Comunicaciones
De la Secretaría de Cultura del GDF, con invitación a ceremonia cívica
De la Cámara de Senadores, con exhorto sobre el PEF 2013
De la Secretaría de Gobernación, con diversos asuntos
Del Banco de México, con informe sobre política monetaria
Del Instituto Mexicano del Seguro Social, con informe del segundo trimestre de 2012
De la Secretaría de Hacienda, con informes de endeudamiento y de donaciones
Del Congreso del Estado de Querétaro, con solicitud de recursos en el PEF 2013
Agenda política
Comentarios relativos a la conmemoración del 2 de octubre, Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco en 1968
Orden de participación de los grupos parlamentarios
René Ricardo Fujiwara Montelongo, Nueva Alianza
Alfonso Durazo Montaño, Movimiento Ciudadano
Federico José González Luna Bueno, PVEM
Amalia Dolores García Medina, PRD
José Alfredo Botello Montes, PAN
María de la Paloma Villaseñor Vargas, PRI
Minuto de silencio en memoria de los caídos el 2 de octubre de 1968
Comentarios relativos a la transversalidad de las políticas medioambientales
María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, PVEM
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, PT
Ricardo Mejía Berdeja, Movimiento Ciudadano
María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, PAN
Iniciativas de diputadas y de diputados
Carol Antonio Altamirano, del PRD
Lucila Garfias Gutiérrez, Nueva Alianza
Ricardo Monreal Ávila, Movimiento Ciudadano
Cristina Olvera Barrios, Nueva Alianza
Felipe Arturo Camarena García, PVEM
José Antonio Hurtado Gallegos, Movimiento Ciudadano
María del Rocío Corona Nakamura, PRI
Martín Alonso Heredia Lizárraga, PAN
Francisca Elena Corrales Corrales, PRI
Proposiciones de diputadas y de diputados
Francisco Pelayo Covarrubias, PAN, relativa a la exportación del tomate
Harvey Gutiérrez Álvarez, PRI, relativo a la actualización del ILCE
Uriel Flores Aguayo, PRD, relativo a los desastres naturales en Xalapa, Veracruz
Turno a las proposiciones no presentadas en tribuna
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 340 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (11:17 horas): Ya son 350 y sí hay quórum. Se abre la sesión.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se informa a la asamblea que todos los asuntos turnados a comisiones durante esta sesión, se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo en tanto se integran las comisiones.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Continúe
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica conmemorativa del 204 aniversario luctuoso de Francisco Primeo de Verdad y Ramos, el jueves 4 de octubre a las 10:00 horas.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes diputados: diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, diputado Hugo Sandoval Martínez y diputado Roberto López Suárez.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Oficio de la Cámara de Senadores que remite acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, otorgue un aumento del 15 por ciento a los recursos asignados al Centro Nacional de Trasplantes.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación los siguientes asuntos.
Uno. Solicitud de permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticos e informa de los que han dejado de prestar servicios.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En lo que se refiere el permiso, túrnese a la Comisión de Gobernación.
Por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, comuníquese a las Comisiones de Gobernación de ambas Cámaras.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab: Dos. Por el que comunica que el ciudadano Jorge Triana Tena, cumplirá las funciones como representante suplente de la Presidencia del Comité Técnico del Fideicomiso 10230 Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Informes del Banco de México sobre la ejecución de la política monetaria del primer semestre de 2012 y sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso, de conformidad con lo que establece el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio del Instituto Mexicano del Seguro con el que remite informe correspondiente al segundo trimestre de 2012, sobre la composición y la situación financiera de las inversiones del Instituto.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los que remite:
1. La información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de agosto de 2012.
2. El Reporte de donatarias autorizadas correspondientes a 2012, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Acuerdo del Congreso del estado de Querétaro para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, se considere un aumento en el rubro relativo al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos a la conmemoración del 2 de octubre, Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco en 1968.
Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo; Alfonso Durazo Montaño; Ricardo Cantú Garza; Federico José González Luna Bueno; Amalia Dolores García Medina; José Alfredo Botello Montes y Paloma Villaseñor Vargas.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En consecuencia tiene la palabra el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y diputados, el 68 es una herida que partió en dos la historia de nuestro país. Los viejos esquemas se cayeron y rasgaron el velo de la omnipotencia presidencial.
La realidad de un Estado acostumbrado a no recibir preguntas chocó contra una juventud educada para hacerlas. El autoritarismo se atragantó de utopía al no soportar marchas silenciosas, y la cerrazón se topó con la protesta creativa.
A 44 años del derramamiento de sangre más vergonzoso de nuestra historia, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza pugna para que reconozcamos la lucha de la generación del 68 en la construcción democrática de México.
Los movimientos sociales explotan cuando la legitimidad se separa de la legalidad, y así sucedió en 1968, la relativa tranquilidad económica fortaleció en la clase media en las ciudades del país, lo cual creó una prioridad social inusitada, misma que requería de una pluralidad en la participación política. El gobierno no lo entendió así.
Es de esta disociación que surgen las primeras inconformidades en el semillero. En octubre de 1966, Everardo Rodríguez Orbe, es asesinado en una marcha de Morelia, y la reacción estudiantil causa muchos muertos y presos políticos.
En el 67 se concede ciudadanía a los de 18 años para poder encarcelar a los jóvenes antes. Ya en 1968 el rector de la UNAM de la época, Javier Barros Sierra, encabeza la llamada marcha del rector con 80 mil personas que marchan por la ciudad de México, y en agosto sucede la manifestación de los héroes y toma del Zócalo a la que asistieron más de 400 mil personas.
Claramente existía un rompimiento entre la realidad social y la realidad política del país. Por primera vez un movimiento social fue liderado por sectores que no podían ser descalificados oficialmente, estudiantes jóvenes y maestros unidos por la libertad de expresión, por la educación y por el derecho a disentir de su gobierno.
Lamentablemente el Estado utilizó la tipificación del delito de disolución social como pretexto para pagar con violencia innecesaria muchos de estos movimientos, y esto ocasionó que la flama se incendiara más hasta que se desbordó en los lamentables hechos que ya todos conocemos.
El dolor de la sangre manchó las entrañas de nuestro México, es a partir de esa herida y de la incapacidad del Estado para procesar las demandas sociales legítimas, que el status quo se rompió. La lucha democrática de la generación de 68 logró establecer una forma de dialogar distinta con los gobernantes. Hoy sabemos que la solución de los conflictos nunca se debe hacer a través de las armas y la represión, sino sólo a través del diálogo.
Fueron tales los efectos de la lucha de 68 que a los presos políticos ya no se les acusó del delito de disolución social, y finalmente éste fue derogado en 1971. Los resultados sociales se vieron reflejados hasta los 80, cuando la sociedad civil organizada reencontró la fraternidad en la tragedia y se organizó políticamente.
Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza recordamos con tristeza los sucesos del 2 de octubre de 1968, creemos en su testimonio que persiste y creemos también en la generación de hoy, que deberá de unirse por encima de sus diferencias para construir un México nuevo.
Los jóvenes de la generación de 68 sentaron con su lucha las bases para la libertad social en el siglo XX y con ello del desarrollo de la sociedad civil y de la democracia electoral. Los jóvenes de hoy tenemos la responsabilidad de hacer de México la nación moderna y justa que el siglo XXI demanda.
Retomemos con vehemencia las lecciones de una generación de jóvenes que ya no existe y luchemos para que ningún otro poeta tenga que volver a escribir líneas como las de José Emilio Pacheco: El llanto se extiende, gotean las lágrimas ahí en Tlatelolco, porque ese día hicieron una de las mayores crueldades que sobre los desventurados mexicanos se han hecho en esta tierra.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañeros legisladores.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, señor diputado.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Señor presidente, compañeras y compañeros diputados, voy a anticipar su comprensión porque voy a leer mi discurso utilizando una tecnología nueva, un ipad, así es que espero no estar sujeto a alguna trampa de la tecnología.
Recordamos hoy 44 años de aquella tarde amarga que se convertiría en un parteaguas histórico. Recordamos hoy aquella lucha de miles de jóvenes mexicanos, cuya demanda de libertad y democracia fue ahogada en sangre por la irresponsabilidad histórica de un gobierno represor. Mientras en la plaza se levantaba cuerpos acribillados y se detenía a jóvenes por el sólo hecho de serlo, desde los medios de comunicación, se procedía a su aniquilación simbólica.
Pareciera que habláramos no de hace más de 4 décadas, sino de un tiempo más próximo, pero la historia de la tragedia de Tlatelolco no fue escrita, afortunadamente, por los vencedores, abajo, ahí donde suele transcurrir la realidad que el poder no quiere todavía contemplar, se fueron abriendo paso los testigos y sus testimonios.
Se fueron imponiendo los hechos sobre las invenciones y la versión que terminó por trascender en la historia, fue la de ellos. La de los vencidos, los agraviados, los torturados, los desaparecidos y los asesinados.
Quede ello como una lección para quienes entonces ahora y en cualquier tiempo piensan que es posible sustentar al ejercicio del poder público en la represión y en la manipulación de la realidad.
Hubo quienes entonces se convencieron, desde el partido en el poder, de que el régimen político podía seguir funcionando con una tímida apertura de puertas para evitar su toma por asalto.
Suponiendo que la gente olvidaría, conservaron intocados sus territorios esenciales. Suponiendo que la sangre no quedaría grabada en la memoria colectiva, se mantuvieron inamovibles los enclaves de fondo del control político.
Sin embargo, la sociedad se puso en movimiento, sindicatos, organizaciones campesinas, guerrillas, partidos, nuevos medios críticos de comunicación y expresiones culturales libertarias desfondaron entonces la inmovilidad del viejo régimen.
Se rompieron así las aristas más agudas del presidencialismo mexicano. Los logros en el avance democrático del país no han sido concesión generosa del gobierno, y lo que falta por hacer tampoco lo será.
Del cruento derramamiento de sangre en Tlatelolco surgió una sociedad que a pesar de resistencias y obstáculos continúa luchando hasta el día de hoy por los mismos objetivos de libertad y democracia, equidad y bienestar de 1968.
Hoy como entonces son claros los síntomas de descomposición institucional del sistema político mexicano. A 44 años de distancia, ahí están la corrupción, la cerrazón institucional, los millones de pobres, la desigualdad y los poderes fácticos al mando de las poleas y palancas del Estado.
Ahí están la violencia y el cansancio de una sociedad defraudada por la clase política dominante. La feroz concentración mediática, las elecciones donde cuentan más los pesos que los votos, las decisiones del gobierno sin consenso social, la impunidad que tan dramáticamente simboliza la Guardería ABC, la aprobación, al vapor, de iniciativas que modifican al mundo laboral sin que los trabajadores en la calle sepan de qué se trata.
A 44 años de la caída de los jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas, les diremos que vamos por el camino correcto. Frente a esas crudas realidades el poder político sigue el itinerario de 1968, la autocomplacencia, la sordera, la ceguera. El resultado es el encono, el aumento de las tensiones sociales y el divorcio evidente entre gobierno y gobernados, que hoy recorre a todas nuestras estructuras políticas.
La Plaza de las Tres Culturas merece, por el bien de la memoria de todos, la erección de un monumento para perpetuar en nuestro tiempo y en el porvenir no solo ese punto de inflexión en nuestra historia reciente sino, sobre todo, para recordar que el camino del autoritarismo político entonces y siempre es y será un callejón sin salida.
Termino recordando a quienes murieron el 2 de octubre de 1968 con las palabras de José Alvarado: Había belleza y luz en las almas de los muchachos muertos. Querían hacer de México morada de justicia y verdad; la libertad, el pan y el alfabeto para los oprimidos y olvidados. Un país libre de la miseria y el engaño, y ahora son fisiologías interrumpidas dentro de pieles ultrajadas. Algún día habrá una lámpara votiva en memoria de todos ellos. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En uso de la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeros legisladores, hace 44 años se verificó en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco una matanza de estudiantes que no tiene parangón en nuestra historia.
Lo único que se demandaba en esa época era la libertad de los presos políticos y ampliación de los cauces democráticos; sin embargo, la cerrazón gubernamental del régimen de Gustavo Díaz Ordaz se negó a cualquier intento de negociación. En lugar de la palabra para construir acuerdos hubo oídos sordos, la violencia y el asesinato en contra de los estudiantes.
A 44 años de esos sucesos debemos reflexionar qué tanto ha cambiado nuestro país en materia democrática, aunque finalmente al entonces llamado principio de autoridad hoy se le denomina aplicación de una mayoría, pero donde a final de cuentas no se escucha, no se dialoga, no se negocia y finalmente hacen lo que se les viene en gana.
La gran enseñanza que debemos, todos, tomar de los sangrientos sucesos de Tlatelolco es el de reivindicar el diálogo y la negociación política como instrumento fundamental en la búsqueda de consensos.
No es con el uso de la fuerza, como hace 44 años, ni con la imposición de las mayorías, como ocurrió este viernes y sábado en la aprobación de la reforma laboral, como se construye la solución de los grandes problemas del país.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reconoce el aporte de los cientos de miles de jóvenes estudiantes, trabajadores del campo y la ciudad, y mujeres, que con sus movilizaciones lograron concientizar a la ciudadanía de la necesidad de superar el autoritarismo priista de aquella época.
Debemos reconocer que 12 años de alternancia en el gobierno fueron un desperdicio en la transformación democrática de México, en estos 12 años no se desmanteló el entramado institucional del autoritarismo priista del antiguo régimen.
La rebelión estudiantil que inició desde julio del 68, que culminó con la represión del 2 de octubre de ese año, coincidió con otros movimientos igualmente importantes en otras partes del mundo, como el de la Primavera de Praga y la Revolución de Mayo en Paris, que detonaron el despertar de la sociedad civil para protestar contra el autoritarismo de los gobiernos.
Los estudiantes siempre se pronunciaron por el diálogo, prueba de ello es que presentaron el pliego petitorio de sus seis puntos en el que exigían la libertad de los presos políticos, destitución de los generales Luis Cueto y Raúl Mendiolea, la desaparición del cuerpo de granaderos, la derogación del Código Penal Federal del Delito de Disolución Social en aquellos sucesos.
Como una forma de silenciar el movimiento y de tener su difusión y crecimiento, el gobierno de Díaz Ordaz contó con la publicidad de los medios masivos de comunicación, cuyos propietarios fueron premiados por el gobierno, por su mutismo ante el genocidio, el control de la producción del papel y de la publicidad que mantenía el Estado mexicano, coadyuvó en el ominoso y cobarde silencio de los medios de comunicación.
A 44 años del movimiento, un puñado de oligarcas que se adueñaron de la nación se han enriquecido hasta la saciedad al amparo de la política gubernamental que contenía manteniendo bajo férreo control a la sociedad. Desterrar el neoliberalismo significa romper con la cultura criminal del individualismo y con los valores del mercado para imponer una cultura basada en la responsabilidad colectiva y la solidaridad.
A 44 años de la matanza del 2 de octubre, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su solidaridad con aquellos que fueron víctimas de violencia. Hoy, 44 años después, los recordamos con respeto y aprecio y reconocemos que la mejor forma de rendirles homenaje es luchando por las mejores causas del pueblo de México; 2 de octubre no se olvida.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En el uso de palabra el diputado Federico José González Luna Bueno.
El diputado Federico José González Luna Bueno: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, nadie pudo imaginar que lo que inició como un pleito callejero frente a la preparatoria Isaac Ochoterena habría de desembocar en uno de los movimientos sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX mexicano.
Ante el ingreso a las instalaciones del cuerpo de granaderos para detener los disturbios causados, muchos jóvenes alumnos se sintieron violentados en su autonomía y exigieron a las autoridades que este tipo de agresiones no se repitieran. Las marchas, movilizaciones y manifestaciones comenzaron a realizarse con mayor frecuencia y mayor concurrencia, los estudiantes indignados lanzaron un manifiesto de seis puntos y formaron el Consejo Nacional de Huelga.
El gobierno cometió el grave error de no comprender las demandas de los estudiantes y prefirió verlas como un reto a la autoridad exclusivamente e intentó imponerse por la fuerza. El 13 de septiembre se llevó a cabo una de las más importantes manifestaciones de todos los tiempos en México, la llamada Marcha del silencio; a lo largo de todo el Paseo de la Reforma caminaron estudiantes, maestros, organizaciones populares, sociedad civil y, en general, todo aquel que se quisiera incorporar sin pronunciar una sola palabra, donde el único sonido era el de los pasos hacia el Zócalo.
El mitin del 2 de octubre se desarrollaba en un ambiente de fiesta; después de dos semanas la angustia y la incertidumbre producidas por la represión empezaban a disminuir y de nuevo se abrían perspectivas claras para el futuro; sin embargo para las 18:00 horas se notó que avanzaban tropas sobre el mitin, la señal la dieron dos luces de bengala verdes disparadas desde un helicóptero, durante las próximas dos horas habría disparos, gritos, ametralladoras, muerte, terror, represión, violencia. En unos cuantos minutos la explanada estuvo totalmente vacía y solamente se veían decenas de muertos y heridos. De ahí siguieron historias interminables de violencia, sangre, muerte e injusticia.
El 2 de octubre es uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de México. Aún se desconoce la cifra exacta de los muertos y heridos. Tres años más tarde la escritora Elena Poniatowska en su libro La Noche de Tlatelolco, publicó la entrevista de una madre que buscó entre los cadáveres a su hijo y reveló que por lo menos había contado 65 cadáveres en un solo lugar.
A 44 años de esta tragedia, y gracias a la lucha heroica de muchos jóvenes, el país ha evolucionado para bien. El diálogo ahora forma parte de todos los gobiernos sin importar si son federales, estatales o municipales. Los mexicanos hemos aprendido a conocer y a reconocer a los represores.
El Movimiento del 68 forma parte de una línea perfectamente reconocible de la historia de la lucha por la democracia en nuestro país; línea que pasa por Fray Servando, por el doctor Mora, por el Constituyente del 57, por Madero, por Gómez Morín, por Reyes Heroles; por muchos luchadores desde la izquierda; por Octavio Paz y por tantos otros mexicanos que en el fondo y desde su solitaria, silenciosa y patriótica trinchera, se han propuesto hacernos ver a todos los mexicanos la necesidad de construir un México democrático capaz de dialogar y discutir, de respetar las opiniones divergentes de los otros, porque en buena medida la lucha del 68, una lucha por la democracia.
Después de la noche de aquél triste día, los mexicanos empezamos a entender que nos faltaban formas y espacios para resolver nuestras diferencias; que por la forma como habían ocurrido las cosas, se hacía evidente la necesidad de cambiar las cosas. Estas carencias y necesidades de espacio social, fueron entendidas por la sociedad toda, gobierno incluido.
El Movimiento del 68 sembró la idea de la necesidad de cambiar; que no se detendría hasta alcanzar una realidad diferente para todos. No podríamos entender los espacios, el diálogo y la tolerancia que hoy vivimos los mexicanos sin el Movimiento Estudiantil de ese año.
Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna de la patria y en el fondo debemos estar agradecidos con esos jóvenes valientes, idealistas, contradictorios y apasionados.
Por ello desde esta alta tribuna hacemos, siempre debemos hacerlo, un llamado a todo gobierno al diálogo respetuoso, al respeto a la libertad de expresión, a tener como política pública primordial el respeto a los derechos humanos, el respeto al otro.
A más de cuatro décadas de la masacre de Tlatelolco, esta fecha no se olvida. Si bien es una fecha triste, cruenta, trágica, también es una fecha de fiesta de la democracia, del respeto, del diálogo y de la tolerancia porque esta fecha sigue viva, no solamente por la crueldad y la significación de los acontecimientos, sino principalmente por la vitalidad y la fuerza de esa lucha y porque aún es necesario seguir luchando, quizás para siempre, para hacer plena realidad los frutos de sus ideales. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En uso de la palabra la diputada Amalia Dolores García Medina.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Con su venia, señor presidente.
La oscuridad engendra la violencia
y la violencia pide oscuridad
para cuajar el crimen.
Por eso el dos de octubre aguardó hasta la noche
para que nadie viera la mano que empuñaba
el arma, sino sólo su efecto de relámpago.
¿Y a esa luz breve y lívida, quién? ¿Quién es el que mata?
¿Quiénes los que agonizan, los que mueren?
¿Los que huyen sin zapatos?
¿Los que van a caer al foso de una cárcel?
¿Los que se pudren en el hospital?
¿Los que se quedan mudos para siempre, de espanto?
¿Quién, quiénes? Nadie. Al día siguiente nadie.
La plaza amaneció barrida; los periódicos
dieron como noticia principal
el estado del tiempo.
Y en la televisión, en la radio, en el cine
no hubo ningún cambio de programa,
ningún anuncio intercalado, ni un
minuto de silencio en el banquete.
(Pues prosiguió el banquete).
No busques lo que no hay: huellas, cadáveres
que todo se le ha dado como una ofrenda a una diosa,
a la Devoradora de Excrementos.
No hurgues en los archivos pues nada consta en actas.
Más he aquí que tocó una llaga: es mi memoria.
Duele, luego es verdad. Sangre con sangre
y si la llamo mía, traiciono a todos.
Recuerdo, recordamos.
Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca
sobre tantas conciencias mancilladas,
sobre un texto iracundo sobre una reja abierta,
sobre el rostro amparado tras la máscara.
Recuerdo, recordemos.
hasta que la justicia se siente entre nosotros.
Es Rosario Castellanos, en un poema sobre la masacre en Tlatelolco el 2 de octubre. ¿Qué fue lo que sucedió en el mundo en 1968? Fue una ola de movimientos antiautoritarios que recorrieron el planeta, estuvieron presentes en Francia, estuvieron presentes en Polonia, estuvieron presentes en China, estuvieron presentes en México. Aquí, igual que en el resto, movimientos antiautoritarios. Aquí en nuestro país en contra de un presidencialismo despótico y un sistema de partido casi único que no permitía la expresión de la diversidad y la pluralidad.
¿Qué fue lo que pasó después del 2 de octubre? Después del 2 de octubre, después de la masacre vino la persecución; los presos políticos, los desaparecidos, pero como dijeron los jóvenes de Praga en Checoslovaquia, que fueron arrollados por las tropas, yo aquí recojo nuevamente ese pensamiento: pueden cortar todas las flores, pero no pueden impedir que regrese la primavera.
Y el movimiento civil y ciudadano de nuestro país mantuvo su lucha desde la cárcel, desde la oposición y, finalmente se abrió paso una reforma política que empezó a reconocer el pluripartidismo, la diversidad, lo que realmente constituye a la nación en sus múltiples expresiones políticas.
Hoy que se ha aceptado y reconocido en el Congreso de la Unión que se eleve a media asta la bandera, en realidad es el reconocimiento del Estado mexicano de lo que no debe ser, y sin embargo, aún con los avances, hay que decirlo hoy porque la mejor manera de recordar a quienes fueron masacrados, es recordar, hay que decir que existe un riesgo de retroceso en nuestro país. Ahí están nuevamente los jóvenes, el Movimiento Yo Soy 132, reclamando por todo lo que falta por hacer.
Ahí están en el planeta expresándose millones de hombres y de mujeres a través de los indignados señalando que otro mundo es posible, y como le dijeron los jóvenes de 1968: hoy lo que corresponde, es decir, seamos realistas, pidamos lo imposible y lo imposible es que en México exista democracia plena, que exista libertad completa, que exista justicia.
Pero es también pertinente advertir que los avances no son de una vez y para siempre, y que puede haber retrocesos. Ahí está, por ejemplo, un intento de disminuir la pluralidad política en los congresos de los estados y en el Congreso de la Unión, con un planteamiento populista de que no deberían ser tantos diputados y tantos senadores, sino que deberían ser menos.
Yo advierto que eso es disminuir la representación y la pluralidad política de la nación. Ahí está el control de los medios de comunicación acallando la democracia y la libertad, por eso el mejor homenaje a aquellos que lucharon por un México mejor en 1968 es no olvidar y seguir la lucha por un México justo, libertario y democrático. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En el uso de la palabra el diputado José Alfredo Botello Montes.
El diputado José Alfredo Botello Montes: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, 44 años han pasado desde aquel 2 de octubre de 68, en donde la brutalidad sustituyó el diálogo entre los mexicanos. No exageramos al afirmar que por lo menos durante cuatro décadas hemos discutido en tribunas parlamentarias estos acontecimientos que muy probablemente seguirán discutiéndose y serán materia de reflexión y debate durante muchos años más.
Desde el origen del Movimiento Estudiantil en 1968 fue el PAN quien planteó que como una única herramienta de la política para resolver el conflicto estudiantil era el camino del diálogo, entendiéndolo como la confrontación de ideas y de argumentos para encontrar soluciones que tengan como finalidad la ampliación de las libertades democráticas y el bienestar de la nación.
El miércoles 2 de octubre de 68 la violencia sustituyó a las palabras, y la esperanza fue sustituida por la desconfianza, el rencor, la persecución y la intolerancia. El viejo régimen priísta, para esos momentos mostrando ya rasgos de un fuerte agotamiento, fue incapaz de abrir las puertas de la democracia. Lamentablemente la Cámara de Diputados como tal también mantuvo una actitud incorrecta, dominada por el partido de Estado se sometía incondicionalmente al presidencialismo autoritario, arrodillando así al Poder Legislativo.
Sin embargo, las voces de nuestros compañeros panistas sonaron fuerte, no en defensa de una supuesta anarquía o conjura del comunismo, como acusaban en aquellos tiempos muchos medios de comunicación; no, las voces dignas, gallardas y valientes de los diputados panistas se alzaron en defensa de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional en defensa de la democracia, de nuestros estudiantes y de sus familias.
En la tribuna de la Cámara de Diputados los entonces diputados, Manuel González Hinojosa; Gerardo Medina y José Ángel Conchello, así como don Rafael Preciado Hernández, hicieron valer estos argumentos a favor de un México con mayores libertades y en defensa de la universidad y condenando los abusos del régimen de Díaz Ordaz.
Conocedores y respetuosos siempre de la autonomía universitaria, los dirigentes juveniles del PAN estuvieron presentes en el campus universitario dialogando con estudiantes y profesores, exponiendo nuestros puntos de vista.
En 1968, los acontecimientos de Tlatelolco estuvieron precedidos por la violación a la autonomía de la UNAM, aquel tristemente célebre 18 de septiembre, en que el Ejército mexicano entró al campus de la Ciudad Universitaria y por la violenta toma de las instalaciones académicas del Instituto Politécnico Nacional, en particular recordamos aquella batalla en que se enfrentaron, por más de 4 horas, el Ejército y granaderos con estudiantes de esa institución, en la llamada Batalla del Casco de Santo Tomás, el 26 de septiembre, seis días antes del genocidio de Tlatelolco.
Como en décadas anteriores, el viejo régimen priista mostró su faceta represiva y ejerció el control absoluto de la mayoría de los medios de comunicaciones, para que criminalizar a los estudiantes mexicanos.
Sin lugar a dudas, que existen muchos puntos aún por aclarar y por discutirse, pero lo que es un reconocimiento unánime, es que este Movimiento del 68 es un parteaguas histórico, trascendental en la vida nacional, cuyos frutos pueden verse 44 años después.
En octubre de 1993, en un emotivo evento, el Consejo universitario de la Universidad Autónoma de México expresó públicamente que reconocía el papel histórico, el valor y el compromiso de la generación de mujeres y hombres que en 1968 se manifestaron a favor de la libertad, el respeto a la autonomía universitaria y la plena vigencia de los derechos sociales en México y que la contribución de este Movimiento fue determinante para el proceso democratizador de México.
En ese momento, nuestro partido expresó una amplia coincidencia con el Consejo universitario de la UNAM, ya que siempre hemos concebido el Movimiento Estudiantil del 68 como una parte fundamental de la democratización de nuestro país.
En ese momento miles de estudiantes salieron a expresar su descontento en contra de un sistema injusto, antidemocrático, corporativo y autoritario. Tuvieron que pasar 32 años para que se viejo régimen diera paso a la transición y consolidación de la democracia en este país.
Desde nuestro punto, el mejor homenaje que podemos ofrecer a los hombres y mujeres que participaron en ese movimiento social, a quienes les fue arrebatada la vida y la esperanza, es esforzándonos por consolidar el régimen de democracia plena, iniciada en el año 2000. A 44 años cabe preguntarnos si nuestro país es más democrático que el de 1968.
En nuestro partido sostenemos que los saldos son positivos. Hemos aprendido que este país nunca más debe sufrir una barbarie como la que hace 44 años sucedió en Tlatelolco, la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, ejecutada por el gobierno priista, encabezado por Gustavo Díaz Ordaz es un episodio ominoso de la vida nacional.
Señoras y señores, el PAN hace votos porque jamás se vuelvan a propiciar condiciones que repitan un episodio de atropello, de dolor y de muerte, y estamos empeñados en que México tenga un presente y un futuro luminoso con un régimen de amplia y total democracia. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra la diputada Paloma Villaseñor Vargas.
La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas: Con su venia, señor presidente. Amigas diputadas, amigos diputados, a 44 años de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, ésta es la primera ocasión en que se conmemora oficialmente la fecha como un día de luto nacional.
El 8 de noviembre del año pasado esta Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que se modificó la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que establece que este día deberá izarse la bandera nacional a media asta, en conmemoración de los caídos en la lucha por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en 1968.
Se refrendó así la iniciativa aprobada por el Senado de la República, a propuesta de senador Pablo Gómez Álvarez, líder estudiantil participante del movimiento de aquellos años.
Es un acto de justicia y de memoria histórica y un signo de los nuevos tiempos que vivimos los mexicanos. Tiempos de pluralidad, tolerancia, respeto a las diferencias y también de un firme compromiso con la democracia y con el ejercicio pleno de los derechos y libertades ciudadanas.
Por eso, también es una fecha propicia para mirarnos en el espejo de aquellos años y reflexionar sobre las realidades democráticas del México de hoy, tan distinto y a la vez tan vinculado a las experiencias de entonces.
Diálogo, justicia y democracia pedían los jóvenes del 68 en sus intensas movilizaciones en la ciudad de México, centro neurálgico de la actividad del país. Fueron eventos que todos lamentamos. Hoy nuestro México tiene que ser distinto.
Y mal haríamos si sólo volteamos la mirada hacia atrás, porque corremos el riesgo de quedarnos petrificados.
Los jóvenes del 68 querían para su tiempo lo que hoy afortunadamente gozamos como sociedad y es responsabilidad de todos mantener vigente.
Hoy debemos escuchar en mayor medida a nuestra juventud. Honrar a los caídos en 68 significa actuar en la arena pública bajo las reglas y los principios que rigen nuestra vida democrática y que a todos nos igualan, pero también que a todos nos obligan.
Hemos aprendido las lecciones de la historia. Diálogo y tolerancia, respeto a los diferentes, acatamiento a la voluntad de la mayoría son las claves de la democracia. Es lo que la sociedad mexicana exige hoy de todos quienes somos representantes populares. El pueblo de México ha sabido darse instituciones que día con día las quiere mejores, más eficaces, confiables, productivas, aplicadas en la búsqueda de soluciones a los problemas del país y no perdidas en la mezquindad de intereses de facción o de grupo.
A lo largo de estos años la sociedad mexicana ha sabido evolucionar y es cada vez más informada, crítica y exigente; conoce el valor de su voto y no otorga concesiones perpetuas; exige responsabilidad de los gobernantes y de los actores políticos; quiere respuestas y soluciones viables.
Aun con las imperfecciones de toda obra humana, las instituciones democráticas que los mexicanos hemos sabido construir son el único camino viable, legítimo y seguro para lograr las transformaciones que aún nos faltan para llegar a ser una sociedad más justa y con menos desigualdades sociales.
Nuestra democracia debe ser una democracia de resultados para lograr una sociedad justa, en la que la inmensa mayoría de las mexicanas y los mexicanos cuente con satisfactores que le propicien una vida plena, con disfrute cabal de sus derechos y de sus libertades.
La sociedad aspira gobiernos que cumplan, que brinden seguridad, que actúen con apego a la ley y que combatan cualquier práctica de corrupción. Nadie puede estar al margen de este compromiso. La realidad nos pide a todos actuar con responsabilidad para lograr construir el México próspero, libre y democrático con el que soñó la juventud de 1968 y que espera la juventud actual.
Apegarnos a los valores y prácticas democráticas; cumplir con nuestras responsabilidades de cara a la nación; no cejar en el empeño por lograr una vida plena, segura, en paz y en libertad para las mexicanas y los mexicanos es el mejor homenaje, compañeros, que podemos rendir a los caídos del 2 de octubre de 1968. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Esta Presidencia quiere solicitar a esta asamblea que se pueda hacer un minuto de silencio en memoria de los hechos sucedidos.
(Minuto de silencio)
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El siguiente punto del orden del día son comentarios relativos a la transversalidad de las políticas medioambientales y lo plantea el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Es la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito.
La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito: Con su permiso, diputado presidente.
La naturaleza está impresa en los ojos de todos, en la sabiduría, en la experiencia y en la conciencia. Somos cada uno de nosotros naturaleza pura, nos desafiemos hoy a entenderla, a mirarla de cerca y a cambiar nuestro mundo a través del respeto por ella.
Honorable asamblea, la transversalidad de las políticas públicas ambientales se encuentra sustentada en el artículo 25 de la Constitución al conferir al Estado la rectoría del desarrollo nacional y mandatar que éste sea integral y sustentable. Justo en esta sustentabilidad encontramos la variable ambiental en todos los rubros que se vean inmiscuidos con el desarrollo del país.
Atendiendo a esta correlación entre la ecología y otros aspectos fundamentales de la vida social el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno saliente estableció que para alcanzar el desarrollo las dependencias de administración pública federal, los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión debían coordinarse e integrar esfuerzos para diseñar políticas relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable del medio ambiente y los recursos naturales.
Debemos reconocer que lo anterior fue un acierto del Ejecutivo federal, ya que de ello derivó que se desarrollara una estrategia de vinculación de la variable ambiental en las políticas públicas para el desarrollo humano sustentable.
Esta estrategia tuvo como objetivo que las dependencias de la administración pública federal incorporaran criterios ambientales en todos sus programas, y se hizo acompañar de una agenda en la que se fijaron metas específicas dentro de 28 dependencias federales en función de nueve temas prioritarios de carácter ambiental, entre los que destacan: cambio climático, ordenamiento ecológico y gestión integral ambiental, entre otros.
No obstante, las políticas públicas y programas específicos que se han desarrollado al amparo de esta estrategia tienen metas a mediano plazo. Sin embargo, de todos es sabido que, los beneficios de una agenda tan corta no permiten impulsar el desarrollo del país ni mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
Por lo anterior, debemos concertar esfuerzos para fortalecer una agenda transversal en el ámbito federal en la que efectivamente participen los tres Poderes de la Unión y los tres órganos de gobierno.
La estrategia que actualmente desarrolla el gobierno federal sólo ha logrado incorporar en los trabajos a 17 entidades federativas, dentro de las cuales destaca la ausencia de Veracruz y Quintana Roo, las cuales albergan una parte importantísima de nuestra biodiversidad y riqueza natural.
Esta agenda de vinculación puede ser concebida desde el Legislativo, mediante reformas legales que permitan a nuestro nuevo presidente desarrollarla e implementarla no sólo planteando metas a mediano plazo, sino también a largo plazo.
La recientemente aprobada Ley General de Cambio Climático considera el desarrollo de una estrategia de esta naturaleza para enfrentar los efectos del cambio climático, mediante políticas y acciones en materia de vulnerabilidad, adaptación y mitigación. No podemos seguir desperdiciando recursos de esa manera ni concibiendo a los órganos de gobierno como entes extraños uno del otro, la coordinación y transversalidad son un tema fundamental en el desarrollo y planeación de una nación.
Debemos reconocer que existen rubros que aunque originalmente corresponden al país pueden y deben de ser descentralizados para no solo fomentar las buenas prácticas y coordinación, sino también el federalismo que caracteriza a nuestro Estado.
Debemos impulsar el desarrollo de capital humano e infraestructura en las entidades federativas y en los municipios sobre temas torales, ya que la federación no puede seguir haciéndose cargo ni concentrando atribuciones cuando no tiene la capacidad ni estructural ni humana para atenderlos.
El Presupuesto de Egresos y una reforma fiscal podrían ser un paso importante para la implementación de esta medida de vinculación, ya que al igual que muchos de mis compañeros que han subido a esta tribuna en ésta y en otras legislaturas coincido en que el fortalecimiento económico de las instituciones y los órganos de gobierno son fundamentales para hacer efectiva la aplicación de una política pública con la consecuente retribución de resultados positivos.
Regresemos a los Estados un poco del dinero con el que contribuyen dentro del erario público y los recursos que aquí se aprueban, la nación nos lo demanda y las entidades federativas lo requieren, impulsemos una agenda transversal en temas de medioambiente para así garantizar la sustentabilidad del desarrollo y no comprometer los recursos naturales de la nación para las generaciones futuras.
Recuerden, una nación que depreda sus recursos está condenada a permanecer siempre en el subdesarrollo. Por ello los exhorto a que generemos las condiciones que la inversión requiere y que la sociedad necesita para una mejor calidad de vida. Por ello debemos lograr una correcta coordinación y, en su caso, homologación de ciertos procesos; pero para ello debemos institucionalizar su diseño e implementación, así como crear los mecanismos e instrumentos legales y económicos que se requiera, ya sea en la federación, estados o municipios.
Hay un libro abierto siempre para todos: La naturaleza. Lo hagamos nuestro; es nuestra responsabilidad. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara en el uso de la palabra.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con el permiso de la Presidencia; compañeros diputados y compañeras diputadas, la transversalidad de las políticas públicas en el discurso político es un medio adecuado para posturas ecológicas light, carentes de compromiso real con la protección del ambiente.
Ante el estado que guarda el ambiente en distintas regiones del país, se nos exige un compromiso mayor y actos de congruencia. Me siento obligado a subir a la tribuna.
Tuve la oportunidad de ser secretario de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente en la LV Legislatura y alertamos de toda esta política ambiental que se generó desde entonces, de cómo iba a ser nociva para todos los mexicanos y mexicanas, agravado por la firma del Tratado de Libre Comercio y, a la vuelta de los años, no nos queda más que observar que teníamos la razón –desgraciadamente- por todos los daños al medio y sobre todo a las vidas humanas.
Ya más en épocas recientes, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se estableció una agenda de transversalidad de políticas públicas que determinaba la coordinación de los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión, con el objeto de coordinarse e integrar esfuerzos para diseñar políticas relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable del ambiente y los recursos naturales.
Políticas de transversalidad que desconocen los habitantes de la comunidad guerrerense del Carrizalillo, lugar en el cual desde 2007 la mega empresa Gold Corp renta miles de hectáreas para explotar a cielo abierto el yacimiento de oro, los filos del Bermejal, cuyos predios quedarán inservibles, además de los daños que ocasiona en la salud de los habitantes ocasionando la muerte de varios de ellos.
Situación similar se presenta en el municipio de Siltepec, Chiapas, en donde la comunidad Campo Aéreo, enclavada entre cañadas y montañas –dentro de la sierra de Chiapas–, es testigo de la explotación minera a cielo abierto.
Los ejidatarios han identificado que la maquinaria de los cargueros pertenece a la constructora de un ingeniero Silva, pero están convencidos que se trata de la empresa canadiense Black Fair.
Siltepec es frontera con Guatemala, donde a pocos kilómetros ya operan grandes proyectos mineros en Tacana y Zacapa. Los habitantes originarios saben amenazada la riqueza del agua y los bosques aunque las autoridades hacen como que protegen el ambiente.
Esperemos que el nuevo gobernador, atendiendo al corte ecologista que dice él que le precede, asuma su corresponsabilidad en este problema que atenta contra el ambiente y la seguridad de los pobladores originarios del estado.
Ésta es la realidad con la que funciona la supuesta coordinación de la administración pública federal, estatal y municipal, al igual que otras áreas reguladas por el Estado se encuentran contaminadas de corrupción e impunidad.
En el municipio de San José del Progreso, la mina de oro y plata Cuzcatlán, propiedad de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines Incorporation, que por sus actividades extractivas necesita una cantidad enorme de agua que quedará saturada con químicos tóxicos que podrían contaminar los mantos freáticos de toda la región.
Ante esta realidad la protesta de los pobladores que participan en la Coordinadora de Pueblos Unidas del Valle de Ocotlán, del municipio de San José del Progreso, Oaxaca, son objeto de presiones por autoridades municipales y estatales.
Podría seguir hablando el caso de la minera Caballo Blanco, en el estado de Veracruz y un sinnúmero de ejemplos, pero nos bastan con estos botones de muestra.
Una política ambiental transversal eficiente, debe de ser implementada a través de instrumentos de información y rendición de cuentas.
Las concesiones otorgadas en este caso a las mineras transnacionales, debe de ser garantizado con acciones que reintegren y reparen a las comunidades sus derechos vulnerados y que observen las normas ambientales.
Nos sumamos a la propuesta de revisar y construir políticas ambientales que no sólo determinen la coordinación de las autoridades, sino además determinen la responsabilidad en los casos que se ha actuado ilegalmente y se ha dañado el ambiente.
Señoras y señores legisladores, la efectiva transversalidad de una política ambiental comprometida con el futuro de nuestro país, exige combatir la corrupción en áreas económicas en las que existen intereses reales que se sustentan en el lucro exagerado a costa de todos.
No podemos ni debemos permitir seguir medrando con el deterioro del medio ambiente. Ello exige congruencia política y ética. No sólo hacen falta proclamas en esta tribuna, son necesarias acciones de vigilancia, denuncia, seguimiento y evaluación por parte de este Poder Legislativo.
En ello estaremos cuando se dé la discusión del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2013 y cuando presentemos en días próximos reformas para la forma de elaborar y seguir al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018.
Para mí por eso era importante subir a la tribuna y dejar en claro la posición del Partido del Trabajo y que seguramente compañeros del Frente Legislativo de Izquierda comparten.
No basta poner un tucán en un logo partidario para defender al ambiente y hay que reconocer que lo que ocurre hoy, no es nada más de un sexenio, ha sido parte de una política económica que se aplica, como hemos sostenido aquí, desde hace 30 años y en eso hay una complicidad y responsabilidad de actores políticos que esperemos que en congruencia rectifiquen y sean consecuentes con sus discursos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero Presidente. En Movimiento Ciudadano estamos de acuerdo con que la política medioambiental sea transversal y que tenga que ver con las diferentes dependencias y secretarías de la administración pública federal.
Incluso que sea parte también de las políticas de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales.
Pero no podemos hacer a un lado el origen de esta propuesta de incluir el tema en la agenda política. Este tema fue propuesto por el grupo parlamentario del Partido Verde y nos parece que dados los tiempos políticos no se puede soslayar que pareciera que es parte de un mensaje político que se quiere mandar a Peña Nieto para que se les incluya en las diferentes dependencias del gobierno federal.
Nos parece que esta postura es parte del regateo y de la disputa de posiciones políticas al interior de la coalición que impuso a Peña Nieto.
Ayer se le pagó favores al Panal, que aunque no fue aliado formal, lo fue en los hechos. Y hoy el Verde manda un mensaje a Peña Nieto. Estamos en contra de que el discurso ambientalista sirva como coartada para proteger intereses mercantiles, estamos en contra de que se defienda a la ecología y simultáneamente se hagan apologías de la pena de muerte.
Nosotros creemos que la política medioambiental no puede ser solamente propaganda, sino que se tiene que actuar en congruencia. Y por esa razón creemos que parte decisiva de que la política medioambiental progresista sustentable que el país requiere, sí atraviesa por la transversalidad, pero atraviesa también por la congruencia.
En Movimiento Ciudadano creemos que dada la importancia de urgencia en tema ambiental es urgente actuar de manera inmediata. No basta que se incluya como en el plan nacional de desarrollo vigente, esta decisión o que la Ley General de Equilibrio Ecológico así lo disponga, se requieren hechos porque el apremio del medio ambiente y del deterioro que se vive en nuestro país en la materia, genera un problema de política pública fundamental y que se debe atender.
Por eso nosotros estamos a favor de esta transversalidad, pero no podemos dejar a un lado cuál es el propósito final de esta propuesta. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En el uso de la palabra el diputado Rodrigo González Barrios.
El diputado Rodrigo González Barrios: Con su permiso, diputado presidente. Evidentemente que el Partido de la Revolución Democrática comparte la coordinación entre las diferentes instancias de gobierno a efecto de hacer más efectiva lo que tiene que ver con las políticas del medio ambiente, eso evidentemente lo compartimos, y una vez que queden integradas las comisiones correspondientes, daremos prueba y daremos muestra de ello.
Pero miren, tenemos una serie de problemas en esta parte que seguramente una vez que pasen estos meses de aquí a diciembre, con estos temas de la coyuntura y después lo del presupuesto, seguramente habrá temas que volverán a ser temas centrales en la agenda de esta Legislatura.
Hay más de 14 estados de la república que tienen problemas de agua. Tenemos déficit de agua y seguramente se tendrá que producir agua para resolver la problemática de agua que se tiene y no la vamos a poder traer de Marte, nos va a salir muy caro, aunque ya hayan encontrado supuestamente agua en Marte, y además tenemos que conservar este planeta, porque si no lo conservamos nos sale más caro rentar otro, si es que hubiera.
Ya nos sale muy caro llevar agua de una cuenca a otra cuenca, tenemos aquí lo que está sucediendo en el Distrito Federal, pero más reciente; el costo de trasladar agua de donde existe a donde no existe, está el ejemplo del acueducto Independencia, en el estado de Sonora, 2 mil 700 millones de pesos, seguramente en estos días, antes de que salga Felipe Calderón de la Presidencia de la República será inaugurado, el costo económico alto, 130 kilómetros para un acueducto de un metro con 40 centímetros de diámetro, varios miles de millones de metros cúbicos de agua para llevar de la presa El Novillo, Plutarco Elías Calles, a Hermosillo, casi un millón de habitantes. El costo, 2 mil 700 millones de pesos, así se inició, se comenta que pueda terminar en cerca de 3 mil 500 millones de pesos.
El presupuesto para el sector de la agricultura que produce granos, que exporta fundamentalmente en Sinaloa, en Sonora y en Tamaulipas, alrededor de algunos 300 mil productores, nos dicen los asesores, es de cerca de 10 mil millones de pesos.
A las zonas indígenas, donde hay cerca de 11 millones de indígenas, apenas les llega un presupuesto de 10 mil millones de pesos. No queremos obviamente que se les quiten recursos a esos grandes agricultores de Sinaloa y de Sonora o de Tamaulipas, pero al menos sí queremos emparejarnos en las zonas indígenas, que también haya suficientes recursos.
Vamos a tener que meternos a políticas públicas que tengan que producir agua. En el caso de Sonora los niveles de precipitación son como de alrededor de 800 milímetros de agua anuales, es muy difícil levantar el bosque. Seguramente la recuperación de un bosque allá puede durar hasta 40 años, no es lo mismo en zonas como en Chiapas, donde la recuperación de una selva, cuando mucho en 20 años ya tenemos selvas muy altas.
Necesitamos meterle recursos a las zonas productoras de agua. Donde más se produce agua en Sonora, que es precisamente lo que surte de agua a la presa de El Novillo, son 800 milímetros de agua anuales, y es una zona indígena.
Yo escuché con atención la propuesta que hizo la diputada Lourdes Adriana, del Partido Verde, hace algunos días, a efecto de que se canalicen recursos a las cuencas. Creo que se tendrá que hacer lo mismo para que en el cobro de derechos del agua que se va a llevar de la presa El Novillo a Hermosillo haya recursos también para esa zona indígena, que es donde se produce el agua, aunque el agua nazca abajo.
Yo creo que es importante cambiar un poco la política, se tendrán que meter recursos a esas zonas, y yo creo que es importante que una vez que se instalen las diferentes comisiones ahí nos pongamos de acuerdo, porque también al PRD le queda claro que tendremos que buscar acuerdos para este tipo de políticas públicas.
Compartiendo entonces la coordinación entre las diferentes instancias para que se haga efectiva una política medioambiental, nos parece también que habremos de distribuir de mejor manera los recursos también a favor, sin quitarles a los grandes productores de granos y de exportación, pero sí dándoles también a las zonas indígenas y a los indígenas, que son 11 millones de ellos en este país y están en las zonas donde se produce el agua. Muchas gracias, ciudadanas y ciudadanos diputados.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En el turno, la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez.
La diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, los legisladores de Acción Nacional estamos convencidos de que la transformación económica y social exija el respeto al medio ambiente, por lo que en los principios que rigen a nuestro partido en la plataforma electoral y en la agenda legislativa, lo hemos considerado como un tema fundamental.
Esa decisión no fue al azar, pues la problemática que aqueja al medio ambiente tiene graves repercusiones en los ecosistemas, así como en la salud y en bienestar de los mexicanos, de ahí la importancia de que todos asumamos la responsabilidad de trabajar a favor de su conservación.
En este sentido, nuestra Carta Magna y las leyes secundarias establecen las bases para preservar el equilibrio ecológico y los recursos naturales, como es la flora, fauna, suelo, agua y aire. Asimismo, señalan los temas concurrentes entre la federación, entidades federativas y municipios.
Sin embargo, esto no ha sido suficiente, pues cada vez son más graves los problemas ambientales a los que nos enfrentamos. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales rebasan fronteras y trascienden en el tiempo, complicando aún más la protección de los ecosistemas, el uso sustentable de los recursos, la dimensión de los impactos por las actividades antropogénicas, la mitigación y la adaptación del cambio climático, y la prevención y control de contaminación.
Esto exige que se implanten políticas transversales, que deriven en una oportuna conservación del medio ambiente, asegurando la subsistencia y bienestar de las especies en su entorno natural, siendo solidario con las generaciones presentes, futuras, y haciendo efectiva la protección integral de los ecosistemas.
El Plan de Desarrollo 2006-212 establece uno de los ejes transversales, la sustentabilidad ambiental, que se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, y establece el reto de poner en práctica las medidas necesarias para que todos los proyectos, particularmente los de la infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con la protección del ambiente.
Para alcanzar este objetivo es necesario que las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, los diferentes órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión, conjuntemos esfuerzos para diseñar y ejecutar políticas de conservación del medio ambiente.
Ésta no es una tarea exclusiva de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sino que es sector público, privado. Debemos incorporar criterios ambientales en todos nuestros programas y acciones específicas.
La atención e inclusión de la variable ambiental en todas las políticas públicas, se percibe como una gran oportunidad para alcanzar crecimiento y desarrollo, sin que sean consideradas con un costo adicional en los análisis de rentabilidad de proyectos.
Existen temas prioritarios en los que debemos concentrar los mayores esfuerzos, tales como el cambio climático, ordenamiento ecológico, conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, prevención y control de contaminación, investigación y educación entre otros.
Es por esto que hoy, compañeras y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a invitarlos a impulsar el trabajo legislativo en materia ambiental, no sólo desde la Comisión de Medio Ambiente sino de las comisiones de Energía, de Comunicaciones y de Transportes, de Turismo, de Hacienda, de Presupuesto, de Economía y de Recursos Hidráulicos, para que como país logremos una administración eficiente y racional de los recursos naturales.
Asimismo, para que a través de la transversalidad de la política ambiental trabajemos junto con el gobierno federal para romper el círculo vicioso de pobreza, agotamiento de los recursos naturales, deterioro ambiental y más pobreza. Es cuanto, diputado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias Conchita. Con esto terminamos este capítulo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Inmediatamente después, ya en el de iniciativas, se le otorga la palabra por cinco minutos al diputado Carol Antonio Altamirano, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Con el permiso de la Mesa Directiva. Diputadas y diputados, el inicio de la LXII Legislatura y del sexenio abren una oportunidad para plantear propuestas de cambio sustancial a régimen político.
Por esa razón presento una iniciativa para reformar los artículos 26 y 73 de la Constitución Política, para que el proceso de planeación nacional supere su anacronismo y asuma la pluralidad política del país.
El problema que tiene la planeación nacional es que su procesamiento no es incluyente y por tanto, no sirve para construir un compromiso de cara al país por parte de todas las fuerzas sociales y políticas.
La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo es un mecanismo solitario que está controlado por el Ejecutivo, quien tras escuchar propuestas en foros o encuentros, finalmente decide por sí mismo si las incorpora o no.
Esa forma de actuar es propia del pasado. La planeación nacional ya no puede ser así, porque ya no existe un régimen de poder centralizado. Aún en el escenario de un proceso electoral legítimo, la realidad es que desde hace 18 años el presidente de México ya no representa a la mayoría absoluta, pues llega al poder con el apoyo de un solo sector del electorado.
Al momento en que el Ejecutivo trata de conducir los esfuerzos nacionales, no resulta lógico pretender que su visión y su plan sean simplemente asumidos por los demás actores sociales.
En contraparte, el Poder Legislativo está al margen del proceso de planeación, aun cuando en el Congreso está expresado el pacto federal y la pluralidad política y donde la suma de sus integrantes representa no una parte sino el total de la representación popular, de manera que el Poder Legislativo está llamado a tener un papel de mayor relevancia que dará como fruto gobernabilidad y corresponsabilidad.
La propuesta que presento a esta soberanía consiste fundamentalmente en reformar los artículos 26 y 73 de la Constitución para facultad al Congreso de la Unión para que apruebe el Plan Nacional de Desarrollo que proponga el Ejecutivo.
La bondad de la iniciativa es que permitiría ventilar el proceso de planeación en dos momentos: en el primero el Ejecutivo elaboraría el Plan Nacional de Desarrollo, para lo cual puede realizar las consultas que considere necesarias. En un segundo momento, el Congreso de la Unión tendrá la responsabilidad de aprobar el plan nacional, dejando para la ley secundaria lo relativo al procedimiento específico con que desarrollaría esta nueva facultad.
Esta iniciativa no es un modelo copiado del extranjero y ajeno a nuestro país; tiene el antecedente exitoso de lo ocurrido en el estado de Oaxaca hace un año. En Oaxaca, en el marco de la transición democrática oaxaqueña, por iniciativa del Ejecutivo del estado y por acuerdo unánime del congreso local, se realizó una reforma constitucional que, entre otros rubros, estableció la facultad del congreso del estado de aprobar el Plan Estatal de Desarrollo y que se logró una corresponsabilidad mayor.
Todos los actores políticos debatieron y asumieron ejes de actividad común. El gobierno de Oaxaca presentó su propuesta de Plan Estatal de Desarrollo y el Congreso sistematizó las opiniones de sus integrantes y las incluyó en el decreto con que se autorizó el plan. Es decir, se innovó la relación entre los poderes y ello ha sido de utilidad para que a partir de ese plan estatal se desarrollen programas sectoriales y sobre todo ya existe un marco de referencia y un compromiso común.
Si en una entidad con tantos problemas como Oaxaca, se logró dar ese paso y ello ha contribuido a conciliar la acción pública, es posible que ese ejemplo pueda ser de utilidad en el escenario nacional.
Por lo que hace al marco legal, sería necesario que en consecuencia de la reforma propuesta posteriormente se modifique la Ley de Planeación y la Ley Orgánica del Congreso para establecer procedimientos y plazos específicos.
Diputados y diputadas: los invito a discutir esta iniciativa y los invito a ser congruentes con los nuevos tiempos del país. Quiero destacar que en la campaña electoral, en su retórica el PRI juró que no representaba el pasado, que no era sinónimo de restauración autoritaria y que tenía vocación para construir un sistema democrático incluyente.
Ahora tienen la oportunidad de actuar en consecuencia. Esta iniciativa es sencilla y se enmarca en el proceso de fortalecimiento al Poder Legislativo como expresión de la pluralidad y como contrapeso sano del Poder Ejecutivo.
Dejemos ya las formas unipersonales de hacer política del pasado. Una nueva gobernabilidad debe construirse con nuevas instituciones y nuevas prácticas. Demos el primer paso y avancemos en materia de planeación. Ello es congruente y perfectamente viable.
Demostremos que en esta Cámara de Diputados sí es posible construir acuerdos de gran calado que superen formas de hacer política que ya no corresponden con la realidad desde hace décadas. Si queremos que el plan sea de y para todos, construyámosla entre todos. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene, hasta por cinco minutos, la palabra la diputada Lucila Garfias Gutiérrez para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, la educación es el motor que impulsa el desarrollo de un país, ya que brinda el valor agregado a las actividades productivas e industriales que generan un mayor crecimiento económico, al mismo tiempo que forma ciudadanos capaces de entender y resolver los diversos problemas sociales que enfrentamos en las primeras décadas del siglo XXI.
Esto es más relevante aun cuando nos referimos a la educación superior debido a que es uno de los aspectos más preciados de la sociedad contemporánea, pues favorece la movilidad social y potencializa el crecimiento y desarrollo económico.
En Nueva Alianza consideramos impostergable considerar a la educación superior como un bien público social que resulte pertinente, incluyente y capaz de atender las necesidades de nuestra sociedad.
¿Cómo podemos contribuir a que los más de siete millones de jóvenes que no estudian ni trabajan puedan acceder a las aulas en el nivel superior? ¿Qué debemos hacer para resarcir los actuales índices de deserción escolar en el nivel superior? ¿Cómo lograr un mayor acceso a este nivel educativo cuando sólo el 30 por ciento de los jóvenes en México están en las Universidades o institutos de formación superior? No podemos permanecer inmóviles ante este escenario.
Conscientes de la importancia de la educación superior para insertar a nuestro país en una economía competitiva, anclada en el conocimiento y la innovación, debemos considerar la enseñanza superior como un eje estratégico del desarrollo humano.
Estamos convencidos que el proceso para la superación de la pobreza transita necesariamente por la capacidad de apropiación y generación de conocimientos científico y tecnológico derivado de los procesos de enseñanza, aprendizaje en los niveles medio superior y superior.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, es de nuestra responsabilidad histórica superar las deficiencias del pasado para implantar nuevos cimientos que nos exige la sociedad actual. El reto es grande, se requiere que gobiernos y representantes de esta soberanía busquemos los mecanismos para colocar a la educación superior como la más alta prioridad que la sociedad nos demanda.
Actualmente el sector educativo enfrenta desafíos importantes como la mercantilización y privatización, así como la reducción del apoyo y financiamiento del Estado. Es fundamental que se revierta esta tendencia y que el gobierno mexicano garantice el financiamiento adecuado de las instituciones públicas de educación superior.
En fechas recientes el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, atendiendo a los compromisos que el Estado mexicano adquirió con organismos internacionales, con la finalidad de elevar en el rango normativo más alto el garantizar a los derechos humanos como una garantía constitucional fundamental.
En este sentido debemos considerar el nivel superior, como un derecho humano fundamental que permita reformar y desarrollar a la educación superior de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, según la cual la educación superior deberá ser accesible para todas y todos los ciudadanos.
No podemos permitir algún tipo de discriminación, nadie deberá quedar excluido de la educación superior, ni de sus ámbitos de estudio, niveles de titulación y de diferentes tipos de establecimientos por razones fundadas en su raza, género, lengua, religión, edad, ni tampoco por diferencias económicas o sociales, ni capacidades físicas diferentes.
Nuestra prioridad en Nueva Alianza es alcanzar el mayor beneficio posible para la sociedad mexicana, las y los jóvenes de México necesitan un marco jurídico sólido y políticas públicas eficaces que les brinden oportunidades de crecimiento y desarrollo.
En nuestra fracción parlamentaria asumimos dicho reclamo como justo e impostergable, y es por ello que presentamos ante esta soberanía una iniciativa mediante la cual proponemos establecer en nuestra Carta Magna que la educación superior sea considerada como un bien público-social y un derecho humano fundamental que otorgue a las y a los jóvenes las oportunidades que requieren para su desarrollo humano y profesional.
De esta manera asumimos nuestra responsabilidad para plasmar en las leyes el compromiso que adquirimos con la ciudadanía y velar por el interés superior de la sociedad y que estos principios sirvan como directrices eficaces para que la educación sea el eje fundamental del desarrollo sustentable de la nación.
Esperamos contar con su valioso apoyo para esta iniciativa y sobre todo continuar trabajando para mejorar las condiciones de acceso, pertinencia y calidad de la educación superior, porque solo de esta forma contribuiremos a resolver los problemas que nos aquejan como país. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, don Manuel Añorve Baños, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Manuel Añorve Baños: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Usted lo tiene, don Manuel.
El diputado Manuel Añorve Baños: Amigas y amigos diputados, acabamos de vivir apenas hace unos días una experiencia inédita en la vida parlamentaria con la iniciativa preferente que envió el presidente de la República. Dictaminar en un plazo perentorio implica abordar los temas de interés nacional, tomar decisiones que beneficien a México.
En este contexto uno de los cambios que urge realizar es el que tiene que ver con el excesivo espacio de tiempo que transcurre entre el día de la elección presidencial y la toma del encargo del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Nuestro periodo de transición es de cinco largos meses. Como se sabe, el día de la elección federal es el primer domingo del mes de julio y conforme al artículo 83 de la Constitución, el presidente entrará a ejercer su encargo hasta el primero de diciembre.
Todos coincidimos en que el relevo en la Presidencia de la República es un acontecimiento de gran trascendencia para los mexicanos, pues marca la entrada en funciones del nuevo titular del Ejecutivo federal, lo que significa el inicio de una nueva administración pública federal, por lo tanto, este relevo tendría que realizarse en un periodo suficiente de tiempo con el propósito de que se brinde certeza y estabilidad social al país.
Acortar el tiempo de transición para el relevo en la Presidencia de la República es una necesidad y una prioridad nacional, que permitiría a la administración federal entrante echar a andar de inmediato los planes y proyectos propuestos en campaña.
De esta manera el nuevo gobierno y la sociedad en su conjunto tendrían la posibilidad de acelerar los procesos de cambio, a fin de acercarnos cada día más a la dinámica con la que se desarrolla el mundo actual.
Por la naturaleza de la propuesta que nos ocupa, he señalado que los cambios aquí propuestos necesariamente tendrían que ser aplicados al presidente de la República que correspondiera al periodo 2018 al 2024, Presidencia que por única ocasión tendría una duración de cinco años 10 meses, pues iniciaría su gestión el primero de diciembre del 2018, pero con esta reforma concluiría la misma el 30 de septiembre de 2024 para así dar posesión al nuevo titular del Ejecutivo federal el primero de octubre de 2024 por el periodo 2024-2030.
En el ámbito internacional, con relación al periodo que transcurre entre el día de la elección y el inicio de un nuevo periodo presidencial, podemos encontrar que Argentina, Ecuador, Perú, Panamá y Honduras, dedican menos de dos meses para este proceso; y con menos de tres meses Brasil, Nicaragua, Chile, Colombia, Costa Rica, destacando el caso de Bolivia, que tarda tan solo 35 días.
En Europa en las elecciones recientes de Francia y España, los relevos se realizaron de manera inmediata. Esos son ejemplos y agrandes indicadores de la urgencia y viabilidad de esta reforma.
Acortando ese tiempo que nos lleva la transición, es decir, del día de la elección al inicio del nuevo gobierno, además de evitar que se genere un vacío de poder entre el titular del Ejecutivo saliente y el entrante, por la incertidumbre en cuanto a la vigencia y aplicación de las políticas públicas del gobierno que culmina, ganaríamos dos meses muy valiosos para la construcción a conciencia del país que queremos.
Si la premisa y nuestro sistema electoral es desahogar todas las impugnaciones y contar con el principio de exhaustividad en el desarrollo y conclusión del proceso electoral, es dable reducir el tiempo de espera, toda vez que si la elección se realizar la primera semana de julio, el órgano jurisdiccional electoral tendría dos meses, más que suficientes para desahogar con éxito en tiempo y forma, cada una de las impugnaciones que se llegasen a presentar.
Una vez teniendo presidente electo, en el lapso de dos meses posterior a la jornada electoral, se tendría un mes para el periodo de transición, lo cual significa un tiempo suficiente para una entrega-recepción ordenada.
La reforma planteada es y debe ser parte de una reforma política integral de alto calado que nos permita hacer un rediseño del nuevo andamiaje institucional.
El reducir el tiempo de espera en la toma de posesión va a facilitar el relevo en la administración, va a evitar también la inanición de la misma por el tiempo de espera y va a posibilitar reformas colaterales, como es la entrega y discusión el Presupuesto de Egresos antes de diciembre, en razón de que la función en el cargo sería el primero de octubre.
Hay consenso que la actual fecha de inicio del cargo y toma de posesión resulta inadecuada para la formulación y presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos.
Como es sabido, actualmente se dispone que la presentación del Paquete Económico se debe de hacer a más tardar el 15 de diciembre, empero nos encontramos con que el Congreso concluye sus sesiones el 31 de diciembre.
Tal situación reduce el tiempo de presidente prácticamente a 15 días para presentar su proyecto e implica que el Congreso de la Unión tenga únicamente 15 días para cumplir con sus atribuciones. Es evidente que se abdica de un examen minucioso, completo y responsable.
Es evidente también que el denominado periodo de transición es sumamente amplio, un plazo de cinco meses donde se tiene a un presidente constitucional saliente y un presidente electo.
Conlleva a un riesgo que no debemos, obviamente, nosotros, de asumir y tenemos que generar efectos favorables con esta reforma. Con ésta también se reduce el tiempo de transición que garantiza el funcionamiento pleno de la administración pública federal, que posibilita que el presidente constitucional saliente pueda presentar su último informe al Congreso de la Unión, que el presidente entrante cuente con el tiempo suficiente para elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos y que el Congreso de la Unión tenga el tiempo necesario para desarrollar sus funciones y una discusión y aprobación serenas.
En una democracia el funcionamiento óptimo de un gobierno es parte fundamental en la realización de objetivos, proyectos y programas. Como se ha expuesto, la tendencia en el mundo es reducir los tiempos de espera entre la elección y la toma de posesión de un representante popular. Tratándose del Ejecutivo, en los sistemas presidenciales como el nuestro, los lapsos largos pueden llegar a ser perjudiciales para la nueva marcha de la administración, el que está en funciones ya está en franca retirada y el electo, no incide porque aún no asume el cargo.
Esta disyuntiva entre el que todavía no se va y el que aún no toma las riendas, constituye un nivel de riesgo que debemos aminorar. Este es el propósito de la presente iniciativa. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Añorve. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 89 de la Ley del Seguro Social, 31 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 77 Bis 5 de la Ley General de Salud.
La diputada Raquel Jiménez Cerillo: Con su venia, señor presidente. Saludo con respeto a las señoras y señores legisladores. Hago uso de ésta, la más alta tribuna de la nación, para proponer y someter a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Salud.
La Organización Mundial de la Salud la define no solamente como la ausencia de enfermedad, sino como el estado de completo bienestar físico, mental y social. En México, el derecho a la protección de la salud se encuentra consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde hace casi tres décadas.
La salud, es uno de los principales objetivos del desarrollo, constituye un bien preciado en sí mismo y una condición indispensable para la igualdad de oportunidades. Además, se le ha reconocido como un insumo esencial de la seguridad global, el crecimiento económico y el avance democrático.
La construcción de nuestro moderno sistema de salud representa un arduo esfuerzo a lo largo de más de 100 años en los que se han creado instituciones de salud, infraestructura hospitalaria, programas, instituciones encargadas de la formación del personal de salud y un andamiaje jurídico sanitario entre otros muchos elementos que han sido dispuestos para generar las condiciones posibles para el ejercicio del derecho a la protección de la salud.
De acuerdo con el artículo 5o. de la Ley General de Salud, el Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.
El sistema de salud de México está conformado básicamente por dos sectores: el público y el privado. En el presente sexenio el gobierno federal ha invertido 70 mil 523 millones de pesos en infraestructura hospitalaria, casi el doble de lo destinado en las dos administraciones que le precedieron. Hoy contamos con mil 264 hospitales o clínicas de nueva creación.
Un logro fundamental de este sexenio es también la cobertura universal en salud para todos los mexicanos. El Seguro Popular, de 2003 a julio de 2012 había registrado una afiliación casi de 53 millones de personas, sin duda un logro histórico que pocos países han podido alcanzar.
De igual manera, es de realzar los logros de los programas de embarazo saludable y el seguro médico para una nueva generación, sin embargo, hoy día se advierten nuevos retos. A través de los años nuestro sistema de salud se ha conformado de manera fragmentada y se han creado instituciones que se encargan de la atención de grandes sectores de la sociedad pero de manera diferenciada con relación a otros, generando así varios subsistemas de salud.
Ejemplo de ello tenemos que el ISSSTE otorga seguridad social para los trabajadores del Estado y el IMSS proporciona seguridad social a toda persona que posea una relación formal laboral. Esta división se expresa incluso en la estructura del artículo 123 constitucional, siendo el caso que contiene un apartado A para los trabajadores afiliados al IMSS y un apartado B para los afiliados al ISSSTE. Sin embargo, debemos avanzar hacia la integración del sistema nacional de salud a fin de conjuntar los recursos en un mismo esfuerzo, afrontando los problemas de salud de la población mexicana de una manera mucho más efectiva y eficiente, pero principalmente porque la integración de los servicios que proporciona el sistema nacional de salud permitiría que cualquier mexicano, independientemente de su condición social, geográfica o económica, pueda acceder sin distingos a los servicios de salud.
La presente iniciativa pretende impulsar la integración operativa de los servicios de salud de carácter público, a fin de resolver dos fenómenos que impactan principalmente a los grupos más desprotegidos de la población mexicana y que se derivan de la fragmentación del sistema de salud; estos son la atención de urgencias médicas y la inaccesibilidad geográfica de los servicios de salud.
Esta iniciativa propone que se imponga la obligación a las instituciones de seguridad social más importantes del país, IMSS e ISSSTE, así como al sistema de protección social de salud, a dar servicio en sus instalaciones a los beneficiarios de ambos institutos o del sistema de salud ante una emergencia médica o cuando se encuentren imposibilitados, por su ubicación geográfica, para acudir a un establecimiento de la institución o el sistema del que se es beneficiario.
De esta manera se espera lograr la reducción del tiempo de respuesta en la atención de personas en situación de emergencia médica o que viven en zonas de difícil acceso, evitando así la postergación de la atención en salud y sus resultados negativos, que en algunos casos pueda causar la muerte o incrementar la gravedad del padecimiento.
En resumen, la iniciativa pretende contribuir a la integración operativa y no jurídica del sistema nacional de salud, a fin de motivar el uso eficiente de los recursos y de la capacidad instalada del mismo, generando mejores condiciones para que se proporcione atención médica oportuna.
Se podrá evitar, de aprobarse esta iniciativa, que una mujer embarazada a la que se le presente una emergencia obstétrica, pueda ser atendida en cualquier servicio de urgencias del IMSS o el ISSSTE –termino, señor presidente–, aunque se encuentre afiliada a cualquiera de los sistemas de salud. Una vez estabilizada, podría ser trasladada a un hospital de su propio sistema y habrá evitado posiblemente la muerte o la del producto.
Confío, que luego del estudio y la discusión a que sea sometida esta iniciativa al interior de comisión legislativa correspondiente, sea votada a favor de la salud, a favor de la sociedad mexicana y a favor de México.
Solicito a la Presidencia se incorpore el documento íntegro al Diario de Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Salud, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, doña Ruth Zavaleta Salgado, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y suscrita por diputados integrantes de su Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con su presidente. La presente iniciativa se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, en el contexto de fortalecer los mecanismos de transparencia y por ende, la rendición de cuentas de la Función Pública desde el quehacer legislativo.
Uno de los principales objetivos de esta propuesta, es que los legisladores cuenten con las herramientas necesarias para el combate a la corrupción, mediante el trabajo legislativo y, muy específicamente, a través de la ampliación de facultades de la figura de las comisiones de investigación.
En México, desde el año 2000 a la fecha, el papel del Poder Legislativo se ha convertido en un espacio de construcción de acuerdos, de verdadero contrapeso al Poder Ejecutivo, por medio de reformas fundamentales a la norma jurídica, incluyendo la de la Carta Magna.
También ha sido característica de este periodo, las reformas a las normas de transparencia, así como el fortalecimiento a la creación de instituciones garantes de ello. Incluso, el último periodo de sesiones ordinarias de la LXI Legislatura, dentro del ámbito de la reforma política, se realizaron una serie de cambios constitucionales que fortalecen la participación ciudadana y con ello la posibilidad de reabrir el debate sobre los mecanismos de rendición de cuentas, del quehacer público.
Considerando que el Poder Legislativo es precisamente el lugar desde donde se tiene que ejercer un control hacia el ejercicio de los recursos públicos, por parte del Poder Ejecutivo, es necesario que se fortalezcan las atribuciones de vigilancia e investigación del Congreso.
Las comisiones de investigación son órganos parlamentarios de carácter temporal, listados por los distintos grupos minoritarios, con facultades excepcionales, que pueden vincular a terceros ajenos a la actividad parlamentaria, por medio de las cuales el Parlamento ejerce el control del gobierno respecto de aquellos asuntos de interés público, cuyos resultados a través de la publicidad tienden, por un lado, a poner en funcionamiento los procedimientos de responsabilidad política difusa, y por otro, el fortalecimiento del Estado democrático.
A nivel federal, las comisiones de investigación se crearon como parte de la reforma política de 1977, con facultades extraordinarias de supervisión y como parte de ese espíritu, de estimular la voz de las minorías dentro del Congreso de la Unión.
Las comisiones de investigación han enfrentado diversos problemas para ser operativas, uno de los más importantes es, precisamente, la posibilidad de que puedan constituirse con un mínimo número de legisladores y, por el otro lado, la práctica parlamentaria de lo que aquí se vota tiene que ser por la mayoría legislativa.
Por ello, una relación equilibrada entre el Poder Ejecutivo y Legislativo requiere que pasemos de un congreso fuerte en cuanto a sus facultades de fiscalización. Por lo anterior, la iniciativa que aquí se presenta propone ampliar las facultades de investigación, de tal forma que no incluyan solamente asuntos de organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria sino cualquier asunto de interés nacional y del Distrito Federal, de acuerdo a las facultades que tiene el Congreso de la Unión en este nivel de gobierno, en términos del artículo 122 constitucional.
Reafirmar que son un instrumento de control para grupos minoritarios al establecer que puedan conformarse a pedido de una tercera parte de los diputados o de los senadores y mediante la aprobación de la mayoría simple del pleno de la cámara correspondiente.
Establecer que los resultados de las investigaciones, así como los informes y las recomendaciones que en su caso se emitan, se hagan del conocimiento del pleno y de la asamblea respectiva, del Ejecutivo federal y en su caso, del Ministerio Público federal cuando se desprenda la posible comisión de delitos.
Dejar claro que las autoridades investigadas tendrán la obligación de prestar a las mismas el apoyo que les requieren y proporcionar todo tipo de información o documentación que éstas consideren necesarios. Para evitar un mal uso de esta facultad se emitirá la reglamentación correspondiente.
Decreto
Único. Se reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Las cámaras, a pedido de una tercera parte de sus miembros, y mediante la aprobación del pleno de las cámaras correspondientes, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar cualquier asunto de interés nacional y del Distrito Federal dentro de las atribuciones concedidas al Congreso de la Unión en esta materia. Dichas comisiones sólo podrán integrarse y funcionar dentro de la Legislatura que las constituyó.
Los resultados de las investigaciones, así como los informes y las recomendaciones, que en su caso se emitan, se harán del conocimiento del pleno de la cámara respectiva, del Ejecutivo federal y de las autoridades del Distrito Federal, así como del Ministerio Público federal cuando se desprenda la posible comisión de delitos del fuero federal para que se adopten las medidas procedentes.
Las comisiones de investigación deberán conformarse con base en la presencia proporcional de los grupos parlamentarios del pleno de la respectiva cámara.
Todos los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, del Distrito Federal y los órganos autónomos prestarán a las comisiones de investigación el apoyo que les requieran y deberán proporcionarle la información y documentación que les soliciten, aún la clasificada por la ley como reservada, confidencial, secreta o restringida.
Es cuanto, presidente. Le solicito pueda incluirse el texto completo de esta propuesta en el Diario de los Debates, toda vez que no me ha dado tiempo de exponer todo lo que he escrito en ella y todo lo que he expuesto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pero quedó muy claro el contenido de su propuesta. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, don Ricardo Monreal, del Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores: he venido a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona algunas disposiciones a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos referidas al sistema penitenciario mexicano.
Como sabemos, este sistema ha fracasado una y otra vez. Ahora están las prisiones, centros de rehabilitación en situaciones prácticamente de ingobernabilidad. Por esa razón planteamos cómo mejorar el sistema y cómo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede intervenir para evitar lo que está sucediendo en el país. El buen juez por su casa empieza.
En diferentes sectores se ha mostrado un interés inusitado por la situación por la que pasan actualmente estos centros de rehabilitación. Cerca de mil reos se han fugado en estos últimos años. Hay una sobrepoblación en las prisiones o en los centros de rehabilitación social y hay una verdadera podredumbre provocada por la corrupción de este tipo de centros de rehabilitación.
Sin embargo, aparte de que estoy presentando eso, debo de advertir, vinculado al sistema penitenciario, que me preocupa que, luego de aprobarse la contrarreforma laboral, se ha desatado una campaña de linchamiento contra diputados del Congreso que, haciendo uso de recursos políticos valiosos, válidos, ahora se recurre a la distorsión y al exceso en medios de comunicación y en redes, impulsadas por el poder público, generando un clima inconveniente porque está dando paso a una campaña de odio, a una campaña infame, a una campaña vil contra los compañeros diputados y diputadas de este Congreso.
Lo que evidencia esta estrategia es una cortina de humo frente a la grave decisión de los diputados del PRIAN y sus adláteres al aprobar la contrarreforma laboral que condena a los trabajadores a una mayor pobreza, mayor marginación y mayor injusticia.
En el contexto de esta propuesta para mejorar el sistema penitenciario, ahora resulta que quienes han asaltado al poder, quienes saquearon a Pemex y financiaron campañas del PRI, aquí están sentados; quienes traficaron con los casineros y con crimen organizado, aquí están sentados, quienes se beneficiaron con las carteras vencidas y el tráfico de influencias , aquí están sentados, y quienes representan lo peor del caciquismo, aquí están sentados, gritan, y nadie los toca, como personas honorables y decentes. Pero que los luchadores sociales no osen tomar la tribuna porque el sistema y el poder los despedaza, los estigmatiza, los destruye. Y me parece que esto no lo podemos admitir ni lo podemos permitir.
Por eso, aprovechando la propuesta del sistema penitenciario –porque debieran estar muchos ahí– planteo al presidente de la Cámara –le planteo al presidente de la Cámara– y a los grupos de coordinación política, sus coordinadores, que frenen esta campaña de linchamiento. No es posible admitir esta campaña de linchamiento que está ocurriendo contra diputados.
Si hay una situación pendiente o un delito que cometieron, que procedan a la declaración de procedencia. Pero no se vale que so pretexto de haber luchado dignamente contra la reforma que daña a millones de trabajadores ahora intenten lincharlos.
Por eso hago un llamado respetuoso al presidente de la Cámara y a los coordinadores, frenen esta campaña de linchamiento. Porque de lo contrario no serán 50 los que se suban a la tribuna, seremos más. Estamos a tiempo de bajarle. No conviene. Nosotros discutimos, deliberamos, podrá no gustarles a algunos. Y no generalizo a todos los del PRI, no lo generalizo. A los que chiflan sí, esos no tienen remedio.
Pero, presidente, haga uso de sus buenos oficios para frenar esta campaña vil, esta campaña infame, esta campaña de odio contra compañeros nuestros. Lo mismo haría por cualquiera que estuviera en esa condición. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tomamos nota. Pero de la iniciativa ni hablamos. Bueno, la turnamos a la Comisión de Derechos Humanos para su dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, doña Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza, para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Con el permiso del diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Estado mexicano aprobó el 10 de junio de 2010 una de las reformas más relevantes del siglo XXI, la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Relevante porque establece las bases para la más amplia protección de los derechos fundamentales al exigir el principio pro persona. Esto es que la aplicación de nuestra ley fundamental y los tratados internacionales en materia serán en sentido que más favorezcan a las personas.
Consideramos pertinente la modificación del artículo 133 de nuestra Carga Magna, toda vez que la interpretación de este artículo la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedó establecida que en la jerarquía entre las normas constitucionales, las leyes generales y los tratados internacionales, tratándose de derechos humanos, se encuentran por encima de las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, pero por debajo de la Constitución.
Sin embargo dicha interpretación se modificó en la decisión del 12 de julio de 2011 relativa a la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del desaparecido ciudadano Rosendo Radilla, en el estado de Guerrero en 1974, al establecer el llamado Control difuso de la Constitución.
Eso significa que los jueces tienen la obligación de interpretar y aplicar la Constitución y los tratados internacionales que más beneficien a las personas en materia de derechos humanos, sin importar la jerarquía de las leyes.
Consideramos que a partir del 10 de junio de 2011, fecha en que se incorporó el principio pro-persona, el artículo 1o., párrafo segundo de nuestra Constitución en México, se aplica la ley que más favorezca a las personas, aun si existiese contradicción entre lo dispuesto por la Constitución y un tratado internacional de la ley federal.
La aplicación del principio de pro-persona responde también a un compromiso de Estado mexicano con tratados internacionales establecidos en diversos instrumentos jurídicos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica en 1969, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de Derecho Económico, Social y Cultural o Protocolo de San Salvador, ratificado el 8 de marzo de 1996, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera que la redacción vigente precepto 133 constitucional resulta incierta o vaga en relación con la jerarquía de los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos ratificados por el Estado mexicano a partir de la sentencia y reformas mencionadas.
De esta forma nuestra iniciativa propone la siguiente redacción:
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán en dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados, en materia de derechos humanos, se favorecerá en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Compañeras y compañeros legisladores, la propuesta que hoy se presenta no solo fortalece el compromiso del Estado mexicano con la protección de los derechos fundamentales, sino que da coherencia al sistema de protección de derechos haciendo factible la exigencia de los mismos frente al abuso del poder, más aún cuando vivimos una época donde las violaciones de los derechos humanos por parte de la autoridad está llegando a niveles preocupantes.
En los últimos seis años la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido cinco mil 176 recomendaciones. Hoy más que nunca la defensa ante cualquier violación, los derechos de las personas nos exigen construir acuerdos y consensos que garanticen la defensa y protección sobre todo de los más vulnerables. Es cuanto, señor diputado. Muchas gracias, compañeros legisladores.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra en esta ocasión hasta por 10 minutos el diputado Leonor... La diputada Leonor Romero Sevilla –perdón– del PAN –no es peyorativo, es una confusión millón–, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide toda una Ley que Establece las Bases de Coordinación y Ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; por eso son 10 minutos, porque es todo un cuerpo normativo.
La diputada Leonor Romero Sevilla: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, presento esta iniciativa a nombre propio y de mis compañeros diputados Beatriz Zavala y Carlos Castaños.
Es responsabilidad del gobierno y de todos los ciudadanos garantizar que todo mexicano tenga cubiertas sus necesidades más apremiantes a bien de fortalecer sus capacidades humanas, para que puedan ser partícipes en el proceso de desarrollo económico y formen parte integral de la sociedad.
Hablaré del Programa de desarrollo humano Oportunidades, programa que tiene su origen desde hace 14 años con el nombre de Progresa y que, perfeccionándose, es hoy uno de los más amplios y exitosos programas de alivio a la pobreza en México.
Su principal objetivo ha sido contribuir al bienestar de las familias de escasos recursos a través de una estrategia que comprende la salud, educación y nutrición. Tiene como meta principal atacar los factores estructurales que inciden en la pobreza para aliviar sus consecuencias inmediatas e interrumpir su transmisión intergeneracional.
Actualmente el programa Oportunidades beneficia a 5.5 millones de familias, las cuales residen en 103 mil 537 localidades de 2 mil 448 municipios, beneficiando a 34.6 millones de mexicanos.
Las 95 evaluaciones externas que se le han realizado al programa, constatan avances concretos en materia de educación y salud entre los niños y jóvenes que participan en el mismo.
El Coneval, organismo de carácter técnico integrado por académicos, ha reconocido la valía del programa mencionando que “sin las transferencias de Oportunidades la pobreza se hubiese incrementado en 2.6 millones de mexicanos más como resultado del aumento en el precio de los alimentos y el entorno económico mundial adverso”
Ahora bien, al regular el programa mediante una ley específica tal y como lo muestra la experiencia de programas similares en América Latina y que incluso su esquema fue trasladado a otros países, se asegurará a los millones de beneficiarios la continuidad de los apoyos que ofrece el programa evitando que esté expuesto a vaivenes políticos o a decisiones discrecionales que pongan en peligro la continuidad del mismo.
Como legisladores, visionarios de una política incluyente, estamos a favor de crear una ley para el programa de desarrollo humano Oportunidades, pues tendría un impacto profundamente positivo en la calidad de vida de millones de mexicanos y mexicanas.
De no hacerlo se notaría una preocupante falta de solidaridad con nuestro pueblo y particularmente con las familias más pobres.
Es preciso contar con un marco jurídico que establezca las bases de coordinación del programa para delimitar claramente las obligaciones de todos los actores y exista mayor eficacia en las acciones.
Se requiere tener mecanismos formales de coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales en la ejecución de la política social y en particular en programas como Oportunidades.
Existen varios instrumentos jurídicos para definir a cada actor sus facultades, su ámbito de acción y la obligatoriedad del ejercicio de determinadas funciones; pero creo que el instrumento más sólido es un marco legal respaldado por un marco jurídico formal que institucionalice y que establezca el área de competencia de los tres órdenes de gobierno y que las facultades en la operación del programa estén claramente establecidas.
Como sociedad no podemos permitir que la pobreza y el hambre cancelen las posibilidades de progreso de las familias que menos tienen. Y por eso, como una visión humanista, como de Acción Nacional, proponemos elevar a rango de ley este solidario y generoso programa, el Programa Oportunidades.
Señor presidente, entregamos antes un documento con un error y sin las firmas de mis compañeros, por lo que entrego el documento corregido a efecto de que sea sustituido el anterior y sea éste el que se turne a la Comisión.
Es cuanto, señor presidente, y le solicito pida se incluya íntegra esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así se hará. Ya con firmas y ya sin error, túrnese a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La diputada María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, doña Beatriz Zavala Peniche, ¿con qué objeto? Diputada yucateca. Sonido. Tiene que poner su huella, tiene que dejar su huella.
La diputada María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Señor presidente, para pedirle, por su conducto, a la diputada que acaba de presentar la iniciativa, diputada Leonor Romero, que se agregue que es suscrita la iniciativa por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional aquí en la Cámara.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así se hará, siempre y cuando ellos estén de acuerdo. Bueno, pues así se hará.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos el apreciable abogado don Felipe Arturo Camarena, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señor presidente. El que suscribe, diputado de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto en virtud del cual se pretende reformar el numeral 1 del artículo 44 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de lo siguiente:
El cargo que ostentamos implica diversos derechos y obligaciones, debemos cumplirlos como fieles representantes de la nación anteponiendo ante todo el bien común sobre cualquier interés personal. Debemos recordar que fuimos electos para cumplir con un compromiso con la gente que nos dio su voto, y que desde este Congreso representamos no sólo a nuestro distrito o estado sino a todo el país.
Nuestro trabajo se centra en generar los instrumentos necesarios para propiciar el desarrollo nacional, para ello es indispensable organizarnos temáticamente dentro del Congreso por materia y método.
La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que tendremos la responsabilidad de formar comisiones, en las que se analizarán, estudiarán y dictaminarán iniciativas de ley o decreto necesarios, en beneficio de los mexicanos. Dicha labor solamente será posible con el compromiso de todos nosotros como legisladores.
Nuestra labor debe ser profesional en todo momento, circunstancia que no siempre se aprecia. En este tenor, el artículo 44 del Reglamento de la Cámara de Diputados determina: Será facultad del presidente que se realicen los avisos necesarios para procurar la presencia de todos los diputados y diputadas integrantes de la Cámara en la apertura de las sesiones y en las votaciones nominales.
Lamentablemente, lo anterior no siempre sucede así. Es de todos conocido que existe una gran coyuntura que dificulta la presencia de todos los legisladores durante las sesiones. No obstante ello, creemos firmemente que debemos cambiar estas prácticas y asumir la responsabilidad que nos ha sido encomendada por el pueblo. Por ello, proponemos modificar el referido artículo a fin de que se establezca de manera reglamentaria la permanencia de todos los legisladores durante las sesiones del Congreso.
Debemos asegurar la estadía de los diputados, pues es nuestra obligación, no sólo permanecer en la asamblea en el momento de acreditar nuestra asistencia y votación, sino que lo realmente importante es cumplir con nuestro mandato de atender todos los asuntos que se propongan en el salón de plenos durante todas las sesiones, a fin de tener el suficiente conocimiento de los temas a sufragar.
De igual manera, consideramos determinante el respeto a las formas entre legisladores, tanto al momento de expresarnos en tribuna como a los miembros de la Mesa Directiva. Así pues, tenemos el compromiso con nuestros representados, con nuestro país y con nosotros mismos, de que se cambie la imagen errónea que se tiene del Poder Legislativo.
Debemos dignificar el trabajo que realizarnos y olvidarnos de los colores, simple y sencillamente pongámonos a trabajar en bien de México. Seamos auténticos representantes de la ciudadanía legislando sus necesidades, demostrando civilidad dentro de esta Cámara y atendiendo todas y cada una de las encomiendas al cargo que nos reclama.
Escuchémonos con respeto y atención a nuestros compañeros en sus exposiciones. Que nuestro voto ante los asuntos presentados sea un voto consciente y razonado. No defraudemos la confianza de los ciudadanos, demostremos que somos capaces de cambiar la visión que se tiene sobre nuestro trabajo.
Por lo expuesto, señor presidente, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto:
Único. Se reforma el numeral uno del artículo del artículo 44 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar de la siguiente manera:
Será facultad del presidente que se realicen los avisos necesarios para procurar la presencia y la permanencia de todos los diputados y diputadas integrantes de la Cámara, en la apertura de las sesiones y en las votaciones nominales.
Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, y creo que es mucho. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
Esta Presidencia saluda, además con mucho afecto, a los estudiantes preparatorianos de Tezoyuca, estado de México, invitados por la diputada Erika Funes Velázquez. Sean ustedes bienvenidos jóvenes, a la casa de la representación del pueblo de México.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 11 Bis a la Ley General de Educación.
El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Manifiesto ante esta honorable tribuna, el problema social que resulta del consumo del alcohol y que ha sido objeto de discusiones en el plano nacional como internacional.
Esto ha sido estudiado por autoridades e investigadores profesionales en el campo de la salud. Actualmente, el consumo de bebidas alcohólicas jurídicamente no se cuestiona, no se condena ni se considera ilegal, como ocurre con las otras drogas psicoactivas. No obstante, que el alcohol es una droga potencialmente adictiva y constituye un grave problema de salud pública.
No sólo por su consumo está asociado a una de las principales causas de muerte, como son los accidentes automovilísticos, además se le relaciona con crímenes, episodios de violencia, disolución social y desintegración familiar.
Hoy más que nunca, sobre todo en el contexto de la denominada guerra contra las drogas que libra el gobierno federal, el tema del alcohol, principalmente su consumo, venta y regulación, debe ser motivo de preocupación y análisis.
Para la Secretaría de Salud el alcoholismo es un problema de salud pública, que representa la primera causa de muerte entre personas de 15 a 40 años de edad. El titular de esta dependencia considera el consumo inmoderado de bebidas etílicas como un problema mucho más grave, ya que el 12 por ciento de la población general lo padece en algún grado, y de este porcentaje el 5.5 por ciento presenta cuadros que requieren atención médica especializada, de lo contrario, morirían.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones del año 2008, el problema más importante de adicciones en México es el consumo de bebidas alcohólicas, particularmente en jóvenes que están iniciando el consumo a edades muy tempranas. Lamento decir que nuestra juventud, en un alto porcentaje, se está alcoholizando.
Otro ejemplo aleccionador es que el 52 por ciento de los adolescentes en la ciudad de México consume alcohol de una a dos veces por semana. Lo más dramático es que se trata de estudiantes de 12 años de edad en adelante que ingieren bebidas embriagantes saliendo de la escuela, principalmente en las secundarias.
El alcohol lo compran en las tienditas, que en realidad son las denominadas chelerías y no establecimientos o expendios de micheladas, que fomentan el alcoholismo infantil.
En su gran mayoría, estos lugares que venden alcohol a menos de 10 metros de distancia de las escuelas, están disfrazados como juguerías, loncherías y misceláneas, siendo otra la realidad, toda vez que estos giros comerciales les venden a los estudiantes las bebidas embriagantes en bolsas disfrazadas de refrescos.
Generalmente el otorgamiento de licencias para el establecimiento de comercios, expendios y demás es competencia municipal y del gobierno del Distrito Federal, a través de los reglamentos para la expedición de licencias para su funcionamiento. O los mandos de policía de buen gobierno de cada ayuntamiento en el interior de la República.
El detalle estriba en que no todos los municipios del país o todas las delegaciones del Distrito Federal regulan, vigilan o sancionan los establecimientos que venden alcohol a menores.
Varios ordenamientos municipales establecen que los negocios que se dedican a esta actividad deben estar a 200 metros de distancia de las escuelas, lo cual resulta irrisorio, resulta insignificante, aunado a que no todas las autoridades locales cumplen con esta disposición, puesto que se encuentran estos negocios a menor distancia de la debida.
Esta circunstancia es muy grave, por omisión o complicidad se está solapando la venta clandestina de bebidas embriagantes a los jóvenes, con lo cual se potencia el consumo y las adicciones.
Por ello es que propongo establecer en la Ley General de Educación que tanto la Secretaría de Educación Pública federal y las secretarías educativas de los diferentes estados de la República verifiquen que no haya tienditas o expendios que vendan bebidas alcohólicas a no menos de 400 metros de distancia de las escuelas.
En esta tarea se requiere corresponsabilidad entre las autoridades locales y educativas para que se denuncie, verifique y sancione a los establecimientos que no cumplan con la debida distancia y vendan bebidas embriagantes a nuestros jóvenes, solicitando que esta disposición sea considerada en la legislación local y municipal correspondiente.
Es cierto que para atender la problemática del alcoholismo se requieren diversas políticas públicas y programas orientados a la prevención y manejo de estos graves problemas de salud pública.
También es cierto que se requiere establecer en la norma mecanismos para evitar la impunidad de establecimientos –termino, señor presidente– que vendan bebidas embriagantes en cualquiera de sus modalidades.
Una vida libre de adicciones permite contar con las oportunidades para desarrollarse a plenitud. De ello depende la salud, la libertad, la vida y la convivencia familiar y social del individuo.
Compañeros legisladores: debemos asumir este problema del alcoholismo con mucha responsabilidad apoyando fuertemente a nuestros jóvenes. No es fácil, pero sería peor no enfrentarlo.
Compañeras y compañeros legisladores: cuando las cosas están mal, lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Con su venia, señor diputado presidente. El bullying en México deja de ser un tabú para ser ley. Presento esta iniciativa a nombre del diputado Manlio Fabio Beltrones, la diputada Amira Gómez Tueme y una servidora.
El bullying es una enfermedad social que se ha convertido en un problema de salud pública. En 2010 la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dio a conocer que dos de cada tres alumnos de sexto de primaria y secundaria han recibido al menos una agresión física de alguno de sus compañeros.
Es un fenómeno en ascenso. No se trata de casos aislados. La especialista de la Facultad de Psicología de la UNAM, Milagros Figueroa Campos, ha revelado que según sus estudios el 25 por ciento de los niños que cursan la primaria en México son víctimas del bullying.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha señalado que México está en el primer sitio a escala internacional en el número de casos de acoso escolar a nivel secundaria. El titular de la Dirección General de Prevención del Delito de la Procuraduría General de la República, Francisco Castillo Alemán, mencionó que uno de cada seis jóvenes víctima de bullying se suicida, según las denuncias que se presentan en la propia procuraduría. Tan sólo en 2009 se quitaron la vida 190 adolescentes. Las cifran van y vienen pero poco o nada se hace. El acoso escolar se presenta tanto en escuelas públicas como privadas y puede incidir en un bajo rendimiento académico, reprobación deserción, fobia escolar, baja autoestima, depresión, ansiedad, miedo, angustia e incluso el suicidio.
El bullying no es una moda, es una realidad que tenemos que enfrentar. El acoso escolar en algunas ocasiones nace en la casa y se manifiesta en la escuela. La carencia de valores es pasto fértil de este problema social. Hacer oídos sordos es sumarse a la complicidad del silencio, es suponer que no pasa nada.
El abusador se sirve de la impunidad, y la impunidad ante la violencia genera más violencia. Rompamos con la conspiración del silencio. Pareciera que en México es tabú hablar de violencia escolar. Existe, pero nadie se atreve a reconocerlo.
El espíritu de esta ley es prevenir, sancionar y erradicar la violencia y el acoso escolar. Con esta ley se garantizará un ambiente libre de violencia en las escuelas. La iniciativa de ley define con claridad la violencia o acoso escolar físico, verbal, psicológico, de exclusión social y sexual, así como de tan de boga entre los jóvenes y adolescentes el cyberbullying a través del Internet, redes sociales, mensajes de teléfono celular o video grabaciones.
Para que exista acoso escolar deberá presentar una acción agresiva e intencional en forma reiterada, que exista un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima, y provoque el daño físico, psicológico dentro de la víctima.
Nos hemos vuelto insensibles ante el sufrimiento de otros, ya que el 50.6 por ciento de los padres ignoran que sus hijos son víctimas del bullying. El 67.4 por ciento de los padres se enteran del fenómeno a través de sus hijos y no del profesorado. Es preciso que las escuelas lleven un registro en los expedientes de cada alumno de los reportes levantados por conductas de bullying, que se debe informar de manera inmediata y constante al padre o tutor del alumno.
Es una realidad que en muchos de los casos el camino a la escuela se ha vuelto peligroso. Nos vemos a la salida, es la amenaza que se lanza en la escuela y se consume en la calle. Hay que acabar con un ambiente agresivo, bélico, para crear un ambiente libre de intimidación.
En situaciones de indisciplina escolar los implicados serán canalizados a una especialista que los atenderá y apoyará. Sobre aviso no hay engaño, si es reiterada la conducta del agresor se buscará la reubicación del mismo en otra escuela para romper este círculo vicioso.
Tenemos que fomentar el hábito de la denuncia de parte de los alumnos, ya que muchos ven, sufren y callan, debido al miedo a ser constantemente agredidos y no ser atendidos. Y el silencio se convierte en el único testigo de su dolor.
La Secretaría de Educción deberá, a partir de esta reforma, generar en las escuelas actividades de capacitación y orientación al personal docente y de apoyo para la prevención y atención del acoso, violencia escolar, y la aplicación de medidas disciplinarias.
Es urgente conocer la magnitud del problema para erradicarlo. No más cifras maquilladas, sino reales. Debemos de afrontar un problema que lastima y duele en el seno de la familia. Ya basta de una escuela sin ley, donde predomina la ley del más fuerte.
El bullying duele por fuera y por dentro, deja cicatrices en el cuerpo y deja su marca en el alma de los niños.
Éste es un problema real que no está sacado de historietas o novelas; combatir el acoso escolar nos atañe a todos los legisladores. Luchar contra el bullying es una responsabilidad de todos: padres de familia, alumnos, maestros, gobierno y sociedad en general. Hagamos nuestra tarea que nos corresponde hacer.
Solicito señor presidente diputado, se trasfiera íntegramente el contenido de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Así se hará. Se inserta la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Buenos días compañeras, compañeros diputados, las actuales circunstancias económicas que vive nuestro país nos obliga a una revisión constante del marco normativo del desempeño de la función pública y con ello evitar el abuso del poder en la asignación de remuneraciones, procurar la transparencia en el ejercicio de la gestión gubernamental, la conservación del equilibrio y equidad presupuestal de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno incluidos los organismos autónomos, toda vez que su regulación es piedra angular en un estado de derecho.
En ese sentido resulta oportuno instrumentar los organismos jurídicos necesarios que permitan establecer los lineamientos sobre los cuales deberá basarse la determinación de la remuneración atribuida al servidor público, la cual deberá establecerse tomando en consideración las responsabilidades y las funciones que realice por el ejercicio del empleo, cargo o comisión.
La presente iniciativa tiene como propósito primordial el destacar que debe prevalecer un principio de proporcionalidad y que por norma lógica las remuneraciones que reciban los servidores públicos por su desempeño debe responder a criterios del grado de responsabilidad y nivel jerárquico, de tal forma que en ningún caso a un funcionario público podrá corresponder una remuneración igual o mayor que la del superior jerárquico.
Igualmente, con la presente iniciativa se propone que el texto de la Constitución sea congruente en todas sus partes, no debe contradecirse entre sí y todas sus disposiciones deben complementarse y adecuarse. Por ello se plantea que sea coincidente en lo precisamente señalado en la fracción II del propio artículo 127 constitucional, que señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República.
Por lo que de igual manera se plantea que en los estados de la federación ningún presidente municipal o funcionario de la administración pública de un gobierno estatal o municipal pueda obtener una mayor remuneración por su encargo, que el gobernador estatal el turno.
En realidad el establecimiento de un tope máximo en los sueldos es indispensable, debido a que existe una desproporción entre los salarios de los altos funcionarios del Estado mexicano y la situación de la economía nacional, pues en numerosas dependencias federales estatales, pero particularmente en alcaldías municipales, el sueldo es adicionado con otras percepciones que se deciden con absoluta discrecionalidad.
Por ejemplo, recientemente la asociación civil Iniciativa Sinaloa, presentó los resultados del estudio denominado Sueldo, de los 18 alcaldes de Sinaloa de la opacidad a la falta de regulación; resultados que indignan al ciudadano y que por supuesto también nos ponen como legisladores en una situación de alerta para tratar de impulsar propuestas de ley que ayuden a regular los sueldos de nuestros funcionarios y que éstos sean confiables y transparentes.
Cita el estudio que existen alcaldes que perciben mayores emolumentos que el propio gobernador de Sinaloa. Cabe hacer mención –por citar uno– a Baridaguato, municipio de Sinaloa, está entre los municipios más marginados de este país y su alcalde gana alrededor de 113 mil pesos y el gobernador 83 mil.
Sin duda la dignificación de la función pública atraviesa por la revisión de sueldos adecuados y transparentes; que no sean aumentados a través de apariencias administrativas, las cuales se convierten en canonjías y privilegios.
Para establecer la base de una política de sueldos de carácter nacional, es preciso modificar nuestra Constitución. Esto como la única vía para lograr que estados y municipios acaten un tope máximo de percepciones.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Artículo único. Se adiciona un segundo y un tercer párrafo a la fracción II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue
En el caso de los estados o el Distrito Federal, ningún servidor público podrá recibir una remuneración igual o mayor que la del gobernador o jefe de Gobierno, según se trate.
Para el caso de las remuneraciones de los presidentes municipales o titulares de los órganos políticos administrativos a que se refiere el artículo 122 de esta Constitución, en ningún caso la remuneración podrá ser igual o mayor a la del titular del Ejecutivo de la entidad federativa que corresponda.
Es cuanto, señor presidente. Le solicito se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Gracias por la atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Así se hará. La iniciativa será insertada íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o., de la Ley General de Salud.
La diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, este mes de octubre se conmemora el Día Mundial del Cáncer con el fin de sensibilizar a la población general acerca de la importancia que esta enfermedad tiene en el mundo.
En el marco de esta conmemoración y teniendo como referencia la dramática estadística que nos muestra que cada dos horas una mujer muere producto de esta enfermedad, es que presento ante ustedes esta iniciativa.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica esta terrible enfermedad.
Según esta organización, el cáncer de mama ocupa el primer lugar entre los cinco tipos de cáncer más comunes. El segundo igual de lamentable es el cáncer cervicouterino.
El cáncer de mama representa una pesada carga de muertes prematuras, ya que 60 por ciento de las mujeres que mueren, tiene entre 30 años y 59 años de edad.
Revisémoslo muy bien, compañeras y compañeros. ¿Ya se dieron cuenta que mínimamente el 90 por ciento de estas mujeres que mueren son madres de familia?
Se estima que aquellas que padecen esta enfermedad pierden 21 años potenciales de vida debido a que el promedio de edad en que mueren es de 57 años, mientras que la esperanza de vida en una mujer sana es de 78 años de edad.
El diagnóstico temprano del cáncer de mama permite su curación en un 98 por ciento. Sin embargo en México el 80 por ciento de los casos se diagnostican en una etapa avanzada con probabilidades de curación de sólo el lamentable 35 por ciento, con el inherente impacto familiar, social y económico por la muerte del 65 por ciento de estas pacientes.
Un estudio hecho a 256 mujeres mexicanas con diagnóstico de cáncer de mama, reveló que el 90 por ciento de los casos fueron ellas mismas quienes identificaron su padecimiento y sólo el 10 por ciento se diagnosticó en la etapa uno.
El mismo estudio también mostró que sólo el 30 por ciento de las mujeres se practicó la autoexploración e incluso que en un porcentaje menor, lo hicieron de manera adecuada.
Lamentablemente será casi imposible reducir la mortalidad por este mal si nosotros no adoptamos medidas legislativas que contemplen el diseño e implementación de programas permanentes y obligatorios a la prevención, detección oportuna y atención no sólo del cáncer de mama, sino también del cervicouterino. En lo que se refiere al cáncer cervicouterino, quiero que sepan que cada año 500 mil casos se diagnostican en el mundo.
La población femenina de Latinoamérica es considerada como de alto riesgo para desarrollar este tipo de enfermedad. Cada año se reportan 68 mil casos nuevos, y las tasas más altas corresponden a Chile y a nuestro país, México.
En México el cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte por neoplasias en mujeres mayores de 25 años. De acuerdo con los datos del Colegio Mexicano de Especialidades en Ginecología, cada dos horas una mujer fallece en México a causa del cáncer en el cuello uterino.
En estos momentos compañeras y compañeros diputados, puede estar muriendo una mujer por esta terrible enfermedad, que es prevenible y es curable si se detecta a tiempo.
Recientemente se anunció la cobertura universal y la incorporación de la vacuna contra el virus del papiloma humano a la cartilla nacional de vacunación. De acuerdo con la Secretaría de Salud, independientemente de esta vacunación, las mujeres tienen que realizarse un estudio de Papanicolaou, pues con esta vacuna, 8 de cada 10 cánceres se evitarán, pero dos no.
El hecho de que el cáncer de mama y el cervicouterino sean los causantes del mayor número de muertes en total entre las mujeres mexicanas, hacen imperante considerarlos parte de los servicios de salud ofrecidos por este sector, pues actualmente las materias de salubridad general contenidas en la Ley General de Salud, no establece a la salud sexual y reproductiva y, en consecuencia, tampoco a la prevención, detección y atención al cáncer de mama y al cervicouterino. Razón por la que a través de la presente iniciativa proponemos incluirla.
Lo anterior nos permitirá elevar a categoría de ley los programas de detección temprana de cáncer de mama y cervicouterino existentes, así como que éstos se ejecuten de manera permanente y/o obligatoria, y no sólo de forma temporal o emergente, éste es un asunto que requiere de la voluntad y el esfuerzo de todos.
Los sistemas sociales, la familia, los sectores de salud, educación, el económico, y por supuesto nosotros, las y los legisladores debemos aplicarnos en la labor de atenuar el impacto y las consecuencias que estos males generan a las mujeres y en la sociedad.
Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V Bis al artículo 3º de la Ley General de Salud.
Artículo 3º. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general...
Fracción V Bis. La salud sexual y reproductiva en particular, la prevención, detección oportuna y atención de cáncer de mama y cérvico-uterino.
Por su atención, muchas gracias compañeras y compañeros legisladores.
Solicito atentamente se incorpore el texto íntegro de la presente iniciativa en el Dario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Así ser hará, diputada Corrales. Se inserta la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates.
Voy a pedir que se abra el sonido en la curul en que se encuentra la diputada Adriana González Carrillo.
La diputada Adriana González Carrillo (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Primero que nada quiero felicitar a la diputada Corrales por esta iniciativa, y pedirle si nos permite a las diputadas Luci Pérez, Beatriz Zavala, Marisa Ortiz y una servidora, Adriana González, poder suscribir su iniciativa.
La diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Con mucho gusto, diputada. Bienvenidas y muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Veo que hay también algunas otras diputadas y diputados que lo quieren hacer. La iniciativa quedará aquí en manos de la Secretaría, para que todos quienes quieran suscribirla puedan hacerlo en estos momentos. Muchas gracias, diputada Corrales. Aquí estará la iniciativa para que todos los que deseen suscribirla lo puedan hacer, y se turna a la Comisión de Salud, para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día, tiene la palabra el diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía utilice los medios legales a su alcance, para defender a los productores mexicanos de tomate. Tiene la palabra el diputado Pelayo Covarrubias.
El diputado Francisco Pelayo Covarrubias: Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Estimados compañeros diputados, estimadas compañeras diputadas, el tomate es sin duda la hortaliza más consumida en el mundo y gracias a la cual México ha desarrollado la industria hortícola, lo que ha consolidado a nuestro país como el líder en la producción de este fruto, del cual tenemos la capacidad para abastecer el mercado interno, así como para exportar a otras partes del mundo.
El tomate mexicano se mantiene como una industria competitiva a nivel mundial, no sólo gracias a la amplia diversidad de climas de las regiones, lo que nos permite cosechar todo el año, sino también a las tecnologías empleadas, a la modernización del riego, al uso de invernaderos y malla sombras, lo que ha colocado a nuestro país como el principal productor de tomate del mundo.
Según las cifras del Consejo Nacional del Sistema Producto Tomate, México ocupa el primer lugar de exportación de tomate a nivel mundial, con dos millones de toneladas e ingresos superiores a los 12 mil 700 millones de pesos anuales, además este cultivo genera más de mil 600 empleos directos e indirectos, contribuyendo así a la economía formal y con la generación cada vez de más fuentes de trabajo.
A pesar de que hoy en día las empresas comercializadoras de Estados Unidos exigen certificaciones rigurosas y estrictas de inocuidad a nuestro tomate, México cumple muy por arriba de las normas que exigen las autoridades de los Estados Unidos e incluso son ellos quienes hacen las inspecciones a los ranchos, a los empaques, a los invernaderos de nuestros productores mexicanos.
Pese a las exigencias de los mercados internacionales, México es actualmente el principal exportador de tomate del mundo, desplazando a Holanda, nación que durante los últimos años se había consolidado como líder de esta actividad.
Estados Unidos de América es el principal importador de tomate fresco y el 85 por ciento de sus importaciones es de producto mexicano, debido a que el consumidor estadounidense prefiere nuestro tomate por su empaque, por su sabor, por su frescura y simple y llanamente porque el tomate mexicano es el mejor de todo el mundo.
El panorama de México, el panorama del tomate en el comercio exterior es complejo, sobre todo cuando se enfrenta a momentos coyunturales y políticos como el actual, en donde los productores de tomate de Florida buscan aplicar un arancel al producto mexicano por acusaciones de dumping, que incluso irá en perjuicio de los consumidores americanos, ya que actualmente el arancel es de cero para exportar al amparo del Tratado Libre Comercio, y de no respetarse se generaría un ambiente de incertidumbre en el precio, pues la comunidad norteamericana tendrá que pagar hasta tres veces más por cada kilo de tomate.
En días pasados, el Departamento de Comercio de Estados Unidos decidió anticipadamente poner fin a un pacto de comercio de tomate que tiene México con él desde hace 16 años, decisión que se vislumbra con fines meramente políticos, ya que para que haya un impuesto al tomate mexicano deben estar de acuerdo el 85 por ciento de los productores norteamericanos.
Según la Ley del Departamento de Comercio, y hasta el momento, menos del 50 por ciento de esos productores están de acuerdo, pero la presión sigue siendo por los productores de Florida, principalmente, ya que es con ellos con los que compite de manera directa el tomate mexicano, lo cual es muy lamentable, ya que se está impulsando una medida proteccionista, eliminando con ello un pacto comercial.
En caso de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos falle a favor de los productores de Florida, habrá un desabasto y un aumento en el precio de tomate en la Unión Americana. Sin embargo, los productores estadounidenses siguen presionando para que se aplique un arancel al tomate mexicano por el orden del 16.5 por ciento, lo que dejaría a nuestros productores en un desventaja comercial y afectaría, sin duda, las relaciones comerciales con el vecino país. Además, dejaría de generar empleos para miles de conciudadanos jornaleros agrícolas que viven únicamente de esta actividad.
Por lo anterior, el gobierno de nuestro país debe presentar argumentos en contra de la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos, impulsada por consideraciones electorales más que comerciales y no de política pública, por lo que demandamos que de manera inmediata se establezcan acciones en defensa de nuestros productores de tomate y adopten el compromiso de seguir respetando los acuerdos internacionales de comercio exterior.
De no ser así, que la Secretaría de Economía tome medidas de restricción para limitar la entrada a productos del campo estadounidenses que también afectan, por cierto, a nuestro mercado interno y a nuestros productores.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:
Se exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Economía, a usar los medios legales a su alcance para defender a los productores mexicanos de tomate y renegociar los acuerdos comerciales para exportar tomate a Estados Unidos.
Asimismo, pedimos en carácter de urgente, al titular de la Secretaría de Economía y la Sagarpa, se reúnan con todas las organizaciones de productores, los sistemas producto nacionales y los gobiernos de los principales estados productores de tomate, a fin de encontrar mecanismos viables para resolver esta verdadera problemática.
Es cuanto, señor presidente y le pido se inserte, por favor, el texto de punto de acuerdo, de manera íntegra, en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Así se hará, diputado Pelayo. Queda inserta íntegra. A ver, antes de seguir con el trámite, si pueden abrir el sonido de la curul en que se encuentra la diputada Micher Camarena.
La diputada Martha Lucía Micher Camarena (desde la curul): Gracias, señor presidente. Las compañeras diputadas del PRD, y los compañeros, queremos suscribir la iniciativa que anteriormente presentó la diputada del PRI, Francisca Elena Corrales, y por un error no levantamos la mano a tiempo y lo queremos hacer para apoyar también este tipo de iniciativas tan importantes.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Es justamente la que están firmando las diputadas y diputados, y bueno, queda registrada su intervención de que también será suscrita por las diputadas y los diputados del Partido de la Revolución Democrática. Y bueno, a ver si podemos hacer una lista nueva y pasarla, no sé, para agilizar este trámite, que pudieran ir personal de la Secretaría de Servicios Parlamentarios también a las curules a recoger las firmas y pudiéramos seguir en orden con nuestra sesión nos ayudaría mucho.
Bueno, para continuar con nuestra sesión y para los efectos del artículo 100 del Reglamento, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto planteado por el diputado Pelayo Covarrubias se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia está a discusión. Informo a la asamblea que se han inscrito para participar en el debate el Diputado Rubén Benjamín Félix Hays, el diputado José Humberto Vega Vázquez, el diputado José Soto Martínez, el diputado Héctor Narcia Álvarez, el diputado José Antonio León Mendívil, el diputado Gerardo Peña Avilés y el diputado Heriberto Galindo.
En consecuencia, tiene la palabra por tres minutos el diputado Rubén Benjamín Félix Hays.
El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con el permiso del presidente. Compañeros y compañeras legisladores: En Nueva Alianza estamos comprometidos. El movimiento del comercio justo ha constituido en los últimos 25 años una posibilidad real de desarrollo y de vida digna para miles de productores y sus comunidades, quienes no tenían otra alternativa que la migración, la explotación y la marginación.
Sin embargo, la crisis financiera en los últimos años ha puesto y seguirá poniendo a prueba los esfuerzos liberadores de las décadas pasadas. La trascendencia del cultivo del tomate en el contexto económico del país reside en su importante aportación de divisas y en la generación de empleos en todas y cada una de las fases de la cadena agroalimentaria.
El comercio del tomate es de la mayor importancia para la relación comercial bilateral México-Estados Unidos, entre otras cosas porque México es el principal proveedor de tomate de los Estados Unidos. Uno de cada dos tomates que se consumen en ese país proviene de México. Tan sólo el año pasado nuestras exportaciones a Estados Unidos representaron dos mil millones de dólares. Asimismo, este intercambio comercial genera alrededor de 350 mil empleos en nuestro país.
Esto generará perjuicios importantes en el desarrollo regional en diversos estados de la república mexicana, siendo el principal productor mi estado, el estado de Sinaloa, cuya producción representó el 35 por ciento del total nacional, monto 3.8 veces mayor al producido por el segundo lugar.
Por otra parte, no debemos perder de vista que diversos cultivos fueron dañados por sequías y heladas que azotaron diversos estados, entre ellos Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California Sur, Veracruz, Durango y Zacatecas, situación que dejó pérdidas económicas por más de 50 mil millones de pesos, con las respectivas consecuencias en el empleo y calidad de vida.
Nuevamente el fantasma del proteccionismo aparece como una forma de defensa a los efectos de la crisis y si bien el recuerdo de la gran depresión está presente, no está claro que las lecciones lo estén. Las medidas proteccionistas tomadas a partir del estallido de la crisis han superado a las liberadoras en una proporción de tres a uno, identificando un nuevo tipo de proteccionismo a través de medidas discriminatorias para la inversión, subsidios a la exportación, rescate discriminatorio, subsidios al empleo, entre otros.
El embajador de México en Washington deploró la decisión preliminar del Departamento de Comercio de Estados Unidos contra las exportaciones de jitomate fresco, debido a la queja de agricultores del estado de Florida sobre un presunto comercio injusto por parte de sus competidores mexicanos.
En este caso restringir las importaciones puede parecer un buen modo de apoyar a un sector económico, pero desequilibra la economía en perjuicio de otros sectores a los que no se debería penalizar, en específico a más de 350 mil personas que participan en todas y cada una de las fases de la cadena agroalimentaria.
En Nueva Alianza estamos convencidos sobre la importancia de una reacción pronta para que, en el lapso que dure la controversia por la limitación unilateral en el rechazo del tomate mexicano, la Secretaría de Economía imponga las restricciones comerciales a productos de la Unión Americana que correspondan. –Termino.
Apoyar a los productores nacionales en el comercio internacional implica fortalecer nuestra economía. Por tal motivo estamos a favor de este punto de acuerdo, en donde la solución de las diferencias está en que el gobierno de los Estados Unidos se centre en las normas de los acuerdos comerciales. Por su atención, gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Me piden, y con mucho gusto lo hago, informar a la asamblea que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, los diputados y las diputadas también se han sumado a la iniciativa que presentó la diputada Corrales.
Tiene ahora el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado José Humberto Vega Vázquez: Con la venia de la Presidencia. Compañeros diputados y compañeras diputadas, el Departamento del Comercio del país del norte a petición de los agricultores de Florida preliminarmente puso fin a un acuerdo de comercio al tomate mexicano, que estuvo vigente durante 16 años y que en noviembre de este año debería ratificarse como se hizo en el 2002 y 2008.
Por más de una década el precio del tomate mexicano en Estados Unidos fue de 21 centavos de dólar por libra y nunca fue sujeto a investigación antidoping. Este acuerdo sin duda es violatorio porque se comenta, y está establecido, que debiera estar establecida para que ésta se suspenda por el 85 por ciento de los agricultores americanos, y solamente lo hicieron el 50 por ciento. Según esto es por las estimaciones del gobierno mexicano.
Uno de cada dos tomates que se consumen en Estados Unidos es mexicano. Eso lo deben pensar muy bien porque va a desequilibrar el mercado norteamericano y también nosotros debemos tomar medidas, y es lo que estamos exhortando.
Afecta a varios estados de manera muy importante como lo es Sinaloa, como lo es Durango, como lo es Zacatecas, porque ahí es donde se concentra la mayor producción. Es un producto en donde nosotros basamos nuestra exportación agrícola a los Estados Unidos de América. Por eso la determinación de este acuerdo afecta muchísimo y es por la cantidad aproximadamente de 1 millón 900 mil dólares donde vamos a sufrir y sobre todo los 350 mil trabajadores que viven de ello; es un gran golpe para la agricultura mexicana.
Este impacto se ha visto ya otras veces, no nada más ahora con el tomate. El gran problema son las barreras no arancelarias, desde hace muchos años lo hicieron con el limón, lo hicieron con la naranja, también lo hicieron con el atún, hace algunos días lo hicieron con el mango y ahora lo hacen con el tomate.
Por eso es importante, compañeros diputados, que pongamos especial atención en este punto. Nosotros, los del Partido del Trabajo, solicitamos que este exhorto no solo se debe limitar a la Secretaría de Economía, sino también solicitamos que se involucre la Secretaría de Relaciones Exteriores haciendo un frente común de defensa de la agricultura mexicana; pues en esas circunstancias solamente podremos salir adelante y lograr defender algo muy importante que es la agricultura de nuestro país. Por eso el grupo parlamentario apoya sin reservas el exhorto en comento. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado José Soto Martínez: Con su permiso, diputado presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados, la relación de México con Estados Unidos de América es profundamente compleja, en reiterados momentos de la historia esa relación ha sido particularmente difícil, llegando a manifestaciones que han merecido una postura enérgica del gobierno de México.
En lo que respecta al planteamiento central del punto de acuerdo presentado en relación con la comercialización del tomate mexicano a la Unión Americana, consideramos que esta soberanía se manifieste a favor de este punto de acuerdo.
Con base a las consideraciones de dicha proposición, sabemos que uno de los principales productos agrícolas que nuestro país exporta es el tomate, teniendo como principal mercado el vecino país del norte.
De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Sagarpa, las exportaciones del tomate alcanzaron un valor de 987 millones de dólares para 2011, presentando un 9.4 por ciento de las exportaciones agropecuarias y agrícolas.
Lamentablemente en una decisión unilateral y que contraviene los acuerdos comerciales suscritos por ambos países, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos decidió poner fin al convenio que permite la exportación de tomate mexicano, medidas que fueron alentadas por los productores de Florida.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano respalda la propuesta consistente en exhortar al Ejecutivo para que éste, a través de la Secretaría de Economía, intervenga a fin de proteger a los productores nacionales de tomate y que se respeten los acuerdos que se signaron.
No es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos comete estas anomalías no respetando los acuerdos, ya lo hizo también con el aguacate dañando a miles de productores de aguacate. Asimismo también con el atún, buscando cualquier pretexto, como que mataban Delfines y tampoco recibió el producto de los pescadores mexicanos.
Más aún. La caña de azúcar también cuando producíamos grandes excedentes de azúcar, aunque el Tratado de Libre Comercio decía claramente que Estados Unidos tenía la obligación de recibir esos excedentes, tampoco lo hizo.
Así lo vemos también con los transportistas y siempre, como dice el dicho, tan cerquita de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Aprovecho también para informar a la asamblea que me han pedido que lo informe, que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, las diputadas y los diputados, se han adherido también a la iniciativa presentada por la diputada Corrales.
El diputado Héctor Narcia Álvarez: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados de la LXII Legislatura, como integrante del Partido Verde Ecologista de México vengo a respaldar y a fortalecer este punto de acuerdo donde se exhorta a la Secretaría de Economía a defender las políticas agropecuarias del tratado de libre comercio de América del Norte, que han pactado México y Estados Unidos desde hace 18 años.
El tomate mexicano se ha caracterizado por ser un fruto fresco de importancia comercial. Los productores mexicanos han puesto considerablemente todo su empeño invirtiendo en tecnología de punta para que dicho producto sea competitivo a nivel internacional, con los mejores estándares de calidad en el mercado.
La producción de tomate tiene una importante aportación de divisas y genera empleos en las principales entidades federativas donde se cultiva.
Al 31 de agosto del año en curso los estados con la producción a nivel nacional son: Sinaloa con el 63.9 por ciento; Nayarit con el 4.7 por ciento; Oaxaca con 4.3 por ciento y Baja California Sur con 3.4 por ciento.
Según datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Sagarpa, en el primer cuatrimestre de 2012 las ventas internacionales del jitomate se ubicaron en 746 millones de dólares y un volumen de 655 mil toneladas.
En el tratado de libre comercio de América del Norte, el famoso TLCAN, el tomate mexicano que se exporta a Estados Unidos está exento del pago de aranceles de importación.
Debido a ello se ha comentado que los productores mexicanos y los de Florida compiten por en el mercado estadounidense durante el invierno y principios de la primavera.
Sin embargo no es motivo para que el Departamento de Comercio de Estados Unidos frene las exportaciones del producto de manera deliberada sin tomar en cuenta las opiniones de la industria mexicana, toda vez que desde el 15 de agosto solicitó que se llevaran a cabo consultas con el Departamento de los Estados Unidos para llegar a una solución que no afectaría a ninguna de las partes.
Pero no hubo respuesta de aquella institución generándose el día de ayer una determinación preliminar en la que anuncia su intención de terminar con la investigación antidoping de 1996 y el acuerdo de suspensión que ha regido las exportaciones del tomate mexicano a Estados Unidos durante los últimos 16 años.
Esta decisión afecta notoriamente a una parte significativa del sector agrícola y a sus productores, ya que el 98 por ciento de las exportaciones se canalizan a los Estados Unidos de Norteamérica.
Otro dato importante es que la superficie cosechada ha estado descendiendo y hoy se ubica en las 70 mil hectáreas mostrando un mercado que privilegia a la relación de los precios productivos y los acuerdos de suspensión antidoping con los Estados Unidos.
Por lo que urge la respuesta y solución de este problema por los grandes riesgos que se corren en la economía mexicana, entre los que destacan pérdidas de empleo y un agravamiento a la problemática alimentaria en México.
Debido a lo anterior, nos sumamos al exhorto de la Secretaría de Economía, de usar los medios legales a su alcance para defender a los productores mexicanos y renegociar los acuerdos comerciales para exportar a Estados Unidos este preciado fruto considerado como uno de los principales productos en la dieta alimentaria como lo es el tomate. Por lo que se exhorta la atención urgente de obvia resolución. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Antonio León Mendívil: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el punto de acuerdo que en esta discusión nos ofrece una situación propicia no solamente para venir a expresar de manera solidaria nuestro apoyo a los productores de tomate del país, en particular a los del estado de Sinaloa, sino que nos lleva a retomar un asunto que afecta a todo el país y que tiene que ver con los graves daños provocados por el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En relación con las hortalizas y en particular el tomate, han sido una de las pocas líneas de producción agropecuaria que se han visto beneficiadas por el TLC, con Norteamérica. No es la primera vez que se presentan diferencias comerciales con Estados Unidos; han sido connotadas las controversias en relación al atún, al algodón. Con lo que respecta al tomate, de manera recurrente los productores de la Florida han presionado políticamente al gobierno estadounidense para frenar la importación de tomate mexicano.
En esta ocasión, ante la coyuntura política de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, recientemente han logrado que el Departamento de Comercio de Estados Unidos pusiera en marcha un procedimiento administrativo orientado al establecimiento de un arancel a la importación de tomate mexicano, bajo la premisa de que los productores mexicanos están practicando dumping, es decir que están exportando por debajo de su costo de producción.
Nuestra visión, la del PRD, el desarrollo rural del país también incluye la política de impulso a las actividades de alta competitividad y con vocación exportadora, como es el caso del tomate. Sin embargo, creemos justo exhortar desde esta tribuna a los productores de tomate, particularmente los de Sinaloa, a mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas, tanto en términos de su ingreso como el caso de la seguridad social.
Yo creo que la solidaridad va y viene, este país es de todos nosotros, no solamente de unos cuantos y en muchas ocasiones agarran parejo nuestros vecinos, afectando a los productores y por supuesto a los trabajadores.
Sólo una precisión sobre el punto. El diputado ponente habló de mil 600, es un millón 600 mil trabajadores los que dependen de esta rama.
Por lo que hace a los efectos del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, es indispensable subrayar que en sentido contrario a las hortalizas, los granos básicos, maíz, frijol, trigo, arroz, que son fundamentales para la dieta nacional, han sido los grandes perdedores. De no hacer nada muy pronto estaremos importando en promedio alrededor del 50 por ciento del consumo nacional de los granos básicos.
Compañeras y compañeros diputados, nuestro grupo parlamentario hace un llamado a todas las corrientes políticas representadas en esta Cámara de Diputados, para ampliar la mira y no solamente poner atención a los problemas de nuestros productos exportables, sino analizar los graves problemas derivados de la dependencia alimentaria que se ha agravado por los efectos del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica.
La soberanía nacional está en riesgo, revisemos el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados. Señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Gerardo Peña Avilés: Buenas tardes a todos. Señor presidente, con su permiso. Para mí es un orgullo saber que en México se produce el mejor tomate del mundo. Yo quiero felicitar a todos los productores de tomate por lograrlo, quiero felicitarlos por estar siempre a la vanguardia en este cultivo y también felicitarlos por su lucha en la permanencia de los mercados, y como a todo lo bueno, no falta quién le complica la existencia.
Con respecto a este tema, el Poder Ejecutivo ha respondido con acciones de defensa de los productores de tomate mexicano y la Secretaría de Economía ha estado en contacto con industriales, organizaciones de productores, Sistema de Producto Nacional de Tomate, así como dirigentes de las comisiones para la investigación y la defensa de las hortalizas y por supuesto con las autoridades estadounidenses.
No obstante lo anterior, éste es un tema que requiere todo nuestro apoyo como Poder Legislativo hacia uno de los sectores más competitivo del campo mexicano y entre los más importantes comercialmente, muestra de ello es que el año pasado representó aproximadamente 2 mil millones de dólares como parte de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Además, significa aproximadamente mil 600 millones de empleos generados en torno de esta actividad, los cuales están en riesgo de desaparecer o de sufrir complicaciones.
Los señalamientos hacia productores mexicanos en el sentido de posibles acciones de dumping, como sabemos no es nuevo, esto tiene su antecedente en los años 80 y 90 y en su momento se resolvió mediante un acuerdo, sin embargo, la coyuntura electoral de Estados Unidos ha significado una oportunidad para revivir este tema por parte de los productores de la Florida.
Por ello, es fundamental que los productores nacionales cuenten con el apoyo para diputados federales. Hay que decirlo, la conveniencia electorera de Estados Unidos queda de manifiesto si tomamos en cuenta el tratamiento que el Departamento de Comercio de dicho país le ha dado a este asunto.
Este tipo de procedimientos conlleva un poco menos de 300 días, sin embargo, el día de ayer, es decir, en menos de dos meses dio a conocer su determinación preliminar, en la que anuncia la intención de terminar con la investigación antidumping de 1996 y el acuerdo de suspensión que ha regido a las exportaciones del tomate mexicano a Estados Unidos durante los últimos 16 años.
Esto tiene solución si se revisa el acuerdo en detalle y se conviene entre las partes, se puede hacer una de las herramientas de revisión y de consultas para solucionar posibles diferencias y los agroindustriales de nuestro país están totalmente conscientes de ello.
Dentro de las próximas seis semanas, las partes interesadas, incluidas la industria mexicana del tomate, así como el gobierno de México, podrán presentar argumentos contra la decisión del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, por ello hay que darle puntual seguimiento a este asunto.
A razón de lo anterior, nosotros, los diputados del Partido Acción Nacional, votaremos a favor no sólo del punto de acuerdo, sino que estaremos muy pendientes de que la resolución de este asunto sea en beneficio de los productores nacionales de México, ya que aquí venimos a velar por los intereses de nuestro país y apoyemos las actividades que hablen bien de nuestro país.
Si en Jalisco se habló de huevos, si en Sinaloa se habló de calor y de gente caliente, en todo México se pusieron buenos los tomatazos, señores. Gracias, por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Heriberto Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones: Con su venia, señor presidente. Vengo en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a defender a los productores mexicanos de tomate, en específico a los que tienen vocación exportadora, pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros que producen, en todos los estados de la República, el tomate, en especial los de mi tierra, Sinaloa, frente a las acechanzas, las acciones y las amenazas de las autoridades comerciales de los Estados Unidos de América que han dictado medidas contra las exportaciones de tomate mexicano a los Estados Unidos.
Compañeras y compañeros legisladores, el pasado 22 de junio los productores agrícolas del estado de Florida, agrupados en el Florida Tomato Exchange, aprovechando el actual proceso electoral que se lleva a cabo en los Estados Unidos, presentaron ante el Departamento de Comercio de dicha nación, una petición para dar por terminada la investigación por el posible dumping en las importaciones de tomate procedente de México, iniciada en 1996.
Sin embargo, el objetivo de dicha petición es que se dé por terminado el acuerdo de suspensión de la investigación del posible dumping del tomate fresco mexicano, el cual fue celebrado entre el Departamento de Comercio y más de 950 agricultores mexicanos y ha estado en vigor desde el 1o de noviembre de 1996.
Este acuerdo que suspendió temporalmente la realización de la investigación por posible dumping en 96, ha permitido a los productores mexicanos exportar a los Estados Unidos de América tomate fresco libre de aranceles, de conformidad con lo acordado por el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con la condición de que se venda por encima de un precio de referencia y se mantengan adheridos al mismo, cuando menos el 85 por ciento de los productores y exportadores mexicanos.
Sin embargo, a pesar del estricto cumplimiento que los productores mexicanos han dado al acuerdo durante los últimos 16 años y a pesar de que se ha refrendado y renovado en los años 2002 y 2008 por haberse demostrado que es de interés público, elimina cualquier efecto dañino de las importaciones de tomate de México e impide la disminución de los precios en el mercado doméstico.
A pesar de eso, el pasado 27 de septiembre el Departamento de Comercio emitió una resolución preliminar, en la que acepta la petición hecha por los productores de Florida y estima que es procedente dar por terminada la investigación de 1996 y el acuerdo de suspensión. Esto es muy delicado.
Cabe señalar que el Departamento de Comercio, por presiones ejercidas por congresistas del estado de Florida, emitió su resolución preliminar, ignorando los argumentos legales presentados por los productores y por el gobierno de México.
Con esta resolución preliminar, en un plazo de 40 días –gravísimo– el Departamento de Comercio de los Estados Unidos puede dar por concluido el acuerdo firmado en 1996, iniciando nuevamente una investigación antidoping, lo que reiniciaría la guerra comercial contra el tomate mexicano, misma que ha permanecido suspendida durante los últimos 16 años.
De ahí la urgencia de que actuemos a la mayor brevedad. Por eso, y con el permiso del presidente, proponemos un punto de acuerdo.
1. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión manifiesta su rechazo a la determinación preliminar emitida el pasado 27 de septiembre por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
2. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, asista, asesore, defienda y coordine a los productores mexicanos de comercio para exportación y movilice todas las relaciones diplomáticas al respecto.
3. Se exhorta al Ejecutivo federal para que en uso de las facultades que le confiere nuestra Constitución instruya al secretario de Economía para que tome las acciones en defensa del tomate mexicano y también en contra de los productos que pueden dañar al pueblo de México, como una respuesta, hasta que los Estados Unidos cambien de actitud y pueda volverse a impulsar la exportación del tomate mexicano.
4. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la creación de una comisión especial para atender, apoyar y defender a los productores de tomate mexicano para exportación.
Solicitamos su respaldo ante esta flagrante actitud de los Estados Unidos, que puede propiciar de nuevo la guerra contra el tomate mexicano. Es cuanto. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir a la secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de decreto presentado por el diputado Francisco Pelayo Covarrubias, que la asamblea consideró de urgente resolución.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se apruebe el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese
El Presidente diputado José González Morfín: En otro punto del orden del día, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Harvey Gutiérrez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Relaciones Exteriores actualicen las bases jurídico-administrativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.
El diputado Harvey Gutiérrez Álvarez: La instrucción es la base de la prosperidad de un pueblo. Con su permiso, diputado presidente, amigos y amigas, diputados todos. El mundo contemporáneo está permeado por complejos procesos de cambios, transformaciones y reajustes sociales, donde el hombre como ser dotado de raciocinio sigue siendo el protagonista de la conservación y desarrollo de la sociedad en que vive.
Y la educación, como fenómeno social, históricamente desarrollada, y como núcleo del proceso socializador, ejerce una influencia decisiva en la formación del hombre al prepararlo para su incorporación social activa y para el disfrute y plenitud de la vida.
Durante la octava reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas parta la Educación, la Ciencia y la Cultura, realizada en 1954 en Montevideo, Uruguay, se acuerda la creación de un organismo regional que contribuyera al mejoramiento de la educación a través del uso de los medios y recursos audiovisuales concretándose finalmente hasta el 30 de mayo de 1956.
En correspondencia con su propósito general desde la creación y hasta finales de los 60 el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa dedicó sus esfuerzos a la producción y distribución de material educativo y audiovisual, proporcionando colaboración técnica para la creación de las áreas de enseñanza de los ministerios de educación y formando técnicos latinoamericanos en las denominadas ya audiovisuales.
Posteriormente el ILCE, a través del proyecto Sec21 buscó integrar los avances tecnológicos a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas secundarias, explorando nuevas didácticas a partir de actividades prediseñadas y apoyadas en los medios.
Otro proyecto del ILCE, Enciclomedia, tuvo como eje los libros de texto gratuitos de quinto y sexto grados de primaria, digitalizados y enriquecidos con recursos tecnológicos, simulaciones, animaciones, interactivos, integrando el uso de las tecnologías de la información para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Los logros alcanzados por el instituto son evidentes, pero también aclara la necesidad de replantear sus propósitos a la luz de las necesidades educativas actuales y de la evolución de nuevos enfoques pedagógicos, a través de los medios y la tecnología de la información y la comunicación, llamada TIC.
Fundamento este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución que requiere la reestructuración del ILCE en:
1. La necesidad de actualizar los instrumentos jurídicos de cooperación internacional, en virtud de que el último convenio de cooperación para la reestructuración del instituto data de 1979.
2. El deber de responder los retos y oportunidades que plantea la sociedad actual caracterizada como Sociedad del conocimiento haciendo de la generación y administración del conocimiento la principal tarea del instituto.
3. La exigencia de que se articulen, reestructuren, evolucionen, concluyan y adquieran otro estatus, los proyectos de innovación del ILCE, de manera que se aclare hasta dónde deben continuar y cuándo se considera que cumplieron su cometido.
4. El compromiso de generar una política integral de uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para mejorar la calidad de la educación en América Latina con el fin de brindar elementos para reordenar y articular los esfuerzos que de manera aislada han llevado a cabo distintas instituciones de la región.
Derivado de los puntos anteriores hace evidente la urgencia de alinear las bases jurídico-administrativas a las actuales necesidades, de adecuar la estructura administrativa del instituto, de diversificar la generación de ingresos financieros y promover la autosustentabilidad del instituto, procurando a su vez la transparencia y rendición de cuentas.
Se requiere entonces realizar una reingeniería administrativa del ILCE, que lo convierta en un organismo de innovación educativa e investigación, centrando sus propuestas en el uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar y elevar los niveles de logro en los distintos niveles de la educación de los sistemas de los países miembros del instituto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta soberanía, a nombre de los diputados federales del estado soberano de Chiapas, del Grupo Parlamentario del PRI la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores actualicen las bases jurídico-administrativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, adecuando la estructura administrativa del instituto para diversificar la generación de sus ingresos financieros, promoviendo la autosustentabilidad del instituto, procurando a la vez la transparencia y rendición de cuentas realizando una reingeniería administrativa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia está a discusión. Tiene la palabra por tres minutos, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la diputada María Sanjuana Cerda Franco.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes.
El desarrollo exitoso de una región como la nuestra debe tender a generar proyectos educativos aplicando tecnologías de vanguardia en la enseñaza, con la finalidad de que los estudiantes latinoamericanos sean cada vez más competitivos.
Desde su fundación, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, ha enfocado sus esfuerzos al desarrollo y difusión de la investigación y aplicación de las tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje, para la formación a distancia, la producción de materiales educativos, capacitación docente y de recursos humanos en general, contribuyendo así al mejoramiento de la educación en América Latina y el Caribe.
Además de ser su país sede, las relaciones entre el ILCE y México han sido muy estrechas. El ILCE ha celebrado también convenios de cooperación con otras secretarías del Ejecutivo federal y con las entidades federativas en México para impactar en sus políticas públicas tanto educativas como sociales.
Sin embargo desde la ratificación de diversos convenios de cooperación celebrados para reestructurar a dicho instituto, no hemos tenido grandes avances en los proyectos que se han desarrollado con la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, ya que desde esa fecha sólo destacan programas como: Telesecundarias, Enciclomedia, Edusat y recientemente el Programa de Habilidades Digitales para Todos.
El gran legado del ILCE para nuestro país es que es el conducto por el cual México ha podido ayudar a diferentes países de la región tanto en infraestructura tecnológica como en experiencia con sus aportaciones y acervos a las redes educativas latinoamericanas.
Si las dependencias del gobierno federal a quienes va dirigido el presente exhorto logran delinear las bases jurídico administrativas que fundaron al instituto y adecuarlas a las necesidades actuales, propiciarán con ello la generación de ingresos financieros y la autosustentabilidad del instituto.
En Nueva Alianza insistimos en que esas herramientas tecnológicas y de desarrollo social, fomentarán la innovación, la difusión y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a las que el ILCE está vinculado y así contribuir a la sociedad del conocimiento.
Las propuestas de innovación educativa que el ILCE desarrolle, deberán enfocarse en el uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar la calidad y elevar los niveles de logro en los distintos niveles de la educación de los sistemas de los países miembros del instituto.
Debemos de asumir el compromiso de multiplicar los espacios y el acceso a la programación de temas educativos destinados a fomentar el interés por nuestros valores como mexicanos, pero a la vez a fomentar nuestra identidad latinoamericana.
En consideración a lo anterior, la imagen e identidad del ILCE debe en todo momento ser objeto de un uso adecuado de manuales que sirven de medio para difundir información acerca del instituto y de los servicios que presta en el amplio ámbito de la educación.
Es de este modo y no de otro, como tiene que empezar la modernización de dicho instituto y para ello es necesario actualizarse y readecuar sus programas y ordenamientos administrativos. Por su atención, muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Loretta Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, es grato recordar para quienes entre las dinámicas de aprendizaje en las escuelas a nivel secundaria, preparatoria e incluso universidad, hemos podido instruirnos bajo documentales en investigaciones proporcionados por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), materiales ilustrativos, audiovisuales como la revolución, como nuestra guerra de independencia, entre muchos otros, son clásicos que nunca pasarán a la historia, no sólo por el tipo de contenido informativo, sino también por su metodología en cuanto al diseño y la orientación con la que se trabajaron dichos materiales.
No cabe duda de que estamos hablando de un gran esfuerzo a nivel mundial que se realizaba en pro de la educación en todos los niveles. No es extraño que hoy en día, gracias a la revolución tecnológica que se ha dado en la mayor parte del orbe, se tenga la necesidad de adecuar nuestras actividades diarias para converger con los adelantos en medios de comunicación e investigación.
Como este es el caso que hoy nos ocupa, coincidimos con que existe la improrrogable necesidad de actualizar los esquemas jurídico-administrativos que deben dar soporte a la buena operatividad del ILCE. En este sentido, nos sumamos al exhorto, pues se trata de un importante medio de enseñanza que se encuentra con dificultades de orden técnico para seguir ofreciendo materiales de calidad para apoyo a las diversas actividades académicas.
No obstante, es preciso señalar que para evitar el detrimento de las actividades del propio Instituto, cualquier tipo de apoyo siempre debe ser lo más vigilado posible, pues la inserción de programas como lo fue Enciclomedia, constituye un riesgo para su efectivo desarrollo.
Debemos recordar que dicho programa ha estado sujeto a diversas investigaciones por haber encontrado irregularidades en su funcionamiento. Por tanto, debe estar esta iniciativa de apoyo sujeta a una vigilancia efectiva, replantearnos los propósitos y la reingeniería administrativa para que opere adecuadamente el apoyo que se le dé al ILCE.
Celebramos con agrado que nuestros planteamientos señalen la intención de adoptar mayores posibilidades de conocimiento haciendo uso de herramientas tecnológicas y de competitividad acorde a las necesidades que hoy exigen muchas partes del mundo, y de manera particular nuestro país.
Por todas estas consideraciones, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, votaremos a favor del presente acuerdo. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Mucha gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Por principio de cuentas, en el documento no se precisa claramente cuáles son las llamadas necesidades actuales a las que se hace referencia. Aclarar cuáles son dichas necesidades debe ser el primer paso para poder establecer las modificaciones pertinentes.
Si bien es cierto que todas las instituciones y programas gubernamentales, y específicamente en materia educativa requieren de una constante actualización, a la par de capacidades de adaptación a las nuevas circunstancias, se debe atender a esta necesidad con prudencia y valorando múltiples variables.
La reestructuración jurídica-administrativa que se propone no atiende a necesidades urgentes de actualización o modernización, no se otorgan fundamentos sólidos más allá de referencias al énfasis que se debe de poner a la generación y administración del conocimiento, el enfoque y el reposicionamiento latinoamericano.
Los objetivos o fines del ILCE contemplados en el último convenio de cooperación para reestructurar a dicho instituto ya comprenden gran parte de las premisas que mediante el punto de acuerdo en estudio se manejan como necesidades de actualización. En este sentido, realmente la base de la propuesta consiste en diversificar la generación de los ingresos financieros del ILCE, a fin de hacerlo autosustentable.
No estamos en contra del autosustento, sin embargo el buscar esta cualidad en este programa gubernamental responde a la lógica de eliminar la inversión en materia educativa por parte del Ejecutivo federal. Las modificaciones que pudieran plantearse en materia jurídico-administrativa no deben tener por objetivo el autosustento.
Los ingresos logrados con las reformas deberán ser complementarios a los recursos derivados del pago de las cuotas anuales ordinarias, así como de las aportaciones provenientes de convenios bilaterales.
Dejar a la deriva financiera al ILCE es sujetarlo a los altibajos y condicionarlo a la actividad dinámica trepidante del capitalismo de mercado, lo cual puede limitar considerablemente los ingresos del Instituto, poniendo en riesgo el cumplimiento de sus objetivos educativos y de investigación.
Por otro lado, el exhorto al Ejecutivo por este conducto de la SEP y de la SRE parece una medida unilateral, en un entorno y respecto de un tema que debe partir del consenso, la interacción y retroalimentación del carácter latinoamericano. La generación y administración del conocimiento, el enfoque y el reposicionamiento latinoamericano son asuntos de índole bilateral o multilateral.
Antes de pensar en actualizar, modernizar y reestructurar un organismo internacional, como lo es el ILCE, hay que evaluar y actualizar la forma en que operan los programas e institutos de carácter educativo en México. No se nos olvide el gran fracaso que fue el proyecto Enciclomedia y en general los proyectos de educación a distancia.
Lo que ha acarreado mangos resultados en materia de aprovechamiento escolar y mantiene a la infraestructura educativa en condiciones paupérrimas, son aquellos índices que hoy preocupan a la educación en México. De ahí la falta de resultados de muchos programas y proyectos que intentan poner a México al día en tecnología e innovaciones en el área de la información y comunicación de carácter pedagógico.
Queda claro, pues, que antes de intentar reducir las vías de financiamiento de un organismo internacional que tiene por objeto, a partir de una base pedagógica sólida desarrollar modelos, proyectos y materiales educativos aplicando tecnología de vanguardia para contribuir eficazmente al progreso cultural, social y económico de los países de América Latina y el Caribe, debemos enfocarnos primeramente en reestructurar jurídica, financiera y administrativamente todo nuestro sistema educativo. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández: Estimados diputados y diputadas. Quisiera iniciar mi exhorto con una pregunta, ¿quién de los que estamos aquí, que permanecemos aquí, ha obtenido sus estudios de una telesecundaria o de un telebachillerato? Bueno.
Tradicionalmente la educación ha sido –dudo que muchos lo sean, bueno– el instrumento para el cambio social en el mundo. Para nadie es un secreto que todo factor de producción inicia con la investigación, el conocimiento y la capacitación.
En este sentido, para obtener el crecimiento social requerido en México y en general en América Latina, es importante establecer medios de difusión de ese conocimiento. Pero la labor de formación humana en México está directamente encomendada al Poder Ejecutivo y especialmente a una dependencia centralizada, la Secretaría de Educación Pública. Como referencia dejo la Ley Orgánica de la Administración Pública, en su artículo 38.
Sin embargo, debemos tener presente que las políticas de aprendizaje y capacitación en México no vienen siempre de esas estructuras centralizadas del gobierno federal. Existen instituciones multilaterales, esto es, las formadas de común acuerdo por varios países que han decidido asociarse con objetivos comunes y que se obligan a acatar resoluciones para lograr sus objetivos.
En el caso que nos ocupa hoy y del que también han hablando nuestros compañeros, este organismo multilateral o internacional, como se conocen por la opinión pública, es el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa o ILCE, así es, señores compañeros, donde se originaron los modelos de telesecundarias y telebachilleratos.
El ILCE tiene una personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, que nace alrededor de 1954, con el objetivo de desarrollar modelos, proyectos y materiales educativos, para sumarse al progreso cultural de América Latina.
Las multilaterales sí han sido un factor decisivo para el progreso de la educación en México. Otro ejemplo a parte de telesecundarias y telebachilleratos, es Sepa Inglés, una actividad del Instituto Latinoamericano que se difunde a través de Canal 22. Son sólo botones de muestra que he utilizado para darles una referencia más fácil de ubicar sobre la importancia y la relevancia de ILCE.
Hay que traer a este organismo multilateral al nuevo orden internacional. Ellos no se han modernizado por falta de recursos, como mencionaron algunos de mis compañeros legisladores.
Por eso, desde esta alta tribuna queremos hacer un llamado al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública y de Relaciones Exteriores, se establezca un nuevo marco de trabajo para ILCE.
Queremos que haya una mayor innovación y creatividad, que sean guías de trabajo para que la educación y conocimiento, a través de las tecnologías digitales permeen hasta las comunidades más alejadas del país, que como insisto, no voy a cansarme de repetirlo, telesecundarias, telebachilleratos, que es muy probablemente, los lugares donde muchos de nosotros no hemos obtenido nuestra educación, recordemos que ellos están ahí, hay mucha gente, mucha población mexicana que necesita del apoyo, como dijera un compañero, presupuestario, para actualizar a las multilaterales de este tipo, educativo. Gracias, señor presidente, es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Purificación Carpinteyro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón: Compañeros y compañeras legisladoras, venimos a discutir un punto que se presenta como de urgente u obvia resolución y es precisamente éste que exhorta al Ejecutivo federal a actualizar, por medio de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores, las bases jurídico-administrativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.
Este instituto que surge a raíz del acuerdo de la Conferencia General de las Naciones Unidas para la Educación, la UNESCO, en 1954, con diferentes restructuraciones posteriores, tenía un objetivo fundamentalmente de difundir la cultura y la educación a través de contenidos audiovisuales.
Sin embargo, es obvio que estos contenidos audiovisuales, de una manera u otra están siendo ya ahora transmitidos a través de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Es decir, las conocidas tecnologías o las TIC.
Estas tecnologías de información y conocimiento, al final de cuentas son herramientas, no artículos de lujo que deben estar disponibles a toda la población mexicana y no nada más a unos cuantos.
El problema aquí, de este acuerdo, es que lamentablemente lo que estamos haciendo, sería exhortar al Ejecutivo federal para que una vez más, los pocos y limitados recursos que tiene nuestra nación para impulsar que estas herramientas permeen en toda la población se dispersen y se diluya el impacto que pueden tener los recursos que tenemos.
Quiero decirles que este acuerdo que se llama latinoamericano, apenas está integrado por 14 naciones, naciones como Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Nicaragua, Venezuela y México.
Y no por decir que estas naciones no sean importantes sino porque llama la atención que no estén integradas a esta organización ni Brasil ni Argentina ni Chile, que por cierto, son los países que en Latinoamérica llevan el liderazgo en materia de telecomunicaciones y en materia de tecnologías de la información y el conocimiento.
¿Y por qué es que está sucediendo esto? Bueno, porque en estos países las naciones han adoptado una visión de Estado de hacia dónde queremos ir en materia de comunicaciones. Qué vamos a hacer. Dónde es que debe estar México en 10 años y dónde estamos hoy y cómo le hacemos para ir desde donde estamos hacia donde deberíamos de estar en10 años conforme a un plan, el mismo plan que ya tiene Brasil, el mismo plan que tiene Chile, el mismo plan que tiene Argentina, el mismo plan que tienen los Estados Unidos o la Comunidad Económica Europea, porque si nosotros no estamos a la par de ellos simplemente estamos destinando a nuestro país al fracaso.
No se debe tratar de crear nuevas estructuras para nuevamente diluir los recursos que tenemos en millones de diferentes esfuerzos, porque además no solamente los organismos multilaterales de reducida participación como es en este caso el ILCE, sino además cada una de las dependencias federales tiene su propio presupuesto: Secretaría de Relaciones Exteriores tiene su presupuesto para un sistema de comunicaciones, el e-gobierno o e-México de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el e-gobierno de la Secretaría de Gobernación, o el de la Función Pública.
Todas las secretarías de Estado quieren tener su presupuesto y lo único que hacemos es que esa cantidad de dinero que ha sido destinada o que debería ser destinada a llevar a cabo un plan integral que atendiera las necesidades no solamente en materia de educación, sino en materia de salud, en materia de atención ciudadana, en materia de energía, de seguridad y violencia se esté diluyendo porque es como tirar balas al aire.
Yo más bien los conmino a dejar este punto de acuerdo de lado porque de urgente no tiene nada para empujar nuestros esfuerzos a llevar a cabo un verdadero plan, un plan que nos lleve desde donde estamos a que en 10 años seamos parte de las naciones desarrolladas. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Gabriel Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Perdón. Tiene el uso de la tribuna la diputada Guadalupe Mondragón, del Grupo Parlamentario del PAN. Mil disculpas.
La diputada María Guadalupe Mondragón González: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: respecto al punto de acuerdo presentado por el diputado Gutiérrez Álvarez, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional considera que debe desecharse por ser notoriamente improcedente.
Me permito recordar que el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa es un organismo internacional con autonomía de gestión, con personalidad y patrimonio propios, al servicio de los países de América Latina y el Caribe en aquellos campos que le son propios a la institución, por lo que no se trata de un organismo de la administración pública federal de México.
El ILCE se creó el 30 de mayo de 1965 en cumplimiento de una resolución de la Conferencia General de Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, celebrada en Montevideo, Uruguay en 1956.
El artículo segundo del Convenio de Cooperación, celebrado entre los países miembros el 31 de mayo de 1978, señala que el ILCE tiene como objetivo la cooperación regional en la investigación, experimentación, producción y difusión de materiales audiovisuales, la forma de capacitación de recursos humanos en el área de la tecnología educativa, la recopilación de materiales y documentación audiovisuales, y las demás que convengan a los Estados miembro, de lo que se desprende: el ILCE no es un organismo con fines de lucro.
El artículo vigésimo quinto señala que el ILCE celebrará con el gobierno mexicano un convenio relativo a la situación jurídico de la sede del ILCE en el territorio nacional y de los privilegios e inmunidades a sus funciones.
Nos parece que el promovente desconoce el acuerdo celebrado entre el ILCE y el gobierno mexicano. Relativo a la sede del instituto y a las misiones permanentes establece que el instituto y sus bienes disfrutarán de inmunidad y jurisdicción, salvo en la materia en que en algún caso el instituto renuncie expresamente a esta inmunidad.
Por otra parte, el artículo quinto del Capítulo Cuarto, del acuerdo invocado en último términos precisa que la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas será aplicable para las misiones permanentes y al personal de las mismas.
Aceptar en sus términos el presente punto de acuerdo equivaldría a que esta Cámara pudiera exigir la reorganización y transparencia de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, y de más organismos en los que participe nuestro país, con lo cual esta soberanía se excedería al aceptar una petición fuera de toda lógica y razón.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional pide que el punto de acuerdo en comento sea desechado en sus términos, al ser notoriamente improcedente en razón de que el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, como organismo internacional, y sus funcionarios acreditados gozan de inmunidad diplomática, protegidos por las normas establecidas en la Convención de Viena. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene finalmente la palabra el diputado Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Pedro Gómez Gómez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, relativo al punto de acuerdo presentado por nuestro compañero diputado Harvey Gutiérrez vengo a sumarme porque este punto de acuerdo tiene como propósito fundamental la actualización de los esquemas estructurales del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, y se propone establecer los siguientes ejes estratégicos: primero porque replantea sus propósitos, segundo, implementa una reingeniería administrativa que es en beneficio del mismo instituto; tercero, pone énfasis en la generación y la administración del conocimiento; cuarto, observa el enfoque mesoamericano; quinto, aplicar los proyectos estratégicos; sexto, renovar el sistema de telecomunicaciones; y por último reposición al mismo instituto en el ámbito latinoamericano.
Para ello las propuestas de innovación educativa que el ILCE desarrolle deberán centrarse en el uso productivo de las tecnologías de la información llamadas TIC, para mejorar la calidad y elevar los niveles de logro en los distintos niveles de educación de los sistemas de los países que son miembros del instituto.
Además estas propuestas de innovación educativas en el sentido ya descrito deben partir de un proceso de incubación; esto es, primero de una etapa de prueba y luego para ser acompañadas de estrategias de seguimiento y evaluación, que proporcionen elementos de sobreestructuración, modificación y perfeccionamiento para su posterior generalización.
Las líneas de investigación deberán abocarse a identificar las necesidades de los distintos niveles educativos para proporcionar soluciones mediante propuestas de innovación donde el principal recurso para su atención sean las mencionadas TIC.
La reingeniería deberá alinear sus bases jurídico-administrativas en los nuevos propósitos, adecuar y replantear su organización y funcionamiento obteniendo la calidad certificada en sus productos; para generar esto ingresos diversificados y estimulando la transparencia. Al replantear su funcionamiento deberá hacer énfasis en la generación y administración del conocimiento.
Por lo anterior debe contemplarse entre los objetivos educativos el acercamiento metodológico de los estudiantes para desarrollarse en un ambiente de enseñanza con TIC, donde la colaboración, la interacción, el intercambio de ideas, la discusión, la argumentación sean algunos de los componentes claves que se desencadenan durante la dinámica de enseñanza y aprendizaje en el salón de clase y posiblemente entre otros, escuelas, comunidades, estados, incluso países; es decir, el proceso de aprendizaje debe ser producto de comunidades de aprendizaje.
Por lo anterior solicito a todos mis compañeros diputados, su apoyo para exhortar al Ejecutivo a que se realice cuanto antes esta reingeniería como una primera etapa para refundamentar un instituto que históricamente ha sido exitoso en todos sus servicios y que por líneas diversas no se le ha permitido crecer. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir al secretario que repita la votación.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, a la Conagua, al gobierno del estado de Veracruz, a la SCT, a la Comisión del Agua del estado de Veracruz y al ayuntamiento de Xalapa, para que en la zona metropolitana de Xalapa diseñen un proyecto integral para enfrentar los efectos de las tormentas en esa zona.
El diputado Uriel Flores Aguayo: Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre propio y del diputado José Alejandro Montano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento a ustedes el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del estado de Veracruz, a la Comisión del Agua del propio estado y al ayuntamiento de Jalapa, para que en la zona metropolitana de dicha ciudad diseñen un proyecto integral gubernamental para enfrentar los efectos de las tormentas en esa zona.
Antecedentes
El paso de la tormenta tropical “Arlén” el pasado primero de julio de 2011, en la zona metropolitana de Jalapa, dejó una persona muerta en el municipio de Tlalnelhuayocan, así como el desgajamiento de un cerro en el circuito de El roble, del municipio de Banderilla.
Asimismo la capital veracruzana, Jalapa, se declaró zona de desastre, ya que por las lluvias el agua alcanzó hasta dos metros de altura en las colonias Independencia, Represa del Carmen y El Lago.
Nuevamente este año las torrenciales lluvias volvieron a afectar a la zona metropolitana de Xalapa, desde el pasado 7 de septiembre donde nuevamente hubo un muerto que lo arrastró la corriente del río Sedeño.
Por otra parte las secuelas de la tormenta “Ernesto” que afecto a 143 municipios, donde nuevamente se desbordaron los ríos Carneros y Sedeño de la zona metropolitana de Xalapa.
Afortunadamente ahora el saldo fue blanco, sin embargo estos fenómenos metereológicos ya son muy frecuentes.
Por esas desgracias humana sen la región los distintos niveles de gobierno tanto federal, estatal y municipal, deben de implementar las medidas gubernamentales preventivas y pertinentes en materia de protección civil y de la reconstrucción de la infraestructura necesaria para enfrentar estas nuevas condiciones de la gobernación donde son afectadas miles de familias por los recurrentes fenómenos meteorológicos.
Considerando
Primero. Que durante los últimos dos años los fenómenos metereológicos están afectando gravemente a la zona metropolitana de Jalapa, particularmente a Tlalnelhuayocan, Banderilla, Jilotepéc y por supuesto Jalapa, donde las lluvias han tenido valores de 50 milímetros en promedio.
Segundo. Los referidos fenómenos naturales ya cobraron vidas humanas, como lo fue el primero de julio del 2011 en Tlalnelhuayocan y el 7 de septiembre de 2012 en Xalapa y materiales de manera creciente, sobre todo estas últimas.
Tercero: Que la Sedesol implemente el programa de empleo temporal, inmediato, haciendo público el censo de las afectados en la zona metropolitana de Xalapa en el corto plazo.
Cuarto. Que la Conagua y CAEB revisen la infraestructura hidráulica donde desembocan los ríos Carneros, el arroyo Papas y el río Sedeño, cuya finalidad sea renovar lo necesario en materia de infraestructura.
Quinto. Que la Secretaría de Comunicaciones y el ayuntamiento de Xalapa desazolven, hagan el dragado y ampliación del cauce del río Carneros.
Sexto. Es necesario diseñar un proyecto integral gubernamental donde participen los tres niveles de gobierno para que de manera eficaz y eficiente resuelvan este problema.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del estado de Veracruz, y al ayuntamiento de Xalapa para que en la zona metropolitana de Xalapa diseñen un proyecto integral gubernamental para enfrentar los efectos de las tormentas en esa zona.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 2 de octubre de 2012.
Y agrego la solicitud, diputado presidente, para que el texto completo de esta proposición se incluya en el Diario de los Debates. Es todo y gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Así se hará. Se incluye el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia está a discusión y tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con el permiso de la Presidencia. Sin duda este tema para mí es relevante, no tan solo por ser un tema de protección civil, de prevención de desastres, de mitigación de riesgos que –entre paréntesis- es un tema cada vez más recurrente en esta Cámara de Diputados, sino también por mi origen como originario de la ciudad de Xalapa, Veracruz.
Obviamente que la presencia cada vez más cotidiana de fenómenos naturales como huracanes, tormentas tropicales, ciclones, istmos, ha orillado al país a la necesidad de fortalecer la cultura de políticas de prevención y desastre y mitigación de riesgos.
El cambio climático ha provocado que estos fenómenos sean cada vez más severos y sus consecuencias más devastadoras. Recordemos que se han dado en el sureste del país donde se han presentado lluvias severas, desbordamiento de ríos y presas, dejando daños materiales de consideración.
En esta soberanía ya se ha impulsado la creación de una comisión, primero fue especial de protección civil la legislatura pasada que con la reciente reforma a la Ley Orgánica del Congreso ya tendrá el carácter de comisión ordinaria, ello con el propósito de contar en este órgano legislativo con una instancia que pueda dar seguimiento a las políticas de carácter federal en materia de protección civil de mitigación de riesgos y de prevención de desastres.
En junio de este año ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Protección Civil, la cual abrogó a la de febrero del año 2000 y a sus reformas y adiciones subsecuentes.
Esta nueva ley supuso una reorientación de los principios rectores de la protección civil incorporando el criterio de coordinación entre los tres niveles de gobierno y la participación del sector social y privado en temas relativos a la protección civil.
Compañeras y compañeros diputados, la proposición que discutimos expresa la preocupación de los habitantes de la zona metropolitana de Xalapa, donde las lluvias, las cuales han superado los 50 milímetros, han provocado daños materiales y lamentables fallecimientos como ya se dijo aquí.
Se corre el riesgo que las lluvias provoquen más desbordamientos de los ríos aledaños Carneros, el arroyo Papas, el río Sedeño, entre otros. Por eso apoyamos el punto de acuerdo que se propone, pero además lo hacemos con la convicción que en el nuevo marco legal federal y con respecto a las autonomías de las entidades federativas se llevan a cabo acciones específicas en la prevención de desastres naturales.
El gobierno estatal y el gobierno del municipio de Xalapa deben atender de manera oportuna a las comunidades afectadas, pero lo que es mucho más importante es que se ponga un programa en marcha de mejora estructural de aquellas comunidades donde hay caudales de ríos y asentamientos irregulares.
Y es en este contexto que creemos que se ponga como indispensable en marcha un programa inmediato de reducción de riesgos y de rehabilitación del hábitat de las zonas afectadas, que restablezca mejores condiciones para las zonas de riesgo de la ciudad.
Entonces, en concreto estamos proponiendo al punto de acuerdo, que nos sumamos, una adición –y ya lo hemos comentado con el promovente, el diputado Uriel-. Yo pediría a la Mesa que le preguntara si acepta que se adicione un resolutivo al punto de acuerdo y que se le diera lectura a la propuesta de iniciativa por parte de la Secretaría.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. En su momento le daremos trámite a la propuesta de adición.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Pero quisiera que para que estuviera ilustrado el pleno pudiera darse lectura por parte de la Secretaría a la adición.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí, cuando la pongamos a discusión si se admite consultaremos al promovente, a ver si la acepta. Con mucho gusto lo vamos a hacer, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, señor presidente. El cambio climático representa el mayor problema ambiental de este siglo y el más grave riesgo para la humanidad.
El Panel Intergubernamental del Cambio Climático, en sus estimaciones para los próximos años asegura que de continuar el incremento de la temperatura se podría registrar desalinización y desertificación de tierras que hoy son fértiles; baja en la producción ganadera y desabastecimiento de alimentos, carencia de agua potable, inundaciones en áreas costeras y crecimiento de desastres climáticos de manera extremosa, lo que significaría vulnerar el equilibrio o la tendencia sustentable del medio ambiente, y como consecuencia inmediata decrecimiento económico y del nivel de bienestar general.
Como lo definía en su informe de la economía del cambio climático Nicholas Term, el cambio climático afectará los elementos básicos de la vida de personas de todas partes del mundo; el acceso al agua; la producción de alimentos; la sanidad y el medio ambiente. Cientos de millones de personas podrían sufrir hambre, escasez de agua e inundaciones costeras, a medida que se calienta nuestro planeta.
La reducción de los ingresos de la población agrícola aumentará el nivel de la pobreza, disminuyendo así la capacidad de ahorro en las familias, forzándoles a agotar los mismos para poder sobrevivir.
Algunos ejemplos de lo que está sucediendo en torno a los efectos climáticos son los hechos ocurridos en 1997, desencadenados por el denominado fenómeno de El Niño, hecho relacionado al calentamiento de las aguas sudamericanas, provocando afectaciones de manera cíclica, el cual causó graves sequías que ascendieron a pérdidas en la agricultura cercanas a los mil 500 millones de pesos.
El día de hoy Veracruz es un ejemplo de esas afectaciones, ya que enfrenta secuelas de las inundaciones que han dañado 143 municipios por la tormenta Ernesto. Otros casos emblemáticos han sido los estados de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Guerrero, tan sólo por mencionar a algunos estados que han generado daños a miles de familias por los recurrentes fenómenos meteorológicos.
Para tales efectos se necesita que los recursos del Fonden bajen y sean eficientes, así como desarrollar acciones preventivas y de coordinación interinstitucional y mantener en condiciones óptimas la infraestructura. Son algunas de las labores que deben implementar en el territorio nacional.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este punto de acuerdo, en concordancia con la ciudadanía y en aras de solicitar conjuntamente que la Sedesol, la Conagua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el gobierno de Veracruz y sus instituciones, deben apoyar con recursos propios y del Fonden a esta entidad federativa y particularmente al municipio de Papantla, Veracruz. Compañeras y compañeros, es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
Tiene ahora la palabra el diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar: Con su venia, señor presidente. Amigos y amigas diputadas y diputados. Según lo reportado por las autoridades veracruzanas, las lluvias han afectado severamente a esta entidad, esto derivado de los impactos en los fenómenos del clima que viene afectando a sequías en la zona norte del país, pero también problemas de abasto alimenticio. Y en cambio, en la zona sur-sureste y el Golfo, las fuertes lluvias llegan a afectar a las familias con escasos recursos económicos, que se sienten vulneradas, asentadas en zonas de riesgo y que pone presente a las autoridades federales.
Hoy el gobierno del estado de Veracruz hace lo propio, sin embargo como fracción parlamentaria, y preocupados por el tema del medio ambiente, solicitamos la participación de la Secretaría de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional del Agua, que haya mayor vinculación entre los tres órdenes de gobierno.
Si bien es cierto, existe el Fondo Nacional de Desastres, pero este fondo no es suficiente, que legalmente está etiquetado en los municipios, en las entidades federativas y en el gobierno federal. Estamos enfrentando estos cambios climáticos que van a vulnerar y que pueden poner en riesgo la economía de las familias mexicanas, toda vez que los pone en el riesgo de perder su patrimonio familiar.
Por eso, de manera muy atenta queremos pedir al diputado promovente, amigo de esta fracción, que puede incluir dentro del presente acuerdo, urgente o de obvia resolución, que se plantee la posibilidad de modificar el resolutivo, a fin de que se exhorte a las autoridades señaladas a diseñar, a implementar un proyecto integral para prevenir y enfrentar los efectos de las tormentas y no solamente esté el estado de Veracruz sino también Chiapas y Tabasco, ya que a veces somos hermanos de esas mismas necesidades.
Asimismo, aprovecho agradecerle a la diputada que nos mandó las galletas y los dulces. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados y diputadas, vengo a expresar nuestro respaldo a la proposición con punto de acuerdo propuesta a consideración del proponente.
En el caso de Veracruz se repite, prácticamente, en todas aquellas regiones del país en donde la ocurrencia de inundaciones es un fenómeno sistemático. Los recursos para atender a los afectados de estas inundaciones llegan a cuentagotas, casi siempre bajo la declaratoria de desastre natural. Esto significa que para la programación de obras prevalece una visión reactiva del problema y no preventiva.
A la fecha, Conagua es la única responsable de programar y ejecutar acciones y obras en esta materia. Sin embargo, el programa acusa, por decir lo menos, deficiencias por las siguientes razones: programación discrecional de las obras sin tomar en cuenta las necesidades de protección planteadas por los gobiernos locales, que son quienes mejor conocen la situación de sus municipios.
Obras con sobreprecios. Supervisión de obras simuladas. Monopolios u oligopolios de proveedores. Atraso en la programación y ejecución de obras. Baja calidad en los materiales empleados, por lo que se debe programar constantemente la reposición de obras. Y caso concreto de la región de donde vengo, la zona de los Tuxtlas, en Veracruz, tenemos problemas graves de comunicación. Está cortada la carretera, no hay paso de Santiago Tuxtla a Villa Isla, a ciudad Isla; Santiago Tuxtla-Tres Zapotes, asentamiento de la cultura olmeca, de donde soy oriunda y que hay que pasar con mucho cuidado; hay deslaves en dos puentes exponiéndose al riesgo que ello significa para estar incluso aquí, donde tuvimos inundaciones hace dos semanas.
Qué decir de los municipios aledaños a Santiago, donde colinda Ángel R. Cabada, la carretera costera de lo que tiene que ver con el trópico, laguna El Majahual, El Majahual-Puntilla, etcétera, Tlacotalpan, que es una zona que también circunda y tiene problemas graves. Los caminos, las terracerías están en deplorables circunstancias.
Por estas razones se han tenido que erogar miles de millones de pesos en forma por demás ineficiente. Ha sucedido incluso en la cuenca del río Grijalva, donde ustedes conocen la historia.
Es por ello que en el Grupo Parlamentario del PRD consideramos necesario generar cambios en la estructura programática presupuestal del Ramo 016 y para ello propondremos, en el marco de la discusión presupuestal, la implementación de un programa que pudiera ser denominado fondo concursable de adaptación al cambio climático por inundaciones o fondo concursable para la construcción de bordos de protección, mismos que deberán sustituir al actual programa de infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas.
Es necesario atender la planta productiva. Me decía el alcalde de Santiago Tuxtla, de Acción Nacional, que son mil 500 los productores afectados y que Sagarpa, Sedarpa solamente le reconoce 40. Es inadmisible. Claro, detrás de un escritorio difícilmente se puede tener conciencia de la realidad que prevalece.
Este fondo deberá fomentar la participación de las entidades federativas en la construcción de infraestructura de protección, claro en lo más que sea posible, contra inundaciones como el que mediante este punto de acuerdo se reclama para Xalapa, Veracruz, en voz del diputado de ese distrito, Uriel Flores Aguayo, al cual nos sumamos.
Se requieren los recursos necesarios, ya que en la actualidad se tiene que cargar incluso con una deuda contraída hace 10 años y ahora la presidenta municipal de Xalapa, Elizabeth Morales, tiene que cargar con ese vía crucis de lo que significa esa deuda.
Por lo tanto, se hace necesaria la concurrencia de recursos para atender. Gracias por su atención, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores: en el Grupo Parlamentario del PAN reconocemos el problema de las inundaciones que afectan a la zona metropolitana de Xalapa, capital de Veracruz, un problema que ha causado la pérdida de vidas y la afectación terrible al patrimonio de la población.
Estas inundaciones son producto del desordenado crecimiento de la marcha urbana, la falta de mantenimiento del sistema de drenaje, el azolve de cauces por sedimentos productos de la tala inmoderada y la presencia de fenómenos meteorológicos atípicos, por nombrar algunos.
Los legisladores del PAN tradicionalmente hemos luchado por la protección de la población, por ello desde este Congreso hemos impulsado una sólida legislación en materia de protección civil, hemos además velado por la oportuna asignación de los recursos del Fonden en las zonas de desastre, así como la ejecución de obras preventivas para minimizar el riesgo que representa el desbordamiento de cauces, el desgajamiento de cerros, y otros desastres naturales.
Este caso no es la excepción, por lo que desde aquí hacemos un llamado urgente al gobierno federal para que se coordine con el gobierno del estado y el ayuntamiento de Xalapa, para realizar acciones que permitan diseñar y ejecutar planes integrales de protección a los ciudadanos.
Ahora no podemos ni debemos pensar en soluciones improvisadas, urgimos que se otorguen respuestas estratégicas y definitivas que involucren a las autoridades gubernamentales, a las instituciones académicas y a la población en general para evitar que todos los años se repita esta triste historia.
Hoy es apremiante que los diferentes órdenes de gobierno asuman su responsabilidad, que diseñen y vigilen el cumplimiento puntual de los planes de desarrollo urbano para evitar asentamientos irregulares en cauces de ríos y arroyos, poniendo en riesgo a la población y a su patrimonio.
Hacemos un llamado para realizar un plan integral hídrico, que permita definir zonas de riesgo, contar con información precisa sobre las precipitaciones y definir las acciones y obras necesarias para evitar que se afecten los asentamientos humanos, las áreas de cultivo y la infraestructura productiva, asimismo que contemple acciones preventivas como el desazolve, la reforestación, la limpieza de coladeras, la evaluación de la capacidad de los drenajes y, de ser necesario, evalúe al posibilidad de construir bordos y represas, o en un caso extremo reubicar a la población para salvaguardar su vida y su integridad.
Con base en lo anterior, el Grupo Parlamentario del PAN manifiesta su voto a favor de que las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno se coordinen para una realización de planes integrales que permitan de una vez por todas erradicar las inundaciones en las diferentes regiones del país que comparten este terrible problema. De igual manera, solicitamos a todos los legisladores el voto a favor en este importante punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado José Alejandro Montano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Alejandro Montano Guzmán: Con permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, tomo la palabra para sumarme a la proposición con punto de acuerdo que ha presentado el compañero diputado Uriel Flores Aguayo, representante del X distrito, Xalapa urbano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Por considerar que es positiva y pertinente para la capital del estado de Veracruz.
En la zona conurbada de Xalapa se vive la paradoja de ser una región de alta densidad fluvial, pero sin que se cuente con un sistema de canalización de las aguas de lluvia o aprovechamiento de éstas; esa situación nos lleva a tener una ciudad que vive de escasez del agua en la época de estiaje, por lo que se tiene que llevar agua a la población desde tierras lejanas del estado de Puebla.
La falta de un gran proyecto en la zona alta del río Sedeño genera por un lado escasez de agua y por el otro que se enfrenten durante la temporada de lluvias y huracanes serias inundaciones en diversas colonias de los municipios conurbados que provocan pérdidas materiales recurrentes a la población.
Es un clamor social el que se realicen las inversiones necesarias y suficientes para que los bienes de los ciudadanos no se pierdan cada año, para que las casas no queden anegadas y llenas de lodo en cada aguacero torrencial. Se necesita un gran proyecto a escala en la zona alta del río Sedeño, un proyecto que aminore sustancialmente las afectaciones de la zona conurbada.
El río Sedeño ha crecido en los últimos días 15 por ciento de su margen original; eso es un fenómeno que ha crecido en los últimos 30 años y ha afectado seriamente la zona.
Quiero resaltar que actualmente el gobierno de Veracruz está haciendo grandes inversiones para enfrentar este problema en diversos puntos, y ponemos ejemplos: ha invertido 50 millones de pesos en la colonia Monte Sinai, 70 millones en el río Carneros, 45 millones de pesos en el municipio de Banderilla, 3 millones de pesos en la colonia El Tejar.
Estas inversiones del gobierno de Veracruz suman 168 millones de pesos y han permitido reducir en parte las afectaciones en las zonas más focalizadas, en donde el problema requiere de una atención inmediata como la que se han planteado aquí.
Veo con entusiasmo la preocupación de todos los grupos de diputados y esto va a llevar a que podamos hacer algo de beneficio a la zona que está padeciendo esa situación. Pero debemos atender a través de este gran proyecto de la zona alta del río Sedeño desde origen para poder canalizar y aprovechar esta agua que es tan importante para la zona, y con ello aminoraremos los daños a la zona conurbada que es Banderilla, Xalapa, San Andrés, Tlalnelhuayocan, Jilotepec y las comunidades que están alrededor.
Por ello solicito a esta soberanía y respetuosamente a mis compañeros diputados, que de ser aprobado el punto de acuerdo, también sea remitido a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Presupuesto, para asegurar recursos como un proyecto especial para Veracruz en el Presupuesto de Egresos 2013.
Como representante popular, tanto el diputado Uriel Flores Aguayo y un servidor, a pesar de ser de diferentes corrientes políticas nos unifican el compromiso con los ciudadanos. Quiero resaltar que se unifica también y apoya el diputado Tomás Torres, del Partido Verde Ecologista, que se suma a este proyecto con esta intención. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría dé lectura a la propuesta de adición que dejó en la Mesa el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara y que ha sido aceptada en los términos del Reglamento por el Grupo Parlamentario promovente. Y, una vez leída, pregunte a la asamblea en votación económica si acepta que se adicione al punto de acuerdo presentado.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del estado de Veracruz, a la Secretaría de Comunicaciones, a la Comisión del Agua del estado de Veracruz y al ayuntamiento de Xalapa, a que pongan en marcha un programa inmediato de reducción de riesgos y de rehabilitación del hábitat de las zonas afectadas, que restablezca mejores condiciones para las zonas de riesgo de la ciudad.
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se adiciona al punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Ahora consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo ya adicionado.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros diputados, en términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida a la Secretaría se registren para la próxima sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
El Presidente diputado José González Morfín (16:16 horas): Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 4 de octubre de 2012 a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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