implica la desaparición de la actual Secretaría de la Función Pública y la distribución de facultades en distintas estructuras y órganos, principalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se trata de instrumentar una concepción moderna y honesta de la administración pública con suficientes órganos de control y facultades de investigación y sanción no para la burocratización, sino para la rendición de cuentas y el ejercicio transparente del gobierno.
Finalmente, se propone el ordenamiento legal de la Oficina de la Presidencia de la República como unidad integrante de la administración pública centralizada y una instancia de apoyo técnico y asesoría del titular del Ejecutivo federal en la instrumentación de políticas públicas y otras funciones prioritarias que se le asignen.
Compañeros legisladores, hemos hecho uso de la política para construir acuerdos en torno a esta relevante reforma administrativa. En el marco de la división y el equilibrio de poderes, corresponderá al Congreso de la Unión y a los representantes de la soberanía popular pedir cuentas de la instrumentación de estas reformas y esperar mejores resultados para el beneficio de nuestro país.
El objetivo final de esta reforma debe ser el que le vaya bien a México y a los mexicanos. Que tengamos más y mejores empleos. Que tengamos más seguridad; que se combata eficazmente la pobreza; que se logre un crecimiento urbano más ordenado con un mejor desarrollo de las zonas rurales del país. Todo ello con un gobierno más eficaz, transparente y que rinda cuentas.
Eso, compañeros legisladores, es lo que espera el pueblo de México de nosotros. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, don Alejandro.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el artículo 122 del Reglamento permite la interposición de una sola moción suspensiva; una. No se pueden interponer más. Sin embargo, esta Presidencia ha sostenido el criterio de permitir que se presenten varias mociones suspensivas en tanto haya una sola votación de las mismas.
Luego entonces tiene el uso de la palabra doña Loretta Ortiz Half, del Partido del Trabajo, de tal suerte de presentar la primera de las mociones suspensivas. Esta Presidencia le concede tres minutos.
La diputada Loretra Ortiz Half: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen aprobado no cumple con los requisitos señalados en las fracción VI, VII, VIII del artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Las reformas que se proponen a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, debieron haber sido turnadas a las comisiones de Reforma Agraria, Desarrollo Social, Desarrollo Metropolitano, Vivienda y Hacienda y Crédito Público, entre otras.
Pero además este proyecto de reforma, el dictamen, es violatorio de varias disposiciones constitucionales. Es decir, es una ley que pretende reformar a través de este mecanismo, a la propia Constitución.
Es contrario en lo referente al Ministerio Público por cuanto vulnera un principio fundamental en todos los países modernos que es la autonomía del Ministerio Público. Y con esta reforma se pretende, por cambio de palabra, se puede decir auxiliar, coordinar o cambiarla por cualquier sinónimo que se guste, modificar este término, sigue siendo vulneratorio del artículo 19 constitucional y del artículo 102 constitucional.
Pero además también vulnera el artículo 124 constitucional por cuanto no se puede coordinar a los ministerios públicos que ejercen sus funciones en las respectivas entidades federativas, es decir, los que se destinan a la persecución de los delitos del fuero común.
También en lo relativo a extradiciones vulnera el artículo 18 y 124 constitucionales y más grave todavía, en lo relativo a derechos humanos, por cuanto pretende promover y coordinar todas las acciones relativas a la protección de los derechos humanos, haciendo caso omiso de la regulación del artículo 102 constitucional que establece que es facultad precisamente la promoción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en su caso también, de las respectivas entidades federativas a través de las comisiones estatales de derechos humanos.
También vulnera este dictamen y esta propuesta de reforma constitucional, en lo relativo a seguridad pública, no solamente el artículo 1o., constitucional, el 29 constitucional y dos disposiciones de dos tratados internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 4o; y el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Para no excederme el tiempo y que el presidente no me regañe, acabo aquí esta relatoría de inconstitucionalidades del proyecto de reforma que se pretende precisamente aprobar. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Ricardo Mejía Berdeja.
Esta Presidencia saluda con todo afecto a Azaél Hernández Cerón, a Gerardo Olmedo, a Adán Solís, a Alejandro Barranco, Gabino Hernández, Érika Rulfo y Julio César Soto, todos presidentes municipales del estado de Hidalgo, invitados por el señor diputado don Erick Marte Rivera Villanueva. Adelante, Ricardo.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero Presidente, compañeros diputados: en los términos del artículo 122 del Reglamento de esta Cámara, venimos a plantear que se suspensa la discusión del dictamen que presentan las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública de esta iniciativa que reforma, adiciona y deroga diferentes disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Lo hacemos porque consideramos que se trata de un albazo y de un traje a la medida del impuesto. Se está pretendiendo inaugurar no sólo ya la iniciativa preferente, sino una iniciativa ultra preferente, más expedita, más express, más rápida, más autoritaria, sin discusión, sin debate, sin la suficiente asepsia legislativa, con tal desaseo que ni siquiera se dio vista a las comisiones de Reforma Agraria, Desarrollo Social, Desarrollo Metropolitano y Vivienda, entre otras, que son materia también de la presente iniciativa.
Es tal la prisa que no se cuidan ni las formas reglamentarias con tal de quedar bien con quien hizo esta iniciativa. Se utiliza a los grupos parlamentarios del PRI y del Verde como meros recaderos, como meros mensajeros de la oficina de transición de Enrique Peña Nieto.
En el proyecto que circularon el día de ayer, sin ningún pudor, sin ningún recato hacían expreso lo que es de todos sabido, que esta iniciativa se elaboró en la oficina del equipo de transición, y así lo decían expresamente, hasta que el diputado Alfonso Durazo hizo alusión en la deliberación en la comisión y ahí lo borraron.
Pero es tal la desfachatez y el cinismo con que asumen los dictados del impuesto que ahora quieren hacerle un traje a la medida.
Nosotros no estamos de acuerdo en que se quiera convertir, como lo pretende el PRI en la lógica más autoritaria, a esta Cámara como una mera oficialía de partes, como una instancia para aprobar al vapor los dictados del nuevo tlatoani.
Por eso estamos planteando que se regrese el dictamen a las comisiones y que se delibere con intensidad una reforma de esta naturaleza. Tienen tal prisa por asumir y arrebatar el poder que ya se les queman las habas y quieren estas reformas. Por eso estamos planteando esta moción suspensiva en los términos del artículo 122.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de tomarse en cuenta para su discusión las dos mociones suspensivas.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si son de aceptarse a discusión las dos mociones presentadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En este caso tiene el uso de la palabra don Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, para fijar postura.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que hoy discutiremos abre una oportunidad para refrendar nuestra vocación democrática y republicana.
En Nueva Alianza estamos convencidos que la elección democrática de nuestros gobernantes garantiza estabilidad y legitimidad, máxime cuando se apega al principio de legalidad.
El presidente electo Enrique Peña Nieto, al recibir el respaldo mayoritario del electorado mexicano tiene todo el derecho de proponer el rediseño de los instrumentos legales e institucionales que considere necesarios para hacer realidad su programa de gobierno.
Por eso manifestamos nuestro apoyo al dictamen en discusión, vamos a votar a favor. Porque es razonable proporcionar al próximo gobierno las condiciones institucionales que requiere, para desarrollar sin menoscabo la gestión gubernamental que la mayoría de los mexicanos le confirió; irrestrictamente, como grupo parlamentario seremos firmes en la evaluación en el desempeño y asumimos con responsabilidad republicana en base a nuestro sistema político basado en la división de poderes, reinando un ánimo de colaboración y entendimiento para hacer posible un diálogo entre pares que reporte beneficios al país.
Entre las reformas a la administración pública federal que se proponen, resalta el fortalecimiento de la Secretaría de Gobernación.
En los últimos años hemos sido testigos de múltiples exhibiciones de desorden, falta de coordinación y hasta confrontaciones entre las distintas dependencias del gobierno federal, algunas muy graves como la actual pugna entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública.
La necesidad de poner orden en el gobierno federal es reconocida por propios y extraños, sobre todo en materia de seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional, porque es un ámbito que si no atiende de manera responsable y eficiente puede generar zozobra e ingobernabilidad. En función de ello, nos parece pertinente facultar a la Secretaría de Gobernación para coordinar al gabinete federal.
En este sentido, la propuesta de transferir las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, parece ser una medida que responde a la urgencia de replantear la estrategia de seguridad pública que se ha venido aplicando en los últimos años.
En el Grupo Parlamentario de Nueva alianza estamos convencidos que el desafío de los distintos grupos de la delincuencia organizada no debe enfrentarse privilegiando el uso de la fuerza policiaca, sino con una estrategia integral que contemple un intenso trabajo de inteligencia, golpear a sus enclaves financieros y sobre todo un amplio programa de prevención y educación que reconstruya los valores cívicos de solidaridad social y respeto a la legalidad.
La transferencia de la Policía Federal y el mecanismo de inteligencia denominado Plataforma México a la Secretaría de Gobernación, debe formar parte de una profunda revisión de la estrategia de seguridad pública que ha dejado más de 60 mil muertos. Es indispensable que el grave problema de la inseguridad y la delincuencia organizada se enfoquen en una perspectiva política, capaz de convocar a todos los sectores a colaborar en el combate de las causas de inseguridad, asumiendo un uso racional de la fuerza policiaca.
Para lograr estos objetivos es necesario que el nuevo gobierno garantice desarrollo social; empleos; educación de calidad; combate a la corrupción; transparencia y rendición de cuentas. Por ello también apoyamos los cambios encaminados a fortalecer la política de desarrollo social, establecer órganos de control en cada dependencia pública y ordenar el uso del territorio nacional.
Reconocemos el acuerdo político alcanzado entre todos los partidos políticos para que el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas conserven su naturaleza jurídica actual, como organismos no sectorizados.
Saludamos el consenso, el consenso interno y el consenso interno. Somos convencidos que todo aquello que nace por consenso tiene por ello mismo vocación de permanencia.
Compañeras y compañeros, Nueva Alianza siempre estará en la disponibilidad y apertura para el diálogo en la construcción de los acuerdos políticos necesarios para el bien de México. Exigimos desde esta alta tribuna que el fortalecimiento de la Secretaría de Gobernación no derive en el tratamiento autoritario de la seguridad pública interior, que el fortalecimiento de la Secretaría de Desarrollo Social sirva realmente para superar los enfoques asistencialistas de la política social, y no derive en una nueva versión de clientelismo.
Concluyo, señor presidente. Votaremos a favor del dictamen en un acto de responsabilidad republicana, como lo exige la ciudadanía y estaremos pendientes de la buena aplicación de los instrumentos que estamos otorgando al próximo presidente de la república. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, tiene usted el uso de la voz hasta por cinco minutos.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con el permiso de la Presidencia. El Partido del Trabajo, a través de un servidor presentó un voto particular en contra. Estoy convencido que la mayoría de los diputados de la coalición prianista y sus adláteres no lo han leído, porque desgraciadamente no acostumbran leer lo que aquí debatimos.
La intención era ayudar a orientar esta discusión porque lo que aquí estamos discutiendo no es cualquier cosa. No es un asunto de cortesías, como alguien lo planteó ya más al calor del debate, el propio responsable de dirigir esta coalición, otro de los empleados de quien coordina a los que gobiernan el país, a esa mafia que hemos denunciado, lo dijo con todas sus palabras, no es una reforma cosmética.
¿Y por qué lo digo? Porque el diseño de la estructura institucional que se presenta en el dictamen de la iniciativa que se discute, prefigura la política pública del nuevo gobierno en materia de política interior y seguridad pública.
Con la iniciativa de reforma se atribuye a la Secretaría de Gobernación nuevas funciones. Se dice que para garantizar la seguridad interior del país y la protección de sus habitantes, para lo cual coordinará las tareas policiales, el desarrollo de políticas de prevención del delito, el control del sistema penitenciario y de readaptación social, así como la información sobre seguridad pública y nacional.
En las nuevas atribuciones de la dependencia responsable de la política interior, la seguridad interna presenta un tema sustancial para la gobernabilidad, obviamente en esta coalición de gobierno no hay el entendimiento a una gobernabilidad democrática, ni les interesa.
Los que los mandan, los extranjeros que dominan este país, les instruyen, como ahora que van a ir a pedir, ya una vez que ya cumplieron y aprobaron esta reforma, van a ir a pedir permiso ahora si pueden poner a algunos de los que van a sugerir al Gabinete. No vaya a ser que los vayan a tener por allá enlistados en la DEA o en estas cosas que hay por allá.
Yo decía que el enfoque se da a la seguridad como parte de la gobernabilidad, es el de la criminalización de disturbios o desorden social, a través de la formulación de una supuesta política criminal de prevención al delito y la paz y el orden social, para lo cual se podrá intervenir en cualquier momento contra los disturbios o las acciones que afecten la seguridad interior. Esto es, se establecen bases para operar desde el Poder Ejecutivo federal al Estado gendarme.
A partir de políticas de seguridad interna y de políticas contra el crimen se pretende, cito textualmente: “Coadyuvar a la prevención del delito, proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgo, y salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública”.
Hemos argumentado en comisiones, lo vamos a hacer en el debate particular, cuando menos nueve razones por las cuales no se debería de aprobar esta reforma. Omitieron ampliarle el turno a comisiones, como la de Desarrollo Social, Reforma Agraria, Hacienda, Derechos Humanos, Desarrollo Metropolitano, obviamente los diputados de esas comisiones ni reclaman porque aquí nada más vienen a levantar el dedo en lo que les ordenan sus jefes, y eso es contrario a los reglamentos de la Cámara.
Falta –y esto es muy importante- en el debate, el impacto presupuestal que este dictamen aprueba, violando los reglamentos. Ya mis compañeros que proponían las mociones hablan hasta de las violaciones constitucionales a lo que hay referencia.
Invaden funciones en muchas otras leyes y áreas de gobierno, pero yo insisto, en el debate en lo particular vamos a insistir en esto.
Yo quiero decirles que ustedes también tienen otro gran problema, un gran error conceptual al abordar el tema de la tarea de la reconstrucción del tejido social. Esto no es algo que tengan que reconstruir, fíjense ustedes, los mexicanos y las mexicanas están inmersos en valores y principios que a pesar del alto grado de inseguridad y corrupción día a día luchan por conservar sus relaciones culturales, políticas, laborales o económicas.
El tejido social ha resistido el ataque del crimen organizado, el cual ha permeado en la clase política y empresarial de este país. La tarea, compañeros diputados, debería encaminarse a recuperar la razón de Estado y atender con justicia y equidad a la población mexicana. Culmino, presidente.
Yo les decía ayer que ojalá entiendan que lo que mal empieza mal acaba. Acuérdense de Calderón. Y ahora con el que va a llegar aquí, ojalá tuviera, es difícil, la capacidad de entender que como está empezando está empezando muy mal. Y ustedes, pues ni modo, a cumplir.
No es personal, ya también se los dije. Sabemos que los que mandan denigran la función pública, algunos los apoyan un poquito con sus formas de ser, pero esto algún día va a cambiar gracias al pueblo de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Monreal, tiene usted el uso de la voz por cinco minutos.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadanos legisladores, ciudadano presidente, nuestra labor como legisladores debe ser de análisis cuidadoso de los cambios que impactan a nuestros representados.
No entendemos, por tanto, las razones por las que esta reforma se esté discutiendo en tan poco tiempo. La iniciativa enviada no tiene carácter de preferente, aunque de facto es ultra preferente.
Como consecuencia tenemos un dictamen apresurado, un dictamen poco meditado. Yo les aseguro, sin ofender a nadie, que una gran mayoría de diputados y diputadas no lo ha leído, se los aseguro. Tienen una noción de lo que se trata o han leído las reseñas de prensa, pero no saben cuál es la profundidad de lo que van a aprobar esta tarde.
Me da mucha tristeza escuchar a diputados que dicen es que tiene el derecho, el que ganó, para diseñar su estructura institucional. ¿Cómo es posible que afirmen que tenga el derecho, por encima de la división de poderes, conduciéndose como príncipe, conduciéndose como rey o reyezuelo, imponiendo normas para poder gobernar a un país de lacayos?
¿Cómo puede un diputado afirmar que tiene el derecho como si fuera estrictamente un fin patrimonialista? Nosotros no aceptamos esa consideración. Y déjenme decirles por qué. Son varias modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la relativa a la supresión de la Secretaría de Seguridad Pública, la Función Pública y la modificación a reforma agraria.
Recuerdo a Benjamín Franklin y él decía una frase que a mí me impactó desde hace muchos años, decía él: El hombre que sustituye la libertad por la seguridad no merece ni recibirá ninguna de las dos.
Por eso ahora que estamos discutiendo en lo general este dictamen nos parece que es un despropósito. Es incongruente con los intereses, aspiraciones de objetivos nacionales. Es gravísimo que el miedo al peligro y la atrofia de las normas pongan a la república entre la espada y la pared.
Cabe hacer mención especial en que la policía está y deberá estar al servicio de la justicia, así como al servicio de la administración general. Este dictamen en comento de ser aprobado generará una crisis política constitucional de seguridad nacional.
En nuestra opinión la pretensión de poner a disposición de un órgano político, como la Secretaría de Gobernación, una tropa de policía prevista de arma de fuego y formada en unidades militares en disposición de atacar puede convertirse en un ejército de guerra civil, que de manera legítima puede combatir sublevaciones o manifestaciones civiles, pero de manera ilegítima también puede ser impuesta para generar problemas internos.
Nuestra tradición interpretada en el Estado es en forma gráfica. Yo recuerdo a Thomas Hobbes, en el Leviatán, es como –exactamente la encarnación, los que han leído a Tomas Hobbes– el Leviatán bíblico, que ustedes lo recordarán muy bien, que al mismo tiempo protege y amenaza a sus ciudadanos, pero hay que domarlo, atarlo con una cadena de derechos fundamentales. Y los derechos y garantías contra este Leviatán amenazante, cuando los ciudadanos se levantan en defensa de su libertad porque el Estado es aquello que reparte, no se les olvide, tanto esperanza como temor, que cuida y castiga, pero también cuya omnipotencia hay que romper y conseguir a través de la ley vigente.
Miren, es tan grave, ciudadano diputado —y solo termino en un minuto, presidente—, porque lamentablemente, miren a mí me da mucha tristeza que siempre el tiempo no nos deja ni siquiera debatir.
Yo recuerdo los más grandes debates que mi vida parlamentaria me formó, aquí los escuché, lo sabe María Elena Algarín, y era una cosa extraordinaria aprendías mucho de los debates. Hoy ni siquiera tienes la posibilidad de debatir, son monólogos paralelos.
Pero miren, lo que están aprobando es grave porque tiene que modificarse cuando menos antes de la aprobación, 11 ordenamientos jurídicos, los digo rápido: 11, el 21 constitucional, el artículo 73, el 115, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Federal de Armas de Fuego, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Penal Federal, 11 ordenamientos jurídicos que tienen que modificarse antes de aprobar esta ley.
Voy a seguir discutiendo, por fortuna reservamos y yo quería agotarlo para no molestarlos más tarde; pero reservamos casi todos los artículos y trataremos de irlo desarrollando y respetándolos a todos.
Pero medítenlo bien. Yo sé que hay abogados serios y sé que sin ser abogados hay gente con capacidad jurídica que sabe que lo que estoy diciendo, tengo razón. El propio nombre de gendarmería, tiene que modificarse antes el 115 constitucional, y muchos otros que iremos discutiendo.
Presidente, lo felicito por las últimas fechas de su conducción, a pesar que quizás en su partido no lo entiendan. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno qué quiere que le diga.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Mónica García de la Fuente, del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la voz.
La diputada Mónica García de la Fuente: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Partido Verde Ecologista de México, ejerciendo su derecho a impulsar iniciativas de gobierno presentó la iniciativa que hoy generó el dictamen que estamos discutiendo.
El primero de diciembre próximo dará inicio un nuevo ciclo político y administrativo con el cambio del titular del Poder Ejecutivo de la Unión. El entorno es por demás complejo. Pobreza en al menos la mitad de la población, modesto crecimiento económico y, por ende, precaria oferta de empleos; y la peor crisis de inseguridad y de violencia que haya vivido nuestro país.
La oferta política del nuevo presidente de México debe ser congruente con el marco administrativo que rige la función de las entidades y las dependencias del gobierno federal. La respuesta a las nuevas exigencias del México actual y del México que viene, debe encontrar origen y sustento en la ley.
En erecto, la materia del dictamen que nos ocupa y que será votado a favor por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, contempla efectos tan relevantes como los siguientes.
Una Secretaría de Gobernación integral que retoma la conducción de la política de Seguridad en nuestro país, lo que hará posible una mejor y mayor coordinación que hoy es indispensable para atender los graves problemas que en materia de seguridad enfrentamos.
Además, la Secretaría de Gobernación –por instrucción del presidente– coordinará las acciones de los secretarios de Estado y titulares de las entidades paraestatales cuando las políticas y circunstancias administrativas o estratégicas así lo ameriten.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en congruencia con sus facultades de fijar las políticas de gasto y organización administrativa, asume las tareas en materia de vigilancia preventiva del gasto público, así como las de impulsar de manera permanente políticas y prácticas que fortalezcan la eficiencia y calidad de la gestión con apego a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y honradez de la administración pública federal.
La Secretaría de Desarrollo Social, además de fortalecer sus facultades y sus políticas para el combate a la pobreza, coordinará las políticas enfocadas a la atención y desarrollo pleno de los grupos vulnerables y fomentará sobre todo la participación de la sociedad civil.
Asimismo, conforme al espíritu de esta iniciativa de reorganizar y modernizar la administración pública federal, se transfieren funciones que tenía la Secretaría de Desarrollo Social en materia de asentamientos humanos, desarrollo regional, urbano y vivienda, a la Secretaría de Desarrollo Agrario.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, impulsará, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento a través de políticas públicas basadas en criterios de desarrollo sustentable que armonicen el crecimiento de asentamientos humanos, la regularización de la propiedad agraria, tierras ejidales, la pequeña propiedad, el desarrollo urbano con criterios uniformes, el desarrollo de vivienda y el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones enfocadas en la localidad de cada parte de nuestro país.
Es por todo esto que el Partido Verde votará a favor, porque así como es legítimo y legal que el Poder Judicial federal pueda crear órganos jurisdiccionales y el Congreso de la Unión comités y comisiones para el ejercicio de las funciones, es legítimo que el Poder Ejecutivo pueda modificar la estructura y las funciones de las entidades y dependencias de la administración pública, así lo han hecho los dos titulares del Ejecutivo federal recientes y así también lo ha consentido el Congreso Federal en las pasadas legislaturas.
Votaremos a favor porque el Partido Verde Ecologista de México reconoce su corresponsabilidad política en las tareas del nuevo gobierno, un gobierno más eficaz y mejor organizado, un gobierno que encabezado por Enrique Peña Nieto transformará al Estado.
Pero también el Partido Verde Ecologista de México será un garante permanente, un vigilante para que en la práctica esas políticas públicas a las que hoy les estamos dando un marco legal, se conviertan en instrumentos para recuperar la paz y la tranquilidad de la gente, que se retome con fuerza el camino del crecimiento económico y se combata de manera frontal la pobreza.
De igual manera el Partido Verde estará atento al impuso de los programas que racionalicen el gasto para que los recursos públicos se utilicen de manera real y eficaz para el bienestar de todos los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada. Don Fernando Belaunzarán, tiene usted el uso de la voz hasta por cinco minutos.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente. Seguimos siendo un país en tensión, entre el pasado que se niega a morir y el futuro que aún no alcanzamos a construir.
Monterroso resultó profeta. El dinosaurio no sólo estaba ahí, estaba más fuerte, coleando, cuando lo encontramos.
Somos una izquierda constructiva pero que tiene memoria. No olvidamos de dónde venimos, no olvidamos las luchas que hemos dado, no olvidamos al régimen que hemos combatido desde que el Partido de la Revolución Democrática nació, pero también desde antes, de otras luchas fundamentales, de las luchas por la libertad sindical, de las luchas estudiantiles como la del 68, las luchas de los médicos, las luchas del movimiento social, urbano, popular, que se enfrentaron a un régimen autoritario que ahora al menos vemos o vislumbramos su retorno, porque claro que hay señales ominosas o por lo menos señales preocupantes en la reforma que nos presentan.
Nos quieren presentar soluciones a problemas del presente, a las deficiencias del presente con recetas de pasado; pretender concentrar el poder, no buscan equilibrios, no buscan contrapesos. Va a haber un triunvirato formado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y la Oficina de la Presidencia, tres dependencias con enorme poder y no encontramos contrapesos.
Y por supuesto el asunto de que Gobernación sea la que acapare las policías, la inteligencia, la seguridad que nos huele al pasado, nos huele al viejo autoritarismo. Reconocemos por supuesto que un gobierno puede organizarse como mejor le parezca.
También sabemos que nuestra función va a ser vigilar y cuidar que dé resultados ese gobierno. Es parte de nuestra responsabilidad. Organízate, pero te vamos a exigir resultados. Pero no puede, en su organización, ni violar la ley, no puede violar la Constitución y no puede invadir atribuciones de otras entidades, municipios o dependencias.
Por eso vamos a dar una fuerte batalla en lo particular sobre los puntos que nos parece que son violatorios. Además, quiero decir que es cierto que nosotros vamos a construir acuerdos, vamos a ser una izquierda, como digo, constructiva y leal con el país, responsable con nuestros electores, vamos por supuesto a evitar la regresión autoritaria. Nos van a encontrar en esta tensión.
Hemos tomado partido desde el principio. Vamos a empujar la consolidación democrática. Ojalá algún día entienda el partido del nuevo gobierno que no hay vuelta al pasado, que la gobernabilidad en este país no la vamos a conseguir concentrando el poder, volviendo a generar dependencias todopoderosas, que no rinden cuentas y que concentran un enorme poder, sino que vamos a demostrar que la gobernabilidad está en la pluralidad —ojalá lo entiendan—, en la construcción de los acuerdos, en la diversidad de este país y que no hay vuelta al pasado.
Hay algunas cosas que tengo que decir respecto del dictamen. Primero, reconocer el primer gran triunfo que se dio con esta iniciativa que fue en contra de un posicionamiento que era inaceptable. Vi como las mujeres de todos los grupos parlamentarios dieron la batalla para defender a Inmujeres, defender al Instituto Nacional de la Mujer, la dieron juntas, es una victoria de todas las mujeres y de los diputados indígenas y de las diputadas indígenas para mantener su autonomía.
Pero también de la sociedad. No es una victoria de una persona. No es una graciosa concesión. Fue la fuerza de la sociedad, el peso de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de distintos editorialistas, de la opinión pública la que hizo reconsiderar para dar autonomía.
Todavía no entiendo por qué Sedesol va a tener la Conapred, que es un asunto de justicia, no de asistencialismo, ni tampoco del Conavim, que es un asunto de cuidar las recomendaciones de organismos contra la violencia contra las mujeres. Qué tiene que ver Sedesol en ello. Esto tampoco es un asunto asistencialista, es un asunto de gobierno, de justicia. Pero parece que va a haber secretarías consentidas en esto.
Además de este triunvirato todopoderoso, va a haber secretarías consentidas que más que tener una idea de gobierno lo que quieren es cumplir caprichos o hacerlo a la medida de algunas personas.
Quiero decirles que es una gran batalla la que estamos dando los mexicanos por consolidar nuestra democracia, porque la transición no está concluida, apenas empieza. Vamos a darla con todo el rigor en esta Cámara. Le vamos a exigir resultados al gobierno y por supuesto vamos, en todo momento, a cuidar, a vigilar, a denunciar cualquier exceso de poder que se haga desde estas nuevas instancias de poder porque la verdad es que –con esto concluyo– Peña Nieto nos dio la razón. Dijimos que era un proyecto restaurador del pasado autoritario y la reforma que nos presentan nos muestra que efectivamente ése es su plan de gobierno, pero la sociedad no lo va a permitir y esperemos que podamos construir un país verdaderamente democrático con una legislación que de corresponsabilidad a la pluralidad y que lo que se busque no es con hombres todo poderosos o rescatar a los viejos tlatoanis que ya no sirven al país. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Esther Quintana, del PAN, tiene el uso de la voz.
La diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, desde el primero de septiembre fijó en esta misma tribuna su voluntad para seguir construyendo el país que durante 12 años el pueblo de México nos concedió el privilegio de dirigirlo. Siempre hemos estado, estamos y estaremos abiertos al diálogo.
Creemos en las diferencias de pensamiento y de visiones. Creemos en la inclusión y en el pluralismo y estamos claros que pensar de diferente manera no nos convierte en mejores personas. Y precisamente el mundo ha evolucionado porque hemos pensado, los seres humanos, de manera distinta. Por eso reconocemos la prerrogativa del presidente electo, de organizar su gobierno.
Así lo hicimos nosotros, en su momento, y de nuestra parte no se verán ni hoy ni nunca posiciones mezquinas, porque México es caro a nuestro corazón, y también a nuestra responsabilidad, y más, pero más grande que cualquier consideración en otro sentido.
Durante los gobiernos panistas se trabajó para garantizarle a todos los ciudadanos mayores libertades, derechos y beneficios. De ahí el cuidadoso análisis del contenido de la iniciativa enviada por el presidente electo, porque es elemental conocerla para cuidar que no se propicien retrocesos ni cambios que impliquen poner en riesgo el futuro de los mexicanos.
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, acatamos la voluntad soberana de los ciudadanos que eligieron un nuevo gobierno en la pasada elección, y por ello en lo general, vamos a votar a favor de la iniciativa.
Sin embargo –y lo digo con toda claridad–, en nombre de mi grupo parlamentario tenemos reservas de fondo que no podemos dejar de señalar y que estimamos que deben ser revisadas y en su caso replanteadas.
Coincidimos con la necesidad de contar con un órgano constitucional autónomo, responsable del combate a la corrupción. Así lo hemos propuesto con anterioridad en Acción Nacional y celebramos que el gobierno que inicia el 1 de diciembre esté dispuesto a atender esa problemática. Sin embargo, dicha propuesta implica reformas constitucionales que requieren de un amplio proceso legislativo, por lo tanto no coincidimos con la desaparición de la Secretaría de la Función Pública hasta que se cuente con dicho órgano constitucional autónomo.
Celebramos y lo impulsamos porque creemos en él, el acuerdo para impedir la incorporación del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a la Secretaría de Desarrollo Social. Sectorizar estas instituciones no sólo constituía una regresión, sino también el desconocimiento de la realidad mexicana y un desdén al espíritu y a los ciudadanos que las fundaron. Por eso celebré ayer, porque fue lo mejor que pudo pasar, que en este tema fuimos capaces de ponernos de acuerdo, porque es algo más grande que todos nosotros.
Advertimos que el traslado del Instituto Mexicano de la Juventud, del sector educativo al social, puede entenderse como un menoscabo del próximo gobierno para los jóvenes. Los jóvenes de este país requieren oportunidades, becas y educación de calidad para aspirar a mejores empleos, no políticas asistenciales. Por ello, Acción Nacional velará porque no se disminuyan las facultades y funciones de este Instituto y desde esta Cámara, en pleno ejercicio de nuestras facultades, vamos a procurar y a trabajar para que este Instituto cuente con más recursos para ampliar sus programas a favor de lo más grande y bello que tiene este país, que son los jóvenes.
También aprovechamos este momento para convocar a todas las fuerzas políticas y al gobierno electo, para que transformemos al Instituto y lo hagamos más de lo que es hoy; la juventud espera y merece más que un simple cambio de sector.
En materia de seguridad, un tema tan sensible, tan a flor de piel, votaremos a favor de que se trasladen las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, pues no constituye un peligro ni un aumento en sus facultades. El cambio es una transferencia administrativa y organizacional, pero que quede claro; no es un cheque en blanco. México ya cambió, no es el mismo de los tiempos hegemónicos; por eso creemos que sería peligroso utilizar a la policía con fines políticos.
La tranquilidad, la seguridad y la paz de los mexicanos, al igual que la salud y la vida, son prioridades en Acción Nacional, para combatir el crimen organizado puede haber distintas estrategia y eso lo entendemos perfectamente, en lo que sí no transigimos es en que haya pactos ni claudicación.
Finalmente, no podemos dejar de señalar, de destacar la importancia de los derechos laborales de los trabajadores de las instancias que se verán afectados con esta reforma. Los derechos de los trabajadores son derechos por los que el PAN y los mexicanos hemos luchado, y tienen que quedar garantizados bajo el imperio de la ley.
Acción Nacional ha sido y es la fuerza política –termino, presidente– que ha modernizado a México con responsabilidad y con visión. Le damos la bienvenida a las reformas que velan por el bienestar de toda la sociedad, y por ello -insisto y subrayo-, aprobaremos en lo general la iniciativa.
Las reservas que hemos hecho responden a una visión de responsabilidad con nuestro país, porque como ya hemos dicho antes, no vamos a permitir que México sea menos de lo que la gente necesita. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y fue mucho. Don Abel Octavio Salgado Peña, del PRI, tiene el uso de la voz.
El diputado Abel Octavio Salgado Peña: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, al iniciar todo periodo de gobierno es óptimo que uno de los asuntos iniciales por definir sea precisamente el de la estructura de la administración, con la que dicho gobierno pretenda impulsar sus políticas públicas y sacar adelante sus compromisos.
Es por ello, que quienes suscribimos la iniciativa de referencia que dio origen a este dictamen, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y del Grupo Parlamentario del Partido Verde, tenemos el propósito de efectuar cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, parar que el nuevo gobierno pueda contar con las dependencias que le permitan, desde un principio, cumplir debidamente con sus objetivos prioritarios.
El objetivo de esta reforma se centra en lo siguiente:
Garantizar la coordinación del Gabinete, así como el seguimiento puntual de sus políticas, para que éstas se orienten siempre en consolidar una administración eficaz y enfocada en resultados.
Generar un nuevo esquema de organización institucional para garantizar la seguridad interior del país y la debida protección de sus habitantes.
Dar un impulso integral al sentido de las políticas sociales, mediante el planteamiento de una estrategia, que además de continuar combatiendo la pobreza, se ocupe de generar mejores mecanismos de integración entre mexicanas y mexicanos, de grupos diversos, a fin de consolidar una sociedad plenamente incluyente y democrática.
Propiciar condiciones de armonía y orden en el desarrollo territorial del país, para su aprovechamiento óptimo y generación de bienestar y vida digna en todos sus ámbitos: agrario, urbano, ejidos, comunidades, centros de población en general, ciudades, áreas metropolitanas y desarrollo regional y de vivienda.
Diseñar un nuevo sistema de control gubernamental, que a la vez de vigilar la correcta gestión y manejo de los recursos, estimule prioritariamente el carácter preventivo, así como la calidad y agilidad en el desempeño público, eficaz, transparente y honrado de la gestión pública.
De lo anterior, queremos señalar que este proyecto propone los cambios siguientes en la estructura de la administración pública federal. Reformas a las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, para que lleve a cabo funciones de coordinación del gabinete por acuerdo del presidente de la República, condición sine qua non, sería imposible llevarla a cabo.
La intención es unificar la política pública de seguridad interior en una sola dependencia, como lo es la Secretaría de Gobernación.
Proponemos la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que las tareas en esta materia, principalmente las de la Policía Federal, así como las del sistema penitenciario federal y de prevención del delito, se transfieran para su coordinación a la propia Secretaría de Gobernación.
Las reformas a la Secretaría de Desarrollo Social que proponemos, tienen como objetivo trabajar en el combate a la pobreza y a favor de los derechos de diversos grupos para consolidar así una sociedad plenamente incluyente y sin discriminación.
Proponemos redefinir las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social a partir de una nueva concepción del desarrollo social, que tiene a las personas como propósito fundamental de sus acciones.
Estas nuevas atribuciones buscan construir una política basada en el desarrollo, la inclusión y la cohesión social. Se plantea que la Sedesol asuma funciones de coordinación de órganos y entidades que realizan funciones vinculadas directamente con el desarrollo de las personas que en algunos casos se encuentran dispersas en el ámbito de varias dependencias.
Creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tomando en cuenta diversas atribuciones, tanto de la actual Secretaría de la Reforma Agraria, así como de la Secretaría de Desarrollo Social en materia de desarrollo urbano, regional y de vivienda.
En este tema consideramos necesario actualizar y despojar de intereses políticos, ajenos de la tenencia de la tierra para transformar sus funciones en un desarrollo ordenado en temas de urbanidad tanto regional, así como de vivienda.
Creación de un nuevo régimen de control gubernamental a través de la consolidación de unidades de auditoría preventiva en las dependencias y entidades de la administración pública federal con distribución de facultades de la actual Secretaría de la Función Pública en distintas estructuras y órganos, principalmente en la Secretaría de Hacienda.
Consolidación de la oficina de la Presidencia de la República como una instancia cercana al Ejecutivo federal para apoyo y seguimiento permanente de sus tareas y de las políticas públicas. Esta atribución para el mejor desempeño de las políticas públicas generadas en la oficina presidencial.
No es intención, compañeras y compañeros diputados, minimizar o descalificar los esfuerzos realizados por la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa en temas de gobernabilidad, seguridad o política social.
No se trata de ver quién hace mejor las cosas, se trata de ejercer las atribuciones necesarias para el mejor cumplimiento y desempeño de la administración pública y sostener un techo mínimo de gobernabilidad que sea transformado en paz social y tranquilidad para llevar condiciones de desarrollo y seguridad.
Nuestro objetivo es continuar con este esfuerzo desde la óptica de la propuesta y el debate político. Bienvenidas las ideas, bienvenidas las propuestas y bienvenidas las intenciones que reformen la estructura de la administración pública federal para generar condiciones de desarrollo, seguridad y estabilidad de los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y, bueno, pues fue mucho.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Miren ustedes, hemos culminado con la fijación de posición. Según la fracción VIII del artículo 104 cuando hay oradores solamente registrados en un solo sentido tiene que ser tres. Nosotros tenemos registrados siete. Esta Presidencia informa que será escrupulosa con el Reglamento, pero preguntará a la asamblea de tal suerte de si es permisible o no ampliar el número de oradores.
En principio le vamos a dar la voz a Alfonso Durazo, luego a Lizbeth Rosas y luego a Rubén Camarillo. El primero de Movimiento Ciudadano, la segunda del PRD, el tercero del PAN. Tiene el uso de la voz don Alfonso Durazo.
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Tomás Torres. ¿Con qué objeto, don Tomás Torres?
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Con el objeto, señor presidente, de que le precise a la asamblea si es con relación a alguna reserva en lo particular para que sea señalada y el sentido de la participación de los legisladores. El Partido Verde Ecologista tiene también participaciones consideradas en el contexto de las reservas cuando usted nos las anuncie, por favor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Solamente que no estamos en reservas, estamos en el contexto de lo general. Una vez que se fijan posiciones vamos a tres oradores en un solo sentido, preguntaremos a la asamblea si abrimos a otra ronda de oradores y esta Presidencia tendrá la obligación de cantar las reservas, de tal suerte de saber y estar conscientes todos de lo que vamos a votar en lo general. Adelante, don Alfonso.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, presidente. Compañeros diputados, bajo la lógica del botín que establece que: el que gana, gana todo el PRI y el PAN han impulsado esta reforma a la administración pública, que pretende entregarle a Enrique Peña Nieto una administración personalizada.
En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano rechazamos la propuesta con base en cuatro objeciones principales:
1. El peligro de restaurar a la Secretaría de Gobernación como una policía política.
2. El riesgo de que al crear una secretaría de tamaño monstruoso se genere aún más ineficiencia en su operación de la que ya registra actualmente.
3. La propuesta de sectorizar diversos organismos autónomos a Sedesol, con el consiguiente retroceso que ello implica, al pasar de sujetos de derechos a grupos vulnerables.
4. La ausencia de una visión integral en las modificaciones al régimen de control gubernamental.
Hay que tener claro que al hablar de cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no estamos hablando de la estructura administrativa del gobierno de Peña Nieto, sino del andamiaje institucional del Estado mexicano.
Yo recuerdo, y reconozco el sentido de Estado de los priístas, espero sean hoy congruentes con él. Es legítimo, por supuesto, que el PRI gobierne bajo sus postulados y prioridades, no lo es en cambio, que solo pueda serlo con una estructura administrativa personalizada a la pequeña medida de Enrique Peña Nieto.
Es debido a esta lógica y a los cambios sexenales que la acompañan que en México no ha cuajado ninguna estructura administrativa, sencillamente porque no le hemos dado tiempo. La continuidad institucional es imprescindible para que las estructuras maduren suficientemente su eficacia, de otra manera la burocracia nunca alcanza su nivel de funcionamiento óptimo y la experiencia adquirida por los funcionarios públicos se vuelve inservible.
Ahora, si no podemos definir una estructura administrativa de Estado, imagínense ustedes si vamos a tener capacidad para definir una política de Estado. Entonces la cuestión a debatir es si la propuesta de modificación a la administración pública en los términos que ha sido propuesta resulta útil para el país, no si es políticamente cómoda para Peña Nieto.
Por ello yo propongo que hagamos un análisis reprosado y profundo para no volver a cometer el error que se cometió en 2000 y que hoy supuestamente pretendemos corregir. Hace 15 días pasó por esta Cámara la Ley de Reforma Laboral, 15 días después se está modificando por la premura con la que fue aprobada.
El PRI ha pretendido hacer un mérito, la propuesta de regular la explotación de los pocitos. Lo que sucedió con los pocitos, ésa gravísima omisión lo estaremos viviendo con esta ley en el transcurso de un par de semanas. Por eso a nombre de Movimiento Ciudadano, propongo a ustedes, pido a ustedes, que seamos responsables, que rechacemos esta propuesta con el ánimo de analizarla a profundidad, pero también con el ánimo de aprobar en lo que proceda esta estructura administrativa, que en estos momentos no se justifica en los términos propuestos. Muchas gracias, por su atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A usted.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Lizbeth Rosas Montero, del PRD.
Esta Presidencia saluda con mucho afecto a don Alberto Natanael Guerrero López, presidente municipal de Navojoa, Sonora. Bienvenido.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas, el dictamen que hoy nos presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública de la iniciativa que propuso Enrique Peña Nieto a través de los Grupos Parlamentarios del PRI y PVEM para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es el resultado de una visión compartida en lo fundamental por las fuerzas políticas del PAN y el PRI y que, a través de sucesivas votaciones mecánicas y sin discusión ni debate, ha dado fondo a temas torales violando el Reglamento de manera flagrante de la Cámara de Diputados, sin escuchar los planteamientos de descalificación sobre la serie de propuestas que hicieron los diversos grupos de izquierda representados en este Congreso, violando el irrestricto orden constitucional de las leyes que nos representan.
Ese dictamen no solamente tiene el propósito formal de reorganizar la estructura del gobierno federal, que encabezará a partir del primero de diciembre, sino también –y éste me parece el punto central de la discusión que hemos dado al interior de las comisiones y grupos parlamentarios- es una concentración excesiva de las facultades que tan solo en tres secretarías de Estado quedan conferidas.
Pero las facultades de la Secretaría de Gobernación la convierten en una supersecretaría, equiparándola a una jefatura de Gabinete propia de un sistema semipresidencial con la gran diferencia, compañeros diputados, de que en otros países donde existe esta misma figura, ésta es electa y ratificada por la mayoría de su Congreso.
Sin embargo, nuestro sistema jurídico y político no prevé la figura de quien pueda asumir las funciones para las que fue electo nuestro titular del Ejecutivo. En los hechos con esta reforma se configurará una renuncia de las facultades para las que fue electo Enrique Peña Nieto. Si no quería gobernar, ¿para qué fue la elección entonces?
El uso de la fuerza pública queda sumando, pero puede intervenir en estados, municipios y en el Distrito Federal ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente, es decir, la tentación de invadir, compañeros, facultades de estados y municipios en materia de seguridad, esto ha sido obra también de esta propuesta.
Se da más facultad en la parte coercitiva que la parte de la verdadera reconstrucción de nuestro tejido social, atendiendo los diferentes problemas sociales que nos ocupan.
Nos preocupa que al restaurarse la Oficina de la Presidencia, se pretenda eximir al mismo presidente de encabezar la propia administración pública federal, como está el texto vigente.
El PRD ha sido una posición de plantear diálogo en cuanto a nuestros desempeños y por eso hacemos una crítica muy fuerte al desempeño actual de la Secretaría de Seguridad Pública federal, debido a su total fracaso en relación a la disminución del índice delictivo y a la propia ética y actuación de su titular y de sus elementos, lo cual ha redundado en una inversión gigantesca de recursos financieros del Estado, sin que hasta ahorita hayamos tenido un solo beneficio para la sociedad.
Expresamos nuestra preocupación en relación a las funciones eminentemente políticas de a Secretaría de Gobernación y las funciones que ahora como ejecutor de la política de la seguridad encabeza. Asimismo no consideramos conveniente que un solo órgano de la administración sea quien posea el sistema de bases sobre datos criminales.
Por otro lado queremos reconocer que la fuerza social de la participación organizada de las mujeres, pudo parar la intentona de subsumir instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión de Pueblos Indígenas, al sector del desarrollo social, ya que resultaba un fuerte retroceso en materia de transversalidad y equidad del diseño de las políticas públicas, privilegiando la adición asistencialista y clientelar contra la izquierda; pero tenemos un serio pendiente, los niños y niñas y los adolescentes.
Creemos que éste es un paso pero es importante que tengan su propio órgano de participación.
Compañeras y compañeros, esta propuesta de reforma es una reforma que marcará al menos a una generación entera de mexicanas y mexicanos, por eso en el grupo parlamentario del PRD no avalaremos controles policíacos ni la represión como medida de una simulada gobernabilidad, más y en aras de dejar patente de que entendemos el propio principio de derecho que les asiste de organizarse como mejor lo crean y con el ánimo de avanzar, votaremos no a favor ni en contra, votaremos como una vigilante y escéptica abstención.
En el ejercicio de gobierno habremos de forzar como si fuera necesario, una corrección y en su caso, expresaremos lo que funcione de su gobierno y denunciaremos lo ilegal que no cumpla los principios básicos de una administración pública y buen gobierno.
En el grupo parlamentario del PRD demostramos una capacidad de diálogo y siempre siendo críticos y propositivos, pugnaremos siempre por ser punta de lanza de mejores prácticas de gobierno. Este mejor ejercicio de gobierno exigiremos, sobre todo con la calidad moral que nos asiste y los hechos, con el ejemplo de nuestros gobiernos –como es el caso del Distrito Federal–, siendo fieles contrapesos a los autoritarismo o tentaciones que puedan ser.
Y avalaremos y pugnaremos por fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación como el órgano eficiente, profesional y confiable, verdadero evaluador de las políticas públicas de nuestro país, que sobre todo a los que van dirigidos y por los que nosotros tenemos que representar. Es por el bien de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y mire que fue mucho. Don Rubén Camarillo, tiene usted el uso de la voz.
Saludo al doctor Isauro Rendón, presidente municipal de Tepeaca, Puebla, invitado por don Jesús Morales.
El diputado Rubén Camarillo Ortega: Compañeros y compañeras, buenas tardes. Vengo el día de hoy a ejercer, de cara a los ciudadanos de este país, el más alto valor al que puede aspirar un representante popular. Es la capacidad de disentir aun dentro de su propio grupo parlamentario.
Vengo a honrar una vieja práctica parlamentaria del PAN. Me refiero al voto de conciencia que consiste en que, cuando en asuntos trascendentales de la vida nacional en nuestro grupo parlamentario, después de discutirse y votarse un asunto, quien no esté de acuerdo con lo decidido por la mayoría tenga la posibilidad de públicamente expresar sus motivos para votar en forma diferente a lo acordado por el grupo parlamentario.
Es así que de manera sucinta expresaré lo que a mi juicio no se puede otorgar por una cortesía parlamentaria al nuevo gobierno. Rechazo, por insostenible, el argumento de que el Ejecutivo tiene el derecho de libremente decidir la estructura para ejercer sus funciones. Sostengo que la Constitución prevé de manera muy clara que es responsabilidad del Poder Legislativo la aprobación de dicha estructura de gobierno.
Por otro lado y en el fondo del asunto, debo decir con claridad que no puedo estar de acuerdo con la pretendida reforma por las siguientes razones: primero, no puede ser posible que ahora lo viejo pretenda ser lo nuevo. Considero que regresarle a la Secretaría de Gobernación la posibilidad de ejercer el control político a través de la ley del garrote es profundamente regresivo. El pretender regresarle el control de la policía federal a esa dependencia lo menos que sugiere es una vuelta al pasado totalitario e intolerante que se ejerció, desde esa dependencia, en décadas pasadas.
Segundo. Se dice que el nuevo gobierno está comprometido con el combate a la corrupción. El contenido de esta iniciativa sugiere exactamente lo contrario. No se puede interpretar otra cosa cuando lo que se pretende es que ahora las dependencias se autoauditen, es decir, las unidades de auditoría preventiva dependerán de su titular. De hecho, el auditor es contratado por el secretario o el director general de dicha dependencia. En otras palabras, el pretendido combate a la corrupción a mi juicio es sólo una mentira piadosa para quienes todavía confían en que el nuevo gobierno no es un cambio, pero en reversa.
Tercero. Los cambios propuestos a la Secretaría de Desarrollo Social dejan ver claramente una intentona de echar a andar una maquinaria pro-priista con fines electorales, la concentración pretendida de facultades para la atención de sectores sensibles de la sociedad como los jóvenes, las mujeres, los mayores de 70 años, con el objetivo legítimo, sin duda, del combate a la pobreza, no vaya acompañado de las ya conocidas prácticas clientelares que los ha caracterizado en el pasado.
No deja de llamar la atención, también, la concentración de facultades en la ya omnipotente Secretaría de Hacienda o la pretendida injerencia en el ámbito local en materia de planeación urbana por parte también de la pretendida Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, solamente por mencionar algunas razones.
Quiero terminar, finalmente, y aquí me dirijo a mis compañeros diputados de Acción Nacional, quiero solicitarle a mis compañeros panistas a que ejerzan su voto de conciencia, no pasa nada, está en nuestro Reglamento, es una vieja práctica parlamentaria del PAN.
Les pido que demos muestra de lo que ha caracterizado, nos ha caracterizado en una convivencia democrática a quienes decidan votar a favor, como a quienes decidan acompañarme en este voto en contra en lo general, a ambos les reitero mi más profundo respeto y reconocimiento.
Amigas y amigos, en el PAN sí se vale disentir. La disciplina ciega, esa; esa es práctica de otros. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si está suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal.
Esta Presidencia informa, antes de abrir el sistema, que tenemos la reserva del 7 de don Ricardo Mejía.
El artículo 10 don Ricardo Monreal y don Víctor Manuel Manríquez González.
El artículo 25 don Francisco Coronato Rodríguez.
El artículo 26, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, don Rodrigo González Barrios, Yazmín Copete Zapot, Víctor Manuel Bautista López y Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El artículo 27, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Ricardo Monreal, Fernando Belaunzarán, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Lilia Aguilar Gil, Julio César Moreno Rivera, Marco Rosendo Medina Filigrana, Lilia Aguilar Gil, José Humberto Vega Vázquez, Ernesto Alfonso Robledo Leal y Víctor Manuel Manríquez González.
El artículo 31, José Alfredo Botello Montes, Magdalena Núñez Monreal, Ricardo Monreal Ávila.
El artículo 32, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Lilia Aguilar Gil, Luisa María Alcalde Luján.
El artículo 37, Rocío Esmeralda Reza Gallegos y Magdalena Núñez Monreal.
El artículo 41, Víctor Serralde Martínez, Rodrigo González Barrios, Yazmín Copete Zapot, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, María Fernando Romero Lozano.
El artículo 44, José Arturo Salinas Garza (para derogación), Víctor Manuel Jorrín Lozano, Loretta Ortiz Ahlf.
El artículo tercero transitorio, José Antonio Botello Montes y Aleida Alavez Ruiz.
El artículo cuarto transitorio, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El artículo quinto transitorio, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El artículo sétimo transitorio, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El artículo décimo transitorio, Rodrigo González Barrios.
El artículo décimo primero transitorio, Alfonso Durazo Montaño.
La eliminación de un transitorio décimo tercero, José Arturo Salinas Garza, y
El artículo décimo séptimo, Yazmín Copete Zapot.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para recabar la votación en lo general y de los artículos no reservados, que son un poco más, poco menos que la mitad de los artículos que tiene el proyecto. Adelante.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estamos en votación, diputado Monreal, permítame.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recuerda a las señoras diputadas y a los señores diputados, que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo de la votación. Una vez cerrado el sistema no se aceptará ningún voto.
Se ruega al diputado Rodrigo Chávez Contreras, que tomó protesta el día de hoy, emitir el sentido de su voto de viva voz, por favor.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): En contra.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidente, le informo, se emitieron 333 votos en pro, 50 en contra y 84 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y en lo que se refiere también a los artículos no reservados. Tiene el uso de la voz don Ricardo Mejía Berdeja, para presentar reserva al artículo 7o.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero presidente, estamos en contra del artículo 7 de la Ley Orgánica, donde se establece que el presidente de la república podrá convocar directamente o a través del secretario de Gobernación.
En los hechos lo que están planteando es un cambio de régimen político, dándole el nivel al secretario de Gobernación de jefe de Gabinete o de primer ministro, y esto nos parece que es un subterfugio para evadir el artículo que regula, en la Constitución, que el poder de la república recae en un solo individuo.
Sin duda, son tiempos obscuros para el país, varios elementos así lo confirman. La conversión de la Secretaría de Gobernación en la Secretaría de la Policía Política como un ministerio de contención y represión, utilizando los aparatos de seguridad y de inteligencia, como la espada de Damocles en contra de grupos sociales y políticos, contrarios al gobierno impuesto, es un mensaje de cerrazón y endurecimientos políticos.
Pretenden crear, en la Secretaría de Gobernación, un Big Brother, como la novela de George Orwell, para vigilar y controlar la vida política del país.
Este Frankenstein que quieren crear, no tengo la menor duda que vigilará al propio Peña Nieto para supervisar que cumpla con los dictados de los poderes fácticos que lo impusieron y compraron la Presidencia de la República.
La desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública es el epitafio a la gestión de Felipe Calderón y el epílogo de un sexenio sangriento.
Vemos además, que el PAN acepta con mansedumbre la desaparición de esta dependencia en un juego de arreglos y contubernio. No faltarán ahora gobiernos estatales que presurosos eliminen las secretarías de Seguridad Pública en un ejercicio de mimetismo y cortesanía vergonzantes.
Sin embargo, el fracaso de la gestión de Genaro García Luna, quien por cierto ya no podrá comparecer, porque ni siquiera habrá Secretaría, no debe confundirse con las funciones de la dependencia que le asignaron.
Separar las funciones de Gobernación y las funciones policiacas no es en sí mismo un mal diseño institucional. Que Calderón y su gobierno hayan fracasado no quiere decir que separar ambas funciones no sea óptimo. Estamos viviendo, sin duda, la restauración del presidencialismo y del sí señor presidentismo. Sí, señor presidente, lo que usted diga.
Como parte de una política autoritaria y de abyección vuelve, sin ninguna limitante, la visión patrimonialista del poder público y del gobierno federal al concebirlo como algo de su propiedad y apremiar para que se haga un traje a la medida del nuevo Ejecutivo impuesto por el dinero.
El presupuesto y el gobierno federal como botín de guerra, además de la imposición, como piratas van al abordaje del gobierno. Para ello, lo mismo disponen al pretender correr a miles de servidores públicos federales del llamado servicio profesional de carrera que pretender aprobar más rápido que una iniciativa preferente la ley que envió alguien que ni siquiera ha asumido, todavía, la titularidad del Poder Ejecutivo. Señoras y señores diputados...
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Tomás Torres, ¿con qué objeto? Detenga el reloj, por favor.
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Para plantear a usted, señor presidente, con la finalidad de que se dé un desarrollo debido y con apego al Reglamento, le pido a usted con apoyo en el artículo 114, fracción I, dé trámite a una moción de orden.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Qué parte del orden reclama.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: La exclusión.
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): En principio, para que haya atención al orador y por la otra, está muy concurrida la Mesa Directiva que le acompaña, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Me informa que vienen a darme calidez, la verdad es que lo que me están dando es compañía. Vamos a continuar con el desahogo. Y la petición que me están haciendo cuando lleguemos al artículo 27 la someteremos a la consideración del pleno.
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Torres Mercado.
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Si usted ve conveniente el acompañamiento y es usted quien conduce la asamblea entonces declino, desisto, de la moción y que sea usted acompañado como usted lo pide.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le aprecio su gentileza. Y le voy a rogar a mis compañeros de Movimiento Ciudadano que me acompañen desde sus curules. Continúe, don Ricardo.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias. Señoras diputadas y señores diputados, la Ley Orgánica de la Administración Pública no se puede reformar a contentillo de cualquier sujeto por más importante que sea. La Ley Orgánica de la Administración Pública es para salvaguardar instituciones y ni el gobierno federal ni el presupuesto público son propiedad de Peña Nieto, ni mucho menos su botín.
Por eso nosotros planteamos que siga la Secretaría de Gobernación desempeñando funciones inherentes a la política y a la conducción de las relaciones institucionales, y que la Secretaría de Seguridad Pública atienda su función con eficacia y sin represión.
Nosotros estamos en contra de que quieran hacer del secretario de Gobernación un virtual primer ministro, y vamos a estar en contra. Proponemos que el artículo 7 de la Ley Orgánica se mantenga en su actual estado, y por esa razón de no obsequiarse esta solicitud estaremos en contra. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Dejó alguna reserva? ¿Dejó reserva? Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la reserva.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite...
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. ¿Con qué objeto, diputado Monreal? Usted no me vino a acompañar.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Me da mucho gusto su sentido del humor a pesar de que al país ustedes lo están desgraciando. –Ya los extrañaba, chiveros.
Presidente, le voy a pedir a mis compañeros, para eso era la moción de orden, que platiquemos y que posteriormente conversemos con usted para intentar desarrollar la asamblea en un clima propicio.
Lo único que deseamos es deliberar, debatir y que los compañeros que se han preparado en varias reservas en los artículos del dictamen que está a discusión puedan participar. Creo que no habría ningún inconveniente. Les voy a pedir a los compañeros del Movimiento Ciudadano que nos sentemos y que ahorita retomemos la conducción con usted, para intentar ordenar la discusión, creo que a todos nos conviene y además avalo lo que están haciendo los compañeros del Movimiento Ciudadano.
Pero les hago un llamado para que podamos conversar y después con usted acordar el orden y el turno que nos corresponde, de acuerdo con las reservas de los artículos del dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le aprecio mucho su generosidad. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del artículo 7o. presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, don Ricardo Monreal, para presentar reserva del artículo 10... –Perdón.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): ¿Y las abstenciones?
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte por abstenciones la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Perdón. Los diputados y las diputadas que estén por abstenciones (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Monreal, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores hago un llamado respetuoso a los coordinadores para que se permita el debate. Cuando actuamos como oposición a una ley, a un reglamento, a un decreto, lo que menos debemos pedir es atención y respeto, aun cuando no estén de acuerdo con lo que decimos o como lo planteamos; pero es facultad de los legisladores hacerlo.
Y si ni esta oportunidad tenemos, quienes constituimos oposición, es muy triste el papel del Congreso, obstaculiza, frena o calla el que se expresen voces distintas a la mayoría.
Yo he querido reservar este artículo porque me parece muy lamentable. Este artículo 10 del dictamen, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala entre otras cosas que la Secretaría de Gobernación en los hechos tendrá preeminencia sobre todas las secretarías.
Por definición constitucional, el artículo que comento establece que las secretarías de Estado tendrán igual rango entre ellas y, por lo tanto, no habrá preeminencia alguna.
Sin embargó, más adelante de este artículo señala: sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del presidente de la República, la Secretaría de Gobernación coordinarás las acciones de la administración pública federal para cumplir sus acuerdos y órdenes. Es decir, es una disposición tautológica porque se contradice, primero, al establecer igualdad en las secretarías y, en seguida, al establecer que por acuerdo del presidente la Secretaría de Gobernación coordinará el resto de las secretarías de la administración pública. Por eso proponemos una redacción alterna.
Pero déjenme decirles que lo que estamos discutiendo es muy grave. De verdad, compañeros, si ni siquiera nos permiten discutir y debatir por fracción lo que nosotros consideramos es irregular y adolece de constitucionalidad en el dictamen, qué lamentable sería que se aprobara sin siquiera escuchar nuestros argumentos.
Me alegra también que dentro de los partidos políticos haya voces independientes que estén reflexionando en torno al instrumento jurídico que intentamos o pretendemos crear con el voto en contra nuestro.
Miren, en principio esta iniciativa debió haberse turnado –por la práctica parlamentaria y la experiencia legislativa que modestamente cuento– a la Comisión de Gobernación, sí; de Puntos Constitucionales, pero también de Derechos Humanos, de Justicia, de Seguridad Pública y de Defensa Nacional. ¿Por qué razón? Debido a la multicitada iniciativa, esta iniciativa impacta a todo el sistema de seguridad y justicia.
Yo sólo voy a referir lo que no pude hacer hace un rato. Sólo les voy a referir técnicamente por qué razón debió haberse turnado a estas comisiones y además cómo impacta a disposiciones constitucionales pero también a leyes generales que es necesario revisar antes de aprobar este dictamen y que lamentablemente de técnica legislativa es un error grave lo que intenta hacer la mayoría por las prisas.
Entre otras modificaciones y ordenamientos jurídicos que tienen que revisarse para darle congruencia a la nueva redacción que contiene el dictamen, está el artículo 21 constitucional vigente y reformado en tránsito de implementación; el artículo 73, fracción XIV, relativo a facultades del Congreso para levantar y sostener a las instituciones armadas de la unión, a saber Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio; el artículo 115 constitucional; la Ley de Seguridad Nacional; la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el Código Penal Federal; el Código Penal de Procedimientos Penales; la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en su artículo 22, que en su fracción III establece como auxiliar directo del Ministerio Público federal, en términos del artículo 21 constitucional; la Policía Federal; la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, en su artículo 1o., que establece que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana son instituciones armadas permanentes, que tienen las misiones generales siguientes: defender la integridad y garantizar la seguridad interior y en el artículo 2o., sobre las misiones enunciadas, la Fuerza Aérea y el Ejército, que en forma conjunta con la Armada, forman parte de todo el sistema de justicia del país.
Por esa razón nosotros consideramos que las prisas, la premura, el exceso, el patrimonialismo, esta teoría del botín, está llevando a crear leyes imperfectas, con vicios graves en su creación que pueden ser combatidas por la vía jurisdiccional y que me temo las vamos a combatir.
Pero no es necesario hacerlo si nosotros con cuidado realizamos con seriedad también una reflexión en torno a lo que estamos creando.
No debería incluso del gobierno apresurarse en constituir estos instrumentos jurídico constitucionales porque tarde que temprano van a ser impugnados y van a resultar, va a ser claro el resultado de ineficacia que éstos tienen.
Por cierto, presidente, concluyo, por cierto, le podría preguntar, presidente, si usted como Presidente de la Mesa Directiva ha autorizado para que personal del Estado Mayor Presidencial esté dentro del recinto, de este Congreso, de esta Cámara de Diputados. He visto a personal del Estado Mayor ya dentro de la institución; sucede siempre, no me extraña, es lamentablemente una tradición histórica y política que días antes ocupan, de hecho ocupan, invaden nuestro recinto fuerzas armadas, fuerzas del Estado Mayor Presidencial.
Le pediría respetuosamente si usted ha dado la autorización para que personal del Estado Mayor Presidencial esté dentro ya del recinto; les han dado algún distintivo, no les han dado gafete, pero incluso tenemos las fotografías de ellos, para que vean que no estoy hablando simple y sencillamente. No tienen remedio, trata uno de hablar con seriedad, pero el Bronx se impone, no tienen remedio. De veras, qué lástima, qué lástima que no tengan la capacidad de escuchar; no todos, no generalizo, porque veo a gente que escucha con respeto a pesar de que puedan no coincidir conmigo. Pero qué lamentable, les hace ver mal a la asamblea. Los jóvenes que nos visitan cómo creen que se van. Esos jóvenes que invitan ustedes, estudiantes, que los saludo con afecto. Pero cuando crezcan no sean como los que gritan y chiflan, mejor debatan. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si la propuesta de don Ricardo Monreal se admite a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila relativa al artículo 10. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Abstenciones?
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: ¿Abstenciones? No hay, Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don Víctor Manuel Manríquez González, del PRD, para presentar reserva del 10.
El diputado Víctor Manuel Manríquez González: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: quiero poner ante ustedes las razones a considerar para modificar la redacción del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La democracia en México ha significado la construcción de pluralidad. Mediante las reformas a las leyes se ha logrado el reconocimiento de que México no es un país de un solo individuo ni un solo grupo ni de un único proyecto de país.
En otras cosas, el tránsito a la democracia posibilitó en nuestro país el desmantelamiento de las estructuras de represión política propias de los regímenes autoritarios y dictatoriales como el nacionalsocialismo o el fascismo.
Por ello no debemos permitir una regresión hacia formas de control político que socaven el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos.
En consecuencia, el artículo 10 de la Ley orgánica de la Administración Pública Federal que propone el presidente electo de facto le otorga una preeminencia y control sobre las otras secretarías, pero al mismo tiempo lo pone en estado de excepción jurídica al negar el reconocimiento de este hecho.
Entre estas facultades se encuentra por ejemplo la coordinación del gabinete presidencial, la interlocución del gobierno federal con los poderes legislativos, niveles de gobierno, partidos políticos y otros actores del sistema político. La dirección y coordinación de la seguridad interior, la coordinación de los cuerpos policiales de resguardo fronterizo y del sistema penitenciario.
Compañeros diputados, si esto no es preeminencia entonces qué es.
El Secretario de Gobernación es de facto el jefe de gabinete y se le impide que rinda cuentas a la sociedad en tanto no exista una negación formal de sus funciones.
Es cierto, consideramos prudente que el gobierno tenga la posibilidad de estructurar la administración que encabezará. Sin embargo, esto no es pretexto para que se cometan abusos. Por tanto, es muy importante resaltar que el Secretario de Gobernación si está por encima de las otras secretaría del Estado haciendo esta aclaración, es pertinente señalar la responsabilidad que le toca a cada funcionario como parte de la administración pública.
Por estos argumentos le solicito a toda las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, su consideración para modificar la redacción del artículo décimo y evitar una contradicción legal.
Quiero reiterar que esto no va en detrimento de la reforma que propone el presidente electo, sino que deja en claro las responsabilidades que le tocan a cada quien, principio fundamental para le ética dentro del servicio público.
Quiero recordar a ustedes que también hay democracias que han sido derrocadas por mayorías avasallantes. La propuesta que se hace es una propuesta no de cambio de redacción, sino es una propuesta que se modifique el orden que tiene esta redacción, porque el artículo 10o. dice, o la propuesta es: Las secretarias de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del presidente de la República. La Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de administración pública federal para cumplir sus acuerdos y órdenes, es lo que propone la comisión.
Nosotros estamos proponiendo que diga el artículo 10o.: Por acuerdo del presidente de la República, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de la administración pública federal para cumplir sus acuerdos y órdenes.
Las demás secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas, no habrá por lo tanto preeminencia alguna. Es la misma redacción, nada más con el cambio de órdenes. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del señor diputado.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Víctor Manuel Manríquez González, relativo al artículo 10. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Abstenciones (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En sus términos. Don Francisco Coronato Rodríguez, tiene el uso de la voz para presentar reserva del 25.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados.
A nombre propio y de los integrantes del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano, procedo a presentar al pleno de esta asamblea la siguiente reserva al artículo 25 del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de lo siguiente:
Como bien sabe, el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su segundo párrafo, fracción I, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública, y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.
En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
Por otra parte, el artículo 8º de la misma Carta Magna nos consagra uno de los derechos fundamentales, como es el derecho de petición, que constriñe a toda autoridad –reitero, en forma obligatoria- a dar respuesta cuando ésta es solicitada en forma escrita y respetuosa, debiendo hacerlo expresamente. Así lo señala en breve término, sin embargo, el espíritu del cambio del artículo 25 contenido en el dictamen, implica reorganizar la estructura orgánica y de acceso a la información de la administración pública federal, condicionando cualquier entrega de solicitud de informe requerido por algún secretario de Estado o la oficina de la Presidencia, a lo que determine la Secretaría de Gobernación. Esto es, a lo que ésta considere en forma unilateral.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.
Además, exige a todos los sujetos obligados a hacer pública toda la información que se considere de utilidad o relevante, resultando como consecuencia dicho precepto del presente dictamen no sólo contrario a preceptos constitucionales, sino a instrumentos normativos e incluso propicia violaciones a derechos humanos de gobernados, implícitamente.
Es por ello que el Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano muestra su profundo rechazo a la presente modificación, el acceso a la información pública es, sin duda, una conquista social y un derecho como bien saben, consagrado en los tratados internacionales, así como en la propia Carta Magna, y como consecuencia estos tratados son también ya norma suprema para las y los mexicanos.
Derivado de lo anterior, someto a la consideración de la asamblea la siguiente reforma; que se propone que la redacción se mantenga igual que en la Ley vigente. Esto es, se mantiene que las secretarías de Estado, cuando necesiten informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia saluda con mucho afecto a los estudiantes de la FES Acatlán y Aragón. Servido, don Carlos Barroso, compañero twittero.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado Coronato.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Francisco Coronato Rodríguez, relativa al artículo 25. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputadas y diputados por la abstención (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Doña Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, tiene usted el uso de la voz para presentar reserva del 26. Doña Betzi, de Celaya.
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Con su venia, señor presidente. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita diputada Elizabeth Yáñez Robles, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito presentar ante esta soberanía, la reserva del artículo 26 del dictamen por el que se reforma y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Esta reserva al artículo 26 se realiza por el Partido Acción Nacional, para manifestar que en referencia a la Secretaría de Seguridad Pública se requiere respetar sus facultades vigentes y que no se comparte la desaparición de la Secretaría de la Función Pública.
Lo anterior bajo las siguientes consideraciones:
En lo que respecta a la Secretaría de Seguridad Pública, en el traslado de ésta a Gobernación, debe garantizarse el que se mantengan todas y cada una de las atribuciones y facultades tal y como se encuentran en este momento, por lo que la medida impediría aumentar, modificar o exceder sus facultades vigentes.
La razón de lo expresado, es con la finalidad de que no se violenten derechos humanos ni facultades de los diferentes niveles de gobierno, con las nuevas atribuciones a la Secretaría de Gobernación.
En referencia a la sectorización de la Secretaría y de otras instituciones que por este decreto se está considerando, se deberán respetar los niveles de los funcionarios públicos que realizan las tareas homólogas correspondientes, sean subsecretarios, titulares de unidad, directores generales, directores generales adjuntos y funcionarios en general, ya que tienen derechos adquiridos.
Referente a la Secretaría de la Función Pública, Acción Nacional no tomará decisiones sobre la eliminación de esta dependencia en tanto no exista un organismo constitucional que favorezca o establezca todos los mecanismos y normas que fortalecen el combate a la corrupción y el cumplimiento de las responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos, condiciones que no se cumplen en la iniciativa presentada.
En consecuencia, reiteramos que la Secretaría de la Función Pública se conserve tal y como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente, por las siguientes razones.
Se debilita el sistema de control y fiscalización de la administración pública federal, al establecer una dependencia jerárquica y funcional de las unidades de auditoría preventiva respecto al ente auditado.
Esta estructura generará mayores incentivos para la corrupción. En Acción Nacional estamos convencidos que es falsa la premisa que el titular de la entidad es el principal interesado de que la honradez y la transparencia de la institución se conserven.
No hay que olvidar que actualmente la Secretaría fiscaliza y controla a entidades y dependencias, pero también a estados y municipios sobre recursos federales, y de aprobarse el dictamen como tal, dejarían de realizarse las siguientes acciones.
Auditorías a fondos federales en programas coordinados con estados y municipios, que hoy se realizan a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social. Imposición de sanciones administrativas a servidores públicos estatales o municipales. Se dejarían de conocer las inconformidades que se presenten contra licitaciones que llevan a cabo estados o municipios. Tampoco se podría sancionar a particulares, licitantes, proveedores o contratistas que cometen irregularidades con motivo de actos contractuales, que no son actos de corrupción.
En virtud de lo expuesto en el punto anterior, la coordinación con las entidades federativas respecto de la vigilancia de los recursos federales transferidos a éstas, prácticamente desaparecerían con la consecuente pérdida de control.
Por lo ya expresado, Acción Nacional buscará la mejor forma para fortalecer el combate a la corrupción, tema que no tiene colores sino un sentido de nación.
Refrendamos que debe mantenerse a la Secretaría de la Función Pública en el texto de los artículos 26 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente, por los motivos ya expuestos. Y solo le tomaremos la palabra al PRI siempre y cuando exista un análisis de mayor estudio legislativo, justamente ahora, en esta Cámara hay varias iniciativas propuestas sobre este tema que ofrecen muy buenas opciones para avanzar en el combate a la corrupción.
La Secretaría de la Función Pública tiene facultades que han permitido un avance importante tanto en mejorar el funcionamiento del gobierno federal como combatir la corrupción.
Los legisladores priistas le están generando un problema al próximo gobierno al desaparecer esta dependencia sin que antes exista un órgano que garantice las facultades que la Secretaría de la Función Pública realiza y que tienen un objetivo claro de mejorar la administración pública y el tener acciones que combatan y acoten la corrupción.
¿Será esta acción una irresponsabilidad? ¿O estará perfectamente planeada? Ya que si desaparece la Secretaría de la Función Pública y no se crea el organismo constitucional y autónomo que proponen, este próximo gobierno no tendrá ningún órgano de fiscalización y vigilancia ni mecanismos para rendición de cuentas. Ya termino.
Señores, compañeros priistas, esperamos que su grupo parlamentario opte verdaderamente por dar muestras de mayor determinación en la generación de acuerdos y no prosiga, como sucedió ayer y hasta la madrugada de hoy, en un comportamiento compulsivo y sistemáticamente alevoso, que no escucha las numerosas violaciones constitucionales y de derechos humanos incluso en las que se está incurriendo; ni las desastrosas consecuencias estructurales, jurídica, logísticas, operativas y presupuestales que experimentará la administración pública federal por la aprobación de un dictamen entregado tardíamente en una reunión de comisiones unidas, sin resolver de fondo el combate a la corrupción.
El presidente electo firmó un compromiso con la transparencia y combate a la corrupción. Las acciones de todos ustedes están mandando un mensaje totalmente diferente al país.
Y hablando de ello quiero hacer una observación y reflexión para el Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, les invito a que nos reunamos para tratar de construir una armonía necesaria y certera que en el juego político de pesos y contrapesos haga sentido y logremos oponer nuestra fuerza a la absurda y mezquina manera con la que el PRI está pretendiendo gobernar en esta soberanía, porque ambos queremos lo mejor de México.
Propuesta: Incluir a la Secretaría de la Función Pública en el artículo 26 y mantener el artículo 37 como está vigente en este momento. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta o las propuestas de la diputada Elizabeth.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación).
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, secretaria, vuelva a preguntar, por favor, si se admite a discusión las propuestas de la diputada Elizabeth.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la abstención sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don Rodrigo González Barrios, del PRD, su reserva al artículo 26. Esta votación se dio en escenario de mayoría, de minoría y de abstenciones. Si hay algún orador que me quiera reclamar estoy para escucharlo. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos del artículo 144 del Reglamento de la Cámara de Diputados –¿Por cuánto, presidente?
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Por tres minutos, para preguntarle a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de Betzi.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ábrase el sistema electrónico por tres minutos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no ejercerá su derecho de voto.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De viva voz, el sentido de su voto, diputados.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Abstención.
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández (desde la curul): En contra.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Se emitieron 154 votos en pro, 232 en contra, 44 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Rodrigo González Barrios, del PRD, también para presentar reserva del artículo 26.
El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Rodrigo González Barrios: Gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, por favor.
El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): Señor presidente, cotidianamente este aparatito moderno, mi votación y mi huella no la registra, siempre tengo problemas para votar. Como ahorita le pedí la palabra y nada más volteo para aquel lado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Su voto quedó registrado, diputado.
El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): No, no quedó registrado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe por favor, diputado.
El diputado Rodrigo González Barrios: Gracias, diputado presidente. Previo a la reserva de este artículo 26, no quiero dejar de hacer algunos comentarios en el marco de la reforma a la Ley Orgánica para la Administración Pública Federal, porque mantuve una posición en la Comisión de Gobernación y el día de ayer también –al finalizar hoy en la madrugada, a las cinco y media de la mañana la aprobación del dictamen correspondiente.
Yo quiero decirles, ciudadanas y ciudadanos diputados, que en términos de la composición de la Cámara y en términos también de cómo se están dando los debates, es sumamente complicado dentro del debate buscar la manera de convencer de una posición y también de convencer de la otra posición.
En este caso específico, yo hacía el comentario que quien va a ser presidente de la República y va a tomar protesta el día primero de diciembre –seguramente aquí en San Lázaro-, hizo un compromiso por una presidencia democrática de 10 puntos; y en el séptimo punto señaló –está publicado, está escrito– que iba a mantener un pleno respeto por el Poder Legislativo.
Sin embargo, hoy que está planteada esta iniciativa –que ya se votó esta reforma, que ya se votó en lo general-, prácticamente no se cumplió –como señalaron ya varios compañeros- el procedimiento correspondiente.
Yo le preguntaba en esa reunión al presidente de la Comisión de Gobernación que por qué no nos había entregado cinco días antes el proyecto de dictamen correspondiente –cosa que no se hizo–. Jamás me dijo si tenía mi firma de que me había entregado ese documento.
Pero seguramente no es tan grave que él no nos lo haya entregado. Lo grave es que las y los ciudadanos diputados de esa comisión finalmente aceptamos autocensurarnos en una circunstancia donde teníamos derecho y el Reglamento nos amparaba en ese sentido.
No me parece correcta esta circunstancia, compañeros y compañeras y voy a estar reclamando este tipo de situaciones de manera permanente porque estamos obligados a hacer respetar la ley; así protestamos el día que lo hicimos al iniciar esta Legislatura.
Les quiero comentar por qué la preocupación. Y se los decía también, cuando llega Carlos Salinas de Gortari, en un proceso también de elección complicado, el jefe prácticamente de gabinete, el secretario de Gobernación fue Fernando Gutiérrez Barrios, y en el Partido de la Revolución Democrática hubo más de 500 asesinatos de compañeros nuestros.
Por eso es la preocupación. No estamos hablando de oídas en el sentido de lo que pueda suceder si es que llega, además de todas estas atribuciones que va a tener el secretario de Gobernación, que prácticamente va a ser un subcomandante de las Fuerzas Armadas porque hoy en que las Fuerzas Armadas están en la calle, la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército y prácticamente van a depender del secretario de Gobernación y tiene atribuciones para utilizar la fuerza pública en lo que se le venga en gana, evidentemente que tenemos una preocupación y ahí están 500 militantes perredistas que murieron después de que tomó protesta Carlos Salinas de Gortari. Ésta es la preocupación, no estamos hablando de oídas. Por eso quise dejar asentado esto.
Y ya para terminar, estoy planteando la reserva al artículo 26 porque me parece que no debe de crearse la “secretaría de desarrollo agrario, territorial y de vivienda”, y esa parte que es de Sedesol debiera de transferirse en este caso específico, a lo que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque debiéramos de tener una visión de futuro.
Todo lo que tiene que ver con colonias, con agua potable, con drenaje, con industrias, todo, absolutamente todo, todo, todo, tiene que ver con manifestaciones de impacto ambiental.
Y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por mandato de ley, está obligada a la planificación territorial de manera ambiental. Por eso me parece pertinente que no se quite la Secretaría de la Reforma Agraria, que permanezca y en este caso las atribuciones que tiene Sedesol en términos de vivienda y en términos de territorio, pasen a la formación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y que se le agregue también “territorio y desarrollo urbano”. Muchas gracias, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. ¿Deja su reserva por escrito? Por ahí déjela. Pregunte la Secretaría a la asamblea... Y no se olvide de sus gafas, diputado. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Rodrigo González Barrios, relativo al artículo 26. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Diputadas y diputados por abstención. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Diputada Yazmín Copete Zapot, del PRD.
La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Compañeras y compañeros diputados: las modificaciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en lo particular del 26 establecen la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano propuesta por Enrique Peña Nieto y no por el PRI.
A todas lucen son inconstitucionales en virtud de que contravienen el artículo 27 constitucional, fracción VII en su primer párrafo. Le pediría al diputado Presidente instruya a la Secretaría para que le dé lectura a ese artículo en esa fracción y que se detenga mi tiempo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Deténgase el tiempo de la diputada y obséquiese la moción de ilustración. Léalo la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante, diputada.
La diputada Jazmín Copete Zapot: Gracias, diputado Presidente. Como nos podemos dar cuenta, este precepto constitucional quedará subordinado a la norma secundaria del desarrollo territorial y urbano que se impondrá con este albazo legislativo.
En la exposición de motivos queda de manifiesto que en ninguna de las políticas que aplicará la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano se protegerá la figura constitucional de los núcleos de población ejidales y comunales ni la protección de sus tierras paras el asentamiento humano y sus actividades productivas.
Al contrario, el objetivo central de esta reforma ordinaria es la de dividir, fraccionar y enajenar los ejidos sin haber ejecutado la reforma constitucional del artículo 27, fracción VII. La reforma es un regalo para los grandes desarrolladores urbanos y turísticos que apoyaron la campaña del autor de esta reforma.
Esta reforma inconstitucional demuestra el verdadero rostro depredador que se impondrá en el próximo sexenio. Los datos estadísticos los proporciona, incluso, la misma exposición de motivos cuando señala que en México de las 196.4 millones de hectáreas de superficie, poco más de 100 millones son núcleos agrarios. La suma asciende a más de 31 mil.
En conclusión, el 52 por ciento de la superficie territorial de México presenta rasgos de carácter agrario, es decir, esta propiedad agraria, compañeros legisladores, será aniquilada y aplastada por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
Para demostrar aún más, compañeros diputados, la subordinación de la figura jurídica constitucional de los núcleos de población ejidales y comunales al desarrollo territorial y urbano, sólo basta seguir analizando los datos estadísticos que nos proporciona la misma exposición de motivos cuando señala que el censo de población y vivienda de 2010 nos dice que de los 112.3 millones de habitantes del país, el 62.5 por ciento, es decir, alrededor de 70 millones de personas viven en 383 localidades de más de 15 mil habitantes, de las cuales 56 son consideradas ya como zonas metropolitanas.
Estas 56 zonas metropolitanas en su mayoría tienen alrededor o colindan con núcleos de población ejidales y comunales. Con la presente reforma inconstitucional los arrasarán. Los grandes desarrolladores inmobiliarios, urbanos y turísticos tendrán sumas millonarias de ganancias e ilícitas como las que obtuvieron en los dos últimos sexenios, incluso panistas, quienes impusieron la aniquilación de los ejidos.
Los diputados del PAN forman parte de la aplanadora que ha impuesto los legisladores del PRI en comisiones para no discutir nada y legislar al vapor. Esta postura la asumen los panistas porque son parte del gran negocio territorial y urbano de zonas metropolitanas; esto es, copartícipes del saqueo que le han hecho a la nación en perjuicio de los mexicanos sumidos en la pobreza.
En las zonas metropolitanas del país por la marcha del desarrollo urbano desordenado, los desarrolladores y constructores de conjuntos habitacionales se convirtieron en avecindados o ejidatarios contraviniendo la legislación agraria. El objetivo, tener los beneficios del dominio pleno y mediante esta figura adquirieron las tierras parcelarias y se las vendieron a sus propias empresas inmobiliarias.
Los grandes desarrolladores inmobiliarios realizaron jugosos millonarios negocios con la complicidad de autoridades municipales y funcionarios de los gobiernos estatales, de los gobernadores principalmente en el estado de México en los últimos 12 años. Fueron grandes promotores de beneficiarios de estas políticas corruptas del desarrollo urbano y territorial, específicamente Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto.
La legislación agraria después de la reforma de 92 señala que las sierras ejidales de uso común constituyen el sustento económico de la vida en la comunidad ejidal, que esta propiedad es imprescriptible, inalienable, inembargable. La legislación agraria vigente señala que sólo se podrán enajenar a terceros si se presenta utilidad para el núcleo de población ejidal.
Esto no sucedió así; los desarrollos urbanos y turísticos, los desarrolladores acabaron con las tierras de uso común y con las tierras de asentamientos humanos, en donde por años vivieron los ejidatarios. En pocas palabras, en estas zonas urbanas y turísticas arrasaron y extinguieron la propiedad ejidal.
Compañeras y compañeros, por ello solicito a ustedes se mantenga tal cual el artículo 26 de la Ley actual, y en consecuencia se siga salvaguardando los intereses de las comunidades ejidales y de los ejidatarios.
Diputado presidente, agradeceré ponga a consideración que prevalezca el artículo 26 de la Ley actual. Gracias, compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si admite a discusión la propuesta de la diputada Yazmín.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Yazmín Copete Zapot, relativa al artículo 26. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la abstención sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don Víctor Manuel Bautista López, del PRD.
El diputado Víctor Manuel Bautista López: Con su permiso, diputado presidente. La fórmula que presenta el Grupo Parlamentario del PRI para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pretende entre otras cosas, desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y subordinar dicha actividad al desempeño de la Secretaría de Gobernación.
Esa fórmula la conocemos bien en el estado de México, la utilizó ya Enrique Peña durante todo su mandado y los resultados fueron tan desastrosos para la población mexiquense, que el propio candidato del PRI ofreció en la campaña, en la pasada campaña a gobernador –estoy hablando de Eruviel– en 2011, una medida diametralmente diferente a la que hoy discutimos aquí.
El compromiso 5 mil 821 del gobernador Ávila fue crear la Secretaría de Seguridad en el estado de México, y si hacemos caso a lo que tantas veces señalaron, tanto el presidente electo cuando era gobernador, así como muchos de los que hoy son diputados del PRI y que fueron diputados locales en el estado de México, al señalar que era esa estrategia de compromisos la que convencía al ciudadano para conseguir su voto.
De ser así, la mayoría de los ciudadanos que votaron en el estado de México por el PRI, 3 millones de mexiquenses, que sufragaron por el señor Eruviel Ávila, manifestaron su acuerdo con el tránsito del modelo, de una dependencia de seguridad pública adscrita a la Secretaría General del Gobierno del Estado, respaldando la propuesta para la creación de una Secretaría de Seguridad.
Y aquí está la iniciativa diseñada por Enrique Peña y enviada y presentada por un diputado mexiquense, en un método muy parecido, por cierto, a la contrarreforma electoral mexiquense, la que en ese entonces se llamó la Ley Peña.
Hoy estamos discutiendo esta nueva Ley Peña, por lo que vimos en la reunión de la comisión, ésta medida prosperará. Por eso, al explicar a la nación el sentido de nuestro voto en contra de esta propuesta, es más que oportuno esbozar los resultados que nos esperan como consecuencia de esta medida.
Entre el primero y sexto año de gobierno del señor Enrique Peña Nieto, en el estado de México, la incidencia delictiva, casos, creció de la siguiente manera: robo a casa habitación con violencia en un 35 por ciento; robo a empresas con violencia en un mil 300 por ciento; robo a banco en un 31 por ciento; robo en transporte público en un 328 por ciento; robo de vehículo con violencia en un 102 por ciento; robo de vehículo sin violencia en un 45 por ciento. Esos son los verdaderos resultados que en materia de seguridad pública obtuvo el modelo policial que hoy se discute y el que se pretende imponer.
Por esa razón, cuando en el estado de México los que en ese entonces éramos diputados locales, y aquí habremos varios no me dejarán mentir, entre ellos algunos diputados del PRI, quienes integrábamos los grupos parlamentarios de la oposición, recibimos la iniciativa del actual gobernador para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
No sólo la recibimos, la discutimos, sino que también colaboramos a realizar la más profunda transformación legal en la materia, pero bueno, en el país son tiempos de retroceso.
Y hay otro aspecto que es indispensable considerar. Como ustedes saben, durante el mandato de Enrique Peña, en el Estado de México, ocurrieron hechos lamentables, el caso de San Salvador Atenco; que digo lamentables hechos, la descarada y sistemática represión desatada en contra de la población de este municipio y diversas personas que se encontraban en ese lugar.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó los hechos y juzgó que los mandos superiores encargados de planear, organizar y ejecutar el operativo, eran responsables por acción u omisión de los hechos ocurridos. Como consecuencia, el titular de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo Madrid fue removido de su cargo, pero ni el secretario general de Gobierno ni el propio gobernador, asumieron la responsabilidad que les correspondía a ellos.
Al primero por ser como se propone, para secretario de Gobernación, el responsable de la seguridad; y en segundo, porque en ese diseño institucional rehúya a la obligación que le impone el orden constitucional de detentar el mandato de la fuerza pública y ser el principal responsable de la actuación y resultados en la materia.
Con este diseño institucional el próximo presidente de la República buscará fortalecer un modelo de seguridad en el que los responsables de dicha función ocupen jerárquicamente un lugar subordinado para él.
De esta manera, diluir la propia responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo de la Unión, pero sobre todo, para usar las corporaciones policiacas con una perspectiva represiva, sin que tenga que asumir los costos de esta decisión que vulnera la vida democrática, los derechos humanos y el estado general de derecho.
Pero también representa un repliegue bajo el cálculo de los beneficios políticos que en el estado de donde provengo propició el incremento de la inseguridad y el aumento de responsabilidades a los otros órdenes de gobierno en detrimento de la indispensable seguridad de todos. Esperamos que reflexionen y no consuman esta decisión fallida que puede poner en riesgo el futuro del país en su conjunto.
Por eso vengo a esta tribuna a solicitar que el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se mantenga en sus términos. Y como estoy convencido que no va a haber debate, quiero aludir a mi ex compañero y actualmente compañero, diputado federal José Manzur, diputado del PRI, quien presentó esta iniciativa de modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo quiero aludir, señor diputado, termino presidente, al igual que usted yo fui diputado local en la anterior legislatura del estado de México y siendo usted presidente de la Junta de Coordinación Política recibimos la iniciativa del actual gobernador para sustituir la Agencia de Seguridad Estatal, dependiente en ese entonces de la Secretaría General de Gobierno para crear en su lugar la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Usted como presidente de la Junta de Coordinación Política del estado de México promovió a toda costa la aprobación de dicha propuesta, que supongo estuvo correcta. Por qué ahora presenta una propuesta diametralmente opuesta a la que promovió y respaldó con tanta decisión en 2011 para el estado de México. Por su respuesta, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si admiten a discusión las propuestas de don Manuel Bautista.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Víctor Manuel Bautista López, relativa al artículo 26. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la abstención sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En sus términos. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, tiene usted uso de la voz para presentar su reserva al 26. Y si desea de una vez presentar su reserva al 27, ya que está en la tribuna.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: La atmósfera antidemocrática que se recrudece en el país por estos días, sin duda acelera la movilidad política en la sociedad y en este mismo Congreso, en lo que estoy viendo el día de hoy aquí.
En las comisiones he estado planteando, en el debate, la necesidad de que se mantenga a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de la Función Pública en la actual estructura de la Ley Federal de la Administración Pública.
He oído a los diputados del PAN, he visto a los diputados del PRD, desde ayer y hoy, y sin duda que, le decía al diputado del PRI, pues a él le conviene lo que está ocurriendo.
Es muy importante entender que estas leyes son impactos estructurales a la administración pública, que está violentando a la Constitución y al propio reglamento orgánico. En particular en esta iniciativa se omite precisar al responsable de la seguridad pública de la federación, para efectos del artículo 21 constitucional.
El artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Consejo Nacional se integra por los siguientes, conforme a este artículo: el presidente de la República, el secretario de Gobernación, entre otros el secretario der Seguridad Pública.
Cito lo anterior porque en la fracción XIV del 27 del dictamen se establece como nueva atribución del secretario de Gobernación la de presidir la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, remover a su secretario técnico y designar tanto a quien presidirá como a quien fungirá como secretario técnico de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.
Sin embargo, es necesario precisar que la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que se integra por los titulares de las dependencias encargadas de la seguridad pública de la federación, los estados, el Distrito Federal; y será presidida por el secretario de Seguridad Pública.
Resultando que la reforma del artículo 27, que impacta al 26, que se presenta en el dictamen, no propone específicamente o en forma específica quién será el responsable de la seguridad pública de la federación. Y además invade competencias del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Este tipo de aberraciones son las que están aprobando los diputados de esta mayoría que se está construyendo como en otros años. Recuerdo mucho el 88, era avasallador el salinato con esta mayoría que armó, obviamente a través de la defraudación electoral y de corromper a muchos diputados. Recuerdo en ese tiempo, el frente cardenista, el Partido Popular Socialista, el PAN, que votaban como hoy veo a algunos diputados hacerlo sin rubor aquí.
Y digo esto porque igual ocurre en lo del tema de la Función Pública. Es decir que es importante para el PT que no coincidimos con la propuesta adicional, las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos en que se dice en artículos posteriores al dictamen, para reformar la Ley de la Administración Pública debido a que se convierta ésta en una dependencia controladora, centralizadora y concentradora de absolutamente todo el ciclo presupuestario.
La secretaría que manejara el presupuesto en la federación y también administrara la parte relativa a las auditorías, a través de auditores preventivos, eliminando la función de la actual Función Pública del fincamiento de responsabilidades administrativas y penales ante el órgano competente; Hacienda será juez y parte.
Por todo esto, nuestra fracción está por fortalecer la Secretaría de Función Pública, que redunda en una eficiente vigilancia y fiscalización de los recursos públicos. Y por eso queremos que se mantengan las dos secretarías en la actual forma de la estructura.
Entendemos la prisa de los priístas, de sus adláteres, aliados, paleros o como les quieran llamar. Pero no entendemos si de veras Acción Nacional quiere defender la ley, la Constitución, si los compañeros de la izquierda estamos por la necesaria defensa de la Constitución, que estemos votando para facilitarle las cosas a Peña Nieto.
Yo sinceramente lamento mucho que esta atmósfera antidemocrática nos llegue al Congreso y quisiera que reflexionáramos y en libertad votáramos a favor de impedir que se consuma el atropello que produce esta iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, no hay reserva y se queda en sus términos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora bien, es el momento de hacer un corte. Vamos a abrir el sistema electrónico para votar los artículos 7o., 10, 25 y 26, de tal suerte de posteriormente pasar a las demás reservas.
Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, a efecto de recabar votación nominal en sus términos de los artículos 7o., 10, 25 y 26.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación de los artículos 7o., 10, 25 y 26 en términos del dictamen.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se les recuerda a las señoras diputadas y señores diputados que los reportes de fallas en sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo para la votación. Una vez cerrado el sistema, no se aceptará ningún voto. Diputada Nieves. De viva voz.
La diputada María de las Nieves García Fernández (desde la curul): A favor.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): En contra.
El diputado Omar Antonio Borboa Becerra (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, 312 votos en pro; 109 en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados los artículos 7, 10, 25 y 26.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Manuel Huerta, tiene usted el uso de la voz para presentar su reserva del 27.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias. Seguimos con esto de la movilidad política; en particular con la reforma que se presenta ya y, con lo que siguen votando, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y la mayoría de sus atribuciones se transfieren a la Secretaría de Gobernación, a la entidad responsable de la política interior. Esto es a la entidad que el Estado confiere la responsabilidad de la gobernabilidad y de garante de la integridad de los derechos de las personas.
Se le dota el mando de la Policía Federal y se le dan atribuciones que determinan políticas y programas públicos para investigar e informarse de datos en materia criminal. Esto es datos personales de las y los mexicanos.
La reforma implica aún más; veamos con mucha atención. La fracción XII del artículo 27, al insertar el concepto de “seguridad interior”, concepto que no se analiza en el dictamen que se presenta, por cierto, por lo que no se establecen los alcances del mismo.
La atribución de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad interior de la nación y sus habitantes, puede tener diversas interpretaciones. Veamos por qué.
El término “seguridad interior” se encuentra en el artículo 89, fracción V constitucional, en el que se determina que entre las facultades y obligaciones del presidente está la de “preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.
Concepto que también se encuentra en el artículo 1 de la ley Orgánica de la Armada de México, en la que se establece que “entre otras cosas la misión es emplear el poder naval de la Federación para defensa exterior y coadyuvar a la seguridad interior del país”.
De igual forma lo encontramos en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el artículo 1, fracción II: “garantizar la seguridad interior”.
Este concepto, el de seguridad interior, no se identifica o ubica en ninguna otra ley en nuestro sistema normativo.
Si la función de garantizar la seguridad interior se atribuye a las Fuerzas Armadas, de las que podrá disponer el presidente de la república conforme al artículo 89, procede preguntar lo siguiente: hasta qué punto o en qué situación las Fuerzas Armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles.
La atribución que se otorga al secretario de Gobernación para garantizar la seguridad interior ¿le faculta para disponer de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles?
Diputados y diputadas, con esta atribución el secretario de Gobernación podrá disponer de las Fuerzas Armadas en auxilio de autoridades civiles lo que ha venido sucediendo con la fallida guerra de Calderón contra el crimen organizado.
No cuestionamos la legalidad del uso de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles, situación que ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha determinado que “las Fuerzas Armadas pueden actuar en auxilio de autoridades civiles cuando éstas soliciten su apoyo”. Además los institutos armados están constitucionalmente facultades para actuar en materia de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes.
Ahí no radica la cuestión. En la fracción XVIII se establece la atribución para auxiliar a las autoridades federales, estatales y municipales que soliciten su apoyo, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando así se requiera o estime. La tarea policial y seguridad de los municipios, localidades rurales y urbanas e intervenir ante situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente.
Por otra parte en la fracción XXVI se le faculta para establecer un sistema de investigación e información que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
Fracción XXVIII: coordinar, operar e impulsar la mejora continua del Sistema de Información, Reporte y Registro de Datos en Materia Criminal, su debido suministro e intercambio entre autoridades competentes, así como la fracción XXIX, entre otras.
No estamos ante un nuevo big brother; estamos ante una política pública policiaca al reiterar atribuciones de recopilación de información de los ciudadanos por encima del sistema nacional de seguridad pública que deriva del artículo 21 constitucional.
Por ello resulta indispensable estudiar más ampliamente los alcances legales o inconstitucionales de las nuevas atribuciones en materia de policía y seguridad interior.
El nuevo diseño de la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo federal prefigura la instrumentación de una política interior fundada en la fuerza del Estado para enfrentar disturbios. Aunque más adelante le vayan a poner hechos de violencia; a ver quién califica eso. Ya sabemos que eso es parte de los menjurjes y enjuagues que traen por ahí vendiendo espejitos por problemas de fondo como el que estoy planteando aquí, como ya lo debatíamos ayer con los señores del PAN. U otras acciones que implican violencia o riesgo inminente.
Es por eso –y culmino– que nuestra propuesta es eliminar las fracciones XII, XIII, XVII, XIX, XXVII, XXIX del artículo 27.
Pido permiso a la Presidencia. Miren, esto que decía el diputado Monreal sobre el tema del Estado Mayor sí es grave. En lo personal ya algunos ciudadanos nos dicen que ya a algunos de nosotros nos están investigando. Bueno, aquí estamos, podemos públicamente dar nuestros datos. Yo le pido al Presidente que nos informe porque es serio.
Miren, diputados, deberían de estar preocupados porque a un diputado le estén tratando así, sin que lo autorice el Presidente, y yo le pido al Presidente considerar que escuche mi planteamiento para que me diga si usted autorizó la presencia del Estado Mayor Presidencial, cuánta gente entró aquí, quiénes son porque no vaya a ser que ya la delincuencia esté entrando al Congreso federal, a la Cámara de Diputados, con la autorización de ustedes.
Tienen que dar una explicación. No tienen que evadir su responsabilidad porque usted es responsable de lo que me ocurra a mí o a cualquier compañero diputado de esta Cámara. Ojalá asuma y diga las cosas como son y no llegue el Estado Mayor, como ahorita está llegando, como el big brother. Tienen ustedes esa responsabilidad de contestar.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bueno, diputado. Le informo que es personal de la empresa que tiene a cargo el sistema electrónico de votación.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si admite a discusión los planteamientos de don Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara relativa al artículo 27.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén en abstención, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Honorable asamblea, en una amigable composición con el Movimiento Ciudadano, abrimos la discusión del artículo 27 en varias fracciones, y le doy el uso de la voz, además con un enorme gusto, a doña Luisa María Alcalde Luján. La fracción I, luego vendrán otras fracciones presentadas por el Movimiento Ciudadano.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Gracias, presidente. La propuesta de modificación del artículo 27 no contiene una innovación en el ramo administrativo de la gestión pública; por el contrario, deja totalmente de lado los principios básicos de la modernización administrativa como lo son la descentralización, la simplificación, la especialización, el combate a la corrupción, el fomento a la transparencia y el mejoramiento en la rendición de cuentas.
La propuesta pretende atiborrar de facultades al secretario de Gobernación, situación que puede derivar, entre otras cosas, en el manejo discrecional de los asuntos del presidente de la República.
Las reformas administrativas son ambiguas y poco sólidas. Además, su implementación efectiva se verá frustrada porque tales reformas no son de carácter sincrónico.
La fracción I del artículo 27 delega al secretario de Gobernación la facultad de subordinar, no coordinar, a las demás secretarías de Estado y a los funcionarios de la administración pública federal ubicándola por encima de las demás en un afán controlador y antidemocrático. Orwell, ya hablaba de un estado similar en su novela de 1984, sólo se equivocó de año y que aquí nuestro gran hermano será Miguel Ángel Osorio Chong.
El trasfondo de esta reforma refleja un alto grado de retroceso en el camino de la consolidación del estado de derecho y de la institucionalidad gubernamental. Se pretende enaltecer al secretario de Gobernación otorgándole facultades extraordinarias que pueden servir de trinchera para cobijar aún más la corrupción política y administrativa de los altos funcionarios a través de arreglos institucionales.
Con el pretexto de reorganizar la administración pública se refuerza el modelo verticalista en cuanto a la toma de decisiones, lo que implica que una secretaría –en este caso la de Gobernación- será la cabeza y órgano de dirección, control y supervisión marcando asimetrías riesgosas con el resto de las dependencias, para beneficio exclusivo del que será no solamente un impuesto, sino claramente un incapaz titular del Ejecutivo federal.
No debe existir distinción alguna entre Secretarías, ya que cada una de ellas cumple tareas distintas en cada uno de los ámbitos de sus respectivas competencias, y deberíamos aspirar a que las decisiones de sus titulares y de cada uno de sus funcionarios fueran autónomas y a favor de la nación, no que respondan a amiguismos, pago de favores y temor reverencial.
Recordando otra vez a George Orwell, éstos que ahora llegan al poder más bien me recuerdan tristemente a La rebelión en la granja, pero con una diferencia; ustedes no van a gobernar borregos, se los garantizo.
Derivado de lo anterior, someto a la consideración del pleno esta reserva para que se conserve el texto vigente del artículo 27, que no contemple la infame fracción I. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de doña Luisa María Alcalde.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputado Felipe Camarena, ¿con qué objeto?
El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Quisiera conminar a la compañera diputada María Luisa, que se retracte del insulto que hace a todos los compañeros y compañeras diputados, si quieren y buscan el respeto que tanto señalan que tienen, al igual que lo ha hecho el diputado Ladrón de Guevara.
Cada subida a tribuna es insulto y creo que todo tiene un límite y nosotros los diputados se lo debemos de imponer a los de la izquierda, que se enseñen a respetar a los compañeros diputados. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Luisa María, tiene usted la pelota en su cancha.
La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): No me retracto, compañero. Lo invito a leer el libro, es una descripción y me retractaré en el momento en el que ustedes sean capaces de valer por cada uno de lo que representan. En ese momento me retractaré.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La dejamos de ese tamaño. Tiene el uso de la voz don Juan Luis Martínez Martínez... ¿Con qué objeto, diputado? Ya le enseñaron las credenciales del personal. Lo escucho.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Miren, ayer y hoy mismo lo dije, estos asuntos no son personales. Fíjense. Las verdades a veces duelen...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Las verdades a veces duelen. No estoy hablando porque miren, yo no me voy a retractar de verdad, yo hubiera querido que los diputados de la mayoría le exigieran al presidente por las garantías de todos nosotros, porque hoy aquí estamos metidos... ¿cómo que son de los que trabajan aquí? ¿Qué los que trabajan aquí traen perros?
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A solicitud de usted, diputado, que nos rogó que fuéramos a revisar su equipo.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): ¿Qué los que trabajan aquí traen armas? No, aquí está metido el Estado Mayor. Eso sí es preocupante, y decir esas verdades es lo que les duele, pero hay que decir las verdades como son. Está un Estado policía instaurándose el día de hoy aquí.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bueno. Don Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, por favor, para presentar la reserva a la fracción XIX. Ah, estábamos en algún trámite, adelante. Sí, por favor, culmine con el trámite. Le ruego me disculpe.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, eso parece. Queda en sus términos. Don Juan Luis Martínez, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeros, compañeras diputadas, a nombre de los integrantes de la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano, me permito presentar al pleno de esta honorable asamblea, la siguiente reserva del artículo 27 de la fracción XIX, del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de lo siguiente:
Los retos, así como el presupuesto en materia de seguridad pública, han crecido en los últimos años de manera exponencial. En estricto sentido, incorporar a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Gobernación, es una vuelta al pasado y una determinación retrograda, ya que ahora se estarían integrando elementos en materia de seguridad pública como en auxilio a otras dependencias, órganos de gobierno, entidades federativas y municipios, así como la persecución de los delitos y el uso de la fuerza pública como mecanismo de sometimiento.
De esta manera, la reestructuración que se pretende implementar obedece a un solo fin, que es el de retomar dirección en materia de seguridad que perdió durante los sexenios panistas.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, para que se mantenga el texto único como actualmente lo establece la ley vigente, que a la letra reza: “Administrar el Archivo General de la Nación, así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de información de interés público”.
Compañeras y compañeros, consideramos que dotarle de superfacultades a la Secretaría de Gobernación estaríamos corriendo el grave riesgo una vez más, como el antecedente trágico, el artero asesinato de los jóvenes estudiantes, un crimen de lesa humanidad, como ocurrió en el año 68.
Por eso, compañeros, consideramos hacer las reservas pertinentes, a efecto de que el texto se mantenga como actualmente está estipulado. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, pues queda en sus términos. Tiene el uso de la voz doña Merilyn Gómez Pozos, para presentar reserva.
La diputada Merilyn Gómez Pozos: Diputadas, diputados. El artículo a discusión en su fracción XXI propone que la Secretaría de Gobernación sea la encargada de organizar, dirigir y administrar un servicio para la atención a las víctimas del delito, así como llevar a cabo la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado. Sin embargo, en México existen múltiples instituciones encargadas ya de cumplir con las funciones que ahora le quieren atribuir a la Secretaría de Gobernación, lo que implica una pérdida importante en la facultad de decisión de los órganos existentes, ya que estos dependerán de las normas y políticas de la Secretaría en comento.
Es por eso que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone que la ley se quede como está en estos momentos, que por favor seamos capaces de entrar en una dinámica de diálogo, de debate y que nos demuestren con argumentos que esta propuesta es la indicada para poderlo discutir aquí. Demuéstrennos con argumentos que esto es lo necesario para el país.
La presente iniciativa es un mero reacomodo a conveniencia de la administración entrante, por lo que se considera que es innecesaria la sobredosis de atribuciones al secretario de Gobernación, porque existen instrumentos en el Estado en materia de derechos humanos y atención a víctimas de delitos y en vez de dejarlos en el abandono deberíamos nutrirlos y fortalecerlos con herramientas que les permitan el desarrollo eficiente de sus funciones.
Derivado de lo anterior someto a esta asamblea la propuesta de que se quede la ley como está en estos momentos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta de Merilyn Gómez Pozos.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos el dictamen. Doña Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Movimiento Ciudadano, reserva el artículo 27, fracción XXIII. ¿Viene la oradora?
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, para mi es la primera ocasión que tengo la oportunidad de estar en esta Cámara de Diputados. Soy de perfil ciudadano, y una de las cosas que discutimos en la ciudadanía y que les señalamos a los legisladores desde el espacio donde estamos es la poca participación y el debate en esta Cámara de Diputados.
A mí me entristece en la mayoría de las ocasiones observar cómo en temas tan importantes, tan vulnerables, tan sensibles para el país no tenemos el carácter y la gran sensibilidad de debatir y demostrarle a millones de mexicanos que sí podemos llegar a acuerdos importantes en esta Cámara. Ojalá muy pronto cambie la actitud de todos los que estamos aquí.
Entre los mayores problemas del dictamen que se discute el día de hoy se encuentra la creación de una súper secretaría que controle todo, ¿hasta el presidente?, al proponer que la Secretaría de Gobernación absorba dentro de su estructura las funciones de la actual Secretaría de Seguridad Pública.
La única tarea de Gobernación debe ser la conducción de la política interna, entendida como la relación del gobierno federal, con los diferentes niveles de gobierno, Poderes de la Unión y partidos políticos, una armonización y trabajo político y no de control y de fuerza.
Ese México autoritario ya no lo queremos. La ejecución de las penas por delitos del orden federal y administración del sistema penitenciario federal deben continuar perteneciendo a la Secretaría de Seguridad Pública, pero que reoriente la política criminológica y la formación real de la policía, ya que el objetivo que se busca al ceder estas facultades a Gobernación es vanagloriar el pasado hegemónico del gobierno priista; es decir, regresar a la conducción política, el brazo policiaco que había perdido.
Si bien es cierto que la aplicación de la justicia en nuestro país es deficiente y que en el sistema penitenciario no existe la figura de reinserción social el que se haga cargo el secretario de Gobernación no significa que cambie la forma en la que se están llevando estos temas. Al contrario, esta acción fomenta la impunidad absoluta que se observó durante décadas debido a la supremacía de esta secretaría sobre las demás.
Esta acción nos muestra otro estilo de la instalación del miedo en el país; peligrosa, regresiva y que tensa más la cuerda. Y la pregunta es: ¿Cuántos presidentes tendremos en México? ¿Habrá un presidente constitucional y uno de facto que lo tendrá secuestrado?
Es nuestro deber como legisladores vigilar que el balance de poder entre los órganos se respete, por lo que no podemos permitir esta modificación. Llegar al poder con la fuerza económica y obscura, y sostenerlo con la fuerza policíaca es regresivo y peligroso. Derivado de lo anterior, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados que la siguiente reserva quede como sigue:
Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario federal y de tratamiento de menores infractores, en términos de la política especial correspondiente y con estricto apego a los derechos humanos, así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en los términos del dictamen. Don José Antonio Hurtado Gallegos...
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Fernando Belaunzarán. Sonido en la curul de don Fernando Belaunzarán. Creo que tiene que hacer ahí algún trámite.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Nada más apuntar una cosa, señor presidente. El respeto siempre se tiene que dar, en mi opinión, es mi convicción. En cierto sentido, de cualquier manera uno puede decir que sea recíproco.
Yo escuché con mucha atención a la diputada Nelly y planteo sus ideas con respeto ante todos, dio argumentos, dio razones, no le faltó el respeto a nadie, y creo que estamos dando un espectáculo poco amable de lo que debe de ser la Cámara de Diputados; entonces hago una moción para ver si podemos guardar un poco de respeto entre todos. Nelly dio razones y argumentos y no merecía de ninguna manera las exclamaciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno ya lo escucharon y espero que este asunto nos llegue a todos sin distinción partidaria.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don José Antonio Hurtado Gallegos, tiene el uso de la voz.
El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Muchas gracias. Quiero agradecer públicamente a mi compañero Arturo Durazo, su intervención para que se nos permitiera hablar. Haciendo mención también a esta Presidencia, que nuestro legítimo derecho es hacer uso de la palabra como legisladores. Muchas gracias.
Reserva al dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 27, fracción XXVIII.
Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, el artículo que se encuentra a discusión ante el pleno de esta Cámara pretende establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas y cuerpos de seguridad pública y policial, así como para el análisis y sistematización integral de la investigación e información de seguridad pública y de seguridad nacional, a través de una supersecretaría de Estado.
La reforma que presenta Enrique Peña Nieto, no contempla a la racionalidad como un eje transcendental para la toma de decisiones, al querer dotar de facultades a un solo personaje sin saber si éste tiene la capacidad de llevar a cabo el manejo de los asuntos que se le requieren conferir, tan importantes para nuestro país.
De aprobar esta reforma contribuiremos al fin que quiere alcanzar el presidente electo. Un gobierno intervencionista y arbitrario, obligando a todas las dependencias gubernamentales a que se manejen en forma politizada para acceder a un trato privilegiado.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano velará porque se mantenga una institucionalidad alejada de valores autoritarios y para que se establezcan de manera clara las formas en las que la sociedad se desarrolle con mayor certidumbre.
Derivado de lo anterior, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente reserva.
Único. Se mantiene el texto como en ley vigente.
Compañeras y compañeros diputados, respetuosamente el de la voz les invita, los exhorta a que saquemos nuestra esencia. Hagamos lo que nuestra conciencia nos dicte. El país nos reclama. ¿Qué le vamos a decir a nuestro país si aquí hay un desorden? El desorden más fuerte va a estar afuera, créanmelo.
Aquí venimos por la confianza y el voto de la gente que creyó en nosotros. Hoy, como en otras ocasiones, compañeros -y créanme, todas las veces que suba a tribuna lo voy a decir respetuosamente-, hoy como en otras veces, estamos haciendo lo mismo. Estamos decepcionando a las mexicanas y a los mexicanos. Hagamos conciencia. Votemos por nosotros, no por lo que nos obliguen. Compañeros, disculpen. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admiten a discusión los planteamientos del señor diputado que ha expresado con todo respeto.
La Secretaria diputad Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos el dictamen. Doña Martha Beatriz Córdova Bernal, tiene la palabra.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados, con esta reforma se pretende ahondar el peso de la Secretaría de Gobernación arrogándole irresponsablemente una serie de facultades para recuperar el brazo coercitivo del Estado, cuando está acreditado que en dicha secretaría no han podido digerir adecuada y responsablemente los asuntos de política interior.
Tales reformas propuestas no están de conformidad con la realidad actual en la que la extrema verticalidad administrativa puede tender al paroxismo en vez de constituir una solución.
La creación de la Secretaría de Seguridad Pública estaba encaminada precisamente a la desconcentración y especialización administrativa de sus cuerpos y mandos, tomando en cuenta las cada vez más importantes tareas de seguridad del Estado mexicano.
El renacimiento de una mega secretaría colmada de competencias, atribuciones y facultades para concentrar y centralizar la política interior y la política de seguridad, encuentra su único fundamento en el imaginario del pasado que aún añoran las glorias vividas cuando fueron bautizados como “partido hegemónico y pragmático”.
No hay motivos o razonamientos objetivos para creer que estas reformas pueden acarrear alguna funcionalidad que beneficie a la sociedad.
Si se está pretendiendo concentrar las tareas de seguridad, de política interior, migratoria, de población y de coordinación administrativa, en una sola dependencia, poco falta para que subsista tan sólo en una secretaría fuera de la presidencia.
Ciertamente en México tenemos una de las burocracias más obesas, caras, improductivas e ineficientes; pero esos problemas no se resuelven experimentando con cambios legislativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en el papel sólo significan una grave descompensación, por lo que ve a las facultades y atribuciones que son propias de las dependencias que integran el gabinete del Ejecutivo.
Cualquier cambio de este tipo, debe estar precedido ineludiblemente por una reforma integral en el derecho burocrático mexicano, en el régimen de responsabilidades de los servidores públicos y en el sistema educativo. Se requiere una verdadera reforma de Estado.
Sin lo anteriormente, no tiene sentido vaciar de sustancia a la Secretaría de Seguridad Pública ni mucho menos mermar a las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual tiene actualmente la facultad de expedir permisos sobre la portación y posesión de armas de fuego en nuestro país.
Si bien el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los habitantes de nuestro país tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, es responsabilidad absoluta del presidente llevar el registro y control de cada una de las armas en territorio nacional.
Pero la expedición de permisos es facultad de la Sedena, como lo estipula el artículo 4º de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Compañeras y compañeros: los invito de verdad a debatir. No hagamos las cosas como se están haciendo en esta tribuna. Vengo de Ciudad Juárez, una ciudad y un estado, Chihuahua, bañado de sangre y la gente, nuestro pueblo, está esperando que tomemos decisiones en serio; no está esperando a que nos mayoriteemos por intereses de unos cuantos.
De verdad los invito a debatir. Lástima de veras que no quieran debatir todos estos cambios y todas reservas a los artículos que estamos planteando.
La propuesta del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano es que se mantenga vigente el texto. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bien, diputada. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos el dictamen. Don Fernando Belaunzarán Méndez, la fracción XXI del artículo 27.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente. A nadie escapa la estela de dolor y tragedia que ha acompañado a miles de familias mexicanas en los últimos años por una violencia desbordada.
Podemos discrepar de las causas de la violencia, podemos discrepar sobre quién tendría responsabilidad, si se pudo haber abordado de mejor manera, si equivocamos la estrategia o no. En eso podemos discrepar.
Pero creo que podemos tener un consenso. El consenso es que las víctimas de la violencia han tenido un sufrimiento fuerte, han quedado en el desamparo muchas de ellas y hay que atenderlas con profesionalismo y hay que darles justicia, que haya justicia, que no haya impunidad y que haya una solidaridad social, estatal con quienes están en esa situación.
Asimismo, lo dice una reforma constitucional que se hizo, y la voy a leer. El artículo 20 constitucional dice, en el Apartado C, De los derechos de la víctima o el ofendido.
El artículo 1 dice: Recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que a su favor establece la Constitución y cuando lo solicite, ser informado del desarrollo y procedimiento penal. Hay varios derechos de las víctimas y del ofendido.
Lo que buscamos con esta modificación es, precisamente, que la ley secundaria que tiene que ver con este artículo que todavía no se ha hecho, tenemos varios pendientes con las víctimas, una de ellas es la Ley de Víctimas que tenemos que encontrarle una solución, mi posición es que se publique. Hay otra posición distinta, no importa, pero todos estamos de acuerdo en que está pendiente la solución de la Ley de Víctimas, pero también la Ley Reglamentaria.
Dice originalmente, que sería facultad de la Secretaría de Gobernación organizar, dirigir y administrar un servicio para la atención a las víctimas del delito y celebrar acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución.
Pero esto sería una camisa de fuerza para la legislación que tenemos acordar, muy importante con las propias víctimas, entre ellas, por supuesto con el Movimiento por la paz, con justicia y dignidad que las ha representado de una manera, en mi opinión, muy digna.
Y lo que nosotros proponemos es que diga, en el inciso 21, participar en la atención integral a las víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución.
Me parece que esta redacción ayudaría mucho a una atención integral a las víctimas y, por supuesto, que hay que reconocer que el Congreso de la Unión ha sido solidario con ellas, tuvimos un acuerdo de unanimidad. Bueno, tuvimos institucionalmente porque fue la anterior legislatura para atender este problema.
Creo que todos sabemos de la deuda que tenemos. Tenemos que solucionar el problema de la violencia, pero también tenemos que solucionar de alguna manera sus efectos y consecuencias.
Esta redacción ayudaría mucho mejor a la legislación que vendría y la atención, y además, nos ayudaría más a tener una relación de una mejor manera con las víctimas, con las organizaciones que las representan. Me parece que es una deuda pendiente y ojalá se acepte esta modificación. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Fernando Belaunzarán. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén abstención (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se aprueba que el texto pase a formar parte del dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea, en votación económica, si se admite la reserva en los términos presentada por el diputado Fernando Belaunzarán a la fracción XXI del artículo 27. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muy bien. Doña Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del PRD, las fracciones XX y XXIII del propio artículo 27.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, diputado presidente. Creemos que en el caso del artículo 27 podemos llegar a acuerdos, sobre todo en los temas sustantivos que nos ocupan. Nos parece que si bien existe una instancia de coordinación horizontal en donde convergen diversas instancias, como es la Presidencia de la República, Gobernación; Defensa; Marina; la propia Procuraduría General de la República y el propio secretario ejecutivo, así como los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal, en el llamado Consejo Nacional de Seguridad Pública, creemos importante que precisamente es desde esta instancia donde se deben de proponer las políticas orientadas a trabajar el tema de la prevención del delito y la reconstrucción de nuestro tejido social.
Por eso el Grupo Parlamentario del PRD propone la siguiente redacción.
Fracción XX. Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública, el desarrollo de políticas orientadas a prevenir el delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de la delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales; fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos federales y por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los delitos del fuero común. Promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad interior y pública, y atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de estas atribuciones.
Ahí cerramos el párrafo y creemos que esto nos va a permitir seguir trabajando este tema, que nos preocupa a todos, con una visión integral y desde una instancia plural de toma de decisiones.
Es cuanto, diputado presidente, en esta fracción. ¿La votaríamos de manera separada, presidente? Consulto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Son las fracciones, sí, creo que sí. Vamos a votarlo por separado, no vaya a ser. Pregunte la Secretaría a la asamblea, la de la fracción XX.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Lizbeth Eugenia Rosas, relativa a la fracción XX del artículo 27. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se aprueba para que pase a formar parte del dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea en votación económica si es de aceptarse la reserva presentada por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se modifica el dictamen en esos términos. Ahora la XXIII, si se acepta y de aceptarse, si se aprueba.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, diputado presidente. El mismo caso del artículo 27, fracción XXIII, compañeros diputados, nos parece sumamente importante que actualicemos los conceptos, pero que se adecúen a nuestro marco legal normativo, que finalmente se estableció desde marzo de 2012 y que ha sido una amplia discusión en materia de atención a los menores infractores.
Actualmente ya no existe este tema como tal, en materia de tratamiento de menores infractores tenemos actualmente una ley precisamente que trabaja el tema de manera integral, que se determina Ley de Justicia para Adolescentes.
La propuesta del Grupo Parlamentario del PRD va en razón de modificar la redacción, para quedar como sigue: Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario federal y de justicia para adolescentes, en término de la política especial correspondiente y con estricto apego a los derechos humanos, así como organizar y dirigir las actividades de apoyos a liberados.
Creemos que esto finalmente establece como un acuerdo la posibilidad de seguir garantizando el respeto irrestricto a los derechos humanos de los adolescentes, de los menores de 18 años. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Pregunte la Secretaría a la asamblea, los dos pasos, por favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Lizbeth Rosas, relativa a la fracción XXIII del artículo 27. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora si se aprueba.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se modifica el texto. Don Julio César Moreno Rivera, las fracciones XVIII y XXIV.
El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la fracción XVIII del artículo 27 del dictamen a discusión, entre otras facultades concede a la Secretaría de Gobernación, la de reforzar, cuando así se requiera o estime, la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, e intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente.
En nuestro país, la participación ciudadana se ha incrementado notablemente, expresándose de diferentes maneras legítimas al no poder satisfacer sus distintas necesidades.
No permitamos que estas manifestaciones puedan ser consideradas como disturbios y por ese motivo también puedan ser reprimidas por la autoridad.
Por consiguiente, el hecho de señalar disturbios implica el riesgo de que se pueda dar de manera discrecional una violación a la libertad de asociación y a la libre manifestación de las ideas, por lo que mi reserva lo que pretende es garantizar que dichas libertades, consagradas en la Carta Magna, por lo que a fin de respetarlas y salvaguardarlas, así como mantener la certeza jurídica de los derechos de los ciudadanos, mi propuesta es suprimir el término disturbios para quedar de la siguiente manera.
Reforzar, cuando así se requiera o estime, la tarea policial y de seguridad y los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran e intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por aquellas que impliquen violencia o riesgo inminente. Con lo cual se salvaguarda la pacífica manifestación de las ideas y la libre asociación, contempladas en los artículos 6 y 9 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto, por supuesto, es conocido por todos ustedes.
Por lo cual, compañeras y compañeros diputados, llamo a votar a favor de la presente reserva. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Proceda la Secretaría.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Julio César Moreno Rivera, relativa al artículo 27, fracciones XVIII y XIX. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Perdón, ¿presentó las dos? Presentó una sola.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Disculpe, presidente. La fracción XVIII del artículo 27. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora proceda, a ver si se acepta que pasen a formar parte del dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se modifica el dictamen en los términos propuestos. Doña Lilia Aguilar Gil, la fracción XXIII del artículo 27. Esta fracción ya tuvo una modificación propuesta por Lizbeth Eugenia Rosas Montero, pero presente la suya.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Si usted me permite, señor presidente, presentaré tres reservas que tengo enlistadas, que sería la fracción XII, la fracción XVIII y la fracción XIX . Espero que haya libertad también del tiempo.
Para iniciar, antes de las reformas, quisiera dar un discurso de entrada, de lógica, de qué es lo que estamos proponiendo. Y quisiera dirigir especialmente este discurso –porque sé que la asamblea está un poco difusa– a los jóvenes y a aquellos diputados que están preocupados por sus estados y por la gobernabilidad de los mismos.
Esta reforma, como muchos han dicho ya en esta tribuna –recuerdo un poco a Gutiérrez Barrios–. Y no es que haya sido ya mayor en los tiempos de Gutiérrez Barrios, pero si me permiten la generosidad de una historia rápida.
Crecí en un Estado de construcción, mis padres fueron perseguidos políticos en un sistema de Estado policiaco y a los 10 años tuve que vivir a escondidas de la persecución estatal que daba precisamente este Estado policiaco y que no permitía la diferencia de opiniones; y que entonces nos perseguía no solamente a los adultos que expresaban estas opiniones, sino también a los hijos de estos adultos para que no creciéramos revolucionarios.
Cuando alguien me preguntaba antes si volveríamos a los tiempos del viejo PRI yo decía con esperanza que probablemente no. Y esperaba que no de verdad, de corazón, y ahora les puedo decir que no sé porque esta reforma no nos deja saber qué es lo que pretende este nuevo gobierno.
Hoy discutimos loa pretensión de regresar las facultades a una súper secretaría que, como ya se ha dicho en esta tribuna –pero hay que ser conscientes de qué es lo que estamos votando–, controlaría no solamente la seguridad pública, regularía la portación de armas, controlaría la garantía y el respeto a los derechos humanos, coordinaría el gabinete, marcaría la política interior de este país, interferiría en los municipios y en los estados cuando así lo considerara necesario, así como muchas otras atribuciones.
La pregunta, compañeros diputados y compañeras diputadas, del PRI y del PAN, y de los partidos que votan a favor de esta reforma, es: ¿Se puede? ¿La teoría política nos dice que se puede? Y les digo que estamos creando un pequeño monstruo, y se los digo con todo respeto.
En teoría política México se considera un país democrático a partir del 2002 no por el cambio de partido político en la Presidencia de la República, sino que entramos en 2002 a esta tercera ola de la democratización junto con Ghana, Croacia y Senegal por la transversalidad en el reconocimiento de derechos de grupos minoritarios, la división de poderes y el respeto al federalismo, y obviamente a los órganos autónomos que logran una contraloría social real.
Pero más allá pareciera entonces que el recuerdo del pasado no nos llega y por eso decía que quería dedicar esta intervención a los diputados jóvenes, porque la persistencia de la memoria nos falla.
Tal vez sería bueno un repaso a la historia inmediata para recordar quién fue Gutiérrez Barrios y que las nuevas generaciones recordemos a todos los demás que utilizaron la capacidad absoluta de un gobierno inquisidor y autoritario que no respetaba ninguna regla.
Decía un guerrillero de aquellos tiempos que hoy ya no está en vida: Era un coronel tan fino, tan fino Gutiérrez Barrios, que hasta parecía licenciado y mataba sin molestar a nadie. Esto era el ejercicio del poder más agresivo del estado policíaco que tenía –esperemos– el viejo PRI:
Y por eso que entonces venimos a presentar reservas, no solamente para evitar este estado policíaco, sino además para que este Estado no caiga en una crisis de gobernabilidad y en una crisis política posterior, con una subsecretaría que tendría un poder absoluto.
Señor presidente, las reservas que presento en primer término serían al artículo 27, fracción XIII y a la fracción XVIII del mismo que tienen que ver con la autonomía y la soberanía de los estados. Y llamo la atención de los señores diputados, porque todos aquí venimos de estados diferentes y queremos que la autonomía y la soberanía de nuestros estados se respete.
El artículo 27, en su fracción XII dice que la Secretaría de Gobernación presidirá el Consejo Nacional de Seguridad Pública con ausencia del Presidente de la República y propondrá las acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la federación, el Distrito Federal y los estados.
Nosotros lo que estamos proponiendo es que estos lineamientos de seguridad pública nacional sean en estricto apego al federalismo y a la autonomía de los estados. ¿Por qué? Porque ni siquiera el sistema de seguridad pública actual que está en el artículo 30 Bis, que ahora sí ya se derogó en las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública, es tan autoritario, inquisitivo con los estados.
Lo que nosotros estamos pidiendo es la inclusión de los estados y el respeto a la autonomía y a la soberanía de los mismos para que puedan ser parte del sistema de seguridad pública nacional.
En la fracción XVIII del mismo artículo, igualmente estamos tratando de evitar michoacanazos, para ser claros y concretos. Y leo la fracción XVIII que dice a la letra: La Secretaría de Gobernación es auxiliar a las autoridades federales, estatales y municipales o del Distrito Federal, competentes que soliciten apoyo al marco del sistema nacional de seguridad pública, en la protección de la integridad física de las personas y la preservación de los bienes, reforzarla cuando así requiera o estima la tarea policial de seguridad de los municipios y localidades rurales.
Lo que nosotros estamos proponiendo en esta reforma es que se diga que esta reforma será, siempre y cuando los titulares de los ejecutivos de los municipios y los estados, soliciten la intervención de la policía, la Secretaría de Gobernación o haya un estado de gravedad; es cuando esta facultad de la Secretaría de Gobernación sea ejercida.
Si no, ¿qué es lo que vamos a tener? Un sistema nacional de seguridad pública que cuando considere prudente el secretario pueda intervenir en los estados y tener lo que ya tuvimos en Michoacán hace algunos años con la detención de varios funcionarios públicos de este estado.
Esto sería en lo que se refiere a la fracción XII y a la fracción XVIII de este artículo 27, señor diputado; y si me permite, pondría aparte la fracción XIX porque en ésta creo que puede haber un consenso en la asamblea.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Qué hacemos? Vamos a preguntar a la asamblea respecto de estas dos, ¿le parece? Pregunte por favor, don Fernando Bribiesca.
El secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Lilia Aguilar Gil en la fracción XIII del artículo 27.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En las dos de una vez. Son dos; XIII y XIX.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Fracciones XIII y XVIII.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Fracciones XIII y XVIII. La XIX la apartó.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se va a votar en lo relativo al artículo 27, fracción XIII y fracción XVIII. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Quedan en sus términos. La XIX... Si nos permite, señor secretario. Adelante.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Finalmente agradezco su generosidad con el tiempo para dar salida a estas tres reservas, señor presidente. La fracción XIX, la propuesta que estamos haciendo es que quede en los mismos términos que tiene el 30 Bis actual para la Secretaría de Seguridad Pública y simplemente se omita la última parte de este artículo que dice después del punto y coma (;): Auxiliar al Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General de la República cuando así lo requieran para el debido ejercicio de sus funciones, como otras dependencias, órganos de gobierno, entidades federativas y municipios.
Auxiliar a la Procuraduría General de la República en la persecución de los delitos y disponer de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables en las situaciones de alteración grave del orden público. La propuesta es cortar después de disponer de la fuerza pública en términos de disposiciones legales aplicables en las situaciones de alteración grave del orden público. Sé que hay otras reservas al respecto en el mismo sentido. Es lo que se podría a consideración de la asamblea, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por nuestra compañera Lilia Aguilar Gil, en relación al artículo 27, fracción XIX. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don José Humberto Vega Vázquez y don Ernesto Alonso Robledo Leal tienen reservas en estas fracciones ¿las mantienen? Don José Humberto Vega ¿también? Del PT. Adelante.
El diputado José Humberto Vega Vázquez: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, creo que hemos avanzado en la parte de la productividad legislativa.
Hace unos días la ley que nos metieron para reformar la Ley Laboral y afectar a los trabajadores, y ahora una ley fast track que se la sacan de la manga pero que en muy poco tiempo se va a aprobar. Lástima que no sea a favor de los mexicanos, que esté llena de inconsistencias y de anomalías, pero en cuanto a tiempo, hemos mejorado.
Aunque parezca exagerado, los que de alguna manera vivimos la parte de los gobiernos represores, sabemos que este tipo de gobiernos en su momento son realmente peligrosos para nuestra sociedad porque el carácter militarizado de esos gobiernos, ponen en riesgo verdaderamente a los derechos de los ciudadanos, son represores y confunden las pocas reservas que se han modificado, la esencia no se quita, la esencia se sigue dando y además de manera confusa porque pareciera ser que dentro de estos cambios en la Secretaría de Gobernación, pudiera ser que hay detrás del poder, alguien. Eso es lo que tenemos que ver y así lo vemos y es de manera sincera.
Y ojalá, diputados, no llevemos en el pecado la penitencia, los aliados y los que se entibiaron no lleven en el pecado la penitencia porque es grave.
El artículo 29 constitucional establece con claridad que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y de la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y de las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de las prevenciones generales y sin que la restricción o la suspensión se contraigan a determinada persona.
La iniciativa sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal propone, en su artículo 27, en su fracción XIX, otorgarle a la Secretaría de Gobernación lo siguiente: disponer de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables en las situaciones de alteración grave del orden público.
La Constitución habla de perturbación grave de la paz pública y es el término de la definición reconocida en la ley al utilizarse en la iniciativa sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal una expresión similar, situaciones de alteración grave del orden público. Se está tergiversando el sentido de la Constitución y se evade el espíritu del artículo 29 que justamente aspira a garantizar que los ciudadanos no vean violentados sus derechos bajo el pretexto de que el Estado enfrenta una perturbación grave de la paz pública.
En nuestra opinión, la iniciativa sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 27, está interfiriendo en las atribuciones de otras instancias como el Poder Judicial de la federación y de la Procuraduría General de la República, cuyas funciones están claramente establecidas, y argumenta para ello la intención de auxiliar, cuando así lo requieran.
No se debe confundir la coordinación entre las entidades gubernamentales con el derecho de la Secretaría de Gobernación y suplantarlas en sus atribuciones.
Por lo anteriormente expuesto, descrito en el artículo 27 de la iniciativa sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su fracción XIX, debe ser rechazado para evitar esas transgresiones y que caiga en la tentación de suplantar las atribuciones de otros poderes del Estado y derive ahí atribuirse el derecho de suspender el ejercicio de los derechos y garantías de los ciudadanos, que no le corresponde. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea. ¿No dejó propuesta, verdad? ¿No dejó propuesta? ¿Sí? Ah, entonces pregunte si se acepta a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Vamos a sustanciar, ya que estamos en esta del 19, la de Ernesto Alfonso Robledo Leal, del PAN, y luego vamos a escuchar a don Marcos Rosendo Medina Filigrana.
El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Con su permiso, señor presidente. Vengo a reservar del dictamen puesto a discusión por lo que toca a la fracción XIX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en lo relativo a las facultades de la Secretaría de Gobernación para el auxilio que debe prestar dicha Secretaría de Estado al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República cuando así lo requieran, y así también a otras dependencias o entes públicos en la persecución y combate del delito.
En el caso particular del dictamen se propone que dicha facultad sólo se puede ejercer en situaciones de alteración grave del orden público, y sin embargo consideramos que dicha restricción haría nugatoria la facultad concedida a la Secretaría de Gobernación, ya que estaría obligada a calificar y a fundar la existencia de un estado de alteración grave de la paz pública que no tenemos en ningún código ni en ningún reglamento ni en ningún ordenamiento legal en este país.
Estimamos que dentro del rediseño de la Administración Pública Federal debemos pugnar por facultades flexibles y apropiadas para el combate de la delincuencia organizada, por lo que esta reserva es en el sentido de eliminar de la fracción XIX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el supuesto de que sólo se puede ejercer tal atribución en casos de gravedad.
Lo anterior es así en razón de que en Acción Nacional estamos a favor de un marco de cooperación entre los diversos poderes y la Secretaría encargada del gobierno interior del país. Y por ello creemos que la atribución en cuestión no debe estar acotada sino que debe apuntar hacia un marco de cooperación y ayuda entre las instituciones públicas, máxime si se trata de dotar de seguridad y combate al delito.
Finalmente estimamos que la adecuación del marco legal para el combate, investigación y persecución de la delincuencia, debe tener como presupuesto la existencia de facultades claras y precisas de las autoridades y de ahí el sentido de la presente reserva.
Simplemente es en la fracción XIX donde inicia “...auxiliar al Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General”, todo queda igual hasta donde dice “...y disponer de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables”. Y el resto, después de punto y coma, se eliminaría quedando la frase: en las situaciones de alteración grave del orden público, eliminada.
Es todo, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite la propuesta del señor diputado del Partido Acción Nacional.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Alfonso Robledo Leal, relativa al artículo 27 fracción XIX. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se acepta que pase a formar parte del dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Willy. ¿Con qué objeto?
El diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (desde la curul): Si pudiera el promovente volvernos a leer, de favor, el artículo 27 fracción XIX, para que esta asamblea tenga más claridad.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, puede ser el proponente o el secretario, que la tiene a la vista. Señor secretario, por favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Leo la fracción XIX. Auxiliar al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus funciones, así como a otras dependencias, órganos de gobierno, entidades federativas y municipios. Auxiliar, cuando así lo requiera, a la Procuraduría General de la República en la investigación y persecución de los delitos, y disponer de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se acepta que forme parte del dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se modifica el texto. Tiene el uso de la palabra don Marcos Rosendo Medina Filigrana, del PRD, para presentar reserva a la fracción XVIII.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, presidente, gracias, vicepresidenta. La reserva que hemos presentado en lo particular a la fracción XVIII de este artículo 27 que estamos discutiendo, es porque genera realmente preocupación el intento que aquí se está realizando de pretender crear una súper Secretaría de Gobernación. Estamos ante un hecho sin precedente en la historia contemporánea. No tenemos en el siglo XX, en el siglo pasado el siglo XX, ninguna ocasión en que la Secretaría de Gobernación haya tenido bajo su mando una fuerza policiaca y mucho menos del volumen que hoy se le pretende incorporar ni siquiera en la época del tristemente célebre Gustavo Díaz Ordaz.
Lo que hoy se pretende aquí instaurar es un modelo de paz porfiriana que los mexicanos pensábamos que habíamos superado desde hace más de un siglo. Si en esta Cámara hubiera debate, seguramente habría quien vendría a esta tribuna a decirme que hay otros países donde el similar de la Secretaría de Gobernación, el Ministerio del Interior tiene bajo su mando la fuerza pública.
En efecto, si nos vamos al derecho comparado, en España, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 10, pone el mando superior de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado bajo el Ministerio del Interior. Algo similar pasa en Francia, con el Código de la Seguridad Interior, en su artículo L411-1. Sin embargo, hay algo que estamos omitiendo, se trata de países radicalmente distintos al nuestro.
Estamos hablando de dos países con regímenes unitarios, pero más aún, estamos hablando de dos países con regímenes parlamentarios, donde el ministro del Interior está sometido a la consideración del Parlamento.
Hoy lo que van a aprobar ustedes, compañeras y compañeros, es una súper secretaría, en la cual el secretario de Gobernación no va a estar sujeto a la rendición de cuentas frente al Congreso de la Unión. Vamos a ver un súper secretario sujeto únicamente al ánimo y a la amistad de su jefe y de su correligionario que ocupe el Ejecutivo federal.
Demasiado hemos sufrido este sexenio, con los accesos y las arbitrariedades de quien hoy funge como secretario de Seguridad Pública y ahora nos vamos a enfrentar al monstruoso panorama de tener un súper secretario de Gobernación, con una Fuerza Armada considerada en miles de hombres.
Es algo similar a lo que en 97 pasó, cuando crearon la Policía Federal Preventiva, se fueron copiando el esquema de la Policía Nacional de Colombia, de los Carabineros de Chile y de la Guardia Civil Española, pero en la práctica se acordaron que éramos un país federal y que también las entidades federativas y los municipios tienen sus propias policías.
Los llamo, compañeras y compañeros, los llamo, respetuosamente, a la reflexión y a que dimensionemos el monstruo que hoy pretenden aprobar en detrimento de la vida democrática de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bien. A ver, pregunte si la modificación propuesta por don Rosendo...
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Se queda el artículo en las condiciones que se encuentra actualmente, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muy bien, pregunte si se acepta que quede en las condiciones. Esta Presidencia recuerda a la asamblea que este artículo ya quedó modificado por la propuesta del compañero Julio César Moreno Rivera, del PRD.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el compañero Medina Filigrana. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en los términos de la modificación propuesta por otro compañero del PRD.
Finalmente, en tratándose del artículo 27, ahora por la fracción XXV, el diputado Víctor Manuel Manríquez González del PRD.
El diputado Víctor Manuel Manríquez González (desde la curul): Declino.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Declina.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Presidente, falta mi reserva.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputada, su reserva es en otra. Perdón, no la tengo registrada, diputada. Bueno, a ver, tiene usted el uso de la voz.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia, compañeras, compañeros diputados. Vengo a presentar una reserva al artículo 27, fracción XI, que como está en el dictamen señala que una de las facultades de la Secretaría de Gobernación sería vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, coordinar los trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos.
Esta disposición es contraria al artículo 102 de la Constitución, que precisamente establece, en la parte conducente, el organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Subrayo, contará con autonomía de gestión, presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio.
Es decir, que si va a ser coordinada por la Secretaría de Gobernación, las funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pasarán a ser un dulce sueño.
Todavía con la redacción anterior, en la administración anterior se justificaba esta disposición parcialmente, por cuanto no tenía las funciones la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública, sin embargo, hoy, si se aprueba este dictamen como está, pues entonces vamos a tener que el encargado de la seguridad pública va a ser juez y parte. Y que finalmente, darle seguimiento al respeto de los derechos fundamentales o de los derechos humanos, y de toda esta labor que ha hecho esta misma legislatura para la protección efectiva de los mismos a través de la reforma del 1o. constitucional quedarán en letra muerta.
Basta traer a colación, como ya señaló uno de los compañeros diputados, que precisamente a través de cuerpos de seguridad se dio la violación a los derechos humanos en Atenco.
Entonces, les ruego, les solicito hagan conciencia en este punto para que se derogue la fracción XI del artículo 27, aquellos que estén comprometidos con los derechos humanos y con aquellos ciudadanos que los llevaron a ejercer esta función, que están llamados a ejercer con responsabilidad. Muchas gracias, presidente, compañeros diputados y compañeras diputadas.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues será para que no se apruebe, porque para derogarse tendría que estar aprobada. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Loretta Ortiz Ahlf, relativa al artículo 27, fracción XI. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Señoras legisladoras y señores legisladores, vamos a votar el artículo 27. A petición de nuestros muy queridos amigos de Movimiento Ciudadano vamos a votar el 27 a excepción de las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y XXIII y, porque ellos quieren tener la diferenciación en la votación.
Entonces, todo el 27 a excepción de estas fracciones que comenté vamos a votarlas en este momento e inmediatamente después estas fracciones. Todo el 27 a excepción de las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, que votaremos inmediatamente después, a menos de que me reclame el trámite la asamblea.
Vamos todos. Vamos a votar todo el artículo 27. Ábrase el sistema. –Ah, por separado. Bueno. Okey, por separado. Vamos a votar todo el precepto a excepción de estas fracciones. Adelante. Por tres minutos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación para proceder a la votación nominal del artículo 27, a excepción de las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y XXIII, por tres minutos.
(Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: De viva voz, diputados.
El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): En contra.
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): En contra.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): En contra.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Presidente, son 320 votos a favor...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le estaban señalando desde antes, la diputada. De viva voz, por favor.
La diputada Silvia Márquez Velasco (desde la curul): A favor.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (desde la curul): A favor.
El diputado Simón Valanci Buzali (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya se cerró el sistema, secretario, le ruego por favor dé la lectura de la votación.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Presidente, son 323 votos a favor, 91 en contra y 2 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado el artículo 27.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora vamos a votar las fracciones que ya hemos comentado y que fueron modificadas.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Vamos a votar los modificados. El XXI, el XX, el XXIII, el XVIII y el XIX que están modificados. Eso es lo que vamos a votar, por tres minutos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ábrase el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación nominal del artículo 27, en sus fracciones XXIII, XIX, XX, XXI, XXIII, con las modificaciones aceptadas por la asamblea. Perdón, XVIII.
(Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a los señores diputados que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo de votación. Una vez cerrado el sistema no se aceptará ningún voto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Julio César Moreno, su voto por favor, de viva voz.
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado José Arturo López Cándido (desde la curul): En contra.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (desde la curul): A favor.
La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): A favor.
El diputado Rosendo Serrano Toledo (desde la curul): A favor.
El diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 415 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobadas las fracciones XXI, la XX, la XXIII, la XVIII y la XIX del artículo 27. Dejo la Presidencia en las expertas y prudentes manos de don José González Morfín.
El Presidente diputado José González Morfín: Para presentar su reserva al artículo 31, tiene el uso de la tribuna el diputado José Alfredo Botello, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado José Alfredo Botello Montes: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, son distintas fracciones las que se pretenden reformar y adicionar del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero al momento en que se aprueben, considero que se desnaturalizan las funciones que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya visión, al día de hoy, es ser una institución vanguardista, eficiente y altamente productiva en el manejo y la administración de las finanzas públicas, que participa en la construcción de un país sólido donde cada familia mexicana logra una mejor calidad de vida y también se propone dirigir y controlar la política económica del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingreso y deuda pública, así como de estadística, geografía e información, con el propósito de consolidar un país en crecimiento económico, de calidad, equitativo, incluyente y sostenido.
Al presentar esta propuesta por el equipo de transición del próximo presidente Enrique Peña Nieto, no se presenta de manera integral, ya que en todo caso, justo con ésta deberían haberse presentado modificaciones a las siguientes leyes en las que se contienen las facultades que se le pretenden trasladar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionados con las mismas; Ley General de Bienes Nacionales; Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y muchas otras leyes.
Por lo mismo, en el PAN consideramos que estarían en el limbo también jurídico y sin sustento las atribuciones que se pretenden adjudicar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que por lo demás hoy su trabajo está más que calificado en cuanto a lo que hoy tiene la Secretaría de Hacienda, de tal manera que no necesita más atribuciones para realizar el trabajo que hoy tiene, no obstante que este trabajo ha sido calificado en el ámbito mundial.
Asimismo, se dejaría en el limbo jurídico todo el capítulo de sanciones porque se pasa sin sustento a las denominadas unidades preventivas de auditoría; así que los malos funcionarios tendrían la puerta abierta para que se ganara en tribunales cualquier procedimiento sancionador en su contra y considerando que dichas unidades son auditar y no sancionar, por lo que se pretende la desnaturalización total de estas unidades.
Se le dan también facultades de auditoría, pero es de lógica entender que un órgano auditor no puede ser dependiente del órgano auditado, por lo que con su subordinación pierde su autonomía y por lo tanto estamos en presencia tan solo de una simulación.
De manera ejemplificativa, basta referirnos a la pretendida reforma en su fracción XXIX al artículo 31 que se pretende traspasar a la Secretaría de Hacienda, ya que se dice que es para conducir la política inmobiliaria de la administración pública federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zonas federales, etcétera, etcétera; sin embargo, con este asunto no nos retrotraemos a hace 12 años, que es cuando prácticamente se fundó la Secretaría de la Función Pública, sino incluso a algunas décadas, ya que en 1946, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva ley de las secretarías y departamentos de Estado, quedaban fuera del ámbito de competencia de la secretaría de lo que hoy es de Hacienda las funciones de control y regulación relativas a bienes nacionales y contratos de obras públicas, pasando éstas a la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa en aquel entonces.
Es muy claro, compañeras y compañeros diputados, que al no haber una integralidad es improcedente que aprobamos el contenido íntegro del artículo 31 de la reforma que se plantea, por lo que solicito que votemos en contra de ese artículo 31. La reserva ha sido entregada en la Secretaría, y que siga el artículo 31, con las mismas fracciones y las mismas facultades que hoy por hoy tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que por cierto es de las mejores calificadas no únicamente en América, sino a nivel mundial por el manejo sano de las finanzas públicas. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado José Alfredo Botello Montes, relativo a artículo 31. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
El Presidente diputado José González Morfín: Vamos a pedir que se abra el tablero para recoger la votación sobre el trámite, en el entendido de que el voto a favor es porque se admite a discusión y el voto en contra es porque no se admita a discusión.
Ábrase el tablero electrónico por tres minutos y no se aceptará ningún voto posterior al cierre del tablero, a menos que se haya pedido con antelación.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación nominal.
(Votación)
Se les recuerda a las señoras diputadas y señores diputados que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo para la votación.
El diputado José Arturo López Cándido (desde la curul): A favor.
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): A favor.
El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Abstención.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: La diputada Karen Quiroga, ¿ya? Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 172 votos a favor, 222 votos en contra y 20 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión. En consecuencia, corresponde el uso de la tribuna al diputado Alfonso Durazo, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar su reserva al mismo artículo 31, fracción XXVI.
El diputado Alfonso Durazo Montaño: Señor presidente, compañeras y compañeros, lamento que en este momento no se encuentre en la conducción de esta sesión el diputado Arroyo, porque quiero hacer un comentario que lo involucra, y no quiero que parezca de mal tono, de mala manera el que lo haga estando él ausente de la conducción. Así es que aclaro que si lo extraño no es porque conduzca bien, sino porque me gustaría que estuviera aquí para que fuera él receptor de mi comentario.
Yo creo que las malas maneras son muestra de inmadurez política, y en esta Cámara hemos visto, hemos sido testigos frecuentes de malas maneras. Pero yo creo que las buenas maneras, las buenas maneras políticas debe impulsarlas la autoridad, porque una autoridad políticamente sensible sabe que un ciudadano digno funciona con palmadas, no con nalgadas.
Yo creo que el presidente, el diputado Arroyo, cuando ha presidido esta Cámara ha confundido la fuerza política de su fracción parlamentaria con su derecho a coartar la expresión de uno que otro legislador. Ya entrado en materia quisiera hacerlo con respeto, porque de veras así lo registro. Le reclamo su ocasional mal tono, su inflexibilidad y también con frecuencia su fallida ironía, que con frecuencia termina convertida en agravio.
Quiero compartirles a ustedes, perdón, debí haber aclarado, es una digresión, entro en un minuto más al artículo 31, pero quiero compartirles que el día de ayer en una larguísima sesión de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, fue patente la flexibilidad de los presidentes de ambas comisiones para conducir el debate, y quiero decirles que ese debate fue ejemplo de respeto.
No nos quedamos absolutamente sin debatir ningún tema y no recuerdo absolutamente ningún agravio. Hubo uno, de mi parte, que retiré y expresé las disculpas correspondientes a quien había sido objeto de ese agravio.
Así es que reconozco hoy, al diputado Alejandro Moreno y al diputado Guillermo Anaya, esa flexibilidad que nos permitió desahogar, en un ambiente de concordia, absolutamente todos los temas.
No soy ingenuo, no voy a dejar de reconocer, no puedo dejar de reconocer la fuerza política de estas dos fracciones, así es que nos aplicaron invariablemente la aplanadora, pero están en su derecho, no es una actitud democrática, pero están en su derecho.
Así es que lo que quiero proponer hoy a esta Presidencia, es que podamos importar esa flexibilidad, de tal manera que cancelemos a este pleno y a las cámaras de televisión, que nos llevan a muchos hogares en el país, la vergüenza que representa venir a hacer escándalos aquí para poder hacer uso del derecho de acceder a esta tribuna, en los términos reglamentarios y más respetuosos, pero siempre en ejercicio de un derecho inherente a nuestra condición de diputados.
Y para reflejarles a ustedes la importancia que para mí tiene poder acceder o hacer uso de este derecho, declino hoy mi reserva respecto al artículo 31. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Durazo.
El Presidente diputado José González Morfín: Creo que como responder y por ser un artículo de características muy especiales, procede que se abra el sistema electrónico de votación, en razón de que no fue aceptada la propuesta del diputado Botello ni presentadas las otras, que se abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal sobre el artículo 31 en los términos del dictamen. Por tres minutos.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación nominal del artículo 31 en sus términos.
(Votación)
El diputado José Arturo López Cándido (desde la curul): En contra.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): En contra.
El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Abstención.
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): Abstención.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 220 votos a favor, 124 en contra y 58 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, aprobado el artículo 31 en los términos del dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar su reserva al artículo 32, fracción I, inciso c).
La diputada Lilia Aguilar Gil: Con su permiso, señor presidente. La modificación de la reserva que estamos proponiendo el día de hoy en el artículo 32, fracción I, inciso c), es para modificar lo que el día de ayer en la Comisión de Gobernación, y quiero felicitar desde esta tribuna a las compañeras diputadas y a los compañeros que defendieron la autonomía de las mujeres y de los grupos indígenas de este país, para que sectores que han desarrollado ya una política transversal no sean considerados simplemente como sectores –valga la redundancia– sectorizados ahora a una secretaría.
La propuesta que el Partido del Trabajo trae ante ustedes es el artículo 32, inciso c), que actualmente dice que la atención a los derechos de los pueblos, comunidades indígenas, de la niñez, de la juventud, de las mujeres, y el impulso a la igualdad de género, de los adultos mayores y las personas con discapacidad será sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social.
Ahora, en el inciso c), hablemos solamente del combate contra la discriminación en los términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es finalmente el artículo que nos da los derechos de igualdad a todos nosotros.
La razón es la siguiente, compañeras diputadas y compañeros diputados, así como el día de ayer en la Comisión de Gobernación diputadas de todos los partidos –diputadas del PRI, del PAN, del Partido Verde Ecologista, del PRD– se pronunciaron diciendo que hay políticas públicas en el tema de mujeres y de indígenas que han avanzado con órganos como el Inmujeres y con órganos como el CDI lo mismo sucede en el tema de jóvenes.
El día de ayer en la Comisión de Justicia aprobamos un dictamen o aprobaron un dictamen que llega como minuta del Senado, donde se aprueba que los jóvenes entre 12 y 18 años, y hasta 25, pasando la mayoría de edad, puedan ser privados de la libertad e imputables a acciones antisociales consideradas para adultos como delitos.
Pero, en este artículo, mientras por un lado los queremos meter a la cárcel o internar, como ustedes quieran llamarle, por otro lado decimos que debe ser la Secretaría de Desarrollo Social quien fije las líneas del desarrollo de la juventud de este país.
Entonces, lo único que nosotros estamos pidiendo en este tema es congruencia. Y estamos pidiendo que este artículo finalmente se cambie, que se quiete a los jóvenes de esta concepción de ser grupos vulnerables.
No somos grupos vulnerables. Si por un lado dice que somos lo suficientemente grandes para meternos al bote, bueno, pues también somos lo suficientemente grandes para que el Instituto Mexicano de la Juventud pueda terminar las políticas de desarrollo de los jóvenes de este país, y creemos que así debe ser.
Y es lo que le estamos solicitando a esta asamblea, haciendo un llamado a los diputados jóvenes de esta asamblea y haciendo también un llamado a las diputadas y a los diputados que el día de ayer en la Comisión de Gobernación y la Comisión de Seguridad Pública bajaron el tema de mujeres, de equidad de género y de derechos indígenas de esta sectorización para que nos apoyen, para que los jóvenes también tengamos derechos, porque somos pensantes, porque somos también hacedores de políticas públicas, porque tenemos una concepción clara de qué es lo que queremos para este país. No nos sectoricen y nos bajen de esta tutela que ahora se nos quiere dar en el artículo 32 de esta reforma. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Ruego a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Aguilar Gil.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Lilia Aguilar Gil, relativa al artículo 32, fracción I, inciso c). Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión.
El Presidente diputado José González Morfín: Para presentar su reserva al mismo artículo, a la misma fracción y al mismo inciso, tiene la palabra la diputada Luisa María Alcalde Luján.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidente. La propuesta de modificación presentada en el dictamen sobre el artículo 32, fracción I, inciso c), busca que la Secretaría de Desarrollo Social absorba la tutela de las políticas públicas que elabore el Ejecutivo federal en materia de niñez, personas con discapacidad, adultos mayores y juventud.
Ahora pretenden que las políticas públicas a favor de estos grupos, que son una obligación del Estado mexicano en materia de derechos humanos y que por ende se deben respetar y proteger de forma transversal por todas las entidades de la administración pública federal, se conviertan en meras políticas asistencialistas que quedarán como botín de la Sedesol y por lo tanto del Ejecutivo federal. Nada harán por resarcir la discriminación que antaño han sufrido.
Las necesidades y demandas de la mayor parte de la población no se pueden atender solo por una dependencia, sino deben ser abordadas con visión de igualdad de oportunidades y respeto a los derechos humanos, como bien está establecido en todos los Tratados de Derechos Humanos y No Discriminación de los que México es parte.
Al integrar a la Secretaría de Desarrollo Social la tutela exclusiva de las políticas públicas dirigidas a niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, se busca convertirlos en clientela de la asistencia social, negando el reconocimiento constitucional que se establece en el artículo 1o. y que reconoce el derecho a la no discriminación y el principio de que todas las personas somos iguales ante la ley.
Sin duda deben existir acciones afirmativas en favor de los grupos históricamente discriminados, pero éstas deben tener carácter temporal y buscar erradicar la situación de discriminación en la que se encuentran. Solamente mediante la redistribución del ingreso, la transversalización del principio de igualdad y la adecuada distribución del presupuesto para ello, se logrará el cambio de conciencia de los funcionarios y de las personas en general, tan necesario para erradicar la desigualdad imperante.
La juventud, la niñez, los adultos mayores y las personas con discapacidad, deben ser tomados en cuenta para diseñar políticas gubernamentales efectivas. No es tarea de una sola secretaría.
La tendencia manifestada en este dictamen deja en manos de un solo aparato burocrático el diseño de instrumentos de desarrollo que debieran ser integrales, bien diseñados, pero sobre todo transversales.
Pero aun con todo lo anterior, quizá lo más lamentable es que en el dictamen original se incluía también a las mujeres y comunidades indígenas en el inciso que se discute, situación que permaneció así hasta que el día de ayer, cuando Enrique Peña Nieto ordenó dar marcha atrás a esta parte del dictamen, a lo que los diputados y diputadas del PRI y del Verde Ecologista respondieron de inmediato. Es decir, no cedieron ante los argumentos que la oposición les esgrimía ni a las organizaciones civiles ni a los institutos de investigación.
Derivado de lo anterior, someto a la consideración de este pleno la siguiente reserva para que se derogue el inciso c) de la fracción I del artículo 32 de la ley en comento. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Le voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Luisa María Alcalde Luján, relativa al artículo 32, Fracción I, inciso c). Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión. En consecuencia el artículo 32, fracción I, inciso C), queda en los términos del dictamen y se reserva para su votación en conjunto con los siguientes artículos.
Tiene la palabra la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar su reserva al artículo 37.
La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: Con su permiso, presidente. Seré muy breve, presidente, únicamente relacionado al artículo 37 y comentar que como observamos, no contempla el planteamiento del presidente electo ninguna conformación de un sistema de gobierno que atienda a la modernidad y a los temas que en la actualidad demandan en nuestro país; se retrocede a un modelo de hace 12 años, creando dos súper secretarías como tanto se ha reiterado aquí: la de Gobernación y la de Hacienda.
Me refiero en esta ocasión al tema anticorrupción que es el que nos ocupa y preocupa como grupo parlamentario del PAN.
Este dictamen que hoy se vota, no toma en cuenta que la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, confiere una facultad exclusiva a la Secretaría de la Función Pública para investigar la posible comisión de cohecho trasnacional, así como determinar las responsabilidades de servidores públicos que deriven de la misma, de aplicar las sanciones correspondientes.
Todos aquí hemos dicho que es fundamental brindar el combate frontal a la corrupción. Como membrete se escucha muy bien. Lo trascendente es encontrar un modelo integral que coordine qué sanciones, que tenga rango constitucional que garantice y sobre todo que le brinde a este país y a los mexicanos, la posibilidad de erradicar un mal que no permite elevar a una mayor competitividad.
De qué le sirve a México un planteamiento anticorrupción sin sanciones, como lo plantea el presidente electo.
Señoras y señores diputados del PRI, lo mejor que pueden hacer para ayudarle al presidente electo, es diciéndole en dónde se encuentra equivocado.
Lo peor que se puede hacer con la clase gobernante, es la adulación. Y a este país, ni siquiera el propio Peña le sirve una mayoría en este Congreso ciego, sordo y mudo.
Aprovechen, compañeros diputados la gran coyuntura de contar con una oposición seria y responsable; pero no transgredan lo que mueve a esta oposición que ve más que nada a México.
Si tienen verdadero amor a la patria no cuentan con otro espacio mejor en la historia para demostrarlo que éste. México no merece regresar al pasado.
Señores diputados de la izquierda, de las izquierdas, los exhorto a establecer un diálogo que fructifique en lo que sea mejor para México. No es un asunto menor el dejar que se estructure un gobierno como mejor le parezca; es válido. Lo que no es válido es permitir que de inicio presenten un modelo retrógrada que no obedece a la realidad de México.
Reitero de nuevo: no avalamos la transferencia de funciones de la Secretaría de la Función Pública a otra como la de Hacienda sólo para decir que han cumplido. Los diputados del PAN venimos hoy a brindar un voto razonado; como verdaderos demócratas, actuamos, brindamos de forma responsable las condiciones para el inicio de un gobierno bajo su visión, pero jamás, jamás cederemos ante lo que históricamente nos hemos comprometido con México. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si la propuesta se admite a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Rocío Esmeralda Reza relativa al artículo 37. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputados y los diputados que estén en abstención sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión el artículo. Se reserva para su votación en conjunto con otros artículos.
Perdón, diputado, a juicio de la Secretaría es muy clara la votación y también a juicio de quien preside, diputado. Sonido primero en la curul del diputado que estaba pidiendo el uso de la palabra y después de la diputada Malú Mícher.
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Presidente, solicito que la votación se haga por la vía electrónica porque no es una votación mayoritaria.
Me parece importantísima la propuesta que está haciendo la compañera del Partido Acción Nacional, compañeros del PRI. Creo que deben reflexionar en la situación en la que están. Felicito al diputado Manlio Fabio Beltrones por la eficacia en cómo ha mantenido la disciplina de su bancada, pero creo que es necesario que los diputados del PRI superen el síndrome Colosio.
Ciertamente, el señor Colosio, dio su vida por expresar sus ideas y eso le valió una bala en la cabeza. Pero compañeros del PRI, superen ése síndrome, por favor, porque hoy la patria necesita otro tipo de diputados. Un tipo de diputados que hagan valer esta gran institución.
Por eso saludamos la propuesta de la compañera del PAN, de hacer ese llamado a cambiar esta actitud. Y reitero mi felicitación a Manlio Fabio Beltrones por esa capacidad, pero es necesario que suelte las trancas para que podamos discutir abiertamente.
Solicito votación nominal...
El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, ya su intervención ha sido registrada. A ver, sonido en la curul en la que se encuentra la diputada Mícher Camarena.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Diputado, si bien se sometió a votación a favor, en contra y abstención, cuando se preguntó “...diputados y diputadas que estén por la abstención...” ni siquiera habíamos levantado la mano y el diputado secretario dijo “mayoría”. No habíamos levantado la mano.
Yo le pido, por favor, para aclararnos todas las dudas, démonos un trato respetuoso. Todavía no levantábamos la mano y el señor secretario dijo “mayoría, señor presidente”. Creo que no es correcto. Si me permite y a solicitud de lo que acabamos de pedirle, pues por favor que haya una votación nominal, nada más por eso. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir que se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal sobre el trámite, solamente. Si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Rocío Reza, respecto del artículo 37 de la ley. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En términos del artículo 144, numeral 2, del Reglamento Interior de la Cámara. Ábrase el sistema de votación por tres minutos.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: No, no se ha votado el fondo del artículo, es solamente si se admite a discusión la propuesta de la diputada Reza, en el entendido de que el voto a favor es porque se admita a discusión; el voto en contra es porque no se admita a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se les recuerda a las señoras diputadas y señores diputados que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo para la votación.
El diputado José Arturo López Cándido (desde la curul): A favor.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): A favor.
El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (desde la curul): en contra.
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): A favor.
La diputada Teresa de Jesús Mujica Morga (desde la curul): a favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, le informo que existen 169 votos en pro, 218 votos en contra y 16 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión la propuesta.
El Presidente diputado José González Morfín: Antes de regresar la conducción de la sesión al vicepresidente Arroyo voy a tener que someter a votación los dos artículos que ya han sido discutidos pero no votados, el 32 y el 37, y se tendrán que votar por separado en razón del propio debate que aquí hemos escuchado.
Entonces habrá dos votaciones consecutivas. Primero ábrase el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal del artículo 32, en los términos del dictamen, por tres minutos.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144...
El Presidente diputado José González Morfín: Es el 32.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: ... a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación nominal del artículo 32 en los términos del dictamen.
(Votación)
Se recuerda a las señoras diputadas y a los señores diputados que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo para la votación.
La votación del diputado Chávez Contreras, por favor.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): En contra.
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): En contra.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, le informo que existen 383 votos en pro, 21 votos en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el artículo 32 en los términos del dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Ahora falta solamente la votación del artículo 37, en el entendido, por supuesto, que el voto a favor es en los términos del dictamen. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 37.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación nominal del artículo 37, en los términos del dictamen.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se les recuerda a las señoras diputadas y señores diputados que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo para la votación.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): En contra.
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): En contra.
El diputado José Arturo López Cándido (desde la curul): En contra.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Abstención.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónica. Señor presidente, le informo que existen 219 votos en pro, 133 votos en contra y 50 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el artículo 37 en los términos del dictamen. Adelante.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aquí estamos, a sus apreciables órdenes. Tiene el uso de la voz don Víctor Serralde Martínez, del Partido Acción Nacional, para presentar la reserva a las fracciones X y XVII.
El diputado Víctor Serralde Martínez: Muchas gracias, presidente. Compañeros diputados, en repetidas ocasiones se ha dicho en este recinto que un presidente tiene derecho a reorganizar su gobierno.
En Acción Nacional estamos convencidos de que esto no debe ser nada más una línea discursiva, estamos profundamente comprometidos con el sentido democrático con el cual se ha forjado nuestro partido y queremos abonar en la construcción de un gobierno que resulte eficaz para gente.
Es justamente por eso que Acción Nacional se conduce ante esta iniciativa no como un partido de oposición, sino como una fuerza transformadora que aspira a darle a este país condiciones para que alcancemos el estado de bienestar que la gente espera allá en nuestros distritos.
Quisiera pedirle, de manera muy especial, a los compañeros diputados del PRI que aprecien esta disposición que hoy encuentran en nuestro partido, en los diputados y diputadas de Acción Nacional.
Quisiera pedirles que lo valoren, pero que tengan muy presente que los diputados de Acción Nacional si bien estamos dispuestos a darle condiciones a un nuevo gobierno también estaremos dispuestos a fiscalizar cada una de las acciones.
Dentro de las iniciativas o dentro de esta iniciativa se han propuesto una serie de cambios, y particularmente el que se refiere al artículo 41 ha motivado que a título personal y en representación de los diputados de Acción Nacional presente estas reservas, específicamente a las fracciones X y XVII, en las cuales se describen los asuntos de los cuales podrá despachar la secretaría que se pretende crear.
Quiero pedirles que reciban esta reserva, esta modificación a la redacción que se planteó porque nosotros estamos profundamente convencidos de que esta secretaría debe tener un marco plenamente definido en su relación con los estados y con los municipios.
Si bien es cierto que tendrá facultades de planeación y ordenamiento éstas no deben transgredir en ningún momento las facultades que le ha conferido la Constitución a los estados y a los municipios.
En este sentido quiero pedirle a la Mesa Directiva que reciba una redacción distinta, en la fracción X, nosotros consideramos que debe de versar de esta manera.
Artículo 41, fracción X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes.
Cuando el Ejecutivo federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipios la realización de acciones en esta materia con la participación de los sectores social y privado.
Igualmente en la redacción de la fracción XVII, consideramos que debe decir lo siguiente:
Artículo 41, fracción XVII: Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo hayan convenido.
De esta manera en Acción Nacional consideramos que quedan protegidas las facultades que tienen en materia de ordenamiento territorial los municipios y los gobiernos estatales.
Señor presidente, el documento que se le hizo llegar a la Mesa Directiva contempla un error que ha sido corregido en mi ponencia. Le pido que por favor me reciba este documento para que así se suscriba. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, señor. Si me lo deja en la Secretaría, si es usted tan bondadoso. Le ruego a la Secretaría, preguntar a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del señor diputado.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Víctor Serralde Martínez relativo al artículo 41, fracción X y fracción XVII. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación)...
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Don Tomás Torres, ¿con qué objeto?
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Señor presidente, para rogarle a usted, porque además así se ha estado atendiendo la votación por separado de este artículo 41, por separado lo relativo a la fracción X y la XVII.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí. Pregunte por la fracción X, por favor secretaria, si es tan bondadosa.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Víctor Serralde Martínez, relativa al artículo 41, fracción X. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la abstención (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora por favor pregunte, por la fracción XVII.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Víctor Serralde, relativa al artículo 41, fracción XVII. Diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se acepta el texto de tal suerte de que forme parte del dictamen.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica, se consulta a las diputadas y diputados si se acepta. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Señoras y señores diputados, estamos votando si se acepta. Estamos votando el fondo de esta fracción XVII del artículo 41.
Desde esta Presidencia no se observa con claridad el sentido de la votación. Le rogamos a la Secretaría repetir la votación.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación de la fracción XVII del artículo 41. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se modifica la fracción XVII del artículo 41. La diputada Yazmín Copete Zapot, tiene usted el uso de la voz para presentar su reserva.
La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Compañeras y compañeros diputados, pareciera que no tuviera sentido el venir a plantear que se sostenga el artículo 41, en virtud de que se ha votado ya la reforma al 26 y con ello la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria. Pero si esa propuesta pasa, obligaría entonces a que se mantuviera.
Voy a continuar con la segunda parte de mi intervención. El máximo órgano de interpretación constitucional en México, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pleno resolvió el pasado 14 de octubre del 2008, la controversia constitucional 66 2005 y que causó sentencia ejecutoria el primero de diciembre de 2008.
La resolución fue que los acuerdos son inconstitucionales cuando las licencias de uso del suelo las autorice el gobierno del estado y no los municipios.
No obstante esta sentencia ejecutoria del primero de diciembre del 2008, el gobierno del estado siguió autorizando las licencias de uso de suelo. ¿Cuáles licencias?
El 90 por ciento de los 352 conjuntos habitacionales construidos en los años a los que hice mención del 99 al 2011, en el periodo de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto, fueron los que emitieron acuerdos de autorización que son inconstitucionales, toda vez que las licencias de uso del suelo las autorizó el gobierno del estado de México y no los respectivos municipios de la entidad mexiquense, porque muchos de estos asentamientos humanos se construyeron en propiedad ejidal, concretamente en los ejidos de San Francisco, Santa María Tonanitla, San María Chiconautla, Santo Tomás, San Pablo y en los municipios de Tecamac y Tultitlán y sus barrios en Cuautitlán Izcalli.
No obstante se han seguido autorizando licencias indebidamente. Los beneficiarios de esos desarrollos en el estado de México son Urbi Desarrollos Urbanos, Promociones de Vivienda Integrales, Consorcios de Ingeniería Ara, Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, Comex Geo, entre otros, cometiendo el delito grave de fraccionadores porque enajenaron, vendieron y gravaron las viviendas sin tener el permiso previo para enajenar o vender esto por la instancia correspondiente.
Todo ello fue con la finalidad de difundir la publicación de los conjuntos habitacionales en comento, teniendo permisos para enajenar, permisos que no fueron dados por la autoridad responsable, no cumplieron con los términos de autorización, no promovieron prórrogas para terminar las obras de urbanización y equipamiento de las viviendas. Se les devolvieron las fianzas al 100 por ciento a favor del gobierno del estado de México, sin que terminaran de construir y entregar las obras de urbanización, con la complicidad de los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
En algunos municipios incluso no han realizado las actas de entrega total y definitiva de los citados conjuntos habitacionales, es decir, no están municipalizados. Simularon actas de entrega parciales, totales y definitivas. También simularon la supervisión de bitácoras de construcción. Ésta es la herencia que deja el actual presidente electo en el desarrollo territorial urbano que hoy nos quiere imponer a todos los mexicanos y beneficiar a los grandes desarrolladores.
Esta reforma inconstitucional que extingue a la Secretaría de la Reforma Agraria son para intereses principalmente muy particulares de sus promotores y en específico del compadre incómodo del presidente electo, y me refiero al ex candidato perdedor de la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, y ex diputado federal Felipe Henríquez, personaje que cuando fungió como secretario particular de la titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, utilizó su puesto para apoderarse de predios de propiedades ejidales. Esta afirmación no es ninguna difamación. Existen incluso medios de comunicación que lo han destacado y uno de ellos es el Reporte Índigo del pasado 30 de mayo del 2012.
Asimismo, se hace el señalamiento de que ex funcionarios de la Reforma Agraria adquirieron de manera ilícita tierras con litigios ejidales en la Isla Blanca del norte de Cancún, al poniente de Mérida, Yucatán, y en Tulum, Quintana Roo, en donde pretenden construir grandes complejos con la figura jurídica constitucional de los núcleos de población ejidal. Y así podría reseñar muchas otras cosas.
El pasado 12 de noviembre también la periodista del diario La Jornada, Angélica, hizo la publicación del reportaje titulado Holbox: el paraíso del Caribe en peligro. Y bueno, como si lo anterior no fuera poco, ha sido publicado también la compra de tierras con sobreprecio por familiares del actual gobernador de Nuevo León.
Compañeras y compañeros. Si se hubiese dado vista a la Comisión de la Reforma Agraria, esta discusión la hubiésemos hecho al seno de la comisión, pero no como se dio vista, tenemos que hacerlo aquí, en la tribuna, donde ustedes seguramente, incluso, muchos desconocen realmente cuál es el fondo de esta reforma que en un momento dado hoy nos ocupa.
Compañeras y compañeros, éste es el verdadero espíritu de los desarrolladores inmobiliarios para extinguir la Secretaría de la Reforma Agraria. Por tal motivo solicito se quede como está el artículo 41 en comento. Diputado presidente, por su tolerancia, gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputada. Por favor, pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por Yazmin Copete Zapot, relativa al artículo 41. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en términos del dictamen. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del PT, tiene uso de la voz para presentar reserva del 41.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Buenas noches a todos y a todas. Fíjense que me interesaba mucho llegar a este momento de la asamblea. Quiero compartir una reflexión. La verdad vengo sin la esperanza de que nos hagan caso en la propuesta, pero sí en reflexionar. Vale la pena la reflexión sobre este asunto.
Miren, el viejo PRI tenía cosas positivas, hay que reconocer. Creó grandes instituciones en este país, una de ellas, sin duda el ejido. Ésta fue una de las conquistas sociales más importantes de la Revolución Mexicana y se estuvo prohijando en algunos gobiernos priistas, sobre todo el del general Lázaro Cárdenas, que algunos recordamos con mucho cariño.
Sin embargo, el nuevo PRI, el nuevo PRI que es por ahí del 88, que ya hemos hablado y no quiero provocarlos ahorita, pero ustedes saben que pensamos que fue en ese acuerdo de Salinas con Acción Nacional, que provocó reacciones estructurales con reformas que hicieron en esta Cámara, todavía estábamos en el Centro Médico y en esta misma Cámara con las reformas, sobre todo al artículo 27 constitucional, que empezaron a acabar con la función social de la tierra, del suelo y ustedes saben que una minoría dimos la votación en contra, como hoy ocurre aquí, y a la larga a los años demostramos que en nuestros argumentos teníamos la razón.
Aún con todo eso, en 1992 presidía la Comisión de Asentamientos Humanos un perredista distinguido, parece que creo que acaba de renunciar, el senador Alejandro Encinas, actualmente, y él -dicen que todavía no, es la prensa mala la que anda informando- pero el asunto es que ese senador que es militante perredista distinguido, de la izquierda, era presidente de la comisión y logro un consenso inédito para la reforma a la Ley de Asentamientos Humanos.
Unos dudábamos votarlo a favor, porque aunque tenía cosas de avanzada esa ley, cosas como el asunto del ordenamiento territorial, el asunto de las conurbaciones, el asunto del hábitat se introducía como un elemento donde la vivienda y el suelo se contemplaran, hicimos el esfuerzo porque al interior del PRI había un debate, había un secretario de Desarrollo Urbano, Colosio, que quería parece ser la gobernabilidad democrática, traía otro proyecto al interior del PRI.
Obviamente ustedes saben lo que ocurrió, porque ya está hasta en película, ese proyecto de un intento de nuevo PRI murió, lo mataron, literalmente lo mataron y quedó trunco.
¿Qué pasó con esta Ley de Asentamientos Humanos a 20 años? Evidentemente las dudas que teníamos nos lo confirmaron, esta alianza maléfica para el país ha desarrollado una política que yo lo platicaba en la Comisión, en el caso concreto de mi ciudad, Xalapa, por ejemplo, pero lo vemos en la mayoría de las ciudades, salvo el Distrito Federal por algunas causas, se ha extendido la ciudad al doble, verdadero ecocidio, la densidad de población no aumenta, viviendas que ustedes las ven en sus distritos de muy mala calidad, negocios para las trasnacionales como aquí se está diciendo; la gente la verdad que se amuele, porque vive en una ilusión, como la ilusión que vive el país con esa burbuja financiera que el capital internacional está generando con esta producción privada de la vivienda.
Eso nos preocupa, porque también otras instituciones en materia de vivienda, lo he platicado con el presidente de la Comisión de Vivienda, el mismo Infonavit se está yendo hacia este tipo de producción, y nosotros vemos que esta ley ya ahora en descaro, pretende que este suelo social que todavía existe, la tierra ejidal, comunal que todavía queda, arrasen con ella en aras de lo urbano, de las necesidades de vivienda urbana, como sabemos, déficit de vivienda, pero también la que no se ocupa por las condiciones en que la economía la están dejando.
Para mí era importante decir que nosotros estamos proponiendo que este artículo desaparezca de la iniciativa, porque obviamente violenta las propias leyes de Asentamientos Humanos, pero por el fondo de lo que está ocurriendo, y ojalá de verdad, ya a estas horas del debate hubiera un acto mágico que hiciera que la mayoría instalada en este Congreso modificara, pero sabemos de nuevo que va a ser imposible, porque las consignas están dadas.
Este modelo no es un asunto de cortesía nada más de que “hay, vamos a organizar el gobierno”, en el fondo esto está más fuerte que la reforma laboral. Están aprobando modelos de administración del nuevo gobierno, donde le van a entregar el poder evidentemente a los que mandan en este país, que evidentemente no es ni el Ejecutivo, no son ustedes, no es el Legislativo, no es tampoco el Ejecutivo porque él tampoco va a mandar, él está obedeciendo a los capitales internacionales, a la mafia que está atrás, a los 30 que deciden en este país.
Sí, voy a culminar, sé que cuando digo estas cosas les duele, pero hay que decir la verdad. En este país mandan 30 personas, es el tema, y algunos funcionan nada más como verdaderos -en este caso recordando al viejo PRI- levantadedos, títeres, que cuando dicen a votar, viene la aplanadora y le siguen dando en la torre al pueblo de México.
Por desgracia, yo quisiera que sucediera la magia, cambiaran estas actitudes, pero sabemos que los que mandan ya les dieron la consigna. Es todo y muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite la propuesta de don Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por Manuel Huerta, relativa al artículo 41. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Doña Gisela Mota, tiene usted el uso de la palabra.
La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo: Gracias. Con su permiso, presidente. Nos hemos olvidado, los legisladores, del espíritu legislativo. En las repúblicas democráticas, modernas, los ciudadanos se han dotado de los instrumentos políticos que garanticen sus derechos, pero también en esencia, que garanticen la perfectibilidad de la nación.
Los fundadores del Estado mexicano, conscientes de su condición humana, sabían que todo es perfectible, incluso sus actos, por lo mismo en dichas república existe el Poder Legislativo.
Me refiero a esto, porque esta Cámara ha suprimido el debate de lo perfectible por un burocratismo supeditado a las élites económicas del país. Esta ley propuesta tiene destinatarios, beneficiarios y son éstos los grandes desarrolladores inmobiliarios del país.
Me atrevo a decir que la única manera en que pudiéramos respaldar este fortalecimiento de la Secretaría de la Reforma Agraria, es que se invirtiera la proporción de la inversión pública en el campo mexicano. Esto es, que el 70 por ciento de los recursos económicos públicos destinados al campo sean ejercidos en la propiedad social, en la figura de los ejidos y las tierras comunales, y no como ocurre actualmente, que es la inversa.
En esta tribuna, en estos tres meses de trabajo se han mencionado, en innumerables ocasiones, que el país está en riesgo de seguridad, debido a la pérdida de la soberanía alimentaria y Enrique Peña, que aun no entra en funciones, nos presenta una propuesta no para resolver esta situación sino para que se sigan construyendo casas en los ejidos del país.
Por último y quizá lo más grave, es que tratándose de la modificación de facultades a la ahora Secretaría de la Reforma Agraria, no haya sido convocada la Comisión de Reforma Agraria a las comisiones unidas que trabajaron este dictamen.
Quiero pensar que fue un error de la Mesa Directiva que no se haya turnado y no que existan razones ajenas al interés nacional, que privan en lo económico, como para que nuestra comisión haya sido excluida de la discusión.
En específico, nos oponemos a la fracción I, inciso a) del artículo 41 de la propuesta, que a la letra dice que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano impulsar la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población.
Es decir, la facultad que se le pretende otorgar a la Secretaría, con todo derecho ahora para seguir sembrando lotes para la construcción de viviendas y no de elotes de maíz, sustento principal del régimen alimentario mexicano.
Y nos oponemos no solo por oponernos, sino porque vemos que la dependencia alimentaria, como se ha mencionado reiteradamente aquí, alcanza niveles alarmantes y la falta de inyección de capital al campo mexicano es lo que lo hace improductivo. No así la falta de fertilidad sino la falta de apoyos reales al agro mexicano, lo que orilla al campesino a que decida la enajenación de su parcela o peor aun, la migración al país del norte.
¿Por qué no proponer mejor el aumento de presupuesto para que el campo mexicano sea productor de sus alimentos para los mexicanos? ¿Por qué seguir creyendo que la siembra de lotes para la construcción de viviendas nos dará un mejor país?
Pensemos en el futuro de nuestros hijos y de las generaciones venideras. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Una tenencia de la tierra pulverizada y destinada solamente a la construcción de vivienda o la siembra de parcelas solo por las transnacionales? ¿Destinos turísticos a los que solo acceden los extranjeros? O mejor el paraíso que nos fuera legado como tierra productora de una de las diversidades alimentarias más ricas del mundo, la cual debería ser base fundamental para alimentar al pueblo mexicano.
Es necesario recuperar la exposición de motivos de la creación de la reforma agraria. En ella se establecía la urgente necesidad de que los ejidatarios aprendieran a hacer la tierra más productiva y no como lo que ahora se pretende, que es sembrar casas.
Para orientar el esfuerzo del gobierno federal a la recuperación de la soberanía alimentaria, proponemos que la fracción I, inciso a) del artículo 41 sea eliminar el dictamen y se mantengan íntegras las facultades que concedían a la Secretaría de Reforma Agraria, establecidas en las fracciones II, III, IV y VII de la ley en vigor. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si admite a discusión la propuesta de la diputada.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada María Fernanda Romero Lozano...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No. Es la diputada Mota.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Perdón usted, presidente. La diputada Mota, relativo al artículo 41. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Finalmente, en el artículo 41, la diputada María Fernando Romero Lozano, fracciones X y XIII y XIX.
La diputada María Fernando Romero Lozano: Compañeras diputadas y compañeros diputados, resulta importante considerar que en el dictamen que hoy se nos presenta para su aprobación se violan diversas disposiciones constitucionales y legales. Me ocuparé únicamente lo relativo a los asentamientos humanos y desarrollo urbano.
En materia de asentamientos humanos el artículo 41, tal y como se encuentra planteado en el dictamen, viola lo dispuesto en la fracción XXIX, inciso c), del artículo 73 constitucional, el cual faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de asentamientos humanos.
De igual forma viola las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, cuyo objeto se centra en establecer la concurrencia de la federación, de las entidades federativas y de los municipios para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional, para fijar sus normas básicas, definir lo relativo a provisiones y reservas que regulen la propiedad en los centros de población y establecer las bases en la participación social en la materia, entre otros.
El artículo 6 de la propia ley establece que: Las atribuciones que en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población tiene el Estado, serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de la competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Adicionalmente el artículo 8 del mismo ordenamiento indica que las entidades federativas deberán coordinarse con la federación, con otras entidades federativas y con sus municipios para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población.
Por todo lo anterior consideramos que las fracciones X, XIII y XIX del artículo 41 de la reforma que hoy nos ocupa viola los principios fundamentales que han regido en la relación corresponsable de los tres ámbitos de gobierno en la materia.
Es por lo anterior que proponemos que en todas esas fracciones se especifique que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de nueva creación debe coordinarse con las entidades federativas y los municipios con el fin último de preservar el pacto federal y la integridad, autonomía e independencia de los estados y municipios que componen nuestra nación.
Para mantener vigente una república federal y democrática que respete decisiones y necesidades de las comunidades y municipios, debe dejarse de lado prácticas, medidas o acciones de carácter centralista o autoritarias para dar paso a la reivindicación de los ayuntamientos, los cuales deben dejar de ser un gremio de burócratas que defienden mayormente sus propios intereses o los de sus partidos políticos para convertirse en una institución en la que los ciudadanos participen directamente de las decisiones y se conviertan en la base de la vida política de las entidades federativas.
De ahí que lo relacionado con el ordenamiento territorial, rural o urbano, con la regulación de los asentamientos o poblaciones debe ser competencia de entidades federativas y ayuntamientos. Necesariamente debe contarse con la participación de estos órdenes de gobierno y de los ciudadanos que conviven en estos espacios.
Resulta indispensable que la secretaría que hoy se propone crear asuma el carácter de coordinadora de las políticas públicas, principalmente en materia de asentamientos humanos. Pretender dictar desde la federación estos lineamientos equivale a querer establecer desde la capital de la República, el lugar y las condiciones en que van a desarrollarse los centros de población, sin tomar en cuenta las características específicas de cada uno de ellos.
Hoy propongo la modificación de estas tres fracciones, con el objetivo único de preservar las facultades que las entidades federativas y los municipios tienen, principalmente en materia de distribución y ordenamiento territorial de los centros de población, de los programas para el suelo urbano y la preservación de las reservas territoriales, de los programas de vivienda y desarrollo urbano y metropolitano y de los programas especiales de desarrollo regional e inversiones. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea, si se admite a discusión la propuesta de la diputada.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta relativa al artículo 41, en sus fracciones X, XIII y XIX. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos el dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pasamos al artículo 44. Don José Arturo Salinas Garza, del PAN.
El diputado José Arturo Salinas Garza: Con su permiso, diputado presidente; diputadas y diputados. Saludo también, aprovecho, a todos los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con quien hemos venido trabajando estas reservas que hemos presentado el día de hoy.
Acción Nacional siempre ha demostrado su vocación a favor de la transparencia y combate a la corrupción. Creemos que es muy necesario impulsar instrumentos eficaces que promuevan la responsabilidad en el ejercicio de gobierno y también puedan combatir de manera eficaz este mal endémico que es la corrupción y que hemos vivido por muchos años. Los mexicanos y las mexicanas perciben que la corrupción es una de las principales debilidades y problemas que tiene el sistema político mexicano.
Acción Nacional no puede entregar un cheque en blanco al gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, sobre todo en un tema tan relevante como es éste, bajo una simple promesa de crear una Comisión Nacional Anticorrupción cuya dictaminación es futura, incierta y se encuentra en este momento en la Cámara de Senadores.
Además la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y la creación de las unidades de auditoría preventiva, como se han propuesto en este dictamen, rompen con el sistema de control, vigilancia, fiscalización que actualmente se encuentra vigente y, sobre todo, no considera la independencia y la autonomía que debe de tener una autoridad fiscalizadora respecto a la entidad fiscalizada.
A mayor abundamiento, la falta de autonomía e independencia de las unidades de auditoría preventiva de las dependencias y de las entidades de la administración pública federal, no es consecuente con las convenciones internacionales anticorrupción que ha suscrito el gobierno de México.
Creo que a todos nos cabe la duda razonable de cuál es la intención atrás de esta iniciativa de que quien audita dependa orgánicamente del auditado. En esta virtud, se corre un riesgo de que el sistema de control gubernamental se debilite, máxime si se considera que conforme al esquema propuesto, la Secretaría de Hacienda, como autoridad coordinadora de dicho sistema, no contaría con facultades de fiscalización que permitan realizar auditorías para asegurar que los sistemas de control interno de las instituciones públicas, efectivamente funcionen.
En conclusión, con esta modificación al artículo 44 se debilita el Sistema de Control y Fiscalización de la Administración Pública Federal al establecer una dependencia jerárquica y funcional en las Unidades de Auditoría Preventiva con respecto al ente auditado.
Asimismo para dar viabilidad jurídica al esquema de reestructura propuesto que requiere reformas simultáneas, al menos, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Por último, esta iniciativa pretende conferir atribuciones a la Secretaría de Hacienda para determinar competencias para la propia dependencia y para las Unidades de Auditoría Preventiva, lo cual no resulta procedente desde el punto de vista jurídico.
Por todo lo anterior, compañeras y compañeros diputados, debe el artículo 44 de esta Ley Orgánica de la Administración Pública Federal quedar como actualmente está, es decir, derogado, como lo es desde el 4 de diciembre de 1997. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado José Arturo Salinas Garza, relativa al artículo 44. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, señor presidente. Mi participación es en relación a la reserva al dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en específico el artículo 44.
Todos los diputados que tuvimos la oportunidad de recorrer nuestro distrito y poder conversar y recoger las opiniones de la comunidad, una de las más importantes es el tema de la transparencia y del otro lado el tema de la corrupción.
Una de las propuestas que marca Peña Nieto dijo que sería la transparencia. Lo que observamos, a través de la modificación de este artículo, es que no corresponde lo que se dice a lo que se hace.
En este dictamen se menciona que se les va a dar a las instituciones la facultad de que puedan ellos mismos elegir a sus propios auditores, es decir, van a tener la facultad de hacerse las auditorías a la medida, como es el caso que ha ocurrido en varios estados de la república y municipios. Tenemos el caso de Coahuila, tenemos el caso de Cuernavaca y tenemos el caso de Acapulco, en donde las auditorías municipales determinan una cosa, la auditoría que hace el estado determina otra y la auditoría que determine la Auditoría Superior de la Federación será distinta.
Les vamos a dar la oportunidad a los secretarios, a todas las secretarías, que ellos mismos determinen quién será su auditor y solamente le tendrá que decir: si te hace falta algún recurso que no fue justificado, acomódalo a la medida de tal manera que podamos salir adelante. Entonces tendremos auditores pagados por la misma secretaría.
Por el contrario, qué es lo que se propone. Que aquí intervenga la Auditoría Superior de la Federación y que ella seleccione, como dice en sus artículos. En el artículo 22 y lo especifica también en el artículo 1º del artículo 14, fracción I, que la Auditoría Superior de la Federación tiene la facultad de poder enviar a los auditores o despachos especializados, pero tienen que ser separados de la dependencia, no seleccionados por el secretario de Estado.
Aquí es muy importante que si queremos evitar la corrupción tenemos que darle transparencia a esta ley para que se puedan hacer las auditorías y no sea ni el mismo municipio ni el mismo secretario el que se mande hacer su propia auditoría.
Dejemos las facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que ella realice estos actos de supervisión del recurso que es del pueblo. La transparencia tiene que rendir los frutos que la sociedad nos está pidiendo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano relativa al artículo 44.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En sus términos. Doña Loretta Ortiz Ahlf, del PT. La última reserva al artículo 44 y luego tenemos varias reservas en relación con los transitorios.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia, compañeras, compañeros diputados.
La reserva que hoy vengo a presentar con relación al artículo 44 se enmarca dentro de una, precisamente, eliminación del dictamen que se presenta hoy. Las razones de fondo ya se expresaron; sería no solamente ser contrario a la transparencia, a la anticorrupción, sino violar también un capítulo importante de la Constitución Política de los Estados Unidos de México, que es precisamente todo lo relativo a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, porque este capítulo va a pasar a ser letra muerta.
Si las auditorías preventivas y las antiguas contralorías no van a tener más que un control, precisamente van a ser juez y parte por parte de la Secretaría de Gobernación, entonces van a pasar como en el caso de todo lo relativo a derechos humanos, dulces palabras y sueños.
Desde el punto de vista técnico, proponemos también la eliminación del artículo 44, porque nos parece incongruente con el transitorio décimo tercero, que establece: en tanto se expide el Reglamento que hace referencia al artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las unidades de auditoría preventiva tendrán las facultades que establecen actualmente diversas leyes para los órganos internos de control.
Sin embargo, en el propio artículo 44, no se prevé ninguno de esos cuatro párrafos, la expedición de ningún reglamento. En consecuencia, si este artículo 44 supedita su vigencia a la expedición de un reglamento como lo prevé el transitorio décimo tercero, este artículo 44 no tendría por qué existir. En todo caso se tendría que precisar en alguno de los cuatro párrafos la existencia de dicho reglamento. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite la propuesta de la diputada.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Loretta Ortiz Ahlf, relativa al artículo 44. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En sus términos. Señoras y señores diputados, vamos a proceder al tercer transitorio con doña Aleida Alavez.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita diputada federal del Grupo Parlamentario del PRD, propongo modificar el párrafo tercero del artículo tercero transitorio bajo las siguientes consideraciones.
La división de poderes es uno de los principios fundamentales de la democracia, nuestra Carta Magna establece de manera concreta las facultades y obligaciones de cada uno de ellos.
Una de las facultades que compete exclusivamente a esta Cámara de Diputados, es la de discutir, aprobar y fiscalizar el gasto público. La Cámara de Diputados, depositaria de la representatividad de la sociedad mexicana, tiene en sus manos la determinación del uso de los recursos públicos para participar en el desarrollo del país. No obstante, el dictamen que hoy se presenta diluye los contrapesos legislativos de fiscalización de los recursos públicos al hacer de lado al Congreso en su función de determinación del gasto de las instituciones del país.
En el párrafo tercero del artículo tercero transitorio del presente decreto, se pretende otorgar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de dictar los lineamientos generales para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales a las dependencias que así lo requieran por lo dispuesto en ese decreto, sin que medie vista alguna de la Cámara de Diputados.
Este acto por parte del Ejecutivo federal sustituye de facto la facultad exclusiva que tiene esta Cámara para determinar sobre el destino del gasto público. No debemos renunciar a esta facultad. Éste es un llamado muy sentido a la responsabilidad que nos impone el texto constitucional.
Tenemos el mandato legal y ciudadano, debemos estar atentos a que estas transferencias se den con transparencia y claridad, por lo que resulta preponderante que se informe a este órgano legislativo los lineamientos que seguirán para dar cauce a esta reforma administrativa. No permitiremos que se relaje ni se determine de manera caprichosa el erario, sino con estricto apego a lo que ordena la Constitución de la república.
Por lo anteriormente expuesto, propongo la modificación en el párrafo tercero del artículo 3 transitorio de este dictamen, para quedar como sigue:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá dictar los lineamientos y disposiciones de carácter general que estime necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales y la debida ejecución de lo dispuesto en este artículo, debiendo informar de manera inmediata a la Cámara de Diputados la expedición de dichas normas. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, doña Aleida. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de doña Aleida.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Aleida Alavez Ruiz, relativa al artículo tercero transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En sus términos. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, va a presentar sus reservas al cuarto, quinto y séptimo transitorios. Si quiere usar su tiempo para los tres será un privilegio escucharlo.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Era muy importante, en algún lugar de la Cámara espero se encuentre el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, porque yo me he subido a la tribuna con la intención de convencerlo a él de la bondad de lo que vamos a proponer aquí.
Tengo la esperanza, necesito que tengan tolerancia y se dejen ayudar con esta propuesta, porque ya están a punto de consumar un grave daño a la nación, pero desde ayer se los he estado diciendo en las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública, que nuestras intervenciones, aunque a algunos les duele mucho por las verdades que a veces decimos, y lo comprendemos, no son asuntos personales con ninguno de ustedes, sí están creando, con estas prisas legislativas, severos problemas, severos problemas para la propia administración pública.
De verdad, es con ese ánimo esta propuesta. Pueden ocurrir dos cosas, que en la soberbia de cara a la nación sigan la ruta de la imposición y tarde que temprano van a tener estos problemas. Sabemos que en su cultura no les puede interesar mucho, ahí están casos como los de Montiel y otros que hicieron destrozos en sus gobiernos, y personajes muy queridos de ustedes, omisos, sumisos, les enderezan la plana.
Y la otra expectativa es que de veras reaccionaran, que ocurriera el milagro y que dieran muestras de una voluntad de querer escuchar, comprender y tratar de enmendar a algunos de los problemas en los que se meten.
También aprovecho para decirles que era importante dar este debate, la nación se tiene que enterar dónde están las posiciones políticas de cada fracción parlamentaria, esto es enriquecedor, no es masoquismo, no es sadismo.
Es penoso que no se haya dado el debate de mejor manera, pero por mi parte yo con esto concluyo el debate de esta ley, y está en sus manos la decisión que vayan a tomar. Miren, estoy nada más proponiendo una adición al cuarto transitorio, es lo único, y por eso me estoy dando mi tiempo, piénsenlo bien, reflexiónenlo, no se sulfuren, traten de poner un poquito de neuronas en lo que van a escuchar y traten de votar en conciencia, pero se lo dirijo a Manlio porque sabemos que él mueve a su fracción y si no está aquí, a lo mejor no da la línea bien y quién sabe qué vayan a hacer.
Miren, la adición es un tercer párrafo al cuarto transitorio. Lo dejo aquí en la Mesa para que posteriormente lo lean y la argumentación es la que se necesita escuchar.
Desde el punto de vista jurídico-formal existe un conjunto de principios que en el orden técnico-jurídico hacen que unas disposiciones se subordinen a otras. Que la producción normativa de un órgano prime sobre la de otro.
Que unas puedan dejar sin vigor a otras anteriores y que puedan existir leyes generales junto a leyes específicas para ciertas circunstancias e instituciones que permitan regularla de forma diferenciada. Y aun así, ambas tengan valor jurídico y fuerza obligatoria.
A través de las disposiciones transitorias de los artículos cuarto, quinto y séptimo, se pretende ordenar la afectación de otras leyes por la desaparición de las Secretarías de Seguridad y Función Pública y la reasignación de sus atribuciones y estructuras administrativas.
Para ilustrar el tema, cito el párrafo segundo del artículo cuarto transitorio que determina lo siguiente, miren ustedes lo que propone: las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición respecto de las secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este decreto, se entenderán referidas a las dependencias que respectivamente adquieran tales funciones.
Respecto de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que determine, en su caso, si las mismas corresponden a esta última dependencia o a las unidades de auditoría preventiva. Acaba la cita.
Ello no es suficiente para atender el señalamiento de las dependencias que desaparecen y seguirán registradas en leyes generales o particulares, como es el caso de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se registra que la Secretaría de Seguridad Pública es integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública, o bien, el registro de la Secretaría de la Función Pública en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Señor presidente, usted me autorizó a ejercer mi tiempo con calma para desahogar la propuesta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Está desahogando las tres?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí. Lamento mucho que el presidente no esté atento a la asamblea pero lo informé. Entonces, tengo el tiempo suficiente para el trámite. Muchas gracias y qué bueno que ya estamos despertando.
Leyes que en lo particular deberán ser reformadas para realizar las adecuaciones correspondientes, en atención a lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la Constitución general, que determina que en la interpretación, reforma o derogación de leyes o decretos se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.
Por lo que atendiendo al principio de la consistencia interna que debe observarse en un ordenamiento jurídico, para tener una correcta coordinación, pues la vinculación de las normas del sistema jurídico garantiza que las relaciones sean reguladas de una forma uniforme, dotando de estabilidad al sistema. Por tanto, se propone adicionar un tercer párrafo al artículo cuarto transitorio en los siguientes términos.
Se adicione: El titular del Poder Ejecutivo federal deberá presentar las reformas correspondientes a las leyes generales o particulares afectadas por la asignación de nuevas funciones derivadas de este decreto en un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Eso es todo.
Miren, si no va a ocurrir lo que decía el diputado Monreal, aparte de que están violando la Constitución y son sujetos a reclamos judiciales van a tener un severo broncón administrativo, porque evidentemente ya con las reformas que hicieron al no hacerlo bien, al nada más seguir la consigna y la prisa del queda bien, del que nada más obedece sin pensar, pues no están dejando oportunidad a que puedan resolverse.
Es como los que están chiflando. Esos que están chiflando, que ya les urge irse porque tienen dudas de que quién sabe qué esté pasando en su casa, o no sé, o no están dispuestos a cumplir con el cometido que les encomendaron sus electores. Y por eso estamos como estamos, por estas cuestiones que ustedes no tienen la voluntad, el ánimo.
Un amigo me dijo: bueno, cabe la posibilidad de que es tan importante y puedes despertar la inquietud, y quieren corregir, quieren enmendar, pues aprueben el párrafo. El otro dijo: no, estás soñando, estos no reaccionan. Si no les dan línea no van a componer las cosas y este país va a continuar.
Está en sus manos la decisión, y por eso ojalá –por el bien cuando menos la parte administrativa– hagan bien las cosas. Y si no pues ya el pueblo se los estará reclamando. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, pregunte la Secretaría a la asamblea si las propuestas de don Manuel Huerta Ladrón de Guevara son de aceptarse a discusión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión las propuestas presentadas por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, relativa al cuarto transitorio, quinto transitorio y séptimo transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don Ricardo Monreal tiene usted el uso de la voz para presentar reserva al undécimo transitorio.
La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. ¿Con qué objeto, diputada Copete? Sonido con la diputada Copete. Sonido con la diputada Yazmin Copete. Adelante.
La diputada Jazmin de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): Diputado presidente, en virtud de que prevalece el espíritu impositivo y que lo que se propone en beneficio, por supuesto de la administración pública que tenemos los mejores deseos por supuesto, para que los mexicanos puedan salir del atraso en que se encuentran, por lo menos 60 millones de pobres, pero aquí vemos que hay cerrazón y, en consecuencia, ya no tiene caso estar pasando a tribuna para convalidar toda esta situación.
Qué bueno como lo podrán ustedes observar, prefieren que el pueblo de México que votó por la oposición siga como está, sin ser escuchado. Estamos a la vieja usanza donde no nos ven ni nos oyen.
Por ello, su servidora, declina la participación con relación al artículo decimo séptimo transitorio, y bueno el premio seguramente será bueno para los bien portados. Gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El decimo séptimo transitorio queda en sus términos. Adelante, diputado, disculpe la interrupción.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: ¿No podría reconsiderar diputada, para que me diera ese tiempo en lugar de declinar? Está por concluir un ejercicio donde se impuso, se impone una mayoría mecánica. La premura, la irreflexión, la ausencia de debate, el monólogo es la única característica que priva en la asamblea. Un ejercicio más de ofensas, un ejercicio vacio y agresión a los ciudadanos.
Se suprime una secretaría, se convierte en subsecretaría, se da paso a una vicepresidencia política con facultades plenipotenciarias y desmedidas, que desnaturalizan la función pública; que por cierto la seguridad pública en ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia puede ser considerada seguridad interior. Escuché aquí algunas confusiones semánticas.
Y ahora estamos dando paso a esa subsecretaría política, estamos reviviendo la vieja policía política, el estado gendarme, el estado represor y totalitario. Es engañoso el discurso de que no se otorgarán cheques en blanco, y votan en favor. Es contradictorio y afirmar que es regresiva la reforma, y votan en favor. Es falso alegar el principio de la división de Poderes y someterse incondicionalmente al Ejecutivo.
Al reservar este undécimo transitorio, presidente y legisladores, me hace recordar la historia de la Secretaría de la Función Pública. De 1982 al 2012, en muchos años, casi 20 años –más de 20 años-, 30 años, generó sanciones económicas a funcionarios por 75 mil millones de pesos, pero quien cobra éstas es el SAT y sólo se cobraron 93 millones de pesos.
A los dos últimos funcionarios de Ferronales los sancionaron con mil 874millones de pesos cada uno. La Secretaría de la Función Pública los encubrió. Fue más grave que el Pemexgate.
La Secretaría de la Función Pública tenía la obligación de ver que se cobrara y sancionara el SAT, pero no sucedió nada, se encubrió. La Secretaría de la Función Pública presentó denuncias penales en la PGR y ninguna prosperó. Todos los asuntos de la Secretaría de la Función Pública, todos los asuntos, terminaron en la impunidad.
Cambiar de nombre a la Secretaría de la Secretaría de la Función Pública no sirve de nada. Seguir con el tema de sanciones económicas a funcionarios corruptos que no se cobran, sólo simulan combatir la corrupción. Seguir con denuncia contra servidores públicos corruptos que la PGR encubre, no sirve de nada.
En la iniciativa y en el dictamen no saben qué es auditoría y qué es control interno. Antes la Secretaría de la Función Pública nombraba a los contralores. Ahora serán los titulares de las dependencias quienes nombrarán a sus contralores. Existe un conflicto de intereses.
La ACFE y el IFAI turnan los asuntos a la Secretaría de la Función Pública y hasta ahora no han prosperado. Nosotros hemos insistido en un Tribunal de Cuentas autónomo. Hasta ahora no ha sido posible.
Quiero pedirle, presidente, plasme un documento que señalé y que preparé, que establece la reserva al dictamen de este undécimo transitorio, que a mí me parece de la mayor importancia y que requeriría la menor cortesía de ustedes en escucharlo.
Miren, la reforma plantea que ahora los órganos de control interno de las secretarías y de las dependencias, los nombren los propios secretarios, como está actualmente la ley lo nombra la Secretaría de la Función Pública.
Esto es una regresión, quieran o no, porque quién de los funcionarios que tenga la Auditoría Preventiva se va a atrever a enfrentarse a su jefe que es el que decide a quién poner. Sí es una regresión.
Es como en los municipios y en los estados. En muchos de los municipios del país el contralor del municipio resulta ser el que propone el partido de segunda o primera minoría, casi en todos los municipios.
Ahora es tan sencillo como que el presidente municipal también pueda proponer al contralor. Por esa razón nosotros proponemos en este undécimo transitorio, que pueda la Auditoría Superior de la Federación, designar a los titulares de las Unidades de Auditoría Preventiva, dentro de los 90 días siguientes.
Señor presidente, sé que están muy cansados, avisen en sus casas que aquí están, pero déjenme decirles por último, presidente, que es lamentable que no haya debate; es un monólogo miserable, de verdad.
Por qué en el PRI teniendo más de 200 diputados y diputadas no se atreven a subir a debatir, no se atreven a argumentar, no se atreven a defender lo que están votando. Es complicidad, es un silencio verdaderamente lamentable.
Por cierto ya he descubierto a uno de los que chiflan, es el diputado satélite, de San Luis Potosí, que por cierto tiene una historia que algún día se las voy a contar.
Pero qué lástima porque miren, me formé en una organización campesina, en la CNC, sí me formé en el PRI, nunca lo he negado, por cierto y tengo amigos todavía en el PRI, que guardo desde entonces, así es de que para mí no es una vergüenza haber pasado por ahí.
El pecado político de haber votado en el PRI, hoy me parece que es un pecado político seguir en el PRI frente a las circunstancias que en el país existen. Pero a mí no me avergüenza eso, tengo muchos amigos ahí.
Pero les decía que me da mucha pena y mucha tristeza que la gente de la CNC que estimo y respeto, sea la que grite. ¿Por qué no viene a defender? Porque no son así los campesinos, yo soy de origen campesino y estos son líderes corruptos que abusan del poder, que abusan de sus agremiados y ojalá vinieran a debatir. ¿Qué pierden? Debatan de frente a la nación, frente a sus electores.
¿Qué les van a decir a todos los diputados ahora en sus distritos? ¿Qué les van a decir? ¿Por qué no subieron, por qué defendieron? Van a hacer conferencias de prensa, se las van a pagar los gobernadores del PRI, van a hacer grandes cosas, grandes cartelones, grandes desplegados de que fue lo mejor para el país. Pero no son capaces de venir aquí a debatir, a argumentar, a razonar y a convencer. Nosotros al menos tenemos esa dignidad y decoro y no vamos a descansar. No nos vamos a cansar, no vamos a declinar hasta que este país sea transformado profundamente.
Muchas gracias, presidente, ésta es mi última intervención y le reitero mi reconocimiento por su tolerancia, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, señor. Ábrase el sistema electrónico de votación. Vamos a votar los artículos 41, con la modificación de la fracción VII, 44 y los transitorios. Con qué objeto, diputado Orihuela.
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Presidente, quiero hacer una moción de hechos y hacerle un llamado a nuestra compañera Yazmín, a la diputada Yazmín Zapot para que no renuncie no sólo a su derecho sino a su obligación de tomar la palabra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya declinó.
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Ya declinó, pero estoy haciendo una moción porque es lamentable, compañeros, que nos quiera ganar en esta discusión el silencio. Es lamentable que nos quiera ganar...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya lo escuchamos, diputado.
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Permítame porque esto va a sentar un precedente grave en esta Cámara de Diputados, compañeros. No podemos permitir que la sordera acabe con esta discusión. Nosotros no nos vamos a cansar de estarles...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos a efecto de recabar votación nominal de los artículos a los que he hecho mención.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos mencionados por el presidente: 44, Tercero transitorio, Cuarto transitorio, Quinto transitorio, Séptimo transitorio, Décimo transitorio, Décimo Séptimo transitorio...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y aparte estamos votando el 41 con la modificación aceptada a la fracción XVII.
(Votación)
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recuerda a las señoras diputadas y señores diputados, que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo para la votación. Una vez cerrado el sistema, no se aceptará ningún voto.
El diputado José Arturo López Cándido (desde la curul): En contra.
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): En contra.
(Votación)
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente 293 votos a favor; 94 votos en contra, cero abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (21:01 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 27 de noviembre de 2012, a las 11:00 horas, y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30. Muchas gracias.
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